Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se solicita a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 294 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:06 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 13 de septiembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Cámara de Senadores

Con el que remite acuerdo aprobado, para que en la agenda de discusión de la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, se otorgue la mayor prioridad al tema relacionado sobre la Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza.

Con el que remite punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se considere un incremento al presupuesto destinado al Instituto Nacional de Pesca, presentada por los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Solicitud de licencia

Del diputado Raciel López Salazar.

Iniciativa de senadores

Con proyecto de decreto, para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813”, presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Análisis del Sexto Informe de Gobierno, en materia de Política Exterior.

Iniciativas

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil y suscrita por el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

3. Que adiciona un artículo 8 Bis y reforma los artículos 9° y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40, 41 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 102 y 103 de la Ley del Seguro Social y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5°, 19 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2°, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 de la Ley de Asistencia Social y 168 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expide la Ley que crea la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública y reforma el artículo 3° de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con Punto de acuerdo por el que esta Soberanía lamenta el asesinato del C. Guillermo Arévalo Pedraza, ocurrido el pasado 3 de septiembre en el área del patinadero de la Ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cometido presuntamente por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos de América, e instar a la SRE a reforzar las acciones emprendidas para esclarecer y sancionar conforme a la Ley dicho asesinato, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, para que garantice la defensa de la educación pública en los términos del artículo 3° Constitucional y rechace toda intervención que la pretenda vulnerar, así como toda pretensión de privatizarla, promoviendo las acciones pertinentes para su fortalecimiento, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, para que a través del INM suscriba los acuerdos necesarios con las entidades federativas y organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SHCP, para que considere las consecuencias que podría ocasionar el recorte al presupuesto del IPN, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al derrame de petróleo provocado por el hundimiento de una monoboya ubicada frente a las costas de la refinería de Pemex en Salina Cruz, Oaxaca, a cargo del diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para resarcirle a Banobras el monto que fue pagado por la concesión en donde se ubica la plaza de cobro número 45 Fortín, del tramo carretero de Orizaba-Córdoba, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para Impulsar el Desarrollo de la Frontera Sur, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos y Aprovechamiento del Carbón Mineral, a cargo del diputado José Alejandro Llanas Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Efeméride

Relativo al 188 Aniversario de la Federación del estado de Chiapas a México, a cargo de los diputados Harvey Gutiérrez Álvarez y María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, someta la Secretaría a la voluntad de la asamblea el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes once de septiembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con cuatro minutos del martes once de septiembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

El Presidente informa a la Asamblea que todos los asuntos turnados durante la Sesión, se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las Comisiones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Cámara de Senadores:

• Por la que comunica que la Cámara de Senadores se declaró legalmente constituida para la Sexagésima Segunda Legislatura, y eligió a su Mesa Directiva para el Primer Año de Ejercicio.

• Por la que comunica la elección de la senadora Martha Palafox Gutiérrez, como Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

• Por la que comunica la integración del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, para el Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

·• Cinco, por las que comunica la integración de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, y Partido del Trabajo, así como los coordinadores que fueron designados.

• Por la que comunica la constitución de la Junta de Coordinación Política, que funcionará durante el ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura, e informa que el senador Emilio Gamboa Patrón fungirá como Presidente de la misma durante el Primer Año de ejercicio.

De enterado.

• Con la que remite el Informe Trimestral respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos, correspondiente al segundo periodo de dos mil doce. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• Con la que remite el Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al segundo trimestre de dos mil doce, así como las observaciones de la Secretaría de Energía. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• Con la que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo de enero-junio de dos mil doce. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Oficio por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Josue Calva Romero, Ignacio Ruíz de León, Mario Reyes Jaramillo, y Martha Susana Rosales Morales, puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados generales en Monterrey, Nuevo León, y Ciudad Juárez, Chihuahua, e informa que los ciudadanos Luis Manuel Anett Serrano, Ernesto Rodríguez Ramírez y Armando Estrada Vigueria, han dejado de prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las solicitudes de permiso, se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios: comuníquense a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Cuatro, oficios con los que remite el Sexto Informe de labores de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Seguridad Pública. De enterado. Distribúyanse a las diputadas y diputados.

• Dos, contestaciones a puntos de acuerdo aprobados en la Cámara de Diputados, durante la Sexagésima Primera Legislatura, relativos al “Acuerdo que tiene por objeto establecer las reglas conforme a las cuales se otorgarán facilidades migratorias a los visitantes locales guatemaltecos, y a la rehabilitación de planteles escolares con retraso técnico”. Se remite a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de julio de dos mil doce, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente con el mes de julio de dos mil once. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Presidencia lamenta el sensible fallecimiento de la diputada federal, María Elvia Amaya Araujo, integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, e invita a la Asamblea a guardar un minuto de silencio en su memoria. Se otorga el uso de la tribuna al Coordinador del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Manlio Fabio Beltrones, para dirigir un mensaje.

De conformidad con el Tercer Resolutivo del Acuerdo relativo al análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, se da inicio al análisis en materia de Política Interior, en la primera ronda intervienen los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Laura Ximena Martel Cantú, del Partido Verde Ecologista de México; Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática; Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional;

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

y Alberto Curi Naime, del Partido Revolucionario Institucional. En la segunda ronda intervienen los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional; y José Alejandro Montano Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional. En materia de Política Social intervienen en la primera ronda los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; Miguel Sámano Peralta del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática; Leslie Pantoja Hernández, del Partido Acción Nacional; y Javier López Zavala, del Partido Revolucionario Institucional.

En su oportunidad, el Presidente dirige unas palabras a la Asamblea en memoria del humanista filósofo y políglota Ernesto de la Peña Muñoz.

Así mismo, hace un reconocimiento y felicita a nombre de la Cámara de Diputados a los atletas paralímpicos, por las medallas obtenidas en los décimo cuartos Juegos Paralímpicos celebrados en Londres.

Se continúa con la segunda ronda intervenciones para el análisis en materia de Política Social e intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática; Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional; y Francisca Elena Corrales Corrales, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

De conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta Sesión será remitida al Presidente de la República, para su conocimiento.

El Presidente somete a consideración de la Asamblea dar continuidad a la Sesión para desahogar el capítulo de iniciativas. En votación económica se autoriza.

Se recibe de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) Patricia Elena Retamoza Vega, a nombre propio y de los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

b) Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta tres iniciativas a nombre propio y de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios:

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajos. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

c) Martha Edith Vital Vera, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos tercero y cuarto de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

d) Sonia Rincón Chanona, a nombre propio y de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Población, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Turismo, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

e) Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos setenta y siete Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos ochenta y tres, ochenta y cuatro, y trescientos cincuenta y cuatro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación, para dictamen.

Desde su curul el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, solicita a la Presidencia abordar el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, específicamente la proposición con punto de acuerdo, relativo al Sindicato Mexicano de Electricistas, y a la creación de una comisión plural que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica. El Presidente somete a consideración de la Asamblea dar continuidad a la Sesión para el desahogo del asunto solicitado por el diputado Monreal. En votación económica se autoriza. El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura el resolutivo de la proposición. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. Sin oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las iniciativas de los siguientes diputados: Trinidad Secundino Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Partido Acción Nacional; Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática; y Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; quienes solicitaron a la Secretaría, sean inscritas en la próxima sesión. En consecuencia se turnan las siguientes:

a) Iniciativa con proyecto de decreto, del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos veintiocho, treinta, y treinta y dos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo, de los diputados:

• Erick Marte Rivera Villanueva, del Partido Acción Nacional, por el que se crea la Comisión Especial de Energías Renovables. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Supervisión de los Servicios, Cobros y Patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Aduanas y Comercio Exterior. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Trinidad Secundino Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Problemática Surgida de los Conflictos Mineros del país. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial destinada a establecer una mesa de diálogo con el movimiento #yo soy 132 y la Cámara de Diputados. Se turna a la Junta de Coordinación Política. para su atención.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves trece de septiembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con veintidós minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

Se informa a la asamblea que todos los asuntos cuyo turno sea a las comisiones se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto éstas se integran. Continúe la Secretaría.

REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO-ESTADOS UNIDOS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

Primero.El Senado de la República condena el artero asesinato del ciudadano mexicano Guillermo Arévalo Pedraza a manos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y exige el pronto esclarecimiento de los hechos.

Segundo.El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a seguir brindando apoyo jurídico a los familiares de Guillermo Arévalo Pedraza con el fin de llevar los procesos penales hasta sus últimas consecuencias.

Tercero.El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar, en el momento procesal adecuado, la solicitud de detención provisional con fines de extradición del agente o de los agentes de la Patrulla Fronteriza que resulten responsables del asesinato.

Cuarto.El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a garantizar la plena implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza, explorando vías adicionales en los ámbitos bilateral y multilateral, así como todos los instrumentos diplomáticos y jurídicos internacionales a su alcance.

Quinto.El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar, a través de los canales propios de la diplomacia parlamentaria, al Senado de los Estados Unidos de América, revisar los protocolos de uso de la fuerza que utiliza la patrulla fronteriza en concordancia al marco normativo internacional de protección a los derechos humanos, para evitar que estos lamentables acontecimientos vuelvan a ocurrir.

Sexto.El Senado de la República envía el texto integro de esta proposición a ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y se pronuncia por que se otorgue la mayor prioridad a este tema en la agenda de discusión de la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos.

Séptimo.El Senado de la República exhorta a la Junta de Coordinación Política a fin de otorgar la mayor prioridad a este tema en la agenda de diálogo de la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos.

Atentamente

México, DF, a 11 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Ernesto Ruffo Appel y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar, en la formulación del Presupuesto para el ejercicio 2013, un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo del punto de acuerdo se turnara a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores y el segundo resolutivo a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 11 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Los suscritos, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Salvador López Brito, senadores de la República e integrante del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o., numeral I, fracción II, 95, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar en la formulación del presupuesto para el ejercicio 2013, un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca, así como a diversas Comisiones de la Cámara de Diputados, a considerar y a probar en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del mismo año, un mayor presupuesto a dicha institución y a la ciencia y tecnología pesquera nacional. Lo anterior al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con los antecedentes del propio Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), desde 1962, nuestro país cuenta con esta importante institución, sus orígenes corresponden a la creación en ese mismo año, del Instituto Nacional de investigaciones Biológico Pesqueras (INIBP), con base a la necesidad de tener una institución pública de investigación pesquera que aportara los conocimientos básicos biológicos, así como de la distribución y abundancia de los recursos marinos y acuícolas de la nación. De igual forma para brindar respuesta a los requerimientos de apoyo técnico y científico en esta materia para el sector pesquero y acuícola de esos momentos, aunado a la voluntad del Estado en promover el desarrollo pesquero y aprovechamiento racional con fundamentos técnicos y científicos ineludibles.

Las grandes necesidades que imperaban en el sector pesquero y acuícola en esos momentos, aunado a la identificación de los problemas que atravesaban los mismos, así como la determinación del potencial pesquero y acuícola con el que se contaba, fueron factores determinantes para considerar la existencia de una institución pública para la realización de investigación pesquera y acuícola con metas y objetivos muy precisos, afín de brindar al Estado evidencias científicas para su adecuada planeación y manejo. Estos factores y necesidades fueron ratificados y formaron parte sustancial de las demandas de los actores de la actividad pesquera y acuícola, con el propósito de un mejor aprovechamiento de los recursos acuáticos.

En el transcurso de su existencia el Inapesca se ha fortalecido para brindar atención a las necesidades existentes de las actividades pesqueras y acuícolas del territorio nacional, para tal cometido ha incorporado áreas de investigación estratégicas y multidisciplinarias enfocadas al diagnóstico, evaluación y manejo de los recursos pesqueros, además se ha vinculado de manera más directa con el sector productivo para su desarrollo, asimismo con la finalidad de cumplir el objetivo principal para el que fue creado, como asesor del ejecutivo federal para la adecuada planeación y administración de los recursos pesqueros y acuícolas.

Los trabajos de investigación realizados por el Inapesca han sido fundamentales para el conocimiento y evaluación de los recursos pesqueros y acuícolas del país, sus aportaciones científicas han sido indispensables y estratégicas para establecer con bases solidas la toma de decisiones para su ordenamiento y administración, asimismo a contribuido a mantener la disponibilidad de alimentos de alto contenido proteínico provenientes de los litorales y aguas continentales, además de los obtenidos mediante su cultivo, todo esto en beneficio de una población cada vez más demandante.

Sus principales aportaciones ha permitido evaluar y conocer el estado de las principales pesquerías del país, determinar los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas de jurisdicción federal y el inventario de estos mismos recursos, así como los métodos, equipos y artes de pesca empleados para su extracción o captura, además del esfuerzo pesquero susceptible de aplicarse por especie o pesquería; entre muchos otros aspectos. De esta manera proporciona información directa, veraz y actualizada a los principales actores participantes del sector, mediante documentos e instrumentos que propicien el aprovechamiento sostenido de los recursos marinos y para fortalecer la comercialización de sus productos.

Hoy en día, en apoyo al fomento de la pesca y la acuacultura, atiende las necesidades de investigación de los recursos pesqueros y acuícolas, y de esta manera contribuye a dar unidad y congruencia a los programas y acciones sectoriales, dimensionando de manera integral, interdisciplinaria y sistemática, los procesos naturales, económicos y sociales de estas actividades.

El Instituto cuanta con una infraestructura regional distribuida estratégicamente en los litorales y centro del país. Dicha cobertura le permite cumplir sus funciones con prontitud y eficiencia en atención al sector pesquero-acuícola regional y nacional, como ninguna otra institución de investigación en la materia tiene.

De acuerdo con el decreto por el que se reformaron los artículos 4, 8 y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (DOF – 07/06/12), el Inapesca se transformó de un organismo desconcentrado a un órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). De esta manera se fortaleció la organización administrativa pública, para logra una eficaz y eficiente despacho de los asuntos en esta materia.

Con base a la modificación de la ley en comento, en su artículo 29, se establece que el Inapesca será el órgano administrativo con personalidad jurídica y patrimonio propio encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola. En este sentido se doto a esta institución de una mayor autonomía técnica, operativa y de gestión presupuestaría propia, con el principal propósito de cumplir con la importante responsabilidad de desempeñar los trabajos de investigación pesquera y acuícola que permitan la sustentabilidad de los recursos en beneficio de este importante sector y por ende del país.

Dentro de las principales atribuciones actuales del Inapesca, se encuentran:

1. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de la flora y fauna acuáticas, en materia de pesca y acuacultura.

2. Coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica en Pesca y Acuacultura.

 3. Coordinar la integración y funcionamiento de la Red de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, para la articulación de acciones, la optimización de recursos humanos, financieros e infraestructura.

4. Elaborar y proponer la expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera (CNP) y la Carta Nacional Acuícola (CNA).

5. Emitir opiniones y dictámenes técnicos, en las aéreas de competencia del Instituto.

6. Elaborar los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas por recurso o recursos.

Asimismo el Reglamento interior de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), establece que dentro de las principales atribuciones del Inapesca, se encuentran:

a) Coordinar la Investigación Científica y tecnológica del sector pesquero y de acuacultura nacional.

b) Elaborar investigaciones con un enfoque integral e interdisciplinario y vinculado a los procesos naturales, económicos y sociales de la actividad pesquera.

c) Apoyar, desarrollar y promover la transferencia de los resultados de la investigación y de la tecnología generada por el Instituto, de forma accesible a los productores acuícolas y pesqueros.

d) Asesorar a los pescadores y acuicultores, que así lo soliciten, para conservar, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar especies pesqueras y acuícolas.

e) Promover y coordinar la participación y vinculación de los centros de investigación, de las universidades e instituciones de educación superior con el sector productivo para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación aplicada y de innovación tecnológica en el sector de pesca ya acuacultura.

f) Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y transferencia tecnológica para el manejo y administración de los recursos del sector pesquero y de la acuacultura nacional.

De las atribuciones expuestas, se pueden mencionar tres que son fundamentales para el aprovechamiento sustentable de los recursos y para el desarrollo y/o crecimiento del sector pesquero y acuícola, dichas atribuciones se refieren a la coordinación de la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica en Pesca y Acuacultura y la integración y funcionamiento de la Red de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, además de la elaboración, propuesta, expedición y actualización de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola.

El caso específico de la elaboración y propuesta de la Carta Nacional Pesquera, es importante resaltar la importancia fundamental de este instrumento, en el que se incluye la presentación cartográfica y escrita de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas del territorio nacional, para concretar normas de manejo de la de las actividades pesqueras y acuícolas y los ecosistemas pesqueros.

Dicho instrumento proporciona información al sector para propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, tales como el inventario de los recursos pesqueros y acuícolas, determinación del esfuerzo pesquero permisible, así como los lineamientos, estrategias y demás previsiones para preservar, proteger, restaurar y aprovechar los recursos acuáticos.

Las funciones de este instrumento son esenciales en apoyo a la pesca y acuacultura, ya que con éste se determinan y apoyan las acciones de ordenamiento de la actividad pesquera, se simplifican los trámites administrativos establecidos actualmente, asimismo se orienta a los usuarios sobre el estado de los recursos, brindando una mayor certeza jurídica de los mismos al realizar alguna solicitud.

En general las facultades este institutito son esenciales para cumplir con la misión encomendada de coordinar y realizar investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura; así como al desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiere el sector pesquero y acuícola del país.

Como ya se ha expuso, los trabajos realizados por el Inapesca han contribuido en favor de la pesca y acuacultura nacional, no obstante, el estado actual de los recursos pesqueros no es del todo alentador, todavía se enfrenta una problemática biológica, ambiental y socioeconómica que afecta a los actores de la pesca y la acuacultura, dentro de los principales problemas que estas actividades afrontan, se encuentra: la sobreexplotación de especies, la falta de regulación y ordenamientos más eficaces, la pesca ilegal y clandestina, la falta de inspección y vigilancia, el incremento de esfuerzo pesquero en ciertas zonas, entre otros más.

Parte de esta problemática continua siendo causada por un uso social y productivo inadecuado que ha generado la pérdida del potencial biológico, de la biodiversidad, el agotamiento de especies, destrucción del hábitat y ecosistemas y que a su vez genera problemas socioeconómicos como aumento en el nivel de pobreza de las comunidades pesqueras, fuertes conflictos políticos y sociales entre comunidades por la posesión y aprovechamiento de los recursos, así como conflictos de antaño entre los diferentes tipos de pesca como la comercial de altura y ribereña, por el establecimiento de periodos de veda y permisos de captura y de zonas de pesca.

A todo ello hay que adicionar los problemas causados por el cambio climático, cada vez son más los estudios que indican las grandes repercusiones que este fenómeno está causando a los recursos pesqueros de mares y aguas continentales, esto ha originado cambios notables en la producción y distribución de especies, mayor variabilidad de las capturas y cambios en la estacionalidad de la producción. Además ha provocado el desplazamiento y migraciones de pescadores de las zonas costeras a otras zonas, dejando de practicar estas actividades causando un grave desempleo regional y la alteración de conflictos territoriales y de población.

Es por tal motivo que la investigación pesquera adquiere importancia, porque con los trabajos de investigación se administra y proporciona la información científica con los elementos y evidencias que requiere la autoridad y los participantes en estas actividades para la mejor toma de decisiones con la finalidad de su adecuado ordenamiento y aprovechamiento.

A pesar de los avaneces registrados en investigación pesquera, aun se requiere de mayores esfuerzos para el conocimiento de nuestros mares, aguas interiores y de sus recursos, además se precisa la necesidad de información actualizada del estado de salud de los recursos, de la situación actual de las pesquerías y de los aspectos socioeconómicos por los que atraviesan los pescadores y actores participantes en la estas actividades.

La situación actual de los recursos pesqueros y acuícolas, las necesidades de este importante sector; precisan que México debe contar con instituciones fortalecidas y sólidas para la investigación, que permitan aportar tecnologías limpias, mejorar la productividad, rentabilidad y producción de los recursos, así como lograr una oportuna protección y conservación de la flora y fauna acuáticas.

México no es un país que se caracterice por invertir significativamente en ciencia y tecnología, que permita hacer frente a las necesidades que en esta materia se requiere, de acuerdo con información oficial, el país tiene una inversión conjunta de la iniciativa privada y el gobierno federal del 0.42% del producto interno bruto (PIB); cuando se requiere por lo menos del 1% del PIB, como lo establece la Ley de Ciencia y Tecnología.

Para el caso específico de la investigación en ciencia pesquera, los rubros de inversión para tal caso son mínimos, es decir que desde hace tiempo, no ha sido prioridad del Estado invertir en estos aspectos; no obstante a la importancia que esto significa para país. Solo con dicha inversión se podrá elevar la competitividad, buscar la creación de empleos y aspirar un mejor desarrollo de este sector.

Organismos internacionales como la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura instan a los Estados a realizar mayores esfuerzos por invertir en ciencia y tecnología pesquera, y en el fortalecimiento de las Instituciones que se dedican a ejercer dichas investigaciones, por la importancia que revierte el conocimiento de los recursos que son fuente de alimento para las poblaciones de los países, solo con la investigación científica se tendrán los elementos esenciales para su mejor aprovechamiento.

Compañeros legisladores, debido a la importancia que la ciencia y tecnología pesquera y acuícola significan para el desarrollo de país, aunado a la situación por la que actualmente atraviesa la pesca y la acuacultura, es necesario que se incremente el presupuesto público que se otorga a las instituciones responsables de la investigación pesquera y acuícola afín de que cuente con los recursos presupuestales necesarios para desarrollar con eficiencia las funciones que por ley le fueron encomendadas y para que cumplan con el objetivo para el cual fueron creadas, como es el caso especifico del Inapesca.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un respetuoso exhorto:

a. Al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en la formulación y evaluación del presupuesto para el ejercicio fiscal del 2013, contemple un mayor presupuesto al Instituto Nacional de Pesca.

b. A las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Pesca y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, consideren y apruebe un incremento al presupuesto destinado al Instituto Nacional de Pesca, para que cumpla cabalmente con las atribuciones que tiene por mandato.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de septiembre de 2012.— Senadores: Ernesto Ruffo Appel (rubrica), Francisco Salvador López Brito (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Pesca y de Ciencia y Tecnología, para su atención.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El que suscribe Raciel López Salazar, diputado federal propietario integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la tercera circunscripción de Chiapas, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, ante usted, solicito respetuosamente:

Que por medio del presente escrito solicito, con fundamento en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 3, numeral 1, fracción X, 6, numeral 1, fracción XVI, 9, numeral 1, fracción IV, 12, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, licencia temporal por tiempo indefinido al cargo de diputado federal que actualmente desempeño, con efectos a partir del jueves 6 de septiembre del presente año.

Al respecto, hago de su conocimiento que la razón de mi solicitud de licencia es para ocupar el cargo de procurador general de Justicia de Chiapas a partir del momento en que surta efecto esta solicitud.

Sin otro particular agradezco a usted la atención y trámite parlamentario que se sirva dar a la presente solicitud, reiterándole mi más distinguida consideración.

Protesto lo necesario.

Palacio Legislativo, a 6 de septiembre de 2012.— Diputado Raciel López·Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Raciel López Salazar, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

MEDALLA DE HONOR “CONGRESO DE ANAHUAC DE 1813”

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la medalla de honor Congreso de Anáhuac de 1813, primer constituyente de la nación mexicana, del Senado de la República y por el que se inscribe con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras Congreso de Anáhuac de 1813.

La presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, los artículos primero al cuarto del proyecto; y a la Cámara de Diputados el quinto de ellos.

Atentamente

México, DF, a 11 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Quien suscribe, senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la medalla de honor “Congreso de Anáhuac de 1813, primer constituyente de la nación mexicana, del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por la que se inscribe con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras Congreso de Anáhuac de 1813, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el año 2013 se cumplirán doscientos años de la promulgación de los Sentimientos de la Nación, de la instalación del Congreso de Anáhuac, así como del acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, sancionada en el Palacio Nacional de Chilpancingo, el 6 de noviembre de 1813. En estos tres acontecimientos, eslabonados en un periodo histórico común, se plasma el basamento constitucional del nuevo Estado mexicano; se constituye el primer parlamento libre de la América septentrional, se proclama la separación de la Nueva España con respecto al imperio español, imponiendo el principio de la soberanía popular estipulando que ésta dimana del pueblo y que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, deben estar divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlo; por ello, el Congreso de Anáhuac sienta las bases ideológicas del constitucionalismo y los cimientos políticos del Estado mexicano.

El aporte de los pueblos del sur a esta memorable gesta todavía no ha sido suficientemente reconocido y valorado, la nación tiene una deuda histórica con la entidad suriana sumida en extrema pobreza comparable con la que se vive en ciertos lugares de África, lo cual es lamentable ya que si bien es cierto que la patria nació en Dolores, también lo es que creció y se desarrolló en el sur. Si atendemos a lo dicho por Ignacio Manuel Altamirano, simple y sencillamente: el sur es México. Sin embargo, si hacemos una justa valoración, nos damos cuenta de que las necesidades del México de ayer, siguen siendo las necesidades del México de hoy, aún cuando estamos en los albores del siglo XXI las condiciones de desigualdad social, las distribución inequitativa de la riqueza, la centralización de los recursos, el desempleo, la falta de acceso a la educación a los jóvenes y la violación a los derechos humanos, son problemáticas que, lejos de resolverse se agudizan.

En este escenario, el sentir de la nación cobra mayor fuerza y vigor y obliga a replantear el destino de una nueva agenda política nacional dotada sobre todo, de una elevada sensibilidad social que retorne lo mejor de los postulados independentistas, para proyectar un futuro progresista para la nación. Valores como: “Que los empleos sólo los americanos los obtengan; si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha; Que como la buena leyes superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto; Que para dictar una ley se discuta en el Congreso, y oída a pluralidad de votos; Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud; Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado, señalando pena a los infractores; Que en la nueva legislación no se admita la tortura; Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian”; son sólo algunos que se deben retomar, no sólo para dotar de un ideal humanista el proyecto de nación moderna, sino para replantearnos nuestra posición en el contexto de las relaciones internacionales.

La presente iniciativa retorna las demandas de diversas organizaciones de historiadores, académicos, sociedad civil y de la misma clase política del estado de Guerrero que solicitan con tiempo a las autoridades locales y federales hacer cumplir su compromiso con la historia nacional. Dentro de las voces que exigen nuestro apoyo esta la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la fundación Guerrero Cultural Siglo XX1, el Grupo Proyecto Guerrero de Taxco, la revista Revolución de Iguala, el Ateneo Nicole Girón de Tixtla, la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas. S C, la Sociedad Guerrerense de Baja California, la asociación Arte y Cultura de Acapulco, los cronistas de Mochitlán, Tepecoacui1co de Trujano y Atoyac de Álvarez, el Club Rotario de Chilpancingo, y las asociaciones Comprometidos con Guerrero, Conciencia Ciudadana y Guerrero Unido. Existen sin duda propuestas en el Congreso de la Unión emanadas de legisladores y del Congreso local de Guerrero, la propuesta que se presenta busca contribuir desde el Senado de la República a los festejos de los 200 años del Congreso de Anáhuac.

Actualmente el Congreso local del estado de Guerrero otorga anualmente el 13 de septiembre de cada año, en el marco de los festejos del Congreso de Anáhuac, una presea de plata a nacionales o extranjeros que se hayan distinguido por su cercanía a los principios del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación, como son: la lucha por la paz, la democracia, la defensa de los derechos humanos, y en general con los más altos valores de la humanidad. Este acto cívico se instituyó por decreto número 71, de fecha 26 de junio de 1997, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11 de julio del citado año. La legislatura local ha envestido con la presea a personalidades como Adolfo Suárez González, expresidente del gobierno Español, Hortensia Bussi Viuda de Allende, y para este año, se aprobó la entrega de dicha presea al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por su contribución a la vida democrática de nuestro país.

Es importante recordar que actualmente existen dos minutas en la Cámara de Diputados aprobadas el 26 de abril de 2012, por la que se propone declarar al año 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los Sentimientos de la Nación”; un acto cívico en presencia de los tres Poderes de la Unión en Chilpancingo, Guerrero; la creación de una Comisión Especial para la conmemoración para coordinar con el gobierno del estado, gobiernos locales, los Poderes de la Unión, las actividades cívicas y conmemorativas, la emisión de una moneda conmemorativa del Bicentenario del Congreso de Anáhuac, y diversas modificaciones a la se propone establecer una adición a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales a fin de izar la bandera nacional las siguientes fechas a) el 13 de septiembre: Congreso de Anáhuac de 1813, primer constituyente de la nación mexicana, y b)el 6 de noviembre: Conmemoración de la promulgación del acta solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813.

Junto con lo anterior, el 26 de junio de 2012, el Congreso del estado de Guerrero envió a esta Cámara de Senadores proyecto con iniciativa de ley por la que se declara al año 2013 como –Año del Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación y del Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional– y se declaran fechas solemnes para el estado de Guerrero el 13 de septiembre y 6 de noviembre de cada año, así como la creación de un consejo consultivo por los 200 años de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac, el cual tendrá la responsabilidad del desarrollo de un programa de actividades cívicas para llevarse a cabo durante 2013.

Sin embargo, el siguiente año también debe asumirse por el Congreso de la Unión como una oportunidad histórica de reivindicar los ideales que establecieron el gran pacto social emanado de los Sentimientos de la Nación proclamados por el general José María Morelos y Pavón. Hoy más que nunca donde el tejido social se desvanece bajo el yugo de males endémicos como el hambre, la pobreza y la inseguridad, la nación necesita reinventarse y saldar deudas históricas con estados donde prevalecen las injusticias sociales que buscaban superarse, tal es el caso del estado de Guerrero, donde fue la génesis de la independencia de nuestra nación, y del parlamento mexicano, reclama de la nación una cita con la historia nacional para reclamar lo que a derecho legítimo fue su aportación al estado, pero también demandar la atención de su integración al desarrollo nacional, que ofrezca las mismas condiciones de infraestructura social, empleo y salud que el resto de la república, hoy el pueblo de Guerrero tomando los ideales discutidos el 14 de septiembre de 1813 demanda el conocimiento y el reconocimiento de una deuda histórica de la nación con el desarrollo estatal.

Estas ideas serán motivo de reflexión en el trascurso de los próximos meses, donde el Congreso, especialmente el Senado de la República, garante del pacto federal, deberá tener como prioridad de las políticas públicas un tratamiento diferenciado que atienda la pobreza y marginación que se vive en el estado de Guerrero.

En tal sentido, en representación de las distintas organizaciones académicas y sociales del estado de Guerrero, a su nombre y mi calidad de representante popular me permito proponer al Senado de la República la instauración de la medalla Congreso de Anáhuac de 1813, del Congreso de la Unión, en honor a todo hombre o mujer que se hayan distinguido por sus contribuciones al constitucionalismo mexicano, con apego a los ideales del Congreso de Anáhuac de 1813 y de la proclamación de los Sentimientos de la Nación, una medalla de oro, circundada de laureles y pendientes de una cinta de seda para fijarse al cuello, en la que luzca el tricolor nacional, el Escudo de la Patria en medio de la inscripción -Estados Unidos Mexicanos. H. Congreso de la Unión-o En el anverso de la misma será grabada la efigie del general José María Morelos y Pavón, en medio de la inscripción: Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana.

Es tiempo de reencontramos con los orígenes del constitucionalismo mexicano que está depositada la esencia misma de los ideales de los legisladores del Congreso de Anáhuac de 1813, como nación estamos ante la oportunidad de rendir un reconocimiento a dos siglos de nuestra historia. En este sentido, el Congreso de la Unión está obligado en el marco de los festejos de los 200 años del primer constituyente a inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras: Congreso de Anáhuac de 1813, en honor a los padres del constituyente mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se crea la medalla de honor Congreso de Anáhuac de 1813, del Congreso de la Unión

Artículo Primero. Se expide el decreto por el cual se crea la medalla de honor Congreso de Anáhuac de 1813, del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 1. Se crea la medalla de honor Congreso de Anáhuac de 1813 del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en reconocimiento a los hombres y mujeres mexicanos que por su labor hayan contribuido al fortalecimiento de constitucionalismo mexicano.

Artículo 2. La medalla de honor Congreso de Anáhuac de 1813, constará del diploma alusivo y tejo de oro, pendiente de una cinta de seda para fijarse al cuello y en la que luzca el tricolor nacional; y la efigie del general José María Morelos y Pavón, y la fecha de entrega grabada en el anverso.

Artículo 3. La medalla de honor Congreso de Anáhuac de 1813 del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se otorgará, en cada caso, por acuerdo tomado en sesión pública por esta Cámara, previo el dictamen de la Comisión Medalla Congreso de Anáhuac y la discusión de los méritos de los candidatos o candidatas que pueden ser propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo federal, integrantes del Poder Legislativo federal, las legislaturas de los estados, universidades y centros investigación del país, organizaciones sociales o entidades e instituciones vinculadas con el fortalecimiento del constitucionalismo mexicano.

Artículo 4. La medalla será otorgada en la sesión solemne del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para tal efecto.

Artículo Segundo. Se expide el reglamento de la medalla de honor Congreso de Anáhuac de 1813, quedando como sigue:

Artículo 1. La medalla de honor Congreso de Anáhuac de 1813 del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comprende un solo grado.

Artículo 2. La medalla de honor Congreso de Anáhuac de 1813 del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se otorgará a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por sus contribuciones al constitucionalismo mexicano, con apego a los ideales del Congreso de Anáhuac y de la proclamación de Sentimientos de la Nación del General José María Morelos y Pavón de 1813.

Artículo 3. La insignia tendrá las siguientes características: Medalla de oro, circundada de laureles y pendientes de una cinta de seda para fijarse al cuello, en la que luzca el tricolor nacional, el Escudo de la Patria en medio de la inscripción -Estados Unidos Mexicanos. H. Congreso de la Unión -. En el anverso de la misma será grabada la efigie del General José María Morelos y Pavón, en medio de la inscripción:

“Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”.

Artículo 4. La medalla de honor Congreso de Anáhuac de 1813 del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diploma respectivo, serán impuestos y entregados en la sesión solemne que celebre el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para tal efecto.

Artículo 5. Se crea la Comisión Bicameral Congreso de Anáhuac para atender todos los asuntos relativos a la Medalla de Honor “Congreso de Anáhuac de 1813”, está Comisión estará encargada de llevar en los libros correspondientes el registro, las actas y el archivo de las personas condecoradas.

Artículo 6. La elaboración de la Orden del día de la Sesión Solemne correrá a cargo de las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión en acuerdo con los integrantes de la Comisión Bicameral Congreso de Anáhuac.

Artículo 7. El Congreso de la Unión convocará con oportunidad a la Presidencia de la República, la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gobiernos y Legislaturas Locales, Periódicos y Revistas, Organizaciones Sociales, Sociedades Científicas y demás instituciones y entidades vinculadas con el constitucionalismo mexicano a presentar a sus candidatos para recibir la Medalla de Honor “Congreso de Anáhuac de 1813”.

Artículo 8. El registro de postulaciones podrá efectuarse hasta 30 días naturales previos al otorgamiento de la Medalla.

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 100 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 100 Bis.

1. De acuerdo con el decreto que crea la medalla de honor Congreso de Anáhuac de 1813 del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y su reglamento, se celebrará sesión solemne, cuando corresponda, para otorgarla al ciudadano o ciudadana que haya sido seleccionado mediante un dictamen de la Comisión Bicameral del Congreso de Anáhuac.

2. A la sesión solemne se invitará al titular del Poder Ejecutivo federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados, al gobernador y presidente del Congreso del Estado de Guerrero, los demás funcionarios y personalidades que la Mesa Directiva determine.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Cuarto. Se reforma la fracción IV del numeral 1 del artículo 56, el numeral 1 del artículo 118 y la fracción III del numeral 1 del artículo 231, todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:

Artículo 56

1. Son sesiones solemnes las que se convocan para:

I. ...

Il. ...

III. ...

IV. Imponer las medallas de honor Belisario Domínguez y Congreso de Anáhuac de 1813.

...

Artículo 118

1.Las comisiones Jurisdiccional, de la medalla Belisario Domínguez, Congreso de Anáhuac de 1813 y la de Límites de las Entidades Federativas, se rigen por la ley, este Reglamento y las demás disposiciones aplicables para cada una de ellas.

...

Artículo 231

1.Son también procedimientos especiales en el Senado los que se refieren a las siguientes funciones:

I. ...

II. ...

III. Otorgar e imponer las medallas Belisario Domínguez y Congreso de Anáhuac de 1813, conforme al artículo 100 de la Ley;

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Artículo Quinto. Por la que se inscribe con Letras de Oro en el muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”, para quedar como sigue:

Primero.Inscríbase con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana” .

Segundo.Celébrese una sesión solemne de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que se devuelve la inscripción a que alude el artículo anterior, e invítese a la misma a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se coordinarán para el establecimiento de la fecha en la que se realice la sesión solemne y la inscripción en letras de oro a que alude el artículo primero de este decreto, así como para las demás actividades que se requieran.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de septiembre de 2012.— Senador Armando Ríos Piter (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

ANALISIS VI INFORME DE GOBIERNO - POLITICA EXTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es el análisis del VI Informe de Gobierno, en materia de política exterior.

Para dar cumplimiento al punto tercero del acuerdo aprobado en la sesión del 4 de septiembre, los grupos parlamentarios han inscrito a sus respectivos oradores. Tiene el uso de la voz doña Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza, hasta por 10 minutos.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México es el resultado de un largo proceso de conformación nacional, de la larga globalización comercial a la mezcla de razas; el mundo ha influido en México y la cultura mundial está impregnada de México.

A pesar de la mala costumbre histórica de ver nuestro ombligo —como lo explicamos todos—, es necesario que prestemos atención a un mundo, en donde cualquier problema, en Grecia o en China, afecta cada vez más la vida de cualquier mexicano.

Una política exterior adecuada permite que los intercambios con el mundo se logren de una manera exitosa, con estrategia y resultados para toda la población, a pesar de que en el gobierno del presidente Calderón, se ha tenido un activismo internacional inusitado, aún no se ve la huella de México en el mundo.

En este sexenio encontramos 24 convenciones y tratados en materia de derechos humanos, suscritos por el presidente y aprobados por el Senado, del 2006 a abril de 2011. Este activismo ha tenido poco reflejo en la realidad, no se nota impacto en los asuntos más importantes para las familias mexicanas, en la protección a los derechos o a nuestra relación con los vecinos del norte.

El tema de la migración temporal de trabajadores mexicanos a Estados Unidos de América ha sido totalmente desatendido en este último sexenio; las deportaciones de mexicanos aumentaron en más de un 50 por ciento llegando a la cantidad de 32 mil personas mensuales, cifra que se convierte en histórica.

Ante esto, nuestro presidente se ha limitado ir a Estados Unidos de América a dar un bonito discurso a la comunidad mexicana, prometiendo que protegerá sus derechos.

Para ilustrar la falta de resultados, podemos mencionar la Ley Arizona SB1070, que permite a las autoridades aprehender, sin orden previa, a una persona que se sospeche que haya cometido alguna ofensa pública; que le convierta en alguien retirable de los Estados Unidos de América. Esta ley entró en vigor el 29 de julio de 2010, aunque actualmente está impugnada, con serios cuestionamientos acerca de su constitucionalidad.

Sobre ella, nuestro presidente solo atinó a señalar que dichas políticas atentan contra los derechos humanos. Tal parece que Javier Sicilia está más interesado en el tema, que el propio presidente Calderón.

No podemos seguir ignorando la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América; familias enteras que se ven obligadas a reubicar su residencia en un país extraño, con un idioma y cultura diferentes, discriminados por su origen y apariencia. Es evidente la ausencia de un pronunciamiento enfático y condenatorio por parte de nuestro gobierno, que proteja y vele por los intereses de estos mexicanos.

Por otro lado, la fuga de talentos es uno de los síntomas más decadentes de las fallidas políticas gubernamentales; México es el cuarto exportador de cerebros en el mundo y de 2005 a la fecha, se aumentó en más del doble el número de migrantes altamente calificados en Estados Unidos de América.

El dinero en investigación, las becas privadas, los incentivos de las universidades y los sueldos, hacen irresistible para que cientos de miles de mexicanos salgan de su país.

Gran parte de la inteligencia de México se está saliendo por la frontera, compañeros y compañeras, los talentos que nacen en nuestra tierra no encuentran los incentivos para quedarse.

En el año de 2011, según datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se registraron 11 mil 484 patentes y solo 245 fueron registradas por mexicanos, mientras en países como Estados Unidos de América se registraron el año pasado más de 220 mil patentes.

En tanto no transformemos la visión y pongamos más presupuesto en el desarrollo de tecnología e investigación, México nunca dejará de ser un país maquilador. Es en este tipo de asuntos en donde el gobierno ha fallado la estrategia. Que millones de mexicanos al año ansíen salir del país, demuestra la falacia de uno de los objetivos estratégicos del VI Informe de Gobierno, en política exterior.

Impulsar la proyección de México en el entorno internacional. Al parecer la Presidencia entiende la promoción del país solo como una suerte de turismo diplomático.

Es hora de crear las condiciones para que nuestros compatriotas en Estados Unidos de América vivan de una manera digna y legal, pero también de que logremos un desarrollo sostenido en México, de tal forma que irse no sea la única opción de nuestros compatriotas.

Pero si por ese lado exigimos el reconocimiento y cumplimiento a los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, también por el otro debemos de cuidar los derechos humanos de las y los migrantes centroamericanos que tienen la penosa necesidad de pasar por nuestro país; las y los migrantes de la frontera sur tienen que sufrir una pesadilla a su paso, muchos son secuestrados, golpeados o torturados por los grupos criminales; las mujeres son violadas o vendidas y cientos de estos desaparecidos.

Se estima que entre 140 y 400 mil personas transitan por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos de América, de las cuales anualmente 20 son secuestradas, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; si bien México ha firmado el Protocolo de Palermo y ha legislado sobre el tema, en la práctica siguen dándose situaciones que favorecen el tráfico y la trata de personas.

Como muestra ejemplar tenemos a los 72 cuerpos encontrados en agosto de 2010, en el rancho de San Fernando, Tamaulipas. Los responsables del Instituto Nacional de Migración en ese entonces solo atinaron a decir que desgraciadamente se les atravesó esa situación muy grave.

Sí, compañeros, se les atravesó el hecho de que 72 cuerpos sin vida fueran encontrados en una fosa común; se les atravesó la vejación, el dolor y la falta de humanidad. Para ellos no hubo responsabilidad directa, y lamentablemente ésa es la tónica que hemos visto ya demasiado en la administración federal.

En la línea del VI informe de Gobierno se dice que mediante el programa de Dignificación de Estaciones Migratorias se dio mantenimiento a siete estaciones en los estados de Chiapas, Coahuila, Oaxaca y también se presume haber inaugurado la estación migratoria de Chetumal, en Quintana Roo. Otras dos están en construcción.

¿Les parece, compañeros diputados y diputadas, que dar mantenimiento a siete estaciones y abrir una resuelve un problema de 400 mil personas al año, en condiciones inhumanas? La realidad nos dice que la Organización de las Naciones Unidas y la organización de la sociedad reportaron que las instalaciones de las estaciones migratorias se encuentran en condiciones pobres; existen casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de una visible falta de atención médica.

Mejor que el gobierno, en este sexenio, la sociedad civil ha cubierto muchas necesidades de los migrantes. Para muestra, el multipremiado sacerdote Alejandro Solalinde, que fundó el albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, para proporcionarles un lugar seguro, ofrecerles alimento y posada, así como asistencia médica, jurídica y sicológica.

Compañeros y compañeras legisladores, un país que no sabe lo que quiere está condenado al fracaso.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza convocamos a todas las fuerzas políticas de este país para construir juntos, de la mano de la ciudadanía, una visión estratégica con identidad moderna: la política exterior del México del siglo XXI, que hoy tanto se nos exige. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada oradora. Doña Loretta Ortiz Ahlf, tiene el uso de la voz, hasta por 10 minutos, se presenta del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia del presidente. Compañeros diputados y diputadas, Antonio Gómez Robledo puntualizó, a su modo también: la política exterior es —como lo dijo Bismarck de la política en general— el arte de las posibilidades; mientras mejor lo perciben los gestores de la diplomacia, con mayor acierto sabrán aprovecharlos, para dar al Estado que representan un puesto de dignidad y prestigio en el concierto de las naciones.

El informe del Ejecutivo de la Unión evidencia que la política exterior de México está muy lejos de colocar a México en un puesto de dignidad y prestigio; por el contrario, sobresalen varios hechos graves en la presente gestión, que nos ubican como un país que no reclama un trato digno para nuestra nación y los mexicanos, y mucho menos nos dan prestigio frente al incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un primer acto grave es la firma por las secretarias de Relaciones Exteriores Hillary Clinton y Patricia Espinosa, del 20 de febrero del presente año, del acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México (Anexo 95 del informe), celebrado para convalidar la firma de contratos de exploración y explotación de recursos transfronterizos de hidrocarburos y gas natural en el Golfo, en contravención de los artículos 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula —y también del artículo 27, párrafo octavo—, que prohíbe ceder, mediante la celebración de contratos, la exploración y explotación de hidrocarburos pertenecientes a la nación, a extranjeros.

Cabe precisar que la naturaleza del instrumento internacional para los Estados Unidos de América es la de un executive agreement; por tanto, su cumplimiento no es obligatorio en los Estados Unidos de América, de conformidad con el artículo 6o. de la Constitución de dicho país.

La celebración del tratado mencionado resulta deshonroso y podría tipificar el delito de traición a la patria, que asemeja el acto de Calderón Hinojosa al de Obregón, quien firmó los Tratados de Bucareli y aceptó la llamada Cláusula Secreta, en virtud de la cual el gobierno de México no aplicaría la Constitución de 17 a los ciudadanos e inversionistas norteamericanos, situación que fue resuelta por el general Lázaro Cárdenas, al realizar la expropiación petrolera, con la que pudo México recuperar los recursos naturales que le pertenecen a una nación soberana y que son indispensables para el desarrollo económico de un país.

Un segundo hecho grave, que sobresale en materia de política exterior, en este sexenio, es el no cumplimiento efectivo y total de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Castañeda Gutman, González y otras; Campo Algodonero, Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros; Rosendo Cantú y otro, y Cabrera García y Montiel Flores.

Cabe puntualizar que el no cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos genera consecuencias graves para nuestro país, entre otras la suspensión posible del tratado con la Unión Europea, por cuanto se exige para la aplicación de dicho instrumento el respeto a la cláusula democrática y a los derechos humanos. De hecho, se han formulado ya recomendaciones y observaciones a México por el caso de las muertas de Juárez o sentencia en el caso Campo Algodonero.

Aunado a esta situación se encuentra la impunidad que impera en México con relación a los crímenes del pasado, sin que hasta la fecha se dé cumplimiento a las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para hacer justicia y garantizar el derecho a la verdad y precisamente a los derechos de las víctimas de dichos crímenes.

Un tercer hecho grave es la violación de tratados pilares de derechos humanos, signados por México y obligatorios para nuestro país desde 1981, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, con la aplicación de la reforma del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en materia penal, que ha significado un gran retroceso en la garantía y efectiva protección de los derechos fundamentales de la población de nuestro país, so pretexto de garantizar nuestra seguridad.

Con dicha reforma y aplicación la población puede ser detenida por simples sospechas, por cuanto no se requiere integrar el cuerpo del delito o los elementos del tipo penal, lo cual vulnera el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad.

Sin la detención provisional puede detenerse a una persona entre dos a cuatro años, mientras se investiga si realmente es responsable dicha persona de cometer un delito, con la agravante, además, de que si no es culpable solo se le libera al detenido después de dos, tres o cuatro años de prisión, sin pago de indemnización por error judicial, derecho contemplado en los instrumentos mencionados.

Por si ello no fuera suficiente, además con la reforma se institucionalizó el arraigo en nuestro país, vulnerando con ello el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia.

La población que vive en territorio nacional tiene el derecho a la seguridad, al acceso a la justicia y al respeto a los derechos humanos regulados en nuestra Constitución Política y en los tratados que ha signado México y que ha ratificado.

Otro gran yerro en la política exterior actual de nuestro país es el no respeto de los derechos fundamentales de los indocumentados ubicados en nuestro país, lo cual constituye un acto incongruente, además de esquizofrénico del actual gobierno.

Reclamamos derechos de notificación consular ante la Corte Internacional de Justicia por violación del derecho a nacionales mexicanos detenidos en Estados Unidos de América, y no reconocemos que estamos obligados a garantizar, de manera efectiva e inmediata, el mismo derecho a los extranjeros en caso de privación de la libertad en estaciones migratorias o en prisión, en violación del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena y otros nacionales mexicanos.

El no respeto de los derechos humanos de los indocumentados, en violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales que ha signado México, expone a nuestro país a futuras reclamaciones de terceros países ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte Internacional de Justicia, por el incumplimiento de normas internacionales que en la materia exigen el respeto y un estándar mínimo de derechos a los nacionales de cualquier otro país en territorio nacional.

La nación demanda la derogación de la Ley General sobre la Celebración de Tratados, para evitar que a través de acuerdos interinstitucionales o ejecutivos, como el celebrado recientemente entre la secretaria Hillary Clinton y Patricia Espinosa, se sigan celebrando, en contravención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para evitar que se dañe, además, el patrimonio de la nación.

Cabe señalar que la naturaleza de los citados acuerdos es la de tratados internacionales, por cuanto están regidos por el derecho internacional y que el cambio de denominación no cambia su naturaleza jurídica.

Citando a Zarco en el Constituyente de 56, 57, los tratados internacionales exigen la celebración, no como en el caso de Calderón —que nada más fue testigo—, del presidente de la República y la previa aprobación del Senado, no la posterior, para evitar que se celebren convenciones, como la celebrada con España, por denominarse tratado.

México debe cumplir en su totalidad con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual se debe detener a los responsables de los crímenes o delitos que las víctimas denunciaron y que el gobierno de México ha incumplido con su deber de garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la verdad.

Los que vivimos en México nos merecemos el respeto irrestricto de nuestros derechos humanos, además de garantizarnos nuestro derecho a la seguridad, obligaciones mínimas de cualquier gobierno que represente a un Estado dentro de la comunidad internacional.

Por lo cual, toda política pública de seguridad exige el cumplimiento de los tratados en materia de derechos humanos signados por nuestro país.

Debemos volver al liderazgo que México ejerció en la comunidad internacional como respetuoso de la política internacional, contemplados estos principios en el artículo 89 de nuestra Carta Magna, en particular, el respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de un Estado, el respeto y garantía de los derechos humanos y del estándar mínimo de derechos que debe garantizarse a todos los extranjeros y a los ciudadanos, sin importar, en el caso de los extranjeros, si gozan o no de legal estancia en territorio nacional. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Tiene el uso de la voz doña Martha Beatriz Córdova Bernal.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Saludo con respeto a todas las diputadas y diputados de este Palacio Legislativo. El principio de no intervención es una de las primeras obligaciones de los gobiernos, es el respeto debido a la libertad de los pueblos y a los derechos de las naciones; Benito Juárez.

La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano quiere ocupar, por mi conducto, este digno espacio para hacer patente nuestra preocupación por la política exterior, llevada en este sexenio a un nivel muy lamentable.

Felipe Calderón, ha sido el presidente de la República que más veces ha viajado al extranjero, pasando por alto la obligación constitucional de solicitar permiso al Congreso para realizar cada una de sus visitas al extranjero precisamente y a su regreso, rendir cuentas de los logros y beneficios para esta nación.

Los tristes resultados en política exterior en nuestro país son porque los representantes de la diplomacia mexicana no han logrado posicionar acuerdos que convengan a nuestra nación; el resultado del VI Informe de Gobierno del presidente de la República, es una clara muestra de ello, y como ciudadanos mexicanos somos testigos de que la política exterior fue manejada erróneamente.

Hoy en día estamos muy alejados del liderazgo internacional que nos caracterizó en otras épocas en materia de política exterior, al margen de convertir este tema en un eje impulsor del desarrollo económico, social y político de este gran país.

Esta administración se vio impregnada de acciones desarticuladas, con falta de liderazgo, de resultados medianos y de muy corto alcance. Esa falta de liderazgo es un obstáculo difícil que no permitió aprovechar la diversificación de acuerdos tomados, convirtiéndose en una pesada losa para nuestras relaciones internacionales.

Es lamentable que países como Brasil, India, China y otros, sin demeritar su capacidad social, política y económica, estén bien posicionados de manera gradual y constante en materia internacional, mientras que nuestro país ha venido perdiendo fuerza dentro de las naciones emergentes, tanto en crecimiento, desarrollo y sobre todo, como eje de vanguardia en materia exterior.

Por mencionar algunos ejemplos de la pérdida de identidad y de la pobre acción de la cancillería mexicana, son el caso de Florence Cassez, ciudadana francesa, quien formaba parte de una banda de secuestradores que operaba en nuestro país. Este asunto lamentablemente se convirtió en un conflicto diplomático, ocupando agenda entre ambas naciones.

La falta de fortaleza de la Secretaría de Estado ha propiciado actos constantes de discriminación, tal como fue el caso de la epidemia de la influenza. Los países como Argentina, Perú y Ecuador aplicaron medidas extremadamente drásticas y unilaterales, vulnerando los tratados internacionales signados por estas naciones con México.

Otro ejemplo es la solicitud de visa por parte de Canadá a nuestros compatriotas, vulnerando así una alternativa de integración regional, considerando esto un fracaso más de la política exterior.

Otro tibio y casi nulificado fue el pronunciamiento del gobierno mexicano ante la promulgación de la Ley SB1070, por parte del gobierno de Arizona; el caso de la Iniciativa Mérida, signado como un tratado internacional, que obliga a la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, proporcionando a México más de mil 500 millones de pesos, es una muestra clara de la indefinición con lo que se ha conducido la diplomacia mexicana. Este último punto sería conveniente llevarlo a la mesa de análisis, por considerarlo un tema por demás sensible, dada su relevancia.

La creciente penetración de autoridades estadounidenses a nuestro territorio, con la supuesta justificación de buscar capos y dar seguridad a la población mexicana, no es otra cosa más que una simulación; todos sabemos que en el vecino país del norte es donde se adquieren las armas y las municiones con las que se enfrentan los cárteles con nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad. No podemos seguir permitiendo que el país del norte ponga las armas y las balas y México ponga los muertos.

Podríamos pasar un largo periodo enumerando todos los desatinos en cuanto a relaciones exteriores. Para mí, en mi calidad de profesora y hoy legisladora, la actual administración del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, está reprobada.

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Diputados fueron turnadas, para su estudio y dictamen, durante la LXI Legislatura, 14 iniciativas: seis en comisiones unidas y ocho como comisión única de dictamen; de conformidad con la Gaceta Parlamentaria de la honorable Cámara de Diputados, dos de las 14 antes mencionadas fueron dictaminadas en sentido positivo. Sería conveniente revisar las otras 12, para ver cuál es su sentido y poder enriquecer y fortalecer nuestra política exterior con iniciativas propias de esta Legislatura.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el compendio del VI Informe de la Presidencia de la República, presenta los instrumentos internacionales celebrados por México con otros Estados u organismos, los cuales se rigen por el derecho internacional, independientemente de la denominación que tengan, como acuerdo, protocolo, convenios o tratados, mismos que se encuentran en plena vigencia hasta este mes de septiembre del año en curso.

Se nos dan a conocer, de los mil 356 instrumentos, 633 multilaterales y 723 bilaterales. Sería conveniente revisar a conciencia los mil 356 instrumentos para emitir un dictamen y que la próxima Cancillería no cometa los mismos errores y desacatos constitucionales.

También en el VI Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el cual contiene en el Eje 1, denominado Estado de Derecho y Seguridad; y en el apartado correspondiente a Seguridad Nacional, el punto 1.9, Seguridad Fronteriza, presenta como objetivo y estrategia lo siguiente: como objetivo presentó salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la integridad y el respeto a los derechos humanos, tanto de los habitantes de esta zona como de los migrantes; como estrategia presentó integrar unidades mixtas de policía compuestas por la Policía Federal y la Policía Fronteriza estatal para que con el apoyo de las Fuerzas Armadas se garantizara la seguridad de los mexicanos y de todos los habitantes de la región fronteriza.

A pesar de que los objetivos y estrategias en materia fronteriza es la salvaguarda de los derechos e integridad de las personas que habitan en esta zona, al respecto se observa que las acciones que el gobierno mexicano han seguido en materia fronteriza, no se hace alusión a los casos y al número de muertes de mexicanos que han ocurrido en la frontera por los abusos de las autoridades fronterizas ni tampoco hace alusión en cuanto a que si la PGR ha investigado o no los casos de abuso de la Patrulla fronteriza y por ende, sobre los resultados obtenidos. Tal es el caso de fecha más reciente en donde un mexicano es privado de la vida por supuestos elementos de seguridad fronteriza del vecino país del norte.

Compañeras y compañeros diputados, uniendo criterios tenemos que fortalecer las relaciones de nuestro país en el extranjero; hagamos a un lado los colores; abracemos el nombre de México y emitamos iniciativas que muestren a un país fuerte y unido. Es cuanto.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Corresponde ahora el uso de la tribuna a la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena:Con el permiso de la Presidencia. Distinguida asamblea, la glosa del informe es uno de los mecanismos más importantes con los que cuenta el Congreso de la Unión para realizar un análisis serio y responsable de la política desarrollada por un gobierno.

El tema de política exterior que hoy nos ocupa tiene particular relevancia, porque en una realidad globalizada, como la que hoy vivimos, las crisis económicas, la destrucción del medio ambiente, la inestabilidad política, la inseguridad y hasta la aparición de nuevas enfermedades han dejado de ser temas locales.

La política exterior constituye un componente central de cualquier proyecto de nación, un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico, político y social.

Al inicio del sexenio, la actual administración federal planteó como eje de su política internacional lograr más México en el mundo y más mundo en México; desafortunadamente los resultados obtenidos en este campo nos permiten afirmar que dicho propósito pasará a la historia como otro eslogan, otra promesa más que no se materializó en la realidad.

En su VI informe, el presidente Felipe Calderón resaltó que durante estos años México logró participar en los foros internacionales más importantes del mundo y logró ser anfitrión de eventos en los que se tomaron importantes decisiones; sin embargo, la política exterior de un país no se agota en dichos aspectos ni puede evaluarse positivamente con indicadores tan modestos.

Es cierto, haber logrado ejercer la Presidencia de la XVI Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la VI Conferencia de las Partes, en calidad de reunión del Protocolo de Kyoto, ambas respaldadas por mi partido, fue un logro importante de la administración federal que está por concluir. Asimismo destaca la participación de nuestro país en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable.

Pero, ¿qué podemos decir de la pobre actuación del gobierno mexicano frente a organismos internacionales de derechos humanos, o de su falta de capacidad para construir acuerdos globales en materia de crecimiento con empleo o combate al lavado de dinero?

En dichos rubros la administración del presidente Felipe Calderón, simple y notoriamente obtuvo notas deficientes.

La realidad es que durante el presente sexenio la política exterior de nuestro país ha carecido de una visión estratégica y de prioridades y posturas claramente definidas, lo que ha provocado que de manera importante se debilite nuestra posición y ha cerrado nuestro margen de maniobra para asumir decisiones soberanas.

Baste señalar que la relación oficial más importante del Estado mexicano, la que sostenemos con Estados Unidos de América —que aún es la economía más importante del mundo—, ha estado supeditada en gran medida al tema de combate al crimen organizado y concretamente al narcotráfico.

Con ello hemos dejado aspectos fundamentales que definen nuestra vecindad, como lo son el establecimiento de una política migratoria, la inversión en infraestructura, la protección al medio ambiente en nuestra frontera.

En materia comercial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha perdido su impulso original, pues en los últimos años nuestros vecinos han dado similares concesiones a muchos otros países.

Desafortunadamente el gobierno mexicano ha ignorado la urgente necesidad de impulsar los temas de movilidad laboral, reglamentaciones homologadas, la existencia de foros de compensación o de cohesión social, temas indispensables para abrir nuevas oportunidades de inversión y empleo en México y para lograr un desarrollo sostenido y vigoroso en nuestras naciones en el mediano y largo plazo.

La llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, creada en marzo del 2005, no dio respuesta a tales necesidades. Lo peor es que incluso en el tema dominante del combate al crimen organizado México ha cedido a los Estados Unidos de América la definición de la agenda y de las políticas y con esto hemos cedido soberanía.

La denominada Iniciativa Mérida y el caso de contrabando de armas, conocido como Rápido y Furioso, son paradigmáticos en este sentido. Nuestro país ha pagado una cuota muy alta en materia de vida e inseguridad, a cambio de continuar con una estrategia hecha con una visión ajena.

La pregunta es, ¿qué ha recibido nuestro país a cambio de esa cooperación sin precedente? ¿Qué hemos ganado? Otros países utilizan el acuerdo y la cooperación para avanzar en temas de sus propias agendas, ¿y el nuestro?

En este contexto, resulta inaceptable y vergonzosa la falta de contundencia de la administración del presidente Felipe Calderón, frente al asesinato de nuestros hermanos migrantes a manos de la patrulla fronteriza.

No debemos olvidar que continúa impune el asesinato del menor Sergio Adrián Hernández Huereca, cometido el 7 de junio de 2007. Este menor murió en los límites de la frontera entre México y Estados Unidos de América, en el puente conocido como Paso del Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando un agente de la oficina de aduanas y protección de las fronteras de los Estados Unidos de América realizó disparos hacia nuestro territorio; el agente fue llevado a juicio, pero las cortes de los Estados Unidos de América desestimaron el caso al considerar que éste respondió a supuestas agresiones con piedras desde el lado mexicano y que la muerte de este niño ocurrió fuera de la jurisdicción norteamericana.

Caso más reciente se dio el lunes 3 de septiembre, en la línea fronteriza entre Nuevo Laredo Tamaulipas y Laredo, Texas; Guillermo Arévalo Pedroza, de 36 años, fue identificado como la víctima de este incidente, que involucra a los agentes de la patrulla fronteriza —nuevamente— de Estados Unidos de América.

Son ya tres los casos con las mismas características en lo que va del año; la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha limitado a señalar que ha presentado una solicitud diplomática para que se investigue la muerte de nuestros connacionales. Qué dolor provoca saber que nuestros connacionales no han sido defendidos con la importancia que merece el ser mexicanos.

Por otra parte, nuestro país está cada vez más rezagado de las tendencias económicas globales. La profunda crisis económica y financiera por la que atraviesan los Estados Unidos de América y la Unión Europea, y la acelerada expansión de Brasil, China, India y otros países asiáticos, están cambiando los patrones de desarrollo y comercio en Asia, África y América Latina.

Se prevé que en la próxima década China será líder en las áreas de la economía del conocimiento, como lo son la biotecnología, la tecnología de la información y el uso eficiente de la energía.

Desde Chile hasta Venezuela, los gobiernos latinoamericanos han tomado medidas para aprovechar el nuevo amanecer de China y de los países emergentes.

Cabe preguntarse: ¿por qué este gobierno ha tardado tanto en responder a esta nueva realidad económica? México tiene que abrirse a otras regiones de oportunidades, si desea impulsar el crecimiento y el empleo; nuestro país debe participar con países emergentes, en la definición de políticas internacionales y en la creación de una nueva estructura global, en materia de finanzas, derechos humanos, migración, desarrollo con justicia, combate a la corrupción de funcionarios públicos, trabajo y seguridad.

En este sentido, consideramos que la solución eficaz al problema que representan los cárteles de las drogas pasa necesariamente por la conformación de una agenda global en la materia, basada esta agenda en nuevos paradigmas y mecanismos de cooperación internacional.

En otro apartado del VI Informe de Gobierno, en su capítulo 5.8, el titular del Poder Ejecutivo federal señala como un logro de su administración el fortalecimiento de lazos económicos, políticos, culturales de México con América Latina, pero la realidad es que en este sexenio nuestro país perdió su liderazgo en el concierto de naciones latinoamericanas y dejó de ser el referente geopolítico en las relaciones entre los países del sur y norte de nuestro Continente.

Es suficiente señalar que en los últimos 12 años nuestro país ha crecido a tasas inferiores al 2 por ciento, la mitad del promedio de crecimiento de los países latinoamericanos, y una tercera parte de lo que han crecido, en promedio, los países asiáticos.

En nuestro grupo parlamentario consideramos que la presente Legislatura y el próximo cambio de titularidad del Poder Ejecutivo federal, constituyen una oportunidad inmejorable para dar un viraje positivo a la política exterior desarrollada por nuestro país; parte de este viraje será posible con la revisión de la minuta con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados Internacionales, turnada a la Cámara de Senadores a finales del pasado mes de abril.

En el futuro próximo, nuestras relaciones con el mundo deberán estar basadas en la cooperación para el desarrollo, la sustentabilidad, la estabilidad y la tranquilidad; la política exterior será considerada como uno de los ejes centrales que le permitan de verdad a nuestro país recuperar la posición de liderazgo que debemos de tener en el mundo.

Respaldamos por completo las propuestas que en esta materia efectúe, en su momento, nuestro candidato a la Presidencia de la República, hoy presidente electo, licenciado Enrique Peña Nieto; estamos seguros que están por iniciar nuevos y mejores tiempos para las relaciones y política exterior de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada Garza Cadena. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidente. Diputadas y diputados, comparezco en esta tribuna, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para cumplir con nuestra responsabilidad de analizar la gestión del gobierno en materia de política exterior.

Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz; Benito Juárez. Cita que fue retomada en los albores del constitucionalismo mexicano bajo el principio universal de la no intervención, pues ningún país debe entrometerse de ninguna manera y por ningún motivo, en los asuntos interiores de otro. Frase célebre que durante décadas ha sido olvidada por el PRI, por el PAN y por sus aliados.

A pesar de inscribirse con letras de oro en este recinto parlamentario, tal parece que no gustan de tener altura de miras, sino por el contrario, ser sumisos a la voluntad del poder mundial que utiliza al gobierno de México para sus intereses depredadores; por eso decimos que lo que sostiene el gobierno de Felipe Calderón, como política exterior, no tiene nada de responsable, tal como ha sido durante tantos años de gobierno bipartidista en México.

Iniciaré por decir que la política exterior no es la palanca de desarrollo nacional, esta concepción nos define como dependientes y nos vulnera, casi nos pone como mendigos frente a la ayuda internacional; el desarrollo nacional debe ser lo que impulse la política exterior, pues mientras más fuertes seamos al interior, mientras más vigorosa sea nuestra economía y nuestra sociedad, más solidez tendremos para negociar con el exterior y más autoridad tendrá nuestra voz en el concierto de las naciones, pues la política actual nos ha llevado a ser un actor muy menor al que no se requiere hacerle caso.

Pero para evitar que este ejercicio de análisis de la glosa del informe se convierta en una experiencia llena de reclamos y de retórica, quisiera ilustrar las promesas incumplidas y los errores con datos muy concretos, no con un afán de denuncia, no hace falta, el desprestigio del gobierno saliente tiene ya una trascendencia mundial.

En pleno siglo XXI México se adentró en la economía global con un modelo económico que solo es funcional para las estructuras del poder económico; es decir, fundamentalmente favorable a los menos de 350 empresas que controlan los flujos de exportación al mercado de América del Norte, desde no más de 10 ramas industriales, dentro de las cuales están las 40 empresas más globalizadas del país que ostentan el control monopólico interno en las ramas de su actuación y en sus alianzas estratégicas con las más grandes empresas de la región, con algunas europeas y en los menos casos asiáticas, pero que no han sido capaces de forjar internamente una articulación industrial que sea útil al proyecto nacional.

Entonces, ellas coexisten con los flujos de exportación de muy bajo componente interno, a pesar de que son llamadas por nuestra contabilidad nacional exportaciones nacionales. No obstante ese flujo exportador, que asombra a muchos por su valor monetario, está compuesto en un 50 por ciento por maquila o producción globalmente segmentada, que solo recoge entre el 5 y el 20 por ciento de insumos nacionales.

Así, bajo estas condiciones, nuestro sector exportador, emblema y orgullo del seudomodelo económico que promueve el libre mercado, manifiesta su alta vulnerabilidad y la exposición económica externa.

En términos de negociación binacional con Estados Unidos de América, no obstante de ser una estrategia de acción, hemos sufrido un gran rezago. Tenemos una situación adversa en el cumplimiento favorable a México de los diversos apartados del Tratado de Libre Comercio y no logramos revertir a tiempo y de forma plena las disputas comerciales o las violaciones al mismo.

Por otra parte, el gobierno de Calderón planteó crear mecanismos para potenciar el acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea, y es evidente que pese a que contamos con un acuerdo comercial con estos países, aún no hemos logrado consolidar una relación comercial importante con Europa.

Asimismo, propuso reforzar y extender los lazos políticos, económicos y culturales con América Central, América del Sur y el Caribe, y no solo no se avanzó en estos objetivos, sino que además cerró los consulados mexicanos en Guatemala, Ecuador y Brasil.

El comportamiento de la economía mexicana a lo largo del sexenio fue el más bajo, del promedio, de América Latina y de otros países emergentes, lo que se tradujo en una pérdida de posición de México en el contexto internacional; en términos per cápita, México bajó del lugar 58 al 69, entre 2006 y 2011.

En síntesis, la economía del país durante esta administración fue precaria; el crecimiento entre 2006 y 2011, fue de solo 1.5 por ciento, en promedio anual. Este bajo crecimiento estuvo influido por la crisis económica de los años 2008-2009, de la cual México fue uno de los países más afectados, debido a su enorme dependencia de la economía de los Estados Unidos de América y la debilidad del mercado interno.

Por eso sostenemos categóricamente que es necesario; primero, fortalecernos en nuestra economía interna, para ser un verdadero actor en el ámbito de la política internacional, tal como lo merece nuestra nación.

Asimismo, el gobierno de Calderón tuvo la audacia de plantear que impulsaría una solución permanente al tema migratorio, incluso se comprometió a trabajar intensamente con el gobierno de Estados Unidos de América para darle un cauce ordenado, seguro y digno. Hoy sabemos que el tema migratorio nunca figuró en la agenda binacional con Estados Unidos de América.

El Plan Nacional de Desarrollo, de 2007 a 2012, establece que el gobierno fortalecería la protección y garantizaría los derechos de las y los mexicanos en el exterior; sin embargo, su actitud, permanentemente omisa, ante los asesinatos perpetrados durante el sexenio por parte de la patrulla fronteriza en contra de mexicanos, ha quedado bajo la sombra de la impunidad y no ha merecido —salvo en uno de los casos— una nota diplomática del gobierno mexicano, quien ha permanecido en calidad de un simple testigo ante los abusos que se cometen en contra de nuestros connacionales y de quienes lloran la pérdida de sus seres queridos.

Por otra parte, mienten cuando dicen que se saldó la deuda con los trabajadores del programa Braceros. Hay una larga lista de personas que no fueron consideradas; por tanto, los reclamos siguen vigentes.

Si alguien lo duda, pues baste ver a los adultos mayores que están a la entrada de esta Cámara, reclamando su pago, con justo derecho.

La crisis del visado con Canadá nos enseñó que ellos han aprendido rápidamente, por lo menos en dicho tema, que hay que defender el interés nacional no considerando los intereses del socio y vecino, sobre todo cuando se asume un bajo costo al hacerlo, frente a un país con autoridades y estructuras de relación regional, como lo es México.

En otro orden, violando el marco constitucional que nos rige, en materia de ratificación de tratados internacionales, el gobierno de Calderón pactó clandestinamente y a escondidas del Congreso la Iniciativa Mérida, en total perjuicio para el país, pues por cada dólar que gasta Estados Unidos de América, México ha contribuido con 13 dólares, para lograr los objetivos comunes de la Iniciativa. Con esto, además, se agrava la estrategia errática de lucha contra el narcotráfico, que ha dado como resultado un baño de sangre en nuestro país, con la dolorosa cifra de casi 100 mil muertos.

Recientemente —y quizás en la peor exhibición de torpeza diplomática— el gobierno mexicano, en un claro abuso de sus facultades, firmó, a través del embajador de México en Japón, el Acuerdo Comercial contra la Falsificación, conocido como ACTA; este acuerdo ha sido rechazado por el Parlamento europeo, porque representa una grave amenaza para las garantías individuales y los derechos fundamentales a nivel internacional. Por tanto, dicho acuerdo no entró en vigor, quedando expuesto el gobierno actual.

El gobierno de Calderón creyó que la simulación era suficiente para dictar una agenda mundial sobre el medio ambiente; poner un molino de viento en la Riviera Maya no representa tener una política energética alternativa, y mientras somos uno de los países que más créditos por contaminación usan, él viaja por el mundo aleccionando a los otros países para que hagan lo que aquí el gobierno no se atrevió a promover.

En el terreno de lo educativo brilla la falsedad; mientras nuestro sistema educativo se hunde intentan decirnos que hemos enviado expertos a varios lugares del mundo, pero hasta en el otorgamiento de las becas se observa que en su mayoría no son mexicanos.

La OCDE ubica a México en el último lugar de expectativa de graduación en el bachillerato, penúltimo en terminación de estudios superiores y con un alto incremento en el número de jóvenes que no estudian ni trabajan. Sin duda la política exterior no ha servido como palanca de desarrollo.

De igual manera la CEDAW, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, declaró que el gobierno actual esté en deuda con las mujeres, al incumplir la mayoría de las recomendaciones de esta convención.

Como ustedes saben, tampoco hubo apoyo internacional para generar empleo y por el contrario, se echó a la calle a miles de trabajadores, como es el caso de los electricistas de Luz y Fuerza del Centro y los mineros de Cananea, por citar solo dos ejemplos.

Deja además una deuda de justicia que no podrá pagar jamás, con los 49 bebes, niñas y niños fallecidos en la guardería ABC y con las decenas que resultaron lesionados. Esto deja por demás manifiesto que no se ha cumplido con los tratados y convenciones firmadas por México a favor de la niñez.

Estos son los resultados de un gobierno de mentira y de simulación, que haiga sido como haiga sido llegó podrido a su ocaso. A seis años de mal gobierno, sin lugar a dudas podemos decir: estaríamos mejor con López Obrador. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, el diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Compañeros diputados y compañeras diputadas, quiero aclararle a quienes me han antecedido en el uso de la tribuna que el presidente no violó la Constitución, el artículo 88 ya se reformó y el presidente puede salir hasta por siete días, sin pedirle permiso a este Congreso.

En su labor de gobierno, bajo los preceptos del humanismo político, Acción Nacional ha respondido con altura de miras y con resultados palpables que se reflejan en un mayor bienestar para las familias mexicanas y que al mismo tiempo, nos han situado en un lugar privilegiado en el mundo.

En ese sentido, la política exterior es sin duda uno de los rubros donde los gobiernos panistas, y en particular el del presidente Felipe Calderón, han puesto especial atención buscando —como pocas veces se hizo en el pasado— que México sea referente en temas específicos, como país propositivo y responsable de su papel en el mundo.

En un escenario global, en el que las naciones están interrelacionadas unas con otras, más allá de las fronteras físicas, nuestra política exterior ha promovido una visión de corresponsabilidad de lo que ocurre en el mundo, donde los lazos se estrechan, los problemas se comparten y las soluciones deben mirar más allá de estados y naciones.

Bajo el concepto —como lo decía bien la compañera del Verde—: de más México en el mundo y más mundo en México, el Ejecutivo federal ha logrado con éxito que otros actores en el planeta asuman como propios tres temas, que considero son el eje del debate en la agenda internacional y sobre los cuales nuestra política exterior se ha situado como instrumento fundamental para promover el desarrollo de manera transversal en lo económico y social, y para poner en alto el nombre de nuestro país, con propuestas y con acciones y con resultados notorios.

El primero de estos temas es la visión global para combatir la delincuencia organizada. Hace unos años las acciones del crimen organizado —que tanto han dañado a nuestro país y a nuestra sociedad— se consideraban un problema aislado y exclusivo de cada nación; esta visión cerrada e individualista cambió para siempre, derivado de la evolución de la criminalidad, hacia esquemas operativos transnacionales y a raíz de que México alzó la voz para frenar el problema.

México mostró al mundo cómo lo que ocurría en nuestro territorio era consecuencia de una larga cadena de complicidades, de corrupción, de irresponsabilidad, que se originan en buena parte de los países vecinos y que requieren una solución en conjunto.

Por ello y solo por mencionar uno de los varios ejemplos, la actual administración impulsó que México y Centroamérica enfrentaran coordinadamente la amenaza de la delincuencia organizada transnacional, por ser regiones de tránsito de droga hacia los países consumidores.

También es preciso señalar el fortalecimiento de la relación entre México y Estados Unidos de América en el combate al crimen organizado, donde los vínculos se han estrechado de manera notable a través de instrumentos como la Iniciativa Mérida, que ha robustecido la cooperación en términos de capacitación, intercambio de inteligencia y transferencia tecnológica entre ambas naciones, como nunca antes en la historia.

Debo señalar que dentro de esta relación con nuestro vecino del norte merece mención especial que México haya alzado la voz enérgicamente para que asuman su responsabilidad en el combate a la delincuencia organizada.

Nunca en el pasado un presidente de México se apostó en el Congreso de los Estados Unidos de América para señalar cómo la producción y venta de armas en ese país empoderaba y hacía más letales a los cárteles de la droga; nunca en el pasado un presidente de México tuvo el valor y la franqueza para decirle al mayor consumidor de drogas en el mundo que éste doloroso problema no podía enfrentarse solo desde nuestro lado de la frontera.

Nunca en el pasado, compañeros legisladores, un presidente de México se atrevió a llamar por su nombre a los culpables, a perseguir a los criminales y destapar una cloaca tan profunda y sucia, como el narcotráfico.

Esta determinación ha sido reconocida y aplaudida en el plano internacional y deja muy en alto los retos que en este tema tenemos como nación. De cara a un futuro en el que la nueva administración debe preservar que la voz de México se escuche y se haga escuchar en todo el mundo.

El segundo tema que quiero resaltar es el liderazgo que México ha mostrado en el mundo en el manejo de la mayor crisis económica, que sin haberse originado en nuestro país, supimos enfrentar con soluciones, que hoy son ejemplo para muchos países.

La iniciativa de México ha sido abrir nuestras puertas a la inversión extranjera y propiciar con ello la generación de empleos y el impulso económico, que en su momento evitaron el estancamiento y atenuaron los efectos de esta problemática.

Hoy —y pese a la grave crisis económica— México intercambia anualmente bienes y servicios por más de 700 mil millones de dólares y a lo largo de la presente administración hemos alcanzado más de 126 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, lo que refleja la confianza  que otros países le dan a México.

Estas medidas y resultados llevaron a nuestro país a presidir el G-20, un reconocimiento que a la vez fue oportunidad para proponer a nivel internacional una agenda contra el proteccionismo, que tanto daño puede causar a la economía global.

Los resultados de esta presidencia fueron claros; México avanzó sobre negociaciones complejas para concretar un incremento de 456 mil millones de dólares a los recursos que destina el Fondo Monetario Internacional, para evitar el proteccionismo económico, duplicando con ello la capacidad de apoyo de ese organismos y extendiendo esta propuesta hasta 2014.

Que no quede duda en este sentido: los gobiernos emanados de Acción Nacional, no solo han reducido las tasas de inflación y aumentado las reservas de nuestro país, sino que además han demostrado cómo este manejo responsable de la economía puede ser un instrumento para potencializar nuestro liderazgo y ser referente para otras naciones.

Hemos conseguido que el mundo voltee a ver a nuestro país, pero no como se hacía en el pasado, cuando se señalaba a México como una economía débil y vulnerable, sino que al contrario, hoy el mundo ve a México como una nación fuerte, productiva, abierta y con la disposición y el talento para asumir los retos que implica ser un actor global indispensable y no solo un mero testigo silente y acomplejado en el escenario de las finanzas internacionales.

El tercer tema de nuestra política exterior que se posiciona en la agenda internacional es el de la sustentabilidad ambiental, que bien comentaba la compañera del Verde.

El gobierno del presidente Calderón, ha tenido una participación activa y destacada en la concientización de la importancia que representa la protección y conservación de los recursos naturales, que son patrimonio de la humanidad, situándose también —y que no nos quede duda, compañeros— como el presidente más ambientalista y ecologista que ha tenido este país.

Por esta razón, México presidió exitosamente la reunión de la COP16 y la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, y bajo su liderazgo se alcanzaron acuerdos que en reuniones anteriores se habían estancado; fue posible concretar propuestas como el Fondo Verde o los llamados Bonos de Carbono, que buscan proteger los recursos naturales que genera el equilibrio medioambiental en todo el planeta.

México no se ha quedado al margen de los grandes temas internacionales; al contrario, hemos promovido una agenda de política exterior activa y responsable, hemos defendido los intereses de los mexicanos y actuamos con la premisa de construir el futuro mediante la acción responsable en el presente.

Este presente, que hoy es México y que nos pertenece, se propuso al principio de este sexenio; está más abierto que nunca al mundo y al mismo tiempo, tiene al mundo más cerca que nunca.

Compañeras y compañeros diputados, es claro y notorio que en el tema de política exterior, como en tantos otros, tenemos retos que a esta generación le toca enfrentar, partiendo de que claramente, sí, claramente hay un antes y un después de los gobiernos de Acción Nacional; el México que hemos construido entre todos y que ha sido encabezado por los gobiernos de Acción Nacional, los últimos 12 años, ha demostrado que podemos competir frente a las grandes potencias del mundo y que estamos llamados a ser una voz activa en el concierto de las naciones.

En el PAN hemos trazado una ruta por la que debemos seguir adelante, con la misma convicción, con determinación, con valentía, sin conformarnos con lo hecho, porque sin duda es mucho lo que aún falta por hacer.

Trabajemos juntos anteponiendo el interés nacional para seguir mereciendo ese lugar que ya es nuestro y desde el que hemos logrado que el mundo voltee a ver a México con admiración y orgullo. El reto es grande, pero estoy seguro que nuestra disposición lo es más. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, el diputado Javier Treviño Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Javier Treviño Cantú: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea: es un honor para mí hacer uso de la palabra para referirme al estado que guarda la política exterior en el VI Informe de Gobierno.

La formulación y conducción de nuestra política exterior revisten una tarea especial y delicada, porque constituyen el principal vínculo institucional de México con el mundo; es desafortunado, por tanto, que el capítulo dedicado a lo que el actual jefe del Ejecutivo federal denomina política exterior —entre comillas— responsable, como si fuera necesario aclararlo, presente serias deficiencias de forma y de fondo.

Es lamentable que se haya hecho entrega a este Congreso de la Unión de un informe tan desaseado, no solo plagado de errores orto-tipográficos, sino el que se llegue a confundir las siglas de organismos internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Sin una introducción clara, el capítulo en la materia se reduce a un listado de diagnósticos, iniciativas y acciones, muchas veces inconsistentes entre sí. Esta simple enumeración, no indica cómo ha beneficiado en concreto a nuestra población el esfuerzo realizado en materia de política exterior ni en qué ha contribuido a fortalecer al Estado mexicano.

Sobre todo, el informe refleja un grave problema de fondo, porque en los últimos seis años México ha carecido de una política exterior con una orientación estratégica.

A diferencia de lo indicado en el documento, durante su conferencia de prensa sobre el tema, la secretaria de Relaciones Exteriores señaló que la política exterior del gobierno saliente se planteó tres objetivos concretos; el primero fue —y cito—: resolver y superar cualquier tipo de enfrentamiento con otros países, para luego sostener que hoy México no tiene conflictos con ningún país.

Más allá de lo triste que resulta para una nación con nuestra tradición diplomática, sostener como fundamental este íntimo propósito, la historia y las palabras del presidente Felipe Calderón mismo, matizan dicha afirmación.

En una entrevista concedida la semana pasada a la televisión rusa, el presidente Calderón, por ejemplo, calificó de complicadas y en ocasiones tensas las relaciones entre México y los Estados Unidos de América. Quizá ambas naciones podemos discrepar en forma respetuosa sobre cuestiones específicas, pero no debemos olvidar que este sexenio pasará a la historia por el episodio que llevó al presidente de la República a exigir el retiro del entonces embajador estadounidense, Carlos Pascual.

Fue un incidente lamentable que reflejó las tensiones, producto de una cooperación en materia de seguridad basada en criterios jurídicos vagos y que se ha operado a escondidas, como lo demuestra el ataque en Tres Marías contra funcionarios encubiertos de Estados Unidos de América.

El Poder Legislativo, que una y otra vez ha solicitado información precisa sobre las condiciones en las que se conduce esta cooperación bilateral, nunca ha recibido respuestas que no sean elusivas.

Pero las persistentes tensiones con Estados Unidos de América no son el único saldo negativo que deja la administración saliente. Es necesario recordar las fricciones con Brasil, que hicieron que ni el presidente de la República ni la secretaria de Relaciones Exteriores acudieran, en 2011, a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta Dilma Rousseff.

Hay otros casos, como el de Canadá, que de manera poco diplomática impuso requisitos draconianos para la concesión de visas, o el controvertido tema de Florence Cassez, que sigue afectando la relación con Francia, y el de Cuba, donde la detención de supuestos activistas del PAN, en vísperas del viaje del Papa Benedicto XVI, estuvo a punto de descarrilar la única y tardía visita del presidente Calderón a ese país.

En la misma rueda de prensa, la secretaria de Relaciones Exteriores manifestó que el segundo objetivo de la política exterior en este sexenio era —y vuelvo a citar—: que México fuera un actor internacional unánimemente reconocido y respetado, y además, sostuvo —y es irónico— que esto ya era un hecho.

No cabe duda de que nuestro país es mundialmente apreciado por numerosas razones. No obstante, lo que hoy sí es un hecho, es que a México se le reconoce por la violencia asociada a la estrategia federal para combatir el crimen organizado, por la baja tasa de crecimiento económico en los últimos seis años y por la incapacidad que esto ha producido para superar los rezagos de pobreza y desigualdad extremas que aún existen.

Durante seis largos años, el gobierno saliente fue incapaz de articular una política de comunicación internacional y una diplomacia pública eficaz, que permitieran contrarrestar la percepción negativa de México que se fue generando, y todo esto limitó en forma notoria la capacidad de alcanzar el tercer objetivo de la política exterior que se fijó el Ejecutivo federal saliente, que era —y cito por última vez—: dar al país una nueva capacidad de influencia global.

Señoras y señores legisladores, la actual administración deja un legado de claroscuros en materia de política exterior; México aparece como un país desorientado y desdibujado en el escenario internacional.

La cercanía con Estados Unidos de América, en materia de seguridad, no solo no se ha reflejado en mejores condiciones para nuestros migrantes, sino que por el contrario, se ha traducido en deportaciones masivas, en legislaciones anti-migratorias a nivel estatal y en incesantes ataques de la patrulla fronteriza  en contra de connacionales inocentes.

Ante dicha realidad, es indispensable diversificar la agenda con Estados Unidos de América para que tenga un carácter integral; es decir, que no solo esté supeditada al tema de seguridad, y en cambio, nos permita enfocarnos con auténtica corresponsabilidad en la generación de una mayor prosperidad y a su vez se traduzca en nuevos empleos en ambos lados de la frontera.

Por otro lado, la desarticulación entre el Plan Puebla-Panamá y la promesa incumplida del proyecto Mesoamericano hicieron que nuestro país perdiera capacidad de maniobra en Centroamérica; un área vital para nuestra seguridad nacional y nuestro desarrollo económico.

En América del Sur, a pesar de que la Alianza del Pacífico entre nuestro país, Colombia, Perú y Chile, abre una ventana de oportunidad que es indispensable aprovechar, las fricciones comerciales y nuestra marcada ausencia en el plano cultural han hecho que a México se le perciba distante de sus raíces y vocación latinoamericanas.

Por ello, en el PRI celebramos que la primera gira de trabajo del presidente electo, Enrique Peña Nieto, sea precisamente a Latinoamérica, con lo que demuestra su compromiso de estrechar lazos de amistad y cooperación con la región.

Respecto a Europa, en estos últimos años México no parece haber dotado de contenido propio a una asociación estratégica y ha estado muy por debajo de su potencial, y frente a Asia México quedó rezagado justo en el momento en que las principales tendencias mundiales exigían poner énfasis en países clave de la región.

Ahora, a unos meses de que inicie la nueva administración, el Grupo Parlamentario del PRI se declara listo para acompañar al próximo titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, en la formulación y conducción de una política exterior renovada, que contribuya con eficacia al desarrollo nacional y permita recuperar el prestigio y el activo papel de nuestro país en el mundo. Tenemos que redefinir la política exterior, de forma que no solo sea de principios, sino también de resultados.

Nuestra política exterior tiene que estar vinculada más estrechamente que nunca con la eficacia que demanda la política interior para lograr mayor bienestar y desarrollo; es cuestión de contar con una visión en verdad estratégica claramente alineada, con esfuerzos coordinados para reconstruir la presencia internacional de México.

Con base en los acuerdos necesarios para sacar adelante las reformas estructurales que se requieren, habremos de establecer las condiciones para que nuestra economía crezca a tasas más elevadas y con ello logremos asumir nuestra condición plena de potencia regional.

Asimismo, trabajaremos para dotar a la Cancillería de recursos adecuados en el Presupuesto de Egresos, para impulsar nuevos proyectos que permitan subsanar el rezago de los últimos 12 años.

Éste es el compromiso que asume el Grupo Parlamentario del PRI, porque la Cámara de Diputados está llamada a jugar un papel decisivo en la política exterior del país. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Treviño Cantú. Antes de iniciar la segunda ronda del análisis, voy a pedir que se abra el micrófono en la curul en que se encuentra el diputado Luis Alberto Villarreal.

DIPUTADO HERNAN BELDEN ELIZONDO

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quiero, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, solicitarle a la Presidencia, un minuto de silencio por parte de esta Cámara de Diputados, en la memoria de un ex compañero diputado local de Nuevo León, Hernán Belden Elizondo, quien fue hallado muerto el pasado 11 de septiembre, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Lamentamos su pérdida, condenamos los cobardes hechos y desde aquí les solicitamos a las autoridades la exigencia de justicia.

A su familia, a María su esposa, a María su hija y a sus hijos Hernán y David, les enviamos un abrazo fraterno y solidario en espera de su pronto restablecimiento. Que descanse en paz Hernán Belden Elizondo.

Ojalá que nos pueda conceder esta solicitud, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Esta Presidencia hace suya la propuesta del diputado Luis Alberto Villarreal. Ruego a la asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria del Hernán Belden Elizondo.

(Minuto de silencio)

Gracias. Descanse en paz Hernán Belden Elizondo.

ANALISIS VI INFORME DE GOBIERNO - POLITICA EXTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: Informo a la asamblea que para la segunda ronda los grupos parlamentarios han inscrito a las siguientes diputadas y diputados: el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, este día finalizamos el recuento de un anecdotario estadístico presentado por el Poder Ejecutivo; se trató de un sexenio que seguramente, a juicio de la sociedad, concluye con una deuda enorme con las y los mexicanos.

Es evidente que lejos de representar una oportunidad para el análisis minucioso y puntual de los desafíos pendientes o un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, se trató de una serie de monólogos, donde los cuestionamientos vertidos desde esta soberanía quedan sin respuesta.

Compañeras y compañeros legisladores, lo presentado en el VI informe de esta administración no refleja en lo absoluto la realidad que actualmente vive el país ni reconoce las dificultades económicas y sociales que enfrentan millones de mexicanos.

Pero, ¿qué nos asombra de esta actitud de cerrazón al diálogo y la rendición de cuentas por parte del gobierno saliente? La autocomplacencia de este gobierno en la actual política interior, social y económica, tal como ha quedado de manifiesto en esta glosa del informe, ha reflejado también la forma en la que se ha conducido la política exterior mexicana. Ésta debe ser un instrumento para posicionar los temas del país en la agenda global y defender los intereses nacionales frente a los intensos intercambios sociales, económicos, culturales, informáticos que hoy caracterizan a nuestro tiempo.

Aclaro que desde la percepción personal del Ejecutivo, él nos presenta, en este informe, la imagen de un México recuperando su liderazgo; en la región y a nivel mundial, imagen reforzada por un conjunto de estrategias de cooperación internacional, que busca —según nos dicen— luchar contra la pobreza, generar empleos e incrementar la seguridad de nuestro país.

Sin duda que son temas interesantes que podrían beneficiar a todos los mexicanos, pero la diplomacia mexicana se centró en realizar y participar en numerosos foros, acuerdos y mecanismos diplomáticos que son insuficientes para alcanzar los objetivos planteados en materia de política exterior.

Es preciso señalar que el Estado mexicano firmó los Objetivos del Milenio, que consideran la erradicación de la pobreza, lograr la universalización de la educación primaria, promover la igualdad de género, la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, combatir el VIH Sida, el paludismo, y otras enfermedades. Sería importante evaluar qué medidas se han adoptado al respecto.

Este informe hace alarde a que el pasado 30 de marzo de 2012, recibió de parte de la Fundación Jack Brewer un reconocimiento por el cumplimiento de algunos de estos Objetivos del Milenio, pero en nuestro carácter de legisladores y representantes de la nación nos preguntemos con toda responsabilidad, ¿qué reconocimiento se merece este gobierno de parte de los 52 millones de mexicanos que viven en la pobreza? ¿Qué reconocimiento se merece de los 6.8 millones de mexicanos migrantes, quienes ante la falta de oportunidades en el país tienen que padecer un trato indigno, principalmente de parte de los Estados Unidos de América?

De igual forma, las cumbres, ferias, exposiciones, congresos, misiones, giras, todos los eventos internacionales organizados por la Cancillería, no lograron paliar los graves problemas. La seguridad del país tampoco se ha visto beneficiada de los múltiples acuerdos.

Lo más vergonzoso e insultante es lo poco que se ha hecho por vigilar la frontera y evitar operativos, como el de Rápido y Furioso, en donde se permitió la entrada de armas que son utilizadas por el crimen organizado para sembrar el terror y la violencia, o de igual manera, el caso más reciente, la balacera en Tres Marías, donde se vieron involucrados funcionarios norteamericanos y policías federales.

Aún queda la interrogante sobre la presencia de dichos agentes en nuestro territorio, ¿qué hacían? La explicación más clara que da de parte de los uniformados federales es el silencio, es la falta de concreción en una información que México merece.

Los esfuerzos para erradicar el problema del narcotráfico deben ser en conjunto, en cooperación con los Estados Unidos de América, porque por su carácter de consumidor, da lugar a la producción y traslado a ese país vecino.

En este sentido, ¿qué decisión contundente emitió el gobierno federal en estos casos? Ninguna en concreto.

En cambio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en una declaración reciente, señaló que dicho operativo de Tres Marías no han afectado a la gente entre ambos países, ya que la relación bilateral entre México y Estados Unidos de América es madura y transparente.

En otro aspecto, este informe establece como una estrategia de política exterior: promover activamente las exportaciones, atraer inversiones, identificar oportunidades. En realidad, no han logrado diversificar estas opciones, se han centrado mayoritariamente en el intercambio comercial con Estados Unidos de América y Canadá, con motivo del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Esta situación ha provocado que la crisis por la que atraviesa nuestro país genere un déficit en la balanza comercial y una alta dependencia de México hacia Estados Unidos de América; la falta de visión de la política exterior adolece de una estrategia clara para impulsar la relación con la región Asia-Pacífico, en especial con China, la segunda economía más fuerte del mundo.

A partir de diciembre de 2011, se eliminaron las cuotas compensatorias que permitían proteger ciertos productos, ¿cuáles son las medidas, en términos de política exterior, para poder contrarrestar estos efectos?

Compañeras y compañeros legisladores, la fracción de Nueva Alianza está consciente de los desafíos de la política exterior de México, que son de gran utilidad, amplitud y al momento no existe respuesta unívoca y sencilla, ya que el país se encuentran inmerso en una encrucijada en la que están presentes aspectos políticos, sociales, económicos y culturales.

Por ello, esta fracción parlamentaria propone redefinir y equilibrar la relación con Estados Unidos de América, lo que no implica de ningún modo cerrar la frontera ni desaprovechar las ventajas geográficas.

Reconocemos la relevancia de la región asiática y Pacífico; por ello debemos de impulsar una relación estratégica de intercambio tecnológico y comercial, acorde a los tiempos que estamos viviendo y a los intereses del país.

Hoy los países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico representan la mitad del comercio internacional y el 60 por ciento del producto bruto mundial. Es previsible que esta tendencia continúe en los propios decenios; por lo tanto, es impostergable adoptar las medidas respectivas.

Las condiciones actuales exigen un cambio de visión de la política exterior mexicana; dejemos atrás la política exterior pasiva y protocolaria, eso no funciona, es insuficiente con participar en foros o conferencias internacionales.

Debemos tener claro que las estrategias en materia de comercio internacional o política migratoria no se reducen a la firma de tratados o acuerdos internacionales; sin duda alguna coincidimos que la política internacional y las relaciones diplomáticas son muy importantes, pero no deben ser enfoque único de la política exterior, se deben hacer respetar los principios firmados en los tratados en materia de comercio exterior, procurando en todo momento enarbolar las ventajas competitivas de cada una de nuestras empresas mexicanas, la cuestión migratoria garantizando el respeto de los derechos humanos de las y los mexicanos residentes en el extranjero, principalmente en Estados Unidos de América, así como los migrantes radicados en México o que están en tránsito por nuestro territorio. Es evidente que no podemos exigir al exterior lo que no podemos garantizar desde el interior.

La seguridad nacional, además de enfocarse a la protección de la soberanía, en el mismo tenor debe ocuparse de temas sustantivos como la calidad de vida de sus ciudadanos; es decir, garantizar la seguridad, la salud, la posibilidad de un buen empleo, la educación; esa visión amplia se sintetiza en las palabras del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, quien expresó que se debe elevar el índice del desarrollo humano.

Es así como esta fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, se compromete y hace el exhorto al Estado mexicano, que antepongamos sobre todo las causas mayores de nuestra nación y de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Corresponde ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, al diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Bonilla Valdez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, estamos en la recta final de la administración de Felipe Calderón. Nos toca el turno del análisis de la política exterior.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, reconocemos que en este tema hay una luz y muchas sombras; en esta oportunidad queremos hacer una serie de reflexiones sobre los temas que marcaron la agenda del sexenio en materia de política exterior.

Uno de los aspectos a destacar es cómo nuestro país ha renunciado a ejercer una política exterior que defienda nuestros intereses. La realidad que no admite debate, es que nos hemos plegado a los dictados de la Unión Americana, renunciando a la defensa de la soberanía.

La administración de Felipe Calderón, en el marco de la lucha contra el crimen organizado, ha cedido decisiones que debieron ser tomadas con el pleno respeto de los postulados que consagra nuestra Carta Magna.

La Iniciativa Mérida, los operativos Rápido y furioso, y Arma blanca son ejemplos claros donde las autoridades de los Estados Unidos de América han pasado por encima de nuestra soberanía, llegando al grado de que las autoridades mexicanas ni sabían de dichos operativos que se estaban llevando a cabo en el territorio nacional.

El saldo rojo de la lucha entre los narcotraficantes y las fuerzas de la seguridad mexicana se lleva a cabo con armas que son compradas en los Estados Unidos de América principalmente, las cuales ingresan de manera ilegal a nuestro territorio, con la complicidad de las autoridades aduaneras de nuestro país.

Han existido momentos en el manejo de la política exterior que han sido lamentables por parte de los gobiernos panistas, es cuestión nada más de recordar el: comes y te vas; sin embargo, la política exterior no ha estado exenta de las situaciones difíciles, que son como el caso de Cuba y de Francia.

La práctica del entendimiento basado en la relación respetuosa debe de ser el motor principal para trabajar de manera coordinada con el Poder Ejecutivo como con el Poder Legislativo, pues los asuntos manejados en el contexto internacional es un tema que le compete a todo el pueblo de México, no solo a los que les corresponde la representación.

No debemos dejar al descubierto particularmente la intención de estrechar los lazos con las uniones de los pueblos de nuestro Conteniente, así como mejorar y hacer perdurar nuestra tradición política de ser un país amistoso con todo el mundo.

No obstante, es necesario ser suficientemente congruente con nuestras posturas, puesto que son temas que benefician a los habitantes de nuestro país, pues la aprobación de los tratados internacionales siempre deben de estar sujetos al consenso y beneficio de todos los mexicanos.

En ese sentido, nos preocupa enormemente que se han dado retrocesos en este punto, porque el Poder Legislativo aprobó una nueva Ley de Tratados, donde fue prácticamente borrada la intervención del Senado en la ratificación de dichos instrumentos; el nuevo marco jurídico que se aprobó implica que se genere una serie de acuerdos de carácter administrativo lesivo a nuestro país, ya que no pasan por el conocimiento del Senado.

Esta Legislatura debe revisar con todo cuidado este asunto, porque prácticamente se está entregando de manera incondicional el manejo de la política exterior a intereses extranjeros.

Otro aspecto que genera preocupación es la situación de los migrantes. En este contexto, es necesario que la presente Legislatura redoble sus esfuerzos para impulsar que sean adecuados los mecanismos legales que permitan dar un trato digno a cualquier persona que se encuentre en estos casos; es lamentable que sigamos siendo el país que más migrantes produce. Tal es el caso, que según el Centro de Estudios Hispanos, del año de 1995 al 2010, indica que emigraron a Estados Unidos de América cuatro millones y medio de connacionales que buscaron mejores condiciones de vida en el lado americano de la frontera, por no haberlas encontrado en su propio país.

Además, hay que decir que no solamente existen mexicanos en esta condición en el interior de este país, pues estamos hablando de que por sus condiciones geográficas México es paso obligado del traslado de miles de personas que buscan el sueño americano.

El gobierno mexicano debe redoblar sus esfuerzos en dos vías fundamentales para atender este tema de los que migran a ese país; el primero, es darles las condiciones para que se puedan quedar en México, teniendo un empleo digno y bien remunerado; el segundo, es el relativo a las labores de cabildeo con los Estados Unidos de América para que se apruebe un acuerdo migratorio que tenga toda la seguridad jurídica y los derechos plenos que los mexicanos necesitan cuando residen en dicho país.

México se ha distinguido por enarbolar una política exterior respetuosa basada en el principio de la autodeterminación de los pueblos, promoviendo siempre el entendimiento y la cooperación.

Genaro Estrada, en su labor de embajador, construyó dos pilares que constituyen lo que se conoce como la doctrina Estrada, la cual quedó cristalizada en 1931, en el contexto de que las naciones extranjeras, como una forma de presión a los países débiles, decían reconocer o no a los gobiernos surgidos de los procesos de insurgencia.

Queremos destacar una vez más un extracto de dicha doctrina, —textual—: México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud crítica al decidir, favorable o desfavorable, sobre la capacidad legal de los regímenes extranjeros.

Es por ello que hacemos un llamado respetuoso al Poder Ejecutivo, a que en los meses que restan podamos revisar de manera abierta la política exterior, recuperando el contenido de la defensa de la soberanía, con la firme intención de proteger los activos del país, como lo son: los recursos energéticos, el agua, los litorales y los minerales.

Además, es preciso hacer una profunda revisión de la política interior, incluyendo el tema de seguridad; creemos que si se enarbola una política interior correcta, ella traerá como consecuencia una política exterior sana, a fin de cuentas la política exterior manejada con dignidad no es sino la continuación de la política interior.

Al hacer el análisis del último año de gobierno, estamos obligados a hacer un balance de la administración que concluye. Es importante destacar que en el ejercicio de la facultad reglamentaria del Ejecutivo federal, no se respetaron los principios normativos previstos en la fracción X del artículo 89 constitucional, que a la letra señala:

Artículo 89, fracción X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado —sometiéndolos a la aprobación del Senado—. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto; la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

En los 12 años de gobiernos panistas se aplicó el liderazgo que México ejercía en América; ahora, de esos países emergentes, les toca a Brasil y a Venezuela representar con dignidad al Continente.

Es por ello, y es muy importante que la política exterior mexicana, que por disposición constitucional es una política de Estado, busque fortalecer los lazos de cooperación económica y cultural con todos los países del mundo, en particular los de América Latina con los que nos unen fuertes lazos de hermandad.

Finalmente, hacemos un llamado a las fuerzas progresistas a recuperar el principio rector de la tradicional política exterior mexicana; en este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo promoverá las medidas legislativas necesarias para cumplir dicho objetivo. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Bonilla Valdez. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Presidente; compañeras y compañeros legisladores, los gobiernos que carecen de legitimidad democrática, aquellos que no son resultado del mandato libre y auténtico de las y los ciudadanos, no tienen la fortaleza para proyectar los intereses de la nación en el extranjero; al contrario, como lo hemos visto en el actual sexenio, se depende de felicitaciones, premios o reconocimientos, por pequeños o intrascendentes que sean, porque se busca ganar afuera la legitimidad que no se obtuvo en las urnas.

La democracia auténtica, libre, real, seguirá siendo un componente indispensable para estar en condiciones de llevar a cabo una política exterior digna y a la altura del interés del país; mientras la democracia siga siendo simulada bajo el manto de una legalidad creada a partir de instituciones cuestionadas y de poderes fácticos, irrefrenables, a cargo de los medios de comunicación, la política exterior seguirá siendo de relumbrón, sin resultados concretos ni para México ni para su gente.

Se ha dicho con razón que la mejor política exterior es una buena política interior; no se puede ser candil de la calle y obscuridad de la casa. Un país débil y empobrecido no puede proyectar con efectividad los intereses nacionales ante el extranjero; la falta de democracia y la desunión son incapaces de proyectar integración y fuerza en el exterior.

En el ámbito multilateral ha sido notable la decadencia de México en estos últimos años, buena parte de los eventos y las reuniones que conocimos fueron para la nota social y oportunidad par a la foto; frente a este escenario de superficialidad se contrasta la necesidad de una política seria, ajena a la frivolidad expresada en viajes de cortesanos, plena de privilegios, que poco se traducen en beneficios para las y los mexicanos comunes y corrientes.

Nos hace falta una política exterior de esencia, de fondo, de resultados y no de reflectores para el Ejecutivo en turno.

Ante un mundo desequilibrado, caracterizado por la existencia de unos pocos centros de poder global, nuestra actitud no puede ser de meros espectadores sin iniciativa, reaccionando siempre con retraso ante las tendencias que dan forma a la economía mundial, sin tomar en cuenta los intereses legítimos del resto de la humanidad.

En política exterior, México debería privilegiar la solidaridad con los pueblos y no regirse por de cálculos de beneficios económicos y políticos inmediatos. La globalización a la que aspiramos es plural y democrática, y no unipolar y excluyente.

El gobierno mexicano insiste en una estrategia económica que privilegie a los tratados de libre comercio como motores del dinamismo económico.

Por el lado de la demanda, se insiste en la exportación de productos manufacturados, y por el lado de la oferta, en la inversión privada, incluyendo la extranjera. Todo ello en medio de privatizaciones, reducción del papel del Estado, desregulación y apertura a la libre circulación de mercancías y capitales, dejando todo en manos de las fuerzas del mercado.

Esta estrategia ha fracasado. Calderón señala que crece el sector exportador en la inversión extranjera, pero no aclara que no se cumple con el resultado general esperado, porque el crecimiento es muy pobre y se generan pocos y malos empleos; agrega que exportamos mucho, pero oculta el hecho de que dichas exportaciones tienen poco de mexicano, tanto por sus componentes como por la propiedad de las empresas que exportan.

México no logrará crecer de manera estable y menos crear suficientes y buenos empleos si no cambia su estrategia económica, por lo menos en dos sentidos: ampliar y consolidar el mercado interno e integrar las cadenas productivas nacionales, generalizando así el crecimiento y la multiplicación de empleos.

Hasta la fecha los gobiernos no han hecho una evaluación real y veraz del Tratado de Libre Comercio, signado con Estados Unidos de América y Canadá. De hacerlo, se constataría que todas las bondades que se esperaban del mismo han sido superadas por los impactos negativos que se han tenido, como la pérdida de soberanía alimentaria, la desaparición de miles de micro y pequeñas empresas, la pérdida de millones de empleos formales y la caída del salario. El libre comercio se sigue ofreciendo como una panacea, a pesar de todo aquello.

Queda a esta Legislatura, como tarea pendiente, impulsar esta evaluación y por consiguiente, los cambios en política económica que se deben realizar.

En materia de migración sufrimos en la década pasada un fuerte retroceso, tanto en el ámbito externo como interno; masacres cometidas en este sexenio, como la de San Fernando y otras que no han sido seguramente registradas, así como la impunidad que las caracteriza, debilitan nuestra política exterior y nos avergüenzan como pueblo.

En nuestro país hay una violación permanente de derechos de los inmigrantes: la privación de la libertad, el robo, el cohecho y la extorsión ejercida por grupos de delincuencia organizada, por la Policía Judicial Federal, por las policías estatales y diversos grupos policiacos, son elementos que deberían estar presentes como preocupación fundamental en el informe que se nos brinda.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos de América indica que actualmente hay 31.7 millones de hispanos en su territorio, 11.7 por ciento de la población total, de los cuales casi 20 millones son mexicanos; las remesas enviadas por nuestros trabajadores en Estados Unidos de América representan la segunda o tercera fuente de divisas en nuestro país.

En los últimos años se han incrementado las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades estadounidenses, relacionadas con el racismo y la discriminación; las violaciones más comunes son la reclusión humana, la incomunicación, los golpes e insultos y la separación familiar forzosa, teniendo como responsables al gobierno de Estados Unidos de América, la patrulla fronteriza y las autoridades de inmigración y naturalización.

Hasta ahora el gobierno ha sido incapaz de frenar esta situación, por su política de subordinación y dependencia. México debe exigir el respeto pleno a los derechos humanos y laborales de los emigrados mexicanos a Estados Unidos de América.

Con los Estados Unidos de América, México debe buscar una relación equilibrada, de beneficio mutuo, de cooperación para el desarrollo, en la que se reconozcan las asimetrías existentes y se respeten, en los hechos, las soberanías; se requiere cooperación para el bienestar social y no exclusivamente en materia policiaca y militar.

Reducir el problema de México a un asunto de criminalidad es no comprender el fondo de la desigualdad social, falta de democracia y corrupción interna, que han hecho posible la ola de violencia y de barbarie que vivimos.

La diversificación de nuestras relaciones exteriores debe ser prioritaria. Si bien los Estados Unidos de América forman parte de las prioridades en materia de política exterior, no podemos reducir nuestro quehacer internacional a ellos y sus intereses; debemos buscar recuperar nuestra presencia en lo que es el ámbito histórico y cultural mexicano, que es la América Latina y El Caribe, así como aprovechar con seriedad nuestros contactos políticos y económicos con los países de la región y con aquellos de otras latitudes del mundo que trabajan a favor de la multipolaridad, la equidad y la paz.

Por último, preocupa mucho al régimen la imagen internacional de México, pero ignora una herramienta fundamental, con la que podría proyectarse de verdad: la cultura. No la de las telenovelas, sino la que se expresa día a día en este país, que constituye ni más ni menos, la principal nación de hispanohablantes en la Tierra. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada Alcalde Luján. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 10 minutos, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en esta Cámara de Diputados, coincide con el presidente Felipe Calderón en su VI Informe de Gobierno: deseamos la visión de tener más de México en el mundo y más del mundo en México.

En su VI Informe de Gobierno, el presidente Calderón nos presentó una larga lista de acrónimos, de encuentros, de cumbres multilaterales, etcétera, como G20, ACE 55, AGONU, CEB, AAES, CICTE, etcétera, y qué decir de los largos nombres de los eventos o tratados, Protocolo de Nagoya, en Kuala Lumpur, sobre la responsabilidad y compensación, suplementaria al Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de biotecnología.

¿Qué significa eso para un mexicano no familiarizado con las relaciones internacionales? ¿Qué significa para él informarle que estuvimos en Nueva York, de febrero a marzo de 2012, en la ONU, participando en el Comité de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz? ¿Pensará que nos estamos refiriendo probablemente a la paz ausente en Monterrey, Ciudad Juárez, Jalisco o Michoacán?

Ciertamente, esa larga lista de reuniones es la cuña para abrir relaciones con aquellas zonas del mundo, pero al ciudadano de a pie, ¿cómo le justificamos el dinero gastado en reuniones, cumbres, etcétera?

El informe del presidente Calderón, no es muy efectivo en ese sentido, pero como representantes de la ciudadanía debemos asegurarnos que los acuerdos y convenios internacionales impacten directamente y positivamente en la vida de ellos, pero no está siendo así.

China, la segunda economía del mundo, ya juega en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que incluye a México; los países de la APEC —para que sepamos— representan el 54 por ciento de la producción económica del mundo y 44 del comercio global.

El informe del presidente Calderón reportó una activa participación en esas negociaciones, pero esto no puede catalogarse como un mérito extraordinario, pues el acercamiento con China, Corea y otras naciones de aquella región, era simple y sencillamente inevitable.

Mérito e innovación empresarial sería lograr que el idioma chino se incluyera como materia de currículo en algún nivel de la educación pública, pues la relación comercial con China seguirá creciendo.

Nos tomó algunos años aceptar al inglés como lengua franca, ahora ya no es tiempo de quedarnos atrás, las universidades privadas tienen esa enseñanza desde hace casi cuatro o cinco años.

La relación con los vecinos del Pacífico sigue fortaleciéndose; sin embargo, la balanza comercial está a favor de ellos. No podemos tapar el sol con un dedo, mis paisanos, los zapateros de León Guanajuato, los textileros de Moroleón, los jugueteros y otras industrias nacionales, lo saben muy bien, los larguísimos nombres de los tratados a veces poco hacen por las empresas y los trabajadores.

Pero para el medio ambiente sí hubo buenas noticias en el informe, como la recepción brindada en Cancún a los participantes de la Conferencia 16 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

No obstante, seguimos teniendo hábitos tibios; no separamos residuos domésticos, somos indiferentes al transporte sustentable no motorizado, desperdiciamos agua, y sin reparo —ojo—, en muchos estados del país, seguimos obsequiando terrenos e incentivos fiscales a empresas extranjeras de industrias primarias; es decir, más contaminantes.

Al respecto conviene preguntarnos, ¿existe manera de evaluar la efectividad de los recursos destinados a los programas administrados en el área de relaciones exteriores? No lo sabremos, pero probablemente la próxima semana, cuando esté aquí la secretaria de Relaciones Exteriores, se lo podremos preguntar.

¿A caso es tan difícil establecer en un informe presidencial un apartado en relaciones exteriores con la evaluación, a tiempo presente, de acuerdos firmados en sexenios pasados? El mérito no es firmar nuevos convenios, sino hacer efectivos o mejorar los que ya existen.

Por otra parte, el informe del presidente Calderón reporta que en el periodo ordinario —número 42— de sesiones de la OEA, de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, llevada a cabo en Cochabamba, México solicitó —y fue aprobada— su inclusión en el grupo de trabajo sobre migración en América Latina.

Pero La bestia, ese tren que traslada a la pobreza, sigue y seguirá lleno de hermanos centroamericanos; la historia de la humanidad es la historia de la migración, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Probablemente no vamos a poner un muro a la frontera sur, es más corta, pero no tenemos dinero.

Sobre los migrantes centroamericanos no podemos asumir la postura de: ni los veo, ni los oigo. Los medios de comunicación ya hicieron su trabajo e hicimos bien discriminalizando la presencia de los transmigrantes para proteger sus derechos humanos.

Lamentablemente, ellos intentarán cruzar varias veces la frontera; ya pasaron por lo más peligroso, México, pero no regresaran a Centroamérica; su estatus migratorio no les permite incorporarse a nuestra economía formal, y hay una línea muy delgada de la informalidad a la delincuencia.

El estado de Chiapas, por cierto, tiene un sistema de permisos temporales, es un pendiente a nivel nacional. El crimen organizado ya detectó a los transmigrantes en nuestro país y los vuelven sus víctimas o los adquieren para sus filas.

En esta Legislatura y primer periodo ordinario —ya desde la segunda semana de trabajo—, en el Partido Verde Ecologista ya abrimos la puerta del diálogo a nuestros hermanos guatemaltecos y su Ministerio del Interior para encontrar soluciones. Están cordialmente invitadas el resto de las bancadas.

Esto es al sur, pero también existe el otro vecino, el del norte; en el Informe Presidencial vemos reportes de actividad consular administrativa, pero no apreciamos actividades que evidencien una intención de trabajo con la nueva mexicanidad.

Les voy a decir quién es la nueva mexicanidad: la mexicanidad son los mexicanos de segunda o incluso, tercera generación, radicando en Estados Unidos de América: los mexicano-americanos. Como esos jugadores de fútbol mexicanos, pero que juegan vistiendo el uniforme de la selección de Estados Unidos de América.

Las remesas vienen de nietos de ellos, que probablemente nunca han pisado México y que van dirigidas a familiares que probablemente tampoco nunca han pisado Estados Unidos de América. Ésa es la nueva mexicanidad de la que estamos hablando.

Tal es la nostalgia, que hay grupos de migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos de América que continúan intentando formar partidos políticos que representen sus necesidades e intereses. ¿Saben quién los apoyaría? Sin duda los apoyarían los braceros, que están afuera manifestándose en el estacionamiento, justo al día siguiente de que el presidente Calderón, anunció que se había liquidado al 100 por ciento el pago de su devolución. Les invito, compañeros, a que los escuchen un rato.

En el Informe Presidencial no vemos apoyo para aquellos, que aun radicando en Estados Unidos de América, con ciudadanía americana, puedan mantener su identidad mexicana.

Es indispensable enviar el mensaje a la nación estadounidense de que, aunque no pudimos proporcionarles a ellos oportunidades económicas, nuestros migrantes mexicanos tienen la solidaridad de nuestro país detrás de ellos y nuestro trabajo en Relaciones Exteriores debe ser proactivo y respetuoso.

Por otra parte, compañeros, tenemos la obligación, nosotros como legisladores, de estar enterados que la mayoría de los análisis electorales en Estados Unidos de América, indican que el voto latino definirá la victoria de alguno de los candidatos presidenciales; hay 11.7 millones de mexicanos con documentos legales en edad de sufragar. Éste es un argumento muy importante para apoyarlos a la hora de discutir la reforma migratoria, con todo el respeto a la soberanía que se requiere en Estados Unidos de América.

Aprovecho este espacio de la glosa del informe para introducir cuatro puntos, que propongo sean un punto de partida para la discusión futura en esta LXII Legislatura y que actualice el paradigma obsoleto de nuestras relaciones con América del Norte. Los voy a enunciar.

Primero. Los mexicanos vemos a los americanos ya de una manera diferente. A 20 años del tratado de libre comercio, sentimos, por lo menos comercialmente, que podemos verlos de tú a tú, poder hablar con ellos de tú a tú.

Segundo. La población americana ve a los mexicanos residentes de una manera diferente. Los anglosajones han aceptado el impacto y relevancia de los trabajadores mexicanos en su vida diaria.

En Estados Unidos de América la primera pregunta que se le hace a un candidato político es: ¿seguro que no tienen una nana guatemalteca, mexicana o boliviana trabajando contigo? ¿Seguro que tiene papeles? Si ese candidato tiene a una nana guatemalteca, mexicana o boliviana trabajando con él, se acabó la historia.

Tercero. El gobierno americano ve a los mexicanos residentes allá de una manera diferente; la diferencia la hace el nivel de la contribución económica o intelectual que los mexicanos residentes hagan allá.

Cuarto. Los mexicanos residiendo en Estados Unidos de América se ven a sí mismos de una manera diferente; la población mexicana de la segunda generación acepta y busca sus raíces reforzadas por medios. Sin embargo, tenemos casos donde esos nuevos paradigmas chocan con la impotencia de la realidad, como el pasado 3 de septiembre, en Nuevo Laredo, cuando la patrulla fronteriza disparó en dirección norte-sur contra el mexicano Guillermo Arévalo.

Quiero decir una cosa —se acabó el tiempo—, pero quiero decir una cosa que de verdad es muy importante y que tiene que ver con el tráfico de armas. Muchos críticos no conocen esto y creo que es el momento de saberlo; las razones culturales que tiene Estados Unidos de América para defender su segunda enmienda constitucional, el derecho a portar armas, poco lo saben; no saben que la independencia de Estados Unidos de América no habría sido posible sin que los pobladores tuvieran acceso a un arma privada para rebelarse contra el imperio inglés, que insistía en seguir subiendo los impuestos. No es un simple capricho que terminen masacres aquí y allá.

Es necesario conocer mejor a nuestros vecinos distantes y quiero terminar diciendo, señor presidente...

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No quiera terminar, mejor termine.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Termino. Que la diplomacia no está peleada con la transparencia. La Iniciativa Mérida es un paso importante, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores, para evitar incidentes...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le pido a la oradora, me evite la pena de cortarle el sonido; su discurso ha sido esplendido, pero le ruego, por favor, termine.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Okey. La Iniciativa Mérida debe ser más transparente, podemos evaluarla, reforzarla sin tener miedo, de frente a las buenas o malas noticias. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Tiene el uso de la voz don Fernando Zárate Salgado, del PRD.

El diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, señor presidente de la Mesa Directiva, en funciones. Estamos aquí para analizar el Informe de Gobierno presentado en días pasados por el Ejecutivo federal a esta soberanía, un informe del estado que guarda la administración pública y que lo rinde —o lo debiera rendir— a la luz de las circunstancias políticas y sociales que atraviesa o que atravesó nuestro país en este año.

Las circunstancias a considerar, a juicio del Partido de la Revolución Democrática, son las siguientes; en primer lugar, el reconocimiento a la pluralidad que se ha erigido como principio fundamental de nuestra convivencia y base de nuestra fortaleza como nación; la libertad, que sigue siendo el principio más vulnerable. La libertad a la que me refiero es la libertad social, con la que se cuestionan los privilegios legales y las disposiciones gubernamentales que dificultan el progreso social, desde las prerrogativas económicas de las grandes concesionarias hasta la falta de empleo y la migración de mexicanos hacia otro país y la transparencia que debe regir la práctica y la moral pública, que debiera ser un reflejo de la madurez o inmadurez de nuestros servidores públicos.

En segundo lugar, los acontecimientos mundiales que influyen directa o indirectamente en los hechos interiores del país y que debieron haber determinado en gran medida la política exterior de México.

En tercer lugar y lo más importante, la forma de enfrentar la problemática social en el interior del país y las soluciones que a ésta se le dio, con base en las facultades, atribuciones y funciones que nuestra Constitución norma.

El informe recibido por la Cámara de Diputados este primero de septiembre, que por cierto representa el último de la presente administración, apenas cumple con estos requisitos y específicamente la sección relativa a relaciones exteriores carece de los tres por completo.

El informe representa únicamente una crónica de sociales de una revista del corazón que el jefe de Estado presenta a esta soberanía, que cumple de manera mediocre las expectativas mínimas. Nos deja entonces la tarea de imaginar lo que vamos a recordar de esta administración, en términos de política exterior.

Debemos pensar en lo que ha ocupado más de nuestros recursos como nación, de lo que ha prácticamente monopolizado nuestra relación internacional más importante con los Estados Unidos de América y de lo que más se habla en los medios internacionales de comunicación sobre México. Me refiero por supuesto al enfrentamiento militar contra el narcotráfico.

Todos conocemos el costo de esa guerra hacia el interior, pero en el exterior también debemos considerar lo que nos ha costado, especialmente lo que representa la degradación de una política exterior coherente y eficaz.

El Grupo Parlamentario del PRD considera que la política exterior debe defender los intereses de la nación en el extranjero y resguardar la soberanía mexicana dentro de sus tierras. Este sexenio ha representado una perversión total a este principio.

A partir de los acontecimientos, como el del 11 de septiembre 2001, en el cual fue derribado el World Trade Center de Nueva York, la política de Estados Unidos de América ha modificado sustancialmente las relaciones entre países y ha situado a la seguridad, particularmente la internacional, como eje de las relaciones y de los actos que los gobiernos mundiales deben privilegiar.

A partir de ese momento el gobierno mexicano adoptó la línea determinada por los Estados Unidos de América y nos convertimos en uno de los principales compradores de equipo, tecnología y armas para reformar y adaptar nuestro estado a la política que rige en Estados Unidos de América.

Criticamos a los Estados Unidos de América por permitir el flujo constante de armas ilegales a nuestra frontera, pero también debemos criticar las compras legales por nuestro gobierno y la mentalidad de militarización que las ha justificado.

Requerimos recuperar el terreno perdido para garantizar la estabilidad interna, principal carta histórica de negociación con los Estados Unidos de América, lo que se traduce en una política interior eficaz, que incluye un proyecto nacional claro.

En segundo lugar, la política exterior de México debe defender en el ámbito internacional los valores democráticos y humanitarios en los que creemos como mexicanos y que han construido nuestra nación.

No hemos podido avanzar en la protección de los cientos de miles de migrantes centroamericanos que pasan hoy en día por nuestras fronteras, de quien por lo menos 11 mil fueron secuestrados por el crimen organizado mexicano, en 2010 y una cantidad similar en 2011, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La violencia en el interior de nuestro país ha debilitado a nuestra voz en el exterior en la abogacía por el trato hacia los migrantes.

La administración actual ha sido infructuosa en poder conseguir condiciones dignas para nuestros connacionales que buscan trabajo en el extranjero, en donde las violaciones a derechos humanos son la regla y la orientación unilateral de los Estados Unidos de América, es la que rige.

Tercero. La política exterior de México debe promover una imagen positiva de nuestra nación para fomentar el turismo y la inversión extranjera directa. No podemos culpar únicamente a la economía global por la pérdida de turismo e inversión extranjero que hemos sufrido.

Hace 10 años, México fue el país con mayor recepción de inversión extranjera directa en América Latina, 29 mil 500 millones de dólares y uno de los cuatro más grandes a nivel mundial, según el propio ProMéxico.

Esta confianza se ha evaporado. Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, en 2011 los flujos de inversión extranjera directa en México cayeron 5.3 por ciento, equivalente a 19 mil 600 millones de dólares. Brasil nos ha dejado atrás, recibió inversiones de un total tres veces mayor que el nuestro, lo que representa un crecimiento del 40 por ciento.

Esta decadencia singular solo se puede explicar por el deterioro de la imagen de México en el exterior.

Hoy en día, si uno pregunta a un extranjero qué es lo que sabe de México, indudablemente van a hacer referencia a la violencia del narcotráfico, antes de señalar las bondades de la naturaleza de nuestro país, de nuestra cultura, de las oportunidades de inversión o de los beneficios de la ubicación geográfica del país en el mundo.

Es cierto que en los últimos años se vivió una de las crisis financieras más agudas, desde la gran depresión de los años treinta, que pretendió imponer adecuaciones profundas, no solo en materia financiera, sino también económicas, políticas y sociales, reviviendo la polémica del peso del Estado y el papel de los mercados.

Es necesario señalar que esa crisis, por cierto, en gran medida creada por empresas que se dedicaron a generar dinero ficticio, a crear una economía ficticia, dinero que no crea absolutamente ningún beneficio a la economía real; en México ya hemos visto sus réplicas en la Bolsa Mexicana de Valores y el Ejecutivo federal parece ser simplemente un espectador, frente a esa realidad.

Cuarto. México debe ser parte fundamental en la redefinición del modelo económico mundial y con énfasis en el regional, especialmente en Latinoamérica; en el fondo, la economía tiene principalmente un objetivo social, que es dar al individuo la oportunidad de atender a todas sus necesidades y no solo satisfacer y consolidar a los monopolios, que pretenden tener cada vez más peso en el Estado mexicano y que exigen proteccionismo, a costa del bolsillo de los mexicanos.

Debemos promover más acuerdos de comercio libre con nuestros vecinos de América Latina y con los países de Europa, al mismo tiempo de dar más peso a la base innegable del crecimiento económico: la educación.

México debe atraer al talento internacional a estudiar e investigar en sus universidades prestigiosas, como ya en la historia se ha hecho. Ya conocemos el camino; debemos apoyar económicamente a los mexicanos que quieren estudiar en instituciones reconocidas en otros países. Actualmente, el número de becas otorgadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores a mexicanos, como para extranjeros, representa un reducido grupo de mil 500.

Igual de importante es la construcción de una economía sustentable. El pasado mes de junio nuestra nación tomó un paso importante hacia esa meta, pero no se ha tenido ni siquiera la capacidad de promoverla. Nos referimos a la Ley General del Cambio Climático. Somos el segundo país en el mundo en comprometerse a disminuir la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, la transición hacia la energía de fuentes renovables y a un mercado nacional de bonos de carbono.

En conclusión, este sexenio ha representado una política exterior regida por el miedo y la militarización, divorciada de nuestra historia y sin consideración alguna para el futuro de nuestro país; hemos sufrido las consecuencias en el deterioro de nuestra reputación, en las bajas tasas de inversión, en la falta de acuerdos productivos con otros países.

La comunidad global igual ha sufrido por nuestra ausencia, sin la voz de un país emergente con suficiente visión y peso para enfrentar a los intereses de la élite hegemónica; no hemos podido lograr acuerdos internacionales para resguardar nuestro medio ambiente compartido y la economía global.

Para el bien de nuestro país, igual que de la humanidad, hago un llamado urgente para la revisión total de nuestra política exterior. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Tiene el uso de la voz doña Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional.

La diputada Adriana González Carrillo:Con su venia, señor presidente y amigo. Compañeras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, es claro que el presidente Calderón entrega buenas cuentas en materia de política exterior, una política exterior con sello humanista y solidario, que abona al creciente prestigio de nuestro país en el mundo.

Durante este sexenio se sentaron las bases para una auténtica política exterior de Estado, diseñada con el propósito de que nuestro país ocupara plenamente el lugar que le corresponde en el escenario internacional, por su relevancia económica, presencia política, tradición diplomática y riqueza cultural. Pero más importante aún, consolidó una diplomacia cuyos objetivos se vinculan cada vez más de manera estrecha con el bienestar de los mexicanos.

Para muestra de ello, destaca una transformación conceptual, política y diplomática de la mayor importancia, me refiero a los derechos humanos, como pieza central de nuestra política exterior y al régimen internacional que les da sustento como columna vertebral de nuestra agenda multilateral.

Éste es, compañeras y compañeros, el legado más importante de las administraciones panistas en materia de política exterior; un legado vivo y viviente, vigente y reconocido por todos los actores políticos como irreversible cuyas implicaciones en el diseño de políticas públicas apenas empiezan a vislumbrarse e inicia su proceso de consolidación.

La alternancia que el país vivió hace 12 años cambio radicalmente una añeja política de resistencia a la jurisdicción universal de los derechos humanos, que anteponía una supuesta protección a la soberanía nacional en detrimento de los derechos humanos y especialmente, el derecho de los menos favorecidos.

Desde luego, esto supuso abrir al escrutinio internacional la situación de los derechos humanos en México, participar activamente en el desarrollo de este entramado de tratados, normas e instituciones y proyectar al mundo una identidad democrática y comprometida con las libertades fundamentales.

Nunca más la negación y el ocultamiento, como norma en el escenario internacional; nunca más impedir la presencia de relatores y organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales; nunca más la vergonzante política de descalificar las críticas o minimizarlas; nunca más usar la conveniencia de los principios de política exterior, como camisa de fuerza para luchar por el interés nacional; nunca podrá argumentarse que el principio constitucional de no intervención impide o restringe el activismo internacional de México en materia de derechos humanos. Nunca más la política de no tener política en los temas migratorios.

Las democracias, a diferencia de los autoritarismos, reconocen sus rezagos y mediante la política de escrutinio internacional manifiestan su voluntad de superarlos. Luego de seis años de política transicional en esta materia, al presidente Calderón le correspondió consolidar a esta empresa.

En corresponsabilidad con el Congreso de la Unión y en uno de los logros legislativos más relevantes de la pasada legislatura, se reformó el artículo 89, fracción X, de nuestra Constitución, para introducir el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, como principio normativo de la política exterior de México.

En esta misma reforma se reconocieron los derechos consagrados en una pléyade de compromisos internacionales, firmados por nuestro país, a fin de hacerlos plenamente exigibles en territorio nacional.

Hace dos décadas era prácticamente impensable imaginar esta impresionante evolución, mediante la cual el país adapta sus instituciones, normas jurídicas e incluso su quehacer diplomático para hacerlos compatibles con la noción de universalidad de los derechos humanos.

En el bienio 2009-2011, México tuvo la oportunidad de impulsar un cúmulo de iniciativas en materia de desarme, no proliferación, derecho internacional humanitario y protección de la infancia durante conflictos armados, en nuestra calidad de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Debo decir que era el antiguo régimen el que dejaba espacios vacíos; por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, en donde México ha sido parte solamente en cuatro ocasiones, 1946, 1981, 2003 y 2010, dos ocasiones en las administraciones panistas, porque en los gobiernos del PAN no tuvimos miedo de llevar la voz de México en el órgano más importante del sistema de Naciones Unidas.

En el pasado, prevalecía la idea de no tomar esos espacios y dejarle a otras naciones, que sin prejuicios ni complejos tomaban los lugares de liderazgo, como Brasil quien ha sido 10 veces integrante no permanente del Consejo de Seguridad.

Eso, compañeras y compañeros, es aún más importante, tomar los espacios de liderazgo que la presencia, que es importante también, en una transmisión de mando; los derechos humanos fueron también un principio rector en la defensa de nuestros connacionales en el exterior y particularmente, quienes residen en los Estados Unidos de América.

Los casos de asistencia y protección consular, atendidos por la red de 51 consulados en ese país, se incrementaron exponencialmente, debido a la dura oleada de legislación antimigrante en distintos estados de la Unión Americana, así como el alto número de deportaciones registradas en la administración del presidente Obama.

Con la mayor determinación interpusimos acciones legales y montamos una ofensiva diplomática para defender los derechos de nuestros connacionales, así como para difundir el aporte de los migrantes mexicanos a la economía y la sociedad de los Estados Unidos de América.

En este sentido, permítanme tomar la oportunidad para hacer un amplio reconocimiento al Servicio Exterior Mexicano, cuyos integrantes, con patriotismo y entrega han defendido hasta el final los derechos de nuestros mexicanos en el extranjero. Merecen, desde luego, nuestro reconocimiento.

En el PAN hemos reconocido al Servicio Exterior Mexicano teniendo una canciller del servicio profesional los últimos seis años, que anteriormente no había ocurrido, desde 1994.

A pesar del éxito de esta estrategia de defensa de nuestros nacionales, que representan absolutamente nuestro interés nacional y del enfoque de responsabilidad compartida que hemos promovido para enmarcar nuestra relación bilateral con los Estados Unidos de América, seguimos padeciendo graves eventos de brutalidad policiaca y uso desproporcionado de la fuerza contra mexicanos a manos de la patrulla fronteriza.

De nuevo un asesinato inaceptable, el de Guillermo Pedraza en Nuevo Laredo, que se une a la larga lista de mexicanos, como el de Sergio Adrián Hernández Huereca y Anastasio Hernández, quienes han perdido la vida en la frontera ante la actuación de la patrulla fronteriza fuera del marco de los acuerdos y protocolos vigentes para el uso de la fuerza.

Desde esta tribuna —por tanto— vaya nuestra enérgica condena a las autoridades estadounidenses, por la manera en la que la patrulla fronteriza está minando los principios de confianza mutua y responsabilidad compartida, sobre los que se sostiene nuestra relación bilateral, y desde aquí nuestra exigencia de hacer justicia, sancionar a los responsables y establecer mecanismos que prevengan eventos reprobables como estos, y desde aquí también, nuestra exigencia al presidente Obama, de hacer justicia a las familias de quienes han fallecido en manos de la brutalidad de los agentes fronterizos.

Es tiempo ya de que México y Estados Unidos de América trabajemos de la mano para reducir las causas de la migración y establecer el flujo legal, ordenado y seguro de trabajadores nacionales.

Poco a poco el paradigma ha cambiado y los Estados Unidos de América comprenden los méritos de esta propuesta, y esto, sin duda, gracias a una política proactiva de defensa de los migrantes mexicanos y de un cambio integral en la manera en que juntos aprendemos y entendemos la migración.

Baste señalar que por primera vez en la historia reciente y gracias también a un logro legislativo de la anterior Legislatura, se consiguió que hiciéramos juntos una nueva Ley de Migración, que sin duda transformó radicalmente la manera de enfrentar este fenómeno.

Esto nos da ahora una autoridad moral frente al mundo, de la que carecíamos, y por ello, el esfuerzo para que nuestros hermanos centroamericanos, así como nuestros migrantes, puedan tener condiciones dignas y entender, de alguna manera, que solo están buscando mejorar su calidad de vida y tener acceso a mejores oportunidades.

Yo le pregunto a los compañeros del PRI —si es tan importante, como aquí se ha dicho, nuestra relación con Centroamérica—, ¿por qué en lugar de darle su espacio y su reconocimiento a cada uno de los presidentes centroamericanos, de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala, se les cita a todos juntos a una reunión con el presidente electo en Guatemala? Les pregunto, ¿en dónde quedó el principio de respeto e igualdad entre los Estados?

Finalmente y a partir de este enfoque humanista y solidario, nuestro país imprimió un nuevo rostro a una de sus vocaciones más auténticas, me refiero a la Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el que también en conjunto, en una política de Estado, junto con el Poder Legislativo, vimos nacer la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que representa un parteaguas en la conducción de esta política, con criterios definidos, directrices operativas e instituciones formales.

No tengo duda que dependerá del trabajo del presidente electo para el próximo sexenio dar continuidad a esta empresa de Estado. De ello, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, tengan por seguro que el Grupo Parlamentario del PAN estará al pendiente.

No permitiremos retrocesos, pero celebraremos avances; no haremos concesiones sobre lo ya alcanzado, pero tampoco escatimaremos nuestro apoyo a las acciones dirigidas a defender el interés nacional.

Concluyo, señor presidente.

Al final de su vida, don Antonio Carrillo Flores, un gran diplomático mexicano, delineó durante una conferencia universitaria los elementos sustanciales de una política exterior humanista. Según el embajador, una política humanista es aquélla en que el Estado, los partidos políticos, los ciudadanos, cuidan de eliminar todas las formas de acción estatal arbitrarias, promover el progreso equilibrado, económico y social, y defender la identidad de México como nación y su soberanía como Estado. Ése es —amigas y amigos— ni más ni menos, la política exterior a la que aspiramos y por la que hemos trabajado juntos esta última década. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Finalmente, tiene el uso de la voz la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, representando al Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song: Diputado presidente de la Mesa Directiva; señoras legisladoras y señores legisladores, vengo a ésta, la más alta tribuna de la nación, con el orgullo de ser portavoz de la postura final de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la glosa del VI Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, y para concluir un objetivo y minucioso análisis del estado que guarda la nación, a 12 años de que la anhelada alternancia política fuera convertida en desilusión y desesperanza.

El papel que México ha desempeñado en el ámbito internacional no puede evaluarse, sino desde el conocimiento de la historia de nuestra política exterior, la búsqueda de mejores condiciones para el desarrollo interno y el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales.

La relación con el exterior debe coadyuvar al desarrollo político, económico y social del país, contribuir a la paz y al bienestar social y no pretender convertirnos en brillo y luz al exterior, siendo evidente la oscuridad e injusticia al interior.

Bajo las premisas anteriores, una política exterior responsable debió contribuir a la ampliación sustantiva de nuestro comercio exterior, al incremento consistente de la inversión extranjera directa, al aumento en las remesas y el flujo de turistas extranjeros y en consecuencia, traducirse en mejores estadios de desarrollo en la economía cotidiana y el empleo de los mexicanos.

Esto es lo que se esperaba de la conducción de una política exterior responsable, de acuerdo al objetivo y enunciado planteado en el texto del VI informe del presidente Calderón y en el cual se destaca la estrategia de promover activamente la atracción de inversiones, la difusión turística y cultural del país y la identificación de oportunidades para las empresas mexicanas globales.

Nada más alejado de la realidad; nuestra política exterior estuvo muy lejos de aportar al crecimiento del país y al desarrollo de sus entidades federativas, que cuentan con un amplio potencial turístico y cultural.

Tengo el honor de representar a Quintana Roo, en esta LXII Legislatura, un estado con vocación netamente turística y que aporta más del 30 por ciento de los ingresos en divisas, que en la materia obtiene nuestro país; hemos logrado sostener a nuestro estado como un importante destino turístico mundial, aun a pesar de los permanentes ataques que recibimos, como resultado de las llamadas Alertas de viaje, que —entre otros— emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América o el estado de Texas sobre la seguridad de nuestros destinos, como lo son Cancún, la Ribera Maya, Cozumel o Costa Maya.

La afectación a nuestra imagen y al desarrollo local no es privativa de Quintana Roo, pues como sabemos, es igual para todos los destinos turísticos con los que nuestro México cuenta y esto causa el rechazo a la visita a sitios de carácter histórico, como Dolores Hidalgo, en Guanajuato, a sitios coloniales como la blanca Mérida, a atractivos gastronómicos, como Puebla de los Ángeles, o a destinos de sol y playa, como la Ribera Nayarita y la Ribera Maya.

Estas alertas de viaje se sustentan en hechos lamentables, pero que ocurren en lugares completamente alejados de estos destinos turísticos y que no tienen relación alguna con la seguridad que nuestros estados ofrecen.

La promoción de nuestros destinos turísticos en el mundo es una obligación del Consejo de Promoción Turística de México, cuya función crucial se vio lastimada por la poca credibilidad de la marca publicitaria denominada México.

El esfuerzo de los gobiernos estatales, municipales y del sector privado, de destinos como Cancún, la Ribera Maya, Puerto Vallarta o Los Cabos, para posicionar su marca comercial y estratégica, se vio opacado por la insulsa promoción de la marca México ante el mundo, la cual resultó absolutamente insuficiente para contrarrestar la imagen de un país en conflicto y de peligro para el turismo extranjero.

Fue solo como resultado de la firme postura del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quien como presidente de la Comisión de Turismo de la Conago, impulso la actividad turística focalizada y logró que la Secretaría de Turismo federal finalmente sumara sus esfuerzos para impedir que nuestras marcas turísticas se desprestigiaran, dándoles mayor participación en las ferias turísticas internacionales, logrando así que los gobiernos emisores de las alertas de viaje moderaran su actuar infundado.

No obstante lo anterior, la promoción de México como destino de inversión productiva y turística fue arrasada por la imagen de un país violento y con un déficit de gobernabilidad.

De nada nos sirve que el presidente Calderón presuma cifras en Rusia; o que nombre orquídeas en Singapur, si en la realidad los cientos de acuerdos firmados en materia turística y de promoción comercial y de inversiones, solamente son material de muestra en las bibliotecas públicas y en las universidades de todo el país.

Ante dicha realidad, es menester del gobierno que encabezará el presidente Enrique Peña Nieto, dar a la política exterior el lugar que le corresponde en el desarrollo de nuestra República y restaurar el prestigio que durante décadas ocupó nuestro país en el escenario internacional.

Por ello, uno de los primeros compromisos de campaña del ahora presidente electo, fue recuperar el liderazgo de México en el mundo, con base en una nueva estrategia de comercio exterior, que permita hacer frente al desafío de competir con países como China o como India en los mercados internacionales, así como participar en el mercado turístico global con la confianza de tener un país seguro, un país estable, con infraestructura y con servicios de calidad; se trata de que la amplia red de tratados internacionales que México ha suscrito, efectivamente sirvan al interés nacional.

Como bien dijera el diputado Treviño, tenemos un Tratado de Libre Comercio con Canadá y las mercancías fluyen sin necesidad de un visado o de documentación burocrática agotadora, como también lo hace el flujo turístico canadiense; sin embargo, las personas de origen nacional requerimos de una visa y someternos al escrutinio de un país que antes era de fronteras abiertas.

Asimismo debemos de exigir, sin miramiento alguno, el reconocimiento de los derechos de aquellos que, como en la Unión Americana, han hecho con su esfuerzo un cómodo modo de vida para los habitantes de esa nación.

La agenda migratoria con Estados Unidos de América debe asegurarnos el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales. Con ese propósito, el próximo cambio de administración federal, tanto en Estados Unidos de América como en México, es una magnífica oportunidad para replantear este debate y promover una reforma migratoria integral.

Compañeros legisladores, la alternancia política ocurrida ya hace 12 años pudo ser la ocasión perfecta para refundar nuestra relación con los actores políticos y económicos del mundo; con una democracia consolidada por la alternancia, nuestro país debió tener la confianza suficiente para exigir mejores condiciones para nuestros migrantes y establecer mejores bases de desarrollo para afianzar al país como una potencia en el mercado turístico global.

Lamentablemente no fue así, hoy México, duele, duele cuando la imagen ante el mundo es de un país en conflicto y de contrastes; duele cuando nuestras históricas vías ferroviarias se han convertido en la más eficiente, pero insegura red de transporte de migrantes centroamericanos al sueño americano; duele cuando nuestros vecinos del norte transfieren en forma encubierta armas de alto poder a manos asesinas, tan solo para seguirles la pista y dichos artefactos ciegan la vida de jóvenes y niños, sin que la diplomacia mexicana sea capaz de presentar un reclamo firme; duele cuando agentes secretos como los de Tres Marías, operan en nuestro país sin objetivo ni transparencia alguna, sin que hasta ahora tengamos una explicación coherente.

Pregunto, ¿es éste el éxito de la política exterior responsable que tanto presume la administración que está por concluir? Ustedes conocen la respuesta. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Lizbeth Loy Gamboa Song.

Honorable asamblea, de conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al señor presidente de la República, para su conocimiento.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En otro apartado del orden del día, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 8 Bis y reforma los artículos 9o., y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela: Con su permiso, compañero presidente. Atentamente le solicito que el texto de la iniciativa que hoy vengo a presentar sea insertado de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Señoras y señores diputados, demos dignidad a esta Cámara, porque en ella se representan las aspiraciones más puras en los anhelos de la patria y al mismo tiempo, se vive la realidad que a la ciudadanía cansa; la mejor manera de comenzar los trabajos legislativos es atendiendo la voluntad de los ciudadanos, que nos otorgaron su confianza para representarlos en esta Cámara. Por ello, atender la voz de México es congraciarnos con nuestra responsabilidad legislativa.

Quiero hacer mención a un gran mexicano, un buscador de libertades, don Efraín González Morfín, quien dijo: Debemos ser cuerpo solidario, un cuerpo unido, con identidad de convicciones y por afecto, apegado al ideario mexicano.

La democracia es un ejercicio de libertades que va más allá de las urnas. No hay democracia sin rendición de cuentas y no hay rendición de cuentas sin mecanismos que garanticen el acceso a la información pública.

En Acción Nacional estamos seguros que la transparencia y el acceso a la información constituyen una de las conquistas más importantes de la sociedad y la política mexicana en los últimos años; la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental fue aprobada, por unanimidad, en el Congreso de la Unión y hoy existen 28 entidades de la federación que ya cuentan también con sus propios ordenamientos legales. Ambos hechos muestran que la transparencia es un auténtico acuerdo nacional para transformar y democratizar al Estado en todos sus niveles.

Sin duda el cambio encabezado por Acción Nacional, desde el año 2000, fue una oportunidad histórica e irrepetible, que llevó a la agenda nacional un anhelo ciudadano que no había podido concretarse mientras el PRI gobernó.

Debemos asumir que la obligación de transparencia del poder público es el derecho a la información del ciudadano; rendir cuentas en democracia parte de un principio esencial: la obligación de los gobernantes de responder por los gastos ejercidos para un fin público.

Rendición de cuentas es, en principio, entender que el dinero público es el dinero de los ciudadanos y que cada peso que se gasta debe erogarse justificadamente en acciones de interés común y de beneficio para todos.

Debemos conocer que la opacidad del Congreso de la Unión ha sido severamente cuestionada; en el año 2000, el Poder Legislativo ejerció un presupuesto de 9 mil 500 millones de pesos, sin que contemos con detalle el ejercicio de su gasto.

Un demócrata no defiende ejercicios opacos, un demócrata no permite un gasto público sin contrapeso o escrutinio. Es inadmisible que en el Congreso de la Unión existan aún partidas de las que solo unos cuantos tengan conocimiento al detalle; si es dinero público es de interés ciudadano; si se gastan recursos públicos, es obligación del Estado responder a la ciudadanía en qué se gasta su dinero; por eso considero que el principio de máxima publicidad debe imperar en este Congreso.

Por lo anterior, presento ante esta honorable soberanía un proyecto de decreto en el que se reforma el artículo 9 y la fracción I del artículo 61 y adiciona el artículo 8 Bis de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Considero oportuno y necesario que los representantes populares pongamos el ejemplo en materia de transparencia y rendición de cuentas, estableciendo, desde la ley, la obligación del Poder Legislativo de publicar de manera oficiosa todos los comprobantes de gasto de los recursos económicos ejercidos por sus órganos, incluidos, por supuesto, los diputados y los senadores.

Los ciudadanos nos exigen poner fin al abuso en el ejercicio del dinero público y los privilegios injustificados que se derivan de obtener un cargo legislativo. Con la aprobación de esta iniciativa daremos respuesta a un anhelo ciudadano de transparencia y rendición de cuentas.

Hace unos días el presidente electo presentó una iniciativa en esta materia; sin duda en todo nuevo gobierno y en especial en la coyuntura electoral cuestionada y compleja que vivimos, existe la necesidad de legitimar el poder público, pero más allá de la pragmática necesidad de legitimación, es de considerarse que Enrique Peña Nieto, ha planteado un tema fundamental para la nación.

Los legisladores de su partido deben atender esta iniciativa, que desde Acción Nacional calificamos como oportuna, pero incompleta y por tanto, perfectible.

En esta discusión se verá si la transparencia es un asunto de convicción del nuevo PRI o es un asunto que quedará en el discurso de intención legitimadora del presidente electo.

Las diputadas y los diputados somos los únicos responsables de nuestro actuar; hagamos de este breve momento en la historia del país, un ejercicio de congruencia entre lo que pregonamos y lo que hacemos. El inicio siempre nos da la oportunidad histórica de mostrar posturas.

Concluyo. Hoy podemos hacerlo por el bien y de cara al ciudadano, esta Legislatura tiene la invaluable oportunidad de dignificar la política y con ello debemos poner el ejemplo. Muchas gracias; es cuanto, diputadas y diputados.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, diputado de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tenor del siguiente

Exposición de Motivos

La premisa fundamental contenida en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica para todos los actores del sector público, en todas sus esferas y ámbitos de competencia, la elemental e insalvable obligación de ejercer los recursos públicos bajo principios esenciales como la eficiencia y la eficacia, la economía, la transparencia y la honradez.

Con las últimas reformas a los artículos 73 y 74 constitucionales en materia de homologación contable y rendición de cuentas, esta Soberanía, como integrante del Constituyente Permanente, ha dado evidencias de que está plenamente a favor del establecimiento de prácticas y mecanismos institucionales, en los tres niveles de gobierno, que permitan garantizar al ciudadano que el dinero público se ejerce adecuada y eficazmente para los fines a los que se encuentra destinado.

La iniciativa preferente que en días pasados ha presentado el presidente Felipe Calderón Hinojosa en materia de contabilidad gubernamental, da cuenta de que se trata de un tema de atención prioritaria en la agenda nacional.

Es en este sentido que estimo oportuno y necesario que los representantes populares pongamos el ejemplo en materia de transparencia y rendición de cuentas; estableciendo, desde la ley, la obligación del Poder Legislativo federal de publicar de manera oficiosa todos los comprobantes de gasto de los recursos económicos ejercidos por sus órganos, incluidos, por supuesto, los diputados y senadores.

La ciudadanía a la que ahora orgullosamente tenemos el honor de representar, día a día exige a los actores políticos poner fin el abuso en el ejercicio del dinero público, así como a los privilegios injustificados.

Si los legisladores enviamos a la sociedad señales claras de cambio en la forma de gastar el dinero público, empezando por transparentar al máximo la manera en que lo hacemos, habremos de dar un paso significativo en la recuperación de la credibilidad, la confianza ciudadana y, por supuesto, en la dignificación de la política.

De ahí la presente propuesta de reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, considerando que dicho cuerpo normativo contiene las bases que regulan la forma en que los distintos ámbitos del poder público federal deben poner a disposición de la ciudadanía toda información bajo su resguardo y, especialmente, la que indique la forma en que ejercen los recursos económicos públicos en la consecución de los objetivos del Estado en todas sus esferas de gobierno.

Así, en el presente proyecto de modificación legislativa se propone adicionar un artículo 8 Bis, que prevea la inexcusable obligación del Poder Legislativo federal, compuesto por sus diversos órganos; Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Comisión Permanente y Auditoría Superior de la Federación; de poner a disposición del público todos y cada uno de los comprobantes de gasto bajo su ámbito de responsabilidad.

A efecto de hacer congruente esta nueva disposición con la necesaria previsión en materia de información reservada y confidencial, el artículo que se propone adicionar, establece las salvedades respectivas en los términos de la propia ley, haciendo notar que, tratándose de comprobantes que contengan información confidencial, se deberá poner a disposición la versión pública de los mismos, es decir, se publicará en el portal de internet respectivo la copia escaneada del comprobante de que se trate, ocultando solamente, mediante marcador negro, por ejemplo, la información que se estime confidencial. Ello permitirá que el espíritu de esta reforma no sea evadido bajo el argumento de que los comprobantes de gasto contienen datos personales.

La adición propuesta hace necesario reformar los artículos 9 y 61, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que los dispositivos normativos indicados, establecen obligaciones relativas a la información a que se refiere el artículo 7, por lo que debe agregarse el artículo 8 bis, así como el artículo 8, ya que ambos preceptos jurídicos, tanto el propuesto como el ya existente, se refieren a obligaciones especiales de transparencia de oficio a cargo de Poderes de la Unión.

De la misma forma, se propone reformar el segundo párrafo del indicado artículo 9, ya que su redacción actual sólo se refiere a las dependencias y entidades, así como al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, excluyendo indebidamente al resto de los sujetos obligados y las respectivas instancias equivalentes al citado instituto.

Seguro estoy que la presente propuesta legislativa será de gran valía en el fortalecimiento de una buena imagen pública del Poder Legislativo, así como para el avance de la rendición de cuentas en nuestro país. Somos los representantes populares los que debemos dar ejemplo de vivir ese alto valor de la democracia.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman el artículo 9 y la fracción I del artículo 61; y adiciona el artículo 8 Bis, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de establecer que el Poder Legislativo federal haga públicos todos los comprobantes de gasto de recursos económicos bajo su ámbito de responsabilidad, con excepción de los que se encuentren calificados como información reservada

Artículo Único. Se reforman el primero y segundo párrafo del artículo 9 y la fracción I del artículo 61; y se adiciona el artículo 8 Bis de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 8 Bis. El Poder Legislativo Federal deberá hacer públicos todos los comprobantes de gasto de los recursos económicos bajo su ámbito de responsabilidad, con excepción de los que se encuentren clasificados como información reservada en los términos de la presente ley.

En caso de que los comprobantes contengan información confidencial, se pondrán a disposición las versiones públicas de los mismos.

Artículo 9. La información a que se refieren los artículos 7, 8 y 8 Bis deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Los sujetos obligados deberán preparar la automatización, presentación y contenido de su información, como también su integración en línea, en los términos que dispongan las disposiciones reglamentarias que al respecto expida el Instituto o las instancias equivalentes a que se refiere el artículo 61.

Artículo 61. ...

...

I. Las unidades administrativas responsables de publicar la información a que se refieren los artículos 7, 8 y 8 Bis, en su caso;

II. a VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Legislativo federal y el Poder Judicial de la Federación, por conducto de sus respectivos órganos, contarán con un plazo de noventa días para realizar las adecuaciones normativas, técnicas y presupuestales conducentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2012.— Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Función Pública.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz la diputada María Fernanda Schroeder, a nombre de diputados del estado de Baja California, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, buenas tardes, el día de hoy subimos a esta tribuna para presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 4 al inciso a) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Durante los últimos 10 años, el mercado nacional cervecero ha registrado el mayor crecimiento del mundo. Gracias a esto, México ocupa el sexto lugar de producción de cerveza a nivel mundial y el segundo del Continente Americano.

Pese a lo anterior, nuestra nación no se encuentra entre los mayores consumidores de cerveza del mundo; el gusto de los consumidores mexicanos de cerveza se ha ido modificando a lo largo de la presente década, lo que ha propiciado que diversas microcervecerías se hayan ido estableciendo por nuevos estilos y sabores.

Algunos cerveceros han catalogado de diferentes maneras a sus productos, llamándolos de autor, gourmet, premium y de especialidad, pero todas guardan un común denominador: son artesanales, siguiendo las normas de la ley de pureza alemana.

En Baja California, Nuevo León, México, Puebla, Jalisco, Querétaro, el Distrito Federal y Michoacán se vienen produciendo cervezas que han ganado preferencias y abriendo mercados, sobre todo entre consumidores que buscan de experimentar sabores diferentes a los tradicionales.

Actualmente, el mercado de la cerveza artesanal en México tiene un valor cercano a los 100 millones de pesos, y de mantenerse el crecimiento que se ha tenido en los últimos años, el cual ha sido de entre 60 y 70 por ciento anual, para este año esa cifra podría duplicarse.

Aunque en este momento la cerveza artesanal representa menos del 1 por ciento del mercado mexicano, los pequeños productores estiman llegar a 1 por ciento para 2016; es decir, que una de cada 100 cervezas consumidas en México sea producida artesanalmente.

Desde la pujanza y el nivel de calidad que han adquirido a lo largo de los últimos años las microcervecerías y las cervezas artesanales, creemos que es necesario impulsarlas, a fin de promover la competencia, aprovechar el ánimo que muchos consumidores tienen por probar nuevas propuestas, favorecer las exportaciones y fomentar la actividad económica en determinadas regiones del país.

Vale la pena señalar que una microcervecería es aquella que produce anualmente menos de dos millones de barriles al año, unos 240 millones de litros, y muchos utilizan esta denominación como un sinónimo de cervecerías artesanales.

Señalamos lo anterior, toda vez que el trato que reciben las microcervecerías fiscalmente es inequitativo, en virtud de que una cerveza artesanal es necesariamente más costosa que una industrial, por su elaboración e insumos, entre los que incluyen productos de mayor calidad y en ocasiones de origen orgánica.

Es por ello que afirmamos que las cervecerías artesanales mexicanas no pueden recibir el mismo trato que los grandes consorcios, puesto que no funcionan las mismas condiciones. De esta forma, las cervezas artesanales no gozan del mismo margen de maniobra financiera que sí tienen las grandes compañías, por lo que el impuesto especial sobre bienes y servicios es asumido integralmente por los consumidores.

Aunado a lo anterior, en los últimos años la industria cervecera ha sido impactada por el aumento de precios generalizado, por impuestos y el clima. Como consecuencia de lo anterior, el volumen de venta de una de las grandes compañías cerveceras tuvo una contracción de sus ventas en 1.2 por ciento y aumentó el 5 por ciento de sus precios; si esto le pasa a las grandes compañías, ¿qué se puede esperar de las empresas de cerveza artesanal, con limitaciones comerciales, financieras y de organización?

Por eso proponemos una cuota fija por litro de 1 peso con 60 centavos al impuesto especial sobre producción y servicios, tratándose de cervezas elaboradas artesanalmente por fabricantes cuyo volumen de producción anual llegue hasta los 200 mil hectolitros, cantidad que representaría menos del 0.5 por ciento en la producción alcanzada por cualquiera de los grandes consorcios cerveceros del país.

El planteamiento que pretendemos en este impuesto es que se apoye a las microcervecerías, las cuales pueden llegar a ser importantes generadoras de empleos; que se potencie la producción cervecera artesanal para que ésta sea complementaria de la gran industria existente y se mejore la calidad de este producto.

Es importante destacar que ese impuesto, como está actualmente, es una doble carga para las microcerveceras, puesto que ésas contribuyen con un 150 por ciento más, ya que el precio de venta es muy superior al de la gran industria. Esto en números quiere decir que las grandes cerveceras industriales pagan 3.5 pesos por litro, mientras que las artesanales pagan 8 pesos por litro.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, proponemos que se adicione un numeral 4 al inciso a) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de que el valor de la cerveza producida por microcerveceras que tengan una producción de 200 mil hectolitros, paguen una cuota de 1 peso con 60 centavos por litro.

Le rogaría, señora presidenta, se plasme íntegro el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Buenas tardes.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de este pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 al inciso A) de la fracción I del artículo 2 de de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la presente

Exposición de Motivos

La relación entre el hombre y la cerveza tiene una larga data que nos remonta a los tiempos prehistóricos. Se cree que las primeras recolecciones de granos puestas a cocer en agua abundante produjeron sopas claras y fermentadas de gusto muy fuerte, por lo general ácido, amargo y áspero. Posteriormente, y a medida que se desarrolló el cultivo de los cereales y el almacenamiento permitió preparar diversas harinas, el gusto se volvió más exigente y los caldos ácidos y transparentes dieron paso a las sopas espesas de sabor más suave. Lo anterior nos permite suponer que el nacimiento de la cerveza fue una cuestión de tecnología y no obra del azar.

En Mesopotamia se encuentran las primeras huellas escritas de la existencia de la cerveza. Numerosas tablillas de arcilla hacen mención, 4 mil años a.C. de una bebida denominada sikaru, que se obtiene de la fermentación de granos. Dicho brebaje tuvo una utilidad múltiple: servía para pagar a los trabajadores, curar a los enfermos y honrar a los dioses.

Veinte siglos después, el Código de Hammurabi estableció penas draconianas con relación a la fabricación y venta de cerveza:

En caso de que una tabernera haya rehusado recibir cebada en vez de cerveza, y haya aceptado en cambio recibir dinero en grandes cantidades, o en caso de que haya reducido la cantidad de cerveza en relación con la cantidad de cebada, se procederá a condenarla y se la arrojará al agua.

Cuando una sacerdotisa que no pasa la noche dentro del claustro abra la puerta de una taberna o entre en ella a beber cerveza, esa mujer será quemada.

La cerveza en el antiguo Egipto fue estimada como un don divino colocado bajo la protección de Isis y de Osiris, considerándosele una bebida ceremonial vinculada al culto de los difuntos y a la que se alude en el Libro de los Muertos. Con el paso de los siglos, este líquido se transformó en bebida de hospitalidad, moneda de cambio y base de pago de salarios.

De acuerdo con algunas traducciones, el Libro de Isaías señala en su capítulo 5, versículo 11 una prevención a los habitantes de Palestina: “Ay de vosotros, los que os levantáis de mañana a beber shekar (cerveza, en idioma hebreo) y llegáis a la noche ebrios de vino”.

Los primeros antecedentes de la cerveza europea se hallan en la Edad de Bronce, específicamente en Dinamarca y en todo lugar donde se cultive la cebada o el candeal. Siglos después, los pueblos celtas, germanos y escandinavos van a coincidir en el consumo de esta bebida, a la que estimarán digna de guerreros, héroes y dioses, así como símbolo de prosperidad.

Tras las incursiones bárbaras, la cerveza se arraiga en el gusto de los pueblos mediterráneos, gracias a los vikingos que en sus naves embarcan suficientes cantidades de malta y agua para prepararla a bordo.

Veinte siglos antes de Cristo, los chinos hablaban del t’ien tsiouy del tsiou, dos estados líquidos de la cerveza que en ese momento se producían con mijo. La primera es de tonalidad verde y su proceso de fermentación no está cumplido del todo, mientras que la segunda, bien aclarada, ha cumplido la última de las fermentaciones.

Algunos autores consideran el sakejaponés como una especie de aguardiente, en tanto que otros lo perciben como una suerte de cerveza de arroz, esto último debido a que en su proceso de preparación no entra sombra alguna de destilación o maceración de alcohol. Durante el siglo VIII de nuestra era, al sakese le relacionaba con el poder masculino, la guerra y las acciones heroicas.

Los pueblos del sudeste asiático y la India también transformaron al arroz en cerveza. La ofrenda de cerveza a los espíritus del arroz señalaba el comienzo del ciclo agrario. Todas las fiestas agrarias y acontecimientos servían de pretexto para consumirla.

Entre los pueblos del África subsahariana, la elaboración de cerveza de mijo fue cosa común y su consumo servía para refrescar, como líquido sacrificial y símbolo de las precipitaciones pluviales. En el corazón de ese continente existe todavía una bebida denominada pombe, elaborada a partir del zumo de plátanos que es considerada por algunos como una cerveza de contenido alcohólico relativamente bajo.

Hace aproximadamente 20 siglos, los pueblos de Europa del este bebían un líquido obtenido de la fermentación de centeno y avena, el quass, cerveza económica, efervescente, acidulada, reanimante y ligeramente alcohólica.

Para los pueblos precolombinos, el maíz fue una planta sagrada y la cerveza un vehículo para su culto. Los incas realizaban ofrendas de cerámica, pescado, y aca; es decir, cerveza de maíz. Los indígenas ofrecían a Viracocha, dios de la tierra, la vida y las plantas, el líquido de maíz fermentado en agradecimiento por las bondades de la existencia. Tras la conquista de Perú, los sacerdotes católicos referirán que la chicha,o cerveza, “es buena para la salud, siempre que se le beba con moderación”.

Hasta el siglo XVIII, el tupí, un pueblo brasileño de la costa preparaba una cerveza de raíces de yuca y su libación estaba destinada a los días de fiesta, como los nacimientos, la partida hacia la guerra y la perforación de los labios, entre otras. También entre los jíbaros se llegó a beber esta cerveza, a la cual se le relacionaba con sucesos mitológicos.

La industria cervecera, casi tal y como ahora la conocemos, tiene su origen en los monasterios medievales, ya que los monjes se transmitían los conocimientos de generación en generación, permitiendo así mejorar la calidad de la bebida, la cual era ofrecida como sustancia de reposo para los peregrinos y viajeros.

A partir del siglo X, la producción cervecera es compartida a los laicos, quienes se encuentran sujetos a la autoridad de los inspectores-catadores del reino y a la de los gremios que vigilan la calidad del producto y la solvencia del productor. En el siglo XV, cuando gobernaba Guillermo IV, se promulgó la primera Ley de Pureza de la Cerveza Alemana Reinheisgebot, que sigue vigente.

Con la llegada de la revolución industrial y la aparición de los trenes, el abastecimiento de materias primas se simplifica, aumenta la capacidad productiva y la distribución se expande, permitiendo que el producto llegue a los lugares más recónditos de Europa.

Luis Pasteur, después de estudiar el proceso de fermentación, propondrá la adopción de medidas de higiene, a fin de esterilizar a la cerveza acabada.

La producción de las nuevas cervezas industriales requiere de grandes inversiones y sólo las fábricas más ricas pueden adaptarse al proceso tecnológico y modernizar sus instalaciones. Tal es el origen de las grandes compañías que ahora conocemos.

El origen de la cerveza mexicana debemos encontrarlo en España, específicamente en Madrid, donde se instaló la primera fábrica en 1537, bajo los auspicios de Carlos I, rey que, originario de Flandes, gustaba sobremanera de esta bebida.

Veinte años después de la caída de Tenochtitlán, se fundó en la Nueva España la primera fábrica de cerveza del continente americano. El 6 de julio de 1542, en la ciudad de Nájera, el mismo Carlos I suscribió una Cédula que concedía a Alonso de Herrera el permiso para su establecimiento cervecero, con la condición de que la Corona recibiera un tercio de las ganancias.

Su pequeña fábrica, llamada El Portal, se encontraba entre Amecameca y Paso de Cortés y aprovechaba las cristalinas aguas producidas por el deshielo de los volcanes que coronaban el valle de México.

La concesión del rey era por veinte años; abarcaba el territorio novohispano y “cualesquier partes de las nuestras Indias, islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir”. Si alguien se atrevía a contravenir la disposición real, su castigo consistía en la pérdida de todos sus bienes.

Sin embargo, la producción de cerveza no se desarrolló como se esperaba, ya que debido al abuso de su consumo fue sancionada por las autoridades, y por otro lado, la bebida no fue del gusto de los indígenas, quienes disfrutaban de otras de origen anterior a la Conquista, como el zendecho, aguardientes, vinos de caña, chinguirito, pozoles, ponches, tepaches, vinos de mezquite, la chicha, la zambumbia y el tesgüino.

A finales del periodo colonial, la situación comenzó a cambiar. Baste decir que el barón de Humboldt afirmó que en 1802 entraron por la aduana del puerto de Veracruz 71 mil 806 botellas importadas.

Tras la consumación de la independencia, en 1825, un hombre llamado Notley, fabricaba en la ciudad de México una cerveza de jengibre inglés.

En 1845, el suizo Bernhard Bolgard, estableció en la Ciudad de México la primera cervecería de fermentación alta, La Pila Seca.

En 1869, Emil Dercher (cervecero alsaciano) abrió la cervecería La Cruz Blanca. Este establecimiento inició su fabricación de cerveza lager en la Ciudad de México hasta 1898.

El establecimiento de la red ferroviaria en México marcó el inicio de la historia moderna de la industria cervecera en la década de 1880.

En esta época, se dio la importación de maquinaria y malta de Estados Unidos, la instalación de fábricas de hielo, así como también hubo un crecimiento del mercado, de tal forma que podían soportar los costos de factorías más tecnificadas.

Los ferrocarriles obligaron a los industriales mexicanos a competir con las cervezas norteamericanas que tenían la capacidad para llegar masivamente a los mercados del interior del país.

La apertura entre 1884 y 1885 de la línea ferroviaria que recorría la ruta entre El Paso, Texas y la Ciudad de México, trajo como consecuencia un elevado crecimiento de las empresas dedicadas a producir cerveza. El industrial cervecero de este período fue Santiago Graf, quien en 1875 adquirió la Cervecería Toluca y México, fundada 10 años antes por el suizo Agustín Marendaz.

En 1894 se fundan cuatro pequeñas cervecerías en Orizaba: la Santa Elena, La Mexicana, La Azteca y La Inglesa, y en 1896, la Cervecería de Sonora.

El 7 de abril de 1899, José María Ponce y Cía. fundó la Gran Cervecería Yucateca, una fábrica de alcance regional que posteriormente ganaría fama internacional.

En 1901, Cervecería del Pacífico en Mazatlán, Sinaloa, inauguró su planta. Sus fundadores fueron los alemanes Jorge Claussen, Germán Evers, Emilio Philippi, César Boelken, Federico Marburg y Jacob Schuele.

El siglo XX traerá tres hechos importantes para la industria cervecera nacional: el desplazamiento del pulque como bebida favorita de la población, el establecimiento de las grandes empresas mexicanas y la conquista de los mercados mundiales.

En 1890, Isaac Garza Garza, José Calderón, José A. Muguerza, Joseph M. Schnaider y Francisco Sada Gómez fundaron en Monterrey la Cervecería Cuauhtémoc. El éxito de la compañía es rotundo y sin él no se puede entender la prosperidad de la capital de Nuevo León.

En 1985, los empresarios regiomontanos adquieren una de sus competidoras, la Cervecería Moctezuma, y la fusionan con la Cervecería Cuauhtémoc, conformando ambas la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.

En 1925 nació en la Ciudad de México Grupo Modelo, el otro gran consorcio cervecero mexicano. Tres años después de su fundación, las ventas de esta empresa alcanzaban los ocho millones de botellas anuales. El vertiginoso crecimiento de dicha compañía le permitió adquirir en las décadas siguientes a la Cervecera de Toluca y México, la Compañía Cervecera de la Laguna, la Cervecería del Pacífico, la Cervecería Estrella de Guadalajara y la Cervecería Yucateca.

A partir de la década de 1970, las cervezas mexicanas conquistan los mercados internacionales, volviéndose nuestras marcas productos globales, con lo cual se ratifica la calidad de la producción nacional.

El siglo XXI trae consigo la celebración de alianzas estratégicas entre las compañías cerveceras mexicanas y empresas del extranjero, gracias a lo cual se da un doble fenómeno: la mayor presencia de nuestros productos en el extranjero y la llegada a nuestro país de cervezas importadas.

Durante los últimos 10 años, nuestro mercado ha registrado el mayor crecimiento del mundo. Gracias a esto, México ocupa el sexto lugar en producción de cerveza a nivel mundial y el segundo del continente americano. China produce 423 millones de hectolitros al año; Estados Unidos, 230; Rusia, 108; Brasil, 107; Alemania, 100, y México, 83.

Pese a lo anterior, nuestra nación no se encuentra entre los mayores consumidores de cerveza del mundo:

Mayores consumidores de cerveza (litros per cápita)

1. República Checa: 160.5

2. Irlanda: 127.4

3. Alemania: 109.9

4. Austria: 105.8

5. Bélgica: 98.6

6. Reino Unido: 95.7

7. Dinamarca: 92.5

8. Eslovenia: 92.4

9. Australia: 87.8

10. Venezuela: 83.3

11. Estados Unidos: 82.8

12. España: 82.1

13. Finlandia: 81.7

14. Hungría: 80.1

15. Nueva Zelanda: 77.3

El gusto de los consumidores mexicanos de cerveza se ha ido modificando a lo largo de la presente década. Si bien es cierto las marcas dominantes del mercado siguen imponiéndose, no lo es menos que diversas microcervecerías se han ido estableciendo con nuevos estilos y sabores.

Algunos cerveceros han catalogado de diferente manera a sus productos llamándoles de autor, gourmet, prémium y de especialidad, pero todas guardan un común denominador, y es que son artesanales, siguiendo las normas de la ley de pureza alemana Reinheitsgebot.

En Baja California, Nuevo León, México, Puebla, Jalisco, Querétaro, el Distrito Federal y Michoacán se vienen produciendo cervezas que han ganado preferencias y abriendo mercado sobre todo entre consumidores jóvenes que buscan de experimentar sabores diferentes a los tradicionales.

Actualmente, el mercado de la cerveza artesanal en México tiene un valor cercano a 100 millones de pesos y de mantenerse el crecimiento que se ha tenido en los últimos años –el cual ha sido de entre 60 y 70 por ciento anual– para este año esa cifra podría duplicarse. Aunque en este momento la cerveza artesanal representa menos del uno por ciento del mercado mexicano, los pequeños productores estiman llegar al uno por ciento para 2016, es decir, que 1 de cada 100 cervezas consumidas en México sea producida artesanalmente.

Algunas cervezas artesanales mexicanas han logrado ganar reconocimiento mundial por obtener premios por su calidad y sabor. Sin apoyo público y con la competencia de dos de las más grandes empresas del país, la 22 y la 40 de acuerdo con el grupo Expansión, la industria cervecera artesanal sigue creciendo.

En este rubro merece reconocimiento especial la industria cervecera del estado de Baja California.

En 1944, Alberto Aldrete fundó la cervecería Tecate, en la ciudad del mismo nombre. Diez años después, y aprovechando el éxito y la calidad de la marca, la compañía fue vendida a Cervecería Cuauhtémoc.

Por su parte, el Consorcio Cervecero de Baja California surgió como una iniciativa de José Antonio González Ibarra, empresa que ahora dispone de bares en el estado y exporta sus productos a Japón y Estados Unidos.

Una marca bajacaliforniana recientemente rescatada del olvido fue Simpático, la cual se exportaba hasta hace algunos años con éxito a Estados Unidos.

La cantina más antigua de todas las Californias está en Ensenada y fue fundada en 1892 por Johan Hussong, un inmigrante de origen alemán. La cerveza que nació en ese local se vendió tanto en Estados Unidos como en México.

Miguel González y Horacio Ochoa se asociaron para crear la primera cervecería industrial de Baja California. El 15 de septiembre de 1923 abrió sus puertas la Cervecería Mexicali y rápidamente se convirtió en una de las más grandes y sólidas empresas del noroeste del país.

A pesar de que la fábrica cerró sus puertas cincuenta años después de su fundación, hoy está de regreso bajo otra denominación comercial y exporta sus productos hacia Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Australia, Holanda, Irlanda y Suiza.

Dada la pujanza y el nivel de calidad que han adquirido a lo largo de los últimos años las microcervecerías y las cervezas artesanales, creemos que es necesario impulsarlas, a fin de promover la competencia, aprovechar el ánimo que muchos consumidores tienen por probar nuevas propuestas, favorecer las exportaciones y fomentar la actividad económica en determinadas regiones del país, sin que ello signifique dejar de reconocer las notables aportaciones que en este rubro han tenido las grandes empresas cerveceras nacionales.

Vale la pena señalar que por definición legal y técnica (en Estados Unidos, al menos) una microcervecería produce anualmente menos de 2 millones de barriles al año (unos 240 millones de litros) y muchos utilizan esta denominación como un sinónimo de “cervecería artesanal”.

Señalamos lo anterior porque el trato que reciben las microcervecerías fiscalmente es inequitativo, en virtud de que una cerveza artesanal es necesariamente más costosa que una industrial, por su elaboración e insumos, entre los que incluyen productos de mayor calidad y en ocasiones de origen orgánico, y es por ello que afirmamos que las cervecerías artesanales mexicanas no puede recibir el mismo trato que los grandes consorcios, puesto que no funcionan bajo las mismas condiciones.

De esa forma, las cerveceras artesanales no gozan del mismo margen de maniobra financiera que sí tienen las grandes compañías, por lo que el impuesto especial sobre bienes y servicios es asumido íntegramente por el consumidor.

Grupo Expansión refiere que la industria cervecera, durante el 2010 fue impactada por el aumento de precios, el alza generalizada de impuestos y el clima que también afectó a esta rama industrial. El volumen de ventas de una de las grandes compañías cerveceras tuvo una contracción de sus ventas en 1.2 por ciento y aumento en 5 por ciento sus precios. Si esto le pasa a las grandes compañías, ¿qué se puede esperar de las empresas de cerveza artesanal, con limitaciones comerciales, financieras y de organización.

Por eso proponemos una cuota fija por litro de 1.60 pesos al impuesto especial sobre producción y servicios, tratándose de cervezas elaboradas artesanalmente por fabricantes cuyo volumen de producción anual llegue hasta 200 mil hectolitros, cantidad que representaría menos de 0.5 por ciento de la producción alcanzada por cualquiera de los grandes consorcios cerveceros del país.

Recordemos que el impuesto especial sobre producción y servicios es un impuesto indirecto, monofásico y no acumulativo, y que tiene una finalidad extra fiscal, al tasar productos que por su naturaleza pueden afectar la salud, por lo que este impuesto busca desincentivar su consumo.

El planteamiento que pretendemos de este impuesto es diferente: que se apoye a la microcervecerías, las cuales pueden llegar a ser importantes generadoras de empleos; que se potencie la producción cervecera artesanal para que ésta sea complementaria de la gran industria existente, y que se mejore la calidad de un producto que tiene muchos beneficios a la salud.

El IEPS como está actualmente es una doble carga para las microcerveceras, puesto que éstas contribuyen con un 150 por ciento más, ya que el precio de venta es muy superior al de la gran industria. Esto significa en números que las grandes cervecerías industriales pagan 3.5 pesos por litro mientras que las artesanales pagamos 8 pesos por litro.

Así, aunque los dos productos tengan la misma cantidad de alcohol, la finalidad extrafiscal de proteger la salud no se cumple, porque las cervezas artesanales utilizan mejores ingredientes y su calidad puede llegar a ser superior.

Lo anterior se afirma toda vez que, aun cuando la cerveza es una bebida alcohólica que puede generar adicción entre sus consumidores, no podemos olvidar que, tomada con moderación, trae beneficios a la salud.

El 22 de septiembre de 2011 se publicó en varios periódicos un estudio presentado en Bruselas demostró que el consumo moderado de cervezadespués de practicar ejercicio físicoes tan efectiva como el agua para la rehidratacióny la recuperación, según han afirmado expertos médicos.

Tal fue una de las conclusiones presentadas en el sexto Simposio europeo en cerveza y salud,donde participaron especialistas de la Unión Europea en medicina, nutrición y alimentación.

En el encuentro, el doctor Ramón Estruch, del Hospital Clínico de Barcelona, explicó los resultados de varios estudios que demuestran que el consumo moderado de la cerveza “ayuda a la prevención de accidentes cardiovasculares, gracias a sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios de las arterias”.

Además, señaló, proporciona protección frente a factores de riesgo cardiovascular, como son la diabetes, mejora de la presión arterial y del perfil lipídico, es decir, baja el colesterol malo y aumenta el bueno, o los parámetros de inflamación que causan la arterioesclerosis.

Asimismo, la cerveza puede considerarse como una bebida natural y saludable, ya que cada dosis de la misma representa un alto valor nutritivo. El consumo responsable y moderado puede otorgar diversos beneficios en la dieta de cada persona, toda vez que

• La cerveza es rica en antioxidantes naturales que previenen el envejecimiento del organismo, su aportación de polifenoles reduce los fenómenos de oxidación del organismo y problemas cardiovasculares;

• El riesgo de sufrir un infarto se reduce en las personas que ingieren cerveza en forma moderada, con relación a los grandes bebedores o abstemios;

• El consumo moderado de la cerveza no altera el peso ni la masa corporal, ya que no contiene grasas y aporta un contenido calórico menor al de los refrescos.

• La fibra saludable que contiene la cerveza evita el estreñimiento, esto se debe a que sus componentes naturales se absorben y digieren fácilmente;

• La cerveza contiene sales minerales, fibra, carbohidratos, micronutrientes y vitaminas, especialmente del grupo B, importantes para un equilibrio nervioso adecuado;

• El consumo en mujeres puede cubrir los requerimientos diarios de ácido fólico.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, proponemos que se adicione un numeral 4, al inciso a) de la fracción I del artículo 2 de de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de que al valor de la cerveza producida por microcerveceras que tengan una producción anual de 200, 000 hectolitros, paguen una cuota de 1.60 pesos por litro.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único.Se adiciona el numeral 4 al inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I....

A)...

1. a 3. ...

4. Cerveza producida por empresas que tengan un nivel de producción anual de hasta 200 mil hectolitros, o cerveza que sea considerada como artesanal de conformidad con los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría de Economía, sin importar la graduación alcohólica del producto, 1.60 pesos por litro de venta.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La información sobre la cerveza desde la prehistoria hasta la Edad Media fue tomada de Duboë- Laurence, Phillipe; y Christian, Berger. El libro del amante de la cerveza, José J. de Olateña, editor, España, 2001.

2 Plasencia Fernández, Pedro. La cerveza. Manual de uso, Everest, España, 2004, página 35.

3 La información sobre la industria cervecera mexicana durante los siglos XVI a XIX fue tomada de los portales electrónicos

http://www.cervezacasera.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=41

http://www.explorandomexico.com.mx/about-mexico/6/252/

http://www.clubplaneta.com.mx/bar/historia_de_la_cerveza_en_mexi co.htm

4 Datos obtenidos de la página electrónica http://www.cuamoc.com/

5 Cerveza, suplemento comercial, Reforma, agosto de 2011, página 4.

6 Cerveza, obra citada, página 26.

7 “¡Salud!”, en National Geographic en Español, Televisa, México, noviembre de 2006.

8 “Impulsan consumo de cerveza artesanal”, en Reforma, sección Negocios, 24 de agosto de 2011.

9 “La cerveza hidrata igual que el agua después del deporte”, en La Crónica de Hoy, 22 de septiembre de 2011, sección Academia, pág. 22.

10 Cerveza, obra citada, página 28.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 13 de septiembre de 2012.— Diputados: Fernando Castro Trenti, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbricas).»

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Con mucho gusto, diputada. Todos los textos se integran al Diario de los Debates. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

ARTICULOS 2, 26 Y 115 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Mu tenkupa uei tlakatl, teotlaki uei zihuame iuan uei tlakame, teotlaki nokniuan indígenas, nejua ni tlazokamati uei kampa nikitus yejuain tlatojli nikan to tlaltipak itoka Cámara de Diputados.

Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, que hoy en esta soberanía nos hemos reunido; por ser la primera vez que hago uso de la tribuna de esta alta soberanía, me complace compartir con ustedes que en este día se conmemora el 5 aniversario de la aprobación, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Saludo con entusiasmo la mención constante por parte de instituciones y grupos parlamentarios que han enunciado en sus discursos a los pueblos indígenas, que lamentablemente solo se ha quedado en ello, en discursos.

Me gustaría celebrar con el mismo entusiasmo la buena aplicación de la imagen de lo indígena, si ya fuéramos reconocidos en nuestra Carta Magna como sujetos de derecho; sin embargo —y es penoso decirlo—, que se nos sigue usando como meros objetos, a manera de folclor, la imagen de los pueblos indígenas, dejando de lado que somos el origen de la nación y que nuestros pueblos son preexistentes al Estado actual, y según reza el artículo 2o. constitucional, en su primer párrafo, que a la letra dice: la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

Así, a cinco años de haber sido aprobada la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a más de dos décadas de ser vigente en nuestro país el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y en concordancia con la reciente reforma al artículo 1o constitucional, se hace necesario armonizar lo que establece el derecho internacional con nuestra legislación nacional.

Derivado de lo anterior, sin duda vestiría de gala esta LXII Legislatura y enviaría una señal de voluntad y compromiso político a las Naciones Unidas acerca del cumplimiento de estos compromisos contraídos a nivel internacional por nuestra nación mexicana, y ello daría certeza jurídica a los pueblos indígenas de México.

En este marco, la presente iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 2o., el artículo 26 y 115 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y no como entidades de interés público, que hoy así se reconocen en el 2o. constitucional; reconocer sus sistemas normativos y su derecho a la consulta con el consentimiento libre, previo e informado, como lo establece esta Declaración Universal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta reforma tiene como fin último fortalecer, también, la libre determinación y autonomía, en concordancia con lo estipulado por allá, en el artículo 2o. constitucional, que garantiza y reconoce este derecho.

La libre determinación no debe entenderse ni satanizarse como la balcanización o la división del país, sino más bien, como el reconocimiento y resarcimiento a la deuda histórica que nuestra nación tiene aún con los pueblos indígenas al reconocer sus propias formas de organización, expresados en sus formas tradicionales de elegir a sus autoridades en sus sistemas de cargo, en su visión del mundo y en su derecho al desarrollo con identidad.

Para ir terminando con este rezago se hace también necesario mencionar que es al interior de los territorios indígenas donde se encuentra concentrado más del 52 por ciento de la mayor riqueza de la biodiversidad en nuestro país, en donde se generan diversos servicios ecosistémicos, como la generación del agua y el aire limpio, los alimentos, entre otros, y la riqueza de sus más de 68 idiomas y sus más de 360 variables lingüísticas, las que suman a México como una potencia emergente; sin embargo, dentro de tantas riquezas, somos los pueblos indígenas los que sufrimos los menores índices de desarrollo humano.

Finalmente, hago un llamado respetuoso a los coordinadores de nuestros grupos parlamentarios, a la hermanas y hermanos diputadas y diputados que conformamos esta soberanía y en especial, a los diputados que provenimos y tenemos nuestro origen y nuestra raíz indígena, a que antepongamos y pongamos toda nuestra voluntad política para reconocer estos derechos, y superemos nuestras diferencias político partidarias, a fin de concretar una gran reforma de gran calado en esta materia, además de generar un presupuesto integral y transversal que se traduzca en un detonante del desarrollo de los pueblos indígenas, y así verdaderamente nuestra nación inicie con el resarcimiento de esta deuda histórica que tienen con nuestros pueblos indígenas de esta nación mexicana. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado indígena nahua Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos indígenas.

Planteamiento del problema

El problema de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en México es que aún no han sido reconocidos en su totalidad. Ante ello, las diputadas y los diputados de las legislaturas anteriores han insistido, como lo hago en este momento en mi calidad de diputado federal indígena nahua, en proponer iniciativas que salvaguarden y den certeza jurídica a los pueblos indígenas.

Bajo este marco, llevamos más de dos décadas viendo pasar en tribuna a diputadas y diputados tratando que legislar en dicha materia, sin embargo, no ha habido voluntad política por parte de los tomadores de decisiones y de los poderes facticos.

Recordemos que esta misma tesitura estuvo la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta Declaración tuvo sus inicios en 1971, fecha en la que la aflictiva suerte de los pueblos indígenas se había vuelto aún más patente, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas designó a un relator especial, el señor José Martínez Cobo (Ecuador), para que estudiara las pautas de discriminación contra ellos en el mundo.

En 1982, después de haber recibido sus informes, en los que se documentaba una amplia variedad de problemas en materia de derechos humanos, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas (‘la Subcomisión’) nombró un Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas con el doble mandato de 1) analizar las novedades habidas en los países atinentes al fomento y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas; y 2) elaborar normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas.

En 1985, bajo la dirección de la presidenta-relatora, señora Érica-Irene A. Daes, este grupo de trabajo de expertos independientes empezó a redactar una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta las observaciones y propuestas de los participantes en sus períodos de sesiones, en particular los representantes de pueblos indígenas y gobiernos. En su undécimo período de sesiones, celebrado en julio de 1993, el grupo de trabajo convino en un texto definitivo del proyecto de declaración, que transmitió a la Subcomisión. En agosto de 1994, la Subcomisión aprobó el proyecto de declaración y lo transmitió, para examen, a la Comisión de Derechos Humanos.

En 1995, la Comisión de Derechos Humanos designó un nuevo grupo de trabajo, integrado predominantemente por representantes de gobiernos, encargado de consensuar el proyecto de declaración. Una vez transformada la Comisión de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos, la segunda medida que éste adoptó fue aprobar el proyecto de declaración mediante la aprobación de la resolución 1/2 de 29 de junio de 2006, por 30 votos contra 2, y 12 abstenciones. Al hacerlo, el Consejo aprobó sin modificaciones un proyecto de resolución conjunto presentado por el Perú, basado en el texto de compromiso final propuesto por el presidente del grupo de trabajo, señor Luis-Enrique Chávez (Perú).

El 28 de noviembre de 2006, la Tercera Comisión de la Asamblea General, por 82 votos contra 67, y 25 abstenciones, decidió aplazar el examen mientras se celebraban consultas, con miras a adoptar una decisión a propósito de la Declaración antes de que concluyera el sexagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, es decir, a principios de septiembre de 2007. En 2007 se efectuaron las últimas modificaciones para tomar en cuenta primordialmente algunas de las peticiones de los Estados africanos a las que se debía el aplazamiento.

La versión final de la Declaración fue adoptada el 13 de septiembre de 2007 por un voto afirmativo arrollador de 144 Estados en la Asamblea General. Cuatro países –Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia– votaron en contra y se abstuvieron 11: Azerbaiyán, Bangladesh, Bhután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Rusia, Samoa y Ucrania

En este mismo contexto, y a más de 20 años que México ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se hace urgente e impostergable brindar a nuestros pueblos indígenas el reconocimiento de sus derechos como el de sujetos de derecho público y el de la consulta con consentimiento libre, previo e informado, ya que la reforma constitucional celebrada en el año 2001 no lo hizo.

Aunado a lo anterior, la solución al problema de la falta de reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas en México ha ido avanzando, lento, pero progresa. Ejemplo de ello es la reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 de junio de 2011.

En esta reforma se estableció una nueva forma de comprender lo que son los derechos humanos. Reconoció que los derechos humanos ahora se “gocen”; esto es, no basta que un derecho esté inserto en ley, ya que si éste no puede ser ejercido en plena libertad por el destinatario se convertirá en una falacia jurídica; de ahí que la propia norma debe proveer los canales para que los derechos humanos se materialicen en la esfera jurídica del sujeto de derecho, a fin de que éste pueda gozar de ellos.

Asimismo, en el artículo en comento se encuentra estipulada la “cláusula de interpretación conforme”, lo que significa que es clave para la interpretación, puesto que, la norma (me refiero al resultado de la interpretación del texto constitucional) conjunta a la Constitución con los tratados internacionales (cualquier acuerdo entre dos a más países) constituyen un mandato imperativo, una orden que deben cumplirse y/o materializarse en pro de los derechos humanos.

En especifico, lo que establece es que se debe interpretar la misma Constitución de manera armónica con el compromiso asumido en los tratados internacionales; asimismo, establece un mandato imperativo, pues menciona que todas las autoridades tienen obligación de favorecer la protección más amplia en todo tiempo a las personas, es decir, que la interpretación debe ser a favor de la persona y en su caso, hasta en suplencia de la queja.

También el artículo 1o. deja ver que, sólo en lo que se refiere a derechos humanos, la jerarquía kelseniana de la Constitución como Ley Suprema no aplica, sino que la interpretación de la norma (me refiero al resultado de la interpretación del texto constitucional), es la “interpretación conforme” de la Constitución y los derechos en los tratados internacionales, tratando de armonizar la Constitución y los tratados, favoreciendo la “la protección mas amplia” de la persona.

Esto significa que todas las autoridades de todos los niveles de gobierno están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales. Ahora bien, en el artículo se establece el “control difuso de convencionalidad”, mismo que se encuentra en dos niveles. Uno es el que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el otro es el que hacen las autoridades nacionales. La fundamentación jurídica del control de convencionalidad se encuentra en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana y en el 26 y 27 de la Convención de Viena-el tratado de los tratados.

El control difuso de la convencionalidad obliga a los jueces a que en su tarea no sólo tomen en cuenta la Constitución y los tratados, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Asimismo, debe ejercerse de oficio, es decir, “con independencia de que las partes lo invoquen”, lo que implica que en cualquier circunstancia los jueces deben realizar dicho control, ya que “esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto”.

El derecho internacional de los derechos humanos se estructura a partir de lo que se llama un derecho originario, mismo que se encuentran establecido en los Tratados Internacionales. Los tratados o convenios de derechos humanos pueden ser de carácter general o sectorial. Los primeros regulan los derechos adscribibles a todas las personas, mientras que los segundos contienen derechos referidos a ciertas materia, como es el caso del Convenio 169 de la OIT.

Ahora bien, si ya existe una norma que garantiza que los derechos humanos que no se contemplen en la Constitución son reconocidos en los tratados o convenios, es el momento de armonizar las normas del derecho internacional con la legislación nacional.

Esta armonización del derecho internacional con las leyes nacionales lo están realizando las naciones que tienen pueblos indígenas o minorías étnicas. El ejemplo más claro es el del derecho a la consulta con consentimiento libre, previo e informado.

Recordemos que algunos países han dado certeza jurídica sobre este derecho en sus normas nacionales, tal es el caso de Australia y Filipinas, en 1976 y 1995 respectivamente. Naciones que han incluido el consentimiento libre, previo e informado en sus leyes nacionales y han desarrollado un sistema de reconocimiento reforzado que implica una serie de obligaciones para sus Estados que tienen que ver con garantías a las decisiones sobre el uso de los recursos naturales que tienen los pueblos indígenas.

Otros, como es el caso de algunos países andinos, han reconocido el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, como mecanismo de garantía del derecho a la tierra y los territorios de los pueblos indígenas, como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, en 2001, 2005, 2002 y 2011 respectivamente.

La legislación australiana es una de las más avanzadas en cuanto a la implementación de la consulta y, particularmente, al consentimiento previo, libre e informado. El Aboriginal Land Rights Act de 1976 o Ley de Derechos Territoriales Indígenas, es la norma que desarrolla dicho derecho y constituye un importante avance en el diseño del mecanismo y en su puesta en práctica. Esta ley es aplicable en los territorios del norte de Australia, los mismos que tienen un régimen administrativo especial, bajo el apoyo del gobierno federal. Estos territorios han sido ocupados históricamente por pueblos indígenas, en los que habitan más de medio millón de personas y representan una de las principales zonas mineras del país. Esta Ley da muestra del modelo de consentimiento previo, libre e informado que merecen ser destacadas: derechos de los pueblos indígenas, territorialidad, veto relativo, definido en la fase de exploración y etapas.

En tanto que la Constitución de Filipinas del año de 1987 reconoce los derechos de los pueblos indígenas, creándose a partir de esta fecha diversas dependencias para el reconocimiento y el trato de las minorías étnicas y los pueblos indígenas. Dando como resultados normas sectoriales como fue el caso del Código de Minería de 1995 o Philippine Mining Act, Republic Actnúmero 7942 de 1995, donde se dio garantía a la consulta de los pueblos indígenas en el procedimiento de solicitud de licencia para actividades mineras. Dos años más tarde se emitió The Indigenous Peoples Rights Act of 1997, Republic Act número 8371 o Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. En esta ley se desarrolló de manera más específica los mecanismos de aplicación de la consulta y el consentimiento. La ley reconoce el derecho al consentimiento contenida tanto en el Convenio 169 de la OIT como el Convenio de Diversidad Biológica, es decir, el consentimiento sobre uso de recursos naturales ubicados en sus tierras y territorios, así como para el uso de conocimientos tradicionales, respectivamente.

Colombia aprobó en 2001, la Ley número 685, también conocida como el Código de Minas. En el Título III de la ley se establece un sistema de regímenes especiales en el que se incluye, de manera específica, un capítulo referido a grupos étnicos donde se desarrollan principios normativos y de garantía de derechos, tanto para las comunidades indígenas como para las comunidades negras. En este Código se reconoce la especial relación que tienen las comunidades con la tierra y desde esta premisa establece la prioridad de organizar el territorio en resguardo de esta relación, donde se acepta la consulta así como la prohibición del uso de las tierras con fines extractivos.

El 17 de mayo de 2005 se promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos de Bolivia, Ley número 3058, donde se estipulo, en el capítulo I del título VII, los derechos a la consulta y participación de los pueblos campesinos, indígenas y originarios, y se hace referencia expresa al Convenio 169 de la OIT para garantizar el derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas.

En Ecuador, el 19 de diciembre de 2002, fue publicado el decreto ejecutivo número 3401 que contiene el Reglamento de Consulta y Participación para la Realización de Actividades Hidrocarburiferas. El objeto de las consultas para los casos de los pueblos indígenas nacionales y afroecuatorianos tiene como fin recuperar los criterios y recomendaciones obtenidas en las mismas, la cual constituye información relevante que el organismo encargado de llevar a cabo las licitaciones deberá incluir en las bases de licitación entre otros. El desarrollo reglamentario de la consulta previa es más que un derecho de decisión propia sobre el uso de las tierras indígenas y una definición propia de la orientación del desarrollo de las mismas.

Perú promulgó el 23 de agosto de 2011 la “Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocida en el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, cuyo objetivo es establecer el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que le afecten directamente, donde se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169.

Como se establece en los párrafos anteriores, existe en el derecho comparado naciones que salvaguardan el derecho de los pueblos indígenas a la consulta con consentimiento, libre, previo e informado, en donde se estípula que el principio rector para normar la consulta con consentimiento, libre, previo e informado es de llegar a un acuerdo entre el gobierno y los pueblos indígenas.

El tópico de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y la consulta con consentimiento libre, previo e informado es sumamente relevante porque salvaguarda los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En este tenor, son derechos fundamentales e inherentes a la libre determinación que tienen los pueblos indígenas para poder conocer y determinar las acciones a seguir frente a asuntos legislativos y administrativos que se pretenda realizar dentro de sus tierras o territorios, incluso, cuando sean afectados directamente o indirectamente.

En suma, la presente iniciativa que reforma a los artículos de la Constitución rescata los derechos fundamentales tales como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y el de la consulta con consentimiento, libre, previo e informado. Iniciativa que tiene como base los argumentos de la propuesta presentada el día 11 de diciembre de 2007 por la Comisión de Asuntos Indígenas de la LX Legislatura.

Por tal motivo, se pone a consideración ante el pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa.

Argumentación

La Constitución, como norma máxima de México, contiene las aspiraciones y los principios fundamentales que nos definen y nos unen; que dirigen y ordenan la convivencia; que orientan los esfuerzos hacia un futuro de mayor prosperidad, democracia y justicia para todos los mexicanos.

Los principios esenciales del pacto constitucional son la soberanía, que sustenta la independencia y la unidad de la nación; la libertad, que se expresa en las garantías individuales y en los derechos humanos; la naturaleza republicana y representativa de la democracia; el pacto federal que enlaza a estados soberanos y municipios libres; los derechos sociales para lograr el bienestar común y la igualdad de oportunidades; la libertad de conciencia y el carácter laico de las instituciones.

Estos principios están vigentes, aunque no de forma integral para los pueblos indígenas, y se reafirman cotidianamente en el funcionamiento de la sociedad. Existe consenso nacional acerca de la situación de desigualdad y pobreza de la población indígena, la cual exige del país los mayores apoyos en todos los órdenes de la vida de la nación mexicana. Por ello, el respeto incondicional a los principios esenciales consagrados por la Constitución y la firme voluntad para ampliar y perfeccionar su funcionamiento, en beneficio también de los pueblos originarios de la nación, deben ser compromisos inquebrantables de los Poderes de la Unión.

En el año 2001, se aprobó la reforma constitucional al artículo 2º en materia de derechos y cultura indígena, que reitera la composición pluricultural de la nación y contempla derechos indígenas; sin embargo, ha sido insuficiente para responder a las demandas de los pueblos indígenas.

Vale la pena recordar que fue en los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena, firmados el 16 de febrero de 1996, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal (Acuerdos de San Andrés) y la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), donde comienza a usarse la expresión “pueblos indígenas como sujetos de derecho”, relacionándola con los derechos de los pueblos indígenas.

En estos Acuerdos de San Andrés, en el punto 2 de la parte denominada Nuevo Marco Jurídico del Documento Número 1, pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN suscribieron, se acordó que dichos acuerdos se enviarían a las instancias de debate y decisión nacional, donde se lee

“2. El reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho público, el derecho a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. Corresponderá a las legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles”.

De igual manera, en el punto 4 del documento número 2, titulado “Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional”, correspondientes al punto 1.4 de las Reglas de Procedimiento, se expresa

4. Se propone al Congreso de la Unión reconocer, en la legislación nacional, a las comunidades como entidades de derecho público, el derecho de asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas.

Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. Corresponderá a las legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles.

Con base en los documentos anteriores, la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión elaboró una propuesta de reforma constitucional, misma que incluía una fracción IX en el artículo 115 constitucional, donde se proponía que dijera:

IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen. Corresponderá a las legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles.

Esta iniciativa finalmente se aprobó, pero modificando sustancialmente su contenido, al caracterizar a las comunidades indígenas como sujetos de interés público y no de derecho público.

Del uso que el derecho mexicano hace del vocablo “entidad”, se puede concluir que reconocer a las comunidades indígenas el carácter de “entidad de derecho público” significa que gozarán de personalidad jurídica, o bien que serán órganos de la administración pública, pero sin personalidad jurídica; pudiendo ejercer competencias de algún otro sujeto dotado de ella, como serían los pueblos indígenas.

Para determinar a cual hipótesis se refieren los acuerdos de San Andrés y la propuesta de reforma constitucional elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, que en el año 2001 el presidente de la república presentó como iniciativa de reforma, es necesario saber el propósito de reconocer a la comunidad como “entidad de derecho público”. En los dos documentos citados de los acuerdos de San Andrés, se establece que es con la finalidad de “asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena (...) a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. Corresponderá a las legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles”.

Los Acuerdos de San Andrés contienen un conjunto de competencias para las comunidades indígenas, lo que permite afirmar que lo que las partes pactaron fue reconocer personalidad jurídica a las comunidades indígenas, con facultades distintas a las de los municipios en los que estuvieran incluidas. En otras palabras, reconocer a las comunidades como entidades de derecho público equivale a reconocerles personalidad jurídica, con facultades específicas derivadas de su condición de ser parte de un pueblo indígena; facultades que serán distintas a las de los municipios. El carácter de derecho público las convertiría en parte de la administración pública y como tal no tendrían necesidad de recurrir a algún otro órgano de gobierno para hacer cumplir sus determinaciones.

Como bien se ve, la Constitución federal remite a las Constituciones Políticas de los estados de la república el reconocimiento que pudieran tener, pero no como entidades de derecho público sino de interés público.

De acuerdo con la doctrina jurídica, el interés público “es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado”, mientras las características de las personas jurídicas colectivas de derecho público son “la existencia de un grupo social con finalidades unitarias, permanentes, voluntad común, que forman una personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes, poseen una denominación o nombre; con domicilio y un ámbito geográfico de actuación; patrimonio propio y régimen jurídico específico”.

Hay que decir que, si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce el carácter de sujetos de derecho público ni a los pueblos indígenas ni a las comunidades que los integran, tampoco prohíbe que las legislaturas de los estados le reconozcan ese carácter. Dado que la Constitución federal contiene garantías mínimas que pueden ampliar otras leyes, las legislaturas de los estados pueden dar ese reconocimiento.

Esta situación ha permitido a los estados de Oaxaca y San Luis Potosí reconocer, en sus respectivas Constituciones Políticas locales, a los pueblos indígenas el carácter de sujetos de derecho público. La primera lo hace en su artículo 16, declarando que “dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales”. Mientras, la segunda prescribe que “el Estado otorga a las comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios”.

El carácter de derecho público convierte a los pueblos indígenas en parte de la administración pública y como tal no tendrían necesidad de recurrir a algún otro órgano de gobierno para hacer cumplir sus determinaciones, son las facultades que se le reconocen las que les dan ese carácter y no la mención expresa que los tienen. En otras palabras, puede la Constitución federal o alguna de las estatales enunciar el carácter de “sujeto de derecho público” de los pueblos o comunidades indígenas, pero si no le reconoce u otorga facultades de esa naturaleza de poco sirve tal declaración. Aunque puede darse el caso contrario, que le otorgue las facultades sin que lo declare, caso este que sería correcto.

Si se revisa con atención la Constitución federal y las constituciones de los estados de la República Mexicana, se verá que, en varios casos, se les reconocen facultades de sujetos de derecho público, como cuando se les reconocen facultades para administrar justicia a través de sus propias autoridades, aplicando sus propios sistemas normativos, sin que ello entre en contradicción con la letra y espíritu de la Constitución.

En tal virtud es de reconocer que la expresión “sujetos de derecho público” se refiere a “entes” o “entidades” de derecho público, es decir, organismos que siendo o no personas morales, forman parte de la organización gubernamental en cualquiera de sus tres niveles y, por tanto, tienen reconocidas por ley determinadas competencias.

La expresión “pueblos indígenas como sujetos de derecho público”, se refiere a que se reconozca a los pueblos indígenas, a través de sus propias autoridades, el carácter de parte de los órganos de gobierno; para lo cual es necesario reconocerles determinadas facultades, mismas que deberían estar en la Constitución federal, aunque no necesariamente, si los pueblos se encuentran asentados en un solo estado, hipótesis que solamente por excepción se puede encontrar.

Si bien, los Acuerdos de San Andrés contienen la obligación de reconocer a las comunidades indígenas como entidades de derecho público, bien vale la pena que esta LX Legislatura pase a la historia como la legislatura que hizo posible que tal reconocimiento se hiciera en la propia Constitución para los pueblos indígenas, que es a quien la Constitución federal debe reconocer como sujetos de derecho y facultar a las comunidades indígenas para que lo ejerzan.

Por esta razón, el desglose de las facultades conferidas a los pueblos indígenas a través de sus comunidades, en tanto sujetos de derecho público, que no fueron incluidas en la reforma constitucional del 2001, se deben reconocer en la fracción IX del artículo 115 de la Constitución; tal y como se propone nuevamente en esta iniciativa, tomando como base los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la Cocopa, que fue mutilada en este aspecto, dejando con ello inconclusa una importante asignatura que aún queda pendiente de resolver.

El relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas de las Naciones Unidas, el doctor Rodolfo Stavenhagen, visitó oficialmente México, del 1 al 18 de junio de 2003, en el informe de dicha misión, presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hizo recomendaciones en el tema de legislación constitucional, en los términos siguientes:

El relator especial recomienda que el gobierno de México (...) revise la reforma constitucional de 2001 para lograr la paz en Chiapas y satisfacer la demanda de los pueblos indígenas por el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos.

64. El relator especial recomienda al Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés.

Esta situación y proceso no se han restringido al espacio nacional. En el marco de la Organización de las Naciones Unidas, durante tres décadas se discutió el tema del reconocimiento internacional de los derechos integrales de los pueblos indígenas. En esa discusión entre representantes de gobiernos y pueblos y comunidades indígenas que participaron activamente en este proceso y cuyos resultados fueron formalmente aceptados por la propia Asamblea General de la ONU el pasado 13 de septiembre de 2007, cuando se aprobó por la inmensa mayoría de los miembros del máximo organismo multilateral la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Congreso de la Unión dio la bienvenida, el pasado 18 de septiembre de 2007, a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, mediante la aprobación de un punto de acuerdo, en el que se solicita al Poder Ejecutivo y a todas sus instituciones, que implante las acciones necesarias institucionales, a fin de que los compromisos adquiridos en la adopción de esta declaración cobren vigencia y sean parte de la política pública de estado, en beneficio de los pueblos indígenas de México. De la misma manera, solicitó a los partidos políticos, representados en el Congreso de la Unión que, en el marco de la reforma del estado, apoyen las propuestas de reforma constitucional en materia indígena, con el propósito de armonizar la legislación nacional con las bases normativas establecidas en la declaración, así como hacer una amplia difusión de la misma.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos, y reconoce, al mismo tiempo, el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales.

Entre los avances más destacables, pero no únicos, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contiene, están los siguientes temas:

Se reconoce el disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo se reconoce que los pueblos indígenas que son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas. Y tienen derecho a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos.

En el párrafo preambular de la misma declaración se dice que

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes a ser respetados como tales.

Y en los artículos de la misma declaración se dispone específicamente que

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos. (Artículo 1).

Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena (artículo 2).

Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo. (Fracción 2 del artículo 7).

En tanto que, para sustentar la propuesta para reconocerle a los pueblos indígenas el derecho de consulta con consentimiento libre, previo e informado, esta Declaración señala que:

Los pueblos indígenas deben ser consultados para obtener su consentimiento libre, previo e informado. Tienen derecho a revitalizar sus historias, idiomas, tradiciones orales, etcétera. Debe garantizarse que se puedan entender y hacerse entender en sus actuaciones políticas, jurídicas y administrativas. Controlar sus propias instituciones docentes. Derecho a la educación en todos niveles y formas, en su cultura e idioma. Derecho a la tierra, territorios y recursos.

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado (artículo 19).

Artículo 13 de la Declaración:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Artículo 14 de la Declaración:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

En el arduo trabajo de construcción de consensos entre los miembros de la comunidad internacional, la delegación del gobierno mexicano y los representantes de pueblos indígenas de nuestro país, jugaron un papel importante que sin duda alguna refleja la buena voluntad política para avanzar tanto en el terreno del derecho internacional, como en nuestro marco jurídico interno.

Este valioso instrumento internacional de la ONU se suma a otros convenios previos relativos a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre los que destaca el Convenio 169 de la OIT, pero sobre todo, ha sentado las bases y orientaciones, para mejorar y armonizar las normas nacionales con las orientaciones alcanzadas en el derecho internacional.

En materia internacional, México debe ser congruente con los instrumentos y tratados internacionales que han suscrito. En 1990, el Senado de la República ratificó el Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas, el cual tiene vigencia desde el 6 de septiembre de 1991. Pero en México no se han realizado las reformas asumidas en dicho convenio.

Resulta conveniente recordar que el artículo 2o. del Convenio número 169 de la OIT establece:

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

En el mismo sentido, existen en otros instrumentos jurídicos de carácter internacional que México ha suscrito y ratificado tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; apreciándose que ambos Pactos comparten una redacción común referente al reconocimiento del carácter de los pueblos indígenas en tanto pueblo con derecho de libre determinación, cuyo texto a la letra dice

Parte I

Artículo 1

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los estados parte en el presente pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

A nivel regional, la Organización de Estados Americanos (OEA), ha creado el Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su décima reunión de negociaciones para la búsqueda de consensos, celebrada del 23 al 27 de abril del 2007, aprobaron el artículo IX, en el que se especifica:

Los estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo los derechos reconocidos en esta declaración.

El enfoque de las propuestas contenidas en esta iniciativa está sustentado en la realidad y circunstancia de los pueblos indígenas, así como en el cabal ejercicio de la soberanía nacional, y es congruente con la letra y el espíritu de la Declaración de la ONU y otros instrumentos jurídicos de carácter internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, y propone alternativas para los mexicanos indígenas.

Para ser congruentes, los pueblos indígenas han participado de forma decisiva en los grandes movimientos históricos que definieron y ratificaron los principios de la Constitución, han demostrado que su participación actual es fundamental para la construcción de un Estado fuerte y respetuoso de la diversidad cultural; por lo tanto, son dignos acreedores a ser reconocidos como sujetos de derecho público, lo que debe constituirse en la máxima norma.

La presente iniciativa incorpora a la norma constitucional las orientaciones que México ha apoyado y votado favorablemente en el seno de las Naciones Unidas, y hace eco de la pluralidad de ideas expresadas en los muchos foros internacionales y nacionales en los que se han analizado y debatido los derechos indígenas. De todas las demandas y propuestas presentadas en estos foros destaca el reconocimiento como sujetos de derecho público para los pueblos indígenas y el consentimiento libre, previo e informado.

Quienes levantaron su voz en estos foros piden que los pueblos y comunidades indígenas tengan voz para luchar contra la violación de sus derechos fundamentales, por ello las comunidades indígenas requieren espacios de derecho público en el que puedan decidir su desarrollo, reclamar recursos para tal propósito, y desarrollar acciones para elevar sus niveles de vida.

El texto del tercer párrafo del artículo 2o. constitucional se modifica, con la finalidad de que se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, a fin de que se les reconozca como parte de la organización del Estado, ya que en la reforma de 2001 solo les dieron el estatus jurídico de “entidades de interés público”. Esto trae como consecuencia el marginal trato de “entidades” que el estado debe proteger. En tal virtud, debe derogarse el segundo párrafo de la fracción VIII de apartado A, porque esta parte contradice el espíritu y letra de esta iniciativa, ya que en su redacción actual, en ella se reconoce a los pueblos indígenas como entidades de interés público, que es limitativo del planteamiento que proponemos en esta iniciativa, donde proponemos que los pueblos indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho público. Asimismo, se desglosan las facultades que deben de tener los pueblos y comunidades indígenas en la nueva fracción IX del apartado B, que proponemos en esta iniciativa.

Pero si se aprueba la propuesta de la presente iniciativa, de considerar a los pueblos y comunidades indígenas como “sujetos de derecho público”, éstos se constituirían en la estructura organizativa que forma parte del estado, con derechos a los que corresponde un deber correlativo ante los mismos. De ahí la importancia que tiene la inclusión de los pueblos indígenas en una nación pluricultural de la que actualmente se sienten excluidos.

Es conveniente aclarar que el último párrafo del apartado A del artículo 2o. constitucional contradice el espíritu mismo del sujeto de derecho público que se plantea en esta iniciativa, al señalar a las comunidades y pueblos indígenas como entidades de interés público.

De no llevarse a cabo las modificaciones constitucionales propuestas, se estará contradiciendo el contenido  del artículo 2 de la Constitución, que a la letra dice: “La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”. La pregunta es, ¿cómo se puede dar esta acepción, si jurídicamente sólo se les reconoce como “entidades de interés público”? y más aún, ¿cómo armonizar la composición pluricultural de un país en donde los pueblos que lo conforman no cuentan con el reconocimiento de “sujetos de derecho público”?

En cuanto a reconocer el derecho de consulta con consentimiento libre previo e informado, se proponen las modificaciones constitucionales en el apartado B del artículo 2o. constitucional, se modifica su primer párrafo y se introduce un segundo párrafo, modificándose el último párrafo del apartado B, y se introduce un tercer párrafo del apartado A del artículo 26 constitucional, ello con el objetivo de que se garantice el derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas cuando se pretenda afectar su estilo de vida en cualquiera de sus formas.

Otro objetivo de esta propuesta es salvaguardar, de una manera más integral, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, por lo tanto, estimamos procedente incluir en el proyecto de la presente ley, la figura jurídica de consentimiento libre, previo e informado, ampliamente discutido en los foros internacionales. Por ello señalamos la importancia del consentimiento previo de los pueblos y comunidades indígenas, fundamentado y dado libremente en los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en el ámbito del derecho internacional en materia de derechos humanos, en los cuales se reconoce este principio.

El Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales, de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace referencia al principio del consentimiento fundamentado y dado libremente en el contexto del traslado de pueblos indígenas desde sus tierras, que se aborda en su artículo 16. En los artículos 6, 7 y 15, el convenio trata de asegurar que los Estados hagan todo lo posible para consultar plenamente con los pueblos indígenas las cuestiones relativas al desarrollo, las tierras y los recursos.

En la actualidad, el proyecto de Declaración Americana Sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dispone que los pueblos indígenas tienen el derecho a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y otros recursos, incluso el derecho a pedir que los Estados obtengan su consentimiento libre e informado antes de aprobar proyecto alguno que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos, en especial en lo relacionado con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, acuíferos u otros.

Varios comités de las Naciones Unidas han hecho referencia al principio del consentimiento previo fundamentado y dado libremente en sus observaciones finales y recomendaciones generales. En su Recomendación General número XXIII, relativa a los derechos de los pueblos indígenas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial exhorta a los Estados a que “garanticen que los miembros de los pueblos indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su participación efectiva en la vida pública y que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e intereses sin su consentimiento informado”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los instrumentos jurídicos interamericanos en materia de derechos humanos comprenden la adopción de “medidas especiales para garantizar el reconocimiento del interés particular y colectivo que los pueblos indígenas tienen en la ocupación y el uso de sus tierras y recursos tradicionales y su derecho a no ser privados de este interés excepto con un previo consentimiento plenamente informado, en condiciones de equidad y previa justa compensación”.

El principio del consentimiento previo fundamentado y dado libremente es central en lo que atañe al ejercicio por los pueblos indígenas de su derecho a la libre determinación respecto a las intervenciones que afecten a sus tierras, territorios y recursos naturales. Las normas sustantivas y de procedimiento que constituyen la base del consentimiento previo fundamentado y dado libremente, facultan a los pueblos indígenas a adoptar de modo activo decisiones sobre su desarrollo económico, social y cultural, en particular en relación con las iniciativas de desarrollo propuestas por los Estados u otras entidades externas en sus tierras y territorios ancestrales.

Desde un punto de vista sustantivo, el principio del consentimiento previo fundamentado y dado libremente reconoce los derechos inherentes y primigenios de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos y respeta su autoridad legítima a exigir que los terceros entren en relaciones respetuosas y en igualdad con ellos para que:

a) Los pueblos indígenas no se sientan coartados, presionados ni intimidados en sus decisiones sobre el desarrollo;

b) Su consentimiento sea solicitado y dado libremente con anterioridad al inicio de las actividades de desarrollo;

c) Los pueblos indígenas tengan una información completa del alcance y las repercusiones sobre sus terrenos, recursos y bienestar de las actividades de desarrollo propuestas;

d) Su decisión de dar o denegar el consentimiento respecto a las actividades de desarrollo que los afecten, sea aceptada y respetada.

Señalamos la necesidad de obtener el consentimiento previo fundamentado y dado libremente de las comunidades indígenas afectadas por los proyectos de desarrollo basados en las normas de los instrumentos legislativos sobre derechos humanos que garantizan a todos los pueblos el derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones y a dar su consentimiento en ellos, así como el derecho a determinar libremente su propio desarrollo. El principio del consentimiento previo fundamentado y dado libremente no debe considerase como una concesión de los gobiernos que otorgue un trato especial a comunidades vulnerables; más bien, se aplica a todos los casos en que haya terceros que propongan proyectos de desarrollo específicos que tengan repercusiones sobre las comunidades indígenas.

El principio del consentimiento previo fundamentado y dado libremente abarca los conceptos básicos de “dado libremente”, “previo”, “fundamentado” y “consentimiento”, que deben ser interpretados a fin de poder hacerlo efectivo:

Dado libremente. Constituye uno de los principios generales del derecho que el consentimiento no es válido si se obtiene mediante coerción o manipulación. Aunque no hay medida legislativa alguna que garantice que el consentimiento sea dado libremente, sí que es necesario establecer mecanismos para verificar que esto se haya producido.

Previo.Para tener validez, el consentimiento fundamentado debe obtenerse suficientemente antes de que el Estado o terceros autoricen el inicio de cualquier actividad que afecte a las comunidades y pueblos indígenas y a sus tierras, territorios y recursos.

Fundamentado.Un procedimiento basado en el principio del consentimiento previo fundamentado y dado libremente debe incluir la consulta a los pueblos indígenas y la participación de éstos, lo que incluye la divulgación plena y exacta, desde el punto de vista jurídico, de información sobre la actividad propuesta, en una forma que sea a la vez accesible y comprensible para los pueblos o comunidades indígenas afectados.

Consentimiento.Entraña la consulta sobre todos los aspectos de la evaluación, planificación, ejecución, supervisión y conclusión de un proyecto y una participación válida en esos aspectos. De hecho, la consulta y la participación válida son componentes fundamentales del proceso de consentimiento. También puede haber negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la propuesta en su conjunto, sobre determinados componentes de ella o sobre las condiciones que pueden estar vinculadas a la aplicación efectiva del principio del consentimiento previo fundamentado y dado libremente. En todo momento, los pueblos indígenas tienen derecho a participar mediante sus propios representantes libremente elegidos y a indicar las personas, comunidades u otras entidades que puedan requerir la adopción de medidas especiales con respecto a las consultas y la participación.

Sometemos al Constituyente Permanente las adecuaciones constitucionales necesarias para una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. Esta nueva relación parte de la convicción de existe una nueva situación nacional y local para los pueblos indígenas, que sólo podrá arraigar y culminar con la participación de los propios indígenas y la sociedad en su conjunto, en el marco de una profunda reforma del Estado. Consideramos que esta soberanía parte del principio jurídico fundamental de la igualdad de todos los mexicanos ante la ley y los órganos jurisdiccionales, respetando el principio de que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

La iniciativa propone el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y el derecho de consulta con consentimiento libre, previo e informado y con ello el derecho para que las comunidades decidan por ellas mismas su organización social, con plena libertad en lo que respecta a sus asuntos internos, sin más limitación que el respeto a las otras formas igualmente libres y legítimas de organización interna en un estado de derecho.

Confiamos, asimismo, en que esta soberanía, que representa a todos los mexicanos, resolverá que es oportuno y corresponde con el interés superior de la nación analizar y, en su caso, aprobar las reformas para consagrar los derechos indígenas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otorgarles vigencia de inmediato.

En este orden de ideas, estimamos procedente modificar la redacción del primer párrafo del apartado B del artículo 2o. fracción I, así como adicionar un nuevo párrafo a la fracción IX, y cuarto párrafo en el apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con la presente iniciativa de reformas a los artículos 2o., 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos “el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público”, y su derecho de consulta garantizando el “consentimiento libre, previo e informado”.

Fundamento legal

Con base en los argumentos anteriormente expuestos y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado indígena nahua Carlos de Jesús Alejandro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Artículo Único.Se reforma el artículo 2o. introduciendo un cuarto párrafo y se recorre el párrafo cuarto para ser el quinto y sexto párrafos modificados respectivamente; se modifica el primer párrafo del apartado A y se deroga el último párrafo de este mismo apartado A se modifica el primer párrafo del apartado B y se introduce un segundo párrafo y se recorre el siguiente párrafo para quedar en ese mismo orden y se modifica la fracción I del mismo el apartado B; y se adiciona un tercer párrafo en el apartado A del artículo 26 y se recorren los demás en el mismo orden; y se adiciona la fracción IX con dos párrafos, del artículo 115, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

...

Esta Constitución reconoce que los pueblos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos, y son sujetos de derecho público. El Estado reconoce plenamente la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas y respeta sus propias formas de organización.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquéllas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Las leyes federales, las constituciones y las leyes de los estados establecerán los procedimientos para el ejercicio de los derechos que esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas.

A. Esta Constitución reconoce a los pueblos indígenas y garantiza su derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para

I. a VIII. ...

... Se deroga el último párrafo de este apartado A.

B. La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los pueblos indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas, y su derecho al desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

El Estado, en sus distintos niveles y ámbitos, deberá consultar y consensuar con los pueblos indígenas todos aquellos asuntos que les atañen, mediante sus procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, garantizando su derecho de consulta con consentimiento libre, previo e informado.

...

I. Impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas con el propósito de fortalecer sus economías y mejorar sus condiciones de vida, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas.

II. a IX. ...

Artículo 26

A...

...

La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que, en los planes y programas de desarrollo, se tomen en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y sus especificidades culturales a través de la consulta y consenso, garantizando su derecho al consentimiento, libre, previo e informado. El Estado les garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional.

Artículo 115. ...

I. a VIII. ...

IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa.

Las comunidades indígenas y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones como pueblos. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación reglamentaria para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2012.— Diputados: Carlos de Jesús Alejandro, María del Rosario Merlín García, Catalino Duarte Ortuño, Marino Miranda Salgado, Gloria Bautista Cuevas, Aleida Alavez Ruiz, Hugo Jarquín, Julisa Mejía Guardado, Javier Orihuela García, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Guadalupe Socorro Flores Salazar, María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbricas).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno:Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, inicio mi intervención compartiéndoles un fragmento de la cosmovisión lacandona:

Hachäkyum creó el cielo y la tierra, en la tierra plantó árboles, en el cielo plantó estrellas; las raíces de los árboles con las raíces de las estrellas son una misma, es así que cuando cae un árbol muere una estrella.

El crecimiento demográfico y desarrollo económico de las naciones se encuentra directamente vinculado con el aumento en la demanda de bienes y servicios; por desgracia esta demanda genera una mayor presión sobre los recursos naturales, de los cuales obtenemos los insumos necesarios para garantizar la oferta de estos bienes y servicios a la población.

Los recursos naturales son eje toral para el desarrollo de una nación; por ello se ha incorporado el concepto de sustentabilidad en los esquemas de desarrollo, toda vez que la conservación de nuestros recursos naturales no debe quedar supeditada al desarrollo económico y social, por el contrario, estos tres esquemas deben estar en equilibrio.

En el discurso siempre hacemos mención del privilegiado lugar en el que nos encontramos como nación al poseer una gran riqueza natural y una enorme diversidad de ecosistemas, y vida silvestre; sin embargo, las estadísticas de conservación no nos favorecen en lo absoluto, clara muestra es la reciente actualización de la Norma Oficial Mexicana 059 Semarnat 2010, en la cual el número de especies extintas y sujetas a alguna categoría de riesgo, en cuanto a los ecosistemas naturales, también las cifras son muy distantes.

Año con año aumenta la fragmentación de ecosistemas, la pérdida de superficie en bosques y selvas, y por consiguiente, menor disponibilidad de los servicios ambientales que nos prestan, como regulación del clima, purificación del aire, disponibilidad del agua, entre otros, y aunque todos ellos son igual de importantes, la disponibilidad de agua y conservación de las cuencas hidrológicas es fundamental para ciertos sectores, como el energético.

El sector energético favorece el crecimiento y desarrollo para México. La visión 2030 en este sector es que opere con políticas públicas un marco fiscal, laboral y regulatorio, que permita contar con una oferta diversificada, pero también asegurando al mismo tiempo un desarrollo sostenible, en términos económicos, sociales y ambientales.

Evidentemente esta oferta diversificada busca una tendencia, en la cual dependemos cada vez menos de los combustibles fósiles y logremos aumentar la aportación de fuente limpia.

Una de estas fuentes limpias en la generación de energía eléctrica es el agua; desafortunadamente, para poder seguir contando con este insumo requerimos garantizar su disponibilidad.

Por ello, la iniciativa de reforma que pongo a su consideración tiene como objeto fortalecer las acciones y proyectos de conservación de las cuencas, reconociendo el valor que tienen mediante los servicios ambientales hidrológicos que prestan para proveer el agua como insumo de la producción eléctrica.

Basta señalar que el agua dentro de los procesos de producción eléctrica no solo se utiliza en las hidroeléctricas, sino también en las termoeléctricas y geotermoeléctricas. Este uso del agua origina el pago de un derecho al amparo de la Ley Federal de Derechos, el cual en 2009 representó ingresos a la federación por 10 mil 716 millones de pesos, de los cuales mil 938 correspondieron a uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

Debido a este universo de recaudación, en la presente iniciativa de reforma propongo modificar el último párrafo del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, para aumentar de 300 a 600 millones de pesos los montos destinados al programa Pago por Servicios Ambientales y en específico, destinar 300 millones a la conservación y restauración de las cuencas con mayor aportación hídrica y las que tengan mayores índices de degradación, ya que la salud de estas cuencas redituará en el aumento de los niveles de infiltración de los acuíferos y por consecuencia, su disponibilidad para los principales usos.

La implementación de la presente reforma permitirá dotar al sector forestal de mayores recursos para implementar diversos mecanismos de financiamiento a programas de Pago por Servicios Ambientales y proyectos de conservación y restauración en cuencas prioritarias.

Clara muestra de que estamos impulsando instrumentos que nos permitan realizar un trabajo vinculado entre los tres órdenes de gobierno, la ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales, en beneficio de la conservación de la naturaleza y de los sectores de la población menos favorecidos, ya que serán ellos los destinatarios de estos recursos.

Adicionalmente, esta reforma permite que en el rubro de generación de energía eléctrica la Comisión Federal de Electricidad le devuelva a México y a la naturaleza un poco de lo mucho que ha tomado de ella y también dé un trato justo e invierta en los estados, que como Chiapas y otros más tienen mayor aportación al sector energético. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM

Planteamiento del problema

Uno de los sectores más importantes para favorecer el crecimiento y desarrollo del país es el energético. Por ello, el Programa Sectorial de Energía se define como uno de los objetivos equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía, lo cual es una vía para incrementar la seguridad consistente en balancear la utilización de fuentes primarias, promoviendo el uso sustentable de los recursos naturales.

Una de estas fuentes primarias el la generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento del agua, ya sea por las hidroeléctricas o su vapor por medio de las termoeléctricas. Reconociendo que un elemento importante de sustentabilidad para la producción hidroeléctrica y las industria cuyo insumo es el agua, es contar con cuencas saludables, una cobertura forestal y conservación de suelos que permita mayor infiltración y captación de agua en las cuencas que tienen mayor valor por su aporte y la infraestructura eléctrica.

Los ríos y arroyos constituyen una red hidrográfica de 633 kilómetros por ellos fluye 87 por ciento del escurrimiento principal cubriendo 65 por ciento del territorio nacional; sin embargo, dos tercios del escurrimiento superficial pertenecen a 7 ríos Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá, a la vez que sus cuencas representan 22 por ciento de la superficie de nuestro país.

De los 653 acuíferos del país, 100 de ellos se encuentran sobre explotados la reversión de la degradación sólo se logra mediante la implementación de programas y proyectos dentro de estas zonas, que además representan un aporte importante como insumos en sectores como el eléctrico, podemos decir que la recaudación por concepto de estos derechos por uso y aprovechamiento de agua a 2009 ascendió a 10 mil 716 millones de pesos, de los cuales mil 938.5 correspondieron a aguas nacionales.

Por ello, esta reforma busca que una parte de estos ingresos se destine al financiamiento de los programas de conservación y restauración de la cuenca o el pago por servicios ambientales hidrológicos.

Adicionalmente, se busca fortalecer la implantación y ejecución de programas y proyectos de restauración de suelos, conservación de la cobertura forestal y reforestación en las cuencas con mayores índices de degradación o más importantes para los diversos sectores industriales entre los que destacamos el energético.

Argumentación

El crecimiento demográfico y económico de las naciones constituye causa directa para el aumento en la demanda y consumo de bienes y servicios. Esta demanda obliga a generar una mayor presión en los recursos naturales de los cuales se obtienen los insumos necesarios para el crecimiento de la economía y la garantía de ofrecer bienes y servicios a la población.

Los recursos naturales son eje toral. Por ello, la economía de los recursos naturales ha incorporado a la sustentabilidad en su manejo. Esta perspectiva de “desarrollo sustentable”, fue promovida dentro de la Comisión de Brundtland sobre medio ambiente y desarrollo durante la segunda mitad de la década de los ochentas definiéndose como un proceso que: “satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”, lo cual modificó el enfoque sobre la explotación de los recursos naturales.

México ha incorporado en su marco jurídico a la sustentabilidad dentro del artículo 25 de la Carta Magna en el que determina que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Con ese principio de sustentabilidad y conservación de los recursos naturales se han orientado la Planeación Nacional del Desarrollo, en la cual se busca como premisa básica el desarrollo sustentable.

Uno de los sectores más importantes para favorecer el crecimiento y desarrollo del país es el energético. La visión 2030 para este sector es que opere con políticas públicas y un marco fiscal, laboral y regulatorio que permita contar con una oferta diversificada, suficiente, continua, de alta calidad y aprecios competitivos; maximizando la renta energética, asegurando al mismo tiempo un desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales.

Así también, el Programa Sectorial de Energía se define como uno de los objetivos equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía, lo cual es una vía para incrementar la seguridad consistente en balancear la utilización de fuentes primarias, promoviendo el uso sustentable de los recursos naturales.

Para garantizar la estabilidad, calidad y seguridad en el abastecimiento de electricidad se requiere equilibrar el portafolio de generación con distintas tecnologías y fuentes primarias, que incorporen el riesgo por disponibilidad, dependencia sobre importaciones, volatilidad de precios, así como los costos ambientales asociados.

Los pronósticos del sector muestran que la demanda eléctrica irá en aumento, sin embargo ante la problemática ambiental mundial y los efectos del cambio climático, se está impulsando la diversificación fuentes primarias para la producción eléctrica, con una tendencia a disminuir su producción basada en combustibles fósiles, la cual actualmente oscila entre 60 por ciento.

La presente iniciativa de reforma tiene como objeto fortalecer las acciones y proyectos de conservación de las cuencas, reconociendo el valor que tienen mediante los servicios ambientales hidrológicos que prestan para proveer el agua como insumo de la producción eléctrica. Cabe resaltar que actualmente el aporte de esta fuente primaria es de sólo 11 por ciento de la producción eléctrica.

Debemos reconocer que un elemento importante de sustentabilidad para la producción hidroeléctrica y las industria cuyo insumo es el agua, es contar con cuencas saludables, una cobertura forestal y conservación de suelos que permita mayor infiltración y captación de agua en las cuencas que tienen mayor valor por su aporte y la infraestructura eléctrica establecida en ellas.

Esta conservación y reversión de la degradación solo se logra mediante la implementación de programas y proyectos dentro de estas zonas. No obstante la carga presupuestal que esto conlleva, se ha planteado como un impedimento para la preservación de estos ecosistemas, por lo cual se hace el planteamiento de evaluar todos y cada uno de los escenarios que permitan una mayor obtención de recursos económicos mediante la internalización de un costo adicional durante el proceso de producción de esta energía, con el objeto de que dicho costo se oriente a programas o proyectos de conservación primordialmente dentro de las cuencas.

Baste señalar que el agua dentro de los procesos de producción eléctrica no solo se utiliza en las hidroeléctricas sino también en las termoeléctricas y geotermoeléctricas. Ese uso del agua origina el pago de un derecho al amparo de la Ley Federal de Derechos, este pago representa ingresos a la Federación los cuales en 2006 ascendieron a mil 61.8 millones de pesos, de los que la aportación por el uso en centrales hidroeléctricas fue de 33 por ciento siendo la cifra más representativa el pago del derecho en las centrales termoeléctricas con 66.52 por ciento.

Se busca que una parte de estos ingresos se destine al financiamiento de los programas de conservación y restauración de la cuenca o el pago por servicios ambientales hidrológicos.

La implantación del pago por servicios ambientales, tiene un referente en el país desde 2003, en casos como servicios hidrológicos, conservación de la biodiversidad y captura de carbono, haciendo partícipes a los dueños de bosques (pequeños propietarios, comunidades y ejidos), lo que ha permitido reducir a la mitad la tasa anual de deforestación, proteger las cuencas hidrográficas y los bosques de nubes, así como evitar la emisión de 3.2 millones de toneladas de dióxido de carbono, según un reporte de la Comisión Nacional Forestal.

Es importante distinguir conceptualmente un servicio ambiental de un bien ambiental. “El servicio es una prestación que satisface a otro, es intangible. Un servicio adquiere la categoría de bien cuando hay otro que lo recibe (un beneficiario)”. En el sentido jurídico, un servicio ambiental es la prestación que otorgan los ecosistemas en beneficio del hombre no consistente en la producción de un bien material, y el bien ambiental, es la prestación de los ecosistemas en beneficio del hombre consistente en la producción de bienes materiales.

El programa para el Pago por Servicios Ambientales fue creado como un incentivo económico para los dueños de los terrenos forestales donde se generan estos servicios, con la finalidad de compensar por los costos de conservación y por los gastos en que incurren al realizar prácticas de buen manejo del territorio. De esta forma, el programa asegura que los dueños de los bosques reciban una compensación económica, creando así los incentivos para conservar los bosques, asegurar la provisión de servicios y desincentivar la tala para destinar la tierra a otros usos productivos.

El esquema de pago por servicios ambientales brinda la oportunidad de impulsar la conservación de los ecosistemas y mantener su productividad, creando un vínculo de coordinación y cooperación entre las autoridades y los legítimos propietarios o poseedores de los bosques. Adicionalmente se busca fortalecer la implementación y ejecución de programas y proyectos de restauración de suelos, conservación de la cobertura forestal y reforestación en las cuencas con mayores índices de degradación o más importantes para los diversos sectores industriales entre los que destacamos el energético.

El impulso de estos programas se plantea que provenga de aumentar los recursos destinados al Fondo Forestal Mexicano, proviniendo estos de los ingresos que tiene la Federación por concepto del pago de derechos por uso y explotación del agua, al respecto se debe señalar que la Comisión Nacional del Agua lleva a cabo el cobro de derechos por conceptos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales; uso de cuerpos receptores; extracción de materiales; suministro de agua en bloque a centros urbanos e industriales y servicio de riego.

La recaudación por concepto de estos derechos a 2009 ascendió a 10 mil 716 millones de pesos, de los cuales mil 938.5 correspondieron a uso o aprovechamiento de aguas nacionales; sin embargo, los RHA con mayor recaudación fueron VI Río Bravo, VIII Lerma-Santiago-Pacífico y XIII Aguas del Valle de México.

Según los volúmenes declarados para el pago de derechos por uso de agua en producción hidroeléctrica la mayor cantidad corresponde a la RHA Frontera Sur con 64 mil 305 hectómetros cúbicos, casi 50 por ciento de los 136 mil 85 hectómetros cúbicos que para 2009 representaron el total nacional.

Debido a ese universo de recaudación en la presente iniciativa de reforma se propone modificar el último párrafo del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, para aumentar de 300 a 600 millones de pesos los montos destinados al programa pago por servicios ambientales.

Ciertos casos en el país pueden ser referentes, como el de la sierra de Zapalinamé, Saltillo, Coahuila, ésta se ubica en el sureste del estado, entre Saltillo y Arteaga, se eleva una pequeña ramificación de la Sierra Madre Oriental. Esta ramificación es formada por un macizo montañoso compuesto de varias capas de corteza terrestre, fuertemente unidas y fracturadas, con una topografía muy accidentada y perfiles cortados en orientación este-oeste, la cual es llamada Sierra de Zapalinamé.

La zona cobra relevante importancia por albergar una vasta diversidad de especies de flora y fauna, y por ser principal proveedor de agua en el estado gracias a la capacidad de sus mantos acuíferos y montañas. No obstante se enfrenta a importantes amenazas como: la invasión de mancha urbana, sobreexplotación del acuífero, cambio de uso de suelo, cambios forestales a agrícolas, contaminación, entre otras. Tal es el caso que el 15 de octubre de 1996, la sierra de Zapalinamé se decretó “zona sujeta a conservación ecológica” por el gobierno de Coahuila; otorgando a la UAAAN la encomienda de elaborar el Programa de Manejo y a Profauna, AC, su administración y operación.

Con objeto de conservar esta sierra el 31 de octubre de 1996, se da el Convenio de Operación del Área Natural Protegida otorgado a Profauna, AC, que un año después se le otorga la operación para posteriormente en septiembre de 1998 la UAAAN entrega el Primer Programa de Manejo.

En 2002, Profauna inició con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. y la Fundación Gonzalo Río Arronte, un programa basado en recaudación voluntaria llamado “Por una razón de peso”. En este programa se invita a la población a donar un peso (al momento de pagar el recibo de agua) para que Profauna lo utilice en la realización de trabajos de conservación en la sierra de Zapalinamé.

De acuerdo con los datos más recientes emitidos por Profauna, a 2010 los ingresos para la conservación de la sierra de Zapalinamé se componen de la siguiente manera: 3 838 361.27 millones de pesos de proyectos específicos, 2 295 436.54 millones de pesos de Operación ZSCE, resultando un total de 6 133 797.81 millones de pesos.

Éste es un ejemplo del interés existente por la conservación y la participación activa que tiene las organizaciones no gubernamentales. A nivel nacional existen cada día mas organizaciones interesadas en ingresar o impulsar este tipo de programas como Pronatura, AC, Profauna, o fondos como el Fondo de Conservación El Triunfo, quienes trabajan de forma vinculada con instancias del gobierno federal dedicada a la conservación; sin embrago, los recursos que se obtengan deben formar parte de políticas públicas focalizadas a resolver problemas en concreto y atender la degradación que sufren zonas o cuencas determinadas como prioritarias, considerando además su grado de aportación a las actividades económicas e industriales.

Por ello y tomando como sustento los principales usos y aprovechamientos del agua es que se plantea direccionar los recursos provenientes del cobro de derechos por uso y aprovechamiento del agua, como se ha mencionado las cuencas en las que se aprovechan los mayores volúmenes son en consecuencia las que aportan mayor cantidad del recurso hídrico como la del balsas o el Grijalva, razón por la que resulta importante conservar y restaurar dichas cuencas.

Adicionalmente, en el norte del país resulta de vital importancia el cuidado de los acuíferos, por lo que contar con cuencas bien conservadas y saludables aumenta los niveles de infiltración en los acuíferos y por consecuencia su disponibilidad para los principales usos.

La implantación de la presente reforma permitirá dotar al sector forestal de mayores recursos para seguir estableciendo diversos mecanismos de financiamiento a programas de pago por servicios ambientales y proyectos de conservación y restauración en cuencas prioritarias de conformidad con el texto propuesto en la reforma.

El principal objetivo es transferir recursos a fondos regionales o la firma de proyectos como el de de conservación y restauración de cuencas como la del río Grijalva, donde existe convenio de coordinación celebrado entre los gobiernos de Chiapas y federal a través de la Comisión Nacional Forestal y está dirigido a la cuenca en particular.

Debemos impulsar instrumentos que nos permitan realizar un trabajo vinculado entre los 3 ordenes de gobierno, la ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales, el problema del abasto y perdida de los recursos hídricos es grave de acuerdo con los trabajos realizados por la Comisión Nacional del Agua, en su publicación Las estadísticas del agua en México 2011, el país tiene una recepción de 1,489 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación.

De esa agua, se estima que 73.1 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 22.1 escurre por los ríos o arroyos, y el restante 4.8 por ciento se filtra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.

No obstante, de los 653 acuíferos del país, 100 de ellos se encuentran sobreexplotados primordialmente en las regiones hidrológico administrativas Lerma-Santiago-Pacífico y Cuencas Centrales del Norte, siendo las que tiene la mayor recarga la de frontera sur y península de Yucatán, esta iniciativa identifica oportunidades normativas para impulsar el desarrollo del pago por servicios ambientales, así como la conservación y restauración de las cuencas que más beneficios aportan en el país.

La presente reforma es totalmente congruente con la tendencia de conservación y fortalecimiento de los programas de pago por servicios ambientales y los ordenamientos legales vigentes, ya que el artículo 30 de la Ley General de Cambio Climático que en próximos meses entrará en vigor establece:

Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes:

I. a XII. ...

XIII. Impulsar el cobro de derechos y establecimiento de sistemas tarifarios por los usos de agua que incorporen el pago por los servicios ambientales hidrológicos que proporcionan los ecosistemas a fin de destinarlo a la conservación de los mismos;

...

Fundamento legal

Por lo expuesto y fundado en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos

Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 223. ...

A. ...

I. a IX. ...

...

De los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por usuarios distintos de los municipales y organismos operadores de los mismos , 600 millones de pesos tendrán destino específico para el Fondo Forestal Mexicano para el desarrollo y operación de Programas de Pago por Servicios Ambientales de los cuales 300 millones se destinarán a proyectos de Conservación y Restauración de las Cuencas con mayor aportación hídrica y mayores índices de degradación. Estos recursos ampliarán el presupuesto que se asigne a la Comisión Nacional Forestal.

B. ...

I. a IV. Balnearios y centros recreativos:

Zona de disponibilidad 1 a 6.......... $10.4031

Zona de disponibilidad 7.................. $5.1252

Zona de disponibilidad 8.................. $2.4128

Zona de disponibilidad 9.................. $1.1473

...

C. ...

Zona de disponibilidad 1 a 9........... $0.1295

(Se deroga penúltimo párrafo).

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga toda disposición que se oponga en todo o en parte al presente decreto.

Notas:

1 Quadri de la Torre, Gabriel. Políticas públicas, sustentabilidad y medio ambiente, Porrúa, México, página 43.

2 Información obtenida de las memorias del taller Pago por servicios ambientales en México: situación actual y objetivos del futuro, Mauricio Limón (2007).

3 Captura o secuestro de carbono y belleza escénica, entre otros.

4 Madera y plantas, entre otros.

6 Proyecto para la Cuenca Hidrológica de Saltillo: Sierra de Zapalinamé, Suma de Voluntades.

7 Profauna, 2011, en línea. Disponible en http://www.profauna.org.mx, con acceso el 8 de septiembre de 2012.

8 Ibídem.

9 Rickards Guevara, Jorge (2008). Financiamiento de programas para conservación de ecosistemas templados de montaña,México, en www.ine.gob.mx/ujeajei/publicaciones/libros/39.pdf, consultado el 8 de septiembre de 2012, páginas 32.

10 Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2012.— Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

ARTICULO 80 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Primero, ciudadana presidenta, quiero reconocerle su actitud, porque no llama la atención, cuando concluye la oradora es tolerante y me parece una actitud correcta; este Parlamento debería ser menos restrictivo y permitir a la gente que hable, porque nuestra función es parlar, y su tolerancia, presidenta, me alegra, así es de que quédese en la Presidencia permanentemente.

No me gusta la manera en cómo llamar la atención a un diputado, porque somos pares, todos somos iguales, aunque provisionalmente sean presidentes o secretarios, pero todos somos iguales.

Voy a presentar un proyecto de decreto que modifica el artículo 80 constitucional; este artículo 80 constitucional contiene una tautología y contiene una contradicción al sistema constitucional mexicano; no solo una contradicción al sistema constitucional mexicano, sino que también contradice la teoría de la división de Poderes, que nuestra Constitución generó o estuvo influenciada por Montesquieu y que desde 1824 nuestra Constitución la adopta. Es decir, la división de los tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

¿Por qué propongo esta iniciativa? Porque en el artículo 80 establece que el Poder supremo, Ejecutivo, se deposita en una sola persona. Supremo. Supremo quiere decir que no hay otro superior. En cambio, cuando la Constitución se refiere al Poder Legislativo y al Poder Judicial, simplemente dice Poder Legislativo y Poder Judicial.

En 1814, en la Constitución de Apatzingán, se establecía que la nación estaría regida por tres Poderes supremos: el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

En 1824, en la primera Constitución federativa, se suprime el Poder Legislativo y se suprime el Poder Judicial, solo queda Poder Supremo Ejecutivo.

Luego, en la Constitución del 57, se restituye lo supremo al Poder Legislativo, y en 1874, después de haberse suprimido el Senado de la República —que Lerdo de Tejada restituye el Senado—, en 1874 vuelve a suprimirse el tema supremo; Lerdo de Tejada era un hombre ilustrado. No era inocente la modificación constitucional a estos artículos; por cierto, se contenía en el 74, no en el 80.

Por esa razón planteo la supresión de supremo, o son supremos los tres Poderes o los tres Poderes están en la misma jerarquía; es una tautología, es una contradicción no menor, porque finalmente es la Carta Magna y es el constitucionalismo mexicano.

Por esta razón, estoy planteando que esta modificación, que esta iniciativa con proyecto de decreto pueda enviarse a la Comisión de Puntos Constitucionales, una vez que la constituyamos, y en razón de eso podamos modificar y actualizar nuestra Constitución.

Otra crítica que debo de hacer al Congreso. Fui legislador hace muchos años; me he encontrado a muchos hijos e hijas de legisladores de aquella época y en aquella época lo que se tenía era una discusión viva, un debate vivo. Aunque podría ser áspero y difícil, viví los mejores debates parlamentarios de mi vida.

Hoy el tiempo es tirano. Nosotros a partir de la semana próxima vamos a presentar iniciativas de modificación al tiempo y a los turnos.

No puede ser, diputadas y diputados, que sea el grupo parlamentario el que te someta a presentar iniciativas; no puede ser que te sometan a presentar solo un punto de acuerdo cuando la Junta de Coordinación Política lo autorice y cuando el grupo parlamentario al que perteneces lo autorice. La Constitución señala con claridad que todos los diputados y diputadas tienen la facultad de iniciativa; si yo presento ahora 10 iniciativas, me las tienen que admitir, no es por estar bien con el presidente o con el grupo parlamentario.

De veras, piénsenlo; se ha autorrestringido la Cámara de Diputados, de tal suerte que incluso el Senado se ve muy superior a la actitud rígida de esta Cámara.

Muchos de los diputados me temo que no van a llegar a presentar una iniciativa, si sigue esta rigidez, cómo van a ir a decirle a sus distritos: oye, yo ya subí a la tribuna a presentar una iniciativa. Nunca les van a permitir. Rompamos las cadenas.

No importa que nos tardemos más tiempo en la tribuna, en el debate. Miren, trabajamos cinco horas por sesión, 10 horas por semana, 40 por mes, 80 por tres meses que dura el periodo, 120 horas por año, ¿por qué no otro día?

Oigan a los intolerantes chiflando, ¿ustedes creen que merezca el país esto? Allá ustedes. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión suscribe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A menudo los estudiosos de la historia política del país han interpretado el presidencialismo como resultado de la decisión perversa de los gobernantes, sin embargo, su instauración y permanencia han sido consecuencia de la necesidad histórica.

El primer régimen presidencialista mexicano lo inicia el presidente Juárez y lo consolida y perfecciona el general Díaz. Porfirio Díaz fue un protagonista de la construcción del gobierno fuerte y, en cierta forma, un místico del poder personal, cuya seguridad en su papel como el hombre cumbre de la evolución histórica se sustentaba en la filosofía positivista imperante. Gracias al establecimiento del Presidencialismo y del sistema político que surge con él, primero, se detiene el proceso de desintegración que experimentó México a partir de su independencia y, segundo, el país aprovecha las posibilidades escasas que ofrece el mundo para desarrollarse. A costa de hacer a un lado los preceptos democráticos.

El gobierno de don Francisco I. Madero llevó a los mexicanos a tropezar otra vez con la piedra incómoda de la inestabilidad social en todos los sentidos. Madero llega al poder e intenta construir un sistema político basado en la democracia y en la tolerancia hacia todas las fuerzas protagonistas, incluidas las del antiguo régimen. El resultado del intento no se hizo esperar y su gobierno duró mucho menos de lo previsto ante el reposicionamiento de los militares todavía leales al Porfiriato. La caída del gobierno maderista dejó varias lecciones a los revolucionarios sobrevivientes y una de ellas fue que para mantenerse en el poder se requería, otra vez, de un gobierno fuerte. Por ello, como bien señala Emilio Rabasa en su libro La Constitución y la Dictadura, para evitar que las normas se convirtieran en un obstáculo, “se adaptaron las leyes a las necesidades del nuevo poder revolucionario”. De este modo en el constituyente de 1917 se dotó de amplías facultades constitucionales para poder gobernar al presidente, mismas que se resumen en el artículo que nos ocupa en esta iniciativa de ley, es decir, en el artículo 80 de nuestra Constitución Política, que a la letra dice: “Se deposita el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.

Aparejadas con las atribuciones legales, acompañaron a éstas una serie de facultades que no estaban en la letra de la Constitución, pero dada la naturaleza histórica en las que se había formado el régimen presidencialista y el sistema político que le acompañaría, podemos denominar como “extralegales” y, por supuesto, sin olvidar las que Jorge Carpizo denominó como las llamadas facultades metaconstitucionales.

De acuerdo con la Carta Magna, que fundamenta en gran parte al Estado mexicano y a su sistema político, el presidente de le República, de conformidad con el artículo 89, tiene las atribuciones siguientes:

I.Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

II.Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

III.Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado.

IV.Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda.

V.Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.

VI.Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

VII.Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.

VIII.Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.

IX.Designar, con ratificación del Senado, al procurador general de la República;

X.Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI.Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente.

XII.Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.

XIII.Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación.

XIV.Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en el Distrito Federal;

XV.Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

XVI.Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión Permanente;

XVII.Se deroga.

XVIII.Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado;

XIX.Se deroga.

XX.Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Aunadas a sus facultades constitucionales, el presidente ejerció otros poderes e incurría en prácticas que la Constitución no contemplaba, éstas son las llamadas facultades extralegales y las denominadas metaconstitucionales a las que nos referimos líneas arriba. Veamos cuáles eran las extralegales:

1) Decidía la periodicidad y la frecuencia con la que los asuntos del país debían ser analizados por los titulares de las diferentes secretarías de estado, donde él presidía las reuniones; 2) Nombraba a los candidatos a gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, y jefe del departamento del Distrito Federal; 3) Era el máximo líder y dirigente del partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI); 4) Nombraba y removía al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido oficial; 5) Designaba a los dirigentes de los sectores del PRI, de la Confederación Nacional Campesina (CNC), de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y después de 1992 a la de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); 6) Manejaba las finanzas del país; 7) Decretaba aumentos de salarios a los burócratas y empleados del país; 8) Tomaba acuerdos, sin intermediaciones, lo que se traducía en la aceptación de la política gubernamental; 9) Era el arbitro de los conflictos que se producían entre los diferentes grupos políticos que detentaban el poder; 10) Conciliaba los diferentes intereses de los distintos grupos sociales; 11) Designaba a su sucesor.

A su vez, dentro de las facultades metaconstitucionales destacaríamos que dado la enorme aplanadora electoral que era el partido oficial, permitía tener a éste en el Congreso una mayoría calificada, otorgándole al titular del Ejecutivo la capacidad de modificar la Constitución y cualquier ley que quisiera con el simple apoyo del partido que él comandaba.

Hacemos hincapié en las facultades constitucionales, extralegales y metaconstitucionales para tratar de facilitar la comprensión de dos cuestiones fundamentales:

Primera. Si contemplamos las facultades constitucionales y extralegales referidas al poder presidencial, nos percatamos que la Presidencia, como institución, es fuerte, independientemente de quién detente el Poder Ejecutivo. Las habilidades para ejercer el poder del presidente en turno, que pueden ser muchas o pocas, no significa que éste sea débil, en todo caso se puede decir que es torpe o que desconoce el arte de gobernar.

Segunda. Lo verdaderamente trascendente, y que hay que entender, es que la Presidencia alcanza su fortaleza y centralidad máxima para conducir al Estado mexicano no sólo por el enorme aparato institucional y extrainstitucional que dotaba de grandes facultades al titular del Ejecutivo, sino también en el momento que logra subordinar al partido hegemónico; tiene una base estratégica de apoyo de masas a través de la relación corporativa con sectores sociales representados en las grandes centrales como la CTM, CNC, la CNOP, entre otras; aunado a un control de las fuerzas territoriales y de la circulación de las elites; así como a una política económica y a la coyuntura internacional que posibilitó el desarrollo.

En este orden de ideas el cenit de la autoridad presidencial adquirió una supremacía nacional que abarcaba los ámbitos educativo, sanitario, agrario, laboral, ambiental, energético, hidráulico, habitacional, alimentario, asistencial, forestal, minero, comercial, financiero, electoral, administrativo y político. El conjunto de todas ellas lo convirtieron en la figura central del estado y en pieza axial del sistema político mexicano.

Sucesivamente condujo al país hacia un importante desarrollo económico que, hasta finales de los años setentas, posibilitó asegurar de crecientes niveles de bienestar de vida a una población que crecía a ritmos acelerados. Pasando de unos 20 millones en 1940 a cerca de 50 millones en 1970. Aún más impresionante fue el crecimiento del producto interno bruto (PIB) que alcanzó 534 por ciento en el mismo periodo. Estos cambios indican claramente que la sociedad mexicana se modificó radicalmente al hacerse más numerosa y rica.

Pero, como ocurrió en el Porfiriato –donde también se tuvo un importante crecimiento económico y estabilidad política– todo ello se logró a costa de sacrificar los preceptos democráticos.

En consecuencia, el segundo régimen presidencialista establecido en México y desarrollado por la élite política revolucionaria, formada a partir del Ejército que derrocó al presidente Venustiano Carranza en 1920 y tomó el poder, hizo posible que se realizaran profundas reformas sociales; que se alcanzaran importantes reivindicaciones nacionales, logros económicos y estabilidad política, con lo cual la Revolución que se inició en 1910 no se quedó en un fenómeno de mera destrucción.

Ahora bien, el régimen político presidencial, con el respectivo sistema político que giraba en torno al presidente la República, como hemos dicho líneas arriba, ha cambiado para empezar a dar síntomas de que se ha estado democratizando. Es decir, el régimen y el sistema político mexicano que nació con la ascensión de un bloque de fuerzas nacidas en la Revolución Mexicana, este bloque de fuerzas armado por la voluntad o por la fuerza, modificó el poder de los caudillos por el de una instancia moderna de autoridad: la figura presidencial. En ese sentido, la fortaleza o debilidad del conjunto depende de la salud política de la institución que nos ocupa. Lo que vale mencionar es que el poder actual se originó en la fuerza de los caudillos y su debilitamiento se relaciona con la evolución de la sociedad mexicana hacia formas menos personalizadas.

Por esa razón, las sucesivas reformas políticas electorales iniciadas en el último tercio del siglo XX, las crisis económicas; con sus respectivas secuelas para la sociedad y el cambio de modelo económico, así como el pluralismo y maduración de la sociedad civil en su conjunto y los cambios a nivel internacional, todo ello ayudó a modificar las cosas. “El escenario ha cambiado en detrimento del viejo régimen autoritario en su conjunto. La fuerza presidencial que antes sometía al Poder Legislativo y Judicial, a los partidos políticos, a los corporativos de trabajadores o de campesinos o de empresarios, actualmente ya no tiene la misma eficacia”.

Un académico sintetiza el asunto de la siguiente manera: “La transición política mexicana ha sido un proceso gradual cuyas consecuencias han sido el establecimiento de los gobiernos divididos, el pluripartidismo y la alternancia en casi todos los órdenes. A lo largo de las últimas dos décadas el aumento de la pluralidad política fue manifestándose en el seno de casi todas las instituciones políticas, desde los municipios hasta el Congreso, alterando los anteriores equilibrios presidenciales. El ámbito electoral se convirtió en el espacio privilegiado para la disputa pacífica por el poder y como instancia para la desarticulación de las estructuras autoritarias del viejo régimen. La creación de todo un conjunto de mecanismos y reglas para organizar las elecciones y proteger los derechos políticos han estado erradicando la desconfianza proverbial de la ciudadanía hacia el voto”.

Sin embargo, subsisten amplias zonas de autoritarismo que encuentran apoyo en la estructura constitucional del poder. Y si atendemos, como ya se ha dicho en líneas arriba, la estructura constitucional del poder en México está concebida en torno a la figura dominante del presidente de la República. Es aquí donde podemos situar algunas inconsistencias que deben, a nuestro entender, ser corregidas.

De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Más adelante, como ya vimos, el adjetivo “supremo” se reserva para el Ejecutivo. El artículo 80 textualmente dice: “Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.

Este artículo tiene dos implicaciones relevantes: establece una diferencia entre el “supremo” Poder Ejecutivo y los otros dos poderes, y concentra ese poder, “supremo”, en una sola persona. Veamos ambas implicaciones. En una Constitución las palabras no están puestas al azar y deben leerse tal como se quiere que se entiendan. “Supremo” significa, literalmente, que no tiene superior. Al omitirse esa calificación por cuanto a los otros dos poderes se deja ver que no son iguales. ¿Se trató de un error inocente? No lo creo así, lo demuestra la evolución de las instituciones y de los conceptos.

Desde 1814 la Constitución de Apatzingán aludía a las “supremas autoridades”, compuestas por el Supremo Gobierno, el Supremo Congreso y el Supremo Tribunal. No había distinción jerárquica entre los tres órganos del poder. La diferenciación apareció cuando la siguiente Constitución, de 1824, introdujo el sistema presidencial entre nosotros. En el artículo 74 de esa Constitución se estableció la misma forma del actual artículo 80 (supremacía del poder unipersonal), mientras que los otros dos poderes perdieron el adjetivo. Al cabo de las décadas, la más democrática de nuestras constituciones, la de 1857, corrigió la asimetría y restituyó el calificativo “supremo” al Legislativo, conservándolo también para el Ejecutivo y, para evitar una tautología, lo tuvo por implícito al calificar como “Supremo a la Corte”.

Pero como sabemos, la Constitución fue prontamente desconocida por el presidente Ignacio Comonfort, quien consideró excesivas las facultades atribuidas al Congreso. Más tarde, el presidente Benito Juárez intentó modificar la Constitución al margen del procedimiento que ella misma establecía. No lo consiguió, pero dejó un proyecto que hizo suyo el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando al fin la Constitución fue adicionada, en 1874, para restablecer el Senado y con ello dividir y debilitar al órgano de representación nacional, también se tuvo cuidado de suprimir el adjetivo “Supremo” referido al Congreso. Lerdo era un hombre ilustrado y sabía que las palabras están hechas para significar lo que dicen: no fue, por ende, un cambio inocente sino perfectamente deliberado. De entonces para acá el presidente es, constitucionalmente, el depositario personal y único de un poder calificado como supremo. Mientras que los poderes Legislativo y Judicial tienen naturaleza colegiada, el Ejecutivo la tiene unitaria. En México el gobierno es, constitucionalmente, unipersonal, con los problemas que esto ha implicado en el pasado y los riesgos que puede implicar en el futuro. Los presidentes, según el talante autocrático o democrático que los caracterice, pueden matizar o acentuar el alcance de sus facultades, porque en términos de derecho son los depositarios exclusivos de un poder supremo.

En tanto no se modifique la concepción unipersonal del poder presidencial, el discurso democrático sólo será retórica. Es cierto que podemos avanzar mucho si se fortalece al Congreso, incluso al momento de estar escribiendo estas notas el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha presentado a esta Cámara de Senadores una iniciativa que en lo fundamental está propugnando por darle más fortaleza al Congreso, pero aún así, a mi entender si no modificamos el artículo 80 de la Constitución corremos el riesgo de tener dos tipos de instituciones coexistiendo en un mismo tiempo y espacio: una de origen y funcionalmente democrático (El Legislativo), y otra de origen democrático pero de funcionamiento autocrático (El Ejecutivo).

Esta contradicción hace que la democracia se quede en la dimensión electoral, y mientras esto no se corrija no podremos transformarla en una expresión institucional completa. Recordemos las palabras del historiador inglés Dalberg, el cual señalaba: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente iniciativa con

Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 80.Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Sevilla, Carlos. El presidencialismo mexicano. Las atribuciones metaconstitucionales del presidente. En El nuevo Sistema Político Mexicano: los Poderes de la Unión. Coordinador Reveles Vázquez Francisco, Editorial Gernika &UNAM; facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México D F, 2006, páginas 27-28.

2. De la Garza Luis Alberto y otros, Evolución del Estado mexicano, México, Editorial El Caballito, 1986, pp. 168-169.

3. Zavala, Silvio. Apuntes de historia nacional,México, Sep- Setentas, 1975, pp. 138.139.

4. Rodríguez Díaz, Edwin. El poder Ejecutivo mexicano, ¿factor de fuerza del sistema político en el país?. En El nuevo Sistema Político mexicano: los Poderes de la Unión.Coordinador Reveles Vázquez Francisco, Editorial Gernika &UNAM; facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México D. F., 2006, pp. 51.

5. Trejo Romo, Pablo. El presidencialismo mexicano, antes y después de la alternancia política del año 2000. En El nuevo Sistema Político mexicano: los Poderes de la Unión. Coordinador Reveles Vázquez Francisco, Editorial Gernika &UNAM; facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México D.F., 2006, pp. 94-95.

6. Sevilla, Carlos. Op. Cit. Pp. 39.

7. Rodríguez Díaz, Edwin. Op. Cit., pp. 69.

8. Morales Ramírez, Rafael. Los gobiernos locales en México: nuevo contrapeso federalista al gobierno nacional, en Por una reforma federalista del Estado mexicano,trabajos ganadores del concurso nacional de ensayo, coordinado por la Dirección General de Desarrollo Político del Estado de México y por el Instituto de Estudios Legislativos de la LV legislatura del Estado de México”, Toluca estado de México, 2004, pp. 69. Las cursivas son mías, agregamos el “casi”, porque aún existen estados de la república donde no se ha presentado y permitido la alternancia partidista, claro ejemplo de ello es el cacicazgo que impera en el estado de México, motivo por el cual nunca ha existido la alternancia partidista en ese estado. También agregamos el “han estado” porque a raíz de la experiencia en la elección presidencial de 2006, la credibilidad del Instituto Federal Electoral se vio mermada ante los ciudadanos, así lo demuestran numerosas encuestas.

9. Artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. Artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11. Valadés, Diego. Constitución y reforma del estado. En México: Transiciones múltiples, gobernabilidad y Estado nacional, coordinado por González Pedrero Enrique, Editorial Fondo de Cultura Económica & INAP, México D. F.,  2003, pp. 130-131.

12. Ibíd., pp. 131.

13. Ibíd., pp. 132.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL - LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A continuación, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 de la Ley de Asistencia Social y 168 de la Ley General de Salud.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el resultado de la aplicación de las políticas neoliberales en nuestro país, tanto en materia económica como en materia social, es que se ha incrementado la pobreza y la marginación en niveles alarmantes.

Día a día la situación de millones de personas en el desamparo se recrudece y hace casi imposible una vida saludable; prueba de ello es que existen 52 millones de personas en condición de pobreza, según las cifras dadas a conocer por el Coneval para el año de 2010, y éstas reflejan la poca efectividad de una norma legal que busca reducir el deterioro de la calidad de vida de prácticamente la mitad de la población mexicana.

Es lamentable tener que decir que para un número considerable de estas personas el fracaso de la administración actual es tal, que no pueden ni apoyar a su gente mínimamente para conseguir un deceso tranquilo y sin preocupaciones.

En este sentido, la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social mencionan en sus artículos 168 y 12, respectivamente, que entre las actividades básicas de la asistencia social está la prestación de servicios funerarios y no obstante, en la práctica, es letra muerta, pues no existe ningún mecanismo de consolidación para la mayoría de estos planteamientos en dichas leyes que garanticen la efectividad en beneficio de la población.

De esta forma podemos decir que si a la lastimada situación de pobreza en la que se encuentran millones de familias le agregamos la nula solvencia para financiar el gasto por sepelio, estaremos presenciando un escenario de absoluto desamparo de los gobiernos hacia la población en este tema.

Debemos considerar que de un promedio en la tasa de mortalidad dada por el Inegi para el 2012, resultan 5.1 personas por cada mil habitantes para todo el país; se calculan unos 561 mil habitantes que perderán la vida por varios motivos.

Actualmente el gasto promedio para solventar el sepelio de una persona oscila entre los 12, y 18 mil pesos, sin considerar los gastos por servicios de homilía y ofrecimientos de actos religiosos, además de los gastos de la construcción de una lápida o gaveta en el lugar del sepulcro del difunto, mismos que se acompañan por tradición en el transcurso de un acto de inhumación del fallecido.

Ante tal situación, garantizar el apoyo financiero público para estos fines resulta más que imprescindible en los momentos tan difíciles por los que pasa todo mexicano.

Aunado a ello, es pertinente señalar que la preparación de las condiciones anímicas de cualquier persona debe ser un tema de suma importancia para las instancias encargadas de la salud pública, pues el deterioro físico y la capacidad emocional en cada una de ellas dependen de las consecuencias del acontecer de una situación tan lamentable, como lo es la muerte de un ser querido.

Compañeras y compañeros legisladores, en este orden de ideas, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es importante que como legisladores procuremos que todo tipo de programa público esté diseñado bajo las necesidades reales de la gente.

Es por ello que, a través de la iniciativa de ley en comento, se busca atender la problemática de la falta de recursos económicos de las familias que no cuentan con seguridad social, para poder atender una contingencia de este tipo, además de arraigar en cualquier sector de la población una cultura de prevención de un bajo estado anímico a causa de la muerte de un ser querido, para alcanzar un mejor nivel de salud y de vida. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 12 de la Ley de Asistencia Social y 168 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Ricardo Cantú Garza, diputado federal, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social y de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El resultado de la aplicación de las políticas neoliberales en nuestro país, tanto en materia económica como en materia social, es que han incrementado la pobreza y la marginación en niveles alarmantes.

Es así como aquellas personas quienes se encuentran prácticamente en el desamparo, tendrían que contar con un mayor margen de atención y asistencia social, no obstante, las lacerantes condiciones económicas por las que estamos pasando, han recrudecido aun más su ya de por sí deteriorada condición de vida.

Prueba de ello es que existen 52 millones de personas en condición de pobreza, según las cifras recientes dadas a conocer por la Coneval para el año 2010, dejan mucho que decir en cuanto a la efectividad de una norma legal que busca reducir el deterioro de la calidad de vida de prácticamente la mitad del total de la población mexicana.

Es lamentable tener que decir que para un número considerable de estas personas, el fracaso de la administración actual es tal que no puede ni apoyar a su gente mínimamente a conseguir un “deceso tranquilo y sin preocupaciones”.

En este sentido, la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, mencionan en sus artículos 168 y 12 respectivamente, que entre las actividades básicas de asistencia social, la prestación de servicios funerarios es una de ellas, no obstante, en la práctica es letra muerta, pues no existe ningún mecanismo de consolidación para la mayoría de estos planteamientos en dichas Leyes que garanticen su efectividad en beneficio de la población.

De esta forma podemos decir que: si a la lastimada situación de pobreza en la que se encuentran millones de familias le agregamos la nula capacidad de solvencia de un gasto por sepelio, estaremos presenciando un escenario de absoluto desamparo de los gobiernos hacia la población.

Debemos considerar que de un promedio en la tasa de mortalidad dada por el INEGI para 2012 (resultando 5.1 personas por cada 1000 habitantes), para todo el país se calculan unos 561 mil habitantes que perderán la vida por varios motivos.

Actualmente el gasto promedio para solventar el sepelio de una persona, oscila entre los 12 y 18 mil pesos, sin considerar los gastos por servicios de homilía u ofrecimiento de actos religiosos, además de los gastos de la construcción de una lápida o gaveta en el lugar del sepulcro del difunto, mismos que se acompañan por tradición en el transcurso de un acto de inhumación del fallecido.

Ante tal situación, garantizar el apoyo financiero público para estos fines, resulta más que imprescindible en los momentos tan difíciles por los que pasa todo mexicano.

Aunado a ello, es pertinente señalar que la preparación de las condiciones anímicas de cualquier persona, debe ser un tema de suma importancia para las instancias encargadas de la salud pública, pues el deterioro físico y la capacidad emocional en cada una de ellas dependen de las consecuencias del acontecer de una situación tan lamentable como lo es la muerte de un ser querido.

En este orden de ideas, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es importante que como legisladores procuremos que todo tipo de programa público, esté diseñado bajo las necesidades reales de la gente.

Es por ello que a través de la Iniciativa de Ley en comento, se busca atender la problemática de la falta de recursos económicos de las familias que no cuentan con seguridad social, para poder atender una contingencia de este tipo, además de arraigar en cualquier sector de la población, una cultura de prevención de un bajo estado anímico a causa de la muerte de un ser querido, para alcanzar un mejor nivel de salud y de vida.

Con este esfuerzo, estamos convencidos de que todo habitante de nuestro país tendrá la confianza plena de que en esos momentos tan difíciles por los que todos tendremos que pasar algún día, el Estado podrá destinar corresponsablemente su ayuda para sufragar una buena parte de estos gastos.

No obstante al contrastante punto de vista de las autoridades financieras de los gobiernos locales, el gasto que se realizaría para cubrir los servicios funerarios para una persona no serían lo suficientemente costosos si se atiende la posibilidad de otorgar este apoyo bajo un esquema de subsidio o bien, de un apoyo social libre de impuestos, mediante el cual la autoridad competente pueda hacer entrega inmediata del recurso destinado a este fin al familiar o a los deudos, pero que al mismo tiempo pueda aclararse que son ellos los responsables de hacer el gasto para los fines convenidos en la solicitud.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XV y su segundo párrafo, al artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

De I a XIV. ...

XV. La cooperación con instituciones de asistencia social y de servicios funerarios públicos y privados, en materia de apoyo económico para gastos funerarios, y de cooperación entre instituciones de asistencia social y de salud, para el otorgamiento de capacitación en materia de tanatología.

El apoyo por concepto de gastos funerarios será el correspondiente a los 240 días de salarios mínimos generales vigentes, según la zona geográfica en la que se encuentre el solicitante, pudiendo ser este un familiar o conocido, quien documente el deceso.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción IX, del artículo 168 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 168. ...

De I. a VIII. ...

IX. La prestación de apoyo psicológico en materia de tanatología y la prestación de servicios funerarios.

Transitorios

Primero.El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Fuentes:

http://www.elsurdiario.com.mx/index.php?option=com_content&v iew=article&id=8332:la-pobreza-en-mexico-si-aumento-asegura-la-auditoria-su perior-de-la-federacion&catid=56:pais&Itemid=93

http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo54&s=est&c=23596

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2012.— Diputados: Ricardo Cantú Garza, José Luis Valle Magaña (rúbricas).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL - LEY QUE CREA LA PROCURADURIA CIUDADANA PARA LA PREVENCION, ATENCION Y RECEPCION DE QUEJAS CIUDADANAS Y DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA - LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expide la ley que crea la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública; y reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con su venia, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Compañeras diputadas y compañeros diputados, los mexicanos hemos vivido durante la última década una crisis sin precedente en los niveles de criminalidad, misma que no ha podido ser combatida eficazmente por los cuerpos policíacos y de seguridad.

Gran parte de esta problemática reside en que las organizaciones criminales llegaron a infiltrarse a dichas corporaciones, provocando en la población una desconfianza generalizada que se refleja en la falta de denuncias, factor determinante para la impartición de justicia, ya que los ciudadanos al no denunciar los delitos y no recurrir a las policías locales federales hemos originado un círculo vicioso, donde los crímenes, especialmente aquellos con mayor impacto social como los homicidios, secuestro, extorsión, lesiones con arma de fuego se mantienen impunes, tal como lo muestran las cifras oficiales, así como los diversos estudios elaborados por organizaciones de la sociedad civil.

En Nueva Alianza consideramos que para contar con una policía que funcione adecuadamente tenemos que empezar por reconocer y respetar a las personas que han dedicado su vida a esta labor; reconocer, sí; reconocer que se tiene una deuda con los buenos policías, para que ellos cumplan con su encomienda responsablemente y nos protejan mejor a todos.

Es necesario mejorar sus condiciones de trabajo, sus uniformes, las patrullas, el armamento; los salarios bajos que reciben, debido a que los vuelve vulnerables frente al poder de corrupción e intimidación del crimen organizado.

Para el gobierno es mejor tener policías bien pagados, porque así se evita la corrupción y la impunidad, y por el contrario, se alienta la vocación de servicio, el respeto a la institución y se crea una base sana de gobernabilidad para el Estado.

No obstante, los cuerpos de seguridad pública tienen ante la sociedad una imagen que se ha deteriorado a lo largo de los años, la existencia de prácticas de corrupción e ineficiencia, los escasos resultados obtenidos en el combate a la criminalidad y las complicidades son las expresiones más recurrentes; por ello consideramos que es urgente construir mecanismos de confianza entre la policía y los ciudadanos, y de esta forma reivindicar la labor social de la mano de un acompañamiento ciudadano.

El objetivo de esta iniciativa cuyo ánimo es el empoderamiento de la ciudadanía, es crear la figura de un visitador u ombudsman con mandato y facultades que le permitan constituirse en abogado defensor de los elementos de seguridad pública, cuando estos sufran vejaciones por parte de sus superiores o en su caso, reciban quejas de los ciudadanos cuando sean víctimas del uso excesivo de la fuerza pública.

Es evidente la necesidad de avanzar hacia un Estado de derecho democrático y social; el Estado mexicano tiene que contar con instituciones que auditen el propio actuar estatal, porque solo mediante la rendición de cuentas y la transparencia es posible hablar de legitimidad de las acciones gubernamentales y por lo tanto, consolidar la democracia.

De ahí surge la justificación de nuestra propuesta para reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene el objeto de instaurar un contralor policial ciudadano, una figura de ombudsman policial, mismo que recibirá quejas, emitirá recomendaciones vinculantes contra quienes se erijan, además de que revisará la actuación de aquellos elementos que incumplan con su deber, a partir de denuncias ciudadanas.

Con estas mociones se empoderará al ciudadano para que acompañe la procuración de justicia haciéndola transparente y entendible, evitando con ello —en la medida de lo posible— los abusos y arbitrariedades, dado que un acompañamiento ciudadano oportuno puede evitar la violación de derechos humanos y el abuso de poder, fortaleciendo con ello la certeza jurídica que tanto necesitamos.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza asumimos el compromiso de trabajar para hacer posible que el Estado de derecho prevalezca; por ello proponemos el presente proyecto de ley que crea la Procuraduría Ciudadana de la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública, que también reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para que haya una institución que se encargue de vigilar el marco de actuación de las fuerzas del orden público.

La misión de este órgano será diseñar un perfil de policía que sirva como referente para determinar lo que esté bien o mal dentro de los cuerpos policiacos.

Los servidores encargados de la seguridad pública y los ciudadanos deben tener muy claro que la función del órgano que se propone crear, un ente que además de monitorear la actuación de los policías también pueda verificar sus condiciones de trabajo para evitar cualquier tipo de abuso por parte de los altos mandos o mal desempeño de sus funciones.

Con esto se generará el Estado que sea responsable en las condiciones necesarias para que los cuerpos policiacos se desempeñen correctamente y que éstos se conduzcan debidamente con los ciudadanos.

En Nueva Alianza realizamos nuestro trabajo con alto compromiso social para responder con profundo respeto y eficacia a las exigencias de la sociedad y más aún, la problemática generalizada de inseguridad en el país.

Asumimos con responsabilidad el encargo y confianza que la ciudadanía nos depositó, en tal sentido, hacemos propias sus exigencias y realizamos esta propuesta que pretende generar consenso en los diferentes partidos y retomar la confianza de la población a las instituciones de la seguridad.

Para concluir, les pido a mis compañeros legisladores, encargados de dictaminar la presente iniciativa, valoren a conciencia el tema de la seguridad en México, ya que muchos son los nombres, opiniones y rostros que vienen...

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Disculpe, señor orador, esta Presidencia le recuerda que está presentando una reforma constitucional y que por lo tanto, tiene 10 minutos.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:De la misma manera que lo pidió el compañero que me antecedió, le pido respeto a los compañeros diputados.

En este ánimo, solicito a esta soberanía tener a consideración la propuesta anteriormente expuesta, que con base al problema de la inseguridad, desde un esquema civil y mediante mecanismos que romperán los círculos viciosos de corrupción y la delincuencia. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; expide la Ley que crea la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública; y reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Las diputadas y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos  6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el que se expide la Ley que crea la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública y se reforma el párrafo tercero del artículo tercero de la Ley Federal de las Entidades  Paraestatales con base en la siguiente

Argumentación

Los cuerpos de seguridad pública, tienen ante la sociedad una imagen que se ha deteriorado a lo largo de los años, la existencia de prácticas de corrupción e ineficiencia, los escasos resultados obtenidos en el combate a la criminalidad las complicidades y la impunidad son sus expresiones más recurrentes. Por ello consideramos que es urgente construir mecanismos de confianza entre la policía y los ciudadanos, porque se debe respetar su labor como servidores públicos.

Es una realidad que existen prácticas de extorción al interior de los cuerpos de seguridad pública, mismas que deben ser erradicadas, es urgente incidir y poner un alto a la discrecionalidad con que actúan los mandos de los cuerpos policiacos ya que esta se traduce en un claro abuso de poder en contra de sus subordinados.

Por su naturaleza, las instituciones policíacas funcionan de manera vertical a partir de una lógica de jerarquía, sin embargo, con mucha frecuencia esta estructura se convierte en la mayor fuente de violación a derechos de las y los agentes.

Es importante destacar que una parte importante de las quejas que la Comisión de Nacional de Derechos Humanos recibe de estos servidores públicos son en contra de sus jefes, por la falta de recursos, acoso sexual, obstáculo para las promociones y los asensos, maltrato o corrupción dentro de la propia corporación (según datos del comisionado Luis González Plasencia, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal). Por ello urge crear una figura que funcione como un auditor de la policía, visitador o un ombudsman con mandato y facultades que le permitan constituirse en abogado defensor de los elementos de seguridad pública cuando éstos sufran las vejaciones señaladas por parte de sus superiores, o que en su caso reciba las quejas de los ciudadanos cuando sean víctimas del uso excesivo de la fuerza pública.

Del contexto anterior conviene formularse el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo le podemos exigir a la Policía que respete a la ciudadanía, si el propio Estado degrada a sus agentes a una condición de ciudadanos de segunda? Esto se observa con mucha claridad en los criterios para emitir correctivos disciplinarios que se convierten en verdaderas torturas para los de rango inferior.

En Nueva Alianza consideramos que para contar con una policía que funcione adecuadamente tenemos que empezar por reconocer y respetar a las personas que han dedicado su vida a esa labor. Reconocer que se tiene una deuda con los buenos policías; en tal sentido para que cumplan con su encomienda responsablemente y nos protejan mejor al colectivo social, se tiene que mejorar sus condiciones de trabajo, sus uniformes, las patrullas o el armamento; los salarios bajos que reciben los vuelve vulnerables frente al poder de corrupción e intimidación del crimen organizado. Se ignora que es mejor tener policías bien pagados, porque se evita corrupción, impunidad y por el contrario se alienta la vocación servicio, el respeto a la institución, son más las ventajas que las contras.

Además de lo anterior es urgente revisar con toda claridad las condiciones en que queda la familia cuando algún elemento pierde la vida en cumplimiento de su deber, derechos que se vuelven nugatorios, la mayoría de las veces.

Como es del dominio público las fuerzas de seguridad pública del país no cuentan con la capacidad estructural que se requiere, ni con el armamento adecuado, no existe una buena coordinación, se presentan complicidades y componendas con los criminales, más aún adolecen de técnicas de combate para hacer frente a los agresores, la capacitación que reciben es nula o raquítica

Por ello tenemos que avanzar hacia un estado de derecho democrático y social, el Estado mexicano tiene que contar con instituciones que auditen el propio actuar estatal, porque sólo mediante la rendición de cuentas y la transparencia es posible hablar de legitimidad de las acciones gubernamentales y por lo tanto consolidar la democracia.

De allí surge la justificación de nuestra propuesta, porque de manera general la presente iniciativa tiene el objeto de instaurar un contralor policial, una figura de ombudsman policial, cuyo objeto será recibir quejas y emitir recomendaciones vinculantes contra quien se dirijan. Además de que revisará la actuación de aquellos elementos a partir de denuncias ciudadanas.

En Nueva Alianza asumimos el compromiso de trabajar para hacer posible que el estado de derecho prevalezca, por ello proponemos el presente proyecto de Ley que crea la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública para que haya una institución que se encargue de vigilar el marco de actuación de las fuerzas del orden públicas, cuyas funciones serán atender las quejas que le formulen tanto los elementos de policía en contra de sus superiores, como los ciudadanos que consideren violentados sus derechos fundamentales por los excesos en que incurra la fuerza pública.

Los servidores encargados de la seguridad pública y los ciudadanos deben tener muy claro de la función del órgano que se propone crear. Un ente que además de monitorear la actuación de los policías, también pueda verificar sus condiciones de trabajo, para evitar cualquier tipo de abuso o mal desempeño en sus funciones

Esta propuesta debe ser tomada con toda la seriedad que merece, porque este instrumento de control es aplicado en países como Argentina, Brasil, en Estados Unidos (específicamente en el estado de Nueva York), Irlanda del Norte entre otros.

Por ejemplo en el país primeramente nombrado la misión del ombudsman de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, es oír los reclamos profesionales y emitir una decisión que el mando de la fuerza deberá acatar. Un agente podría presentarse, por ejemplo, ante el defensor del policía con una queja por haber sido dejado de lado sin justa razón en el momento de una promoción. Otra posibilidad es que un efectivo reclame por entender que su jefe directo posterga su carrera debido a enconos personales. Frente a situaciones así, los agentes contarán con un canal de peticiones por fuera de la estructura de su fuerza.

Otro paradigma es el de la policía del estado de Minas Gerais, Brasil, la figura del ombudsman policial es un mecanismo externo a la policía, que tiene por finalidad dignificar la labor de los policías locales mediante la defensa de sus derechos frente a abusos dentro de su propia corporación. Asimismo, se encarga de resolver conflictos entre ciudadanos y policías. Esta institución se ha destacado durante los últimos nueve años por actividades como: la emisión de una serie de recomendaciones para erradicar prácticas irregulares en las corporaciones policiales de la ciudad de Belo Horizonte; la mediación en la resolución de conflictos derivados de detenciones y operativos policiales; la elaboración de informes periódicos sobre la gestión de la policía dirigidos a la ciudadanía; e involucrarse plenamente en la formulación de propuestas de política pública orientadas a acercar el trabajo de la policía a la ciudadanía. A partir de 2003, se le dotó de una amplia infraestructura material y humana, incluidos expertos en derechos humanos, comunicación social, derecho y asesores políticos. Se creó el núcleo de psicología, una oficina especializada en atender y dar apoyo a víctimas de abuso, tanto de policías como ciudadanos. Actualmente, cuenta con delegaciones en nueve municipios del estado. Esta institución recibe, denuncias principalmente a casos de abuso de autoridad y de todas éstas casi 10 por ciento resultan en sanciones.

En el caso de Nueva York existe el denominado Consejo de Revisión de Quejas Ciudadanas de Nueva York (Civilian Complaint Review Board, CCRB, por sus siglas en inglés), es el ombudsman policial local, independiente de la policía, como su nombre lo indica está compuesto por un consejo ciudadano, algunos policías y miembros del gobierno de ese estado. Fue creado en 1993, después de diversas transformaciones, obtuvo la estructura y conformación con que cuenta actualmente (es 100 por ciento civil). Realiza tareas de mediación y conciliación en conflictos entre ciudadanos y policías, revisa los casos de abuso de la corporación policial contra policías, también emite recomendaciones para combatir prácticas que conducen a la corrupción y la impunidad y algo muy importante dentro de sus funciones, publica informes sobre la gestión policial. Durante la implantación de la política de “tolerancia cero” que se instrumentó en Nueva York durante la segunda mitad de los años 90 tuvo costos sociales y un impacto contundente, tanto en minorías étnicas como en los sectores más pobres. Este consejo ciudadano desempeñó un papel clave en la solución de varios de estos conflictos, con la emisión de recomendaciones relacionadas con abuso policial y en la elaboración de informes sobre prácticas de corrupción en la policía de esa región del país vecino.

En México, la realidad arroja que la ciudadanía demanda una policía activa que no esté a la espera de reaccionar frente a la eventualidad del delito, sino que sea capaz de construir la seguridad que tanto se necesita. No omitimos mencionar que la policía al ser el primer contacto con la ciudadanía tiene el valor fundamental de articular a la gente.

El clima de violencia que cubre a todo el territorio nacional, obliga al Estado mexicano a rescatar los valores éticos, recuperar la confianza y la credibilidad del pueblo y con ello el bienestar social, sólo se podrá arribar a él, mediante el combate efectivo de la corrupción, la impunidad, y la inseguridad. Hoy en día se ha planteado la necesidad de redefinir el modelo policial mexicano, en consecuencia las instituciones, deben mantenerse a la vanguardia para responder a las exigencias que el momento histórico requiere.

Ahora bien la experiencia legislativa mexicana ha creado organismos desconcentrados mediante leyes, decretos del ejecutivo, reformas a reglamentos interiores de Secretarías de Estado o nuevos reglamentos y también sobre acuerdos presidenciales. En cambio, los organismos descentralizados, según se desprende del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,

“son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten”.

Como se puede observar todos los organismos descentralizados son creados, bien sea por una ley, emitida por el Congreso de la Unión o por un decreto del Ejecutivo, y cuentan con régimen jurídico propio que regula su personalidad, su patrimonio su denominación, su objeto y su actividad.

Con el sustento legal anterior y con la necesidad de la creación de una instancia gubernamental, en virtud de que en nuestro país no existe un órgano que haga las veces de un observatorio para las corporaciones policíacas como ha ocurrido exitosamente en otras regiones del continente como Venezuela o Colombia. El objetivo de este órgano es diseñar un perfil de policía que sirva como referente para determinar lo que está bien o mal dentro de los cuerpos policíacos.

Fundamento legal

El proyecto que se propone encuentra sustento jurídico en el párrafo noveno del artículo 21 de la Carta Magna que en lo conducente a la letra dice:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala: La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Sin embargo tal precepto no le da cobertura jurídica al proyecto de ley propuesto en tal sentido se propone la adición de un párrafo segundo a la fracción XXIII del artículo 73 de nuestra Constitución General de la República, y con ello mantener en congruencia legislativa que se requiere.

Con base en ello surge la necesidad de revisar el marco normativo para la creación de un órgano que se constituya en el garante y protector de los derechos y de las garantías de los ciudadanos así como de los integrantes de seguridad pública y la procuración de justicia, sin que esta función entre conflicto con las desarrolladas por las Comisiones de Derechos Humanos o cualquier ente laboral. Porque la finalidad que se busca es procurar la satisfacción del interés general en forma rápida, idónea y eficaz.

La propuesta es constituir una instancia que sea el portavoz de la ciudadanía, pero al mismo tiempo defensor de los elementos policíacos que vean vulnerados sistemáticamente sus derechos y garantías; que tenga capacidad legal plena para que sus determinaciones sean cumplidas por los mandos superiores de esas corporaciones. Lo anterior en virtud de que en infinitas ocasiones los altos funcionarios actúa bajo el manto de la impunidad aprovechando la posición que guardan, en detrimento del tejido social y de la esfera jurídica de sus subalternos.

La función esencial de la institución que se propone, es la de recibir las quejas de los elementos de la Seguridad Pública y del personal de procuración de justicia del ámbito federal, así como la de los ciudadanos por considerar que se violentan de manera grave sus derechos y garantías individuales frente a los actos y omisiones de las autoridades de mayor rango que cada vez se muestran mas arbitrarios en los operativos, retenes o revisiones que ejecutan, por ello resulta inevitable e irreversible en el Estado social de nuestra época; procurar una solución rápida a las cuestiones planteadas y, de no ser posible, realizar una investigación para concluir con una Recomendación no obligatoria que, en su caso, pretende reparar la violación, si considera que ésta se cometió.

La autonomía se justifica plenamente para conferirle total libertad e independencia ante las propias autoridades responsables cuya conducta deben supervisar, pero no significa que no deban rendir cuentas de su actuación ni verse excluidas de la obligación de transparentar su gestión y abrirse al escrutinio público y de los órganos de representación popular.

También se propone que este organismo no tenga facultad para conocer de asuntos electorales, pero si de la violación de otros derechos, el sustento es que urge crear la figura de auditor de la policía, visitador u ombudsman con mandato y facultades en materia laboral, pero sólo y exclusivamente cuando los funcionarios superiores abusen de su condición en contra de los subalternos con la finalidad de que éstos tengan un comportamiento que obedezca los caprichos de aquellos, forzamientos que luego son inducidos a convertirlos en cómplices a fuerzas de los actos de corrupción en que se ven involucrados.

El contenido de la iniciativa es de un título I, de las disposiciones generales y de las convenciones, que aplican le una mayor y mejor comprensibilidad; la naturaleza y competencia del órgano que se crea: un título II denominado de la integración de La Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública, su integración, facultades, la mediación, el procedimiento para resolver las quejas que se le formulen tanto por elementos de seguridad pública o de procuración de justicia, los medios de prueba, la improcedencia de la queja, el procedimiento para emitir la recomendación y las disposiciones finales, todo contenido en seis capítulos y 39 artículos.

En Nueva Alianza realizamos nuestro trabajo con un alto compromiso social para responder con profundo respeto y eficacia a todos, a la problemática imperante, en busca siempre de la excelencia. Asumimos con seriedad, responsabilidad el encargo y la confianza que el colectivo social nos depositó, en tal sentido, hacemos propias sus exigencias porque seguros estamos que sólo mediante el trabajo lo lograremos.

Por lo expuesto y fundado, Nueva Alianza somete a la aprobación de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se expide la Ley que crea la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública, y se reforma el párrafo tercero del artículo tercero de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los términos siguientes:

Artículo 73. ...

I. a XXII. ...

XXIII. Para...

Para expedir leyes que instituyan la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública dotada de plena autonomía para dictar sus resoluciones, y que tengan a su cargo dirimir en materia de quejas respecto a conductas de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, y en general de los de seguridad pública del Distrito Federal, nivel estatal y municipal así como de las procuradurías del Distrito Federal y estatales.

XXIV-XXX

Artículo Segundo. Se crea la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública; para quedar como sigue:

Título I

Capítulo ÚnicoDisposiciones Generales

Artículo 1o. Esta ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de quejas respecto a conductas de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, y en general de los de seguridad pública del Distrito Federal, nivel estatal y municipal así como de las procuradurías del Distrito Federal y estatales.

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Procuraduría. A la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública.

II. Instituciones de seguridad pública: a las instituciones policiales, y de Procuración de Justicia, y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal;

III. Instituciones de procuración de justicia: a las instituciones de la federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público;

IV. Instituciones policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;

V. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal;

VI. Secretario Ejecutivo: el titular del secretariado del Instituto Ciudadano para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y Elementos de Seguridad Pública;

VII. garantías individuales. Los derechos y libertades propiamente dichos del ser humano como: la vida, la libertad, el derecho al trabajo, la integridad física y la moral, las previstas del artículo primero al 29 de la constitucional política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 3o. Las quejas a que se refiere el artículo anterior podrán ser promovidas por los servidores públicos que formen parte de las instituciones de seguridad pública, instituciones de procuración de justicia e instituciones policiales que desempeñen un orden de jerarquía menor en contra de sus superiores o las que presentes los ciudadanos contra ambos rangos, por considerar que el proceder de los primeros vulnera gravemente los derechos y garantías de estos últimos.

Artículo 4o. La Procuraduría, es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos garantías que ampara el orden jurídico mexicano, sobre todo cuando son vulnerados gravemente por los funcionarios públicos con rango superior en contra de sus subordinados que laboren en las dependencias mencionadas en el artículo segundo de este ordenamiento, o las cometidas por esos servidores públicos en contra de los ciudadanos.

Artículo 5o. La Procuraduría, tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de las quejas mencionadas en el artículo siete de la presente ley.

Artículo 6o. Los procedimientos que se sigan ante la Procuraduría deberán ser breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán además, de acuerdo con los principios de inmediatez, concentración y rapidez, y se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con quejosos, denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.

El personal de la Procuraduría deberá manejar de manera confidencial la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia.

Título II Integración de la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública

Capítulo I De su Integración y Facultades

Artículo 7o. La Procuraduría estará conformada por un consejo que integrará con un presidente, una secretaría ejecutiva, hasta cinco vicepresidentes, quienes deberán ser ciudadanos mexicanos, que gocen de reconocido prestigio y buena reputación y que cuenten con conocimientos o experiencia en las materias relacionadas con las funciones naturales del instituto, así como el número de personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones y tendrá las atribuciones.

I. Recibir, conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, las quejas y/o denuncias sobre presuntas violaciones graves de los derechos y/o garantías consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes casos:

a) Por actos u omisiones de autoridades de seguridad pública y procuración de justicia de carácter federal, que vulneren de manera grave y sistemática los derechos y/o garantías de sus subalternos;

b) Cuando las autoridades mencionadas en el inciso precedente vulneren de manera grave y sistemática los derechos y/o garantías de los ciudadanos; y

c) Aquellas que sean acordadas por el consejo del instituto

II. Recibir toda la información y pruebas que aporten los servidores públicos y que tengan relación con las quejas planteadas y, en su caso, requerir aquéllas otras que sean necesarias para dilucidar tales quejas, así como practicar las diligencias que correspondan;

III. Intervenir en amigable composición para conciliar conflictos derivados de las quejas y denuncias presentadas contra los funcionarios públicos de rango superior de la secretaría de seguridad pública federal y la procuraduría general de la república por alguna de las causas que se mencionan en los incisos a) y b) de la fracción III de este artículo. Para lo cual procurará el avenimiento entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, siempre y cuando la naturaleza del caso lo permita;

IV. Fungir como árbitro y pronunciar las recomendaciones o laudos que correspondan cuando las partes se sometan expresamente al arbitraje;

V. Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, así como intervenir de oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera de su competencia;

VI. Hacer del conocimiento del órgano de control competente, la negativa expresa o tácita de un servidor público de proporcionar la información que le hubiere solicitado el instituto en el ejercicio de sus atribuciones;

VII. Hacer del conocimiento del titular del Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados, la negativa expresa o tácita de los funcionarios públicos que se les haya requerido información por el instituto. Asimismo, informar del incumplimiento por parte de los citados, de sus resoluciones, de cualquier irregularidad que se detecte y de hechos que, en su caso, pudieran llegar a constituir la comisión de algún ilícito;

VIII. Asesorar a los gobiernos de las entidades federativas para la constitución de instituciones análogas al instituto;

IX. Formular recomendaciones no vinculatorias y denuncias y quejas ante el titular del poder ejecutivo federal y hacerlas del conocimiento de la Cámara de Diputados, concernientes a las quejas y denuncias que tenga conocimiento;

X. Expedir su reglamento interno;

XI. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de su competencia;

XII. Brindar asesoría e información sobre los efectos jurídicos y el alcance de los mismos sobre las quejas o denuncias ante ella promovidas a los quejosos y/o denunciantes;

XIII. Evaluar el desempeño de las autoridades de seguridad pública y de procuración en cuanto el cumplimiento o no de las resoluciones que emita la Procuraduría así como la incidencia en el número de quejas que se promuevan en contra de aquellas;

XIV. Realizar estudios y consultas, foros o encuentros ciudadanos, sobre la problemática y repercusión social que tienen las acciones que realizan las instituciones de seguridad públicas y de procuración de justicia del ámbito federal, tomando como referencia las quejas presentadas ante el instituto; y

XIV. Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales.

Artículo 8o. El presidente, los vicepresidente y secretario ejecutivo de la Procuraduría serán designados por la Cámara de Diputados de una terna que el Ejecutivo federal le proponga y durarán en su cargo por un periodo de seis años pudiendo ser ratificados por un tiempo igual y deberán cumplir con los siguientes requisitos

I. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no tengan otra nacionalidad y estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener más de treinta años de edad;

III. Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente registrado;

IV. Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función; y

V. No haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitados como servidores públicos.

Artículo 9o. El presidente de la Procuraduría enviará al jefe del Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados, un informe anual sobre las actividades realizadas por esta dependencia durante el año del ejercicio de que se trate. Este informe deberá sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, y contendrá un resumen descriptivo sobre las quejas que se hayan recibido, las investigaciones y conciliaciones realizadas, así como las recomendaciones y sugerencias emitidas que hayan sido rechazadas o no cumplimentadas por las autoridades responsables, las cumplidas y las pendientes por cumplimentarse; las estadísticas y demás información que se considere de interés.

Asimismo, el informe contendrá las propuestas dirigidas a las autoridades señaladas como responsables, con el objeto de mejorar las prácticas administrativas correspondientes.

Artículo 10. Corresponde al secretario ejecutivo de la Procuraduría:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones de la Procuraduría y de su presidente;

II. Impulsar mejoras para los instrumentos de operación e información de la Procuraduría;

III. Formular propuestas para el fomentar el respeto a la legalidad;

IV. Compilar los acuerdos que se tomen en la sesión de consejo, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de éstos;

V. Informar periódicamente a la Procuraduría y a su presidente de sus actividades;

VI. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente a la Procuraduría;

VII. Proponer a la Procuraduría las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del ámbito federal;

VIII. Proponer los criterios de evaluación de las instituciones de seguridad pública en los términos de la ley;

IX. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema de Seguridad Pública;

X. Elaborar y publicar los informes de las actividades de la Procuraduría;

XI. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la ley; los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables;

XII. Las demás que le otorga esta ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el instituto o su presidente.

Artículo 11. La tramitación e investigación de quejas, la solicitud de informes y la práctica de diligencias, así como la conciliación y para la solución de conflictos que realice la procuraduría, en cumplimiento de sus funciones, estarán a cargo de los servidores públicos adscritos al organismo y para su designación deberán reunir el perfil y los requisitos que determine el propio reglamento.

Artículo 12. Para lo previsto en el artículo anterior la Procuraduría contará con el cuerpo de asesores especializados en la materia, cuya función consistirá en informar a los quejosos y al público sobre el procedimiento de amigable composición, valorar las controversias que se le planteen en cuanto a ser susceptibles de ser resueltas a través de este mecanismo de solución de controversias o en caso contrario, dar trámite a la queja o denuncia.

Artículo 13. Son obligaciones del conciliador:

I. Dar a conocer a las partes interesadas las características, principios y reglas sobre los que se basa este procedimiento;

II. Valorar si la controversia es objeto de la amiga composición y si las expectativas planteadas por las partes son susceptibles de ser satisfechas;

III. Valorar la capacidad y disposición de las partes para participar en el proceso de amigable composición; y

IV. Sensibilizar a las partes interesadas en el servicio de amigable composición para que la utilicen en la solución de su controversia.

Artículo 14. Los procedimientos que se sigan ante la Procuraduría, deberán ser ágiles, expeditos y estarán sólo sujetos a las formalidades esenciales que se requieran para la investigación de la queja, y se seguirán además bajo los principios de buena fe y concertación, procurando en lo posible el contacto directo y personal con los quejosos y servidores públicos para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.

Artículo 15. Los miembros de seguridad pública y de procuración de justicia y los ciudadanos que consideren que han sido violados sus derechos o garantías por las autoridades mencionadas podrán presentar quejas o denuncias en los términos de esta ley, a través de sus representantes.

Artículo 16. Si la autoridad no atiende las solicitudes, sugerencias o recomendaciones emitidas por el Instituto, éste podrá solicitar la intervención del superior jerárquico correspondiente, para obtener el cumplimiento de las mismas.

Si subsiste el incumplimiento, la Procuraduría lo hará del conocimiento del jefe del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados.

Artículo 17. Los servidores públicos de las dependencias de seguridad pública y procuración de justicia federal están obligados a auxiliar en forma preferente y adecuada al personal de la Procuraduría en el desempeño de sus funciones, y rendir los informes que se les solicite en el término establecido por la presente ley.

El acceso a los documentos y las solicitudes de información deberán estar debidamente justificados, y referirse a las quejas específicas objeto de la investigación correspondiente. Cuando por cualquier motivo no sea posible proporcionar los informes solicitados, el hecho que motivó la queja deberá acreditarse por escrito haciendo constar las razones.

Artículo 18. Los reportes de la ciudadanía relacionados con el uso abusivo de la fuerza por parte de de las policías federal y ministerial en con motivo de sus funciones se atenderán en vía de queja, conforme al procedimiento establecido en esta ley.

Artículo 19. La presentación de las quejas o inconformidades a que se refiere esta ley no requerirán de formalidad alguna. Podrán ser verbales o escritas, presentarse por vía telefónica o por cualquier otro medio electrónico, sin más señalamiento que el asunto que la motive y los datos generales de quién la presente.

Sin embargo, excepcionalmente la Procuraduría, atendiendo la naturaleza de la queja, podrá solicitar la ratificación de la misma en el término de tres días hábiles, y de no ser así se tendrá por no presentada. En este último caso los quejosos, al ratificar su queja, deberán acreditar su interés en el asunto.

Artículo 20. La Procuraduría una vez presentada la queja procederá a:

I. Conciliar conforme a derecho, el interés particular de los quejosos afectados por actos de la Secretaria de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República donde prevalecerá el interés mayor de la sociedad; y

II. Formular sugerencias de carácter interno a la autoridad en materia administrativa y de servicios públicos, previas a la recomendación pública, con base en el análisis de las quejas presentadas por la ciudadanía por los integrantes de la policía federal o ministerial;

III. Emitir recomendaciones debidamente fundadas y motivadas, a los titulares de seguridad pública y de procuración de justicia federal, así como el resultado de la investigación de las quejas presentadas por la ciudadanía;

IV. Difundir y publicar las recomendaciones emitidas a las autoridades mencionadas, a través del Diario Oficial de la Federación; y

V. Establecer una adecuada concertación con las asociaciones civiles y agrupaciones privadas que realizan funciones de asesoría y gestoría social, celebrando para tal efecto los convenios e instrumentos legales que sean necesarios para la eficaz atención de los asuntos que reciban;

VI. Las demás que establezcan esta ley otras disposiciones

Capítulo II Del Procedimiento de la Queja

Artículo 21. El procedimiento se iniciará con el análisis de la queja, a fin de decidir su trámite o no. En el supuesto de que deba rechazarse, se notificará al interesado sobre las razones que motivaron la no aceptación, y en tal caso, se le orientará sobre la vía a la que puede acudir.

Artículo 22. Cuando la queja sea incierta e irregular, se solicitará al interesado que la aclare, concediéndole para ese efecto un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación y en caso de no hacerlo se tendrá ´por no presentada.

Artículo 23. Atendiendo la naturaleza de la queja y si de su análisis se advierte la gravedad del asunto, se subsanarán las deficiencias e irregularidades que presente, para darle admisión, una vez radicada se procederá a investigar los hechos, solicitando de la dependencia cuestionada un informe escrito y pormenorizado sobre los hechos que motivaron la queja, mismo que deberá presentarse dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la solicitud en cuestión.

Las autoridades responsables, podrán argumentar si son ciertos o no los hechos aludidos por el quejoso, para lo cual deberán expresar las razones, circunstancias y hechos que motivaron su actuación.

Asimismo, manifestaran si existe la disposición o no para proceder a subsanar el agravio invocado por el quejoso.

En caso de comprometerse a lo anterior la Procuraduría verificará que dicho ofrecimiento se realice, en un término razonable, el cual no deberá exceder de 15 días hábiles, atendiendo en todo tiempo a la naturaleza de la queja para que en su oportunidad dar por concluido el asunto.

Todos los informes solicitados por la Procuraduría deberán rendirse de manera obligatoria.

Artículo 24. En caso de no obtener respuesta por parte de la dependencia, requerida, dentro del plazo a que se refiere el artículo anterior, se tendrán por ciertos los hechos mencionados en la queja; pudiendo la Procuraduría, realizar las investigaciones procedentes en el ámbito de sus funciones y ejercer las acciones pertinentes.

La Procuraduría podrá imponer una multa hasta por treinta días de salario al funcionario omiso.

Artículo 25. Si durante el trámite de la queja se acredita alguna de las causas de improcedencia o se comprueba la inexistencia de los hechos que se reclaman, se sobreseerá el asunto, notificándole al quejoso las razones y fundamentos que tuvo para ello, y ordenará el archivo del expediente como asunto concluido.

Artículo 26. La Procuraduría turnará a la Secretaría de la Función Pública Federal, las quejas que se hagan de su conocimiento y que a su juicio impliquen o supongan una responsabilidad atribuible a servidores públicos, en los términos de la legislación aplicable, informando de ello al interesado.

Artículo 27. La Procuraduría, en los casos en que por la naturaleza de la queja se considere necesario, buscará avenir los intereses de las partes. Esta audiencia deberá celebrarse dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la queja.

Artículo 28. Si el representante de la dependencia, no comparece a la audiencia prevista en el artículo anterior, se harán acreedores a las medidas establecidas en esta ley. En caso de que el quejoso no comparezca a la audiencia y justifique la causa de su inasistencia dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha de la audiencia, se señalará nueva fecha para la celebración de la misma. En caso de que no comparezca por causa justificada, se le tendrá por desistido de su queja, en consecuencia se archivará el expediente teniéndose como asunto concluido.

Artículo 29. En la audiencia, el conciliador designado para la atención del asunto presentará a las partes un resumen de la queja y del informe de la autoridad, en caso de que se hubiese requerido, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, proponiéndoles en forma imparcial opciones de solución. De toda audiencia se levantará el acta respectiva.

Artículo 30. Si las partes llegaren a un acuerdo se concluirá la queja, mediante la firma del convenio a que hayan llegado, mismo que deberá estar ajustado a derecho. En caso de incumplimiento se dejarán a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer ante la instancia correspondiente.

En el supuesto de que la conciliación no se logre se continuará con la investigación y trámite de la queja, para determinar lo que en derecho proceda.

Capítulo III De los Medios de Prueba

Artículo 31. Los hechos motivo de la queja podrán acreditarse por cualquier medio, como pueden ser los siguientes:

I. Los documentos públicos y privados;

II. Los testimonios;

III. Dictamen de peritos;

IV. Las presunciones: legales y humanas; y

V. La técnica considerándose como tal cualquier medio surgido de la ciencia y de la tecnología.

Capítulo IV De la Conclusión de la Queja

Artículo 32. El trámite de la queja se considerará concluido cuando:

I. Las partes concilien sus intereses;

II. La dependencia, dé respuesta satisfactoria al quejoso;

III. El o los actos de la responsable que motivaron la queja, estén debidamente fundados y motivados, a juicio de la Procuraduría;

IV. El quejoso manifieste expresamente su desistimiento;

V. Se emita, y en su caso, se haga pública la recomendación respectiva; y

VI. En los demás casos previstos en la presente ley.

Capítulo VI De la Improcedencia de la Queja

Artículo 33. No procederán las quejas que se presenten en forma anónima, temeraria, de mala fe o que versen sobre actos:

I. Que se refieran a la materia electoral;

II. Relacionados con la seguridad del Estado;

III. Asuntos que se encuentren sujetos a trámite ante un órgano administrativo o jurisdiccional; y

IV. Los relacionados con una averiguación previa ante el Ministerio Público.

Capítulo V Procedimiento de la Recomendación

Artículo 34. Si la autoridad no justifica conforme a derecho su actuación en relación al contenido de la queja, la Procuraduría, analizará y valorará los elementos que integran el expediente, para la procedencia de la emisión de la recomendación.

Artículo 35. Para la formulación de la recomendación deberán analizarse de manera integral, los hechos, argumentos y pruebas, así como las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no los derechos y garantías de los promotores de las quejas, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales.

Artículo 36. La Recomendación deberá contener los siguientes elementos:

I. Narración sucinta de los hechos materia de la queja;

II. Descripción de la situación jurídica general en que la autoridad responsable en vía de acción o de omisión ha violentado sistemáticamente los derechos o garantías de los interesados;

III. Observaciones, pruebas y razonamientos lógico-jurídicos en que se soporte la violación a los principios de legalidad, honestidad, eficiencia y oportunidad en que debió conducirse la autoridad; y

IV. Concluir con recomendaciones específicas, señalando las acciones concretas que se solicitan que la autoridad cuestionada lleve a cabo para efecto de observar la aplicación correcta de la legislación vigente respecto del caso en estudio.

Artículo 37. Una vez que la recomendación haya sido emitida por la Procuraduría, se notificará de inmediato a la autoridad a la que vaya dirigida, a fin de que ésta tome las medidas necesarias para su cumplimiento.

La autoridad a la que se dirija la recomendación deberá informar en 15 días sobre el cumplimiento. La autoridad o servidor público que haya aceptado la recomendación tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento.

En caso de no ser cumplimentada la recomendación, el presidente de la Procuraduría deberá hacer del conocimiento de la opinión pública, e informar de ese hecho al titular del poder ejecutivo y la cámara de diputados la negativa u omisión de la autoridad responsable.

Capítulo VI Disposiciones Finales

Artículo 38. La Procuraduría promoverá permanentemente la participación y colaboración ciudadana, para el cumplimiento de su labor y con ese propósito podrá suscribir convenios con las organizaciones civiles y privadas que se consideren necesarios.

Artículo 39. La Procuraduría deberá promover la más amplia difusión de sus funciones y servicios entre la ciudadanía, así como de sus programas de acción social, a efecto de lograr la mayor conciencia de la sociedad para ejercer sus derechos constitucionales y legales.

Del mismo modo, para preservar e incrementar su influencia y autoridad moral, y dotar de transparencia a sus actuaciones, la Procuraduría deberá también difundir ampliamente sus recomendaciones e informes periódicos.

Artículo Tercero. Se reforma el párrafo tercero del artículo tercero de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para quedar como sigue:

Articulo 3o. Las...

...

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente ordenamiento.

...

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El reglamento de la presente ley deberá expedirse dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que ésta entre en vigor.

Tercero. EL Ejecutivo, dentro de los 180 días siguientes en que entre en vigor el presente decreto, formulará la terna de las personas a formar parte del Consejo de la Procuraduría, así como quien fungirá como presidente de ésta.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 13 de septiembre de 2012.— Diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, René Ricardo Fujiwara Montelongo, María Sanjuana Cerda Franco, Sonia Rincón Chanona, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Fernando Bribiesca Sahagún, Luis Antonio González Roldán, José Angelino Caamal Mena, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Honorable asamblea, acaba de llegar a esta Presidencia...

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, ¿con qué objeto, diputado Tomás Torres Mercado? Sonido en su curul.

LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Gracias, estimado presidente. Es una moción de turno en el apartado de iniciativas; en el punto número cinco aparece una que formula un servidor, de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social.

Estimamos que la materia sustantiva de la propia iniciativa correspondería al turno únicamente, señor presidente, es mi petición, únicamente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Hago la solicitud con apoyo en el 114 y 119 del Reglamento. Gracias, por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 102 y 103 de la Ley del Seguro Social y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Tomás Torres Mercado, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 102 y 103 de la Ley del Seguro Social, y 133 de la Ley Federal del Trabajo, con la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa retoma una propuesta que presentamos hacia finales de 2007 y pretende contribuir a enriquecer el debate derivado del análisis de la iniciativa de reformas de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal con el carácter de preferente al inicio de este periodo ordinario de sesiones.

De forma concreta, proponemos reformar los artículos 102 y 103 de la Ley del Seguro Social, y 133 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de salvaguardar los derechos laborales de las trabajadoras embarazadas.

La fracción V del Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, durante el embarazo, las trabajadoras gozarán por fuerza de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores, debiendo recibir el salario íntegro y conservar el empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo.

Para materializar este derecho, la Ley del Seguro Social establece que la asegurada deberá haber cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio. Cuando la trabajadora no cumpla tal requisito, el pago del salario íntegro quedará a cargo del patrón.

Ante esta circunstancia es común que los patrones demanden a las mujeres que buscan empleo certificados de no gravidez o que recurran a despidos injustificados. Como hemos señalado, esta práctica atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres y, además de violar nuestro marco constitucional y legal, va contra de las disposiciones contenidas en diversos instrumentos internacionales ratificados por México, como los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, y 183, relativo a la protección de la maternidad.

Ante tal escenario, consideramos necesario reformar la Ley del Seguro Social para disminuir el número de semanas de cotización requeridas para que una trabajadora embarazada goce del subsidio de maternidad. De tal forma, el número de semanas de cotización pasarían de 30 a 24. Proponemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social subvencione a la asegurada con otras 6 cotizaciones semanales. La previsión de dicha subvención se hará en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De forma paralela y en coincidencia con otras iniciativas en la materia consideramos necesario señalar en la Ley Federal del Trabajo que está prohibido a los patrones exigir a las trabajadoras el certificado de no embarazo, o el compromiso de no embarazarse o de renunciar en caso de estarlo.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 102, y se adiciona un nuevo párrafo segundo, que recorre el actual, al artículo 103 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 102. Para que la asegurada tenga derecho al subsidio que se señala en el artículo anterior se requiere

I. Que haya cubierto por lo menos veinticuatro cotizaciones semanales, en el periodo de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio;

II. a III. ...

...

Artículo 103. El goce por parte de la asegurada del subsidio establecido en el artículo 101 exime al patrón de la obligación del pago del salario íntegro a que se refiere la fracción V del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, hasta los límites establecidos por esta ley.

Para los efectos de la fracción I del artículo anterior, en todos los casos el instituto subvencionará a la asegurada con otras seis cotizaciones semanales. La previsión de dicha subvención se hará en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Cuando la asegurada no cumpla lo establecido en la fracción I del artículo anterior, quedará a cargo del patrón el pago del salario íntegro.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I y se adiciona la XII al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 133.Queda prohibido a los patrones

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, género, estado civil o maternidad.

II. a XI. ...

XII. Exigir a las trabajadoras el certificado de no embarazo, o el compromiso de no embarazarse o de renunciar en caso de estar embarazada.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de septiembre de 2012.— Diputado Tomás Torres Mercado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia obsequia su petición. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A esta Mesa Directiva ha llegado un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mismo que se pide a la Secretaría dar lectura. En función de que no está circulado, dé lectura íntegra.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34 numeral 1, inciso c), 39, y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente acuerdo:

Consideraciones

I. Que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 71 constitucional, con fecha 4 de septiembre, la Cámara de Diputados dio cuenta de la siguiente iniciativa para trámite preferente remitida por el Ejecutivo federal el día de la apertura del presente periodo de sesiones ordinarias: Iniciativa de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo,misma que fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y que permanece en custodia de la Dirección General de Proceso Legislativo, hasta la creación de la comisión referida.

II. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el pleno que contribuyen a que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.

III. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 39, numeral 2, fracción XXXVII, del ordenamiento antes mencionado, la Cámara de Diputados cuenta con una comisión ordinaria de Trabajo y Previsión Social, misma que tiene, carácter de permanente, ya que no se extingue con el término de una legislatura.

IV. Que la Junta de Coordinación Política, de conformidad con los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 43, numeral 3 y 4 de la Ley Orgánica, es el órgano facultado para presentar a consideración del pleno la integración de las comisiones ordinarias, para lo cual tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara, con objeto de formular propuestas con base en el criterio de proporcionalidad. Atendiendo dicho ordenamiento, las comisiones legislativas se integrarán hasta con treinta diputadas y diputados.

V. Que la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura ha sigo integrada por siete grupos parlamentarios con la siguiente proporcionalidad:

• Del Partido Revolucionario Institucional, 212 diputados.

• Del Partido Acción Nacional, 114 diputados.

• Del Partido de la Revolución Democrática, 104 diputados.

• Del Partido Verde Ecologista de México, 29 diputados.

• Del Partido Movimiento Ciudadano, 16 diputados.

• Del Partido del Trabajo, 15 diputados.

• Del Partido Nueva Alianza, 10 diputados.

VI. Que los miembros de esta Junta de Coordinación Política, con objeto de contar a la brevedad con el órgano legislativo que se aboque al análisis y dictamen de la iniciativa antes mencionada, y de este modo estar en posibilidad de cumplir con sus obligaciones legales, ha determinado proponer al pleno la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con una configuración incluyente y proporcional, que permita la participación de todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se constituye e integra la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, para quedar como sigue:

Segundo.En virtud de las circunstancias excepcionales en que la Junta de Coordinación Política propone la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la Junta hace del conocimiento del pleno que este acuerdo no deroga ni omite la aplicación del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en relación a la facultad de la Junta de Coordinación Política contenida en el artículo 34, numeral 1, de dicho ordenamiento.

Tercero.Comuníquese a la Mesa Directiva, publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Transitorio

Único.Este acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, secretaria. Honorable asamblea, la constitución de esta Comisión, sui géneris, en virtud del trámite de iniciativa preferente, viene en formato de acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Se ruega a la Secretaría preguntar a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Esta Presidencia informa que en un lapso de 40 minutos, aproximadamente, la comisión se instalará en los salones C y D, del área conocida como Los Cristales.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Asimismo, esta Presidencia informa que hay otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que establece el método de dictamen en cuanto a su discusión y análisis, mismo que será ya motivo de la sesión de la propia comisión, una vez que ésta se instale.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el método de dictamen para la discusión y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo enviada con carácter preferente por el titular del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en ·lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 77 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 numeral 1, y 34 numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 numeral 1, fracción 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, formula el siguiente acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Que el pasado 9 de agosto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma Política, entrando en vigor al día siguiente de su publicación;

II. Que este decreto incluye la reforma del segundo párrafo y la adición de un tercer y cuarto párrafos al artículo 71 constitucional, con objeto de establecer la iniciativa preferentepara el titular del Ejecutivo federal;

III. Que en uso de este nuevo derecho, el Titular del Ejecutivo federal remitió al Congreso de la Unión, el pasado 1o. de septiembre de 2012, fecha de apertura de los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias de la LXII Legislatura, dos iniciativas con carácter de preferente, una de las cuales, la que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, fue remitida a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión correspondiente;

IV. Que en la primera sesión ordinaria del pleno de esta soberanía, el pasado 4 de septiembre, la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a la atención de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la instrucción de que quedara en resguardo de la Dirección General de Proceso Legislativo hasta que se integrara la referida comisión;

V. Que es por demás evidente que al haber sido presentada al inicio de una legislatura, el análisis y la discusión de la ya referida iniciativa preferente ha generado un escenario inédito pues el pleno de esta soberanía aún no ha integrado las comisiones ordinarias entre las que se encuentra la de Trabajo y Previsión Social, responsable de su despacho;

VI. Que al tratarse de un nuevo proceso jurídico - legislativo, esta Cámara de Diputados no ha realizado aún las reformas legales necesarias para incluir a la iniciativa preferenteen el Título Sexto de su Reglamento, relativo a los Procedimientos Especiales para el análisis y la discusión de reformas legales que cuenten con plazos de dictaminación establecidos en el texto constitucional;

VII. Que por otro lado, aún y cuando el Reglamento de la Cámara de Diputados establece en su artículo 176, fracción I, que la comisión responsable del despacho de un asunto deberá Definir un método de dictamen éste no podrá determinarse en virtud de no haberse integrado aún la mencionada Comisión de Trabajo y Previsión Social;

VIII. Que, sin embargo, ante el avance del plazo legal para el análisis y discusión de la iniciativa preferente establecido en el artículo 71 constitucional y ante la imposibilidad de solventar de manera íntegra el proceso legislativo relativo a su dictaminación con las normas aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, en uso pleno de sus facultades legales, ha considerado indispensable formular el presente acuerdo a efecto de establecer las normas y procedimientos que han de orientar la discusión, análisis y dictaminación de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal materia del presente acuerdo;

IX. Que el artículo 77, fracción I, de la Constitución señala que cada una de las cámaras, sin intervención de la otra, podrá “ ... dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior”;

X. Que el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden”y

XI. Que el artículo 34 numeral 1, inciso a), del mismo ordenamiento establece que es atribución de la Junta: “Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo”.

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados formula el siguiente

Acuerdo

Por el que se establece el método de dictamen para la discusión y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo enviada con carácter preferente por el titular del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Primero.El objeto del presente acuerdo es establecer el método de dictamen que deberá seguir la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados para el análisis y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo presentada por el Ejecutivo federal el 1o. de septiembre pasado, con carácter de preferente.

Segundo. Para la discusión de la iniciativa preferente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social podrá considerar todas las iniciativas con proyecto de decreto que se hayan propuesto para reformar, adicionar o derogar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y que hayan sido presentadas en la Cámara de Diputados durante la LXI y LXII Legislaturas, principalmente aquellas que han sido presentadas con consensos amplios entre los integrantes de los distintos grupos parlamentarios.

Tercero. La convocatoria para su instalación será con carácter de urgente y al momento de su instalación, la comisión deberá declararse en sesión permanente y conducirla en los términos de lo señalado por el artículo 171 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Cuarto.El análisis y discusión de la iniciativa preferente materia del presente acuerdo en el seno de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, se realizará en dos etapas, atendiendo a lo siguiente:

I. Preparación del proyecto de dictamen

Los diputados y diputadas integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social deberán hacer llegar a su Presidencia, por conducto de la Secretaría Técnica de la Comisión:

a) Lista de los artículos contenidos en la iniciativa preferente con proyecto de decreto materia del presente acuerdo, en los que no se presenten o formulen propuestas de modificación, de manera que puedan ser considerados para ser aprobados en sus términos.

b) Lista de los artículos de la iniciativa preferente reservados para su discusión y para los que se proponga una alternativa distinta de redacción.

En este último caso, por cada artículo señalado, deberá entregarse la nueva propuesta de redacción señalando claramente el texto original y la nueva redacción propuesta, identificando con letras en negrillas el nuevo texto que deba adicionarse o modificarse.

Estas propuestas deberán presentarse en hoja membretada que indique con claridad el nombre del diputado o diputada proponente, sin tachaduras ni enmendaduras, firmadas por su autor o autora. No se admitirán propuestas manuscritas o en fotocopia de la Gaceta Parlamentaria.

Estas listas y las correspondientes propuestas de modificación deberán ser entregadas a la Presidencia de la Comisión a más tardar el viernes 21 de septiembre a las 15:00 hrs.

II. Discusión del proyecto de dictamen

La Presidencia de la Comisión, con base en el resultado derivado de la primera etapa referida en la fracción I anterior, procederá a formular el proyecto de dictamen que deberá hacer llegar a los integrantes de la misma y cuya discusión y votación deberá programarse para tener lugar en el pleno de la comisión antes del miércoles 26 de septiembre de 2012 y que se desarrollará conforme a lo siguiente:

a) Discusión en lo general:

1. El presidente de la comisión podrá exponer los fundamentos del dictamen hasta por quince minutos.

2. Podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición, hasta por diez minutos, un orador por cada grupo parlamentario, en orden creciente.

3. La Presidencia de la comisión informará de los artículos del proyecto de decreto que no hubieren recibido observaciones así como de los que hubieren sido reservados y hayan recibido propuestas alternas de redacción.

4. Hecho lo anterior, se procederá a la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

5. Si el proyecto de dictamen hubiera sido aprobado en lo general por la mayoría de los votos de los diputados presentes, se procederá a la discusión en lo particular de los artículos reservados.

b) Discusión en lo particular:

1. Harán uso de la palabra, hasta por cinco minutos cada uno, los diputados que hubieren reservado artículos en los términos del numeral cuarto, fracción I del presente acuerdo y propuesto una alternativa distinta de redacción.

2. Luego de la intervención del diputado que hubiere reservado el artículo y presentada la propuesta de modificación o de adición, se consultará al pleno de la comisión, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

3. Si la respuesta es negativa, la propuesta se tendrá por desechada definitivamente.

4. Si la respuesta es afirmativa, la comisión determinará los términos de la discusión correspondiente.

5. Luego de las intervenciones anteriores, la Presidencia de la comisión consultará al pleno de la comisión en votación económica si se acepta la modificación o la adición propuesta; si la respuesta fuera negativa, se tendrá por desechada, pero si fuera afirmativa, el artículo de referencia se reservará para su votación nominal en conjunto, con la modificación o la adición aceptada, al término de la discusión en lo particular de los artículos reservados.

6. Cuando hubiere duda fundada, a juicio del Presidente, se procederá a votación nominal.

7. Agotada la discusión en lo particular, el presidente dará lectura a la lista de los artículos reservados que se votarán en conjunto en los términos del dictamen y se recogerá la votación nominal correspondiente; a continuación dará lectura a la lista de los que se votarán en conjunto con la modificación o la adición aceptada, y la Secretaría recogerá la votación nominal respectiva. No habrá discusión alguna dado que la misma ya se produjo.

Quinto.Lo no previsto por el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política.

Transitorios

Primero.El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su suscripción por la Junta de Coordinación Política.

Segundo.El presente acuerdo deberá comunicarse al Presidente y secretarios que conformen la Junta Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social quienes lo harán del conocimiento del resto de sus integrantes.

Tercero. La Junta Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social será responsable de aplicar e instrumentar el presente acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de septiembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

GUILLERMO AREVALO PEDRAZA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En otro apartado del orden del día y de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Raúl Gómez Ramírez, del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía lamenta el asesinato del ciudadano Guillermo Arévalo Pedraza, cometido presuntamente por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos de América, en el área de El Patinadero, de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El diputado Raúl Gómez Ramírez:Con su permiso, señor diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna por un tema que a nadie debe pasar desapercibido; en los márgenes del Río Bravo y específicamente en el área de El Patinadero, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, alrededor de las 19:00 horas del pasado lunes 3 de septiembre, murió asesinado el ciudadano Guillermo Arévalo Pedraza, por arma de fuego. Todo indica que los presuntos responsables fueron agentes de la patrulla fronteriza que accionaron sus armas desde el lado norteamericano de la frontera.

Guillermo Arévalo Pedraza, de 36 años de edad y de ocupación albañil, se encontraba en la orilla del Río Bravo realizando actividades de convivencia, en compañía de su esposa Dora Isabel Lam y sus dos hijas, cuando se suscitaron estos lamentables hechos.

Cabe hacer mención que el cónsul general de México en Laredo, Texas, Miguel Ángel Isidro, se da a la tarea de solicitar una investigación especial a la patrulla fronteriza, con la finalidad de esclarecer la muerte del albañil, aunado al envío de un reporte del incidente a la Embajada de México en Estados Unidos de América y la Secretaría de Relaciones Exteriores en México para lo conducente.

Asimismo las autoridades de ambas naciones se dan a la tarea de realizar las investigaciones, donde el ciudadano Guillermo Arévalo Pedraza fue asesinado por disparos de agentes de la patrulla fronteriza.

Lamentablemente se suma a una serie de muertes registradas y se tienen solamente registradas algunas, que enlistan desde el 2007, como lo fue el asesinato a tiros, en enero de 2007, del mexicano Francisco Javier Domínguez, en Naco, Arizona; el 8 de agosto del mismo año murió José Alejandro Ortiz, tras ser baleado en El Paso, Texas; el 20 de mayo de 2010, Anastasio Hernández Rojas fue golpeado por agentes federales migratorios en San Ysidro, California.

El mes de junio de 2010, fue asesinado el jovencito Adrián Hernández, de 15 años, en Ciudad Juárez; en junio de 2011, el también mexicano José Alfredo Yáñez, murió tras recibir un disparo de un agente migratorio en la barda que divide la ciudad de Tijuana con San Diego, California; el 7 de julio de este año, Juan Pablo Pérez Santillán, de 29 años, falleció de un balazo por un elemento de la patrulla fronteriza en la frontera de Brownsville con Matamoros, y así podrán mencionarse muchas cosas más.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido al Consulado General de México en Laredo, para brindar a los familiares de Guillermo Arévalo Pedraza, toda la asistencia consular y asesoría jurídica necesaria, además de apoyar a las dependencias mexicanas correspondientes de todos los órdenes de gobierno para las acciones que deban de emprender dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Pero además, compañeras y compañeros diputados, se hace necesario solicitar que se realicen las gestiones necesarias para indemnizar a la familia por la sensible e irreparable pérdida, debido a que el C. Guillermo Arévalo Pedraza era el sostén de su familia y ante este hecho quedan en total desamparo, tanto la esposa como sus hijos. Que con toda justicia sea castigado el o los culpables del crimen, porque los patrulleros de Estados Unidos de América no deben disparar hacia el lado mexicano, pues eso de inicio, éste solo acto, viola acuerdos internacionales y la soberanía nacional, y más allá, provoca la muerte de ciudadanos mexicanos en nuestro propio territorio.

También es exigible una investigación a fondo del lado americano para castigar a quien resulte responsable y permanecer atentos a la información y conclusiones generadas por las diversas instancias y autoridades de ambos lados de la frontera y sobre todo, las acciones y los resultados de las autoridades norteamericanas.

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, el compañero diputado Glafiro Salinas y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nos unimos a este reclamo.

Asimismo hago una abierta invitación a todos ustedes y agradezco de antemano a quien desee adherirse a este punto de acuerdo.

Concluyo, señor presidente.

Los migrantes no somos delincuentes ni somos animales para que se nos cace de esta manera; nuestro socio comercial número uno se ha convertido en el asesino número uno de los mexicanos; la franja fronteriza norte del país es una moderna Franja de Gaza. Gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía lamenta el asesinato del ciudadano Guillermo Arévalo Pedraza, cometido el pasado 3 de septiembre en el área del patinadero de Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos de América; y se insta a la SRE a reforzar las acciones emprendidas para esclarecer y sancionar conforme a la ley ese crimen, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En los márgenes del río Bravo, específicamente en el área de El Patinadero, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo Tamaulipas, alrededor de las 19:00 horas del pasado lunes 3 de septiembre, murió asesinado el ciudadano Guillermo Arévalo Pedraza por arma de fuego; todo indica que el presunto responsable es un agente de la patrulla fronteriza que accionó su arma desde el lado estadounidense de la frontera.

II. Guillermo Arévalo Pedraza, de 36 años de edad y de ocupación albañil, se encontraba en la orilla del río Bravo realizando actividades de esparcimiento en compañía de su esposa Dora Isabel Lam de 26 años y sus dos hijas cuando se suscitaron los hechos.

III. El Cónsul General de México en Laredo, Texas, Miguel Ángel Isidro, se da a la tarea de solicitar una investigación especial exhaustiva a la Patrulla Fronteriza con la finalidad de esclarecer la muerte del albañil; aunado al envío de un reporte del incidente a la Embajada de México en Estados Unidos, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México para lo conducente.

IV. Así como las autoridades de ambas naciones se dan a la tarea de realizar las investigaciones donde Guillermo Arévalo Pedraza fue asesinado por disparos de un agente de la patrulla fronteriza, lamentablemente, se suma a una serie de muertes registradas y sólo desde el 2007 como el mexicano Francisco Javier Domínguez en Naco, Arizona, asesinado a tiros en enero de 2007; el 8 de agosto del mismo año, murió José Alejandro Ortiz tras ser baleado en El Paso, Texas; el 20 de mayo del 2010, Anastasio Hernández Rojas fue golpeado por agentes federales migratorios en San Ysidro, California; en junio del 2010, fue asesinado el jovencito Adrián Hernández Guereca, de 15 años, en Ciudad Juárez; en junio del 2011, el también mexicano José Alfredo Yañez murió tras recibir un disparo de un agente migratorio en la barda que divide a Tijuana de San Diego, California; el 7 de julio de este año, Juan Pablo Pérez Santillán, de 29 años, falleció de un balazo disparado por un elemento de la Patrulla Fronteriza en la frontera de Brownsville-Matamoros ... Y así, podrán mencionarse muchos casos más.

V. El pasado 5 de septiembre, en el comunicado 248 la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa el enérgico rechazo del gobierno de México por el incidente registrado y, según la información actualmente disponible, señala que un ciudadano mexicano perdió la vida tras recibir un impacto de bala por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. En consecuencia, el gobierno de México ha expresado de manera reiterada que el uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio es inaceptable, por lo que es fundamental tener plena claridad sobre los hechos ocurridos.

VI. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido al Consulado General de México en Laredo a brindar a los familiares del connacional toda la asistencia consular y asesoría jurídica necesaria. Asimismo, éste apoyará a las dependencias mexicanas correspondientes de todos los órdenes de gobierno para las acciones que deban emprender dentro de sus respectivas jurisdicciones.

VII. El gobierno de México reitera su compromiso de continuar trabajando con el gobierno de Estados Unidos para asegurar la plena implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza, a fin de prevenir y responder ante situaciones de esta naturaleza.

VIII. Se hace necesario solicitar que se realicen las gestiones necesarias para  indemnizar a la familia, por la sensible e irreparable pérdida, debido a que el ciudadano Guillermo Arévalo Pedraza era el sostén de esa familia y ante éste hecho, quedan en estado de vulnerabilidad tanto la esposa como sus hijas. Y con toda justicia, sea castigado el culpable del crimen, puesto que los patrulleros de Estados Unidos no deben disparar hacia el lado mexicano, pues de inicio, éste sólo acto viola certera mente acuerdos internacionales y, más allá, provocar la muerte de ciudadanos mexicanos en propio territorio.

IX. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su oficina de Derechos Humanos urgió en mayo pasado a Estados Unidos a garantizar que el comportamiento de los agentes de la Patrulla Fronteriza se ajusten a los estándares internacionales de empleados estatales en cumplimiento a la normativa aplicable.

X. Es exigible una investigación a fondo del lado americano con la finalidad de castigar a quien resulte responsable y permanecer atentos a la información y conclusiones generadas por las diversas instancias y autoridades, de ambos lados de la frontera y, sobre todo, de las acciones emprendidas y los resultados de las autoridades norteamericanas.

Además de lo anterior, y finalmente someto a consideración de ésta honorable soberanía un minuto de silencio por todas las víctimas, migrantes y habitantes de la franja fronteriza que han fallecido en actos como éste.

Por expuesto someto a consideración de ésta honorable Cámara de Diputados los siguientes puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución

Acuerdos

Primero.Por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión lamenta el asesinato del ciudadano Guillermo Arévalo Pedraza, ocurrido el pasado 3 de septiembre en el área de El Patinadero de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas cometido presuntamente por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, e instar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar las acciones emprendidas para esclarecer y sancionar conforme a la ley dicho asesinato.

Segundo.Invitar a ésta honorable soberanía a guardar un minuto de silencio en ésta sesión plenaria por todas las víctimas, migrantes y habitantes de la franja fronteriza que han fallecido en actos como éste.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2012.— Diputados: Raúl Gómez Ramírez, Glafiro Salinas Mendiola (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia informa que están inscritos los compañeros diputados Luis Antonio González Roldán, Lilia Aguilar Gil, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Félix Arturo Camarena García, María del Socorro Ceseña Chapa, Glafiro Salinas Mendiola y don Enrique Cárdenas del Avellano.

Tiene el uso de la palabra el primero de los nombrados... ¿Perdón? Así dice el Reglamento, no es invento mío, hasta por tres minutos.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se solidariza con la familia del mexicano Guillermo Arévalo Pedraza y condena de manera contundente este artero asesinato cuyos responsables se supone son agentes de la patrulla fronteriza. Lo anterior, con la gravedad de que nuestro compatriota se encontraba conviviendo con su familia en territorio nacional.

Este acto criminal se suma a los cientos de asesinatos ocurridos en la frontera en lo que va del sexenio, lo más preocupante del asunto es la tibia reacción del gobierno mexicano ante la displicencia de las autoridades estadounidenses frente a estos casos.

Compañeras y compañeros diputados, ¿cuántas muertes de mexicanas y mexicanos o de migrantes estamos dispuestos a permitir?

En Nueva Alianza sabemos que como representantes de la nación no podemos ser omisos ante estos hechos; es el momento de exigir enérgicamente al Ejecutivo federal la aplicación y cumplimiento de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos de América sobre la prevención de la violencia en la región fronteriza y los protocolos para la prevención de la misma.

Las mexicanas y mexicanos exigimos respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros compatriotas; si el Estado mexicano no puede garantizar la seguridad mínima de sus ciudadanos, algo está fallando. Reprobamos que las autoridades mexicanas asuman una postura de conformismo diplomático y que acepten cualquier respuesta oficial de los Estados Unidos de América; por ello, votaremos a favor del presente punto de acuerdo.

En atención a la solicitud del preopinante y proponente del punto, nos adherimos al mismo; exhortamos a la Cancillería mexicana agilice las acciones necesarias para esclarecer el asesinato del ciudadano Guillermo Arévalo Pedraza y de todos los casos pendientes, algunos ya señalados en esta tribuna, para que las familias reciban la justicia que exigen. Es cuanto, señor diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz doña Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias. Con el permiso del pleno. Francisco Javier Domínguez, asesinado a tiros en Arizona, en 2007; José Ortiz, baleado en El Paso, Texas, en el 2010; Anastasio Hernández Rojas, golpeado por agentes federales en California, también en 2010 y en el mismo año Adrián Hernández Huereca, un joven de 15 años, fue asesinado en terreno nacional, en Ciudad Juárez, en 2010, como ya lo dije.

El día de hoy, compañeros legisladores, el PT se une, no solamente a lamentar sino a condenar la muerte de Guillermo Arévalo Pedraza, presumiblemente en manos de la patrulla fronteriza.

Como sabemos, estos hechos trágicos no es la primera vez que suceden, no son, para los que vivimos en la frontera ni para los mexicanos que viven en Estados Unidos de América, extraños los abusos de la patrulla fronteriza y los servicios de migración; sin embargo, en esta tribuna es necesario no solamente dar el más sentido pésame a la viuda e hijos de Guillermo, sino además hacer un pronunciamiento para que, en tono enérgico, las autoridades mexicanas pidan que se esclarezca este hecho.

No es posible, compañeros legisladores, permitir que se vulneren la soberanía nacional o los derechos de nuestros connacionales y que se atente contra la vida de ciudadanos mexicanos en territorio nacional o en territorio extranjero.

Es urgente que se lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar —como ya se dijo en esta tribuna— los derechos humanos, pero sobre todo la vida de los mexicanos que transitan en la frontera norte y también de los que viven en Estados Unidos de América, porque como se ha dicho en esta tribuna, quienes se han visto en la necesidad de cruzar la frontera para buscar un mejor futuro, no son delincuentes, sino son constructores de aquella nación y también son seres humanos.

Compañeros diputados, seamos realista, mientras no contemos con un acuerdo en el tema migratorio se seguirán presentando hechos lamentables, como el asesinato de Guillermo Arévalo Pedraza.

Con esto concluyo, diciendo de parte del Partido del Trabajo, que es indispensable que el gobierno de Estados Unidos de América ejerza mecanismos de supervisión para que los agentes de la patrulla fronteriza no hagan uso excesivo de la fuerza y la violencia.

Nos sumamos, en el Partido del Trabajo, a los resolutivos que se plantean en el punto de acuerdo que discutimos y hacemos un llamado enérgico para que sean respetados los derechos humanos y la vida de los mexicanos, en ambos lados de la frontera. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Víctor Manuel Jorrín, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con el derecho que me corresponde, por ser diputado, tomo esta tribuna.

Compañeros, el posicionamiento de punto de acuerdo en relación al asesinato del ciudadano Guillermo Arévalo Pedraza, no solamente es un tema de dolor y de reflexión ni tampoco se va a resolver solamente dando disculpas o pidiendo disculpas o pidiendo investigación; es un asunto más de fondo, que requiere una revisión de las políticas públicas internacionales y nacionales.

Si la economía de nuestro país continúa bajo esta circunstancia, en una quiebra total del país, van a seguir asistiendo los mexicanos a buscar una mejor fuente de empleo y de vida; sin embargo, esto no da derecho a las patrullas fronterizas a tomar como animales de caza a los mexicanos ni tampoco como su centro de diversión.

Cabe la pena mencionar que lo mismo que ocurre en la frontera también ocurre en el interior del país; no se han realizado las investigaciones de muchos migrantes que han muerto, que han sido asesinados ni tampoco de los mexicanos que han sido asesinados en el interior del país, prueba de ello es el asesinato de nuestro compañero diputado del PAN y también de nuestro compañero diputado del PRD, Armando Chavarría, en el estado de Guerrero, y que aún no se esclarecen las investigaciones, aún está pendiente la investigación de la desaparición de los jóvenes de Movimiento Ciudadano en Michoacán y no hay respuesta.

Por tanto, pido que se adicione a este punto de acuerdo que se cree una comisión especial para la investigación de estos asesinatos y una comisión que permita también darle continuidad a las investigaciones de los futuros problemas que se presenten en la frontera. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Tiene el uso de la palabra un destacado abogado, don Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. La forma es fondo. Estimados diputados de la LXII Legislatura, en la tribuna se pronunciaron de los posicionamientos a la glosa del informe el presidente de la República y en estas intervenciones los sucesos acontecidos el 3 de septiembre en el área del Patinadero, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por un agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América, quien cegó de la existencia a Guillermo Arévalo Pedraza, mexicano de 36 años dedicado al trabajo de la construcción.

El crimen que cometió nuestro connacional fue buscar un momento de esparcimiento con su familia, esto ameritó su vil asesinato ante los ojos de sus seres queridos, ¿cuánto dolor se habrá vivido, cuánto sentimiento impotente nació al existir un desquiciado con un arma y la accionó en contra de una familia? ¿Cómo hacerle entender a la esposa, a sus hijas, que aquello no fue un mal sueño, cuando lamentablemente no solo es consciente de la muerte de su pareja y de su padre, sino también del trauma de presenciar su asesinato?

¿Qué acaso todo lo expresado no debe de ser objeto de la máxima indignación? Y cuando me refiero al universo de los indignados, no solamente me enfoco a los mexicanos o a los familiares de Guillermo, sino de todo el género humano.

Alguien, con el único argumento de la locura, la violencia, la fuerza absurda, la posesión de un arma, mató a un ser humano en condiciones verdaderamente infames.

Ante ello, mi reflexión no puede exclusivamente encaminarse a la expresión del dolor, creo que debemos de mantener los minutos de silencio solemnes para otro instante, ahora debemos de alzar con grito nuestros reclamos y enfocarnos directamente a quienes tienen el deber de velar por la seguridad nacional, por darnos esa confianza.

Por ello, le pregunto directamente a todos los legisladores emanados del Partido Acción Nacional, quienes recientemente adornaron la actual postura de la política exterior, ¿qué hicieron para prever todos estos incidentes? ¿Cuál es el resultado de la diplomacia que hoy encabezan? Queremos saber a quién no le arde el rostro de todos y cada uno de ustedes, para apersonarse ante la deuda de Guillermo Arévalo Pedraza, y decirle a su familia: tranquila, no pasó nada, ya pasará, todo está bien.

Sepan bien que la familia a deuda no perdió un objeto intercambiable, perdió la presencia, por siempre, del esposo, del padre de familia, de una persona trabajadora y comprometida, que incluso estaba preocupada por darles los instantes más importantes a su familia y de hecho, así lo privaron de su vida. Ni todo el dinero del mundo será bálsamo para mensurar sus penas.

Por ello, vuelvo a lo mismo, ¿qué hizo y qué ha hecho la presente administración? El diputado que ha propuesto o presentado este punto de acuerdo del Partido Acción Nacional y en la que ya detalladamente ha señalado la forma en que muchos mexicanos han perdido la vida a manos de la patrulla fronteriza, está bien, pero se olvidó de que de la administración actual emana del Partido Acción Nacional, quien en los sucesos ya enlistados demostró claramente su incapacidad de eficiencia, su incapacidad de establecer una postura enérgica efectiva, de modo tal que jamás se debió de presentar ninguno de los hechos anteriores.

Queremos conocer que no se continuarán presentando más sucesos de este tipo. Ya basta. No queremos peroratas, deseamos apreciar los castigos ejemplares que merecen cada uno de los asesinos.

La gente mexicana no desea saber que la Organización de las Naciones Unidas, a través de los derechos humanos, urgió en mayo pasado a los Estados Unidos de América en garantizar a los agentes de la patrulla fronteriza. No. Queremos resultados.

Compañeros, luchemos porque nunca más se presente una nueva muerte en la frontera norte ni en la frontera sur. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, abogado. Doña María del Socorro Ceseñas Chapa, del PRD, tiene el uso de la voz hasta por tres minutos.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados de esta LXII Legislatura, los hechos ocurridos el pasado 3 de septiembre del presente año enlutó a la familia Arévalo Lam; ha puesto en evidencia la actuación violatoria de la patrulla fronteriza, pero lo más grave es que ese asesinato y muchos otros más que han ocurrido de nuestros migrantes connacionales están impunes, y obviamente pudieron no haber sucedido.

El voto del Grupo Parlamentario del PRD es a favor de la propuesta, con algunas observaciones que solicito sean incorporadas, lo hacemos por congruencia a nuestro programa de gobierno, en el que tenemos principios y entre ellos, un principio, el de la no discriminación del género humano por raza, sexo, edad, religión, preferencia sexual, condición social y económica.

El asesinato de Guillermo Arévalo Pedraza, nos merece y nos demanda, al igual que ese asesinato, el de muchas otras que han sucedido, nos demanda a esta Legislatura una actuación enérgica y decidida, de solidaridad para con las y los migrantes nacionales e internacionales.

Porque él, Guillermo y muchos otros y otras, en la búsqueda de mejores condiciones, en camino hacia el norte del país y a otros países, obedece a una irresponsabilidad del Estado mexicano, que por varios sexenios ha abandonado actuar con responsabilidad, con apego a la Constitución, porque el Estado mexicano por varios sexenios se ha olvidado del compromiso de garantizar los derechos constitucionales, de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, de garantizar —para decirlo en pocas palabras— la seguridad humana.

El Estado mexicano ha aplicado de manera sistemática y errónea, un modelo político, económico y social autoritario, y ha gobernado, fincado fundamentalmente en políticas neoliberales, obedeciendo a la oligarquía mexicana y a la internacional.

Este sistema político que el Estado mexicano ha ido aplicando debe ser desterrado de este país por un modelo, un modelo de política económica y social con justicia, con democracia y con respecto irrestricto en la búsqueda de los derechos humanos, en la búsqueda de la seguridad humana.

Obedece también y ha metido a la situación en este país a agrandar esa brecha de la desigualdad, donde existen millones de mexicanas y mexicanos que tienen que seguir el camino que Guillermo hizo en su momento, porque hay un total abandono para poder garantizar que se cumplan esos derechos constitucionales, iniciando por la alimentación.

Muchas personas han muerto de manera injusta, y no solamente fue en la frontera del norte de nuestro país. Tenemos muchos ejemplos: Nuevo León, Tamaulipas, que es el estado de origen de Guillermo, dan muchos ejemplos.

Reitero, la posición del voto a favor del PRD es por congruencia y no como erróneamente dice un gobernador, que es el de mi estado, que para sacar raja política; erróneamente, porque no tienen obviamente conocimiento de lo que está pasando en este país.

Termino, señor presidente.

Además, tenemos que sumar esfuerzos y alzar la voz. Estados Unidos de América acaba de perder a uno en el accidente que dio en Tres Marías; ya están implementando las medidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros, como mexicanas y como mexicanos?

A favor, con los agregados correspondientes de demanda de una solidaridad, por el bien de las mexicanas y los mexicanos, para evitar ese traslado al norte del país y a otros países en búsqueda de lo que este Estado mexicano no ha sido capaz de darle. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Glafiro Salinas Mendiola, del PAN, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Glafiro Salinas Mendiola:Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, soy de Nuevo Laredo, ha sido muy difícil para mí que en esta primera ocasión que ocupo ésta más alta tribuna de mi país tenga que ser para expresarles el dolor de mi pueblo, de mi gente, de mi distrito.

En este momento nos duele a todos lo que ha sucedido; mi gente se siente ofendida, estamos resentidos y hemos compartido el luto de una familia, que sin razón, que sin justificación alguna se quedó sin sustento y los hijos sin el cariño, y como dicen mis compañeros, ¿cómo les podemos explicar lo que ha sucedido?

¿Es acaso, compañeros y compañeras, la infantil explicación de que mataron a ese ciudadano mexicano porque estaba lanzando piedras? Rayan en lo injusto y en lo inexplicable. Es ahora nuestro momento de reclamar., y como decía un compañero y una compañera: nada ahora soluciona el problema.

Hemos compartido con esa familia el luto, hemos estado ahí, el daño es irreversible y es grande; por eso ocupo este lugar para pedirles a todos ustedes que no nos queda más que exigir que haya justicia, que se sancione a los responsables de acuerdo a la ley. Éste es un crimen que no tiene otro nombre más que ése, hay una violación clara a los derechos humanos y a las garantías individuales.

Pero lo que más nos duele, lo que más nos duele políticamente hablando, es que haya una violación a la soberanía de nuestro país; nuestro connacional estaba del lado mexicano, los de la patrulla fronteriza se encontraban del lado americano, los que conocemos ese lugar sabemos que es imposible que una piedra pueda ocasionar un disparo que ciegue la vida de un compañero mexicano.

Es ahora que debo de agradecer a todos mis compañeros de la Cámara que me antecedieron, incluyendo todos los colores de todos los partidos, necesitamos trabajar para que esto no vuelva a suceder, porque cada vez que sucede lastiman a todos los ciudadanos de México y a nuestro país.

Es cierto, hemos hablado con el cónsul de los Estados Unidos de América en México, hemos hablado con los congresistas que están a la disposición del trabajo y la investigación, y nos ofrece, nos ofrecen una investigación a fondo y una indemnización para cubrir todos los gastos de la familia. Pero nos preguntamos, si no actuamos nosotros como legisladores, con el poder que tenemos, para que no solamente se nos pida disculpas o se nos justifique que van a cubrir todos los gastos, más que eso debemos de exigir que se sancione como debe de ser a quien injustificadamente cegó la vida de uno de nosotros.

Por último, compañeros y compañeras, necesitamos de una vez por todas, estamos comprometidos para decirle a todos los mexicanos que estén donde estén y sean quien sean, estamos para cubrir sus derechos y salir a su defensa en el momento que sea necesario. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Finalmente, don Enrique Cárdenas del Avellano, hasta por tres minutos.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano:Con su venia, flamante presidente. Agradezco de antemano su atención, compañeras y compañeros legisladores, es un honor hacer el uso de la máxima tribuna del país.

En nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a expresar a esta representación popular nuestra condena más enérgica a los hechos suscitados con fecha 3 de septiembre del presente, en la zona fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas y de Laredo, Texas, en la que fue privada de la vida el ciudadano mexicano Guillermo Arévalo Pedraza, al parecer —y por la evidencia que ha conocido la opinión pública nacional— por integrantes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América.

Es por ello que exigimos a la Procuraduría General de la República que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, lleve a cabo una investigación exhaustiva referente a los hechos, en donde perdiera la vida el ciudadano mexicano Guillermo Arévalo Pedraza.

El crimen se cometió en territorio mexicano y debe de ser objeto de una sólida indagatoria que motive a las acciones responsables y comprometidas a las autoridades competentes del vecino país del norte. Exigimos que se esclarezca la responsabilidad de los integrantes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América.

De igual forma, hacemos un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal para que requiera a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América la relación de una investigación objetiva e imparcial de los hechos. Ante la violación evidente de la ley, existe el deber de actuación de las autoridades estadounidenses.

En ese orden de ideas, exhortamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que solicite a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América para que se instruya a los miembros de la patrulla fronteriza a que respeten los derechos fundamentales de las personas y se abstengan de recurrir al ejercicio de la violencia y por eso, de armas de fuego, en situaciones donde no existe ningún riesgo para su integridad física. El exceso y el uso de la fuerza es un abuso.

Adicionalmente, solicitamos enfáticamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que exija a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, que se confiera a los deudos del ciudadano mexicano Guillermo Arévalo Pedraza, la indemnización que deba corresponderles al haber sido privados del sostén económico familiar.

Es clara la acción que exigimos del gobierno federal: investigación propia de un crimen cometido en el territorio nacional; sanción a los responsables, con base en la acción diplomática, y la indemnización a los deudos del señor Guillermo Arévalo Pedraza.

A nuestra paisana tamaulipeca Dora Isabel Lam y a sus hijas, queremos decirles que no estarán solas, contarán con todo el apoyo de este honorable Congreso de la Unión. Muchas gracias; es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor orador. Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dé lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación a la presencia de la secretaria del Trabajo el próximo lunes, en esta honorable Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se invita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social a efecto de compartir información relacionada con el proceso de dictamen de la iniciativa preferente remitida por el titular del Ejecutivo federal denominada “iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7 numeral 4, 33 y 34, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y

Considerando

I. Que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 71 constitucional, con fecha 4 de septiembre, la Cámara de Diputados dio cuenta de la siguiente iniciativa para trámite preferente remitida por el Ejecutivo federal el día de la apertura del presente periodo de sesiones ordinarias: Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo,misma que fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social;

II. Que a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el pleno de la Cámara de Diputados, constituyó e integró la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura en la que se incluyeron a representantes de todos los grupos parlamentarios.

III. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.

IV. Que la Mesa Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara ha solicitado a la Junta de Coordinación Política que se gire una atenta invitación a la Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de intercambiar información sobre el proceso de dictamen de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajoremitida con el carácter de iniciativa preferente por el titular del Ejecutivo federal.

Por lo antes expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 y en el inciso b), del numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se invita a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados a efecto de compartir información relacionada con el proceso de dictamen de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo,remitida con el carácter de iniciativa preferente por el titular del Ejecutivo federal.

Segundo.La reunión se celebrará en las instalaciones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social el día lunes 17 de septiembre a las 17:00 horas.

Tercero. Se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informe de esta invitación a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego, secretario, pregunte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Dejo la Presidencia en las expertas manos de don José González Morfín.

Presidencia del diputado José González Morfín

LAICIDAD DE LA EDUCACION PUBLICA

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que garantice la defensa de la educación pública en los términos del artículo 3o. constitucional.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, en una sociedad en que la brecha, entre los más vulnerables y los que todo lo tienen, se hace cada día más grande, una educación pública de calidad representa la opción por excelencia para abatir esas ofensivas diferencias.

En este sentido, una obligación del gobierno es la aplicación de la ley para garantizar el Estado de derecho y así alcanzar una convivencia sana y armónica; una democracia concebida como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

En un Estado de derecho, los individuos ceden al Estado la responsabilidad de garantizar su seguridad. No obstante, una de las paradojas de nuestros tiempos es que en un mundo caracterizado por el avance de la ciencia y la tecnología, resurgen a la par los fundamentalismos y los dogmas, que pueden ser entendibles en el marco de la libertad de creencias de que goza cada quien en lo individual, pero inadmisible cuando se trata de imponer la voluntad de pequeños grupos conculcando un derecho fundamental, que es el que tiene todo individuo a recibir educación; me refiero al caso de Nueva Jerusalén.

El cumplimiento de la norma constitucional es un acto obligado para el gobierno mexicano; más aún cuando se pone en riesgo el bien jurídico más preciado, que es la vida de las niñas y los niños, al tener que emprender una verdadera travesía para llegar a la escuela ante la actitud contemplativa de un estado, cuya falta de acciones contundentes le convierte en cómplice.

Hoy más que nunca, los principios que sustenta la educación pública conforme al 3o. constitucional cobran vigencia, pues contribuyen a proteger la dignidad de las personas, la convicción del interés general de la sociedad y evitar los privilegios de religión o de grupos, pues si el principio de laicidad en educación debe entenderse como que ésta permanezca ajena a cualquier doctrina religiosa, mucho menos se debe de permitir que con base en este tipo de convicciones, alguien niegue a los demás un derecho constitucional, más no es ésta la amenaza única que se cierne sobre los principios que rigen la educación pública.

Hoy, ante los apetitos de quienes ven en el ámbito educativo un nicho ideal para la realización de jugosos negocios, ratificamos que la educación pública es un bien común y debe permanecer pública y gratuita; por ello, debemos de estar alerta ante cualquier intento por comercializar lo que pertenece a todos los mexicanos.

En este contexto, cabe recordar que los libros de texto gratuito han constituido una herramienta fundamental en la educación de las y los mexicanos a lo largo de generaciones y hoy cobran mayor importancia como fuente de información científica, pues es indispensable que exista información confiable para que las y los mexicanos podamos conocer nuestra realidad y ejercer con plenitud entre otros derechos el que todos tenemos a la sexualidad y a la reproducción de manera libre, informada y responsable.

Reconociendo el importante papel de la educación en la transformación de las personas y de las naciones, se ha decidido desde hace algunos años compararnos con los países más avanzados del mundo.

Lejos de tomar los resultados insatisfactorios de nuestros estudiantes en los exámenes de PISA, como pretexto para sostener la posibilidad de una privatización educativa, debemos comparar también los insumos y los procesos.

El país moderno que todos queremos pasa indubitablemente por las aulas de las escuelas públicas; si de verdad estamos convencidos de que podemos transformarlo tendremos la oportunidad de mostrarnos congruentes a la hora de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos.

Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza asumimos la responsabilidad de velar por la laicidad de la educación pública y vigilaremos que ninguna niña, niño o joven deje de ejercer el derecho a una educación de calidad con equidad.

Con base en estas consideraciones, les solicito respetuosamente su voto a favor del presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que en el ámbito de su competencia, y ante la ofensiva de que está siendo objeto la educación pública, garantice su defensa y rechace toda intervención que pretenda vulnerar el principio de laicidad de la educación, así como toda pretensión de privatizarla, promoviendo las acciones pertinentes para su fortalecimiento.

Segundo. La Cámara de Diputados reconoce que los libros de texto gratuito constituyen un instrumento fundamental para la equidad y calidad en la educación, que ésta constituye un derecho y es obligación del Estado garantizar el acceso de todos los mexicanos y mexicanas a una educación pública, laica y gratuita.

A su consideración. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a garantizar la defensa de la educación pública, en términos del artículo 3o. constitucional; y rechazar toda intervención tendente a vulnerarla y los intentos de privatizarla, mediante la promoción de acciones para fortalecerla, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La educación es una responsabilidad del Estado mexicano y por ende está regulada por el artículo 3o. constitucional en el que se establece el principio de laicidad y gratuidad, para garantizar que ésta tiende al desarrollo armónico de las facultades del ser humano y fomente “el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia”.

Un Estado laico es fundamental para asegurar derechos y libertades de las personas, reconocer y respetar las diversidades; así como promover una convivencia social armoniosa. Para lograrlo es esencial garantizar la separación del Estado y las iglesias tal como lo señala el artículo 130 constitucional.

Sin vulnerar la libertad religiosa, la educación debe sujetarse a la esencia de la construcción de nuestra identidad nacional que es producto de procesos históricos en la construcción y consolidación del Estado mexicano.

De esta forma, en Nueva Alianza entendemos por laicidad como “un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas principalmente por la soberanía popular y no por elementos religiosos. Esa es la razón por la cual la democracia representativa y la laicidad están intrínsecamente ligadas.

Asimismo, consideramos importante que prevalezca el principio de gratuidad en el acceso y permanencia de la educación para garantizar la equidad e igualdad de oportunidades para las y los mexicanos.

Con base en las consideraciones anteriores, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza propone a esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de su competencia y ante la ofensiva de que es objeto la educación pública, garantice su defensa y que rechace toda intervención que pretenda vulnerar el principio de laicidad de la educación, así como toda pretensión de privatizarla, promoviendo las acciones pertinentes para su fortalecimiento.

Segundo.La Cámara de Diputados reconoce que los libros de texto gratuito, constituyen un instrumento fundamental para la equidad y calidad de la educación pública; qué esta constituye un derecho y es obligación del Estado garantizar el acceso de todos los mexicanos y mexicanas a una educación pública, laica y gratuita.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2012.— Diputada: Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia y de conformidad con lo que establece el artículo 113 del Reglamento, informo a la asamblea que se han inscrito para formular la posición de los grupos parlamentarios, el diputado Héctor Hugo Roblero, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; la diputada Zuleyma Huidobro, por el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; el diputado Roberto López González, por el PRD; el diputado Ernesto Alfonso Robledo, por el PAN y el diputado Abel Octavio Salgado, por el Grupo Parlamentario del PRI.

En consecuencia tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está a favor de la preservación del Estado laico, que deriva directamente de la separación entre el Estado y las iglesias, cuyo antecedente lo constituyen las Leyes de Reforma expedidas en Veracruz, en julio de 1859, por el presidente Benito Juárez García.

El Estado mexicano ha procurado que la educación se imparta en las instituciones educativas y esté alejada de dogmas o prejuicios religiosos; en ese sentido, la redacción del artículo 3o., en su fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe con claridad que dicha educación será laica y por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

Nuestro grupo parlamentario respeta cualquier expresión religiosa que puedan adoptar los ciudadanos mexicanos; sin embargo, en materia educativa sostenemos que la educación debe ser ajena a cualquier dogma y ser científicas.

Concebimos al proceso educativo como la apropiación de conocimientos que tiene como propósito fundamental la transformación de la persona y del entorno social en que vive; expresamos que el Estado mexicano tiene la obligación de impartir educación laica, pero que también ésta debe ser gratuita, para permitir que quienes se encuentran en una situación económica desfavorable puedan ingresar a las escuelas.

Más aún, se debe establecer un amplio programa de becas que apoyen a los educandos en todo lo que se requiera. También un sistema nacional de bibliotecas públicas, con acceso a Internet, lo anterior significa el uso de las tecnologías más modernas y su aplicación para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, reconocemos que el libro de texto gratuito que se utiliza en la educación básica ha permitido a los padres de familia un gran ahorro económico y constituye un valioso aporte para que nuestros jóvenes en primaria y secundaria puedan acceder al infinito camino del conocimiento, sin que las condiciones particulares de sus hogares constituyan un obstáculo para adquirirlos.

En todo caso, habría que hacer una revisión integral de dichos libros para adecuarlos a las necesidades del mundo moderno; conciliar en un texto nuestro pasado como nación, con el presente y futuro que aportan las nuevas tecnologías.

El libro gratuito que nace en la gestión del presidente Adolfo López Mateos, históricamente ha constituido un gran apoyo, en un principio para los niños en la educación primaria y ahora en la secundaria.

Así como en la pasada legislatura se aprobó la reforma constitucional para ser obligatoria la educación preparatoria, ahora debemos evolucionar para explorar la conveniencia de establecer el libro de texto gratuito en este nivel.

Estamos seguros que con estas medidas daríamos un apoyo real a nuestros estudiantes, democratizaríamos el conocimiento formando académicamente a más y mejores mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados, apoyamos en sus términos la proposición con punto de acuerdo que se nos presenta. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Roblero. Corresponde ahora el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, a la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, señor presidente. Escuchamos a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Partido Nueva Alianza, presentando el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a garantizar la defensa de la educación pública, en términos del artículo 3o. constitucional, y rechazar toda intervención tendiente a vulnerarla y los intentos a privatizarla, mediante la promoción de acciones para fortalecerla.

Por principio de cuentas, cabe resaltar que la proposición con punto de acuerdo en estudio carece de sustancia, no se aprecia en modo alguno un problema real y concreto que merezca poner a consideración de la máxima tribuna de nuestro país esta proposición.

En la parte de consideraciones se hace mención a los principios de laicidad y gratuidad de la educación que debe impartir el Estado mexicano; no hay más información, fuera de algunas anotaciones que nos recuerden el significado del principio de laicidad.

De hecho ni siquiera coincide la información presentada en esta parte de consideraciones con las peticiones incluidas en los puntos de acuerdo primero y segundo, que se encuentran al final del documento.

Esta situación es aún más indignante cuando caemos en cuenta que el país tiene problemas sistemáticos, que si bien es cierto, temas prioritarios como la educación exigen que la máxima tribuna de nuestro país se avoque completamente a ellos. Esto debe hacerse con base en un análisis profundo del problema y objetivamente.

Como todos sabemos, México dedica el 5.7 por ciento de su ingreso nacional en la educación, monto que en comparación con su gasto público lo ubica como la nación con mayor tasa de inversión en este rubro; sin embargo, ocupamos el último lugar en las pruebas de aprovechamiento escolar, según datos del programa internacional para la evaluación de los alumnos, PISA, por sus siglas en inglés.

Resulta una gran paradoja lo anterior, pero esto puede explicarse por diversas razones; en primer lugar, el gasto per cápita por alumno permanece muy debajo en todos los niveles escolares, puesto que más del 90 por ciento del presupuesto para la educación se destina al gasto corriente; gasto corriente infructuoso, por cierto, ya que ni los maestros ni los alumnos son debidamente evaluados y la infraestructura del sistema educativo es francamente deplorable.

La educación básica, sobre todo, se encuentra secuestrada por una dirigencia sindical mafiosa, corrupta y rapaz, y finalmente, la visión del gobierno federal, que enfocó todas sus baterías y sus recursos al tema de la seguridad, solapó el abandono en el que se tiene la educación.

Ciertamente, hace falta que entremos de lleno al tema educativo, pero esto debe hacerse con responsabilidad, por verdaderos representantes populares que se avoquen de tiempo completo a éste y otros problemas, y que por tanto, optimicen de la mejor manera los espacios en la sociedad.

Se puede estar de acuerdo con el llamado que se hace a la Secretaría de Educación Pública, derivado de que siempre será la educación el tema de mayor trascendencia para el desarrollo de nuestro país. Para darle sustancia a la proposición presentada, solicito, señor presidente, ponga a consideración de este pleno la aprobación de un tercer punto que dice así.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a garantizar la laicidad y el carácter público de la educación, incorporando al mayor número de maestros a atender a alumnos en sus escuelas de origen y que ahora están comisionados a la diligencia nacional del SNTE. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. No puedo darle el trámite que me solicita, y para ilustrar a la asamblea voy a pedirle a la Secretaría que dé lectura solamente al artículo 113, fracción IV del Reglamento, que es el que regula las proposiciones de urgente u obvia resolución que presenta el pleno a la Junta de Coordinación Política; entonces, pediría a la Secretaría que diera lectura al artículo 113, fracción IV del Reglamento, para que todos tengamos conocimiento de esto, de que no es posible darle trámite a esta propuesta de adición.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Artículo 113. Las proposiciones consideradas de urgente u obvia resolución por el pleno se discutirán en un solo acto de la siguiente forma:

IV. El grupo que haya presentado la proposición podrá sugerir alguna modificación siempre que la presenten durante su discusión, por escrito y firmada por su coordinador.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, bueno, como está perfectamente claro, las propuestas de adición solamente pueden venir del grupo parlamentario promovente.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Discúlpeme, pero ya no le puedo dar la palabra.

La diputada Zuleyma Huidobro González:No, nada más para que quede registrado, por favor, en el Diario de los Debates, que ese es el posicionamiento de Movimiento Ciudadano. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, diputada. Corresponde ahora el uso de la tribuna al diputado Roberto López González, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.

El diputado Roberto López González: Con la autorización de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy se nos presenta un punto de acuerdo, de esos que generan la cordialidad de la Cámara, de esos en donde pareciera que todas las fracciones parlamentarias tenemos un extraordinaria comunicación y un extraordinario ambiente de trabajo.

Evidentemente que no podemos estar en desacuerdo con este punto de acuerdo, valga la redundancia; en este punto de acuerdo ninguno de los aquí presentes emitirá seguramente estar en contra de lo que el Estado y la responsabilidad de quienes detentan los cargos de responsabilidad ejecutiva deben realizar, y vamos a probarlo seguramente donde nos vamos a convertir en unos recordatorios de las obligaciones que tienen los que gobiernan el estado de Michoacán y los que tienen el Poder Ejecutivo en el gobierno federal.

Es un acuerdo que parece ocioso, pero imposible no estar de acuerdo con ello. Pero en Turicato, Michoacán, está más en juego no solamente el principio de laicidad, me parece que está en juego el estado mismo, la viabilidad misma del estado.

Hoy un grupo de fanáticos han hecho de su práctica religiosa la intolerancia, el poder hablar y molestar de violentar los derechos humanos, así como también transgredir el orden, la discriminación y la violación a los derechos humanos.

Pero no solamente en Turicato sucede esto, me parece que sucede en muchísimas partes del Estado mexicano, en donde hay un estado sobre otro estado; ahí es un grupo religioso fanático, en otros lados son los jefes de la plaza y en otros lados simplemente es el disimulo con que las autoridades se manejan y el disimulo con que deben de acatar de su responsabilidad.

No se trata de que en este recinto los integrantes de este Legislativo aprobemos este punto de acuerdo o no, debemos de exigirle al gobierno del estado y al gobierno de la República, principalmente al secretario de Gobernación, que hagan actos enérgicos de la misma magnitud y tamaño que ha sido la ofensa para el Estado y de la misma magnitud y tamaño que ha sido la ofensa para los ciudadanos de la Nueva Jerusalén; para los habitantes de Turicato.

Es por ello que me parece que es insuficiente este punto de acuerdo; debería de extenderse el exhorto al gobierno de Michoacán, al secretario de Gobernación, para que revise con prontitud y con claridad cuál es el estado que guarda ese presunto grupo religioso.

Pero, ¿qué podemos decir del gobierno de Michoacán? Me parece que ha sido tan lenta su actitud y su reacción ante este tipo de hechos tan lamentables que han pasado más de 40 días, porque en julio se destruyó esa escuela, la Vicente Guerrero, y no ha habido ni siquiera una averiguación previa seria que persiga a los delincuentes que hicieron tal atropello.

Por ello el Grupo Parlamentario del PRD no solamente expresa su apoyo al presente punto de acuerdo, sino que adicionalmente se exhorta a que se amplíe éste para que llegue en manos y a oídos y la reconsideración al gobierno del estado y al secretario de Gobernación.

Debemos de exigirle al gobierno del estado que se integre una averiguación previa para que castigue a los responsables de tan oprobiosos actos; debemos de exigir al secretario de Gobernación que deje de hacerse disimulado de la responsabilidad que le dio el pueblo de México y el presidente de la República para que actúe en consecuencia.

Por ello, nuestro voto será a favor con estas consideraciones que he vertido en un inicio; por la atención prestada, compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal:Con su permiso, presidente. Sobre este punto de acuerdo, como ya se ha dicho antes, un punto de acuerdo que rechace toda intervención que pretenda vulnerar el principio de laicidad de la educación pública, los diputados de Acción Nacional estamos prestos y dispuestos para que precisamente esta supuesta intervención sea rechazada con todas sus fuerzas desde cualquier ámbito de gobierno.

Tenemos que recordar finalmente que la laicidad y la gratuidad, entre otras cosas, hacen posible que cualquier mexicano o mexicana pueda salir adelante simplemente en su aspiración de llegar a ser mejor, de tener un futuro, de tener una aspiración a ser feliz, a tener desarrollo humano, a tener un mayor desarrollo social. Esto no se puede lograr si la educación es el camino para la superación.

Sin embargo, no todo es el tema de cómo podemos defenderla de estas amenazas que posiblemente estén visualizadas y que por supuesto que sí estamos listos para acompañar la defensa que se hace en este punto de acuerdo.

Hay otros temas importantes también en la educación en México. En la educación en México tenemos necesidad de una mejor educación también, una mayor calidad en la educación que se traduzca en mejores niveles del conocimiento de cada uno de los mexicanos.

Esta educación que se brinda en México actualmente es apenas de cuatro horas; en Europa, por ejemplo, el promedio es de dos horas más por cada país para educar a un niño; educar a una persona en México por seis horas requiere revisar contenidos, materiales, instalaciones, además de plantear el tema de los maestros necesarios para que esto pueda ser posible y sus sueldos, por supuesto.

Para ampliar de seis a ocho horas la educación básica, por ejemplo, se requiere de 350 mil millones de pesos en los próximos 10 años.

Esos son temas importantes que en puntos de acuerdo similares a éste deberíamos de estar observando inclusive próximamente en la elaboración del Presupuesto nacional, para que esta pauta de que en México realmente se eduque bien, y de que pruebas, como PISA, salga nuestro país debajo de Uruguay, pero algunos estados del país como Nuevo León, inclusive el Distrito Federal, salgan mejor que Uruguay, pues sea una estandarización mucho más adecuada para que en todo el país tengamos la misma calidad de educación que en Nuevo León y que en el Distrito Federal.

Hay algunas pruebas de desempeño para los alumnos; hay tres tipos de pruebas para los alumnos: la de la Competencia en Lectura, la prueba Enlace y la prueba PISA. Pero solamente hay una para los maestros que no es obligatoria, es voluntaria y no podemos medir el desempeño de los docentes. Esto podría ser un gran adelanto en nuestro país en los próximos años para que la educación sea mejor.

Defendamos la educación gratuita y laica. Eso por supuesto que tenemos claro que tendremos que hacerlo.

Defendemos también la tolerancia. En este país todo mundo puede creer en lo que sea; siempre y cuando tengamos esa garantía, podremos  seguir teniendo la tolerancia necesaria; sin embargo, hay más por hacer en la educación, hay más por hacer que simplemente estar revisando las necesidades supuestas de defensa para la laicidad o finalmente para su gratuidad.

Seguramente muchos en campaña estuvieron recibiendo muchas inquietudes sobre la gratuidad, inclusive la forma en que no es tan gratuita la educación en México y cómo muchos maestros no solamente se conforman con los libros de texto gratuitos, sino que exigen libros complementarios, sabrá Dios de dónde los sacarán.

Ese tipo de cosas tenemos que discutirlas en este Congreso y finalmente asegurarle a la población un acceso a la educación realmente gratuito y por supuesto, laico. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Robledo. Para finalizar la ronda de posicionamientos, tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña:Con su venia, diputado presidente; compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el Estado laico es el resultado de una amplia trayectoria de la lucha por la emancipación de los seres humanos y es fundamental para la vida del Estado democrático.

Contrario a lo que muchos suponen, el laicismo no implica anticlericalismo. El laicismo, por el contrario tiene como esencia el respeto a las creencias de toda la ciudadanía, a todas las visiones y posturas religiosas.

Al respecto el filósofo italiano Norberto Bobbio planteó que el espíritu laico es la condición para la convivencia de todas las posibles culturas.

De esta manera, el laicismo plantea de forma básica la separación entre las instituciones del Estado y las iglesias, garantiza la libertad de creencias establecida en el artículo 24 de nuestra Constitución y sostiene el cumplimiento del respeto a la libertad de pensamiento y a la libre elección de la moral privada de cada ciudadano.

En relación con la educación en un Estado laico, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que entre otros aspectos, que toda persona tiene derecho a la educación, que ésta debe de ser gratuita, que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a todos los derechos humanos y a las libertades fundamentales que favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.

Bajo estas premisas es evidente que lo más avanzado del conocimiento humano establece que la base de una sociedad democrática se sostiene en la capacidad de sus integrantes para convivir en la diversidad, sin prejuicios, sin discriminación, de tal forma que más allá de posturas ideológicas la laicidad de la educación es un requisito sin el cual no es posible el desarrollo democrático de los pueblos.

En el caso de nuestro país, la construcción del Estado laico ha sido particularmente difícil y aleccionadora; pero más allá de nuestro proceso histórico intenso y doloroso, se encuentran las razones científicas y jurídicas que hacen de la educación laica un baluarte para provocar conciencias libres y voluntades autónomas capaces de reconoce los derechos humanos y su vínculo ineludible con la democracia.

Por otra parte, en una sociedad con las profundas desigualdades como la nuestra, el carácter gratuito de la educación es un factor indispensable para consolidar la igualdad y la equidad de las personas; en este sentido, el otorgamiento de los libros de texto de forma gratuita es una garantía al derecho a la educación, por lo que conforme a la reciente reforma en materia de derechos humanos, es un deber del Estado mexicano para salvar el principio del interés superior de la niñez y resulta necesario para construir una sociedad del conocimiento equitativa, sólida y competitiva.

Por las razones expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional fija su postura, en el sentido de apoyar el punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Educación Pública se garantice y defienda la laicidad de la educación, se frene cualquier intento a la privatización y reconoce que los libros de texto gratuitos son instrumentos fundamentales para la equidad y la calidad educativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Salgado Peña. Habiéndose agotado la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente diputado José González Morfín: Honorable asamblea, la Mesa Directiva solicita al diputado Harvey Gutiérrez Álvarez y a la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitir los textos íntegros de sus intervenciones con motivo del 188 aniversario de la Federación del estado de Chiapas a México, para que sean incluidos en el Diario de los Debates.

Se instruye a la Secretaría para que haga lo que corresponde.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Efeméride relativa al 188 aniversario de la federación de Chiapas a México, a cargo del diputado Harvey Gutiérrez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Chiapas es el estado más mexicano, porque por su propia cuenta se anexó al país más bello: México.

Con su venia señor presidente:

Eso dice el acta sellada el 14 de septiembre de 1824, que a través de una reunión extraordinaria de la Junta Suprema Provisional de Chiapas declararía a la entidad como provincia independiente.

Posterior a ello, este evento histórico nos recuerda, al definir con orgullo lo que los chiapanecos expresaron con sus votos, nuestro destino pues desde entonces los pueblos chiapanecos somos mexicanos.

Así nuestras conciencias comenzaron a forjarse, cobijadas por una bandera y un himno nacional que exaltan la dignidad y pertenencia a la patria mexicana.

Los pueblos indígenas del Soconusco lograron permear en la voluntad del Estado mexicano, y sensibilizar a la sociedad nacional construyendo para siempre un país más justo, digno e incluyente, donde fuera posible vivir con todas nuestras diferencias culturales y lingüísticas, sembrando la semilla del respeto por la diversidad, y por el nacimiento de una sociedad interculturalmente respetuosa.

Mediante un plebiscito se decidió el rumbo de Chiapas, ocasionando que el 14 de septiembre de 1824, se escribiera la fecha que hoy, todos los mexicanos reconocen con respeto; la única ocasión en que un estado se anexara por deseo propio, en aquel entonces, al Imperio; hoy la gran nación mexicana.

Desde hace 188 años, Chiapas y México, como uno solo, poseen la voluntad de su gente, de todos nuestros pueblos, insistiendo en un destino más promisorio que debe de labrarse cotidianamente con responsabilidad, enseñando a nuestros descendientes el amor por el trabajo y el esfuerzo colectivo.

El mes de septiembre es de suma importancia para México y Chiapas, pues tras el movimiento independentista iniciado el 16 de septiembre de 1810, continuaron acontecimientos que despertaron en los chiapanecos la firme determinación de dar el grito de libertad en el pueblo de Comitán.

En el acta del pronunciamiento solemne de federación del Estado Libre de Chiapas, la Junta Extraordinaria resolvió que los pueblos de dicho estado externarán franca y libremente su voluntad de federación ante la nación mexicana, congratulándose y exhortando a las autoridades y corporaciones a mantener el orden y la más perfecta unión.

Desde San Cristóbal, estado soberano de Chiapas, en la Biblioteca del Seminario Conciliar, en 1824 los miembros de la Junta acordaron, entre otros, tres importantes puntos:

El primero: que la Provincia de Chiapas se había declarado independiente, por libre voluntad, y no reconocía otro Gobierno que el del Imperio Mexicano.

El segundo: que se suspendiese la circulación del acta de la Independencia de Guatemala, y no se cumpliera la orden de distribuirla, recogiendo los ejemplares repartidos.

Y el tercero: que se comunicaran estas resoluciones a las autoridades del Imperio, y a los Ayuntamientos de la Provincia, para conservar en toda su extensión el sentimiento de unidad indispensable en aquellas circunstancias.

Estas determinaciones, tomadas con tanta entereza, fueron acogidas con gusto en toda la Provincia Chiapaneca.

Entre las instrucciones que le fueron dadas a la Junta Excelentísima Provincial, figuró como principal que “la Provincia de Chiapas en ningún tiempo podría volver a estar bajo el Gobierno de Guatemala, aun cuando estas Provincias o Provincia llegaren a poner Rey o República”.

A través de una convocatoria circular, notable por muchos conceptos y en la que se reveló la mayor buena fe, y el altísimo y noble criterio de sus autores, se decía: “que la Suprema Junta apelaba al pueblo, porque aunque habría sido para ella un día de gloria balancear las ventajas que hubieran resultado, la Provincia, con ser parte integrante de una de las dos Naciones, había palpado desgraciadamente innumerables escollos”.

Hecha la convocatoria al pueblo para decidir soberanamente sus destinos, adquirió la Junta una respetabilidad indiscutible, y un asentimiento general que, vinieron a confirmarse, por el decreto del Congreso Constituyente Mexicano, de 26 de mayo de 1824, provocado por los acontecimientos relatados; y que previno al Gobierno de México a tomar todas las providencias convenientes para dejar en absoluta libertad a la Provincia de Chiapas.

La Secretaría de Relaciones, en cumplimiento de este decreto, propuso al Gobierno de Guatemala que enviara, como lo haría México, un comisionado que presenciara el solemne pronunciamiento de la Provincia.

En aquel día de eterna recordación, se hizo un examen minucioso del dictamen, de las actas, informes, comprobantes, y de todas las constancias, apareció que en la Provincia, compuesta de 12 Partidos, 104 pueblos, y 172,953 almas; 15,724 habitantes, no manifestaron opinión decisiva; 60,400, estuvieron por la anexión a Guatemala; y 96,953 por la Federación a la República Mexicana.

En vista de este plausible resultado, la Junta, dando pruebas de completa imparcialidad, declaró legítimamente pronunciada la Provincia de Chiapas, en favor de los Estados Unidos Mexicanos.

El día 14 de septiembre de 1824, en medio de las mayores muestras de regocijo y de alegría, discursos, músicas, repique general, Misa Mayor, Tedeum, plácemes y felicitaciones a la Junta, se hizo la declaración solemne; y cuanto hace a un pueblo digno y noble, que interpreta con verdad sus sentimientos, al tratarse del acto más trascendental de su vida.

“Con esta hermosa y celeste página, concluyó el breve, pero el más importante y sugestivo capítulo de la historia de aquél; para nosotros, inolvidable corazón del territorio nacional”.

“Sentó entonces aquella Provincia noble, altiva y patriota, el precedente ejemplo, de buscar, inquirir y consultar con la fe de un creyente, con la unción de un sacerdote, con el anhelo y la impasible serenidad de un sabio, la conciencia democrática y extraída de sus entrañas, cristalizada y personificada en la declaración de la Junta Suprema, prosternarse ante ella como la expresión de la verdad y la belleza, rendirle culto como la imagen más fiel de la soberanía popular”.

El México de entonces, no impuso cesiones territoriales a Guatemala, ni por la vía militar, ni por la vía de la compra de soberanía; Chiapas no perteneció ni un solo día como territorio de la República de Guatemala, ni a los chiapanecos se les impuso por fuerza la nacionalidad mexicana, que adoptaron con total libertad, discrecionalidad y meditación.

El arreglo final de la soberanía mexicana en el Soconusco, es decir, en la región de Tapachula, se logró con la firma del Tratado de Límites entre México y Guatemala, publicado en el decreto del primero de mayo de 1883.

Este tratado puso fin a la disputa entre Guatemala y México, consagrando definitivamente la vinculación de Chiapas a los Estado Unidos Mexicanos.

La historia de este territorio, por demás singular, y el proceso de su incorporación a México, fue fundamental para el fortalecimiento del sistema federal mexicano.

Estas no son las únicas características genuinas que tiene el Estado, la riqueza de su cultura; la pluralidad de sus razas, asentadas en un territorio agreste y prometedor; y una estructura social particular; hacen que la vida en Chiapas nos recuerde, cada día, el proceso de su incorporación democrática a México.

Desde antes de la llegada de los españoles a la región, hasta nuestros días, la vida del pueblo chiapaneco, ha sido muestra de la convivencia de múltiples estilos de vida, y de sus maneras de verla; lo que ha hecho posible, que ese crisol, dé los frutos que ha producido hasta el momento, gracias a la tolerancia y respeto de los integrantes de esta sociedad.

Pero también, al igual que el resto de los mexicanos, clamamos por una mejor calidad de vida, por la seguridad y el desarrollo; tareas del Estado, que nos permita una existencia menos desigual como mexicanos y chiapanecos.

Conmemorar la Federación de Chiapas a México, no sólo tiene que ser el festejo por la alegría de ser mexicanos, sino también, por haber en esta celebración, el momento idóneo para repensar lo que se ha hecho, y procurar disminuir la desigualdad en la pobreza de la gente del campo y de la ciudad.

Como estado federado a México, Chiapas ha dado pasos importantes para buscar el bienestar y, hoy principalmente, tenemos la oportunidad de disfrutar en libertad.

A nuestros días, la democracia y la paz, son las principales aportaciones de Chiapas al México independiente, en desarrollo y del futuro, prácticas que los chiapanecos hemos puesto en marcha porque somos mexicanos de origen, de convicción y destino.

Debe destacarse además, que Chiapas es la entidad autóctona más mexicana, posicionándose de esa manera a nivel nacional e internacional, como una tierra viva, activa, dinámica y atractiva, con gran potencial de crecimiento.

Chiapas es la suma del esfuerzo constante para que la justicia, la equidad y las oportunidades, lleguen a cada uno de los chiapanecos y, desde aquí, a todos los ciudadanos de México.

A 188 años, Chiapas vive otra realidad, hemos avanzado, somos potencia en paz social, tolerancia, respeto a los derechos humanos, reconocimiento a los derechos de las mujeres, confianza en las instituciones y aprecio por el valor de la diversidad cultural y religiosa.

Orgullosamente chiapanecos, los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, rememoramos y celebramos el 188 Aniversario de la voluntad general, de la decisión de los ciudadanos chiapanecos de aquella época, quienes se pronunciaron solemnemente, conforme a la consulta de la población, dando cuenta, con su testimonio al Imperio, de su incorporación a la nación mexicana.

Ningún pueblo ni persona podría creer que habiendo mediado respetos humanos en asunto de tanta delicadeza, trascendental a las generaciones futuras, se habría instaurado en México, desde Chiapas.

La paz, a través de la democracia.

Muchas gracias.

Diputados: Harvey Gutiérrez Álvarez, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbricas).»

«Efeméride relativa al 188 aniversario de la federación de Chiapas a México, a cargo de la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Grupos Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

“Chiapas se ha destacado por ser el Estado más mexicano, por su origen, por su convicción y por su destino”.

El sentimiento colectivo de una tierra viva, dinámica y tan diversa como Chiapas; celebrará como cada año el día de mañana; uno de los ejercicios democráticos más importantes para la vida de todos los chiapanecos.

Poco antes de consumarse en 1821 la Independencia de la Nueva España, el célebre Fray Matías de Córdova declaró en Comitán la Independencia de los Chiapa a la Capitanía Mayor de Guatemala, dependiente en ese entonces de la Corona Española.

La Junta Suprema Provisional de Ciudad Real declaró la separación de la Provincia de Chiapas y en Comitán el 26 de Octubre de 1823, se proclamó el Plan “Chiapas Vive”, el cual declaraba a la provincia en entera libertad para constituirse libremente.

Entre 1823 y 1824 se efectuó en paz un plebiscito a lo largo y ancho de todo el territorio del Estado, en que se recabó la opinión de más de 170 mil personas quienes tuvieron frente a sí una triple alternativa: firmar su absoluta independencia, integrarse a la República Centroamericana o unir sus destinos a México.

Como resultado de este acto democrático: 96 mil ochocientos veintinueve chiapanecos, decidieron formar parte de este país; cuando en Ciudad Real (hoy San Cristóbal de las Casas) se declaró a viva voz el pronunciamiento solemne de esta soberana voluntad.

De esta manera, a diferencia de Centroamérica, que optó por construir una nueva República, el pueblo de Chiapas votó por la Democracia y La Paz.

México es resultado de una simbiosis, ya que es un Estado Federal, pero no proveniente del federalismo tradicional. México floreció al federalismo, por mandato de sus disposiciones supremas, las cuales se redactaron para dividir sus territorios a favor de entidades bien definidas a las que se les obsequió autonomía para establecer dentro de sí instituciones desarrolladoras de funciones públicas, ejecutivas, legislativas y judiciales.

Celebrar el 14 de septiembre, Día de la Federación de Chiapas a México, y entender este mensaje tan importante como una alusión a la democracia, la unión cultural, la paz social y la unidad  transformadora; es un indicio de que los chiapanecos estamos más presentes que nunca.

Hoy que los chiapanecos nos enaltecemos de nuestra mexicanidad por la decisión voluntaria de nuestra gente, es importante trasladar ese hecho histórico a la actualidad para entender los aportes invaluables que esta tierra ha entregado a México.

En Chiapas, somos muchos, somos diferentes, somos complejos y diversos; pero somos también un mismo pueblo y un mismo anhelo.

Lo somos, porque en nuestro Estado hemos aprendido el significado y el valor de todo lo que nos une, tejiendo redes que quizá nunca se hubieran podido interconectar.

Chiapas es para México un motor que no se detiene en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Gracias a nuestro Estado, México ha ganado biodiversidad, turismo, cultura, heterogeneidad, lenguas y arqueología histórica.

La voluntad de los chiapanecos por mantenernos unidos, compartiendo un destino común y luchando por el bienestar de nuestra población, ha sido el desafío que ha llevado a Chiapas a dar un paso adelante.

A través de un profundo compromiso de trabajo que se impulsa desde el corazón de 122 municipios, hoy hemos abonado a México infinidad de adjetivos y atributos que lo destacan en el marco mundial de desarrollo.

Hombres de talla moral impecable, personalidades que le han dado a México un legado de orgullo que trascienden en el tiempo:

En las letras, poetas entrañables como Rosario Castellanos y Jaime Sabines.

En la política, precursores de la democracia y la libertad libre por la palabra libre como Joaquín Miguel Gutiérrez y  Belisario Domínguez Palencia

Y en el ámbito humanista y la ciencia, el doctor Manuel Velasco Suárez.

Celebremos hoy la renovación de las esperanzas y los retos estatales que nacen de un pueblo que ha salido adelante de la mano de esta República.

Celebremos que hemos aprendido el significado y el valor de todo lo que nos otorga identidad. Hoy Chiapas es el Estado más mexicano. Lo es por decisión propia y por la voluntad democrática de su gente.

Sumemos la mexicanidad chiapaneca a la lista de los principales valores de esta nación y sigamos siendo testigos de esta cita con la grandeza de Chiapas a través de México.

Citando a don Enoch Cancino Casahonda:

¡Chiapas! he de volver a ti como un suspiro al viento

como un recuerdo al alma.

Es cuanto, diputado presidente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del año 2012.— Diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica).»

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: En los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y las proposiciones * que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida en este momento a la Secretaría se registren para la próxima sesión.

Invito a los diputados y diputadas que deseen que sus iniciativas o puntos de acuerdo sean reinscritos en la próxima sesión para que lo comuniquen de inmediato a la Secretaría.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría que continúe con los asuntos en cartera.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

CLAUSURA  Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 16:24 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 18 de septiembre de 2012, a las 11 horas. Se les informa que las listas de registro de asistencia estarán disponibles desde las 9:30 horas en el vestíbulo principal de este salón de sesiones.

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