Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente, en las listas de firma, 274 diputadas y diputados. Se invita a los diputados que no han registrado su asistencia en el sistema electrónico a que lo hagan. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam(a las 11:05 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 25 de septiembre de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal

Por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 191 Aniversario de la Consumación de la Independencia Nacional, que tendrá lugar el 27 de Septiembre a las 10:00 horas.

De la Secretaría de Gobernación

Con la que remite el informe anual de las concesiones vigentes que a la fecha ha otorgado el Gobierno Federal, previa autorización del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Con la que envía el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal.

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al derrame de petróleo en las costas del Istmo de Tehuantepec.

De la Cámara de Senadores

Con la que remite Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a integrar la Comisión Bicamaral en materia de Seguridad Nacional, y se dé cumplimiento a lo que ordena el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado Damián Zepeda Vidales y suscrita por la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 162 de la Ley Agraria y 6° de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 183 y adiciona un artículo 183 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Araceli Torres Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 205 de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1° de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y adiciona un artículo 8 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 348 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 de la Ley del Banco de México y 18 Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6º, 7º, 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa para que dé a conocer a los productores, el programa que ha diseñado para la comercialización del frijol en el periodo agrícola primavera-verano 2012, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Protección Civil, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que investigue y castigue a los funcionarios estatales involucrados durante el periodo 2005-2011, en el tiempo de mandato del ex Gobernador Humberto Moreira Valdéz, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que atraiga la investigación que permita esclarecer los posibles hechos delictivos en que se encuentran involucradas camionetas propiedad de la empresa Televisa, suscrito por los diputados Silvano Aureoles Conejo, Agustín Miguel Alonso Raya y Trinidad Secundino Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial que analice el estado que guardan las finanzas públicas, estatales y municipales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que respete lo establecido en los artículos 1° y 123 Constitucionales, así como lo dispuesto en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, en lo relativo al derecho de los trabajadores, y en consecuencia lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, en todas sus acciones, planes y programas de gobierno, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial Forestal, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Integración y Atención a Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Cuenca de los Ríos Grijalva-Usumacinta, a cargo de la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en coordinación con el titular de la SHCP, lleven a cabo el rescate de Acapulco, a través de un fideicomiso que impulse el desarrollo económico, social y cultural de la zona, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para atender el problema de la Cuenca-Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Atención y Seguimiento de las Políticas Públicas relacionadas con el Desarrollo de la Frontera Norte de nuestro país, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos con motivo de la explosión en el centro receptor de gas y condensador de Pemex, exploración y producción, así como las condiciones de seguridad de las instalaciones de petróleos mexicanos, en específico a las de exploración y producción, a cargo del diputado Roberto López González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la desaparición del C. Aleph Jiménez Domínguez, vocero del movimiento #Yo Soy 132, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el fortalecimiento de la cuenca baja del Río Pánuco, a cargo del diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de Pemex para que en los procesos de licitación de construcción de su flota menor y mayor, privilegie a la Industria Naval Mexicana, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y al Gobernador del estado de Veracruz, su intervención a fin de resolver el pago por parte del Ingenio Nueva San Francisco, a los productores afectados, a cargo de la diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación, a cargo de la diputada María Elia Cabañas Aparicio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Prospectiva y Estudios del Futuro de México, a cargo del diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que emita una opinión sobre la constitucionalidad de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo presentada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a efecto de que sea investigado el uso por parte del Gobierno Federal de marcas registradas a nombre del C. Heriberto Félix Guerra, Secretario de Desarrollo Social y en su caso, se proceda a aplicar las sanciones a que haya lugar, cargo del diputado Sergio Torres Félix y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Querétaro, en relación a la ola de secuestros y desapariciones de personas, en la entidad, asimismo se exhorta al Congreso de dicho Estado, para que realice los trabajos legislativos pertinentes para tipificar el delito de feminicidio, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la revisión de las Reglas de Operación de los Programas contenidos en el anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a lo establecido en el PEF 2012, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del 23 de septiembre, conmemoración del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Con motivo del 26 de septiembre, Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, a cargo de los Grupos Parlamentarios.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinte de septiembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y un diputadas y diputados, a las once horas con un minuto del jueves veinte de septiembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

El Presidente informa a la Asamblea que todos los asuntos turnados durante la Sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las Comisiones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que informa que en el mes de agosto de dos mil doce, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente dieron destino a mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

b) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite solicitud de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la Minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción vigésima novena - Q, al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su atención.

• Con la que remite solicitud de los senadores Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter y René Juárez Cisneros, de los Partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional, respectivamente, para que se dictamine la Minuta con proyecto de decreto por el que se declara al año dos mil trece como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de los sentimientos de la Nación”; y se autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del Bicentenario del Congreso de Anáhuac. Se turna a las Comisiones de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

c) Iniciativas con proyecto de decreto del Congreso del estado de Guanajuato:

• Que adiciona el artículo veintiuno, con un tercer y cuarto párrafos de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Que adiciona un subtítulo y un numeral ciento sesenta y dos al artículo quinientos trece de la Ley Federal del Trabajo, y se reforma el tercer párrafo del artículo cincuenta y seis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

Desde su curul el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia permitir el acceso a la ciudadanía al recinto los días de sesiones. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) José Antonio León Mendívil, a nombre propio y del diputado Trinidad Secundino Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

b) Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarenta, cuarenta y uno, y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

c) José González Morfín, del Partido Acción Nacional:

• Que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Que reforma el artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

d) Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

e) María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

f) Julio César Moreno Rivera, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

g) Ossiel Omar Niaves López, a nombre propio y del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doscientos uno, y doscientos cinco de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

h) Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

i) Arturo Escobar y Vega, a nombre propio y de los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

j) José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos veinticinco y veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Desde su curul, el diputado Héctor García García, del Partido Revolucionario Institucional, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria de los trabajadores fallecidos en las instalaciones de Petróleos Mexicanos. La Presidencia obsequia la solicitud.

k) María Sanjuana Cerda Franco, a nombre propio y de diputados integrantes de Nueva Alianza, que reforma el artículo ciento once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

l) Jorge Terán Juárez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

m) Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley para Incrementar la Competitividad Internacional de México. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

n) Ricardo Monreal Ávila, a nombre propio y del diputado Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo setenta y nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

A las doce horas con cuarenta y cinco minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro cuatrocientos sesenta y cuatro diputadas y diputados.

o) Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cincuenta y cuatro de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.

p) Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

De conformidad con el artículo ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas registradas en el Orden del Día de esta sesión que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las iniciativas de los siguientes diputados: Carol Antonio Altamirano, Gloria Bautista Cuevas, Vicario Portillo Martínez, Fernando Belaunzarán Méndez, Lucila Garfias Gutiérrez, y Aleida Alavez Ruiz, todos del Partido de la Revolución Democrática, quienes solicitaron a la Secretaría, sean inscritas en la próxima sesión.

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes proposiciones con punto de acuerdo calificadas por el Pleno como de urgente u obvia resolución, a los diputados:

a) Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Partido Revolucionario Institucional, a solicitud de los diputados de los estados de Yucatán y Durango, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Economía, de la Comisión Federal de Electricidad, y de la Comisión Nacional del Agua, para que realicen una revisión y ajuste de tarifas eléctricas, de consumo doméstico en las localidades del Estado de Chihuahua y las zonas cálidas y semidesérticas de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México; Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita al proponente la adición de un artículo sexto al punto de acuerdo; Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido Acción Nacional; y José Ignacio Duarte Murillo, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Partido Revolucionario Institucional, acepta la propuesta de adición. En votación económica se aprueba la adición de un sexto resolutivo, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

Desde su curul el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea inscrita para la siguiente sesión. El Presidente obsequia dicha solicitud.

b) Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que investigue a fondo el ataque realizado en contra de agentes diplomáticos estadounidenses en el estado de Morelos. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Miguel Ramírez Romero, del Partido Acción Nacional; y Cristina Ruíz Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

c) Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, relativo a la difusión de los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en el análisis, debate y elaboración del dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, del titular del Poder Ejecutivo Federal, de trámite preferente. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consideran de urgente resolución los resolutivos primero y segundo del punto de acuerdo. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México; Alfa Eliana González Magallanes, del Partido de la Revolución Democrática; Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional; y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueban los resolutivos uno y dos del acuerdo. Comuníquese.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las proposiciones de los siguientes diputados: Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; Blanca Jiménez Castillo, del Partido Acción Nacional; Alliet Mariana Bautista Bravo y Claudia Elena Águila Torres, ambas del Partido de la Revolución Democrática; quienes solicitaron a la Secretaría sean inscritas en la próxima sesión. En consecuencia se turnan las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

a) Omar Antonio Borboa Becerra, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar Seguimiento a la Regularización de solares urbanos de las zonas metropolitanas del país. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

b) David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Aduanas y Cruces Fronterizos. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

c) Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Familia. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

d) José Isidro Moreno Árcega, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Desarrollo Municipalista. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

e) José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita la instauración de un Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

f) Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el seguimiento de los trabajos de reconstrucción y rehabilitación del Valle de Mexicali. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

g) José Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Congreso del Estado de Nuevo León, para que lleve a cabo una consulta amplia a efecto de contar con un diagnóstico real sobre la seguridad pública en la entidad, así como del desempeño de sus autoridades en esta materia y en su caso, se realicen las adecuaciones y reformas legales conducentes. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

h) Hugo Sandoval Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial que atienda los asuntos relacionados con las Ciudades Patrimonio de la Nación, reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

i) Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que declare el año dos mil trece como el del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

j) Alejandro Carbajal González, del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita la integración de una Comisión Especial encargada de dar seguimiento a la aplicación del Programa de Condonación de Créditos Fiscales puesto en marcha por el Servicio de Administración Tributaria en dos mil siete; y se exhorta al Servicio de Administración Tributaria para que haga pública la información que le ha requerido el Instituto Federal de Acceso a la Información. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

k) Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, practique las auditorias necesarias respecto de los recursos públicos federales asignados a la organización y desarrollo de los Juegos Panamericanos Guadalajara dos mil once. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para dictamen.

l) Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la integración, promoción y organización de trabajos del Frente Parlamentario contra el Hambre: Capítulo México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

m) Eva Diego Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que proponga un programa especial para el desarrollo de la región Sur-Sureste. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes veinticinco de septiembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con trece minutos.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.

La Mesa Directiva informa a la asamblea que en estos momentos se está llevando a cabo la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto en el artículo 71 constitucional, en relación con la iniciativa que con carácter de preferente remitió el Ejecutivo federal.

En razón de lo importante y urgente del caso, tome nota la Secretaría para los efectos de justificar la asistencia.

También se informa a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las comisiones.

Continúe la Secretaría.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 191 aniversario de la consumación de la Independencia Nacional, el jueves 27 de septiembre, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Nina Serratos Zavala, secretaria.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa al diputado José Luis Muñoz Soria. Adelante.

INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Doctor Fernando Serrano Migallón, secretario general de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia al artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales, que a la letra indica:

Artículo 72. Las dependencias administradoras de inmuebles podrán otorgar a los particulares derechos de uso o aprovechamiento sobre los inmuebles federales, mediante concesión, para la realización de actividades económicas, sociales o culturales, sin perjuicio de leyes específicas que regulen el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones sobre inmuebles federales... Asimismo, presentarán un informe anual a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre las concesiones otorgadas en el periodo correspondiente.

Al respecto, se adjunta el informe anual de las tres concesiones vigentes que a la fecha ha otorgado el gobierno federal por conducto de esta secretaría, previa autorización del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de conformidad con lo siguiente:

1. Aerovías de México, SA de CV.

Vigencia: 25 de junio de 2010 a 24 de junio de 2015.

Objeto: 29 metros cuadrados en el inmueble situado en Abraham González 48, planta baja, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, México, Distrito Federal.

2. Global ZZ, SA de CV.

Vigencia: 24 de enero de 2012 a 23 de enero de 2013.

Objeto: 20 metros cuadrados en el inmueble situado en Eduardo Molina 113, colonia Penitenciaria Ampliación, delegación Venustiano Carranza, código postal 15350, México, Distrito Federal.

3. Ciudadana María Yolanda Juárez.

Vigencia: 17 de febrero de 2012 a 16 de febrero de 2013.

Objeto: 8.93 metros cuadrados en el inmueble situado en Abraham González 48, planta baja, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, México, Distrito Federal.

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos conducentes, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, fracción II, 8, 15, 16,72 y 73 de la Ley General de Bienes Nacionales; y30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y demás normatividad relativa y aplicable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada Regina Endoqui Madrueño (rúbrica), subdirectora.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a la Comisión de la Función Pública, para su conocimiento.

TIEMPOS OFICIALES DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número SNM/122/2012, el licenciado Álvaro Luis Lozano González, subsecretario de Normatividad de Medios, envía el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 21 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, correspondiente al cuarto bimestre del año 2012.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de RTC, así como a los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, que esta Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.

Sobre el particular, y en atención a lo dispuesto por la fracción X del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitirle el informe de utilización de tiempos oficiales correspondiente al cuarto bimestre del año 2012, así como el informe de los programas y campañas correspondientes~ al ejercicio fiscal 2012, con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

Aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de septiembre de 2012.— Licenciado Álvaro Luis Lozano González (rúbrica), subsecretario de Normatividad de Medios.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-11-8-0044, signado por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DG-UEL-094-2012, suscrito por el licenciado Javier Vega Casillas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Petróleos Mexicanos, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al derrame de petróleo en las costas del Istmo de Tehuantepec.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Pemex.— Dirección General.— Unidad de Enlace Legislativo.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/2615/12, de fecha 7 de septiembre de 2012, dirigido al ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez, director general de Vinculación y Enlace Energético de la Secretaria de Energía, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 6 de septiembre de 2012, mismo que se trascribe a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Pemex para que responda por las afectaciones que causó el derrame de petróleo en las costas del istmo de Tehuantepec, para que desarrolle conjuntamente con la comunidad un efectivo plan de prevención y respuesta a las contingencias, y a la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente para que informe el resultado de sus actuaciones por el mismo hecho.”

Al respecto y para los fines a que haya lugar, anexo la respuesta al punto de acuerdo en comento.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 21 de septiembre de 2012.— Licenciado Javier Vega Casillas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Pemex.

En atención al acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 6 de septiembre de 2012, relativo al derrame provocado por el hundimiento de una monoboya en las costas del Istmo de Tehuantepec, mismo que a continuación se transcriben:

“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Pemex para que responda por las afectaciones que causó el derrame de petróleo en las costas del istmo de Tehuantepec, para que desarrolle conjuntamente con la comunidad un efectivo plan de prevención y respuesta a las contingencias, y a la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente para que informe el resultado de sus actuaciones por el mismo hecho.”

Al respecto se manifiesta lo siguiente:

El 9 de agosto 2012, por la trayectoria de la tormenta tropical Ernesto en dirección al golfo de Tehuantepec, de común acuerdo con la Autoridad Marítima, se determina desconectar buques en operación.

El 10 de agosto 2012, a las 9:30 horas, en cuanto las condiciones lo permitieron se efectuó recorrido exhaustivo encontrando las instalaciones sin novedad. Al persistir marejada de 6’ a 8’ con tendencia a incrementar, se procede a largar las embarcaciones para su correspondiente fondeo.

EI 11 de agosto de 2012, en recorrido del personal de buceo de Pemex Refinación se detectó que la monoboya número 3 perdió flotabilidad, por lo que desde ese día hasta el 16 del mismo mes se efectuaron trabajos tendientes a recuperar su flotabilidad.

El 17 de agosto de 2012, se encontró disperso en la superficie del mar producto emulsionado crudo/agua, proveniente de la monoboya número 3 que se encontraba fuera de operación, cuyas coordinadas son: N 16° 06’ 26.2”, W 95° 13’ 21.5”, y se localizaba aproximadamente a 5.61 kilómetros de la terminal marítima Salina Cruz.

Ante tal situación, se activó el Plan de Respuesta a Emergencias colocando barreras de contención y cordones oleofílicos y material absorbente alrededor del punto del incidente, con el objeto de detener el desplazamiento del producto y proceder a su recuperación, contando con el apoyo de dos lanchas con motor fuera de borda, personal y barreras contenedoras de la Armada de México.

En cumplimiento al artículo 130 fracción 11 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se procedió a dar aviso de los hechos, a la Secretaría de Marina (Semar), a la Capitanía de Puerto, al Departamento de Comunicación Social de Pemex, al Secretario General de Gobierno del Estado y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); aviso que se dio vía telefónica el 17 de agosto de 2012, confirmada ese mismo día vía correo electrónico.

El aviso de la emergencia fue formalizado mediante formato Profepa-03-017-B presentado en cumplimiento al artículo 131 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Ese mismo día se efectuaron recorridos en las playas Escondida, Salina del Marques, Brasil, Azul, Cangrejo y Chipehua, conjuntamente con los inspectores de Profepa Estatal, detectándose la presencia del producto en Salinas del Marqués, Cangrejo y Chipehua, en la Playa Brasil se visualizó un incremento de las bandas de hidrocarburo sobre la arena de las mismas. Ese día los inspectores de Profepa levantaron la primera acta de inspección.

Debido al alto oleaje y corrientes marinas, parte del producto derramado fue arrastrado por las aguas y depositado en las playas: Punta Conejo, Escondida, Salina del Marques, Brasilito, Brasil, Azul, Cangrejo y Chipehua, Bamba, Zanjón, Garrapatero, Morro Ayutla, Grande, Barra de Cruz, Zimatan, Chachacual y Riscalillo, por lo que no fue posible lograr su total confinación y recuperación. De acuerdo con la información proporcionada por la Semar el volumen derramado estimado ascendió a los 2 mil litros de hidrocarburo.

La totalidad de playas atendidas abarca una longitud de 161 kilómetros, considerando desde la primera playa impactada (Salinas del Marqués) hasta la última playa reportada por Profepa en el Parque Nacional Huatulco (Riscalillo).

El 23 de agosto de 2012, se notificó a Pemex Refinación el Acuerdo por medio del cual esa delegación de Profepa ordenó el cumplimiento de medidas de urgente aplicación consistentes en:

“1. Controlar la liberación de petróleo crudo de los dispositivo y sistemas de conducción de producto de la monoboya número 3, en un plazo de dos días naturales, a partir de la notificación del presente acuerdo.

”2. Realizar el trasvase o recuperación del producto que se encuentra empacado en los sistemas de conducción conectados a la monoboya número 3, a fin de prevenir otra emergencia ambiental, en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la notificación del presente acuerdo.

”3. Realizar la limpieza y recolección de los grumos de hidrocarburos y diversos residuos sólidos impregnados con hidrocarburos en las playas impactadas denominadas: Salinas del Márquez, Punta Conejo, Brasil, Brasilito, Azul, La Escondida o Guelaguichi, Cangrejo y Chipehua, ubicados en Salina Cruz Oaxaca, realizando la supervisión constante de la zona descrita con el fin de monitorear y ejecutar trabajos de limpieza en caso de- aparición de hidrocarburos en las playas; los residuos recolectados con motivo de la limpieza deberán ser embasados en contenedores o bolsas que reúnan las condiciones de seguridad para su manejo, debiendo almacenarlas en un área de almacenamiento temporal para su posterior envío a disposición final como residuo peligroso, a través de una empresa autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la notificación del presente acuerdo.

”4. Deberá presentar ante la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, el informe de la causa raíz de la emergencia ambiental relativa al derrame de hidrocarburo ocurrido en la monoboya 3, en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la notificación del presente acuerdo.”

En atención inmediata a las playas impactadas, Pemex Refinación a través de la empresa CEISA, procedió a realizar acciones de limpieza manual (con la contratación de pescadores y lugareños de las playas impactadas), recolectando los grumos de crudo y enviándolos a disposición final en transportes autorizados.

Cabe destacar que desde el inicio de los trabajos de limpieza, los pobladores obstaculizaron el acceso a las playas y desarrollo de las actividades programadas, incluso con la retención de personal de Pemex Refinación y de la empresa contratista, hechos que se hicieron del conocimiento de la autoridad ambiental, pues se corría el riesgo que por esos hechos no se concluyeran con los trabajos en el término otorgado por la autoridad; no obstante ello las medidas dictadas fueron cumplidas oportunamente e informadas a Profepa en términos del artículo 158 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Con la información precitada se acredita el cabal cumplimiento por parte de Pemex Refinación de las obligaciones previstas en el artículo 72 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 130 fracciones I y 111 de su Reglamento, esto es llevar a cabo las acciones de contención y limpieza.

De manera paralela a las actividades de limpieza, Pemex Refinación solicitó a la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional (ESIQUIE-IPN) que elaborara un diagnóstico ambiental integral en las playas, en agua de mar y lagunas, así como el manglar presente en algunas de las playas en cuestión, con el objeto de evaluar la calidad de las diferente~ matrices, a través de técnicas y metodologías reconocidas y ejecutadas en eventos de la misma naturaleza, y así determinar con anticipación la presencia o ausencia de hidrocarburos en las diferentes matrices analizadas.

Los resultados presentados hasta el momento indican que no puede definirse un impacto por contaminación debido a que los resultados preliminares del monitoreo de la calidad del agua y caracterización de las arenas indican que los hidrocarburos se presentan en concentraciones por debajo del límite de cuantificación analítico, además de que los resultados de bioensayos realizados a través del método ASTM E1924 “Guía para realizar pruebas de toxicidad con dinoflagelados bioluminicentes” demuestran que no se tuvo ningún efecto sobre el fitoplancton marino, por lo que no se alteró o modificó la composición o condiciones naturales del agua y playas.

Cabe señalar que aunque se concluyeron los trabajos de limpieza de playas y mar aledaño, a estas playas se realizará un muestreo para caracterizar los sitios, tomando como referencia los métodos analíticos establecidos en la NOM-138-SemarNAT/SS-2003, con presencia de la Profepa y la Semar respectivamente, en un recorrido aproximado de 161 kilómetros, y se procederá a la elaboración de un informe técnico con los resultados analíticos de arenas de playa yagua, realizados en laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana Acreditada, y análisis de campo, para acreditar ante las autoridades ambientales que los sitios se encuentran libres de contaminación, trabajos que se tiene estimado realizar durante la semana del 17 al21 de septiembre.

21/08/2012-14/09/2012. Profepa ha levantado 11 actas de inspección en 10 expedientes administrativos; ha emitido 3 acuerdos adicionales de medidas de urgente aplicación consistentes en la limpieza de las playas. Ha llevado a cabo 3 visitas de verificación de cumplimiento en 12 playas (Salinas del Márquez, Punta Conejo, Brasil, Brasilito, Azul, la Escondida o Guelaguichi, Cangrejo, Chipehua, Riscalillo, Punta Chivo, Zimatán y Garrapatero) 3 lagunas (Canoa, Guelaguichi y Zanjón), así como el Parque Nacional Huatulco.

A través de la Subdirección de Administración y Finanzas del Pemex Refinación, se han estado realizando acciones de atención a la comunidad, en cuanto a reclamos de los lugareños, asociaciones pesqueras, de explotaciones de sal, entre otros.

Finalmente, es importante informar que la Dirección General y la Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex, han sostenido reuniones de trabajo con Senadores y Diputados Federales con el propósito de profundizar y dar seguimiento a las acciones realizadas por Pemex al respecto. Actualmente, se están haciendo las gestiones necesarias para llevar a cabo una gira de trabajo en la Terminal Marítima de Pemex Refinación en Salina Cruz, Oaxaca, lugar donde se presentó el hundimiento de la monoboya, a fin de que los servidores públicos de Pemex involucrados puedan dar mayores pormenores in situ sobre las tareas de contención, limpieza y atención a dicho evento.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

COMISION BICAMARAL EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de cada Cámara a integrar la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 20 de septiembre de 2012.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva del honorable Senado de la República del Congreso de la Unión.— Presente.

José María Martínez Martínez, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República y la Cámara de Diputados a integrar la Comisión Bicamaral en materia de Seguridad Nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La cultura democrática, republicana y federalista de la seguridad nacional en México es bastante reciente. Se puede afirmar con certeza que la transición democrática sí trajo al debate político nacional el tema de los controles de las agencias de seguridad, la mayor colaboración con las otras ramas del gobierno –Legislativo y Judicial– así como una renovada coordinación con las entidades federativas.

Por más de 70 años no fueron necesarios controles democráticos a los aparatos de seguridad del Estado mexicano, porque estaban al servicio del régimen político en turno. Por un lado, el Congreso y la Suprema Corte pasaban a un segundo término ante el poder y omnipresencia del Ejecutivo Federal. Por otro, tampoco era necesaria una colaboración enmarcada en el respeto de la soberanía de los estados y municipios.

El Presidente de la República fungía además como el jefe máximo del partido en el gobierno. Por lo tanto, las decisiones de gobierno se tomaban de manera vertical, entre ellas las referentes con seguridad, inteligencia y defensa nacionales.

En 2001 entró en vigor la Ley de Transparencia que regula la clasificación de documentos por cuestión de “seguridad nacional”; en 2003, se reformó la Constitución para dar entrada a la legislación en la materia y hasta 2005 entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional que da marco normativo a la principal agencia civil de inteligencia del Estado mexicano: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

La Ley de 2005 creó, además, mecanismos de coordinación al interior del Poder Ejecutivo a través del Consejo de Seguridad Nacional, su Secretariado Técnico y el sistema de seguridad nacional; establece la forma en que participan de manera responsable el Poder Judicial y el Congreso de la Unión, y da entrada a la cooperación en la seguridad nacional entre el gobierno federal y las 32 entidades federativas por medio de la firma de convenios de colaboración con la Secretaría de Gobernación.

Con la Ley de Seguridad Nacional quedan importantes desafíos por resolver. El primer reto es afinar la coordinación de las instancias de seguridad nacional al interior del gobierno federal. El segundo es mejorar el diálogo republicano entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El tercero, profundizar la cooperación entre el gobierno federal, las 32 entidades y los municipios. Finalmente, falta socializar la agenda de seguridad nacional con otros actores clave en el desarrollo del país, por ejemplo: los medios de comunicación, las organizaciones sociales, la academia y el empresariado.

La preservación de la seguridad nacional no depende exclusivamente del Ejecutivo federal, sino que recae en la cooperación, diálogo y coordinación de los tres poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

En un contexto democrático, la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en materia de seguridad nacional, es bastante reciente en México. La ausencia de un marco normativo que rigiera las actividades en materia de seguridad nacional y la necesidad de definir las responsabilidades legítimas de la principal central de inteligencia civil de nuestro país fueron los principales motores para que el Congreso de la Unión aprobara la primera Ley de Seguridad Nacional.

Con la creación de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en la LX Legislatura, desempeñó una participación mucho más activa. En los distintos informes, se testifican las reuniones de trabajo que sostuvieron los legisladores con la entonces Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional.

Esta comisión tiene seis atribuciones esenciales, entre ellas: solicitar informes concretos al Cisen, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades; conocer el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos y emitir opinión al respecto; estar advertido del informe general de las actividades desarrolladas en el semestre inmediato anterior; conocer los reportes de actividades que envíe el Director General del Centro al Secretario Ejecutivo; conocer los informes generales de cumplimiento de las directrices que dé por escrito el Secretario Ejecutivo al Director General del Cisen; estar informado de los Acuerdos de Cooperación que establezca el Cisen y las acciones que realicen en cumplimiento de esos acuerdos; requerir al Cisen y a las instancias correspondientes los resultados de las revisiones, auditorías y procedimientos que se practiquen a dicha institución y enviar al consejo cualquier recomendación que considere apropiada.

Es muy importante, establecer esta comisión con la finalidad de que se revisen los recientes acontecimientos en materia de seguridad nacional.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del honorable Senado de la República a integrar la Comisión Bicamaral en materia de Seguridad Nacional y sé de cumplimiento a lo que ordena el artículo 56 de la Ley Seguridad Nacional.

Segundo.Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados a integrar la Comisión Bicamaral en materia de Seguridad Nacional y sé de cumplimiento a lo que ordena el artículo 56 de la Ley Seguridad Nacional.

Senador José María Martínez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El diputado Vicario Portillo Martínez:Buenos días, compañeras y compañeros. Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vivimos momentos de profundas transformaciones en los sistemas tecnológicos y en los sistemas de comunicación, donde cada día se van instrumentando e incorporando nuevos paradigmas que hacen obligatorio su adaptación e instrumentación, en virtud de que no se pueden desconocer, sino que se deben afrontar de manera inteligente. De ahí que los representantes populares tenemos una gran responsabilidad de generar las iniciativas pertinentes para adecuarnos a las circunstancias de los nuevos tiempos y sus nuevas exigencias.

El artículo 3o. Constitucional establece el papel del Estado en la impartición de la educción básica y media superior, que los reconoce como obligatorias en nuestro país. Esto en consonancia con las necesidades de la juventud, asimismo acorde con otros sistemas educativos, donde la educación es la base para el desarrollo del país y de las personas.

Consecuentemente, la educación media superior es obligatoria en nuestro país, pero contradictoriamente a ello, en varias regiones del país, no hay suficientes espacios para cubrir esta demanda; por lo que se hace necesario que dicha obligatoriedad constitucional se vea reflejada en la Ley General de Educación para que ningún joven se quede sin estudiar el medio superior en el territorio nacional.

Aunado a ello, es necesario que en regiones y municipios con población preponderantemente originaria, se impulse la educación bilingüe e intercultural para la mejor comprensión de los contenidos educativos de nuestros hermanos indígenas que habitan dichos lugares y con ello, alcanzar el impulso de un mejor nivel educativo; en esta tesitura, la educación bilingüe-intercultural es reconocida dentro del ámbito constitucional en nuestro país, pero aun con este reconocimiento la vía de los hechos ha faltado su impulso y consolidación.

Con el propósito de lograr tal objetivo, se hace necesaria su regulación en la Ley General de Educación, particularmente en los artículos 3o., 4o., 9o., 12 y 38 para que de esta forma se garantice dicha enseñanza en nuestro país.

En tal sentido, el artículo 2o., apartado B, fracción II de nuestra Carta Magna, señala: Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.

La regulación de la educación bilingüe-intercultural en la Ley General de Educación en nuestro país, nos permitirá ampliar la oferta en zonas y regiones con casi poca atención en la actualidad, con ello cerrar las brechas de la desigualdad en el renglón educativo, acercando la oferta educativa a la población indígena de nuestro país; con ello se fortalece nuestras lenguas y culturas que lo constituyen, por lo que dicha enseñanza es una responsabilidad del Estado a través del sistema educativo nacional.

Con la presente iniciativa pretendemos dar una respuesta a las demandas cada vez más claras y visibles de los pueblos originarios del país y reconocer que sus demandas van mucho más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, toda vez que las peticiones han sido insuficientes para los pueblos originarios, que llevamos 520 años sumergidos en la discriminación y marginación.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD considera de la mayor importancia alcanzar los estándares mínimos requeridos en esta materia, así como regular la educación bilingüe e intercultural en las zonas y regiones con población indígena para que se implementen y ejecuten programas educativos; proponer que sea el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, que revisará, actualizará y autorizarán los contenidos de los libros de texto para el bachillerato en nuestro país, así como la definición de los lineamientos del material educativo del citado nivel educativo.

Lo anterior, para unificar la enseñanza de nivel medio superior, unificando todos los esfuerzos para consolidar el bachillerato en nuestro país. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Aunque se ha logrado recientemente consagrar en la Constitución Política el derecho de la gente a tener la garantía por parte del Estado mexicano en acceder a la educación media superior, todavía falta adecuar en este sentido la Ley General de Educación para hacer posible este noble propósito constitucional, además de proveer en la propia ley que la educación básica, tendrá, en sus tres niveles, las adaptaciones requeridas para responder a la educación bilingüe e intercultural de los pueblos originarios del país.

Exposición de Motivos

Vivimos momentos de profundas transformaciones en los sistemas tecnológicos y en los sistemas de comunicación, donde cada día se van instrumentando e incorporando nuevos paradigmas que hacen obligatorio su adaptación e instrumentación, en virtud de que no se pueden desconocer sino se deben afrontar de manera inteligente, de ahí que tenemos una gran responsabilidad los representantes populares de generar las iniciativas pertinentes para adecuarnos a las circunstancias de los nuevos tiempos y las nuevas exigencias de nuestro tiempo.

El artículo 3o. constitucional establece el papel del Estado en la impartición de la educación básica y media superior; que los reconoce como obligatorias en nuestro país, esto en consonancia con las necesidades de la juventud, asimismo, acorde con otros sistemas educativos, donde la educación es la base para el desarrollo del país y de las personas.

En su primer párrafo señala “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Consecuentemente la educación media superior es obligatoria en nuestro país, pero contradictoriamente a ello en varias regiones del país no hay suficientes espacios para cubrir esta demanda, por lo que se hace necesario que dicha obligatoriedad constitucional se vea reflejada en la Ley General de Educación, para que ningún joven se quede sin estudiar la educación media superior en el territorio nacional.

En tales términos, la educación media superior es de gran relevancia su obligatoriedad en nuestro país, en razón de que con ello la juventud se le brinda una herramienta fundamental para acrecentar sus estudios en otros niveles; de ahí que la educación media superior debe ser congruente con las necesidades de desarrollo de la juventud y un factor decisivo de crecimiento de nuestro país.

Los jóvenes con deseos de superación y de estudio, encontraran en las distintas opciones educativas del nivel medio superior espacios para cultivar su desarrollo y la realización de sus potencialidades. En razón de que el estado reconoce a la educación media superior como obligatoria en nuestro país, y con ello ningún joven en cualquier rincón del país se puede quedar sin estudiar este nivel educativo, ya que el mismo lo garantiza la Constitución.

Consecuentemente, es fundamental el impulso y desarrollo de la educación media superior en nuestro país, para acrecentar los demás niveles educativos y con ello convertir a la educación como la más alta prioridad, una palanca para el desarrollo, el crecimiento social y económico de nuestra nación.

El Partido de la Revolución Democrática, en su programa de acción contempla “la educación será obligatoria desde preescolar hasta la educación media superior y buscará de-sarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, incluida la educación de la sexualidad integral...”

Es de vital importancia la implementación de una política educativa transversal que tienda al fortalecimiento de la educación media superior en nuestro país y llegue a los municipios y a las comunidades más apartadas del país para que ningún joven con deseos de superación se quede sin estudiar.

Asimismo, se hace necesario que en regiones y municipios con población preponderantemente originaria, se impulse la educación bilingüe e intercultural para la mejor comprensión de los contenidos educativos de nuestros hermanos indígenas que habitan dichos lugares y con ello alcanzar el impulso de un mejor nivel educativo.

En esta tesitura la educación bilingüe-intercultural está reconocida a nivel constitucional en nuestro país, pero aun con este reconocimiento en la vía de los hechos ha faltado su impulso y consolidación, por lo que para lograr tal objetivo se hace necesario su regulación en la Ley General de Educación, para que de esta forma se garantice dicha enseñanza en nuestro país.

En tal sentido, el artículo 2o., Apartado B, fracción II, de la Carta Magna señala “garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior...”

Con la regulación de la educación bilingüe-intercultural en la Ley General de Educación en nuestro país, nos permite ampliar la oferta en zonas y regiones con casi poca atención en la actualidad, con ello cerrar las brechas de la desigualdad en el renglón educativo, acercando la oferta educativa a la población indígena de nuestro país. Con ello se fortalece nuestras lenguas y culturas que lo constituyen. Por lo que dicha enseñanza es una responsabilidad del Estado, a través del sistema educativo nacional.

En la presente iniciativa no se trata de concesiones que hace el poder legislativo, a los pueblos originarios. Sino más bien, se trata de dar una respuesta a las demandas cada vez más claras y visibles de los pueblos originarios del país, si bien es cierto, reconocer que sus demandas van mucho más allá de lo que se ha reconocido hasta ahora, y de las decisiones que se lleguen a tomar son insuficientes para los más de 500 años que han estado sumergidos en la discriminación y marginación.

Luego entonces, la iniciativa que se presenta tiende llenar un vacío legal que existe actualmente en la Ley General de Educación, en cuanto a la obligatoriedad de la educación media superior, para con ello estimular su impulso y consolidación en nuestro país, y con ello alcanzar los estándares mínimos requeridos en la materia; de igual forma se regula la educación bilingüe e Intercultural en las zonas y regiones con población indígena para que se implemente y ejecuten programas educativos; asimismo se propone que sea el gobierno federal a través de la Secretaria de Educación Pública, quien revise, actualice y autorice los contenidos de los libros de textos para el bachillerato en nuestro país, así como la definición de los lineamientos del material educativo del citado nivel educativo, lo anterior, para uniformar la enseñanza del nivel medio superior y con ello no se realicen esfuerzos aislados, sino unificar en una sola dirección y con ello consolidar el bachillerato en nuestro país.

En mérito de lo expuesto, por mi conducto pongo en consideración el siguiente

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 4, 9, 12 y 38 de la Ley General de Educación.

Proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 3, 4, 9, 12 y 38 de la Ley General de Educación, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y el bachillerato. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo 4o. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y el bachillerato.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos, cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y el bachillerato.

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y el bachillerato, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, bilingüe e intercultural, media superior y superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

...

IV. Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primaria, la secundaria y el bachillerato;

V. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, Primaria, la secundaria y el bachillerato;

Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a la educación bilingüe e intercultural de los pueblos originarios del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 20 de septiembre de 2012.— Diputado Vicario Portillo Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

ARTICULOS 41, 81, 82, 84 Y 99 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de reformas que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:La silla del águila no volverá a ser lo que fue. Lo lamento por los nostálgicos del viejo régimen, pero lo celebro por una sociedad plural, activa, cada vez más crítica y participativa, que no acepta que —de nuevo— una sola voluntad suprema se imponga sobre todas las demás.

Si el camino del retorno está cerrado y además es un despropósito planteárselo, lo que queda es construir un régimen democrático funcional y de largo aliento que hoy, por desgracia, no tenemos. No minimizo los avances logrados, sobre todo los de fines del siglo pasado que abrieron el camino a la alternancia. Pero, ahora lo podemos decir sin sombra de duda, no fueron suficientes.

Se han dado reformas, es verdad, algunas de ellas de importancia sin duda, pero muy por debajo de lo que reclaman y merecen los ciudadanos. Además, es notorio que el cálculo electoral —más que las necesidades del país— determina en buena medida las políticas de los partidos y también —hay que decirlo— de los gobiernos, lo que hace que se privilegie el acuerdo coyuntural y la conformación de mayorías efímeras, en un marco de profundas desconfianzas.

Es cierto que no todo es rediseñar instituciones y mejorar procedimientos, que es indispensable educar y generar cultura, pues una democracia solo puede ser tal si hay demócratas que la echen a andar.

Por supuesto que resulta fundamental, entre otras cosas, reivindicar socialmente al diálogo, a la negociación, al acuerdo y por supuesto también a la crítica, a disentir, al derecho a cuestionar en voz alta.

Pero es correcto que la estructura del régimen propicie y favorezca el predominio de las formas y prácticas democráticas para que dicha cultura cristalice y también para que se construya la gobernabilidad, conforme a la realidad plural y diversa que para bien tenemos y que también para bien tendrán las próximas generaciones.

La iniciativa que les expondré contribuye decididamente a ello. Como saben por la Gaceta, la iniciativa consiste en incorporar la segunda vuelta electoral; las minorías son esenciales en la democracia, deben ser tomadas en cuenta e incluidas, reconocerles derechos y respetarles sus derechos. Pero hay cosas que debe decidir la mayoría y una de ellas es quién va a ser presidente de la República, quién va a gobernar al país.

Tendremos nuevamente un gobierno de minoría; el candidato del tercio mayor será presidente de las otras dos terceras partes, sin la obligación siquiera de construir mayoría en el Congreso; 58 por ciento de los diputados y el 60 por ciento de los senadores seremos de oposición, con el respaldo del 38 por ciento de los electores y solo del 23 por ciento de los ciudadanos empadronados. Sin control de las Cámaras y con las facultades metaconstitucionales atrofiadas es un escenario poco prometedor, algo que de alguna manera vivieron los gobiernos de la alternancia y que explica solo en parte su déficit de resultados.

Un presidente con mayoría absoluta de los votos tiene un mayor margen de maniobra, no solo por este número de sufragios, sino también por las alianzas que necesita hacer para obtenerlos y que de alguna manera anuncian cogobierno y corresponsabilidad.

No es obligación, pero lo favorece, contribuye a la estabilidad y puede servir a romper la dinámica compleja de tercios que se frenan sin suprimir o rebajar la pluralidad. No basta, es cierto, la segunda vuelta, pero ayuda.

Antes de visualizarla en relación con otras reformas —también necesarias—, permítanme exponer sus partes esenciales. Como pueden ver, la propuesta consiste en modificar cinco artículos constitucionales: el 41, el 81, el 82, el 84 y el 99; las modificaciones al 41 consisten en garantizar acceso a radio y televisión en la segunda vuelta, establecer la campaña de un día después de calificada la primera elección hasta tres días antes de la segunda, que sería el último domingo de agosto y la obligación del IFE para organizarla.

En el 81, se propone establecer que será presidente de México quien obtenga la mayoría absoluta de los votos; es decir, el 50 por ciento más uno. Si eso se obtiene la primera vuelta, el caso está resuelto, pero en caso contrario el IFE emitiría la convocatoria para realizar la segunda vuelta en agosto, en la cual solo podrán participar los dos candidatos más votados.

Ahí mismo se establece que tanto la primera como la segunda vuelta podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos y plazos que señale la ley, que por supuesto deberán ser revisados y modificados en el Cofipe.

En el 82, es ponerlo en consonancia con el anterior, pues habla de los requisitos para ser presidente. En el 84, se hace la modificación sobre la convocatoria que debe expedir el Congreso, especificando que es a la primera vuelta, y en el 99, ratificar la competencia de la Sala Superior del Tribunal, tanto en la primera como en la segunda vuelta, tanto para resolver impugnaciones como para realizar el cómputo final de ambas.

Se establece en un transitorio la obligación del Congreso mexicano para hacer las adecuaciones al Cofipe que correspondan, en el plazo de un año, a partir de su publicación.

Ésta es una reforma que invita a la visión de Estado. El peor oficio para un político es el de profeta. Muchas cosas pueden ocurrir en seis años y por lo tanto, no tiene dedicatoria, busca que quien llegue —sea del color que sea—, lo haga en mejores condiciones para tener un gobierno exitoso con estabilidad y gobernabilidad democrática.

Es verdad que en una segunda vuelta se obliga a los participantes a acordar con otras fuerzas y a comprometerse con políticas, proyectos y programas de otras agendas distintas a las propias; sí, pero eso es parte esencial de la democracia, aquello que la hace viable, porque el voto, si bien es su elemento emblemático, lo que lo hace caminar es el diálogo entre los diferentes.

Ahora bien, la segunda vuelta es necesaria, pero insuficiente; es correcto que en un régimen presidencial quien encabece el Poder Ejecutivo tenga el respaldo de al menos la mitad mas uno de los electores, la mayoría de los que ejerzan su voto, pero eso también lo es en un régimen semipresidencialista, que es a donde pienso nos debemos dirigir como un tránsito que espero y hago votos que llegue finalmente al parlamentarismo.

Con independencia de que se comparta conmigo ese punto de llegada, es mi utopía democrática la que comparto con muchos otros. Lo cierto es que no se puede negar que el presidencialismo mexicano está agotado, los síntomas del desahucio están por todas partes y es necesario revitalizar al régimen con mecanismos parlamentarios. Esto es darle más competencia y corresponsabilidad al Congreso con el rumbo del país.

La construcción de mayorías se incentiva con la segunda vuelta, pero si queremos darle una base más sólida y firme deberíamos pensar en la posibilidad de conformar gobiernos de coalición; cuando digo esto no estoy pensando en el sexenio que está por comenzar, estoy visualizando una democracia sustentable, funcional y de resultados para las próximas generaciones, que no esté a merced del vicio o a la virtud del presidente en turno, sino que haga de la construcción de un país mejor, una terea colectiva y entusiasta de miles y miles de ciudadanos.

Por su puesto que la segunda vuelta fortalecería al Poder Ejecutivo, pero no le regresaría sus atributos imperiales del pasado. México es mucha pluralidad para un solo hombre, así sea excepcional. La democracia se construye entre iguales.

Sostengo que volver al viejo régimen es tan imposible como indeseable; quedarse como estamos sería igualmente nefasto, pero eso sí se puede hacer, basta con no hacer nada. La alternativa es construir un sistema con gobernabilidad democrática, hacer reformas que nos permitan recuperar la ruta extraviada de la transición. Ni retorno ni estancamiento. Les propongo cambio de régimen.

Disculpen, es que en el tiempo efectivamente dieron cinco minutos, pero por Reglamento tengo 10 por ser reforma constitucional.

Ya acabé, no se preocupen, pero quería aprovechar efectivamente, porque no he agotado los 10 minutos; simplemente decir que me hubiera gustado que ésta y otras iniciativas dialogarlas, discutirlas con alguien de la colegisladora, alguien a quien respeto mucho, o respetaba mucho, o respeto mucho a pesar de que haya fallecido lamentablemente en estas horas.

Me hubiera gustado mucho discutir esta iniciativa y otras, hacer causa común o debatir o discrepar, como se hace en la democracia, con Alonso Lujambio. La lucha que dio también por su vida en estos últimos años, creo que es un ejemplo para todos nosotros. Por supuesto que es un humanista, un demócrata.

Cuento con que va ha haber un minuto de silencio, pero no quería desperdiciar la oportunidad de darle el pésame a sus familiares y amigos. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Este proyecto de reforma constitucional ha sido diseñado para plantear opciones de solución a la crisis de gobernabilidad en que se encuentra el sistema presidencialista.

Argumentos

El presidencialismo mexicano se edificó y desarrolló durante décadas sobre la base de apoyo del partido hegemónico, concebido y construido desde el propio aparato del Estado mexicano.

Durante muchos años, el Poder Ejecutivo representó el espacio de la omnipotencia, en el que los liderazgos unipersonales en turno concentraban la toma de decisiones e incluso sometían a su servicio a los otros poderes republicanos, tanto al Legislativo como al Judicial.

La fuerte presión política y social que sacudió a nuestro país desde las décadas de 1960 y 1970 como respuesta a un régimen cada vez más autoritario, sin duda fue pieza clave para impulsar las reformas electorales que posteriormente permitieron democratizar el sistema político y conseguir que poco a poco se fuera abriendo la participación de diversos partidos, incluso aquellos que en algún momento operaban desde la clandestinidad.

La apertura electoral, el surgimiento y la consolidación de otras fuerzas políticas, de una sociedad cada vez más informada y actuante, así como el debilitamiento del partido hegemónico hicieron posible que sobreviniera la pluralidad en el Congreso y luego la alternancia en el gobierno.

Desde 1997, el presidencialismo mostró sus primeros visos de agotamiento ya que a partir de ese año, las ecuaciones de poder comenzaron a transformarse a tal nivel que a partir de ese año, el partido del presidente no ha logrado contar con mayoría en la Cámara de Diputados y a partir del 2000 no ha logrado tener la mayoría en el Congreso de la Unión.

Después de la alternancia de gobierno, lograda en las elecciones de 2000, la aritmética que ha prevalecido ha sido la de un sistema presidencial muy debilitado que no tiene la capacidad de consolidar sus reformas y que por lo tanto ha tenido que recurrir a establecer alianzas coyunturales con algunos partidos de oposición para lograr darle aliento y viabilidad a su gobierno pero la duración de estas alianzas es muy efímera porque el éxito de éstas depende del contexto político que se esté viviendo en el país y no de la eficacia de su marco institucional.

En la Legislatura LVII, el partido del presidente perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y con ello perdió también su capacidad para reformar por sí solo la Constitución. Posteriormente, durante el gobierno de la alternancia, el partido del presidente llegó a tener aproximadamente 70 por ciento de oposición en el Congreso; su sucesor ha enfrentado también durante todo su sexenio una oposición que oscila en 70 por ciento. El Presidente electo enfrentará durante su primer trienio a una oposición que representa 58 por ciento en la Cámara de Diputados y durante todo su sexenio tendrá una oposición de 60 por ciento en la Cámara de Senadores.

En la actualidad, es claro que México experimenta una etapa en la que el sistema de partidos es muy competitivo y por tanto, el pluripartidismo es un elemento que modifica los equilibrios del sistema político y lo arroja a los vaivenes de las coyunturas y de los procesos electorales que se llevan a cabo en algunos estados, así como las elecciones intermedias para renovar a la Cámara de Diputados. Por tanto, las alianzas que se construyen en el sistema actual mantienen siempre el riesgo de convertirse en rehenes del entorno político.

Un presidente de minoría en el Congreso de la Unión está condenado a la inmovilidad legislativa y a la parálisis gubernamental, porque al no contar con la llave de una mayoría suficiente para llevar a cabo las reformas constitucionales o legales necesarias para instrumentar su programa de gobierno, tiene un margen de acción muy acotado.

Ante el agotamiento del sistema presidencial y ante la ausencia de posibilidades para asegurar mayorías unipartidistas que le den solvencia al Ejecutivo y efectividad al Legislativo, surge el apremio de edificar un nuevo régimen político. Sin embargo, en tanto eso no suceda, es necesario instaurar una nueva mecánica electoral para la elección presidencial que garantice que gane quien gane la presidencia, logre representar o contar con el respaldo de la mitad de los electores porque quien asume la Presidencia con sólo el 38 por ciento de los sufragios, sin duda será un presidente débil porque representa sólo a la minoría mayor o al tercio mayor y carece del respaldo social y político que le permitan lograr que sus reformas tengan el aval del Congreso.

Es claro que el sistema político mexicano cambió, la competencia electoral y los equilibrios de poder se modificaron de manera significativa y sin embargo la estructura jurídica que sirve de soporte al sistema presidencialista se ha mantenido casi intacta.

Contamos con un presidente débil que pese a todo mantiene facultades exclusivas, propias de un gobierno que asume el cargo con el mayor respaldo social, como en aquellos tiempos en los que el presidente representaba a la abrumadora mayoría en el Congreso.

Este proyecto de decreto plantea reformar los artículos 41, 81, 82, 84 y 99 de la Constitución Política para modificar el proceso electoral de la elección del presidente de la República y dotar al Instituto Federal Electoral de la facultad para organizar la elección presidencial en la primera y en su caso, segunda vuelta, así como realizar el cómputo, todo ello con la finalidad de que quien resulte ganador logré obtener más del 50 por ciento de los votos emitidos.

En el artículo 81 se plantea una reforma para establecer los requisitos y los procedimientos electorales que deberán instaurarse para la elección del Presidente de la República en la primera y en su caso, segunda vuelta.

En el artículo 82 se adiciona una fracción IV y se recorren las subsecuentes, para establecer como requisito para poder ser presidente de la República haber obtenido más de 50 por ciento de los votos emitidos en la elección.

Se plantea una reforma al artículo 84 para homologarlo con las propuestas de modificación planteadas en el artículo 82.

Se propone una reforma del artículo 99 para dotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de facultades para calificar la elección presidencial tanto en la primera como en la segunda vuelta.

Por todo lo expuesto, someto a consideración del Congreso esta iniciativa con proyecto de reforma constitucional para modificar la mecánica electoral en la elección del presidente de la República e instaurar la segunda vuelta a fin de que quien gane la Presidencia logre contar con el respaldo de al menos 50 por ciento de la votación total emitida.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 41, 81, 82, 84 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman y adicionan los artículos 41, 81, 82, 84 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41....

...

I. a III. ...

Apartado A. ...

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el primer domingo de julio, en el año en que se celebren las elecciones intermedias y en caso de instaurarse la segunda vuelta, hasta el último domingo de agosto, tratándose del año en que se celebren las elecciones presidenciales, quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

b) a g) ...

...

...

...

Apartados B. a D. ...

IV. ...

La duración de las campañas para senadores y diputados federales en el año que se elija presidente de la República será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días.

La duración de la campaña para la primera vuelta de la elección del presidente de la República será de noventa días. La campaña para la segunda vuelta dará inicio el día siguiente al de la calificación de la primera elección y concluirá tres días antes de que se celebre la segunda jornada electoral. La ley determinará los montos del financiamiento y las reglas a que se sujetarán la difusión de la propaganda y el acceso a medios de comunicación durante la campaña para la segunda vuelta de la elección presidencial.

En ningún caso las precampañas excederán de las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.

...

V. ...

...

...

...

...

...

...

...

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores. También organizará la jornada electoral para la primera y en su caso, segunda vuelta de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y realizará el cómputo en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

...

...

...

VI. ...

...

Artículo 81. ...

El presidente de la República será electo por la mayoría absoluta de los votos emitidos en la elección.

Una vez que el IFE haya hecho el cómputo de la elección y que el Tribunal haya emitido la declaratoria de validez de la elección, deberá acreditarse la mayoría absoluta del candidato ganador. En caso de que ninguno de los candidatos presidenciales logre obtener mayoría absoluta del total de los votos emitidos, el IFE emitirá la convocatoria para la jornada electoral de segunda vuelta, la cual deberá celebrarse el último domingo de agosto del año de la elección. En este supuesto, solo participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos durante la primera vuelta electoral, con el apoyo de los partidos que los postularon más los partidos que se sumen a cualquiera de las dos opciones.

Las determinaciones sobre la declaración de validez durante la primera vuelta de la elección y el otorgamiento de las constancias a los dos candidatos que hayan obtenido el mayor numero de votos, podrán ser impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos y plazos que señale la ley.

Los fallos de la sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.

Artículo 82. Para ser presidente se requiere

I. a III. ...

IV. Haber obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos en la primera o, en su caso, segunda vuelta electoral.

V. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

VI. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección.

VII. No ser secretario o subsecretario de Estado, procurador general de la república, gobernador de algún estado ni jefe del gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y

VIII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83.

Artículo 84. En caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VII del artículo 82 de esta Constitución.

...

Cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la primera vuelta de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral.

...

...

...

Artículo 99. ...

...

...

...

I. ...

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la primera y segunda vueltas de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos serán resueltas en única instancia por la sala superior. La ley establecerá los plazos para la emisión de las resoluciones.

Las salas superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes y esta Constitución.

La sala superior realizará el cómputo final de la primera y, en su caso, segunda votaciones de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre las mismas, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido la mayoría absoluta correspondiente a 50 por ciento más uno del total de los votos emitidos.

III. a IX. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá adecuar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de conformidad con lo dispuesto por el presente decreto, en un plazo no mayor de un año, a partir de la entrada en vigor de éste.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.— Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

ALONSO JOSE RICARDO LUJAMBIO IRAZABAL

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprovecho la mención que usted hace para otorgarle la palabra al señor diputado, a efecto de tocar el tema.

El diputado Luis Alberto Villarreal García: Gracias, presidente. Esta mañana falleció Alonso Lujambio Irazábal, senador de la República, amigo y ejemplo de todos los que lo conocimos.

Alonso fue un destacado académico mexicano, licenciado en ciencias sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en ciencia política por la Universidad de Yale; fue profesor de varias generaciones de estudiantes en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ITAM, además de ser maestro, fue director de la licenciatura en ciencia política.

Su tesis de licenciatura fue sobre el sistema de representación proporcional en el Congreso, a modo de defensa de la pluralidad en México y como reivindicación de la oposición.

Fue brillante como ensayista. Le dedicó varios años de vida a estudiar y documentar la historia del Partido Acción Nacional. Entre sus obras se puede destacar El porvenir posible, que es un estudio y una compilación sobre la obra y vida de Carlos Castillo Peraza; Mil novecientos treinta y nueve, en donde estudia y transcribe la historia y los debates de la fundación de Acción Nacional.

La democracia indispensable, compuesta por ensayos, sobre los principales personajes de la historia del Partido Acción Nacional.

Lujambio descubre y reivindica el diálogo y la negociación en Christlieb Ibarrola; el debate parlamentario en don Miguel Estrada; la preocupación social en Efraín González Morfín y la herramienta para la transición democrática en Carlos Castillo Peraza. Su legado está escrito con sus propias palabras y la mejor forma de conocerlo y recordarlo es a partir de su lectura.

Alonso Lujambio, no solo pensó desde la Academia cómo resolver los problemas de México, fue un ciudadano que se caracterizó por fomentar e instaurar la democracia en nuestro país; tenía el dominio de la técnica, pero sabía ponerla en práctica a favor de sus semejantes. Un verdadero demócrata que ayudó a cristalizar el sueño de miles de mexicanos y de generaciones enteras. Decidir por sí mismos quién los gobernara.

Fue consejero electoral en las elecciones federales del 97, del 2000 y del 2003. En aquel primer Instituto Federal Electoral, que tanto orgullo nos generó a todos los que lo vimos nacer y organizar elecciones limpias.

También fue presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, instaurando, por primera vez, la transparencia como práctica del Estado moderno para abatir la corrupción.

Fue secretario de Educación Pública y precandidato del PAN a la Presidencia de la República. Le sobreviven su esposa Teresa Toca y sus tres hijos: Iñigo, Tomás y Sebastián, a quienes a nombre propio y de mi partido dedico esta intervención.

Para concluir, repetiré en palabras de Alonso Lujambio el significado de nuestro Congreso: Aún en el marco del autoritarismo, la pluralidad de esta Cámara posibilitó el surgimiento de un ámbito institucional para la discusión y el razonamiento. Aquí se han tejido, durante años y años, relaciones personales entre miembros de distintos partidos políticos; se han hecho explícitas las diferencias; se han creado vínculos entre quienes, desconociéndose, se ignoraron u odiaron.

Muchas amistades entre miembros de distintos partidos han nacido en la convivencia continua y difícil de la Cámara de los Diputados. Esa convivencia parlamentaria, que a ojos de muchos, casi todos, ha parecido inútil. A la postre, ha resultado extraordinariamente positiva para México. Fin de la cita.

Veinticinco días fue senador de la República, un enamorado del Parlamento que sabía que en el Congreso se construyen las relaciones necesarias para cambiar el país.

Hoy en la mañana un compañero de la bancada me decía: Duele cuando se va un amigo, pero duele más cuando se va un hombre bueno. Los hombres buenos trascienden, Alonso Lujambio trascendió. Descanse en paz.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, señor diputado. La Mesa Directiva lamenta el deceso del licenciado Alonso Lujambio Irazábal, quien fuera integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores. Nuestras más sentidas condolencias.

Se invita a todos los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

(Minuto de silencio)

ARTICULOS 71, 76, 78, 89 Y 102 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución General de la República.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con su venia, diputado presidente. Vengo a nombre de los grupos parlamentarios del PRD, PT, Movimiento Ciudadano, a presentar hoy esta iniciativa para dotar de autonomía a la Procuraduría General de la República y sentar las bases constitucionales para la creación de la Fiscalía General de la Nación.

Sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71, 76, 78, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes consideraciones.

En palabras del poeta Javier Sicilia, nuestro país vive un estado de emergencia nacional. Al referirse a la política de seguridad y combate a la delincuencia, el poeta también hace referencia a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia; particularmente las primeras, aquellas instancias que constitucionalmente son las representantes de la sociedad y que deben defender nuestros derechos se han convertido en nuestros peores adversarios. Las procuradurías de justicia de todo el país son un verdadero lastre nacional.

Desde luego, esta carga no podría entenderse sin analizar el papel que ha jugado la Procuraduría General de la República en los últimos 15 años, al convertirse en un órgano de investigación y persecución del delito a una instancia incluso de persecución política.

Para mejorar la procuración de justicia y para definir los cambios necesarios es importante recordar la crisis generalizada de la justicia que estamos viviendo, esto aunado a muchas deficiencias que se han generado en los últimos años; por ello esta reforma busca el espectro de la justicia, así como programas y acciones que permitan combatir, con eficacia y prontitud, el flagelo que atañe a los mexicanos y a las mexicanas, a todos, en sus diferentes edades.

El Ministerio Público, tal y como se encuentra constituido en la actualidad, ha sido rebasado por el fenómeno delincuencial, así como por los arraigados vicios que la aquejan, excesiva burocracia, lentitud de la tramitación de averiguaciones previas, la falta de capacitación de los agentes del Ministerio Público, la violación sistemática de los derechos humanos, así como la infiltración de grupos criminales, motivos estos para el descrédito de las instituciones en materia de procuración de justicia penal.

Es imperante la autonomía del Ministerio Público, no solo por los aspectos antes señalados, sino por las reformas en materia de justicia penal del 2008, que definió un proceso penal acusatorio, sino sobre todo por la reforma constitucional del 2011, en materia de derechos humanos, que establece una obligación superior a los órganos del Estado en la construcción de garantías y mecanismos que respeten y salvaguarden los derechos humanos de las personas.

Sin autonomía del Ministerio Público el sistema penal acusatorio no tiene posibilidades objetivas de ser un catalizador de las transformaciones en nuestro descompuesto sistema de justicia; el que los ministerios públicos dependan directamente de Ejecutivos estatales y en el caso de la PGR, de la federal, desde luego impide que dichas instancias se conviertan en verdaderos mecanismos de representación social, transformándolos en representantes y personeros del gobernador o del presidente en turno.

Con esta reforma se pretende que el presidente de la República o el gobernador en una entidad federativa no sean jefes de los ministerios públicos, para que con ello no puedan sustituir con su voluntad política las decisiones que solo incumben un órgano técnico, que actúa en representación de la sociedad.

Aparejado con esta iniciativa que se presenta y que dota de dicha autonomía al Ministerio Público, se debe integrar un paquete de iniciativas que reformen las competencias y atribuciones de la Procuraduría General de la República a nivel federal, que distribuya la investigación de los delitos y sobre todo, que fortalezcan a esta figura constitucional.

La Fiscalía General de la Nación —o como decida nombrarse— debe tener facultades para investigar los delitos con recursos y patrimonio propio; debe ser realmente una instancia acusadora y persecutora, y no solo una instancia que recibe información y engrosa expedientes; debe contar con una verdadera policía de investigación, con verdaderos elementos técnicos y periciales, además debe contar con mecanismos de protección y seguridad para las víctimas.

Una nueva instancia de Ministerio Público implica un verdadero reto para todas las mexicanas y para todos los mexicanos, pero implica también una verdadera posibilidad para diseñar de raíz una institución que realmente investigue y sancione los delitos que se cometen.

En un país, donde el 98 por ciento de los delitos quedan impunes, no podemos quedarnos inmóviles; la procuración de justicia integral es una responsabilidad que excede las posibilidades de los organismos públicos, de los cuales la Constitución y las leyes la confinan. Por tanto, tiene que contarse con la participación consciente, decidida y honesta de todos los ciudadanos, ya sean gobernantes o gobernados.

Por ello se propone que esta nueva instancia sea encabezada por una persona elegida de entre la sociedad civil, con prestigio y trayectoria reconocida y que no dependa políticamente de ningún gobernante o partido político, con ello se garantizará también su imparcialidad y su compromiso con la ciudadanía y no con los políticos en turno.

Hay una frase que versa: sin justicia no habrá paz, y justo por eso tenemos que trabajar en esta ruta, para construir instituciones capaces y efectivas, que nos garanticen el acceso a la justicia, esa justicia que se nos ha negado durante muchos años y que permita construir, en un corto plazo, las bases para la paz en este país enfrascado en una guerra intestina, sin rumbo ni dirección. Es cuanto, diputado presidente. Solicito la integración del texto al Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura y en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71, 76, 78, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el siguiente

Planteamiento del problema y argumentos

La procuración de justicia en una sociedad moderna debe tener como punto de partida, la consideración de que los elementos constitutivos esenciales de su desarrollo tienen carácter substancial y procesal y deben estar plenamente reconocidos por la legislación vigente. De ahí que el sistema de libertades deba corresponder cabalmente con la vigencia plena de los derechos humanos y que no baste que el Estado actúe apegado a la letra de la ley, sino que su conducta se ciña a los principios básicos de un Estado de derecho.

Además, por obligación constitucional el reconocimiento de los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales en los que México sea parte.

Se ha afirmado que la relación entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial debe ser armónicas, y que han de buscarse puentes entre ellos para un buen funcionamiento. La armonía no implica subordinación ni pérdida de la independencia. Lo que ha sucedido en México, es que el equilibrio de poderes establecido en la Constitución en el pasado fue lacerado por prácticas políticas, hoy afortunadamente en vías de ser superadas, pero que dieron lugar a legislaciones al vapor y sin contrapesos.

Por ello, es indispensable lograr la independencia entre los Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y un equilibrio entre el poder del gobierno y de la sociedad, porque es un hecho histórico que cuando el poder se ejerce de manera discrecional, absoluta y sin contrapesos de equilibrio, más fácilmente se cae en conductas autoritarias.

A este respecto, el equilibrio de poderes supone un arraigo del Poder Legislativo en el pueblo, con una comunicación sistemática que permita dar a conocer aquellas normas aprobadas, en beneficio social.

Aspecto degradado de la vida pública de un país, es la falta de protección para los ciudadanos en su vida, salud y bienes. La gran ignorancia sobre leyes morales y serias deficiencias en la formación de la conciencia moral, han elevado los índices de delincuencia y de corrupción moral, ha deteriorado por consiguiente la convivencia social. La impunidad de que gozan los delincuentes transgresores de la ley, son el principal incentivo para su proliferación, hechos que guardan relación directa con una falta de atención para su proliferación, estos hechos se generan por una falta de atención debida de las autoridades y el escepticismo de buena parte de la sociedad respecto de los actos de procuración de justicia. El deterioro del respeto al orden jurídico, la impunidad de muchos crímenes, y la inseguridad jurídica, hacen necesaria la restauración del sentido ético del derecho.

Reconocemos que no obstante los ingentes esfuerzos en la procuración de justicia que se han realizado con el fin de abatir los índices de delincuencia, aún se registran innumerables casos de servidores públicos que abandonan su responsabilidad y se convierten en delincuentes, fenómeno que conlleva un doble efecto negativo para la sociedad, ya que, por un lado incumplen su deber en el ejercicio de su función y por otro, son generadores de actos delictivos que entrañan mayor peligrosidad por las ventajas obvias que su cargo supone.

Resulta paradójico y totalmente injusto, que muchos delincuentes gocen de plena libertad e impunidad, mientras que ciudadanos comunes se ven envueltos en la persecución de la justicia, muchas veces por actos no comprobados, teniendo por ello que sufrir múltiples molestias en su persona y de privación de la libertad, derivado esto de las conocidas “confesiones” obtenidas ante la presión de los diversos cuerpos policiacos.

En este sentido, la procuración de la justicia necesita una mayor autoridad moral y rescatar la credibilidad que ha disminuido por la impunidad de actos criminales organizados, asimismo un cambio estructural que las arraigue y comunique con la sociedad.

Estos cambios infieren que el derecho positivo no debe ser una herramienta al servicio de quién más puede o más tiene, sino la garantía de los derechos humanos, que debe orientarse a la consecución del bien común. Este propósito requiere reforzar el combate contra la corrupción administrativa a todos los niveles, elevar la calidad y seriedad de las autoridades tanto administrativas como de las encargadas de impartir justicia.

Consideramos que la procuración de justicia no debe confundirse con una justicia proveniente del gobierno del estado que pretenda imponer a cualquier precio nuevas estructuras, pretendidamente; más justas, más racionales, más progresivas y más eficaces.

Para mejorar la procuración de justicia y para definir los cambios necesarios es importante recordar la crisis generalizada de la justicia que estamos viviendo, esto aunado a muchas deficiencias que se han generado en estos últimos años por ello, esta reforma busca el espectro de la justicia así como programas y acciones que permitan combatir con eficiencia y prontitud el flagelo que atañe a los mexicanos en todas su diferentes edades.

El Ministerio Público, tal y como se encuentra constituido en la actualidad, ha sido rebasado por el fenómeno delincuencial, así como por los arraigados vicios que le aquejan, excesiva burocracia, lentitud en la tramitación de averiguaciones previas, la falta de capacitación de los Agentes del Ministerio Público, la violación sistemática de los derechos humanos, así como la infiltración de grupos criminales, motivos estos para el descredito de las instituciones en materia de procuración de justicia penal.

Aunado a lo anterior, es imperante la autonomía del Ministerio Público no sólo por los aspectos antes señalados sino por las reformas en materia de justicia penal que definió un proceso penal acusatorio y que en breve, es decir en el dos mil dieciséis entrarán en vigor.

Por lo que queda claro, que sin autonomía del Ministerio Público el sistema penal acusatorio no tiene posibilidades objetivas de ser un catalizador de las transformaciones en nuestro descompuesto sistema de justicia.

En este sentido cabe recordar que desde antes de la Constitución de 1917, el Ministerio Público era parte del Poder Judicial, que no tuvo éxito y qué desde la Constitución de ‘ 17 hasta nuestros días ha sido parte del Poder Ejecutivo Federal, evidentemente en la actualidad no ha cumplido con la misión constitucional para la cual fue creado.

El Ministerio Público debe ser un magistrado de la ley, a ella se pliega, al igual que en sus orígenes. Puede estar vinculada presupuestalmente o en alguna de sus políticas y programas al Ejecutivo Federal o Local, pero el desempeño de sus funciones esenciales, sólo debe someterse a la autoridad de la ley.

En esta tesitura, con esta reforma se pretende que el Presidente de la República o el Gobernador de una Entidad Federativa no sean jefes del Ministerio Público, deben ser personajes externos y ajenos a ella; no pueden sustituir con su voluntad política las decisiones que solo incumben al Ministerio Público que debe actuar responsablemente en el desempeño de sus facultades constitucionales.

En suma, es ineludible la presente reforma que da autonomía a la procuraduría General de la República y por ende al Ministerio Público que la compone, pues en su composición actual esta institución ha servido de instrumento de represión de un poder hacia otro poder y en particular a la sociedad en general, por ello, es preciso establecer con precisión las siguientes ventajas que podrá ofrecer un ente autónomo e independiente, como lo sería el Ministerio Público.

1. Nuestro país vive una acelerada y profunda transformación, que no le es exclusiva, sino mundial, caracterizada por algunas tendencias, tales como:

a) El respeto de las soberanías nacionales como condición de vida en la interdependencia que impulsa la globalización de los intereses sociales.

b) El respeto de los derechos humanos como presupuesto esencial de las relaciones entre autoridad pública y los gobernados.

c) La permanencia de altos niveles de impunidad conseguidos por el temor de las víctimas y testigos a formular denuncias o a señalar a los probables responsables; la falta de capacitación y honestidad de algunos agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial, así como de otras corporaciones, la benignidad de algunas disposiciones legales en materia de procedimiento; la inseguridad de muchos centros de reclusión; y el elevado poder del auxilio por parte de las bandas o mafias a sus integrantes.

d) La formación y sostenimiento de una cultura de respeto colectivo y constante a la ley, sin excepciones ni privilegios; esto es, que tanto los funcionarios como los individuos deben estar sujetos a la ley; es el Estado el que está obligado más que nadie a crear, respetar y hacer respetar las normas jurídicas y, consecuentemente, mantener el Estado de Derecho y, más concretamente el Estado Social y Democrático de Derecho.

e) La mayor incorporación de la participación ciudadana en todas las acciones que incidan en las diversas funciones del Estado, concretamente, en la función de procuración de justicia en su doble vertiente de prevención y de persecución de las conductas delictuosas.

f) El incremento de la delincuencia, especialmente la calificada por su capacidad de organización, de armamento, de apoyo logístico y financiero, así como sus alcances extra nacionales, más su poder de corrupción en algunas esferas de poder público y de la iniciativa privada o social; delincuencia que tiene base, primordialmente, en las actividades de narcotráfico propiciadas por la alta potencialidad de sus mercados internacionales.

2. Es obvio que la modernización del país en general y de la organización en particular de sus órganos de gobierno en los niveles federal, estatal y municipal, concretamente la modernización de la procuración de justicia, no se logra de la noche a la mañana. Sin embargo, si es posible superar fallas, vacios, vicios o cualesquiera otros aspectos negativos que la retrasan y esto está aconteciendo. La sociedad ya lo está percibiendo y sintiendo.

3. La procuración de justicia integral es responsabilidad que excede las posibilidades de los organismos públicos a los cuales la Constitución y las leyes la confían, por tanto, tiene que contarse con la participación consciente, decidida y honesta de todos los ciudadanos ya sean gobernantes o gobernados.

1a. Que se atienda a divulgar por medios electrónicos o impresos u en coordinación con otras dependencias o instituciones cuyas funciones incidan en la protección de los derechos humanos, cuales son estos, que alcances tienen, y que vías se pueden seguir para lograr el efectivo respeto y protección de los mismos.

2a. Qué, asimismo, se divulguen ampliamente las disposiciones que establezcan las obligaciones fundamentales de sus servidores públicos y la existencia y formas de acceso a las unidades encargadas de recibir denuncias o quejas sobre los incumplimientos en que aquellos servidores lleguen a incurrir, así como las formas en que los particulares formulen las denuncias o quejas tengan información veraz y suficiente sobre el seguimiento que se les dé y el resultado de las mismas.

3a. Que se mantenga una permanente supervisión y evaluación del desempeño de todos los servidores de la dependencia en las áreas del Ministerio Público y de la Policía Judicial Federal.

4a. Que el poder del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal cuente con límites precisos, previéndose controles constitucionales a su actuación, pues debe tenerse presente que la Procuración de Justicia en México, es una responsabilidad histórica, moral y jurídica del Estado para con la sociedad.

5a. Que a la victima u ofendido del delito se le otorgue una mayor participación tanto en la esfera de la averiguación previa como en el ámbito del proceso atendiendo los adelantos logrados para las recientes reformas constitucionales.

6a. Que se revisen y modernicen los programas de prevención de los delitos, para fortalecer y ampliar lo mecanismo y acciones conducentes a ello.

7a. Que se abrevien y simplifiquen los trámites para presentar denuncias y querellas.

8a. Que se proporcionen informes claros precisos y suficientes de las diversas actuaciones de la Procuraduría, que sea respetado el derecho a la información consignado como garantía en la Constitución para que se eviten notas especulativas o distorsionadas que confunden a la opinión pública.

9a. Que se siga avanzando en la desconcentración de la justicia, así como en la especialización de sus servidores, para que la población tenga más fácil acceso a esos servicios y para que estos sean prestados por funcionarios más preparados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 71, 76, 78, 89 y 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único: Se reforman: la fracción II del artículo 76, la fracción V del artículo 78, la fracción IX del artículo 89, y el primer párrafo del artículo 102 apartado A; Se adicionan: al artículo 71 una fracción V, al artículo 76, una fracción XII, recorriéndose la actual en su orden, así como al artículo 102 apartado A, un párrafo segundo, tercero, cuarto y quinto, recorriéndose los actuales en su orden, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71. ...

I. a III. ...

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes; y

V. Al Procurador General de la República en lo que concierne a los asuntos de su competencia.

...

...

...

Artículo 76. ...

I.

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

III. a XI.

XII. Nombrar al procurador General de la República y,

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 78. ...

...

I. a IV.

V. Designar el Procurador General de la República, que le someta el titular del Ejecutivo Federal;

VI. a VIII.

Artículo 89. ...

I. a VIII.

IX. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación del Procurador General de la República;

X. a XX.

Artículo 102.

A. La Procuraduría General de la República es un órgano del Estado Mexicano, dotado de autonomía e independencia en el ejercicio de sus atribuciones, personalidad jurídica y patrimonio propio, estará representada por un Procurador General de la República.

Para ser nombrado Procurador General de la República, el Ejecutivo Federal someterá una terna para consideración del Senado de la República, el cual, previa comparecencia de los candidatos llamados por el propio Pleno, examinará sus conocimientos en materia de procuración de justicia, así como la buena fama de la que goza.

La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los Integrantes del Senado de la República, dentro del improrrogable plazo de treinta días. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior e iniciará de nuevo el cómputo de los treinta días. Si el Senado de la República no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Procurador, la persona que dentro de dicha terna designe por las dos terceras partes el Pleno de la Cámara de Diputados.

Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho, y no haber sido condenado por delito doloso.

El Procurador General de la República, podrá ser removido por el Pleno del Senado de la República, cuando atente contra el interés social en el ejercicio de su función, esto con independencia de los previsto en los artículos 108, 109, 110 y 111 de esta Constitución.

...

...

...

...

...

B. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, se expedirá la ley orgánica respectiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.— Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Cúmplase con lo solicitado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CIERRE DE REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia electrónica? Está abierto el sistema. Lo vamos a conciliar con el registro de asistencia en la entrada.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Concilie todos los casos, secretaria. Todos los casos concílielos con el registro.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se cierra el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 405 diputadas y diputados. Para esta sesión también se conciliará el registro previo de firmas con el del sistema electrónico.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para evitar de esa manera que no tengan el registro adecuado. ¿Alguna otra cosa?

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Dígame. Sonido en la curul de la diputada Rosas Montero.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Sí, presidente, desde hace más de una hora quise registrar asistencia y no me lo permite el sistema; el personal de Resguardo me informaba que ya estaba cerrado el sistema, cuando apenas la diputada lo acaba de cerrar.

Si quisiera, por favor, que revisarán esa situación, porque es el caso de varios diputados, y nos tomen por favor el registro de asistencia.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Sí. También les suplicaría a los demás diputados —que tengan el mismo problema— sean tan amables de registrarlo en la Secretaría, para que de inmediato se tomen las medidas adecuadas.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Salvador Ortiz García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Salvador Ortiz García:Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6o., numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el numeral segundo con una fracción II al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión ordinaria de Agroindustria de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La agricultura juega un papel crucial en la economía de los países en desarrollo y brinda la principal fuente de alimentos, ingresos y empleo a las poblaciones rurales. Según el Centro de Estudios para el desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, en México el sector agropecuario no ha experimentado ofrecimiento económico en los últimos cinco años; el crecimiento promedio anual ha sido de 1.5 por ciento; señala también que al contrario del resto del mundo, el comercio agroalimentario no se ha reflejado en el crecimiento del sector agropecuario en nuestro país.

De igual forma, el Banco Mundial afirma que las actividades agrícolas conforman el 12 por ciento del PIB en América Latina, pero cuando se incluyen las agroindustrias el promedio se eleva al 21 por ciento. De ahí la importancia que tiene la agroindustria.

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha provocado que una parte del mercado alimentario sufra de privatización excluyente e inequitativa, privilegiando la concentración y la transnacionalización, afectando como consecuencia la seguridad alimentaria institucional de nuestro país.

Actualmente los consumidores han modificado sus preferencias alimentarias; exigen productos procesados bajo estrictas normas de seguridad e higiene; tienden al consumo de productos bajos en grasas y sin conservadores artificiales; alimentos congelados, deshidratados y precocidos de rápida preparación y bebidas bajas en calorías y con pulpas naturales.

La agroindustria es la rama industrial que transforma los productos de la agricultura, ganadería, forestal y pesca en productos elaborados. Este sector nacional incluye la integración de los procesos de producción, transformación y comercialización de los productos primarios agropecuarios, añade valor, reduce las pérdidas postcosecha y permite transportar los alimentos a mayor distancia y tiempo.

Es por ello que resulta de vital importancia para nuestro país fortalecer las políticas públicas del campo que apoyen a productores mediante capacitación, infraestructura, tecnología, comercialización y organización. En otras palabras, es el momento para que la agroindustria crezca de manera sostenida y que el campo mexicano tenga los medios necesarios para competir nacional e internacionalmente.

El sistema de desarrollo agroindustrial conlleva la integración vertical de la cadena productiva, desde el campo hasta el consumidor final, pasando por el proceso de producción de alimentos y otros artículos de consumo basados en la agricultura. Esto significa que sus fases y planeación dependen de una autoridad con criterio industrial y que practique una política adecuada a las demandas del mercado.

Para impulsar esta actividad económica es imprescindible acompañar las políticas públicas con acciones en el ámbito legislativo que incidan en la actualización del marco jurídico, el control evaluatorio, las asignaciones presupuestales, el diálogo plural y el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, que son consustanciales al Poder Legislativo.

La justificación para la creación de la comisión ordinaria de agroindustria se sustenta en los siguientes puntos:

Primero. Los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecen las comisiones ordinarias y su competencia legislativa.

Segundo. El sector agroindustrial en nuestro país necesita que desde el Congreso de la Unión se haga una revisión puntual, tanto del marco jurídico propio del sector, como de la facultad de control constitucional que tienen las Cámaras para dar seguimiento exhaustivo a las políticas públicas, apoyos y programas, que son otorgados a los productores.

Tercero. De ser aprobada la propuesta, la comisión ordinaria de agroindustria será la encargada de reformar y en su caso crear las leyes necesarias para que el sector agroindustrial de nuestro país se fortalezca con capacidades técnicas de dirección y comerciales de todos los actores que intervienen en la cadena alimentaria.

Cuarto. Con la creación de dicha comisión se busca dar —desde el Congreso— soporte político-jurídico, que genere un incremento real en la productividad del campo para que se logren desarrollar cadenas productivas con ventajas y beneficios para productores, intermediarios, industriales y comerciantes.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito solicitar a esta honorable asamblea se revise y en su caso, apruebe mi solicitud, que será para el bien del campo mexicano y de sus trabajadores; por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito ciudadano diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma y adiciona el artículo 39, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. La agricultura juega un papel crucial en la economía de los países en desarrollo y brinda la principal fuente de alimentos, ingresos y empleo a sus poblaciones rurales. La realización de mejoras en agricultura y uso de tierras es fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y un desarrollo integral sostenible.

2. Según estudios del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, en el sector agropecuario no ha habido crecimiento económico, el crecimiento promedio anual del sector en los últimos cinco años ha sido de un 1.5 por ciento, de igual forma señalan que existe un crecimiento del comercio agroalimentario en el mundo, pero que este no ha tenido un reflejo en el crecimiento del sector agropecuario en nuestro país.

3. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha hecho que parte del mercado alimentario sufra privatización excluyente e inequitativa, privilegiando la concentración y la transnacionalización, afectando como consecuencia la seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país.

4. Actualmente los consumidores han modificado sus preferencias, exigen cada vez más productos procesados bajo estrictas normas de seguridad e higiene y tienden al consumo de productos bajos en grasas, sin conservadores artificiales, así como de alimentos de tipo congelados, deshidratados y precocidos de rápida preparación, bebidas bajas en calorías y con pulpas naturales.

5. La agroindustria es la rama de industrias que transforman los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos elaborados. Este sector nacional incluye la integración de los procesos de producción, transformación y comercialización de los productos primarios agropecuarios y pesqueros; ayuda a conservar los productos alimentarios, añade valor, reduce las pérdidas poscosecha y permite transportar a los alimentos a mayor distancia, incluyendo a las ciudades en rápido crecimiento.

6. El Banco Mundial afirma que las actividades agrícolas (es decir el proceso directo de siembra y cosecha) conforman el 12 por ciento del PIB en América Latina; pero cuando se incluyen las agroindustrias (transformación industrial de los productos agrícolas) el promedio se eleva al 21 por ciento, de esta forma se puede observar una primera impresión de la importancia que tiene la agroindustria.

7. Resulta de vital importancia para nuestro país, fortalecer las políticas públicas del campo que garanticen la soberanía alimentaria de todos los mexicanos y la única manera de lograr este objetivo es robustecer a los productores, mediante capacitación, infraestructura, tecnología, comercialización y organización de los productores en nuestro país, en otras palabras, es el momento para que la agroindustria crezca de manera sostenida y que el campo mexicanos, tenga los medios necesarios para competir internacionalmente y sobre todo al interior del país.

8. El sistema de desarrollo agroindustrial conlleva a la integración vertical desde el campo hasta el consumidor final de todo el proceso de producción de alimentos u otros artículos de consumo basados en la agricultura. La integración vertical significa que el proceso de sus fases y su planificación, depende de una autoridad orientada hacia el mercado con criterio industrial y que practique una política adecuada a la demanda del mercado.

9. La agroindustria genera demanda para los productos agrícolas y tiene un enorme potencial para el empleo rural no agrícola. También añade un importante valor a la producción agrícola, tanto para el mercado nacional como el de exportación.

10. Para impulsar esta actividad económica, es imprescindible acompañar las políticas públicas de acciones de tipo legislativo, que incidan en la actualización del marco jurídico, el control evaluatorio, las propuestas presupuestales, el diálogo plural y el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, que son consustanciales al Poder Legislativo.

Justificación para la creación de la comisión ordinaria de agroindustria

I. Los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establecen las comisiones ordinarias y su competencia legislativa.

II. El sector agroindustrial en nuestro país requiere, que desde el Congreso de la Unión se haga una revisión puntual, tanto del marco jurídico que regula este sector, como mediante el ejercicio de la facultad de control constitucional que tienen las cámaras, para dar seguimiento exhaustivo a las políticas públicas, apoyos y programas que son otorgados a los productores.

III. La Comisión de Agroindustria será la encargada de reformar y en su caso crear las leyes necesarias para que el sector agroindustrial de nuestro país, se fortalezca en capacidades técnicas, de dirección, y comerciales de todos los actores que intervienen en la cadena alimenticia.

IV. Con la creación de la comisión ordinaria de Agroindustria de la Cámara de Diputados, se busca generar desde el Congreso un soporte político-jurídico, que dote un incremento real en la productividad del campo, mediante el uso correcto de la tecnología disponible, para que se logren desarrollar cadenas productivas con ventajas y beneficios, para productores, intermediarios, industriales y comerciantes.

Por lo expuesto y debidamente fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que Reforma y Adiciona el numeral 2, con una fracción II al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma y adiciona el numeral 2, con una fracción II al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose las actuales, para quedar como sigue:

Artículo 39. ...

1. ...

2. ...

I....

II. Agroindustria

III. a XLI....

3. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.— Diputados: Salvador Ortiz García, Luis Olvera Correa, Socorro Quintana León, Adriana Hernández Íñiguez, Blanca María Villaseñor Gudiño, Salvador Romero Valencia, Alfredo Anaya Gudiño, Rodimiro Barrera Estrada, Eligio Cutláhuac González Farías, Fernando Charleston Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Régimen, para dictamen.

LEY DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Alberto García González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y adiciona un artículo 8 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El diputado Carlos Alberto García González:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el que suscribe, diputado Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6o., numeral 1, 77 y 78 del Reglamento esta Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y adiciona un artículo 8 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

El Estado participaba en un modelo de intervención directa sobre la economía, cuya vertiente más sobresaliente se identificaba en la década de los ochentas mediante la apertura comercial, transitando así hacia un Estado regulador.

Con base en la literatura económica y legal, se puede identificar claramente que el proceso de apertura no vino acompañado cautelosamente de diseños institucionales más apropiados para las nuevas funciones de la autoridad; las nuevas instituciones de facultades regulatorias se introdujeron en la figura de los órganos desconcentrados; sin embargo, se trata de entidades cuya lógica pertenece al auxilio de las Secretarías de Estado y no para desempeñar las nuevas tareas en la actividad económica.

Lo anterior trajo como consecuencia una imprecisión referente a sus funciones y atribuciones, sin mencionar que los órganos reguladores encuentran limitantes, tanto en su diseño institucional como en la legislación. Entre los inconvenientes que presentan los órganos reguladores es que se encuentran muy vulnerables a la interferencia política y también dan la percepción de una captura regulatoria.

La imprecisión de la figura del órgano desconcentrado permite que los titulares de las Secretarías de Estado tengan una vía para interferir en sus resoluciones del regulador, tanto vía nombramiento o remoción de sus mandos como por la vía de la presión presupuestaria.

Otro inconveniente es la percepción de una captura regulatoria, que se entiende como la influencia de los regulados en las decisiones del órgano regulador por diferentes vías, lo cual representa otro riesgo que bien puede ser despejado mediante la transparencia, dado que las relaciones de regulador con el regulado, no necesariamente implican motivos perversos.

Calificar el apego a la ley o a la ética en las resoluciones es una tarea que corresponde al escrutinio público y representa una herramienta efectiva para la rendición de cuentas; la transparencia en el desempeño de los órganos reguladores proponemos que se haga mediante dos ejes: una declaración patrimonial del mando del regulador para verificar las variaciones en su patrimonio, y una segunda, con la publicación de las asistencias de los mandos de los reguladores al pleno, donde se adopte una resolución relevante, incluyendo aquellas que sean justificadas o no lo sean. Ésta obligación de transparencia permitiría conocer si un mando evita participar en una votación estratégicamente para favorecer a determinada persona o sector.

En cuanto a lo que hace el servicio público, los funcionarios de los órganos reguladores, es evidente también su necesidad de especialización, puesto que atienden asuntos de la mayor trascendencia y en muchas ocasiones con impacto directo en toda la sociedad y el interés público; por lo cual merece de medidas especiales, de modo que con la presente propuesta se permitiría un diseño de servicio profesional acorde a las propias necesidades, incluso incrementar, de ser necesario, los sueldos de acuerdo al talento, evitando así la migración de los expertos a las firmas reguladas.

En suma, la presente iniciativa plantea el fortalecimiento de la política regulatoria del Estado, mediante el robustecimiento de la transparencia para disminuir riegos de conflicto de intereses, tanto políticos como económicos y la flexibilidad en la especialización de los recursos humanos de los órganos reguladores, dado que tales funciones demandan mayor especialización que la burocracia tradicional.

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y se adiciona un artículo 8 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por último, solicito atentamente a esta Presidencia que se inserte íntegramente la totalidad de la iniciativa propuesta en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía. Por su atención, muchas gracias; es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y adiciona el 8 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el se adiciona un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y se adiciona un artículo 8 Bis de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estado participaba de un modelo de intervención directa sobre la economía, cuya vertiente más sobresaliente se identifica en la década de los ochentas mediante la apertura comercial, transitando hacia un estado regulador.

Con base en la literatura económica y legal se puede identificar claramente que el proceso de apertura no vino acompañado cautelosamente de diseños institucionales más apropiados para las nuevas funciones de la autoridad, las nuevas instituciones de facultades reguladoras se introdujeron en la figura de los Órganos Desconcentrados, sin embargo, se tata de entidades cuya lógica pertenece a el auxilio de las Secretarías de Estado y no para desempeñar las nuevas tareas en la actividad económica, lo anterior trajo como consecuencia una imprecisión referente a sus funciones, atribuciones y limitantes, sin mencionar, que los Órganos Reguladores encuentren limitantes tanto en su diseño institucional como en la legislación.

Entre los inconvenientes que presentan los Órganos Reguladores se encuentra la vulnerabilidad a la interferencia política y captura regulatoria.

La imprecisión de la figura del Órgano Desconcentrado desempeñando funciones regulatorias, permite que los titulares de las Secretarías de Estado tengan una vía para interferir en las resoluciones del regulador, tanto vía nombramiento o remoción de los mandos como por la vía de presión presupuestaria.

La posibilidad de la interferencia política hace del Órgano Regulador una posible herramienta de control político, más que un medio para el bienestar social. Ante tal escenario debe resaltarse que los Órganos Regladores deliberan con base a los elementos de convicción disponibles, el talento de sus servidores públicos y la credibilidad o confianza que puedan conseguir respecto de sus resoluciones apegadas al marco legal y a la ética.

La transparencia en los Órganos Reguladores, continúa constituyendo un medio de empoderar al ciudadano, poniendo a su disposición los elementos bajo los cuales se adopta determinado sentido ante una controversia dirimida en su interior, despejando o revelando la percepción de una captura regulatoria.

La Captura Regulatoria entendida como la influencia de los regulados en las decisiones del Órgano Regulador por diferentes vías, representa otro riesgo que bien puede ser despejado mediante la transparencia, dado que las relaciones entre el regulador y el regulado no implican necesariamente motivos perversos. Calificar el apego a la Ley o la ética en las resoluciones es una tarea que corresponde al escrutinio público y representa una herramienta efectiva de la rendición de cuentas a la ciudadanía.

La transparencia en el desempeño de los Órganos Reguladores que se propone abarcaría 2 ejes:

• Una declaración patrimonial del mando del regulador, para verificar las variaciones en su patrimonio, tales como incrementos discrepantes con su nómina, ante la posibilidad de ingresos otorgado por firmas del sector regulado y con la finalidad de responder con el sentido de su voto o su ausentismo de manera estratégica a sus intereses.

• La publicación de las asistencias de los mandos de los reguladores al Pleno donde se adopte una resolución relevante, incluyendo aquellas que sean justificadas en términos de su normatividad interna. Lo anterior, para permitirles inasistencias avaladas por su reglamento interno o acuerdos para asistir a eventos académicos o de otra naturaleza asequible con el cumplimiento del objeto de su Ley. Ésta obligación de transparencia permitiría conocer si un mando evita participar en una votación estratégicamente para favorecer a determinada persona interesada.

El servicio público

La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, constituye un importante referente para la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, sin embargo, ella misma reconoce excepciones en su aplicación excluyendo al sector paraestatal. Lo anterior, bajo el entendido de que su nivel de especialización es distinto al de la burocracia tradicional.

En cuanto hace al servicio público los funcionarios de los Órganos Reguladores, hacen evidente su necesidad de especialización, puesto que atienden asuntos de la mayor trascendencia y en ocasiones con impacto directo en toda la sociedad y el interés público. Valga mencionar que se han ventilado Juicios de Amparo ante instancias judiciales, cuya relevancia requiere mayor especialización y por ende la posibilidad de remunerar a servidores públicos con mayores prerrogativas en sus salarios.

Lo anterior, disminuirá el riesgo de que firmas del sector regulado absorban la experiencia de los servidores públicos mediante ofertas laborales, dejando al regulador sin un talento y con la carga de volver a emprender la curva de aprendizaje del nuevo integrante que le sustituya.

Finalmente, en lo que respecta al Servicio Público en los Órganos Reguladores merece medidas especiales para cada caso, de modo que con la presente propuesta se permitiría un diseño de servicio profesional acorde a las propias necesidades, incluso incrementar los salarios a sus servidores públicos de acuerdo a su talento, evitando así la migración de expertos a las firmas reguladas, generando incentivos a la permanencia en las funciones regulatorias estableciendo como contra peso al abuso en tal medida la transparencia directa.

La presente propuesta parte de la presunción de legalidad o legitimidad, es decir, no presume de la ilegalidad o falta de ética de los mandos de los reguladores. Tiene por finalidad despejar elementos de opacidad que puedan servir de plataforma a intereses distintos del bienestar público y fortalecer su credibilidad.

En suma la presente Iniciativa plantea el fortalecimiento a la política regulatoria del estado mediante 2 ejes fundamentales: el robustecimiento de la transparencia para disminuir riesgos de conflicto de intereses tanto políticos como económicos; y la flexibilidad en la especialización de los recursos humanos de los Órganos Reguladores, dado que tales funciones demandan mayor especialización que la burocracia tradicional.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y se adiciona un artículo 8 Bis de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Artículo Primero: Se adiciona un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo ÚnicoDe la Naturaleza y Objeto de la Ley

Artículo 1.-La presente Ley tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada.

Las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio profesional de carrera tomando como base los principios de la presente Ley.

La Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía, podrán diseñar sus propios sistemas de servicio profesional de carrera priorizando la transparencia y el acceso a la información.

Artículo Segundo: Se adiciona un artículo 8 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 8 Bis. La Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía, en su carácter de Órganos Desconcentrados que desempeñan funciones regulatorias deberán hacer pública la siguiente información redactado de la manera más sencilla a la comprensión de las personas no familiarizadas con sus funciones:

a) La declaración Patrimonial de los mandos de forma bianual;

b) Las asistencias de los mandos tanto justificadas como aquellas que no lo son;

c) Los argumentos o elementos bajo los cuales adopten determinado sentido en las resoluciones que se consideren en términos de sus propias legislaciones de mayor complejidad o relevancia;

d) Los motivos y elementos que justifiquen un incremento en el sueldo de funcionarios a su cargo, dentro de su servicio civil de carrera; y

e) En su caso, los vínculos familiares o de negocios con sociedades mercantiles. De propiciarse un vínculo directo o indirecto durante el curso de su cargo, deberá igualmente hacerlo de conocimiento público.

Transitorios

Primero: El presente decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Los Órganos Reguladores emitirán su reglamento interior dentro de los 120 días siguientes a la publicación de este Decreto.

Nota:

1 En 1983 el Gobierno Federal administraba 1,155 empresas que participaban en 63 (de 73) ramas económicas, en 1988 el número descendió a 252. Entre 1989 y 1995 se privatizaron empresas de fuerte poder de mercado destacando la industria siderúrgica, la banca, la aviación, la minería, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, así como los puertos, carreteras y aeropuertos. Faya, Alejandro. Fortalecer a los reguladores. Cambiando las reglas del juego en México, CIDAC. 2010. Pp. 44.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de septiembre de 2012.— Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Función Pública y acátese lo solicitado.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carol Antonio Altamirano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso.

El diputado Carol Antonio Altamirano:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, hago uso de esta tribuna para exponer ante ustedes la necesidad de cubrir una deuda histórica con los estados más pobres de México y en consecuencia, modificar nuestra Ley Orgánica para darle atención al problema de desarrollo regional sur-sureste, para que nuestro trabajo como legisladores esté a la altura del problema de la desigualdad en el desarrollo que afecta a 10 entidades y a más de 37 millones de mexicanos.

Esta Cámara debe estar a la altura de los grandes problemas nacionales y mirar uno de los más graves: el desequilibrio en el desarrollo regional.

Existe una contradicción entre las leyes federales y la dura realidad de los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Hidalgo y Michoacán; de acuerdo al artículo 25 de la Constitución, el desarrollo nacional debe ser integral y permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, y la Ley de Planeación señala como finalidad lograr un desarrollo equilibrado del país, pero, ¿eso se cumple? Definitivamente que no.

El modelo de desarrollo no está corrigiendo las desigualdades, de forma que aún permanecen asimetrías. Según las Naciones Unidas, el país está escindido, vivir en el Distrito Federal o Nuevo León permite gozar de una calidad de vida semejante a países europeos, como Polonia y la República Checa, pero al mismo tiempo vivir en Oaxaca, Guerrero y Chipas significa condiciones de vida inferiores a la de Argelia, en África.

Lo anterior no significa que no exista pobreza en otras partes del país, pero asumamos que en todas las mediciones nacionales e internacionales, los casos del sur-sureste son especialmente graves; sus habitantes concentran los menores índices en calidad de vida, además de carencias en infraestructura pública. Son los pobres de los pobres.

Ahora bien, pareciera que corregir ese desequilibrio es únicamente responsabilidad del Ejecutivo, cuando desde el Legislativo se puede y se debe actuar con mayor energía y mayores recursos.

Para empezar, démosle atención y relevancia al problema del desarrollo regional, con un esfuerzo permanente que impulse la inversión en proyectos de gran impacto y así ir superando tendencias inerciales.

Aquí no se trata de un problema simplemente geográfico, se trata de saber si los legisladores tenemos o no la voluntad de reclamar y exigir que se abran espacios para abordar el desarrollo con una perspectiva regional y que focalice las zonas de mayores carencias. No es solo un asunto de crear una u otra comisión, sino de tener sensibilidad y actuar para atender las grandes carencias del sur-sureste.

Lo que vengo a proponer, compañeras y compañeros, es muy sencillo, pero es de gran relevancia, consiste en modificar el artículo 39 de nuestra Ley Orgánica, para que la actividad de la Comisión Sur-Sureste no esté limitada a un acuerdo parlamentario y sea fortalecida al convertirse en comisión ordinaria.

Ya tenemos casi 10 años en los que se conforma una comisión especial, pero el problema es que sus integrantes no tienen capacidad de dictamen y terminan siendo invitados a opinar en los trabajos legislativos de las comisiones ordinarias.

Ese nivel de atención corresponde al pasado, fue una salida para encausar los reclamos de las entidades, pero con la experiencia acumulada se puede dar un paso más; crear una comisión ordinaria enfocada al desarrollo regional sur-sureste tendrá como ventaja que los legisladores que integren dicha comisión puedan dictaminar leyes o decretos, participar a cabalidad en la aprobación del Presupuesto de Egresos y seguir su evolución.

Compañeras y compañeros diputados, los invito a respaldar este proyecto que tiene el respaldo de legisladores de cinco fracciones parlamentarias; por ello, reconozco y agradezco el respaldo y la solidaridad de las diputadas: Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Movimiento Ciudadano; a Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo; a Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional; a María de las Nieves García Fernández, del PRI; a los diputados Samuel Gurrión Matías y Martín Vásquez Villanueva, del PRI; así como a Víctor Rafael González Manríquez, del PAN; a Juan Luis Martínez Martínez y José Soto Martínez, del Movimiento Ciudadano. De igual modo, a todas las diputadas y diputados del PRD, que respaldan la presente iniciativa.

Acudo a la sensibilidad social y política de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, para que hagan suya la propuesta y ayuden a corregir el desequilibrio del desarrollo, lo que sin duda le agradecerán los habitantes de las entidades más pobres de México.

Reconozcamos que existe un desarrollo desequilibrado y que la región sur-sureste concentra los casos extremos y empecemos nosotros mismos a darle relevancia a este tema. Al aprobar esta iniciativa estaremos demostrando que tenemos la decisión necesaria para resarcir la deuda histórica que tenemos con las comunidades del sur-sureste. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante de la LXII Legislatura y del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose las subsecuentes.

Planteamiento del problema

México tiene un desarrollo regional desequilibrado, que dificulta a los habitantes de determinadas entidades gozar de los beneficios del desarrollo de manera integral y con equidad respecto a otras regiones del país.

En las mediciones de la pobreza y la desigualdad social, realizadas en 2010 por medio de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto, las entidades donde se concentra la pobreza son 10, y los casos más graves son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, completándose el grupo con Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Hidalgo y Michoacán.

En todas las mediciones nacionales e internacionales, los casos del sur-sureste son especialmente graves y es ahí donde se concentran los menores niveles de crecimiento económico, altos niveles de marginación, índices bajos en la calidad de vida, así como importantes carencias en infraestructura pública.

En este panorama, la legislatura federal no debe ser indiferente ni indolente ante un fenómeno que afecta a millones de mexicanos.

Se requiere que como legisladores realicemos un esfuerzo público sostenido y sistemático, que supere las tendencias inerciales y que aliente la inversión en proyectos de gran impacto para esta región del país y en especial en las entidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que terminan siendo las más pobres y rezagadas de todo México.

Lo anterior no significa que no exista pobreza o marginación en otras partes del país, sino un compromiso del Legislativo para que la evolución económica y social de México, supere la desigualdad regional; de manera que se requiere un tratamiento eficaz y diferenciado.

No debe obviarse el tratamiento que ya se establece en nuestro marco jurídico para el tema del desarrollo regional.

En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se señala, en su artículo 25, que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y se señala que este habrá de ser integral.

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

Por lo anterior, debe entenderse que el concepto de desarrollo implica: a) fortalecer el régimen democrático, y b) que sus beneficios alcancen a todas las clases sociales, individuos y grupos.

Además, debe considerarse el pacto federal, que es una de las definiciones centrales del régimen político y de la forma de gobierno del país, establecido en artículo 40 constitucional que señala:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

De manera que la forma que tiene el Estado mexicano no corresponde a una construcción política central, sino que las responsabilidades públicas y los beneficios de la Unión se comparten por medio de una federación.

Pero aun así y pese a las determinaciones constitucionales y legales, el desarrollo no ha evolucionado de manera que se corrijan de manera cabal las desigualdades, pues todavía existen grandes asimetrías entre las partes de la Federación y una de las más importantes es la pobreza y la falta de desarrollo humano de los habitantes de cada entidad.

En ese mismo sentido, la Ley de Planeación señala como finalidad, según establece su artículo 2, fracción V, lo siguiente

V. El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;

De lo anterior se desprende que el equilibrio del desarrollo del país es una alta prioridad establecida en la ley y sobre todo un imperativo de la Constitución.

La actividad a que está llamada esta LXII Legislatura tiene como antecedente distintos esfuerzos con los que se ha procurado atender las desigualdades en el desarrollo de la región sur-sureste.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación ya existe el denominado Fonregion en el ramo 23, que cada año se analiza y revisa por parte de la Cámara de Diputados.

Por lo que hace a la Conago también existen esfuerzos importantes para atender la problemática de rezago en la región, específicamente en temas de desarrollo social e infraestructura.

Si bien dichos antecedentes revelan la atención que se la brindado al tema, al mismo tiempo, invitan a superarlos en un esfuerzo compartido.

Por lo que hace a la actividad legislativa de la Cámara de Diputados la comisión correspondiente para este tema se ha mantenido, por casi diez años, con la jerarquía de comisión especial.

El problema que se ha generado es que los trabajos en esta materia no tienen la continuidad necesaria, además de que la capacidad de la comisión especial queda limitada al acuerdo de creación respectivo, de manera que en la práctica los integrantes de dicha comisión especial, al no poder emitir dictamen, terminen por ser invitados a los trabajos de otras comisiones, sea emitiendo opinión o bajo la figura de comisiones unidas.

Ese no es el trato que debe brindarse a una región con la que existe una deuda histórica como país y en la que se requiere una atención permanente y sustantiva.

De lo expuesto hasta aquí se desprenden cuatro componentes del problema.

Primero, que existe un desarrollo regional desequilibrado en perjuicio de las entidades y que dentro de éstas existen tres con el menor índice de desarrollo humano de todo el país y que conforman la parte sustantiva de la región sur-sureste.

Segundo, que el espíritu y la letra tanto de la Constitución, como de la Ley de Planeación alientan a corregir esa circunstancia para que el desarrollo sea incluyente y equilibrado.

Tercero, que se han realizado esfuerzos públicos, tanto del Ejecutivo federal, como de los gobiernos de las entidades, pero que no han sido suficientes hasta el momento.

Y cuarto, que la propia Cámara de Diputados no le ha dado la relevancia necesaria al desarrollo regional sur-sureste.

Argumentos

La propuesta que se presenta a la consideración de esta soberanía es que se brinde atención al problema del desarrollo regional sur-sureste, mediante la conformación de la comisión ordinaria del mismo nombre, considerando los siguientes elementos sobre los antecedentes y la pertinencia de la iniciativa.

La conformación de la comisión especial fue una medida inicial que permitió, hace varias legislaturas, canalizar los reclamos de las entidades de manera emergente en las últimas cuatro legislaturas. Ahora con esa experiencia, se ha madurado lo suficiente y se puede avanzar en la conformación de la comisión ordinaria para el desarrollo regional sur-sureste.

Ello permitirá fortalecidas las capacidades de los legisladores y legisladoras que integren dicha Comisión para las siguientes actividades: dictaminar leyes o decretos; conformar grupos de trabajo; analizar la ejecución del Presupuesto de Egresos; citar y desahogar comparecencias de servidores públicos; solicitar información a los titulares de las entidades de la administración pública federal; emitir opinión en los temas que le remita el pleno o solicite otra comisión; y facilitar la relación con las autoridades que deban intervenir para el desarrollo de los proyectos.

Por lo que hace a la interacción de la Comisión de Desarrollo Regional Sur-Sureste, esta sería con las dependencias y entidades de la administración pública, y su correspondencia natural será con proyectos vinculados al desarrollo económico, de infraestructura y social que tengan impacto en la región sur sureste.

Por tanto su interacción con las autoridades federales se vincularía con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, de Agricultura y otras, en lo correspondiente al desarrollo regional.

La Comisión de Desarrollo Regional Sur-Sureste será un espacio parlamentario adecuado para atender lo relativo al desarrollo, que como ya se señaló está vinculado a la Constitución, así como las leyes relativas a la planeación, el desarrollo social y los decretos de gasto correspondientes en lo que hace al ramo 23.

Adicionalmente, debe considerarse que ya existen diversas comisiones que atienden problemas de carácter regional o transversal que no se vinculan única y exclusivamente a la forma de organización administrativa del Ejecutivo federal.

Es el caso de la Comisión del Distrito Federal, que atiende las circunstancias especiales derivadas del artículo 112 constitucional, sin que existan otras para las demás entidades federativas; de la Comisión de Equidad de Género que tiene un carácter transversal, o de la Comisión de Desarrollo Metropolitano que atiende fenómenos que rebasan la división municipal y en algunos casos la de algunas entidades federativas.

Por lo tanto, considero viable proponer la modificación de la Ley Orgánica del Congreso para establecer como comisión ordinaria la denominada de Desarrollo Regional Sur-Sureste.

Fundamento legal

La fundamentación de la iniciativa corresponde a los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La facultad del pleno para establecer las comisiones de la Cámara de Diputados está señalada en el numeral 1 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Denominación del proyecto de decreto

Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose las subsecuentes.

Ordenamientos a modificar

Artículo 39, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Texto propuesto

Artículo 39

1. Las Comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I. a IX. ...

X. Desarrollo Regional Sur-Sureste;

XI. Desarrollo Rural;

XII. Desarrollo Social;

XIII. Economía;

XIV. Educación Pública y Servicios Educativos;

XV. Energía;

XVI. Equidad y Género;

XVII. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XVIII. Fortalecimiento al Federalismo;

XIX. Función Pública;

XX. Gobernación;

XXI. Hacienda y Crédito Público;

XXII. Justicia;

XXIII. Juventud y Deporte;

XXIV. Marina;

XXV. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXVI. Participación Ciudadana;

XXVII. Pesca;

XXVIII. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXIX. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXX. Puntos Constitucionales;

XXXI. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXII. Recursos Hidráulicos;

XXXIII. Reforma Agraria;

XXXIV. Relaciones Exteriores;

XXXV. Salud;

XXXVI. Seguridad Pública;

XXXVII. Seguridad Social;

XXXVIII. Trabajo y Previsión Social;

XXXIX. Transportes;

XL. Turismo, y

XLI. Vivienda.

Artículo transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor en el momento de su aprobación.

Recinto legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2012.— Diputados: Carol Antonio Altamirano, Fernando Charleston Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

El diputado Fernando Charleston Hernández (desde la curul): Gracias. Señor presidente, Fernando Charleston, de Veracruz. Solamente para pedirle al diputado si me permite adherirme a la propuesta con punto de acuerdo. Conozco la comisión sur sureste desde hace varios años y pedirle su anuencia para adherirme al punto de acuerdo.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante.

LEY AGRARIA - LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Gabriela Medrano Galindo, para proponer iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 162 de la Ley Agraria y 6o. de la Ley General de Bienes Nacionales.

La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con su venia, señor presidente; honorable asamblea, la privilegiada ubicación geográfica de nuestro país nos permite contar con costas en los dos océanos más grandes del planeta, incluso un mar propio, el Mar de Cortés.

Esta extensa zona del litoral mexicano nos permite tener, también, un número importante de tierras insulares. Las islas son parte importante del territorio nacional, incluso, tienen un papel estratégico en términos de soberanía.

Sin embargo, a lo largo de los años nos hemos visto inmersos en conflictos por el reclamo y ocupación de algunos de estos territorios. Un claro ejemplo de ello fue nuestro conflicto con Francia por Clipperton, también conocida como Isla de la pasión, o la desaparecida Isla Bermeja. Cabe mencionar que en cuyos casos no hemos salido bien librados como nación.

Las islas no solo representan un recurso estratégico por su posición geográfica, sino también por los recursos naturales que albergan, ya sea por los yacimientos de hidrocarburos o por la diversidad de las especies que naturalmente se distribuyen en ellas. Basta señalar que la riqueza biológica de las islas mexicanas es impresionante.

Resulta preocupante que desde hace algunos años se ha expuesto en esta máxima tribuna la venta de islas mexicanas en el extranjero y para extranjeros. No obstante, se ha omitido tomar las medidas legales procedentes para salvaguardar estos territorios estratégicos.

Compañeros, si el día de hoy algún extranjero quisiera comprar una isla mexicana, podría escoger entre Isla Cerralvo en Baja California, la Isla Bonita en Nayarit o la Isla Platanito, cerca de Puerto Vallarta, solo por citar algunas.

Estas islas son ofertadas por consorcios internacionales con sedes en Canadá, el Caribe o Europa; promocionan nuestras islas como bien conservadas, con prácticamente nulos impactos por actividades humanas y un enorme potencial para el desarrollo turístico de lujo.

Lo cierto es que las islas son territorios de la nación, que en teoría deberían ser inalienables e imprescriptibles. No obstante, esto no sucede en la práctica, ya que existen vacíos legales que mediante negociaciones y triangulación de trámites pueden hacer posible la desincorporación del territorio insular del régimen federal y su enajenación a particulares, quienes por medio de cesiones de derechos u otros trámites legales, pueden transferir su propiedad a capitales extranjeros.

Compañeros, no podemos dilapidar nuestros recursos ni permitir la pérdida de la soberanía con la venta de nuestro territorio insular mexicano. En términos de conservación, les puedo decir que entre 65 y 75 por ciento del total de las extinciones recientes de fauna han sido especies insulares.

Los números son aún más graves cuando se trata de aves y fauna, ya que 85 por ciento del total de las extinciones de aves ha ocurrido en islas; en la actualidad una de cada tres especies de flora y 23 por ciento de las aves que están sujetas a alguna categoría de riesgo corresponden a especies insulares.

En México gran parte del territorio insular cuenta con un régimen de protección, debido a la riqueza biológica con que contamos. No debemos permitir la degradación en manos de extranjeros.

Las políticas nacionales no pueden ser contrarias, ya que mientras una dependencia como la Conanp hace esfuerzos por la conservación de las islas, otra como la Reforma Agraria las enajena para que un tercero tenga la posibilidad de apropiárselas. Esto, además de atender contra la conservación y soberanía nacional, representa un desperdicio de recursos económicos.

La comercialización internacional de nuestro territorio insular debe llamar la atención, ya que puede generar un riesgo para nuestra soberanía como nación; por ello, la importancia de la reforma que hoy pongo a su consideración.

Las islas han sido consideradas dentro del régimen de los terrenos nacionales o baldíos, mismos que al amparo de la Ley Agraria pueden ser enajenados o desincorporados. No obstante, esto tiene como objetivo favorecer el desarrollo de actividades económicas primarias, como la agricultura dentro de estas tierras.

Sin embargo, debemos recordar que esta regla opera de forma genérica, tanto para territorio insular, como para aquél que se localiza dentro de la plataforma continental; homologación que se considera incorrecta, ya que la naturaleza de los terrenos no es la misma, hablando en términos ambientales e incluso de soberanía nacional.

Por lo anterior, con el único objetivo de preservar los ecosistemas insulares, su biodiversidad y la soberanía nacional, planteo la presente reforma, mediante la cual se excluyen del proceso de enajenación y desincorporación los terrenos nacionales o baldíos ubicados dentro del territorio insular mexicano.

Por estas razones, me permito presentar ante esta asamblea esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Agraria y la Ley General de Bienes Nacionales, a fin de regular la venta de estos territorios insulares y así evitar una posible afectación a la soberanía de nuestro país.

Señores, que quede claro: nuestras islas no se venden y es obligación de este Congreso, en el ámbito de su competencia, defender la soberanía nacional y el territorio que integra nuestro México. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 162 de la Ley Agraria y 6o. de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Planteamiento del problema

La privatización de las islas mexicanas es un tema que debe ser atendido por este Poder Legislativo, en virtud de que representa un potencial problema de soberanía nacional.

Desde algún tiempo ya, se han presentado problemas aislados en las máximas tribunas de este Congreso respecto a la venta y privatización de islas, sin haberse abordado el tema en términos jurídicos mediante el planteamiento de las reformas legales correspondientes.

De poco nos sirvió que hace algunos años, en el Senado de la República, fuera evidenciada una empresa canadiense denominada Private Islands por comercializar islas mexicanas, ya que hoy día al ingresar a su página electrónica podemos encontrara a la venta 2 islas mexicanas, a decir Isla Platanitos, ubicada en las costas del Pacífico, e Islas del Caribe, frente a Quintana Roo.

Según los artículos 27 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos territorios originalmente dependen de la federación; sin embargo, al amparo de la Ley Agraria pueden ser desincorporados de su régimen y enajenados a particulares; lo cual preocupa, porque ello, atenta contra la soberanía nacional, el desarrollo de actividades económicas tradicionales de bajo impacto e incluso con el valor ambiental que tiene estos territorios.

Hablando en términos ambientales, las islas de México albergan una importante biodiversidad además de que gran parte de sus especies son endémicas, (esto quiere decir que solo se encuentran ahí), estas características provocan que sean ecosistemas muy frágiles en los cuales las relaciones de interdependencia y simbiosis entre especies obligan a que exista un equilibrio para la sanidad del ecosistema y la supervivencia de su diversidad, por lo cual resulta fundamental su conservación.

Argumentación

La Convención de Naciones Unidas de Derechos del Mar (Montego Bay), del 10 de diciembre de 1982, firmada y ratificada por México, define a las islas dentro de su parte VIII como una extensión natural de tierra, rodeada de agua que se encuentra sobre el nivel de esta en pleamar.

Los ecosistemas insulares son fragmentos de hábitats naturales, cuyo relativo aislamiento ha permitido la adaptación y evolución de diversas especies de vida silvestre con complejas funciones ecológicas.

Las islas del planeta representan aproximadamente el 3 por ciento de la superficie terrestre; sin embargo, del total de especies de plantas, mamíferos, reptiles y aves, entre el 15 y 20 por ciento se distribuyen en territorios insulares. El relativo aislamiento de estos ecosistemas ha provocado que la relación de interdependencia entre los elementos naturales que los integran sea tan frágil, que la introducción de agentes externos, en particular de fauna introducida, puede desencadenar la devastación de sus poblaciones silvestres y la extinción de especies. No obstante, desde que el hombre inicio las exploraciones marítimas y actividades comerciales, las islas de todos los océanos han servido como zonas de refugio abastecimiento y tránsito, e incluso en algunos casos han sido ocupadas permanentemente.

La colonización y establecimiento de las comunidades humanas al interior de los territorios insulares, trajo consigo el aprovechamiento de sus elementos naturales y la introducción de especies exóticas, lo que ha provocado un daño grave a los ecosistemas. En algunos casos los impactos negativos han resultado irreversibles. Basta recordar que en la actualidad las extinciones de especies en islas es 40 por ciento más probable que las especies continentales. Es muy preocupante que entre el 65 y 75 por ciento del total de las extinciones recientes de fauna han sido de especies insulares. Los números son aun más graves cuando se trata de avifauna, ya que el 85 por ciento del total de las extinciones de aves ha ocurrido en islas. En la actualidad 1 de cada 3 especies de flora y el 23 por ciento de las aves que están sujetas a alguna categoría de riesgo, corresponden a especies insulares.

Por lo que a nuestro país respecta, contamos con una enorme riqueza biológica gracias a la gran extensión de litoral y territorio insular que tenemos, ya que solo el territorio insular mexicano se calcula entre los 5, 127 kilómetros cuadrados. No obstante, en los últimos años las islas mexicanas dependientes y administradas por el Gobierno de la Federación, han tenido diversos conflictos relacionados con su propiedad. Recordemos que hace unos años una empresa canadiense anunciaba en su página de internet la venta de islas mexicanas, en aquel momento Private Islands ofrecía en el mercado internacional las islas Esmeralda, Platanitos, Cayo Venado, Cayo Culebra, Manglar y Tlachichitle. Hoy día la misma empresa sigue manteniendo en oferta las islas Platanitos e islas del Caribe por 3 y 9 millones de dólares respectivamente.

Sin lugar a dudas esto vulnera el mandato constitucional en torno a lo determinado por los artículos 27 y 48, y fomenta los conflictos ambientales e incluso agrarios.

La comercialización internacional de nuestro territorio insular, debe llamar la atención ya que puede generar un riesgo para nuestra soberanía como nación, por ello la importancia de la reforma que hoy pongo a su consideración.

Debemos recordar que por mandato constitucional la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada y que de conformidad con el artículo 48 de la Carta Magna las islas dependen directamente del gobierno de la federación. No obstante, en la práctica las Islas han sido consideradas dentro del régimen de los terrenos nacionales o baldíos, mismos que al amparo de la Ley Agraria pueden ser enajenados o desincorporados.

La enajenación y desincorporación de los terrenos nacionales o baldíos del régimen federal dentro de la Ley Agraria, tiene como objetivo favorecer el desarrollo de actividades económicas primarias como la agricultura dentro de estas tierras; sin embargo debemos recordar que esta regla opera de forma genérica tanto para territorio insular como para aquel que se localiza dentro de la plataforma continental, homologación que se considera incorrecta ya que la naturaleza de los terrenos no es la misma hablando en términos ambientales e incluso de soberanía nacional.

Es así que la Ley Agraria otorga a la Secretaría de la Reforma Agraria, la facultad de desincorporar del régimen federal y enajenar los terrenos nacionales o baldíos a particulares, sean estos insulares o continentales, por lo cual con el único objetivo de preservar los ecosistemas insulares, su biodiversidad y la soberanía nacional, planteo la presente reforma mediante la cual se excluyen del proceso de enajenación y desincorporación los terrenos nacionales y/o baldíos ubicados dentro del territorio insular mexicano, dejando fuera de esta regulación aquellas islas en las que al momento de la publicación de la Constitución, las entidades federativas constituidas hayan ejercido actos de jurisdicción.

Esta reforma reconoce que hay pobladores que históricamente han habitado territorio insular mexicano y que realizan prácticas productivas de baja escala como la pesca, y que tienen derechos adquiridos en torno al aprovechamiento de los recursos de esas islas, por lo cual estas prácticas no se verán afectadas.

El objeto es salvaguardar la soberanía nacional, favorecer la conservación de la biodiversidad en territorio insular mexicano, elemento fundamental para la riqueza natural del país, por ello la presente iniciativa con proyecto de decreto plantea adicionar un párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria, en virtud de que al amparo de esta ley y como se ha expuesto corresponde a la Secretaría de la Reforma Agraria llevar a cabo la desincorporación del régimen federal y enajenación de los terrenos nacionales y baldíos, dentro de los cuales en la práctica se ha incluido el territorio insular, es especifico dicha ley, dentro del título noveno, hace referencia a los terrenos baldíos y nacionales y el proceso mediante el cual la Secretaría de la Reforma Agraria lleva a cabo el deslinde y enajenación de este tipo de predios; el artículo 162 establece en forma expresa quienes tendrán la preferencia para adquirir estos predios, por ello el planteamiento de reforma propone la adición del segundo párrafo a están artículo estableciendo una excluyente para la enajenación y desincorporación del régimen federal los territorios insulares que en términos del artículo 48 constitucional dependan de la federación.

Para fortalecer el tema expuesto, se plantea una segunda reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, ya que expresamente en su artículo 6 alude que serán sujetos al dominio público de la federación los zócalos de las islas al referirse a ellos como los bienes señalados en los párrafos cuarto, quinto y octavo del artículo 27 constitucional, los cuales con referencia al artículo 13 de la propia Ley de Bienes Nacionales son inalienables, ya que establece

Artículo 13. Los bienes sujetos al régimen de dominio público de la federación son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra por parte de terceros.

Sin embargo, las islas no se encuentran expresamente contenidas en dicho artículo 6, sólo los zócalos de ellas, por lo que no les aplica la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del artículo 13 de referencia, es por ello que se reforma la fracción I del artículo, 6 incluyendo las islas en términos del artículo 48 constitucional que además son consideradas por la fracción II del artículo 42 del mismo cuerpo normativo como partes integrantes de la federación y el territorio nacional.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto por el Artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman la Ley Agraria y la Ley General de Bienes Nacionales

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo segundo al Artículo 162 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 162.Tendrán preferencia para adquirir terrenos nacionales, a titulo oneroso, los poseedores que los hayan explotado en los últimos tres años. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley General de Bienes Nacionales.

No podrán ser enajenados, ni desincorporados del régimen de dominio público de la federación los terrenos nacionales o baldíos que se localicen dentro del territorio insular mexicano, que dependan directamente del gobierno de la federación en términos del artículo 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 6 de la Ley General de Bienes Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 6. Están sujetos al régimen de dominio público de la federación:

I. Los bienes señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, 48 y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. a XXI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan y abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Consultado en http://www.privateislandsonline.com/islands/platanitos-island el día 18 de septiembre de 2012.

2 Instituto Nacional de Ecología, “Macrolocalización de las islas del Pacífico de la península de Baja California”, consultado en www.ine.gob.mx/publicacioens el día 18 de septiembre de 2012.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.— Diputada Gabriela Medrano Galindo (rúbrica).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

ARTICULOS 35, 39, 41, 73 Y 116 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: La propuesta que vamos a someter, en base con el derecho de iniciativa que norma el 71 constitucional, es una propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cinco artículos, que nos parece se pueden adecuar para dar paso a una figura que nos parece que queda pendiente en materia democrática y de reforma del Estado en el país, me refiero al tema de la revocación del mandato.

Si bien hay en esta Cámara, en diferentes legislaturas, alrededor de 20 iniciativas que se han presentado por legisladores de diferentes partidos, y también cuando se modificó la Constitución para el tema de la iniciativa popular y de la consulta popular, se discutió el tema de la revocación del mandato e incluso hubo un proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, lo cierto —compañeros legisladores— es que ha faltado voluntad y decisión política para entrarle a fondo al tema de la revocación del mandato.

Dice el artículo 39 constitucional que la soberanía nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo, que el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Nosotros estamos proponiendo que en este artículo 39 se adicione además que tienen los ciudadanos el derecho de revocar el mandato popular en los términos que establezca la propia ley, y estamos planteando adicionalmente, en el artículo 35, que habla de los derechos del ciudadano, adicionar una fracción para establecer como uno de los derechos del ciudadano revocar el mandato popular a los cargos políticos representativos con las calidades y características que establezca la ley.

Nos parece que esto es fundamental, si el pueblo eligió, el pueblo debe tener también el derecho a remover a quien no le cumpla por negligencia, corrupción, complicidad o alejamiento de la Constitución.

Por eso estamos planteando que en el artículo 41 constitucional se establezca un segundo párrafo, donde se señale con claridad que el pueblo en ejercicio de su soberanía puede remover el mandato popular, y estamos planteando que esta revocación de mandato pueda ser para el titular del Poder Ejecutivo federal a los tres años de su ejercicio constitucional, y esto en base a una consulta popular que debe estar normada por la legislación reglamentaria.

Estamos planteando también como una reforma al artículo 41 constitucional que se pueda revocar el mandato a los gobernadores, al Jefe de Gobierno, a los jefes delegacionales y a los presidentes municipales.

Nos parece que una reforma política y de Estado que no pase por un tema de revocación de mandato es una reforma incompleta y no estamos cumpliendo a cabalidad nuestro mandato constitucional.

Para tal efecto estamos planteando también que en el artículo 73 constitucional, en la fracción XXIX-Q se adicione, que además de tener facultades para legislar el Congreso de la Unión en materia de iniciativa popular y consulta popular, lo tenga para revocación del mandato y de esta manera que tengan todas sus facultades para poder legislar en la materia.

Por último, en el artículo 116 constitucional, estamos planteando que en las legislaturas de los estados establezcan las características y los supuestos para la revocación del mandato.

Compañeras y compañeros legisladores, nos parece que ésta es una manera de poner un freno a la impunidad, de acabar con la negligencia y con la corrupción. El pueblo no tiene porqué sufrir seis años de malos gobiernos, el pueblo no tiene porqué pagar los platos rotos de gobiernos que no cumplen su función; por eso estamos planteando la revocación del mandato y que a los tres años se le consulte al pueblo si debe seguir el presidente de la República, si debe seguir el gobernador del estado o en el caso de los ayuntamientos y de los jefes delegacionales a la mitad del periodo.

Pedimos que se trate ya este tema, que no siga siendo un tema que todo mundo le da la vuelta porque toca intereses creados y que nos vayamos a fondo en esta Legislatura a legislar en materia de revocación del mandato, que no duerman más iniciativas el sueño de los justos y que atendamos este mandato ciudadano. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, diputado Ricardo Mejía Berdeja, y suscita, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracciones 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, lainiciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los articulos 35, fracción VIII, 39, 41, se adicionan parrafo segundo y fracciones I y II, 73, fraccion XXIX-Q y 116, fraccion VIII, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,al tenor de la siguiente

Planteamiento del problema

Partiendo del precepto constitucional, que establece en su artículo 39 que “la soberanía nacional reside esencial y orginariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”, es que se fundamenta el derecho que tienen los ciudadanos sobre los poderes públicos.

En esta materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado una jurisprudencia en firme para confirmar que los depositarios del poder público dimanan de la soberanía popular, por que el pueblo los eligió, y que es prerrogativa de los ciudadanos además del derecho a votar y ser votado, el determinar las normas que regirán sus actos, a través del Poder Legislativo.

Se ha hecho creer que los ciudadanos al elegir a sus representantes, ceden su soberanía y pasan a tomar el modesto lugar de gobernados. La forma de representación y mandato no implica que los gobernados entreguen la soberanía, más bien delegan facultades y designan representantes, que deben sujetar su actuación a los lineamientos constitucionales y las leyes que de ella emanan. Lo que hace explícito que el pueblo da y retira las atribuciones que considere necesarias.

Además, del artículo 40 constitucional se desprende que nos constituimos en una república representativa, y por lo tanto la representación popular no se puede entender sin garantías a la ciudadanía a través de mecanismos de participación y control.

La democracia representativa y formal exige de la participación de la ciudadanía, no sólo en la elección de los representantes a los cargos de elección, sino en las decisiones fundamentales que les conciernen. Uno de esos derechos inalienables de las y los ciudadanos es exigir rendición de cuentas a sus gobernantes, que va más allá de la transparencia, mas bien en que éstos cumplan con sus obligaciones y responsabilidades en beneficio del pueblo.

Hasta la fecha, los ciudadanos han quedado sujetos al arbitrio y designio de los funcionarios electos y éstos desvinculados de los intereses y necesidades de la ciudadanía. Todos hemos escuchado el reclamo en campañas, de que una vez electos éstos no regresan con el electorado, y que a pesar de no satisfacer las necesidades de la ciudadanía, los gobernantes continúan hasta el término del período para el cual fueron electos.

El sistema representativo tradicional se ha venido agotando al ser insuficientes para el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; muchos sectores o minorías han quedado fuera de la representación o existen déficits de representación, como en el caso de la representación política de las mujeres; asimismo hay un gran distanciamiento entre la clase gobernante y la ciudadanía; el poder público se ejerce sin un control ciudadano y la democracia se ha estancado, para ser un mero ejercicio del voto, y no una forma de vida de la ciudadanía, tal como se concibe en el artículo 3º Constitucional.

Los mecanismos de control con que se cuentan en la actualidad, como el juicio político y el amparo, han demostrado su ineficacia para remover representantes populares que no cumplen con sus obligaciones o protegerse de los abusos del poder.

Mientras que en la constitución de 1857 se autorizaba el desafuero no sólo por traición a la patria y delitos graves del orden común, sino también por violación expresa de la Constitución y ataques a la libertad electoral. Ahora, conforme al artículo 108 Constitucional, el Presidente de la República sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, pero el uno y los otros se identifican para el efecto de ser tratados mediante el juicio político, que en México no tiene precedentes. Sin duda, esa “reforma” en aquel entonces tuvo objetivos políticos acordes a la situación del país, hoy en día no es aceptable para seguir avanzando en nuestra vida democrática.

A diferencia de otros procedimientos de destitución, como el juicio político, la revocación del mandato se decide en las urnas y no supone acción judicial, mientras en el primero es el congreso. Una de las discusiones que se ha dado en torno a estos mecanismos, estriba justamente en el debido proceso que considera en el juicio político, pero se han generado consensos en torno a que los electores les corresponde elegir la legalidad, racionalidad y suficiencia de los motivos, los cuales no son objeto de revisión judicial.

Hacia finales de la anterior legislatura se avanzó en una “reforma política” que quedo truncada por la partidocracia, en la que se establecieron algunos mecanismos de participación como el plebiscito y el referéndum, pero se negaron a avanzar en uno de los mecanismos de control ciudadano más importantes: la revocación del mandato.

Había materia suficiente para que este Congreso avanzara en esa demanda fundamental de la ciudadanía, pues en las últimas tres legislaturas se han propuesto veinte iniciativas sobre la figura de revocación de mandato, presentadas por legisladores de diferentes grupos parlamentarios, e incluso se había avanzado en la presentación de un proyecto de dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales en la anterior legislatura, en octubre del 2011. Pero la partidocracia –que hemos instituido– no se decidió a ponerse a prueba frente a la ciudadanía a la que se debe.

Recojo los nombres de los legisladores que nos antecedieron en impulsar esta reforma:

En la LIX Legislatura, los diputados Pedro Vázquez González y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, y César Amín González Orantes, del Revolucionario Institucional.

En la LX Legislatura, los diputados José Manuel del Río Virgen, Alejandro Chanona, y Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, Marina Arvizu de Alternativa, Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo, Raymundo Cárdenas Hernández y Claudia Lilia Cruz Santiago, del Partido de la Revolución democrática, y Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.

En la LXI Legislatura fueron los diputados Jaime Cárdenas García y Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, Araceli Vázquez Camacho, Juventino Castro y Castro y José Luis Jaime Correa, del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel García Granados, María del Carmen Izaguirre Francos, Omar Fayad Meneses, Arturo Zamora Jiménez y Ana Estela Durán Rico, del Partido Revolucionario Institucional, y Pedro Jiménez León, de Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano).

Ahora bien, haciendo una revisión de los antecedentes cercanos y citando el proyecto de dictamen sobre revocación de mandato, realizado por la Comisión de Puntos Constitucionales en la anterior legislatura, tenemos que “el único referente para la revocación de mandato en nuestra Carta Magna se localiza en el artículo 115 que imprimió la revocación de mandato como facultad de los Congresos locales, al señalar en su fracción I, párrafo tercero, lo siguiente:

Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causales graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido la oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.”

Con lo que queda evidente, que solo a nivel municipal se pueden remover funcionarios. En ese mismo proyecto se encuentra que la figura de revocación de mandato está regulada en 27 entidades federativas para revocar el mandato a presidentes municipales o funcionarios de los ayuntamientos, y que sólo en Chihuahua existe un procedimiento para revocar el mandato al titular del ejecutivo, diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos.

Un primer ejercicio de esta naturaleza en el país se realizó a través de la consulta ciudadana de ratificación de mandato en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el 25 de septiembre de 2011. Fue impulsada por el presidente municipal, en ese entonces, Enrique Alfaro Ramírez, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Jalisco, durante los comicios de 2012.

La revocación de mandato procede de una solicitud por parte de la ciudadanía para someter a consulta pública la continuidad de un gobernante cuando se presente alguna causa grave que amerite su destitución. En el caso del ejercicio de consulta ciudadana de ratificación de mandato en el municipio de Tlajomulco, fue una acción voluntaria, promovida por el presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez, ya que había sido un compromiso de campaña, con lo que se demostró que cuando hay compromiso, congruencia y voluntad, se pueden realizar las cosas y se pueden poner a prueba.

Los sistemas democráticos contemporáneos han creado una serie de veredas para expresar la disidencia. En ese marco, la revocación del mandato es además una válvula que evita que los conflictos políticos encuentren una vía de solución regulada, pacífica y constitucional.

La revocación del mandato se hizo posible gracias a una conquista democrática de hace ya casi un siglo en los Estados Unidos. De entonces a la fecha han sido pocas las naciones que la han incorporado a sus diseños constitucionales.

Haciendo un estudio comparado, hay 17 países en América Latina que tienen en su constitución la figura de la revocación del mandato o su equivalente, y son conocidos procesos revocatorios en California, Venezuela y recientemente en Ecuador, además de que en Estados Unidos la hay a nivel estatal.

Por otro lado, visto desde el tema de la rendición de cuentas, hoy en día el único mecanismo del que disponen los ciudadanos para premiar o castigar a los funcionarios electos, es vertical y se da exclusivamente en las elecciones para elegir funcionarios, pero no para revocar o ratificar.

Como toda institución, la revocación del mandato se ubica dentro de un complejo aparato democrático representativo, es un dispositivo adicional, que bien regulado puede contribuir a fortalecer el sistema representativo y la rendición de cuentas.

Se hace necesario entonces que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se adecue a la realidad actual y defina líneas que normen y orienten dicho procedimiento. La revocación del mandato es una figura que como nunca antes, después de varios gobiernos fallidos, se hace necesaria y su regulación en la Constitución es impostergable.

Argumentación

En este orden de ideas, la figura de revocación de mandato se hace necesaria también para fortalecer el vínculo entre las instituciones de gobierno y la ciudadanía, pues se obligaría a los funcionarios electos a rendir cuentas respecto de la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus cargos, de manera transparente.

Es imprescindible que el proceso democrático cumpla con ciertas restricciones éticas, poniendo límites al ejercicio en los cargos públicos, y que las instituciones públicas estén obligadas a ver al ciudadano como actor fundamental de la vida democrática y su razón de ser.

Con la revocación del mandato se da respuesta a la sentida demanda orientada a inhibir o sancionar la inobservancia de la ley, que durante muchos años ha venido favoreciendo a la impunidad imperante en México.

Conforme al análisis de la ministra Olga Sánchez Cordero, en la revisión de la acción de inconstitucionalidad 8/2010, hace una definición de la figura de revocación de mandato con la que coincidimos plenamente:

La revocación del mandato se erige como una institución democrática fundamental y no sólo como un mecanismo procedimental para separar, reemplazar a un servidor público de su encargo, ya que a través de ella se legitima la decisión popular de separar a los funcionarios públicos cuando éstos dejen de inspirar confianza a quienes los eligieron estatuyéndose como un control permanente de los votantes sobre los funcionarios públicos, haciendo real y efectiva la ejecución del derecho de reemplazarlos en cualquier momento como lo señala el artículo 39 constitucional, edificándose entonces como un mecanismo democrático, activado por los ciudadanos en donde además opera como correctivo de deficiencias de funcionamiento de las instituciones democráticas de representación.

Luego entonces, la revocación del mandato tiene como características que

• Es un derecho o facultad que asiste a las y los ciudadanos.

• Los destinatarios son los funcionarios electos.

• No se prevé al principio del ejercicio del mandato, tiene un período de gracia para permitir que los funcionarios desplieguen su función gubernamental y demuestren su competencia.

• Es un procedimiento democrático que pasa por las urnas donde deciden los electores.

• Puede promoverse por diversas causas, ya sea como una calificación previa o ante el incumplimiento de obligaciones de los funcionarios y autoridades electas.

Las causas que en esta iniciativa de reforma constitucional se prevén para iniciar el proceso para la revocación del mandato de funcionarios y autoridades electas es por omisión evidente, corrupción, negligencia o ejercicio indebido de las facultades que conforme a las leyes le corresponden y violación de derechos humanos y con ello causen daños o prejuicios a la institución, y afecte los intereses de la nación.

La solicitud para el inicio del procedimiento y los requisitos que se deben contemplar, quedarán establecidos en la reglamentación secundaria que deberá de hacerse, una vez aprobada la figura de revocación de mandato.

La propuesta no busca abrir la puerta a la ingobernabilidad, por el contrario tiene como fin contribuir a la consolidación de nuestra vida democrática, que sea horizontal, incluyendo a todas y todos, y limite las formas verticales de poder.

La revocación del mandato es un instrumento que es importante tener, para tener a la vista, tanto de los representantes como de los representados como un recordatorio de que la soberanía reside en el pueblo y el gobierno se instituye para su beneficio.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propone que los gobernados puedan remover a los malos gobernantes o representantes populares por causas graves con la revocación de mandato. Así mismo la iniciativa modifica y adiciona los artículos 35, 39, 41, 73 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Uno de los ejes rectores de la iniciativa se respaldan en el artículo 35que a la letra dice: “Son prerrogativas del ciudadano I. Votar en las elecciones populares...”, por tanto se propone adicionar al artículo 35 la fracción Vl, a fin de que los ciudadanos tengan como derecho remover a los gobernantes que no cumplan con el mandato, respecto al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste...”, por lo cual se propone adicionar dentro del mismo párrafo el derecho que el pueblo tiene de alterar o modificar la forma de su gobierno y de revocar el mandato cuando sus gobernantes, que incurran en el ejercicio indebido de las facultades y obligaciones adquiridas ante la Constitución y ley, no cumplan con las acciones que les compete, durante su gestión.

El artículo 41 a la letra dice: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal ...”, se propone que el pueblo ejerza su soberanía, mediante la revocación de mandato, remover a los titulares de los órganos del Poder Ejecutivo, en el caso del ejecutivo federal al cumplir tres años de gestión, mediante consulta ciudadana.

Revocar el mandato al encargo de gobernador, jefe de gobierno, jefes delegacional es del Distrito Federal, y presidentes municipales para su procedencia deberá haber transcurrido como mínimo la mitad del periodo respectivo.

El artículo 73 a la letra dice: “ El Congreso tiene la facultad para admitir nuevos estados a la Unión Federal para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: ...”; se propone adicionar en la fracción XXXIX-Q, legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares y revocación de mandato.

Por último el artículo 116 a la letra dice: “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo ...”, se propone adicionar en la fracción VIII, que el congreso de cada estado de la federación fije los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos, mediante la figura de revocación del mandato en los términos que los mismos establezcan.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 35, fracción VIII, 39, 41; se adicionan segundo parrafo y fracciones I y II, 73, fracción XXlX-Q y 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforman y adicionan los artículos 35 fracción Vl, 39, 41 se adicionan segundo párrafo y fracciones I y II, 73, fracción XXIX-Q, y 116, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Articulo 35.Son derechos del ciudadano

I. Votar en las elecciones populares;

II. a VII. ...

VIII. Revocar por medio del sufragio el mandato popular a los cargos públicos representativos conferidos en elecciones libres y auténticas, en los términos que establezca esta Constitución y la ley respectiva.

IX. ...

Artículo 39.La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; de igual forma, tiene derecho a elegir y revocar el mandato popular en los términos que establezca esta Constitución y la ley.

Articulo 41.El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

El pueblo, en ejercicio de su soberanía, tiene derecho a la revocación de mandato para remover a los titulares de los cargos públicos representativos, de conformidad con las bases siguientes:

I. Revocar el mandato popular al titular del Poder Ejecutivo federal, previa consulta que se realice después de haber transcurrido la mitad de su mandato en los términos que establezca la ley.

II. Revocar el mandato popular al encargo de gobernador, jefe de gobierno y jefes delegacionales del Distrito Federal y presidentes municipales previa consulta que se realice después de haber transcurrido la mitad de su mandato en los términos que establezca la ley.

La ley establecerá los requisitos, términos y condiciones en que se realizara la consulta de revocación del mandato.

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I,II, III, ...

Artículo 73. El congreso tiene la facultad

I. a XXIX-P. ...

XXIX-Q.Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares y revocación de mandato.

XXX. ...

Artículo 116.El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. a VII. ...

VIII. Las legislaturas de los estados, conforme a las bases previstas en esta Constitución, regularán la revocación del mandato como un derecho humano del ciudadano de su entidad federativa.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.— Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Mejía. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Araceli Torres Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 183 y adiciona un artículo 183 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La diputada Araceli Torres Flores:Con la venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.

La diputada Araceli Torres Flores: Compañeras y compañeros diputados, nuestro país durante muchos años sustentó su modelo económico bajo una visión nacionalista del desarrollo; sin embargo, a partir de las tres últimas décadas esta situación cambió y con ello los avances logrados comenzaron a sufrir un proceso de deterioro.

En el aspecto del desarrollo nacional el campo mexicano fue el más lastimado, lo que ha provocado que se pierda la capacidad de generar granos básicos de manera suficiente para atender las demandas internas, llegando a grado tal que México sufre dependencia alimentaria teniendo que importarlos de otras naciones, principalmente de Estados Unidos de América.

A 18 años de puesto en marcha el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector agrícola de nuestro país se encuentra en una crisis de producción, generada por la incapacidad de competir con agricultura de países que reciben numerosos apoyos y subsidios de sus respectivos gobiernos.

La falta de inversión y apoyo al campo mexicano, sumado a la actual crisis financiera y a la desprotección de este rubro desde hace varios años, han provocado que no cuente con la capacidad de producción de alimentos acorde al tamaño y al crecimiento de la población mexicana.

Así vemos cómo el déficit de los alimentos que generan un aumento considerable en las importaciones y los bienes necesarios para satisfacer las demandas internas a las cuales bajo este esquema crecen año con año, lo cual, junto con los factores internos que establecen claras contradicciones en la distribución e ingreso, acentúan la fragilidad y la seguridad alimentaria.

En este contexto, el flujo total de comercio agroalimentario de México registró un crecimiento mayor a 9.3 por ciento anual, en el periodo comprendido en los años de 1991-2000. La producción insuficiente de alimentos se cubre con importaciones provenientes en su mayoría de Estados Unidos de América, lo que agrava la dependencia alimentaria de México. Dicha dependencia es más aguda en la producción como el sorgo, el trigo, el maíz, el frijol, la cebada, el grano; en estos productos de importación ha aportado aumentos importantes en valor y en volumen.

Por poner un ejemplo, en el caso del maíz se importa casi el 30 por ciento del consumo interno anual, lo cual es un hecho preocupante, con el enorme riesgo de que sea maíz transgénico, sin ninguna clase de etiquetado.

Otro ejemplo preocupante es el frijol, ya que también la mayor parte de la importación proviene de Estados Unidos de América, bajo el régimen de libre mercado.

Un estudio llevado a cabo en la Cámara de Diputados en México, en el 2009, reveló que de diciembre de 2005 a diciembre de 2008 el frijol tuvo un aumento en su precio del 44.2 por ciento; es decir, que los precios del frijol se han venido incrementando de manera más acelerada que otros alimentos de la canasta básica, lo que ha provocado el consumo de alimentos de menor calidad nutricional en algunos estratos de bajo ingreso.

Es necesario recordar que en el período de desgravación de 15 años para proteger el frijol y el maíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se observaron años en los cuales las importaciones superaron los cupos acordados, incluso se importó frijol de contrabando; por ello, los productores mexicanos temen que ahora —ya que se pueda importar frijol libremente a precio del mercado estadounidense— se implemente una política de apoyo a los productores estadounidenses para apropiarse del mercado del frijol en México.

En este contexto, se genera un escenario de extrema vulnerabilidad, dado que dependemos de la importación de artículos de primera necesidad, como son los granos básicos, lo cual se ha visto reflejado en un aumento exponencial de los precios de los principales alimentos, provocando que la mayor parte de la población no pueda adquirir una canasta básica.

Sobre el problema antes referido de la inseguridad alimentaria, algunos datos revelan que las zonas rurales son las que se encuentran en el mayor porcentaje de inseguridad alimentaria, con un 80 por ciento de la población, lo que equivale a poco más de 20 millones de habitantes; sin embargo, en las zonas urbanas la situación no es mejor, ya que el 40 por ciento de la población urbana padece inseguridad alimentaria.

Por otro lado, debemos destacar que las entidades donde la inseguridad alimentaria es muy grave son Oaxaca y Chiapas, donde más del 80 por ciento de su población no tiene los recursos para adquirir una canasta básica. En esta situación grave se encuentran Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Yucatán, San Luis Potosí, Durango y Campeche.

Así entonces, compañeras y compañeros legisladores, debemos ser enfáticos; en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo creemos que el sector agropecuario debe considerar un área estratégica para el desarrollo del país y por ello estamos proponiendo modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para incluir una serie de acciones que puedan disminuir la dependencia alimentaria a través de la transferencia tecnológica a los productores vinculados y proporcionándoles asistencia técnica y recursos. Es cuanto. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 183 y adiciona el 183 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Araceli Torres Flores, del Grupo Parlamentario del PT

Planteamiento del problema

Nuestro país durante muchos años sustentó su modelo económico bajo una visión nacionalista del desarrollo, sin embargo a partir de las tres últimas décadas, esta situación cambió y con ello, los avances logrados comenzaron a sufrir un proceso de deterioro.

Las causas de este viraje fueron múltiples, pero principalmente se gestó una nueva clase política alejada de los intereses nacionales y del mejoramiento social; ellos fortalecían la injerencia extranjera en las decisiones internas, particularmente en la conducción de la política económica y la excesiva concentración de la riqueza que frenaron de manera abrupta la escala ascendente de los beneficios sociales del crecimiento.

En ese contexto, el aspecto del desarrollo nacional más lastimado fue el campo mexicano, lo que ha provocado que se pierda la capacidad de generar granos básicos de manera suficiente para atender la demanda interna, llegando a grado tal que México sufre dependencia alimentaria teniendo que importarlos de otras naciones, principalmente Estados Unidos de América.

Argumentos que sustentan la iniciativa

A 18 años de puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector agrícola de nuestro país se encuentra en una crisis de producción, generada por la incapacidad de competir con la agricultura de países que reciben numerosos apoyos y subsidios de sus respectivos gobiernos además de sufrir las consecuencias de una mala política económica hacia el sector agropecuario.

La falta de inversión y apoyo al campo mexicano, sumado a la actual crisis financiera y a la desprotección de este rubro desde hace varios años, han provocado que no cuente con la capacidad de producción de alimentos acorde al tamaño y al crecimiento de la población mexicana.

Así vemos cómo el déficit de alimentos genera un aumento considerable en las importaciones de los bienes necesarios para satisfacer la demanda interna, las cuales bajo este esquema crecen año con año, lo cual junto con los factores internos que establecen claras contradicciones en la distribución del ingreso, acentúa la fragilidad de la seguridad alimentaria.

En ese contexto, el flujo total de comercio agroalimentario de México registró un incremento mayor a 9.3 por ciento anual en el periodo comprendido entre los años de 1991 a 2000. Desde aquí, la insuficiente producción de alimentos se cubre con importaciones, provenientes en su mayoría de Estados Unidos de América, lo que agrava la dependencia alimentaria de México principalmente con este país.

La dependencia agroalimentaria externa de México es más aguda en productos como sorgo, trigo, maíz, frijol y cebada en grano. En estos productos su importación ha reportado aumentos importantes en valor y volumen.

A pesar de que México ha sido importador de granos básicos, es a partir de las últimas dos décadas del siglo pasado cuando los volúmenes y el valor de estos productos se incrementó en forma notoria, las compras al exterior de alimentos ascendieron de 3 mil 500 millones de dólares en 1980 a más de 9 mil 800 millones de dólares en 2000, actualmente se estima que se importan estos productos con un valor de más de 25 mil millones de dólares.

Tan sólo por poner un ejemplo, en el caso del maíz se importa casi el 30 por ciento del consumo interno anual, lo cual es un hecho preocupante, con el enorme riesgo de que sea maíz transgénico sin ninguna clase de etiquetado, dado que el gobierno norteamericano se ha negado permanentemente a etiquetar y diferenciar el maíz transgénico del maíz convencional bajo el argumento de que ambos son “sustancialmente equivalentes”.

Otro ejemplo preocupante es el del frijol, ya que también la mayor parte de las importaciones provienen de Estados Unidos, bajo el régimen de libre mercado. Un estudio llevado a cabo por la Cámara de Diputados de México en el 2009, reveló que de diciembre de 2005 a diciembre de 2008 el frijol tuvo un aumento en su precio de 44.2 por ciento, es decir, los precios del frijol se han venido incrementando de manera más acelerada que otros alimentos de la canasta básica, lo que ha provocado su sustitución por alimentos de menor calidad nutricional en algunos estratos de más bajos ingresos.

Es necesario recordar que en el periodo de desgravación de 15 años para proteger el frijol y el maíz del TLCAN, se observaron años en los cuales las importaciones superaron a los cupos acordados, incluso se importo frijol de contrabando, por ello los productores mexicanos temen que ahora que ya se puede importar frijol libremente a precios del mercado estadounidense, se implante una política de apoyo a los productores estadounidenses para apropiarse del mercado del frijol en México.

En este contexto, se genera un escenario de extrema vulnerabilidad, dado que dependemos de la importación de artículos de primera necesidad como son los granos básicos, lo cual se ha visto reflejado en un aumento exponencial de los precios de los principales alimentos provocando que la mayor parte de la población no pueda adquirir una canasta básica ocasionando el problema antes referido de “inseguridad alimentaria”.

Algunos datos revelan que las zonas rurales son en las que se encuentran el mayor porcentaje de inseguridad alimentaria con un 80 por ciento de población, lo que equivale a poco más de 20 millones de habitantes, sin embargo en las zonas urbanas la situación no es mejor ya que el 40 por ciento de la población urbana, padece inseguridad alimentaria.

Por otro lado, debemos destacar que las entidades donde la inseguridad alimentaria es muy grave son Oaxaca y Chiapas, donde más del 80 por ciento de su población no tiene los recursos para adquirir una canasta básica. En situación grave se encuentran Zacatecas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Yucatán, San Luis Potosí, Durango y Campeche.

En un nivel medio de seguridad alimentaria se encuentran Tabasco, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, estado de México, Coahuila, Morelos, Nayarit, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Quintana Roo y Colima.

Finalmente, sólo Baja California se sitúa en una condición mejor, ya que por su estructura demográfica más del 50 por ciento de la población logra cubrir sus necesidades alimenticias.

Así entonces, compañeras y compañeros legisladores, debemos ser enfáticos que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo creemos que el sector agropecuario debe ser considerado un área estratégica para el desarrollo del país, ya que al disminuir la dependencia alimentaria del exterior se lograra un desarrollo nacional más equitativo, por lo cual es urgente que se implemente un plan nacional emergente para disminuir la dependencia alimentaria, propósito de la presente iniciativa.

Fundamento legal

Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Ordenamiento a modificar

Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se reforma el artículo 183, se adiciona un segundo párrafo a la fracción III y se reforma la fracción VIII, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 183. Para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el gobierno federal impulsará en las zonas productoras un programa nacional que contemple los siguientes aspectos:

I. y II. ...

III. ...

Para tal efecto se deberá promover una política de fomento de la innovación y la transferencia tecnológica involucrando a las universidades e institutos tecnológicos, buscando interacciones con los productores.

IV. a VII. ...

VIII. La aplicación de medidas de certidumbre económica, financiera y comercial que garanticen el cumplimiento de los programas productivos agroalimentarios referidos en el artículo 180 y un sistema de financiamiento rural que movilice el ahorro en el marco de la agricultura familiar y haga énfasis en la formación de capital.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 183 Bis, a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 183 Bis. El Estado otorgará los recursos económicos necesarios para la elaboración y ejecución de un plan nacional para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

Artículo transitorio

Único. Las presentes adiciones contenidas en este decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de dos mil doce.— Diputada Araceli Torres Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada Torres Flores. Se turna la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Rural, para su dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 205 de la Ley del Seguro Social.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, en los albores del siglo XXI, la discriminación coarta la libertad de los individuos y genera condiciones de violencia en las sociedades; la discriminación es una conducta violatoria de los derechos humanos, ya que daña el tejido social, atenta contra la cohesión y atenta contra la dignidad de las personas.

Nueva Alianza asume el compromiso de proveer y fomentar la equidad de género, lo que significa crear las condiciones de justicia para las mujeres, pero también para los hombres; ambos tienen el derecho de que el Estado salvaguarde el acceso a los servicios públicos, sin distinción de género.

En consecuencia y asumiendo el compromiso de trabajar por un Estado democrático e incluyente, proponemos esta iniciativa de reforma que pretende modificar la Ley del Seguro Social, a fin de que los trabajadores varones no sean objeto de discriminación.

El artículo 205 de la Ley del Seguro Social —que se pretende reformar— establece que el servicio de guarderías será para las madres aseguradas, los viudos, divorciados y los que legalmente mantengan la custodia de los hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato.

Desde nuestra consideración, este artículo ocasiona una discriminación del servicio de guardería para el género masculino por motivo de su estado civil o relación conyugal.

Esta situación nos remite al quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional o de género.

De igual forma, el artículo 4o. constitucional señala: El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Por lo anterior, queremos reafirmar la obligación del Estado, cualquier acto discriminatorio en el acceso a los derechos sociales y en caso de existir, aplicar las reformas necesarias para que prevalezcan las garantías individuales y los derechos humanos.

Desde el punto de vista del derechohabiente, resulta sumamente injusto aportar recursos a un esquema de seguridad social que les niega el servicio de guarderías a los hijos por motivos de un esquema familiar diferente o por la falta de un trámite burocrático-legal. Discriminación se hace exclusivamente en el caso de los derechohabientes hombres y con fundamento en una ley secundaria, que resulta inconstitucional.

Nuestra propuesta de adición al artículo 205 de la Ley del IMSS, es la siguiente: Las madres y los padres asegurados tendrán derecho a los servicios de guardería durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta ley y en el reglamento relativo.

Lo que se pretende evitar con esta iniciativa de reforma es la situación donde un padre asegurado no pueda dejar a sus hijos en una guardería cuando la madre, por razones laborales, no esté asegurada y no pueda cuidar a sus hijos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de las diputadas y los diputados esta propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social y esperamos contar con su apoyo. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 205 de la Ley del Seguro Social, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

La modernidad implica cambios sustanciales en la vida de las personas, los cuales contradicen las formas tradicionales de reproducción de las sociedades.

La globalización, por su parte, comprende otro fenómeno del capitalismo que acelera los cambios vertiginosos en la sociedad y sobre todo en las relaciones laborales. Tales cambios se reflejan en la vida cotidiana de los trabajadores y su composición familiar. Si consideramos que el núcleo familiar es la unidad de la reproducción social, serán previsibles grandes cambios sociales.

Estos cambios en la interacción de los medios de producción provocan que los papeles en las familias cambien, en virtud de que el de la figura del proveedor y la manutención del hogar se comparte entre el hombre y la mujer; o bien, cada vez más la mujer va adquiriendo esta figura que históricamente perteneció al género masculino. En respuesta de tan vertiginoso cambio, el Estado ha creado condiciones que permiten a los trabajadores adaptarse más fácilmente al nuevo contexto de producción.

Sin embargo, las mujeres han tenido que abogar por sus derechos de género, y buscar un adelantamiento en el marco normativo del Estado.

No obstante, la velocidad de adaptación que requieren nuestras leyes difícilmente estará a la par de la modernidad y de los cambios que se presentan en la sociedad. Por ello, la labor del Poder Legislativo debe de ser incesante y sin descanso, con tal de innovar en los cambios que se presentan y que cada vez son más imperiosos para los ciudadanos.

Debido a las nuevas condiciones de la modernidad mencionadas, comprendemos que es necesario adaptar la legislación vigente en materia de seguridad social para apoyar a los trabajadores con condiciones que beneficien el desarrollo integral de su familia, sin importar qué esquema de familia se presente.

En las condiciones actuales de modernidad y desarrollo del mundo globalizado, los cambios en las formas laborales son acelerados, lo que a su vez se refleja en el entorno familiar, desdibujando el concepto tradicional de la familia.

La diversidad de composiciones familiares que se presentan en la actualidad puede ser una causa de discriminación para sus integrantes; y aunque no en todos los casos debido a una conducta negativa, la discriminación puede presentarse debido a la falta de prevención por las instituciones respecto a situaciones ajenas a la cotidianeidad. Pese a esto, el combate de la discriminación es un deber fundamental de todo estado democrático y constitucional.

Para la aplicación de estos derechos sociales, es fundamental su reconocimiento. Y una vez plasmado éste, su aplicación para realizar a cabalidad los beneficios en los ciudadanos.

El combate de la discriminación se encuentra no sólo en abatir las conductas cotidianas a que están expuestos los ciudadanos por cualquier motivo discriminatorio sino que, antes que eso, el Estado debe crear instituciones que no admitan la discriminación por causa alguna. En primer lugar, el Estado tiene el deber de crear leyes que por ningún motivo permitan la discriminación de derechos sociales; y de haberla, aplicar las reformas necesarias que hagan prevalecer las garantías individuales y los derechos humanos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social comprende a poco más de 21 millones de asegurados, de los que más de 241 mil tienen a sus hijos en estancias ordinarias del instituto. Para 2011, los niños inscritos en estancias del Seguro Social ascendían a poco más de 200 mil en mil 450 en todo el país. La prestación se otorga en dos esquemas: directa, con guarderías denominadas “madres IMSS” y guarderías ordinarias; e indirecta, compuesta por guarderías vecinales comunitarias, en el campo, reversión de cuotas e integradoras. Las estancias infantiles otorgan la oportunidad a las madres y a los padres trabajadores de poder dejar a los infantes en un entorno sano y seguro para su desarrollo, mientras ellos trabajan.

Pese a lo anterior, en ciertos casos los trabajadores recurren a las guarderías por el tiempo de trabajo, pero estos derechohabientes por no ser divorciados o viudos ni contar con una sentencia o documento que acredite la custodia de los menores, están imposibilitados para acceder a dicho servicio, mientras que la madre, por ausencia o por una actividad laboral informal, se encuentra impedida para cuidar a los hijos.

Esta situación genera una condición de discriminación para los trabajadores hombres, la cual consideramos no tiene razón de prevalecer en un contexto donde el Estado mexicano lucha por alcanzar la equidad de género.

Argumentos

El quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De igual forma, el artículo 4o. constitucional señala:

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

La no discriminación es un principio jurídico previsto en la Constitución, en los dos artículos de las garantías individuales mencionados, igual que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

El artículo 133 constitucional a la letra señala:

Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Resulta evidente la necesidad de armonizar las leyes a fin de garantizar el cumplimiento integro de lo que se establece como “ley suprema de la unión”. Por tanto, y para que no haya una contradicción entre la Constitución, los tratados suscritos por México y la aplicación del derecho de guarderías para los derechohabientes del Seguro Social se plantea esta iniciativa de reforma.

Lo anterior, sin mencionar el gran beneficio que podría significar para un padre de familia, que por alguna situación imprevista, requiera de forma inmediata el servicio de guardería para los hijos.

El artículo 205 de la Ley del Seguro Social, que se pretende reformar, establece que el servicio de guarderías será para las madres aseguradas, los viudos, los divorciados y los que legalmente mantengan la custodia de los hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato. Este artículo ocasiona una discriminación del servicio de guardería para el género masculino debido a su estado civil o relación conyugal.

Si bien el diseño del mencionado artículo es una forma de ponderar la educación en el seno familiar sobre la impartida en una institución del Estado, los nuevos esquemas familiares, donde seguramente habrá casos donde el hombre tenga la responsabilidad de los hijos, y en el transcurso de los procesos legales, el cuidado de los menores y las responsabilidades laborales se compliquen.

Desde el punto de vista del derechohabiente, resulta sumamente injusto estar aportando a un esquema de seguridad social que deniegue el servicio de guarderías a los hijos por motivos de un esquema familiar diferente o por la falta de un trámite burocrático-legal. Esa discriminación se hace exclusivamente en el caso de los derechohabientes hombres y con fundamento en una ley secundaria, que a todas luces resulta inconstitucional.

A diferencia de la Ley del Seguro Social, la del ISSSTE establece con carácter de obligatorio la prestación de centros de desarrollo infantil, que es otorgada a todos los trabajadores del Estado, sin distinción, pese a que el Apartado B del artículo 123 señala expresamente que las mujeres recibirán el servicio de guarderías. La Ley del ISSSTE considera el derecho de la familia, más que establecer derechos de género.

El artículo 205 de la Ley del Seguro Social, como se establece actualmente, es discriminatorio debido a lo siguiente:

• Establece condiciones diferentes para cada género, para ser beneficiarios de un servicio prestado por el instituto.

• El único requisito que se establece respecto a las mujeres para ser beneficiarias del servicio es ser aseguradas.

• Para el hombre se requiere ser asegurado, ser viudo o divorciado con la custodia de los hijos, mientras no contraiga nuevamente matrimonio o se una en concubinato.

• Al género femenino no se condiciona la prestación del servicio por causa del estado civil o la unión en concubinato. Lo que instaura un estado de beneficio para el género femenino, en consecuencia implica una desigualdad para con el género masculino.

Se pretende evitar con esta iniciativa de reforma que un padre asegurado no pueda dejar a los hijos en una guardería, cuando la madre por razones laborales no esté asegurada ni pueda cuidar a los hijos, solamente en detrimento de la economía familiar, ya que la situación económica actual exige que ambos cónyuges aporten para la manutención de la familia.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, los diputados Lucila Garfias Gutiérrez, René Ricardo Fujiwara Montelongo, María Sanjuana Cerda Franco, Sonia Rincón Chanona, Dora María Talamante Lemas, Cristina Olvera Barrios, Fernando Bribiesca Sahagún, Luis Antonio González Roldán, Angelino Caamal Mena y Rubén Benjamín Félix Hays, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de este pleno la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 205 de la Ley del Seguro Social

Único.Se reforma el artículo 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 205.Las madres y los padres aseguradostendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta ley y en el reglamento relativo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 25 de septiembre de 2012.— Diputadas: Lucila Garfias Gutiérrez, Sonia Rincón Chanona, (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada María Carmen López Segura:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy subimos a esta tribuna para presentar la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La industria manufacturera y maquiladora de exportación, Immex, ha fortalecido la balanza comercial del país a través de una mayor aportación neta de divisas; contribuye a una mayor integración interindustrial y coadyuva a elevar la competitividad de empleo, y es impulsora del desarrollo y la transferencia de tecnología, convirtiéndose así en uno de los pilares más importantes en el crecimiento económico del país.

Como muestra de lo anterior, tenemos que durante el periodo de enero a marzo de 2012, se registraron 6 mil 210 establecimientos con actividad económica en el programa Immex; 5 mil 71 pertenecientes al sector manufacturero, esto es 81.7, mientras que mil 139 correspondieron a unidades del segmento no manufacturero, lo que representa el 18.3 del total.

De enero a marzo de 2012, el personal ocupado promedio en establecimientos con programa Immex fue de 2 millones 190 mil 730 personas, cifra 4.8 mayor respecto a la del mismo periodo de 2011. Asimismo, del total del personal ocupado, el 87.3 correspondió a establecimientos que se dedican a actividades manufactureras y el 12.7 restantes a no manufactureras.

Sin embargo, aún con lo alentador de los indicadores de la Immex, empresas del sector exportador han manifestado su preocupación por la incertidumbre jurídica que atañe al tema fiscal, en particular, al impuesto sobre la renta.

A partir del ejercicio 2012, mediante las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se señaló que los residentes en el extranjero no constituyen establecimiento permanente en el país por los activos que proporcionan a empresas nacionales que operan un programa Immex bajo la modalidad de albergue, conocidas como shelters, por los servicios de manufactura que se contratan entre ambas partes.

Desafortunadamente, la propia redacción de las disposiciones no es del todo acertada y objetiva, ya que la exención de establecimiento permanente solo se ha otorgado e interpretado únicamente por periodos determinados, siendo el último ejercicio de cobertura el 2013.

Ahora bien, la redacción de las disposiciones vigentes es confusa, ya que señalan que no genera establecimiento permanente la empresa maquiladora, en lugar de aludir al residente en el extranjero que opera un programa de Albergue.

Aunado a esto, se estableció como condicionante para ese establecimiento permanente, que la empresa maquiladora cumpla con la obligación de informar, en febrero de cada año, con el importe de los ingresos acumulables y del impuesto pagado por su parte relacionada residente en el extranjero, lo cual no siempre es posible.

Asimismo, la Regla 1.3.19.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2012, define de manera incompleta lo que debe considerarse como empresa maquiladora bajo el programa de Albergue, ya que solo incluye el caso en el que ésta contrata directamente con un tercero residente en el extranjero y deja fuera a quien contrata con un residente en el extranjero parte relacionada.

Es por ello que resulta necesario y urgente otorgar certidumbre jurídica desde la raíz a los extranjeros que proporcionan activos y que contraten los servicios de manufactura con empresas maquiladoras residentes en el país que operan un programa Immex de Albergue.

Para ello, debe confirmarse de manera definitiva, mediante la reforma del octavo párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no se constituirá establecimiento permanente cuando se contrate con una maquiladora que opere con un programa de Albergue, aprobado por la Secretaría de Economía.

Con este texto se lograría garantizar la continuidad de las empresas de albergue y por consiguiente, la promoción de nuestro país en los mercados extranjeros; eliminar los plazos para la exención del establecimiento permanente que la autoridad ha venido otorgando, y aclarar que quien no tiene establecimiento permanente es el extranjero y no la maquiladora; señalar que los activos deben ser proporcionados por el extranjero y no necesariamente de su propiedad, ya que puede haber casos en donde los equipos son arrendados, cubrir los dos esquemas de albergue, tanto a los que contratan directamente con el cliente como los que lo hacen a través de una parte relacionada. Tener un doble artículo, en lugar de diversas disposiciones en ley y en regla. Muchas gracias.

Le rogaría, señor presidente, se plasme el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre Y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, 77 y 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El 1 de noviembre de 2006 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector exportador mexicano y otorgar certidumbre, transparencia y continuidad a las operaciones de las empresas, precisando los factores de cumplimiento y simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; disminuir sus costos logísticos y administrativos; modernizar, agilizar y reducir los trámites, con el fin de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que aliente la atracción y retención de inversiones en el país.

Este instrumento integra los programas para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación (Maquila) y el que Establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX), cuyas empresas representan en su conjunto 85 por ciento de las exportaciones manufactureras de México.

La Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación (IMMEX) ha fortalecido la balanza comercial del país a través de una mayor aportación neta de divisas, contribuye a una mayor integración interindustrial y coadyuva a elevar la competitividad internacional de la industria nacional, además de ser una importante fuente generadora de empleos e impulsora del desarrollo y la transferencia de tecnología, convirtiéndose así en uno de los pilares más importantes en el crecimiento económico del país.

La IMMEX juega un papel importante en el entorno de la economía nacional, como se puede observar en los siguientes indicadores:

Durante el periodo enero-marzo de 2012, se registraron 6 mil 210 establecimientos con actividad económica inscritos en el Programa IMMEX, 5 mil 071 pertenecientes al sector manufacturero, esto es, 81.7 por ciento; mientras que mil 139 correspondieron a unidades del segmento no manufacturero, lo que representa 18.3 por ciento del total.

De enero a marzo de 2012, el personal ocupado promedio en establecimientos con Programa IMMEX fue de 2 millones 190 mil 730 personas, cifra 4.8 por ciento mayor respecto a la del mismo periodo de 2011; asimismo, del total del personal ocupado, 87.3 por ciento correspondió a establecimientos que se dedican a actividades manufactureras y 12.7 por ciento restante a no manufactureras.

Se destaca que el personal ocupado que laboró en establecimientos con programa IMMEX se concentró en cinco entidades federativas, esto es, 5 de cada 10 personas empleadas: Chihuahua aportó 12.5 por ciento, Baja California 12.1 por ciento, Nuevo León 10.8 por ciento, Coahuila 9.0 por ciento y Tamaulipas 8.3 por ciento, respectivamente.

Sin embargo, aún con lo alentador de los indicadores de la IMMEX, empresas del sector exportador han manifestado su preocupación por la incertidumbre jurídica que atañe al tema fiscal, en particular, al Impuesto Sobre la Renta.

A partir del ejercicio de 2002, mediante las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se señaló que los residentes en el extranjero no constituyen establecimiento permanente en el país por los activos que proporcionan a empresas nacionales que operan un programa IMMEX bajo la modalidad de albergue (conocidas como shelters), por los servicios de manufactura que se contratan entre ambas partes.

Desafortunadamente, la propia redacción de las disposiciones no es del todo acertada y objetiva, ya que la exención de establecimiento permanente sólo se ha otorgado e interpretado únicamente por periodos determinados, siendo el último ejercicio en cobertura el de 2013.

Ahora bien, la redacción de las disposiciones vigentes es confusa, ya que señalan que no genera establecimiento permanente la empresa maquiladora (en lugar de aludir al residente en el extranjero) que opera un programa de albergue.

Aunado a esto, se estableció como condicionante para ese establecimiento permanente, que la empresa maquiladora cumpla con la obligación de informar en febrero de cada año con el importe de los ingresos acumulables y del impuesto pagado por su parte relacionada residente en el extranjero, lo cual no siempre es posible.

Asimismo, la Regla I.3.19.7, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, define de manera incompleta lo que debe considerarse como empresa maquiladora bajo el programa de albergue, ya que sólo incluye el caso en el que ésta contrata directamente con un tercero residente en el extranjero y deja fuera a quien contrata con un residente en el extranjero parte relacionada.

Las empresas maquiladoras que operan bajo un programa de albergue no son menos importantes que las empresas que operan un programa IMMEX bajo cualquiera de las otras modalidades contenidas en el Decreto IMMEX; en muchos de los casos, estas empresas son la puerta de entrada de la inversión extranjera que primero explora el mercado nacional para después instalarse como empresa independiente bajo una empresa filial o subsidiaria mexicana.

Es por ello que resulta necesario y urgente otorgar certidumbre jurídica desde la raíz a los extranjeros que proporcionan activos y que contraten los servicios de manufactura con empresas maquiladoras residentes en el país que operan un programa IMMEX de albergue.

Para ello, debe confirmarse de manera definitiva mediante modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no se constituirá establecimiento permanente cuando se contrate con una maquiladora que opere con un programa de albergue, aprobado por la Secretaría de Economía.

Con este texto se lograría garantizar la continuidad de las empresas de albergue y por consiguiente la promoción de nuestro país en los mercados extranjeros; eliminar los plazos para la exención del establecimiento permanente que la autoridad ha venido otorgando; aclarar que quien no tiene establecimiento permanente es el extranjero y no la maquiladora; señalar que los activos deben ser proporcionados por el extranjero y no necesariamente de su propiedad, ya que puede haber casos en donde los equipos sean arrendados; cubrir a los dos esquemas de albergue, tanto a los que contratan directamente con el cliente como a los que lo hacen a través de una parte relacionada; tener un solo artículo en lugar de diversas disposiciones en ley y en reglas.

De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el párrafo octavo del artículo 2, de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único.Se reforma el párrafo octavo del artículo 2, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

...

...

...

I. a VI. ...

...

...

No se considerará que un residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país, derivado de las relaciones de carácter jurídico o económico que mantengan con empresas que lleven a cabo operaciones de maquila o que operen con programa de albergue autorizado por la Secretaría de Economía, que procesen habitualmente en el país, bienes o mercancías mantenidas en el país por el residente en el extranjero, utilizando activos proporcionados, directa o indirectamente, por el residente en el extranjero o cualquier empresa relacionada, siempre que México haya celebrado, con el país de residencia del residente en el extranjero, un tratado para evitar la doble imposición y se cumplan los requisitos del tratado, incluyendo los acuerdos amistosos celebrados de conformidad con el tratado en la forma en que hayan sido implementados por las partes del tratado, para que se considere que el residente en el extranjero no tiene establecimiento permanente en el país. Lo dispuesto en este párrafo, sólo será aplicable siempre que las empresas que lleven a cabo operaciones de maquila cumplan con lo señalado en el artículo 216 Bis de esta ley.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.— Diputados: Fernando Castro Trenti, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbricas).»

Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULOS 41 Y 54 CONSTITUCIONALES - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Con su venia, diputado presidente. Por supuesto, aprovecho también estos minutos para recordar —al igual que ya lo han hecho otros compañeros en esta tribuna— al maestro Alonso Lujambio, con quien me unía una amistad personal y además fue mi maestro en la universidad.

Solicito se integre completa la exposición de motivos y la iniciativa en el Diario de los Debates.

El sistema de partidos en México, al igual que en otras partes del mundo, está determinado principalmente por tres factores: los requisitos para que una organización ciudadana obtenga el registro como partido político; la votación mínima necesaria para que un partido conserve su registro, y el sistema electoral, si es que es de mayoría relativa o de representación proporcional.

En décadas recientes, el diseño institucional de nuestro país en estos tres aspectos ha probado ser flexible al ingreso de nuevas organizaciones políticas al juego democrático, permitiendo con ello la expresión en el Congreso de la pluralidad política y social y esto, sin duda, fue determinante en el proceso de transición que hemos vivido.

Sin embargo, también hay que decir que en perspectiva comparada, México es uno de los países de América Latina y no solamente América Latina, sino incluso del mundo entero, que establece requisitos de votación más bajos para que los partidos políticos puedan conservar su registro. Sabemos que aquí es del 2 por ciento.

Entre las democracias de la región solamente dos países establecen umbrales más bajos que el vigente de nuestro país para que un partido político conserve su registro y por tanto, pueda tener acceso a prerrogativas y a representación parlamentaria.

Con México, tres países fijan este requisito en el 2 por ciento y otras ocho naciones establecen porcentajes más elevados para conservar el registro; entre los países que establecen un porcentaje más alto se encuentran Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú.

En cuanto al resto del mundo, la gran  mayoría de los países que tienen un sistema electoral que incluye algún mecanismo de representación proporcional mantienen umbrales más altos que México para que un partido pueda acceder a ella. Así, por ejemplo, el umbral de representación en Alemania es del 5 por ciento; en España, Japón, Italia, entre otros, es del 4 por ciento.

¿Qué es lo que hemos podido apreciar en México con umbrales de representación tan baja? En México, primero era del 1.5 por ciento y luego se subió al 2 por ciento; lo que hemos visto es que un umbral tan bajo incentiva la creación de partidos políticos sin auténtica representación popular, además de que este umbral tan bajo resulta insuficiente como filtro de aquellas agrupaciones políticas, que convertidas en partido son, al mismo tiempo, jugosos negocios familiares, instrumentos de chantaje político o entes públicos al servicio de una sola persona.

Si bien es cierto que un umbral tan bajo como el vigente en México puede llegar a tener la ventaja de ampliar la pluralidad en la arena electoral, también es cierto que resulta incapaz para depurar a nuestro sistema político de partidos a todas luces rentistas, que buscan acceder a puestos y a recursos públicos sin representar a ningún sector de la población.

Del año 2000 a la fecha, 16 partidos políticos han participado en elecciones federales, de los cuales siete han conservado su registro. Como se ve, este umbral de 2 por ciento ha sido útil para cancelar el registro a partidos que no aportan nada en términos de representatividad. Aun así, el sistema político ha permitido también la permanencia de muchos partidos que son financieramente rentables, a pesar de tener una escasa contribución en términos de representatividad.

El doctor Javier Aparicio, reconocido académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, señala que una manera de dificultar el surgimiento de partidos rentistas, propensos a existir en un sistema mixto de representación proporcional y financiamiento público es elevando el porcentaje de votos necesarios para que un partido político conserve el registro. De este modo se puede garantizar el carácter representativo que un partido político por definición debe tener. También, elevar el porcentaje de votos mínimo necesario evita la existencia de partidos políticos sumamente pequeños que fragmenten en extremo la representación.

Una fragmentación extrema diluye la responsabilidad ante actitudes no cooperativas en el Congreso; es decir, un sistema de pocos partidos políticos permite al partido del Ejecutivo federal asignar costos y culpas a aquellos partidos claramente identificables que a través de estrategias obstruccionistas generan parálisis legislativa.

Esto no puede ocurrir, en cambio, en aquellos sistemas que tienen una fragmentación extrema, donde los partidos más pequeños pueden asumir comportamientos no cooperativos y que, además, no enfrentan los costos de dicha actitud, precisamente por lo bajo que es el umbral para que puedan tener representación.

Por tanto, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de esta LXII Legislatura retoma esta iniciativa de ampliar de 2 a 4 por ciento el umbral mínimo para que un partido pueda obtener representación parlamentaria y conservar su registro, que ya fue propuesta en diciembre de 2009, por el presidente Felipe Calderón, en su propuesta integral de reforma política a este Congreso.

Consideramos que esta reforma va a tener importantes mejoras a nuestro sistema de partidos políticos y nos va a permitir también tener una mejor rendición de cuentas del dinero que recibimos los partidos políticos, y una mejor calidad en la representación popular. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Fernando Rodríguez Doval, con el carácter de diputado a la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero de la fracción I y el párrafo segundo de la fracción II del artículo 41; y la fracción II del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 12, numeral 2; artículo 18, numeral 1, inciso B; artículo 32, numeral 1 y numeral 3; y artículo 101, numeral 1, fracciones b y c del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Panorama general

El sistema de partidos en México, al igual que en otras partes del mundo, está determinado principalmente por tres factores: (i) los requisitos para que una organización ciudadana obtenga el registro como partido político nacional, (ii) la votación mínima necesaria para que un partido conserve su registro y (iii) el sistema electoral (mayoría relativa – representación proporcional).

En décadas recientes, el diseño institucional de nuestro país en estos tres aspectos ha probado ser flexible al ingreso de nuevas organizaciones políticas al juego democrático, permitiendo con ello la expresión en el Congreso de la pluralidad política y social, lo que a la postre fue determinante en la democratización de nuestro sistema político. Sin embargo, esto no siempre fue así. En los años posteriores a la Revolución, se gestó y consolidó un sistema de partidos caracterizado por la presencia de un partido hegemónico. Esto fue posible gracias al sistema de mayoría simple, único vigente durante décadas, el cual “tiende intrínsecamente a reducir el número de partidos, ya que castiga severamente la representación de los partidos minoritarios”; a elevadas barreras a la entrada de nuevos partidos políticos; y a la discrecionalidad con la que contaba el gobierno para otorgar o retirar registros de partidos.

Las recurrentes crisis de legitimidad, que un sistema con tales características enfrentaba, obligaron a la aprobación de reformas electorales que condujeron gradualmente a México al actual sistema multipartidista y plural en el que vivimos. Un primer paso fue la reforma electoral de 1963 que dio origen a los llamados “diputados de partido”, lo cual constituyó la primera aproximación a un sistema mixto que combinara el principio de mayoría simple con el de representación proporcional. Sin embargo, un paso mucho más significativo en este sentido comenzó en 1977, con la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), la cual establecía, junto con 300 diputados electos por el principio de mayoría relativa, 100 diputados que serían electos por el principio de la representación proporcional. Además, en aras de propiciar la representación de las minorías, dicha ley fijó un umbral sumamente bajo para que un partido político conservara su registro: 1.5 por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de la República.

En 1996 (ya con una Cámara integrada desde 1988 por 500 diputados, de los cuales 200 eran de representación proporcional) el umbral se elevó a 2 por ciento.

En perspectiva comparada, México es uno de los países de América Latina que establece requisitos de votación más bajos para que los partidos conserven el registro. Entre las democracias de la región, sólo dos países establecen umbrales más bajos que el vigente en nuestro país para que un partido político conserve su registro. Con México, tres países fijan este requisito en dos por ciento. Otras ocho naciones establecen porcentajes más elevados para conservar el registro.

Entre los países que establecen un porcentaje más alto se encuentran Bolivia, Chile, Ecuador, el Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú. Aquéllos que se encuentran en circunstancias normativas idénticas a las vigentes a la fecha en México se encuentran: Colombia, Honduras y República Dominicana.

A continuación se presenta una tabla que refiere la situación en América Latina:

En cuanto al resto del mundo, la gran mayoría de los países que tienen un sistema electoral que incluye algún mecanismo de representación proporcional mantienen umbrales más altos que México. Así, por ejemplo, el umbral de representación en Alemania es de 5 por ciento, y en España, Japón e Italia, entre otros, es de 4 por ciento.

¿Qué es lo que hemos podido apreciar en México con umbrales de representación tan bajos? Un umbral tan bajo incentiva la creación de partidos políticos sin auténtica representación popular, además de que resulta insuficiente como filtro de aquellas agrupaciones políticas convertidas en jugosos negocios familiares, en instrumentos de chantaje político, o en entes públicos al servicio de una sola persona.

Si bien es cierto que un umbral tan bajo como el vigente en México puede tener la ventaja de ampliar la pluralidad en la arena electoral, también es cierto que resulta incapaz de depurar al sistema político de partidos a todas luces rentistas, que buscan acceder a puestos y a recursos públicos sin representar a ningún sector de la población.

De 2000 a la fecha, dieciséis partidos políticos han participado en elecciones federales, de los cuales, siete han conservado su registro. Como se ve, el umbral de 2 por ciento ha sido útil para cancelar el registro a partidos que no aportan nada en términos de representatividad. Aun así, el sistema político ha permitido la permanencia de otros muchos partidos “financieramente rentables a pesar de tener una escasa contribución en términos de representatividad”.

En las gráficas que se muestran a continuación se aprecia que, elección tras elección, los partidos más pequeños reciben un porcentaje del financiamiento total a partidos, que supera en muchos puntos el porcentaje del electorado al que representan. Por ejemplo, en 2009, el partido Convergencia recibió un porcentaje de financiamiento tres veces mayor al porcentaje de votos que le fueron otorgados.

Javier Aparicio, reconocido académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que una manera de dificultar el surgimiento de partidos rentistas, propensos a existir en un sistema mixto de representación proporcional y financiamiento público, es elevando el porcentaje de votos necesarios para que un partido político conserve su registro. De este modo, se podría garantizar el carácter representativo que un partido político, por definición, debe de tener.

Finalmente, elevar el porcentaje de votos mínimo necesario evita la existencia de partidos políticos sumamente pequeños que fragmenten en extremo la representación. Una fragmentación extrema diluye la responsabilidad de actitudes no cooperativas en el Congreso. Es decir, un sistema de pocos partidos políticos permite al partido del Ejecutivo federal asignar culpas y costos a partidos claramente identificables que, a través de estrategias obstruccionistas, generan parálisis legislativa. Lo anterior resulta casi imposible en sistemas con una fragmentación extrema, donde los partidos más pequeños pueden asumir comportamientos no cooperativos, sin necesidad de enfrentar los costos de dicha actitud. Así, un sistema de pocos partidos “constituye un basamento importante para el surgimiento de conductas políticas responsables”.

Como se ve, esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el sistema de partidos políticos, incentivar la emergencia de organizaciones políticas que representen los intereses de un sector amplio de la población, evitar la existencia de partidos meramente rentistas y fomentar actitudes políticas responsables al interior del Congreso.

El Grupo Parlamentario del PAN de esta LXII Legislatura retoma esta iniciativa, presentada en diciembre de 2009 por el presidente Felipe Calderón en su propuesta integral de reforma política, por las importantes mejoras que ofrece al sistema de partidos mexicano.

II. Propuesta normativa

El objeto de este proyecto legislativo es reformar el párrafo primero de la fracción I del artículo 41 constitucional para establecer un porcentaje mínimo de cuatro por ciento en la votación en las elecciones federales ordinarias que deberán obtener los partidos políticos para mantener su registro correspondiente.

De tal modo buscamos elevar el porcentaje mínimo de votación para asegurar una mayor representatividad y fuerza legítima a los partidos políticos, ya que actualmente se requiere tan sólo dos por ciento para conservar el registro como partido de acuerdo a lo que se previene en los artículos 32 y 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que para mejor referencia se transcriben:

Artículo 32

1. Al partido político que no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este código.

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece este código, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

3. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.

Artículo 101

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a) No participar en un proceso electoral federal ordinario;

b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 32 de este código;

c) No obtener por lo menos dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si participa coaligado, en términos del convenio celebrado al efecto;

d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto Federal Electoral las obligaciones que le señala este código;

f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos; y

g) Haberse fusionado con otro partido político, en los términos del artículo anterior.

Énfasis añadido

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, se somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Primero. Se reforma el párrafo primero de la fracción I y el párrafo segundo de la fracción II del artículo 41; la fracción segunda del artículo 54, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 41. ...

...

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal. Al partido político nacional que no obtenga por lo menos el cuatro por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro correspondiente.

II. ...

El financiamiento pu?blico para los partidos poli?ticos que mantengan su registro despue?s de cada eleccio?n, en términos de la fracción anterior, se compondra? de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtencio?n del voto durante los procesos electorales y las de cara?cter especi?fico. Se otorgara? conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

...

II. Todo partido político que alcance por lo menos el cuatro por ciento del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

...

Segundo. Se reforman los artículos 12, 18, 32, 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los siguientes términos:

Artículo 12

...

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el cuatro por ciento y los votos nulos.

...

Artículo 18

1. Para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional a que se refiere el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura y se atenderán las siguientes reglas:

...

b) La asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el cuatro por ciento de la votación emitida para la lista correspondiente y los votos nulos.

Artículo 32

1. Al partido político que no obtenga por lo menos cuatro por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este código.

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece este código, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

3. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el cuatro por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.

Artículo 101

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a) No participar en un proceso electoral federal ordinario;

b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos cuatro por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 32 de este código;

c) No obtener por lo menos cuatro por ciento la votación emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si participa coaligado, en términos del convenio celebrado al efecto;

d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto Federal Electoral las obligaciones que le señala este código;

f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos; y

g) Haberse fusionado con otro partido político, en los términos del artículo anterior.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión adecuará la legislación electoral dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1. Lujambio, Alonso. “ Adiós a la excepcionalidad”. Este País, 2000.

2. Molinar Horcasitas, Juan. El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México. México: Cal y Arena, 1991, p. 30.

3. Tomado de Daniel Zovatto, “Regulación Jurídica de los partidos políticos en América Latina. Lectura regional comparada”, en Regulación Jurídica de los partidos políticos en América Latina, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- IDEA Internacional, 2008 [1era. ed. 2006], p166.

4. Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados LXI Legislatura. «El financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales de México: presupuesto aprobado e impacto de la reforma al artículo 41 constitucional, 2000-2012.» marzo de 2012. http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/sia/sae/SAE-ISS-05-12.pdf (último acceso: 21 de septiembre de 2012).

5. Aparicio, Javier. «¿Cómo se financian los partidos políticos en México?» marzo de 2006. http://investigadores.cide.edu/aparicio/FinanPartidosMex_4.pdf (último acceso: 21 de septiembre de 2012).

6. Ídem

7. Lujambio, Alonso. “Adiós a la excepcionalidad” p. 262. Op. cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar:Con su permiso, ciudadano presidente de la Mesa Directiva. Diputados y diputadas de esta honorable Legislatura, vengo hoy ante esta máxima tribuna de la nación a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El aumento de los costos de producción de energía eléctrica ha tenido un impacto directo en los montos que pagan las familias mexicanas por este servicio, esto primordialmente debido a que el sector energético del país mantiene una dependencia de su producción en torno a los hidrocarburos.

El problema se extiende aún más, las altas tarifas que fija la paraestatal a los ayuntamientos hace prácticamente imposible el pago por concepto de alumbrado público y agua potable, quedando los municipios prácticamente en un endeudamiento, que a la fecha se hace impagable. Solo por poner un ejemplo, los municipios del estado de Chiapas adeudan más de 300 millones de pesos a este organismo.

Esto genera una confrontación entre autoridades, ya que una busca la eficiencia y las contribuciones de su organismo y otra defiende los servicios que está obligado constitucionalmente a dar, como es el agua potable y es el alumbrado.

Si no tomamos con responsabilidad el problema que hoy se presenta en nuestro país, llevará a una descomposición al tejido social y a una falta de respeto entre las instituciones públicas, que genera la falta de credibilidad en los ciudadanos y la desconfianza en las instituciones que se encuentran dentro del marco del Estado mexicano.

En virtud de que es uno de los temas abordados por el suscrito y diversos miembros del grupo parlamentario al que pertenezco se plantea la presente reforma, se considere la aportación de la producción que tiene cada una de las entidades federativas para que se fijen, no tarifas preferenciales —como muchas veces se ha dicho—, sino tarifas especiales —porque no se trata de dejar afuera a algunos—, especiales para aquellas entidades que aportan recursos naturales.

Por lo anteriormente expuesto y con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta la reforma al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la participación de la Secretaría de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad fijará las tarifas, su ajuste o su reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y la ampliación del servicio público y el racional consumo de energía eléctrica.

Asimismo y a través del procedimiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima, una combinación de ambas por temporadas del año, cuando las condiciones climáticas de las entidades federativas sean causa del aumento de la demanda. Asimismo se podrán fijar tarifas especiales en aquellas entidades que tengan la mayor aportación en generación de energía eléctrica.

Finalizo convocando a la unidad de las diferentes fracciones parlamentarias, que asumamos el compromiso que hicimos con la gente y le demos resultados, porque si no somos nosotros, ¿entonces quiénes? Y si no es ahora, ¿entonces cuándo? Muchas gracias, ciudadano presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

Iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que presenta el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El aumento en los costos de producción de la energía eléctrica, ha tenido un impacto directo en los montos que pagan los usuarios por este servicio, esto primordialmente debido a que el sector eléctrico del país mantiene una dependencia de su producción en torno a los hidrocarburos. Por ello, la tendencia mundial y nacional se encuentra dirigida al fomento de la diversificación energética en torno a sus fuentes primarias, particularmente en las fuentes renovables cuyo aprovechamiento mitiga las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el sector.

Ante este reto el sector energético ha invertido en el desarrollo de infraestructura basada en la producción eléctrica en torno al aprovechamiento de fuentes renovables como el agua, el sol y el viento, por solo mencionar algunos. Sin embargo, algunos de estos recursos como el agua, dependen de políticas integrales en materia de conservación para lograr la prevalencia de este elemento, por lo cual se plantea que aquellas entidades federativas que tengan aportación a la generación de energía eléctrica ministrada a la red nacional de energía eléctrica, tengan beneficios económicos adicionales en torno al pago del servicio mediante el establecimiento de tarifas especiales en sus circunscripciones territoriales, con ello se busca que los ciudadanos que se encuentran dentro de esos territorios tengan un beneficio adicional por la aportación de sus recursos naturales en la producción eléctrica del país.

Extendiéndose el problema a tal grado que el consumo de energía eléctrica con las altas tarifas que fija la paraestatal a los usuarios, como en este caso a los ayuntamientos que pagan el servicio excesivo e impagable por concepto de alumbrado público, así como bombeo y rebombeo para la distribución de agua en las diversas ciudades de nuestra república mexicana, hace con ello que los municipios queden prácticamente en un endeudamiento que a la fecha se hace imposible pagar, generando una confrontación entre autoridades municipales y servidores públicos de la comisión federal de electricidad, ya que uno busca la eficiencia de su organismo y la otra defiende la prestación de sus servicios como alumbrado y agua potable. Si no tomamos con responsabilidad el problema que hoy se presenta en nuestro país. Llevara a una descomposición al tejido social y una falta de respeto entre las instituciones públicas, generando con ello la falta de credibilidad y confianza de las instituciones que están inmersas dentro del estado mexicano.

En virtud de que este fue uno de los temas de campaña abordado por el suscrito y diversos miembros del Grupo Parlamentario al que pertenezco, es que se plantea la presente reforma con el objeto que mediante los análisis que realiza la Comisión Federal de Electricidad para fijar las diferentes tarifas eléctricas que rigen al país, se considere la aportación en la producción que tiene cada uno de las entidades federativas en función de los recursos naturales que aporta por ubicarse dentro de su territorio para ello.

Argumentación

El propio Plan Nacional de Desarrollo reconoce que en el sector eléctrico se requiere enfrentar varios retos. Uno de ellos es el nivel actual de las tarifas eléctricas, el cual tiene un importante impacto en las decisiones de inversión y es un factor clave para la competitividad de la economía. Actualmente el 64% de la electricidad generada se basa en la utilización de hidrocarburos como fuente primaria. En los últimos años el costo de los energéticos, principalmente el de los hidrocarburos, se ha incrementado notablemente, lo que ha ejercido presiones sobre el costo de producción de la electricidad, aumentando los cargos que enfrentan los consumidores.

La integración y determinación de las tarifas eléctricas tiene un impacto real en la economía de las entidades federativas y los ciudadanos que se asientan en ciertas regiones del país, si bien es cierto la disminución de subsidios a rubros como la producción eléctrica ha sido consecuencia de la dependencia de las fuentes fósiles para su producción y las políticas en materia de mitigación a los efectos del cambio climático, no sé puede negar que existen regiones del país donde factores externos obligan a la población a aumentar los consumos y la consecuente demanda, como el caso del clima, ante esta asamblea se ha abordado la problemática que sufre la zona norte del país donde el clima extremo obliga a la familias a incrementar su gasto de electricidad ya sea para el uso de calefactores o el uso de aire acondicionado. Los recursos que eroga cada familia en estas condiciones son considerados como significativos, ya que evidentemente los ingresos familiares durante estas temporadas no tiene una variación directamente vinculada con este rubro, es por ello que debemos plantear opciones legales que permitan al estado atender estas situaciones y no impactar significativamente al gasto familiar.

Adicionalmente, la presente reforma aborda otra vertiente en el tema de tarifas que tiene que ver con el impulso a la generación eléctrica mediante el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial y la Estrategia Nacional de Energía, contienen mecanismos mediante los cuales se da un fuerte impulso al desarrollo de la producción eléctrica a partir de esta fuentes, sin embargo el impulso no solo tiene que enfocarse a su productor, recientemente el sector eléctrico se ha abierto a la inversión privada en este rubro; sin embargo, las entidades federativas juegan un papel importante para ello, ya sea en la manutención del flujo constante del insumo para la producción eléctrica como es el caso de las hidroeléctricas, o para generar las condiciones y certeza a la inversión que se genera ahí para el aprovechamiento de fuentes renovables; por ello, la presente iniciativa propone que se fijen tarifas especiales dentro de las entidades que tiene una importante aportación en la generación eléctrica dentro de este rubro, por localizarse la infraestructura dentro de sus circunscripciones territoriales, con ello estaríamos otorgando un beneficio directo y tangible a las entidades federativas que se encuentren en este supuesto.

La integración y determinación de las tarifas por consumo de energía eléctrica dentro del país, tiene su sustento jurídico en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento. Dicho cuerpo normativo en su Artículo 12 determina que corresponde a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público aprobar las tarifas que regirán en el país.

Los montos e integración de las tarifas de energía eléctrica son aprobados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarias de Economía y Energía a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, institución que se encuentra regida por una Junta de Gobierno.

De este modo las tarifas pueden sufrir un ajuste, modificación o reestructuración, con las modalidades que dicten el interés público y los requerimientos del servicio público. El ajuste corresponderá a los casos en que solamente deban cambiarse las cuotas establecidas para los elementos de las tarifas.

La modificación corresponderá a los casos en que se varíe alguno de los elementos de la tarifa o la forma en que éstos intervienen.

La reestructuración corresponderá a los casos en que sea necesaria la adición o supresión de alguna o varias tarifas.

Una vez que ha procedido el ajuste, modificación o reestructuración de las tarifas de energía eléctrica, para que puedan aplicarse deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y al menos dos periódicos de circulación nacional.

Lo anterior en virtud de que si bien es cierto las tarifas de energía eléctrica por Ley reflejarán el costo económico de los rubros de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica suministrada, también deben considerar externalidades que no dependen directamente del usuario en torno a la demanda, así como también los beneficios de los recursos naturales obtenidos para la producción de la energía a partir de fuentes renovables.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Único. Se reforma el artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Articulo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima, una combinación de ambas o por temporadas del año cuando las condiciones climáticas en las entidades federativas sean causa del aumento en la demanda. Asimismo se podrán fijar tarifas especiales en aquellas entidades que tengan la mayor aportación en generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo a los ayuntamientos en este beneficio como usuarios potenciales del servicio de energía eléctrica.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan y abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota:

1 La Junta de Gobierno se integra por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Comercio y Fomento Industrial; de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Energía, Minas e Industria Paraestatal, quien la presidirá. También forman parte de la Junta de Gobierno, el Director General de Petróleos Mexicanos y tres representantes del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales en la Comisión Federal de Electricidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de septiembre del año 2012.— Diputados: Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Nabor Ochoa López (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

LEY BANCO DE MEXICO - LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra la diputada Dora María Talamante, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 de la Ley Banco de México y 18 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, el otorgamiento del crédito significa para los ciudadanos una oportunidad de generar solvencia económica y adquirir diversos productos para la satisfacción de sus necesidades.

En México el acceso al crédito es un tema que a los ciudadanos les preocupa de manera importante, gracias a ello pueden allegarse de este servicio financiero para así satisfacer las necesidades prioritarias para ellos y sus familias.

La iniciativa que presentamos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, ante esta soberanía, tiene el objetivo de beneficiar a los usuarios de los servicios financieros para fomentar tasas de intereses preferenciales para las personas que cuentan con un historial de crédito positivo.

Históricamente el acceso al crédito era una operación altamente riesgosa debido al peligro que se suscitaba en las crisis económicas, ya que elevaban las tasas de intereses a niveles inesperados.

En la actualidad la regulación de nuestro sistema financiero refleja una mayor certidumbre para que las instituciones financieras ofrezcan al público servicios más seguros y confiables que les permitan utilizar estos servicios tan necesarios; en fecha reciente, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley del Banco de México para que ese organismo público autónomo regule las comisiones y tasas de intereses activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes.

Un elemento importante para las instituciones financieras que otorguen los créditos a quienes lo soliciten, es el comportamiento que las personas físicas y morales en el manejo adecuado de su historial crediticio, esto derivado de la información que para este fin compilen las sociedades de información crediticia, en donde se refleja el cumplimiento de sus obligaciones financieras y también a quienes han presentado dificultades para cumplirlas.

Sin embargo, no siempre se puede acceder a un crédito sin el análisis previo que las instituciones crediticias realizan con la información que estas sociedades de información crediticia generan.

En muchas ocasiones esto trae como consecuencia que el crédito no se pueda obtener de manera inmediata y si lo logran conseguir, lo establecen con tasas de intereses elevadas que incrementan el costo final del crédito, sin tomar en consideración aquellas personas que han mantenido un comportamiento positivo y adecuado dentro de su historial crediticio.

Les pregunto a ustedes, compañeras y compañeros diputados, ¿cómo podemos incentivar el acceso al crédito de nuestro país? ¿Cómo podemos beneficiar a todas aquellas personas que cumplen puntualmente con el pago de sus créditos? ¿Cómo podemos disminuir el problema de la cartera vencida?

Una solución eficaz para resolver estos cuestionamientos, que les planteo, la encontramos con la presentación de esta iniciativa.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos interesa el bienestar de todos los ciudadanos, en la búsqueda de acceder a un crédito justo y costeable, que permita a quienes han generado un historial crediticio positivo obtener tasas de intereses preferenciales en las operaciones de crédito, préstamos y financiamiento revolvente que celebran en las entidades financieras.

Esta iniciativa propone que el Banco de México, en el ejercicio de la facultad de regular las tasas de interés, promueva, en beneficio de los usuarios de servicios financieros que cuenten con un historial de crédito positivo en las sociedades de información crediticia, mecanismos que les permitan obtener tasas de intereses preferenciales conforme al riesgo de crédito.

Compañeras y compañeros diputados, al aprobar esta iniciativa podemos alcanzar el objetivo de incentivar a todas las personas que cumplen puntualmente con el pago de sus créditos reflejados en las sociedades de información crediticia, otorgándoles una tasa de interés preferencial, fortaleciendo con ello el poder acceder a un crédito, ya sea crédito de consumo, a la vivienda, automotriz, etcétera.

Las tasas de interés preferenciales beneficiarán a millones de usuarios de los servicios financieros al disminuir el costo final del crédito y que el ingreso de las personas sea más redituable.

La iniciativa también busca contrarrestar el incremento del saldo a la cartera vencida, ya que en estas propuestas las personas físicas y morales verán un beneficio para quienes cumplen en tiempo y en forma con la liquidación del crédito y por lo tanto, las instituciones financieras serán igualmente beneficiadas al disminuir considerablemente los créditos insolventes.

En este orden de ideas, tanto el público ahorrador como las instituciones financieras obtendrán un beneficio importante con la aprobación de esta iniciativa, siendo esta propuesta de reforma un importante avance para el correcto funcionamiento del sistema financiero.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza entendemos que nosotros, los diputados y las diputadas, debemos generar normas eficientes y eficaces al servicio de todos, particularmente en uno de los aspectos que más interesa, que es cuidar a los ciudadanos en su bienestar económico. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 26 de la Ley del Banco de México y 18 Bis 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

El objetivo de las sociedades de información crediticia es el de integrar información sobre el comportamiento crediticio de personas físicas y morales, a fin de que pueda ser consultada y evaluada por terceros al momento de originar un crédito. Son hoy en día un marco de referencia para el otorgamiento de crédito en México.

Su principal finalidad es apoyar la actividad financiera del país, proporcionando a las empresas información que les permita una mayor apertura al otorgamiento de crédito a sus clientes, manteniendo una administración sana de su negocio.

Las sociedades de información crediticia operan al amparo de la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia y por las Reglas Generales de Banco de México y están sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Dichas sociedades sólo llevan a cabo las actividades necesarias para la realización de su objeto, incluyendo el servicio de calificación de créditos o de riesgos, el de verificación o confirmación de identidad o datos generales, así como las demás actividades análogas y conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), oyendo la opinión del Banco de México y de la comisión.

Existen experiencias internacionales donde el buen historial crediticio construido por las personas físicas y morales, les da una mayor capacidad de negociación y protección a sus derechos como usuarios de servicios financieros, y el mismo es recompensado con tasas de interés preferenciales, con acceso a mayor crédito, con beneficios en la exención o reducción de depósitos en la renta de inmuebles, prestación de diversos servicios, mejores tarifas en la adquisición de seguros, entre otros.

La adecuada y eficaz protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros es un tema que hoy preocupa con justa razón a la sociedad, no sólo en México, sino alrededor del mundo, y principalmente después de los problemas que se han generado en los últimos años.

Los usuarios tienen derecho a que los servicios y productos financieros se presten en el seno de un mercado abierto y de competencia real, que optimice la calidad de dichos productos y servicios y establezca costos adecuados, teniendo beneficios directos tanto para las personas como empresas.

Argumentación

El Buró de Crédito integra y proporciona información previa al otorgamiento de crédito y durante la vigencia del financiamiento. De esta manera, da a conocer la capacidad y oportunidad de pago de personas y empresas, es decir, el historial crediticio positivo o negativo.

Hoy día son registradas todas nuestras actividades de crédito, y no sólo se incluyen los registros de instituciones financieras sino también de servicios, por lo que una adecuada educación financiera es indispensable al observar en todo momento un buen historial del mismo.

Esta mayor disponibilidad de información debe tener efectos importantes en el funcionamiento del mercado financiero. Un aumento de la cantidad y calidad de la información (positiva y negativa) permite mejorar la evaluación del riesgo de crédito, reduciendo los problemas de selección adversa y riesgo moral, y esto debe traducirse en beneficios directos para aquellos que gocen de un buen historial de crédito.

En el mundo, generalmente, la legislación para proteger a los usuarios va rezagada en comparación con la velocidad de las innovaciones en los productos y servicios financieros. Por un lado, la llamada convergencia financiera ha hecho obsoletos los antiguos esquemas de regulación. Por otro, la complejidad que acompaña las innovaciones aumenta las asimetrías de información.

Las instituciones (tanto las leyes como los mecanismos para su aplicación) para la protección de los usuarios de los servicios financieros juegan un papel fundamental para hacer más eficientes los mercados financieros.

En este orden de ideas, es que es indispensable mejorar las condiciones de acceso al crédito para personas físicas y morales, fortaleciendo los derechos de los usuarios de servicios financieros, al promover un mercado más abierto y de competencia real, que optimice la calidad de dichos productos y servicios, con costos adecuados, en beneficio de la sociedad mexicana.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas las diputadas y diputados Lucila Garfias Gutiérrez, René Ricardo Fujiwara Montelongo, María Sanjuana Cerda Franco, Sonia Rincón Chanona, Dora María Talamante Lemas, Cristina Olvera Barrios, Fernando Bribiesca Sahagún, Luis Antonio González Roldán, Angelino Caamal Mena y Rubén Benjamín Félix Hays, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 numeral I, 76 numeral I fracción II, 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 26 de la Ley del Banco de México y 18 Bis 3 de la Ley Para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 26 de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Artículo 26. Las características de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de crédito, así como las de crédito, préstamo o reporto que celebren los intermediarios bursátiles, se ajustarán a las disposiciones que expida el banco central.

El Banco de México regulará las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes. Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal de Competencia y observará para estos fines lo dispuesto en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

El Banco de México promoverá en beneficio de los usuarios de servicios financieros que cuenten con un historial de crédito positivo en las sociedades de información crediticia, mecanismos que les permitan obtener tasas de interés preferencial conforme al riesgo de crédito.

...

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción III al artículo 18 Bis 3 de la Ley Para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 18 Bis 3.La tasa de interés ordinaria que reflejen los estados de cuenta que reciban los clientes de las entidades en las operaciones de créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta podrá variar sin necesidad de notificación o aviso alguno al cliente, en los siguientes supuestos:

I. Cuando los cambios a la tasa de interés ordinaria sean inherentes a las variaciones en el nivel de la tasa de referencia, y

II. En caso de que por su vigencia o por comportamiento crediticio del cliente conforme a lo pactado en el contrato, expire una tasa de interés promocional.

III. Por el historial de crédito positivo que se reporte en las sociedades de información crediticia, en cuyo caso se accederá a una tasa de interés preferencial conforme al riesgo de crédito.

..

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.— Diputadas: Lucila Garfias Gutiérrez, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbricas).»

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Presidencia saluda con afecto a los médicos del Hospital General de Tláhuac, invitados por la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar. Sean ustedes bienvenidos.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Salvador Romero Valencia, del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. *

¿No está en el salón don Salvador Romero? Se turna la iniciativa a la Comisión de Economía, para dictamen.

ARTICULOS 6, 73 Y 105 CONSTITUCIONALES - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Isaías Cortés Berumen, del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hasta por cinco minutos.

Los 10 minutos son solo para cuando se está proponiendo un cuerpo legal completo, pero aún siendo reforma constitucional son hasta por cinco minutos. Tiene usted el uso de la voz.

El diputado Isaías Cortés Berumen: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, la iniciativa que hoy someto a consideración tiene como objeto otorgar de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información.

El verdadero ejercicio de un gobierno democrático no se entiende sin que la capacidad de los actores involucrados —gobernante-gobernado— se dé en condiciones de simetría; es decir, que ambos tengan la misma posibilidad a acceder a la información que genera el gobernante y que esté en a total disponibilidad del gobernado.

Sin duda México tiene avances importantes e indiscutibles en la materia, pero estos avances siguen siendo asimétricos, dependiendo de la región del país donde se viva; es por ello que el objetivo general de esta propuesta es hacer que —sin ningún distingo— la norma establezca pisos mínimos, a través de una ley general que garantice este derecho en todo el territorio nacional, dejando en las autonomías estatales la posibilidad de ir más allá de lo establecido en esta propuesta, que siempre será en beneficio de los habitantes de dichos estados.

Existe consenso en la necesidad de dotar de mayor facultad a este órgano para poder cumplir cabalmente con su función, al establecer su naturaleza jurídica como órgano constitucional autónomo; es decir, que no se encuentre acotada por ninguno de los Poderes establecidos, de lo contrario siempre habrá algún grado de acotamiento en sus resoluciones, mismas que deben de ser tomadas en total libertad.

Por ello, además de dotar al IFAI de esta autonomía, se hace necesario que el proceso de nombramiento de los comisionados se dé con la obligada intervención de alguno de los Poderes y con ello se obtenga la legalidad y legitimidad pertinentes; sin embargo, no debe de ser el Ejecutivo en potestad absoluta quien tenga esta atribución, debe de ser la representación popular quien sea la vía para que en un esquema de mérito se nombre a los mencionados.

El esquema es sencillo, además de tener que cumplir con los requisitos mínimos de experiencia, escolaridad y tener a salvo sus derechos, los aspirantes tendrán que acudir a la convocatoria de concurso nacional por oposición para ser comisionado del IFAI, para acreditar la capacidad académica suficiente, a través de una evaluación elaborada y aplicada por un ente externo y que este mismo entregue, en orden descendente de calificación, a la Cámara para que esta valide y nombre a los comisionados que corresponda en cada convocatoria.

Esto garantiza que los nombramientos de los comisionados queden fuera de la lógica de cuotas de los actores formales del poder, el presidente de la República y las fracciones parlamentarias, dando total autonomía a los electos y teniendo claramente la legalidad y legitimad debida al ser nombrado por esta soberanía.

De igual manera, es necesario que todos los órganos, en particular el de la discusión, tengan certeza de sus capacidades presupuestales y que estas no se encuentren supeditadas a los vaivenes políticos, que por lo general causan gran incertidumbre; por ello vale la pena que quede establecido en la legislación que un porcentaje del Presupuesto de Egresos, del ejercicio fiscal en turno, este asignado a las actividades del IFAI y que esta regla sea aplicable también en todos los estados de la federación y el Distrito Federal.

A pesar de existir la vía jurisdiccional para que el ciudadano defienda su derecho a la información a través del recurso del amparo, también es cierto que no está obligado a tener los conocimientos jurídicos para interponerlo; por eso y enfatizando que este es un derecho humano, vale la pena dotar al IFAI de la capacidad de conocer asuntos en el que el ciudadano se sienta afectado por la resolución de un órgano local en materia de acceso a la información.

Es decir, que el IFAI se convierta en una segunda instancia y sus resoluciones, en estos casos, como en cualquier otra resolución, sean definitivas e inatacables para el ente público, dejando además la instancia del amparo para el ciudadano que así lo decida por gusto o por capacidad de hacerlo.

No existe razón válida alguna para omitir en la ley general una propuesta que incluya a los partidos políticos, definidos como organismos de interés público por diferentes razones; la primera, por recibir recursos públicos para todas sus actividades y por ser una vía para acceder al poder en este país. Es necesario terminar con la intermediación del IFE y asumir a los partidos políticos como sujetos obligados plenos.

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, el que suscribe, con el carácter de diputado federal, someto a consideración del pleno el decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a efecto de otorgar autonomía constitucional al IFAI. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Isaías Cortés Berumen, con el carácter de diputado federal de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero de la fracción I y el párrafo segundo de la fracción II del artículo 41; y la fracción II del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 12, numeral 2; 18, numeral 1, inciso B; 32, numeral 1 y numeral 3; y 101, numeral 1, fracciones b y c, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El verdadero ejercicio de un gobierno democrático no se entiende sin que la capacidad de los actores involucrados (gobernante-gobernado) se dé en condiciones de simetría, es decir que ambos tengan la misma posibilidad a acceder a la información que genera la desigualdad originaria de que quien genera la información (el gobernante) no la tenga a total disponibilidad de quien le delegó la responsabilidad de gobernar.

Sin duda México tiene avances importantes e indiscutibles en la materia, pero estos avances siguen siendo asimétricos dependiendo la región del país donde se viva y de las particularidades políticas de las mismas, por ello el objetivo general de esta propuesta es hacer que sin ningún distingo, la norma establezca pisos mínimos a través de una Ley General de Transparencia y Acceso a la información, que garantice este derecho en todo el territorio nacional, dejando en las autonomías estatales la posibilidad de ir más allá de lo establecido en esta propuesta, que siempre será en beneficio de los habitantes de dichos Estados.

1. Existe consenso en la necesidad de dotar con mayores facultades al órgano garante federal, el IFAI para poder cumplir cabalmente con su función de órgano garante, al establecer su naturaleza jurídica como órgano constitucional autónomo, es decir que no se encuentre acotada por ninguno de los poderes establecidos, de lo contrario siempre habrá algún grado de sujetación o acotamiento en sus resoluciones, mismas que deben de ser tomadas en total libertad, por ello además de dotar al IFAI de esta autonomía se hace necesario que el proceso de nombramiento de los comisionados se dé con la obligada intervención de alguno de los poderes y con ello se obtenga la legalidad y legitimidad pertinentes, sin embargo no debe de ser el ejecutivo en potestad absoluta quien tenga esta atribución, debe de ser la representación popular cameral la que sea la vía para que en un esquema de mérito se nombre a los mencionados.

El esquema es sencillo, además de tener que cumplir con los requisitos mínimos de experiencia, escolaridad y tener a salvo sus derechos, los aspirantes tendrán que acudir a la convocatoria de concurso nacional por oposición para ser comisionado del IFAI, para acreditar la capacidad académica suficiente a través de una evaluación elaborada y aplicada por un ente externo que podría ser el Ceneval y que este mismo ente entregue en orden descendente de calificación a la Cámara para que esta valide y nombre a los comisionados que corresponda en cada convocatoria.

Esto garantiza que los nombramientos de los Comisionados queden fuera de la lógica de cuotas de los actores formales del poder, el Presidente de la República o las fracciones parlamentarias, dando total autonomía a los electos y teniendo claramente la legalidad y legitimad debida al ser nombrados por esta soberanía.

2. De igual manera es necesario que todos los OCAS, en particular el de la discusión, tengan certeza de sus capacidades presupuestales y que estas no se encuentren supeditadas a los vaivenes políticos que por lo general causan gran incertidumbre, por ello vale la pena que quede establecido en la legislación o en la propia Carta Magna que un porcentaje del PIB o del presupuesto (a definir) este asignado a las actividades del IFAI y que esta regla sea aplicable también en todos los estados de la federación y el Distrito Federal.

3. Redondeando el tema sobre las capacidades que debe de tener el IFAI como organismo constitucionalmente autónomo, debe de incluirse la potestad para que presente recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra legislaciones federales o locales de la materia, en aras de garantizar plenamente el derecho de todas las mexicanas y los mexicanos a través de su órgano especializado.

4. A pesar de existir la vía jurisdiccional para que el ciudadano defienda su derecho a la información a través del recurso del amparo, también es cierto que el ciudadano no está obligado a tener los conocimientos jurídicos para interponerlo, por eso y enfatizando que este es un derecho humano, vale la pena dotar al IFAI de la capacidad de conocer asuntos en el que el ciudadano se sienta afectado por la resolución de un órgano local en materia de acceso a la información, es decir que el IFAI se convierta en “segunda instancia” y sus resoluciones en estos casos como en cualquier otra resolución sean definitivas e inatacables para el ente público, dejando además la instancia del amparo para el ciudadano que así lo decida, por gusto o por capacidad de hacerla.

5. No existe razón válida alguna para omitir en la ley general propuesta a los partidos políticos, definidos como organismos de interés público, por dos razones, la primera por recibir recursos públicos para todas sus actividades y por ser una de las vías (la más importante) para acceder al poder en este País, es necesario terminar con la intermediación del IFE y asumir a los partidos políticos como sujetos obligados plenos, al igual que el resto de los OCAS y cualquier otro organismo que reciba recursos públicos.

Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, se somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de otorgar autonomía constitucional al IFAI

Artículo Único. Se reforma la fracción XXIX-Ñ del artículo 73; y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 6o., recorriéndose el subsecuente, y un inciso h) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

En el orden federal contará con un organismo autónomo en materia de acceso a la información y protección de datos, el cual para sugestión contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, que será la autoridad responsable encargada de promover y difundir el ejercicio .del derecho de acceso a la información; resolver de forma sencilla y expedita las solicitudes de acceso a la información en poder de sus dependencias y entidades. Sus resoluciones tendrán el carácter de definitivo e inatacable garantizando en todo momento la protección de los datos personales.

El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un comisionado presidente y cuatro comisionados. La presidencia del comisionado durará cuatro años sin posibilidad de reelección. Los comisionados durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad. De darse la falta absoluta del comisionado Presidente o de cualquiera de los comisionados, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

...

I. a VII....

Art. 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-Ñ. ...

XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, así como para expedir la ley que garantice el derecho de acceso a la información en la federación, estados, municipios y el Distrito Federal, así como cualquier persona física o moral, pública o privada que reciba recursos públicos, de conformidad con los principios y bases contenidos en el segundo párrafo del artículo 6o.

XXIX- P y XXIX- Q. ...

XXX. ...

Artículo 105. ...

I....

II. ...

a) a g)...

h) El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, a los organismos estatales de Acceso a la Información Pública equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el Organismo de Acceso a la Información y Protección de datos Personales del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

...

...

...

III. ...

...

...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor, al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión en un plazo máximo de un año a partir del inicio de la vigencia del presente Decreto, deberá expedir una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de Datos Personales, misma que derogará la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares vigentes.

Tercero. Los actuales integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, continuarán en su encargo hasta concluir el período para el que fueron designados.

Decreto por el que se reforma la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Artículo Único. Se reforman los artículos 1 y 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en los siguientes términos:

Título Primero Disposiciones Comunes para los Sujetos Obligados

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente leyes de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposicionespara garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad, órgano y organismo federal, estatal, municipal o del Distrito Federal, así como cualquier persona física o moral, pública o privada que reciba recursos públicos. Es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al derecho a la información garantizado por el Estado.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XIII. ...

XIV. Sujetos obligados:

a) a d)...

e) Los tribunales administrativos federales;

f) Cualquier otro órgano federal; y

g) Los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales y estatales, acreditados en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana federal o estatal.

Artículo Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor, al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.— Diputado Isaías Cortés Berumen (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Función Pública, para dictamen.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibe la petición y obsequia el turno a don Salvador Romero Valencia, del PRI, que no estaba en el salón por estar ocupado en un trámite personalísimo e indelegable, y le otorga cinco minutos para presentar proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El diputado Salvador Romero Valencia:Con su permiso, señor presidente. Amigas diputadas y diputados, el desempleo corrompe el espíritu de quien ve en la incertidumbre y la falta de oportunidades su único futuro; el desempleo deshumaniza a las mujeres y a los hombres, porque no pueden desarrollar sus capacidades, porque ven frustrados sus sueños y llevan la desesperanza a cuestas como única herencia.

Michoacán, mi querido estado, no es la excepción. Quienes estamos aquí sabemos bien que la demanda más sentida de los ciudadanos que nos brindaron su voto es un empleo digno y bien remunerado.

La iniciativa que hoy presento en ésta, la más alta tribuna de la nación, es precisamente por los millones de padres de familia que no saben que llevarán mañana a sus hogares, por falta de un empleo; por los millones de jóvenes que tienen extraviada su esperanza en el futuro, por falta de oportunidades en el mercado laboral.

Por las millones de madres, que son jefas de familia y no pueden sacar adelante a sus hijos, por la ausencia de fuentes de trabajo; por los millones de adultos mayores, que aún tienen la energía, el ímpetu y el corazón para salir adelante, pero que no encuentran un espacio, porque en este país, amigas y amigos diputados, a los 35 años, ya se es viejo en el mercado laboral.

Por los millones que laboran en la informalidad y que representan el 29.3 por ciento de la población ocupada, casi un tercio de los que trabajamos lo hacen en la informalidad; por los millones de mujeres y hombres que depositaron en las urnas su voto y en nuestras manos su confianza.

Necesitamos una visión de Estado que impulse un desarrollo regional más equilibrado, a través de acciones legislativas y políticas públicas equitativas para atender los problemas estructurales que han limitado el desarrollo del país.

En suma, es urgente una política nacional que tenga su mejor asidero en la ley, para reencauzar el rumbo económico y social de México, y ahí, la propuesta que hoy pongo a su consideración y que plantea reformar los artículos 13 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objeto específico de atender la demanda nacional de empleo, sobre todo en las regiones con mayor rezago.

Otorgar el impulso a las micros, pequeñas y medianas empresas, etiquetando un fondo especial y otorgando incentivos fiscales para quienes se instalen en municipios de alta y muy alta marginalidad, siempre y cuando se privilegie la contratación de la fuerza de trabajo local en todos los niveles y promovamos el desarrollo regional equilibrado.

Es momento de responderle a quienes creyeron en nuestra palabra empeñada, a quienes nos dieron, con su voto su esperanza, a los mexicanos que aún creen en México y se levantan cada mañana a luchar a brazo partido en busca de su destino, a quienes han demostrado la determinación de construir los pilares de nuestro futuro.

Hagamos llegar a más mexicanos, en más lugares, los beneficios del crecimiento económico —termino, señor presidente—; asumamos con altura de miras este inmenso desa-fío; coloquemos por encima de nuestras diferencias —aunque éstas sean legítimas— nuestro espíritu a favor de México.

Los integrantes de la LXII Legislatura tenemos un llamado crucial de la patria; tengamos todos la convicción íntima y profunda de que el prolongado y heroico destino de México es la grandeza. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 13 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 13 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas al tenor de los siguientes

Argumentos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al segundo trimestre del año se registró que la población desocupada ascendía a 2.5 millones de personas, lo cual representa una tasa de desocupación de 4.8 por ciento de la población económicamente activa.

La población subocupada alcanzó 4.3 millones de personas, con una tasa de 8.9 por ciento respecto a la ocupada, proporción mayor que la de igual trimestre de 2011, de 8.3.

Además, 14.2 millones de personas laboran en la informalidad, que representa 29.3 por ciento de la población ocupada, habiendo aumentado en 830 mil personas respecto al dato de un año antes.

La situación por la que atraviesan millones de mexicanos es alarmante y requiere respuestas rápidas y eficientes, que le permitan vislumbrar un mejor futuro, particularmente si consideramos la realidad actual de los estados y los municipios del país.

Los indicadores del Banco Mundial señalan que hacia 2030, la población de México será del orden de 130 millones de habitantes, lo cual implica que la población económicamente activa ascendería a 65 millones de habitantes; es decir, se requiere generar alrededor de 1.2 millones de empleos anuales para dar empleo a los mexicanos que se incorporen a la vida productiva.

El problema del empleo a escala nacional y el de la pobreza caminan de la mano y requieren nuevos planteamientos que vinculen de manera efectiva los diferentes sectores productivos del país con la fuerza laboral existente. Mirar esta problemática requiere una visión de estado y no sólo medidas coyunturales que pretendan aliviar de manera temporal la problemática, lo cual precisa de la concurrencia de los tres niveles de gobierno y de la iniciativa privada para imprimir un auténtico impulso a las regiones del país.

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2011 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indicó que la población en situación de pobreza ascendió a 46.2 por ciento en 2010, lo cual representa 52 millones de personas, un aumento de 3.2 millones de pobres en comparación con 2008.

El documento referido en el párrafo anterior señala que “no sólo la crisis financiera coyuntural o el incremento en el precio de los alimentos han sido los responsables de que el ingreso real no sea mayor en México y de que la pobreza sea elevada, también lo es el lento crecimiento económico de largo plazo”. Asimismo, concluye que “las condiciones de México no podrán mejorarse si no se realizan cambios económicos profundos que propicien el incremento de la productividad,la inversión, la generación de más empleos formales y de mejor calidad, así como el aumento del salario real de manera sistemática y sostenida”.

Resulta evidente que debemos pensar en un desarrollo regional más equilibrado, lo cual requiere acciones legislativas y políticas públicas equitativas para atender los problemas estructurales que han limitado el desarrollo de diferentes municipios y de millones de mexicanos.

En suma, una política nacional en la materia que tenga su mejor asidero en la ley resultaría a todas luces pertinente en estos momentos para reencauzar el rumbo económico y social del país.

Problemática

Una de las demandas más sentidas de la población en todo el país son el empleo y el acceso a mejores condiciones salariales y de seguridad social.

La presente propuesta pretende

• Atender la demanda nacional de empleo, sobre todo en las regiones con mayor rezago;

• Impulsar las Mipyme, con el otorgamiento de incentivos y apoyos para que se instalen en municipios de alta y muy alta marginación, privilegiando la contratación de mano de obra local;

• Promover el desarrollo regional equilibrado;

• Evitar la fuga de mano de obra regional por falta de oportunidades;

• Capacitar a la mano de obra local;

• Desarrollar directivos locales y mano de obra calificada; e

• Impulsar la simplificación de los trámites administrativos en aras de lograr una mejora regulatoria que impulse el desarrollo de las regiones de México.

Propuesta de modificación

Se reforman y adicionan los artículos 13 y 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

Artículo 13. ...

I. a VI. ...

VII. Estimular la contratación preferente de personal directivo y de mano de obra residente en las localidades de alta y muy alta marginación, en donde se instalen Mipyme, fortaleciendo el desarrollo humano y la economía local, mediante un fondo especial de recursos con dicha finalidad específica, así como los incentivos fiscales que se consideren pertinentes.

VIII. Propiciar de manera coordinada una mejora regulatoria que mediante la simplificación de trámites y estímulos administrativos, propicie el establecimiento de Mipyme en aras de lograr una mejora regulatoria que impulse el desarrollo de las diferentes regiones de país.

Artículo 14. ...

I. a XIII. ...

XIV. El fomento de la economía local, mediante el desarrollo de mano de obra y personal directivo, a través de una cultura empresarial que vincule las actividades productivas y la contratación preferentemente local de sus recursos humanos.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se agregan las fracciones VII y VIII al artículo 13 y la XIV al 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

I. a VI. ...

VII. Estimular la contratación preferente de personal directivo y de mano de obra residente en las localidades de alta y muy alta marginación, en donde se instalen Mipyme, fortaleciendo el desarrollo humano y la economía local, mediante un fondo especial de recursos con dicha finalidad específica, así como los incentivos fiscales que se consideren pertinentes.

VIII. Propiciar de manera coordinada una mejora regulatoria que mediante la simplificación de trámites y estímulos administrativos, propicie el establecimiento de Mipyme en aras de lograr una mejora regulatoria que impulse el desarrollo de las diferentes regiones de país.

Artículo 14....

I. a XIII. ...

XIV. El fomento de la economía local, mediante el desarrollo de mano de obra y personal directivo, a través de una cultura empresarial que vincule las actividades productivas y la contratación preferentemente local de sus recursos humanos.

Artículos Transitorios

Primero.Se otorga un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para que la secretaría integre el fondo objeto de esta reforma por un importe de mil millones de pesos y emita su reglamento y de 90 días más para formalizar con las entidades federativas los convenios necesarios para su ejecución.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá otorgar los recursos mencionados mediante reasignaciones derivadas de los fondos existentes para Pyme etiquetándolos para tal efecto y de los remanentes existentes de obras no ejecutadas y que por su calendario no se podrán realizar en el resto del año. Esta partida deberá incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.— Diputado Salvador Romero Valencia (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, y vaya que es mucho. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

ARTICULOS 6O., 7O., 27 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Francisco Alfonso Durazo Montaño, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 7o., 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Señor presidente, compañeros diputados, desde Gutenberg, no se sabe de un político que haya ganado una guerra a un gigante de la comunicación.

Tema pues, por demás espinoso, éste de proponer cambios en materia de medios; sin embargo, se registran ya demasiadas señales que nos indican que el sistema de medios está muy lejos de ser mínimamente compatible con un modelo democrático de país.

En el marco de su nuevo protagonismo, hemos conocido el desplazamiento de su condición de medios al rol cada vez más evidente de protagonistas en la lucha por el poder; han terminado así, como un poder por encima del Estado. Eso explica que gobiernos, candidatos y un largo etcétera, marchemos al compás de los redobles del gran medio nacional.

Es de tal dimensión el problema —y ojalá tuviera su particular atención en este tema—, es de tal dimensión el problema, que la disputa por el poder de los grandes medios nos recuerda hoy a otra institución: la Iglesia, aquella de la gran década juarista cuyos límites tuvieron que ser acotados con claridad para zanjar el obstáculo que impedía a la República desarrollarse plenamente.

Gracias a las tecnologías de la libertad, como han sido llamadas merecidamente, particularmente Internet, la sociedad tiene hoy un contrapeso estructural ante esos grandes medios, pero eso es insuficiente.

El común denominador de los problemas que hoy vivimos, sean la corrupción, la desconfianza social en las instituciones, el desprestigio de la política, los niveles de confrontación, la sumisión al poder de algunos medios de comunicación y sobre todo, la sumisión del poder a algunos medios en la falta de democracia.

Por ello, la verdadera reforma estructural que demanda el país es la de su régimen político; el Estado mexicano requiere de un aparato jurídico renovado, surgido de un nuevo pacto político, incluyente y de largo alcance, que sustituya al obsoleto modelo político pactado en 1929.

Mientras eso sucede, tenemos que pensar qué hacer con la concentración de medios y su asalto sobre la pluralidad y la libre competencia política en el país.

Los medios, particularmente los grandes conglomerados, tienen que dar un salto cualitativo a su democratización, pues son la verdadera piedra angular del proceso de cambio; de hecho, no podrá concluirse con certidumbre la transición hacia un México auténticamente democrático sin que los medios pasen por su propio proceso de cambio para promover y afirmar los valores y las actitudes sociales que hacen posible a la democracia.

Por ello, proponemos reformar los artículos 6, 7, 27 y 73 constitucionales; el objetivo es compatibilizar este ordenamiento con los instrumentos jurídicos internacionales ya ratificados por nuestro país, y que reconocen el carácter universal de los derechos a la libertad de expresión y a la información; hacer claro que los medios prestan un servicio público, por lo que deben ser promotores de los valores republicanos consagrados en nuestra Carta Magna, y reconocer la propiedad de la nación sobre el espectro radioeléctrico.

Dar base constitucional a la creación de un organismo ciudadano autónomo que regule los regímenes de concesiones y permisos, y asegure el derecho de réplica y el acceso a los medios en condiciones de igualdad para todos los sectores.

Innumerables intentos por democratizar la relación existente entre los medios de comunicación y el Estado han fracasado. No será fácil modificar una relación que ha estado enmarcada históricamente por un laberinto de códigos escritos y no escritos. Ese vacío es uno de los grandes pendientes históricos del Poder Legislativo; sin embargo, nunca como hoy ha estado tan necesitado nuestro país de un sistema democrático de medios.

Sería una irresponsabilidad histórica que esta Cámara atestiguara, en silenciosa contemplación, la subordinación del Estado y del gobierno a los grandes conglomerados de medios; es apremiante tomar cartas en el asunto, pues de no impulsarlo por vías institucionales lo impondrá la calle, cuyo latido es cada vez más intenso y el subsuelo empieza ya a mostrar sus signos de ebullición. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 6o., 7o., 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El diputado Alfonso Durazo Montaño y el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77, párrafo 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como resultado del creciente deterioro de las potestades republicanas la sociedad ha dejado de estar representada en el poder, el poder del Estado ha sido rebasado por otras instancias.

Durante los últimos 25 años, la imposición del actual modelo económico ha derivado claramente en el desmantelamiento del Estado social a través de las privatizaciones, de la falta de crecimiento económico, de la ausencia de una profunda reforma fiscal, de transiciones mal hechas, de la amputación de facultades del poder público, de la satanización del Estado. Así los poderes fácticos en su conjunto han concentrado más poder que el Estado mismo.

La cesión de prerrogativas constitucionales en favor de estos poderes nacionales y trasnacionales ha tenido como consecuencia que las autoridades públicas hayan perdido su capacidad de conducción de los procesos políticos y económicos del país. En ello han desempeñado un papel fundamental los medios de comunicación masiva.

En un principio, el Estado utilizó los medios como factor de legitimación política, otorgando concesiones muy ventajosas para los dueños de las empresas mediáticas. Éstos se convirtieron en cómplices de los beneficios mutuos que el maridaje les generaba.

Con el transcurso del tiempo, el poder económico de los medios creció desmesuradamente, su capacidad de dominio y penetración rebasó en muchos sentidos al aparato estatal y a la política misma, constituyéndose en un poder que en la vía de los hechos manifestó abiertamente sus pretensiones de imperar sobre la vida pública del país.

Los difusores de medios electrónicos se adjudicaron un papel preponderante para la formación de una opinión pública dirigida a sus intereses, desnaturalizaron el sentido cívico de este concepto, el cual debe ser reencauzado en los términos que propone Giovanni Sartori: “una opinión se denomina pública no sólo porque es del público sino, también, porque implica la res publica, la cosa pública...: los intereses generales, el bien común, los problemas colectivos”. Evidentemente, las aspiraciones económicas privadas se oponen a estos principios fundamentales.

Los medios electrónicos de difusión se han convertido en intermediarios entre el Estado y la sociedad, atribuyéndose muchas veces, de manera ilegítima, una representación que no necesariamente tienen, y sin embargo desempeñan un papel decisivo en la determinación de la agenda política, económica y social, predisponen la opinión pública a favor o en contra de las iniciativas gubernamentales, o intentan erosionar la imagen de figuras públicas mediante la manipulación; incluso, y sin pudor alguno, han tratado de influir indebidamente en los resultados de los procesos electorales, políticos, legislativos y hasta los judiciales.

Una parte considerable de la clase política, corta de horizontes y sin visión de Estado, ha decidido privilegiar sólo sus intereses coyunturales, y no ha defendido republicanamente a la sociedad en su conjunto de los abusos que este poder fáctico comete. Las intentonas por reformar la Ley Federal de Radio y Televisión en favor del duopolio televisivo rebasan por mucho el análisis teórico sobre la debilidad de las instituciones públicas. Esto ha implicado en muchos sentidos la rendición del Estado. Lo que está en juego es la república.

Ante esta claudicación de la política, las empresas mediáticas han adquirido un poder más amplio que la mayoría de los funcionarios públicos y que los empresarios en general, pues los poderes políticos formales están más acotados jurídicamente, mientras que los medios se mantienen al margen de una regulación clara y precisa, valiéndose de esta opacidad e imprecisión legal para preservar y ampliar sus privilegios.

La crítica a la clase política y a toda manifestación de fuerza es necesaria y razonable, pues en una democracia toda expresión de poder debe estar sujeta a los límites que las leyes establezcan, con el claro objetivo de impedir abusos. En ese tenor es cuestionable que los medios electrónicos, gozando de una gran fortaleza, permanezcan intocados en todos los sentidos cuando cometen excesos. Los medios, por supuesto, pueden criticarlo todo y a todos, pero cuál es la vía pública para criticarlos a ellos. Sin participación ciudadana en el control de los medios se construyen auténticas dictaduras mediáticas.

Las consecuencias de haber postergado una regulación jurídica detallada sobre los medios de comunicación se han convertido en las mejores condiciones para que estos se enriquezcan desmesuradamente, ejerzan un monopolio informativo y utilicen abusivamente sus herramientas para inducir el voto, inventar escándalos políticos o disimular hechos graves, crear imágenes positivas de algunos personajes o destruir la reputación de otros, sin que todo esto les haya implicado responsabilidad alguna.

La libertad de expresión es un valor supremo necesario para la democracia y el bien común, cuyos destinatarios y beneficiarios son los individuos y el pueblo soberano, bajo ningún concepto pueden arrogársela de manera exclusiva los dueños de los medios de comunicación, menos aun convertirla en patente de corso para ampararse de la responsabilidad derivada de sus excesos que muchas veces quebrantan el estado de derecho.

Los medios han desvirtuado esta libertad para convertirla en una práctica sistemática de embestidas tanto a los individuos como al poder político, colocándolos en un verdadero estado de sometimiento e indefensión. Pues en un sistema donde se carece de reglas claras de réplica, cuando el abuso se comete en contra de particulares, se producen daños irreparables, y cuando son en contra de la clase política se utilizan como instrumento de chantaje para doblegar voluntades y obtener prebendas.

En amplios sectores de la población existe la percepción de que el duopolio de medios ejerce prácticas ominosas como la “línea” y la censura; de que el racismo y la discriminación son la divisa común que ha guiado su actuar, esto último ha sido documentado por organismos gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos. Tales deformaciones han sido un lastre para la cultura, la educación, el periodismo libre, han impedido la expresión de la diversidad y pluralidad en nuestro país, falsifican y vuelven invisible el carácter multicultural y multirracial de la república.

Por otro lado, es necesario reconocer que los medios de comunicación resultan indispensables para la sociedad y la democracia, pero deben plantearse en un esquema diferente para que den a conocer la información de manera verídica, objetiva, sin transformar o maquillar la realidad, deben difundir la cultura, los valores republicanos y el respeto de los derechos humanos. Cuando actúan de otra forma son un obstáculo para el desarrollo democrático.

Recordemos las palabras de Karl Popper: “O el Estado regula efectivamente a las televisoras o éstas aniquilarán nuestras democracias”.

La comunicación ha sido reducida a mercancía sujeta a las leyes del mercado; más bien debe ser el baluarte para potenciar el desarrollo justo y democrático de un país, este será el principio rector para toda nación que se precie de ser libre y soberana.

La construcción del estado de derecho a que estén sometidos todos los actores de la sociedad es la clave de una transición democrática; por ello se necesita una regulación plural y ciudadana de la radio y la televisión como uno de los grandes temas de la gobernabilidad hacia la consolidación de la democracia.

Antecedentes

En el país, las disposiciones jurídicas en cuanto a los regímenes de medios han sido ambiguas, discrecionales y ventajosas para las empresas mediáticas.

La última de las iniciativas legislativas para reformar el régimen de medios fue la llamada “Ley Televisa”, la cual abarcaba diversas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión. Éstas propiciaban una concentración de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones a favor del duopolio mediático. La “Ley Televisa” fue presentada y aprobada sin discutirse, casi por unanimidad, en el Congreso en marzo de 2006, poco antes de las elecciones.

El 4 de mayo de 2006, 47 senadores de la LIX Legislatura interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley Televisa; argumentaban que eran violatorias de los artículos 1o., 25, 27 y 20 de la CPEUM.

El 7 de junio de 2007, la SCJN declaró inconstitucionales seis artículos de la “Ley Televisa”. La inconstitucionalidad radicaba en el refrendo automático de las concesiones y la obtención de servicios extradigitales; además, omitía mandatos de igualdad en los medios, establecidas en el artículo 2o. constitucional, lo cual constituía una violación de este dispositivo. Su principal argumento fue que la concentración de los medios en pocas manos distorsiona el derecho a la información.

El ministro Góngora Pimentel señaló: “La renuncia del Estado al espacio radioeléctrico necesario para concretar los derechos fundamentales de expresión, información y prensa, a través de un acuerdo secretarial y su elevación a rango legal en el artículo 28 impugnado, es inconcebible en una democracia”.

Consideraciones jurídicas

En una visión de conjunto se detectan las principales omisiones en el régimen constitucional de medios:

La Constitución no establece la facultad expresa al Congreso para legislar sobre la materia. El régimen competencial definido en el artículo 124 constitucional establece que todas las facultades de las autoridades federales deben ser expresamente concedidas por la propia Constitución y el artículo 73 no se refiere en ninguna de sus fracciones a la radio y a la televisión, el Congreso de la Unión carece de facultad para legislar en la materia.

La fracción XVII de la Ley Federal de Radio y Televisión faculta al Congreso para “dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos”, tal redacción proviene de 1917, cuando las telecomunicaciones no existían y obviamente no las comprende. En tal virtud, los autores de la ley establecieron en el capítulo único de su artículo primero unos “principios fundamentales”, según los cuales “corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y en consecuencia, del medio por el que se propagan las ondas electromagnéticas”.

En rigor, esta incongruencia existe desde la expedición de la ley vigente de 1960. Los actores de ese ordenamiento quisieron eludir, por una parte, la cuestión del contenido de las emisiones y otorgar, por la otra, potestades exclusivas al Ejecutivo de la Unión en este campo. Por esa razón derivaron de modo espurio dicho ordenamiento de los artículos 27 y 48 constitucionales.

Se trataba de equiparar las industrias de radio y televisión con otras dedicadas a la utilización de recursos naturales que se encuentran bajo el dominio directo de la nación. De esta manera, la mención “espacio situado sobre el territorio nacional”, que aparece en el párrafo cuarto del artículo 27, fue motivo suficiente para equiparar esas actividades con la explotación de los yacimientos minerales y de los hidrocarburos. Así se justificó que el supuesto aprovechamiento del aire por los particulares sólo podría realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal.

Por ser evidente, no obstante, que el Congreso de la Unión carece de facultad explícita para legislar en la materia, se arguyó que el artículo 48 establece que, entre otros bienes de la nación, el espacio aéreo depende directamente del gobierno de la federación. De lo que no se deduce de modo alguno la facultad para regular el funcionamiento de industrias que además de propagarse por otros medios físicos, deben ponerse en consonancia con derechos sociales y ciudadanos consagrados por la Constitución.

No pudieron prever los autores de esa ley que la televisión por satélite y la televisión por cable habrían de trasmitirse por espacios distintos a los comprendidos en esos artículos. Menos aun que en la reforma constitucional posterior quedaría establecido el derecho a la información como una garantía fundamental de los mexicanos.

De acuerdo con esas consideraciones, la Secretaría de Educación Pública propuso en 1977 que las disposiciones sustantivas sobre la radio y la televisión quedaran en el artículo 3o. constitucional, de manera que esas actividades quedasen sujetas a los principios y valores contenidos en dicho artículo.

Estimamos que, pese a las consideraciones de la Suprema Corte sobre el artículo 27, existe la imperiosa necesidad de precisar en el mismo artículo, de manera separada y específica, que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación y paralelamente dotar de la facultad constitucional para legislar en materia de medios al Congreso de la Unión. De tal suerte que el artículo 27 no se convierta en un reducto más del autoritarismo en lo que hace al espectro radioeléctrico y al régimen constitucional de medios, y que él participe también de manera fundamental el Congreso de la Unión y la propia sociedad, lo cual adicionalmente implicará una conquista en favor del equilibrio de poderes y del régimen democrático.

Ejes de la propuesta de reforma constitucional

Por todo lo anterior es necesario expedir reformas de la Constitución que contengan los principios conforme a los cuales deberá guiarse la rectoría del Estado en medios de comunicación y espectro radioeléctrico, implantando un sistema transparente y plural de concesiones que garantice el acceso equitativo a los sectores público, privado, comunitario y educativo de la sociedad.

Estas disposiciones deberán guiarse por las siguientes directrices:

1. Compatibilizar con el derecho interno nacional los dispositivos contenidos en los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por México que reconocen el carácter universal de los derechos a la libertad de expresión y a la información.

2. Expresar que, en virtud de que se utiliza un bien que es propiedad de la nación, la naturaleza jurídica de los medios de comunicación electrónica es de servicio público, por lo tanto deben ser promotores de los valores republicanos consagrados en nuestra Carta Magna.

3. Reconocer la propiedad de la nación sobre el espectro radioeléctrico, a fin de otorgar a la ciudadanía el derecho de administrar las concesiones, permisos y explotación directa de este bien público, así como vigilar su actuación y participar en la elaboración de los contenidos de la programación.

4. Establecer la base constitucional para la creación de un organismo autónomo ciudadano que regule los regímenes de concesiones y de permisos, dotado de facultades para otorgar y revocar estos privilegios; que vigile que los contenidos de la programación y los medios respeten y promuevan la pluralidad y los derechos humanos; que asegure el derecho de réplica y el acceso, en condiciones de igualdad, de los sectores: público, privado, comunitario y educativo a la utilización de los medios de comunicación y las tecnologías que posibilitan su empleo.

5. Incorporar la facultad explícita al Congreso de la Unión para que legisle en materia de radio y televisión y del organismo ciudadano que regulará este servicio público.

Por todo lo expuesto, presento al Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o, 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se adiciona un primer párrafo al artículo 6o., que establecería lo siguiente:

Artículo 6o. Se reconocen y garantizan los derechos universales a la información y a la libre expresión. Toda persona tiene la libertad de acceder, buscar, recibir y difundir informaciones de cualquier tipo y por cualquier medio de comunicación, sin previa censura y con responsabilidad ulterior, de acuerdo a lo que disponga la ley.

...

I. a VII. ...

Artículo Segundo. El texto actual del artículo 7o. de la Constitución sería incorporado como tercer y cuarto párrafos del artículo 6o. El nuevo texto del artículo 7o. diría lo siguiente:

Artículo 7o. Sin detrimento de lo establecido en el artículo anterior, los medios de comunicación electrónica son de servicio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de esta Constitución.

Los medios de comunicación procurarán el respeto y promoción de los derechos humanos y los valores democráticos consagrados en el artículo 3o. de esta Constitución; sus contenidos deberán reflejar la pluralidad y diversidad de la república; queda prohibida y será sancionada toda práctica discriminatoria por parte de los medios de comunicación.

Artículo Tercero. Se adicionan los párrafos séptimo y octavo al artículo 27, cuya redacción será ésta:

Artículo 27.

...

...

...

...

...

...

El espectro radioeléctrico será también propiedad de la nación, inalienable e imprescriptible; podrán acceder, en igualdad de condiciones, a su explotación, uso o aprovechamiento las entidades públicas, educativas, privadas y comunitarias, ninguna de ellas podrá concentrar más de 25 por ciento de las frecuencias.

La administración y la vigilancia de las concesiones y permisos de la radiodifusión, televisión y telecomunicaciones por medio del espectro radioeléctrico quedan a cargo de un organismo público autónomo de participación ciudadana creado por el Congreso de la Unión.

...

Artículo Cuarto. El artículo 73 se modificaría en la fracción XVII, añadiendo:

Artículo 73.

I. a XVI. ...

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal , así como sobre radio, televisión, telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de esta Constitución.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.— Diputado Alfonso Durazo Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias por la presentación en tiempo de su iniciativa. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, tiene el uso de la palabra, hasta por seis minutos, don Damián Zepeda Vidales, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, suscrita por él y por doña Adriana González Carrillo, del PAN.

El diputado Damián Zepeda Vidales:Con su venia, señor presidente. Solicito que se adicione también a la diputada Flor Pedraza, quien ha solicitado adherirse a la presente iniciativa.

Con su permiso, presidente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Todo individuo, por el solo hecho de serlo, tiene derechos humanos universales a los que tiene derecho y que deben ser garantizados por el Estado; el respeto a la dignidad y el valor a la persona, independientemente de su raza, color, género, idioma, religión, opiniones, orígenes, riqueza, nacimiento o capacidad son la base de dichos derechos y por tanto, se aplican a todos los humanos, en todas partes del mundo.

Parte fundamental de estos derechos son el derecho a formar una familia, elemento natural y base por supuesto de la sociedad y por supuesto también el derecho que tiene todo individuo al trabajo.

Estos dos derechos deben interactuar en conjunto para lograr la mejor calidad de vida posible, tanto del ciudadano como el de su familia, y el Estado tiene, por supuesto, la obligación de generar marcos legales que los estimulen y los protejan, siempre en un marco de igualdad y equidad ante la ley.

Desgraciadamente esta no es la realidad para miles de mujeres hoy en México; hoy en nuestro país nuestro marco normativo discrimina abiertamente a miles de mujeres, que por cuestiones de vida decidieron adoptar un niño o una niña, en el afán de cumplir con su anhelo de formar una familia.

Las madres adoptivas en México simple y sencillamente no tienen acceso a los derechos laborales que por maternidad les brinda el derecho laboral en nuestro país a las madres biológicas; es decir, no son consideradas para todos los efectos legales en cuanto a prestaciones como madres.

El derecho mexicano vigente establece los derechos laborales generales desde nuestra Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del ISSSTE, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, y muchos otros marcos normativos, y regulan en ellos cuestiones específicas de protección a la maternidad, que van en dos sentidos; por un lado, proteger en términos fisiológicos a la madre, y por otro lado, proteger y promover el desarrollo integral de la familia.

Así, tenemos derechos que van desde descansos preparto y postparto, tiempos para alimentar a sus hijos, apoyo para lactancia, guarderías, asistencia médica y muchos otros más, lo cual por supuesto consideramos que son adecuados.

Sin embargo, en ninguna de estas leyes se considera los mismos derechos para las madres adoptivas en México, lo cual por supuesto resulta abiertamente discriminatorio e ilegal en nuestro marco normativo vigente.

Sobre el particular, vale la pena reiterar que, con la obvia diferencia del aspecto fisiológico en los otros aspectos de la maternidad, la madre adoptiva y su relación con el hijo es exactamente igual que la relación que tiene la madre biológica con el mismo; por tanto, la ley debería reconocer los mismos derechos para una que para otra.

Como cualquier otro niño, el niño que nace o que surge de la adopción requiere de esta atención, sobre todo en el primer espacio que tiene, el primer contacto que tiene con su familia.

Por lo cual, bien haríamos —como Legislatura— en otorgar estos derechos para que la madre pueda estar en contacto directo con su hijo y que puedan integrar de manera adecuada la familia; es por estos motivos que para el Estado debería ser una prioridad el garantizar estos derechos y acabar de una vez por todas con la abierta discriminación que existe en la materia.

Es increíble y va contra todo sentido común, pero existen muchas —no una—, muchas iniciativas que se han presentado, tanto en esta Cámara como en la de Senadores al respecto, e increíblemente no han logrado su aprobación.

Es por esos motivos que hoy mis compañeras y un servidor, insistimos en este tema que consideramos muy importante para la vida y para la justicia de todos los mexicanos.

Quiero señalar que no nos es ajeno que en estos momentos estamos debatiendo la reforma laboral y consideramos que es en este momento cuando esta Legislatura debe de aprovechar para cambiar la principal ley laboral que existe en este país y que tiene el mayor impacto en miles y miles de trabajadoras, que es la Ley Federal del Trabajo.

La presente iniciativa contempla una reforma integral a todo el marco normativo que regula los derechos laborales relacionados con la maternidad; sin embargo, queremos reiterar que hemos presentado la solicitud específica para que en el marco de la reforma laboral y su análisis se incorpore la reforma que requiere la Ley Federal del Trabajo y aprovechemos esta ventana de oportunidad que tenemos en este momento para de una vez por todas hacer justicia social en México y acabar con la abierta discriminación que existe en nuestro país en contra de las madres adoptivas en México. Muchas gracias por su tiempo, señores diputados.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo; del Seguro Social; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo de Damián Zepeda Vidales y suscrita por Adriana González Carrillo, diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Damián Zepeda Vidales y Adriana González Carrillo, diputados federales a la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas con la finalidad de otorgar a las madres adoptivas derechos laborales de maternidad en éstos términos que la legislación vigente les otorga a las madres biológicas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Artículo 1o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1948.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos citada establece derechos universales a los que todo individuo debe tener acceso garantizado en el mundo. El respeto a la dignidad y el valor de cada individuo, independientemente de su raza, color, género, idioma, religión, opiniones, orígenes, riqueza, nacimiento o capacidad, son la base de dichos derechos, y por tanto se aplican a todos los humanos en todas partes.

Parte fundamental en éstos refieren al derecho de formar una familia, elemento natural y fundamental de la sociedad con derecho a la protección de la sociedad y del Estado, según la declaración en mención y “célula primordial de la sociedad y base originaria del orden la paz y el progreso de los seres humanos”, según el Código de Familia de Sonora, mi estado natal.

De igual forma, el derecho al trabajo de cada persona es considerado como garantía primordial del individuo, estableciendo el artículo 16 de la citada declaración que todo individuo tiene “derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo¨, así como a una “remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.

En el mismo orden de ideas, la declaración establece que ¨toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad... La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”

Como podemos observar este documento establece los derechos humanos elementales a los cuales debe tener acceso todo individuo y los principios fundamentales de entorno saludable para el desarrollo de su persona y su familia, considerada esta ultima como eje central de la sociedad.

En toda sociedad, los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas, sin duda alguna, representan especial interés para el Estado. Al respecto, la Convención de los Derechos del Niño establece como principios fundamentales la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. Como podemos observar, todos estos derechos promueven el respeto a la dignidad humana y a la búsqueda del desarrollo sano de todos los niños y niñas en el mundo.

Especial mención merece el derecho de todo niño de formar parte de una familia con una correcta integración y ambiente saludable para su desarrollo. Desgraciadamente, en algunos casos, dicha situación no se encuentra en todas las familias, siendo sujetos muchos niños en el mundo y nuestro país a situaciones inadecuadas que requieren la intervención de la autoridad para su protección. Aunado a ello, existen también muchos casos de niños abandonados o expósitos que no cuentan con el beneficio de tener una familia biológica en la cual desarrollarse.

Para atender dicha situación, el derecho a nivel mundial y en nuestro país contemplan la figura de la Adopción, contando en México con 2 modalidades, simple o plena, dependiendo principalmente del tipo de relación que genera entre adoptante y adoptado, en el caso de la primera, y con toda la familia, equiparándose a un hijo biológico, en el caso de la segunda, por cierto la que preferentemente se debe buscar para todo niño.

Al respecto, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece:

Artículo 25. Cuando una niña, un niño, un o una adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentre bajo la tutela de éste, se les brinden los cuidados especiales que requieran por su situación de desamparo familiar.

Las normas establecerán las disposiciones necesarias para que se logre que quienes lo requieran, ejerzan plenamente el derecho a que se refiere este capítulo, mediante:

A. La adopción, preferentemente la adopción plena.

B.La participación de familias sustitutas y

C.A falta de las anteriores, se recurrirá a las Instituciones de asistencia pública o privada o se crearán centros asistenciales para este fin.

Acorde a estudios especializados en la materia, el proceso de adopción requiere una etapa de integración del adoptado a la familia. Según algunas investigaciones en la materia, existe una alta probabilidad de que sea más corto el tiempo que lleva el proceso de integración para lograr un ambiente familiar natural si el niño es de una edad menor. Expertos en la materia recomiendan que la familia adoptiva, especialmente la madre y en la etapa inicial del proceso de adopción, pase el mayor tiempo posible con el niño adoptado para lograr una integración adecuada.

Como cualquier otro niño, en la adopción, especialmente si el menor es recién nacido o es muy menor, el niño requiere de la ayuda y presencia constante de la madre para fortalecer los lazos afectivos, así como para el apoyo para aspectos fisiológicos como la alimentación. De hecho investigaciones en la materia han señalado que un recién nacido, independientemente del lazo biológico o adoptivo con una familia, ve fortalecida su confianza cuando siente cercanía de sus familiares. Recordemos que mucho de quien somos, nuestro carácter y seguridad se define precisamente en las etapas iniciales de nuestra vida y está directamente relacionado con nuestras relaciones afectivas y familiares.

Es por estos motivos que para el estado, como protector y promotor del sano desarrollo de la familia, debe representar una prioridad que el proceso de integración de la principal célula de su sociedad, así como la correcta atención y alimentación de sus niños, ya sea derivado de un nacimiento natural o un proceso de adopción. No obstante lo anterior la realidad es otra en México tratándose de las madres adoptivas ya que desgraciadamente tanto a nivel nacional como en la mayoría de los estados nos encontramos con que la normatividad laboral discrimina abiertamente a las madres adoptivas al negarles los derechos constitucionales que se otorgan relacionados con la maternidad que si son otorgados a las madres biológicas. Veamos lo que establece nuestra legislación:

La Carta Magna establece los derechos laborales generales de las madres trabajadoras en el caso de maternidad, al establecer en el artículo 123, Apartado A, fracción V, los siguientes derechos:

Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores y a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiere adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.

De igual forma, en el Apartado B, fracción XI, inciso c) que regula los trabajadores al servicio del Estado, contempla los mismos derechos, con la variedad que otorga 1 mes antes y 2 después del parto, además de establecer que disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

Leyes federales, como la del Trabajo, del Seguro Social, de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, regulan los derechos específicos y establecen disposiciones normativas tendentes a la protección de la maternidad y de los hijos. Entre otras, encontramos en ellas:

1. La protección de la madre cuando se ponga en peligro su salud o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, prohibiendo utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la noche, así como en horas extraordinarias;

2. Descansos obligatorios pre y post parto, con salario garantizado;

3. Reposos extraordinarios en el periodo de lactancia, percibiendo su salario integro. Por ejemplo la Ley Federal de Trabajo otorga dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa;

4. Prorrogas de los derechos en casos extraordinarios;

5. Retorno asegurado a sus puestos desempeñados, dentro de un lapso especifico de tiempo (1 año después del parto);

6. Computo en su antigüedad de los periodos pre y postnatales;

7. Servicios de guardería infantil;

8. Espacios adecuados para madres trabajadoras;

9. Prestaciones como asistencia obstétrica; ayuda para lactancia; y canastilla al nacimiento del hijo;

Como se puede observar en lo anteriormente señalado y confirmar en la definición de maternidad establecida en el reglamento de IMSS al definirla como “el estado fisiológico de la mujer originado por el proceso de la reproducción humana, en relación con el embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia.”, la legislación laboral en nuestro país está orientada a la protección de la salud de la madre biológica, así como algunas consideraciones de protección física del recién nacido, lo cual resulta por supuesto positivo, pero al mismo tiempo discrimina abiertamente a las madres adoptivas trabajadoras y desprotege a sus hijos al negarles la oportunidad de contar con los mismos derechos y prestaciones que reciben por ley las madres biológicas. Se trata pues de un caso de abierta discriminación de la legislación vigente en la materia en nuestro país.

Sobre el particular vale la pena reiterar que con la obvia diferencia en cuestión fisiológica del embarazo y el parto, el proceso de integración de la familia a partir del parto y, en el caso de la adopción, el recibimiento del hijo en el seno familiar, es similar. El mismo cuidado, atención y desarrollo familiar se llevara a cabo en cada uno de los casos.

Es por estos motivos que se hace necesaria a nivel federal las reformas a las leyes señaladas para brindar a las madres adoptivas los derechos laborales que les corresponden, equiparables en lo conducente a los que se establecen para las madres biológicas.

Como se puede observar, este tema debe ser atendido por el Congreso de la Unión por tratarse de reformas a la legislación federal. Al respecto existen sendas propuestas de reforma de ley presentadas en los últimos años y legislaturas, de diversos partidos políticos (PAN, PRI, PRD) y Congresos estatales, que hemos tomado como base para la elaboración de la iniciativa en mención, el diagnostico del problema, su justificación y su articulado. Desgraciadamente, a la fecha no se ha logrado su aprobación para hacer realidad la justicia que merecen las familias mexicanas que se encuentran en las citadas condiciones, por lo que se hace necesario insistir por medio de la presente iniciativa en el tema.

De igual forma, experiencias internacionales muestran la aceptación y reconocimiento del tema en diversos países, como es el caso de España, Italia e Inglaterra, entre muchos otros.

En el derecho mexicano vigente a nivel estatal también podemos encontrar antecedentes de la materia, resaltando entidades como México y Sonora, en las cuales se protegen en su legislación los derechos de las madres adoptivas. La legislación estatal establece:

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México

Artículo 65. Las servidoras públicas embarazadas disfrutarán para el parto, de licencia con goce de sueldo íntegro por un período de 90 días naturales y de un período de lactancia, que no excederá de nueve meses, en el cual tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, o el tiempo equivalente que la servidora pública convenga con el titular de la institución pública o dependencia o su representante.

En caso de adopción las servidoras públicas gozarán de una licencia con goce de sueldo íntegro, por un período de 45 días naturales, contados a partir de que se otorgue legalmente la adopción.

Los servidores públicos, disfrutarán de una licencia con goce de sueldo íntegro de 5 días hábiles con motivo del nacimiento de su hijo o de adopción. A los servidores públicos se les otorgará una licencia con goce de sueldo íntegro, por causa de enfermedad o accidente graves de alguno de sus hijos, cónyuge o concubina o concubinario, previa expedición del certificado médico por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, el cual determinará los días de licencia. En caso de que ambos padres sean servidores públicos, sólo se concederá la licencia a uno de ellos.

En el caso de Sonora, el que suscribe, en mi calidad de diputado local de la 59 Legislatura del estado, tuve la oportunidad de impulsar una iniciativa para equiparar los derechos de madres adoptivas a los de las madre biológicas dentro de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la cual nació de una solicitud ciudadana de una madre adoptiva que me describió personalmente el abierto caso de discriminación en la materia. Afortunadamente nuestra iniciativa se encuentra aprobada y en vigor en ese estado, estableciendo:

Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora

Artículo 26. Las mujeres disfrutarán, con goce de salario íntegro, de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto o adopción, y de otros dos meses después del mismo, o de la fecha en que se otorgue legalmente la adopción. Durante la lactancia podrá tener dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, sean biológicos o por adopción, o en su caso el tiempo equivalente acordado con la autoridad responsable.

Los servidores públicos disfrutarán de un periodo de descanso o licencia con goce de sueldo con motivo del nacimiento de su hijo o de adopción, en los términos que determinen las disposiciones legales vigentes que reglamenten las relaciones laborales del Estado.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Artículo 2o. ...

I. a VI. ...

VII. Maternidad: el estado fisiológico de la mujer originado por el proceso de la reproducción humana, en relación con el embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia. En el caso de adopción se equipara el término entre madre adoptiva y biológica, para todos los efectos legales, a partir del parto.

Artículo 27. ...

I. Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que los servicios médicos del Instituto certifiquen el estado de embarazo, o de la fecha en que se otorgue legalmente la adopción, en lo conducente.

II. Ayuda para la lactancia solo para la mujer trabajadora. Esta prestación se hará extensiva a la esposa o concubina del trabajador o pensionista, en los casos en que según dictamen médico exista incapacidad física para amamantar al hijo. Dicha ayuda será proporcionada en especie por un lapso de seis meses con posterioridad al nacimiento y se entregará a la madre, o a falta de ésta, a la persona encargada de alimentar al niño. Los mismos derechos aplicarán en el caso de adopción legalmente otorgada.

Artículo 28. Para que la trabajadora, la esposa o concubina derechohabiente tengan derecho a las prestaciones que establece el artículo anterior, será necesario que, durante los seis meses anteriores al parto, o de la fecha en que se otorgue legalmente la adopción, se hayan mantenido vigentes los derechos de la trabajadora asegurada o del trabajador del que se deriven estas prestaciones.

Aun cuando los esfuerzos estatales en la materia son positivos, desgraciadamente su impacto se reduce a los trabajadores al servicio de dichos estados, al ser esa materia laboral la única de su competencia.

Adicionalmente, la iniciativa en mención retoma tres aspectos de la iniciativa preferente presentada a inicio del presente periodo ordinario por el presidente de la Republica, Felipe Calderón Hinojosa, así como de las mencionadas anteriores iniciativas y de los ejemplos estatales precitados, directamente relacionados con la materia de la misma: el establecimiento de la figura del permiso de paternidad, por medio del cual se otorga a los trabajadores varones un permiso de paternidad por 10 días con goce de sueldo, a partir del nacimiento de sus hijos; el derecho de la madre de elegir traspasar parte de las semanas a que tiene derecho a descanso por maternidad antes del parto, a después del mismo; así como la posibilidad de optar, bajo ciertas condiciones, por reducir la jornada de trabajo en sustitución y tiempo equivalente a los reposos extraordinarios diarios para alimentación de los hijos a que tiene derecho la madre en la legislación vigente. Lo anterior derivado de la relación directa de los temas con el objeto de la presente iniciativa, la idoneidad de la propuesta en términos del proceso de integración familiar y por supuesto la necesidad de equipar en todos los casos los derechos para madres biológicas y adoptivas, situación no prevista en la iniciativa preferente en mención.

En síntesis, acabar con la discriminación que sufren miles de madres adoptivas trabajadoras o en proceso de serlo que actualmente no gozan de prestaciones laborales derivadas de su maternidad, así como fortalecer el proceso de integración familiar, son el motivo principal que justifica la presente iniciativa.

Finalmente, vale la pena señalar que aun cuando la reforma propuesta se presenta como una reforma integral a todo el marco normativo mexicano que regula los derechos laborales derivados de la maternidad, con excepción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe presentó paralelamente en tiempo y forma a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, por conducto de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y acorde al procedimiento establecido para el efecto, una propuesta que integra exclusivamente los cambios normativos para la Ley Federal del Trabajo, con la abierta finalidad de que sea considerada en el marco de la discusión de la iniciativa preferente de reforma laboral presentada por el presidente de la República a esta legislatura. Lo anterior ante la gran oportunidad que dicho análisis presenta de cristalizar en breve una reforma con justicia social que evite continuar con una abierta discriminación para las familias mexicanas adoptantes y ante su inminente valoración por el pleno de esta Cámara.

Al respecto me permito señalar que una reforma exclusiva a la Ley Federal del Trabajo en materia de equiparar los derechos derivados de la maternidad de madres biológicas y adoptivas se encuentra perfectamente sustentada acorde a la normatividad vigente, es decir, aun cuando quedarían pendiente y continuaríamos el proceso legislativo para impulsar la aprobación del resto de las reformas propuestas a diversas leyes, incluida una reforma constitucional que homologaría a nivel nacional los derechos de las madres adoptivas, el marco constitucional vigente permite realizar dicha modificación a la ley especifica sin generar ninguna contravención legal, y así generar un impacto positivo en las familias cuya actividad laboral se encuentra regulada por la Ley Federal del Trabajo.

No obstante lo anterior la presentación de la presente iniciativa ante el pleno formaliza el inicio del proceso legislativo y documenta de manera puntual la justificación de la reforma propuesta, elementos que sin duda abonaran a su deseable aprobación en Comisión y en el pleno en el marco de la discusión de la multicitada iniciativa preferente de Reforma Laboral.

Asimismo, el objetivo de la presente es reformar de manera integral la normatividad en la materia para acabar de manera total con la abierta discriminación que existe hoy en día en materia de derechos laborales en contra de las madres adoptivas mexicanas.

Es por lo anterior que propongo reformar diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, de la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, al tenor del siguiente proyecto de:

Decreto que reforma diversas disposiciones la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Primero. Se reforman y adicionan los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. ...

I. a XXVII. ...

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de 10 días con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos. En caso de adopción el permiso se otorgara a partir de la fecha en que sea legalmente otorgada la misma; y

XXVII. ...

Artículo 170. ...

I. ...

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto o adopción. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del medico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que le otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cedula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora;

III. ...

IV. En el período de lactancia hasta por el termino máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, sean biológicos o por adopción, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado;

V. ...

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, una vez concluido el descanso por adopción o parto, para este últimosiempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del mismo; y

VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales, y pre y postadoptivos.

Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 85, 94, 101 y 102 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 85. ...

El disfrute de las prestaciones de maternidad se iniciará a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo o la asegurada le acredite la fecha probable de adopción de un infante. La certificación señalará la fecha probable del parto, la que servirá de base para el cómputo de los cuarenta y dos días anteriores a aquél, para los efectos del disfrute del subsidio que, en su caso, se otorgue en los términos de esta ley. En el caso de madres adoptivas, para efectos de esta prestación, se tomará como base para el cómputo la fecha probable de adopción determinada por la autoridad competente.

Artículo 94. ...

I. ...

II. ... y

III. ...

En el caso de adopción legalmente otorgada, la asegurada tendrá derecho a la prestación señalada en la fracción II.

Artículo 101. La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio, o en su caso la adopción, a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del último salario diario de cotización el que recibirá durante cuarenta y dos días anteriores al parto o adopción, y cuarenta y dos días posteriores a los mismos.

...

Artículo 102. ...

I. ...

II. Que se haya certificado por el Instituto el embarazo y la fecha probable del parto, o que se haya certificado por la autoridad correspondiente el proceso de adopción y la fecha probable de otorgamiento, conforme a reglamentación en la materia, y

III. ...

...

Tercero. Se reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 28. Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto o la adopción, y de otros dos después de los mismos. Durante la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para amamantar a sus hijos biológicos o adoptivos.

Asimismo, los hombres trabajadores disfrutaran de un permiso de paternidad de 10 días con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijos. En caso de adopción el permiso se otorgara a partir de la fecha en que sea legalmente otorgada la misma.

Cuarto. Se reforman los artículos 39 y 40 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 39. ...

I. ...

II. Ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, exista incapacidad física o laboral para amamantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses con posterioridad al nacimiento, y se entregará a la madre o, a falta de ésta, a la persona encargada de alimentarlo; este derecho aplicará en el caso de la adopción de un lactante, y

III...

Artículo 40. Para que la Trabajadora, Pensionada, cónyuge o hija menor de dieciocho años y soltera, o en su caso, la concubina, tengan derecho a las prestaciones que establece el artículo previo, será necesario que, durante los seis meses anteriores al parto o adopción, se hayan mantenido vigentes sus derechos o los del trabajador o pensionado del que se deriven estas prestaciones.

...

Quinto. Se reforman los artículos 150 y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 150. La ayuda en la lactancia se proporcionará a la madre biológica o adoptiva que demuestre la incapacidad para amamantar a su hijo, o la persona que la sustituya, en caso de fallecimiento de ésta, por medio del certificado médico correspondiente o acta de defunción, según sea el caso, y consistirá en la ministración de leche durante un periodo no mayor de seis meses a partir del nacimiento del infante.

Artículo 152. El personal militar femenino tendrá derecho a disfrutar de un mes de licencia anterior a la fecha probable del parto o adopción, que se fijará de acuerdo con la consulta prenatal o certificación emitida por la autoridad competente en caso de adopción, y de dos meses posteriores a los mismos para la atención del infante. En ambos casos con goce de haberes.

Asimismo, el personal militar masculino disfrutara de un permiso de paternidad de 10 días con goce de haberes, por el nacimiento de sus hijos o adopción.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 25 de septiembre de 2012.— Diputados: Damián Zepeda Vidales, Flor de María Pedraza Aguilera, Genaro Carreño Muro (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

COMITE DE ADMINISTRACION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar cuenta con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por la que informa la integración complementaria del Comité de Administración.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la integración complementaria del Comité de Administración:

• Que el diputado Guillermo Sánchez Torres será representante ante el Comité de Administración del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 24 de septiembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado. Comuníquese.

JUEGOS OLIMPICOS Y PARALIMPICOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: También le ruego dar cuenta con otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación al homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se determina que la Cámara de Diputados rendirá un homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en la ciudad de Londres, Inglaterra

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo, que suscriben los diputados Alliet Marina Bautista Bravo y Ricardo Mejía Berdeja de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, respectivamente, por lo que somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados rendirá un homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en la ciudad de Londres, Inglaterra, durante una sesión del Pleno.

Segundo.La H. Cámara de Diputados, exhorta a la Comisión Nacional del Deporte (Conade), para que diseñe, difunda y refuerce las estrategias encaminadas al deporte paralímpico, en congruencia con los excelentes resultados obtenidos en las competencias internacionales por los atletas paralímpicos y para que realice las estrategias de difusión y transmisión de los eventos del deporte paralímpico en los medios televisivos a efecto de generar el reconocimiento de los medallistas paralímpicos como atletas de élite.

Dado en el Palacio de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Una vez que hemos dado cuenta de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política y para unirse al gusto de la celebración, habrá una ronda de oradores, hasta por tres minutos, cada uno de ellos.

Tiene la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, luego Héctor Hugo Roblero Gordillo, luego Aída Fabiola Valencia, luego Enrique Aubry; luego Alliet Mariana Bautista; luego Tania Morgan y finalmente, el medallista olímpico Felipe de Jesús Muñoz Kapamas.

La diputada Cristina Olvera Barrios: Con el permiso de la Presidencia; diputados y diputadas, las olimpiadas en el mundo han contribuido a entender que nuestras similitudes están por encima de nuestras diferencias; el deporte nos recuerda todo lo que tenemos en común, cuando estamos en competencia poco importan las clases sociales, los niveles culturales y la raza.

Desde 1900, nuestro país ha participado en 21 olimpiadas en las que se han obtenido 62 medallas, de las cuales 13 de ellas son de oro; pocas, si las comparamos con el número de habitantes que tenemos en nuestro país.

De ahí la relevancia de hacer un homenaje a todos aquellos que han logrado subir al podio, lo que nos debe de llenar de orgullo y satisfacción por contar con semejantes deportistas, muchos de ellos forjados en el esfuerzo individual y con el apoyo de sus familias y de sus seres queridos.

Debemos reconocer que este homenaje es para ellos, sus familias y quienes los apoyaron para alcanzar estas metas; no pretendemos subirnos al triunfo de estos talentosos deportistas, porque estamos acostumbrados a que en la victoria todos quieren adjudicarse la paternidad, dejando huérfana a la derrota.

México parece ser el país de los garbanzos de libra en materia deportiva, un día somos buenos para el box, otros para el golf o uno más para correr en maratones; las historias de éxito en el deporte mexicano padecen en su mayoría una lucha dramática para salir adelante, sin importar las condiciones externas.

El homenaje a nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos que participaron en Londres este año es más que merecido; su esfuerzo, dedicación y perseverancia, sacrificio y dedicación deben de ser reconocidos por esta soberanía.

Pero como todo en la vida, hay otra cara de la moneda, una cara que muestra la falta de una política de Estado tendiente a la construcción de un estándar en el desempeño deportivo, la falta de inversión, de interés y de estrategia que han calcado los resultados de todos los días.

Las historias de los deportistas paralímpicos son maravillosas: muestra de lucha, entrega y optimismo, realidades por lo demás difíciles; los atletas paralímpicos de alto rendimiento carecen de instalaciones deportivas y de apoyos económicos. Sus éxitos son resultado de superar constantemente adversidades en todos los ámbitos en su vida.

A pesar de los logros obtenidos por nuestros medallistas paralímpicos, los medios de comunicación no hicieron la misma cobertura que en los juegos olímpicos. Esto ocasiona que ningún deportista paralímpico tenga los patrocinios y crecimiento profesional que pudiera haber tenido un deportista no paralímpico.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza vota a favor en esta honorable Cámara para que rinda homenaje y reconocimiento a los medallistas olímpicos y paralímpicos, pero que ese reconocimiento no se limite a discursos, sino a demandar el papel del Estado en la vida del deporte.

Asimismo, compañeras y compañeros, exhortamos al Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión del Deporte (Conade) diseñe, difunda y refuerce las estrategias encaminadas al deporte.

No podemos permitir que el deporte en México sea un asunto de élites, necesitamos garantizar que el Estado se preocupe en promover los bienes públicos indispensables a su población y esto se refleje en un Estado que invierta mayores recursos en la infraestructura deportiva; partiendo de esta idea, estamos convencidos que México puede lograr todo aquello que se propone en los ámbitos reales que la gente necesita. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, don Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la propuesta presentada ante esta soberanía relativa a rendir un homenaje y se entregue un reconocimiento a cada uno de los atletas que obtuvieron medallas en los XXX Juegos Olímpicos y en los XIV Juegos Paralímpicos, celebrados en Londres, Inglaterra, es saludada con beneplácito por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El esfuerzo de los atletas acreedores a tal merecimiento está fuera de discusión, porque es la distinción a quienes han puesto su mejor ánimo y disposición para ser premiados con las medallas que obtuvieron; han destacado en las disciplinas a las que han dedicado gran parte de su vida y esto es loable.

El reconocimiento debe ser otorgado sin diferencia de ningún tipo a los atletas galardonados; en esta virtud, nuestro grupo parlamentario se solidariza con la propuesta que se nos ha presentado. Para los atletas nuestro apoyo y respeto a su empeño.

No obstante, debemos dejar testimonio de nuestra inconformidad con la ausencia de una verdadera política pública del deporte en la actual administración; las asignaciones para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, no son nada despreciables. Para este año se etiquetaron 8 mil 848 millones de pesos, de los que 7 mil 731 millones de pesos, el 87 por ciento fue destinado a servicios personales; es decir, a gasto corriente.

Hablamos de que la mayor parte el presupuesto se gasta en sueldos, prestaciones y otros conceptos similares. Solo mil 117 millones de pesos, el 13 por ciento, se destinaron a rubros ajenos al gasto corriente, que queremos suponer se invierten en tantos y tantos renglones del deporte, que debieran ser objeto de mayor atención y presupuesto.

El deporte mexicano se opera con visión de los hombres de pantalón largo y no bajo el punto de vista de quienes se esfuerzan por destacar en sus respectivas disciplinas; es un denominador común que las delegaciones mexicanas se integran con más funcionarios que deportistas y en esa circunstancia es innegable que en el deporte federativo hay mucho de turismo de los directivos. Es ahí donde se evidencia que no existe una política pública del deporte, pues la aplicación a rubros básicos del concepto aludido brilla por su ausencia.

En ese entorno, los niños y los jóvenes, a quienes debieran de estar dirigidos los recursos para generar deportistas de primer nivel, no se realizan.

Es muy reciente la incorporación del concepto de los deportistas de alto rendimiento, sobre todo si atendemos a los problemas derivados de un consentimiento expreso que se ha dado en la historia del deporte en México, en el sentido de tolerar y asfixiar un manejo nada escrupuloso de los recursos puestos en las manos de los funcionarios dedicados a promover, vigilar, estimular a los deportistas mexicanos.

Es noticia reiterada que el deporte —ya voy a concluir, diputado presidente— se administra, no siempre atendiendo a los mejores parámetros para la selección de quienes habrán de representar al país en contiendas no solo nacionales, sino internacionales.

Hay mucho de ligereza para la designación de los directivos del deporte mexicano cuyas titularidades no siempre obedecen a escoger a los mejores para el desempeño de los puestos respectivos. De ahí que sea conocido que la guerra intestina por detentar los puestos directivos de los órganos destinados al deporte es punto medular de dimes y diretes en las diferentes áreas del deporte.

En ese sentido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta su inconformidad con la ausencia de políticas públicas en el deporte nacional. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras  y compañeros diputados, hace unas semanas nos enteramos por algunos medios de comunicación de la clausura de los XIV Juegos Paralímpicos de Londres 2012, con la participación de 81 deportistas mexicanos con discapacidad, que participaron en esta justa olímpica, compitiendo con coraje, entrega y con las ganas de dar lo mejor en cada una de sus competencias para lograr la excelencia deportiva y poner en alto la bandera y el nombre de México.

En 1988 se conformó el Comité Paralímpico Internacional conjuntamente con el Comité Olímpico Internacional, y así se le dio la relevancia al deporte paralímpico de excelencia y élite en cada justa deportiva. De ahí surgen los Juegos Paralímpicos Internacionales, que se realizan en las mismas sedes de los Juegos Olímpicos cada cuatro años.

En 2012 los medallistas olímpicos ganaron siete medallas, mientras que los paralímpicos obtuvieron 21 medallas, con lo que podemos notar las diferencias con otros países, en donde el deporte tiene una gran relevancia.

Debemos dar el apoyo necesario para que nuestros jóvenes y atletas paralímpicos tengan las mismas oportunidades en su desempeño y puedan dar una pelea justa y equitativa en las competencias y no solo sea la voluntad de ellos lo que los haga entrar en el medallero.

A pesar de no contar con desarrollo tecnológico, con implementos deportivos ni con los apoyos institucionales, los deportistas paralímpicos mexicanos no dejaron de cosechar medallas con su participación en los Juegos Paralímpicos. Hasta el día de hoy nuestros atletas paralímpicos han obtenido 274 medallas en Juegos Paralímpicos internacionales.

A pesar del gran esfuerzo y los logros obtenidos por los medallistas paralímpicos de nuestro país, en cada una de estas justas deportivas las grandes televisoras y los medios de comunicación no le dan la relevancia a su esfuerzo, esto hace que no sean apreciados con el mismo interés y no se hacen visibles sus logros.

Los atletas paralímpicos que han obtenido medallas son dignos representantes del deporte; es momento de expresarles a nuestros deportistas paralímpicos una enorme gratitud y el orgullo que nos causaron con su actuación en los más recientes Juegos Paralímpicos de Londres. Su triunfo fue el producto de un gran y sobresaliente esfuerzo individual.

Es por lo planteado que solicitamos se haga un reconocimiento público en una sesión del pleno de esta Cámara, pues los atletas mexicanos ponen el nombre de México en lo más alto de la cumbre deportiva internacional y además, ha sido una justa práctica parlamentaria que debemos conservar.

Asimismo pedimos que la Comisión Nacional del Deporte tome las medidas y acciones necesarias para apoyar, difundir y reforzar el deporte paralímpico, porque los atletas merecen, tanto reconocimiento como todo lo demás, con la equidad que tanto hemos difundido en este recinto parlamentario. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la voz don Palomino Enrique Aubry de Castro, un atleta de la palabra, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, honorable asamblea, para los atletas paralímpicos las capacidades diferentes no son un desafío, así lo demostraron en los pasados juegos de Londres 2012, donde México obtuvo la posición número 23 del medallero, logrando un total de 21 preseas; se consiguieron seis preseas de oro, dos en atletismo, una en levantamiento de pesas y tres en natación; de plata se consiguieron cuatro medallas, de las cuales dos fueron de atletismo y otras dos de natación; de bronce sumamos 11 preseas, cinco en atletismo y una en judo y una en levantamiento de pesas y cuatro en natación. Esto da muestra que no hay obstáculos.

Estos deportistas son ejemplo de lucha, por lo que el Partido Verde exhorta a este Congreso a que en la próxima discusión del paquete económico se aporte e inviertan más recursos en el centro de entrenamiento paralímpico; hay que modernizar sus instalaciones, debemos de darles las mismas oportunidades que sus pares convencionales.

La delegación mexicana que nos representó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, se integró por 81 atletas y una cuarta parte de ellos obtuvo preseas para nuestro país; en el caso de los atletas olímpicos nuestra delegación tuvo participación con 102 competidores, de los cuales se obtuvieron solo siete medallas, siendo una clara muestra que quienes cuentan con capacidades diferentes llegan a obtener mejores resultados y con escasos recursos.

Hacemos un reconocimiento a su gran valor, lucha y dedicación; sabemos que es necesario seguir apoyando y construir un mayor número de centros paralímpicos en este país. Unamos esfuerzos y demos a estos deportistas las herramientas necesarias para triunfar en la vida.

De igual manera, quiero hacer un exhorto respetuoso al gobernador constitucional del estado de Jalisco, el contador público Emilio González Márquez, y de igual manera al licenciado Carlos Andrade Garín, director del Code, que en su tiempo les hicieron una promesa a estos deportistas jaliscienses de darles un apoyo económico; hoy se queda en el olvido, hoy se queda en unas palabras, no en palabras. Ojalá y el gobernador del estado de Jalisco pueda recapacitar y pueda darles ese apoyo ya, que por eso la gente, los jóvenes no creen en los políticos y en los servidores públicos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Aubry de Castro Palomino. Tiene el uso de la voz doña Alliet Mariana Bautista Bravo, del PRD.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, es para mí un alto honor representar a mi grupo parlamentario en este acto de representación popular, pero más aún, siendo la proponente de este punto de acuerdo —y que se bajó por ahí en dos ocasiones estando ya enlistado— y hoy lo hace suyo la Junta de Coordinación Política, en el que vengo a fundar la proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía rinda un homenaje y entregue un reconocimiento a los deportistas que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos en Londres, Inglaterra.

México participó por primera ocasión en la justa de París, en 1900, con el juego de polo; sin embargo, fue hasta los Juegos Olímpicos de París de 1924, que envió oficialmente una representación nacional olímpica y desde entonces hemos participado en 21 ediciones olímpicas, consecutivamente; hasta hoy hemos conseguido un total de 62 medallas, de las cuales 13 son de oro, 21 de plata y 28 de bronce.

La mejor actuación de nuestras delegaciones se dio en la justa olímpica de México 68, con nueve medallas y en esa ocasión, aquí tenemos a uno de nuestros olímpicos medallistas, el compañero diputado Felipe —Tibio— Muñoz, a quien le doy un saludo.

Después de esta brillante participación destaca la actuación que se tuvo en la reciente justa olímpica en Londres 2012, con siete preseas; le siguen con seis medallas Sidney 2000 y Los Ángeles, en 1984.

Londres nos hizo vibrar de emoción y orgullo al verlos a ustedes, jóvenes futbolistas, ganar la medalla de oro en el futbol olímpico; reescribieron la historia olímpica nacional, ya que en 88 años es la primera medalla de oro que obtiene nuestro país en deportes de conjunto.

Por otra parte, se reafirma el extraordinario trabajo que vienen realizando nuestros atletas en la disciplina de los clavados, al ganar tres medallas en Londres, dos de plata y uno de bronce.

Nuestros medallistas en Londres 2012 fueron Germán Sánchez e Iván García, medalla de plata en clavados sincronizados, plataforma de 10 metros; Laura Sánchez, bronce en el trampolín de tres metros; Paola Espinosa y Alejandra Orozco, plata en clavados sincronizados en plataforma de 10 metros; en tiro con arco, Aída Román, plata y bronce de Mariana Avitia. Ellas obtuvieron el dos, tres para México y en Taekwondo Rosario Espinoza le dio a México el bronce olímpico.

Los Paralímpicos datan de 1948, en el que el doctor Ludwig Guttman propuso una serie de competiciones para los heridos en la Segunda Guerra Mundial, y por tanto se encontraban en silla de ruedas. De esta idea nacieron los Juegos Paralímpicos, justa deportiva mundial en la que participan personas con discapacidad física, mental y sensorial.

Se les denominó Paralímpicos, ya que el nombre incluye el prefijo griego para, que significa proximidad o similitud con los Juegos Olímpicos, aunque en su momento el nombre se puso por la presencia de participantes con parálisis o paraplejia.

Nuestro país en los Juegos Paralímpicos ha ganado hasta hoy 259 medallas; en Londres 2012 nuestros medallistas paralímpicos fueron: Arnulfo Casterona, plata en la prueba de 50 metros pecho, categoría SB2; Mauro Máximo de Jesús, ganó dos medallas en estos Juegos Paralímpicos, plata y bronce en lanzamiento de bala.

Por ello, me da mucho gusto que esta Cámara de Diputados haga suyo, que la Junta de Coordinación Política exprese a estos medallistas y se les pueda dar un reconocimiento, ya que cada vez igual necesitamos también tener mejores apoyos para nuestro orgullo nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Tania Morgan Navarrete, tiene usted el uso de la voz, hasta por tres minutos.

La diputada Tania Margarita Morgan Navarrete: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el deporte es una actividad institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competiciones que tienen por objeto lograr el máximo rendimiento.

Dicha actividad ha cobrado gran importancia, no solo en nuestro país sino en el ámbito internacional, debido a la gran aportación que genera su práctica de manera regular entre la población, ya que contribuye a mejorar su calidad de vida.

Al respecto, es importante destacar que la política del gobierno mexicano se ha enfocado al mejoramiento de las condiciones de vida de la población a través de la cultura física del deporte.

Hoy en día nuestro país cuenta con importantes deportistas, muchos de ellos de alto rendimiento, que han tenido una gran preparación que los ha llevado a tener buenos resultados en competencias nacionales e internacionales.

Respecto a las competencias internacionales, no podemos dejar de destacar el resultado que tuvieron nuestros atletas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde obtuvieron siete medallas, lo que significa un récord histórico, pues no se había obtenido desde 1968, cuando las competiciones se llevaron a cabo en nuestro país.

Por su parte, los atletas paralímpicos obtuvieron seis medallas de oro, cuatro de plata y 11 de bronce, que dejaron a México en el lugar 23 del medallero, y participaron 164 naciones.

Como mexicanos debe llenarnos de orgullo el gran esfuerzo de nuestros atletas por destacar y por obtener medallas en una competencia internacional tan importante, como fueron los juegos de Londres 2012; es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se suma a la aprobación de esta proposición con punto de acuerdo que se pone a consideración de esta soberanía, ya que consideramos que estamos obligados a reconocer el esfuerzo, la tenacidad y el valor de nuestros atletas que pusieron el nombre de México tan en alto y sin duda alguna son un gran ejemplo para nuestros jóvenes y niños.

Sabemos que todavía queda mucho por hacer en materia deportiva, por lo que aunado a este reconocimiento debemos comprometernos, como representantes de la nación, a fortalecer el marco jurídico en materia de cultura física y deporte, y asignar mayores recursos públicos que nos permitan aportar mayor número de atletas de alto rendimiento.

Además debemos esforzarnos por garantizar las condiciones necesarias que permitan a toda la población ejercer plenamente el derecho a la cultura física y el deporte, lo que tendrá un gran impacto en nuestra niñez y en nuestra juventud, que en muchos casos son víctimas de delincuencia, de adicciones o de problemas de salud, que se traducen en obesidad.

Reiteramos nuestro compromiso con la proposición que hoy se pone a consideración de este pleno, ya que consideramos necesario el reconocimiento social de quienes por su esfuerzo han destacado en el deporte: nuestros medallistas olímpicos y paralímpicos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, don Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del PRI y medallista olímpico.

El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas:Con su permiso, señor presidente. Distinguidas compañeras legisladoras y distinguidos compañeros legisladores, en la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional estamos completamente a favor de esta propuesta; reconocer el esfuerzo de nuestros jóvenes deportistas en los recientes Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012, es muy meritorio. Estoy seguro que todos estamos muy orgullosos de los resultados de nuestros muchachos y nuestras muchachas, mismos que lograron en estos juegos.

En los Juegos Olímpicos de Londres logramos el mejor resultado que hemos conseguido desde México 68, ya hace casi 44 años: siete medallas, una de oro, tres de plata y tres de bronce. Enviamos a 101 deportistas a Londres, de ellos 26 regresaron a México con sus medallas colgadas al pecho.

Por primera ocasión ganamos una medalla de futbol, siendo ésta la de oro, superando al favorito Brasil en una final angustiosa que fue seguida por miles de mexicanos.

Recordamos con mucha satisfacción la actuación sobresaliente de dos mexicanas que lograron su segunda medalla olímpica en dos juegos consecutivos, Paola Espinosa, en clavados, y María del Rosario Espinoza, en Taekwondo.

También sobresale la actuación del tiro con arco con Aida Román, quien logró plata, y Mariana Avitia, bronce. En ese deporte nunca habíamos ganado medallas olímpicas.

Reconocemos también a la jovencita de solo 15 años, Alejandra Orozco, en clavados sincronizados; los jóvenes Germán Sánchez e Iván García, también en clavados sincronizados; así como Laura Sánchez, que después de muchos años de trabajo y varias derrotas nunca se dio por vencida y logró una medalla de bronce en clavados.

En los Juegos Paralímpicos logramos 21 medallas, jóvenes y señoritas que compensan y superan sus problemas físicos con una mentalidad de triunfadores sorprendente; el deporte paralímpico no se quedó atrás, por el contrario, logramos 21 medallas, una más que en Beijing 2008, seis de oro, cuatro de plata y 11 de bronce, obteniendo el lugar 23 de 167 países que participaron.

Sobresalen varios deportistas, entre ellos Gustavo Sánchez Martínez, quien ganó cuatro medallas; otro joven que mostró de qué están hechos los triunfadores es Juan Ignacio Reyes González, quien logró oro en 100 metros dorso, pese a que Juan Ignacio solo cuenta con una pierna y medio brazo; sobresale también María de los Ángeles Ortiz, que después de ganar una medalla de plata en Beijing, ahora en Londres logra el oro y de paso rompe el récord del mundo.

Menciono uno más y solo por respeto al tiempo que me otorgaron, es Mauro Máximo de Jesús, quien ganara dos medallas en Londres, después de haber ganado una en Beijing.

Todos estos deportistas son verdaderos ejemplos, tengo el honor y la enorme satisfacción de conocer a varios de ellos desde hace ya algunos años; jóvenes y señoritas que visualizaron su sueño y lo hicieron meta y objetivo y se dedicaron por varios años a lograrlo; mexicanos que saben que lo que es imposible para muchos, para ellos era solamente temporal, a base de trabajo, entrega y dedicación lograron ser de los mejores del mundo.

Aquí también es menester reconocer a quienes les ayudaron a las federaciones deportivas, a sus entrenadores y sobre todo a sus familias.

En el deporte sabemos muy bien que triunfar es trabajo de todos, ellas y ellos no llegaron solos; es por eso que el Grupo Parlamentario del PRI no solo nos unimos al muy merecido reconocimiento propuesto, sino también nos comprometemos con nuestro trabajo legislativo; contribuiremos a que más mexicanos y mexicanas tengan oportunidades y acceso al deporte competitivo.

Estimados compañeros legisladores, es muy importante reconocer el esfuerzo de nuestros campeones olímpicos y paralímpicos, pero también debemos reconocer que en nuestro país existe mucho talento deportivo en la juventud, que se pierde por no tener oportunidades para lograr sus sueños; es el momento para reflexionar y comprometernos todos nosotros con la nación, para hacer lo que esté de nuestra parte aquí, en el Poder Legislativo, y otorgar más oportunidades y facilidades a la juventud mexicana.

En su momento presentaremos una propuesta que encauce lo anterior. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Felipe Muñoz. Solo como un breviario cultural, en menos tiempo del que usted utilizó en la tribuna, para ser exactos en 2 minutos 28 segundos, ganó usted la medalla olímpica; felicidades.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la proposición de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Dejo la conducción de la Mesa en manos de su titular, el señor diputado Murillo Karam.

Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

COMERCIALIZACION DEL FRIJOL

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura para que dé a conocer a los productores el programa que ha diseñado para la comercialización del frijol en el periodo agrícola primavera-verano 2012.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hago uso de la palabra en ésta, la tribuna más alta de la nación, como representante popular y como productor agropecuario para hablar por los campesinos de México para exigir el pago justo y oportuno de sus cosechas, en especial por los productores frijoleros de este país, de los estados de Durango, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Nayarit.

Lo hago con la contundencia necesaria para expresar nuestra preocupación, la incertidumbre y la zozobra que nos aqueja, ya que a pocos días de iniciar la cosecha del frijol se desconoce el esquema de comercialización que la Sagarpa habrá de implementar para este ciclo agrícola.

Nos preocupa mucho que una vez más se repita la historia de siempre, el calvario y la impotencia de nuestros productores de estar a la deriva de los vaivenes del mercado.

Venimos de sufrir una sequía atípica, que no sucedía desde hace 80 años, que provocó que en el ciclo agrícola pasado casi la mitad de la superficie cultivable no pudiese sembrarse, con las consecuencias de las pérdidas para nuestros productores, que no contaron con un esquema de aseguramiento efectivo que viniera a resarcir el daño, un daño que a decir de las cifras oficiales de Sagarpa llegó hasta un 90 por ciento en pérdidas.

¿Y qué creen, compañeros legisladores? Hoy, que en estados como Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato, se avizora una producción aceptable, las maniobras recurrentes en la especulación de precios o las frecuentes prácticas reprobables, como el coyotaje, tienen a nuestros productores rurales muy preocupados por el precio que se le podría poner como precio piso, que siempre, lamentablemente, es a la baja.

La experiencia desastrosa de los esquemas de comercialización implementados en años pasados ha provocado desconfianza, alentado y motivado actos de corrupción, que los mismos medios de comunicación han consignado.

Cuántas cosas han pasado y cuántas se han dejado de hacer; es deprimente la realidad y el abandono de nuestro campo mexicano, es un hecho incuestionable. Es de justicia que en nuestra responsabilidad republicana de representar a los productores en esta Cámara de Diputados hagamos lo necesario para que sus productos tengan un pago justo y oportuno que les permita hacer rentable su actividad agrícola.

Es tiempo, compañeros diputados, de construir soluciones, es tiempo de proponer, es tiempo de acordar; el tema del campo nos necesita a todos; el tema del campo no tiene colores; la agricultura y en general las actividades agroalimentarias y su visión estratégica requieren de la participación conjunta de todos los actores de esta Cámara.

En mi carácter de coordinador de los diputados del sector agrario de la fracción parlamentaria del PRI, los invito a todos y a todas a la búsqueda permanente de acuerdos; hagamos cosas extraordinarias que le den paso a una nueva etapa en la construcción de las políticas para el campo de este país, tema por el que he subido a esta tribuna.

Reitero, subrayo nuestra exigencia para que en forma urgente se dé a conocer el esquema de comercialización de frijol y saber, por supuesto, del aprovisionamiento de recursos del programa en mención. En virtud de las razones antes expuestas, me permito proponer el presente punto de acuerdo:

Primero. Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que dé a conocer en forma urgente a los productores de los estados, productores de frijol, el programa que ha diseñado para la comercialización del frijol en el periodo agrícola primavera-verano 2012.

Segundo. Con fundamento en el Reglamento de la Cámara de Diputados, en el artículo 79, numeral 2, fracción III, que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente u obvia resolución.

Les solicito, estimados compañeros y compañeras diputadas, su voto a favor para que mi propuesta sea aprobada. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a dar a conocer a los productores el programa diseñado para comercializar el frijol en el periodo agrícola primavera-verano de 2012, a cargo del diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados José Rubén Escajeda Jiménez, Abraham Montes Alvarado, Adolfo Bonilla Gómez, Óscar Bautista Villegas, María Concepción Navarrete Vital, Juan Manuel Rocha Piedra, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea una proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

En México, la pobreza extrema, rural y urbana expresan una realidad lacerante y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado mexicano.

La agricultura y, en general, las actividades agroalimentarias tienen un carácter estratégico, son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña, en su esencia, la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.

El carácter estratégico de la alimentación y nutrición de la población las inscribe dentro del marco de seguridad nacional, y desde esta visión pertenecen a las obligaciones más importantes del Estado mexicano.

Dentro de esta perspectiva de razonamiento, el Estado debe de ejercer a plenitud el derecho a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional expresado en la autodeterminación para producir, industrializar y distribuir alimentos; sustentado en el derecho humano fundamental a la alimentación y nutrición adecuadas a un sano desarrollo humano.

El campo mexicano ha jugado un papel de la mayor relevancia en el proceso de desarrollo contemporáneo del país. No sólo ha sido proveedor de alimentos básicos de la población, también ha subsidiado, a través de los precios, tanto de los alimentos como del conjunto de productos primarios, al resto de la economía del país.

Esto ha implicado un flujo financiero neto desfavorable al campo, lo que ha traído como consecuencia la creciente descapitalización, atraso relativo en materia tecnológica, menor productividad relativa y falta de competitividad, dando como resultado ingresos insuficientes para la satisfacción de las necesidades sociales fundamentales, siendo precisamente en las zonas rurales donde se localiza la mayor proporción de pobreza extrema en el país, es decir alrededor del 68 por ciento de los casi 24 millones de habitantes en pobreza extrema oficialmente reportados para el año 2000.

Ante una situación de esta naturaleza y frente a las negativas consecuencias en torno al campo que ha traído el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre las que solamente destacamos algunos aspectos sobre las importaciones agropecuarias de México; éstas se concentraron en granos y oleaginosas, precisamente donde se localiza el mayor número de productores rurales del país.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el artículo 179, reconoce como producto básico y estratégicos entre otros a el frijol, debido a la importancia que han tenido en la dieta tradicional de la población mexicana, y a que han constituido cultivos donde se han concentrado los esfuerzos productivos de la gran mayoría de los productores rurales y, en esa medida, han sido elementos básicos de su alimentación y de su ingreso.

La motivación que induce al presente punto de acuerdo es la de solicitar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que instruya al titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) a que informe a esta soberanía las previsiones y provisiones presupuestales para atender el esquema de comercialización de frijol para el ciclo agrícola primavera-verano 2012.

La experiencia de años pasados, bajo los esquemas de comercialización que se han implementado, no han sido satisfactorias para los principales productores de frijol, lo que provoco una serie de desvíos de recursos, mostrando que no son eficientes y motivando y fomentando la corrupción.

Los principales productores de esta leguminosa son Chihuahua, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas que en su conjunto suman 1,067,834 hectáreas de riego y 61,658 hectáreas de temporal, entre las variedades negros, claros y pintos; en la mayor parte de los estados se encuentran en la etapa fenológica de floración y guía, por lo que es importante establecer un mecanismo de trabajo que nos permita establecer un serio programa de comercialización, en la que los productores salgan beneficiados.

Esta leguminosa involucra a un importante segmento de la población rural y que contribuyen de manera sustantiva al ingreso de la población rural, están sujetos a las variaciones del mercado internacional, en el caso del frijol se han importado bajo el pretexto de la sequia.

En virtud de las razones antes expuestas y debido a la importancia que para el impulso al desarrollo rural sustentable tienen los cultivos señalados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a dar a conocer en forma urgente a los productores el programa que ha diseñado para la comercialización del frijol en el periodo agrícola primavera-verano 2012.

Segundo.Es con fundamento al Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 79, numeral 2, fracción III, que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.— Diputado José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En atención a lo solicitado por el diputado, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, tengo una lista de oradores inscritos, empezaríamos por el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, por tres minutos, diputado.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, el derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido por la legislación internacional que protege el derecho de todos los seres humanos a alimentarse con dignidad, ya sea produciendo su propio alimento o adquiriéndolo.

El derecho a la alimentación requiere, por tanto, que los estados proporcionen un entorno propicio en el que las personas puedan desarrollar plenamente su potencial para producir o procurarse una alimentación adecuada para sí mismas y para su familia.

En Nueva Alianza estamos convencidos que la lucha contra la desnutrición es, además de una cuestión ética, una necesidad imperiosa para romper con el círculo de la pobreza; una lucha que requiere de inteligencia y habilidad de los responsables de la política agroalimentaria en el país, impulsando un desarrollo rural orientado a alcanzar los logros de la sostenibilidad y la equidad para que ninguna mexicana o mexicano vea vulnerado su derecho a la alimentación y por ende, a un desarrollo humano integral.

Este propósito central del Estado mexicano solo podrá alcanzarse si aprovechamos, como país, las nuevas tendencias de los mercados de productos agrícolas y consecuentemente de las políticas para el campo. De igual forma, estas tendencias deben contribuir a mejorar las condiciones de competitividad de los productores nacionales.

Es una oportunidad para incorporar en sus procesos de producción y postproducción nuevas estrategias que maximicen la rentabilidad de sus productos y manejen de manera más adecuada los efectos inestables del mercado.

Compañeras y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza resulta indispensable evaluar los programas de comercialización que se han implementado en esta administración; en términos del presente punto de acuerdo, nuestro voto es a favor del mismo, a fin de informar a esta soberanía sobre el esquema de comercialización del frijol para el ciclo agrícola primavera-verano 2012. Lo anterior con la intención de promover un pago justo y oportuno a los productores de este producto básico y estratégico de nuestra sociedad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Humberto Vega Vázquez. Por tres minutos, diputado.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, abordamos en este pleno un asunto que tiene que ver con el campo mexicano; se busca que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación remita la información actualizada relativa a las previsiones presupuestales para atender el esquema de comercialización de frijol en el ciclo primavera-verano del año 2012.

Dentro del esquema de apoyos que se establecen en el Presupuesto de Egresos, en el marco del Programa Especial Concurrente, que hemos de señalar, que es el programa que concentra la mayor cantidad de los recursos para el campo en el que está incluido el presupuesto para el órgano administrativo desconcentrado denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Aserca, que para el año 2012 el monto para Aserca es de 334 millones de pesos; sin embargo, en la página electrónica de Aserca no se establece con claridad cuál es el monto de los apoyos para el esquema de la comercialización del frijol para el ciclo primavera-verano del año 2012.

El comunicado más reciente es relativo a los apoyos para el ciclo primavera-verano del año 2010, por lo que no existe información actualizada que permita conocer a los campesinos el procedimiento para ser beneficiados y mucho menos el monto que pueden solicitar. Este tipo de situaciones ponen a los productores campesinos en una situación de indefensión y de incertidumbre, al no saber si serán apoyados para poder comercializar su cosecha de este producto básico tan importante, como es el frijol. Como siempre, los apoyos llegan tarde.

Es necesario destacar que los estados donde se concentra la mayor producción de este grano básico son Chihuahua, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, que en su conjunto suman un millón 67 mil 834 hectáreas de riego y 61 mil 658 hectáreas de temporal, que producen distintas variedades de frijol.

Compañeras y compañeros, no podemos olvidar —como lo mencionó el diputado anterior— que en los dos últimos años nuestro país ha enfrentado condiciones climáticas muy severas, pero eso no es el problema, el problema es que recordemos que la LXI Legislatura aprobó dos dictámenes donde se destinaban recursos para atender este severo problema, pero se les olvidó. Es preocupante, no lo destinaron.

Compañeras y compañeros diputados, a menos de dos meses estaremos ya discutiendo el Presupuesto y necesitamos información clara y contundente para direccionar correctamente el Presupuesto y más en un asunto de vital importancia, como es alcanzar nuestra soberanía alimentaria.

Por ello, nos sumamos a la proposición de este punto de acuerdo presentada por el PRI, que se informe correctamente, claramente y oportunamente las previsiones presupuestales para apoyar a la comercialización del frijol. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El diputado Héctor Narcia Álvarez, en el turno.

El diputado Héctor Narcia Álvarez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores de la LXII Legislatura, como integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México vengo a respaldar y a fortalecer el punto de acuerdo del Partido Revolucionario Institucional, que se hizo llegar a través del diputado Rubén Escajeda, en donde se le exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación —mejor conocido como la Sagarpa—, así como su titular Francisco Mayorga Rodríguez, den a conocer los apoyos a la comercialización del producto frijol en todos los estados productores de esta leguminosa, segundo producto base de la alimentación de México, después del maíz, ya que se aproxima el levantamiento de la cosecha en estos días y por ende, la comercialización y hasta hoy se desconoce cuáles serán los apoyos, los programas, las reglas de operaciones y los montos.

Ya que con esta producción y comercialización se estima que habrá una producción de tres millones de toneladas de frijol y una derrama económica que llegará a los bolsillos de los productores por un monto aproximado de 30 mil millones de pesos, con una superficie sembrada de un millón 129 mil 492 hectáreas.

Para la gran mayoría de estos productores es su único ingreso y su único apoyo a la comercialización; por eso esperan el precio de sus productos y los apoyos a la comercialización en forma inmediata.

Invitamos a todos los compañeros diputados a que fortalezcamos y defendamos esta política de comercialización y los apoyos a los productores de los estados de Chihuahua, de Durango, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, que en su conjunto suman un millón 67 mil 834 hectáreas de riego y 61 mil 658 hectáreas de temporal.

Asimismo, quiero aprovechar que los estados del centro y sureste del país, incluyendo al estado de Chiapas, inician la comercialización de maíz en los primeros días del mes de noviembre —a escasos 40 días— y hasta hoy se desconoce la política que se implementará, así como la apertura de las ventanillas para celebrar los contratos y coberturas de precio de este producto, ya que existe inseguridad e incertidumbre sobre cuál es la institución indicada para atender la comercialización primavera-verano a los productores temporaleros, ya que Aserca venía fungiendo y quien era la responsable en el tema de la comercialización hoy brilla por su ausencia, quedando estas actividades —entre comillas— en las manos de FIRA y de la Financiera Rural, quienes presumen atender exclusivamente a los productores que obtuvieron financiamiento a través de estas instituciones.

Mi reclamo es, ¿quién atenderá a los productores libres o productores que se han autofinanciado, cuando tenemos conocimiento que el 70 por ciento de la producción a comercializar en este ciclo primavera-verano 2012-2013, corresponde a estos productores y 30 por ciento a productores con financiamiento?

Ya termino, señor presidente.

La comercialización se ha considerado como un último eslabón en la cadena productiva y año tras año nos hemos enfrentado los productores del campo con diversos obstáculos, convirtiendo a ésta en un cuello de botella para los hombres y mujeres del campo.

Por ello, también exhortamos nuevamente a la Sagarpa, a las instituciones como FIRA, la Financiera Rural y a las instituciones privadas nacionales y transnacionales dedicadas a la comercialización de maíz, a que construyamos y definamos en forma inmediata las políticas adecuadas para celebrar los contratos de compra-venta y cobertura de precios, ya que se espera una buena producción de maíz, récord en los últimos años, y no podemos dejar...

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Señor diputado.

El diputado Héctor Narcia Álvarez:... a los productores al libro albedrío, que serán presa fácil de las grandes empresas nacionales, internacionales y de los intermediarios. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El diputado José Soto Martínez, en el turno.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hablar del campo es hablar de la pobreza de nuestros compañeros campesinos, porque siempre han estado olvidados y a ningún gobierno les han interesado; es sencillo —si así lo quisiera el gobierno—, producir todo lo que podemos consumir los mexicanos y aun mandar a otros países.

Tres cosas nada más requiere el campo; la primera —y le corresponde a los gobiernos—, es que deben saber cuánto se va a sembrar de cada uno de los productos, que es la programación, para tener lo suficiente no solo de frijol sino de maíz y de todos los productos que necesitamos y de esa manera tener lo suficiente y aun tener una parte, un excedente para lo que está pasando con la sequía y a veces por mucha agua, que también daña.

Lo segundo es el financiamiento; financiamiento y no dádivas son importantes, sí; los apoyos, que no llegan a tiempo y a veces se quedan en manos de los que no son campesinos.

Queremos financiamiento y queremos la seguridad de comercializar y de esa manera acabar con el coyotaje que hay, porque si un kilo de frijol se lo pagan al campesino en 3 pesos, en el mercado está a 10. Eso no es justo y no es justo, porque a los gobiernos no les ha interesado que produzca el campo, aun sabiendo que todo lo que comemos viene de ahí, aun sabiendo que lo que vestimos, inclusive, también viene del campo, y lo que calzamos.

Pero no ha habido el interés de que produzcamos, ¿por qué? Porque traer productos del extranjero les deja sus buenos dividendos a quienes los traen, a los secretarios; hacen sus cupos de todo, porque les conviene.

Teníamos en los cañeros un decreto, nos lo derogaron, que era la rama de producción que llegamos a ser autosuficientes y luego no sabíamos qué hacer con el azúcar que producíamos; pues los gobiernos hicieron todo lo que pudieron para no producir.

Le pido por favor que me dé el mismo trato que le dio al del PRI.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Exactamente, señor diputado, es lo que quiero hacer en esta Presidencia.

El diputado José Soto Martínez: Entonces déjeme concluir.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Darles el mismo tiempo a todos, ése es mi trabajo.

El diputado José Soto Martínez:Déjeme concluir entonces, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En consecuencia, lo voy a dejar concluir en unos segundos más.

El diputado José Soto Martínez:Déjeme concluir.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Le voy a suplicar, señor diputado, que me ayude a que podamos respetar el orden.

El diputado José Soto Martínez:Si quieren que el campo produzca esas son las tres cosas que deben hacer, esos que gobernaron y los que van a gobernar. Con eso concluyo, señor presidente, para que esté contento. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, señor diputado. El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez:Gracias, señor presidente. Agradezco a mi compañera diputada Amalia García, con quien he trabajado este posicionamiento y el acuerdo de que un servidor pasara a esta tribuna.

Aquí mismo, amigas y amigos, compañeros diputados y compañeras diputadas, he oído a diputados y a diputadas expresarse que las políticas que se han aplicado para el campo mexicano no han dado el resultado que se necesita, en cuanto a producción de alimentos.

El texto que fundamenta este punto de acuerdo señala que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha traído consecuencias nocivas, en cuanto a la producción del campo mexicano.

Hoy mismo, en esta tribuna, distintas participaciones han reconocido que el campo mexicano se encuentra en el abandono y en una total falta de capacidad para la producción de alimentos. Eso genera que México para cubrir sus necesidades internas de alimentación recurra invariablemente a la importación e indiscutiblemente nos lleva a la dependencia alimentaria.

El artículo 79 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala que el frijol es uno de los 11 productos de la canasta básica en la alimentación de los mexicanos.

Sumado a esta situación, la sequía en el último año generó pérdidas considerables en la producción de los granos básicos. Sabemos también que la falta de un producto aumenta invariablemente su costo, siendo que el frijol es uno de los productos básicos en la alimentación de los mexicanos su aumento en automático afecta de manera directa indiscutiblemente la ya desgastada economía familiar; ése es uno de los problemas fundamentales que tenemos en este momento en cuanto a producción de alimentos en este país.

Frente a este panorama del campo mexicano y la producción de alimentos, no es suficiente, amigos y compañeros, diputadas y diputados, no es suficiente con que en esta tribuna solo le solicitemos a la Sagarpa que informe cuál es el programa de comercialización para el frijol en este periodo de producción; no es suficiente, lo que necesitamos es que los productores tengan apoyos suficientes, que los productores reciban la infraestructura para dignificar el campo y se pueda producir de manera suficiente la alimentación que los mexicanos necesitamos, porque la no producción del campo mexicano nos lleva invariablemente a la dependencia alimentaria, nos lleva a poner en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria, que estamos obligados como Estado mexicano a garantizarle a toda nuestra ciudadanía.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pronuncia por supuesto sí a favor de este punto de acuerdo, pero fundamentalmente nos pronunciamos en esta tribuna porque se lleven ya urgentemente los recursos que han sido aprobados por esta misma soberanía para este ciclo primavera-verano, que se lleven urgentemente a los productores de frijol en este país.

Pero señores diputados, señoras diputadas, a los productores del maíz, del frijol, no a los coyotes, no a los que disfrazados de financieras o dispersores de créditos se quedan con la mayor parte del recurso y no está llegando a los productores de frijol.

Eso es lo que necesitamos en este campo, eso es lo que necesita hacer este gobierno, eso es lo que tenemos que hacer desde esta soberanía para garantizar que México realmente pueda garantizar que somos soberanos y que podemos también tener la garantía de que hay alimento para todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Andrés de la Rosa Anaya.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya:Con su permiso, presidente. Los diputados del PAN compartimos la preocupación de los productores de frijol, en torno a que se dé una integración de su producción y los procesos de comercialización de forma justa y por supuesto, que se promueva el acceso del frijol a la población, al ser un producto básico y estratégico dando prioridad a la producción nacional.

Ésta también ha sido una preocupación del Ejecutivo federal, al prever en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, el apoyo a la comercialización y la promoción de la seguridad alimentaria mediante el ordenamiento y certidumbre de los mercados.

De acuerdo con la definición de la FAO, un país se encuentra en dependencia alimentaria cuando destina más del 25 por ciento de sus ingresos por exportaciones totales a la compra de alimentos en el exterior; en el caso de México, se ha mantenido alrededor del 7 por ciento.

En nuestro país actualmente se satisface la disponibilidad de alimentos, principalmente con producción nacional y ésta se ha incrementado 6.2 por ciento con respecto al sexenio anterior, a pesar de que se han presentado contingencias climáticas y problemas de mercado, derivados de la volatilidad de los precios a nivel internacional.

Si de hablar de experiencias desastrosas se trata, debemos decir, con toda puntualidad y con toda precisión, que en décadas pasadas la política de intervención del mercado interno promovida por los gobiernos del PRI, sin duda fue ineficiente y sumamente costosa, ya que las transferencias federales para apoyar los precios comprando toda la producción de granos y subsidiando el consumo general, absorbían casi medio punto porcentual del producto interno bruto de cada año, lo que además promovía la falta de productividad y competitividad del sector rural con el rezago que esto ha significado aún hoy en día.

En ese sentido, creemos que la política de la presente administración en esta materia es sumamente valiosa, ya que facilita la comercialización de las cosechas en épocas y regiones en que se presentan problemas de comercialización.

En el caso del frijol, al no contar con mecanismos de determinación de precio de referencia internacional, es de particular relevancia y requiere la definición de una estrategia que evite que los precios caigan por exceso de oferta.

Ahora bien, para lograr la eficacia de dicha política estamos a favor además de promover una estrecha coordinación entre los agentes de la sociedad rural y organizaciones de productores de frijol y las dependencias y entidades públicas, en beneficio de los productores nacionales y a favor de la seguridad alimentaria.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados del Grupo Parlamentario del PAN votaremos a favor de esta proposición de punto de acuerdo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Abraham Montes Alvarado.

El diputado Abraham Montes Alvarado: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo ante esta soberanía para manifestar el apoyo absoluto a la proposición planteada por el diputado Rubén Escajeda.

¿Por qué la fracción parlamentaria del PRI se solidariza con la propuesta presentada? Primero que nada, porque el campo está en crisis; esto es algo que nadie puede negar, porque además en la zona temporalera donde se produce el frijol estamos padeciendo la peor de las sequías de los últimos 80 años.

Vean ustedes. En el período 2008-2011, en Chihuahua, Durango y Zacatecas se sembraron cada año en promedio 884 mil hectáreas. De éstas, solo se pudo sacar cosecha cada año de 674 mil hectáreas; es decir, se perdieron 210 mil hectáreas cada año por siniestros. Esto equivale al 23.7 por ciento de lo que se siembra cada año y significa que si sumamos menos de cinco años de pérdidas, acumulamos el total que se siembra en el país en un año y esa es la pérdida de los productores de frijol, que producen sin seguro agrícola y sin crédito y que solos corren todos los riesgos, porque el gobierno está ausente.

Es ahí donde se quedan las remesas de dinero de los hijos de los frijoleros que se van a trabajar a Estados Unidos de América, reponiendo los procesos perdedores de la cadena productiva del frijol, ¿y el gobierno? Bien, gracias, ausente. Pero, ¿qué sucede con lo que sí se cosechó? En 2008-2010 la producción promedio en estos tres estados fue de 489 mil toneladas; Aserca cada año apoyó en promedio 264 mil toneladas. Significa que apoyó al 54 por ciento, solamente, de la cosecha.

El esquema que utilizó Aserca presentó dudas; se presentaron las denuncias correspondientes y lo único que logramos fue que los funcionarios señalados hoy estén ocupando mejores espacios laborales y los productores recibimos a cambio la suspensión del programa de apoyos a la comercialización de frijol.

Buen negocio estamos haciendo, denunciamos fallas, nos quitan los programas y premian a los funcionarios.

Es por esto que subimos a esta tribuna, porque en un escenario donde los productores de frijol corren solos los riesgos, sin crédito, sin seguro, sin tecnología, sin asistencia técnica, sin infraestructura productiva, con la amenaza de las importaciones, en manos de los intermediarios, lo menos que podemos hacer es otorgar en este momento el apoyo a la propuesta que acaba de hacer el diputado Rubén Escajeda. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, a usted, señor diputado. En razón de que no tengo más participantes registrados, el asunto se encuentra suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba. Antes de hacerlo, lea nuevamente los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Puntos de acuerdo:

Primero. Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que de a conocer en forma urgente a los productores el programa que ha diseñado para la comercialización del frijol en el periodo agrícola primavera-verano 2012.

Segundo. Es con fundamento al Reglamento de la Cámara de Diputados, en el artículo 79, numeral 2, fracción III, que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente u obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2012. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Ahora sí póngalo a votación, por favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba este acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, secretaria. Aprobado. Comuníquese.

* PROPOSICIONES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones –tenemos muchas– serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo aquellas que se pida a la Secretaría se registren para la próxima sesión.

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL Y LA TRATA DE PERSONAS

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 23 de septiembre, conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

Para este propósito tengo registrados a los siguientes oradores: la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, la diputada Loretta Ortiz, la diputada Nelly del Carmen Vargas, la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, la diputada Leticia López Landero y la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos.

Por cinco minutos, tiene el uso de la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea, el 23 de septiembre de 1913, se promulgó por primera vez una norma contra la prostitución infantil en Argentina. Para conmemorarlo la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas instituyó, a partir de 1999, este día como el Día Internacional contra la Trata de Personas; más que conmemorativo, este día debe servirnos como un recordatorio de que este delito ha destruido vidas de mujeres, adolescentes y niñas que han sido víctimas de la trata de personas.

A diferencia de otras fechas conmemorativas, el 23 de septiembre de cada año nos obliga a reflexionar sobre lo que hemos avanzado y lo que nos falta por hacer para contrarrestar un acto que vulnera a la sociedad; establecer una fecha conmemorativa para hacer de ello solamente una compilación de datos y estadísticas es mostrarnos ciegos e insensibles a todas aquellas familias mexicanas víctimas de este lacerante problema.

Estas estadísticas y datos disponibles nos muestran la grave situación que viven a diario millones de personas que son arrancadas del seno familiar para explotarlas sexualmente o realizar trabajos denigrantes para cualquier ser humano. No hay peor drama para una madre o padre, una hermana o hermano, una hija o hijo, que el hecho de desconocer el paradero de su familiar e imaginarse el dolor y el sufrimiento que podría padecer, si es víctima de trata de personas.

Como sociedad tenemos la responsabilidad de alzar la voz y exigir que se cumpla con la obligación de combatir a los grupos dedicados a este delito, de utilizar todos los medios a nuestro alcance para que quienes participan sean llevados ante la justicia y reciban una pena ejemplar,  y no escatimar los recursos necesarios para apoyar a las víctimas de este delito.

¿Cómo es posible que nuestro país ocupe el tercer lugar en trata de personas en América Latina y el sitio número 28 a nivel mundial? ¿Que cada año 800 mil personas sean víctimas de tráfico de personas a través de nuestras fronteras? ¿Quién o quiénes son los responsables de que existan más de 30 mil menores de edad, de entre 10 y 14 años, sometidos por las redes de trata de personas?

Reconocemos que la publicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata es un paso importante, pero también —hay que decirlo— es insuficiente, porque se requiere algo más que una ley; se requiere un marco legal sólido y homogéneo que permita el acceso real e integral a la justicia por parte de las víctimas.

Lamentablemente menos de la mitad de las entidades de la República han realizado modificaciones a su marco jurídico con el objetivo de reducir este problema, que hiere a la sociedad mexicana. Urge redoblar los esfuerzos para aprobar las modificaciones que permitan un combate frontal contra este flagelo.

Es urgente avanzar en la especialización de los Ministerios Públicos para investigar de manera adecuada a quienes cometan este ilícito; más allá de una preparación técnica y jurídica, es de suma importancia que el representante social muestre sensibilidad y empatía hacia las víctimas de trata, considerando que es un delito que daña el interior de las personas; evitar a toda costa que tanto criminales como funcionarios públicos, involucrados en el tráfico de personas, queden sin castigo; establecer medidas focalizadas para proteger a los grupos más vulnerables para los delincuentes, como son las mujeres, los niños, los indígenas, las personas con enfermedades mentales o con discapacidad física y los inmigrantes ilegales.

Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos impostergable legislar en la materia, para tipificar otras conductas que supongan un delito de trata, tales como la explotación laboral o en cualquier otra actividad que implique forzar a las personas a realizar actividades sin su consentimiento o bajo coacción.

No existe justificación alguna para que perviva esta forma de esclavitud en pleno siglo XXI; invitamos a todas las fuerzas políticas, a las organizaciones civiles y sociales dedicadas a combatir la trata de personas, a no claudicar en su lucha por erradicar este delito que lastima a todos.

Que esta conmemoración sirva para redoblar el esfuerzo colectivo por erradicar de una vez y para siempre este lacerante problema que aqueja a la sociedad. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. Les damos un saludo y la más cordial bienvenida a los invitados del municipio de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado José Luis Flores Gómez.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del PT.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la presidenta. Compañeros legisladores, desgraciadamente este día, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, no es un día para México ni para la sociedad mexicana que podemos vanagloriarnos.

Afortunadamente se aprobó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de este año; sin embargo, muy lejos estamos de dar seguridad y acceso a la justicia a todas estas personas, sobre todo niñas y niños y también mujeres, que son objeto de este crimen.

No es un simple delito, es un crimen internacional la trata de personas. Lejos también de cumplir con el instrumento internacional que regula este crimen internacional, que es el Protocolo de Nueva York, ¿por qué estamos lejos de cumplir y acatar precisamente este instrumento internacional? Porque no basta con buenos deseos, con una ley, quizá reglamentos y demás disposiciones, para poder controlar al crimen organizado que trafica con estas personas; para poder tener resultados óptimos en el combate de este tipo de acciones, lo que necesitamos es que las autoridades en todos los órdenes, federal y local, realmente apliquen de manera efectiva toda la normatividad y sobre todo, la Convención de Nueva York.

Mientras no se resuelva este problema, aplicar este Protocolo de Nueva York, van a seguir sufriendo este crimen tanto niñas como niños, como mujeres, porque a lo que son destinados finalmente estas criaturas y mujeres es, o una, a la prostitución, o dos, a mano esclava, o tercero, el tercer caso, que sería la extracción de órganos y que es precisamente la causa o motivo por la cual el crimen organizado está —entre comillas— dedicado a este lucrativo negocio.

Quiero concluir nada más, en señalizar que el caso de las muertas de Juárez, precisamente y que luego se tradujo en el caso Campo Algodonero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las 500 muertas o más, fueron, en buena medida, para tráfico de órganos y hay más de 60 mil niñas y niños desaparecidos.

Entonces, el crimen organizado más que el lavado de dinero, además de la trata de personas, también se dedica al tráfico de niños; por lo cual nosotros deberíamos, en este día, exigir a las autoridades que tomen especial atención a esta problemática. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. Tiene la palabra ahora la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Compañeras y compañeros, el 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

Después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas constituye el negocio trasnacional que genera mayores dividendos para la delincuencia organizada, que representa el segundo delito que aporta más recursos al crimen organizado, más de 42 mil millones de dólares anuales. Sin duda, es una cifra que supera la ganancia solamente producida por el narcotráfico.

Quienes caen en las redes de los tratantes pueden enfrentar la explotación sexual, distintas formas de trabajo esclavo, mendicidad forzada y abusos de todo tipo, perdiendo sus derechos más básicos, como la libertad, la seguridad y el derecho a vivir sin ser objeto de violencia.

La lucha contra este flagelo demanda el compromiso de la sociedad en su totalidad, y una fecha como la de hoy sirve para sensibilizar, con respecto a este tema y tomar medidas para erradicar este azote mundial, que afecta a más de 3.5 millones de personas al año, especialmente, nuestras mujeres y nuestras niñas. Según la Organización Internacional del Trabajo.

Somos el segundo país que más víctimas de trata provee a los Estados Unidos de América, superado únicamente por Tailandia, según el diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo de Asistencia Social.

Nuestras niñas son vendidas hasta en 30 mil y 50 mil dólares en Estados Unidos de América. Las cifras son aterradoras, entre 16 y 20 mil niños son víctimas de trata con fines de explotación sexual, de los cuales el 80 por ciento tiene entre 10 y 14 años de edad.

De acuerdo con cifras del Inegi, en nuestro país hay 3.6 millones de niños trabajadores entre 5 y 17 años, de los cuales 31 por ciento son menores de 14 años y trabajan en la agricultura, uno de los 3 sectores laborales más peligrosos y muchos de ellos en condiciones de explotación y trata. Sus focos rojos se han encendido en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.

Somos el segundo país de apertura de páginas de Internet de pornografía infantil en el mundo.

Definitivamente éste es uno de esos días que quisiéramos que desaparecieran de las conmemoraciones y es una buena oportunidad para recordar aquellas palabras de Gandhi, que decían: Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena.

Hasta ahora las víctimas han permanecido invisibles para la sociedad y las instituciones, colocándolas en un entorno de enorme vulnerabilidad.

Hoy se deben construir las condiciones para que —más temprano que tarde— se ponga fin a la impunidad de un sistema que no investiga, que olvida dar seguimiento puntual a los casos para aclarar la inocencia o culpabilidad de los acusados; que encubre las omisiones de las autoridades encargadas de procurar justicia. En suma, de un sistema que carece de la confianza ciudadana.

La organización México Evalúa reportó que para el periodo de 1996 a 2000, la impunidad promedio en el país fue de 96 por ciento, mientras que para el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, A. C., en 2007, la impunidad fue de 98.76 por ciento para todos los delitos.

A nivel internacional México aparece entre las naciones donde la brecha entre los crímenes cometidos y los que reciben castigo es muy elevada.

Movimiento Ciudadano, en congruencia con la ciudadanía, firmó el 20 de junio de 2012, una política de Estado con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, y tiene un compromiso firme también con los jóvenes por los derechos humanos en México, para prevenir, combatir y sancionar los delitos en materia de trata de personas y los que se relacionan especialmente con mujeres y niñas en México.

Tenemos que mejorar la legislación en la materia, hacer programas y políticas públicas basadas en buenas prácticas, en la legislación y procuración de justicia para perseguir y erradicar estos delitos.

En Movimiento Ciudadano no podemos dejar de mencionar nuestra exigencia, en el sentido de que se cierren los circuitos de complicidad surgidos al amparo del fortalecimiento y expansión de este delito, las enormes ganancias que esto recibe y cómo vulnera a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. No podemos permitir que nuestros niños y jovencitas en México sigan desapareciendo. Es cuanto, señor presidente.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada María del Rosario Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito:Decía Rosario Castellanos, que el mundo es tan grande como lo es el tamaño del miedo, y que para conocer la profundidad del océano solo había que interpretar la experiencia de un náufrago desde la voz de su trágica vivencia.

Aseguraba Jaime Sabines: me interesa el futuro, porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Lo decía con sentido, con emoción y en pleno uso de su libertad para crear, para soñar e imaginar.

Hoy, 25 de septiembre, justo dos días después de que se celebró el Día Internacional de la Trata de Personas, es fundamental analizar el escenario que impacta en la realidad de este crimen, que según la Organización de las Naciones Unidas representa el tercer crimen organizado más lucrativo del mundo.

Hoy, en México, hemos sido testigos sin duda de un avance trascendental, en el que en ése sentido la anterior legislatura proveyó para beneficio de todos la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos delitos, la cual se establece en pos del reconocimiento de la dignidad de las personas.

Sin embargo, seamos críticos y propositivos a la vez, no dejando de lado que esta ley, tal como lo expresa en sus disposiciones 5 y 6, es de competencia eminentemente federal, con algunas obligaciones asignadas a los ámbitos de las entidades, y si bien en este sentido el reconocimiento de protección es a nivel federal, es un logro significativo, mas no suficiente, pues en la jurisdicción de la mayoría de las entidades continúa siendo un faltante.

Hagamos entonces un reconocimiento, porque aquí cabe perfectamente rescatar la aseveración de Helen Clark, administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que plantea que para los grandes desafíos mundiales se requieren eminentes soluciones locales, ya que todas las acciones que se realizan a nivel local son cruciales para transformar la realidad de las entidades superiores que de manera directa impactan con el ambiente internacional.

En mi estado, Chiapas, el 3 de abril de 2009, publicó su propia ley local para combatir, prevenir, sancionar la trata de personas y a la fecha muestra un saldo con resultados favorables de 23 sentenciados y 99 personas en proceso.

Invitemos desde esta tribuna a todas las representaciones locales a legislar a fondo y de manera comprometida, en beneficio y defensa del derecho de la libertad, en el presente y en el futuro de los mexicanos de todos los rincones del país.

Por ello, en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, esta asamblea reivindica una vez más el compromiso de todo el Congreso; nunca más sobajamiento para persona alguna, nunca más niños o jóvenes al alcance de felones, nunca demérito para el género humano.

Desde el sur hasta el norte nuestra patria repudia a todos aquellos que quebrantan la dignidad con explotación del cuerpo, a quienes obligan a otros seres humanos a desarrollar una calidad de esclavos o siervos, a quien chantajea al inmigrante con denunciarle su ilegal estancia en el país para que pueda acceder a prácticas inmorales.

En conclusión, todos los que actualmente nos hallamos en este recinto tenemos la obligación de proveer más ideas tendientes a cubrir los supuestos de este tipo de ilícitos y sobre todo, expresar nuestra indignación ante prácticas atroces que implica la trata de personas.

Nada vale más que la lucha de una mujer y un hombre por encontrarse así mismo a través de su libertad; nada es más reprobable que el robo de la integridad y la libertad de un ser humano. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Compañeras y compañeros diputados, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, del pasado 23 de septiembre, vengo a expresar nuestra posición sobre un tema que peligrosamente se está convirtiendo en algo común en la sociedad, hablamos de una forma más de violencia extrema contra las niñas, los niños y las mujeres: la trata de personas.

Quisiera reconocer a la diputada Malú Mícher, quien elaboró el texto de la efeméride que aparece en la Gaceta y quien se ha distinguido por su lucha permanente a favor de los derechos de las mujeres.

Hace como 10 años, cuando teníamos ocho y nueve años mi papá nos vendió; nacimos en una comunidad mixteca muy pobre en el estado de Oaxaca. Acabamos en la ciudad de Nueva York, en un prostíbulo, siendo explotadas sexualmente a nuestra corta edad; casi no nos daban de comer y si no queríamos ir con los señores nos golpeaban, nos castigaban, nos metían palos en la colita.

Con señores de la embajada de México nos trajeron a México y el DIF nos mandó de regreso a nuestra casa; mi papá se enojó mucho y en menos de dos semanas nos volvió a vender por dos chivos y dos cartones de cerveza y nos dijo que no nos quería volver a ver jamás.

Tenemos muchos años de tener terapia psicológica y aun todavía cuando nos acordamos de los horrores que vivimos y de cómo nos despreciaba nuestro padre, sufrimos mucho. Todavía en las noches tenemos pesadillas y despertamos gritando, sudando mucho. Se nos ha hecho muy difícil superar esa experiencia de cuando niñas.

La trata y el tráfico de personas, particularmente de niñas, niños y mujeres, son delitos que se han incrementado alarmantemente en los últimos años debido al incremento de la pobreza, de las redes de la delincuencia organizada, de las difíciles condiciones de vida en los países poco desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron considerados como un problema de seguridad para la sociedad, sino como episodios aislados.

La trata de personas consiste en utilizar en provecho propio y de un modo abusivo las cualidades de una persona; los medios para llevar a cabo esta acción son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción: el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de lucrar con una situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual, de trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —como ya se ha mencionado aquí— calcula que las ganancias obtenidas por este ilícito ascienden a los 32 mil millones de dólares anuales.

La trata de personas es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada, después del tráfico de drogas y el de armas; si esta cifra es escandalosa, más escandalosos son los reportes que nos da el Inegi, que revelan que cada año en nuestro país son explotados sexualmente entre 16 mil y 20 mil niñas y niños.

Miles de personas menores de 14 años de edad son explotados y obligados a realizar en diversos sectores trabajos peligrosos para su seguridad, su salud y la moral.

Más aún, la Organización Mundial de la Salud señala que en América Latina más de 20 mil niños y niñas de los países más pobres son vendidos a pedófilos en Estados Unidos de América, Canadá y Europa; y más de 10 mil menores, entre los nueve y 16 años de edad, son destinados a prostíbulos por un precio inferior al de un equipo de vídeo.

La respuesta mundial al crecimiento de esta forma de criminalidad fue la Convención Nacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo, en el 2000, y los Protocolos Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar a la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños.

En el caso de México, a partir del 14 de junio de 2012, contamos con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas en estos Delitos, también impulsada por el Grupo Parlamentario del PRD en la anterior legislatura; por lo que ahora debemos trabajar por homogeneizar a la federación con las respectivas legislaciones estatales y los articulados de los códigos penales locales para que se sancione y se combata enérgicamente este delito.

La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y se perpetra mediante el abuso, la tortura, la degradación de la condición humana con el fin de creer que una persona vale menos que una mercancía; los daños que produce en las víctimas son generalmente de carácter irreversible.

México no podrá ser un país plenamente democrático y justo, si persisten cotidianamente crímenes, como la trata de personas, bajo el silencio y la mirada cómplice de todas y todos.

La protección de los derechos humanos y la irrenunciable defensa de la libertad y la dignidad humana requieren de la intervención decidida de las autoridades, de la sociedad civil y el trabajo de las y los legisladores, hasta alcanzar una legislación nacional vigorosa que combata y extermine exitosamente este flagelo social para erradicar testimonios, como el de María del Sol y María del Mar. Muchas gracias. Es cuanto, vicepresidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la tribuna la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Leticia López Landero:Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados, el pasado 23 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, establecido por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Bangladesh, en enero del 99, en reconocimiento a la promulgación de la Ley de Palacios, en Argentina, que fuera el primer intento legislativo para erradicar la prostitución de mujeres, niñas y niños, proteger a las víctimas de explotación sexual, combatir la trata de personas y penalizar a los responsables.

Hoy resulta necesario concientizar a los gobiernos y a la sociedad sobre las causas y consecuencias de la trata de personas, uno de los peores flagelos que hoy en día más lastima a nuestra sociedad y que es una amenaza latente para nuestros hijos e hijas.

Nuestra función parlamentaria —entre otras tareas— implica asumir la protección de nuestro pueblo, mediante la generación de marcos normativos que den solución a la existencia de delitos crueles que esclavizan y dañan la dignidad de las personas, así como el sano desarrollo de la sociedad.

La trata de personas es un fenómeno complejo en muchos sentidos que atenta contra los derechos humanos, que denigra totalmente la condición humana, que vulnera la dignidad, la vida, la libertad y la extrema violencia contra personas en estado vulnerable, en la que el responsable no es únicamente el agresor, sino también el mercado que solicita a las víctimas y la sociedad que tolera y permite estos delitos.

La actividad ilícita más lucrativa es ella, después del tráfico de drogas; millones de personas son explotadas anualmente como víctimas de este delito; en el mundo 80 personas de ellas son niñas y mujeres, ya sea para explotación sexual o laboral, servidumbre, tráfico de órganos o mendicidad.

Las víctimas de los delitos en materia de trata de personas se sienten atrapadas y sin una salida segura, trabajan en un sector informal generalmente ilícito o encubierto, residen ilegalmente en el país a donde fueron llevadas, tienen conocimiento limitado de sus derechos, sufren restricción a su libertad, han sido cambiadas de una ciudad a otra, o de un establecimiento a otro, han experimentado abuso sexual, físico y psicológico y amenazas en contra de ellas y sus familias; es decir, están a la merced de la violencia por parte de sus empleadores o tratantes.

Sin duda, observar la mirada de una víctima sobreviviente al ser rescatada es desgarrador, sus ojos reflejan los maltratos y vejaciones a las que han sido expuestas, pareciera que su vida ha sido arrebatada de su ser.

Hoy les digo, compañeros y compañeras: ya basta; ya basta, no es un problema de otros, es un compromiso como ciudadanos mexicanos que no se limita a ideologías o partidos políticos y confío en que tal y como lo propuse en días pasados, en la LXII Legislatura, podremos contar con una comisión especial para la lucha contra la trata de personas, pues hoy no podemos dar marcha atrás, debemos seguir luchando en contra de aquellos que se dedican a robar los sueños de nuestros niños y de nuestras niñas.

En México y en muchos otros países ese delito ha crecido, porque se comete al amparo de la invisibilidad, de la impunidad y de la hipocresía social, de la protección de intereses creados y la corrupción de nuestro sistema de justicia.

Combatir el comercio de personas requiere un enfoque interdisciplinario y que se le enfrente con la colaboración de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.

Sin duda, nuestros niños, niñas y jóvenes exigen nuestro compromiso y trabajo como legisladores para combatir a este delito y no dar ni un solo paso atrás, por lo que les pido que en unidad nos enfrentemos contra todos aquellos que ven al ser humano como mercancías; juntos seamos la voz de quienes hoy no pueden defenderse. Estoy convencida de que juntos podemos luchar contra la trata de personas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. Una disculpa, su tiempo no se había agotado.

Tiene a continuación el uso de la palabra la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, el pasado 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que desde hace 13 años se instauró por iniciativa de la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, en esta honorable Cámara de Diputados, es una fecha que no podemos dejar pasar desapercibida, porque se refiere a un problema cuya dimensión social y humana nos emplaza —quizá como ningún otro— a asumir nuestra responsabilidad política con un profundo sentido ético y de justicia.

La fecha recuerda un hecho notable y aleccionador, pues el 23 de septiembre de 1913, se promulgó en Argentina la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil; casi un siglo ha transcurrido desde entonces y desafortunadamente, el flagelo de la trata de personas, que afecta de manera especialmente cruel a mujeres y niños, haciéndolos objeto de trabajo forzado y de explotación sexual, no ha podido ser desterrado de la faz del planeta; por el contrario, parece que el mundo global de comercio prácticamente irrestricto, de bienes y servicios, de comunicaciones instantáneas y de consumo masivo que no conoce fronteras, el ser humano también es considerado como mercancía y es objeto del más vil de los comercios, en pleno siglo XXI.

Hoy sabemos que después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas, en sus distintas facetas de explotación sexual, de trabajo esclavo, de mendicidad forzada, de servidumbre doméstica y abuso de todo tipo, es el negocio trasnacional más lucrativo y el más infame, porque se sustenta en la degradación del ser humano, en la pérdida de su libertad y de su dignidad, mediante el uso de la coerción y la violencia.

En nuestro país los esfuerzos por combatir a fondo los delitos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual de menores son relativamente recientes, apenas el 14 de junio de este año fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, la cual sustituyó a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que había estado vigente desde noviembre de 2007.

Nuestro partido, el PRI, fue un activo promotor de ese marco normativo y estamos comprometidos con su cabal implementación.

Hacen falta acciones ejecutivas de mayor envergadura y una mejor coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como una mejor canalización de recursos que vayan de la mano con la nueva distribución de responsabilidades; por ejemplo, hacia los sistemas estatales del DIF.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas define un catálogo de responsabilidades exclusivas para los gobiernos estatales y municipales en materia de diseño de políticas públicas, disposiciones presupuestales, adecuaciones jurídicas, normativas y reglamentarias, así como la construcción de diagnósticos estatales y municipales y sus consecuentes planes de acción en la materia.

Todo ello hace necesario contar con recursos, no solo presupuestales, sino técnicos y humanos para abordar el problema; se requiere contar con información lo más precisa y confiable posible, considerando la complejidad del delito y el subregistro de muchos casos, con el fin de que se normen adecuadamente los criterios de acción y se puedan establecer prioridades regionales, así como precisar programas eficaces de prevención y atención a víctimas.

En la actualidad, los datos disponibles provienen fundamentalmente de organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas, o del propio Departamento de Estado de Estados Unidos de América, que elabora un informe anual sobre ese fenómeno en el mundo.

Como ejemplo de la escasa información con que contamos en México, se puede citar el segundo informe respecto de los derechos humanos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal; del Observatorio contra el Delito, en donde señala que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de diciembre de 2010 a noviembre de 2011, registró 49 consignaciones en materia por delito de trata de personas, 32 de éstas con detenidos y 17 sin detenidos. Asimismo resolvió 24 sentencias condenatorias y 25 absolutorias.

La Comisión del Delito de la Trata de Personas está relacionada siempre con una extendida presencia de violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, acompañadas de factores como la pobreza, la migración y la vida en comunidades segregadas.

Se requiere una verdadera cruzada que incluya la participación social para atacar efectivamente el fenómeno de la trata de personas, que muchas veces se enmascara con prácticas que desafortunadamente florecen en medio de la permisividad social con el trabajo infantil de la calle.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Concluya, diputada, por favor.

La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos:Concluyo, presidenta. Por eso, es conveniente que en esta fecha tan señalada hagamos ejercicios de conciencia y convoquemos a todos, sin distingo de partido ni ideologías, a renovar nuestro compromiso personal y político frente a la ciudadanía. Por su atención, muchas gracias; es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. Con esto concluimos el punto sobre la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas; creo que es una agenda muy importante la que acaban de enunciar cada uno de los grupos parlamentarios.

DIA NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:El siguiente punto del orden del día es efeméride con motivo del 26 de septiembre, Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos; se han registrado para referirse a los temas los siguientes diputados. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Partido Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señora presidenta. Estimadas diputadas y diputados, el Año Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, es una efeméride de gran relevancia para generar conciencia sobre un tema que nos concierne a todos y a todas.

Es una triste realidad que en nuestro país la cultura de la donación de órganos sea muy débil, debido a una difusión muy limitada entre toda la sociedad. Lo cierto, es que en cualquier momento alguno de nosotros o nuestros seres cercanos podría necesitarlo, puesto que nadie estamos exentos de sufrir un accidente desafortunado o una enfermedad que requiera la donación de algún órgano.

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, actualmente en nuestro país hay 16 mil 672 solicitudes de trasplantes; entre ellos, los que se encuentran con mayor frecuencia son los trasplantes de corazón, riñón, córnea e hígado.

El proceso de trasplante es una dura prueba de vida, desde el diagnóstico médico para determinar el padecimiento, hasta cuando se ingresan los datos del paciente a la base de datos electrónica del Centro Nacional de Trasplantes.

Pero eso no es todo, ante la falta de una cultura de la donación, la demanda por los trasplantes supera por mucho la disponibilidad de los donantes, además de que existen varios criterios para la asignación de órganos, dándole prioridad a los casos más urgentes en los que exista el riesgo de perder la vida.

Debemos reconocer que esta prueba de vida es tanto para el paciente que está esperando el trasplante como para la familia, que ante el dolor que provoca la pérdida de un ser querido tiene que decidir lo antes posible la donación de sus órganos. Sin duda, una experiencia dolorosa.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que necesitamos concientizar y promover las acciones pertinentes para hacer de la donación una práctica común en la sociedad, que además de constituir un compromiso ético nos permitirá humanizarnos ante un hecho trágico de la vida, que puede servir para dar esperanzas de vida a quienes esperan un trasplante, y si eso no fuera lo único, también tenemos que impulsar una cultura de la donación que contribuya a prevenir el tráfico de órganos, que involucra, en muchos casos, otro tipo de delitos de impacto social, como la trata de personas.

Por todo lo anterior, celebramos que este año sea: el Año Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, y nos sumamos a aquellas acciones que permitan formalizar o institucionalizar una cultura de donación de órganos. Por su atención y comprensión, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Muchas gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, desde esta tribuna hacemos eco al llamado de millones de personas que exigen a los representantes de la nación atender el grave problema de la falta de una política social completa en materia de donación y trasplante de órganos.

El fondo el problema no radica en solo difundir mensajes para fomentar una donación altruista, sino en sentar las bases para que el propio Estado, así como las universidades públicas y los centros de especialidad en la materia, puedan conjugar los esfuerzos necesarios para fomentar la investigación y la creación de alternativas que coadyuven a dar solución a las necesidades de los pacientes en espera de un trasplante.

En ese sentido, debemos decir que el 26 de septiembre estaremos celebrando el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos. Lamentablemente, en medio de un clima de falta de convicción de ayuda hacia nuestros semejantes, producto de una desgastada estrategia de estímulos a favor de la donación por parte del Estado. En los hechos esta preocupación solo se ha reflejado en discursos y llamados a misa.

Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, la demanda de órganos para trasplante va en ascenso y los resultados en cuanto a su atención son mínimos; trasplantes de riñón, de córnea, hígado y corazón son de los casos más solicitados, pese a ello, aún es insuficiente su atención para la totalidad de la población que demanda un órgano para seguir viviendo.

En este contexto, a la fecha se estima que existe un total de 8 mil 844 casos de solicitudes de trasplante de riñón, 7 mil 383 casos de córnea, 381 de hígado y 30 de corazón, según lo documenta el Centro Nacional de Trasplantes, a cargo de la Secretaría de Salud.

Indiscutiblemente, dicha situación lacera económicamente a la población demandante; además, también representa un costo enorme para el erario del país, pues al año se calcula un gasto de 240 mil pesos por persona, solo para atender la primera etapa de una enfermedad renal, sin considerar la posibilidad de complicaciones o el costo del propio trasplante, si ése fuera el caso.

En ese sentido, compañeras diputadas y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que este es el mejor momento en el que nuestra postura debe reflejar consensos y determinación para que dicho problema se reduzca.

Debemos decir que durante otras legislaturas nos hemos pronunciado a favor de la investigación y el desarrollo de técnicas que complementen las donaciones de órganos para su posterior trasplante, respetando siempre la idiosincrasia de las personas que difieren de este punto de vista; sin embargo, no cejamos en lograr que estos propósitos se cumplan a favor de los pacientes en espera de una donación.

Como legisladores, es necesario fortalecer presupuestalmente los esquemas de políticas públicas que se encuentren involucrados en el tema de la donación y el trasplante de órganos; como ciudadanos, tenemos la necesidad de formarnos dentro de una cultura de donación altruista. Es cuanto, diputada presidenta; gracias por su atención, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Muchísimas gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, tu ba chunun, buenas tardes, ndu tiaca née¸ a todas y a todos. Ú cuchí ndeu condi ndiutuca née neen sensibilidad, cate iña humilde ngua ndeu vede.

Apelamos a la sensibilidad política de las legisladoras y de los legisladores, y prioricemos las legítimas demandas de los pueblos y comunidades indígenas; los de abajo anhelamos y decimos: nunca, nunca, jamás un México sin nosotros.

Compañeras y compañeros, reciban un fraternal saludo de mis hermanos los indígenas del pueblo cuicateco, del estado de Oaxaca, y aprovecho esta máxima tribuna del país para decirles a mis hermanos, los de abajo, los indígenas, que el pueblo de México tiene una deuda histórica hacia con ellos; decirles también que apelo a su sensibilidad política y demos prioridad y atención a este importante sector, que históricamente ha vivido en la marginación y en el olvido.

Decirles a mis hermanos de las 64 etnias indígenas en el país que como su representante popular voy a poner todo mi esfuerzo para dignificar la vida que tanto sufre y sin embargo, somos los que aramos la tierra y formamos parte de este gran mosaico cultural que tiene México.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, mañana 26 de septiembre, por decreto presidencial, se celebra el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos. Al día de hoy, en nuestro país, existen más de 16 mil casos que requieren de este proceso, entre los que destacan 8 mil 800 casos de riñón, 7 mil 300 de córnea, 380 de hígado y 39 de corazón principalmente.

Los órganos y tejidos para un trasplante pueden proceder de dos fuentes; de un donador vivo, cuando se trata de riñón y pulmón, o de uno fallecido, en el caso de córneas, corazón, pulmones. La ley establece que las donaciones deben ser de preferencia provenientes de personas que han fallecido.

El Observatorio Global de Donación y Trasplantes posiciona en el último año a México, de entre 84 naciones, en el octavo país con más trasplantes de órganos, solo por debajo de Estados Unidos de América, China, India, Brasil, Alemania, Francia, Inglaterra y Turquía. Esto se debe principalmente al Distrito Federal; en el caso de córneas el 40.5 por ciento de casos corresponden a esta entidad.

El estado de México tiene tan solo el 10 por ciento de intervenciones en el caso de riñones; de nuevo el Distrito Federal es el primer lugar con 27 por ciento, seguido por el estado de Jalisco con el 17 por ciento.

La donación en el Distrito Federal funciona de manera contraria al resto; en esta entidad la inscripción no es voluntaria, es directa y en caso de no desear ser donador se deben llenar ciertas formalidades. Es así, que podemos darnos cuenta que la apatía en la sociedad mexicana, con respecto a este tema, sigue siendo muy alto.

Creemos que la donación de órganos se traduce en valores como: la solidaridad, el altruismo y el amor a la vida; por lo que exhortamos a la sociedad civil, dadas las altísimas estadísticas de gente que está esperando la donación de un órgano, a unirse al registro voluntario de donadores a través de la tarjeta de donador voluntario o ahora también por medio de las redes sociales. Esta acción, compañeros y compañeras, pueden salvar muchas vidas.

La minimización de riesgos sanitarios para el receptor del órgano es de suma importancia, por lo que una vez que se toma una postura ante el caso es menester comunicar la decisión a la familia para estar al tanto de antecedentes médicos, presencia de tumores o infecciones.

La conmemoración de este día tiene como propósito concientizar a la población sobre la gran cantidad de personas que encuentran como única esperanza de vida este importante proceso. Reconocemos las valiosas actividades planeadas por el Centro Nacional de Trasplantes, entre las que se encuentran la difusión, conferencias, entrevistas en medios, ceremonias conmemorativas y marchas de parientes y familiares y autoridades de la salud.

Invitamos a los legisladores y a la ciudadanía en general a tomar una posición respecto al tema, con el respeto y responsabilidad que requiere, facilitando así las condiciones médicas administrativas y legales necesarias.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se posiciona a favor de la conmemoración del Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Es cuanto, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias diputado, Juan Luis Martínez Martínez, nuevamente una disculpa.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Mónica García de la Fuente:Con su permiso, presidenta. Compañeros y compañeras, en el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos es nuestra responsabilidad y obligación tener claro que mientras no destinemos el tiempo y los recursos suficientes para generar una verdadera cultura de la donación, no importa cuántas reformas a la Ley General de Salud se aprueben en la materia, seguirán muriendo las personas esperando recibir un trasplante.

La falta de información y de personal capacitado, no solo para atender al paciente, sino a la familia que se involucra en un proceso de donación, son los puntos torales que deben preocuparnos y ocuparnos en materia de trasplantes en México.

Las cifras hablan por sí mismas: 16 mil 600 personas en nuestro país están hoy esperando recibir un órgano, pero tan solo tres mil 700 trasplantes han sido reportados en lo que va del año.

Son ocho mil 800 personas que están esperando recibir un riñón, el trasplante más caro y necesario en México; la insuficiencia renal crónica ocupa el décimo lugar por causa de muerte en nuestro país y el primero por internación en los hospitales de nuestro país.

El Instituto Mexicano del Seguro Social estima que para el 2018, la atención de pacientes con diálisis o hemodiálisis tendrá un costo de 16 mil millones de pesos. También la Secretaría de Salud estimó que para el 2025, serán cinco millones de mexicanos los que requieran de un riñón.

Si existiera una verdadera cultura de la donación en nuestro país, la atención de la insuficiencia renal con un trasplante permitiría un ahorro presupuestal del 40 por ciento, en comparación del costo que implican las diálisis o hemodiálisis de los pacientes. Además, un paciente trasplantado se reincorpora rápidamente a su vida social y productiva.

El Estado mexicano no será capaz de atender otras necesidades básicas de salud si no tenemos las acciones necesarias que requiere la cultura de la donación en México ahora; debemos fomentar juntos, gobierno y sociedad, la adopción de medidas claras y concretas que contribuyan a generar políticas y programas sociales en materia de donación de órganos.

Para el Partido Verde Ecologista de México resulta prioritaria la implementación de medidas educativas que concienticen a nuestros jóvenes, madres y padres y a nosotros mismos, con la importancia de lo que significa alargar y compartir la vida. Lo tenemos que hacer dentro de un marco jurídico eficiente y claro, con apego a los principios de equidad y de justicia.

Los legisladores del Partido Verde reiteramos nuestro compromiso de traducir en acciones específicas el mérito y el altruismo del donador y de su familia, para avanzar hacia una verdadera cultura de la donación en México. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Antonio Sansores Sastré:Con el permiso de la Presidencia; muy buenas tardes. Calidad es lo que debemos darle al pueblo, es una obligación de cada uno de nosotros, como seres humanos. Ernesto Guevara de la Serna.

Señoras y señores legisladores, vengo en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a emitir el siguiente pronunciamiento en el marco del Día Nacional de Órganos y Tejidos; me dirijo a ustedes en esta fecha próxima, fecha en la que debemos de hacer conciencia, como siervos de esta nación y tomar cartas en este asunto, que puede salvar miles de vidas mediante la cultura de la donación de órganos y tejidos. Aunque no está muy arraigada esta cultura en nuestro país, las cifras de la Organización Mundial de la Salud nos ponen en el lugar número 30 entre 58 naciones.

Para ponerles un ejemplo, tenemos más de 324 hospitales que están en condiciones de poder hacer trasplantes.

A quienes gozamos de una buena salud nos es casi imposible percibir el dolor, la ansiedad, la depresión, la impotencia que padecen los enfermos a los que se les está yendo la vida; existen en nuestro país alrededor de 24 mil accidentes por vehículos motorizados de personas, en donde las edades fluctúan entre 18 y 35 años, en la etapa más productiva de todos nosotros. Estos son potencialmente nuestros bancos de órganos y de tejidos.

La falta de conciencia y de educación de nuestro pueblo nos está negando el derecho a la vida a muchos, que en su momento pudiéramos ser nosotros.

Donar o recibir un órgano parece una utopía, parece estar lejos de nuestro entorno, pero recordemos que la vida es finita y que la salud se nos va de la mano en un abrir y cerrar de ojos; mañana podemos adolecer de la misma, por lo que nos concierne a todos y de igual manera a las leyes darles la oportunidad a los nacidos en el territorio nacional o naturalizados mexicanos de poder recibir lo que se establece en el artículo 4o. constitucional: salud para todos.

Podemos hablar de historia, de cuándo se hizo el primer trasplante, e incluso un servidor formó parte de un equipo de trasplantólogos, en 1991. Pero la historia no es lo que necesitamos, necesitamos el presente y poder nosotros estar de la mejor manera fraternamente unidos para poder preservar, en este tercer milenio, lo que es la cultura del trasplante de órganos y tejidos.

Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, en materia de salud nunca será suficiente el mayor de los esfuerzos para poder combatir las enfermedades; por ello debemos de crear la cultura de la prevención, que es la que puede llevarnos a un mejor puerto.

No vengo a aquí a hablar de infraestructura, hoy nuestra responsabilidad me obliga a hablar por el mejoramiento de la salud de todas y de todos los mexicanos y a favor de la cultura de la donación de órganos.

Los números no mienten, lo números son exactos y estas son las cifras de las personas que están en espera: 16 mil 680 personas, que en nuestro país solamente alcanzamos a cubrir el 27 por ciento de los demandantes, este servicio tan necesario para la preservación de la salud.

Esta tarea de todos, es tarea de todos, porque debemos de vincularnos para poder cumplir a tantos solicitantes de servicio. México así lo requiere y dispuestos estamos a que se haga una realidad la preservación de la vida, porque más allá de cualquier ideología, porque más allá de lo santo y lo profano, somos parte de la vida, simplemente somos seres humanos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Muchas gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Leslie Pantoja Hernández:Muy buenas tardes, con su venia diputada presidenta. Agradezco a los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz sobre el apoyo que le dan al tema tan importante para muchos mexicanos.

La donación de órganos y tejidos representa la oportunidad de ofrecer, prolongar y mejorar la calidad de vida para miles de personas; por ello los donadores tienen un papel fundamental y llevan a cabo una decisión trascendental para sí mismos y para la humanidad.

Convertirse en donadores es una acción que contribuye a que otros seres humanos disfruten de condiciones de salud, que coadyuven al desarrollo social, en la medida que la prolongación de la vida de una persona le permita a ésta continuar impulsando la preservación de los valores más excelsos de su comunidad y de la sociedad.

Compete a la Secretaría de Salud establecer y dirigir las políticas de salud en materia de donación, procuración y trasplante de órganos, tejidos y células, para lo cual se debe apoyar en el Centro Nacional de Trasplantes y en el Centro Nacional de la Transfusión sanguínea.

En México se realizan trasplantes desde el año de 1963; a partir de ese año y a la fecha se han realizado trasplantes de córnea, médula ósea, hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón, sumando alrededor 40 mil procedimientos de este tipo.

El pasado 12 de diciembre de 2011, el Diario Oficial de la Federación publicó las reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley General de Salud, en el Título XIV, Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida.

En nuestro país, en un período de nueve meses la demanda de órganos para trasplantes se ha incrementado en un 4.5 por ciento; la demanda de trasplantes de riñón se incrementó en un 6 por ciento a partir de la incidencia de la enfermedad renal crónica y a la alta prevalencia de las enfermedades no trasmisibles.

Es importante destacar que la enfermedad renal crónica es un grave problema de salud pública, ya que presenta una tasa de crecimiento anual del 8 al 11 por ciento; estadísticas de la Organización Mundial de la Salud apuntan que la enfermedad renal es la tercera causa de muerte hospitalaria en México, ya que se encuentra asociada principalmente a patologías altamente frecuentes en nuestra población, como son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la obesidad.

Esta situación genera un incremento sustancial en la demanda de trasplantes, ya que de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes, de las 16 mil 550 personas que se encuentran en lista de espera para recibir un órgano, un total de mil 794 pacientes esperan un trasplante de riñón; es decir, poco más del 50 por ciento.

Resulta indispensable que en los siguientes años nuestro sistema nacional de salud logre satisfacer en un corto plazo la demanda de órganos, reducir los tiempos de espera para la asignación de un órgano, elevar el presupuesto en salud a por lo menos un 9 por ciento del PIB y asignar una partida suficiente para fortalecer los rubros relacionados con la materia.

También resulta necesario generar medidas legislativas que permitan atender las enfermedades no trasmisibles, como es la enfermedad renal, con modelos integrales de atención que incluyan el acceso a tratamientos sustitutivos que permitan ofrecer calidad y expectativa de vida para los pacientes renales.

Dada la trascendencia de este problema de salud pública resulta necesario que el año 2013 ahora sí sea declarado el Año Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, a fin de que la sociedad mexicana tenga presente la importancia de este tema, así como generar los mecanismos que permitan que los ciudadanos mexicanos accedan a los beneficios de la donación y el trasplante de órganos.

Los legisladores integrantes de esta Legislatura debemos dar muestra histórica de la solidaridad con la población mexicana; por ello los invito a que sumemos el compromiso de registrarnos como potenciales donadores, e invito a la Mesa Directiva a que nos apoye a realizar las acciones necesarias, en el ámbito de sus facultades, a fin de que se ejecuten las acciones administrativas conducentes.

También quiero mencionarles, compañeros, que nos hicieron el favor de ponerles ahí en sus lugares esta información básica para poder tomar una decisión de si queremos ser donadores de órganos o no; los excito a que juntos podamos firmar esta tarjeta, en donde estamos diciéndole sí a la vida y sí a las más de 16 mil personas que están esperando una segunda oportunidad, que seguramente va a venir de parte de alguno de nosotros. Muchas gracias y es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. Por último, tiene la palabra la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada María de las Nieves García Fernández:Con su permiso, señora diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, cito: La salud no es todo, pero sin ella lo demás no es nada. Schopenhauer.

La salud es un factor indispensable para disfrutar de la vida y para el desarrollo óptimo de las potencialidades del ser humano, preservarla es el primer paso para alcanzar las metas que cada uno de nosotros se ha propuesto.

En albores del siglo XXI, la donación y el trasplante de órganos y tejidos constituyen una solución para enfermedades que antes resultaban incurables; por tanto, es un asunto de salud pública que requiere la participación del Estado, como garante de la seguridad social, sociedad civil e iniciativa privada, quienes deberán sumar esfuerzos para abatir el rezago que en esta materia existe en nuestro país.

México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y el segundo en el Continente Americano, luego de los Estados Unidos de América, en donación renal de personas vivas, esto gracias a la enorme solidaridad que existe en nuestras familias.

Sin embargo, el bajo índice de donación de personas fallecidas que existe en México, en comparación con otras naciones, nos lleva a reflexionar profundamente sobre la complejidad del mismo.

En el año 2010, el número de donaciones de sujetos fallecidos en México fue de nueve por millón de habitantes, en comparación con Estados Unidos de América, que tuvo 25 por millón de habitantes y en España 32 por millón de habitantes.

A esta reflexión se suman los datos estadísticos del Registro Nacional de Trasplantes hasta el día 25 de septiembre de 2012, 16 mil 681 personas requieren un trasplante en la República Mexicana, distribuidos de la siguiente manera: ocho mil 847 trasplantes de riñón; siete mil 388 córnea; 382 hígado; 38 corazón; 11 trasplantes de riñón y páncreas; seis solamente de páncreas; cinco trasplantes de pulmón; una persona trasplante de hígado y riñón; y una más con trasplante de corazón y riñón.

Del primero de enero al día de hoy, en el país se llevaron a cabo tres mil 716 trasplantes. Tal como puede apreciarse, la diferencia entre lo necesario y lo obtenido es aún importante, y la tendencia, aunque si bien ha ido aumentando, todavía es insuficiente.

A pesar de estos datos, a la fecha en México no hay estadísticas disponibles que nos permitan conocer algunas cuestiones específicas relacionadas con los trasplantes, como es el caso, por ejemplo, del número de personas que fallecen y cuyos órganos o tejidos hubiesen sido susceptibles de donación.

Aunque si bien el Centro Nacional de Trasplantes como órgano rector lleva los registros nacionales de donación y trasplantes, todavía existe cierta insuficiencia de cifras y estadísticas confiables, lo que es un problema que afecta este aspecto de la salud en México y debe ser atendido para establecer políticas que correspondan a las necesidades de los mexicanos.

La poca información estadística nos dificulta un análisis cuantitativo, pero si nos vamos a los cualitativos, encontramos que las causas de tasas bajas de donación en México son multifactoriales: insuficiencia de infraestructura hospitalaria especializada, insuficiencia de recursos humanos y económicos, insuficiencia de apoyos en algunas entidades federativas, creencias religiosas y tabúes, desconfianza en el uso de los órganos, temores a la donación en vida, falta de organización que trabaje la donación, bajo nivel de conocimientos sobre ésta misma, temor a la cirugía, impacto en su salud, falta de consentimiento por la familia. Carencia cuantitativa y confusión cualitativa es un abono a una carente cultura para la donación en México.

Sin duda, la donación y el trasplante son temas de complejidad mayúscula que tienen facetas jurídicas, éticas y sociales y que requieren la participación plena de los poderes públicos, pero también de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

El Grupo Parlamentario del PRI, sabedor del anhelo de los mexicanos y del compromiso del próximo presidente de México con la calidad de vida de sus conciudadanos, impulsará la implementación de un sistema universal de salud que integre a la donación de órganos y tejidos como una alternativa de vida a padecimientos terminales y concientizar a los ciudadanos del bien que hacen con este acto de generosidad personal.

Termino citando: El mayor descubrimiento de cualquier generación es el que los seres humanos pueden cambiar sus vidas si cambian su actitud mental. Albert Schweitzer. Muchas gracias. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Muchas gracias, diputada.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz (a las 16:03 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 27 de septiembre de 2012, a las 11 horas.

Se informa a diputadas y diputados que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas. Se les recuerda —esto es muy importante—, se les recuerda que ya no se instalará la mesa para el registro previo de firmas, así es que por favor, les pedimos atender este llamado. Muchas gracias. Buenas tardes.

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