Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:01horas) Por lo tanto, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 18 de septiembre de 2012.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal

Por la que invita a la Ceremonia Cívica con motivo del izamiento de bandera a media asta en honor a los caídos en los sismos ocurridos en el Distrito Federal el 19 de septiembre de 1985, que tendrá lugar el 19 de Septiembre a las 07:19 horas.

De la Secretaría de Gobernación

Contestación a punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, durante la LXI Legislatura, relativos a los estados de Guerrero y Oaxaca, afectados por el sismo ocurrido el 20 de marzo de 2012.

Con el que envía el informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa F001 “Promoción de México como Destino Turístico”

Oficio por el que solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Diana Alejandra Jiménez Treviño y Claudia Zallas Colón, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, y de la República de Bulgaria, en México, e informa que los ciudadanos María Rosa Hermida Cruells, Mario Alberto Posadas Navarro, Alejandro Guizar Coutiño, y Bárbara del Castillo Niño, han dejado de prestar servicios en la Embajada de Canadá en México.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de agosto de 2012, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2011.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Con el que remite el informe final de la Evaluación Estratégica sobre Mortalidad Materna en México 2010: Características sociodemográficas que obstaculizan a las mujeres embarazadas su acceso efectivo a instituciones de salud.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil y suscrita por el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40, 41 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o., 19 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Seguro Federal de Desempleo, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán y suscrita por el diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o. y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca y suscrita por los diputados Judit Magdalena Guerrero López y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)

Que reforman y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 173 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias correspondientes, realice un análisis sobre la eficiencia y eficacia del programa denominado “Sistema de Supervisión y Control Vehicular (SIAVE)” en la franja de la frontera norte del país, asimismo, se suspenda la operación del programa citado hasta en tanto no se obtenga el resultado del análisis, a cargo del diputado Juan Manuel Gastelúm Buenrostro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un Grupo de Trabajo de integración Plural al interior de la Comisión de Energía, que tenga por objeto específico transparentar todos los manejos comerciales, económicos y financieros de Petróleos Mexicanos, de 1993 a la fecha, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Estudio y Atención de la Problemática de los NiNi´s en México, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, a cargo del diputado José Alejandro Llanas Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.(Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Estatal de Quintana Roo, para que deje de vulnerar la autonomía del Municipio de Benito Juárez, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Movilidad Sustentable, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Michoacán, y a los titulares de la SSP, de la PGR y de la Procuraduría Local, adopten las medidas o acciones necesarias para esclarecer la desaparición de tres jóvenes en Paracho, Michoacán, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Industria Automotriz, a cargo del diputado Salomón Juan Marcos Issa, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Regional del Sur Sureste de México, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial encargada de promover acciones contra los efectos del Cambio Climático y el Calentamiento Global, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la conservación de la Selva Lacandona y las Cañadas que la integran, a cargo del diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Lucha Contra la Trata de Personas, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que solicita la integración de una Comisión Especial encargada de dar seguimiento a la aplicación del Programa de Condonación de Créditos Fiscales puesto en marcha por el SAT en 2007; y se exhorta al SAT para que haga pública la información que le ha requerido el IFAI, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Coordinación Legislativa de la Cámara de Diputados con los Congresos Locales, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que esta soberanía rinda un homenaje y entregue un reconocimiento a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2012, celebrados en la Ciudad de Londres, Inglaterra, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la investigación y seguimiento relativo al Caso del Grupo Financiero Monex, suscrito por los diputados José Luis Muñoz Soria y Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a la consideración de la asamblea el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves trece de septiembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos noventa y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con seis minutos del jueves trece de septiembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

El Presidente informa a la Asamblea que todos los asuntos turnados durante la Sesión, se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las Comisiones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Cámara de Senadores con las que remite:

• Acuerdo aprobado, para que en la agenda de discusión de la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, se otorgue la mayor prioridad al tema relacionado sobre la Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, se considere un incremento al presupuesto destinado al Instituto Nacional de Pesca, presentada por los senadores Ernesto Ruffo Appel y Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional. Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Pesca, y de Ciencia y Tecnología, para su atención.

b) Se da cuenta con oficio del diputado Raciel López Salazar, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal en la Tercera Circunscripción Plurinominal a partir de esta fecha. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

c) De la Cámara de Senadores, por la que se recibe iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, las palabras “Congreso de Anáhuac de mil ochocientos trece, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

De conformidad con el Tercer Resolutivo del Acuerdo aprobado en la sesión del cuatro de septiembre del presente año, se da inicio al Análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Exterior, en la primera ronda intervienen los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México; Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional; y Javier Treviño Cantú, del Partido Revolucionario Institucional.

En su oportunidad y desde su curul el diputado Luis Alberto Villarreal García, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria del ex diputado local del Congreso de Nuevo León, Hernán Belden Elizondo. El Presidente concede dicha solicitud e invita a la Asamblea a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en su memoria.

Continúa con la segunda ronda de intervenciones para el Análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Exterior e intervienen los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Jaime Bonilla Valdez, del Partido del Trabajo; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática; Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional; y Lizbeth Loy Gamboa Song, del Partido Revolucionario Institucional. De conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta Sesión será remitida al Presidente de la República, para su conocimiento.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo ocho Bis y reforma los artículos noveno y sesenta y uno de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

b) María Fernanda Schroeder Verdugo, a nombre propio y de los diputados del estado de Baja California, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

c) Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos segundo, veintiséis y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

d) Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo doscientos veintitrés de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

e) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ochenta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

f) Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos doce de la Ley de Asistencia Social y ciento sesenta y ocho de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

g) Fernando Bribiesca Sahagún, a nombre propio y de los diputados integrantes de Nueva Alianza, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expide la Ley que crea la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública y reforma el artículo tercero de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Desde su curul el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México, solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos ciento dos y ciento tres de la Ley del Seguro Social y ciento treinta y tres de la Ley Federal del Trabajo, inscrita en el orden del día, se turne a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen. El Presidente obsequia la solicitud.

El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura, la cual se integra como sigue:

• Presidente: diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional.

• Secretarios, los diputados: Fernando Salgado Delgado, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional; Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Partido Acción Nacional; Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Adolfo Oribe Belinguer, del Partido del Trabajo; y José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza.

• Integrantes, los diputados: Luis Ricardo Aldana Prieto, Marco Antonio Barba Mariscal, Abraham Montes Alvarado, Patricio Flores Sandoval, Jorge de Ángel Acosta, María Leticia Mendoza Curiel, Francisco Grajales Palacios, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Elsa Patricia Araujo de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional; José Alfredo Botello Montes, Juan Bueno Torio, Karina Labastida Sotelo, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Alfredo Zamora García, Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional; Margarita Elena Tapia Fonllem, Silvano Blanco de Aquino, Valentín González Bautista, María del Socorro Ceseñas Chapa, Alejandro Carbajal González, del Partido de la Revolución Democrática; y Antonio Cuellar Esteffan, del Partido Verde Ecologista de México.

En votación económica se aprueba el Acuerdo. Comuníquese.

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna para presentar la proposición con punto de acuerdo al diputado Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional, por el que esta Soberanía lamenta el asesinato del ciudadano Guillermo Arévalo Pedraza, ocurrido el pasado tres de septiembre en el área del patinadero de la Ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cometido presuntamente por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos de América, e instar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar las acciones emprendidas para esclarecer y sancionar conforme a la Ley dicho asesinato. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Movimiento Ciudadano; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática; Glafiro Salinas Mendiola, del Partido Acción Nacional; y Enrique Cárdenas del Avellano, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se da cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se invita a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a efecto de compartir información relacionada con el proceso de dictamen de la iniciativa preferente remitida por el titular del Ejecutivo federal denominada, Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna para presentar la proposición con punto de acuerdo a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, a nombre propio y de los diputados integrantes de Nueva Alianza, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que garantice la defensa de la educación pública en los términos del artículo tercero Constitucional y rechace toda intervención que la pretenda vulnerar, así como toda pretensión de privatizarla, promoviendo las acciones pertinentes para su fortalecimiento. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Roberto López González, del Partido de la Revolución Democrática; Ernesto Alonso Robledo Leal, del Partido Acción Nacional; y Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba el Acuerdo. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las iniciativas de los siguientes diputados: Trinidad Secundino Morales Vargas, José Antonio León Mendívil, Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática; y Omar Antonio Borboa Becerra, del Partido Acción Nacional, quienes solicitaron a la Secretaría, sean inscritas en la próxima sesión. En consecuencia se turnan las siguientes:

a) Iniciativa con proyecto de decreto del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ochenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración suscriba los acuerdos necesarios con las entidades federativas y organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que considere las consecuencias que podría ocasionar el recorte al presupuesto del Instituto Politécnico Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al derrame de petróleo provocado por el hundimiento de una monoboya ubicada frente a las costas de la refinería de Petróleos Mexicanos, en Salina Cruz, Oaxaca. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, para resarcirle a Banco Nacional de Obras y Servicios el monto que fue pagado por la concesión en donde se ubica la plaza de cobro número cuarenta y cinco Fortín, del tramo carretero de Orizaba–Córdoba, en el estado de Veracruz. Se turna a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para Impulsar el Desarrollo de la Frontera Sur. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• José Alejandro Llanas Alba, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos y Aprovechamiento del Carbón Mineral. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el día martes dieciocho de septiembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con veinticuatro minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.

Se informa a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante está sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las comisiones. Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, ha programado la ceremonia cívica de izamiento de bandera a media asta en honor a los caídos en los sismos ocurridos en el Distrito Federal el 19 de septiembre de 1985, el miércoles 19 de septiembre, a las 07: 19 horas, en el asta bandera en la Plaza de la Solidaridad, situada en avenida Juárez y Balderas, Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Nina Alejandra Serratos Zavala (rúbrica), secretaria de Cultura.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para asistir a esta ceremonia, esta Presidencia designa a la vicepresidenta Aleida Alavez Ruiz.

Continúe la Secretaría.

ESTADOS DE GUERRERO Y OAXACA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-5336 de fecha 27 de marzo último, signado por la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGVI/409/ 2012 suscrito por Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la aplicación de programas para atender la emergencia en los municipios de Guerrero y Oaxaca, por el sismo ocurrido el 20 de marzo de 2012.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su amable oficio número SEL/UEL/311/ 824/12, de fecha 28 de marzo de 2012, por el cual tuvo a bien hacer de mi conocimiento, el punto de acuerdo aprobado en la sesión del 27 de marzo del año en curso por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente a la solicitud para que la Secretaría de Desarrollo Social, a través de las dependencias correspondientes, se apliquen los programas que permitan atender la emergencia en los municipios de Guerrero y Oaxaca, particularmente Ometepec y Pinotepa Nacional, respectivamente, afectados por el sismo ocurrido el 20 de marzo de 2012, en materia de vivienda.

Al respecto, me permito anexar al presente copia simple del oficio número 314.-DG/401/2012, de fecha 11 de abril del presente año, signado por el maestro José Luis Escalera Morfín, director general de Desarrollo Territorial de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, de ésta dependencia, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de septiembre de 2012.— Enrique Lepine Muñoz (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional.— Presente.

Me refiero al oficio número D.G.P.L.61-II-9-5336., suscrito por la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, vicepresidenta del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, mediante el cual informa que en sesión celebrada el 27 de marzo de 2012, se aprobó el acuerdo donde exhorta a la Secretaría de Gobernación para que de inmediato proceda a emitir la declaratoria de desastre, aplicando los Fondos de Desastres Naturales en beneficio de los municipios de Guerrero y de Oaxaca, particularmente en los municipios de Ometepec y Pinotepa Nacional, respectivamente, afectados por el sismo ocurrido el 20 de marzo de 2012.

Asimismo, exhorta al gobierno federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se apliquen los programas que permitan atender la emergencia en dichas entidades, en materia de vivienda, infraestructura educativa, de salud y de comunicaciones.

Al respecto, me permito comentarle que personal de la Dirección General y de las delegaciones de Sedesol en Guerrero y Oaxaca se encuentran realizando de manera conjunta con los gobiernos locales el censo de evaluación de daños en las localidades afectadas, visitando casa por casa.

Adicionalmente, la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios también se encuentran realizando acciones del Programa de Empleo Temporal, por lo que sugerimos remitir dicha proposición al área responsable antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de abril de 2012.— Maestro José Luis Escalera Morfin (rúbrica), dirección general.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

PROMOCION DE MEXICO COMO DESTINO TURISTICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número SPT/168/2012, el licenciado Jorge Mezher Rage, subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo, envía el informe final de la evaluación de consistencia y resultados del Programa F001 “Promoción de México como Destino Turístico”.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 32, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, le acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y de su anexo, en formato impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Subsecretaría de Planeación Turística.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento del artículo 32, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, y con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I, II y IV del artículo 110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el lineamiento décimo séptimo de los lineamientos federales para la evaluación de los programas federales de la administración pública federal; y los numerales 11, 16 y 26 del programa anual de evaluación de 2012 expedido por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Turismo coordinó la evaluación de consistencia y resultados del programo F00l “Promoción de México como Destino Turístico”.

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le solicito su valiosa intervención a fin de enviar a las Cámaras de Diputados –por conducto de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Turismo– y de Senadores –por la Comisión de Turismo– el informe final de la evaluación en comento, para lo cual se adjuntan tres tantos del informe en formato impreso y en formato electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de septiembre de 2012.— Licenciado Jorge Mezher Rage (rúbrica), subsecretario de Planeación Turística.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1240/12, la licenciada Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Diana Alejandra Jiménez Treviño.

Puesto: Auxiliar contable.

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Nombre: Claudia Zallas Colón.

Puesto: Afanadora.

Lugar de trabajo: Embajada de la República de Bulgaria en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: María Rosa Herminda Cruells.

Puesto: Asistente de inmigración.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Mario Alberto Posadas Navarro.

Puesto: Asistente de Inmigración.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Alejandro Guízar Coutiño.

Puesto: Asistente de Inmigración.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Bárbara del Castillo Niño.

Puesto: Asistente de Inmigración.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La solicitud de permiso, túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la honorable Cámara de Diputados y de la honorable Cámara de Senadores, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a agosto de 2012, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación respectiva al mismo mes de 2011.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 14 de septiembre de 2012.— José Antonio Meade Kuribreña (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el acuerdo por el que se establece el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

La Presidencia dispuso que copia de dicho acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 13 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXII Legislatura.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.

A través de su amable conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, numeral 1, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se establece el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, en los siguientes términos:

Segundo. Por tratarse del año en que inicia sus funciones el Presidente de la República, y en términos de lo dispuesto por los artículos 66 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, determinarán en su momento, las sesiones que sean necesarias para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013 y de la misma manera, la fecha .en que se realizará la sesión de clausura del presente periodo ordinario de sesiones.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil doce.— Senador Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;senador Ernesto Cordero Arroyo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;senador Jorge Emilio González Martínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;senador Manuel Bartlett Díaz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;senador Héctor Larios Córdova (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado.

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de generar información útil y oportuna para la toma de decisiones, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tiene a su cargo la evaluación de la política de desarrollo social.

En este sentido, en cumplimiento con el numeral 27 del Programa Anual de Evaluación de 2011, le envío el Informe Final de la Evaluación Estratégica sobre Mortalidad Materna en México 2010: características sociodemográficas que obstaculizan a las mujeres embarazadas su acceso efectivo a instituciones de salud, que fue coordinada por el consejo.

Esperando que esta información fortalezca el debate en la materia, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de septiembre de 2012.— Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), secretario Ejecutivo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

Se invita con toda atención y comedimiento —claro, no podría ser de otra manera—, a los representantes de los medios de comunicación a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir con su importante labor informativa.

DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable Asamblea, se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana María Carmen López Segura, diputada federal electa en la primera circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los compañeros Lourdes Eulalia Quiñones Canales, María Fernanda Schroeder Verdugo, Mayra Karina Robles Aguirre, María Elia Cabañas Aparicio, Aida Fabiola Valencia Ramírez, Loretta Ortiz Ahlf, Dora María Guadalupe Talamante Lemas y siendo oriunda de Pénjamo, Guanajuato, también a Cony Navarrete Vital.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ciudadana María Carmen López Segura, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana María Carmen López Segura: Sí, protesto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si así no lo hiciera que la nación se lo demande.

Enhorabuena, diputada. Bienvenida.

JAIME SERRANO CEDILLO - EDUARDO CASTRO LUQUE

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado José Manzur. Sonido en la curul de don José Manzur; si me hacen el favor de permitirle sonido a don José Manzur.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga(desde la curul): Gracias, señor presidente. Con fundamento en el numeral 1 del artículo 23, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que me sea concedido el uso de la palabra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene usted el uso de la voz.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (desde la curul): Señor presidente, solicito atentamente se acuerde un minuto de silencio en memoria del diputado local por el distrito 25 de ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, nuestro compañero Jaime Serrano Cedillo, a cuya familia expresamos nuestras condolencias y nos manifestamos solidarios en estos momentos de profundo dolor que viven luego del brutal asesinato de nuestro compañero de partido, que a solo 11 días de haber tomado posición en la LVIII legislatura local fue asesinado el medio día del pasado domingo 16 de septiembre en esa demarcación. Elevamos nuestra demanda del esclarecimiento de este artero crimen y castigo severo al autor o autores de este hecho tan lamentable; por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Manzur. Diputado Faustino Félix; sonido en la curul de don Faustino Félix.

El diputado Faustino Félix Chávez(desde la curul): Presidente, con fundamento en el numeral 1 del artículo 23, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, también solicito la voz.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene usted el uso de la palabra.

El diputado Faustino Félix Chávez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Igualmente solicito el uso de la palabra para expresar en este recinto de esta soberanía, la indignación y condena de los habitantes del Valle de El Yaqui y del pueblo de Sonora, por el asesinato de uno de sus representantes populares, el diputado local electo Eduardo Castro Luque, ocurrido el pasado viernes 13 de septiembre; las balas de la intolerancia alcanzaron a un hombre íntegro, limpio y honesto, comprometido con su comunidad.

Por lo mismo, quienes compartimos proyectos y anhelos con Eduardo Castro Luque y a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, expresamos nuestra más enérgica condena a este artero crimen y exigimos a las autoridades estatales correspondientes el puntual esclarecimiento de este atentado contra la democracia, la civilidad y la tranquilidad de los habitantes del municipio Cajeme.

Por lo mismo solicito, señor presidente, podamos guardar un minuto de silencio para honrar la memoria del diputado sonorense Eduardo Castro Luque. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La Mesa Directiva participa a la asamblea de los lamentables decesos del señor diputado local electo en el XVII distrito de Cajeme, estado de Sonora, don Enrique Castro Luque.

Asimismo, participa del artero asesinato del señor diputado local, don Jaime Serrano Cedillo, quien fuera integrante de la Legislatura del estado de México por el XXV distrito de Nezahualcóyotl.

La honorable Cámara de Diputados condena los hechos de violencia y de inseguridad por los que pasa la sociedad mexicana; hace un llamado a quienes lo fomentan para que se conduzcan por el camino de legalidad, la institucionalidad y el respeto a la convivencia armónica entre los mexicanos.

Nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de los diputados locales que hoy memoramos. Se invita a todos los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en la memoria de don Enrique Castro Luque y de don Jaime Serrano Cedillo.

(Minuto de silencio)

Descansen en paz.

Esta Presidencia destaca la presencia en la asamblea de don Faustino Félix, quien atestigua estas honras fúnebres, quien ha sido invitado por el señor diputado Manlio Fabio Beltrones.

LEY MINERA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas:Con su venia, compañero presidente. Buenos días, señoras diputadas y señores diputados. En reconocimiento a las grandes luchas mineras, desde las precursoras de la Revolución mexicana, como las de Cananea, la Caravana del Hambre, de nueva Rosita, en los años cincuentas del siglo pasado, las de ayer y las de hoy, desarrolladas por ambientalistas comprometidos y grandes luchadores sociales de la talla de Salvador Gaytán; las del ejido Huizopa, de Cebada de Dolores, Chihuahua; del cerro de San Pedro, en San Luis Potosí; la de Caballo Blanco, en Veracruz.

Las luchas de ejidatarios e indígenas contra el despojo de sus tierras, contra la contaminación, que deja a sus hermosos paisajes en campos yermos e improductivos; contra la destrucción de sus centros culturales y ceremoniales, como los de Wirikuta, en San Luis o como de Chicomuselo, en Chiapas.

En memoria y justicia de las decenas de mineros muertos, resultado de las pésimas condiciones laborales; ejemplo y constancia de ello son las tumbas de los panteones en la región carbonífera, desde Barroterán a Nueva Rosita; desde las minas de La Florida, Las Esperanzas hasta Pasta de Conchos y las más recientes muertes en el mismo estado de Coahuila.

En gratitud a las grandes gestas por democratizar las organizaciones sindicales de mineros, particularmente los mineros metalúrgicos de las secciones 147 y 288 de Monclova, también en el mismo estado de Coahuila, en los años setentas y a principios de los ochentas. A su gran espíritu de solidaridad para con otras luchas sociales.

Presento ante esta soberanía la iniciativa de reforma, que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera.

Esta ley debe de ser reformada en un sentido profundamente social, tutelando en todo momento la vida, salud y seguridad de los mineros; el derecho de las comunidades a gozar de un medio ambiente que preserve la armonía entre sus miembros y sus valores culturales e históricos, contemplando el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente.

La nación tiene derecho a que se le retribuya parte de la riqueza obtenida por los concesionarios al aplicarlo en bien de la comunidad afectada.

Estamos creando la procuraduría minera, como un organismo público descentralizado para la orientación, asesoría, enseñanza y demás actividades requeridas para el debido respeto a los derechos de los mineros.

También se crea un centro nacional de investigaciones en metalurgia extractiva cuyo objetivo será la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico.

Otra aportación es la regulación del sistema de atajo a cielo abierto, de manera tal que produzca menos daño a la ecología, a la salud y al patrimonio cultural e histórico de su entorno. Quedan prohibidas las sustancias químicas altamente contaminantes.

En un anhelo de mayor justicia para los mineros, esta iniciativa reconoce el interés jurídico de los trabajadores, de las comunidades, ejidos y poblaciones afectadas para que puedan defender con eficacia sus derechos laborales e incluso la muerte de algún trabajador a consecuencia de riesgos de trabajo.

Creamos la comisión reguladora encargada de emitir disposiciones en materia de seguridad e higiene y verifica el cumplimiento de mantenimiento, obras de fortificación ademes, sistemas de ventilación, alarma, comunicación y ubicación satelital del trabajador, salidas de emergencia y demás instalaciones necesarias indispensables en las minas.

Establecemos la responsabilidad social como una obligación de los titulares de una concesión y que realice obras de salud, educación, infraestructura, equilibrio ecológico y protección al ambiente.

El historial de cumplimiento en materia de responsabilidad social será requisito indispensable para el otorgamiento de una nueva concesión; su incumplimiento será causa de nulidad, aplicable también a quienes sean responsables de accidentes. Un historial negativo genera una prohibición.

Establecemos el concepto de interés superior del trabajador minero y de la ecología para que en cualquier circunstancia se priorice la vida y la salud; la responsabilidad social estará por encima de cualquier otro factor de producción. De producirse daños, estos tendrán que repararse.

Los beneficiados de una concesión deberán pagar el cinco por ciento del valor potencial de la misma y cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena ésta tendrá el derecho de hacer una propuesta económica, adjudicándose el derecho al crédito para el fideicomiso de fomento minero.

La Secretaría de Economía regulará y promoverá la explotación, en estricto apego a la responsabilidad social. La participación comunitaria es indispensable; la Secretaría deberá informar de manera previa y fundada a las comunidades sobre el otorgamiento de una concesión. La oposición comunitaria acarreará siempre la suspensión de dicha explotación.

La ocupación temporal, servidumbres y expropiaciones para uso minero se llevarán a cabo previa opinión libre de los afectados, sin presión o engaño.

Compañeras y compañeros, no podemos permanecer indiferentes ante la tragedia humana que representa actualmente el trabajo minero. Con esta iniciativa aspiramos a dar el carácter social y ecológico que requiere la prevención; debe prevalecer por encima de una política estrictamente lucrativa, debemos asumirlo como un compromiso e impedir que sigan ocurriendo muertes previsibles a lo largo y ancho del país.

Es tiempo de decirles a nuestros conciudadanos, a los sectores desprotegidos que estamos con ellos, que en esto nos podemos poner de acuerdo, privilegiando su protección y no la de los empresarios.

Bajo esta visión, con estos ejes de actuación el frente legislativo progresista garantiza que podemos caminar largo y encontrar los consensos suficientes para hacer que nuestros representados aspiren y adquieran cada vez más una vida digna y próspera.

Los invito a hacer suya esta iniciativa, como un ejemplo, como un pequeño paso que significará un gran salto en el México que pretendemos engrandecer. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

El propósito de esta iniciativa es rescatar el sentido social, ecológico, económico y nacionalista de la actividad minera en México, que no obstante el papel preponderante en la economía nacional, su potencial y riqueza natural no se ha podido aprovechar plena y sustentablemente al violentarse constantemente nuestra soberanía y libertad de organización; ante las múltiples demandas de justicia de los mineros –mismas que han sido anuladas y criminalizadas por el despotismo empresarial y gubernamental– esta iniciativa representa también, un esfuerzo por reivindicar sus causas y las muertes de decenas de mineros fallecidos en múltiples accidentes ocurridos por las pésimas condiciones laborales que les rodean, como los recientemente ocurridos en el estado de Coahuila.

Exposición de Motivos

México desempeña un papel importante en la producción mundial de minerales metálicos y no metálicos, siendo el primer productor de celestina y bismuto, segundo en fluorita, tercero en plata, cuarto en arsénico, antimonio, plomo y cadmio, noveno en oro, décimo en tungsteno y onceavo en cobre; todos ellos materias primas fundamentales para los países desarrollados y en vías de desarrollo como nuestro país.

A pesar de esta riqueza natural el país no ha podido aprovechar plena y sustentablemente estos recursos, el pacto social principio rector de nuestra Constitución Política, ha sido desmantelado con diversas reformas constitucionales antisociales, tal es el caso de la reforma en 1992 al artículo 27 constitucional, que dio origen a la Ley Minera, Ley Agraria, Ley de Aguas Nacionales y otras, abriendo con esto una nueva dependencia nacional respecto de las potencias extranjeras.

Los ataques a nuestra soberanía son evidentes, la libertad de organización y las demandas de justicia se ven anuladas y criminalizadas por el despotismo gubernamental. La resistencia de los trabajadores mineros, campesinos, obreros entre otros, a ser desalojados o privados de su patrimonio ancestral crece y crea condiciones de alta confrontación social y de ruptura nacional. Las continuas agresiones de los derechos humanos de los trabajadores mineros, son evidentes y no pueden seguir manifestándose.

No debe aceptarse ninguna excusa para que los patrones no respeten lo concerniente a seguridad, higiene y prevención de los riesgos de trabajo, disposiciones que por cierto consagran los derechos mínimos en la materia. Los patrones pueden legalmente disponer de la fuerza de trabajo, pero no de la vida de las personas que le prestan sus servicios, debe prevaler por encima de cualquier circunstancia el de respeto a la vida e integridad física.

Por tanto, es legal y moralmente indispensable evitar en lo futuro la repetición de las tragedias que han ensombrecido la actividad minera y, lograr que las responsabilidades laborales, administrativas, civiles y penales procedan con una legislación que ofrezca el marco normativo adecuado para ello.

De acuerdo al Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) hasta el año 2010, en la zona carbonífera de Coahuila sucedieron un total de 113 fallecidos desde el año 2006; 65 en Pasta de Conchos y 67 en pocitos, tajos, minas subterráneas y plantas de beneficio y de transporte de mineral. Otras fuentes hablan de 213 muertos en el mismo periodo. En agosto del presente año, siete mineros fallecieron en una mina en Múzquiz, Coahuila y nuevamente en la zona carbonífera, murieron 6 mineros de la empresa Minerales Monclova, S A.

Es inconcebible que en el país, existan sólo 776 inspectores para 830 mil 705 patrones según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); esto contra la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recomienda 4 inspectores por cada 100 mil trabajadores como mínimo. En México la proporción es de apenas 1.77 por cada 100 mil trabajadores.

En el Informe Final de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos constituida durante la LXI Legislatura, y, concretamente las referidas a los “pocitos”, se hicieron las siguientes acciones y recomendaciones:

Acciones

- Incluir a los “pocitos” dentro de los programas de verificación, y crear un programa de apoyo financiero para el desarrollo de medidas de seguridad y fortalecimiento productivo a los mismos. Otorgarles la mención como “empresas sociales”.

Proposiciones

- Solicitar al IMSS que de manera inmediata se registre al régimen obligatorio a los trabajadores de los “pocitos”, ya que de acuerdo a la minuta de la reunión celebrada en el museo del Carbón, el 27 de abril de 2004, se reconoce que “muchos no están inscritos en las diferentes instituciones, correspondiendo esto a 1000 trabajadores”. Esta proposición debió ser presentada y verificada por las Comisiones de Trabajo y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

- Exigir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las demás Instituciones de la Administración Pública Federal, a que inmediatamente se proteja con la ley a los “pocitos”, así como iniciar una extraordinaria verificación sobre la seguridad de éstos con la participación de la Secretaría de Economía y del IMSS. Esta proposición también debió ser presentada por la Junta de Coordinación Política, estableciendo un seguimiento por las comisiones ordinarias del Congreso de la Unión correspondientes.

Es inadmisible que a la fecha no se hayan atendido dichas recomendaciones.

En el caso de la industria minera, a las empresas se les ha concesionado entre 20 y 21 por ciento del territorio nacional, equivalente casi a la dimensión del estado de Chihuahua, resaltando las concesiones que se han otorgado a Grupo México y sus subsidiarias que son propiedad de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, no obstante que el artículo 28 constitucional señala que: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a titulo de protección a la industria”, este sigue sin aplicarse.

Grupo México, que controla gran parte de las concesiones del sector minero, ninguna autoridad ha actuado conforme a derecho contra este grupo. Si seguimos analizando, encontramos ambigüedades en la Constitución federal, en leyes reglamentarias y reglamentos, es decir, en este vacío e incoherencia jurídica muchos grupos empresariales, empresas transnacionales, se han beneficiado; al final, la comunidad, el medio ambiente, los derechos sociales, humanos y la soberanía, intereses y futuro de la nación son sometidos al interés meramente monetario de uno cuantos, son subordinados ante el mercado.

En la LXI Legislatura, el diputado Ramón Jiménez López convocó la celebración de una serie de foros denominados Problemática minera en México. Análisis y soluciones,abordando distintos temas de la problemática minera en el país, en donde participaron representante de diversas organizaciones como el Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, el comisariado ejidal de Huizopa, Chihuahua, Cereal de Pasta de Conchos, el Colegio de Ingenieros Mineros, Metalúrgicos, de Materiales y Similares del Estado de Hidalgo, y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

En estos foros se conocieron una serie de irregularidades en las que se encuentran operando las empresas mineras. Como las que utilizan el sistema de tajo a cielo abierto y el uso de sustancias químicas altamente tóxicas como es el cianuro de sodio para los procesos minero metalúrgicos; se denunciaron las distintas violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que estos proyectos causan contaminación atmosférica por las grandes cantidades de polvo que generan y que contienen altos niveles de nitrato de amonio, diesel y partículas de los detonantes de los explosivos que utilizan para demoler los cerros.

Los participantes destacaron que la minería es una actividad temporal, las vetas y los cuerpos mineralizados se agotan en corto tiempo, los proyectos de este tipo duran entre 5 y 15 años, el precio de los metales está sujeto a vaivenes financieros, a incrementos y deslizamientos extremos en su precio que en ocasiones hace incosteable su explotación. Las empresas mineras no ofrecen empleos, contratan empresas prestadoras de servicios, estas manejan a su personal por contratos temporales.

Las conclusiones de los foros fueron fundamentales para integrar el contenido de la presente iniciativa, misma que intenta recoger las diversas demandas de los participantes y de los distintos trabajos realizados por pasadas legislaturas.

En la actualidad, las empresas mineras consumen y contaminan grandes cantidades de agua para sus procesos de lixiviación, por ejemplo el tajo a cielo abierto de Mazapil, Zacatecas (una zona semidesértica con grave escasez de agua), utiliza para sus procesos de lixiviación 94 millones de litros diarios de agua, por cada dos litros de agua, utilizan un gramo de cianuro de sodio, una parte de esta agua, aproximadamente 50 por ciento, se evapora y forma nubes de ácido cianhídrico que viajan por efecto de los vientos distancias que pueden llegar a cientos de kilómetros precipitándose como lluvias ácidas, esto contamina la atmósfera y afecta el ciclo hidrológico.

Otro ejemplo devastador, es la actividad minera realizada por las mineras canadienses. En el cerro de San Pedro en el estado de San Luis Potosí, la empresa New Gold, tiene un consumo de 32 millones de litros diarios que la extrae de un acuífero que surte 40 por ciento de todo el estado y que se abate peligrosamente dado que se le extrae lo doble de su recarga, esto sin contar con los problemas a la tierra, ya que miles de hectáreas quedarán inutilizadas de por vida para cualquier actividad productiva; se denunció el solapamiento de las autoridades por el hecho de que a pesar de las denuncias interpuestas por la comunidad, trabajadores y organizaciones opositoras, las mineras siguen operando en estas condiciones.

En la mina Metallica Resources Inc, ahora New Gold Minera San Xavier, se ha demostrando con suficiente claridad la inconstitucionalidad de los proyectos mineros, pero las autoridades no actúan; otro ejemplo es el caso de la reserva de Wirikuta. El pasado 24 de mayo, el gobierno federal anunció medidas para proteger y conservar el territorio sagrado de los wixárikas o huicholes, conocido como Wirikuta. Se señaló entonces que la empresa minera First Majestic Silver Corp cedía al mismo gobierno parte de su superficie concesionada para ser declarada reserva minera nacional y se preserven los sitios sagrados de los wixárikas.

Sin embargo, integrantes del Consejo Regional Wixárika para la Defensa de Wirikuta, señalaron que dicho anuncio estuvo incompleto y lleno de “ datos falsos”, pues la compañía minera First Majestic Silver Corp., nunca tuvo planes de realizar explotaciones mineras en las 761 hectáreas que cedió al gobierno, es decir, sólo se devolvieron superficies que no son de interés minero y por tanto económico.

Siguen en su poder 5 mil hectáreas concesionadas para la minería, además, existen en total alrededor de 97 mil hectáreas sujetas a concesiones mineras en el área del Wirikuta y un gran proyecto llamado Universo, de la también compañía minera canadiense Revolution Resourses, que comprende más de 59 mil hectáreas, equivalente a 42 por ciento del territorio de Wirikuta. Esta discusión sobre el desarrollo de proyectos mineros en este territorio, ubica al tema de la minería en la agenda pública, algo que es necesario debido a que jamás ha habido tanta actividad minera en el país como en los últimos 10 años.

En cuanto a la situación laboral se ha denunciado la actuación de diversos funcionarios que han obstaculizado, impulsado el retroceso derechos sindicales y reprimido con fiereza la lucha de los trabajadores; tal es el caso de las minas de Cananea, Sombrerete, y Taxco, en las cuales el 30 de julio de 2007, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros efectuó un paro de labores producto de las pésimas condiciones de seguridad que padecen, y con la intención de prevenir sucesos tan dolorosos como los de Pasta de Conchos.

Cananea es un asunto de interés nacional y así debe ser abordado. Ningún interés, particular o de grupo puede estar por encima del interés nacional, ni una población histórica puede ser rehén de interminables litigios que han puesto en riesgo su propia supervivencia. Por la vía jurídica se ha logrado derrotar ante los tribunales superiores de nuestro país a la empresas canadienses y al mismo Grupo México, pero frente a estas victorias, no ha habido voluntad de parte del gobierno federal para llevarlas al terreno de los hechos.

Baste recordar que en repetidas ocasiones la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró la inexistencias de estas huelgas, dichas resoluciones fueron invalidadas por las autoridades de amparo; ahora se busca, mediante resoluciones abiertamente inconstitucionales de esta junta, contando con la complicidad del Poder Judicial federal, dar por terminadas las relaciones de trabajo tanto individuales y colectivas, valiéndose inclusive del uso de la fuerza pública.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha buscado terminar a la brevedad con el “mal ejemplo” de los mineros, prueba de ello, son las deshonrosas e irresponsables declaraciones del secretario del Trabajo que pretende mediante una reforma laboral incluir un mecanismo de arbitraje obligatorio para terminar a capricho las huelgas.

Las empresas mineras son especialistas en provocar conflictos al interior de las comunidades cuyas tierras ambicionan para sus jugosos negocios, hacen un estudio socioantropológico de los habitantes del lugar, así detectan el comportamiento de la gente. A los más carentes de escrúpulos los contratan y los utilizan para sus grupos de choque, a otros los controlan con empleos y regalías, incluso les pagan sin trabajar.

La única forma de que estas empresas operen es a base de amplias redes de corrupción y actos delictivos, su control se extiende desde autoridades municipales, estatales y federales, especialmente se incrustan en dependencias ambientales, autoridades académicas, congresos locales; intervienen y costean los procesos electorales, escogen sus candidatos a presidentes municipales para tener control político de las comunidades, dejando al descubierto la gran capacidad de estas empresas para tejer sus redes de corrupción, y la fragilidad del sistema oficial ante las mismas.

Asimismo, se dan innumerables violaciones de las más elementales garantías individuales, como las previstas en los artículos 2o., 4o., 14, 16 y 27 de la Constitución. En lo referente a los medios de difusión, se señaló que son cooptados tanto por la empresa como por las autoridades gubernamentales a su servicio, por medio de sus departamentos de difusión social; por lo que difícilmente aparece publicidad que maneje con veracidad la realidad de lo que significa un proyecto minero de este tipo y menos de las agresiones personales a los opositores.

Como comentamos al principio, el espíritu que domina la presente iniciativa, es rescatar el sentido social, ecológico, económico y nacionalista a la actividad minera; regular el sistema de tajo a cielo abierto, de manera que produzca un mínimo daño a la ecología, la salud y el patrimonio cultural e histórico de las comunidades; cuando este sistema pueda producir graves daños en estos aspectos, se deberá prohibir y usar otra tecnología; igualmente queda prohibido el uso de sustancias químicas altamente contaminantes en los procesos mineros metalúrgicos. En ambos casos, los responsables deberán reparar los daños y perjuicios causados; se sujetarán a las disposiciones de esta ley los titulares de una concesión o asignación minera, contratistas.

Se hace indispensable entonces, reconocer interés jurídico, para que puedan defender con eficacia sus derechos, a los trabajadores y las organizaciones que los representan, los miembros de las comunidades, ejidos y poblaciones afectadas o que puedan resultar afectadas, el cónyuge, la concubina o el concubinario, los parientes consanguíneos en línea recta hasta el segundo grado de los trabajadores fallecidos a consecuencia de un riesgo de trabajo.

Se crea la comisión reguladora, como organismo público descentralizado, encargado de emitir disposiciones de carácter general en materia de seguridad e higiene en materia minera metalúrgica, igualmente verificará el debido cumplimiento de éstas y demás disposiciones aplicables en la materia, para el debido respeto de la vida y seguridad de los trabajadores.

En este organismo deberán participar un mínimo de cuatro representantes de los trabajadores, cuatro representantes de las comunidades, ejidos y poblaciones de zonas mineras, destacados especialistas en el tema, pertenecientes a las instituciones públicas de educación superior y representantes de las Secretarías de Economía, del Trabajo y Previsión Social, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Seguro Social.

Se establece la responsabilidad social, que es la obligación que tienen los titulares de una concesión o asignación minera de realizar obras de salud, educativas, infraestructura, de equilibrio ecológico y protección al ambiente y demás, en beneficio de la comunidad en que se localizan la mina o minas concesionadas o asignadas, hasta por un mínimo del 5 por ciento anual del total de sus utilidades anuales; el requisito indispensable para el otorgamiento de una concesión o asignación minera, con posterioridad al primer otorgamiento, consistente en el historial de cumplimiento de las normas en materia de seguridad e higiene, equilibrio ecológico y protección al ambiente, y de responsabilidad social. El incumplimiento grave de esta condición será causa de nulidad de la concesión minera.

En esta iniciativa se establece el concepto de “interés superior del trabajador minero y de la ecología”, que significa que en cualquier circunstancia debe priorizarse la vida y salud de los trabajadores, así como el equilibrio ecológico y la protección al ambiente sobre el interés de la producción o cualquier otro. También se consagra el historial negativo de cumplimiento: quienes han sido declarados por autoridad competente, culpables de un accidente que causó lesiones graves o la muerte de uno o varios trabajadores, o de haber incurrido en incumplimientos graves en materia de responsabilidad social o de las normas de equilibrio ecológico y protección al ambiente, no podrán recibir concesiones mineras.

El principio de participación indispensable de la comunidad afectada: la obligación de la secretaría de informar de manera previa, veraz y fundamentada, a las comunidades, ejidos y poblaciones que resultarán afectados, antes de otorgar una concesión o de iniciar una explotación, los impactos sociales, económicos, ecológicos y en la salud consecuentes; la oposición de la sociedad en los casos antes señalados, acarreará siempre la suspensión de la explotación minera, hasta que, en su caso, quede firme la sentencia respectiva.

Se señala el derecho de acción de los familiares: el interés legítimo para ejercer el derecho de acción de los familiares directos de los mineros fallecidos por un riesgo de trabajo, conforme a lo previsto en el artículo 2o. de esta ley, para actuar ante todas las autoridades en busca del otorgamiento de prestaciones, aplicación de sanciones contra los responsables, incluidas las de carácter administrativo, impulsar la prevención de este tipo de riesgos y, cualesquiera otra necesarias para alcanzar justicia y el debido esclarecimiento de los hechos.

La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley estarán subordinados a la previa opinión de la comunidad, a sus derechos de explotación agrícola, ganadera u otras análogas, a preservar su entorno histórico y cultural, al respeto a su derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado y, demás derechos humanos, y además, en su caso, exista el compromiso por escrito de gobierno federal y empresas concesionarias de reparar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse; al efecto éstas deberán otorgar una fianza por el monto que fije la Procuraduría Minera.

Las personas que sean beneficiadas con una concesión deberán pagar al erario el cinco por ciento del valor potencial de la misma; la ocupación temporal, servidumbres y expropiaciones para uso minero, deberán ser resueltas previa opinión libre de los ejidatarios, comuneros, pobladores, y demás propietarios y poseedores de los predios, sin presión, o engaño.

Son atribuciones de la secretaría: regular y promover la exploración y explotación, con estricto arreglo a las normas sobre seguridad e higiene, salud ocupacional y de equilibrio ecológico y protección al ambiente, siempre con la participación indispensable de la comunidad afectada; someter a la consideración del Ejecutivo federal los proyectos de decreto para determinar la concesibilidad de minerales o sustancias previa opinión de la comisión reguladora y, en su caso, de las comunidades afectadas o que puedan resultar afectadas; expedir, previa opinión de la Secretaría de Salud y de las comunidades afectadas o que pueden resultar afectadas, títulos de concesión minera y de asignación mineras (para esta última también se requerirá la opinión del Servicio Geológico Mexicano), en los mismos términos se resolverá, sobre su nulidad o cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas.

En el cumplimiento de sus atribuciones la secretaría deberá ajustarse al principio del interés superior del trabajador minero y de la ecología; en ningún caso se expedirán títulos de concesión y de asignación minera, a quienes tengan un historial negativo de cumplimiento y, por tanto no cumplan la condición social de la concesión o asignación minera; las empresas mineras no deberán tener más de dos concesiones mineras; ni más de 50 hectáreas; las empresas pertenecientes a empresas o grupos extranjeros, aunque estén constituidas conforme a las leyes mexicanas, en ningún caso deberán tener otorgadas más de 1 por ciento de las concesiones mineras totales del país.

Las empresas deberán acreditar su capacidad jurídica, técnica y económica, incluido el cumplimiento de la condición social de la concesión o asignación minera. Igualmente, deberá presentar sus proyectos de inversión para cumplir con los derechos laborales, derechos humanos, derechos a la salud, derechos ecológicos y seguridad e higiene; cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena y dicho pueblo o comunidad indígena participe en el concurso tendrá el derecho de igualar la mejor propuesta económica que presente otro concursante, para lo cual tendrán derecho a que se les conceda al efecto el crédito necesario por el Fideicomiso de Fomento Minero.

Proponemos que las concesiones mineras tengan una duración de veinte años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería y se prorrogarán únicamente por una vez. Las concesiones confieren derecho a la utilización del agua, pero sin afectar el derecho de la comunidad y de otras empresas para acceder a este vital líquido; los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de otorgamiento, estarán obligados a garantizar la protección de la vida e integridad de los trabajadores y de los miembros de la comunidad, el equilibrio ecológico y protección al ambiente, los bienes culturales e históricos. Si el concesionario no realiza obras y trabajos, cual sea el motivo, durante dos años, se cancelará la concesión de manera automática.

Los concesionarios tendrán prohibido contratar a niñas, niños y mujeres en labores subterráneas. La prohibición del trabajo de las mujeres se basa, además de las dolorosas experiencias históricas a este respecto, en el Convenio 45 de la OIT, Empleo de las Mujeres en los Trabajos Subterráneos de Toda Clase de Minas, que prohíbe este trabajo subterráneo y que está ratificado por nuestro país; prohibición respecto a la cual operarán las excepciones marcadas por el mismo en los siguientes términos.

En los trabajos subterráneos de las minas no podrá estar empleada ninguna persona de sexo femenino, sea cual fuere su edad. La legislación nacional podrá exceptuar de esta prohibición:

a) A las mujeres que ocupen un cargo de dirección y no realicen un trabajo manual;

b) A las mujeres empleadas en servicios de sanidad y en servicios sociales;

c) A las mujeres que, durante sus estudios, realicen prácticas en la parte subterránea de una mina, a los efectos de la formación profesional;

d) A cualquier otra mujer que ocasionalmente tenga que bajar a la parte subterránea de una mina, en el ejercicio de una profesión que no sea de carácter manual.

Tampoco podrán los concesionarios cubrir prestaciones laborales y de seguridad social menores a los trabajadores no sindicalizados, a los sujetos a contratos de tercería, o contratos de cualquier otra naturaleza; cumplirán sus obligaciones en materia de seguridad e higiene conforme a las disposiciones aplicables, incluidas las emitidas por la comisión reguladora; deberán no retirar y les darán el mantenimiento necesario a las obras permanentes de fortificación, los ademes, los sistemas de ventilación, de alarma, de comunicación y de ubicación satelital de cada trabajador, así como de las salidas de emergencia, y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad e higiene en las minas; especialmente queda obligado a tener por lo menos dos entradas de bocaminas cada quinientos metros; constituir la o las comisiones de seguridad e higiene y dar todas las facilidades para el cumplimiento de sus funciones.

Deberán permitir al personal comisionado por la Secretaría de Economía, por la Comisión Reguladora, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás instancias competentes la práctica de visitas de inspección en materia de seguridad e higiene y de equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Destacadamente, se les obliga a las empresas mineras a reparar los daños y perjuicios que causen al equilibrio ecológico y de protección al ambiente, a la salud, a los monumentos culturales e históricos. Crearán depósitos para los desechos tóxicos industriales, como cianuro y arsénico y demás propios de la minería; realizarán los estudios de los mantos acuíferos del agua potable que se les suministre a las comunidades en un radio de 50 hectáreas y deberán de darlos a conocer a la comunidad; informarán al gobierno federal la clase, destino y volumen de sus exportaciones mineras; proporcionarán de manera gratuita el agua potable, la energía eléctrica, y construirán escuelas y viviendas dignas en las comunidades mineras de hasta cinco mil habitantes.

Se crea la procuraduría minera, con el carácter de organismo público descentralizado no adscrita a ninguna dependencia, para la orientación, asesoría, tutela, enseñanza y demás actividades requeridas para el debido respeto de los derechos de los miembros de los ejidos, comunidades, núcleos de población, poblados, ciudades, personas en lo particular, organizaciones civiles, que puedan resultar afectados o sean afectados por la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias regulados en la presente ley. Sus servicios serán gratuitos. Dará preferencia a las soluciones conciliatorias.

También se crea un centro nacional de investigaciones en metalurgia extractiva, con el carácter de organismo público descentralizado no adscrito a ninguna dependencia. Su objetivo será la investigación y desarrollo tecnológico, capacitación, la comercialización de los resultados de la investigación y desarrollo tecnológico, demás tareas para alcanzar sus objetivos.

En este sentido entendemos que la actual Ley Minera debe ser reformada con un sentido profundamente social, tutelando en todo momento la vida y seguridad de los mineros, el derecho de las comunidades a gozar de un medio ambiente adecuado y preservar la armonía entre sus miembros y sus valores culturales y monumentos históricos, conservando a futuro las condiciones de trabajo, y salud; la nación tiene derecho a que se le retribuya parte de la riqueza obtenida por los concesionarios para aplicarla sobre todo en bien de la comunidad directamente afectada y en general de los que menos tienen; también debe defenderse en todo momento el interés soberano del país. Los legisladores tenemos como deber proteger los intereses de los habitantes del país y velar por los derechos de los mismos, por tal motivo, creemos que esta iniciativa deberá discutirse en lo inmediato y así evitar el deterioro de nuestro país en los ámbitos económicos ambientales y sociales y hasta un estallido social. Por todo esto proponemos que en adelante la Ley Minera se denomine Ley Minera y de los Derechos Sociales.

Fundamento legal

El que suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 2, se adicionan párrafos del IV a XV del artículo 3, el artículo 6, fracciones I, IV, V, VI, VII, IX y XVII del artículo 7, se reforman artículos 9 y 10, se adicionan fracciones IV y V al artículo 11, se reforma artículo 13 Bis fracción II, se reforma artículo 15, se reforma artículo 19 fracción VI y artículo 21, también las fracciones I, II, III, VI, VII y X al XVII del artículo 27 y se adiciona el artículo 27 Bis, se reforman los artículos 31 y 34, fracciones II y VI del artículo 37, se modifica artículo 39 y artículo 40 fracción II, se adiciona fracción I Bis del artículo 43, artículo 55 fracciones II, III y X, adicionándole además un III Bis y III Ter, se reforma artículo 56 fracciones I, II y III, se adiciona fracción XIII al artículo 57, se adicionan artículos 57 Ter y 57 Quáter, artículo 58 y se adiciona un artículo 58 Bis, artículo 59. Finalmente, se adicionan los artículos 60, 60 Bis, 61, 62, 63 y 63 de la Ley Minera.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera y modifica su denominación por Ley Minera y de los Derechos Sociales

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Economía, que en lo sucesivo se denominará la Secretaría.

Artículo 2. ...

Se deberá regular el sistema de tajo a cielo abierto, de manera que se minimicen los daños a la ecología, a la salud y al patrimonio cultural e histórico de las comunidades; sin embargo, cuando este sistema pueda producir graves daños en estos aspectos, se deberá prohibir y usar otra tecnología. Igualmente queda prohibido el uso de sustancias químicas altamente contaminantes en los procesos mineros metalúrgicos. En los dos casos de cita, los responsables deberán reparar los daños y perjuicios causados.

Igualmente se sujetarán a las disposiciones de esta ley los titulares de una concesión o asignación minera, los contratistas, los trabajadores y las organizaciones que los representan, los miembros de las comunidades, ejidos y poblaciones afectadas o que puedan resultar afectadas, el cónyuge, la concubina o el concubinario, los parientes consanguíneos en línea recta hasta el segundo grado de los trabajadores fallecidos a consecuencia de un riesgo de trabajo, todos los que intervengan como titulares de derechos y obligaciones en la industria minero metalúrgica.

Cuando en las minas sean empleados niñas y niños en las actividades subterráneas, serán clausuradas de inmediato, y será causa, en su caso, de la cancelación de la concesión otorgada, esto con independencia de otras sanciones aplicables.

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entiende por

I. a III. ...

IV. Comisión reguladora: el organismo público descentralizado, encargado de emitir disposiciones de carácter general en materia de seguridad e higiene en materia minera metalúrgica, igualmente verificará el debido cumplimiento de éstas y demás disposiciones aplicables en la materia, para el debido respeto de la vida y seguridad de los trabajadores. En este organismo deberán participar un mínimo de cuatro representantes de los trabajadores, cuatro representantes de las comunidades, ejidos y poblaciones de zonas mineras, destacados especialistas en el tema, pertenecientes a las instituciones públicas de educación superior y representantes de las Secretarías de Economía, del Trabajo y Previsión Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

V. Peligro o daño inminente: cualquier condición o práctica en una mina que pueda ser causa inmediata o en breve tiempo de muerte o daños físicos severos a los trabajadores o a miembros de la comunidad.

VI. Disposiciones obligatorias de seguridad e higiene en materia minera: las establecidas en esta ley y demás disposiciones aplicables de nuestro orden jurídico, incluidas las de carácter internacional ratificadas por nuestro país.

VII. Contratista: a los contratistas, subcontratistas e intermediarios, en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

VIII. Riesgo de trabajo: los así conceptuados en la Ley Federal del Trabajo.

IX. Responsabilidad social: la obligación que tienen los titulares de una concesión o asignación minera de realizar obras de salud, educativas, infraestructura, de equilibrio ecológico y protección al ambiente y demás, en beneficio de la comunidad en que se localizan la mina o minas concesionadas o asignadas, hasta por un mínimo de 5 por ciento anual del total de sus utilidades anuales. Este requisito no operará en caso del otorgamiento de una primera concesión.

X. Condición social de la concesión o asignación minera: el requisito indispensable para el otorgamiento de una concesión o asignación minera, consistente en el historial de cumplimiento de las normas en materia de seguridad e higiene, equilibrio ecológico y protección al ambiente, y de responsabilidad social. El incumplimiento grave de esta condición será causa de nulidad de la concesión minera.

XI. Interés superior del trabajador minero y de la ecología: que en cualquier circunstancia tanto las autoridades como los empresarios deben priorizarse la vida y salud de los trabajadores, así como el equilibrio ecológico y la protección del ambiente sobre el interés de la producción o cualquier otro;

XII. Historial negativo de cumplimiento: quienes han sido declarados por autoridad competente, culpables de un accidente que causó lesiones graves o la muerte de uno o varios trabajadores, o de haber incurrido en incumplimientos graves en materia de responsabilidad social o de las normas de equilibrio ecológico y protección al ambiente.

XIII. Participación indispensable de la comunidad afectada: la obligación de la Secretaría de informar de manera previa, veraz y fundamentada, a las comunidades, ejidos y poblaciones que resultarán afectados, antes de otorgar una concesión o de iniciar una explotación, de los impactos sociales, económicos, ecológicos y en la salud consecuentes; acto seguido deberá consultar a los integrantes de aquéllos de manera que si se opone por lo menos el treinta y tres por ciento de los miembros de las mismas no se podrá otorgar la concesión o proceder a la explotación. La violación de esta obligación provocará la nulidad de pleno derecho de las concesiones y autorizaciones correspondientes, además de la obligación solidaria del gobierno federal y las empresas involucradas de reparar los daños y perjuicios ocasionados. Bajo el mismo mecanismo, procederá, a solicitud de las comunidades, ejidos y poblaciones, la cancelación de la concesión otorgada.

La oposición de la sociedad en los casos antes señalados, acarreará siempre la suspensión de la explotación minera, hasta que, en su caso, quede firme la sentencia respectiva.

XIV. Derecho de acción de los familiares: el interés legítimo para ejercer el derecho de acción de los familiares directos de los mineros fallecidos por un riesgo de trabajo, conforme a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 2o. de esta ley, para actuar ante todas las autoridades en busca del otorgamiento de prestaciones, aplicación de sanciones contra los responsables, incluidas las de carácter administrativo, impulsar la prevención de este tipo de riesgos y, cualesquiera otra necesarias para alcanzar justicia y el debido esclarecimiento de los hechos.

Artículo 6. La exploración, la explotación y el beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley estarán subordinados a la previa opinión de la comunidad, a sus derechos de explotación agrícola, ganadera u otras análogas, a preservar su entorno histórico y cultural, al respeto a su derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado y, demás derechos humanos. Sólo ante el evidente beneficio superior de la minería se llevará a cabo ésta, siempre y cuando la comunidad lo acepte con pleno conocimiento de causa y reciba por lo menos el diez por ciento de las utilidades netas generadas. Y además, en su caso, exista el compromiso por escrito del gobierno federal y empresas concesionarias de reparar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse; al efecto éstas deberán otorgar una fianza por el monto que fije la Procuraduría Minera.

La ocupación temporal, las servidumbres y las expropiaciones para uso minero deberán ser resultas previa opinión libre de los ejidatarios, comuneros, pobladores, y demás propietarios y poseedores de los predios, sin presión, o engaño. En caso contrario, estos actos serán nulos de pleno derecho y los servidores públicos y demás persona involucradas deberán reparar los daños y perjuicios ocasionados, con independencia de las demás sanciones aplicables.

La omisión de las obligaciones a que se refieren los párrafos anteriores, será causa para la cancelación de la concesión.

Artículo 7. Son atribuciones de la secretaría

I. Regular y promover la exploración y explotación, al igual que el aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la nación, en estricto apego a la normas sobre seguridad e higiene, salud y de equilibrio ecológico y protección al ambiente, siempre con la participación indispensable de la comunidad afectada;

II. y III. ...

IV. Participar con la Comisión Reguladora y las dependencias competentes en la elaboración de las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas relativas a la industria minero metalúrgica en materia de seguridad e higiene y seguridad en las minas, salud ocupacional y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;

IV Bis. ...

V. Someter a la consideración del Ejecutivo federal los proyectos de decreto para determinar la concesibilidad de minerales o sustancias, así como los relativos a la incorporación o desincorporación de zonas de reservas mineras, previa opinión de la Comisión Reguladora y, en su caso, de las comunidades afectadas o que puedan resultar afectadas.

VI. Expedir, previa opinión de la Secretaría de Salud y de las comunidades afectadas o que pueden resultar afectadas, títulos de concesión minera y de asignación mineras, para las asignaciones también se requerirá previa opinión del Servicio Geológico Mexicano; se sujetará a este mismo trámite la nulidad o cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de ellas;

VII. Verificar, coordinadamente con la Comisión Reguladora, el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la presente ley a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles e imponer las sanciones administrativas derivadas de su inobservancia. Igualmente interponer denuncias penales en caso de percatarse de la comisión de un probable delito;

VIII. ...

IX. Llevar y mantener actualizado el Registro Público de Minería, igualmente la cartografía minera y realizar toda clase de levantamientos topográficos y geodésicos con el fin de mantener actualizada esta última;

X. a XIV. ...

En el cumplimiento de sus atribuciones, la secretaría deberá ajustarse al principio del interés superior del trabajador minero y de la ecología.

Artículo 9. ...

La administración del Servicio Geológico Mexicano estará a cargo de un órgano de gobierno y de su director general.

El órgano de gobierno estará integrado por

...

Tres representantes de los sindicatos del sector minero;

Un representante de las organizaciones de la minería social;

Un representante de las organizaciones del sector minero mexicano.

Un representante de la Comisión Reguladora.

Tres representantes de los ejidos, comunidades y poblaciones afectados con concesiones mineras.

(El resto del artículo queda igual)

Artículo 10....

En ningún caso se expedirán títulos de concesión y de asignación minera, a quienes tengan un historial negativo de cumplimiento y, por tanto no cumplan con la condición social de la concesión o asignación minera.

Artículo 11. Se consideran legalmente capacitadas para ser titulares de concesiones mineras las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas:

I. a III. ...

IV. Cumplir la condición social de la concesión o asignación minera; y

V. No tener más de dos concesiones mineras; ni tener ya en explotación 50 hectáreas.

Las empresas pertenecientes a empresas o grupos extranjeros, aunque estén constituidas conforme a las leyes mexicanas, en ningún caso deberán tener otorgadas más del 1 por ciento de las concesiones mineras totales del país.

Artículo 13 Bis. Los concursos mediante los cuales se otorguen las concesiones a que se refiere el artículo anterior deberán garantizar las mejores condiciones económicas para el estado, la mayor garantía para la seguridad e higiene y condiciones laborales para los trabajadores, así como las mejores condiciones de responsabilidad social y de equilibrio ecológico y protección al ambiente para la comunidad, y se realizarán conforme a lo siguiente:

I. La secretaría publicará la convocatoria por lo menos en el Diario Oficial de la Federación y en dos diarios de circulación nacional;

II. Las bases del concurso incluirán como mínimo

a) ...

b) Los requisitos con los que los participantes acreditarán su capacidad jurídica, técnica y económica, incluido el cumplimiento de la condición social de la concesión o asignación minera. Igualmente, deberá presentar sus proyectos de inversión para cumplir con los derechos laborales, derechos humanos, derechos a la salud, derechos medio ambiente y seguridad e higiene;

c) ...

d) El clausulado del contrato que, en su caso, deberá otorgarse para garantizar el cumplimiento de la contraprestación económica, la prima por descubrimiento que se ofrezca, el cumplimiento de la responsabilidad social, y las disposiciones en materia de seguridad e higiene y de equilibrio ecológico y protección del ambiente.

III. ...

Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o comunidad indígena y dicho pueblo o comunidad indígena participe en el concurso, tendrá el derecho de igualar la mejor propuesta económica que presente otro concursante, para lo cual tendrán derecho a que se les conceda al efecto el crédito necesario por el Fideicomiso de Fomento Minero, y en caso de hacerlo tendrá derecho preferente la propuesta de dicho pueblo o comunidad indígena.

Artículo 15.Las concesiones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente ley.

Se derogan párrafos segundo y tercero

Las concesiones mineras tendrán una duración de veinte años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería y se prorrogarán únicamente por una vez por igual término si sus titulares no incurrieron en las causales de cancelación previstas en la presente ley y lo solicitan dentro de los cinco años previos al término de su vigencia.

Artículo 19.Las concesiones confieren derecho a

I. a V. ...

VI. Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de la Ley de la Materia. Pero sin afectar el derecho de la comunidad y de otras empresas para acceder a este vital líquido;

VII. a XII. ...

Artículo 21. La secretaría resolverá sobre la procedencia de las solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre, previa audiencia de la parte afectada y dictamen técnico fundado.

El monto de la indemnización se determinará por medio de avalúo practicado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, con base en los criterios que fije el reglamento de la presente ley.

Monto indemnizatorio, que tratándose de pueblos o comunidades indígenas o pueblos en extrema pobreza, se incrementará en diez tantos más y, además aquellos tendrán derecho a que hasta el cincuenta por ciento del mismo se invierta en acciones de la empresa minera relativa, de ser el caso.

...

Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de otorgamiento, están obligados a

I. Ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta ley en los términos y condiciones que establecen la misma, su reglamento y demás disposiciones aplicables, debiendo garantizarse la protección de la vida e integridad de los trabajadores y de los miembros de la comunidad, el equilibrio ecológico y protección al ambiente, los bienes culturales e históricos. Si el concesionario no realiza estas obras y trabajos, cual sea el motivo, durante dos años, se cancelará la concesión de manera automática;

II. ...

Las personas que sean beneficiadas con una concesión deberán pagar al erario cinco por ciento del valor potencial de la misma. Iniciada la explotación y beneficio respectivo, deberá cubrir como impuestos por lo menos cinco por ciento de las utilidades netas generadas, dentro del cual quedará incluido el llamado pago por descubrimiento. Estos pagos preferentemente se realizarán en especie del mineral específico.

III. No contratar a niñas y niños y mujeres en labores subterráneas; tampoco podrán cubrir prestaciones laborales y de seguridad social menores a los trabajadores no sindicalizados, a los sujetos a contratos de tercería, o contratos de cualquier otra naturaleza;

IV. Cumplir las disposiciones generales, incluidas las emitidas por la Comisión Reguladora, disposiciones obligatorias de seguridad e higiene en materia minera y las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad e higiene en las minas, salud ocupacional y de equilibrio y protección al ambiente;

IV Bis. Cumplir sus obligaciones en materia de responsabilidad social;

V. Llevar a cabo en apego a las disposiciones aplicables, incluidas las emitidas por la Comisión Reguladora y, no retirar, y dar el mantenimiento necesario a las obras permanentes de fortificación, los ademes, los sistemas de ventilación, de alarma, de comunicación y de ubicación satelital de cada trabajador, así como de las salidas de emergencia, y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad e higiene en las minas; especialmente queda obligado a tener por lo menos dos entradas de bocaminas cada quinientos metros;

V Bis. Constituir la o las comisiones de seguridad e higiene y dar todas las facilidades para el cumplimiento de sus funciones; asimismo, llevar y presentar a estas comisiones y a la Comisión Reguladora, las bitácoras de la aplicación de las medidas de seguridad e higiene de manera diaria, así como automatizar las mediciones de las condiciones de aire y la bitácora diaria de la aplicación de polvo inerte en las minas subterráneas de carbón. Cuando el titular de una concesión minera omita la constitución de las comisiones de seguridad e higiene, los trabajadores las podrán constituir únicamente con sus representantes;

VI. y VII. ...

VIII. Permitir al personal comisionado por la secretaría, por la Comisión Reguladora, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por el Instituto Mexicano del Seguro Social la práctica de visitas de inspección en materia de seguridad e higiene y de equilibrio ecológico y protección del ambiente, y las demás inspecciones que procedan en aplicación de las disposiciones aplicables. Debiendo concurrir por sí o debidamente representado a estas visitas de inspección, salvo que medie causa justificada. Estas inspecciones deberán realizarse por lo menos una vez al mes y de manera coordinada por las dependencias y entidades señaladas;

IX. y X. ...

X Bis. Rendir a la secretaría y a la Comisión Reguladora un informe ordinario mensual en materia de seguridad e higiene y de equilibrio ecológico y protección del ambiente. Asimismo, deberá presentar informe extraordinario en caso de peligro o daño inminente;

X Ter. Designar al ingeniero responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en las minas, no debiendo encomendarle actividades que le impidan el desarrollo de sus funciones propias, debidamente registrado y autorizado por la Comisión Reguladora.

En el cumplimiento de sus obligaciones los titulares de las concesiones mineras deberán apegarse al principio del interés superior del trabajador minero y de la ecología.

XI. Reparar los daños y perjuicios al equilibrio ecológico y de protección al ambiente, a la salud, a los monumentos culturales e históricos. Especialmente, se obliga a establecer depósitos para los desechos tóxicos industriales, como cianuro y arsénico y demás propios de la minería;

XII. Cumplir sus obligaciones legales en materia laboral, de seguridad social y derechos humanos;

XIII. Realizar los estudios de los mantos acuíferos del agua potable que se le suministre a las comunidades en un radio de 50 hectáreas y darlos a conocer a la comunidad;

XIV. Informar al gobierno federal sobre la clase, el destino y el volumen de sus exportaciones mineras;

XV. Presentar sus declaraciones fiscales y patrimoniales de inversión;

XVI. Proporcionará de manera gratuita el agua potable, la energía eléctrica, a construir hospitales, escuelas, viviendas dignas, en las comunidades mineras de hasta cinco mil habitantes;

XVII. Presentar un informe trimestral de la mecánica de suelo a la Comisión Reguladora, de la mecánica de suelo de la exploración y explotación que esté llevando a cabo, que garantice la estabilidad de las operaciones mineras;

XVIII. Sostener las cuadrillas de rescate necesarias para hacer frente a cualquier siniestro que se presente, con la capacitación, el equipo necesario y tecnología de punta, debiendo cubrir todos los gastos necesarios hasta lograr el rescate de los trabajadores o de sus restos mortales. Debiendo suspender los trabajos en la mina hasta en tanto no se logre el rescate de los trabajadores afectados;

XVII. Tiene prohibido generar conflictos entre los miembros de los ejidos, comunidades, pueblos y ciudades;

Artículo 27 Bis. Derechos de los trabajadores mineros y de los miembros de la comunidad:

I. Uno o varios trabajadores o la organización que los representa tendrán derecho a solicitar la suspensión de los trabajos en caso de riesgo inminente;

II. Uno o varios trabajadores o la organización que los representa tendrán derecho a solicitar la nulidad o la cancelación de la concesión minera;

III. Los trabajadores tendrán derecho a constituir la comisión de seguridad e higiene en caso de negativa del titular de la concesión, y cuyas actuaciones serán válidas para todos los efectos legales;

VI. Los trabajadores proporcionados por otro patrón tendrán los mismos derechos y disfrutarán de las mismas prestaciones que los demás trabajadores; y

V. Se otorga acción popular para denunciar riesgo inminente, igualmente para solicitar la cancelación de la concesión y el cumplimiento de la Responsabilidad Social y reparación de los daños y perjuicio causados.

Artículo 31.... Durante la suspensión deberán cumplirse cabalmente las disposiciones en materia de seguridad e higiene y de equilibrio ecológico y de protección al ambiente; igualmente deberán respetarse de manera puntual los derechos de los trabajadores en materia laboral y de seguridad social, sin hacerse distingos entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.

La suspensión temporal podrá acreditare por una sola vez hasta un máximo de dos años consecutivos, dentro de un periodo de diez años.

Artículo 34....

El responsable deberá dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas, cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades y notificar de inmediato aquéllas que no se hayan adoptado, la titular de la concesión de explotación o a quien lleve a cabo estos trabajos, a la secretaría, a la Comisión Reguladora, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión de Seguridad e Higiene. De lo contrario será suspendido de uno a diez años en el ejercicio de su profesión por la Secretaría y previo respeto de la garantía de audiencia. Si tal incumplimiento se da frente a un riesgo inminente, se le aplicará en sus términos el Código Penal Federal.

Artículo 37. Las personas que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente ley están obligadas a

I. ...

II. Sujetarse a las disposiciones generales, incluidas las dictadas por la Comisión Reguladora, y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad e higiene y del equilibrio ecológico y protección del ambiente;

III. Rendir a la secretaría y a la Comisión Reguladora un informe ordinario mensual, y los extraordinarios que resulten necesarios, en materia de seguridad e higiene; además también rendirá a la primera informes estadísticos, técnicos y contables, todos en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley;

IV. a V. ...

VI. Permitir al personal comisionado por la secretaría, por la Comisión Reguladora, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la práctica de visitas de inspección en materia de seguridad e higiene y de equilibrio ecológico y protección del ambiente, y las demás inspecciones que procedan en aplicación de las disposiciones aplicables.

Artículo 39. En las actividades de exploración, explotación, y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán cumplir el marco jurídico aplicable para el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de lo contrario deberán reparar los daños y perjuicios causados.

Artículo 40. Las concesiones y asignaciones mineras serán nulas cuando

I. ...

II. Se expidan a favor de personas que no cumplan la condición social de la concesión o asignación minera, tengan un historial negativo de cumplimiento, en general se expidan a favor de persona no capacitada por la presente ley para obtenerlas; o

III. ...

...

Artículo 43.El derecho para realizar las obras y trabajos previstos en esta ley se suspenderá cuando éstos

I. Pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad;

I Bis. Pongan en peligro el equilibrio ecológico y protección del ambiente;

II. ...

...

Artículo 55.Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

I. ...

II. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 27 de esta ley;

III. Accidente que cause lesión o muerte a los trabajadores o miembros de la comunidad, habiendo responsabilidad del titular, representante u operador de la concesión o asignación minera, derivada de negligencia, omisión o dolo;

III Bis. Omitirse la notificación prevista en el artículo 34, párrafo segundo, de esta ley, sobre las medidas necesarias para prevenir accidentes y enfermedades que no se adopten, cuando se ponga en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o bien, no tomar las medidas procedentes, en caso de haberse recibido tal notificación;

III Ter. Afectar de manera grave el derecho de la comunidad y de otras empresas para acceder al agua necesaria para satisfacer sus necesidades;

IV. a IX. ...

X. Cualquier otra infracción grave de consecuencias semejantes en relación a la seguridad, higiene, salud, equilibrio ecológico y de protección al ambiente, protección de los bienes culturales e históricos, o de cualquier otra obligación derivada de la concesión o asignación minera.

Se sancionará con la cancelación de la asignación minera que corresponda cualquiera de las infracciones previstas por las fracciones anteriores, en lo conducente.

Artículo 56.No procederá la cancelación por infracción cuando, dentro de un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que se notifique al interesado el inicio del procedimiento correspondiente, se acredite

I. El pago de los derechos sobre minería omitidos y demás accesorios originados por el incumplimiento, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables;

II. El pago actualizado de la prima por descubrimiento, conforme lo determine el Reglamento de la presente ley; y

III. Que está sujeta a resolución administrativa o judicial la negativa de autorización por parte de la autoridad que tenga a su cargo los bienes, zona o áreas a que alude el artículo 20, párrafo segundo, de esta ley.

Artículo 57. Se sancionarán con multa equivalente de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal las infracciones siguientes:

I. a XII. ...

XIII. Cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en esta ley.

...

Artículo 57 Ter.Los servidores públicos, concesionarios y demás personas involucradas, que violen la prohibición de no aplicar el sistema de tajo a cielo abierto, o que destruyan gravemente el equilibrio ecológico y protección al ambiente, o que destruyan el patrimonio cultural e histórico, o que empleen niñas y niños en actividades subterráneas, o que despojen a los ejidos, comunidades y poblaciones de tierras para las actividades mineras mediante la violencia o el engaño, recibirán sanción privativa de libertad de 5 a 25 años de prisión y la necesaria reparación del daño. Los servidores públicos además serán inhabilitados para el desempeño de cualquier cargo público por el mismo lapso de la sanción privativa de libertad que reciban.

Artículo 57 Quáter. Al patrón que realice actos u omisiones culposas, calificadas como graves en materia de obligaciones de seguridad e higiene y prevención de riesgos de trabajo, a virtud de lo cual se causen lesiones u homicidio en perjuicio de los trabajadores a su servicio, se le impondrá prisión de 10 años a 50 años y multa de mil a cien mil días de multa.

Al patrón que incumpla de manera grave sus obligaciones en materia de seguridad e higiene y prevención de riesgos de trabajo en los centros de trabajo se le aplicará pena de prisión de ocho meses a cuatro años.

Para los servidores públicos implicados en estos delitos la pena aplicable se les incrementará en una mitad, además serán inhabilitados para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública por el mismo lapso de privación de la libertad.

Las penas de prisión señaladas en este artículo no se podrán sustituir o conmutar.

Artículo 58. La facultad de la secretaría para verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone esta ley, así como para sancionar su inobservancia, se extinguirá en un plazo de diez años contados a partir de la fecha del incumplimiento o, si este es de carácter continuo, a partir del día en que cese. La relativa al pago de los derechos sobre minería prescribirá de acuerdo con lo previsto por las disposiciones de la materia.

Artículo 58 Bis. Se establece el interés legítimo para ejercer el derecho de acción a los familiares directos de los mineros fallecidos por un riesgo de trabajo, conforme a lo previsto en el artículo 2o. de esta ley, para actuar ante todas las autoridades en busca del otorgamiento de prestaciones, aplicación de sanciones incluidas las administrativas, impulsar la prevención de este tipo de riesgos y, cualesquiera otra necesarias para alcanzar una justicia integral y el debido esclarecimiento de los hechos. También tendrán interés jurídico para la defensa de sus derechos, las comunidades, ejidos, poblaciones, grupos integrantes de éstos, personas en lo particular, que vean afectados sus derechos como consecuencia de la actividad minera.

Artículo 58 Ter. Se concede acción popular a toda persona contra las conductas que puedan producir o produzcan daños en el equilibrio ecológico y protección al ambiente, la salud, los monumentos culturales e históricos, a consecuencia de la actividad minera. Igualmente, para los efectos previstos en el artículo 27 Bis, fracción V, de esta ley.

Artículo 59.Las resoluciones que dicte la secretaría con motivo de la aplicación de la presente ley y su reglamento podrán ser recurridas conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Este derecho lo tendrán las personas que se señalan en el artículo 58 Ter de esta ley.

Artículo 60. Las acciones para exigir la reparación de los daños y perjuicios al medio ambiente y equilibrio ecológico, a la salud y a los monumentos culturales e históricos, entre otros, prevista en esta ley, serán imprescriptible.

Artículo 60 Bis.Los ejidatarios, comuneros, cooperativistas y demás personas integrantes del sector social, que intervengan en la actividad minera, tendrán derecho a conformar sindicatos locales, regionales, nacionales, o de cualquier otro radio de acción, para la defensa de sus derechos. Estos sindicatos se registrarán ante la Procuraduría Social.

Artículo 61. Se crea la Procuraduría Minera, con el carácter de organismo público descentralizado no adscrita a ninguna dependencia, para la orientación, asesoría, tutela, enseñanza y demás actividades requeridas para el debido respeto de los derechos de los miembros de los ejidos, comunidades, núcleos de población, poblados, ciudades, personas en lo particular, organizaciones civiles, que puedan resultar afectados o sean afectados por la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias regulados en la presente ley. Sus servicios serán gratuitos. Dará preferencia a las soluciones conciliatorias. De no ser posibles éstas, asignará un abogado, a favor de las personas antes señaladas hasta que las respectivas sentencias sean ejecutoriadas.

Esta procuraduría será presidida por un procurador, designado por la Cámara de Diputados para un periodo máximo de tres años, de una terna que proponga el Ejecutivo federal.

Artículo 62. Se crea un centro nacional de investigaciones en metalurgia extractiva, con el carácter de organismo público descentralizado no adscrito a ninguna dependencia. Su objetivo será la investigación y desarrollo tecnológico, capacitación, la comercialización de los resultados de la investigación y desarrollo tecnológico, demás tareas para alcanzar sus objetivos. Será dirigida por un consejo académico, designado de manera democrática por los investigadores de este centro. Este consejo será presidido por un académico presidente, que será designado por los integrantes de éste.

Tanto los integrantes del consejo como el académico presidente durarán en el encargo tres años.

Este centro tendrá por sede Pachuca de Soto, Hidalgo, quedando bajo el auspicio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Artículo 63. Se crea un consejo minero, integrado por el secretario de Economía, de los gobiernos locales, concesionarios, de los ejidos, comunidades, pueblos y ciudades involucrados, para la administración de la aportación por Responsabilidad Social, previsto en el artículo 3o., fracción IX, de esta ley.

Artículo 64. La Secretaría de Economía deberá presentar a la Cámara de Diputados informe semestral y detallado de las concesiones vigentes, así como, también semestralmente, del programa e informe anual de control y auditorías de todas y cada una de las concesiones mineras vigentes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Procuraduría Minera, la Comisión Reguladora, el Consejo Minero y el Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva deberán comenzar a operar en un máximo de seis meses, computados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero.Los miembros fundadores del Consejo Académico del Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva serán designados mediante concurso de oposición, que será calificado por un jurado integrado por especialistas en la materia pertenecientes a la Universidad Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; tres miembros por cada una de estas instituciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2012.— Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Morales Vargas. Se turna la iniciativa a la Comisión de Economía, para sus efectos.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., 19 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la población mayor de 60 años es en la actualidad uno de los sectores de la población que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad; la desventaja social y la discriminación ejercida hacia este grupo de población en nuestro país es un evento bastante reconocido y sancionado por la mayoría de los mexicanos.

Según el Censo de Población y Vivienda del Inegi 2010, en este año se registró 10.1 millones de personas adultas de más de 60 años, quienes corren el riesgo constante de sufrir consecuencias negativas y preocupaciones prejuzgadas por las derivadas del desempleo, abandono y de negación de oportunidades fundamentales.

Por otro lado, la Encuesta de Discriminación de México 2010 revela que los principales problemas de los adultos mayores son la falta de oportunidades laborales y el tipo económico; el 91 por ciento de los adultos mayores refirieron serias dificultades para conseguir empleo y el 57 por ciento ingresos insuficientes para vivir de una manera adecuada.

Aunado a esto, los datos indican que el 27.9 por ciento de las personas mayores han sufrido alguna vez algún tipo de discriminación; el 40.3 por ciento señala como principal problema el económico; el 37.3 el acceso a la salud y medicamentos; el 25.9 por ciento la falta de trabajo.

Las evidencias encontradas por los investigadores en la materia nos revelan que solo una minoría de adultos mayores en retiro de trabajo y la protección de las pensiones puede ser un evento posible, en tanto que la gran mayoría, ante la necesidad de los ingresos tendrán que seguir realizando alguna actividad económica hasta que las fuerzas y capacidades se lo permitan, lo cual es posible si cuenta con la suerte de encontrar una oportunidad laboral.

Ante este panorama se requiere hacer efectiva la ley y evitar la discriminación laboral por la edad, al mismo tiempo que debe fortalecer el marco legal para promover más oportunidades laborales para los adultos mayores e impulsar su mejor desarrollo; por ello, es indispensable que la ley otorgue la certeza jurídica al derecho del trabajo sobre las personas adultas mayores.

En ese sentido, vengo a presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos para Adultos Mayores, y que busca principalmente la igualdad de oportunidades al acceso del trabajo de las personas adultas mayores, con el objetivo de permitirles, además de un ingreso propio, una vida digna, recuperar la autoestima y respeto, sin discriminación ni distinción alguna.

Particularmente se pretende que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también impulse programas para apoyar en este sector vulnerable los desarrollos y los recursos necesarios para que emprendan sus propios proyectos productivos, haciendo uso de los conocimientos adquiridos. Además, se propone que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social garantice el impulso de los convenios de colaboración con las dependencias, instituciones, organismos públicos, organismos privados, dependencias federales, dependencias estatales y locales para la integración laboral, dirigidas a las personas y adultos mayores sin más restricción que la limitación física o mental declarada por alguna autoridad judicial.

Por último, se busca conferirle al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores la atribución de impulsar que las dependencias y entidades de la administración pública federal, los gobiernos, los municipios, las federaciones, empleadores y prestadores de servicios y el sector privado provean oportunidades laborales y otras opciones que permitan a las personas adultas mayores un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva.

Compañeras y compañeros diputados, en Acción Nacional promulgamos por un derecho de igualdad de oportunidades y el libre acceso del empleo a personas adultas, mujeres mayores de edad; no olvidemos además el talento que puedan tener como atributos que han fortalecido a lo largo de su vida, como estabilidad y compromiso, actitud, servicio y lealtad a una empresa e institución.

Creo que esta iniciativa es generar mayores oportunidades para la gente de la tercera edad, debido a que todos los que estamos aquí presentes vamos para allá; cualquiera de nos-otros hemos sufrido consecuencias de algún pariente, algún padre y en campaña, en los distritos, en todas las partes donde nos hemos parado, hemos visto la preocupación de que ya no hay trabajo y mucho menos para las personas adultas mayores, y ellos son los que tienen más compromiso, porque es cuando se quiere casar el hijo o cuando la hija va a cumplir 15 años, cuando el padre de familia tiene más obligaciones, pagar una universidad o algo así.

Por eso les pido a ustedes, los que están en esta comisión, que la impulsen, debido a que es una necesidad que tiene el país, de impulsar el trabajo y el desarrollo de nuestros viejitos, de nuestra gente de la tercera edad. Es cuanto, presidente; con su permiso.

«Iniciativa que reforma los artículos 5o., 19 y 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Omar Antonio Borboa Becerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El envejecimiento de la población al que se enfrentará la sociedad mexicana durante la primera mitad de este siglo, se traducirá en una serie de desafíos de distinta índole, entre los que destacan: el monto de los recursos destinados al cuidado de la población en edades avanzadas; el incremento en las presiones hacia las instituciones públicas de seguridad social (tanto en el ámbito de las pensiones como en el de la atención a la salud) y las distintas formas de apoyo familiar a la vejez, en las que ha descansado principalmente el sostenimiento de la población en edad avanzada.

Pero no es solo eso, desafortunadamente la población mayor de 60 años es, en la actualidad, uno de los sectores de la población que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. La desventaja social y la discriminación ejercida hacia este grupo poblacional en nuestro país es un evento bastante reconocido y sancionado por la mayoría de los mexicanos.

Los datos oficiales más recientes revelan esa situación. En 2010 el Censo de Población y Vivienda del Inegi registró 10.1 millones de personas adultas de más de 60 años, quienes corren el riesgo constante de sufrir las consecuencias negativas de percepciones prejuzgadas, cuyas consecuencias van del desempleo al abandono y la negación de oportunidades y derechos fundamentales. De esa cifra, poco más de siete millones viven en la pobreza y, entre ellos, más de 800 mil en la pobreza extrema, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México ENADIS 2010, revela que los principales problemas de los adultos mayores son la falta de oportunidades laborales y de tipo económico. El 91 por ciento de los adultos mayores refirieron serias dificultades para conseguir un empleo y 57 por ciento ingresos insuficientes para vivir de manera adecuada.

Además, los datos indican que 27.9 por ciento de las personas mayores ha sufrido alguna vez algún tipo de discriminación; 40.3 por ciento señala como su principal problema el económico; 37.3 por ciento el acceso a la salud y medicamentos y 25.9 por ciento la falta de trabajo.

De acuerdo con la Encuesta, los altos niveles de exclusión, la falta de reconocimiento y la imposibilidad que tienen los adultos mayores para que se respeten sus derechos, impiden que puedan llevar una vida digna. Casi la mitad de los adultos mayores en México no tienen los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades en salud, alimentación y vivienda.

La información recaba por la Encuesta detalla que dos de cada diez personas adultas mayores están pensionadas, mientras que 61.8 por ciento sostiene económicamente un familiar u otras personas. Si bien la población en su conjunto, 79 por ciento, cree que los adultos mayores deben ser tomados en cuenta para las decisiones familiares, lo preocupante es que casi 20 por ciento piensa en forma negativa.

Para una minoría de los adultos mayores, el retiro del trabajo con la protección de una pensión es un evento posible, en tanto que la gran mayoría, ante la necesidad de obtener ingresos para costear la subsistencia, se ve obligada a seguir en la actividad económica hasta que sus fuerzas y capacidades se lo permiten.

Según datos del INEGI, la mayoría de la población de 60 años y más que trabaja no tienen acceso a prestaciones laborales. De los adultos mayores ocupados, 34.6 por ciento laboran de manera remunerada o subordinada; de éstos, sólo 38 por ciento recibe aguinaldo, 33.9 por ciento es derechohabiente por su trabajo, 31.1 por ciento recibe vacaciones con goce de sueldo, 21.9 por ciento recibe un ahorro para el retiro y 19.8 por ciento recibe reparto de utilidades o prima vacacional. En general, entre los adultos mayo-res que viven solos la proporción de personas con prestaciones son menores a la de aquellos que forman parte de un hogar familiar.

Los datos de la muestra censal indican que en junio de 2010, 32.7 por ciento de los adultos mayores que viven solos realizaron una actividad económica o buscaron trabajo, de éstos, 96.5 por ciento están ocupados y 3.5 por ciento buscan empleo. Para los adultos mayores que forman parte de hogares familiares, la tasa de participación económica es de 30.9 por ciento y la tasa de desocupación es de 3.8 por ciento.

Esta situación refleja la necesidad de redirigir las políticas públicas para ampliar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones económicas de los adultos mayores, así como para darles un trato digno y de respeto en su entorno. Se necesita hacer efectiva la ley para evitar la discriminación laboral por edad, y al mismo tiempo, se debe fortalecer el marco legal para promover más oportunidades laborales para los adultos mayores e impulsar su mejor desarrollo.

En este contexto, es imprescindible que la ley otorgue certeza en el derecho al trabajo para las personas adultas mayores; por ello, a través de la presente iniciativa, se busca que haya igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo que les permita además de un ingreso propio, una vida digna, recuperar su autoestima y el respeto, sin discriminación ni distinción alguna.

Además, se pretende que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no solo impulse el desarrollo de programas de capacitación para que las personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas en el campo de formulación y ejecución de proyectos productivos, sino que también impulse programas para apoyarlos con los recursos necesarios para que emprendan sus propios proyectos productivos, haciendo uso de los conocimientos y las destrezas adquiridos.

Por otro lado, también se propone que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social garantice el impulso a convenios de colaboración con dependencias, instituciones y organismos públicos, sociales y privados para acciones de integración laboral dirigidas a las personas adultas mayores, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente. Con ello se abriría una alternativa más, para este grupo vulnerable, de insertarse en la vida productiva y poder superar las dificultades, y hacer frente a sus necesidades, lo que mejoraría su autoestima.

Por último, otra de las disposiciones legales que busca incorporar en la ley la presente iniciativa, para contribuir a la integración laboral de las personas adultas mayores, es conferirle al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores la atribución de impulsar que las dependencias y entidades de la administración pública federal, de los gobiernos estatales y municipales y del Distrito Federal, empleadores, prestadores de servicios, y sectores social y privado, promuevan oportunidades laborales y otras opciones que les permitan a las personas adultas mayores, un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva.

Compañeras y compañeros legisladores; a las personas adultas mayores les queda mucho por hacer, aprender y enseñar. Nuestra obligación como sociedad y como Estado debe ser la misma que se tiene con las niñas, los niños y los jóvenes: crear las condiciones para que alcancen su desarrollo integral; y así como hay diferencias en la atención a niños y jóvenes, habrá diferencias para dar atención a las personas adultas mayores que también necesitan seguir desarrollándose.

En Acción Nacional pugnamos por el derecho a la igualdad de oportunidades y el libre acceso al empleo para las personas adultas mayores. No olvidemos que además del talento que puedan tener, cuentan con atributos que han fortalecido a lo largo de su vida, como estabilidad, compromiso, actitud de servicio y lealtad hacia la empresa o institución.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman la fracción V del artículo 5, las fracciones III y VII del artículo 19; y se adicionan la fracción VIII al artículo 19, y la fracción XXXI al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

I. a IV. ...

V. Del trabajo:

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio, una vida digna, recuperar su autoestima y respeto y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, sin discriminación ni distinción alguna, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.

Artículo 19. ...

I. a II. ...

III. Impulso al desarrollo de programas de capacitación para que las personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas en el campo de formulación y ejecución de proyectos productivos, y de programas para que reciban apoyos para emprender proyectos productivos;

IV a VI...

VII. La creación y difusión de programas de orientación dirigidos a personas adultas mayores cuando deseen retirarse de los centros de trabajo públicos y privados, e

VIII. Impulso a convenios de colaboración con dependencias, instituciones y organismos públicos, sociales y privados para promover acciones de integración laboral dirigidas a las personas adultas mayores, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente.

Artículo 28. ...

I. a XXX. ...

XXXI. Impulsar que las dependencias y entidades de la administración pública federal, de los gobiernos estatales y municipales y del Distrito Federal, em-pleadores, prestadores de servicios, y los sectores social y privado, promuevan oportunidades laborales y otras opciones que les permitan a las personas adultas mayores, un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Tuirán, Rodolfo (1999). “Desafíos del envejecimiento demográfico en México”,en: El envejecimiento demográfico en México: retos y perspectivas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2012.— Diputado Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Borboa. Se turna la iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la tribuna, por cinco minutos, la diputada Mayra Karina Robles Aguirre, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita también por el diputado Jaime Chris López Alvarado y también algunos otros diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Mayra Karina Robles Aguirre:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy subimos a esta tribuna para presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3o. y se adicionan los artículos 2o.-D y 5o.-D, un inciso c) a la fracción I del artículo 3o., y un último párrafo al artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios.

La industria mexicana vitivinícola, actualmente, ofrece 200 diferentes tipos de vino, los cuales han ganado más de 300 premios y reconocimientos internacionales en los últimos 15 años; sin embargo, el consumo por persona de vino de mesa es aproximadamente 500 mililitros anuales y se estima que del consumo total en nuestro país, un 66 por ciento corresponde a vinos importados y solamente el 33 por ciento en vinos mexicanos.

Por lo anterior, es importante apoyar la producción vitivinícola de Baja California, la que se desarrolla desde Mexicali hasta Ensenada, dentro de una zona conocida como la franja del vino, con una buena influencia de los vientos marinos; el clima de esta región favorece cosechas de máxima calidad por sus inviernos húmedos y veranos secos y templados.

En este sentido, se hace destacar que la carga fiscal que tiene el vino de mesa mexicano es del 41 por ciento, al considerar el efecto conjunto de la tasa del 25 por ciento del IEPS y la tasa del 16 por ciento del IVA —11 por ciento en la región fronteriza—, considerando que el primero forma parte de la base gravable sobre el segundo, de tal forma que se causa un impuesto sobre otro, lo que se conoce como doble tributación. Esta doble tributación de impuestos al consumo afecta de manera significativa al vino mexicano, pues le resta competitividad frente a vinos extranjeros.

Por ello, se hace necesario fomentar de manera decidida el crecimiento y desarrollo del sector vitivinícola mexicano, dado su potencial en la generación de empleos y en el desarrollo de otras industrias relacionadas, como es el caso de los sectores agrícolas y el turismo, estableciendo una tasa 0 por ciento en el IEPS para el vino de mesa.

Además, el crecimiento del sector traería aparejado un crecimiento significativo en la recaudación tributaria, por concepto del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, compensando de esta forma la disminución transitoria en la recaudación por la implementación de una tasa del 0 por ciento del IEPS.

Este trato diferenciado a favor de los vinos de mesa encontraría su justificación constitucional, ya que el fin extra fiscal relacionado con el fomento al crecimiento y desarrollo del sector vitivinícola sería congruente con el principio de equidad tributaria exigida por la ley suprema, al reclasificar de nueva cuenta los vinos de mesa como bebidas con contenido alcohólico fermentadas, que son cualitativamente distintas de aquellas que se obtienen mediante destilación.

Por lo anterior expresado se propone adicionar un artículo 2o.-D a la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, donde se establece que se aplicará la tasa del 0 por ciento en la enajenación y exportación del vino de mesa.

Además, se propone adicionar un artículo 5o.-B a la misma ley, para establecer que los productores de vino de mesa puedan acreditar las cantidades que paguen por concepto de derechos en la adquisición de marbetes y precintos, contra el impuesto especial sobre producción y servicios a su cargo o contra el impuesto sobre la renta, por adeudo propio o retenido a terceros, así como contra el impuesto empresarial a tasa única o el impuesto al valor agregado hasta agotarlas.

Por último, se propone adicionar un último párrafo al artículo 19 de la citada ley, para establecer que los pequeños productores de vinos de mesa son aquellos cuya producción anual de vinos de mesa no sea mayor a 100 mil litros, y quedarán relevados de cumplir las obligaciones referidas a la declaración trimestral informativa de 50 principales clientes y proveedores, reporte anual de equipos para producción, envasamiento y almacenaje, reporte de inicio y conclusión de procesos, aviso de adquisición, incorporación, modificación o enajenación de equipos e informe del precio de enajenación, valor y volumen de cada producto.

Es importante señalar, compañeras y compañeros, que esta iniciativa es la continuación de los esfuerzos realizados durante la pasada legislatura por el senador y hoy diputado Fernando Jorge Castro Trenti, junto con el senador Ricardo García Cervantes, los que incluso, tuvieron como consecuencia la creación de una bolsa de 50 millones de pesos para estímulo de la industria vitivinícola nacional, ya que sin dejar de reconocer el avance, es claro que los productores mexicanos están en desventaja respecto de los apoyos que otras naciones otorgan a sus connacionales; por esto es que les pedimos su apoyo en forma específica.

La iniciativa que se presenta corresponde al impulso del hoy diputado Castro Trenti, cuando fue presidente de la Tercera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el segundo receso del ejercicio de la LX Legislatura. Le rogaría, señor presidente, que se plasme íntegro el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de este pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 4, al inciso A) de la fracción I del artículo 2 de de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la presente

Exposición de Motivos

La industria mexicana vitivinícola, actualmente, ofrece 200 diferentes tipos de vinos, los cuales han ganado más de 300 premios y reconocimientos internacionales en los últimos 15 años; sin embargo, el consumo por persona de vino de mesa es aproximadamente 500 mililitros anuales y se estima que, del consumo total en nuestro país, un 66 por ciento corresponde a vinos importados y solamente el 33 por ciento en vinos mexicanos.

Por lo que es importante apoyar la producción vitivinícola de Baja California, la que se desarrolla desde Mexicali hasta Ensenada, dentro de una zona conocida como la franja del vino con una buena influencia de los vientos marinos. El clima de esta región favorece cosechas de máxima calidad por sus inviernos húmedos y veranos secos y templados.

Las zonas de cultivo más importantes son Valle de Guadalupe, Valle de San Antonio de las Minas y Valle de Calafia al noroeste de Ensenada, Valle de Santo Tomás y Valle de San Vicente al sur de Ensenada.

En los últimos años, el vino de mesa mexicano ha alcanzado el reconocimiento internacional y el gusto de los connacionales por su gran calidad, no obstante lo anterior, el nivel de producción es pequeño, lo cual manifiesta la necesidad de impulsar una industria vinícola mexicana más competitiva, frente a otros grandes productores como son Argentina, Chile, España, Francia e Italia.

Entonces, resulta necesario que el Estado utilice los instrumentos fiscales para fomentar una actividad que tiene gran potencial de crecimiento con un importante impacto en el desarrollo regional, en Baja California, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro, Zacatecas y Sonora, en donde esta actividad productiva ha pasado por momentos de grandes altibajos.

En específico, como en el caso de Baja California, los vitivinicultores requieren de apoyos para fomentar una mayor producción de vinos para poder participar en este mercado en mejores condiciones, en el que cada día la competencia exige mayor calidad y precios adecuados.

En este sentido, se hace destacar la carga fiscal que tiene el vino de mesa mexicano es del 41 por ciento, al considerar el efecto conjunto de la tasa del 25 por ciento del IEPS y la tasa del 16 por ciento del IVA (11 por ciento en región fronteriza), considerando que el primero forma parte de la base gravable sobre el segundo, del tal forma que se causa un impuesto sobre otro impuesto lo que se conoce como doble tributación. Esta doble tributación de impuestos al consumo afecta de manera significativa al vino mexicano, pues le resta competitividad frente a vinos extranjeros.

Por ello, se hace necesario fomentar de manera decidida el crecimiento y desarrollo del sector vitivinícola mexicano, dado su potencial en la generación de empleos y en el desarrollo de otras industrias relacionadas como es el caso de los sectores agrícolas y el de turismo, estableciendo una tasa 0 por ciento en el IEPS para el vino de mesa.

En el caso de la Unión Europea varios países mantienen una tasa del 0 por ciento al consumo de vino de mesa (Alemania, Grecia, España, Italia, Luxemburgo, Austria y Portugal).

Además, el crecimiento del sector traería aparejado un incremento significativo en la recaudación tributaria por concepto de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, compensando de esta forma la disminución transitoria en la recaudación por la implementación de una tasa del 0 por ciento del IEPS.

Este trato diferenciado, a favor de los vinos de mesa, encontraría su justificación constitucional, ya que el fin extra fiscal relacionado con el fomento al crecimiento y desarrollo del sector vitivinícola, sería congruente con el principio de equidad tributaria exigida por la ley suprema, al reclasificar de nueva cuenta a los vinos de mesa como bebidas con contenido alcohólico fermentadas, que son cualitativamente distintas de aquellas que se obtienen mediante destilación.

Sería deseable restablecer a favor del sector vitivinícola la acreditación de las cantidades que en su caso se paga por concepto de adquisición de marbetes y precintos, contra el propio IEPS o contra otros impuestos federales (ISR, IETU e IVA), así como liberar de algunas de las cargas administrativas previstas en el artículo 19 de la ley del IEPS a los pequeños productores de vino (se podría considerar como pequeños productores a aquellas cuya producción anual no sea mayor a cien mil litros).

Como ventajas de esta iniciativa podemos señalar: el beneficio directo al consumidor final, al disminuir el precio de venta por botella y La disminución del precio de venta hace que el el vino nacional se vuelva más competitivo frente al vino importado.

Además, se promueve el desarrollo regional y la generación de empleos permanentes mediante la detonación de una actividad económica con gran potencial; asimismo, el crecimiento del sector productivo del vino de mesa nacional tiene un efecto multiplicador al detona otras industrias conexas como es el caso de la agricultura, el turismo y la industria de manufacturas para el embotellado y distribución del vino.

Por último, el aumento de esta actividad económica necesariamente tendrá un impacto favorable en las finanzas públicas, al aumentar la recaudación de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado, que en un plazo relativamente corto superaría la pérdida aparente de recaudación motivada por establecimiento de la tasa 0 por ciento IEPS.

Por lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 3o. y se adicionan los artículos 2o. D y 5o. D; un inciso c) a la fracción I del artículo 3o.; y un último párrafo al artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. D. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley, en el caso de la enajenación o, en su caso, en la exportación de vinos de mesa.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Bebidas con contenido alcohólico, las bebidas alcohólicas, los vinos de mesa y las bebidas refrescantes, de acuerdo con lo siguiente:

a)...

b)...

c) ...

Vinos de mesa, los resultantes de la fermentación alcohólica, total, o parcial, del jugo de las uvas frescas, pudiendo contener gas carbónico de origen endógeno, con una graduación alcohólica hasta de 16° GL.

II. a XVII. ...

Artículo 5o. D. Los productores, envasadores y exportadores de vinos de mesa, podrán acreditar las cantidades que paguen por concepto de derechos en la adquisición de marbetes y precintos, contra el propio impuesto especial sobre producción y servicios a su cargo o contra el impuesto sobre la renta, por adeudo propio o retenido a terceros, así como, contra el impuesto empresarial a tasa única o impuesto al valor agregado, hasta agotarlas.

Artículo 19. ...

I. a XXII. ...

Los pequeños productores de vinos de mesa, quedarán relevados de cumplir las obligaciones previstas en las fracciones VIII, XI y XII de este artículo, referidas a la declaración trimestral informativa de 50 principales clientes y proveedores; reporte anual de equipos para producción, envasamiento y almacenaje; reporte de inicio y conclusión de procesos; aviso de adquisición, incorporación, modificación o enajenación de equipos; e informe del precio de enajenación, valor y volumen de cada producto. Para estos fines, se entenderá como pequeños productores aquellos cuya producción anual de vinos de mesa no sea mayor a 100 mil litros.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 2012.— Diputados: Fernando Castro Trenti, Mayra Karina Robles Aguirre (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada, así se hará. Se inserta la iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

ARTICULOS 73 Y 117 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas:Gracias, presidente. El que suscribe, presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XXVIII del artículo 73; la fracción VIII del artículo 117; la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente exposición de motivos.

Amigas y amigos, el endeudamiento es una forma de obtener financiamiento, a la que acuden los gobiernos para realizar proyectos que por su alto costo serían irrealizables con los ingresos ordinarios; la contratación de empréstitos debe llevarse a cabo con mucha precaución y cautela, ya que deben preverse en los presupuestos de los estados y de los municipios, recursos para el pago de la amortización de lo principal y de los intereses correspondientes.

Nuestro sistema federal le permite a las entidades federativas contratar empréstitos cuando se destinen a inversiones productivas, conforme a las bases y hasta por los montos que establezcan sus legislaturas locales, conforme a lo que dispone el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, sobre todo en los últimos años, la contratación de créditos por parte de las entidades federativas se ha incrementado notablemente. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde 1993, las entidades federativas y los municipios registraban obligaciones financieras por el orden de los 18 mil 278 millones de pesos; en el 2000, esa cantidad aumentó a 90 mil 731 millones de pesos, y para junio de 2012, se ubicó en 404 mil 409 millones de pesos.

Ahora bien, de diciembre de 2008 a junio de 2012, el saldo de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios se incrementó en casi un 200 por ciento. En algunos casos esta contratación de empréstitos no ha observado a cabalidad el principio de equilibrio presupuestal que debe prevalecer para mantener las finanzas sanas.

Por su parte, también el gasto federalizado de 2005, que considera las participaciones federales, las aportaciones federales y recursos por convenio de descentralización, fue por el orden de 631 mil 653 millones de pesos, de los cuales 278 mil 869 millones fueron de participaciones federales. Esto tuvo un incremento de 62.8 por ciento en 2011, al pasar a 1 billón 28 mil 542 millones de pesos, de los cuales 477 mil 167 millones fueron precisamente de participaciones federales.

De lo anterior, compañeras y compañeros diputados, se infiere que el total del gasto federalizado tuvo un aumento de 62.8 por ciento en tan solo siete años, mientras que las deudas estatales se incrementaron —como lo dije anteriormente— casi un 200 por ciento, en tan solo tres años y medio.

El tema de la deuda pública estatal y municipal ha sido motivo de atención, sobre todo en los últimos años, por su notable incremento y comenzamos a escuchar voces de alerta, porque necesitamos urgentemente establecer medidas preventivas que eviten una crisis económica subnacional en nuestro país.

Destaca por supuesto el caso de mi estado Coahuila, que registra un aumento considerable en su deuda —escandaloso—, al pasar de 323 millones de pesos en el 2005, a 36 mil 499 millones de pesos a junio de 2012; lo que significa un aumento de más de 11 mil 293 por ciento, en tan solo seis años y medio. Para pagar este monto se ha comprometido en garantía el 90 por ciento de las participaciones federales para los siguientes 20 años.

Hay casos también en los cuales el empréstito contratado se ha destinado a gasto corriente o para mantener una operación de gobierno o mantener una política de subsidios, circunstancias que a la larga serán una carga financiera insostenible.

De los registros hacendarios podemos decir que hay nueve entidades federativas, incluyendo la deuda municipal en este caso, que han comprometido ya más del 70 por ciento de ingresos de sus participaciones federales para garantizar el pago de sus empréstitos.

La deuda de los estados y municipios representó, a junio de 2012, el 12.7 del producto interno bruto estatal, alcanzando la cifra de 404 mil 409 millones de pesos; esto sin considerar los pasivos por pensiones que ambos niveles de gobierno deben afrontar para el futuro.

Amigas y amigos, aún estamos a tiempo de establecer mecanismos que obliguen a las entidades federativas y a los municipios para que manejen y administren la deuda local de forma responsable y prudente, para que incentiven la generación de ingresos propios y mejoren la eficiencia y la calidad del gasto público a nivel estatal y municipal.

En tal contexto —y con esto termino, presidente— presento la siguiente iniciativa con la finalidad de insertar nuevas reglas en materia de endeudamiento para estados y municipios, considerando la experiencia que en esta materia han tenido otras naciones.

Primeramente, se trata de que el texto constitucional señale los límites y requisitos para que los estados y los municipios puedan contratar deuda. Asimismo, son necesarios incentivos para el manejo responsable de la deuda. Derivado de lo anterior, los estados deberán adecuar su legislación local en un marco jurídico seguro y confiable.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 73; la fracción VIII del 17; y la fracción IV del 115.

Con esto termino. Le solicito, señor presidente —por cuestiones de tiempo, que me he sobrepasado en dos minutos—, sea tan amable de turnar esta iniciativa y ordenar que el texto íntegro que se ha integrado a la Mesa Directiva de la misma, sea incorporado al Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado a la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción XXVIII del artículo 73 y la fracción VIII del artículo 117, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El endeudamiento es una forma de obtener financiamiento a la que acuden los gobiernos para realizar proyectos que por su costo serían irrealizables con los ingresos ordinarios. La contratación de empréstitos debe llevarse a cabo con mucha precaución y cautela, ya que deben preverse en los presupuestos del estado, recursos para el pago de la amortización del principal y de los intereses correspondientes.

Nuestro sistema federal le permite a las entidades federativas contratar empréstitos cuando se destinen a inversiones productivas conforme a las bases y hasta por los montos que establezcan sus legislaturas locales, conforme lo dispone el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, sobre todo en los últimos años, la contratación de créditos por parte de las entidades federativas se ha incrementado notablemente.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1993 las entidades federativas y los municipios registraban obligaciones financieras por el orden de $18,278.2 millones de pesos; en el 2000 esa cantidad aumentó a $90,731.3 millones de pesos y, para junio de 2012 se ubicó en $404,409.5 millones de pesos.

De diciembre de 2008 a junio de 2012 el saldo de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios se incrementó en 199.1% y en algunos casos la contratación de empréstitos no ha observado a cabalidad el principio de equilibrio presupuestal que debe prevalecer para mantener sanas las finanzas públicas estatales.

Por su parte, el gasto federalizado de 2005, que considera las participaciones federales, las aportaciones federales, y recursos por Convenio de Descentralización, fue por el orden de 631 mil 653 millones de pesos, de los cuales 278,869.3 fueron participaciones federales; tuvo un aumento de 62.8% en 2011, al pasar a 1 billón, 28 mil 542 millones, de los cuales 477,167 millones fueron participaciones federales.

De lo anterior, se infiere que el total del gasto federalizado tuvo un aumento de 62.8% en siete años, mientras que la deuda estatal se incrementó 199.1% en tan sólo 3 años y medio.

El tema de la deuda pública estatal y municipal ha sido motivo de atención sobre todo en los últimos años por su notable incremento y comenzamos a escuchar voces de alerta para establecer medidas preventivas que eviten una crisis económica subnacional en nuestro país.

En los últimos cinco años Coahuila, Chiapas Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, han registrado incrementos sustanciales en los saldos de deuda y en algunos casos, los ingresos recibidos no se han destinado a proyectos de infraestructura o de desarrollo humano como inversiones en educación o salud, que impliquen mecanismos para su recuperación o el desarrollo económico de la entidad.

Destaca el caso de Coahuila, ya que registra un aumento considerable de su deuda, al pasar de 323.2 millones de pesos en 2005, a 36,499.6 millones de pesos en junio de 2012, lo que significa un aumento de más del 11,293 por ciento en tan sólo seis y medio años y que para pagar este monto, ha comprometido en garantía el 90% de sus participaciones federales para los siguientes 20 años.

Hay casos en los cuales el empréstito contratado se ha destinado a gasto corriente o para mantener la operación del gobierno o mantener una política de subsidios, circunstancias que a la larga serán una carga financiera insostenible, toda vez que no se han visto fortalecidos los mecanismos de recaudación en ingresos locales.

Para otorgar un crédito a algún estado o municipio, las entidades financieras toman en consideración la calificación crediticia de éstos. La calificación es una opinión sobre la calidad crediticia de una deuda o entidad, esto es, la probabilidad de pago oportuno del capital y los intereses en las condiciones originalmente pactadas.

Las calificaciones no son recomendaciones de inversión, ni son auditorias financieras, y pueden cambiar, suspenderse o retirarse por cambios en la deuda analizada, debido a la falta de información o por factores externos que impacten la calidad crediticia. Sirven para evaluar la capacidad de pago oportuno así como su relativa fortaleza financiera, de diversos tipos de activos que generen flujos de efectivo con cierta periodicidad y del cual se tenga también, cierta certeza de que este se dará.

En la calificación se realiza un análisis y depende del activo que respalde la operación, se analizan los flujos, su volatilidad y los riesgos propios para que éstos se den, así como el entorno y el impacto en el flujo, para determinar la estructura particular del caso dada una calidad crediticia objetivo y de acuerdo con la calificación obtenida los entes otorgantes del crédito fijan la tasa de interés correspondiente.

No obstante, derivado del incremento en la deuda estatal y municipal y, de la ausencia de programas que a la par impliquen un incremento en sus ingresos propios, o la garantía de la recuperación de la inversión realizada al estar comprometidos en exceso los ingresos futuros que obtengan ya sea por concepto de participaciones federales o de otros ingresos como puede ser el impuesto sobre nóminas, es probable que varios estados y municipios vean afectada su calificación crediticia y con ello, al obtener un nuevo empréstito la tasa de interés será mucho más alta.

A junio de 2012, vemos que en la relación entre las obligaciones financieras y las participaciones de ingresos federales hay entidades federativas que registran porcentajes sumamente altos y esta circunstancias representa un panorama muy negativo en las finanzas estatales y municipales, ya que las participaciones y las aportaciones federales representan dos de los rubros más importantes de sus ingresos; tal es el caso de Nuevo León o Quintana Roo cuyo porcentaje es del 177.5% y el 214.2%, respectivamente, mientras que Chihuahua reporta una relación de 129.3%. Con la reciente deuda pública asumida por Coahuila, el porcentaje entre las obligaciones financieras y las participaciones federales que le fueron transferidas a junio de este año, es del 299.1%.

De los registros hacendarios, podemos decir que nueve entidades federativas, -incluyendo la deuda municipal en este caso-, han comprometido más del 70% de los ingresos de sus participaciones federales para garantizar el pago de sus empréstitos. De seguir esta tendencia de endeudamiento se comprometerán seriamente una buena parte de los ingresos estatales y quienes pagarán las consecuencias serán quienes viven en esos estados.

La deuda de estados y municipios representó a junio de 2012 el 2.7% del Producto Interno Bruto Estatal, alcanzando la cifra de $404,409.5 millones de pesos, pero sin considerar los pasivos por pensiones que ambos niveles de gobierno deberán afrontar en el futuro.

Aún estamos a tiempo de establecer mecanismos que obliguen a las entidades federativas y a los municipios para que manejen y administren la deuda local de forma responsable y prudente, para que incentiven la generación de ingresos propios y mejoren la eficiencia y la calidad del gasto público a nivel estatal y municipal en un marco de finanzas públicas sanas y equilibradas.

Los mexicanos hemos pagado muy caro las consecuencias de no manejar la deuda pública de forma prudente en el pasado. Muchos padecimos épocas de severas crisis económicas, periodos de inflación y carencia por no atender e implementar medidas que nos permitieran un equilibrio en el gasto público y un manejo prudente de las finanzas estatales.

A nivel federal el Congreso de la Unión ha avanzado notablemente estableciendo todo un marco legal que ahora nos permite gozar de un equilibrio en los indicadores macro-económicos y un manejo prudente del gasto federal. No obstante, estas regulaciones no han trascendido al ámbito local y por ello, debemos dar la pauta para que, en pleno respeto al pacto federal, desde nuestra Constitución Política se prevean disposiciones que regulen la materia de deuda pública a nivel estatal.

La Convención Nacional Hacendaria llevada a cabo en 2004, en la cual participaron los gobernadores y representantes de los municipios de nuestro país, emitió diversas recomendaciones en esta materia como fue el establecer reglas preventivas que eviten el sobreendeudamiento público y que le permitan a los estados y municipios mejores prácticas para la administración de la deuda, así como establecer una normatividad que les permita aprovechar las opciones que ofrece el mercado financiero.

En esta materia si bien se han presentado algunas iniciativas, no han prosperado, aun y cuando es urgente legislar al respecto.

Por su parte, el 5 de octubre de 2011, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en el Diario Oficial de la Federación nuevas reglas aplicables a las entidades financieras a fin de que los bancos evalúen de mejor manera el riesgo que presentan los estados y prevenir una afectación al sistema financiero en un determinado momento.

En tal contexto, presento la siguiente iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de modificar la fracción VIII del artículo 117, con la finalidad de insertar nuevas reglas en materia de endeudamiento para estados y municipios, considerando la experiencia que en esta materia han tenido otras naciones.

Primeramente, se trata de que el texto constitucional señale los límites y requisitos para que los estados y los municipios puedan contratar deuda, evitando con ello que se endeuden en cosas que no generen crecimiento a futuro y que se conviertan en un pasivo insostenible para las siguientes generaciones.

Asimismo, son necesarios incentivos para el manejo responsable de la deuda que conminen a los estados y los municipios a generar recursos propios que les permitan satisfacer el cumplimiento de sus obligaciones financieras en un entorno equilibrado de las finanzas públicas. Para ello, es necesario que implementen programas de mejoras estructurales en sus finanzas que les eviten un riesgo futuro.

Derivado de lo anterior, los estados deberán adecuar su legislación local en materia de deuda, estableciendo un marco jurídico seguro y confiable que les ayude a aprovechar las opciones de crédito que ofrece el mercado financiero en un marco que promueve el crecimiento económico y el bienestar social preservando la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera estatal.

Asimismo, con la finalidad de fortalecer la transparencia y el mejor manejo de los recursos obtenidos por empréstitos, se estima conveniente contar con una ley marco que dote de homogeneidad jurídica en esta materia en todas las entidades federativas, respetando en todo momento el pacto federal que nos rige.

Consecuentemente, por el digno conducto de usted, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 73, fracción IV del artículo 115 y la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman la fracción XXVIII del artículo 73 y la fracción VIII del artículo 117; y se adiciona un último párrafo a la fracción IV del artículo 115, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXVII. ...

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial y, en materia de deuda pública,para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;

Artículo 115. ...

I. a III ...

IV. ...

a) a c) ...

...

...

...

...

Los municipios solamente podrán contratar obligaciones o empréstitos sujetándose a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 117 de esta Constitución.

V. a VIII. ...

Artículo 117. Los estados no pueden en ningún caso:

I. a VII. ...

VIII....

Los Estados y los Municipios, y las entidades de su sector público, no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley o decreto y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos, conforme a las siguientes bases:

a) Será autorizada previamente por la legislatura estatal mediante ley o decreto, aun tratándose de deuda contratada a corto plazo;

b) En la contratación de empréstitos deberá observarse el principio de equilibro presupuestal;

c) No excederá el 0.5% por ciento del Producto Interno Bruto Estatal del ejercicio correspondiente y, el total de la deuda acumulada tampoco deberá exceder en ningún caso del 7% por ciento del Producto Interno Bruto Estatal;

d) Las garantías se otorgarán única y exclusivamente con recursos derivados de ingresos propios y los provenientes de las participaciones federales. Las aportaciones federales podrán otorgarse en garantía siempre y cuando los recursos del empréstito se destinen a proyectos directamente relacionados con los fines específicos para los cuales se otorgan dichas aportaciones federales, y

e) La solicitud presentada a la legislatura local deberá ir acompañada de un programa de amortización para el pago del principal y de los intereses correspondientes, sin el cual no podrá haber autorización alguna. Este programa de amortización deberá cumplirse a cabalidad, de lo contrario se fincarán las responsabilidades que al efecto establezca la ley.

Los recursos obtenidos por empréstitos no podrán destinarse, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia a gasto corriente ni para la operación ordinaria del presupuesto público de que se trate.

Los estados y los municipios deberán llevar un registro de deuda pública en el cual inscribirán todos los empréstitos, obligaciones o deuda de cualquier naturaleza que contraigan, así como las amortizaciones que al efecto lleven a cabo y los saldos de la deuda, el cual se mantendrá actualizado mensualmente y será público. La ley general respectiva establecerá las bases y características de este registro.

Los ejecutivos de los estados y los municipios informarán del ejercicio de la deuda al rendir la cuenta pública y serán responsables de la contratación y administración de estos recursos.

Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia la Federación asumirá el pago de la deuda pública que contraten los estados y los municipios de conformidad con este artículo.

IX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley a que se refiere la fracción XXVIII del artículo 73 en materia de deuda, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

Tercero. Las entidades federativas y municipios que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto registren pasivos de deuda pública estatal o municipal, según sea el caso, superiores al 2.5% de su Producto Interno Bruto estatal o municipal, respectivamente, cuentan con un plazo de un mes para implementar un programa de reestructura financiera en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de prevenir riesgos mayores en las finanzas públicas locales.

En dichos programas de reestructura financiera y según el análisis que resulte en cada caso, la entidad federativa o el municipio correspondiente, asumirán compromisos claros y precisos de incrementar los ingresos propios estatales o municipales, según sea el caso; así como abstención de contratación de nuevos empréstitos, en tanto se lleva a cabo un saneamiento de las finanzas públicas estatales o municipales respectivas.

El incumplimiento a los compromisos asumidos bajo el mandato de este artículo dará lugar al fincamiento de las responsabilidades legales correspondientes de forma directa a los ejecutivos estatales y municipales y demás servidores públicos involucrados en la contratación de obligaciones o empréstitos con cargo al erario público.

Cuarto. Las entidades federativas y los municipios contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de septiembre de dos mil doce.— Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, diputado Anaya Llamas. El texto íntegro de la iniciativa será insertado en el Diario de los Debates y publicado en la Gaceta Parlamentaria. La iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para sus efectos.

LEY DEL SEGURO FEDERAL DE DESEMPLEO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Seguro Federal de Desempleo, que además está suscrita por el diputado Martí Batres Guadarrama, ellos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes, diputadas y diputados, el día de hoy vengo ante ustedes a presentar este proyecto de decreto que expide la Ley del Seguro Federal de Desempleo, presentada por un servidor y suscrita también por el diputado Martí Batres Guadarrama.

México tiene un rezago muy fuerte en materia de creación de empleos; los indicadores de desempleo, trabajo informal y empleos precarios, se dispararon. Durante el segundo trimestre de 2012, el desempleo entre personas de 14 y años y más, fue de 4.84 por ciento de la población económicamente activa, lo que equivale a 12 millones 468 mil 162 personas, según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Inegi.

Según el documento del Inegi: Guía de Conceptos, Uso e Interpretación de la Estadística sobre la Fuerza Laboral en México, el desempleo consiste en la carencia total de trabajo. De forma que si la persona trabajó por lo menos una hora en el periodo de referencia o bien desempeñó alguna actividad eventual o provisional, la persona se considera como ocupada; por ende, esta condición no necesariamente implica ingresos constantes para garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de una persona que labora una hora a la semana.

Así la manera en que el desempleo es medido en nuestro país, no refleja una correlación con la realidad.

Esta distinción es importante, ya que no se consideran desempleadas a las personas que trabajan en la economía informal así como a aquellas que se autoemplean, categorías que ocupan una parte significativa y creciente de la población, lo que ayuda a eximir al gobierno de su responsabilidad de crear nuevos empleos formales.

Es por ello que a la tasa de desempleo del 4.84 por ciento, registrada en el segundo trimestre del año, debe sumarse la cifra de personas disponibles para trabajar, pero que se suman en la población no económicamente activa; es decir, más de 6 millones 856 mil mexicanos y 4 millones 16 mil más, que realizando algún trabajo no reciben remuneración. Por ello, dando un total de 12 millones 603 mil 678 desempleados formales.

La situación es aún más crítica si se suma a los miles de jóvenes que de manera anual se incorporan a la población económicamente activa, la repatriación de miles de mexicanos que laboran especialmente en los Estados Unidos de América, así como otras variables.

Frente a este escenario y a la incapacidad que ha demostrado el gobierno federal de generar los empleos suficientes para cubrir las expectativas, se deben tomar medidas sociales necesarias para ayudar a los más vulnerables y dentro de estas medidas debe procederse al establecimiento del seguro de desempleo.

Basada en la experiencia del gobierno del Distrito Federal, la propuesta presente sugiere que el seguro de desempleo beneficie a aquellos que perdieron su empleo a partir de julio de 2008, momento en que se inicia el impacto de la crisis mundial en la economía mexicana y debería otorgar una prestación similar a la de la Ciudad de México de un salario mínimo, independientemente del monto del último salario obtenido por el trabajador desempleado.

En el Presupuesto de 2009, el gobierno del Distrito Federal destinó 405 millones para atender a un poco más de 60 mil capitalinos; dos años después, en 2011, destinó 577 millones 475 mil pesos para una cobertura de más de 70 mil personas.

Debe agregarse que este grupo no es contributivo, ya que es financiado con los recursos fiscales del gobierno del Distrito Federal.

Si el mismo esquema que opera actualmente en el Distrito Federal se establece a nivel nacional, con una proyección de 800 mil beneficiarios anualmente, la carga al Presupuesto ascendería a poco más de 9 mil 500 millones de pesos, atendiendo el salario mínimo de 2012.

Ello representa 300 millones de pesos menos, en comparación con el costo total del nuevo avión presidencial y estableciendo que un punto porcentual del producto interno bruto es equivalente a cerca de 140 millones de pesos, según señala el estudio Perspectivas progresistas. Razones para un seguro de desempleo. Un esquema a nivel nacional representaría poco menos del 0.07 por ciento del producto interno bruto.

Adoptar un seguro del desempleo en México tendría diversos beneficios para los trabajadores y sus familias; permite a los trabajadores disminuir en alguna medida la pérdida de ingresos que se produce durante los períodos de desempleo, estabilizando la capacidad de consumo, al tiempo mismo que facilita, mediante esquemas vinculatorios y de capacitación, la búsqueda de una nueva fuente de ingresos.

Así, el seguro de desempleo se presenta como política pública que apunta a subsanar la incapacidad del gobierno frente a la generación de mayores fuentes de empleo.

Así pues, frente a la tendencia política que propone que nada cambie, a pesar del enorme daño que han sufrido las familias trabajadoras desde hace más de 30 años, el seguro de desempleo representaría una medida urgente y necesaria.

Su principal valor es —de acuerdo a lo anterior— la de demostrar, tal y como ha sucedido en la Ciudad de México, que ante parciales y al principio limitadas, las políticas públicas pueden y deben construirse como una alternativa y un punto de partida para diseñar el futuro mejor para todas las mexicanas y mexicanos.

Estamos viviendo en estos días momentos muy sorprendentes, o quizá algunos no se sorprendan tanto; tenemos en discusión en esta Cámara de Diputados una iniciativa laboral que pretende ser derogatoria de derechos de los trabajadores.

En este país debe de pesar la historia y la convicción de que las luchas del pueblo de México han sido para mejorar las condiciones de las mayorías y no para mantenerlos en la miseria, en la desigualdad y en el olvido; es con iniciativas de estas características, generando nuevos derechos, como podemos sacar adelante las condiciones de nuestros trabajadores.

Recursos hay en nuestro país, recursos sobran en estos momentos en nuestro país; es una vergüenza cómo los excedentes petroleros fueron dilapidados y malgastados durante esta administración; se gasta en cualquier barbaridad, en cualquier cosa superflua, en cualquier cosa suntuosa, menos en lo que se debe de invertir el recurso público de nuestra nación.

En este caso, la propuesta que estoy presentando de ninguna manera hace contradicción con la que está presentando el frente legislativo de izquierdas; al contrario, pretende retomar el ejemplo de la única entidad federativa, que es el Distrito Federal, que ha propiciado una política concreta con estas características.

El único lugar del país donde existe el seguro del desempleo es el Distrito Federal y es por eso que lo estamos presentando, con la base de ese ejemplo ante esta soberanía. Muchísimas gracias; es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que expide la Ley del Seguro Federal de Desempleo, a cargo de Gerardo Villanueva Albarrán y suscrita por Martí Batres Guadarrama, diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Gerardo Villanueva Albarrán y Martí Batres Guadarrama. diputados federales a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que conceden el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Seguro Federal de Desempleo.

Exposición de Motivos

México tiene un rezago muy fuerte en materia de creación de empleos. Esta situación estructural se agravó notablemente con el impacto de la crisis mundial de 2008-2009. Los indicadores de desempleo, trabajo informal y empleos precarios se dispararon. Durante el segundo trimestre de 2012 el desempleo entre personas de 14 años y mas fue del 4.84 por ciento de la población económicamente activa lo que equivale a 2 millones 468 mil 162 personas según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.

Según el documento del Inegi Guía de conceptos, uso e interpretación de la estadística sobre la fuerza laboral en México “El desempleo consiste en la carencia total de trabajo, de forma que si la persona trabajó por lo menos una hora en el período de referencia o bien desempeñó alguna actividad eventual o provisional, la persona se considera como ocupada” por ende esta condición no necesariamente implica ingresos constantes para garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de una persona que labora una hora a la semana, así pues la manera en que el desempleo es medido en nuestro país no refleja una correlación con la realidad.

Esta distinción es importante ya que no se considera desempleadas a las personas que trabajan en la economía informal, así como aquellas que se autoemplean, categorías que ocupan a una parte significativa y creciente de la población, lo que ayuda a eximir al Gobierno de su responsabilidad de crear nuevos empleos formales.

Es por ello que a la tasa de desempleo del 4.84 por ciento registrada en el segundo trimestre del año debe sumarse la cifra de personas disponibles para trabajar pero que se suman en la Población No Económicamente Activa, es decir 6 millones118 mil 856 mexicanos y 4 millones 016 mil 660 más que realizando algún trabajo no reciben remuneración por ello dando un total de 12 millones 603 mil 678 desempleados formales.

La situación es aún más crítica si se suma a los miles de jóvenes que, de manera anual, se incorporan a la población económicamente activa, la repatriación de miles de mexicanos que laboran especialmente en Estados Unidos y demás variables. Así pues, en materia de empleo, el panorama es sumamente preocupante.

Frente a ese escenario y a la incapacidad que ha demostrado el gobierno federal de generar los empleos suficientes para cubrir las expectativas se deben tomar las medidas sociales necesarias para ayudar a los más vulnerables, y dentro de estas medidas debe procederse al establecimiento del seguro de desempleo.

Basada en la experiencia del gobierno del Distrito Federal la propuesta presente sugiere que el Seguro de Desempleo beneficie a aquellos que perdieron su empleo a partir de julio de 2008 (momento en que se inicia el impacto de la crisis mundial en la economía mexicana) y debería otorgar una prestación similar a la de la Ciudad de México de un salario mínimo (independientemente del monto del último salario obtenido por el trabajador desempleado).

En el presupuesto de 2009, el gobierno del Distrito Federal (GDF) destinó 405 millones para atender a poco mas de 60 mil capitalinos, dos años después en 2011 destinó 577 millones 475 mil 810 pesos para una cobertura de más de 70 mil personas, debe agregarse que este seguro no es contributivo, ya que es financiado con los recursos fiscales del GDF.

Lo anterior resulta un elemento muy importante pues los esquemas contributivos como los que operan en países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay o Venezuela prevén el apoyo únicamente a los trabajadores con contrato los cuales están obligados a aportar parte de su salario al fondo del seguro de desempleo, similar a los esquemas de seguridad social de México, el problema de este tipo de financiamiento radica en que si el trabajador no labora para una empresa cuyo tipo de contrato le permita cotizar en instancias como IMSS o ISSSTE simplemente no podría acceder a los beneficios establecidos, es decir, el modelo de seguro de desempleo que se aplica en el Distrito Federal es superior al que opera en otros lugares del mundo, es mejor.

Si el mismo esquema que opera actualmente en el D.F. se establece a nivel nacional con una proyección de 800,000 beneficiarios anualmente la carga al presupuesto ascendería a poco más de 9 mil 500 millones de pesos atendiendo el salario mínimo de 2012, ello representa 300 millones de pesos menos en comparación con el costo total del nuevo avión presidencial y estableciendo que un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) es equivalente a cerca de 140 mil millones de pesos, según se señala en el estudio “Perspectivas Progresistas, Razones para un Seguro de Desempleo”, un esquema a nivel nacional representaría poco menos del 0.07 por ciento del PIB.

Adoptar un Seguro de Desempleo en México tendría diversos beneficios para los trabajadores y sus familias, permite a los trabajadores disminuir en alguna medida la pérdida de ingresos que se produce durante los periodos de desempleo estabilizando la capacidad de consumo al tiempo mismo que facilita mediante esquemas vinculatorios y de capacitación, la búsqueda de una nueva fuente de ingresos. Así, el seguro de desempleo se presenta como política pública que apunta a subsanar la incapacidad del gobierno frente a la generación de mayores fuentes de empleo.

El esfuerzo no representaría una erogación desproporcionada para el gobierno y sí significaría un cambio en la política laboral,

Así pues frente a la tendencia política que propone que nada cambie a pesar del enorme daño que han sufrido las familias trabajadoras desde hace casi 30 años el seguro de desempleo representaría una medida urgente y necesaria. Su principal valor es, de acuerdo a lo anterior, la de mostrar, tal y como ha sucedido en la Ciudad de México, que aunque parciales y al principio limitadas, las políticas públicas pueden y deben construirse como una alternativa y un punto de partida para diseñar un futuro mejor para todos los mexicanos.

Con base en lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley del Seguro Federal de Desempleo.

Artículo Único.Se expide la Ley Federal del Seguro de Desempleo en los siguientes términos:

Ley del Seguro Federal de Desempleo

Título PrimeroDisposiciones Generales, Facultades y Obligaciones

Capítulo IDisposiciones generales

Artículo 1.La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio de la República Mexicana.

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto crear y normar la programación del seguro federal de desempleo como medida de protección para los trabajadores asalariados del sector formal de la economía que hayan dejado o sido separados de su empleo formal sea de manera temporal, siempre y cuando ello implique la privación de su remuneración salarial, o de manera definitiva por razones ajenas a su voluntad; así como crear las condiciones para su reincorporación a un trabajo digno con el fin de coadyuvar al cumplimiento del artículo 123 constitucional primer párrafo.

Artículo 3. Para los efectos de lo establecido en esta ley se entenderá por

I. Ley: Ley del Seguro Federal de Desempleo;

II. Reglamento: Reglamento de la Ley del Seguro Federal de Desempleo;

III. Secretaría: Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

IV. Seguro: Seguro Federal de Desempleo y

V. Beneficiario: Todo ciudadano mexicano mayor de 18 años que haya perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad, resida en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y cumpla con los requisitos previstos en esta ley para acceder a los beneficios del Seguro Federal de Desempleo

Capítulo IIFacultades y obligaciones

Artículo 4. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, será responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones complementarias:

I. Programar, dirigir y ejecutar el seguro;

II. Fomentar entre los beneficiarios una cultura emprendedora a fin de que accedan a mejores niveles de bienestar;

III. Fortalecer vínculos entre el Gobierno Federal y los generadores de empleo, sean de los sectores público, privado o social a efecto de facilitar los vínculos entre el beneficiario y las demandas laborales de los sectores señalados, lo que no exime al beneficiario de la búsqueda de empleo por cuenta propia;

IV. Promover la capacitación del beneficiario con el fin de ampliar las posibilidades de acceder a un empleo formal;

Artículo 5. La secretaría expedirá la convocatoria para acceder al seguro y sus bases de participación establecerán cuando menos:

I. La documentación y demás requisitos necesarios para acceder al seguro;

II. El procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtener el seguro;

III. El domicilio de las oficinas y módulos a los que habrán de acudir los interesados para presentar su solicitud y pedir orientación o aclaraciones;

IV. Las características del seguro a otorgarse;

V. El procedimiento que habrán de seguir los interesados en obtener el seguro;

VI. El formato de una carta compromiso que deberán suscribir los interesados, a efecto de que conozcan las obligaciones que tendrán que cumplir para obtener y mantener los beneficios del seguro y

VII. Las demás que determinen la secretaría, el reglamento y otros ordenamientos aplicables.

Título SegundoDel Seguro Federal de Desempleo

Capítulo IDisposiciones generales

Artículo 6. El Seguro Federal de Desempleo es un sistema de seguridad social que otorga un derecho económico a los beneficiarios bajo las condiciones establecidas en esta ley a efectos de garantizar los ingresos económicos necesarios para cubrir necesidades básicas del beneficiario durante un periodo perentorio.

Artículo 7. El seguro podrá ser otorgado por un periodo de seis meses y, sólo por una vez, cada dos años

El monto del seguro ascenderá a 30 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y será entregado mensualmente al beneficiario mediante el procedimiento que la propia secretaría determine.

El derecho económico señalado en el párrafo anterior tiene carácter personal e intransferible y podrán solicitarlo las personas que hayan perdido su empleo con fecha posterior a julio de 2008.

Capítulo IIDel acceso, conservación y cancelación del Seguro Federal de Desempleo

Artículo 8. El derecho a acceder al seguro podrá otorgarse a aquellas personas desempleadas que:

I. Sean mayores de 18 años;

II. Residan en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Haber laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona física o moral, al menos durante seis meses comprobable mediante la baja de alguna institución de seguridad social o en su defecto carta emitida por el último patrón y que cubra los requisitos que la misma Secretaria determine;

IV. Haber perdido su empleo por causa ajena a su voluntad;

V. No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa;

VI. Se encuentren inscritas mediante solicitud previamente ingresada en las oficinas que para tal efecto habilite la secretaria;

VII. Sean demandantes activas de empleo, lo que podrá ser corroborado en cualquier momento por la Secretaria mediante el procedimiento que la misma establezca, y

VIII. Cumplan con el resto de los requisitos establecidos en esta Ley, la convocatoria que emita la Secretaria y demás disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 9. La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por las personas interesadas en obtener el seguro, en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de las mismas; así como a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su portal de internet la lista de quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, salvaguardando las previsiones que en estos casos plantean las Leyes Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Artículo 10.Los beneficiarios del seguro tendrán las siguientes obligaciones:

I. Entregar la documentación que le sea requerida así como informar de inmediato sus cambios de domicilio a la autoridad competente para efectos de otorgamiento, suspensión o reanudación de las prestaciones que establece esta ley;

II. Suscribir una carta compromiso en la que se adquiere el derecho de recibir las prestaciones del seguro en el plazo y con las condiciones determinadas por las autoridades competentes;

III. Asistir a cursos de capacitación y desarrollo de habilidades pertenecientes a los programas públicos de fomento al empleo que la autoridad competente determine;

IV. Concertar y asistir a entrevistas de trabajo informando con antelación a la autoridad competente;

V. Solicitar la suspensión del Seguro dentro de los cinco días hábiles siguientes al haberse incorporado a un nuevo trabajo, ya sea en institución pública o privada siempre y cuando el ingreso a laborar se dé antes de cumplidos los seis meses que dura el derecho;

VI. Saber conducirse con la verdad en todo momento, apercibidos de que en caso de falsedad en sus declaraciones, les serán retirados los beneficios del seguro, sin perjuicio de las consecuencias legales procedentes; y

VII. Las demás que determinen esta ley, el reglamento y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 11. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo anterior trae como resultado la suspensión inmediata de los beneficios del seguro federal de desempleo.

De igual manera la secretaría negará o en su caso suspenderá el derecho a la percepción del seguro cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos:

I. Agotamiento del plazo de duración de la prestación;

II. Haberse incorporado a un nuevo trabajo;

III. Rechazo injustificado de una oferta de empleo adecuada al perfil y aptitudes del beneficiario;

IV. Negativa a participar en los programas de empleo y capacitación que previamente determine la Secretaria, salvo causa justificada;

V. Cuando se esté cumpliendo condena que implique privación de la libertad;

VI. Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a seis meses, o realización de un trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a 12 meses;

VII. Ser beneficiario de Seguro de Desempleo o equivalente implementado por alguno de los estados de la República y el Distrito Federal;

VIII. Ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno Federal que implique el acceso de ayuda económica;

IX. Cambiar su residencia al extranjero y;

X. Renuncia voluntaria al derecho.

Capítulo IIISobre el financiamiento del seguro

Artículo 12.El Ejecutivo federal deberá incluir en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, la asignación que garantice la formulación, aplicación y evaluación del seguro procurando su eficacia, selectividad y transparencia.

Capítulo IVDisposiciones complementarias

Artículo 13. Las reglas de operación fijarán la forma como se hará valer el Seguro, así como la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el año siguiente inmediato a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente ley, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Deberán destinarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año siguiente inmediato a la publicación de la presente en el Diario Oficial de la Federación y subsecuentes Ejercicios Fiscales, los recursos necesarios para la debida aplicación del presente decreto.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.— Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán y Martí Batres Guadarrama (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Ley Suprema del país establece los principios a los cuales deben apegarse todos los demás ordenamientos secundarios.

Uno de estos principios es la igualdad de derechos entre todas las personas reconocido en el artículo 1o. de la Constitución. Otro es la igualdad entre géneros establecido en el artículo 4o. de la misma Ley Suprema; por último, las reglas democráticas son imperantes y están reconocidas en el artículo 41 del mismo ordenamiento.

En la actualidad, el artículo 219, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se contrapone a los principios constitucionales, pues limita de modo directo en ciertos supuestos, la llamada cuota de género, la cual tiene como objetivo el alcanzar la igualdad real en lo político electoral entre los hombres y las mujeres.

El artículo 219, numeral 2, es una clara muestra de incompatibilidad constitucional y de perjuicio a la igualdad de oportunidades entre géneros. Es evidente el matiz liberal ofrecido en nuestra Constitución Política; sin embargo, estimamos en muchas ocasiones la inexistencia de esto, pues continuamos hallando reminiscencias de las épocas en donde los hombres y las mujeres no se consideraban del mismo modo.

Este artículo 219 del Cofipe especifica que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores presentadas por los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

Sin embargo, el numeral 2 de este artículo especifica la excepción a la disposición; es decir, cuando las candidaturas de mayoría relativa sean resultado de un proceso de elección democrático conforme a los estatutos de cada partido.

Como notamos, el supuesto general consiste en obligar a los partidos políticos a presentar solicitudes de registro de diputados y senadores ante el Instituto Federal Electoral con al menos la proporción de 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

El segundo numeral del artículo explica la regla de exceptuar lo anterior sobre las candidaturas de mayoría que hayan sido resultado de un proceso interno de elección democrática. Esto último es un golpe duro a los principios de igualdad y equidad, pues este tipo de reglas fueron impuestas para propiciar —como lo dice el artículo en estudio— una paridad de oportunidades entre géneros, pretendiendo de este modo establecer en su momento igual intervención democrática de hombres y mujeres y coincidencias de porcentajes en los órganos legislativos.

Este temática ya ha sido expuesta por el órgano judicial electoral, cuando dictó la jurisprudencia 16/2012, con el rubro Cuota de Género: las fórmulas de candidatos a diputados y senadores por ambos principios deben integrarse con personas del mismo género.

Por ende, el numeral 2 del artículo 219 es un contrasentido al numeral 1. Además atenta de forma directa con las directrices establecidas en los artículos 1o., 4o., 51, 57 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 20, numerales 3 y 4; 218, numeral 3, y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, toda la argumentación planteada es complementaria a la resolución provista por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establecida en su juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, sub JDC 126242011. El objetivo del referido juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano fue anular el punto 13 del Consejo General, del acuerdo del Consejo General, 3272011.

En concreto, el Tribunal explicó que el Consejo General del Instituto Federal Electoral realizó una atribución que no tenía, pues se extralimitó al querer definir lo que debía entenderse por proceso democrático al interior de los partidos políticos.

En este contexto y en pro de la igualdad de géneros y por igual número de representantes de hombres y mujeres en los órganos legislativos, y para que nunca más pueda tergiversarse la ley, como se intentó en el pasado proceso electoral 2011-2012, y en pro de la igualdad plena en los derechos políticos del hombre y la mujer, es que pretendo se suprima el numeral 2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esperando contar con su apoyo para la existencia de un México pleno democráticamente. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la diputada federal Carla Alicia Padilla Ramos, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, al tenor del texto siguiente, en donde se referencia los motivos para considerarla procedente con base en las argumentaciones y el planteamiento del problema presentados enseguida.

Planteamiento del problema.

La Ley Suprema del país establece los principios a los cuales deben apegarse todos los demás ordenamientos secundarios.

Uno de aquellos Principios es la igualdad de Derechos entre todas las personas reconocido en el artículo 1 de Constitución; otro es la igualdad entre géneros establecido en el artículo 4 de la misma Ley Suprema; por último, las reglas democráticas son imperantes y están reconocidas en el artículo 41 del mismo ordenamiento.

En la actualidad, el artículo 219, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se contrapone con los principios constitucionales, pues limita de modo directo en ciertos supuestos la llamada cuota de género, la cual tiene como objetivo el alcanzar la igualdad real en lo político electoral entre los hombres y las mujeres.

El dispositivo 219.2 es una clara muestra de incompatibilidad constitucional y de perjuicio a la igualdad de géneros, por ello se pugna con argumentos su derogación.

Argumentación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere igualdad para todas las personas, esto lo podemos apreciar en el artículo 1; en el mismo tenor se erige el artículo 4, el cual especifica identidad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

...

Artículo 4o.

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

En este contexto apreciamos un matiz liberal en todo nuestro orden jurídico; sin embargo estimamos, en muchas ocasiones, la inexistencia de esto, pues aun encontramos en disposiciones jurídicas reminiscencias de las épocas en donde los hombres y mujeres no se consideraban del mismo modo.

Una prueba de lo expresado se ubica en el artículo 219, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.

En él apreciamos, primeramente el supuesto general consistente en obligar a los partidos políticos a presentar solicitudes de registro de Diputados y Senadores ante el Instituto Federal Electoral con al menos la proporción de cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

El segundo numeral del artículo explica la regla de exceptuar lo anterior; sobre las candidaturas de mayoría resultado de un proceso de elección democrática.

Esto último puede catalogarse como un golpe duro a los principios de igualdad y equidad pues este tipo de reglas fueron impuestas para lograr propiciar, como lo dice el artículo en estudio, una paridad entre géneros pretendiendo de este modo establecer en su momento igual participación democrática de hombres y mujeres y coincidencias de porcentajes en los órganos legislativos.

Esta temática ya había sido denunciada anteriormente por el órgano judicial electoral cuando dictó la Jurisprudencia 16/2012

María Elena Chapa Hernández y otras

Versus

Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 16/2012

Cuota de género. Las fórmulas de candidatos a diputados y senadores por ambos principios deben integrarse con personas del mismo género. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 4°, 51, 57, 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, párrafos 3 y 4, 218, párrafo 3, 219, párrafo 1, y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que las fórmulas de candidatos a diputados y senadores postuladas por los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deben integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios del mismo género. De lo anterior, se advierte que la finalidad es llegar a la paridad y que la equidad de género busca el equilibrio en el ejercicio de los cargos de representación popular. Por tanto, las fórmulas que se registren a efecto de observar la citada cuota de género, deben integrarse con candidatos propietario y suplente, del mismo género, pues, de resultar electos y presentarse la ausencia del propietario, éste sería sustituido por una persona del mismo género, lo que además trascenderá al ejercicio del cargo, favoreciendo la protección más amplia del derecho político-electoral citado.

Como apreciamos, la finalidad del dispositivo que nos interesa es llegar a la paridad y establecer equidad de géneros en los cargos de representación popular.

Por ende, el punto 2 (.2), del artículo 219 es un contrasentido al punto uno (.1); además, atenta de forma directa con las directrices establecidas en los artículos 1, 4, 51, 57 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del 20 párrafos 3 y 4, 218, párrafo 3 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, toda la argumentación planteada es complementaria a la resolución provista por el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación establecida en el Juicio para la Protección De los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (SUP-JDC-12624-2011).

El asunto versó en impugnaciones de una serie de ciudadanos en contra del Acuerdo General del Instituto federal Electoral por el cual se indicaron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presentaron los partidos políticos y las coaliciones para el proceso electoral anterior.

El objetivo del referido Juicio para la Protección De los Derechos Político-Electorales del Ciudadano fue anular el punto 13 del acuerdo el cual se refería precisamente al numeral .2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“Decimotercero. De la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a diputados y senadores, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del sesenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género. Además, se verificará que los partidos políticos hayan observado los porcentajes de género establecidos en sus propios estatutos.

Quedan exceptuadas de la regla de género señalada en el párrafo anterior, las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático.

Esto es, en caso de que el partido político, no elija a sus candidatos de mayoría relativa mediante un proceso de elección democrático, el partido político o coalición deberá presentar como máximo 180 y 38 candidatos propietarios de un mismo género, a Diputados y Senadores, respectivamente o en forma proporcional dependiendo del número de candidatos electos por dicho proceso, procurando que la fórmula completa se integre por candidatos del mismo género.

Para efectos de lo señalado en los dos párrafos anteriores, debe entenderse por procedimiento democrático aquel en el que la elección de las candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido o por la ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o asamblea en que participe un número importante de delegados electos ex profeso por dicha militancia.

Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada procurando que la fórmula completa se integre por candidatos del mismo género.

En concreto el Tribunal explicó que el Consejo General del Instituto Federal Electoral realizó una atribución que no tenía pues el órgano colegiado hizo nugatoria la llamada cuota de género.

Aseveró que la definición de “procese democrático” contenida en el párrafo cuarto del punto decimo tercero excede la facultad reglamentaria y vulnera el principio de reserva de ley, en la medida de que definir el concepto de “proceso de elección democrático” no correspondía a la responsable, ya que dichos procesos se encuentran previstos en los estatutos de cada partido político, como lo establece el artículo 219, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

También se afirmó que al establecer lo que se debe entender como proceso de elección democrático el de designación a través de convención o asamblea en que participe un número importante de delegados electos ex profeso por la militancia del partido, la autoridad posibilita la invalidación por completo la hipótesis de cuota de género establecida en el párrafo 1 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tratándose de candidatos por el principio de mayoría relativa, pues permite a un partido político decidir sobre sus trescientas fórmulas de candidatos a diputados federales y las sesenta y cuatro fórmulas de candidatos a senadores, sean de “candidato único” o de “unidad”, que todos los postulados sean hombres y que sean electos a través del proceso de convención o asamblea.

Por todo lo anterior el Tribunal resolvió lo siguiente:

En consecuencia, debe estarse a lo señalado en el considerando QUINTO de la resolución incidental de fecha dieciséis de febrero de dos mil doce, emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el incidente de inejecución de sentencia promovido dentro de los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, mismo que, en la parte que interesa, a la letra señala:

 “(...) el referido punto de acuerdo implica que se debe garantizar el cumplimiento de la cuota de género por lo que, al menos el cuarenta por ciento de los propietarios de las candidaturas registradas por los partidos políticos a los cargos de diputados y senadores por ambos principios deben corresponder al mismo género y para que todos los suplentes que integren el cuarenta por ciento de las fórmulas de candidatos de ambos principios esto es mayoría relativa y representación proporcional a que se refieren los artículo 219, párrafo 1 y 220, del Código de la materia, pertenezcan invariablemente al mismo género que sus propietarios.”

En este contexto y en pro de la igualdad de géneros y por igual número de representantes hombre y mujeres en los órganos legislativos y para que nunca más pueda transgiversarse la Ley como se intentó de acuerdo a lo expresado en todo el capítulo de la argumentación es que pretendo se suprima el numeral dos del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Expresando enseguida el correspondiente:

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Es por todo lo anterior que acudo ante esta honorable asamblea en mi carácter de representante popular para solicitar se lleve el procedimiento legislativo indicado en nuestro texto supremo, para lo cual presento el siguiente:

Decreto por el cual se reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se reforma el punto 2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 219

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

2. Derogado.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se deroga toda disposición que se oponga en todo o en parte al presente decreto.

Notas:

1 Los principios hacen referencia a la justicia y la equidad. ConfereRonald Dworkin . Los Derechos en Serio,Ariel, España 2009.

2 El texto impugnado aparece en negritas. Tratándose de la lista de candidatos a senadores, los dos últimos lugares serán ocupados por un candidato de cada género.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.— Diputada Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada Padilla Ramos. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación, para sus efectos.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadanos legisladores, ciudadano presidente, a nombre de las diputadas de mi bancada Martha, Zuleyma y Merilyn, Aída, Nelly, voy a presentar esta propuesta, que tiene la misma naturaleza o similar naturaleza a la que acaba de presentar la diputada Ramos, y es que en los últimos años...

Que por cierto, presidente, en las primeras sesiones todos estaban bien portados, estas sesiones ya algunos están parados, conversando por su lado; es la evolución del Congreso, después va a ser un mercado, tendremos que dirigirnos al honorable Canal del Congreso. Ojalá y todos pusieran atención. Es difícil.

Pero esta iniciativa sobre todo va orientada a una lucha que las mujeres han venido desarrollando en las últimas décadas: la equidad de género.

En efecto, en el turno anterior, planteaban la modificación de un artículo del Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, para que no hubiera trampa en la asignación de candidaturas y se respetara el principio de equidad y género. Pero lo que vengo a plantear todavía es más grave, lo que vengo a plantear es que se modifique la Ley Orgánica del Congreso que nos rige a diputados y a senadores, para que haya igualdad, para que haya el respeto al principio de equidad y género.

Que por cierto, felicito a las mujeres que emprendieron esa lucha, porque gracias a ellas ahora el Congreso en la Cámara de Diputados tiene el 37 por ciento de su composición; es la primera vez. Ahora tiene más mujeres, pero no debe quedar ahí la lucha de las mujeres.

Por eso, creo que el Congreso tiene que poner la muestra, porque el viejo adagio de: en casa de herrero azadón de palo, y aquí es donde debemos comenzar; por eso lo que planteo es la modificación a un artículo de la Ley Orgánica, el 43, que diría: para la integración de las comisiones y de los órganos de dirección de las Cámaras, se tendrá o se tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones.

Es decir, esta Cámara debe garantizar que las comisiones también sean presididas por mujeres, en el 37 por ciento, cuando menos; cuando menos debe de haber el 40 por ciento de presidentas de comisión en esta Cámara, porque de lo contrario solo estaríamos simulando este principio con el cual todos estamos de acuerdo, pero pocos observamos.

Que por cierto, se me olvidó referirme a la diputada Alcalde, pero las seis diputadas me pidieron que hablara a nombre de ellas sobre este tema, sobre esta iniciativa que hemos formulado en Movimiento Ciudadano y que estamos a tiempo, diputadas, de que no nos engañen.

Hagan un frente común contra todos los coordinadores. Miren ustedes, en la Junta de Coordinación Política solo hay una mujer; en los partidos políticos nacionales no hay ninguna mujer dirigiendo un partido. Sería muy malo, sería un discurso solo hacia afuera, seguir manejando la equidad de género y la igualdad, si no hay una consecuencia política y jurídica en la Cámara de Diputados.

Que suba una mujer, me parece muy bien, que suba una mujer y que hagan un frente común, para que haya equidad y género y cuando menos 40 por ciento de las comisiones sean presididas por mujeres. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De manera reciente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda correspondiente a 2010. Con base en las cifras que arrojó dicho estudio, en el país hay 112 millones 336 mil 538 habitantes; de ellos, 54 millones 855 mil 231 son hombres y 57 millones 481 mil 307 mujeres. Es decir, en México éstas representan más de la mitad de la población.

Estos datos resultan aleccionadores porque si bien el 8 de marzo se declaró como Día Internacional de la Mujer, y este año conmemoramos más de 100 de este protocolo, y no hay que dejar de lado el balance de la situación de la mujer en el país.

Baste decir que a escala mundial, las mujeres representan entre 20 y 50 por ciento de la fuerza laboral, pero solamente entre 3 y 20 por ciento son propietarias de la tierra. La situación se dramatiza aún más en los países en vía de desarrollo. En la política, sólo en 24 países las mujeres forman 30 por ciento o más de los congresos. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Plataforma de Acción Beijing, confirma que las mujeres no constituyen siquiera la mitad en las estructuras de toma de decisiones.

En México, si bien desde el Congreso se ha impulsado un trabajo serio en cuanto a la igualdad de género, falta mucho por hacer, pues “a pesar de contar con dos instrumentos jurídicos tan valiosos como la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, observamos con preocupación la falta de cumplimiento de dicha normatividad. Como ejemplo podemos citar que el análisis realizado a las 32 entidades federativas del país refleja la nula o escasa participación de la mujer en cuanto al acceso a los cargos públicos de primer nivel en las diferentes dependencias gubernamentales estatales, tal es el caso de los gobiernos de Baja California, Coahuila, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora y Tabasco, donde no hay una sola mujer al frente de puestos de decisión. Y en otros, como Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, sólo una mujer tiene este tipo de responsabilidades”.

Cómo dejar de mencionar que en el plano laboral las diferencias entre hombres y mujeres continúan en la retribución económica; de acuerdo con la firma Regus, las mujeres mexicanas reciben sueldos 35 por ciento inferiores a los de los hombres.

A lo referido sumemos que 70 por ciento de la población considera que la sociedad mexicana es machista y 53 por ciento cree que las mujeres son discriminadas.

Es necesario cambiar el rumbo. La participación de las mujeres en la toma de decisiones resulta necesaria para consolidar un auténtico régimen democrático, entendido éste no sólo como un mecanismo jurídico procedimental y electoral para organizar elecciones y tener acceso al poder sino como forma de vida que redunde en una mejora constante del ciudadano en todos los ámbitos de la vida.

El gobierno, en sus diferentes niveles, está obligado ética y políticamente a promover la equidad de género en la sociedad a través de más y mejores programas encaminados a ello.

Ahora, y de acuerdo con los resultados de las elecciones de julio, la LXII Legislatura cuenta ya con la mayor proporción de mujeres de la historia, con casi 37 por ciento en la Cámara de Diputados y 33 por ciento en el Senado.

La Cámara de Diputados en la Legislatura LXII está integrada por 316 hombres y 184 mujeres, lo cual representa 63 y 37 por ciento, y un aumento en el número de legisladoras respecto a la anterior.

La actual composición de la Cámara es prueba de los espacios que con gran trabajo han conseguido las mujeres del país; debemos ser consecuentes con ello. Por eso propongo la paridad de género en la integración de las comisiones de trabajo legislativo y parlamentario de la cámara.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo 4 al artículo 43, y se recorren los demás párrafos, para quedar como sigue:

Artículo 43

1. y 2. ...

3. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulara las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones;

4. En términos del artículo 4o. de la Constitución, las diputadas y los diputados participan en la integración de los órganos de la Cámara con el principio de igualdad. Al efecto, los órganos responsables y los grupos parlamentarios garantizarán que las propuestas para la integración de las comisiones de trabajo legislativo y parlamentario reflejen en lo posible la proporcionalidad de género en la composición de la Cámara, además de la representatividad de los grupos parlamentarios.

5. y 6. ...

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Monreal. Se turna la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia del presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Compañeras y compañeros diputados, México ha sufrido grandes transformaciones en su devenir histórico, oscilando constantemente de la pasividad a la actividad en los asuntos de la vida política del país.

Hoy se encuentra, nuevamente, en un despertar político, en el que reclama una mayor y mejor participación en la toma de decisiones del poder público, no como una petición sino como un derecho; ello en razón de que es el pueblo el depositario de la soberanía nacional, tal y como lo mandata nuestra Constitución Política.

Es por ello que los Poderes de la Unión y en específico el Legislativo, no puede ser indiferente ante el reclamo del pueblo, que exige con más precisión ser parte integrante de las medidas, resoluciones que se toman en aquellos temas de importancia nacional, que tengan una injerencia directa o indirecta en la vida social, política, jurídica y económica del país.

En virtud de lo anterior, el proceso legislativo no debe estar exento de escuchar a los diversos actores políticos, sociales, educativos, pero no de una manera aislada y sin peso alguno, por el contrario, todas las opiniones vertidas sobre algún tema en específico deben ser vinculantes e incluyentes dentro del proceso de creación de la norma jurídica; ello con la finalidad de que los destinatarios de la futura ley puedan obedecerla, no por el simple hecho del carácter coercitivo del derecho, sino porque goza de una legitimación adquirida desde su génesis.

Ante dichos temas han surgido y se han empleado en diversas legislaciones los mecanismos de participación ciudadana, entendidos como las acciones o formas mediante las cuales se integra a la sociedad, ciudadanos, asociaciones e instituciones educativas, entre otras, en las que el quehacer político y la toma de decisiones consensadas adquieren un carácter legitimador y dan alimento a una democracia participativa.

En este sentido, un mecanismo de participación ciudadana lo constituyen las audiencias públicas, entendiéndose a éstas como la reunión formal que crea obligaciones y genera responsabilidades; es decir, un encuentro dentro de un procedimiento de toma de decisiones públicas.

Por ende, las audiencias públicas son uno de los instrumentos principales de los regímenes democráticos participativos, convirtiéndose en un excelente espacio de encuentro entre ciudadanos, organizaciones civiles especializadas en distintas temáticas, tanto en el sector privado, en las instituciones técnicas y las autoridades gubernamentales. De hecho, las audiencias públicas pueden configurar la oportunidad institucional más importante para garantizar el máximo flujo informativo posible entre actores de la sociedad y sus propias autoridades, en relación a una decisión acotada.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las propuestas que sometemos a consideración plantean la visión de un título sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que sean implementadas e instrumentadas las audiencias públicas dentro de las comisiones de las Cámaras del Congreso de la Unión, con el objeto de que las autoridades responsables de tomar las decisiones legislativas tengan acceso a diversas opiniones de forma simultánea y a través del contacto directo con los interesados.

Como parte de los beneficios de esta forma de participación se busca colaborar con el mejoramiento del marco legislativo y regulador, mediante el apoyo a las iniciativas que contribuyan al proceso de reforma de Estado a criterio de los propios legisladores, otros actores parlamentarios y de la sociedad; por lo que la inclusión del mecanismo de participación ciudadana en comento pueda contribuir a la modernización de la gestión legislativa. Su finalidad es la de llegar a una decisión consensuada de todos los sectores de la sociedad.

Por tanto en las audiencias públicas se observan los mecanismos en los que todo asunto de interés general o particular para ciertos sectores se garantice que la ciudadanía sea escuchada y que dicha opinión sea tomada en cuenta al momento de dictaminar algún proyecto de iniciativa de ley por las Cámaras, pero al mismo tiempo las diversas opiniones tengan un efecto vinculante y sean agregadas a los proyectos que realicen las diversas comisiones; ello para efecto de que en las sesiones del pleno de la Cámara se pueda tomar una decisión, a favor o en contra, con mayor claridad y certidumbre.

En este sentido, las audiencias públicas en las comisiones de las Cámaras del Congreso de la Unión pasan a ser un excelente espacio de encuentro entre asociaciones, organizaciones civiles especializadas, universidades y sociedad, en general, en las distintas temáticas de preocupación social, económico, sociológicas, jurídicas, cultural y política, en el sector privado y público.

En este espacio, donde pueden presentarse con absoluta libertad las perspectivas, tanto individuales como grupales o colectivas sobre el futuro del país, máxime que no puede dar la oportunidad de manifestar las interpretaciones colectivas y particulares sobre las soluciones y decisiones que se plantean a un problema determinado. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Título Sexto, Capítulo Único, artículos 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En su Ensayo sobre el pensamiento reaccionario, Cioran señala: “Lo trágico del universo político reside en esa fuerza oculta que lleva a todo movimiento a negarse a sí mismo, a traicionar su inspiración original y a corromperse a medida que se afirma y afianza. Es que en política, como en todo, uno no se realiza más que sobre su propia ruina”. Verdad demasiado evidente, que no simplemente se aplica a la política sino también a la democracia.

Se debe de recordar que la democracia es un sistema de organización política en el que el poder reside en el pueblo. En sentido estricto, la democracia es un sistema político que permite el funcionamiento del Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad. En sentido menor, democracia es una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.

Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas y también cuando se le facilita a la ciudadanía un amplio mecanismo plebiscitario. Estas tres formas no son excluyentes sino que pueden integrarse como mecanismos complementarios.

En guisa de lo anterior, Rousseau y Mostesquieu, reconocieron la imposibilidad de la democracia “pura”, es decir el gobierno en manos de la totalidad de un pueblo, por ello, es que se pronunciaban por las democracias indirectas. Sin embargo, la democracia –así como la aparejada división de poderes y garantías–, fueron creados como sistema y derechos, que no pueden ser ejercitados plenamente por el pueblo, permaneciendo en el estado de las meras facultades. Tales derechos, cuyo goce ideal la ley reconoce, se convierten en una amarga ironía sin la implementación de los mecanismos que los hagan efectivos.

Lo anterior es una verdad obvia, es por ello que la finalidad de la presente iniciativa radica en que los derechos de los ciudadanos no se queden en una mera facultad, en una utopía legal, sino por el contrario, que en el ámbito del Derecho Parlamentario se dé una participación a la sociedad, a efecto de que sean escuchados de manera efectiva en los procesos legislativos, actividad que es de suma injerencia en la vida política, social y política del país.

La participación ciudadana que se propone en la presente iniciativa de ley, lo es mediante la Audiencia Pública, como un instrumento principal de los regímenes democráticos participativos. La Audiencia Pública pasa a ser un excelente espacio de encuentro entre asociaciones, organizaciones civiles especializadas, Universidades y sociedad en general, en las distintas temáticas de preocupación social, económica, sociológica, jurídica, cultural y política, tanto en el sector privado, en las instituciones técnicas y las autoridades gubernamentales. Es ahí donde puede presentarse, con absoluta libertad, las perspectivas tanto individuales como grupales o colectivas sobre el futuro del país, máxime que podrá dar la oportunidad de manifestar las interpretaciones colectivas y particulares sobre las soluciones y decisiones que se plantean a un problema determinado.

La audiencia pública es la instancia de participación de la ciudadanía en el proceso de decisión legislativo, destinada a conocer la opinión de los ciudadanos y/o asociaciones sobre el asunto objeto de una convocatoria. El objetivo de esta instancia consiste en que la autoridad responsable de tomar la decisión legislativa, tenga acceso a diversas opiniones, de forma simultánea y a través del contacto directo con los interesados, con el fin de llegar a una decisión consensuada con todos los sectores de la sociedad. Por tanto, la finalidad de las audiencias públicas radica en que todo asunto de interés general o particular para ciertos sectores, amerite que la ciudadanía sea escuchada y que esa opinión sea tomada en cuenta al momento de dictaminar algún proyecto de iniciativa de ley.

Por tanto, es necesario expresar que la Audiencia Pública es una reunión formal que crea obligaciones y genera responsabilidades. Es un encuentro circunscripto dentro de un procedimiento de toma de decisiones públicas. La Audiencia Pública es uno de los instrumentos principales de los regímenes democráticos participativos, convirtiéndose en un excelente espacio de encuentro entre ciudadanos, organizaciones civiles especializadas en las distintas temáticas, tanto en el sector privado, en las instituciones técnicas y las autoridades gubernamentales. De hecho, la Audiencia Pública puede configurar la oportunidad institucional más importante para garantizar el máximo flujo informativo posible entre actores de la sociedad y sus propias autoridades en relación a una decisión acotada.

En ese sentido, las audiencias públicas representan la oportunidad de consulta para el conocimiento teórico y la experiencia práctica de la ciudadanía en general; binomio que deben ser capitalizados y reflejados por las autoridades en los procesos de toma de decisiones cotidianas al alcance general, comunitario o colectivo. De este modo, la participación en las audiencias públicas tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad y a la cabal fundamentación de las decisiones que adopte el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que una vez institucionalizado este mecanismo de participación ciudadana, su convocatoria puede ser obligatoria bajo determinantes circunstancias y la falta de celebración de estas puede ser causa de nulidad de la decisión aprobada por alguna de las Cámaras del Congreso.

El propósito de una audiencia pública no es generar un espacio para el debate entre los distintos actores de sociedad, sino facilitar el diálogo entre los participantes. Claro está que la convocatoria de audiencias públicas estimula la celebración previa, coetánea y posterior de múltiples debates que alimentan su proceso preparatorio y contribuyen a una mejor calidad de participación cívica de los distintos participantes.

Las opiniones que se expresan en las audiencias públicas son vinculantes para las autoridades convocantes, ni siquiera en el supuesto de que existan puntos de vista mayoritarios. Este mecanismo no es un instrumento para remplazar a las autoridades gubernamentales debidamente constituidas. Más bien, se trata de un mecanismo que permita a los habitantes contribuir a la calidad de las decisiones públicas gracias a la presentación simultánea de perspectivas y conocimientos provenientes de un amplio y diverso espectro de actores.

Las audiencias públicas son una instancia para transmitir a las autoridades convocantes responsables de una futura decisión, las perspectivas, experiencias, conocimientos e informaciones pertinentes que hacen al conocimiento sustantivo de la misma. Por ejemplo, si se trata de decidir sobre la reforma a las leyes en materia laboral, la Audiencia Pública debe brindar la oportunidad para que coaliciones o sindicatos de trabajadores, especialistas, académicos y diversos interesados expresen sus distintas posiciones posibles; su beneplácito o no a las reformas propuestas y el alcance que las mismas tendrán en la vida económica y social del país, tendrán una mayor legitimidad.

Al participar en audiencias públicas, el ciudadano puede conocer a otros que compartan las mismas ideas o entender las divergentes. En consecuencia, la Audiencia Pública se convierte en una oportunidad para integrarse en grupos de afinidad. Pero además para escuchar las perspectivas de aquellos que tienen puntos de vista contrarios y que priorizan otros valores. De ese modo, la audiencia facilita la comprensión de las diferencias y promueve la tolerancia.

El objeto de las audiencias públicas es fortalecer el proceso de democratización, apoyando iniciativas que promuevan un mejor nivel de gobernabilidad e institucionalidad democrática en el ámbito nacional. Las audiencias públicas pueden permitir que los legisladores escuchen y comprendan la diversidad de prioridades de una población donde algunos jerarquicen las consideraciones socio-jurídicas, y otros, las económicas.

Como parte de los beneficios de las audiencias públicas, se busca colaborar con el mejoramiento del marco legislativo y regulador, mediante el apoyo a las iniciativas que contribuyan al proceso de reforma del Estado, a criterio de los propios legisladores, otros actores parlamentarios y de la sociedad, por lo que la inclusión del mecanismo de participación ciudadana en comento puede contribuir a la modernización de la gestión legislativa.

Las audiencias públicas pueden convertirse en un elemento fundamental del trabajo parlamentario, sobre todo en el ámbito del procedimiento legislativo, hace unos años era inimaginable hablar de las audiencias públicas como un mecanismo necesario dentro de la vida parlamentaria, específicamente en la legislativa. Basta reconocer que la existencia de un Cuerpo Legislativo, como órgano representativo de la nación cuyos miembros no están sujetos a mandato imperativo, era suficiente para garantizar una representación que actuaba en beneficio de los intereses y de las demandas de los ciudadanos. Hoy, en cambio, por efecto del desarrollo de las comunicaciones y una singular toma de conciencia sobre sus derechos, los ciudadanos, tienen más opciones para obtener información, exigiendo que, entre otras instituciones, el Poder Legislativo también sea transparente y los escuche, que no se olvide de ellos después de las elecciones. La democracia representativa tiende a convertirse en una democracia participativa, pero sin herir la sustancia misma de la institución parlamentaria como entidad legitima de toma de decisiones en nombre y para beneficio del país.

Es cierto que en algunos temas, el Congreso de la Unión convoca a audiencias públicas sobre ciertos temas generales, sin que en ningún momento sean vinculatorias; sin embargo, el hecho de que las audiencias siempre tienen un costo, es por ello que se aconseja que se limiten al procedimiento legislativo y, en concreto, a la etapa de estudio de las proposiciones por las diversas Comisiones Legislativas.

Sin embargo, tampoco se trata como alternativa, de priorizar exclusivamente algún tema. Para que ello no ocurra, debe garantizarse el encuentro de la mayor diversidad de actores sociales, el consenso es una de las piezas claves para la aplicación exitosa de cualquier decisión pública, teniendo en cuenta que se trata de una esfera de preocupación que compromete a todos, la aquiescencia de cada uno de los destinatarios de la política y la norma es la condición para garantizar el objetivo perseguido. Por ello, es fundamental que todos puedan participar desde el inicio del proceso de toma de decisiones y no que vean las normas como resultado de hechos ya consumados y adoptados por autoridades a las que se les ven alejadas de la sociedad.

Sin embargo, no es posible que cada individuo u organización opine del mismo modo. La Audiencia Pública permite que los ciudadanos comprendan cuáles son los puntos comunes de opinión generalizada y observen como sus legisladores construyen sus propuestas a partir de ellos. Esos consensos son los elementos de éxito para estructurar cualquier propuesta política o normativa que aspire tener legitimidad, una vez aprobada.

Los mecanismos de participación ciudadana, presentan las oportunidades para comunicarse con los diversos actores sociales y políticos, dado que las decisiones públicas socio-jurídicas pueden involucrar a la totalidad de los interesados sociales, las audiencias públicas permiten que las autoridades entren en contacto con el mayor flujo informativo. Cualquier persona, organización pública, organización cívica e instituciones educativas, pueden dar sus perspectivas a las autoridades legislativas e introducir su análisis en las instancias de planteamiento que envuelva el proceso de análisis de los proyectos de iniciativa. Lo anterior permite que las autoridades legislativas no sean influenciadas exclusivamente por las opiniones sesgadas de algunos sectores, custodiando la protección de lo colectivo frente a lo sectorial o individual.

Las audiencias públicas permiten la recuperación de la credibilidad social de Diputados y Senadores, objetivo prioritario en el proceso de consolidación de la democracia, dando apertura a los procesos de toma de decisiones, creación, derogación y reforma de las leyes, ofreciendo a los integrantes del Congreso de la Unión, la posibilidad de una actuación clara y transparente. En su ámbito, cualquiera puede alegar información no completa y exigir su consideración o su desestimación fundamentada. Para los legisladores del Congreso de la Unión, esta modalidad es una renovada oportunidad para construir su propia credibilidad política y social. De alguna manera, los legisladores que estén dentro de cualquier Comisión, deben estar abiertos a cualquier cuestionamiento proveniente de la sociedad en relación a un proyecto normativo, demostrando a la ciudadanía su voluntad de actuar con transparencia y responder al conjunto completo de preocupaciones colectivas.

El gran desafió actual es saber ¿cómo hacen los legisladores del Congreso de la Unión para articular el universo de información y conocimiento en función de una decisión especifica? Para ello la propuesta de la presente, es la implementación de un mecanismo de participación ciudadano de audiencias públicas que ayuden enormemente a los legisladores, principalmente por las razones siguientes:

A). Frente a la versión inicial de un proyecto normativo, las contribuciones del público se ordena a partir del texto y la estructura propuesta evitando así el agobio informativo inconducente;

B). Las opiniones de los participantes pueden contribuir con textos alternativos al articulado o a la fundamentación de las propuestas para expresar sus perspectivas, colaborando de este modo con la tarea normativa de los legisladores.

Este tipo de mecanismos permiten que los legisladores aprendan sobre la opinión de la gente a partir de los proyectos específicos, evitando demoras causadas por el exceso de información.

De acuerdo a la teoría, las audiencias públicas Legislativas, se han dividido, conforme a los criterios siguientes:

a) Según el carácter:

• Según los convocados.

• Según los convocantes.

• Según la forma de participación.

• Según la metodología en general.

b) Según el tipo:

• Abierta; cerrada y especial.

• Individual y conjunta.

• Directa, virtual y mixta.

• Ordinaria y audiencia de taller.

De acuerdo al primer criterio, las audiencias públicas según los convocados, pueden ser abiertas, que son aquellas donde acuden al Congreso, especialistas y ciudadanos en general; cerradas, intervienen sólo especialistas o sólo afectados; y por último las especiales, en las que intervienen autoridades federales y locales que se vean involucradas con el tema.

Según los convocantes, las audiencias públicas pueden ser convocadas por una sola comisión, por tanto son individuales; cuando es convocada por más de una comisión se le conocemos como conjunta.

Según la forma de participación, son directas, virtuales y mixtas; las primeras participan convocados y convocantes, (ciudadanos, especialistas y comisiones); las segundas, se desarrollan mediante teleconferencias o en ambiente Internet; por último, las mixtas se realizan en forma directa y virtual a la vez.

Por último, según la metodología en general, las que se desarrollan según el modelo general de audiencia, se les conoce como ordinarias; y las que añaden la realización de talleres temáticos, se denominan audiencia taller.

Las audiencias públicas sirven para que los legisladores, expliquen a la ciudadanía cual es espíritu, la fundamentación de las normas propuestas y cuáles son sus competencias en la materia de acuerdo a su interpretación de la ley; permiten analizar que otras instituciones pueden ayudar a responder las preocupaciones identificadas; y comunicar la gestión operativa y facilitadora, que proponga. Así mismo da la oportunidad de organizarse para tomar parte activa en el desarrollo del Proceso Legislativo.

Las audiencias públicas permiten que los legisladores y la ciudadanía se conviertan en verdaderos “interlocutores” cotidianos, preservando durante sus mandatos la legitimidad que tanto se reclama desde la sociedad actual.

A los fines de otorgar efectos jurídicos a las audiencias públicas, las distintas legislaciones de la democracia participativas han incluido al menos dos tipos de exigencias:

a) La obligatoriedad de celebrar audiencias públicas previas a determinadas decisiones por parte de las autoridades responsables.

b) La obligatoriedad de fundamentar desistimientos de opiniones vertidas por los participantes en caso de no tomarlas en cuenta.

Mientras que lo primero garantiza que el ciudadano podrá contar con el espacio para ofrecer su punto de vista respecto de una posible decisión pública, lo segundo asegura que las opiniones expresadas en las audiencias públicas deban ser consideradas seriamente. En el supuesto de que se crea que éstas sean pertinentes, deben ofrecer debidamente los justificativos del caso y fundamentar su apartamiento.

Según el régimen, las audiencias públicas están abiertas a las categorías de personas siguientes:

• Toda persona con ciudadanía o residencia del Estado en donde se celebre la Audiencia Pública;

• Cualquier persona que se vea afectada directamente o indirectamente, en su propiedad, salud o calidad de vida;

• Los sectores regulados por la norma propuesta;

• Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto social sea el tema tratado por la Audiencia Pública;

• Asociaciones Profesionales;

• Asociaciones Empresariales;

• Autoridades públicas de otras jurisdicciones, potencialmente afectadas por la propuesta de decisión.

• Instituciones educativas.

Metodología y aplicación de las audiencias públicas como mecanismo de participación ciudadana.

Si bien cada país tiene su propia organización política y legislativa, así como sus propios rasgos culturales que caracterizan su quehacer político-institucional, su soberanía y con ello autonomía constitucional, hay elementos comunes en la forma y el contenido de las audiencias públicas. Y no existe, por cierto, un modelo acabado y universalmente aceptado. Cada Congreso Federal o Parlamento ha de encontrar en el camino cuál debe ser la forma y el contenido de sus procedimientos, y entre ellos el que corresponde a las audiencias públicas.

La metodología y aplicación, que a continuación se presenta, tiene la pretensión de no ser documentos acabados; aunque también se trata de documentos abiertos a la crítica y al cambio según la experiencia de su aplicación, de una propuesta analizada y validada por quienes viven la realidad de la vida política y legislativa mexicana.

Condiciones previas y reglas generales aplicables a las audiencias públicas.

a) Condiciones generales previas.

1. Difusión, desarrollo e incorporación de información de audiencias públicas como mecanismo de Participación Ciudadana dentro de las Cámaras del Congreso de la Unión.

2. Elaboración de una base de datos multidisciplinaria de instituciones públicas y privadas, y especialistas en las diversas materias correspondientes a los temas asignados a las Comisiones.

3. Previsión y asignación de recursos presupuestarios y capacitación y asignación de personal responsable de la convocatoria, la organización, desarrollo, difusión y seguimiento de las audiencias públicas.

b) Reglas generales aplicables.

1. Las audiencias públicas deben tener carácter de obligatorias en aquellos temas de interés social, económico, político y jurídico, y ser convocadas por la Mesa Directiva de las Cámaras y las Comisiones. Cuando se trate de asuntos generales o proyectos de leyes de alto impacto lo podrá hacer el Presidente de cada Cámara. Cuando se trate de asuntos o proyectos de carácter político de interés nacional la convocatoria podrá hacer los Presidentes de la Juntas de Coordinación Política. En los demás casos lo hará la Comisión competente sobre el tema sometido a estudio.

2. Las audiencias públicas deben ser convocadas por las Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a través de los medios de comunicación de los que disponga para tal efecto.

3. Cuando el o los proyectos materia de la convocatoria se encuentren en estudio en más de una Comisión, éstas, por economía procesal y eficiencia en la administración de los recursos asignados, deben intentar realizar la audiencia pública en forma conjunta, para lo cual deben acordar la modalidad de su ejecución.

4. Las audiencias públicas deben regirse por los principios de igualdad, formalidad, respeto mutuo y disciplina, búsqueda de consenso, economía procesal, simplicidad, información, objetividad, no discriminación, eficiencia y publicidad.

5. Las audiencias públicas pueden desarrollarse en un solo acto o, en forma continuada, en distintos actos, pero lo recomendable es que se desarrollen en la menor cantidad posible de actos, de preferencia uno solo.

6. Las audiencias públicas deben ser convocadas y dirigidas por quien preside la Comisión que las promueve o quien lo represente. En caso de convocatoria conjunta, se debe acordar quién preside la audiencia pública.

7. Las audiencias públicas deben tener efecto vinculante con respecto a los convocantes, caso contrario, se deberá fundar y motivar la negativa de vinculación y sólo se dará cuenta de ellas en el respectivo dictamen.

8. En el acta respectiva se debe asentar obligatoriamente una síntesis de sus resultados, debiéndose facilitar copia del expediente completo a los Diputados o Senadores que lo soliciten antes de que el proyecto materia de la audiencia sea debatido por el Pleno de la Cámara respectiva.

9. Los documentos de las audiencias públicas deben formar parte de los expedientes de las leyes para las que fueron convocadas en la etapa de estudio de los respectivos proyectos de ley y se archivan con aquellos.

10. Las audiencias públicas se pueden desarrollar en la sede de la Cámara a la que pertenece la Comisión u órgano que las promueve y convoca. También pueden de-sarrollarse en forma descentralizada en los Estados y municipios, siempre que para ello no se afecte el presupuesto asignado, así como en forma virtual a través de medios electrónicos.

11. Las Mesas de las Cámaras pueden disponer, a propuesta de las Comisiones u órganos respectivos y con el debido fundamento, la prohibición temporal o permanente de participar en audiencias públicas a las personas y representantes de instituciones que, en forma reiterada, durante su participación hubieren obstaculizado el desarrollo de una o varias audiencias públicas.

Esquema General del Procedimiento de audiencias públicas.

a) Preparación.

1. Determinación del objeto y carácter de audiencia pública (abierta, cerrada, especial, individual, conjunta, directa, virtual, mixta, ordinaria y audiencia - taller).

2. Determinación de necesidades logísticas (local, muebles, equipos informáticos y audiovisuales, copias y equipos de reproducción de documentos, traslados).

3. Acuerdo para realización de la audiencia pública (individual, conjunto).

b) Convocatoria.

1. Convocatoria formal (cerrada por nota, telegrama u oficio, abierta por aviso, mixta).

2. Proceso de inscripción (directo, telefónico, electrónico).

3. Recibo de opiniones previas (por mesa de entrada de la Cámara o de Comisión, por correo regular o electrónico).

4. Confirmación de asistencia (activa, pasiva, mixta).

5. Comprobación de necesidades logísticas (recursos humanos, local, muebles, equipos informáticos y audiovisuales, copias y equipos de reproducción de documentos).

6. Postergación y Suspensión (por falta de confirmación de asistencia, por cambio de carácter, por razones de fuerza mayor).

7. Integración de información previa.

c) Desarrollo.

1. Ingreso de participantes, entrega y presentación de documentos y ubicación (identificación, acreditación, copia de proyectos o documentos de parte de los participantes, síntesis de temas, reglas).

2. Apertura.

3. Exposición del objeto y las reglas.

4. Intervenciones y moderación (orden, tiempo, réplicas).

5. Cierre

d) Sistematización y síntesis de resultados.

1. Trascripción de la audiencia y edición del video (si lo hubiera).

2. Sistematización de aportes y síntesis de resultados.

3. Elaboración del acta de la audiencia.

4. Inserción de los aportes en el dictamen.

e) Difusión.

1. Envío del acta de la audiencia a los miembros de las Cámaras y a los participantes.

2. Publicación del acta de la audiencia en la Internet (temporal).

3. Publicación del acta de la audiencia por medio de folletos (opcional).

f) Seguimiento y evaluación.

1. Estudio y comprobación del impacto de los aportes de las audiencias públicas durante el debate y la aprobación de los proyectos de ley.

2. Recomendaciones para mejorar el desarrollo y el impacto de las audiencias públicas en el procedimiento legislativo.

Desarrollo de la Audiencia Pública.

A) Requisitos previos: Previsión de asistencia, comprobación de necesidades logísticas y formato de integración de la información previa.

b) Ingreso de participantes, acreditación, entrega y recepción de documentos y ubicación.

1. El día fijado para la audiencia, el personal de apoyo debe llegar por lo menos una hora antes, con la finalidad de resolver cualquier problema de último momento. Los muebles y equipos deben ser instalados de preferencia el día anterior o, si la audiencia se desarrolla por la tarde, durante la mañana.

2. Los legisladores deberán llegar por lo menos quince minutos antes de la hora fijada para el inicio de la audiencia, con la finalidad de instalar la Mesa a tiempo.

3. Sobre todo en el caso de audiencias abiertas, los especialistas, las autoridades invitadas y los representantes de gremios u organizaciones, debidamente acreditados, deben ser citados entre quince y treinta minutos antes de la hora fijada para el inicio de la audiencia, con la finalidad de que puedan ser ubicados en forma conveniente y recibir las instrucciones especiales, si las hubiera.

4. Todos los participantes deben recibir una carpeta de documentos que contenga por lo menos una copia del o de los proyectos de ley materia de la audiencia y uno o varios formatos para opiniones por escrito. Es deseable también que se entregue una hoja de reglas (desarrollar) y, de ser posible, una síntesis de los temas controvertidos y las opiniones previas. Igualmente podrán presentar las propuestas sobre el o los proyectos de ley materia de la audiencia, por escrito y con los fundamentos y documentos pertinentes.

5. En la Mesa central deben tomar asiento los diputados miembros de la o de las Comisiones que convocan. Quien debe presidir la audiencia se ubica en el centro. De ser demasiados, la o las Comisiones deben definir en forma previa quiénes de sus miembros ocuparán la Mesa, el resto se ubica en la primera fila de asistentes, junto con los demás diputados que deciden asistir a la audiencia. Asimismo, en el caso de audiencias descentralizadas en los Estados o municipios, se reserva una ubicación especial, al lado del presidente, para la máxima autoridad local.

6. También, por decisión de la Comisión, se puede ubicar en los extremos de la Mesa a uno o varios especialistas, luego de los diputados.

7. Los demás participantes se ubican en los asientos dispuestos para el auditorio. Las primeras filas se reservan para los legisladores que no integran la Mesa, otras autoridades invitadas y los especialistas; luego, los demás invitados, que deben ser ubicados según su orden de ingreso. Sin embargo, después del inicio de la audiencia, los lugares reservados deben perder esa condición.

8. A los ciudadanos que enviaron opiniones previas, así como a los representantes de gremios u organizaciones vinculadas con el tema central de la audiencia, se les puede entregar una tarjeta de color para identificarlos y darles preferencia en el uso de la palabra.

9. Asimismo, se debe prever una ubicación adecuada para los cronistas parlamentarios y periodistas.

c) Apertura y exposición del objeto de la audiencia y de las reglas

1. Una vez ubicados los asistentes, el presidente saluda y declara abierta la audiencia pública, expone su objeto, puede hacer una referencia sobre el material entregado y explica las reglas a seguir y fija el tiempo de duración si éste no se hubiere fijado en la convocatoria (esta presentación no debe durar más de quince minutos).

2. El presidente da el uso de la palabra, según las reglas establecidas (salvo acuerdo distinto, no más de quince minutos a los especialistas ni más de diez minutos a los demás asistentes). Los legisladores pueden intervenir para aclarar las opiniones de los participantes por no más de diez minutos (las audiencias se convocan principalmente para que los parlamentarios escuchen y no necesariamente para que sean escuchados). Se da la palabra en orden de inscripción. Quienes no alcanzan un turno pueden entregar sus opiniones por escrito.

3. Cualquier modificación de los tiempos asignados es resuelta por la Mesa, dependiendo de la evolución de la audiencia.

4. Sólo se pueden admitir réplicas directas por no más de un minuto cuando, según las circunstancias, la Mesa lo estime conveniente para los fines de la audiencia.

5. Cinco minutos antes de la hora fijada para el término de la audiencia, el presidente da por terminadas las intervenciones, agradece a los participantes y declara levantada la reunión.

Sistematización y síntesis de resultados de la Audiencia Pública.

a) Transcripción de la audiencia y edición del vídeo:

1. La audiencia grabada debe ser transcrita en el tiempo más breve posible; sin embargo, si la urgencia lo amerita o por alguna razón la audiencia no es grabada, puede obviarse la transcripción y recurrir al acta que debe elaborar el asistente.

2. Si se hubiese grabado la audiencia en formato de vídeo, éste debe ser catalogado y archivado y, de considerarse conveniente o útil, editarse con fines de divulgación.

b) Sistematización de aportes y síntesis de resultados:

1. El asistente, bajo supervisión del Senador o del Diputado que presida, debe sistematizar todos los aportes hechos por los participantes, tanto los orales como escritos –incluyendo las opiniones previas–, con la finalidad de elaborar una síntesis y el acta de la audiencia.

2. La sistematización de resultados debe iniciarse con la identificación de las ideas u opiniones generales sobre la ley, luego se hace el examen de los aportes relativos a los puntos controvertidos planteados, enseguida se procede a sistematizar las intervenciones sobre los artículos y, finalmente, las opiniones que contengan propuestas precisas sobre puntos nuevos relacionados con el proyecto de ley. Se debe dar preferencia a los aportes de los especialistas y de las autoridades o los gremios o instituciones sobre las opiniones individuales.

3. La síntesis de resultados se hará según el formato previsto para esa finalidad.

c) Elaboración del acta de la audiencia:

1. El asistente debe elaborar el acta de la audiencia pública según la síntesis de resultados.

2. El acta debe contener por los menos los siguientes datos: a) Fecha, hora y lugar de la audiencia; b) nombres de los senadores o diputados y de los especialistas y las autoridades invitadas que asistieron; c) número de ciudadanos participantes; d) constancia de la apertura y la exposición de reglas; e) síntesis de los aportes generales; f) síntesis de los aportes sobre los puntos controvertidos; g) síntesis de los aportes sobre artículos y otros; h) hora y constancia del cierre; y i) firma del presidente, del asistente (al margen) y de los miembros de la Mesa. En todos los casos se adjuntarán los documentos presentados (opcional).

d) Inserción de los aportes en el dictamen (incorporación de información):

1. El asistente o el funcionario responsable de la Comisión debe insertar en el dictamen los aportes de la audiencia pública.

2. En el caso de los senadores o diputados miembros de la respectiva Comisión que anuncien la presentación de dictamen en minoría, la inserción de los aportes es opcional; sin embargo, si el senador o diputado con opinión minoritaria hubiere estado presente durante toda la audiencia, está obligado a hacer la inserción de aportes en su dictamen discrepante.

Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la unión, la siguiente iniciativa de

Decreto que adiciona el Título Sexto, Capítulo Único, artículos 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título SextoDe las Audiencias Públicas en las Comisiones del Congreso de la Unión

Capítulo Único

Artículo 136.

1. El presente título regula el proceso de preparación, convocatoria, desarrollo, incorporación de información, difusión y estudio sobre las audiencias públicas en el proceso legislativo de las Comisiones del Congreso de la Unión.

Artículo 137.

1. Las audiencias públicas son reuniones convocadas por las Comisiones parlamentarias, con la finalidad de recibir informes y escuchar opiniones de las ciudadanas y los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los expertos, las entidades públicas y privadas, instituciones educativas, la autoridades y los funcionarios de la administración pública, sobre el contenido de uno o varios asuntos o proyectos de ley cuyo estudio o dictamen les compete o son calificados como prioritarios dentro de la agenda política nacional.

Artículo 138.

1. Las audiencias públicas tienen carácter de obligatorio dentro del procedimiento legislativo en aquellos asuntos de trascendencia social, política, jurídica y económica, su efecto vinculante está limitado a la incorporación de la información obtenida en ellas dentro de los documentos legislativos propios del proceso de formación de las leyes, a efecto de que sean conocidos, debatidos y en su caso, aprobados, por los legisladores del Congreso de la Unión.

2. Las audiencias públicas se rigen por los principios de igualdad, formalidad, respeto mutuo y disciplina, búsqueda del consenso, economía procesal, simplicidad, información, objetividad, eficiencia y publicidad.

Artículo 139.

1. Las audiencias públicas se convocan en la etapa de estudio y dictamen de los proyectos de ley por la Comisiones y, en casos especiales, por la Mesa Directiva de la Legislatura, por iniciativa de estos órganos o de los ciudadanos o sus organizaciones representativas. Son convocadas y dirigidas por quien preside el órgano que la convoca o quien lo represente. En caso de convocatoria conjunta, por acuerdo se puede alternar la dirección o encargarla a quien presida o represente a una de las Comisiones convocantes.

2. Las convocatorias podrán ser abiertas que son aquellas donde acuden todo tipo de ciudadanos en general; cerradas, en las que sólo intervienen especialistas o afectados; y por último, las especiales son las que intervienen autoridades federales y locales, instituciones educativas, asociaciones, sindicatos, entre otros, y que se vean involucradas con el tema.

3. Las convocatorias deberán hacerse mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, así como en las páginas electrónicas de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión y en por lo menos dos principales diarios de circulación nacional, en las cuales se contendrá el objeto de la convocatoria, el tema a tratar, el lugar y la hora a verificarse, así como los requisitos mínimos de inscripción a efecto de poder participar en la audiencia pública.

Artículo 140.

1. Las audiencias públicas se desarrollarán regularmente en la sede de las Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, según la materia por las que son convocadas o sus características especiales, pueden realizarse en sedes distintas, pudiendo ser en las Entidades Federativas o los municipios.

Artículo 141.

1. El o los funcionarios de la Comisión Legislativa responsables de la audiencia pública, tienen la obligación de prever y comprobar los requerimientos logísticos para la realización de las mismas, así como tomar las previsiones necesarias para garantizar la inscripción, participación y el recibo de información por los interesados.

Artículo 142.

1. Antes de la fecha prevista para el desarrollo de las audiencias el o los funcionarios de la Comisión responsables deben integrar la información recibida y compilada, con la finalidad de facilitar la dirección y el logro del objetivo de las audiencias, así como poner esa información a disposición de quien deba presidir la audiencia y de los parlamentarios que la soliciten.

Artículo 143.

1. Las audiencias públicas pueden ser postergadas o suspendidas. La postergación implica aviso previo y motivación justa, además de la obligación de fijar nueva fecha. La suspensión puede ser temporal o permanente. Ambas sólo pueden ser justificadas por razones de fuerza mayor o cambio evidente de las circunstancias que motivaron la convocatoria de la audiencia. La suspensión declarada temporal obliga a fijar nueva fecha para realizar la audiencia, salvo que luego se declare la suspensión permanente.

Artículo 144.

1. Las audiencias públicas se desarrollan de acuerdo al procedimiento siguiente:

a) Quien o quienes presidan la audiencia, expondrán de manera breve y substancial el proyecto de reforma que sea el tema objeto de la audiencia pública; exponiendo los argumentos a favor y en contra que tenga la Comisión Legislativa de que se trate.

b) Se dará uso de la voz a los participantes que se hayan registrado previamente, limitando su participación de acuerdo al número de asistentes; durante su intervención deberán exponer los argumentos a favor o en contra del proyecto de dictamen, sustentando sus posturas con datos, documentos o estudios.

c) Una vez que los participantes hayan tenido su intervención, se abrirá un debate a efecto de aclarar los puntos controvertidos, dicho debate será moderado por quien dirija la audiencia.

d) Una vez concluida la audiencia o las audiencias, según sea el caso, los resultados, que comprende la trascripción de la grabación de la audiencia, la sistematización de aportes y las síntesis de resultados, se elabora una acta, la cual deberá ser inserta en el dictamen que formule la Comisión.

e) La difusión de la audiencia pública comprenderá el envío de una copia del acta a los miembros de la Comisión y a los participantes que así lo requieran, la publicación del acta en Internet.

2. Las audiencias públicas pueden desarrollarse en un solo acto o, en forma continuada, cuando el asunto así lo amerite.

Artículo 145.

1. Se constituye una Comisión Técnica de Alto Nivel, integrada y presidida en forma alterna por los Secretarios Técnicos de las Comisiones, o los funcionarios que los representen, así como por otros cuatro funcionarios, dos por cada una de las Cámaras, con la finalidad de que supervise el cumplimiento de este título y evalúe la aplicación del mismo.

2. La Comisión Técnica de Alto Nivel debe informar, a la Mesa de cada una de las Comisiones y con periodicidad mensual, sobre los resultados de la aplicación de este título.

Artículo 146.

1. Quienes participan en las audiencias públicas tienen la obligación de actuar con respeto al Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos y sus miembros, como a los demás participantes. Las conductas reiteradas que impidan u obstaculicen el desarrollo de una audiencia o de varias audiencias, pueden ser sancionadas con retiro de la sala o prohibición temporal o permanente de participación futura, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar de acuerdo con la gravedad de la falta.

2. Los participantes deben ceñirse a la materia de la audiencia y dirigirse a los demás a través de Mesa. En toda audiencia se prohíbe el diálogo entre los participantes, sin perjuicio de que se haga referencia directa a las distintas intervenciones.

Artículo 147.

1. El órgano que convoque a las audiencias públicas podrá establecer, según las circunstancias, las reglas especiales aplicables en las diversas etapas y actividades relativas a las audiencias públicas, desde su convocatoria hasta la elaboración del acta, comunicando sus decisiones a la Comisión Técnica de Alto Nivel.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 18 de septiembre de 2012.— Diputada María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada Martínez Santillán. Se turna la iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.

ARTICULOS 6o. Y 105 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Previo al tema, le tomamos la palabra diputado Monreal; en los hechos se denota, la única coordinadora del grupo parlamentario es la coordinadora de Nueva Alianza. Exijamos la equidad, pero también exijamos la pluralidad en la integración de las comisiones.

En cuanto al tema, compañeras y compañeros diputados, la democracia es un privilegio que nos ha costado mucho construir; las condiciones de igualdad, libertad y civilidad han avanzado paulatinamente dentro de una vorágine de intereses particulares; la historia de México se puede resumir en lucha por estos valores democráticos.

Se ha potencializado el voto como legítima expresión de la renovación pacífica de los Poderes Ejecutivos y Legislativos; se han ensanchado la expresión pública, se ha generado espacios de participación vecinal o comunitaria, ahora es momento de acrecentar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como forma de participación ciudadana que coadyuve bidireccionalmente, de manera corresponsable, en el ejercicio de la función pública.

En 2002 fue aprobada por esta soberanía la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta norma estableció como principio que la información del Estado debe ser pública, siempre y cuando no ponga en riesgo su soberanía.

A pesar de este importante avance las condiciones no fueron generales ni equitativas en todos los estados del país; de ello se motivó una nueva reforma constitucional en el 2007, que estableció principios básicos, pues si bien en todas las entidades de la República ya se contaba con una Ley de Transparencia, se presentó una marcada heterogeneidad en sus contenidos.

Estas diferencias significaron un desfase en cuanto al cumplimiento del derecho fundamental expresado en el artículo 6o. constitucional, ya que daba la impresión de que la información era patrimonio de los servidores públicos.

En este sentido, es importante resaltar que un gobierno democrático rinde cuentas debido a que expresa sus actividades ante los ciudadanos y es transparente cuando muestra la información que los servidores públicos generan; sin embargo, la ciudadanía no ejerce su derecho de acceso a la misma; se entiende, porque aún persisten restricciones importantes en la materia.

En Nueva Alianza asumimos que la información debe ser un instrumento de empoderamiento para los ciudadanos, dado que estos pueden someter a escrutinio las labores de las instituciones públicas.

En la actualidad la transparencia y el acceso a la información pública representan un elemento primordial para paliar el flagelo de la corrupción, evaluar el desempeño gubernamental, mejorar el manejo de datos y mantener un contacto recíproco entre servidores públicos y ciudadanos.

Lo anterior solo es posible sobre la base del esclarecimiento de las actividades realizadas, el proceso de toma de decisiones, el uso de los recursos y los resultados obtenidos.

Compañeras y compañeros legisladores, es inaplazable abrir la caja negra que hasta ahora ha sido la información pública gubernamental y hacer de ella una caja de cristal, en la que los ciudadanos puedan evaluar el desempeño de las instituciones del Estado.

En este sentido, la iniciativa tiene el objetivo de garantizar el derecho al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas; por ello, consideramos fundamental otorgarle autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, con la finalidad de garantizar plenamente su funcionamiento y la independencia de sus decisiones como órgano colegiado, de manera que el IFAI no estará sujeto a eventuales presiones o amenazas por las instancias de la administración pública.

Se presenta ante nosotros la oportunidad de dar un paso histórico en el proceso de consolidación democrática; el otorgar plena autonomía constitucional a un órgano del Estado que garantice el pleno acceso a la información pública gubernamental es, sin duda, un derecho que debe ejercer la ciudadanía para participar autónomamente en la gestión pública.

Compañeras y compañeros legisladores, se trata de abonar a un verdadero ejercicio de participación ciudadana, constructora de una nueva visión de la democracia que se convierta en un componente indispensable de legalidad y legitimidad. Es cuanto.

Señor presidente, solicitaría la inserción íntegra en el Diario de los Debates de la iniciativa; es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 6o. y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Las diputadas y los diputados Lucila Garfias Gutiérrez, René Ricardo Fujiwara Montelongo, María Sanjuana Cerda Franco, Sonia Rincón Chanona, Dora María Talamante Lemas, Cristina Olvera Barrios, Fernando Bribiesca Sahagún, Luis Antonio González Roldán, Angelino Caamal Mena y Rubén Benjamín Félix Hays, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de este pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 6o. y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Planteamiento del problema

El derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas en México, han recobrado su importancia en términos de eficacia funcional y de conveniencia para otorgarle autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) con la finalidad de garantizar plenamente su funcionamiento y la independencia de sus decisiones como órgano colegiado. Al respecto, la Comisionada Presidenta del IFAI Jacqueline Peschard, ha manifestadó que “la autonomía constitucional plena del IFAI es conveniente para dejar en claro a las instancias de la Administración Pública Federal que el Instituto no estará sujeto a eventuales presiones o amenazas y que si bien la ley y el marco jurídico, en general, resultan esenciales como medio para articular la defensa jurídica de una institución autónoma, también lo es la propia decisión de sus autoridades para asumirla y defenderla en los momentos en que se intenta vulnerarla. En el caso de las universidades públicas, el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estos órganos fueron dotados de autonomía después de su creación, es decir, ésta se les dio como una necesidad para el mejor desempeño de sus funciones sustantivas. Respecto del Instituto Federal Electoral (IFE), esta entidad nació con ciertos niveles de autonomía para el ejercicio de sus funciones y la toma de decisiones, aunque ésta se asentó después de varios años. Resulta imposible soslayar que su principal función y razón de ser, consiste en que se concibe como responsable del ejercicio de derechos específicos, mismos que tradicionalmente se vieron limitados por quien organizaba las elecciones, es decir el Gobierno”.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, resulta innegable que México ha dado pasos importantes en el fomento y promoción de la transparencia y el acceso a la información pública, encaminadas a fortalecer la confianza ciudadana en nuestras instituciones y la construcción de una cultura política de la rendición de cuentas. No obstante lo anterior, se coincide con la postura que en nuestro país, la transparencia y el derecho de acceso a la información pública no terminan por aceptarse como un derecho humano exigible en todo momento y sin necesidad de justificar las razones que lo motivan.

Desde 1977 en el escenario de la denominada Reforma Política de 1977, nuestro país inició formalmente la era de la transparencia al elevar a rango constitucional (DOF 16.12.1977) en el artículo 6o. el derecho a la información. Sin embargo, tuvieron que transcurrir 25 años más para que el Estado mexicano previera lo necesario para garantizar realmente el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal; la protección de datos personales en posesión de la administración pública; con el establecimiento de un órgano garante del ejecutivo federal denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y las causas de responsabilidad administrativa en que pueden incurrir los servidores públicos al incumplir disposiciones de este ordenamiento, aunque ejecutadas por el Órgano de Control Interno de cada poder. Lo anterior como parte del contenido de los 64 artículos y 11 transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) del 12 de junio de 2002.

A partir de esta ley reglamentaria, las 31 entidades y el Distrito Federal de la República, comienzan a publicar leyes en materia de transparencia, con el objeto de garantizar el acceso de toda persona a la información pública. Esta etapa se sintetiza con el concepto de federalismo de la transparencia ilustrado en la tabla y gráfica siguientes:

Con independencia del proceso de federalismo de la transparencia, la práctica del derecho de acceso a la información pública, evidenció una serie de deficiencias provocadas por la diversidad de leyes en nuestro país, –como la obligación de firma autógrafa en la solicitud de información y el recurso de revisión, imposibilidad de solicitar la información vía electrónica, la cantidad de causales de reserva para no entregar determinada información o la posibilidad de recurrir a los acuerdos de clasificación de la información, entre otras– que hacían a todas luces inaccesible el ejercicio del derecho a obtener información pública.

El 20 de julio de 2007 el Congreso de la Unión, aprobó la última reforma al artículo 6 constitucional con el objeto de plasmar los mínimos de transparencia y acceso a la información que deben reglamentarse en todo el país para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, los procedimientos de revisión expeditos que deberán sustanciarse ante órganos u organismos especializados e imparciales, con autonomía operativa, de gestión y de decisión así como los principios y bases que deberán observar en la materia la Federación, los Estados y el Distrito Federal.

El 5 de julio de 2010 se promulgó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, basada en la última reforma constitucional de 2007, con el objeto de proteger los datos personales en posesión de los particulares, a través de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, (artículo 1). Este ordenamiento reconoce al IFAI (artículo 38) como la autoridad encargada de difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar la debida observancia de las disposiciones previstas en sus 69 artículos y las que deriven de la misma; en particular, aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos regulados.

La difusión del conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, la divulgación de estándares y mejores prácticas internacionales en materia de seguridad de la información, la resolución de procedimientos de protección y de verificación de derechos así como la imposición de las sanciones correspondientes y la emisión de criterios y recomendaciones relacionados con la protección de datos personales, entre otras, ampliaron las competencias del IFAI, sin que por ello se haya modificado su estructura orgánica atendiendo a las nuevas funciones.

Argumentos

Paralelo a los avances alcanzados en materia de transparencia y de derecho de acceso a la información, se reconocen los retos pendientes que actualmente enfrenta el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) mismos que se circunscriben a la eficacia y efectividad del sistema de transparencia derivado de la naturaleza jurídica del órgano regulador.

A casi un lustro de vigencia de la última reforma al artículo 6o. Constitucional de 2007, se coincide con el criterio que el artículo citado actualmente resulta insuficiente para garantizar la imparcialidad de las decisiones del IFAI y la definitividad de sus resoluciones aunado a la heterogeneidad en el diseño y naturaleza jurídica de los órganos estatales.

En este marco, es necesario reconocer el desafío afrontado por las entidades federativas en materia de transparencia de formas diferentes. Por ello, únicamente 13 de éstas cuentan con un organismo autónomo por disposición constitucional y las 14 entidades federativas se crearon por disposición legal. Particularmente los órganos de Chiapas, Colima, Guanajuato, Zacatecas, incluyendo el de la Federación son organismos descentralizados de la administración pública y en el caso de Sonora, el órgano garante forma parte del Congreso del Estado. Ante el diseño heterogéneo de leyes estatales en México, existen leyes ejemplares en la materia, pero también ha dado lugar a disposiciones y prácticas que han debilitado o impulsado el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Sobre el diseño y características de los órganos constitucionales autónomos en México, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

Respecto a las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Asimismo, que a éstos se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano.

En materia de órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas, se ha pronunciado en el sentido que la incorporación de dichos órganos autónomos no es privativo del órgano reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión dado que conforme al régimen republicano, democrático y federal que establece la Norma Fundamental, los Estados de la República en uso de la libertad soberana de que gozan en su régimen interior pueden, según sus necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su desarrollo, así como para atribuirles facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y cuando no contravengan las estipulaciones del Pacto Federal.

Registro No. 170238

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVII, Febrero de 2008

Página: 1871

Tesis: P./J. 12/2008

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

Órganos constitucionales autónomos. Sus características.Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez.

El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho.

Ejecutoria:

Registro No. 19778

Asunto: Controversia constitucional 32/2005.

Promovente: Municipio de Guadalajara, estado de Jalisco.

Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, Octubre de 2006; Pág. 912;

Registro No. 172456

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXV, Mayo de 2007

Página: 1647

Tesis: P./J. 20/2007

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

Órganos constitucionales autónomos. Notas distintivas y características.El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.

Ejecutoria:

Registro No. 20102

Asunto: Controversia constitucional 31/2006.

Promovente: Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Abril de 2007; Pág. 1149;

Registro No. 170239

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVII, Febrero de 2008

Página: 1870

Tesis: P./J. 13/2008

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

Órganos autónomos estatales. Pueden establecerse en los regímenes locales.En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe precepto que autorice expresamente la creación de órganos constitucionales autónomos; sin embargo, atendiendo a la evolución de la teoría tradicional de la división de poderes en la que se ha dejado de concebir la organización del Estado derivada de los tres poderes tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que sin perder su esencia, ahora se considera como una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado, es como se ha permitido su existencia en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, sin que se advierta que la incorporación de dichos órganos autónomos sea privativa del órgano reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que conforme al régimen republicano, democrático y federal que establece la Norma Fundamental, los Estados de la República no están obligados a establecer, como órganos de poder, únicamente a los señalados en la Ley Suprema, puesto que en uso de la libertad soberana de que gozan en su régimen interior pueden, según sus necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su desarrollo, así como para atribuirles facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y cuando no contravengan las estipulaciones del Pacto Federal.

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez.

El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número 13/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho.

Ejecutoria:

Registro No. 19778

Asunto: Controversia constitucional 32/2005.

Promovente: Municipio de Guadalajara, estado de Jalisco.

Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXIV, Octubre de 2006; Pág. 912;

Por otro lado, el 16 de junio de 2010 el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa de reforma al artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de reconocer al Instituto Federal de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como un organismo constitucional autónomo, misma que fue Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, returnándose para dictaminarse de acuerdo con las nuevas reglas previstas en el Reglamento de la Cámara de Diputados el 01 de marzo de 2001 y finalmente prorrogada por 200 días a partir del 22 de junio de 2011 para dictaminarse por la citada comisión.

En el mismo sentido, el 24 de febrero de 2011 el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante una iniciativa de reforma al artículo 6o. constitucional del diputado Agustín Castilla Marroquín se propuso que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos eleve su naturaleza jurídica a rango de organismo constitucional autónomo. La iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, aunque la dictaminadora solicitó una prórroga de 90 días para dictaminarla a partir del 31 de mayo de 2011.

En el Senado de la República el 13 de septiembre de 2011, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa de reforma constitucional para reconocer la autonomía del IFAI en materia de gestión y presupuesto y para otorgarle facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Diversos tratadistas se han pronunciado a favor del reconocimiento de la autonomía constitucional del IFAI como una condición sine qua non para ejercer sus atribuciones plenamente y garantizar la obligatoriedad de sus fallos.

Al respecto, el doctor Sergio López-Ayllón en La Constitucionalización del Derecho de Acceso a la Información: una propuesta para el debate. Democracia, Transparencia y Constitucionalización. Afirma que una reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información más no es banal, pues se suma a los cambios que ha tenido nuestra Constitución y que han modificado sustancialmente su diseño. De igual forma, que el derecho de acceso a la información ha de construirse con base en estándares uniformes para todo el país, pues se trata del ejercicio de un derecho fundamental y resulta inaceptable que esté determinado por el capricho de las legislaturas estatales.

Para el doctor Miguel Carbonell Sánchez investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha sostenido que la constitucionalización amplia del derecho de acceso a la información pública tendría al menos tres ventajas: a) pondría a salvo de los vaivenes políticos; b) permitiría homogeneizar la regulación de la materia, tanto a nivel federal como local; y c) haría de la transparencia no una moda sexenal, sino una política de Estado de carácter permanente, que estaría a salvo con independencia de la orientación política que tengan el presidente o el Congreso en un momento determinado.

Por su parte el doctor Rubén Minutti Zanatta, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en 2009, a propósito de ponencia en el 10° Congreso Nacional y 5° Internacional de Derecho de la Información, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, noviembre de 2009, concluyó que en materia de transparencia y acceso a la información pública se requiere:

1. Tanto de órganos garantes como de tribunales con especialización, en ambos casos con autonomía constitucional.

2. Los tribunales que posean competencia y especialización en materia administrativa pueden y deben conocer de las resoluciones de los órganos garantes, que por su naturaleza material emiten actos administrativos.

3. El artículo 6o. resulta insuficiente para garantizar dicha autonomía y por tanto garantizar el derecho de acceso a la información pública.

4. Se requiere establecer claramente a nivel de la Constitución general la naturaleza y autonomía de los órganos garantes de la información pública y por ende el recurso o vía de impugnación en contra de sus resoluciones.

5. La autonomía constitucional debe colocar a los órganos garantes por encima de cualquier sujeto obligado en materia de transparencia, público y privado.

6. Los tribunales competentes para conocer de las resoluciones de los órganos garantes deben gozar del máximo nivel jurisdiccional, con las excepciones constitucionales de jerarquía, principalmente respecto de la SCJN.

7. Nuestro sistema jurídico debe delimitar las competencias en materia de transparencia entre el Poder Judicial federal y el fuero contencioso administrativo.

Ante este escenario, se considera toral que la Cámara de Diputados en LXII Legislatura, inicie el debate público y legislativo de una segunda etapa de reformas de naturaleza cualitativa del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos garantizados por el Estado mexicano que contribuya a la consolidación del reciente modelo constitucional garantista de derechos humanos.

Este debate ya se ha iniciado en el Senado de la República, con la presentación de una iniciativa promovida por legisladores del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde el pasado 13 de septiembre del presente, asimismo, Nueva Alianza presento esta misma iniciativa en la LXI  Legislatura, sin embargo fue desechada por haber precluido el plazo para su dictaminación sin ni siquiera llegar a ser discutida por las Comisiones a las que fue turnada.

Ante la necesidad de hacer efectiva la reforma que de autonomía constitucional al IFAI, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera urgente abrir el debate. En este contexto, la presente iniciativa pretende reformar y adicionar el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de otorgar autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a través de su reconocimiento como la autoridad Federal responsable de la promoción y difusión del ejercicio del derecho de acceso a la información; la resolución sencilla y expedita de las solicitudes de acceso a la información en poder de las dependencias y entidades del orden federal. Haciendo hincapié que sus resoluciones tendrán el carácter de definitivo e inatacable siempre y cuando se garantice en todo momento, la protección de los datos personales.

Desde la perspectiva funcional y tomando en consideración la reforma de 2010, en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares, se considera conveniente que dicho órgano constitucional cuente con un Consejo General integrado por ocho miembros. La presidencia de dicho órgano tendrá una duración de seis años con posibilidad de reelección una sola vez. Su nombramiento lo efectuará el Presidente de la República con la aprobación del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

Respecto al procedimiento de elección y duración del encargo de los consejeros y consejeras, éste será el mismo para la elección del consejero presidente con una duración en nueve años sin posibilidad de reelección.

Derivado de la propuesta que modifica la naturaleza jurídica del IFAI, se propone adicionar una fracción h) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Finalmente, se prevé que el Congreso de la Unión en un plazo máximo de un año a partir del inicio de la vigencia de la presente reforma, expida una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, para garantizar las condiciones necesarias que favorezcan el desarrollo de la política de transparencia y con ello el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública gubernamental.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestra calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adicionan los  artículos 6o. y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero.Se reforma y adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información y protección de datos personales será garantizado por el Estado.

En el orden federal contará con un organismo autónomo en su gestión y en términos presupuestarios, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que será la autoridad responsable encargada de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver de forma sencilla y expedita las solicitudes de acceso a la información en poder de sus dependencias y entidades. Sus resoluciones tendrán el carácter de definitivo e inatacable garantizando en todo momento la protección de los datos personales.

Contará con un Consejo General integrado por ocho miembros. La presidencia del consejo durará de seis años con posibilidad de reelección una sola vez. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes para su elección y en caso de falta absoluta. Su nombramiento por el Presidente de la República será ratificado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Los consejeros y consejeras durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos, la ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes para su elección y en caso de falta absoluta de cualquiera de sus integrantes, a propuesta del Presidente de la República sus nombramientos deberán ser aprobados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

Durante su mandato quien presida o integren dicho consejo no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, sin remuneración alguna. La retribución que perciban no podrá ser mayor a la del Presidente de la República. Únicamente Podrán ser removidos en términos del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Artículo Segundo. Se adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 105. ...

...

...

a) a g)

h) El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

...

...

...

III. ...”

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor, al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión en un plazo máximo de un año a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto, deberá expedir una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de Datos Personales, misma que derogará la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares vigentes.

Tercero. En lo que respecta a la autonomía constitucional de los organismos estatales, las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en un plazo máximo de un año a partir del inicio de la vigencia del presente decreto.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 18 de septiembre de 2012.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Así se hará, diputado González Roldán. La iniciativa queda inserta íntegra en el Diario de los Debates y se publicará en la Gaceta Parlamentaria. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, por cinco minutos, el diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Javier López Zavala:Con la venia de la Presidencia; con su permiso, compañeras y compañeros legisladores. Durante la campaña del presidente electo se propuso una serie de medidas para avanzar en materia de desarrollo social; por tal motivo es necesario que desde el Poder Legislativo comencemos a construir un andamiaje institucional que permita transitar a mejores condiciones de vida a las personas que menos tienen.

En los últimos dos sexenios las acciones implementadas no han sido suficientes, por el contrario, el número de personas en pobreza patrimonial aumentó de 48 millones en 2005, a 57 millones en el 2010 y la proyección del Coneval dice que en el 2012 serán 60 millones de pobres.

El decreto de declaración de zonas de atención prioritaria emitido en el 2012, determina que existen zonas de atención prioritaria rurales en 849 municipios, de los cuales 441 son de muy alta marginación y 408 de alta marginación. Además, de las zonas de atención prioritaria urbanas, en 2 mil 105 localidades de mil 259 municipios, que se encuentran en 22 entidades federativas, entre las que destacan: Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero y Chiapas, con una población de 11 millones de habitantes.

Requerimos acciones legislativas que contribuyan a abatir los indicadores de pobreza y marginación que golpean a nuestro país; por ello, presento esta iniciativa de reforma a los artículos 19, 29, 30 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de crear una nueva figura institucional denominada zona de atención prioritaria emergente.

Es decir, esos municipios están emergiendo y convirtiéndose en otra cosa diferente a las zonas de atención prioritaria, por lo que requieren que les brinden un tratamiento diferente.

La Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 29, define a las zonas de atención prioritaria y los mecanismos para determinarlas; el capítulo cuarto da los pormenores de qué acciones deben realizarse para abatir la pobreza y el rezago en que viven las personas que menos tienen.

Sin embargo, por la experiencia adquirida en el rubro de desarrollo social a nivel estatal, el conocimiento vertido por los compañeros que integran el Conasol y el análisis realizado a los resultados de políticas públicas dirigidas a las zonas de atención prioritaria de este sexenio, considero necesario generar otra figura adicional a las ya existentes que impulsen el desarrollo a nivel municipal.

Actualmente el decreto de declaración de zonas de atención prioritaria para el 2012, determina que existen zonas de atención prioritarias rurales en 849 municipios que se encuentran en 22 entidades y si lo contrastamos con los del año anterior, podremos darnos cuenta de que son los mismos municipios, con más de un 90 por ciento; solo cambian de lugar en el orden de prelación y los que salieron en un año podremos volverlos a ver en los próximos años.

Hemos notado que algunos municipios realizan una ejecución adecuada de los programas, pero otros desafortunadamente no.

El Coneval, de acuerdo a su medición 2010, evaluó las coberturas en los municipios, obteniendo resultados que permiten la creación de un programa intermedio que pueda darle continuidad a aquellos municipios que abatieron rezagos y que ya no calificarían en el programa de Atención de Zonas Prioritarias.

Los objetivos de estas reformas son, entre otros, crear una figura que le permita al Poder Ejecutivo implementar programas diferentes, con base en las necesidades de infraestructura, bienes y servicios propios de un municipio que va mejorando sus indicadores de pobreza, dotándolos de mayor cantidad de recurso; incentivar a los municipios a convertirse en zonas de atención prioritarias emergentes, es decir, a zonas que por su condición de eficacia en el uso de recursos y por los indicadores, han avanzado en el abatimiento de su pobreza y marginación respecto de años anteriores para acceder a programas y mayor cantidad de recursos.

Penosamente debo decir que actualmente las políticas públicas subsidian la pobreza y benefician la ineficacia. Necesitamos dar mayores beneficios a quienes se esfuerzan por abatir la pobreza, a quienes se esfuerzan por hacer bien las cosas.

Muchos municipios ya tienen Piso Firme, letrinas, electrificación, agua potable, pero necesitan empleos, caminos, vivienda; sin embargo, al dejar de estar dentro de este decreto de atención de municipios prioritarios, ya no pueden acceder a otros programas, ante la falta de recursos; por ello, vuelven a caer en el rezago social.

Necesitamos cambiar el enfoque, la forma de operar a nivel municipal y la forma de distribuir los recursos en materia de desarrollo social; necesitamos premiar a quien actúa de manera responsable y con apego a la ley.

Es momento de acabar con los pretextos y dar paso a la gran oportunidad de impulsar las transformaciones que México necesita para cambiar el rostro de desesperanza y de frustración de los mexicanos.

De aprobarse esta reforma estaríamos procurando un avance a nivel municipal de manera escalonada, sacando de estos estados de alta marginación a los municipios, a fin de que en un futuro cercano puedan convertirse en pequeños polos de desarrollo.

Los beneficios de esta reforma redundarán en y reconocerán la transparencia y el eficaz uso de los recursos públicos a nivel municipal, fomentando su desarrollo y abatiendo los índices de marginación y pobreza con mayor celeridad. Se generarán, por parte del Ejecutivo, programas específicos para los municipios que entren en estas características.

Compañeras y compañeros diputados, es necesario aprobar nuevas leyes y reformas que incidan gradualmente en la anhelada igualdad social que tanta falta le hace a nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Javier López Zavala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, 77 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Durante su campaña, nuestro presidente electo, el licenciado Enrique Peña Nieto, propuso una serie de medidas para avanzar en materia de Desarrollo Social. Por tal motivo, es necesario que desde el Poder Legislativo comencemos a construir un andamiaje institucional que permita transitar a mejores condiciones de vida a las personas que menos tienen.

El Estado mexicano ha generado diferentes programas con la finalidad de abatir el rezago en cualquiera de sus formas en el País. Sin embargo en los últimos dos sexenios las acciones no han sido suficientes. Y por el contrario el número de pobres aumento, de 48, 895,535 personas en pobreza patrimonial en el año 2005, a 57, 707,660 personas en el año 2010. Por ello, se requieren acciones que modifiquen las políticas públicas y colaboren de manera eficaz al abatimiento de la pobreza y el rezago que golpea a las y los habitantes del país. Se requiere que las reglas de operación de dichos programas sociales sean instrumentos que faciliten la eficiente ejecución de las acciones en los municipios, teniendo como resultado, que la sociedad perciba con la satisfacción de sus necesidades más sentidas, el Gobierno humano y cercano a la gente, que encabezará el licenciado Enrique Peña Nieto.

Es notorio, que la sociedad no tiene una participación directa en la ejecución de las obras o servicios, por lo cual, proponemos que con esta Reforma se incentive la participación comunitaria en las acciones de gobierno, respetando los métodos tradicionales de colaboración de las mismas. (Trabajo comunitario, tequio, faena, etcétera).

Por ello, presento la iniciativa de Reforma, a diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de crear una nueva figura institucional, denominada “Zonas de Atención Prioritaria Emergentes”, como un mecanismo de dar seguimiento a aquellos municipios que salen de la cobertura del programa “Zonas de Atención Prioritarias”, por los avances al mejorar sus indicadores de acuerdo al Coneval.

A mayor abundamiento quisiera referirme al concepto que establece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua:

Emergente: (Del anterior participio activo de emerger).

1. adjetivo: Que emerge.

2. adjetivo: Que nace, sale y tiene principio de otra cosa.

La Ley General de Desarrollo Social en su artículo 29, define a las Zonas de Atención Prioritaria y los mecanismos para determinarlas, expresando lo siguiente:

Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la política social.

El capítulo IV da los pormenores de cómo identificar las zonas de atención prioritaria y las acciones que deben realizarse para abatir la pobreza y el rezago en que viven las personas que habitan en los municipios catalogados como zonas de atención prioritaria.

Sin embargo, por la experiencia adquirida en el rubro de Desarrollo Social a nivel estatal y el análisis realizado a los resultados de las políticas públicas dirigidas a las Zonas de Atención Prioritaria de este sexenio, considero necesario generar otras figuras que impulsen el desarrollo a nivel municipal.

Abundando, puedo manifestar que el decreto de la declaración de zonas de atención prioritaria emitido por el presidente de la república para el 2012, determina que existen zonas de atención prioritaria rurales en 849 municipios que se encuentran en 22 entidades federativas, de las cuales, 441 zonas son de muy alta marginación y 408 son de alta marginación, y registran una población de 11 millones de habitantes. Además de las zonas de atención prioritaria urbana de las 335,418 manzanas en 2,105 localidades urbanas de 1,259 municipios cuya población registra índices de pobreza y marginación.

Existen diversos programas de gobierno dirigidos a los municipios, “zonas de atención prioritarias”,a nivel federal, estatal y en algunos casos a nivel municipal; derivado de ellos, hemos notado que algunos municipios realizan una ejecución adecuada, correcta, de los programas, otros desafortunadamente no, la Coneval de acuerdo a su medición de 2010, evaluó las coberturas en los municipios, obteniendo resultados que permiten la creación de un programa intermedio que pueda darle continuidad a aquellos municipios que abatieron rezagos y que ya no calificarían en el programa de “Atención de Zonas Prioritarias”, por el avance en sus coberturas y en el desarrollo humano de la población.

El objetivo de esta reforma es reconocer y premiar la eficiencia en la aplicación de los recursos y ejecución de las obras, en aquellos municipios que por su condición han logrado mejorar sus indicadores en materia de marginación y pobreza, aspirando a través de las Zonas de Atención Prioritaria Emergentes, con recursos adicionales a cerrar sus coberturas básicas de infraestructura, entre otras.

Lo que buscamos es incentivar a los municipios a convertirse en “zonas de atención prioritaria emergentes”, es decir zonas que por sus condición de eficacia en el uso del los recursos y que por los indicadores han avanzado en el abatimiento de su pobreza y marginación, para acceder a otros programas y mayor cantidad de recursos.

Esta iniciativa tiene como uno de sus objetivos centrales, el de crear una nueva figura que le permita al Poder Ejecutivo implementar programas diferentes con base en las necesidades de infraestructura, bienes y servicios propios de un municipio que va abatiendo el rezago y la pobreza, dotándolo de mayor cantidad de recursos, ya que anteriormente por sus eficientes resultados y por el trabajo comunitario han mejorado sus indicadores.

Actualmente las políticas públicas subsidian la pobreza y benefician a la ineficacia, necesitamos dar mayores beneficios a quienes se esfuerzan por abatir la pobreza, a quienes se esfuerzan por hacer bien las cosas.

Las necesidades se vuelven diferentes, muchos municipios ya tienen piso firme, pero requieren otro tipo de servicios como educación, empleo, caminos, electrificación, vivienda, etc.; sin embargo, al dejar de estar dentro del Decreto de Zonas de Atención Prioritaria, ya no pueden acceder a estos programas y ante la falta de recursos, vuelven a caer en el rezago social. Mientras que otros municipios al mantenerse en ese estatus, lo ven como una posibilidad de acceder a más recursos sociales, por tal motivo en su momento será necesaria una reforma a las reglas de operación.

Necesitamos cambiar el enfoque, la forma de operar a nivel municipal y la forma de distribuir los recursos en materia de Desarrollo Social, debemos premiar a quien actúa de manera responsable y con apego a la ley.

La Coneval tendrá que generar indicadores que permitan diferenciar a la figura actual, Zona de Atención Prioritaria, de la que proponemos; la “zona de atención prioritaria emergente”, para que el Ejecutivo que encabezará el Lic. Enrique Peña Nieto a partir del próximo 1º de Diciembre, implemente programas a través de las Secretarías, que permitan identificar y atender los diferentes tipos de rezagos en las “zonas de atención prioritaria emergentes”.

De ser aprobada esta reforma, estaríamos procurando un avance a nivel municipal, de manera escalonada, sacando de estados de alta marginación a los municipios, a fin de que en un futuro cercano puedan ser detonadores incluso de su propia sustentabilidad.

Los beneficios de esta Reforma son los siguientes:

• Se incentivará la transparente y eficaz ejecución de recursos públicos a nivel municipal, fomentando su desarrollo y abatiendo los índices de marginación y pobreza con mayor velocidad.

• Se generarán por parte del ejecutivo nuevos programas, específicos para los municipios que entren en estas características.

• La Cámara de Diputados, aprobará recursos específicos para estos rubros.

• Con la participación social, se armonizará la relación Gobierno-Sociedad; sensibilizando a la ciudadanía de las zonas respectivas, acerca de los beneficios integrales que conlleva evolucionar de zonas de atención prioritaria a “zonas de atención prioritaria emergentes”, por la inherente obtención de beneficios superiores otorgados por programas y políticas públicas de mayor amplitud y cantidad de recursos públicos.

• Los municipios catalogados con alta o muy alta marginación, transitaran ágilmente a mejores condiciones de vida, dada la correcta focalización de recursos federales en los mismos.

• Se abatirá la pobreza desde una perspectiva más humana y de forma permanente, no con paliativos que únicamente subsidian la pobreza, pero que no ayudan al verdadero desarrollo.

• Entre otras.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto de reforma diversas disposiciones de la ley General de Desarrollo Social, para quedar de la siguiente manera

Primero.Se reforma el artículo 19, en su fracción IV, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

I. ... a III. ...

IV.Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria y zonas de atención prioritaria emergentes;

V. ... a IX. ...

Segundo.Se reforma el Capítulo IV, para quedar de la siguiente manera:

Capítulo IVDe las Zonas de Atención Prioritaria yZonas de Atención Prioritaria Emergentes

Tercero.Se agrega un segundo párrafo al artículo 29, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 29.Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social.

Se consideran zonas de atención prioritaria emergentes, las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, que hayan sido con anterioridad decretadas zonas de atención prioritaria y que por el eficiente manejo de los recursos, sus índices de pobreza, marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social a que se refiere el párrafo anterior, hayan sido mejorados de manera positiva y cuantificable. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta ley Señala.

Cuarto.Se reforma el artículo 30, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 30. El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto, hará la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria y Zonas de Atención Prioritaria Emergentes, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Ejecutivo Federal, orientará políticas públicas y mayores recursos a las Zonas de Atención Prioritaria Emergentes, a fin de impulsar el desarrollo sostenido de estas zonas.

Quinto.Se reforma el artículo 43, en sus fracciones III y IV, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 43. Corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones:

I. ...;

II....;

III.Determinar anualmente las zonas de atención prioritaria y zonas de atención prioritaria emergentes y proponer a la Cámara de Diputados la declaratoria correspondiente;

IV.Diseñar y coordinar los programas y apoyos federales en las Zonas de Atención Prioritaria y los mismos correspondientes a las Zonas de Atención Prioritaria Emergentes;

V. ...a XI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal, implementará las modificaciones reglamentarias necesarias en no más de 60 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto.

Tercero. El Consejo Nacional de Evaluación, realizará las medidas necesarias para la generación de indicadores que permitan determinar las Zonas de Atención Prioritaria Emergentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.— Diputado Javier López Zavala (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado López Zavala. Se turna la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social, para su dictamen.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que además está suscrita por otros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, los suscritos, Bárbara Romo Fonseca, Judit Guerrero López y Tomás Torres Mercado, diputados a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, bajo la siguiente exposición de motivos.

Impulsar al turismo de manera cada vez más amplia es contribuir, a final de cuentas, al imperativo crecimiento de las fuentes de empleo y a la indispensable mejor distribución de la riqueza que demanda la sociedad mexicana.

México es un país rico en lugares por su belleza excepcional, riqueza cultural y natural, por lo que han sido considerados como patrimonio de la humanidad en su conjunto.

Actualmente, la lista del patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluye un total de 962 sitios reconocidos como Patrimonio Mundial, de ellos 745 son culturales, 188 naturales y 29 mixtos, distribuidos en 157 países. Nuestro país ocupa el quinto lugar mundial en número de sitios considerados patrimonio y el primero en América.

El patrimonio universal de México incluye 10 ciudades; estas ciudades son: centro histórico de México y Xochimilco; centro histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán; centro histórico de Puebla; villa histórica de Guanajuato y minas adyacentes; centro histórico de Morelia; centro histórico de Zacatecas; zona de monumentos históricos de Querétaro; zona de monumentos históricos de Tlacotalpan; ciudad histórica fortificada de Campeche; villa protectora de San Miguel y el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco.

Nuestras ciudades patrimonio expresan en cada una de sus calles, monumentos, parques y tradiciones, una visión particular del mundo y su riqueza cultural les ha llevado a convertirse en referentes obligados para turistas nacionales y extranjeros, impulsando así su desarrollo y el de las regiones a las que pertenecen.

El problema es que a la par de su crecimiento han aparecido nuevos retos. Hoy las 10 ciudades mexicanas consideradas patrimonio mundial de la humanidad enfrentan una problemática compleja, basada en aspectos, como el deterioro de monumentos y estructuras emblemáticas, contaminación ambiental, carencia de servicios, deficiente movilidad urbana, deterioro de vivienda, falta de mobiliario urbano y deficiente disposición de residuos, entre otros.

No cabe duda, los esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano para el rescate y conservación de las ciudades patrimonio han tenido un efecto positivo y han logrado contener y revertir parte de su deterioro. Pero lo cierto es también que aún falta mucho para garantizar el rescate y preservación de las ciudades mexicanas, que son herencia de la humanidad, sobre todo el poder asegurar la calidad de vida de sus habitantes.

Es importante recordar que desde agosto de 1996 existe la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, AC, la cual ha desarrollado diversas acciones para obtener recursos en beneficio de las mismas.

De forma paralela, senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios han promovido en los últimos años diversos acuerdos para que se asignen recursos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente a través del programa Hábitat Vertiente Centro Histórico, de la Secretaría de Desarrollo Social.

El año pasado, por ejemplo, se asignaron a través del Fondo de Ciudades Patrimonio, cerca de 155 millones de pesos, recursos que se han visto fortalecidos con otras aportaciones estatales y municipales, sin embargo, lamentablemente como puede apreciarse, los recursos asignados por la federación para beneficio de las ciudades, materia de la presente iniciativa, dependen en gran medida de las gestiones y negociaciones que realizan año con año diversos actores durante el proceso de análisis y aprobación del PEF.

En este contexto, proponemos incorporar a la legislación nacional el compromiso de apoyar permanentemente a nuestras ciudades patrimonio de la humanidad; nuestra propuesta consiste en adicionar el artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para establecer que en el Presupuesto de Egresos aprobado anualmente por la Cámara de Diputados se destinen recursos específicos para garantizar el rescate, restauración, conservación, promoción y mejora de las ciudades mexicanas declaradas patrimonio de la humanidad. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de Bárbara Gabriela Romo Fonseca y suscrita por Judit Magdalena Guerrero López y Tomás Torres Mercado, diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

Los suscritos, Bárbara Romo Fonseca, Judit Guerrero López y Tomás Torres Mercado, diputados a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país rico en lugares que por su belleza excepcional y riqueza, cultural o natural, han sido considerados como patrimonio de la humanidad en su conjunto.

Actualmente, la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluye un total de 962 sitios reconocidos como Patrimonio Mundial, de ellos 745 son culturales, 188 naturales y 29 mixtos, distribuidos en 157 países. Nuestro país ocupa el quinto lugar mundial en número de sitios considerados patrimonio y el primero en América: en total 31.

El patrimonio universal de México incluye 10 ciudades. Estas ciudades son

• Centro histórico de México y Xochimilco, inscrita el 11 de diciembre de 1987.

• Centro histórico de Oaxaca y Zona Arqueológica de Monte Albán, inscrita el 11 de diciembre de 1987.

• Centro histórico de Puebla, inscrita el 11 de diciembre de 1987.

• Villa histórica de Guanajuato y Minas adyacentes, inscrita el 9 de diciembre de 1988.

• Centro histórico de Morelia, inscrita el 13 de diciembre de 1991.

• Centro histórico de Zacatecas, inscrita el 11 de diciembre de 1993.

• Zona de monumentos históricos de Querétaro, inscrita el 7 de diciembre de 1996.

• Zona de monumentos históricos de Tlacoltlapan, inscrita el 2 de diciembre de 1998.

• Ciudad histórica fortificada de Campeche, inscrita el 4 de diciembre de 1999.

• Villa protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, inscrita el 8 de julio de 2008.

Nuestras ciudades patrimonio expresan en cada una de sus calles, monumentos, parques y tradiciones una visión particular del mundo y su riqueza cultural las ha llevado a convertirse en referentes obligados para turistas nacionales y extranjeros.  Esta situación ha impulsado su desarrollo y el de las regiones a las que pertenecen.

El problema es que a la par de su crecimiento han aparecido  problemas propios de otras ciudades medianas y grandes. Hoy las 10 ciudades mexicanas consideradas patrimonio mundial de la humanidad enfrentan una problemática compleja, basada en aspectos como el deterioro de monumentos y estructuras emblemáticas, contaminación ambiental, carencia de servicios, deficiente movilidad urbana, escasez de vivienda, falta de mobiliario urbano, deficiente disposición de residuos, entre otros.

No cabe duda, los esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano para el rescate y conservación de las ciudades patrimonio han tenido un efecto positivo y han logrado contener y revertir parte de su deterioro. Pero lo cierto es que aún falta mucho para garantizar el rescate y preservación  de las ciudades mexicanas que son herencia de la humanidad y para asegurar la calidad de vida de sus habitantes. No podemos estar satisfechos con lo alcanzado.

Es importante recordar que desde agosto de 1996 existe la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, AC, la cual ha desarrollado diversas acciones para obtener recursos en beneficio de las mismas. Parte de esas acciones ha sido la gestión de apoyos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

De forma paralela, senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios hemos promovido en los últimos años diversos acuerdos para asignar recursos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente a través del programa Hábitat, vertiente Centros Históricos, de la Secretaría de Desarrollo Social.  El año pasado, por ejemplo, se asignaron a través del Fondo de Ciudades Patrimonio Mundial cerca de 155 millones de pesos.

Esos se recursos se han visto fortalecidos con otras aportaciones estatales y municipales.

Lamentablemente, como puede apreciarse, los recursos asignados por la federación para beneficio de las ciudades materia de la presente iniciativa dependen en gran medida de las gestiones y negociaciones que realizan año con año diversos actores durante el proceso de análisis y aprobación del PEF. Esta dinámica afecta los planes y proyectos diseñados para su salvaguarda, pues no existe seguridad respecto a la existencia de recursos específicos.

En este contexto, proponemos incorporar a la legislación nacional el compromiso de apoyar permanentemente a nuestras ciudades patrimonio de la humanidad. Nuestra propuesta consiste en adicionar el artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para establecer que en el Presupuesto de Egresos aprobado anualmente por la Cámara de Diputados se destinarán recursos específicos para garantizar el rescate, restauración, conservación y mejora de las ciudades mexicanas declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Dichos recursos permitirán liberar el potencial turístico de estas ciudades y sentar bases sólidas para su crecimiento y sustentabilidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un nuevo tercer párrafo, que recorre el actual, al artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 2.Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

En el Presupuesto de Egresos aprobado anualmente por la Cámara de Diputados se destinarán recursos específicos para garantizar el rescate, restauración, conservación y mejora de las ciudades mexicanas declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación. Además se establecerán museos regionales.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2012.— Diputados: Bárbara Romo Fonseca, Judit Guerrero López, Tomás Torres Mercado (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada Romo Fonseca. Se turna la iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, para su dictamen.

LEY FEDERAL DEL SEGURO DE DESEMPLEO Y FOMENTO A LA CREACION DE EMPLEOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos, suscrita también por los demás integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladores y compañeros legisladores, la democracia actual está sometida a presiones políticas, económicas, sociales y culturales, que obligan a los estados a crear los mecanismos jurídicos y de políticas públicas para enfrentarlos.

Los temas que ejercen mayor presión, sobre todo en los países en vías de desarrollo, son los vinculados a la desigualdad y la exclusión social; el aumento de las brechas sociales y la marginación de vastos sectores de la sociedad atenta contra el propósito de lograr su propia cohesión, base de un régimen democrático.

Ante esta situación, surge el modelo de Estado con visión social para garantizar y salvaguardar los derechos sociales de las personas, particularmente de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya sea permanente o transitoria.

El empleo es uno de los derechos más vulnerados y que más afecta a la sociedad, ya que constituye un medio para obtener un ingreso digno, que permite a las personas obtener los satisfactores mínimos indispensables para su bienestar.

Además de ser una fuente de ingreso primaria, el empleo refleja la libertad de una persona o grupo para poder alcanzar una vida digna. Este aspecto es tan importante, que es una obligación del Estado velar por aquellas personas que por algún motivo o razón están desempleadas.

Ante este escenario de precariedad e inestabilidad laboral, provocado por la falta de crecimiento económico, el Estado mexicano debe asumir con mayor compromiso su apoyo hacia la sociedad mexicana.

Es una realidad que el mercado laboral en nuestro país impide que miles de personas obtengan un trabajo bien remunerado; la tasa de desocupación, al mes de julio, fue de 5 por ciento de la población económicamente activa, lo más preocupante es el número de subocupados, que alcanzó una tasa del 8.9 por ciento y la población en el sector informal fue de 28 por ciento.

La incapacidad de absorber a los miles de mexicanos y mexicanas que cada año se incorporan al mercado laboral y la calidad de empleos actuales, se han convertido en los principales retos para los tres niveles de gobierno.

En el Congreso de la Unión no podemos estar ajenos a esta situación que aqueja a millones de familias mexicanas; nuestra responsabilidad es atender, desde nuestra esfera de acción, la demanda de hombres, mujeres, jóvenes y personas de tercera edad, ante la incapacidad gubernamental de generar los incentivos para ampliar el mercado laboral.

Hoy, ante la discusión de la propuesta de reforma laboral, presentada con carácter de preferente por parte del Ejecutivo federal, no podemos dejar de lado el tema del seguro de desempleo, como una forma de fortalecer el sistema de seguridad social de los trabajadores.

Sí es verdad que urge la reforma; sí es verdad que urge incentivar la inversión, la productividad, la competitividad en este escenario de la globalización que vivimos, pero —que quede claro— es inadmisible pretender cargar el costo de la flexibilización laboral únicamente hacia los trabajadores, sin establecer medidas para fortalecer sus derechos sociales.

Es importante señalar que nuestro país es el único perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que no cuenta, hasta ahora, con un seguro de desempleo y fomento a la creación de empleos, medida que ha sido recomendada para incentivar una mejor estructura de los mercados laborales y fortalecer la red de protección social, principalmente a favor de la población en condiciones de vulnerabilidad.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que la iniciativa que hoy presentamos contribuye a expandir los derechos sociales para lograr una sociedad con equidad, así como otorgar una protección básica a las y los trabajadores asalariados, incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados de la economía que hayan perdido su empleo, y al mismo tiempo, creando condiciones para su incorporación al mercado del trabajo y al goce del derecho constitucional del empleo.

En este orden de ideas, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza propone implementar el seguro de desempleo a favor de quienes han sido desplazados del mercado laboral, con la aplicación de este modelo económico que ha demostrado su ineficiencia y fracaso, en aras de lograr un estado de bienestar social.

A continuación describo las principales características de esta iniciativa:

Primero. Involucrar a los estados, considerando la aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, así como a las secretarías homólogas en las entidades federativas.

Segundo. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del seguro a un empleo en el sector formal de la economía de nuestro país.

Tercero. Impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de las nuevas habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo.

Cuarto. Crear un consejo consultivo para el otorgamiento del seguro de desempleo y fomento a la creación de empleos, que incentive la inversión, convoque a organismos empresariales, evalúe las políticas en esta materia, entre otros.

Quinto. Ser responsables de las finanzas públicas, otorgando a los beneficiarios acceso al seguro, durante un plazo no mayor a seis meses, en un tiempo establecido de cada dos años.

Es cuanto, señor presidente y ratificamos, la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, nuestro compromiso de contribuir a los esfuerzos de lograr un México con mayor nivel de desarrollo y en un escenario de equidad. Muchas gracias.

«Iniciativa que expide la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los diputados Lucila Garfias Gutiérrez, René Ricardo Fujiwara Montelongo, María Sanjuana Cerda Franco, Sonia Rincón Chanona, Dora María Talamante Lemas, Cristina Olvera Barrios, Fernando Bribiesca Sahagún, Luis Antonio González Roldán, Angelino Caamal Mena y Rubén Benjamín Félix Hays, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se expide la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En julio, la tasa de desocupación nacional fue de 5.02 por ciento de la fuerza laboral lo que representa alrededor de 2.56 millones de personas. El Inegi informó que el 26.4 por ciento de los desocupados no completó los estudios de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron al 73.6 por ciento. En México, el mercado laboral ha enfrentado diversos retos que impiden a miles de personas obtener un trabajo bien remunerado. Se estima que los desempleados tardan de seis a nueve meses en colocarse.

En la actualidad, 14 millones de personas laboran en la informalidad, y 64 de cada 100 individuos que trabajan en el sector formal no tienen acceso a servicios formales de salud ni prestaciones. Con una tasa de crecimiento para 2011 que apenas alcanzó el 3.5 por ciento, y un optimista 2012 que se espera crear 750 mil nuevos empleos,  la economía mexicana ha carecido de la capacidad para generar los 1.2 millones de empleos que se requieren solamente para atender la demanda por crecimiento demográfico.

Además del déficit que existe en el mercado laboral, la calidad en el empleo ha empeorado ya que se están pagando salarios más bajos, con menores prestaciones, sin acceso a la seguridad social; sin contrato por escrito.

La riqueza que se genera del crecimiento de la economía, se concentra en unas pocas empresas, ya que el número de personas que ganan menos de 1 o 2 salarios mínimos es más grande que previo a la crisis de 2008-2009, lo que denota que hay muchas personas que antes ganaban un poco más y ahora ganan menos de dos salarios mínimos y esto habla de una peor distribución de la riqueza.

Actualmente nos encontramos en un momento en que está siendo muy competido e intensivo en mano de obra y en términos de salarios están determinando las plazas aquellos que puedan realizar muchas más actividades y funciones con un menor salario, lo que hace necesaria mano de obra mas especializada, con mayor capacitación, instrucción y conocimientos.

Por otra parte, la economía de Estados Unidos se encuentra aún con un escenario de incertidumbre y los bienes y servicios que pudiera necesitar se encuentran cubiertos; en consecuencia, las exportaciones que realiza México a ese país para este año no tendrán una mejora notable lo que impactará en baja producción, y pocos empleos.

La situación que atraviesa el país en los últimos años se ha caracterizado por un estancamiento económico y la falta de empleos. El promedio del crecimiento del PIB nacional en los últimos 15 años no rebasa el 3 por ciento anual, el cual está por debajo del promedio de América Latina (5 por ciento).

También por la falta de oportunidades laborales en nuestro país en los últimos 7 años, han emigrado al exterior más de 3 millones de personas, que no encontraron una fuente de trabajo estable, por otro lado, la economía informal representa ya el 40 por ciento de la economía nacional.

Respecto al poder adquisitivo, y a la supervivencia de las familias mexicanas el costo de los principales alimentos de la canasta básica se ha incrementado de manera muy importante en lo que va de esta administración: el frijol 66.7 por ciento, el huevo 47.5 por ciento, la leche 22.8 por ciento, el pollo 19.7 por ciento y la tortilla 33 por ciento. Estos incrementos tienen graves impactos en las condiciones de bienestar en la población.

En este contexto, el Programa de Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos tiene como propósito expandir los derechos sociales para lograr una sociedad con equidad, así como otorgar una protección básica a las y los trabajadores asalariados, incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados, de la economía que hayan perdido su empleo y, al mismo tiempo, se puedan crear las condiciones para su incorporación al mercado del trabajo y al goce del derecho constitucional al empleo.

Porque el trabajo es el fundamento social y base del bienestar de la población de un país. Solamente pueden alcanzarse niveles de desarrollo y de prosperidad en los hogares, cuando existe un número suficiente de empleos estables, bien remunerados y protegidos por la Ley.

Nuestro país es el único perteneciente a la OCDE sin un Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos, medida recomendada para incentivar una mejor estructura de los mercados laborales y para fortalecer la red de protección social en favor de la población en condiciones de vulnerabilidad.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, estableció en sus artículos 22 y 25 el derecho de toda persona a la seguridad y a un nivel de vida adecuado que asegure, a él y a su familia, la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica y servicios sociales necesarios. Asimismo, fijó considerar los Seguros de Desempleo, enfermedad e invalidez y otros casos en los que ocurre la pérdida de medios de subsistencia; además la protección a la maternidad y a la infancia.

El Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (texto de 1919, modificado en 1946), establece que una paz universal y permanente no puede fundarse sino sobre la base de la justicia social. De 1925 a 1934 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptó varios convenios para reglamentar las indemnizaciones por accidentes de trabajo, el seguro por enfermedad, las pensiones y el Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos.

El artículo 123 constitucional dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley.

El artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo dice “el trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia”.

La intención de Nueva Alianza es promover las acciones necesarias, a fin de garantizar a los habitantes de nuestro país, pero sobre todo a las nuevas generaciones egresadas  del sector educativo, un trabajo digno, bien remunerado y socialmente útil, bien a través de políticas públicas activas que promuevan la creación de empleos y la organización social para el trabajo o por medio de políticas públicas pasivas como en este caso es la creación de un seguro de desempleo.

En este sentido, se propone implementar el seguro del desempleo a favor de quienes han sido desplazados del mercado laboral como consecuencia de la aplicación de un modelo económico que ha demostrado su ineficiencia y fracaso en aras de lograr un Estado de bienestar social.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestra calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos

Artículo Único.Se expide la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos, para quedar como sigue:

Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos

Título PrimeroDisposiciones Generales, Facultades y Obligaciones

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1.La presente ley es de orden público, interés social y observancia general, regirá en materia federal y para todas las entidades federativas y municipios del país y tiene por objeto instituir y normar, como política pública, la programación del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal.

Artículo 2.El desempleo para efectos de esta ley, se tomará en cuenta cuando el trabajador por causas ajenas a su voluntad, deje o sea separado de su empleo formal con carácter temporal o definitivo, en la actividad que venía desarrollando y sea privado de su salario.

Artículo 3.La aplicación de esta ley corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, a las secretarías homólogas en las entidades federativas, de conformidad con sus atribuciones y dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 4.Para los efectos de lo establecido en esta ley, se entenderá por

Beneficiario. Todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad,  y cumpla con los requisitos previstos en esta ley, para acceder a los beneficios del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos.

Consejo. Al Consejo Federal Consultivo para el Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos;

Ley. A la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos;

Reglamento. Al Reglamento de la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos;

Secretaría. A la Secretaría de Trabajo y Previsión Social;

Secretaría de Economía. A la Secretaría de Economía;

SHCP. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

Seguro. Al Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos.

Capítulo II De las Facultades y Obligaciones

Artículo 5.El gobernador de la entidad federativa que corresponda deberá celebrar un convenio de colaboración con el gobierno federal a través de la Secretaría; la Secretaría de Economía y la SHCP, donde se le señalará como responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones complementarias, y donde adicionalmente se comprometerá a:

I. Programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos en la entidad federativa que le competa;

II. Promover la generación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes;

III. Promover y observar que los programas y acciones de capacitación local y/o de regulación federal fortalezcan y eleven la calidad y productividad de la fuerza de trabajo y economía;

IV. Coordinar con la Secretaría de Economía, autoridades federales y las demás áreas competentes en la implementación de estrategias públicas, programas y actividades de protección, promoción y fomento del empleo.

V. Fomentar una cultura emprendedora entre las clases, grupos y personas más desprotegidos y vulnerables de la sociedad a fin de que accedan a mejores niveles de bienestar, a través de programas y acciones de carácter laboral, económico y educativo de contenido social;

VI. Propiciar de manera coordinada con la Secretaría de Economía, autoridades federales y las demás áreas competentes para atraer inversiones nacionales y extranjeras, a través de una política competitiva de incentivos para la inversión, que promueva la generación de empleos;

VII. Fortalecer a los sectores público, privado y social, así como el fomento cooperativo, generadores de empleo, mediante el establecimiento de programas y acciones de apoyo empresarial, vinculación, distribución y comercialización de los bienes y servicios que produzcan, así como la proveeduría de sus productos a la administración pública local;

VIII. Contar con un sistema de información estadística, que contenga variables financieras y económicas relacionadas al empleo, y que permita permear a la sociedad los efectos de las políticas adoptadas en el tema;

IX. Promover y realizar investigaciones para obtener el conocimiento exacto de

La cantidad de personas que no tienen empleo y las características fundamentales de la fuerza de trabajo, del desempleo y del subempleo;

De la oferta y demanda de trabajo, según las calificaciones requeridas y disponibles;

Medios y mecanismos de la capacitación para el trabajo, y

De los fenómenos relacionados con el aprovechamiento del factor humano.

X. Promover una coordinación efectiva de la política de desarrollo económico y social tanto en el sector gubernamental como el privado, de manera que se logren los objetivos de fomento al empleo;

XI. Fomentar las relaciones y el enlace entre los planteles educativos y los sectores productivos;

XII. Establecer sistemas de comunicación que permitan coordinar eficazmente sus actividades con instituciones del sector público y privado, así como con organismos internacionales a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos;

XIII. Realizar investigaciones tecnológicas y proyectar la creación de empleos, capacitando y readaptando a las necesidades del mercado laboral a la fuerza de trabajo;

XIV. Instituir un servicio de orientación profesional y vocacional entre los trabajadores;

XV. Promover la inclusión a las actividades productivas formales a las personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes y demás grupos que presenten esta problemática;

XVI. Coordinarse con el Sistema Nacional de Empleo, para realizar las medidas que más convengan al buscador de empleo, a través de los programas que se implementen con relación al mismo;

XVII. Concertar, desarrollar y evaluar acciones inherentes al programa de becas de capacitación para desempleados;

XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el servicio de colocación;

XIX. Producir, reproducir, publicar y difundir materiales didácticos de todo tipo para apoyar el cumplimiento de sus funciones y programas;

XX. Determinar, expedir coordinar y gestionar la convocatoria para acceder al Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos;

XXI. Promover y celebrar convenios de cooperación técnica y/o financiera con organismos gubernamentales, según sus facultades expresamente conferidas, y

XXII. Dirigir y orientar a los solicitantes más adecuados por su preparación y aptitudes, hacia los empleos vacantes.

Artículo 6.En el marco del diseño de los planes y programas de política de empleo y del análisis del funcionamiento del mercado de trabajo, el gobernador que corresponda deberá realizar las modificaciones pertinentes que procedan a efecto de estimular el empleo.

Artículo 7.Corresponde a los presidentes municipales y jefes delegacionales

I. Promover y fomentar el empleo, así como, coadyuvar con el gobierno del estado en el estudio, planeación y ejecución de los programas y acciones que en materia de empleo se determinen, de conformidad con esta ley, el reglamento y reglas de operación que al efecto expida la Secretaría;

II. Establecer conjuntamente en coordinación con la Secretaría, los mecanismos que agilicen la colocación de los solicitantes de empleos en las plazas disponibles;

III. Dar publicidad de la demanda existente de puestos de trabajo; y

IV. Las demás que le confiera esta Ley y su Reglamento.

Título Segundo Del Seguro de Desempleo

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 8.El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para las personas desempleadas, de nacionalidad mexicana y residentes en nuestro país, tendiente a crear las condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo digno y socialmente útil.

Artículo 9.Los beneficiarios sólo pueden acceder al Seguro durante un plazo no mayor a seis meses, cada dos años, siempre que justifiquen ante la Secretaría el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones previstas en este ordenamiento, en la convocatoria respectiva y demás disposiciones administrativas aplicables.

El monto del Seguro ascenderá a 30 días de salario mínimo general vigente y será entregado mensualmente al beneficiario.

Capítulo II Del Seguro de Desempleo

Artículo 10.Los objetivos específicos del Seguro son

Otorgar un apoyo económico a los beneficiarios, bajo las condiciones establecidas en esta ley;

Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del Seguro a un empleo en el sector formal de la economía en nuestro país, e impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo de nuevas habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo, a través de acciones complementarias implementadas en los programas sociales de cada estado.

Artículo 11.El derecho a los beneficios del Seguro es de carácter personal e intransferible y podrá otorgarse a aquellas personas desempleadas que

Sean mayores de 18 años;

Tengan la nacionalidad mexicana;

Residan en México;

Hayan laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o física, con domicilio fiscal en la Ciudad de México, al menos durante seis meses;

No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa;

Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo ya sea de manera directa en la Secretaría o en su caso en las Secretarías del Trabajo homólogas en cada entidad federativa;

Sean demandantes activas de empleo; y

Cumplan con el resto de los requisitos establecidos en esta ley y demás disposiciones reglamentarias aplicables.

Capítulo III De las obligaciones de la Secretaría, los Beneficiarios y los Gobernadores

Artículo 12.La Secretaría expedirá la convocatoria para acceder al Seguro y sus bases de participación establecerán cuando menos:

Las características del Seguro a otorgarse;

La documentación y demás requisitos necesarios para acceder al Seguro;

El modelo de carta compromiso que deberán suscribir los interesados, a efecto de que conozcan las obligaciones que adquieren quienes son acreedores a dicho beneficio;

El procedimiento que habrán de agotar los interesados en obtener el seguro;

El domicilio de las oficinas y módulos a los que habrán de acudir los interesados para presentar su solicitud y pedir orientación o aclaraciones; y

Las demás que determine la Secretaría y el Reglamento.

Artículo 13.La Secretaría deberá dar respuesta a las solicitudes presentadas por las personas interesadas en obtener el Seguro, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de las mismas, así como a publicar en la Gaceta o periódico Oficial de la entidad federativa que corresponda y en su página de internet la lista de quienes, en su caso, accedan a dicho beneficio, salvaguardando las previsiones que en estos casos plantea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Artículo 14.Los Beneficiarios del Seguro se encuentran obligados, entre otras acciones, a

Entregar a la Secretaría, la documentación e información que reglamentariamente se determine a efectos del otorgamiento, suspensión o reanudación de las prestaciones que marque la presente ley;

Participar en programas de empleo o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que determine la Secretaría;

Suscribir una carta compromiso en la que se adquiere el derecho de recibir las prestaciones por desempleo en el lapso y condiciones determinadas por la Secretaría;

Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones y las demás que determine la Secretaría y el Reglamento;

Comunicar de inmediato cualquier cambio de domicilio;

Conducirse con verdad en todo momento, apercibidos que en caso de falsedad en sus declaraciones, le serán retirados los beneficios del Seguro, sin perjuicio de las consecuencias legales procedentes.

Artículo 15.La Secretaría suspenderá el derecho a la percepción del Seguro cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos:

I. Agotamiento del plazo de duración de la prestación;

II. Rechazo injustificado de una oferta de empleo adecuada al perfil y aptitudes del beneficiario;

III. Negativa a participar en los programas de empleo y capacitación, o en acciones de promoción, formación, y reconversión profesional, salvo causa justificada;

IV. Cuando se esté cumpliendo condena que implique privación de la libertad;

V. Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce meses, o realización de un trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o superior a veinticuatro meses;

VI. Ser beneficiario de algún otro programa por desempleo con ayuda económica;

VII. Cambiarse de residencia al extranjero o algún otro estado de la República Mexicana; y

VIII. Renuncia voluntaria al derecho.

Artículo 16.El gobernador de la entidad federativa deberá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente, la asignación que garantice, efectivamente, el derecho al Seguro que se regula en la presente ley, a favor de todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos establecidos en la misma y los demás que señale la Secretaría para tal efecto.

Los recursos que la federación disponga para otorgar se canalizaran a través de subsidios mediante la firma de convenios en términos de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la distribución se realizará en función del porcentaje de desempleo que se registre por entidad federativa.

Capítulo IVDisposiciones Complementarias

Artículo 17.Las reglas de operación fijarán la forma como se hará valer el Seguro, así como la verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta ley.

Artículo 18.El beneficio del Seguro será entregado por la Secretaría, a través de una tarjeta de débito u otro mecanismo que se considere pertinente conforme a la ley.

Título Tercero Del Fomento a la Creación de Empleos

Capítulo I De los Estímulos Fiscales

Artículo 19.El gobernador de la entidad federativa a través de la Secretaría de Finanzas estimulará, apoyará, fomentará y promoverá acciones que eleven la productividad de las empresas, de tal manera que el crecimiento del empleo se traduzca en mayores niveles de bienestar para los habitantes de la entidad federativa correspondiente.

Artículo 20.La Secretaría de Finanzas podrá determinar el método o los métodos de protección mediante los cuales se proponen dar efecto a las disposiciones de esta ley.

Artículo 21.Podrán acogerse a los estímulos fiscales establecidos en la presente ley y en el reglamento, de acuerdo con los requisitos y condiciones que señale la Secretaría de Finanzas, las empresas que generen fuentes formales y permanentes de empleo.

Artículo 22.Se podrá otorgar a las empresas estímulos fiscales cuando se demuestre fehacientemente que durante los dos ejercicios fiscales anteriores, hayan generado nuevos empleos, tomando como base la plantilla de trabajadores que tuvieran al año posterior, para el caso de empresas ya establecidas.

Artículo 23.Podrán tener acceso a los estímulos fiscales que se establecen en el presente capítulo, los contribuyentes que constituyan nuevas fuentes de empleo.

Artículo 24.Las empresas que contraten indefinidamente desempleados en situación de exclusión social podrán acogerse a los estímulos fiscales previstos en este capítulo. La situación de exclusión social se acreditará por los servicios sociales competentes y quedará determinada por alguno de los siguientes casos:

I. Perceptores de cualquier prestación menor al salario mínimo general vigente;

II. Personas que no puedan acceder a las prestaciones referidas en la presente ley;

III. Personas con capacidades diferentes;

IV. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social; y

V. Personas que se encuentran compurgando en libertad o que hayan compurgado la sentencia que se les impuso.

Artículo 25.Las empresas beneficiadas por los estímulos fiscales, deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables.

Capítulo II Del Consejo

Artículo 26.El Consejo Consultivo para el otorgamiento del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos, es un órgano colegiado de consulta en materia de protección al empleo para las instancias correspondientes, mismo que coordinará sus acciones con las demás dependencias encargadas de la protección y fomento al empleo.

Artículo 27.Son facultades del Consejo

I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las actividades de la Secretaría en relación al empleo;

II. Crear los Comités necesarios para analizar la problemática de las diferentes áreas y, en su caso, plantear las propuestas de solución correspondiente;

III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las actividades estratégicas contenidas en los planes de fomento y protección al empleo de cada localidad;

IV. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de consulta encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales en materia de fomento y protección al empleo;

V. Apoyar a la Secretaría en la creación de Comités, así como establecer los lineamientos para formar los mismos;

VI. Asesorar a los distintos comités estableciendo mecanismos para que lleven a cabo las acciones encaminadas al logro de sus objetivos; y

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección al empleo adoptadas por la Secretaría.

Artículo 28.El Consejo se integra por

Un presidente, que será el secretario del Trabajo;

Dos vicepresidentes, que serán el titular de la Secretaría de Economía, y el secretario del Trabajo de la entidad federativa correspondiente;

Vocales:

El secretario de Gobierno de la entidad federativa correspondiente;

El secretario de Finanzas del gobierno de la entidad federativa correspondiente;

El secretario de Desarrollo Social del gobierno de la entidad federativa correspondiente;

Cinco representantes del sector privado relacionados con el tema del empleo, podrán ser de los sectores industrial, comercial y social, los cuales serán a invitación por el presidente del Consejo; y

Tres representantes de organizaciones sociales afines con el tema.

Los miembros del Consejo tendrán voz y voto en las sesiones que celebren, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 29.El presidente del Consejo convocará por lo menos tres veces al año, a los integrantes del mismo para proponer medidas y/o acciones de protección y fomento al empleo, previa convocatoria y de manera extraordinaria cuando el presidente o las dos terceras partes de los integrantes del Consejo así lo requieran.

Artículo 30.Los titulares que conforman el Consejo podrán nombrar a un representante suplente de su área respectiva, con conocimientos en la materia de fomento y protección al empleo.

Capítulo III Del Padrón de Personas que soliciten Empleo

Artículo 31.La Secretaría elaborará en coordinación con las Secretarías de Trabajo de las entidades federativas, un padrón de las personas que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes.

El Reglamento determinará los datos personales, laborales y demás que considere la Secretaría para el padrón.

Artículo 32.El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y al gobernador de la entidad federativa para que, en el marco de sus atribuciones, tomen las medidas pertinentes para llevar a cabo los programas o en su caso, realizar las modificaciones o ajustes al mismo, con objeto de propiciar una mayor estabilidad laboral.

Artículo 33.La Secretaría deberá informar anualmente sobre los resultados del programa y contenidos del padrón para que en su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente o coadyuve en la determinación de medidas complementarias para mejorar la protección al empleo.

Título Cuarto Del Recurso de Inconformidad

Capítulo Único Del Recurso de Inconformidad

Artículo 34.En contra de las resoluciones de las autoridades de fomento y protección al empleo, dictadas con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás reglamentarias, podrá interponerse recurso de inconformidad en la vía administrativa, en términos de lo dispuesto en las disposiciones legales que correspondan.

Transitorios

Primero.La presente ley entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Publíquese en la Gaceta Oficial de la entidad federativa que corresponda y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Tercero.La integración del Consejo, a que se refiere el artículo 26 de esta ley, se deberá llevar a cabo dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.

Cuarto.Una vez integrado el Consejo, el mismo deberá expedir los lineamientos y reglas para su operación.

Quinto.Para una exacta observancia y aplicación de esta ley, la Secretaría expedirá el Reglamento correspondiente, así como las modificaciones administrativas que se requieran dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la presente ley.

Sexto. Sólo podrán ser beneficiarios del Seguro aquellas personas que cumplan los requisitos estipulados en la presente ley y demás disposiciones aplicables y que hayan perdido su empleo a partir del 1 de enero de 2011 por causas ajenas a su voluntad.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2012.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

INICIATIVAS

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados, en términos del artículo 102 del Reglamento, las iniciativas* que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo aquellas a las que se pida en este momento a la Secretaría se registren para la próxima sesión.

En otro apartado del orden del día, tenemos dos proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política; voy a pedir a la Secretaría que pueda dar lectura solamente a los puntos resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueban comparecencias de funcionarios de la administración pública federal.

ANALISIS VI INFORME DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueban comparecencias de funcionarios de la Administración Pública Federal para el Análisis del VI Informe de Gobierno.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7°, numeral 4; 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que el pasado 1o. de septiembre de 2012 el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos entregó al Congreso de la Unión su VI Informe de Gobierno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Que el propio artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada Cámara podrá citar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales.

III. Que de acuerdo con los artículos 33 y 34 de la propia Ley Orgánica, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. De igual manera, tiene la atribución de presentar puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones.

IV. Que la Cámara de Diputados inició, en su sesión del 4 de septiembre de 2012, el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República.

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Cámara instalará las comisiones ordinarias durante el primer mes, en virtud de que este análisis del VI Informe se celebra antes de esta fecha se propone que las comparecencias, se lleven ante grupos de trabajo.

VI. Que la Junta de Coordinación Política aprobó el acuerdo por el que se establece el formato mediante el que se desahogarán las comparecencias de funcionarios de la Administración Pública Federal para el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7 numeral 4; 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.Como parte del análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, se aprueban, las comparecencias de los siguientes servidores públicos:

I. Secretario de Gobernación;

II. Secretario de Economía;

III. Secretario de Hacienda y Crédito Público; y

IV. Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Segundo.Las comparecencias aprobadas se desahogarán ante las comisiones competentes una vez que éstas queden debidamente integradas e instaladas.

Tercero. Las Mesas Directivas de las comisiones competentes establecerán las fechas en que se desahogarán las comparecencias, las llevarán a cabo conforme al formato aprobado por la Junta de Coordinación Política y citarán a los comparecientes por conducto de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados conforme a lo establecido en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Cuarto.Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo Federal los términos del presente acuerdo, a efecto de que se notifique a los funcionarios correspondientes.

Quinto. Comuníquese y publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, México, DF, a 17 de septiembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión. Al no haber quien solicite la palabra voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

El siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política es el que justamente establece el formato mediante el cual se desahogarán las comparecencias; por lo cual, voy a pedirle a la Secretaría que sea tan amable de dar lectura solamente a sus puntos resolutivos.

ANALISIS VI INFORME DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el formato mediante el que se desahogarán las comparecencias de funcionarios de la Administración Pública Federal para el Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7°, numeral 4; 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que el pasado 1° de septiembre de 2012 el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos entregó al Congreso de la Unión su VI Informe de Gobierno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Que en el marco de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos del análisis del Informe de Gobierno, cada Cámara podrá citar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales.

III. Que el numeral 4 del artículo 7° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Cámaras analizarán el informe presentado por el Presidente de la República, c1asificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior.

IV. Que de acuerdo con los artículos 33 y 34 de la propia Ley Orgánica, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. De igual manera, tiene la atribución de presentar puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones.

V. Que la Cámara de Diputados inició, en su sesión del 4 de septiembre de 2012, el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República.

VI. Que con el ánimo de profundizar dicho análisis y establecer un diálogo constructivo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, esta Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente citar a comparecer a los titulares de distintas dependencias de la administración pública.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7° numeral 4; 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.Se acuerda el formato para desahogar las comparecencias de los funcionarios de la Administración Pública Federal, a efecto de realizar el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, ante el Pleno o en comisiones, será el siguiente:

I. Intervención por parte del funcionario compareciente hasta por 10 minutos.

II. Posicionamiento de cada grupo parlamentario, en orden creciente, hasta por cinco minutos.

III. Dos rondas de pregunta-respuesta-replica, en las que intervendrá cada grupo parlamentario en orden creciente, de la siguiente forma:

• Pregunta de cada grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

• Respuesta del funcionario, hasta por tres minutos.

• Replica del grupo parlamentario, hasta por tres minutos

IV. Al concluir la segunda ronda de preguntas-respuesta-replicas, intervención del funcionario público hasta por diez-minutos.

Segundo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo Federal los términos del presente acuerdo, a efecto de que se notifique a los funcionarios correspondientes.

Tercero.El presente acuerdo entrara en vigor el día de su aprobación ante el pleno.

Cuarto.Comuníquese y publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, México, DF., a 17 de septiembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Voy a pedir que se abra.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿En qué sentido, diputado Mejía?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sobre el acuerdo.

El Presidente diputado José González Morfín: Una, me la está solicitando el diputado Ricardo Mejía, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para referirse al acuerdo que está a discusión.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, señor presidente. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano manifiesta su aprobación a estas cuatro comparecencias; sin embargo, como lo planteamos en la Junta de Coordinación Política, nosotros insistimos en la necesidad de que comparezcan, no solo ante comisiones, sino ante este pleno el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; la procuradora general de la República; el secretario de la Defensa Nacional, y el secretario de Marina para que expliquen el fracaso de la política de combate al crimen organizado y los más de 90 mil muertos y desaparecidos que hay en el país.

Eso es lo que queremos también que en su oportunidad se acuerde y que sea ante este pleno, porque sin duda si algo ha marcado la agenda del país en los últimos seis años es este océano de sangre en que se ha convertido la República; por eso no queremos dejar pasar esta oportunidad para dar nuestro aval a este acuerdo, que asista el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda, el secretario de Economía y el secretario de Agricultura.

Pero no podemos tapar el sol con un dedo, necesitamos que vengan los responsables de esta política de seguridad pública y de combate al crimen organizado que ha sido un fracaso; queremos que aquí comparezcan, ante esta soberanía popular y por eso reiteramos ante este pleno nuestra solicitud. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, su intervención formará parte del Diario de los Debates, pero estamos discutiendo el formato de las comparecencias.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Gutiérrez de la Garza, por favor.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado presidente, respetuosamente le solicitaría —para ilustrar a la asamblea—, qué es lo que estamos en este momento sometiendo a consideración, porque lo que se está sometiendo no es quiénes van a comparecer, sino el método a desarrollar con las comparecencias.

Lamentablemente, creo que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra estaba distraído y se acaba de votar precisamente lo de las comparecencias; sería muy conveniente que se precisare y se ilustrara a la asamblea qué es lo que estamos votando en este momento, para evitar confusiones.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, tiene usted razón, yo también lo decía; el pleno de esta soberanía ha aprobado la comparecencia de cuatro secretarios de Estado, y lo que en este momento voy a pedir a la Secretaría es que tome la votación solamente del formato de esas comparecencias ante comisiones.

Por tal motivo, ruego a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo que contiene el formato para las comparecencias.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputada secretaria. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, solicito la palabra para razonar mi voto antes de la votación.

El Presidente diputado José González Morfín: Ya estamos en el proceso de votación, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): No se ha votado; está usted poniendo a consideración, pero no se ha votado.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Es sobre el formato de las comparecencias?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Por supuesto que es sobre el formato.

El Presidente diputado José González Morfín: Sobre este acuerdo, tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: En efecto, presidente. Ciudadanos, hay dos puntos de acuerdo; uno, que ya fue votado sobre el nombre de los comparecientes o sobre los comparecientes; y éste que está en proceso de discusión y de aprobación, en su caso —o rechazo—, que es relativo a la mecánica o al procedimiento por el cual van a comparecer.

Por eso me he inscrito y no es que el diputado estuviese distraído —el diputado Mejía—, sino que fue tan rápido el procedimiento, pero que finalmente uno y otro están concatenados. Voy a hablar particularmente sobre este punto del procedimiento. Históricamente, cuando vienen los comparecientes, vienen a nuestra casa; nunca cierran en sus intervenciones. Lo que nos están sometiendo a la consideración del pleno es una mecánica de fijación de posición o de fijación de la posición del gobierno de 10 minutos del funcionario; luego una posición del partido representado en esta Cámara; luego una pregunta de tres minutos, la réplica de tres minutos; y luego dos rondas y al final, el que cierra es el funcionario. El que cierra siempre en estas comparecencias es el funcionario.

Eso no ocurría anteriormente, porque viene al Parlamento, es la única ocasión que tenemos la posibilidad de cuestionar a los funcionarios sobre el ejercicio de su función; por eso, no solo aquí, sino en la Junta de Coordinación Política sostuve que históricamente, atendiendo la costumbre del derecho parlamentario o la costumbre como fuente del derecho parlamentario, los diputados son los que cierran en la réplica o en la contrarréplica, no los funcionarios.

Es como ahora que se está convirtiendo en costumbre ir a las oficinas lujosas de los funcionarios, cuando ellos deben de venir.

Hay una tragedia en Oaxaca por el derrame del petróleo y el director de Pemex invita a sus oficinas cómodas a todos los diputados y ahí van los diputados, cuando deberíamos exigirle que venga a responder por la tragedia que está pasando en materia ecológica en Salina Cruz, Oaxaca. ¿Por qué tenemos que ir a sus oficinas? Ese es el tema del procedimiento.

Por eso creo, se los digo con toda honestidad, que el diputado... Allá están haciendo algunas señas.

El Presidente diputado José González Morfín: Está pidiendo la palabra, entiendo, pero le ruego a usted también pueda concluir con su intervención.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Pensé que quería hacerme una pregunta, por eso estaba muy insistente; entonces, lo que les digo... Ah, sí, sí me la quiere hacer, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Gutiérrez de la Garza.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:No estaba equivocado.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza(desde la curul): Diputado presidente, para ver si le pregunta al orador si acepta una pregunta, mejor conocida como interpelación.

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia no tiene inconveniente, si el diputado Monreal acepta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Encantado.

El Presidente diputado José González Morfín: Puede formular su pregunta, diputado.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza(desde la curul): Muy sencilla, diputado Monreal; el acuerdo que está en este momento a votación, ¿fue firmado por usted? Esa es la única pregunta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Sí.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Correcto.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Claro, ¿y eso qué tiene que ver?

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego pueda concluir con su intervención, su tiempo se ha agotado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Mire, diputado —estoy respondiendo la pregunta—; primero, una de las cosas que me caracterizan es la congruencia, y le voy a decir, cuando solicité el uso de la palabra dije: para razonar mi voto, aunque voy a votar a favor.

Ayer lo razoné y ustedes, que constituyen mayoría, deberían de reflexionarlo con mayor seriedad, porque lo que está pasando en el Congreso es denigrarlo, es subestimarlo, es que cierren los funcionarios cuando ellos tienen la posibilidad, la posibilidad de todo el año, de generar condiciones y equilibrios en su propia secretaría o dirección. Lo que afirmo y ayer lo sostuve y hoy lo ratifico, es que los diputados federales y las diputadas, en este formato, deberían acudir a las fuentes del derecho parlamentario, entre otros la costumbre, en donde los diputados y diputadas cierran con réplica o contrarréplica la intervención del secretario o del funcionario público que comparece.

¿Qué le ofende a usted? ¿Qué es lo que le ofende, que usted cierre en su casa? Si eso es lo natural; me parece absurdo que usted esté litigando el que cierre un funcionario del gobierno las intervenciones, cuando debería estar luchando porque el Poder Legislativo tuviese su dignidad y su señorío, o usted aplaude —estoy contestando la pregunta—, o usted aplaude —no, no, todavía no se la termino de responder, ¿para qué me anda preguntando? Déjeme contestarle diputado—, ¿o usted aplaude ir a las oficinas lujosas de los funcionarios a que le expliquen lo que tienen la obligación de venir a explicar a la Cámara de Diputados? De mi parte, no renuncio a mi deber y a mi obligación de diputado.

Estoy contestando, presidente, ¿para qué me pregunta? Concluyo.

Es muy importante, diputados, se los digo con toda honradez, no permitamos que nos minimicen, rescatemos la dignidad del Congreso, ¿es mucho pedirles que actuemos como representantes populares? ¿Es mucho pedirle al director de Pemex que venga él aquí a explicar la tragedia ecológica y el descuido y la irresponsabilidad de Salina Cruz? ¿Eso es mucho? ¿Por qué tienes que ir a sus oficinas, si él tiene la obligación de venir aquí?

¿Por qué se ofenden? ¿Cuál es el problema? Les va a pasar lo que a todos nos sucede: que nadie nos respeta.

Cuando tú vas al aeropuerto —termino, presidente, con esta anécdota que me acaba de suceder—, vas al aeropuerto, sacas tu credencial muy orgulloso y dices a la señorita que está sellando los boletos, entregándote tu pase de abordar; saco mi credencial, la provisional que me dieron, soy diputado federal. La señorita la ve y dice: oiga, ¿y no traerá una credencial para votar, una credencial del IFE?

¿Que no se dan cuenta de nuestra posición, de veras? ¿No creen que sea necesario rescatar la credibilidad, el prestigio y el señorío del Congreso? ¿No creen eso? Ni modo, sigan igual. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Sonido en la curul del diputado Catalino Duarte. Dígame, diputado Duarte.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Señor, solamente para razonar mi voto; voté a favor.

El Presidente diputado José González Morfín: No se ha votado todavía, lo vamos a someter a votación en un momento más.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Por eso, deme la oportunidad de razonar.

El Presidente diputado José González Morfín: Esa figura no existe en el Reglamento. Se la podría dar a favor o en contra.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Es la misma situación del compañero Monreal.

El Presidente diputado José González Morfín: No, pidió para hablar a favor. No puedo negarle el uso de la tribuna al diputado Catalino Duarte. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos.

Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, por favor.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado presidente, seguimos en un debate sin sentido; aquí se trata de si se va o no a honrar la palabra; si se van a honrar o no los acuerdos. Porque esto es muy significativo aquí y en la vida; el Grupo Parlamentario del PRI honra sus acuerdos, ayer firmamos a favor, hoy votaremos a favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, tiene usted toda la razón, y de hecho no puede ni siquiera el pleno autorizar una nueva comparecencia si no viene propuesta por la Junta de Coordinación Política, eso es clarísimo.

Es cuanto termine la intervención del diputado Duarte, voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido, para inmediatamente después someterlo a votación. Tiene la palabra el diputado Duarte.

El diputado Catalino Duarte Ortuño:Gracias, señor presidente. Finalmente, el compañero del Partido Revolucionario Institucional debe mantener ecuanimidad en el tema; no es cualquier asunto, es la seguridad nacional de este país.

¿Por qué oponernos a que venga aquí quien se encarga de procurar los ilícitos? ¿Cuántos y cuántos asuntos no se han dado de manera insólita? Ahí está el de Tres Marías, por solo citar un ejemplo.

Me parece importante que también puedan comparecer los demás secretarios que aquí ya se señaló; es la única oportunidad histórica para que estos funcionarios frente a este pleno puedan dar respuesta a tantas preguntas que el pueblo mexicano quiere saber.

Por eso me parece interesante que comparezcan, ¿a qué tener miedo, si hay buenos resultados? ¿A qué tener miedo, si están convencidos que el pueblo de México está contento con su desempeño? No hay que temer que vengan, es lo correcto. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Como ya lo había anunciado...

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: A ver, sonido en la curul en que se encuentra el diputado Escajeda, por favor.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Insistir mucho en la importancia de privilegiar el respeto a los acuerdos; creo que si existe un órgano, que se llama Junta de Coordinación Política, donde están representados todos los partidos, y que por cierto todos firmaron de acuerdo, estas posturas no refleja más que —diría yo— primero protagonismo, o segundo, una manifestación clara del divisionismo y de esa incongruencia que dice no tener, porque entonces no demuestra más que una división interna de una fracción que en la Junta de Coordinación Política firmó el acuerdo.

Nadie nos oponemos a que vengan otros funcionarios, pero es un tema de respeto a los órganos de gobierno de esta Cámara.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se está desviando el debate, y ya anuncié —y voy a pedir a la Secretaría— que consulte a la asamblea, en los términos del Reglamento, si el asunto se considera suficientemente discutido.

Me están pidiendo la palabra muchos compañeros diputados. Si la asamblea dice que el asunto no está suficientemente discutido, abriremos una ronda de oradores. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera suficientemente discutido.

Estamos en un proceso de votación que ya había sido anunciado por la Presidencia. Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Suficientemente discutido. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

Estamos en votación. Ruego a la Secretaría continuar con el trámite.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

SISTEMA DE SUPERVISION Y CONTROL VEHICULAR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que realice un análisis sobre la eficiencia y eficacia del programa denominado Sistema de Supervisión y Control Vehicular, Siave, en la franja de la frontera norte del país.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro:Con su venia, señor presidente. Agradeciendo anticipadamente sus instrucciones, para que se inserte íntegramente en el Diario de Debates el punto a tratar.

Muy buenas tardes, señores legisladores, señoras legisladoras. Las fronteras del país han tenido un crecimiento considerable en el número de cruces fronterizos y tienen una importancia significativa para la economía nacional, principalmente para aquellos estados que colindan con Estados Unidos de América.

Para estos efectos, el gobierno federal gastó un total de 14 mil millones de pesos, aplicados en toda la franja fronteriza como parte del plan de modernización de las aduanas 2007-2012, y creó el Sistema de Supervisión y Control Vehicular, conocido popularmente como Siave, mismo que consiste en provocar el alto total del vehículo en la garita para ser pesado, para determinar sus características y detectar la posible introducción de bienes perniciosos a nuestro país.

Sin embargo, para los ciudadanos de la franja fronteriza del norte del país este gasto no corresponde a los resultados de la aplicación de este programa, mismo que ha dejado mucho qué desear y nos afecta de manera directa.

Atento a la falta de información, se ha sostenido que la aplicación del Siave ha tenido mayormente afectaciones frente a los resultados que ha brindado, ya que en los tres años que tiene de operación los resultados han arrojado un total de 19 armas de fuego decomisadas y la detención de tan solo 10 personas, lo que significa que en promedio se han detectado 6 armas y se ha detenido a tres personas por año, todo esto en la garita Tijuana-San Ysidro.

Históricamente, la garita de Tijuana-San Ysidro se ha considerado la frontera más transitada de todo el mundo; sin embargo, en las últimas fechas se ha previsto que han decaído hasta en 22.4 por ciento los cruces por esta frontera e incluso el sector empresarial ha declarado la pérdida de más de 70 mil empleos en los últimos tres años —lapso de tiempo que este sistema ha venido funcionando— y debido al tránsito lento se ha calculado la demora de más de 4.5 millones de horas laborales, tan solo en la región de California, en Estados Unidos de América, y Baja California, en México.

En materia turística también los efectos negativos se han manifestado al mantener la aplicación de este programa y se han visto reflejados en la disminución de la afluencia turística.

Por ello, consideramos que el Siave es ineficiente e ineficaz y el gobierno federal debe tomar en consideración la suspensión a la brevedad posible, hasta tener demostrada la eficiencia y eficacia de su operación.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a efecto de que realice a través de las dependencias correspondientes un análisis sobre la eficiencia y eficacia de este programa y los resultados que ha tenido la aplicación del mismo.

Segundo. Se suspenda a la brevedad posible la operación del programa de sistema de supervisión y control vehicular (Siave), en las garitas internacionales dentro de la franja fronteriza del norte del país, hasta en tanto no se obtenga el resultado del análisis en comento. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por las dependencias correspondientes un análisis sobre la eficiencia y eficacia del programa Sistema de Supervisión y Control Vehicular en la franja fronteriza norte, y a suspender éste en tanto no se obtenga el resultado del estudio, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

1. Las fronteras del país han tenido un crecimiento considerable en el número de cruces fronterizos y tienen una importancia significativa para la economía nacional, principalmente en aquellos que colindan con Estados Unidos de América.

En Baja California se cuentan seis puertos fronterizos activos: Tijuana-San Ysidro, Tijuana-Otay Mesa, Tecate, Mexicali-Calexico, Mexicali II y Algodones-Andrade, en donde se concentran el mayor número de cruces fronterizos del país, incluyendo al resto de la frontera norte que corre en Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Chihuahua.

2. El Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) es un programa diseñado para analizar el tipo de vehículo, su número de matrícula y peso en siete segundos; este programa fue diseñado en sus inicios con la intención de detectar tráfico ilegal de mercancías y armamento de Estados Unidos de América hacia el territorio nacional, en términos generales, el objetivo de la creación de este programa es para dotar de mayor seguridad al interior del país, así como detectar la introducción de armas ilegales al País, entre otros.

Para estos efectos, el gobierno federal gastó un total de 14 mil millones de pesos, aplicados en toda la franja de la frontera norte, como parte del Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012. Sin embargo, para los ciudadanos de la franja fronteriza del norte del país este gasto no corresponde a los resultados de la aplicación de este programa, mismo que ha dejado mucho que desear y nos afecta de manera directa.

En el tiempo de aplicación del Sistema de Supervisión y Control Vehicular, se ha detectado que el límite de espera ha sido superado considerablemente en los cruces fronterizos, principalmente en Baja California, lo cual hace que el tránsito vehicular sea demasiado lento, inhibiendo el desarrollo de las industrias importantes para el país.

3. Los retrasos en el tránsito lento que ocasiona la aplicación de Siave, se han visto reflejados en varios aspectos, entre ellos la inhibición del turismo, aumento significativo en horas de traslado, complicaciones para inversionistas, etcétera. Lo que al final se ve reflejado en pérdidas económicas para los estados fronterizos y en general para el país.

Incluso, recientemente un medio local, asi como las organizaciones civiles (tales como Coparmex, CCE, Deitac, Canaco, Canacintra, etcétera) han sostenido que la aplicación del Siave ha tenido mayormente afectaciones frente a los resultados que ha brindado, ya que en los tres años que tiene de operación, los resultados han arrojado un total de 19 armas de fuego decomisadas y la detención de 10 personas lo que significa en promedio se han detectado 6 armas por año, todo esto, en la Garita de Tijuana-San Ysidro, también denominada “Puerta México”.

4. Históricamente la garita de Tijuana-San Ysidro se ha considerado la frontera más transitada de todo el mundo, sin embargo, en últimas fechas se ha previsto que han decaído hasta en 22.4 por ciento los cruces por esta Frontera e incluso el sector empresarial ha declarado la pérdida de más de 70 mil empleos en los últimos tres años (que es el lapso de tiempo que este sistema tiene operando) y debido al tránsito lento, se ha calculado la  demora en más de 4.5 millones de horas laborales tan sólo en la región de California (Estados Unidos) y Baja California, México.

5. Se coincide en la necesidad de contar con un programa que contenga mecanismos de revisión y reducción del ingreso de mercancías y armas al territorio nacional, sin embargo, estos programas deben entrar en funciones cuando se tenga la certeza de su eficiencia y operación sin complicaciones significativas.

6. Se debe considerar la afectación ocasionada por los retrasos para las personas que diariamente deben cruzar por las garitas internacionales por cuestiones laborales, escolares o personales, sólo por poner un ejemplo, en la ciudad de Tijuana miles de personas pierden más de tres horas diarias en los cruces fronterizos.

Los efectos negativos de mantener la aplicación de este programa se han visto reflejados en la disminución de la afluencia turística, quienes cruzan por estas garitas hacia nuestro País, han padecido las consecuencias de los retrasos inhibiendo el número de las visitas y afectando considerablemente las industrias relacionadas al turismo y en general a la economía del Estado.

A todo esto debemos agregar, en el caso específico de la garita Tijuana-San Ysidro, las obras de ampliación y remodelación que se llevan a cabo y que pretende desviar el tránsito hacia la “Garita del Chaparral”, lo cual incrementará y complicará el tráfico en esa zona, es por ello, que se hace necesario que el gobierno federal realice un análisis sobre la eficiencia de este programa y los resultados que ha tenido la aplicación del mismo.

Consideramos que el Siave es ineficiente e ineficaz, y el gobierno federal debe tomar en consideración suspenderlo con la brevedad posible, hasta tener demostrada la eficiencia y eficacia de su operación.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado y motivado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar a través de las dependencias correspondientes, un análisis sobre la eficiencia y eficacia del programa de Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) y los resultados que ha tenido la aplicación de éste.

Segundo. Asimismo, se suspenda con la brevedad posible la operación del programa Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) en las garitas internacionales dentro de la franja fronteriza del norte del país, hasta en tanto no se obtenga el resultado del análisis en comento.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 2012.—Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del artículo 100 del Reglamento, pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix, de Nueva Alianza.

Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar sobre el tema: María del Carmen Martínez Santillán, del PT; José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano; David Pérez Tejada Padilla, del Verde; Rosendo Serrano Toledo, del PRD; Carlos Fernando Angulo Parra, del PAN; y don Fernando Jorge Castro Trenti, del PRI.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera urgente que se analice, de manera independiente, el funcionamiento del Sistema de Supervisión y Control Vehicular, mejor conocido como el Siave, que ha implementado el gobierno mexicano, pues consideramos que las evidencias demuestran que del 2009 a la fecha los resultados son deplorables.

A pesar de que el Ejecutivo federal ha invertido más de 14 mil millones de pesos en este programa, cientos de armas siguen ingresando ilegalmente por las aduanas terrestres cada año. La realidad es que en la última década México pasó del lugar vigesimosegundo al quinto en tráfico de armas, en el ámbito mundial, y se calcula que cada día ingresan al país unas dos mil armas para abastecer a los cárteles de la droga.

El Siave es ineficaz, porque no cumple con su cometido principal, que es detener el tráfico de armas por nuestra frontera terrestre. Por ejemplo, en este año solo se han incautado cinco armas en el estado de Baja California, ¿quién va a pensar o creer eso?

Es ineficiente, porque no opera las 24 horas del día ni ha cumplido con los tiempos promedio de revisión por unidad. Tampoco cuenta con la tecnología requerida para realizar inspecciones rápidamente, lo que lleva a revisiones aleatorias y con ello a fomentar actos de corrupción.

En Nueva Alianza sabemos que es menester exigir al Ejecutivo federal que cumpla con el deber constitucional del Estado mexicano y disponga, eficientemente, de los recursos públicos para implementar las medidas necesarias para disminuir la violencia ocasionada por el tráfico ilegal de armas. Nos preocupa que la inversión pública del gobierno en este tipo de programas sea tan onerosa como ineficiente; rechazamos la demagogia de las acciones de relumbrón, mientras la violencia siga cobrando vidas de mexicanas y mexicanos, en esta fallida lucha contra el crimen organizado.

Por ello, compañeros diputados y diputadas, votaremos a favor del presente punto de acuerdo, en atención a la solicitud del proponente; exhortemos al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que atienda el reclamo de esta iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña María del Carmen Martínez Santillán, del PT, tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, se somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal analice la eficiencia del Siave, que es un sistema implementado en la franja fronteriza norte, con el propósito de detectar el tráfico ilegal de mercancías y armamento provenientes de Estados Unidos de América.

En ese sentido, el proponente señala que los resultados de la aplicación del Siave no han sido los esperados, en especial si consideramos que la inversión para dicho sistema fue de poco más de 14 mil millones de pesos.

De hecho, más que garantizar mayor seguridad en la franja fronteriza lo que ha ocasionado es que los tiempos de espera en el cruce fronterizo se han incrementado, lo que ha inhibido la llegada de nuevas empresas y una disminución del turismo en esa zona del territorio nacional.

La presente administración ha buscado fortalecer la seguridad en la frontera norte, en particular en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

La opinión pública dio a conocer que las autoridades estadounidenses llevaron a cabo operativos como: Rápido y Furioso, y Arma Blanca, donde se evidenciaron los nuevos controles de la aduana mexicana para el tráfico ilegal de armas. De esta manera, podemos corroborar que los esfuerzos que ha hecho la administración de Felipe Calderón, para contener la introducción ilegal de armas a México han sido infructuosos.

En los tres años que llevamos operando el Siave solo se han detectado 19 armas, detenido a 10 personas, resultados mínimos, y consideramos que solo en el estado de Baja California hay seis cruces fronterizos activados.

Simplemente, en la garita de Tijuana-San Ysidro, se ha estimado que los cruces han disminuido en 22.4 por ciento; las organizaciones empresariales calculan que en los tres años de operación del Siave se han perdido 70 mil empleos en esa zona fronteriza.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, reconocemos la necesidad de tener controles eficientes en materia de contrabando de mercancías, tráfico ilegal de personas, de armas y de estupefacientes, pero no a costa de sacrificar la competitividad de las industrias, los comercios y las personas en la frontera norte del país.

Los distintos sectores que están asentados en la frontera norte están preocupados porque se persista en la implementación del Siave, derivado de que no ha sido un programa que haya mostrado un nivel de resultados que lo justifique; por el contrario, ha generado más cuestiones negativas que positivas.

Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo compartimos la preocupación y el llamado que han hecho para que sea suspendido el programa Siave. Por las consideraciones antes expuestas, estamos a favor del punto de acuerdo en comento. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, con motivo de la guerra contra el narcotráfico el gobierno federal se ha empeñado en destinar cantidades exorbitantes de dinero en una serie de programas, medidas o estrategias, que en muchos de los casos no han reportado beneficios significativos en materia de seguridad y que, por el contrario, se han convertido en una furente más de corrupción y de desvío de recursos.

El caso del sistema de supervisión y control vehicular ha costado 14 mil millones de pesos, como parte del Plan de Modernización de Aduanas, con el fin de analizar en el tránsito vehicular, a través de las garitas transfronterizas, tipo de vehículo, su número de matrícula y peso en siete segundos e inicialmente con la intención de detectar el tráfico ilegal de mercancías y armamentos procedentes de Estados Unidos de América hacia el territorio nacional.

Oficialmente el sistema de supervisión y control vehicular es un proyecto integral del Plan de Modernización de Aduanas, que permite la revisión de vehículos que ingresan a la frontera mexicana con Estados Unidos de América en un tiempo promedio de ocho segundos, pretendiendo con ello agilizar el tránsito de mercancía de los exportadores e importadores y deteniendo el tráfico ilegal de mercancías, armas, sustancias y personas; en el caso de las armas ha fallado brutalmente.

El sistema de supervisión y control vehicular (Siave) fue instalado en las aduanas del norte del país en el 2009, desde entonces poco ha sido el éxito del proyecto y sus beneficios operativos son escasos y altamente onerosos; el Siave no ha arrojado los resultados esperados, ya que no opera las 24 horas del día ni ha cumplido con los tiempos promedio de revisión por unidad, lo que ha generado una gran polémica debido a la cantidad de cruces que hay en la frontera, ya que ocasiona una grave congestión vial y demoran el cruce fronterizo.

El sector empresarial no cuenta con datos sobre contrabando detectado por el Siave, además de considerarlo un obstáculo para generar mayor derrama económica en la ciudad.

Las problemáticas de la frontera siguen sin ser escuchadas por el Ejecutivo, no hubo posibilidad alguna de que el sector empresarial planteara los inconvenientes que ha generado el programa Siave para implementar otro esquema de vigilancia, ya que se considera que el existente se ha convertido en un ícono inhibidor de turismo y sigue siendo de gran afectación; no se ha logrado alcanzar los objetivos deseados para la detección de contrabando, drogas y armas, por lo que no se cuenta con argumentos válidos ni sólidos para continuar el programa Siave, siendo éste un fracaso más sin dar resultados positivos para la inversión y la generación de empleos, así como para la derrama económica en el sector turístico. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Don David Pérez Tejada Padilla, del Verde.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de dar a conocer la postura, como fracción del Partido Verde, acerca de esta iniciativa que propone como urgente nuestro compañero diputado de Baja California, de la fracción del Partido Acción Nacional, Juan Manuel Gastélum.

Si bien es cierto el Siave se compone de dispositivos que toman el peso, dimensiones y placas del vehículo, esto es realmente intimidatorio para cualquier persona que decida cruzar a nuestra frontera. Este mecanismo es un inhibidor del crecimiento económico y del desarrollo turístico, ya que amedrenta tanto a nacionales como a extranjeros que visitan nuestro país.

Se ha manejado como un sistema innovador para la medición del riesgo; sin embargo, lejos de que la gente se sienta segura, se siente amedrentada y viola el derecho al libre tránsito de vehículos.

Este sistema tiene su antecedente en la tan famosa Iniciativa Mérida, que hasta hace poco nos enteramos del objetivo y que para nada es alentador, ya que nos coloca como un país sometido al vecino país del norte.

Existe un estudio que fue publicado por el Consejo Coordinador Empresarial, a partir de la implementación del mecanismo de revisión vehicular (Siave) en las 21 aduanas fronterizas terrestres. Dicho Consejo Empresarial presenta este análisis sobre las deficiencias del sistema, donde se afirma que el tiempo oficial de revisión es de ocho segundos; sin embargo, el tiempo oficial del mecanismo Siave demostró que son 14 segundos. Es decir, casi el doble de lo previsto.

Esto no únicamente afecta a las personas que vienen como turistas a nuestro país; el impacto de dicho programa tendrá no solo efecto en la actividad económica, sino también en los estudiantes, trabajadores, visitantes, familiares y miles de personas que diariamente cruzan la frontera.

Mi pregunta es la siguiente, ¿el gobierno sabe que el verdadero contrabando no ingresa por las garitas, sino en contendedores? Los vehículos de carga son el mejor instrumento para ingresar armas o contrabando y no así los vehículos de pasajeros.

¿Cómo se está implementado el Siave, si aún no hay una modificación de la legislación al respecto? Para poder implementar un sistema de revisión de esta índole primero hay que ajustar la ley; de lo contrario, ¿bajo qué marco legal se regula?

Por último, apoyando la propuesta de mi compañero Juan Manuel Gastélum, nos queda muy claro que la seguridad nacional es solo un buen deseo, porque al contrario, con estas medidas nos sentimos inseguros y asediados por nuestro propio gobierno. Es cuanto, muchas gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias y es mucho. Don Rosendo Serrano Toledo, del PRD, tiene el uso de la voz.

El diputado Rosendo Serrano Toledo:Con su permiso, señor presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, 14 mil millones de pesos costó este sistema, un organismo que por voz de mis compañeros y el de la propuesta del compañero del PAN, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, han obtenido una miseria de resultados; 14 armas. Cada arma viene costando 2 mil 300 millones de pesos para este gobierno y por supuesto, para el pueblo.

¿En qué países o en qué país se hacen organismos inoperantes? ¿En qué país se hacen organismos, que lejos de funcionar, luego son puntos de corrupción? Lamentablemente eso pasa en México.

Estamos  a favor, pero me acuerdo que cuando este sistema se implementó hicieron bombos, platillo, ruido y dijeron que era lo mejor para detener el tráfico de armas y de mucha mercancía ilegal.

Hoy los compañeros del PAN, el compañero Juan Manuel, nos dice que esto ya no sirve y además —estoy totalmente de acuerdo y nuestra fracción va a votar a favor—, pero hay un considerando que si...Lo voy a volver a leer; si le ponemos atención, verán que ahí está el meollo del asunto para ya no poder en lo futuro, hacer este tipo de aberraciones, de nombrar este tipo de organismos.

Dice el considerando 5: Se coincide en la necesidad de contar con un programa que contenga mecanismos de revisión y de reducción del ingreso de mercancías y armas al territorio nacional; sin embargo, estos programas deben de entrar en función cuando se tenga la certeza de su eficiencia y operación, sin complicaciones significativas.

Es decir, este sistema, este organismo, no debió implantarse nunca, jamás. Miren, compañeros, hoy estamos de acuerdo en votar este punto de acuerdo, porque falta poco para que esta administración termine y miren, hay que darle —como coloquialmente se dice— palo a este asunto, ya.

Pero, por favor, espero que en lo futuro no vengamos a proponer puntos de acuerdo en este sentido de algo que desde inicio no debió operar; desgraciadamente se nos implementa desde el Ejecutivo federal como algo bueno y termina siendo de lo peor.

Estamos de acuerdo, compañero del PAN, Gastélum; vamos a votar en contra, perdón a favor. Yo pensaba que lo íbamos a aprobar, pero no, está bien. Vamos a votar a favor. No tenga cuidado, nuestra fracción parlamentaria va a votar a favor. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien. Don Fernando Angulo Parra, del PAN. Don Carlos Fernando.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:Con la venia de la Presidencia. Quiero manifestar nada más algunos aspectos importantes en relación con este sistema que ya se ha comentado, para que se entienda la trascendencia de lo que está ocasionando en las fronteras.

El Siave es un sistema que consiste en una plumita, en donde llega un automóvil y la plumita —como la de los estacionamientos que todos conocemos— está bloqueando el acceso del automóvil; uno se queda ahí, como tonto, hasta 15 segundos. Se decía que eran siete segundos, pero se queda uno hasta 15 segundos esperando, y se prende la luz del semáforo fiscal, ya sea verde o roja; si se prende la luz roja suena una alarma y lo pasan a uno a revisión; si se prende la luz verde, uno cruza la garita sin pararse.

El problema es la barrera que lo hace a uno esperar. Antes de que se estableciera este problema no existía esa barrera, simple y sencillamente uno pasaba y si se prendía la luz roja sonaba la alarma y uno pasaba a revisión.

¿Por qué se hace esta demora de siete a 15 segundos? Supuestamente es para pesar el vehículo; ustedes se han subido a una pesa en cualquier lado, ustedes han pesado cualquier objeto. Bueno, cuando se pesa algo no se tarda entre cinco y siete segundos en ver el resultado, es inmediato, es instantáneo. ¿Por qué se diseña un sistema tan mal estructurado? Ésa es la pregunta.

Esto en las fronteras grandes, como las de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y en algunos lugares más pequeños, genera un efecto prácticamente catastrófico, compañeros legisladores y compañeras legisladoras.

Las revisiones injustificadas y a veces vejatorias, que se dan en el lado de Estados Unidos de América ahora se están duplicando, digamos, se están emulando del lado mexicano. Esto es totalmente inaceptable.

Compañeros y compañeras, la vida en la frontera se basa principalmente en la interacción de las actividades fronterizas, que son el alma económica del desarrollo de la región; el constante y eficiente cruce de la frontera es el corazón que hace fluir la sangre que vitaliza las operaciones de bienes y servicios necesarios para que nuestro país siga generando las divisas que necesita para hacer crecer nuestra economía, generar empleos y desarrollar el bienestar.

No podemos en México poner barreras logísticas totalmente inútiles que se les ocurren a los burócratas de la Ciudad de México, que se encuentran a miles y miles de kilómetros de distancia donde suceden las cosas; no podemos permitirlo, lo único que ocasiona esto es hacer más complicadas y caras las transferencias fronterizas, que minan la competitividad del país.

Esto, claro, sin menoscabo de seguir insistiendo por la vía diplomática y de presión política internacional en que las vejaciones e inspecciones inútiles de las autoridades estadounidenses también de inmediato se cambien y sean fluidas y sean dignas, para los que cruzamos las fronteras de una manera cotidiana.

Les suplico a mis compañeros que me han precedido y a mi buen amigo don Fernando Castro Trenti, que formemos una comisión de empuje de esta iniciativa, de este punto de acuerdo para que tengamos efectividad en su realización y no la dejemos suelta, como muchas veces, a veces sucede. Entonces, les ruego que consideren mis compañeros hacer esto; yo con todo gusto utilizo las buenas relaciones que puedan tener con las autoridades hacendarias y el SAT, para poder impulsar esto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz su eminencia, don Fernando Castro Trenti. Esta Presidencia toma en cuenta la petición de don Carlos Fernando, de generar un grupo de trabajo, que no comisión, misma que se evaluará en sus términos.

El diputado Fernando Jorge Castro Trenti:Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. El asunto no es nuevo ni es menor, déjenme explicarles por qué; pareciera que esta nueva integración del Congreso de la Unión va a tomar conocimiento, por primera ocasión, de un asunto trascendente para la vida de las zonas fronterizas de la República. No, no es la primera vez que en esta tribuna se toca este mismo tema y esto nos debe llevar a hacer una serie de reflexiones.

Quiero solo desde el punto de vista de referencia mencionarles que el 29 de julio del año 2009, en el Senado de la República se aprobaron resolutivos similares en las que exhortaba a la revisión, suspensión y modificación de este sistema de revisión vehicular.

Posteriormente, el mismo 19 de agosto del año 2009, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en términos similares, solo que se planteaba la necesidad de generar una investigación de la adquisición de un sistema anacrónico y obsoleto, cuando en el mercado existían sistemas que podían contar con los elementos técnicos suficientes para generar el control vehicular sin llevar a cabo esa lentitud, que traía como consecuencia la afectación de la economía de las regiones fronterizas.

El 14 de octubre del año 2010, el pleno del  Senado volvió a aprobar resolutivos similares; el 14 de abril del año 2011, en los mismos términos, solo se adicionaba la necesaria comparecencia del titular del ramo.

En la Cámara de Diputados también, el primero de diciembre del año 2009, por el diputado Francisco Saracho Navarro; el 8 de diciembre del año 2009, por el diputado Miguel Ernesto Pompa; el 22 de diciembre del año 2009, por la diputada Laura Elena Ledesma Romo; el 22 de abril del año 2010, del diputado Eduardo Ledesma Romo.

Es decir, tenemos que entender todos nosotros que, o hacemos valer la representación que tenemos en esta soberanía, o volveremos a escuchar puntos de acuerdo que pretenden obtener un objetivo que favorezca a la sociedad, pero que el vínculo de comunicación entre el gobierno federal y el Congreso no satisface las necesidades de la sociedad.

Por esa razón, hacemos propia la solicitud de la creación de un grupo de trabajo, pero no solo eso, sino que creemos una política pública que no pretenda arrasar con la misma visión central y plana, sino con una idea trasversal de las políticas de desarrollo regional de las entidades federativas.

No pueden tratarse igual a ciudadanos que viven en forma diferente, en regiones diferentes, con políticas públicas dictadas desde el centro de la República.

Concluyo diciendo que reconozco el esfuerzo de mi paisano, el diputado Gastélum; recogemos, el Grupo Parlamentario del PRI, su inquietud que corresponde a las que muchas veces hemos oído ya, que la posición del diputado Angulo nos parece favorecedora, en razón de establecer un método de trabajo que no concluye hasta que el asunto termine, y de aquí en adelante los mexicanos podemos ser capaces de estar unidos, si reconocemos en las diferencias las necesidades de consolidar un país que reconozca el valor que tiene cada región.

En aquella vieja y buena época el desarrollo regional traía como consecuencia proyectos productivos que incorporaban a la sociedad, a partir de sus necesidades. Hagamos pues de este encuentro una solución, una política que permita que en todas las latitudes de la República los mexicanos dejemos de sentirnos agobiados por el centro, porque en cada ocasión volteamos a la Constitución y decimos: ¿hasta cuándo vamos a revisar la construcción del pacto federal, si la federación sigue sin entender que en las entidades federativas existe mayoría de edad en los ciudadanos y ciudadanas, que nos permitan darnos políticas que nos incorporen al desarrollo y que nos lleven dinero al bolsillo de los ciudadanos. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Se encuentran en este recinto y les damos la bienvenida con una enorme calidez, a los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, invitados nada menos y nada más por el señor diputado Alejandro Montano Guzmán, del distrito Xalapa Rural. Sean ustedes bienvenidos.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con los numerales reglamentarios, tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, don Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo de integración plural al interior de la Comisión de Energía, que tenga por objeto específico transparentar todos los manejos comerciales, económicos y financieros de Petróleos Mexicanos, de 1993 a la fecha. Viene don Ricardo Monreal; tiene usted el uso de la voz, ya lo extrañábamos en la tribuna.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, presidente. Dígame qué va a hacer después de las dos de la tarde, si nos pagan para trabajar, así es de que no se preocupe.

Es un tema muy delicado el que voy a tratar. La corrupción en México se ha institucionalizado y lamentablemente es protegida, auspiciada y promovida por el gobierno; a lo largo de la historia Pemex ha sido quizá el sector más saqueado del país y además hay una impunidad impresionante.

Lo que voy a tratar ahora y que en principio agradezco, el que los grupos parlamentarios hayan aceptado la consideración de obvia o urgente resolución; reconozco la voluntad del PRI, del PAN, del PRD, de Nueva Alianza, del Verde y del PT, para elevar a obvia o urgente resolución este punto de acuerdo.

¿De qué se trata? En 1992 se realizó una coinversión de Pemex con una empresa privada Mexicana de Lubricantes; desde 1992, que se firmó este contrato de coinversión, esta empresa ha tenido pérdidas, la mayoría de acciones está en el sector privado como un inicio de la privatización de Pemex, ocurrido en 1992.

Un año antes de esta coinversión, Pemex Refinación, en esta área, obtuvo 235 millones de dólares de utilidad, un año antes; un año después empezó a tener pérdidas. Pero no solo eso, a partir de esa fecha esta empresa, con la que ha coinvertido Pemex, no informa, no tiene los libros de contabilidad y se maneja con una total impunidad.

Pemex ha formulado 60 demandas, desde una denuncia penal por comisión fraudulenta, por asuntos fraudulentos, por administración fraudulenta, hasta demandas fiscales por evasión, elusión, por evasión fiscal, por fraude.

Asciende, nosotros estimamos, a una cantidad de 40 mil millones de pesos lo que esta empresa ha generado de irregularidades y de fraude en contra de Pemex.

Sin embargo, déjenme decirles lo más escandaloso, el presidente o gerente de la empresa, con su director, con su secretaria, Salvador Martínez Garza, que es una empresa jalisciense, estado de huevos, recibe al mes 10 millones de pesos de sueldo; diez millones de pesos por mes.

Entonces, lo más grave es que a pesar de tener todas estas anomalías y de haberse establecido 60 juicios en contra de Mexicana de Lubricantes, en los que se exigía desde la entrega de estados financieros de los años que habían transcurrido y después de verificar Función Pública y Pemex que existían irregularidades en la administración de esta empresa de coinversión, Pemex mágicamente, el 22 de agosto —es decir, hace 15 días—, decide volver a suscribir convenios de coinversión con esta empresa, Mexicana de Lubricantes, de esta empresa jalisciense.

Es decir, a pesar de lo que hay, antes de la conclusión de sexenio, hace 15 días Pemex firma y dice: borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva y empieza de nuevo un proceso de coinversión con esta empresa, que ha defraudado el patrimonio nacional en casi 40 mil millones de pesos y que sus funcionarios ganan 10 millones de pesos mensuales, a costa del robo y del fraude a una empresa del Estado mexicano.

Es muy grave, quizá muchos estén en la ingenuidad o hasta en la frivolidad de los funcionarios públicos de Pemex, pero esto que está ocurriendo no puede pasar desapercibido en el Congreso. En cualquier otro país del mundo —termino, presidente, sé que es tolerante— esto sería un escándalo.

¿Qué es lo que estoy planteando? Estoy planteando un grupo plural. No adelanto juicios, no adelanto ni prejuzgo; un grupo plural que investigue porqué razón el director de de Pemex ha reanudado relaciones de coinversión con una empresa que ha defraudado al país, al fisco y a los mexicanos.

¿Vamos a permitir que sigan cobrando los funcionarios de esta empresa privada 10 millones de pesos mensuales? Les pregunto. Ésa es mi petición.

Termino reconociendo la actitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios para iniciar este proceso de investigación a la brevedad posible. Ojalá y pronto tengamos los representantes de cada grupo para investigar; no lo merece el país, no lo merece nuestra nación. Muchas gracias, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo plural de trabajo en la Comisión de Energía para transparentar los manejos comerciales, económicos y financieros de Petróleos Mexicanos de 1993 a la fecha, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A lo largo de la historia de la administración pública de nuestro país hemos escuchado hasta el cansancio noticas sobre fraudes, corrupción y malos manejos por parte de Pemex.

Los numerosos registros de los dispendios y malos manejos en la paraestatal, dan cuenta de monumentales actos de corrupción que van desde el pemexgate, hasta el escándalo de 400 mil millones de pesos de mayo pasado, donde se resaltó que Pemex Corporativo registró un quebranto –detectado en la Cuenta Pública de 2010– como un incremento de inversiones a organismos subsidiarios, pero sin que existiera una aportación especifica, fundamento técnico, ni la autorización del consejo de administración de la paraestatal.

Hoy de nuevo nos encontramos ante un caso indignante.

El hecho de que Pemex haya decidido retomar las relaciones por diez años más con Mexicana de Lubricantes (perteneciente a Impulsora Jalisciense, SA de CV, empresa que realizo un fraude que asciende a 40 mil millones de pesos, no puede tener otra descripción más que la de otro caso paradigmático de encubrimiento e impunidad.

Desde que en 1992 se autorizara la coinversión con capital privado en aras de mejorar la formulación, envasado y comercialización de lubricantes y grasas, este sector que antes se encontraba en el lugar 37 de 100 líderes en rentabilidad en el país y que aportaba una ganancia neta de 225 millones de dólares ha declarado tener pérdidas netas cada año.

Mexlub desde su inicio fue poco transparente. La composición de la empresa nunca cumplió con las bases de licitación. Aunado a esto, resulta impensable creer que un sector tan rentable pueda decaer de un año para otro y no recuperarse en los consecutivos, pero lo que demuestra un descaro total es el hecho que Mexlub haya ocultado sistemáticamente todos los libros, registros y archivos de la empresa, aún cuando por contrato estaba obligada a reportarlos abiertamente a Pemex cuando esta lo deseara.

Ante estas anomalías, se entablaron 60 juicios en contra de Mexlub, en los que se exigía la entrega de los estados financieros de los años 2001 a 2005, obteniendo como respuesta la entrega de éstos tan sólo hasta el 2003, y se aconsejó llevar a cabo una asamblea ordinaria de accionistas con auditorias financiera, fiscal, legal, forense  así como una valuación de la empresa. No menos importante es la denuncia penal que se interpuso por administración fraudulenta en contra de Salvador Martínez Garza, director de Mexlub.

No obstante la interposición de estas demandas y denuncias, el 21 de agosto del presente año se ha decidido reanudar las relaciones con esta empresa. Pemex Refinación recibirá 399 millones de pesos obtenidos de la reducción de capital social de Mexlub, además de un monto mínimo de 100 millones de pesos en un plazo no mayor a 3 meses. Como ganancias se le entregarán 6.4 millones de pesos por dividendos de 1998 al 2000, es decir por tres años se le entregarán ganancias menores al escandaloso sueldo del director Martínez Garza y su secretaria de casi 10 millones de pesos.

¿A qué intereses responde esta renegociación? ¿Cómo se pretende llevar a cabo un “borrón y cuenta nueva” cuando los nuevos términos  de negociación, implican la remisión del incumplimiento sistemático de obligaciones de todo tipo? Las utilidades que la empresa debe reportar a la paraestatal, apenas cubrirían los gastos y costas de los juicios entablados en su contra. Pemex mismo ha admitido que la actitud de Mexlub fue irresponsable, y resulta cínico e incomprensible que aún así, se decida restablecer las relaciones comerciales con Mexlub.

Por otro lado, parece totalmente sospechoso que en pleno proceso de transición, ante el regreso del partido, y muy posiblemente, de la cuestionada cúpula política que fomentó la fragmentación de Pemex, resurja la idea de la coinversión con una empresa que le ha estado robando sistemáticamente durante años a la paraestatal.

Como era de esperarse, el “nuevo” PRI, se estrena con viejas prácticas: condonar cualquier error, aceptar migajas, pasar por alto administraciones fraudulentas y adoptar una actitud encubridora y promotora de la impunidad, cuando se trata de amigos o aliados políticos.

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita la creación de un grupo de trabajo de integración plural al interior de la Comisión de Energía, que tenga por objeto específico transparentar todos los manejos comerciales, económicos y financieros de Petróleos Mexicanos, de 1993 a la fecha.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.— Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. En términos del artículo 100 del Reglamento, pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, hasta por tres minutos, como una llamada de teléfono.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Algunas mujeres hablamos más de tres minutos por teléfono, presidente, pero le agradezco la advertencia. Con su venia, señor presidente. Vengo a esta tribuna a presentar, no solamente el apoyo del Partido del Trabajo a este punto de acuerdo, que se presenta hoy como de obvia o urgente resolución, sino a razonar también el porqué lo hacemos.

Este punto de acuerdo se refiere, no solamente a investigar la flagrante violación a la Constitución que la paraestatal ha incurrido en celebrar diversos contratos económicos privados con diversas empresas financieras y otras de explotación, algunos ya por supuesto aprobados por la Suprema Corte de este país.

El PT —como ya lo dije— no puede más que unirse a dicha petición, pero para hacerlo, vale hacer un poco de historia, compañeros diputados. Hace ya más de tres años hubo una iniciativa similar en esta Cámara, que pretendía investigar todos los contratos comerciales que Pemex había hecho hasta le fecha; en aquella ocasión la mayor motivación de la creación de esta comisión era investigar la participación de Juan Camilo Mouriño —finado—, en los mismos.

Desgraciadamente, como sucede en algunas ocasiones en esta Cámara de Diputados, con una negociación obscura, por no decir en la opacidad de las cúpulas de esta Cámara, a pesar de que los promoventes habían levantado la firma ya de más de un tercio de los diputados de distintos grupos parlamentarios de este Congreso, la iniciativa fue negada.

La corrupción y la opacidad —como ya lo dijo el diputado Monreal— de Pemex y sus relaciones comerciales es un secreto a voces, o diría yo: un secreto a voces y periodicazos. Lo más claro es obviamente y la punta del iceberg es esta relación de la que ya habló el diputado Monreal y de la que no ampliaré más, que en resumir que Mexlub tiene 60 juicios en su contra por la falta de presentación de estados financieros de 2001 a 2005 y el 7 de julio de 2006 le ha sido iniciado un procedimiento, a raíz de denuncia por hechos, por administración fraudulenta, de la cual no sabemos nada.

Finalmente —y trataré de concluir rápidamente, señor presidente—, la más escandalosa: el 16 de agosto del año pasado, con la venia de la Suprema Corte de Justicia, se asignaron a la británica Petrofac y a la Mexicana Administradora de Proyectos de Campo, los primeros contratos privados para operar campos petroleros maduros desde 1938, que fue cuando se nacionalizó la industria.

Este es un punto de acuerdo necesario, que como el diputado Monreal ha comentado en esta tribuna, debe de hablar de nuestra responsabilidad y no de nuestra frivolidad como legisladores, porque al no aprobarlo y al negar la importancia de esta Comisión, es casi como hacernos cómplices de la opacidad y la falta de interés, de enderezar la paraestatal en su operación y mejorarla para que sea la gran empresa que puede ser. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Tomás Torres Mercado. Perdóneme. Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Para reiterar nuestra propuesta de punto de acuerdo, para que se constituya este grupo de trabajo plural al seno de la Comisión de Energía, a efecto de que se investigue no solamente el manejo sospechoso, este manejo corrupto, este manejo donde claramente se ven tráfico de influencias, sino también para hacer una revisión puntual de la situación financiera y de las actividades comerciales que se han llevado a cabo por Petróleos Mexicanos desde 1993.

No es un tema menor el que se está planteando y debemos reconocer la apertura de los grupos parlamentarios para tratar este tema. Sin lugar a dudas, la gran demanda ciudadana de hoy es la transparencia y el combate a la corrupción; hoy se habla de constituir comisiones anticorrupción, de darle mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y se anuncia con bombo y platillo.

Nosotros creemos que la mejor manera de transparentar y demostrar a la ciudadanía que efectivamente vamos a un combate a fondo a la corrupción, es con decisiones como la que estamos planteando.

Un grupo de trabajo que examine las finanzas de la principal empresa de México, que es Petróleos Mexicanos, porque no cabe duda que los últimos ejercicios de dirección y de los directores generales de esta empresa estratégica y prioritaria de la nación, han estado marcados por la opacidad, por el tráfico de influencias, por el contubernio y por los negocios al amparo del poder.

Es tiempo de poner un alto a esta situación y hacer de Petróleos Mexicanos una empresa de todos, que le sirva a la nación y no solamente un resumidero de corrupción y de negocios para unos cuantos.

Por eso agradecemos que los grupos parlamentarios estén a favor de este punto de acuerdo; será un primer paso para un combate a fondo a la corrupción y ganar en materia de transparencia en el país. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Tomás Torres Mercado tiene el uso de la voz.

El diputado Tomás Torres Mercado:Gracias, ciudadano presidente. Nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, participará en propuestas como ésta y las que haya que discutir que establezcan principios de transparencia y de rendición de cuentas en el manejo de los recursos de la nación, entidades o dependencias del gobierno nacional.

Acompañaremos igualmente todas aquellas que tengan que ver con la fortaleza y con las facultades de investigación y de control del Congreso mexicano, en un plano de equilibrio y de colaboración con los otros Poderes de la Unión.

Vemos, sin embargo, necesario en una cuestión de procedimiento, decir, estimadas diputadas y diputados, en una cuestión de procedimiento, de que el Partido Verde se pronuncia por la fortaleza, la salvaguarda del órgano colegiado, que califica o no de urgente u obvia resolución un punto de acuerdo.

Este espacio de entendimiento, este espacio de convergencia política para poder llevar adelante los trabajos de esta Cámara fue la que determinó cuáles puntos serían tratados como de urgente u obvia resolución.

Vamos con él. Pero también planteamos congruencia con lo dicho al seno de ese órgano colegiado, porque luego allá se dice una cosa y acá puede decirse otra.

Las firmas en la Junta de Coordinación Política no necesariamente precipitan o anticipan el sentido de la votación de los grupos parlamentarios. Estamos de acuerdo; iremos a favor.

Esta cuestión de procedimiento tiene que ver con que un grupo plural de trabajo dependerá de una comisión, la de Energía, se dice. ¿Le acompaña la urgente u obvia resolución, o la subordinamos a la instalación de la Comisión de Energía? Porque el privilegio en el trámite de esta propuesta, es el mismo privilegio de las propuestas que tenemos para crear  comisiones especiales o grupos plurales de trabajo.

En aras de la congruencia y del acuerdo político, votaremos a favor, como lo haremos en aquellos asuntos en los que, repito, revelen utilidad política, utilidad social y sobre todo, pongan adelante el acuerdo político de los propios grupos parlamentarios. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD, tiene el uso de la voz.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Con su venia, ciudadano presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, respaldamos y valoramos plenamente la propuesta que aquí se ha hecho por parte del Partido Movimiento Ciudadano.

Consideramos que tenemos que partir de una premisa fundamental: Pemex no es patrimonio del gobierno, Pemex es patrimonio de todos los mexicanos y por lo tanto, debemos transparentar su manejo, su actuación, en beneficio precisamente de la tranquilidad de todos los mexicanos.

En los últimos años mucho se ha hablado y se ha escrito en torno a oscuros manejos financieros de Pemex; se habla de que Pemex tiene recursos, cuantiosos recursos en paraísos fiscales; se habla de que Pemex tiene coinversiones en refinerías en distintas partes del mundo.

Incluso hace algunos meses se suscitó en España un escándalo de trascendencia nacional en aquel país, en torno a la participación, a la importante participación de Pemex dentro del consejo de administración de la petrolera española Repsol. Paradójicamente, lo que fue un motivo de debate en la sociedad española, en México si acaso fue mención únicamente mediática, cuando debió haber sido un tema importante y que se debió haber informado a esta soberanía, tratándose de una empresa que es patrimonio de los mexicanos —como ya he dicho— y que por lo tanto, su actuación, incluso al interior de otras empresas y de otras transacciones financieras internacionales, tendría que transparentarse frente a esta Cámara.

Por eso aplaudimos esta propuesta; nos parece que puede ser la punta de un iceberg, como por ejemplo, también la sistemática preferencia hacia empresas extranjeras que hoy en el sureste del país desplazan a la mano de obra mexicana y contratan de manera voluminosa mano de obra extranjera, principalmente venezolana, colombiana y canadiense, en detrimento de los mexicanos.

A nombre del Partido de la Revolución Democrática decimos con toda claridad que votaremos para que se conforme este grupo plural de trabajo para transparentar los manejos comerciales, económicos y financieros de Petróleos Mexicanos, de 1993 a la fecha.

Que sea por el bien de Pemex, por la transparencia de Pemex, por el bien de México y también por la emancipación de esta Cámara de Diputados, para que asuma plenamente sus facultades constitucionales. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del PAN, de Celaya.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional un mecanismo efectivo contra la corrupción es que toda la información sea pública y accesible a los ciudadanos que la requieran, lo que obliga a que todo acto de gobierno se transparente, al grado tal que cualquier ciudadano tenga pleno control sobre los programas y sus resultados, tanto de la administración pública federal como estatal y municipal.

Es por esto que para Acción Nacional es importante continuar promoviendo mecanismos de acceso a la información, oportuno y eficaz, de la gestión de gobierno, a grado tal que cada peso que se ejerza en el Presupuesto se refleje verdaderamente en mayor bienestar para los mexicanos.

De igual forma, el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son un derecho absoluto de la sociedad mexicana, requisito fundamental para una verdadera democracia y una obligación de gobierno, en todos sus órdenes.

En este tenor de ideas, la situación delicada que enfrentan Pemex, Lubricantes de México y la empresa privada e impulsora jalisciense, desde inicios de la década de los años 90, a partir de una manejo poco transparente en los concursos de licitación junto con una actitud de plena falta de presentación de información financiera y operativa, únicamente ha arrojado que la opinión pública exija a las autoridades la aclaración definitiva del asunto y se tomen las determinaciones que correspondan conforme a la ley.

Adicionalmente, a inicios del presente año, la Auditoría Superior de la Federación también informó del posible ocultamiento de información financiera entre estas empresas; por lo que para mi bancada esta situación nos obliga, desde este Congreso, a retomar con rigor y seriedad el asunto, con el firme propósito de que se aclare y se transparente toda la información a la sociedad mexicana.

Compañeras y compañeros, a la ciudadanía le consta que ha sido a partir de los gobiernos de Acción Nacional cuando se inició verdaderamente la modernización y el fortalecimiento del entramado legal e institucional que hoy sustenta nuestro sistema de transparencia y   rendición de cuentas en el gobierno federal.

Además es en este gobierno que el Ejecutivo federal presenta al Congreso la iniciativa de Ley Anticorrupción, la cual ya se aprobó y le da al Ejecutivo herramientas para poder actuar en contra de actos de corrupción, de fraude de empresas que intentan dañar el erario federal; es una prueba contundente de la firmeza de los gobiernos de Acción Nacional a favor de la plena transparencia y rendición de cuentas.

De igual forma, la iniciativa que retoma la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el propósito de propiciar y proteger la denuncia de actos de corrupción, entre otros.

Finalmente, la iniciativa que el presidente de la República le hizo llegar al Congreso federal, a inicios del presente mes y que está siendo analizada en el Senado de la República para homologar la legislación de contabilidad gubernamental en los estados, también promueve la homologación del sistema de transparencia y rendición de cuentas en las órdenes de gobierno.

Compañeras y compañeros, Acción Nacional está a favor de que se combata y se elimine a la corrupción; Acción Nacional nunca ha dudado que la mejor forma de eliminar este flagelo es mediante la actitud firme y decidida de la población al exigirle al gobierno que utilice de manera eficaz y transparente sus impuestos, y que la mejor forma de corroborar esta obligación es mediante la entrega de más y mejores bienes y servicios públicos.

De esta forma es como se puede evaluar mejor el funcionamiento y la efectividad del gobierno federal. Si esto no sucede, la labor del gobierno indudablemente no es la óptima, situación que nos obliga como Poder revisor del ejercicio del gasto, a una mayor promoción de transparencia y rendición de cuentas, pero con el acompañamiento decidido de la voz de los ciudadanos, quienes son finalmente los que deben calificar la labor del gobierno.

Es por eso que mi bancada está a favor de aprobar la formación de un grupo de trabajo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don José Rangel Espinosa finaliza la ronda.

El diputado José Rangel Espinosa:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Usted lo tiene.

El diputado José Rangel Espinosa:En primer término, felicito a las diputadas y a los diputados por el alto honor de llegar y de estar, por ocupar un lugar en el más importante recinto para la vida republicana de nuestro querido país, de nuestro querido México.

Con este sentimiento y con la responsabilidad adquirida frente a los ciudadanos, desde siempre, pero sobre todo por las manifestaciones públicas que realizamos los priistas en los pasados meses de abril, mayo y junio, los diputados del Partido Revolucionario Institucional estamos de acuerdo con la propuesta, porque es consecuente con los compromisos del presidente electo, el licenciado Enrique Peña Nieto, para que las dependencias, organismos, fideicomisos públicos, Poderes, partidos políticos y otras asociaciones, incluyendo los movimientos, transparenten sus operaciones, se prevenga y en su caso, se combata la corrupción que se pudiese presentar.

Reconozco una gran calidad en los legisladores de todos los partidos, por lo que les exhorto para que moderen sus actitudes, evitando las expresiones demagógicas o que agredan a las instituciones de interés público, por supuesto a las personas.

Encontré una expresión grosera, vulgar, en la exposición de motivos de la propuesta en comento, por lo que me voy a permitir citar algunas disposiciones al respecto, contenidas en las normas de la Cámara de Diputados, se refiere a las obligaciones.

Artículo 8, fracción IV, del Reglamento. Son obligaciones de los diputados, dirigirse con respeto y cortesía a sus compañeros y compañeras de instituciones.

Fracción V. Participar en todas las actividades inherentes a su cargo dentro y fuera del recinto, con el decoro y la dignidad que corresponden a su investidura.

Fracción VII. Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que desempeña.

Es por ello que hago el exhorto y seguramente todos los diputados, estoy seguro que están de acuerdo con un servidor, o casi todos; es decir, 499 para ser preciso. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los resolutivos que se someten a la consideración.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

COMISION ESPECIAL PARA EL ESTUDIO Y ATENCION DE LA PROBLEMATICA DE LOS NINIS EN MEXICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para estudiar y atender la problemática de los ninis, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado, Javier Filiberto Guevara González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, para solicitar la creación una comisión especial para el estudio y atención de la problemática de los ninis en México.

Antecedentes y consideraciones generales

No estudian y no trabajan. Son millones de jóvenes en todo el mundo que se encuentran en especie de limbo existencial y que, desafortunadamente, son presa fácil de la delincuencia organizada, el narcotráfico y la violencia.

Este fenómeno es observable a nivel global. En España, por ejemplo, el Instituto de la Juventud local acepta que casi 600 mil jóvenes se encuentran en estas circunstancias. En Argentina las estadísticas oficiales muestran que 20 por ciento de la población de entre 14 y 24 años está catalogada como nini (y lo peculiar es que, al consultarlos, declaran no querer hacer nada).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 18 por ciento de los jóvenes uruguayos no estudia ni trabaja; porcentaje semejante se presenta en Brasil (19 por ciento) y Paraguay (21 por ciento). En el Caribe los adolescentes no se quedan atrás, ya que se estima que 20 por ciento tienen la etiqueta de nini, mientras que en Centroamérica la situación es similar: 21 por ciento de la población de 16 a 29 años se inscribe en esta categoría.

El caso de México

Alrededor de 7 millones de jóvenes mexicanos pertenecen a la llamada generación nini; de ellos, aproximadamente 120 mil se encuentran en la capital de la República.

Estas cifras alarman en un país que colecciona lugares conspicuos en temas como violencia, narcotráfico, corrupción y emigración.

La Secretaría de la Defensa Nacional, revela que en los últimos años mil 200 jóvenes han muerto en enfrentamientos suscitados entre los diversos grupos de narcotraficantes que existen en nuestra geografía.

La problemática nini amenaza con constituir, para el mediano y largo plazos, un freno a nuestro desarrollo y, fuente de riesgos sociales e inestabilidad.

Cada año son centenares de miles de jóvenes –y ciudadanos con igual derecho aspiracional– los rechazados por las universidades e instituciones de educación superior públicas. Casi inevitablemente, estos contingentes tienen por destino el desempleo o el subempleo, toda vez que habrán de carecer de calificación laboral; una importante proporción engrosa la multitud que no estudia ni trabaja y que, consecuentemente, habrá de implicar grandes costos para el país.

El doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha subrayado la falta de oportunidades para los jóvenes mexicanos y el riesgo que esto implica, toda vez que muchos chicos creen que involucrarse con las organizaciones criminales, es una manera de trascender socialmente. “Si seguimos confundiendo lo que es el éxito para una persona, si queremos pensar que alguien exitoso es aquel que en menos tiempo hace más dinero, estamos equivocándonos, y eso tiene que ver con el crimen organizado y con la búsqueda de salidas falsas que no llevan a ninguna parte”, ha dicho el máximo representante de la UNAM.

La Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores del Sistema Penitenciario del gobierno del Distrito Federal, explica que el entorno familiar donde se desarrollan los ninis de México es, en lo general, de total abandono. Dicha falta de supervisión por parte de sus padres, deriva de la necesidad de que ambos trabajen. Esta situación, aunada a la carencia de recursos para que los hijos puedan seguir su desarrollo escolar, promueve el ocio. “De allí a la delincuencia sólo hay un paso”.

Los especialistas coinciden en que el fenómeno nini es problema muy grave; muchos de ellos, viven en condición social de verdadera marginación, discriminación y exclusión social; son personas obligadas a mantener situación forzada de estancamiento frustrante, obligatorio, impuesto, incómodo, improductivo y, por supuesto, angustiante y doloroso. Son jóvenes desocupados que buscan acomodo, que tratan de encontrar un lugar en la sociedad, que luchan para conseguirlo pero, sencillamente, no lo logran. Asimismo, están en busca de trabajos y universidades, que hacen filas, llenan formularios, acuden a entrevistas y exámenes, pero sólo reciben negativas.

Es lamentable que esta situación ocurra en una etapa tan delicada de la vida, como lo es el inicio del desarrollo profesional, es decir, la fase donde se originan los primeros proyectos y se trabaja para cumplir los sueños que se han forjado. Los ninis de algún modo, están a la deriva, el camino se obstruye y no tienen ruta hacia ningún lugar cierto; esperan una oportunidad, mientras sus padres comparten su angustia y ansiedad porque no saben qué decisión tomar. Como consecuencia, el fenómeno influye en la autoestima de los muchachos, lo que hace que se sientan deprimidos y desorientados.

Falta de oportunidades de acceso a la educación

La estructura educativa de México es un embudo, por lo que tenemos exceso de oferta en los niveles más bajos de la pirámide poblacional y carencia de recursos, profesores e infraestructura en los niveles más altos. La poca planeación académica nos ha llevado a un escenario que hace imposible ofrecer el servicio de educación superior a todos los jóvenes que lo demandan.

De acuerdo con la asociación Mexicanos Primero, sólo 13 por ciento de los estudiantes que ingresan a primaria en México, concluyen una carrera profesional.

Un ejemplo adicional es el de las cifras arrojadas durante los procesos de selección de ingreso a las licenciaturas que ofrecen las universidades e instituciones de educación superior públicas, en las que más de un 80 por ciento de quienes presentan examen, son rechazados –que no reprobados.

Falta de oportunidades de empleo

En este apartado, México también falla a sus jóvenes. Autoridades y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, saben que deben crearse como mínimo un millón de empleos al año para satisfacer la demanda, cifra muy por arriba de aquellas que registra el Seguro Social.

Los jóvenes suelen ser los primeros sacrificados en los recortes de personal y los últimos considerados en los procesos de reclutamiento.

Ante este análisis somero, cabe preguntarse: ¿Cómo no ha pasado ya algo grave en México? ¿A qué le han apostado los gobiernos? ¿Acaso han considerado que el problema lo resolverá de manera natural el mercado? ¿Cuál es el efecto que habrá de propiciarse con 7 millones de jóvenes y cientos de miles que se suman cada año, en esa condición? ¿Qué estarán haciendo esos muchachos? ¿A qué se dedican? ¿Qué harán? ¿Tomarán las calles?

Afortunadamente, hay actores clave en México, como el coordinador de nuestro grupo parlamentario, el diputado Manlio Fabio Beltrones, que se preocupan por atender, no sólo estas interrogantes, sino la problemática en sí. Durante la legislatura pasada, como senador de la República, propuso la Ley de Fomento al Primer Empleo, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre de 2010.

Colofón

En realidad, aún conocemos poco el fenómeno de los ninis. Se trata de un segmento muy especial y sensible de la sociedad, al que debemos atender en forma prioritaria y urgente, pero todavía no tenemos estudios serios que nos permitan saber realmente lo que está pasando con ellos y cómo procesan sus conflictos.

Muchos de estos muchachos viven de la solidaridad familiar, retardan la salida de casa y postergan planes de matrimonio e independencia económica. Algunos, por supuesto, no tiene otra opción más que la migración hacia Estados Unidos.

Otros más, deciden formarse en instituciones de muy baja calidad. Muchos se incorporan al mercado laboral informal, y otros más se inscriben en las filas de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Este sector de la población, como lo ha dicho el doctor Narro Robles, “constituye la bolsa de trabajo del narcotráfico”.

Por lo expuesto, se solicita a la honorable asamblea:

Acuerdo

Único. La creación de una comisión especial para el estudio y atención de la problemática de los ninis en México.

Palacio Legislativo, a 18 de septiembre de 2012.— Diputado Javier Filiberto Guevara González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la cuenca de Burgos, a cargo del diputado José Alejandro Llanas Alba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Alejandro Llanas Alba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo para la creación de la Comisión Especial de la cuenca de Burgos al tenor de las siguientes

Consideraciones

El impulso al aprovechamiento del gas natural es parte de una política energética responsable, enfocada no sólo a la transformación de fuentes de energía primaria, sino además, al fortalecimiento de la seguridad energética y sustentable de nuestro país.

Dentro de las medidas emergentes a nivel mundial sobre el cambio climático, la necesidad de recursos energéticos más limpios es una prioridad, por lo que el gas natural se ubica como la tercera fuente de energía más utilizada, después del petróleo y el carbón.

En México, se ha desarrollado un gran mercado nacional de gas natural y como resultado, este energético se ha convertido en una alternativa importante para el sector productivo y para los consumidores finales tanto por su costo como por ser menos agresivo al medio ambiente, por ello, requerimos especial atención por nuevos mecanismos legislativos que permitan materializar proyectos de infraestructura y de mercado que impacten directamente en el crecimiento económico del país y que a su vez mantenga una responsabilidad con nuestro ecosistema.

En referencia, la oferta nacional de gas seco creció de 4 millones 039 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd ) a 6 mil 244 mmpcd entre 1999 y 2009, lo que significó un aumento anual de 4.5 por ciento en el periodo, esto gracias a la participación ascendente del gas no asociado, principalmente el que proviene de la cuenca de Burgos, sin embargo, tanta demanda ha generado importaciones de gas natural para poder dar respuesta al consumidor, primero de Estados Unidos y luego de otros países, como fue en su momento la instalación de las terminales de gas natural licuado (GNL) en Altamira y Ensenada, estas importaciones representaban para 1999 4.2 por ciento de la demanda nacional llegando a 17.0 por ciento para 2009.

Con el fin de satisfacer los requerimientos del mercado interno de gas natural, Petróleos Mexicanos (Pemex) con el apoyo del gobierno federal ha diseñado nuevas estrategias para apuntalar el desarrollo de su oferta, tratando de mejorar el aprovechamiento de las reservas, optimizando la infraestructura productiva, así como en su capacidad tecnológica ya que se estima que en los próximos años, la demanda nacional de gas natural experimentará un crecimiento promedio anual de 2.4 por ciento al pasar de 7 mil 377 mmpcd en 2009 a 10 mil 779 mmpcd en el 2025.

Así la producción para el abasto energético mediante el gas no asociado al petróleo deberá mantener su carácter prioritario en este nuevo sexenio, lo que nos obliga a un estricto seguimiento para fortalecer su desarrollo y nos demanda mayor atención, en especial la cuenca de Burgos como foco de interés, no sólo por su importancia productiva, sino además, por el descubrimiento de un yacimiento en el llamado Cinturón Plegado Perdido frente a las costas de Tamaulipas, como lo anunció el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

En retrospectiva, la cuenca de Burgos se encuentra en el noreste de México y comprende gran parte de la zona norte del estado de Tamaulipas (12 municipios), así como regiones de los estados de Nuevo León (12 municipios) y Coahuila (10 municipios); colinda al norte con los Estados Unidos, al oriente con el margen del Golfo de México; inició su desarrollo en 1945 en el campo Misión; en 1956 se inaugura el complejo procesador de gas Reynosa, y en 1970 la producción alcanzó un máximo de 620 mmpcd.

Entre 1994 y 1995, Pemex Exploración y Producción diseño nuevas formas de perforar reduciendo los costos, adquirió sísmica 3D, lo que significo un gran avance al poder obtener imágenes con la correcta geometría y disposición de los estratos en el subsuelo, estableció estrategias multidisciplinarias con asesoría especializada para que la suma de estos factores dieran origen al inicio del “Proyecto Burgos” con un plan integral a 16 años a partir de 1997.

En abril de 1999 se reportó una producción de mil mmpcd, que se mantuvo por 4 años con un programa intensivo de perforación y reparación de pozos.

En marzo de 2004 se incrementó la capacidad de proceso de gas húmedo con la construcción del complejo procesador de gas Burgos aumentando su producción 9.6 por ciento, al ubicarse en mil 515 mmpcd, esto gracias al manejo de contratos de obra pública financiada (COPF) para la explotación de los distintos bloques, logrando con ello un crecimiento promedio anual de 6.7 por ciento anual hasta 2009.

En virtud de la magnitud del yacimiento y de la importancia del hidrocarburo como fuente de energía, Petróleos Mexicanos inició el Proyecto Integral cuenca de Burgos donde considera, para el lapso 2010-2027, la perforación de mil 559 pozos para recuperar alrededor de 7 mil 279 mmpcd de gas, mediante una inversión de 257 mil millones de pesos, logrando en sus primeros avances del año 2011, 10 pozos exploratorios y 91 pozos de desarrollo.

Aparejado a lo anterior, el Proyecto cuenca de Burgos ha generado más de 6 mil empleos directos por parte de Pemex Exploración y Producción, y más de 21 mil indirectos; 2 mil 854 a través de los contratos de obra pública financiada, con una proyección de 40 mil empleos para el presente año.

Dado el impacto económico y social de la cuenca, hoy mas que nunca debemos actuar de manera directa en el seguimiento al Proyecto Integral de Pemex, sumando los distintos factores que participan directa o indirectamente por esta gran obra, como lo es la creación de fondos con recursos tanto de Pemex como de los gobiernos estatales y locales que se benefician con esta actividad en favor de los habitantes de la cuenca, mejorar los programas sobre el uso y aprovechamiento del agua subterránea detectadas por Pemex para combatir principalmente el desabasto o futuras sequías como se han vivido en estos últimos años, impulsar o generar las condiciones para el desarrollo de Pymes en el ramo y garantizar la sustentación de los distintos hábitats.

Por ello, durante la LIX, LX y LXI Legislaturas de la Cámara de Diputados, se creó la Comisión Especial de la región cuenca de Burgos, para dar seguimiento al desarrollo del Proyecto Integral de la Cuenca.

Por lo expuesto, se propone a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial de la cuenca de Burgos.

Segundo.El objetivo de la comisión que crea este decreto es dar seguimiento al Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos.

Tercero.Garantizar el marco normativo que permita la sustentabilidad entre la explotación de los recursos energéticos, las diversas comunidades que integran la cuenca y el medio ambiente.

Cuarto.La Comisión Especial de la cuenca de Burgos funcionará en la totalidad del periodo de la LXII Legislatura, o en tanto quede agotado su objeto, si éste sucediere antes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.— Diputado José Alejandro Llanas Alba (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL DE LA MOVILIDAD SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la movilidad sustentable, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

Rosa Elba Pérez Hernández, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La creciente demanda de autos particulares, la oferta insuficiente y la baja calidad del transporte colectivo, los riesgos viales y la accidentalidad de manejar bicicleta o ser peatón en las zonas urbanas, semiurbanas y rurales crean un problema de graves consecuencias ambientales, económicas, sociales y de salud pública. La solución es una política pública nacional que cree condiciones para el transporte sustentable no motorizado; es decir, espacios dedicados a ciclovías para el transporte diario.

La elevada emisión de dióxido de carbono y su efecto en el cambio climático, el consumo creciente de combustibles fósiles, la falta de ejercicio y sus consecuencias en la salud y el debilitamiento del tejido social causado por el aislamiento de los individuos en el coche son las principales consecuencias de haber conferido prioridad al uso del automóvil y otros vehículos motorizados durante décadas y no haber dado a la movilidad no motorizada la consideración que sí ha recibido en otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestra referencia oficial, y por supuesto en otros países.

En términos presupuestales, los recursos destinados a la construcción de carreteras y caminos en este sexenio han sido exorbitantes, ya que la cifra asciende a 288 600 000 000 millones de pesos en lo que va del sexenio, cifra mayor a lo gastado en el mismo rubro durante los 2 sexenios anteriores, en los que se gastaron 287 000 000 000 de pesos. La extensión de carreteras que se construyeron o modernizaron en los últimos 6 años fue de aproximadamente 19 145.9 kilómetros. Contrario a ello, el mismo presupuesto federal destinado para este año a la mitigación de emisiones fue de sólo 211 millones de pesos, cifra inmensamente menor que la requerida si consideramos que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) nos reportan que el sector transportes emitió en este sexenio aproximadamente 159 400 000 toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Por ello es necesario impulsar acciones y políticas públicas en materia de movilidad no motorizada. El objetivo inicial de las ciclovías en algunas ciudades mexicanas fue abrir espacios para el deporte, pero poco a poco, durante los últimos 8 años, se fue reconceptualizando como una alternativa frente a las desventajas mencionadas del uso excesivo del automóvil. Ante la tendencia a desaparecer el subsidio de la gasolina en México, esta alternativa sigue ganando popularidad. Sin embargo, la infraestructura, las vías, los carriles, no existen. Por eso, la creación de una comisión especial sobre movilidad sustentable no motorizada es urgente para definir una política pública nacional de transporte moderno y sustentable.

De acuerdo con el censo de 2010 del Inegi, México ya es un país principalmente urbano, con congestión vehicular y elevada contaminación. El poder lo tienen los automovilistas, que no representan más que el 15 o 20 por ciento de la población. Ante la falta de infraestructura dedicada, caminar o manejar en bicicleta permanecen como métodos de transporte sumamente arriesgados.

Por otra parte, el problema de la movilidad impera con la ausencia de planeación metropolitana en muchas ciudades en México donde el coche es el rey, pues los trayectos diarios son largos y horizontales. Donde el uso de suelo y el desarrollo urbano están bien regulados, esto es, hay un equilibrio de usos habitacionales, educativos y comerciales, los viajes diarios son de trayectos cortos (menos de 5 kilómetros.) o medianos (menos de 20) y se hacen a pie o en bici, mientras que en ciudades horizontales, mal planeadas, caminar y andar en bicicleta son considerados excentricidades. Sin embargo, con la influencia de la mercadotecnia, seguimos persiguiendo el modelo aspiracional del automóvil propio para dejar atrás la imagen de pobre peatón maltratado o apretujado usuario del transporte motorizado.

Es urgente también atender el fenómeno de la antidemocracia del transporte. En el caso de la ciudad de México el precio al usuario de los sistemas de transporte es subsidiado. Pero en otras ciudades, donde no hay ese subsidio, a los ciudadanos se dificulta pagar el desplazamiento motorizado hacia las fuentes de trabajo o estudio. Incluso optan por no transportarse, pues el costo-beneficio, es decir, lo que cuesta el pasaje comparado con los bajos salarios imperantes en el país, les hace más redituable permanecer en su vecindario, incorporarse a la economía informal en su zona y, como último recurso de subsistencia, solicitar apoyos gubernamentales para la pobreza. Muchos de ellos, jóvenes, podrían optar por carriles dedicados, sin riesgo, sin gasolina y sin boleto de pasaje, es decir, el pavimento exclusivo para ciclovías.

Los beneficios privados del usuario único de automóvil son financiados por la sociedad entera a través de impuestos destinados a autopistas, vías rápidas, distribuidores viales, segundos pisos, calles y avenidas diseñadas sólo para autos. Las externalidades causadas por los automovilistas son pagadas por la sociedad: tratamientos médicos causados por accidentes viales o cuidados de salud causado por la falta de ejercicio físico, costos de programas de mitigación contra las emisiones de dióxido de carbono, bajo desempeño laboral o educativo por el estrés de ruido, la violencia generada por la pérdida del espacio público y el costo de alimentos causado por la sequía originada por el cambio climático. Es la antidemocracia de la movilidad no sustentable o la antidemocracia del transporte motorizado.

Ante ello, varias ciudades en México han intentado implantar proyectos de movilidad masiva no motorizada con el objetivo de masificar los viajes diarios de trayectos cortos y medianos que se hacen en bicicleta. Sin embargo, esto requiere gran inversión en la infraestructura e ingeniería de ciclovías, para las que no ha habido apoyo significativo o trascendente ni una legislación que homologue y fortalezca una política pública nacional de transporte sustentable, más allá de los autos eléctricos.

Hay el riesgo de asociar la movilidad no motorizada con el subdesarrollo económico. Se piensa que para ser rico o por ser rico se necesita gastar gasolina. Pero no es así. La ciudad de Atlanta (y muchas otras en Estados Unidos) tiene un consumo de 3 mil litros de gasolina por persona al año, pues la posguerra produjo ciudades horizontales extendidas. Ho Chi Min, en Vietnam, gasta 15 litros, pues no tienen muchos coches, pero Múnich, en Alemania, o bien Hong Kong gastan menos de 500 litros de gasolina por persona. Esto demuestra que la prosperidad no tiene una relación de causa-efecto con el consumo de gasolina para el transporte individual. Las ciudades con bajos consumos de gasolina per cápita y, por ende, con menor emisión de dióxido de carbono son la de uso de bicicleta.

En muchas ciudades de México, el crecimiento demográfico obliga a una demanda y oferta descontrolada de desarrollos inmobiliarios, donde los ciudadanos viven lejos de sus centros de trabajo, educación, mercados y zonas de esparcimiento con el gasto de desplazamiento arriba mencionado que esto implica. La alternativa no motorizada, donde el pasaje no cuesta, no es posible aquí porque a pesar de que algunos reglamentos municipales obligan a que los desarrolladores dediquen carriles exclusivos a ciclovías en sus calles, ningún marco jurídico de orden superior lo manda o sanciona.

Ésa es una realidad, y miles de mexicanos en fraccionamientos financiados con créditos públicos están aún esperando la oportunidad de tener acceso al transporte masivo no motorizado, el que no cuesta. Si no reaccionamos, también perderemos el bono demográfico que en este contexto se interpreta como mayor número de usuarios en plenitud física para quienes las ciclovías serían la opción preferida.

Anualmente se destinan miles de millones de pesos del presupuesto federal a la construcción de infraestructura vial motorizada en el país. Irónicamente, otros cientos de millones de recursos internacionales y nacionales son destinados a estrategias de disminución de emisión de dióxido de carbono de vehículos. Esta contradicción se resuelve a través de políticas públicas que convergen en la movilidad sustentable o del transporte público no motorizado.

Por ello se hace necesaria una comisión especial en el Congreso ocupada de crear o modificar los marcos jurídicos nacionales en materia de transporte y promover apoyo presupuestal para vías de transporte sustentable no motorizado y su armonización a escala subnacional y para apoyar el diseño de programas sustantivos. La Secretaría de Desarrollo Social considera la construcción de ciclovías en los DUIS, o desarrollos urbanos integrales sustentables, en la nueva Ley de Asentamientos Humanos, asunto pendiente de la legislatura.

A través de esta comisión especial, los legisladores podemos encabezar la avanzada de la movilidad sustentable no motorizada. Las administraciones públicas han demostrado que se puede detonar infraestructura con sentido económico, pero ahora se trata de detonar infraestructura con un sentido social y sustentable.

El ordenamiento de movilidad sustentable genera un círculo virtuoso donde entran la salud, la economía, el turismo y el tejido social, entre otros aspectos. El análisis legislativo deberá revelar las vertientes de derrama económica de los sistemas de movilidad no motorizada donde el sector privado también ganará.

La actual inversión en infraestructura es grande y eso hace más relevante que un grupo de legisladores se centre en esta problemática y en el marco administrativo y jurídico que debe seguir la movilidad no motorizada, donde el sector privado también debe colaborar.

La comisión especial para el transporte sustentable no motorizado se apoyará en estudios, y en la creación y adaptación de marcos jurídicos. También dará herramientas a industrias específicas, como la del turismo, el transporte motorizado, la salud, la cultura, la ciencia y la tecnología, para encontrar áreas de oportunidad en el nuevo ordenamiento de movilidad no motorizada.

Esta nueva política pública procurará beneficios específicos para esos sectores: el ecoturismo creará productos turísticos con rutas temáticas sólo accesibles desde una ciclovía, la ciencia y tecnología podrá innovar en estilos y mecanismos de una nueva industria de producción de bicicletas y los ingenieros civiles asumirán retos de complementar y armonizar todos los tipos de transporte; el sector salud será el gran beneficiado con una herramienta de salud preventiva, como la promovida por el Instituto Mexicano del Seguro Social con el ahorro que ello implica para el país.

Creemos que una comisión especial de la movilidad sustentable es imperiosa porque las ciudades que cuentan con este tipo de redes han demostrado el rápido crecimiento y éxito de los incipientes proyectos. León, la Ciudad de México y Aguascalientes se han distinguido entre las más activas; de hecho, han servido como ejemplos internacionales que otras ciudades y zonas semiurbanas quieren adoptar, pero no encuentran recursos financieros, marco jurídico y apoyo político.

Optar por la masificación de la movilidad no motorizada marcará la diferencia entre un país en pasmo y un México sustentable que toma en serio programas firmes que observamos en países desarrollados.

Adicionalmente, debemos reconocer que la recién aprobada y publicada Ley General de Cambio Climático establece en el artículo 34 que para reducir las emisiones, las dependencias y las entidades de la administración pública federal, y las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación para la reducción de emisiones en el sector transporte mediante las siguientes acciones:

• Promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte no motorizado, así como la implantación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta.

• Diseñar e implantar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía regional.

• Elaborar e instaurar planes y programas de desarrollo urbano que comprendan criterios de eficiencia energética y mitigación de emisiones directas e indirectas, generadas por los desplazamientos y servicios requeridos por la población, evitando la dispersión de los asentamientos humanos y procurando aprovechar los espacios urbanos vacantes en las ciudades.

• Crear mecanismos que permitan mitigar emisiones directas e indirectas relacionadas con la prestación de servicios públicos, planeación de viviendas, construcción y operación de edificios públicos y privados, comercios e industrias.

• Establecer programas que promuevan el trabajo de oficina en casa, cuidando aspectos de confidencialidad, a fin de reducir desplazamientos y servicios de los trabajadores.

• Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo y recintos educativos.

• Desarrollar instrumentos económicos para que las empresas otorguen el servicio de transporte colectivo a sus trabajadores hacia los centros de trabajo, a fin de reducir el uso del automóvil.

Así también, el Programa Especial de Cambio Climático establece en el objetivo 2.2.6 “contar con sistemas de transporte público urbano moderno que respondan a criterios de sustentabilidad y alto impacto social, en ciudades mayores de 100 mil habitantes”.

México, como lo describimos todas las fuerzas políticas en nuestros respectivos posicionamientos el pasado 1 de septiembre, no puede esperar, necesitamos tomar decisiones atrevidas, que podrían parecer excéntricas, pues rompen con los paradigmas de transporte tradicional.

En este entendido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde pone manos a la obra y propone a los legisladores presentes la creación de la comisión especial de la movilidad sustentable no motorizada, que deberá proyectarse en tareas de estudio, investigación, cálculos de impacto social, económico y ambiental y ordenamientos del transporte no motorizado.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que en el ámbito de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determine y ponga a consideración del pleno la creación de la comisión especial de la movilidad sustentable, determinando su integración plural.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.— Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Michoacán, y a los titulares de la SSP, de la PGR y de la Procuraduría local a adoptar medidas o acciones para esclarecer la desaparición de tres jóvenes en Paracho, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El grado superlativo del fenómeno delincuencial ha provocado el aumento de las desapariciones forzadas de personas en la última década; actividades como el secuestro de civiles, la venta de estupefacientes y de armas, así como las extorsiones, robos y asesinatos por encargo.

En este escenario funesto el gobierno es el principal responsable, ya que por un lado se ha resistido a reconocer el carácter, la naturaleza y las dimensiones del problema, adoptando una actitud nihilista, y por otro, la sistemática ineficacia y decrepitud de las políticas económicas y de seguridad han acentuado la desigualdad, han polarizado a la sociedad, y por ende, han detonado el incremento de la violencia.

A la luz del derecho internacional humanitario, México vive una guerra irregular o “conflicto armado”, en el que sectores sociales y regiones enteras de la población civil requieren ser protegidos, al resultar crecientemente afectados por estas hostilidades.

Hoy en día, en el contexto de esta guerra irregular, hay miles de niños muertos en enfrentamientos armados; alrededor de 300 mil mexicanos desplazados de su lugar de origen por la violencia; más de 90 mil muertos, y más de 10 mil centroamericanos secuestrados sólo el año pasado.

Lo anterior hace más que justificada la intervención de los organismos regionales y mundiales de protección de los derechos humanos, y la aplicación de los estándares internacionales en la materia.

De ahí que, con frecuencia, diferentes organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos no gubernamentales hayan expresado su preocupación por el clima de violencia e impunidad que ha propiciado violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, en su visita el pasado marzo del presente año a nuestro país, señaló “que no existe una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. “Pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales, así como tampoco entre las autoridades del mismo nivel del gobierno”.

Las preocupaciones en materia de seguridad pública respecto al crimen organizado son reales, y el grupo de trabajo reconoció el derecho y el deber del estado de perseguir la criminalidad, sin embargo, los expertos dijeron, “no se puede enfrentar esta desafiante situación a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitir la práctica de las desapariciones forzadas. Tampoco pueden adjudicarse, sin una adecuada y completa investigación penal, los casos de desapariciones forzadas exclusivamente al crimen organizado”.

El grupo de trabajo también indicó que las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, ni en los ministerios públicos, la policía y las fuerzas armadas. “La impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y no se han realizado los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, para sancionar a los responsables, ni tampoco para brindar reparaciones”.

El diagnóstico de este grupo de expertos de la ONU ha sido coincidente con las declaraciones de diversos actores desde la dimensión institucional y desde la sociedad civil. El Estado mexicano mismo, ha reconocido en no pocas ocasiones su responsabilidad internacional, derivada de la violación de los dispositivos consagrados en instrumentos como la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Un caso paradigmático lo encontramos en un lamentabilísimo hecho ocurrido recientemente, en el que tres de nuestros compañeros de labores y amigos; Luis Enrique Nava Castañeda de 28 años, coordinador de las juventudes capitalinas del partido Movimiento Ciudadano, y los psicólogos Diego Antonio Maldonado Castañeda de 34 años y Ana Belem Sánchez Mayorga de 32, fueron reportados como desaparecidos en Paracho, Michoacán, luego de participar el VII Festival Internacional de Globos de Cantoya, el 22 de julio de 2012.

Familiares del dirigente juvenil de nuestro partido informaron que los tres jóvenes fueron vistos por última vez durante el encuentro cultural realizado en la Casa para el Arte y la Cultura Purépecha de Paracho, al que acudieron por contratación para impartir cursos y talleres infantiles.

Según las primeras indagatorias, informó Guadalupe Nava, madre de Luis Enrique, él y sus dos acompañantes fueron extraídos por la fuerza del hotel Santa Fe, ubicado en el centro de Paracho, durante la noche del sábado 21 de julio, por un grupo de sujetos cuyas características no pudieron ser establecidas, ya que el empleado señaló que estaba en la recepción del hotel y, por miedo, se escondió durante los hechos, el mismo dijo que no vio nada: “que no vio quiénes se los llevaron”.

Cabe destacar que los encargados del hotel no reportaron este hecho sino hasta el día siguiente.

La desaparición de los tres jóvenes fue denunciada ante la Procuraduría de Justicia de Michoacán. Los familiares informaron que se iniciaron diligencias tanto en Paracho como en Morelia, la capital del estado, para su localización, sin que a la fecha se tenga alguna respuesta por parte de las autoridades al respecto.

Cabe destacar que tanto Luis Enrique Nava, como Diego Antonio Maldonado fueron parte del equipo de campaña de Maricela Contreras para la delegación Tlalpan, y participaron también en la promoción del voto en favor del candidato presidencial de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, en los pasados comicios.

Exigimos con encomio que se investigue el paradero de nuestros compañeros y amigos, que se sancione a los responsables y que se garantice el derecho a la verdad. Con tristeza caemos en cuenta que este no es un caso aislado; son miles las personas que han sido víctimas de hechos atroces como los que hoy nos ocupan. A todas ellas les extendemos la mano y nuestro incondicional apoyo.

No permitamos que ante la anuencia, la incompetencia o indiferencia de las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno, los familiares y amigos de Luis Enrique Nava Castañeda, Diego Antonio Maldonado Castañeda, y Ana Belem Sánchez Mayorga, nos veamos en la necesidad de transitar por el tortuoso camino del sistema interamericano de derechos humanos, con la esperanza de encontrar la justicia y la verdad que no garantizan las dependencias de nuestro país.

En donde con seguridad, eventualmente, se declararía la responsabilidad del Estado mexicano, y la obligación ineludible de reparar el daño, indemnizar a las víctimas, sancionar a los responsables y adoptar las medidas que garanticen que tales violaciones graves a los derechos humanos no se repitan.

Responsabilidad que no recae solamente en las autoridades del estado de Michoacán, sino que es el Estado mexicano como tal, el principal obligado en evitar, por todas las vías, la vulneración a los derechos fundamentales de sus gobernados.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta soberanía, se exhorte al gobernador del estado de Michoacán, y a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de la Procuraduría General de la República y de la procuraduría local, a efecto de que a la brevedad adopten las medidas o acciones necesarias para esclarecer la verdad en torno a los hechos sobre la desaparición de los tres jóvenes el 22 de julio de 2012 en Paracho, Michoacán; identificar y sancionar a todos los responsables de la desaparición, y darle la atención debida a los familiares de las víctimas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.— Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de  Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de la industria automotriz, a cargo del diputado Salomón Juan Marcos Issa y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, el de la voz, diputado Salomón Juan Marcos Issa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, en nombre de los diputados federales de Coahuila de Zaragoza somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 29 de septiembre de 2009, el entonces diputado Rubén Moreira Valdez, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, punto de acuerdo por el que se propuso la creación de la comisión especial de la industria automotriz.

El 10 de diciembre se publicó y aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se constituyeron 28 comisiones especiales, entre las que se incluía la Comisión Especial de la Industria Automotriz, con el objetivo de dar seguimiento a la situación de la industria y el efecto de la industria automotriz en la economía del país así como establecer las medidas necesarias para su recuperación en beneficio de la generación de empleos.

Al iniciar actividades, dicha comisión estuvo presidida por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, quien al solicitar licencia fue sustituido en la presidencia por el diputado Hugo Héctor Martínez González, ambos de Coahuila de Zaragoza.

La industria automotriz es clave para el desarrollo económico del país ya que genera el 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, el 18 por ciento del PIB secundario y el 12 por ciento del empleo del sector manufacturero. Por lo tanto, ésta es una de las industrias con mayor tradición e importancia para nuestro país por su generación de empleos y su efecto impulsor sobre otros sectores de nuestra economía.

Asimismo, tiene presencia en la mayoría de los estados de la República Mexicana. En las entidades en las que la industria se encuentra, se caracterizan por una participación importante de las manufacturas en el producto interno bruto estatal, así como una mayoría porcentual en la población ocupada en estas industrias.

La industria automotriz de México cuenta con importantes ventajas competitivas a escala mundial como son bajos costos de producción, operación, transporte y logística, así como disponibilidad de mano de obra calificada, por lo que resulta estratégica para nuestra economía.

De acuerdo con la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, en el año 2011, México incrementó su producción y se ubicó en el octavo sitio entre los países productores del ramo. Alcanzándose una cifra récord de 2 millones 557 mil 550 automóviles.

En el ámbito comercial, la industria automotriz es una enorme generadora de divisas superando a Pemex, las actividades del turismo y las remesas familiares. Tan solo en el 2010 la exportación de vehículos generó un saldo positivo de 26 mil millones dólares, convirtiéndose en uno de los factores determinantes para la recuperación económica de nuestro país en ese año.

Una significativa proporción de la inversión extranjera directa que recibe nuestro país es destinada a actividades directamente relacionadas con la industria automotriz, lo que explica el incremento sustancial en la producción de vehículos y autopartes mexicanas que se exportan a diversos mercados.

Las exportaciones de autos influyeron de forma determinante en el aumento de la producción nacional, en el año 2011 cerraron en 905 mil 886, cifra superior en un 10.41 por ciento a las cifras del año 2010. El crecimiento constante de la demanda externa elevo el segmento de la producción destinado a las exportaciones.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas, destino que concentro el 81 por ciento del segmento.

Los datos anteriores muestran que el año 2011 ha sido el año de la consolidación de la industria automotriz en México, manteniendo un paso constante hacia la recuperación.

En un escenario favorable para la industria automotriz de nuestro país, se pronostica que la producción de automóviles que se podrá alcanzar por año, a partir del año 2015, asciende a más de 3 millones.

De acuerdo con anuncios realizados por diversas armadoras establecidas en nuestro país, se prevé que entre 2012 y 2015 se concreten inversiones en la industria del orden de los 6 mil millones de dólares para la fabricación de autopartes y bienes intermedios.

Es por ello, que ante la relevante importancia que tiene la industria automotriz para nuestro país, acudimos a esta Tribuna para solicitar su respaldo a la iniciativa de dar continuidad a las actividades de la Comisión Especial de la Industria Automotriz de la LXI Legislatura.

Proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se crea la Comisión Especial de la Industria Automotriz, cuyo objetivo será dar continuidad a las actividades de seguimiento de la industria automotriz, su efecto en la economía del país y las medidas necesarias para su recuperación en beneficio de la generación de empleos realizadas por esta comisión especial creada en la LXI legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.— Diputados: Salomón Juan Marcos Issa, Fernando de las Fuentes Hernández, Irma Elizondo Ramírez, Miriam Cárdenas Cantú, José Luis Flores Méndez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE DE MEXICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del PAN

Los diputados federales adscritos María Isabel Ortiz Mantilla, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Blanca Jiménez Castillo, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Julio César Lorenzini Rangel, Rafael Acosta Croda, Humberto Alonso Morelli, Juan Bueno Torio, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Mariana Dunyaska García Rojas, Leticia López Landero, Víctor Serralde Martínez, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Eufrosina Cruz Mendoza, Víctor Rafael González Manríquez, Juan Jesús Aquino Calvo, Jorge Rosiñol Abreu, Sergio Augusto Chan Lugo, Raúl Paz Alonzo, Cinthya Noemí Vadallares Couoh, Alicia Concepción Ricalde Magaña, María Beatriz Zavala Peniche, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Regional del Sur- Sureste de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pleno de la honorable Cámara de Diputados podrá aprobar en cada legislatura diversas Comisiones especiales encargadas de analizar y darle trámite a algunos temas específicos, es por ello que nace la necesidad de impulsar esta Comisión especial para apoyar a la región más necesitada de nuestro país, la zona sur- sureste.

Esta región está conformada por los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En esta zona podemos observar contrastes muy radicales pues por un lado tenemos una gran riqueza natural y una alta población pero por otro lado contemplamos una extrema pobreza de sus habitantes.

Nuestra labor como representantes de los ciudadanos, especialmente de los más necesitados, es la de establecer políticas y mecanismos para mejorar su calidad de vida; por ello esta Comisión especial ayudará a buscar un desarrollo más equitativo entre la población, y conseguirá una desarrollo integral de la región.

La importancia de la creación de esta Comisión se deriva de que en esta región se encuentran 8 de los 10 estados más pobres del País, ahí mismo están establecidos casi el 75 por ciento de la población indígena, y además de que en muchos municipios la población se encuentra viviendo en condiciones muy precarias.

En las últimas 4 legislaturas los diputados de los distintos partidos incluso no siendo de esta región, han aprobado por unanimidad la creación de esta Comisión especial derivado de la importancia que tiene y de que se han comprobado los resultados tangibles que ha tenido en relación al desarrollo regional.

Asimismo los 9 gobernadores de estos estados han expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de esta comisión, incluso algunos han solicitado en que se convierta en una Comisión Ordinaria; lo anterior, derivado de que sienten el respaldo y la representación de los Integrantes de este órgano legislativo a sus inquietudes, además de que ellos conocen de primera mano las carencias y necesidades de sus municipios y de su población.

Desde la creación de esta comisión, hace más de 10 años, la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Regional del Sur- Sureste de México ha colaborado intensamente en la elaboración del presupuesto, y ha conseguido incluso que se agreguen anexos con proyectos de desarrollo aprobados y etiquetados para los nueve estados.

Se ha comprobado que sumando esfuerzos y trabajando por los intereses de las personas que confían en nosotros podemos conseguir grandes cosas, y esta es una gran oportunidad para demostrarle a México que sus legisladores si trabajan por ellos, si se preocupan por ellos y si conseguirán una mejor calidad de vida para ellos.

Necesitamos sumarnos para que tengamos un México más justo, disminuyendo el rezago económico y el margen de desigualdad que existe en los diversos estados y municipios del país, necesitamos impulsar la creación de escuelas y centros de salud en donde actualmente no tienen acceso a esos servicios, necesitamos que los programas de la Secretaría de Desarrollo Social lleguen a más personas sobre todo a las más necesitadas, necesitamos la creación de esta Comisión para buscar ese desarrollo integral de los 9 estados, ofreciéndole a todos sus habitantes una igualdad de oportunidades.

En todos los estados de esta región es muy notorio el rezago económico, principalmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas en donde existe un algo nivel de desnutrición infantil, baja escolaridad y carecen de infraestructura básica, por lo cual esta Comisión trabajará en ese sentido, en buscar el desarrollo regional donde más haga falta.

Los diputados que somos de esa región podemos constatar las necesidades que tienen nuestros habitantes y los niveles de pobreza extrema que existen, por ello exhortamos a los demás diputados que apoyen esta propuesta en beneficio de más del 40 por ciento de la población total de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se crea la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur- Sureste de México.

Segundo.El objetivo de esta Comisión será el que se deriva de su denominación.

Tercero.Esta Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de desarrollo regional del sur-sureste presenten los diputados y mantendrá una continua comunicación con los Gobiernos estatales para impulsar sus propuestas.

Cuarto.La comisión estará integrada por el número de legisladores que determine la Junta de Coordinación Política respetando la proporcionalidad.

Quinto.Esta Comisión estará vigente hasta el término de esta legislatura y el acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su aprobación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.— Diputados: María Isabel Ortiz Mantilla, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Blanca Jiménez Castillo, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Julio César Lorenzini Rangel, Rafael Acosta Croda, Humberto Alonso Morelli, Juan Bueno Torio, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Mariana Dunyaska García Rojas, Leticia López Landero, Víctor Serralde Martínez, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Eufrosina Cruz Mendoza, Víctor Rafael González Manríquez, Juan Jesús Aquino Calvo, Jorge Rosiñol Abreu, Sergio Augusto Chan Lugo, Raúl Paz Alonzo, Cinthya Noemí Vadallares Couoh, Alicia Concepción Ricalde Magaña, María Beatriz Zavala Peniche (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE PROMOVER ACCIONES CONTRA LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL MEXICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada de promover acciones contra los efectos del cambio climático y el calentamiento global, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, perteneciente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 1, fracción, II; numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ésta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático en términos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático está definido como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”. Sus efectos amenazan no sólo a la economía y a la estabilidad social, sino la base de recursos y los procesos ecológicos que sustentan la vida en México y en el planeta. El cambio climático es un problema que afecta y afectará al desarrollo de todos los sectores socioeconómicos del país y del mundo.

En México los efectos del cambio climático de manera directa o indirecta vulneran a millones de habitantes y arrojan pérdidas materiales que se cuantifican en miles de millones de pesos. Es por ello que nuestro país es parte de un gran esfuerzo desde hace 17 años toda vez que signó y ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático haciendo constar en el ámbito internacional su consentimiento para obligarse a cumplir con los lineamientos establecidos en este tratado como parte del anexo 1 de la convención.

Sin embargo y pesar de lo ya mencionado, en nuestro país existen mínimos intentos de un marco jurídico que regule, fomente, posibilite y ordene políticas públicas orientadas hacia la implementación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Por ello es que se propone impulsar y fomentar que se establezcan las políticas, estrategias, programas y acciones de la adaptación y mitigación contra los efectos del cambio climático y el calentamiento global.

Por ejemplo, un logro incuestionable de la ciencia es haber demostrado los efectos de las crecientes concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero y sus consecuencias para la vida y para la sustentabilidad del planeta.

En ese sentido es que desde 1997, en el marco de la Tercera Conferencia de las Partes (COP-3) celebrada en Kyoto, Japón, fue adoptado el denominado Protocolo de Kyoto. El protocolo no estableció compromisos de reducción para los países en desarrollo como México, en función del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Lo que hace el protocolo además de compartir los objetivos de la Convención sobre el Cambio Climático es comprometer a las partes del anexo I a cumplir, en lo individual, metas legalmente vinculantes para limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estas metas representan una reducción en sus emisiones de gases de efecto invernadero de por lo menos 5 por ciento respecto de los niveles de 1990, a cumplirse durante el actual periodo 2008 a 2012.

El Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)presentado en el año 2007 es crucial. El IPCC colocó en su punto final el debate sobre la influencia humana en el clima, ya que señala que la mayor parte del calentamiento global observado durante el siglo XX se debe al aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero causado por el hombre. El IPCC presentó conclusiones muy preocupantes; plantea que de seguir la tendencia actual en la emisión de los gases de efecto invernadero, en el año 2100 la concentración global de CO2e (dióxido de carbono equivalente) podría ser de entre 540 y 970 partes por millón.

Este incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero afectará también la temperatura, se prevé que para la última década del siglo XXI la temperatura promedio mundial podría aumentar entre 1.8 y 4 grados centígrados.

De acuerdo al citado Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, en el caso de América Latina, algunos de los efectos principales de los incrementos en la temperatura son:

Los impactos económicos y sociales del cambio climático, mismos que son mencionados en el informe de Nicholas Stern, ex vicepresidente del Banco Mundial y asesor económico del gobierno del Reino Unido, quien señala que de no hacer nada, el costo y riesgo total del cambio climático equivaldrá a la pérdida de un mínimo de 5 por ciento anual del producto interno bruto (PIB) global, de ahora en adelante.

En el caso especifico de México, en el año 2009, con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realizó el estudio Implicaciones económicas del cambio climático en México”.

Según este estudio, los costos del cambio climático para México en el 2050 (esto es, cuánto deberemos pagar en un futuro por no tomar medidas para enfrentar este problema) irían de 4.2 a 15.3 por ciento del PIB nacional en función de la pérdida de producción agropecuaria, menor disponibilidad de agua, deforestación, efectos en la salud y pérdida de biodiversidad; mientras que los costos de mitigación serían de entre 0.56 y 5.6 por ciento del PIB.

Esta información se corroborará, con otro importante documento, que es la Cuarta Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Dicho trabajo fue presentado en el marco de la Cumbre de Copenhague en diciembre de 2010, en él se ratifican graves escenarios para el país, en donde destacan: la situación crítica en algunos estados del país por falta de agua; el incremento en las zonas de distribución y en el número de casos de dengue; así como la disminución paulatina de la biodiversidad en amplias zonas del centro y norte del país.

Cabe mencionar que anteriormente, en el marco de los compromisos suscritos por México en la Convención Marco, el 25 de abril de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que hasta ahora es integrada por nueve secretarías de estado. Asimismo, en la última semana de mayo de 2007, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del gobierno federal, presentó la Estrategia Nacional de Cambio Climático, como una acción de respuesta del Poder Ejecutivo en relación a la mitigación del cambio climático y a los efectos adversos del mismo.

Posteriormente el Poder Ejecutivo federal presentó a fines del mes de agosto de 2009 en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2009-2012, como principal instrumento del gobierno federal ante este tema. Sin duda alguna es relevante y un avance contar con este documento ya publicado siendo que el PECC establece el pico máximo de emisiones en México para el 2012. Sin embargo, aún está pendiente un marco jurídico amplio que haga vinculante dicha meta, más allá de este año.

Sin embargo y a pesar de los compromisos que se asuman con las medidas para tratar de reducir los efectos nocivos y devastadores del cambio climático y un mayor calentamiento, los rezagos existentes entre la mitigación y sus resultados son aun bastantes amplios. No se debe omitir que las responsabilidades del cambio climático son desiguales, y que existe una relación opuesta entre la responsabilidad ambiental por el cambio climático y la vulnerabilidad ante sus efectos. Es decir, los países desarrollados, los que más gases tóxicos emiten a la atmósfera, son menos vulnerables ante el cambio climático. Mientras que el cambio climático está aumentando los riesgos y la fragilidad que afectan a los países en vías de desarrollo, es así como los países desarrollados, ya están invirtiendo enormes sumas en la generación de infraestructura de protección contra el clima. Lo que se traduce en algo tan evidente como la desigualdad de capacidades entre países desarrollados y en vías de desarrollo para adaptarse al cambio climático.

El cambio climático se reconoce como uno de los mayores retos para el mundo en el siglo XXI, ya que avanzar a grandes niveles de desarrollo humano y bienestar social esperados, manteniendo una estabilidad y crecimiento económico sin alterar el sistema climático, representa un enorme desafío.

En México, hasta hace poco tiempo, los principales representantes sobre este tema eran académicos, la sociedad civil, el Poder Ejecutivo y la iniciativa privada, todos sectores importantes, pero faltaba la integración del Poder Legislativo, un elemento clave para el diseño de políticas públicas en materia de adaptación, mitigación y fragilidad frente al cambio climático; asignatura que por primera vez en la historia de nuestro país, fue abordada por la anterior LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, misma que realizó trabajos destacados en la materia a través de la creación de una Comisión Especial sobre cambio climático, permitiendo situar este tema como un contenido trascendental mas allá de las comisiones existentes de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía y Transporte, por ejemplo.

La Comisión Especial sobre cambio climático, instalada el 17 de febrero de 2010, plasma un precedente histórico para refrendar el compromiso que como legisladores consideramos, que por el actual fenómeno económico global, es un tema que no debe quedar relegado, siendo el cambio climático y calentamiento global una de las prioridades de los gobiernos del mundo. Debemos exhortar a que el tema ambiental no sufra más daño por las actuales crisis financieras a nivel mundial, por ello no se debe posponer ningún tipo de acción efectiva al costo que sea necesario en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global.

Por lo anteriormente expuesto someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que en términos del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene la facultad para presentar al pleno de la Cámara de Diputados proyectos de puntos de acuerdo.

Segundo. Que el artículo 42 de la Ley Orgánica otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al pleno la integración de las comisiones.

Tercero. Que a través de la representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la Junta de Coordinación Política se proponga, en virtud de que es un tema trascendental, de interés relevante y con la firme convicción de dar seguimiento y refrendar los trabajos realizados en la LXI Legislatura, la creación de la Comisión Especial encargada de promover acciones contra los efectos del cambio climático y el calentamiento global.

Notas:

1. La creación del IPCC en 1988, fue impulsada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su función principal consiste en analizar, de forma exhaustiva, objetiva abierta y transparente, la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender el Cambio Climático. En reconocimiento a su labor, en el año 2007, recibió el Premio Nobel de la Paz.

2. Semarnat, 2009. Implicaciones Económicas del Cambio Climático en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.— Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL PARA LA CONSERVACION DE LA SELVA LACANDONA Y LAS CAÑADAS QUE LA INTEGRAN

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la conservación de la selva Lacandona y las cañadas que la integran, a cargo del diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Chiapas cuenta con la riqueza de lo que aún queda de la selva Lacandona, ya que en los años setenta cuando la selva se le adjudicó a la etnia lacandona con 61 familias, tenía un área de un millón 372 mil hectáreas, en el 2001 eran ya 900 mil, y ahora sólo cuenta con menos de 500 mil.

Ante la devastación de las áreas verdes en el mundo, como los ecosistemas de bosques y selvas, se ha agudizado el calentamiento global, grandes desastres naturales, tormentas severas acompañadas con largos periodos de sequías, huracanes de alta intensidad. Cada vez que desaparecen áreas verdes, la escasez de agua y oxígeno es crítica y los virus, que tienen como hospedero a animales que habitan en ellas, se mudan a los hatos ganaderos, e incluso al ser humano. En el pulmón más importante de Mesoamérica, que es la selva Lacandona, ya empezamos a sentir las devastadoras consecuencias de estarla destruyendo, por ello es momento de hacer algo por salvarla.

En la selva Lacandona se localizan 2 mil 274 asentamientos humanos, con el predominio del grupo tzeltal, seguido de los tojolabales, choles, tzotziles, zoques y lacandones así como grupos de otros estados de la república y de Guatemala. Desafortunadamente esta región y los grupos humanos que se asientan dentro de ella se caracterizan por un alto grado de marginación, pobreza y exclusión con uno de los más bajos índices de desarrollo humano del país. El desarrollo regional enfrenta un complejo grupo de contradicciones y problemas de diversa índoles: económicos, sociales, políticos y ambientales, los cuales han provocado conflictos como el encabezado desde 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La selva Lacandona constituye el macizo de selvas tropicales más importante de Mesoamérica, contiene recursos estratégicos para el desarrollo nacional como por ejemplo, riqueza natural, petróleo y abundantes recursos hidráulicos. Los servicios ambientales que presta juegan un papel importante para la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos en la llanura costera del golfo donde se ubican las mayores áreas de humedales del país y Norteamérica.

La riqueza natural de la selva Lacandona es tal que en ella se distribuye 35 por ciento de las aves del país; 27 por ciento de los mamíferos y 12 por ciento de los reptiles, existen varias especies endémicas y otras tantas amenazadas o en peligro de extinción como el jaguar, el águila arpía o el tapir.

No obstante esta riqueza natural en 80 años hemos sido capaces se lograra un impacto importante en este ecosistema, apenas en 1930 el territorio de esta selva era despoblado, sin embargo los caminos forestales dieron paso a los primeros campesinos indígenas en busca de tierras, ya para 1955 tres quintas partes de la selva eran propiedad privada y para 1964 aserraderos como el de Bonanpak, abren nuevos caminos para la extracción de madera que facilitan la colonización de la zona norte de la selva.

El impacto en esta selva ha sido tal que de 1979 a 1993 su cobertura forestal disminuyó en 35.6 por ciento un promedio de 33 mil 500 hectáreas por año y los pastizales aumentaron a un ritmo de 14 mil hectáreas por año.

Los indicadores de marginación en las poblaciones de la selva son brutales, más de 80 por ciento de la población ocupada tiene un ingreso de hasta 2 salarios mínimos. Estos son sólo unos datos que evidencian la profunda crisis de la que es objeto esta selva.

Es importante implementar programas que permitan el desarrollo económico, así como la conservación de la selva Lacandona y Las Cañadas, es decir, que los programas se ajusten al desarrollo económico integral porque hasta el momento toda la inversión en la reforestación de la selva ha sido un fracaso, y que la selva Lacandona, en el pensamiento colectivo, todos quieren conservarla, pero en la práctica de producción la están destruyendo.

El Partido Verde Ecologista de México prescribe la representación de una corriente de opinión con base social en la ecología. Estamos interesados fundamentalmente en el cuidado y conservación de la naturaleza y medio ambiente, buscamos la recuperación y el afianzamiento de los auténticos valores culturales del México, en especial de la tradición y conocimientos autóctonos, que son profundamente respetuosos de los seres vivientes humanos, animales y vegetales, así como de los elementos naturales.

En el tenor de lo expresado anteriormente invito a mis compañeras diputadas y compañeros diputados a realizar el mejor esfuerzo para compartir esta responsabilidad desde la filosofía que considere el desarrollo económico–social y la conservación de los ecosistemas como complementario y no como antagónicos.

Recordemos que la conservación de los bosques y selvas es fundamental para la atención de problemáticas tan complejas como los efectos del cambio climático, una selva sana y bien conservada aumenta su capacidad de absorción de dióxido de carbono sirviendo como sumidero.

El cambio climático se presenta como un riesgo muy serio en el intento de reducir la pobreza y amenaza con impedir el desarrollo social y económico de las naciones. De seguir la tendencia actual, para el año 2050 este fenómeno reducirá 25 por ciento el área cultivable del país, la mitad de los ecosistemas de bosques tendrán vegetación de climas más secos, mientras que la desertificación y las sequías serán tan severas y extensas que, según el Banco Mundial, afectarán a 80 por ciento de la población en rápido crecimiento de México, es decir aquella población concentrada en las áreas del norte y centro, las cuales representan más de 80 por ciento del producto interno bruto (PIB), más de 90 por ciento de la irrigación y 75 por ciento de la actividad industrial.

Como Congreso debemos impulsar el desarrollo integral y sustentable de la selva Lacandona a través de acciones coordinadas que permitan mejorar la condiciones de vida de sus pobladores y abatir su degradación mediante acciones de restauración y conservación, por eso les pido aprobar la presente proposición con punto de acuerdo y permitir la creación de una Comisión Especial para la conservación de la selva Lacandona y las Cañadas que la integran.

La compleja situación actual y el futuro de la selva Lacandona demandan ser considerados en la más alta prioridad de la agenda política nacional, hagamos eso posible compañeros.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política a que en el ámbito de las atribuciones legalmente conferidas por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determine y ponga a consideración de este pleno la creación de la Comisión Especial para la conservación de la selva Lacandona y las Cañadas que la integran, determinando su integración plural y como objeto primordial el desarrollo integral y sustentable de la selva Lacandona, a través de acciones coordinadas que permitan mejorar la condiciones de vida de sus pobladores y abatir su degradación mediante acciones de restauración y conservación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.— Diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la lucha contra la trata de personas, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La trata de personas, esclavitud en términos amplios, es un fenómeno complejo en muchos sentidos que atenta contra los derechos humanos, que denigra totalmente la condición humana, que vulnera la dignidad, la vida, la libertad y la posibilidad de definir el destino propio. Una forma extrema de violencia contra mujeres, menores y personas en estado de vulnerabilidad, en la que el responsable no es únicamente el agresor, sino también, el mercado que solicita a las víctimas y la sociedad que tolera y permite estos delitos.

2. Su definición como actividad delictiva, la encontramos en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instrumento mundial del que México es parte, y vinculante sobre la trata de personas cuyo objetivo es facilitar la convergencia en los enfoques en relación con el establecimiento de infracciones penales, fortalecer la cooperación internacional en la materia y proteger y asistir a las víctimas con pleno respeto de sus derechos humanos y fortalecer la cooperación internacional para su combate.

3. Como fenómeno global, la trata de personas es la actividad ilícita más lucrativa, después del tráfico de drogas, millones de personas son explotadas anualmente como víctimas de este delito en el mundo, ya sea para explotación sexual o laboral, servidumbre, tráfico de órganos, explotación de niños para la mendicidad, la comisión de delitos o la guerra. Hasta un 80 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas.

4. Es un delito multifactorial, favorecido desafortunadamente por las condiciones de desigualdad (pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, las crisis políticas y humanitarias y la marginación, subordinación y la discriminación), que puede afectar a todos los sectores sociales, pero afecta sobre todo a las personas de los sectores sociales más desprotegidos y en mayores condiciones de marginalidad, y dentro de ellos, a los grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad.

5. Las víctimas de los delitos en materia de trata de personas, se sienten atrapadas y sin una salida segura; trabajan en un sector informal, generalmente ilícito o encubierto; residen ilegalmente en el país a donde fueron llevadas; tienen conocimiento limitado de sus derechos y opciones legales; sufren restricción a su libertad personal; están de paso; han sido cambiadas de una ciudad a otra o de un establecimiento a otro; probablemente han experimentado abuso físico, sexual o psicológico y amenazas de abuso contra ellas o su familia; están a la merced de la violencia, multas o castigos por parte de empleadores o tratantes.

6. Es un problema transnacional que afecta a todo el país, por lo que es del mayor interés de la Nación que desde los tres poderes y órdenes de gobierno se hagan esfuerzos para prevenir, perseguir y sancionar este delito, así como para proteger y asistir a las víctimas, en los términos en que México se ha comprometido en la legislación internacional, y ha establecido en la legislación nacional.

7. México, es país de origen, tránsito y recepción de migrantes, situación que ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes, principales víctimas de la trata de personas, con fines de explotación sexual y laboral extraídos sobre todo de áreas rurales empobrecidas hacia zonas urbanas fronterizas y turísticas, a través de mecanismos diversos y para finalidades distintas que confluyen en la brutal explotación y el uso de las personas para propósitos ilícitos con fines de lucro.

Considerando

Primero.Nuestro país cuenta con una ley general en la materia, pero esto no es suficiente, es necesario realizar diagnósticos sobre el fenómeno mismo; impulsar la homologación normativa en todo el país; incentivar la participación de la sociedad civil, la formación y capacitación de servidores públicos que le den funcionalidad al marco jurídico, elaboración de mecanismos de protección para víctimas; armonizar los ordenamientos legales vigentes de carácter penal, para la protección de los grupos sociales con mayor vulnerabilidad y de víctimas, para evitar contradicciones que favorezcan la impunidad o la adecuada atención que requieren quienes han sido víctimas de estos delitos.

Segundo.Se trata de un tema que reviste una enorme complejidad, reconocido en estos términos por la Junta de Coordinación Política y el Pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, por lo que mediante acuerdo creó una Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas.

Durante la pasada legislatura, se reconoció así también la eficacia y apoyo de la Comisión Especial, en el acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se decidió turnar a la Comisión Especial los asuntos en la materia, legislativos o no, turnados a ella por la Mesa Directiva, para recabar opinión y recibir de ella proyectos de dictamen.

El encargo fue cumplido a satisfacción por la Comisión Especial, que elaboró y remitió en tiempo y forma 18 opiniones y proyectos de dictamen avaladas por su Pleno, que fueron adoptadas en sus términos por las comisiones dictaminadoras y el Pleno de la Cámara. Se elaboraron y presentaron, de igual manera avalados por el Pleno de la Comisión Especial y en un caso por 104 legisladores, iniciativas de reformas legales y constitucionales que fueron aprobadas y se encuentran en vigor.

Tercero.Dentro del marco de una Comisión Especial, con recursos insuficientes y sin facultades para realizarlo, se realizó un trabajo permanente de estudio y seguimiento de fenómeno; de relación con los actores políticos, sociales, económicos y académicos involucrados en cada tema abordado, para llegar a proyectos de dictamen en un número superior al de los asuntos recibidos y dictaminados por la mayoría de las comisiones ordinarias, durante la LXI Legislatura la Comisión especial resulto ser altamente productiva, pues aún más allá de las cuestiones legislativas, realizó diversos foros de análisis y consulta sobre el tema, cumpliendo además con la normativa al realizar sus reuniones ordinarias, publicaciones de programas de trabajo, informes semestrales y actas de las sesiones, lo que marco la diferencia en cuanto a las demás comisiones especiales existentes durante la anterior legislatura.

Cuarto.La complejidad y especialidad del tema; la extensión del fenómeno; los efectos sociales que genera; las implicaciones y relaciones con numerosos instrumentos internacionales y los ordenamientos federales y generales con los que hay que armonizar; la gran diversidad de ordenamientos locales que es necesario homologar; la mayor preocupación nacional en relación con los derechos humanos a raíz de las reformas constitucionales recientes y por la trascendencia misma del tema, no podría considerarse a la trata de personas como una materia sin importancia durante la presente Legislatura.

Quinto.El trabajo en la materia está inconcluso y sin duda en la presente legislatura habrán de presentarse un número de iniciativas aún mayor al de la legislatura anterior sobre la materia, además de las necesidades que se deriven de la entrada en vigor de la nueva Ley General en la materia; por ello resultará necesario para el mejor desahogo y atención de las tareas que deriven, crear una COMISIÓN ESPECIAL en materia de Trata de Personas, que de continuidad a los trabajos realizados por la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas durante la anterior Legislatura.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita a la Junta de Coordinación Política proponga al pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, la creación de una Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas, para coadyuvar con las comisiones ordinarias a que se turnen los asuntos en la materia en el estudio y dictamen de los mismos aportando opiniones especializadas y autorizadas; ser enlace de esta cámara con la sociedad y los actores sociales involucrados e interesados, y hacer el seguimiento de las acciones de los diferentes órdenes de gobierno en la implementación de las acciones a que los obliga la ley general para la prevención y el combate de estos delitos, así como para la protección y asistencia a las víctimas.

Segundo.La Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas, estará integrada por los diputados que sean elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política y  tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre del 2012.— Diputada Leticia López Landero (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

COMISION ESPECIAL DE COORDINACION LEGISLATIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS CON LOS CONGRESOS LOCALES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de coordinación legislativa de la Cámara de Diputados con los congresos locales, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del PVEM

Ruth Zavaleta Salgado, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El federalismo es el arreglo institucional donde el Estado nacional deja a sus componentes la decisión final sobre algunos temas, dejando para sí otros que son centrales para la supervivencia del conjunto. En este último caso se pueden mencionar la política monetaria, las relaciones exteriores o la defensa.

De lo anterior se desprende que un arreglo federal permite que cada entidad se convierta en un laboratorio de arreglos institucionales y políticas públicas, de tal forma que los más exitosos sirvan de antecedente para el resto del país. Y también lo contrario: que los fracasos sean de utilidad para el aprendizaje del conjunto.

Por otra parte cada entidad tiene sus particularidades tanto culturales como en cuanto a capacidades institucionales, las cuales pueden llegar a significar ventajas o desventajas al momento de instrumentar leyes de alcance federal o marcos normativos que involucren a los distintos niveles de gobierno. Lo anterior es importante al momento de elaborar iniciativas o revisar aquellas que se presentan al pleno, toda vez que las experiencias locales deben ser atendidas durante el proceso legislativo.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos colaboración entre el Congreso de la Unión y los congresos locales está fundamentada en el artículo 135, según el cual los estados participan en la reforma de nuestra ley fundamental a través del constituyente permanente.

No obstante, esta participación, en la mayoría de las ocasiones, sólo se concreta al final del proceso legislativo tratándose de reformas constitucionales, con el voto aprobatorio o no de la Norma en discusión, la coordinación de trabajo propuesta en este punto de acuerdo, tiene entre sus objetivos, que haya información oportuna e intercambio de ideas entre el ámbito local y el federal, logrando con ello una mayor transparencia en el quehacer legislativo.

Por otra parte, es de dominio público, el hecho de que la actividad legislativa es una de las menos evaluadas favorablemente por los ciudadanos, por lo que otro de los objetivos de este punto de acuerdo, es dignificar el trabajo de los legisladores a partir del trabajo en conjunto.

En la medida que un órgano legislativo institucionalizado debe contar con mecanismos de vinculación permanentes con otros actores políticos y sociales, es necesario tener mecanismos de vinculación, intercambio de información, colaboración y capacitación entre el Congreso de la Unión y los congresos locales.

Por las razones anteriores se propone la creación e integración de la Comisión Especial de Coordinación Legislativa de la Cámara de Diputados con los Congresos Locales, cuyo objetivo será mejorar la calidad de la producción legislativa a nivel nacional a través de una comisión especial que vincule al Congreso de la Unión y los Congresos estatales, generando así no solo un proceso de intercambio de información y coparticipación en la elaboración de leyes tanto federales como locales sino una revaloración del quehacer legislativo y su impacto en la consolidación democrática.

Para cumplir sus objetivos, la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

• Presentar una propuesta de trabajo de coordinación entre el Congreso de la Unión o por lo menos la Cámara de Diputados con los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

• Generar un sistema de vinculación, colaboración e intercambio de información entre el Congreso de la Unión y los órganos legislativos locales; el cual operará especialmente para el proceso de discusión de reformas a la Constitución Política y otros cambios considerados relevantes. De acuerdo con el carácter y temática de la norma, propondrá y operará esquemas de trabajo entre las diversas comisiones y centros de estudio de la Cámara de Diputados con instancias similares en los órganos legislativos locales.

• Elaborar un diagnóstico de armonización de las normas a nivel estatal; el cual incluirá un diagnóstico sobre el funcionamiento interno de cada órgano legislativo local.

• Publicar documentos de divulgación sobre los temas de la agenda legislativa, con fin de involucrar a la ciudadanía en el debate público y generar conciencia sobre la importancia de la participación.

• Facilitar proyectos de capacitación para legisladores locales, con el fin de mejorar los procesos de toma de decisiones en leyes que involucren a los órganos legislativos federal y locales.

En este tenor serán tareas de la Comisión Especial de coordinación legislativa de la Cámara de Diputados con los Congresos locales las siguientes:

• Presentar durante el primer mes una propuesta de trabajo de coordinación entre el Congreso de la Unión o por lo menos la Cámara de Diputados con los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

• Diseñar durante el primer mes un sistema de vinculación, colaboración e intercambio de información entre el Congreso de la Unión y los órganos legislativos locales; el cual operará especialmente para el proceso de discusión de reformas a la Constitución Política y otros cambios considerados relevantes. De acuerdo con el carácter y temática de la norma, propondrá y operará esquemas de trabajo entre las diversas comisiones y centros de estudio de la Cámara de Diputados con instancias similares en los órganos legislativos locales.

• Elaborar durante el primer año un diagnóstico de armonización de las normas a nivel estatal; el cual incluirá un diagnóstico sobre el funcionamiento interno de cada órgano legislativo local.

• Coordinar durante el resto de la legislatura el sistema de vinculación, colaboración e intercambio de información entre el Congreso de la Unión y los órganos legislativos locales, de acuerdo con la agenda de trabajo de la Cámara de Diputados.

• Publicar documentos de divulgación a lo largo de la legislatura sobre los temas de la agenda legislativa, con fin de involucrar a la ciudadanía en el debate público y generar conciencia sobre la importancia de la participación.

• Facilitar proyectos de capacitación para legisladores locales a lo largo de esta legislatura, con el fin de mejorar los procesos de toma de decisiones en leyes que involucren a los órganos legislativos federal y locales.

• De igual modo serán tareas específicas de la Comisión Especial de Coordinación Legislativa de la Cámara de Diputados con los Congresos Locales las siguientes:

• Entrar en contacto con los congresos locales y compilar el marco normativo de sus respectivas entidades.

• Diseñar los procedimientos que faciliten la vinculación, colaboración e intercambio de información entre el Congreso de la Unión y los órganos legislativos locales.

• Elaborar diagnóstico de armonización del marco normativo, presentándolo a los órganos de gobierno de las cámaras del Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

• Elaborar y publicar documentos de divulgación sobre los temas de la agenda legislativa.

• Diseñar y facilitar programas de capacitación para legisladores locales.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se crea la Comisión Especial de coordinación legislativa de la Cámara de Diputados con los Congresos locales, cuyo objetivo será mejorar la calidad de la producción legislativa a nivel nacional, generando así un proceso de intercambio de información y coparticipación en la elaboración de leyes tanto federales como locales. Su duración será la misma que la actual legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2012.— Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 14:25 horas):Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 20 de septiembre de 2012, a las 11 horas en punto. Se les informa que las listas de registro de asistencia estarán disponibles desde las 9:30 horas en el vestíbulo principal del salón de sesiones.

————— O —————

APENDICE

*INICIATIVAS

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto registrada en el orden del día del martes 18 de septiembre de 2012, de conformidad con el artículo 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en el artículo 102, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea, que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 173 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, registrada en el orden del día del 18 de septiembre de 2012, se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.»

COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACION DE SOLARES URBANOS DE LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL PAIS

«Iniciativa que reforma el artículo 173 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe la presente, diputado federal Luis Miguel Ramírez Romero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 173 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de actualizar la legislación interna de la Cámara de Diputados en nuestro país, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

El objetivo fundamental de la presente iniciativa de reformar del Reglamento de la Cámara de Diputados, es la de hacer más eficiente el trabajo legislativo en las 44 comisiones ordinarias de dictamen en la Cámara de Diputados.

Para nadie es ajeno que la visión de la sociedad con respecto de los legisladores y el trabajo legislativos es uno de los que peor opinión pública tienen en el país, y esto se deriva a la poca productividad legislativa de las cámaras, en donde más de la mitad de las iniciativas presentadas ante esta soberanía, se quedan en el tintero o en el olvido, sin por lo menos ser estudiadas o discutidas por las comisiones ordinarias.

Dichas iniciativas en su mayoría son desechadas mediante acuerdos de la Junta de Coordinación Política y aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados, siendo esta actividad una manera sencilla e ineficaz de proceder del poder legislativo para justificar la falta de trabajo y de estudio de las comisiones ordinarias.

En el actual Reglamento, que fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en diciembre de 2010, se determina actualmente el procedimiento para dictaminar iniciativas, reformas o minutas, que son presentadas por los diputados, senadores y por el Ejecutivo y que son turnadas a más de una comisión ordinaria por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La problemática del actual reglamento radica; en que en el momento que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, establece el turno de una iniciativa a dos o más comisiones, basta con que la primera mencionada de las comisiones no tenga interés en  dictaminar o no convoque a las demás para realizar el estudio, discusión y, en su caso, dictamen del asunto turnado, entorpeciendo en este caso el trabajo legislativo de las camisones nombradas en segundo y en tercer lugar.

Casos como este nos encontramos en repetidas ocasiones dentro de los pendientes que dejaron las comisiones ordinarias de la pasada Sexagésima Primera Legislatura, por lo que tampoco es coherente desecharlas de oficio, mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Es por eso que la reforma que se propone es la de establecer el mecanismo suficiente para que a cada iniciativa, le recaiga un dictamen en el sentido que fuere, ya sea positivo o negativo, que se encuentre perfectamente fundado y motivado, en donde se obligue a las comisiones ordinarias al estudio de fondo de la misma,  y si por alguna razón la comisión nombrada en primer lugar para el dictamen incumple lo establecido en el propio reglamento, la facultad de dictaminar dicho asunto recaiga en las subsecuentes comisiones nombradas.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de este honorable pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 173 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo I73. El expediente del asunto que requiera dictamen de comisiones unidas será turnado integro por el presidente a las comisiones que corresponda; la primera comisión nombrada en el turno será la responsable de elaborar el dictamen.

En el caso de que la comisión que sea nombrada en primer lugar no diera cumplimento con lo establecido por el artículo 182 de éste Reglamento, la responsabilidad de dictaminar correrá a favor de la comisión nombrada en segundo lugar y así sucesivamente.

Artículo Transitorio

Único. Las reformas al Reglamento de la Cámara de Diputados, contenidas en el presente decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil doce.— Diputado Luis Miguel Ramírez Romero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.