Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados hasta este momento.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 278 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam(a las 11:20 horas): Se abre la sesión. Déjese abierta la lista de asistencia, por 15 minutos más, como excepción el día de hoy, por ser la primera vez que utilizamos el procedimiento; sírvase la Secretaría además recibir la información de los señores diputados y las señoras diputadas, a efecto de saber si funciona adecuadamente en cada una de las curules el sistema.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 27 de septiembre de 2012.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De los Congresos de los estados de Quintana Roo, Michoa-cán, Nayarit, y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación con la reforma laboral, presentada como iniciativa preferente por el Presidente de la República.

De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal

Por la que invita a las ceremonias cívicas:

Conmemorativa del 247 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, que tendrá lugar el 30 de Septiembre a las 10:00 horas; y

De izamiento de bandera con motivo del día de duelo en el Distrito Federal, por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968, que tendrá lugar el martes 2 de octubre a las 08:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que remite el Informe del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Antonio Abraham Xacur, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Chipre, en la Ciudad de Mérida, con Circunscripción Consular en el Estado de Yucatán.

De la Secretaría de Salud

Por el que remite el informe final de la evaluación de procesos del Programa G004, Protección contra Riesgos Sanitarios, efectuado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Protesta de ciudadano diputado.

Minuta

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios. (Dispensa de trámites, discusión y votación)

Que reforma los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° y 5° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5° y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 381 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma al artículo 1401 del Código de Comercio, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 168 de la Ley General de Salud, 56, 57 y 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, reforma el artículo 217 del Código Penal Federal y deroga los artículos 66, 71 y 73 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SHCP, reasigne los recursos no ejercidos en el presente ejercicio fiscal del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de género y del Fondo de Fortalecimiento de las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres, asignados al Inmujeres, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, su intervención para que el Grupo Azucarero Gonzas, propietario del Ingenio Nuevo San Francisco, pague la liquidación de la zafra 2011-2012, a los productores afectados, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel, en relación a homologar el costo de las llamadas de las comunidades del Valle de Mexicali y del estado de Tlaxcala, para que sean consideradas como llamadas locales, a cargo del diputado Benjamin Castillo Valdez y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Sagarpa, a efecto de que se redoblen las acciones preventivas tendientes a prevenir el contagio y propagación de la enfermedad del “Virus del Oeste del Nilo”, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que sean desplegadas las medidas de seguridad correspondientes en los penales de sus respectivas demarcaciones, así como la constante vigilancia de los mandos penitenciarios, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que publique el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y a los Congresos Locales y a la ALDF, armonizar su legislación con base en este ordenamiento jurídico, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades competentes en las entidades federativas para prevenir, atender, sancionar y reparar los daños de los Feminicidios en México, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para Garantizar la Subsistencia del Hábitat de Hibernación de la Mariposa Monarca, y la Reactivación de la Actividad Económica de los Habitantes de la Reserva Especial de la Biósfera Mariposa Monarca, a cargo del diputado Luis Olvera Correa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, intensifique las acciones para el cumplimiento de lo establecido en la NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, con especial énfasis en lo prescrito en el apartado 6 de la misma, relativo a la consejería y el acompañamiento emocional, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial encargada de promover acciones contra la obesidad y sobrepeso en México, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Desarrollo al Campo, a cargo del diputado Blas Ramón Rubio Lara y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del estado de Morelos, para que realice el pago de la prima de antigüedad a los trabajadores jubilados pensionados de la educación de dicha demarcación, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Segob, de la SHCP y de la SCT, proceda a la apertura de los carriles de confinamiento de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, hasta en tanto no se efectúen estudios necesarios que garanticen la no afectación de los conductores y del desarrollo social y económico del municipio de Tonalá, Jalisco, y de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para vigilar la Administración y Destino, por parte del SAE de los bienes asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, a cargo del diputado Marcelo De Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el análisis y estudio de la agroindustria azucarera, a cargo del diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que por ningún motivo se cierre el acceso a nuestro país por la Garita de San Ysidro en el estado de Baja California, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buentrostro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el desarrollo del proyecto logístico del Istmo de Tehuantepec, en los estados de Veracruz y Oaxaca, a cargo del diputado Joaquín Caballero Rosiñol, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Pemex, para que en los procesos de licitación de construcción de su flota menor y mayor, privilegie a la Industria Naval Mexicana, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que se apoye a productores nacionales de maíz, para que la comercialización de su cosecha sea realizada en su totalidad y para que se analicen y en su caso rediseñen los diversos programas de apoyo al campo, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial del Café, a cargo del diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial Investigadora del Daño Ecológico y Social generado por Pemex, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de análisis de políticas de creación de nuevos empleos, a cargo del diputado Román Alfredo Padilla Fierro y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT, para que aplique los recursos aprobados en el PEF 2012, para la ampliación de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y concluya la obra antes del mes de Diciembre, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del 27 de septiembre, conmemoración del “Día Mundial de Turismo”, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del 28 de septiembre, conmemoración del Día Internacional de la despenalización del aborto, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veinticinco de septiembre de dos mil doce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con cinco minutos del martes veinticinco de septiembre de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

El Presidente informa a la Asamblea que todos los asuntos turnados durante la Sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las Comisiones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del centésimo nonagésimo primer Aniversario de la Consumación de la Independencia Nacional, que tendrá lugar el veintisiete de septiembre a las diez horas. Se designa una comisión de representación.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite el Informe anual de las concesiones vigentes que a la fecha ha otorgado el Gobierno Federal, previa autorización del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Se remite a la Comisión de la Función Pública, para su conocimiento.

• Con la que envía el Informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal. Se remite a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al derrame de petróleo en las costas del Istmo de Tehuantepec. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

c) De la Cámara de Senadores, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados a integrar la Comisión Bicamaral en materia de Seguridad Nacional, y se dé cumplimiento a lo que ordena el artículo cincuenta y seis de la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el senador José María Martínez, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

Se concede el uso de la tribuna para presentar las siguientes iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

a) Vicario Portillo Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

b) Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se otorga el uso de la tribuna al Coordinador del Partido Acción Nacional, el diputado Luis Alberto Villarreal García, para dirigir un mensaje, quien solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria del senador Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, del Partido Acción Nacional, la Presidencia obsequia la solicitud.

Se continúa con el apartado de las iniciativas con proyecto de decreto, y se concede la palabra a los siguientes diputados:

c) Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

A las once horas con cuarenta y tres minutos, por instrucciones de la Presidencia se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro cuatrocientos cinco diputadas y diputados.

d) Salvador Ortiz García, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

e) Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo primero de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y adiciona un artículo ocho Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.

f) Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

g) Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos ciento sesenta y dos de la Ley Agraria y sexto de la Ley General de Bienes Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

h) Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

i) Araceli Torres Flores, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo ciento ochenta y tres y adiciona un artículo ciento ochenta y tres Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

j) Sonia Rincón Chanona, a nombre propio y de los diputados integrantes de Nueva Alianza, que reforma el artículo doscientos cinco de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

k) María Carmen López Segura, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

l) Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, para dictamen.

m) Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y uno de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

n) Dora María Guadalupe Talamante Lemas, a nombre propio y de los diputados de Nueva Alianza, que reforma los artículos veintiséis de la Ley del Banco de México y dieciocho Bis tres de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

o) Isaías Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, para dictamen.

p) Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos trece y catorce de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

q) Francisco Alfonso Durazo Montaño, a nombre propio y de los diputados integrantes de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos sexto, séptimo, veintisiete, y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

r) Damián Zepeda Vidales, a nombre propio y de la diputada Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo ciento veintitrés Constitucional, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo trescientos cuarenta y ocho de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Se da cuenta con Acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que informa la integración complementaria del Comité de Administración de la Sexagésima Segunda Legislatura. De enterado. Comuníquese.

• Por el que determina que la Cámara de Diputados rendirá un homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en los juegos olímpicos y paralímpicos celebrados en la ciudad de Londres, Inglaterra. Intervienen para referirse al acuerdo los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Enrique Aubry De Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México; Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática; Tania Margarita Morgan Navarrete, del Partido Acción Nacional; y Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Presidencia del diputadoJesús Murillo Karam

De conformidad con el artículo setenta y seis, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la tribuna al diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que dé a conocer a los productores, el programa que ha diseñado para la comercialización del frijol en el periodo agrícola primavera-verano dos mil doce. Para los efectos del artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados, intervienen para referirse al tema los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo; Héctor Narcia Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Partido de la Revolución Democrática; Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional; y Abraham Montes Alvarado, del Partido Revolucionario Institucional. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo y en votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no fueron anunciadas, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las proposiciones de los siguientes diputados: Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Partido Acción Nacional; y Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática, quienes solicitaron a la Secretaría sean inscritas en la próxima sesión. En consecuencia se turnan las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

a) Sergio Armando Chávez Dávalos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Protección Civil. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

b) Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que investigue y castigue a los funcionarios estatales involucrados durante el periodo dos mil cinco, dos mil once, en el tiempo de mandato del ex gobernador Humberto Moreira Valdés. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

c) Silvano Aureoles Conejo, Agustín Miguel Alonso Raya y Trinidad Secundino Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que atraiga la investigación que permita esclarecer los posibles hechos delictivos en que se encuentran involucradas camionetas propiedad de la empresa Televisa. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

d) Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial que analice el estado que guardan las finanzas públicas, estatales y municipales. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

e) José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, por el que solicita la creación de una Comisión Especial de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

f) Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que respete lo establecido en los artículos primero y ciento veintitrés constitucionales, así como lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, en lo relativo al derecho de los trabajadores, y en consecuencia lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, en todas sus acciones, planes y programas de gobierno. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

g) Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial Forestal. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

h) Genaro Carreño Muro, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Integración y Atención a Personas con Discapacidad. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

i) Lorena Méndez Denis, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de la Cuenca de los Ríos Grijalva-Usumacinta. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

j) Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que en coordinación con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lleven a cabo el rescate de Acapulco, a través de un fideicomiso que impulse el desarrollo económico, social y cultural de la zona. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

k) Omar Niaves López, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para atender el problema de la Cuenca-Lerma-Chapala-Santiago. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

l) Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Atención y Seguimiento de las Políticas Públicas relacionadas con el Desarrollo de la Frontera Norte de nuestro país. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

m) Roberto López González, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos con motivo de la explosión en el centro receptor de gas y condensador de Petróleos Mexicanos, exploración y producción, así como las condiciones de seguridad de las instalaciones de petróleos mexicanos, en específico a las de exploración y producción. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

n) Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, relativo a la desaparición del ciudadano Aleph Jiménez Domínguez, vocero del movimiento #YoSoy132. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

o) Jorge Terán Juárez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el fortalecimiento de la cuenca baja del Río Pánuco. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

p) María Elia Cabañas Aparicio, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para la Industria Manufacturera y Ma-quiladora de Exportación. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

q) Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Prospectiva y Estudios del Futuro de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

r) Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que emita una opinión sobre la constitucionalidad de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

s) Sergio Torres Félix, a nombre propio y de los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a efecto de que sea investigado el uso por parte del Gobierno Federal de marcas registradas a nombre del C. Heriberto Félix Guerra, Secretario de Desarrollo Social y en su caso, se proceda a aplicar las sanciones a que haya lugar. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.

t) Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Querétaro, en relación a la ola de secuestros y desapariciones de personas, en la entidad, asimismo se exhorta al Congreso de dicho Estado, para que realice los trabajos legislativos pertinentes para tipificar el delito de feminicidio. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

u) Blanca Jiménez Castillo, del Partido Acción Nacional, relativo a la revisión de las Reglas de Operación de los Programas contenidos en el anexo diez “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil doce. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

El siguiente punto del orden del día es las efemérides:

• Con motivo del veintitrés de septiembre, conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, intervienen las diputadas: Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruíz

Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática; Leticia López Landero, del Partido Acción Nacional; y Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Partido Revolucionario Institucional.

• Con motivo del veintiséis de septiembre, Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Intervienen con relación al tema los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México; Antonio Sansores Sastré, del Partido de la Revolución Democrática; Leslie Pantoja Hernández, del Partido Acción Nacional; y María de las Nieves García Fernández, del Partido Revolucionario Institucional.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves veintisiete de septiembre de dos mil doce, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con tres minutos.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Aprobada el acta.

Como hemos hecho en cada sesión, informamos a la asamblea que todos los asuntos turnados a comisiones durante esta sesión se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, hasta en tanto se integran las comisiones.

Adelante, secretaria.

ARTICULOS 2O., 26 Y 115 CONSTITUCIONALES

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, de la siguiente

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 13 de septiembre de 2012.

“Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Indígenas, para opinión.”

México, DF, a 27 de septiembre de 2012.— Diputado Jesús Murillo Karam (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Actualícense los registros parlamentarios de cambio de turno.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.— XIII Legislatura.— 2011-2013

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

En sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de septiembre del año en curso, la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tuvo a bien aprobar los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión para que deseche la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo presentada por el Ejecutivo federal, por los motivos antes expuestos.

Segundo. Remítase para su conocimiento el presente exhorto a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y a todos los congresos locales del país.

Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chetumal, Quintana Roo, septiembre 17 de 2012.— Diputados: Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Alondra Maribell Herrera Pavón (rúbricas).»

«Escudo.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.— XIII Legislatura.— 2011-2013

XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo

La que suscribe, diputada Leslie Berenice Baeza Soto, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta XIII Legislatura, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y en el artículo 38 y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo mediante el cual la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión para que deseche la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo presentada por el Ejecutivo federal, en base a las siguientes

Consideraciones

Con fecha 1 de septiembre del año en curso, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa mediante la cual se pretende reformar la Ley Federal del Trabajo.

Dentro de la exposición de motivos, el Ejecutivo federal señala que con la finalidad de impulsar el desarrollo de la nación a través de la generación de empleos formales es decir, con prestaciones y plenos derechos para los trabajadores, así como de llevar a cabo la actualización del marco normativo laboral, presenta ante el Congreso de la Unión la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Dentro de la propuesta se consideró como parte de la reforma la legalización del outsourcing, se flexibilizan las formas de contratación y despido, se incorpora la contratación por hora, limita el pago de salarios caídos a un año, amplía los periodos de prueba e introduce nuevas restricciones al derecho de huelga y a la libertad de asociación sindical, obstaculiza la organización de nuevos sindicatos, entre muchos otros temas.

Cabe mencionar que la propuesta de iniciativa del Ejecutivo está muy lejos de la realidad que se pretende hacer creer, esto es, al llevar a cabo una revisión a la iniciativa de reforma que nos ocupa, nos hemos encontrado que ésta es totalmente violatoria de los derechos humanos y de las garantías laborales que prevé nuestra Constitución Política de los Estados Unidos de América.

Esta propuesta, como ya se dice, “de corte patronal”, no contribuye a generar empleos y mucho menos formales, sino por el contrario, afecta la estabilidad en el trabajo e incide en el descenso de la calidad de vida de los trabajadores y en el estancamiento, inclusive pudiéramos hasta decir, una caída del mercado interno.

Al aprobarse dicha reforma se estaría acabando con los empleos de planta, para que sean sustituidos por empleos temporales y por horas, lo cual abarataría inevitablemente los salarios y las prestaciones, dado que los salarios eventuales siempre serán más bajos que los de planta.

Esta iniciativa tiende a destruir los derechos colectivos de los trabajadores, como lo es el de contratación colectiva, el de libertad de asociación y el de huelga, tres instituciones indivisibles del derecho sindical, impidiendo a los obreros poder defenderse en la violación de sus derechos laborales, y apreciándose a toda claridad el favorecimiento hacia la parte patronal.

Algunas de las razones por las cuales no debe ser aprobada dicha iniciativa es porque anula la estabilidad del empleo con el pretexto de incrementar la productividad y ganancia empresarial; porque no crea empleos, los abarata; porque facilita la imposición de bajos salarios y prolongación de jornadas de trabajo a cambio de la permanencia en el empleo sin retribución salarial extra; porque condiciona la permanencia en el empleo a quien tenga mayor productividad, dejándolo a criterio del patrón sin establecer métodos de evaluación de la productividad; porque desaparece los contratos de planta al anular la premisa de que “si existe materia de trabajo subsiste el contrato de trabajo”; porque anula el pago de indemnizaciones por despido al prever todo tipo de contratos temporales a pesar de la existencia de la materia de trabajo; porque permite abusos en los contratos a prueba, de capacitación inicial y de labores discontinuas al poder repetirse continuamente al cambiar el tipo de contrato o actividad; porque legaliza las renuncias en blanco al no prohibirlas; porque pulveriza el salario volviéndolo infinitesimal al prever los contratos por horas que no generan el pago de prestaciones sociales ni prima de antigüedad; estas y muchas otras razones que se pudieran mencionar les pido compañeros diputados, el día de hoy sean valoradas para determinar que no es una propuesta que beneficie a los trabajadores.

Cada año conmemoramos el Día Internacional del Trabajo, un día que representa para los trabajadores el logro de una pelea porque los derechos laborales sean reconocidos, que representa la honra de los ciudadanos que cada día luchan por vivir con dignidad en esta difícil época laboral. Con la iniciativa que pretende se apruebe el todavía presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, sería acabar con todos esos años de lucha y reconocimiento, retroceder muchos años y menospreciar la vida de los trabajadores que murieron en por causa.

En México fue hasta la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (5 de Febrero de 1917), cuando los derechos de los trabajadores se reconocieron y quedaron protegidos por la ley. En el artículo 123, quedaron establecidos algunos de los derechos de los trabajadores entre los que se encuentra: la jornada laboral de ocho horas, un día de descanso por cada seis días de trabajo, salarios justos, derecho a la formación de asociaciones y sindicatos, derecho de los trabajadores a la participación de las utilidades en las empresas y seguro social, entre otros.

Ahora bien, el panorama laboral a nivel mundial no es nada alentador. La crisis financiera y económica ha reducido a la mitad el crecimiento salarial mundial durante los años 2008 y 2009. Al analizar datos de 115 países, cubriendo 94 por ciento de los asalariados en el mundo, el informe Mundial sobre Salarios 2010 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) concluye que el crecimiento global del salario medio mensual se ralentizó de 2.8 por ciento en 2007, en vísperas de la crisis, a tan sólo 1.5 por ciento en 2008 y1.6 por ciento en 2009. Excluyendo a China, el crecimiento salarial medio mundial descendió progresivamente a 0.8 por ciento en 2008 y 0.7 por ciento en 2009. Estas cifras demuestran que la recesión no sólo ha sido dramática para los millones de personas que han perdido sus trabajos sino que también ha afectado a los que han permanecido en el empleo al reducirse drásticamente su poder adquisitivo y su bienestar general. Las mujeres, que acarrean con la responsabilidad principal del cuidado de la familia y las compras del hogar, se ven especialmente afectadas.

Por otro lado, no hay que perder de vista que debemos tomar las malas experiencias que el día de hoy viven países de gran potencia, de primer mundo, como lo son España y Grecia, e inclusive países de América Latina.

En estos lugares se llevaron a cabo similares reformas laborales aproximadamente a partir de los años 1980-1990, teniendo como consecuencia la reducción considerablemente del empleo en lugar de su incremento, las ocupaciones de planta se volvieron eventuales y por horas, con lo cual desaparecieron muchos de ellos, creció la pobreza, aumento la delincuencia y la emigración de la fuerza del trabajo.

Al día de hoy, aquellos países que reformaron sus leyes laborales en el mismo sentido restrictivo que pretende el Ejecutivo federal en México han ido en decadencia. En España, de 1994 a 1996 aumentó el empleo precario de 12 a 36 por ciento, con una desocupación al día de hoy de 25 por ciento, en Grecia de 23 por ciento y en Italia de casi 20 por ciento. En Argentina, en 1992 tenía 70 por ciento de empleo permanente y 30 por ciento temporal, pero con la reforma de Juan Carlos Menem en sólo dos años se invirtieron las proporciones, 70 por ciento fue temporal y 30 por ciento permanente. En Colombia, con la Ley 50 de 1990, fue peor porque se facilitaron y abarataron los despidos y se sustituyó a los verdaderos patrones por contratistas outsourcing, logrando con ello inseguridad plena en los derechos de los trabajadores.

Ahora bien, toda vez que la iniciativa de referencia fue presentada bajo el amparo de la figura Iniciativa presidencial de trámite preferente, es decir, que debe ser discutida y votada en un plazo máximo de 30 días naturales, es que solicito a este pleno deliberativo que el exhorto al Congreso de la Unión que presento a través de este documento, para que la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo que presentó el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, sea desechada, le otorguemos el carácter de urgente y obvia resolución.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo solicito a este pleno deliberativo se someta de obvia y urgente resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión para que deseche la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo presentada por el Ejecutivo federal, por los motivos antes expuestos.

Segundo. Remítase para su conocimiento el presente exhorto a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y a todos los congresos locales del país.

Chetumal, Quintana Roo, a 13 de septiembre de 2012.— Diputada Leslie Berenice Baeza Soto (rúbrica), Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, por este conducto se remite acuerdo número 76, aprobado por esta Septuagésima Segunda Legislatura. Lo anterior para su conocimiento y trámite conducente.

Sin otro particular, quedamos de usted a sus más apreciables órdenes.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 25 de septiembre de 2012.— Diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva;diputado José Eduardo Anaya Gómez (rúbrica), primer secretario;diputada Cristina Portillo Ayala (rúbrica), segunda secretaria;diputado Sarbelio Augusto Molina Vélez (rúbrica), tercer secretario.»

«Escudo.— Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

El honorable Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo 76

Primero.Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que se respeten estrictamente los derechos consagrados para la clase trabajadora en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los acuerdos que se logren para reformar la Ley Federal del Trabajo, bajo la iniciativa preferente que se discute en esa soberanía.

Segundo.Rechazamos cualquier reforma que conculque los derechos de los trabajadores.

Tercero.Creemos que es posible una reforma laboral que promueva la productividad de las empresas y competitividad de las diferentes ramas y sectores de la producción, convocando a una relación constructiva entre los diferentes actores que intervienen en la dinámica de los mercados de trabajo, siempre pensando que las nuevas disposiciones legales generen mejores empleos, más inversión y el bienestar para todos

Transitorio

Único.Comuníquese el presente punto de acuerdo a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a 25 de septiembre de 2012.— Diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva;diputado José Eduardo Anaya Gómez (rúbrica), primer secretario;diputada Cristina Portillo Ayala (rúbrica), segunda secretaria;diputado Sarbelio Augusto Molina Vélez (rúbrica), tercer secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo.— Nayarit.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Para su conocimiento y efectos legales conducentes, remito a usted acuerdo parlamentario, mediante el cual la Trigésima Legislatura al honorable Congreso de Nayarit, se pronuncia con relación a la reforma laboral presentada como iniciativa preferente por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tepic, Nayarit, 25 de septiembre de 2012.— Diputado Fernando Ornelas Salas (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo.— Nayarit.

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXX Legislatura, dicta

Acuerdo

Que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Único.La Trigésima Legislatura al honorable Congreso del estado de Nayarit, se pronuncia a favor de las conquistas que históricamente ha logrado la clase trabajadora de México, y exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en la discusión y votación de la reforma laboral presentada como iniciativa preferente por el presidente de la República, se armonice el desarrollo económico del país y salvaguarde en todo momento los postulados contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorios

Artículo Primero.El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación y deberá ser publicado en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del honorable Congreso del estado de Nayarit.

Articulo Segundo.Para los efectos conducentes, remítase el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su conocimiento.

Dado en la sala de sesiones Licenciado Benito Juárez García recinto oficial del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil doce.— Diputado Fernando Ornelas Salas (rúbrica), Presidente;diputada Fátima del Sol Gómez Montero (rúbrica), secretaria;diputada María Dolores Porras Domínguez (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

«Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronuncia respetuosamente en contra de la aprobación de la reforma laboral enviada por el presidente de la república al Congreso de la Unión, sin antes convocar a los actores involucrados para escuchar sus demandas. Se solicita la publicación de la presente proposición en al menos dos medios de circulación nacional y su envió a las Cámaras de Diputados y Senadores.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 25 de septiembre de 2012.— Diputado Adrián Michel Espino (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado C base primera fracción V inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción I, y 17, fracción VI de la Ley Orgánica; así como 133 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a consideración del honorable pleno de este órgano legislativo la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El primero de septiembre del presenta año, el titular del ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión por medio de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior haciendo uso de una de las prerrogativas que fueron aprobadas en la pasada reforma política, es decir, la iniciativa que ha sido denominada como la “Reforma Laboral” fue promovida como iniciativa preferente, lo que significa que deberá ser discutida y votada por el pleno de la Cámara de Diputados en un plazo máximo de 30 días naturales (30 de septiembre).

Ha resultado sumamente cuestionable la manera en que se pretende promover la citada reforma, ya que el uso de la iniciativa preferente se da en un contexto en el cual los trabajos de la LXII legislatura de la Cámara de Diputados aún’ no estaban formalizados, lo cual ha dado pauta a que se le pueda calificar como un intento de presionar los trabajos de la cámara revisora, toda vez que cuando se recibió aún no estaban instaladas las comisiones ordinarias para llevar a cabo el debido análisis y discusión de la citada iniciativa.

Dado lo anterior, las diversas fuerzas políticas del país han entrado en un debate nacional sin que ello implique que la clase trabajadora, así como los patrones hagan un análisis pormenorizado y con ello emitir opiniones y posturas al respecto. Incluso se ha propiciado la falta de diálogo entre las partes, cuando la práctica parlamentaria en estos casos obliga a la Cámara de Diputados, a convocar un amplio foro de discusión y análisis donde todos los directa o indirectamente involucrados puedan expresarse y opinar al respecto. En otras palabras, pareciera que intenta hacerse una reforma laboral en “fast track” a pesar de ser un tema sumamente delicado y de alto interés nacional.

Cabe mencionar que los pronunciamientos de diversas organizaciones sindicales apuntan a manifestaciones y plantones.

Para algunos especialistas, la iniciativa propuesta por el ejecutivo posee ciertas deficiencias, entre ellas:

• Limita los salarios vencidos.

• Exceptúa al patrón de pagar el reparto adicional de utilidades, si obtuvo de la Junta de Conciliación y Arbitraje la suspensión correspondiente en tanto esta situación perdure.

• Eliminar las Juntas Federales y Locales de Conciliación.

• Las empresas podrán contratar a los trabajadores por horas –menos de ocho horas– alegando ventajas para los jóvenes o amas de casa, que no pueden dedicar una jornada completa a laborar, sin embargo, los ingresos se minimizarían mucho además de afectar otras prestaciones como antigüedad, aguinaldo, etcétera.

• Propone la contratación por periodos de prueba –uno a seis meses–, capacitación inicial –tres a seis meses– o por temporada; al finalizar dichos plazos, si no es contratado el trabajador, no será indemnizado.

• En materia de huelga se pretende incluir mecanismos de regulación y limitación en su ejercicio.

• Se abre la posibilidad de utilizar en gran escala los servicios “outsourcing”.

• Limita a un año el pago de los salarios caídos en el caso de juicios por despido a los trabajadores.

Adicionalmente, según José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, el alcance que tendrá la iniciativa de reforma laboral que presentó el Ejecutivo al Congreso apenas alcanzará para generar entre 150 mil y 200 mil empleos formales.

Si bien a esta soberanía no compete la aprobación de la multicitada reforma, si puede emitir un firme posicionamiento a nombre de los habitantes de la Ciudad de México, quienes al igual que el resto de ciudadanos de la República Mexicana, se ven involucrados en las repercusiones que pueda traer la aprobación de la reforma.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronuncia respetuosamente en contra de la aprobación de la reforma laboral enviada por el presidente de la república al Congreso de la Unión, sin antes convocar a los actores involucrados para escuchar sus demandas. Se solicita la publicación de la presente proposición en al menos dos medios de circulación nacional y su envió a las Cámaras de Diputados y Senadores.

Dado en el salón de sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 24 días del mes de septiembre de 2012.— Diputados: Adrián Michel Espino, Estela Damián Peralta, Carlos Hernández Mirón, Jorge Agustín Zepeda Cruz, Diego Raúl Martínez García, Evaristo Roberto Candia Ortega, Dione Anguiano Flores, María Angelina Hernández Solís, Gabriel Antonio Godínez Jiménez, Ariadna Montiel Reyes, Manuel Granados Covarrubias, Daniel Ordóñez Hernández, Yuriri Ayala Zúñiga, Alejandro Rafael Piña Medina, Vidal Llerenas Morales, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Rubén Escamilla Salinas, Eduardo Santillán Pérez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítanse a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 247 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón el domingo 30 de septiembre, a las 10:00 horas, en la Plaza de la Ciudadela, situada en Emilio Dondé y Balderas, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan dar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Nina Serratos Zavala, secretaria.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a la diputada Gisela Mota. Adelante.

COMITE DE ADMINISTRACION

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la integración complementaria del Comité de Administración:

• Que el diputado Fernando Zarate Salgado, será representante suplente ante el Comité de Administración del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 25 de septiembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por indicaciones del diputado Luis Alberto Villarreal García, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y dando cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito comunicarle las designaciones que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha solicitado:

Nombre: Diputado Marcos Rosendo Medina

Cargo: Propietario

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 26 de septiembre de 2012.— Licenciado Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: De enterado. Comuníquese.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica de izamiento de bandera a media asta con motivo del día de duelo en el Distrito Federal por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968, el martes 2 de octubre, a las 8:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas, a un costado de la parroquia de Santiago Tlatelolco, situada en Eje Central y Ricardo Flores Magón, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan dar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Nina Serratos Zavala, secretaria.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para asistir a esta ceremonia en representación de la Cámara, se designa al diputado José Luis Muñoz Soria.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL - FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10, fracción IV, apartado A, inciso b), subinciso VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, me permito remitir copia del oficio número OM-857, signado por Guillermo Bernal Miranda, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual remite el Informe del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido, así como los anexos que en él se citan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a la obligación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión y a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, la información establecida en el artículo 10, fracción IV, Apartado A, inciso b), subinciso VI, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, respecto a los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y para la Educación Tecnológica y de Adultos.

Al respecto, con fundamento en los artículos 20 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7 de su Reglamento, y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, adjunto al presente me permito remitirle la carpeta y DVD que contiene el reporte correspondiente a la corrección de las irregularidades detectadas del primer trimestre.

Lo anterior, con el propósito de que por su amable conducto, conforme a las atribuciones de esa Subsecretaría a su digno cargo, se envíe la información referida anteriormente a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 25 de septiembre de 2012.— Guillermo Bernal Miranda (rúbrica), oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública.

CONSUL HONORARIO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-12247, Miguel Malfavón Andrade, director general adjunto del Ceremonial, encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción IV, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que José Antonio Abraham Xacur pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Chipre, en Mérida, con circunscripción consular en Yucatán.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y de la constancia de inscripción, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República de Chipre en México.

Atentamente

México, DF, a 24 de septiembre de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Diputado Jesús Murillo Karam, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento del numeral 11 del Programa Anual de Evaluación 2012 (PAE 12), elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y conforme a lo establecido en los lineamientos generales para la evaluación de programas federales (título tercero, capítulo VII) y en el Presupuesto de Egresos de la Federación (capítulo VII, artículo 32, numeral VI), en anexo al presente me permito enviarle en versión electrónica el informe final de la Evaluación de Procesos del Programa G004: Protección contra Riesgos Sanitarios, efectuada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de agosto de 2012.— Doctor Francisco Garrido Latorre (rúbrica), director general de Evaluación del Desempeño.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a las Comisiones de Salud, Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, para su conocimiento.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presente.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.

Atentamente

México, DF, a 26 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.

Único.Se reforman y adicionan los artículos 5, 8, 9, 13, 23, 46 y 56 a 86, todos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

...

En todo caso, la interpretación privilegiará los principios constitucionales relativos a la transparencia y máxima publicidad de la información financiera.

Artículo 8. . . .

I. a VIII. . . .

A las sesiones del Consejo podrá invitarse al Titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Los cuatro gobernadores de las entidades federativas, así como el representante de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal durarán en su encargo 2 años. Los gobernadores ocuparán sus puestos en el consejo y serán sustituidos, en el orden alfabético de las entidades federativas que integren los respectivos grupos.

Los miembros del consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocupen el puesto inmediato inferior al del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos únicamente por los respectivos secretarios de finanzas o equivalentes.

Artículo 9. El consejo tendrá las facultades siguientes:

I. a IV. ...

V. Emitir su programa anual de trabajo para el cumplimiento de esta Ley y elaborar y publicar el informe correspondiente;

VI. a VIII. ...

IX. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que le someta a consideración el secretario técnico, incluyendo aquéllos de asistencia técnica que, en su caso, prevean el otorgamiento de apoyos financieros para los entes públicos que lo requieran y lo soliciten a efecto de implementar lo dispuesto en esta Ley;

X. a XIV. ...

El consejo presentará, a más tardar el último día hábil de febrero, el informe anual al Congreso de la Unión, en el que incluirá las recomendaciones que estime pertinentes para el mejor cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

Artículo 13. El comité tendrá las funciones siguientes, en términos de sus reglas de operación:

I. Proponer al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de información financiera, así como evaluar la calidad de la información financiera que difundan los entes públicos en Internet y, en su caso, emitir recomendaciones;

II. a IV. ...

Artículo 23. Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

I. a III. ...

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el consejo.

Artículo 46. ...

I. ...

II. ...

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

b) ...

i. a iii ...

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y / o Programa;

c) a e) ...

III. y IV. ...

...

En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.

Título Quinto

De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 56. La generación y publicación de lainformación financiera de los entes públicos aque se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público.

Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas.Asimismo, la información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 57. La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de transparencia competentes. En el caso de las secretarías de finanzas o sus equivalentes, podrán incluir, previo convenio administrativo, la información financiera de los municipios de la entidad federativa o, en el caso del Distrito Federal, de sus demarcaciones territoriales.

Artículo 58. La información financiera que deba incluirse en Internet en términos de este Título deberá publicarse por lo menos trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período que corresponda. Asimismo, deberá permanecer disponible en Internet la información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales.

Artículo 59. El comité evaluará anualmente la calidad de la información financiera que difundan los entes públicos en Internet y, en su caso, podrá emitir recomendaciones al ente público correspondiente y proponer al consejo, por conducto del secretario técnico, la emisión o modificación de las normas y los formatos que permitan mejorar y uniformar la presentación de dicha información.

Las recomendaciones y propuestas del comité, así como las respuestas que reciba sobre las mismas, se difundirán en la página de Internet del consejo, mismo que procurará que la información se presente de la forma más accesible y comprensible para el público en general.

El secretario técnico recibirá y procesará los formatos, las propuestas, la estructura y contenido de la información correspondiente, y establecerá la metodología para la evaluación y los mecanismos para el seguimiento de las recomendaciones a que se refiere este artículo.

Capítulo II

De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos

Artículo 60. Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos, los presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de difusión, se incluirán en las respectivas páginas de Internet.

Artículo 61. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia, financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información siguiente:

I. Leyes de Ingresos:

a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, y b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos;

II. Presupuestos de Egresos:

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros;

b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y

c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica, y en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos señalados en este artículo para cumplir con las obligaciones de información previstas en esta Ley.

Artículo 62. Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la información financiera a que se refiere el artículo anterior.

El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que rijan la elaboración de los documentos señalados en el párrafo anterior, con el fin de armonizar su presentación y contenido.

Capítulo III

De la Información Financiera Relativa a la Aprobación de las Leyes de Ingresos y de los Presupuestos de Egresos

Artículo 63. La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto el de Egresos y demás documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet.

Artículo 64. La información que establezca el consejo relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas se difundirá en Internet. La información disponible relativa a la evaluación más reciente se incluirá junto con la presentación de los documentos señalados en el artículo anterior.

Artículo 65. Los ordenamientos a que se refiere el artículo 63, una vez que hayan sido aprobados por los poderes legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco jurídico aplicable, deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet.

Capítulo IV

De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario

Artículo 66. La Secretaría de Hacienda publicará en el Diario Oficial de la Federación los calendarios de ingresos y de presupuesto de egresos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos así como los calendarios de presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el consejo.

Artículo 67. Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el consejo.

Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios.

Los entes públicos publicarán en internet la información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario, y en lo posible la Clave Única de Registro de Población cuando el beneficiario sea persona física o el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave cuando sea persona moral o persona física con actividad empresarial y profesional, y el monto recibido.

Artículo 68. La presentación de la información financiera del Gobierno Federal se sujetará a lo dispuesto en esta Ley y las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán en la presentación de la información financiera, a esta Ley y a las disposiciones jurídicas aplicables. Por lo que se refiere a los recursos federales transferidos a dichos órdenes de gobierno, observarán las disposiciones específicas de las leyes citadas en el párrafo anterior y de la Ley de Coordinación Fiscal, así como las disposiciones del presente Capítulo.

En los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno.

Artículo 69. Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la Tesorería de la Federación para el efecto de la radicación de los recursos.

Para efectos de la presentación de la información financiera y la cuenta pública, deberá existir una cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y convenio de reasignación, a través de los cuales se ministren recursos federales.

En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones.

Los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones de las entidades federativas o municipios, así como las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto por los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los demás casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 70. Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa a los recursos federales transferidos:

I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;

II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda “Operado” o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;

III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;

IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de : la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y

V. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.

Artículo 71. En términos de lo dispuesto en los artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 56 de esta Ley, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado.

Artículo 72. Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios. Para la remisión y la divulgación de esta información no podrá oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga.

Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros:

I. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;

II. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;

III. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y

IV. La demás información a que se refiere este Capítulo.

La Secretaría de Hacienda dará acceso al sistema de información a la Auditoría Superior de la Federación y a las demás instancias de fiscalización, de control y de evaluación federales y de las entidades federativas que lo soliciten, con el propósito de que puedan verificar, dentro del marco de sus respectivas atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en las disposiciones legales, el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos con los recursos federales.

Artículo 73. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente:

I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la siguiente información:

a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino;

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende;

c) La información señalada en la siguiente fracción, y

II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá:

a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año;

b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que sólo lo tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas;

c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten;

d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federativas en términos del inciso anterior, particularmente respecto a:

1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales;

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales;

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves dé pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon;

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa;

e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades federativas y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto de corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre respectivo;

f) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes, o temporalmente, cuando el trabajador ocupe una cantidad de plazas que supere el número de horas hábiles en un plantel; y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas, y

g) Vigilar el monto de les remuneraciones con cargo al fondo respectivo, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador salarial correspondiente a cada entidad.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Artículo 74. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa a las aportaciones federales en materia de salud; conforme a lo siguiente:

I. Las entidades federativas deberán publicar y entregar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de manera trimestral la siguiente información:

a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del personal comisionado, centro de trabajo de la comisión. así como el periodo de duración de la comisión;

b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos, los cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende, y

c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo nombres, códigos, unidad o centro de trabajo del personal al que se le cubren las remuneraciones con cargo a este fondo.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades federativas y les comunicarán sobre los casos en los que se encuentren diferencias de tal manera que dichos órdenes de gobierno subsanen las mismas antes de terminar el primer mes del trimestre consecutivo al reportado, y

II. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal deberá:

a) Conciliar con las entidades federativas el número y tipo de plazas de las ramas médica, paramédica y afín por centro de trabajo identificando cuáles son de origen federal y cuáles de origen estatal;

b) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave y Clave Única de Registro de Población! de acuerdo a las disposiciones aplicables;

c) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año que corresponda el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique que la asignación salarial no sea compatible geográficamente o temporalmente y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección de las irregularidades detectadas;

d) Examinar el monto de las remuneraciones cubiertas con cargo al fondo, con base en la información que brinden los gobiernos locales, a efecto de comunicar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los casos en que superen los ingresos promedio de cada una de las categorías, conforme al tabulador salarial autorizado;

e) Contar, a más tardar el último día hábil de julio de cada año con un registro actualizado de la totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que desempeña.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten, y

f) Incluir en su página de Internet la información que sea remitida por las entidades federativas en términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, particularmente respecto a:

1. Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como número de horas, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de servicios personales;

2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación;

3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales;

4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad social respectiva;

5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, especificando cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así corno las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon;

6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de el trabajo, identificando sus claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas, y

7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo el consejo solicitará a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Artículo 75. Los municipios enviarán a las entidades federativas información sobre la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza extrema para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta ley.

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal remitirá trimestralmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la información que reciba correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, misma que estará disponible en su página de Internet, debiendo actualizarla con la misma periodicidad.

Artículo 76. Los municipios, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso, las entidades federativas, previo convenio de colaboración administrativa, difundirán en Internet la información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, especificando cada uno de los destinos señalados para dicho Fondo en la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 77. Las entidades federativas incluirán en los reportes periódicos a que se refiere el artículo 46 de esta ley y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente:

I. La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos de los fondos;

II. Las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos, correspondientes a otros ejercicios fiscales, y

III. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al ejercicio fiscal.

La información sobre el destino de los recursos deberá estar claramente asociada con los objetivos de las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará al Consejo Nacional de Seguridad Pública los lineamientos y el modelo de estructura de información que sean necesarios.

Artículo 78. Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el artículo 56 de esta ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta ley, la información relativa a las características de las obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, especificando lo siguiente:

I. Tipo de obligación;

II. Fin, destino y objeto;

III. Acreedor, proveedor o contratista;

IV. Importe total;

V. Importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con los recursos de dichos fondos;

VI. Plazo;

VII. Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y

VIII. Por cuanto hace a las obligaciones previstas en el artículo 47, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal, los estados y los municipios, además deberán especificar lo siguiente:

a) En el caso de amortizaciones:

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este- artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior;

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización, y

b) El tipo de operación de saneamiento financiero que, en su caso, hayan realizado, incluyendo la relativa a la fracción III del artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los datos de producto interno bruto y los ingresos propios de los estados y municipios mencionados en la fracción anterior, que se utilicen como referencia, deberán ser los más recientes a la fecha del informe, que hayan emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o la Secretaría de Hacienda.

Capítulo V

De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas

Artículo 79. Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.

Las secretarías de Hacienda y de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria enviarán al consejo los criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal así como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión para que dicho consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta ley.

Artículo 80. A más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del artículo anterior y demás disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los indicadores de los fondos de aportaciones federales y de los programas y convenios a través de los cuales se transfieran recursos federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados que se obtengan con dichos recursos. Los indicadores actualizados deberán incluirse en los informes trimestrales y en las cuentas públicas, en los términos de los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

La Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico de la Secretaría de la Función Pública y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entregará conjuntamente con las dependencias coordinadoras de los fondos, programas y convenios, el último día hábil del mes de abril de cada año a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe sobre las adecuaciones efectuadas, en su caso, a los indicadores del desempeño, así como su justificación.

En ese mismo plazo, la Secretaria de Hacienda entregará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe del avance alcanzado por las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en lo que corresponde a los recursos federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán coordinadamente entre estos órdenes de gobierno para el logro de los objetivos definidos en las disposiciones aplicables.

El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información a que se refiere este artículo. Asimismo, tratándose de programas sociales, realizará lo anterior en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Artículo 81. La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo.

Artículo 82. La Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior locales serán responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respecto al ejercicio y destino de los recursos públicos federales que por cualquier concepto les hayan sido ministrados.

Artículo 83. La Auditoría Superior de la Federación deberá difundir la información de su programa anual de auditorías, relativa a las auditorías que serán realizadas respecto del gasto público federal transferido a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Título Sexto

De las Sanciones

Capítulo Único

Artículo 84. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las leyes equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de las constituciones de los estados y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos.

Artículo 85. Se sancionará a los servidores públicos en los términos de las disposiciones aplicables en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Cuando omitan realizar los registros de la contabilidad de los entes públicos, así como la difusión de la información financiera en los términos a que se refiere la presente ley;

II. Cuando de manera dolosa:

a) Omitan o alteren los documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la información financiera, o;

b) Incumplan con la obligación de difundir la información financiera en los términos a que se refiere la presente ley.

III. No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta ley y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz;

IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público y, estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente, y

V. No tener o no conservar, en los términos de la normativa, la documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos.

Las sanciones a que se refiere esta ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.

Se considerará como infracción grave, para efecto de la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, cuando el servidor público incurra en cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones II y IV del presente artículo así como las reincidencias en las conductas señaladas en las demás fracciones.

Artículo 86. Se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien causando un daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público correspondiente, incurra en las conductas prevista en las fracciones II y IV del artículo 85 de esta ley.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2013.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. Los entes públicos realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que, en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento a este decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Cuarto. El Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental incluido en el presente decreto a más tardar el último día hábil de marzo de 2013, con el objeto de que los entes públicos, presenten de manera progresiva la información financiera en los términos establecidos y cumplan en su totalidad con la presentación de la información, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.

Para el caso de los entes públicos municipales, éstos deberán cumplir con lo previsto en el Título V de esta ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, el consejo, a solicitud del ente público municipal interesado por conducto de la Secretaría de Finanzas o equivalente, podrá determinar, tomando en cuenta el tamaño poblacional, infraestructura y su insuficiente nivel de desarrollo institucional que será permisible una fecha distinta a la anterior para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el entendido de que dicho plazo no podrá exceder del 31 de diciembre de 2015. De resultar procedente la solicitud a juicio del consejo, este deberá de publicitar la resolución y su justificación por los medios previstos en las obligaciones de transparencia de esta ley. El consejo informará su resolución al Congreso de la Unión en un plazo de 15 naturales contados a partir de la fecha de emisión de la misma.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior el consejo coordinará con las entidades federativas los apoyos y asistencia técnica que éstos requieran con el propósito de fortalecer su desarrollo institucional, infraestructura tecnológica y la conectividad necesaria para el cumplimiento de esta ley.

Quinto. La obligación de incluir la información financiera correspondiente a los seis años previos al ejercicio fiscal en curso, a que se refiere el artículo 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, iniciará a partir de las fechas previstas en el artículo transitorio anterior, y así sucesivamente hasta incluir la información de los seis años.

Sexto.El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación del presente decreto, aprobará las modificaciones que sean necesarias al marco jurídico para reformar los registros de deuda pública actuales en términos del artículo 61, fracción I, inciso b) con la finalidad de transparentar todas las obligaciones de pago a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios. Para dicho fin, las comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de Diputados podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Consejo Nacional de Armonización Contable y a la Auditoría Superior de la Federación, diagnósticos e informes sobre el nivel de endeudamiento y capacidad de pago de los tres órdenes de gobierno.

Séptimo. El Consejo Nacional de Armonización Contable enviará a las comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la publicación del presente decreto, un informe detallado sobre el estado de avance en la implantación de las disposiciones de esta ley y un plan de acciones para estar en posibilidad de cumplir con lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio del presente decreto distinguiendo por ente público.

Octavo. La Auditoría Superior de la Federación enviará a las comisiones de Hacienda del Senado de la República y de la Cámara de Diputados así como a las comisiones de la Función Pública, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto un diagnóstico que señale las áreas de opacidad en la ejecución del gasto federalizado y una propuesta de modificación al marco jurídico para transparentar aun más el ejercicio de dicho gasto y mejorar los resultados del mismo.

Noveno.Las entidades federativas podrán presentar y difundir semestralmente la información a que se refieren los artículos 73 y 74 de esta ley cuando la totalidad de las nóminas a que se refieren dichos artículos, se pague mediante transferencia electrónica.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.— México, DF, a 26 de septiembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente y senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

La suscrita, senadora María Elena Barrera Tapia, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura, con fundamento en el artículo 220.4 del Reglamento del Senado de la República, hace constar que este es el expediente original del proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno y que se remite a la Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 220 del Reglamento del Senado para los efectos del artículo 72 constitucional.

Senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Continúe con la siguiente. La Secretaria dé lectura, por favor, al acuerdo de la Junta de Coordinación Política que nos fue remitido. Solamente al resolutivo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita al Pleno el trámite establecido en el artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, numeral 1, y 34, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, propone al pleno el presente acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los Diputados al Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciar leyes;

II. Que de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo;

III. Que de conformidad con lo establecido en la fracción I del numeral 2 del artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin que se presente el dictamen de comisión respectivo, cuando se tramite de urgente u obvia resolución;

IV. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Pleno deberá aprobar el trámite de urgente u obvia resolución para que pueda procederse a la votación y discusión de un asunto;

V. Que los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional; Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Nueva Alianza, a nombre de sus Grupos Parlamentarios, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para instituir nuevas comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados;

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes del ejercicio de la Legislatura, lo que hace evidente la urgencia de esta propuesta.

VII. Por lo anterior, la Junta de Coordinación Política estima necesario proponer al Pleno de la Cámara el siguiente

Acuerdo

Único:Se apruebe el trámite establecido en la fracción I del numeral 2 del artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados para que, sin dictamen de comisión, se someta a discusión y votación del Pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentada por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, a 26 de septiembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García, Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica en contra), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por coordinadores de grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados federales Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Luis Alberto Villarreal García, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Silvano Aureoles Conejo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Lucila Garfias Gutiérrez, coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77, 78 y 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Planteamiento del problema

Las Cámaras del Congreso de la Unión, se han convertido en organizaciones sumamente complejas, integradas por órganos especializados con distintas competencias, superando así la concepción decimonónica del Parlamento, en el que el Pleno era el centro de la vida de éstas y en el que la función instructora era desempeñada por las secciones o agrupaciones de parlamentarios, hechas al azar, lo que se traducía en inconvenientes funcionales y operativos.

Con posterioridad se ha buscado que las materias de competencia de las Comisiones por lo general coincidan con las de las áreas de la Administración Pública Federal, sin embargo la experiencia histórica nos ha demostrado la necesidad de crear otras comisiones con competencias en otras materias que atiendan con mayor especialización asuntos de interés nacional.

Como puede observarse, las Comisiones son órganos de gran relevancia para que el Congreso pueda llevar a cabo sus funciones legislativas y atender de manera más integral las necesidades en todos los órdenes de la problemática nacional.

Las Comisiones constituyen grupos en los que los legisladores se especializan y profundizan en las materias que son de su competencia en las labores de legislación y control.

Es por lo anterior, que tomando en cuenta el nuevo entorno social, político y económico del país, se hace necesario generar una nueva configuración respecto de la cantidad y nomenclatura en algunos de los órganos legislativos de la Cámara de Diputados, así como en su competencia, que permita prestar una atención con mayor especificidad en las siguientes materias: asuntos migratorios, problemáticas en las fronteras del país, cambio climático, competitividad, deporte, agua potable y saneamiento, ganadería, asuntos alimentarios, infraestructura y protección civil.

2. Argumentos de sustento

Los promoventes reconocemos que si bien es cierto que la Ley Orgánica del Congreso reconoce que hay Comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la Administración Pública Federal, también reconocemos que la misma norma establece que las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Es indispensable hacer notar que la primera referencia normativa señalada, no podría interpretarse desde un punto de vista restrictivo o autolimitativo para el Congreso para sujetar la estructura del trabajo legislativo a la de las entidades y dependencias de la administración pública federal, la cual se integra en otro poder de la Federación.

Por el contrario, si bien es cierto que debe haber comisiones legislativas que deben corresponder a los ramos de la administración pública federal, también es cierto que las Comisiones Legislativas deben de responder al propósito esencial de que e mara e Congreso de la Unión pueda cumplir con sus funciones constitucionales y que su número no puede quedar limitado por la competencia temática de las entidades y las dependencias del gobierno federal.

Es indispensable señalar que para la Cámara de Diputados, su sistema de Comisiones, valorado desde una perspectiva jurídica y política es de fundamental importancia para de-sarrollar una eficiente labor de control político en los términos del artículo 93 constitucional y una eficaz labor de desarrollo y perfeccionamiento de la .legislación nacional en los términos del artículo 73 constitucional.

Ante esta situación no es ocioso hacer notar que el Pleno de esta Cámara es soberano para identificar las materias en las que considere necesario e indispensable constituir órganos de apoyo a la actividad legislativa y actuar en consecuencia, para asegurar el adecuado ejercicio de las facultades del Congreso contenidas en el artículo 73 de nuestra Constitución.

Los problemas cada vez más recurrentes en las materias señaladas anteriormente, imponen la necesidad de que el Pleno de esta Cámara de Diputados, constituya los órganos auxiliares necesarios para el cumplimiento de estos fines.

3. Fundamento legal

La presente iniciativa con proyecto de decreto se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6 numeral 1, 77, 78 y 82 numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. Denominación del proyecto de decreto

La iniciativa plantea una reforma al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Texto normativo propuesto

Por todo ello, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para que se tramite como de urgente u obvia resolución en los términos del artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados:

Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1.

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I. Agricultura y Sistemas de Riego;

II. Agua potable y Saneamiento;

III. Asuntos Frontera Norte;

IV. Asuntos Frontera Sur-Sureste;

V. Asuntos Indígenas;

VI. Asuntos Migratorios;

VII. Atención a Grupos Vulnerables;

VIII. Cambio Climático;

IX. Ciencia y Tecnología;

X. Competitividad;

XI. Comunicaciones;

XII. Cultura y Cinematografía;

XIII. Defensa Nacional;

XIV. Deporte;

XV. Derechos Humanos;

XVI. Desarrollo Metropolitano;

XVII. Desarrollo Rural;

XVIII. Desarrollo Social;

XIX. Economía;

XX. Educación Pública y Servicios Educativos;

XXI. Energía;

XXII. Equidad y Género;

XXIII. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XXIV. Fortalecimiento al Federalismo;

XXV. Función Pública;

XXVI. Ganadería;

XXVII. Gobernación;

XXVIII. Hacienda y Crédito Público;

XXIX. Infraestructura;

XXX. Justicia;

XXXI. Juventud;

XXXII. Marina;

XXXIII. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXXIV. Participación Ciudadana;

XXXV. Pesca;

XXXVI. Población;

XXXVII. Presupuesto y Cuenta pública;

XXXVIII. Protección Civil;

XXXIX. Puntos Constitucionales;

XL. Radio y Televisión;

XLI. Recursos Hidráulicos;

XLII. Reforma Agraria;

XLIII. Relaciones Exteriores;

XLIV. Salud;

XLV. Seguridad Alimentaria;

XLVI. Seguridad Pública;

XLVII. Seguridad Social;

XLVIII. Trabajo y Previsión Social;

XLIX. Transportes;

L. Turismo, y

LI. Vivienda.

Transitorios

Primero: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Las Comisiones Especiales de la Cámara de Diputados, constituidas durante la LXI Legislatura al H. Congreso de la Unión, y que a través del presente decreto se formalizan como Comisiones ordinarias, tendrán las facultades y atribuciones que anteriormente tenían asignadas.

Tercero: Por única ocasión, las Comisiones Ordinarias, deberán quedar constituidas a más tardar dentro de los siete días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Atentamente

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de septiembre de 2012.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Silvano Aureoles Conejo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica en contra), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Para el efecto de esta comunicación tengo el registro del diputado Alfonso Durazo, a quien le cedo la palabra, por tres minutos. Dígame, diputado Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Para inscribirme en contra.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se registra como orador. Diputado Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, las diputadas y los diputados pertenecientes al frente parlamentario progresista en esta LXII Legislatura, me han encomendado informar a ustedes el sentido de nuestro posicionamiento frente a la iniciativa que se acaba de presentar y que pretende crear en esta Cámara de Diputados un mayor número de comisiones.

A nadie escapa que los recursos no sobran en el gobierno, que en todo caso los recursos públicos debieran orientarse —ahora más que nunca— al gasto social, a apoyar el empleo y a apoyar la educación pública, a todo menos a gasto superfluo de cualquier dependencia o institución pública.

Cuando más debería hablarse de racionalizar y disminuir el gasto dispendioso y suntuario de la alta burocracia de los tres Poderes y del sector público —que es por cierto una demanda reiterada de los partidos que integran el frente parlamentario progresista—, nos vienen a sorprender con esta iniciativa cuyos únicos beneficiarios serán los partidos gobernantes, el PRI y el PAN, que de este modo pretenden acomodar la estructura legal de esta Cámara a sus necesidades políticas, exclusivamente.

Digo partidos gobernantes —aclaro—, porque desde hace más de 23 años el PRI y el PAN han gobernado mancomunadamente, y ahora en este caso, como las comisiones existentes en esta Cámara no les dan para satisfacer a sus bancadas y pagar sus compromisos políticos, recurren al expediente de reformar la ley y crear nuevas comisiones.

Es un insulto para la gente que clama por el retorno a la austeridad republicana y que en vez de esto, no solo esperaría que no se aprobara la iniciativa en cuestión, sino que además este Congreso fuera más allá y redujera sueldos y prestaciones excesivas de los altos funcionarios públicos de los tres Poderes de la Unión.

Así como la reforma juarista puso fin a los fueros y privilegios del Clero y el Ejército, así hoy es urgente limitar los privilegios de la alta burocracia y de quienes nos ostentamos como servidores públicos.

En esencia, se trata de un cambio de visión sobre lo que implica y ha implicado en México la política y el ser funcionario público, y toca a nosotros, a esta Legislatura, poner una parte de ese ejemplo.

Por eso nosotros proponemos que se optimice lo que ya tenemos, que se haga eficiente el trabajo y los resultados, y que sigamos trabajando sin necesidad de crear más comisiones, que solo significan más recursos, mayor burocracia y mayor gasto público sin mayor justificación.

¿Cómo aprobar mayor gasto en esta Cámara de Diputados, cuando al mismo tiempo se pretende colgar a los trabajadores con el cinturón de la llamada reforma estructural laboral?

No es casual —por último, señor presidente—, no es casual que haya entrado esta iniciativa precisamente este día, en que una iniciativa, como la laboral, que tiene un gran rechazo social, podría ocultar las consecuencias de la decisión que hoy se pretende tomar, de modificar la estructura administrativa de esta Cámara sin ningún beneficio para el país ni para los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Señor diputado Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Esencialmente para manifestar nuestro rechazo categórico a este acuerdo, que derivará en una reforma a la Ley Orgánica para incrementar en número de comisiones ordinarias, de 44 a 55.

Nos parece que no es la época del derroche ni del gigantismo burocrático en el Poder Legislativo, sino que es la época de la eficiencia. Lo que requerimos es que las 44 comisiones funcionen bien y para ello se pueden constituir subcomisiones o grupos de trabajo que deliberen, dictaminen y hagan su trabajo legislativo a plenitud.

Como lo comentó nuestro compañero Durazo, nos parece que esta reforma es con dedicatoria para cubrir los equilibrios y las cuotas internas de los grupos parlamentarios más numerosos.

Nosotros, en todo caso, lo que plantearíamos es que así como se le está dando fast track y una celeridad sospechosa a esta iniciativa, que mejor retomemos la iniciativa que planteó aquí el diputado Ricardo Monreal, de reformar la Ley Orgánica del Congreso, en su artículo 43, para ir hacia una efectiva igualdad de género en la integración de comisiones.

Si nosotros viéramos que estas 11 comisiones que se pretenden aumentar operasen efectivamente para una igualdad de representatividad de los géneros, podríamos reconsiderar nuestra postura, que fueran mujeres las que fueran a presidirlas para generar estos equilibrios, pero no a las cuotas internas, a costa de mayor gasto al Congreso. Lo que requerimos es que funcionen bien las 44 comisiones; lo que requerimos es que haya igualdad de género en el trabajo legislativo.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el acuerdo que nos presenta la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Queda aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.Publíquese entonces la iniciativa para discusión en el curso de la sesión.

Alguien está pidiendo la palabra. Adelante, diputado, ¿tiene sonido, diputado? Ya tiene. A ver, permítame un segundo, diputado.

A ver, si alguien tiene un micrófono. Ahora sí, adelante.

ESTADO DE GUANAJUATO

El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más pedirle y que se sume toda la asamblea, para conmemorar que el día de ayer 26 de septiembre se cumplen 13 años de unos acontecimientos muy lamentables para Celaya, del estado de Guanajuato, en donde perdieron la vida en unas explosiones 72 personas y 300 resultaron lesionadas. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: ¿Qué es lo que nos propone, diputado?

El diputado Felipe Arturo Camarena García(desde la curul): Guardar un minuto de silencio, en memoria de las personas que perdieron la vida hace 13 años.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Muy bien. Lo pongo a consideración de la asamblea. Quienes estén de acuerdo, pregunte la Secretaría, que lo manifiesten.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pregunta a las diputadas y los diputados si están a favor de este minuto de silencio.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, entonces.

(Minuto de silencio)

ARTICULOS 6O. CONSTITUCIONAL - LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Por lo pronto, tiene la palabra el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, para presentar iniciativa con proyecto de reforma a los artículos 6o. de la Constitución; 3o. y 5o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, anteponer los sagrados intereses de la patria será un deber de cualquier hombre honesto.

Después de haber presentado, hace unos días, la iniciativa que busca modificar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de esta Cámara de Diputados, dando garantía de la máxima publicidad en el ejercicio de los gastos, regreso a esta tribuna para continuar con un tema que ha despertado el interés de amplios sectores de la población.

Son muchas las voces que se han pronunciado a favor de los ejercicios de transparencia en los órganos legislativos, no es para menos. Pareciera que los lugares más opacos para el ejercicio de los recursos públicos son los sindicatos y los congresos.

La ciudadanía va delante de nosotros en las exigencias; va delante, porque ve más allá de estas curules y sienten necesidades más apremiantes que la de nuestros propios intereses. Los ciudadanos exigen hoy lo que se ha negado en el pasado.

En voz del pensador liberal José Martí, los ciudadanos toman los derechos porque se cansaron de pedirlos y los arrancan porque no están dispuestos a mendigarlos. En este sentido, en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, los mexicanos se cansaron de mendigar el derecho a la información.

Tampoco debe ser correcto abrir una letanía de culpas e iniciar una cruzada estéril para llenar de improperios a quienes no le habían dado lugar a la rendición de cuentas como supremo deber de los que gastan dinero público y derecho elemental de quien paga sus impuestos.

Retomo de nuevo al ilustre republicano: Ya no miro y me detengo en lo hecho, sino en lo que queda por hacer.

En ese sentido es que vengo ante ustedes, compañeras y compañeros, a compartir esta iniciativa cuyos beneficiarios absolutos son los ciudadanos mexicanos, son todos aquellos que han depositado la confianza en nosotros y con la gratitud que se obliga al hombre público debemos contestar.

Tenemos que transparentar los gastos públicos de los Congresos locales, esas entidades que tienen criterios muy dispares respecto a la transparencia. En México tenemos ejemplos de apertura aceptable en algunos Congresos, pero también tenemos casos penosos, detestables, que rayan incluso en la arrogancia pública. Los criterios de transparencia para las entidades públicas deben ser las mismas. Los cuerpos legislativos en los estados deben transparentar los gastos por total obligación.

Considero que la transparencia y el acceso a la información constituyen una de las conquistas más importantes de la sociedad y la política mexicana en los últimos años, son un gran avance en la calidad democrática del Estado y abren una posibilidad inédita para un cambio profundo en las relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos. Por eso, transparencia y acceso a la información materializan un derecho moderno, nuevo e irrenunciable para todos los mexicanos.

Es necesario que establezcamos desde la ley la obligación del Poder Legislativo, no solo federal, sino en cada uno de los estados de la República, de publicar de manera oficiosa todos los comprobantes de gasto de los recursos económicos ejercidos por sus órganos.

Lo dije en mi intervención anterior: estamos a prueba, nos están observando, los ciudadanos están más interesados de lo que muchos creen, allá afuera saben y están al pendiente del sentido de nuestras proposiciones y la congruencia de nuestras acciones.

Si hablamos de transparencia, seamos transparentes; si buscamos democracia, en dicho seamos demócratas, y en los hechos, si decimos representar al pueblo de México, atendamos sin demora sus demandas y demos sin menosprecio paso al ejercicio pleno de sus derechos como mexicanos.

El tiempo avanza, la historia corre; como legislatura la estamos escribiendo, seamos ejemplo de cambios, seamos recordados, compañeras y compañeros, sin buscar gloria y con humildad, solo como los que hicieron aquello que se tenía que hacer. Muchas gracias, compañeros y compañeras.

«Iniciativa que reforma los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3o. y 5o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 6o. constitucional; y reforma el inciso b) de la fracción XIV del artículo 3 y adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La presente iniciativa propone establecer en la Constitución y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que toda la información en posesión de los sujetos obligados tendrá carácter público, además de considerar sujetos obligados el Poder Legislativo de cada entidad federativa y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como sus respectivos órganos de fiscalización.

Por ello vengo ante esta soberanía a presentar la siguiente

Exposición de Motivos

Resulta interesante encontrar que la ciencia política mexicana de forma sistemática no ha entrado en el estudio a profundidad del Poder Legislativo, pues el cuadro histórico que se presentó en el país de manera posterior a la Revolución Mexicana redujo en gran medida la representatividad del Congreso federal y, por supuesto, de los estatales.

Pero lentamente ha ido evolucionando el creciente pluralismo político en todo el país, generando un dinamismo que como consecuencia ha traído un fortalecimiento de la figura parlamentaria.

Sin embargo, las normativas de los órganos legislativos han evolucionado lentamente, desde aquel primer reglamento parlamentario redactado y formulado de manera personal por José María Morelos y Pavón hasta las legislaciones vigentes en nuestros días.

En la noción de democracia, son fundamentales para Kelsen la libertad y la igualdad, aspectos que constituyeron la parte esencial de su estudio sobre ella. Considero que la preocupación principal de los estudios sobre el funcionamiento de los órganos legislativos se ha centrado en la confección de leyes y su funcionamiento, el cual ha sido el que podríamos llamar “proceso camaral”, del cual la democracia es uno de los principales objetivos y logros de la sociedad actual.

La transparencia y el acceso a la información constituyen una de las conquistas más importantes de la sociedad y la política mexicanas en los últimos años. Son un gran avance en la calidad democrática del Estado y abren una posibilidad inédita para un cambio profundo en las relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos. Por eso, transparencia y acceso a la información materializan un derecho moderno, nuevo e irrenunciable para todos los mexicanos.

Como legisladores, debe ser una preocupación asegurar a todo mexicano y a toda persona el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información mediante procedimientos sencillos, para los cuales se facilite el acceso a la información.

Por ello es necesario fomentar acciones que generen una cultura de transparencia y rendición de cuentas y garanticen el acceso a la información en caso de controversias y establecer sanciones para los funcionarios que nieguen dolosamente la información o que, abusando de su posición, busquen pervertir el ejercicio del poder público.

Desde La política, de Aristóteles (384-322 antes de Cristo), se plantea la importancia del desarrollo de la democracia en un marco de libertad, donde los ciudadanos juzguen las “cuentas públicas” y los negocios políticos para un adecuado equilibrio de las fuerzas políticas. La información, como requisito básico para el sostenimiento de la entonces democracia ateniense, fluía en el “ágora”, encontrando una vigencia total las palabras de Aristóteles, que destacó la participación ciudadana como principio democrático real, no como simples electores sino agentes sociales.

En la historia moderna del hombre, hasta 1776, en Suecia, no se impulsó la primera ley formal de acceso a la información gubernamental, la Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas, con base en las prácticas del antiguo imperio chino, que en el periodo de mayor esplendor de la dinastía Ts’in (221 antes de Cristo) se desarrolla el Buró de Censura Imperial que, en palabras de Anders Chydenius, sacerdote y diputado sueco (1766), era una institución basada en la filosofía humanista confuciana, encargada de vigilar cuidadosamente al gobierno y sus funcionarios, exhibir sus incompetencias, ineficiencias y prácticas de corrupción, admitiendo con ello sus imperfecciones, encontrándose así los emperadores chinos dispuestos a “admitir sus propias imperfecciones como prueba de su amor por la verdad y rechazo a la ignorancia y oscuridad”.

En el país se generó un primer acercamiento en 1977, al reformarse diversas disposiciones constitucionales y leyes secundarias, que impulsaron significativamente la consolidación democrática electoral, consagrándose como principio constitucional que el Estado debe garantizar el derecho a la información, esto en el artículo 6. Hasta 2002, el 11 de junio, no se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para garantizar este derecho.

Ahora bien, en 2004 destaca la importancia de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, mediante la creación y el fortalecimiento de diversas estructuras (como consejos consultivos y organismos públicos descentralizados de participación ciudadana).

Esto se presenta en el ámbito de la administración pública, y de otras formas de intervención en los diversos poderes, así como en la esfera municipal, que propician la colaboración activa y directa de los particulares en las funciones públicas; se implantan además diversos mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, que aprovechan las ventajas del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Así, 30 años después de la reforma del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 20 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del mismo numeral por la cual se incorporan los principios y criterios básicos que deben regir el acceso a la información como derecho fundamental.

Hoy vengo a esta tribuna para que, como representantes de los mexicanos, pongamos el ejemplo en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Es necesario que establezcamos desde la ley la obligación del Poder Legislativo, no sólo federal sino en cada estado, de publicar de manera oficiosa todos los comprobantes de gasto de los recursos económicos ejercidos por sus órganos.

Quiero pedirles que como legisladores trabajemos en mejorar la comunicación con los ciudadanos, y que con trabajo parlamentario generemos un cambio en la percepción sobre la forma en que se gasta el dinero público en el Poder Legislativo. Trabajemos juntos para recuperar la credibilidad y confianza ciudadanas, y así logremos la dignificación de la política.

Para ello propongo una reforma en el inciso b) de la fracción XIV del artículo 3 y la adición de un segundo párrafo al artículo 5, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de establecer que toda la información en posesión de los sujetos obligados tenga carácter público, así como exhibir los comprobantes de gasto de los recursos públicos.

Además, con esta reforma se busca considerar sujetos obligados el Poder Legislativo de cada entidad federativa y la Asamblea de Legislativa del Distrito Federal, así como sus respectivos órganos de fiscalización.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 6o. constitucional; y reforma el inciso b) de la fracción XIV del artículo 3 y adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de establecer que toda la información en posesión de los sujetos obligados tenga carácter público, además de considerar sujetos obligados el Poder Legislativo de cada entidad federativa y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como sus respectivos órganos de fiscalización

Primero. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo siguiente:

Artículo 6o. ..

...

I. a III. ...

IV. ...

El órgano garante en el ámbito federal podrá conocer de solicitudes de información relativas las legislaturas de cada entidad federativa y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de sus respectivos órganos de fiscalización.

V. a VII. ...

Segundo. Se reforma el inciso b) de la fracción XIV del artículo 3 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a XIII. ...

XIV. Sujetos obligados:

a) ...

b) El Congreso de la Unión, el Poder Legislativo de cada entidad federativa y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como sus respectivos órganos de fiscalización, cualquiera que sea su denominación;

c) a f) ...

Artículo 5. ...

Salvo la información confidencial, toda la información en posesión de los sujetos obligados tiene carácter público, y cualquier persona tendrá acceso a ella en los términos y condiciones que establece esta ley. Por tanto, tratándose de información pública, los sujetos obligados deberán observar tanto en su aplicación como en su interpretación el principio de máxima publicidad y hacer públicos todos los comprobantes de gasto de los recursos económicos bajo su ámbito de responsabilidad, con excepción de los que se encuentren clasificados como información reservada en los términos de la presente ley.

Para este efecto, en caso de duda razonable sobre la clasificación de información como reservada, deberá optarse por su publicidad; o bien, y siempre que sea posible, por la preparación de versiones públicas de los documentos clasificados.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos deberá realizar las adecuaciones que correspondan a las disposiciones reglamentarias en un plazo máximo de seis meses, contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.— Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, para su dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: El diputado Marino Miranda Salgado, presentará una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Marino Miranda Salgado:Con su venia, señor presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para exponer ante ustedes la necesidad de detener el saqueo histórico de que han sido objeto nuestros recursos mineros y por tanto, de modificar nuestra Ley Orgánica para crear la comisión ordinaria de asuntos mineros y dar así la debida atención a las diversas aristas normativas, políticas económicas y fiscales que han posibilitado este saqueo y propiciar las condiciones que permitan poner en el centro de debate nacional a nuestro pujante sector minero, no solo como generador de riqueza de unos cuantos, sino como motor de desarrollo de todos los mexicanos.

La industria minera en México se encuentra hoy en pleno esplendor; en el 2010 inició su despunte gracias al auge internacional del mercado de metales. Actualmente se ubica entre los primeros 15 lugares del mundo en la producción de 22 minerales diferentes, ocupando el primer lugar en producción de plata y encontrándose entre los 10 principales en la extracción de oro, bismuto y plomo.

Lo anterior se traduce en que en 2011, después del referido repunte que inició en el 2010, el valor de la producción minera fuera de 16 mil 761 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 46 por ciento respecto a 2010, de acuerdo a cifras oficiales.

En ese mismo año, conforme a la Cámara Minera de México, las exportaciones tuvieron un valor de 22 mil 526 millones de dólares, ubicándose como el cuarto generador de divisas netas al país. Estas cifras adquieren aún más relevancia si consideramos que la exploración en nuestro país alcanza apenas el 30 por ciento de los yacimientos; es decir, si atisbamos que existe un 70 por ciento que resulta apto para el desarrollo de proyectos de exploración y explotación.

Por mencionar solo un caso, en las montañas de Guerrero —región que vergonzosamente destaca por sus altos índices de pobreza y marginación y bajos niveles de desarrollo humano— se han descubierto depósitos que compañías mineras piensan que podrían convertirse en las minas de mayor concentración de la historia reciente.

La pujanza económica de este sector no encuentra, sin embargo, referente equiparable en el marco normativo que lo rige ni en las condiciones laborales de quienes representan el inicio del eslabón de los cuantiosos dividendos que produce ni en la derrama económica que deja para las comunidades en donde se instala ni en la protección y el cuidado al medio ambiente y el patrimonio cultural.

Los procesos de apertura y liberalización de la economía, que significaron la modificación sustancial del marco normativo con el objeto de crear entornos favorables y competitivos para la atracción de inversiones, lejos de promover la regulación, vigilancia y promoción del proyecto económico y social, contribuyen a aumentar la opacidad y el régimen de privilegios que privaba en el sector, pero que ahora bajo el auspicio del capital extranjero cuentan con el apoyo. De esta forma, la Ley Minera y las prácticas administrativas gubernamentales favorecen la promoción de la inversión en el sector sobre la salvaguarda de los ecosistemas y la protección de diversos derechos consagrados en nuestra Carta Magna.

Por si fuera poco, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Economía, el territorio nacional concesionado a empresas aumentó 35 por ciento, en cinco años y medio del gobierno del Felipe Calderón, al pasar de 21 millones 248 mil hectáreas en 2007 a 32 millones 573 mil hectáreas hasta junio del presente año. Comparativamente tal cifra equivale al 16.6 por ciento del territorio nacional, superficie que supera los territorios de Chihuahua y Chiapas.

En contraste, el número de puestos de trabajo en este sector durante este gobierno creció tan solo 12.7 por ciento; los trabajadores laboran en medio de precarias condiciones de higiene y seguridad, violentando sus derechos laborales y propiciando diversas tragedias humanas, así como el lanzamiento a huelga en estados como Guerrero, Sonora y Zacatecas, varias de las cuales continúan sin resolverse, en detrimento de las familias y comunidades enteras.

Conforme al Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, de la Auditoría Superior de la Federación, diversas irregularidades y anomalías se han presentado en lo que respecta al registro de las concesiones y el pago de derechos correspondientes.

Las cuotas se pagan por una concesión, que por cierto, tiene una duración de hasta 50 años con posibilidad de renovarse otro medio siglo. Son inferiores a los costos de los trámites administrativos para otorgarla e infinitamente menores si se les compara con el valor de la producción. Esto es, a diferencia de lo que ocurre en otros países en los que las empresas entregan al fisco una regalía proporcional a la ganancia obtenida, en México pagan solo un derecho de explotación, que más que simbólico resulta ofensivo, si consideramos que los recursos minerales son propiedad de todos los mexicanos.

Compañeras y compañeros, en el marco de estas discusiones y aprobación de las comisiones ordinarias en esta Cámara de Diputados, esta iniciativa busca someter a la consideración de esta soberanía la inclusión de la comisión ordinaria de asuntos mineros, a fin de que en su seno se atiendan, discutan, orienten, cuestionen y normen, todos los asuntos relacionados con el tema de la minería. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Marino Miranda Salgado, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Asuntos Mineros, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La industria minera en México se encuentra hoy en pleno esplendor. Su despunte inició, y no se ha detenido, desde 2010. A partir de entonces, nuestro país ha consolidado su posición en el mundo pues ya ocupa el primer lugar en atracción de inversión en exploración minera en América Latina.

Pero no sólo eso, México se ubica, actualmente, entre los primeros 15 lugares del mundo en la producción de 22 minerales diferentes, ocupando el primer lugar en producción de plata y encontrándose entre los 10 principales en la extracción de oro, bismuto y plomo.

Lo anterior se traduce en que en 2011, después del referido repunte que inició en 2010, el valor de la producción minera fuera de 16 mil 761 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 46 por ciento respecto a 2010. Sólo la minería extractiva representó en ese año el 2 por ciento del producto interno bruto, PIB, mientras que la minería ampliada (excluyendo petróleo) el 5.0 por ciento, ubicándose como el tercer rubro productivo después de los sectores automotriz y del petróleo.

Ese año, según cifras de la Cámara de Minería Mexicana, las exportaciones tuvieron un valor de 22 mil 526 millones de dólares, un crecimiento de 45 por ciento con respecto a 2010.

Hoy, la industria minera se ubica como el cuarto generador de divisas netas al país con un monto de 22 mil 516 millones de dólares.

Estas cifras adquieren aún más relevancia si consideramos que la exploración en nuestro país alcanza apenas el 30 por ciento de los yacimientos, es decir, si atisbamos que existe un 70 por ciento que resulta apto para desarrollar proyectos de exploración y explotación. Por mencionar sólo un caso, en las montañas de Guerrero –región que vergonzosamente destaca por sus altos índice de pobreza y marginación y bajos niveles de desarrollo humano– se han descubierto depósitos que compañías mineras piensan que podrían convertirse en las minas de mayor concentración de la historia reciente.

La pujanza económica de este sector no encuentra, sin embargo, referente equiparable en el marco normativo que lo rige, ni en las condiciones laborales de quienes representan el inicio del eslabón de los cuantiosos dividendos que produce, ni en la derrama económica que deja para las comunidades en donde se instala, ni en la protección y el cuidado al medio ambiente y el patrimonio cultural.

La historia de la minería ha sido, sin lugar a dudas, la historia de uno de los mayores saqueos de nuestros recursos naturales, desde la época misma de la Conquista. Pero también ha sido la historia de la opacidad y el abandono, desde el punto de vista de la regulación, vigilancia y promoción del desarrollo económico y social, por parte de las autoridades.

Particular influencia, en dicho tenor, tuvieron los cambios que, durante la última década del siglo XX, sufrió a nivel mundial el contexto para el desarrollo de las actividades mineras. Los procesos de apertura y liberalización de la economía significaron la modificación sustancial del marco normativo, con el objeto de crear entornos favorables y “competitivos” para la atracción de inversiones.

El paradigma económico en el que sustentaron estos procesos –y, en general, el programa de ajuste y liberalización económica iniciado en la década de los 80–, sostenía una visión en la que la minería constituía una actividad que generaría importantes beneficios para las comunidades, como la creación de empleos –sobre todo a partir de los efectos multiplicadores derivados de su articulación con un gran número cadenas productivas y de los servicios que se requerirían durante la vida productiva de la mina–, la creación de infraestructura y la obtención de ingresos monetarios adicionales relacionados con el surgimiento de nuevas actividades económicas. Es decir, argüía que la inversión en este sector fungiría como un mecanismo efectivo para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Hoy sabemos que esta teoría poco coincide con la realidad.

En este contexto, la Ley Minera, legislación reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de minería expedida en junio de 1992, fue diseñada con el objetivo de establecer condiciones competitivas para las inversiones, cuyo resultado fue un enfoque claramente sesgado hacia la promoción de dicha actividad, dejando prácticamente de lado su control.

Esto es, el diseño legislativo y las prácticas administrativas gubernamentales vigentes privilegiaron la promoción de la inversión en el sector sobre la salvaguardia de los ecosistemas, así como la protección y promoción de diversos derechos humanos consagrados en nuestra Carga Maga –que van desde los derechos sociales y económicos hasta los culturales y medioambientales.

En este sentido, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Economía, el territorio nacional concesionado a empresas mineras para la extracción de metales y minerales del subsuelo aumentó 53 por ciento en 5 años y medio del gobierno de Felipe Calderón, al pasar de 21 millones 248 mil hectáreas en 2007, a 32 millones 573 mil hectáreas hasta junio de 2012.

Comparativamente, los 32 millones 573 mil hectáreas equivalen a 16.6 por ciento del territorio nacional, superficie que supera los territorios de Chihuahua y Chiapas, el primero y octavo estados del país en extensión, con 32 millones 214 mil hectáreas en conjunto.

En total, son 11 millones 325 mil hectáreas las que el gobierno calderonista otorgó a compañías nacionales y extranjeras para la explotación del subsuelo, cantidad que supera en 20 por ciento la superficie total de Oaxaca, el quinto estado del país en extensión, con 9 millones 395.2 mil hectáreas.

Además, las cifras contenidas en el sexto Informe de Gobierno revelan que más de la tercera parte del total del territorio concesionado en ese periodo se otorgó en el primer semestre de este año. Es decir, a punto de concluir el sexenio, las autoridades salientes concesionaron a la industria minera 4 millones de hectáreas en la primera mitad de 2012, lo que implica un disparo de 322 por ciento respecto a la superficie que en conjunto se cedió al sector en el mismo lapso del año pasado.

El propio informe presidencial destaca la importancia que en ello han jugado la rapidez y eficiencia que han alcanzado las autoridades en los trámites mineros, pues sólo se requieren nueve y quince días para la expedición de concesiones, lo que le ha permitido al país ocupar la posición 53 a nivel mundial, por encima de los BRIC; y que tan sólo en un sexenio el número de empresas inscritas en el Registro Público de Minería se haya incrementado en un 70 por ciento.

Lo anterior, se ha traducido en que en lo que va de la actual administración se hayan captado 16 mil 700 millones de dólares en inversión extranjera directa en el sector minero, 224 por ciento más de lo recabado en todo el sexenio anterior.

Tan sólo el año pasado la inversión total aumentó 42.7 por ciento respecto al año previo, al pasar de tres mil 316 millones de dólares a cuatro mil 731 millones. Hoy, la cifra ya supera los cinco mil millones de dólares. La Cámara Minera de México estima una inversión total superior de 21 mil millones de dólares para el periodo 2007-2012.

En contraste, por un lado, el número de puestos de trabajo en este sector, durante este gobierno, subió tan sólo 12.7 por ciento, al pasar de 292 mil 993 empleos a alrededor 330 mil, según cifras oficiales.

Y, por otro, conforme al Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, diversas irregularidades y anomalías se han presentado en lo que respecta al registro de las concesiones y el pago de derechos correspondientes.

Específicamente, el Informe señala que de mil 121 concesiones que se autorizaron en 2010, 272 no se registraron en el padrón correspondiente, lo que lo convierte en un instrumento de control poco confiable. De igual manera, precisa que 80 de ellas no consignaron su registro federal de contribuyentes, impidiendo que la Secretaría de Hacienda pueda requerirles el pago correspondiente por derechos; además de que en 39 casos, la empresa titular de la concesión no pagó derechos y en 27 pagó menos de lo que era su obligación liquidar. Ya en 2008 había señalado que la Dirección General de Minas había entregado concesiones a empresas que carecían de las actas constitutivas que acreditaran su nacionalidad y que dentro de su objeto social se encontrara la minería.

Por otra parte, el informe en referencia arroja que las cuotas que se pagan por una concesión –que por cierto, tienen una duración de hasta 50 años con la posibilidad de renovarse otro medio siglo– son inferiores a los costos de los trámites administrativos para otorgarla. Textualmente, afirma que el importe de las cuotas que se pagan actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos se ubica por arriba de los derechos de concesión que cobra el Estado y cita como ejemplo, el periodo 2005 a 2010, en el que el valor de la producción ascendió a 552 mil 422 millones 429mil 300 pesos, mientras que el de los derechos cobrados equivalieron a 6 mil 543 millones 417 mil 400 de pesos, es decir, al 1.2 por ciento de la primera.

Pero no sólo eso, también detectó que los pagos por trámites de modificación de títulos y por la modificación misma no son verificados por la autoridad, de ahí que no se pueda saber si pagan o no, o si lo hacen de manera correcta.

En suma, no sólo contamos con una legislación laxa para una industria de rentabilidad creciente que la ubican como la de mayor inversión privada de México que, en términos reales, “ocupa” gran parte del territorio nacional, sino que a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde las empresas entregan al fisco una regalía proporcional a la ganancia obtenida, en México sólo pagan un “derecho” de explotación, que más que simbólico, resulta ofensivo, si consideramos que los recursos minerales son propiedad de todos los mexicanos.

Este escenario, inequitativo y excluyente, resulta aún más desolador si se repara en el hecho de que no existen en el Congreso de la Unión, instancias de primer orden –llámese comisión ordinaria– que atiendan, discutan, orienten, cuestionen y, en una frase, constituyan un contrapeso para el Ejecutivo Federal, en torno los grandes temas que conforman la creciente agenda laboral, social, económica y fiscal del sector minero, tanto a nivel nacional como internacional.

Por lo expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción III del numeral 2, del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Asuntos Mineros, debiéndose correr las actuales fracciones de la III a la XL, para convertirse en IV a XLI

Artículo Único. Se adiciona la fracción III del numeral 2, del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Asuntos Mineros, debiéndose correr las actuales fracciones de la III a la XL, para convertirse en IV a XLI, respectivamente, quedando como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. ...

I. Agricultura y Ganadería

II. Asuntos Indígenas

III. Asuntos Mineros

IV. a XXXIX. ...

XL. Turismo, y

XLI. Vivienda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.— Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ARTICULOS 5O. Y 18 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, para presentar iniciativa que reforma los artículos 5o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, señor presidente; honorable asamblea, el sistema penitenciario mexicano no ha cumplido con el fin para el cual fue creado, ya que éste se apartó del ideal del Constituyente, quien desde 1917 proclamó el trabajo como medio de regeneración en el artículo 18 constitucional.

El modelo de política criminal implementado demostró ser erróneo, pues se optó por la prisión y endurecimiento de las penas, cuando debió de ser al contrario, buscar las razones del aumento de la criminalidad y combatirlas y desde luego, prevenirlas.

La educación y el trabajo constituyen la base fundamental del tratamiento penitenciario y con ello el principal instrumento para la consecución de la reinserción social; por su relevancia, el trabajo penitenciario se configura históricamente como un derecho y un deber del interno, sin que pueda tener carácter aflictivo ni ser impuesto como sanción disciplinaria y se valora positivamente como un instrumento esencial con la finalidad de preparar a los internos para su futura inserción laboral positiva.

En México la asignación de los internos al trabajo debería realizarse tomando en cuenta sus deseos, vocación, aptitudes, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de los internos, así como las posibilidades del reclusorio.

Además, el trabajo en los mismos debiera organizarse previo al estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria.

La Constitución desde su promulgación ha sufrido diversas reformas, pero en ninguna de ellas se redactó la obligatoriedad del trabajo en prisión; por el contrario, las disposiciones plasmadas actualmente en los artículos 5o. y 123, hacen que el trabajo sea optativo para quien se encuentre extinguiendo una pena corporal en prisión. Esto impide el cumplimiento pleno del artículo 18 constitucional, pero además en la práctica se ha traducido, para mala fortuna, en que en la cárcel ni se readapta ni se socializa a los reclusos, quienes regresan —a la sociedad— más peligrosos y diestros para delinquir.

De igual modo apreciamos que el trabajo no se reconoce ni como pena ni como medida de readaptación, tendiendo en este concepto a la ociosidad como la reina dentro de los reclusorios y es precisamente por ello que nos enteramos en los medios de difusión constantemente de las múltiples extorsiones llevadas a cabo por la población de estos centros.

Es tiempo, por el bien de la sociedad, procurar un cambio a la normatividad constitucional y posteriormente legal para —de este modo— concretizar la readaptación de las personas y asegurar, en este sentido, la no reincidencia.

Nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde está convencido de que el trabajo debe curar; esto proveerá beneficios sustanciales como eliminar la ociosidad, disminuir la anarquía en los centros de reclusión, de la cual somos testigos constantemente. Una prueba, la fuga acontecida en el Centro de Readaptación Social del estado de Coahuila.

También con el trabajo los propios reclusos podrían —entre otras cosas— sufragar de modo indirecto su estancia, teniendo el Estado un recurso indirecto para proveerles mejores condiciones.

De igual modo, la labor llevada a cabo por los condenados puede procurarles ingresos económicos cuyos efectos positivos bien podrían recaer en sus familias. Si duda, el mejor resultado de este contexto será instruir técnicamente a las personas para conseguir el pleno objetivo de la readaptación, pues si están capacitados será más sencillo insertarse en el mercado laboral y más complicado incidir con grupos delincuenciales.

En este sentido y con miras a la proposición de la obligatoriedad del trabajo en reclusión redactada en las leyes ordinarias federales, presentamos a esta soberanía dos sendas modificaciones constitucionales, en concreto sobre los artículos 5o. y 18.

Pretendemos se continúe salvaguardando el derecho fundamental de la libertad al trabajo en el dispositivo 5o., pero con el reconocimiento de una excepción más a las ya establecidas; la imposición en el texto correspondiente debe dar la libertad laboral, cuando la determinación sea obsequiada por el juez competente.

Aunado a la anterior, estamos solicitando se conceda derecho a las competencias propias de la federación, los estados y el Distrito Federal, para celebrar los convenios necesarios con el sector privado para que los sentenciados, por delitos del ámbito de su competencia, realicen los trabajos establecidos en su respectiva sentencia y la posibilidad de la federación, las entidades federativas y del Distrito Federal para lograr que el sector privado participe en la construcción de centros de reclusión y vincular de este modo a los reclusos con la empresa en cuestión para que puedan desarrollar el trabajo impuesto en sentencia definitiva.

En ambos casos se deberá prever la conclusión de beneficios económicos y fiscales para la iniciativa privada.

También con nuestra propuesta obtendremos, sin duda, beneficios significativos para la reintegración social de quienes hayan delinquido y también estaremos a tono con las exigencias de organismos internacionales, quienes sugirieron este cambio, expresando en todo instante los pros de la conducta que hoy impulsamos.

Al respecto, la Comisión Interamericana se pronunció en relación al tema de trabajo en reclusión, estipulado en toda persona privada de la libertad, que tendrá derecho a trabajar y a tener oportunidades efectivas de trabajo y a recibir una remuneración adecuada y equitativa, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los condenados, estimular la iniciativa social y de cultura del trabajo y sobre todo, combatir el ocio en los lugares de privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá carácter aflictivo.

En este orden de ideas, se considera conveniente —de acuerdo a los tiempos presentes y a la Comisión Interamericana— imponerles a las personas privadas de su libertad labores que puedan desarrollar como consecuencia de la obligación de una pena impuesta por un juez; esto en pro de la verdadera rehabilitación y próspera reincorporación de los internos a la sociedad. Es cuanto, señor presidente; por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 5o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, diputado Felipe Arturo Camarena García, miembro de la LXII Legislatura Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se pretende reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Problemática

De acuerdo con el texto supremo de nuestro orden jurídico, en concreto los correlacionados artículos 5 y 123, nadie puede ser obligado a la prestación de un trabajo sin su justa retribución, en este contexto la libertad de trabajo se erige como un derecho fundamental.

Aunado a lo anterior, la legislatura número LXI estableció la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual establece que nadie puede ser obligado a laborar sin una justa retribución, salvo las excepciones previstas en el andamiaje jurídico mexicano.

En este tenor apreciamos que no se reconoce ni como pena ni como medida de readaptación el trabajo.

En este sentido, notamos un aumento en la población carcelaria considerable, la cual, de facto, no se cualifica ahí; así mismo, tampoco reportan conocimientos de una especial técnica u oficio, lo cual hace relativamente comprensible el fenómeno de la reincidencia.

En este contexto, si los hoy reclusos no se preparan para los tiempos de su próxima libertad, es muy probable que no se genere la inclusión a las fuerzas productivas de la sociedad, o a la comunión plena con sus familias y vuelvan a delinquir, sea autónomamente, en pequeños grupos o en el crimen organizado.

Por ello, consideramos oportuno transformar a la Constitución para incluir un sistema de labor obligatorio en el internamiento, para colaborar en la plena readaptación de los reclusos y la adquisición de recursos para su vida familiar.

Argumentación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año de 2008, dio a conocer un documento formal, en el marco de los trabajos llevados a cabo por la Organización de Estados Americanos, el cual se denominó Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas .

En él ubicamos el principio XIV, en donde la Comisión Interamericana se pronuncia respecto al tema del trabajo en reclusión.

Principio XIV

Trabajo

Toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración adecuada y equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social de los condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio en los lugares de privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá carácter aflictivo.

Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos deberán aplicar a los niños y niñas privados de libertad todas las normas nacionales e internacionales de protección vigentes en materia de trabajo infantil, a fin de evitar, particularmente, la explotación laboral y garantizar el interés superior de la niñez.

Los Estados miembros promoverán en los lugares de privación de libertad, de manera progresiva y según la máxima disponibilidad de sus recursos, la orientación vocacional y el desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional; y garantizarán el establecimiento de talleres laborales permanentes, suficientes y adecuados, para lo cual fomentarán la participación y cooperación de la sociedad y de la empresa privada.

En este orden de ideas se considera conveniente, de acuerdo a la Comisión Interamericana, la labor que puedan de-sarrollar las personas privadas de su libertad como consecuencia de la imposición de una pena otorgada por un juez.

Incluso, el beneficio del trabajo no sólo es sugerido para los ciudadanos sin libertad, sino también, para los menores infractores.

El sistema penitenciario mexicano necesita una reforma con urgencia. Las cárceles no han funcionado para readaptar, advirtiendo de este modo un regreso de los ex reclusos a la sociedad, transformados éstos en personas más peligrosas.

Para generar el cambio debe tenerse presente los aconteceres suscitados dentro de las cárceles diariamente, los cuales son lugares comunes como el ocio, corrupción, anarquía, violencia, insalubridad, venta de drogas y bebidas alcohólicas, prostitución entre otros.

La sobrepoblación penitenciaria es una de las principales causas de la crisis de la readaptación social. El aumento de la población penitenciaria genera hacinamiento este entorno no contribuye a corregir al infractor.

Asimismo, podemos afirmar que la sobrepoblación es un indicador de riesgo potencial de los centros de reclusión, pues desencadena una serie de eventos que comprometen la capacidad de atención, gestión, control y estabilidad en la prisión.

Además debemos reconocer que los reclusos no están sujetos a auténticos procesos de readaptación, pues el trabajo y la educación son optativos.

La falta de actividades laborales es una constante, debido a la falta de talleres o, en su caso, de herramientas y materiales necesarios para su debido funcionamiento. Aunado a lo anterior, son pocos los centros de reclusión en donde exista personal técnico cuya función sea capacitar a los internos.

Es deber del Estado asegurar la no reincidencia de los infractores. Empero, la mayoría de los centros de reclusión no están en condiciones de cumplir con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 Constitucional, ya que en los hechos el sistema penitenciario mexicano no ha funcionado plenamente.

Artículo 18...

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

El modelo de política criminal implementado demostró ser erróneo, pues se optó por la prisión y el endurecimiento de las penas, cuando debió ser al contrario; buscar las razones del aumento de la criminalidad y combatirlas y desde luego prevenirlas.

La educación y el trabajo constituyen la base fundamental del tratamiento penitenciario, y con ello el principal instrumento para la consecución de la reinserción social.

Por su relevancia, el trabajo penitenciario se configura históricamente como un derecho y un deber del interno, sin que pueda tener carácter aflictivo ni ser impuesto como sanción disciplinaria; y se valora positivamente, como un instrumento esencial, con la finalidad de preparar a los internos para su futura inserción laboral positiva.

En México, la asignación de los internos al trabajo debería realizarse tomando en cuenta sus deseos, vocación, aptitudes, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de los internos, así como las posibilidades del reclusorio; además, el trabajo en los mismos debiera organizarse previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria.

El sistema penitenciario mexicano no ha cumplido el fin para el cual fue creado porque aunado a las circunstancias descritas anteriormente se ha apartado del ideal del legislador quien desde 1917 proclamó el trabajo como medio de regeneración, en el artículo 18 constitucional.

La Constitución desde su promulgación, sufrió diversas reformas, pero en ninguna de ellas se redactó la obligatoriedad del trabajo en prisión.

En este orden de ideas no se debe de perder de vista el tema de la sobrepoblación, pues en muchas ocasiones, gracias a ésta no es posible dar la debida atención para reencausar a los reos quienes sólo contemplan el trabajo, en la mayoría de los casos, como un medio de reducir sus condenas.

De estas situaciones deriva la necesidad imperiosa de hacer reformas a nuestro sistema penitenciario, la solución no sólo es endurecer las penas y recluir a más individuos en las prisiones; la solución es combatir las causas básicas, no buscar remedios paliativos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente

Decreto

Único. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se adiciona un párrafo tercero, se reforma y recorre en el mismo orden el párrafo cuarto del artículo 18 del mismo texto normativo.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 5o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de la libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, por estar cumpliendo una pena privativa de libertad o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

...

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena concedida por la autoridad judicial competente a través de sentencia, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

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Artículo 18. ..

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La Federación, los Estados y el Distrito Federal celebrarán los convenios necesarios con el sector privado para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, realicen los trabajos a que están obligados durante la extinción de su pena. Asimismo, dichas autoridades convendrán con el sector privado a fin de que éste participe en la construcción de centros de reclusión, así como la vinculación de los reclusos con la empresa en cuestión para que puedan desarrollar el trabajo impuesto en sentencia. En ambos casos se deberá prever la inclusión de beneficios económicos y fiscales para la iniciativa privada.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal celebrarán convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

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Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido de las disposiciones contenidas en el presente decreto.

Tercero. El Poder Legislativo Federal expedirá las adecuaciones necesarias al orden legal mexicano, en un plazo no mayor de 180 días a la publicación de este decreto, para lograr el pleno cumplimiento de esta reforma.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de septiembre del año 2012.— Diputado Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene la palabra el diputado José Soto Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, la iniciativa de ley que reforma los artículos 17, 82, 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que propone proteger el cultivo de especies endémicas a favor de la diversidad biológica de nuestro país, y que hoy someto a su consideración, fue presentada la legislatura anterior por la diputada Guadalupe García Almanza, del Movimiento Ciudadano, del estado de Oaxaca.

Por considerar que la iniciativa aborda un tema relevante, como la constituye la acuacultura de nuestro país, y convencido de las virtudes que contiene, es que —luego de hacerle las modificaciones correspondientes, a fin de actualizarla— se presenta ante esta soberanía.

México es un país rico en recursos pesqueros y con un gran potencial para el desarrollo de la acuacultura. Adicionalmente, cuenta con una diversidad de especies nativas sustentables de ser cultivadas, como el camarón blanco del Pacífico, la ostra americana, abulón, almejas y muchas especies más.

De acuerdo con la Sagarpa, el consumo per cápita directo de pescados y mariscos ascendió en el 2009 a 13.06 kilogramos. De mantenerse esta tendencia y estimando una población de 121 millones de personas para el 2030, en México la oferta de productos del mar será insuficiente, a menos que la acuacultura constituya la manera más importante para producir estos alimentos.

En el periodo transcurrido entre 1970 y 2004, alcanzó un volumen de 54.4 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento anual de 8.8.

En nuestro país es de suma importancia impulsar el crecimiento de la acuacultura, en términos de seguridad alimentaria; la prospectiva hacia 2020, es que la acuacultura recobre mayor importancia y dinamismo sobre la captura de peces. Es por ello que en la presente iniciativa se propone darle el impulso necesario a dicha actividad en nuestro país.

Las autoridades mexicanas coinciden con la FAO en que cualquier incremento sustancial de producción de alimentos de origen acuático en México, como ocurre en el resto del mundo, tendrá que obtenerse de la acuacultura marina y continental, en la producción de pescado.

Esta iniciativa ya fue aprobada por la Comisión de Pesca y debido a que coincidió con el fin del periodo del término final, no fue turnada a este pleno y les pido que la pasen a comisiones en los términos que está presentada, para que sea aprobada por este pleno. Muchísimas gracias. Es todo, señor presidente, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Problemática

La acuacultura o cría de peces es uno de los sistemas de producción de alimentos que ha experimentado un rápido crecimiento en todo el mundo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción acuícola mundial generó en 1990 sólo 27 mil millones de dólares, mientras que en 2006 la cifra llegó a 86 mil millones de dólares.

En cuanto a niveles de producción, ésta alcanzó en el periodo transcurrido entre 1970 y 2004 un volumen de 54.4 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento anual de 8.8 por ciento.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de nuestro país, ha señalado que la acuacultura constituye a nivel mundial la segunda actividad económica con mayor crecimiento, sólo por debajo del sector de las tecnologías de la información.

Consideramos que en nuestro país es de suma importancia impulsar el crecimiento de la acuacultura, en términos de seguridad alimentaria, por la sobreexplotación que sufren los bancos marinos del planeta. La FAO calcula que a partir del 2015 la extracción empezará a estancarse como resultado de este fenómeno, a la par que la demanda de productos del mar seguirá creciendo. En la actualidad, “mil millones de personas dependen de peces y mariscos como su principal fuente de proteínas”.

Participación creciente de la acuacultura en el consumo del pescado

Proporción del pescado proveniente de captura y acuacultura con respecto al pescado total para consumo humano por décadas.

Como puede observarse en la gráfica anterior, la prospectiva hacia 2020 es que la acuacultura recobre mayor importancia y dinamismo sobre la captura de pescado. Es por ello que en la presente iniciativa se propone darle el impulso necesario a dicha actividad en nuestro país.

Sin embargo, para fortalecer y consolidar la acuacultura, se requiere de promover la diversificación y tecnificación de la misma, es decir, avanzar hacia el desarrollo sostenible de nuevos cultivos y pesquerías cuya producción esté basada en recursos hasta ahora subexplotados.

El grupo de trabajo que tomó parte en el estudio Orientaciones Estratégicas para el Desarrollo Sustentable de la Acuacultura en México, publicado por Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC, y la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, identificó tres grupos de cultivos acuícolas:

1. En el primero se encuentran el camarón, el ostión y la piscicultura de agua dulce que, “por su volumen y valor, soportan la producción actual, abastecen de alimentos de alta calidad al mercado, generan empleos y aportan divisas”;

2. El segundo grupo está integrado por especies que actualmente se producen a pequeña escala, pero que cuentan con el potencial suficiente para generar nuevos negocios y empleos, a condición de que exista una planeación adecuada en las áreas de infraestructura, inversión, comercialización y evaluación de capacidades ambientales; y

3. En el tercer grupo se hayan un conjunto de especies, especialmente marinas, “que tienen alto valor en el mercado, donde la producción pesquera ofrece un abasto insuficiente y las cuales ofrecen la oportunidad vía el desarrollo tecnológico de generar una expansión de la acuacultura marina”.

En el cuadro siguiente es posible apreciar, las especies que se producen en las distintas regiones acuícolas del país, así como los cultivos con potencial de desarrollo.

Entre los años 1981 y 2006, la actividad pesquera nacional se estabilizó en un orden promedio de 1.2 millones de toneladas en peso vivo, con un máximo histórico, en 1997, de 1 millón 570 mil 586 toneladas. A partir de 2007 inició un repunte que permitió al país alcanzar una producción de 1 millón 768 mil 68 toneladas en 2009.

A pesar de este ligero aumento, las autoridades mexicanas coinciden con la FAO en que cualquier incremento sustancial de producción de alimentos de origen acuático en México, como ocurre en el resto del mundo, tendrá que obtenerse de la acuacultura marina y continental.

En 2003, el 13.28 por ciento de la producción pesquera mexicana correspondió a acuacultura, es decir 207 mil 776 toneladas se obtuvieron por esta vía, frente a los 1.3 millones de toneladas producto de la captura.

Ahora bien, frente a la producción pesquera total nacional de 2009, equivalente a 1.4 millones de toneladas, la acuícola ascendió a 285 mil 19 toneladas y representó 16 por ciento del total, con lo que se ha mantenido por debajo del crecimiento mundial anual promedio de 8.8 por ciento. De acuerdo con la Carta Nacional Acuícola, publicada el 31 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, en materia de acuacultura México presenta una tasa media de crecimiento de 4.5 por ciento.

Producción nacional pesquera y acuícola (1990-2009)9

“En nuestro país importamos cantidades importantes de salmónidos, tilapia y bagre. La acuacultura nacional está hoy enfocada a monocultivos intensivos para exportación y su participación en el mercado interno es poco significativa, excepto en comunidades rurales que practican las llamadas pesquerías acuaculturales”.

Para que la acuacultura pueda consolidarse como una alternativa real para atender la creciente demanda de alimentos, estimular la actividad económica así como el desarrollo regional y favorecer la mitigación de la pobreza, se precisa de políticas públicas que apoyen su desarrollo.

Ello sólo podrá lograrse si se impulsan mecanismos de financiamiento, acceso a tecnología de punta y asistencia técnica para responder a las exigencias de inocuidad, sanidad y sustentabilidad de los productos. A la vez se requiere de cadenas de comercialización que vinculen a los pequeños productores con el mercado, en tanto se procura que su acceso a tierra, agua, semillas y alimentos no se vea afectado por los grandes desarrollos acuícolas. Finalmente, un reto que enfrentarán tanto los pequeños como los grandes productores, y para el cual la capacitación resulta esencial, es el cambio climático.

Por lo anterior, a través de esta iniciativa de ley proponemos apoyos para orientar la acuacultura hacia la producción sustentable, pues la producción acuícola nacional en términos generales no cumple con esta condición, a la vez que se ha dado un desplazamiento de las especies nativas a favor de las importadas, con la consecuente pérdida de diversidad biológica e introducción de parásitos que representan riesgos sanitarios para las especies endémicas.

Como ejemplo, referimos el río Tunal en Durango, “donde a raíz de la introducción de especies no nativas como Cyprinus carpio, Carassius auratus, Lepomis macrochirus y Micropterus salmoides, se perdieron 7 especies nativas en tan sólo 15 años”.

La recuperación y desarrollo de especies nativas es fundamental para crear una industria propia, sustentable, que responda a las preferencias regionales de mercados ya existentes, pero ello sólo podrá lograrse con tecnologías de cultivo específicas.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

México es un país rico en recursos pesqueros y con gran potencial para el desarrollo de la acuacultura, pues al lado de sus más de 11 mil kilómetros de costas posee 12 mil 500 kilómetros cuadrados de lagunas y 6 mil 500 kilómetros cuadrados de aguas interiores. Adicionalmente, cuenta con una diversidad de especies nativas susceptibles de ser cultivadas, como camarón blanco del Pacífico, ostra Americana, abulón, almejas y langostinos.

De acuerdo con la Sagarpa, el consumo per capita directo de pescados y mariscos ascendió en 2009 a 13.06 kilogramos. De mantenerse esta tendencia y dadas las proyecciones de crecimiento de la población, las cuales establecen que en el 2030 habitaremos en México 121 millones de personas, la oferta de productos del mar será insuficiente, a menos que se mantenga un crecimiento sostenido de la producción, el cual, como lo señalamos líneas arriba tendrá que venir de la acuacultura.

Sin embargo, la propia Sagarpa ha reconocido que entre las debilidades que limitan el desarrollo del sector acuícola están el marco legal y normativo, la carencia de organización en las unidades de producción, la poca inversión privada y gubernamental, la carencia de tecnología para la obtención de semillas y engorda de especies acuáticas, la falta de coordinación institucional y la baja prioridad que se otorga a la actividad en el uso del agua.

Adicionalmente, la acuacultura enfrenta el reto de dejar atrás el esquema de monocultivo de especies de mayor valor económico, fenómeno que se presenta a partir de 1992, cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Acuacultura. Actualmente el camarón es el mayor cultivo del país, lo que en términos de impacto al ambiente ha significado la contaminación de las lagunas costeras y tala de mangle para la construcción de granjas.

La historia de la evolución de la acuacultura en nuestro país da cuenta de que el desarrollo comercial de ésta se inició a principios de los años setenta con la producción de tilapia, carpa y trucha arcoíris. En la década siguiente se avanzó en el cultivo de camarón. En los noventa iniciaba la consolidación del sector y actualmente, “la industria acuícola ha superado la capacidad productiva de industrias de producción primaria, como la agricultura y la ganadería”.

De acuerdo con la Carta Nacional Acuícola, las especies que se explotan con fines comerciales, ya sea para la exportación y/o para satisfacer las demandas del mercado interno son: el atún aleta azul, el bagre, el camarón blanco del Pacífico, la carpa, la langosta de agua dulce, el langostino malayo, los peces de ornato de agua dulce, la rana toro, la tilapia y la trucha arcoíris. De éstas, la única nativa es el atún aleta azul, todas las demás fueron introducidas al país, por lo que se les considera invasivas.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad ha establecido como una de las mayores amenazas para la biodiversidad, la introducción, intencional o accidental, de especies exóticas (no nativas) que desarrollan un comportamiento invasivo, pues desplazan a especies nativas y causan graves daños a los ecosistemas.

De acuerdo con la FAO, a las prácticas responsables y sostenibles de acuacultura le son inherentes términos como conservación de especies, aprovechamiento racional de los recursos, preservación de la biodiversidad y protección del ambiente.

El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, en su artículo 9, refiere la imperiosa necesidad de que los Estados, como parte de un conjunto de buenas prácticas, establezcan procedimientos efectivos para realizar una evaluación y un seguimiento apropiados del medio ambiente, con el fin de reducir al mínimo los cambios ecológicos perjudiciales y las correspondientes consecuencias económicas y sociales derivadas de la extracción de agua, la utilización de la tierra, la evacuación de efluentes, el empleo de medicamentos y sustancias químicas y otras actividades acuícolas.

Por su parte, nuestra Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, de julio de 2007, establece en su artículo 17 que entre los principios que se deberán observar para la formulación y conducción de la Política Nacional de Pesca y Acuacultura se encuentra “el ordenamiento de la acuacultura a través de programas que incluyan la definición de sitios para su realización, su tecnificación, diversificación, buscando nuevas tecnologías que reduzcan los impactos ambientales y que permitan ampliar el número de especies nativas que se cultiven”.

En vista de la importancia que reviste la protección de nuestra biodiversidad como base para el desarrollo acuícola, la presente Iniciativa propone modificaciones a los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de proteger a las especies endémicas y con ello la diversidad acuícola de nuestro país.

Fundamento legal

Por lo expuesto y fundado, el suscrito diputado federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de proteger el cultivo de especies endémicas

Texto normativo propuesto

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Primero. Se reforma el artículo 17 para quedar como sigue:

Articulo 17. Para la formulación y conducción de la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, en la aplicación de los programas y los instrumentos que se deriven de ésta ley, se deberán observar los siguientes principios:

I. a IV. ...;

VII. El ordenamiento de la acuacultura a través de programas que incluyan la definición de sitios para su realización, su tecnificación, diversificación, buscando nuevas tecnologías que reduzcan los impactos ambientales y que permitan ampliar el número de especies nativas que se cultiven, dando prioridad en todo momento al cultivo de especies endémicas sobre las importadas;

VIII. a X. ...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 82 para quedar como sigue:

Artículo 82. Para regular e inducir las actividades de acuacultura llevadas a cabo en las distintas regiones del país, y con el propósito de garantizar la productividad, la funcionalidad y la protección del medio natural, las entidades federativas deberán establecer planes de desarrollo regional en la materia, que fungirán como instrumentos de planeación, conforme a las disposiciones de la presente ley.

Dichos planes deberán contemplar como eje rector la orientación de la acuacultura bajo un esquema de producción sustentable, cuidando la conservación y cultivo de especies endémicas. En los planes se establecerán metas cuantificables en periodos de tres a seis años, que permitan observar el crecimiento en la producción de especies nativas y su impacto en los mercados regionales.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 84 para quedar como sigue:

Artículo 84. La Carta Nacional Acuícola deberá contener, al menos, la siguiente información:

I. El inventario de las especies acuícolas susceptibles de reproducción y cultivo;

II. Caracterización de las zonas por su vocación y potencial de cultivo;

III. Análisis de capacidad instalada por región;

IV. Las especificaciones respecto al dominio de la tecnología para la reproducción y cultivo de las especies acuícolas;

V. Los planes de ordenamiento acuícola, los cuales irán acompañados de especificaciones sobre los sistemas de información geográfica y programas de monitoreo ambiental empleados en su elaboración. Los programas de monitoreo ambiental deberán arrojar información, de ser el caso, del impacto sobre los ecosistemas de la pesca selectiva, de la introducción de fauna exótica y de la mono explotación;

VI. Las normas aplicables a aspectos de conservación, protección y/o aprovechamiento de los recursos acuícolas, incluyendo las relativas a la sanidad, calidad e inocuidad de los productos acuícolas;

VII. Estadísticas de producción, y

VIII. La información que se determine en el Reglamento de la presente ley.

Artículo transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Hishamunda, N.; Poulain, F.; Ridler, N. Prospective analysis of aquaculture development: the Delphi method. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. Número 521. Rome, FAO. 2009. Página 93.

2 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Diagnóstico y Planificación Regional de la Pesca y Acuacultura en México. Resumen Ejecutivo. México, 2008, página 5.

3 “Sector acuícola crece en México” en Panorama acuícola Magazine,23 de mayo de 2011. Disponible en: http://www.panoramaacuicola. com/noticias/2011/05/23/sector_acuicola_crece_en_mexico.html.

4 Casas, Rosalba y Dettmer, Jorge. “El sector acuícola en el noroeste de México: importancia del conocimiento y de la innovación” en Revista Electrónica Ide@s Concyteg, Año 2, Número 19, 2 de mayo de 2007, página 11. Disponible en línea.

5 Magallón Barajas, F.J., Villarreal-Colmenares, H., Arcos-Ortega, F., Avilés-Quevedo, S., Civera-Cerecedo, R., Cruz-Hernández, P., González-Becerril, A., Gracia-López, V., Hernández-Llamas, A., Hernández-López, J., Ibarra-Humphries, A. M., Lechuga-Deveze, C., Mazón-Suáztegui, J. M., Muhlia-Melo, A. F., Náranjo-Páramo, J., Pérez-Enríquez, R., Parchar-Carnejo, Portillo-Clarck, G. y Pérez-Urbiola, J. C. 2007. Orientaciones Estratégicas para el Desarrollo Sustentable de la Acuacultura en México. Publicaciones especiales del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC, Cámara de Diputados. LX Legislatura. páginas 4-5.

6 Ídem., página 6.

7 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Sagarpa. Anuario 2009. Preliminar. Última modificación: 14 de diciembre de 2010.

8 Sagarpa. Proyecto Evaluación Alianza para el Campo 2005. Análisis Prospectivo de Política para la Acuacultura y la Pesca, México. 15 de noviembre de 2006, página 16.

9 Sagarpa/Conapesca. Importancia de la acuacultura en el sector económico y alimentario. 2010, página 9.

10 Inapesca. Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en Pesca y Acuacultura. Documento de Trabajo.Octubre, 2009. P. 4. Disponible en la dirección electrónica: www.inapesca.gob.mx/ RNIIPA/PNICTPA.pdf.

11 Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero. La acuicultura y sus desafíos (2009), páginas 8-9.

12 FAO. Departamento de Pesca y Acuacultura. México. Visión general del sector acuícola nacional. Disponible en Internet: http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_mexico/es

13 Sagarpa/Conapesca. Importancia de la acuacultura en el sector económico y alimentario. 2010, página 8.

14 Ídem., página 14.

15 Acuerdo por el que se da a conocer la Carta Nacional Acuícola. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de enero de 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de septiembre de 2012.— Diputado José Soto Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Pesca.

ARTICULOS 6O., 73, 110, 111, 116 Y 122 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se recibe de la diputada Lilia Aguilar Gil, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 73, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en material de acceso a la información y protección de los datos personales.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto de reforma de los artículos 6o., 73, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en material de acceso a la información y protección de los datos personales.

Con base en lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos en el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa se presenta en los siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y argumentos que la sustentan

El derecho a la transparencia y la rendición de cuentas es uno de los conocidos como de tercera generación. Entendido esto, una visión de transparencia real, debe garantizarles a los ciudadanos la rendición de cuentas y el acceso a la información pública –de las instancias públicas-; para utilizar estos derechos como instrumentos jurídicos para combatir la corrupción.

El gobierno debe ser transparente al proporcionar información a los ciudadanos sobre lo que está haciendo, dotándolo de información rápida en formas que el público pueda fácilmente encontrar y utilizar, mediante el aprovechamiento de nuevas tecnologías para mostrar información acerca de sus operaciones y decisiones en línea y disponibles para el público, a la vez de que el gobierno debe solicitar retroalimentación pública para identificar la información de mayor utilidad para el público.

De igual forma, debe ser participativo, ya que el compromiso público aumenta la eficacia del gobierno y mejora la calidad de sus decisiones.

Finalmente, debe ser de colaboración, en la que se involucre activamente a los ciudadanos en la labor de su gobierno, se deben utilizar herramientas innovadoras, métodos y sistemas para colaborar entre sí, en todos los niveles de gobierno, y con las organizaciones sin fines de lucro, empresas y particulares en el sector privado. Se debe solicitar la opinión pública para evaluar y mejorar su nivel de colaboración y para identificar nuevas oportunidades de cooperación.

Lograr lo anterior implica impulsar activamente la transparencia y que exija información a actores que realicen funciones públicas o reciban financiamiento público, expandir la calidad y cantidad de datos disponibles a la ciudadanía, la implementación de herramientas tecnológicas que faciliten la búsqueda de la información, para que la ciudadanía procese la información, participe en la formulación de políticas públicas y se aproveche de la misma.

El tema de la transparencia es mucho más vasto; el simple acceso a la información no es suficiente. De nada vale un órgano que sólo gestione solicitudes de información y deje al libre albedrío de los órganos gubernamentales su presentación. Necesitamos fortalecer el sistema de fiscalización nacional y de sanciones a actos de corrupción a funcionarios públicos. La propuesta es homologar criterios en materia de transparencia y sistema de auditoría y fiscalización. Esto obliga a la homologación contable de los estados y municipios que ya está en proceso.

Necesitamos un órgano de acceso a la información verdaderamente autónomo y funcional, que ayude a trascender a un esquema político diferente; y a un a un estado democrático real. Para ello es necesario volver fiscalizables y transparentes todos los recursos entregados por el estado a personas físicas y/o morales.

Según Latino Barómetro, la mayoría de la población prefiere un régimen autoritario que atienda sus necesidades sociales, que atienda a la sociedad en sus requerimientos básicos. Ésta sigue siendo la tentación de los autoritarios, sin embargo modificar el sistema de transparencia actual, podrá disminuir la corrupción que nos lacera, nos golpea a todos y de que nos faltan las reformas básicas en esta materia. Estos derechos y obligaciones son en materia de teoría política un valiosísimo examen de la democracia. Es preocupante que los principales instrumentos de democracia que han sido objetivos en América Latina no lleguen a México.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone un organismo dotado de autonomía constitucional, sin subordinación alguna y que no se guíe por intereses partidistas o situaciones coyunturales, sino con estricto apego a la legalidad y principio de constitucionalidad.

La autonomía del organismo de transparencia que se propone implica:

a) Reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental a efecto de poder hacer frente a las nuevas tendencias informativas que se promueven en el tema de gobierno abierto u open government. Este concepto se sustenta en tres pilares básicos: la transparencia, la colaboración y la participación, definiciones que se encuentran en el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto que el presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, promulgó y en el cual ha invitado a participar a México junto con otros países.

b) Sistematizar información: es necesario que la administración pública ponga a disposición de la ciudadanía toda la información que le sea posible y no esperar a que se la soliciten. Debe sistematizar su información, generar bases de datos actualizados, redactados en términos claros y sencillos, es decir, en leguaje ciudadano y con información que resuelva sus necesidades. De igual forma los planes y programas deben estar a la disposición de los ciudadanos para su escrutinio.

c) Rendición de cuentas: establecer mecanismos de rendición de cuentas más efectivos como señalar las razones y procesos en la implementación de políticas públicas, avances, los flujos de dinero que financian su implementación y los posibles beneficiarios. Sin esta información los ciudadanos no podrán realizar un análisis y su evaluación sobre las actividades gubernamentales.

d) Sujetos obligados: incrementar los sujetos obligados para incluir a los fideicomisos públicos, las personas físicas y morales de derecho privado constituidas conforme a la ley correspondiente, que reciban o administren recursos públicos y a los sindicatos.

De igual forma se deben ampliar las obligaciones de transparencia que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, así en materia presupuestal señalar no únicamente el presupuesto asignado, sino incluir el asignado por programas, señalando los destinatarios, usos, montos, asignación, mecanismos de evaluación, los fines perseguidos y en su caso los beneficiarios. De igual forma difundir el estado que muestre la situación patrimonial, incluyendo la relación de los bienes inmuebles y de los vehículos adscritos a los mismos. Los montos destinados a gastos de comunicación social, nombre de la campaña o programa de difusión, el periodo de difusión de la información y los medios contratados.

Incluir adicionalmente a la publicación de los montos y a quienes se les entregue por cualquier motivo los recursos públicos, los criterios, convocatorias, fines perseguidos y en su caso los beneficiarios.

La versión pública de los contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza adscrito, así como la relación del personal sindicalizado, los montos que por concepto de cuotas sindicales, prestaciones económicas o en especie que se hayan entregado a los sindicatos, los nombres de quienes los reciben y los de los responsables de ejercerlos.

Se tendrán que volver fiscalizables y transparentes todos los recursos entregados por el estado a terceros, en particular a partidos políticos, organismos autónomos y los otros poderes de la unión.

Toda la información que generen las dependencias y entidades deberá estar procesada de una manera ordenada y estar en bases de datos.

Todo lo anterior permitirá acceder a la información pública de manera sencilla y clara, permitiendo de esta manera que los ciudadanos puedan realizar un control de la acción de gobierno, así como crear valor económico a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la administración.

e) Difusión: reforma en materia de transparencia relativa al Poder Legislativo, en especial en la Cámara de Diputados, al quehacer de los diputados, existe un clamor ciudadano que exige una mayor rendición de cuentas, ya que se dice que los legisladores una vez que son electos se desvinculan de la ciudadanía, quienes en la mayoría de las ocasiones no conoce su trabajo legislativo, en este sentido es imperante reformar el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados. En principio se propone incorporar el documento electrónico y dejar la vieja discusión si es o no un documento legal aunado que es la principal fuente para las bases de datos que promueve el concepto de gobierno abierto.

II. Fundamento legal de la iniciativa

La iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que a la suscrita, en su calidad de diputada a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Denominación del proyecto de ley o decreto

El proyecto decreto se denomina: Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 6o., 73, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

IV. Ordenamiento por modificar

Artículo 6o., reforman los párrafos primero y segundo.

Artículo 73, reforma fracción XXX y adicionan fracciones XXIX-R y XXXI.

Artículo 110, reforma primer párrafo.

Artículo 111, reforma primer párrafo.

Artículo 116, adiciona fracción VIII.

Artículo 122, reforma fracción p) y se recorre la fracción p).

V. Texto normativo propuesto

Artículo Primero.Se reforma el párrafo segundo del artículo 6o., la fracción V de dicho artículo; se reforma el artículo 110 en su primer párrafo, se reforma el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 6o. ...

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, los Poderes de la Unión, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. a IV ...

V.Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos, señalando programas, los destinatarios, usos, montos, asignación, mecanismos de evaluación, los fines perseguidos y en su caso los beneficiarios. Así como los indicadores que permitan dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos y la rendición de cuentas.

VI. a VII. ...

Artículo 110.Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo establecido en el artículo 6o. constitucional apartado B, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

...

Artículo 111.Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo establecido en el artículo 6o. constitucional apartado B, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Artículo Segundo. Se adiciona el apartado A del artículo 6o., respetando el texto vigente del artículo, con excepción de las reformas ya señaladas; se adiciona un apartado B, se adiciona una fracción XXIX-R, se adiciona una Fracción XXX para pasar la actual fracción XXX a ser fracción XXXI, del artículo 73; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se adiciona un inciso p), pasando el actual inciso p) a ser inciso q) del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 6°. A. ...

...

I. a VII. ...

B. Para garantizar y hacer efectivo el adecuado y pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección?n de datos personales, el estado contará con un organismo público autónomo, especializado e imparcial, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía operativa, de gestión y de decisión. Así como, tendrá? en el a?mbito de su competencia, facultades para sancionar a los sujetos obligados conforme a la normatividad aplicable.

El organismo estará integrado por cinco comisionados propietarios y cinco suplentes que cubrirán las ausencias de aquellos en los términos previstos en la ley.

Los comisionados gozara?n de las debidas garantías para ejercer su encargo con plena libertad e independencia.

Los comisionados propietarios y suplentes durarán en su encargo siete años y no podrán ser reelectos, en los te?rminos de la ley. Durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia; y serán designados de conformidad con las siguientes bases:

I. La Cámara de Diputados, previa convocatoria pública en términos de la ley correspondiente, remitirá al pleno de la Cámara una lista de aspirantes a comisionados propietarios y suplentes.

II. Las Cámaras del Congreso de la Unión, por mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes y conforme al procedimiento de ley, elegirá? a las personas que desempeñarán el cargo de comisionado propietario y suplente.

III. En caso de que no se aprueben los aspirantes propuestos, el pleno de la Cámara revisora lo hará del conocimiento del órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, a efecto de que remita una nueva lista de aspirantes.

IV. Las Cámaras del Congreso de la Unión tendrán un plazo de veinte días naturales para resolver, vencido el cual, sin que se haya emitido resolución alguna, se entenderán como electos los aspirantes propuestos en los primeros lugares en el listado respectivo y conforme al orden de prelación, y se expedirán los nombramientos correspondientes, en un plazo de tres días naturales.

V. Una vez realizado lo anterior, el presidente de la Cámara de Diputados ordenara? la publicación del resultado en el Diario Oficial de la Federación y en los diarios de mayor circulación nacional.

Los comisionados designarán al comisionado presidente, mediante voto secreto; quien estará obligado a rendir un informe anual ante el Congreso de la Unión, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

Los sujetos obligados ante el organismo son:

I. El Poder Ejecutivo federal, la administración pública federal y la Procuraduría General de la República;

II. El Poder Legislativo federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos;

III. El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;

IV. Los órganos constitucionales autónomos;

V. Los tribunales administrativos federales;

VI. Los partidos políticos;

VII. Los sindicatos;

VIII. Los fideicomisos que reciban recursos públicos;

IX. Las personas físicas y morales que reciban recursos públicos o ejerzan una función pública, y

X. Cualquier otro órgano federal.

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-Q. ...

XXIX-R. Para expedir leyes en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

XXX. Designar los comisionados que establece el artículo 6o. constitucional apartado B, de entre los aspirantes que someta a su consideración la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario.

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

...

I. a VII. ...

VIII. Las constituciones de los estados establecerán organismos públicos autónomos, especializados e imparciales, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía operativa, de gestión y de decisión. Tendrán en el a?mbito de su competencia, facultades para sancionar a los sujetos obligados conforme a la normatividad aplicable en cada entidad federativa.

Dichos organismos estarán coordinados con el establecido en el artículo 6o. constitucional apartado B, para garantizar el acceso a la información y protección de datos personales entre la federación, los estados y los municipios.

Artículo 122....

A. ...

B. ...

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

Base Primera. Respecto a la Asamblea Legislativa

I. a V. ...

a) a o) ...

p) Legislar en materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en el ámbito de competencia del Distrito Federal.

En el Distrito Federal habrá un organismo público autónomo, especializado e imparcial, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía operativa, de gestión y de decisión. Así como tendrá? en el a?mbito de su competencia, facultades para sancionar a los sujetos obligados conforme a la normatividad aplicable en el Distrito Federal; y

q)Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

VI. Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor ocurridos 60 días naturales a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que sea reglamentaria del artículo 6o. constitucional, que establezca las bases y procedimientos necesarios para garantizar el pleno acceso a la información y la protección a los datos personales, así como la coordinación con los organismos de las entidades federativas y el procedimiento de designación de los comisionados.

Tercero. Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta que se dé el procedimiento de sustitución previsto en este decreto.

Treinta días naturales antes de que termine el periodo por el cual fueron nombrados los comisionados actuales, el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados enviará al pleno del Congreso de la Unión la lista de los aspirantes a comisionados.

Cuarto. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, tendrán 180 días naturales, contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar la normatividad correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.— Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Turnamos la anterior a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Le damos la palabra a María Sanjuana Cerda, que presentará proyecto de decreto que reforma el artículo 381 Bis del Código Penal Federal, y este proyecto está suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con su autorización, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que la educación es el medio más eficaz que conduce a construir un desarrollo sostenible en todos los aspectos de la sociedad y contribuye al crecimiento económico nacional; es por medio de la educación que la sociedad adquiere el conocimiento necesario para su desarrollo personal y profesional.

Es nuestro deber implementar políticas públicas eficientes, que cuiden de la tranquilidad y bienestar de todos por igual; en ese sentido, aplicar políticas educativas adecuadas es compromiso fundamental del grupo parlamentario, y la educación como medio que conduce a forjar un mejor destino para los seres humanos.

Para nuestro país, un elemento esencial que debemos atender y cuidar de manera importante son nuestras aulas, espacios educativos; en ellas se desarrolla la actividad prioritaria para el desarrollo y crecimiento profesional y humano de todas y todos los mexicanos; es en los centros educativos donde los millones de ciudadanos adquieren el conocimiento para allegarse de herramientas sólidas, que les permitirán en el futuro desenvolverse dentro de una actividad laboral productiva.

Es ahí en los espacios educativos donde nuestras niñas, niños y jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo; donde aprenden a convivir, a interactuar, a socializar; donde practican deportes que le ayuden al sano crecimiento físico y mental; donde adquieren los conocimientos necesarios para desarrollar una actividad productiva y muchos otros aspectos que hacen indispensable conservar en buen estado los inmuebles educativos.

Recientemente, nuestro país ha experimentado un considerable incremento en los índices delictivos; se ha registrado un preocupante aumento en los índices de robo en todas sus modalidades y con diversos agravantes, al grado que, junto con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, son los delitos que con mayor frecuencia se cometen.

El robo constituye un delito que causa un daño profundo en las personas, porque afecta de manera directa, y en ocasiones irreparable, el patrimonio que una persona ha podido construir con toda una vida de esfuerzo y trabajo honesto.

En este sentido, la delincuencia no se detiene solo al robo tradicional, donde las víctimas suelen ser las personas y sus bienes, en la actualidad también alcanzan sectores importantes, entre ellos, el robo a escuelas y centros educativos.

Las escuelas actualmente han sido blanco fácil para que la delincuencia alcance su objetivo de apropiarse de bienes vitales para el sostenimiento de los espacios; estos centros educativos se ven despojados de materiales indispensables para su correcto funcionamiento: mesas de trabajo, bancas, pupitres, escritorios, sillas, equipos de cómputo, pantallas, etcétera.

En este sentido, tenemos que cuestionarnos, compañeras y compañeros diputados, ¿qué medidas podemos implementar para que éste terrible mal del robo a escuelas no siga creciendo y perjudicando a toda la sociedad? ¿Hasta dónde puede llegar, si no realizamos acciones inmediatas para frenar este delito?

Tenemos que acabar con este mal que aqueja a las escuelas y por tanto a la sociedad; el daño que se ocasiona a la comunidad escolar es de dimensiones invaluables, porque en este tipo de robo no se debe considerar solo el daño material, sino el valor de uso o estimativo.

Para nosotros, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, resulta de suma urgencia atender el grave problema del robo en las aulas educativas, puesto que el afectar un centro de educación es afectar a toda la sociedad.

Es por ello que presentamos a ustedes esta iniciativa que busca reformar el artículo 381 Bis del Código Penal Federal, para que el delito de robo, en su modalidad a escuelas e inmuebles educativos, sea castigado con las mismas penas que se aplican para el robo en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación; es decir, proponemos adicionar en el párrafo correspondiente que se aplicarán las sanciones mencionadas al que robe en escuelas o inmuebles destinados a actividades educativas.

Esta reforma será una medida eficaz contra el robo a escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas, para que disminuya de manera considerable esta terrible práctica en detrimento del patrimonio de las escuelas, actividad que nos afecta a todos, especialmente a niños y jóvenes, y la educación; por tanto, tendrá que ser tema prioritario y vamos a ejercer —como en este caso— las medidas necesarias para defenderla y fortalecerla.

Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 381 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

En los últimos años, México ha registrado un preocupante aumento de los índices de robo en todas sus modalidades y con las diversas agravantes, al grado que es con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión de los delitos que con mayor frecuencia se cometen.

El robo constituye particularmente un delito que causa un daño profundo en las personas, pues afecta de manera directa, y muchas veces irreparable, el patrimonio que han podido construir con toda una vida de esfuerzo y trabajo honesto. Cuando el robo se perpetra con violencia, como lamentablemente es cada vez más frecuente, las personas corren el riesgo de perder lo más valioso que tienen, la vida.

Argumentación

El delito de robo tiene varias modalidades de ejecución previstas en el Código Penal Federal: robo simple, a transeúnte, a casa habitación o en lugares cerrados, por citar algunos supuestos. En la espiral de robo que vivimos, con violencia o sin ella, los delincuentes han dado muestras de que no se detienen ante consideraciones de tipo social, cultural o religioso.

Las escuelas no han sido la excepción en la proliferación de la delincuencia dedicada al robo. Los delincuentes han encontrado en las escuelas un lugar para cometer despojos y, algo que incrementa las señales de alarma, también para extender las redes y el mercado del narcomenudeo.

Esto genera un clima propicio para que el patrimonio de los centros escolares, de por sí precario en la mayoría de éstos, se ponga en la mira de los delincuentes, de tal forma que el equipo o material didáctico que forman parte del patrimonio de las escuelas son cada vez más un botín de robo.

No todos los planteles tienen la posibilidad de contar con personal de vigilancia, como veladores, para que al menos alerte a las autoridades sobre algún intento de robo, por lo cual las autoridades competentes, de los tres órdenes de gobierno, deben prestar todo el apoyo para evitar que se sigan cometiendo esos actos delictivos.

Las escuelas son patrimonio de todos. En ellas, los niños, los adolescentes y los adultos buscan la superación a través del conocimiento, de conformidad con el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las escuelas son el espacio donde se realiza la que debería reconocerse como la más estratégica y fundamental función del Estado: la educación.

La educación tiene y debe tener un papel decisivo, indispensable, en la integración del proyecto de nación para el siglo XXI y en el logro del desarrollo sustentable, incluyente y democrático a que aspiramos los mexicanos. Por ello debemos generar las mejores condiciones para que la educación se realice de la forma más adecuada con calidad y equidad.

Es la educación el medio que conduce a forjar un mejor destino para los seres humanos. Por tanto, cuando las escuelas son despojadas de mesas de trabajo, pupitres, escritorios, sillas, balones, archiveros, equipos de cómputo o de sonido, o de cualquier accesorio, el daño que se ocasiona a la comunidad escolar es de dimensiones invaluables, pues en ese tipo de robo debe considerarse no sólo el daño material sino también el valor de uso o estimativo.

El daño así causado se agrava aún más, pues para recuperar lo perdido es necesario cumplir una suerte de requisitos que alargan el tiempo en que las autoridades educativas proveen de equipo nuevo a las escuelas que fueron víctimas del robo, cuando debería ser de manera pronta y oportuna.

Se debe considerar también que el patrimonio de las escuelas no solamente es proporcionado por el gobierno, en cualquiera de sus tres órdenes, ya que en la formación de dicho patrimonio, la aportación de los padres de familia y de la sociedad en general es fundamental e indispensable, y la modalidad de robo en comento también representa un fuerte golpe a la economía familiar.

Por esas razones es importante que el robo en escuelas prevea sanciones mayores respecto a otras modalidades de dicho delito. El artículo 381 Bis del Código Penal Federal establece sanciones adicionales al delito de robo cuando éste se comete en viviendas o edificios destinados a actividades comerciales; es decir, fija una agravante al robo así perpetrado.

En virtud de ello se propone que el robo en escuelas se considere entre las modalidades que merecen sanciones adicionales, como una forma de aplicar mayor castigo a quien cometa acciones delictivas que menoscaben el patrimonio de los centros escolares, así como una forma de reconocer la importancia de la educación en la vida nacional y contribuir a generar las mejores condiciones para su desarrollo.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza haremos todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar en la tarea de hacer crecer las escuelas, no sólo en infraestructura sino en conciencia, civilidad, educación y formación para nuestros hijos, pues es necesario e imprescindible fortalecer las condiciones en que se realiza el actuar educativo.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Lucila Garfias Gutiérrez, René Ricardo Fujiwara Montelongo, María Sanjuana Cerda Franco, Sonia Rincón Chanona, Dora María Talamante Lemas, Cristina Olvera Barrios, Fernando Bribiesca Sahagún, Luis Antonio González Roldán, Angelino Caamal Mena y Rubén Benjamín Félix Hays, integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o. numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 381 Bis del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 381 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 381 Bis. Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los artículos 370, 371 y 372 deben imponerse, se aplicarán de tres días a diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra sino también los movibles, sea cual fuere la materia de que estén construidos, así como en los lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales. Asimismo, se aplicarán las sanciones mencionadas al que robe en escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas. En los mismos términos se sancionará al que robe en campo abierto o paraje solitario una o más cabezas de ganado mayor. Cuando el robo se realice sobre una o más cabezas de ganado menor, además de lo dispuesto en los artículos 370, 371 y 372, se impondrán hasta las dos terceras partes de la pena comprendida en este artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.— Diputadas: Lucila Garfias Gutiérrez, María Sanjuana Cerda Franco (rúbricas).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Justicia, para su dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Martha Leticia Sosa Govea: Gracias, presidente. Honorable asamblea, el fenómeno del suicidio debe considerarse como un fenómeno biológico que puede desencadenar situaciones derivadas del medio ambiente.

El suicida potencial es una persona con sufrimiento intenso y dicho padecimiento es siempre grave para quien, por su desesperanza, las expectativas del futuro no le son alentadoras.

En este sentido, es importante destacar que el suicidio es una de las causas de muerte más frecuentes a nivel mundial en los últimos años, con especial incidencia entre la población infantil y adolescente.

Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, en los años 2001 y 2005, aproximadamente un millón de personas en el mundo se suicidan cada año y entre 10 y 20 millones lo intentan.

Aunado a lo anterior, la misma organización señaló que el suicidio se encuentra entre las tres primeras causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44 años y se estima que para 2020 alcanzará 1.5 millones de muertes por año.

Este fenómeno del suicidio en infantes y adolescentes representa graves afectaciones emocionales, derivadas, en muchos casos, por problemas familiares y sociales, con algunos síntomas que desencadenan el suicidio, como la baja estima, la timidez, el estado de ansiedad, estrés, estados depresivos, aislamiento, descuido personal, miedos, fobias, adicciones, trastornos de sueño, conductas compulsivas, agresividad y hasta alteraciones en la conducta alimentaria, los cuales son resultados de alteraciones de la salud mental.

Por otro lado, es de recordar que en la etapa de la adolescencia suelen desatarse —de ser el caso— aquellos episodios que en la infancia afectaron las emociones, tales como la violencia intrafamiliar, la violación sexual, la falta de aceptación en la escuela, la violencia escolar, las familias reconstruidas, entre otras, provocando algunos trastornos que repercuten en una baja autoestima, lo que nos lleva a enfermedades tales como la bulimia, la anorexia, la depresión, el trastorno bipolar y esquizofrénico, así como trastornos de la personalidad, de adicciones, por mencionar algunos.

Es por ello que consideramos indispensable reformar y adicionar, en primera instancia, la Ley General de Salud, reformando la fracción II del artículo 73 para fomentar la creación de programas de prevención del suicidio en la población en general.

También consideramos reformar el artículo 77 para que padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad en los menores, así como los responsables de su guarda y custodia, autoridades educativas y cualquier persona que estén en contacto con el menor o adolescente, presten atención especial a la manifestación de patologías, como el aislamiento, la angustia, la tristeza, la baja o aumento de peso, entre otras, que pudieran conducir a los niños, niñas y adolescentes al intento del suicidio. Lo anterior con el objeto de detectar a tiempo esas posibles afectaciones y conducir a un mejor desarrollo las conductas.

En segunda instancia, se estima conveniente reformar y adicionar también el inciso c), del artículo 11 de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, estipulando que es obligación de todos los padres, tutores o guardas de la patria potestad el prestar atención especial a cualquier conducta patológica que pudiera afectar la integridad y el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

Por último, también es importante adicionar un inciso k) en el artículo 28 para que se establezca la atención y combate al suicidio con programas de prevención y mecanismos que garanticen ambientes escolares sanos, que a su vez propicie en la participación juvenil una vida saludable, sin discriminación y libre de violencia.

Por obvio del tiempo, solicito a la Presidencia que se pueda incluir el texto íntegro en el Diario de los Debates. Agradezco la atención prestada y espero que esta iniciativa pueda ser aprobada en comisiones. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud; y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Salud y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El suicidio es un fenómeno tan antiguo como la humanidad, basta recordar que desde el tiempo del Imperio Romano, era considerado como un acto de honor, posteriormente lo encontramos en México como actos sacramentales, teológicos y de devoción por una fe. Sin embargo, nunca se pensó que el suicidio, más allá de una convicción ideológica o de credo, es en realidad consecuencia de problemas de salud mental.

Es importante señalar que el fenómeno del suicidio debe considerarse como un fenómeno biológico que puede ser desencadenado por situaciones medioambientales; el suicida potencial es una persona con sufrimiento intenso y dicho padecimiento siempre es grave para quien, por su desesperanza, las expectativas del futuro no son alentadoras.

En este sentido, es importante destacar que el suicidio es una de las causas de muerte más frecuente a nivel mundial en los últimos años, con especial incidencia entre la población infantil y adolescente. Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en los años 2001 y 2005, aproximadamente un millón de personas en el mundo se suicidan cada año y entre 10 y 20 millones lo intentan. Aunado a lo anterior, la OMS señaló que el suicidio se encuentra entre las tres primeras causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44 años y que para 2020 alcanzará 1.5 millones de muertes anuales.

Para el caso de México, el registro histórico de los suicidios indica que en el año de 1980 se cometieron 672 suicidios, en 1990: 1405 y en el 2002, 3089, lo que evidentemente demuestra que en 20 años, los suicidios aumentaron en un 459 por ciento, desde luego, sin relación con el aumento general de la población. Por otra parte, en los últimos años se han incrementado los intentos de suicidio en adolescentes mexicanos. Cabe destacar que en la etapa previa a la pubertad, es decir, en los niños de entre 6 y 11 años, un 10 por ciento de quienes lo intentan, consiguen su objetivo. Derivado de ello, la OMS acordó conmemorar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), como una estrategia para la concientización respecto a este fenómeno social que desgraciadamente cada día atrapa a más personas y asimismo, que aliente a la sociedad a poner mayor atención a los actos o medidas que puedan coadyuvar a desalentar esta deleznable práctica.

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz establece que en México se tiene una tasa de alrededor de 4 suicidios por 100 mil habitantes, cifra que en el contexto internacional es relativamente baja, sin embargo el fenómeno del suicidio en adolescentes es alarmante en el país ya que las estadísticas proporcionadas por las Instituciones de Salud Pública, revelan que en promedio 14 jóvenes entre 15 y 24 años de edad mueren cada día por suicidio. Asimismo, se confirma que cada 90 minutos una persona por debajo de los 25 años, comete suicidio .Según cifras del Consejo Nacional de Población Conapo, el suicidio juvenil es la tercera causa de muerte en nuestro país.

El fenómeno del suicidio en infantes y adolescentes representa graves afectaciones emocionales, derivadas en muchos casos por problemas familiares y sociales. Algunos síntomas que desencadenan el suicidio son: baja estima, timidez, estado de ansiedad, estrés, estados depresivos, aislamiento, descuido personal, miedos, fobias, adicciones, trastornos de sueño, conductas compulsivas, agresividad y hasta alteraciones en la conducta alimentaria, las cuales son resultado de alteraciones de la salud mental.

En este sentido, al suicido generalmente le precede el parasuicidio, entendiéndose este último como el conjunto de conductas en las que el sujeto se produce daño físico, voluntaria e intencionalmente pero sin la intención aparente de matarse. Ambos fenómenos adquieren características particulares en la etapa de la adolescencia y, por extensión, se mantienen durante el período que llamamos primera juventud. Este período lo establecemos entre los diecisiete y los veintidós años, donde el individuo recorre el primer tramo del desprendimiento de la adolescencia y comienza a transitar con mayor nitidez a la confirmación o afianzamiento de sus perfiles cognseitiva, que serán la base primera de su desempeño en la madurez.

Por otro lado, es de recordar que en la etapa de la adolescencia, suelen desatarse, de ser el caso, aquellos episodios que en la infancia afectaron sus emociones, tales como: violencia intrafamiliar, violación sexual, falta de aceptación en la escuela, violencia escolar ,familias reconstruidas, entre otras; provocando grandes trastornos que repercuten en una baja autoestima, lo que desemboca a su vez en enfermedades tales como: la bulimia, la anorexia, la depresión, el trastorno bipolar y esquizofrénico, así como trastornos de la personalidad y adicciones, por mencionar algunos.

De igual manera, el mencionado Instituto puntualiza que para los menores de 15 años de edad la tasa de mortalidad en suicidios representa la quinta causa en cuanto al número de decesos, mientras que para el grupo de 15 a 19 y de 20 a 24 años significa la tercera, dejando claro que la incidencia más alta en cuanto a intentos de suicidio se refiere, se da entre los adolescentes de 12 a 17 años de edad, en donde cifras señalan un alarmante número, pues establecen que se da en 4 de cada 100 adolescentes.

Por otro lado, aunado al problema que representa el suicidio entre los jóvenes, tenemos que, a pesar de que hace unos años comenzó a darse más atención al combate de la violencia dentro las escuelas, dejando atrás modelos arcaicos de educación en donde los profesores pretendían enseñar a sus educandos a base de castigos corporales, al fomentarse el establecimiento de un ambiente de pleno respeto y cordialidad entre los estudiantes, aspecto que no ha podido ser implementado con los resultados deseados ya que en la actualidad, lamentablemente, continúan presentándose actos de violencia de maestros o profesores con los alumnos.

Cierto es que en la actualidad la profesionalización de los profesores, catedráticos o impartidores de clase no ha sido visualizada en conjunto con la concepción del respeto a la integridad de niñas, niños y adolescentes, solo ha sido una estrategia de combate a las mencionadas prácticas obsoletas de enseñanza; por ello, las relaciones entre educandos continúan presentando actitudes que transgreden y laceran su persona.

Muestra de ello, se tiene con el fenómeno social infantil denominado bullying, palabra inglesa que significa “intimidación”, la cual diversos estudios y especialistas señalan que se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros, a través de constantes amenazas, insultos, agresiones, vejaciones, etcétera.

Prueba de lo anterior la tenemos cuando nos damos cuenta que actualmente podemos encontrar videos en Internet que comparten los alumnos agresores, para evidenciar las acciones de violencia hacia sus compañeros. Ante este fenómeno y debido a su gravedad, en Estados Unidos y Europa se ha tomado conciencia de la necesidad de sensibilizar a las autoridades escolares, padres de familia y alumnos sobre este problema, mediante estrategias de prevención y atención. Sin embargo, en América Latina estudios señalan que aún se sigue considerando al bullying como “cosa de niños”; por ello, a la mayoría de las víctimas les da pena decirlo hasta el grado que prefieren abandonar la escuela, reprimiendo todo temor y coraje bajo formas de estrés y angustia.

El estudio Experiencias Estudiantiles con la Violencia en la Escuela, señala que 346 estudiantes de nivel preparatoria al recordar su tránsito por los diferentes niveles educativos, se encontraron con 205 episodios de intimidación por parte de sus pares y 228 sucesos violentos de los profesores, siendo estos desde agresiones físicas hasta formas sutiles como las psicológicas. Los porcentajes de violencia escolar fueron: Primaria 67 por ciento, secundaria 15 por ciento, preparatoria 11 por ciento y preescolar 8 por ciento. Entre las conclusiones de este estudio, varios jóvenes señalaron que más que la violencia lo que lastima es la impunidad, que se convierte en una experiencia profunda que nos acompaña por el resto de la vida.

Igualmente, menciona el estudio, resulta preocupante el alto porcentaje de intimidación encontrado, 67 por ciento, donde su forma más frecuente fue la humillación, privando el miedo a la diferencia y aplicando tolerancia cero a todo aquello que sea distinto al contexto; es decir, su base se encuentra en el racismo, los perjuicios sociales y la intolerancia a la diferencia. Ello, obliga a pensar en la necesidad de descubrir los mecanismos, dispositivos o prácticas pedagógicas que participen en la generación de la violencia en la escuela a fin de intervenir en el clima social escolar y evitar que se continúen presentando estos casos.

Por lo anterior y de conformidad con la Carta Magna que en su artículo 3o., garantiza el derecho que todo individuo tiene a recibir educación y que ésta promoverá el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, es indispensable reformar y adicionar en primer instancia, la Ley General de Salud, reformando la fracción II del artículo 73, para fomentar la creación de programas de prevención del suicidio en la población en general.

Por otra parte también se debe reformar el artículo 77, para que los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los menores, así como los responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con el menor o adolescente, presten atención especial a la manifestación de patologías como el aislamiento, la angustia, la tristeza, la baja o aumento de peso, entre otras, que pudieran conducir a los niños, niñas y adolescentes al suicidio. Lo anterior, con el objeto de detectar a tiempo, las posibles afectaciones psicológicas y biopsicosociales que afectan de manera grave su salud mental y que pudieran conducirlos al suicidio.

En segunda instancia se estima conveniente reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, adicionando al inciso C) del artículo 11, en el que se estipule que es obligación de los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad o guarda así como las autoridades escolares, el prestar atención especial a cualquier conducta patológica que pudiera afectar la integridad y el sano desarrollo del niño, niña y adolescente.

En ese tenor, también es importante adicionar un inciso K) en el artículo 28, en los que se establezcan la atención y combate al suicidio, estableciendo programas de prevención y mecanismos que garanticen ambientes escolares sanos que propicien la participación juvenil, una vida saludable, sin discriminación y libre de violencia.

Para concluir, tanto la vida y la integridad psíquica de los menores como de los adolescentes debe ser un tema prioritario de salud pública. Las Secretarías de Salud, y de Educación Pública deben coordinarse para crear servicios y programas para prevenir el suicidio, que sean contundentes y efectivos para erradicar este fenómeno, a la vez busquen concientizar a las familias de estar atentos sobre las patologías que pudiesen afectar la vida niñas, niños y adolescentes, todo esto encaminado para el bien social de nuestro Estado Mexicano.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Salud y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo primero. Se reforman la fracción II del artículo 73, y el párrafo primero del artículo 77 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. ...

II. La realización de programas para la prevención del suicidio, yla difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;

III. a V. ...

Artículo 77.Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, los responsables de su guarda o custodia, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de niñas, niños y adolescentes que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de un trastorno mental y del comportamiento, incluyendo aquellas que los pudieran conducir al suicidio.

...

...

Artículo Segundo. Se adicionan el inciso C del artículo 11, y el inciso K del artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

A. y B. ...

C. Prestar atención inmediata de las alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de trastornos mentales que puedan alterar su sano desarrollo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 77 de la Ley General de Salud.

Artículo 28. ...

A. a J. ...

K. Establecer programas de prevención del suicidio de niñas, niños y adolescentes, así como para la prevención y atención de trastornos mentales que puedan alterar su sano desarrollo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones previstas en este decreto, se realizarán en función de la disponibilidad presupuestal y del comportamiento de las finanzas públicas, con la concurrencia presupuestal de la federación, del Distrito Federal y de las entidades federativas.

Nota:

1 Velázquez Reyes, Luz María. “Experiencias Estudiantiles con la Violencia en la Escuela”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, julio-septiembre, año/volúmen 10, número 026, COMIE, Distrito Federal, México, páginas 739-764.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.— Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Como lo solicita, se insertará de manera íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Se turna a Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen.

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Luis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1401 del Código de Comercio.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Compañeras diputadas y compañeros diputados, a través de la práctica y aplicación de las leyes mercantiles resalta sin duda la exagerada cantidad de juicios ejecutivos que actualmente se tramitan en los juzgados de nuestro país, que implican enormes cantidades de dinero, las cuales muchas veces se encuentran estancadas por la discreción de los juzgadores para desahogar las etapas procesales sin que exista prontitud dentro de los procedimientos, especialmente en etapas como la de desahogo de pruebas.

El juicio ejecutivo mercantil se origina con el cada vez mayor incumplimiento de las obligaciones que se hacen constar generalmente en un titulo de crédito y que en conjunto representan cientos de millones de pesos que se pueden tornar improductivos, lo que como consecuencia contribuye a generar un retraso para la economía de nuestro país.

El juicio ejecutivo mercantil, en su origen, fue considerado como un procedimiento rápido y expedito; sin embargo, en la actualidad este procedimiento en todo momento se ve retrasado y lento por los dispositivos legales que aún lo norman.

El derecho procesal mercantil nació en Europa en la Edad Media; en sus orígenes fue un derecho clasista, creado por los tribunales de mercaderes cuya jurisdicción se limitaba a los comerciantes matriculados en las corporaciones; en sus inicios se aplicó a todos los que litigaban sobre actos de comercio, independientemente de que fueran o no comerciantes.

Posteriormente fueron creados los tribunales mercantiles, llamados consulados y que sirvieron de instrumento para transformar la costumbre de los comerciantes en el derecho mercantil; por lo que en su inicio fue una obra de situaciones prácticas y el proceso mercantil siempre se caracterizó por su brevedad.

En el siglo XIX, tras un milenio de existencia, los tribunales consulares desaparecen en la mayoría de los países, suprimiendo a los tribunales mercantiles una vez que habían cumplido su misión histórica.

Cuando se dicta el Código de Comercio Napoleónico, a principios del siglo XIX, el legislador recupera la tarea que le es propia, pero que había denegado durante siglos en los consulados, apareciendo así el derecho mercantil como un cuerpo legal codificado y ya no como un conjunto de costumbres conocidas únicamente por los comerciantes.

El comercio ya no es la actividad profesional de unos cuantos, sino una de las formas que reviste la conducta humana moderna en general, ya que todos suscriben cheques, pagarés, letras de cambio, todos compran y venden, todos reciben créditos bancarios, la nuestra es una sociedad de mercado y todos participamos en él.

A los antiguos tribunales mercantiles los mató el éxito del comercio. Los comerciantes crearon un cuerpo de derecho y se vieron obligados a entregarlo a los juristas; algunos países, como Italia y Suiza, llevaron las consecuencias de esta evolución un paso más adelante y dictaron códigos únicos, en los que fusionaron el derecho mercantil y el derecho civil.

En nuestro país, el Código de Comercio de 1884 —que precedió al vigente—, declaraba genéricamente aplicable el procedimiento civil a los juicios mercantiles; los mercantilistas mexicanos, en sus obras principalmente, se han ocupado de temas de naturaleza tan claramente procesal, como son la acción ejecutiva mercantil, las excepciones oponibles a un título de crédito, el proceso de cancelación de títulos de crédito y el proceso de quiebra.

Al constituirse México como nación independiente en 1821, las relaciones comerciales se regían por las Ordenanzas de Bilbao, cuya aplicación competía a los consulados existentes en las ciudades de México, Veracruz, Guadalajara y Puebla. Conservaron su vigencia tales ordenanzas de Bilbao hasta 1884, con una breve interrupción de mayo de 1854 a noviembre de 1855, lapso durante el cual rigió un código de comercio especialmente elaborado para la República Mexicana, que se conoció con el nombre de Código Lares, en honor a don Teodosio Lares, ministro de Justicia que patrocinó su elaboración. Este Código Lares tuvo una breve vida, no por deficiencias técnicas, sino por cuestiones políticas.

En uso de las atribuciones, que al efecto les concedía la Constitución de 1857, algunos de los estados federales de la República dictaron códigos de comercio de aplicación local, que en términos generales se limitaron a reproducir el mencionado Código Lares. No fue sino hasta el 20 de julio de 1884, cuando perdieron vigencia de modo definitivo las viejas Ordenanzas de Bilbao, para ser sustituidas por un Código de Comercio, que no habría de tener sino breve duración.

El primero de enero de 1890, fue promulgado por el general Porfirio Díaz, presidente de México, el mismo ordenamiento que aún sobrevive y rige.

En la vida práctica nos hemos podido dar cuenta que los juicios que se tramitan en mayor número son los ejecutivos mercantiles. Estos juicios están comprendidos dentro de los sumarios, que tienen por objeto —como su nombre lo indica— la tramitación rápida de un negocio, toda vez que debe hacerse en un término breve, dada la necesidad de pronunciar un fallo perentorio; también porque los documentos que con la demanda se exhiben hay una presunción legal muy poderosa a favor del actor para estimar que le asiste la verdad y el derecho.

El juicio ejecutivo mercantil es un procedimiento sumario de excepción, porque únicamente tiene acceso a él aquél cuyo crédito consta en un título de tal fuerza que constituye vehemente presunción de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado, para que sea desde luego atendido por las autoridades competentes.

Los juicios sumarios llevan implícita la idea de rapidez, esto a diferencia de los juicios ordinarios cuyos plazos son amplios, sus formalidades varias y en dichos juicios se discuten cuestiones complejas, las que exigen que la controversia se plantee y discuta ampliamente y para tal efecto fija términos adecuados.

De lo aquí planteado se puede concluir que el legislador ha querido que los juicios ejecutivos, sean civiles o mercantiles, se tramiten con la mayor rapidez posible, siendo la celeridad la esencia de este tipo de juicios.

Los juicios ejecutivos mercantiles deben ser los más breves de todos los juicios, los que han de tramitarse con la mayor rapidez y sin embargo, en la práctica es notorio que no sucede así, pues actualmente nuestra legislación mercantil está muy atrasada, ya que ha permanecido por casi un siglo estancado.

El Presidente diputado José González Morfín: Señor diputado, hace casi tres minutos que concluyó su tiempo, le pido que concluya con su intervención.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Ya culmino, señor presidente. Es decir, el periodo de prueba señalado en la ley se llega a extender innecesaria y ociosamente, máxime si las pruebas que ofrece la parte demandada ya se encuentran anunciadas y ofrecidas desde el escrito de contestación de demanda, para lo cual se propone precisar que los 15 días con que se cuenta deberán ser días naturales y el término no deberá prolongarse, aun el caso de las pruebas supervenientes. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma al artículo 1401 del Código de Comercio, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente iniciativa que contiene el proyecto por el que se reforma el artículo 1401, del Código de Comercio al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A través de la práctica y aplicación de las leyes mercantiles, resalta sin duda, la exagerada cantidad de juicios ejecutivos que actualmente se tramitan en los juzgados de nuestro país; que implican enormes cantidades en dinero, las cuales muchas veces se encuentran estancadas por la discreción de los juzgadores para desahogar las etapas procesales, sin que exista prontitud dentro de los procedimientos, especialmente en etapas como la de desahogo de pruebas.

El juicio ejecutivo mercantil se origina con el cada vez mayor incumplimiento de las obligaciones que se hacen constar generalmente en un título de crédito, y que en conjunto representan cientos de millones de pesos que se pueden tornar improductivos, lo que como consecuencia contribuye a generar un retraso para la economía de nuestro país.

El juicio ejecutivo mercantil en su origen fue considerado como un procedimiento rápido y expedito, sin embargo, en la actualidad este procedimiento en todo mo­mento se ve retrasado y lento por los dispositivos legales que lo norman.

El derecho procesal mercantil nació en Europa, en la Edad Media, en sus orígenes, fue un derecho clasista creado por los tribunales de mercaderes, cuya jurisdicción se limitaba a los comerciantes matriculados en las corporaciones. En sus inicios se aplicó a todos los que li­tigaban sobre actos de comercio, independientemente de que fueran o no comerciantes.

Posteriormente, fueron creados los tribunales mercantiles, llamados consulados, y que sirvieron de instrumento para transformar la costumbre de los comerciantes en el derecho mercantil, por lo que en su inicio fue una obra de situaciones prácticas y el proceso mercantil siempre se caracterizó por su brevedad.

En el siglo XIX, tras un milenio de existencia, los tribunales consulares desaparecen en la mayoría de los países, suprimiendo a los tribunales mercantiles una vez que habían cumplido su misión histórica.

Cuando se dicta el Código de Comercio Napoleónico, a principios del siglo XIX, el legislador recupera la tarea que le es propia, pero que había denegado durante siglos en los consulados, apareciendo así el derecho mercantil como un cuerpo legal codificado y ya no como un con­junto de costumbres conocidas únicamente por los comerciantes.

El comercio ya no es la actividad profesional de unos cuantos, sino una de las formas que reviste la conducta humana moderna en general, ya que todos suscriben cheques, pagarés, letras de cambio, todos compran y venden, todos reciben créditos bancarios, la nuestra es una sociedad de mercado y todos participamos en él.

A los antiguos tribunales mercantiles los ­mató el éxito del comercio. Los comerciantes crearon un cuerpo de derecho y se vieron obligados a entregarlo a los juristas; algunos países como Italia y Suiza llevaron las consecuencias de esta evolución un paso más adelante y dictaron códigos únicos en los que fusionaron el derecho mercantil y el derecho civil.

En nuestro país el Código de Comercio de 1884, que precedió al vigente, declaraba genéricamente aplicable el procedimiento civil a los juicios mercantiles.

Los mercantilistas mexicanos, en sus obras, principalmente se han ocupado de temas de naturaleza tan claramente procesal como son la acción ejecutiva mercantil, las excepciones oponibles a un título de crédito, el proceso de cancelación de títulos de crédito y el proceso de quiebra.

Al constituirse México como nación independiente, en 1821, las relaciones comerciales se regían por las Ordenanzas de Bilbao, cuya aplicación competía a los consulados existentes en las ciudades de México, Veracruz, Guadalajara y Puebla. Conservaron su vigencia tales ordenanzas de Bilbao hasta el año de 1884, con una breve interrupción de mayo de 1854 a noviembre de 1855, lapso durante el cual rigió un código de comercio especialmente elaborado para la República Mexicana, que se conoció con el nombre de Código Lares, en honor a don Teodosio Lares, ministro de Justicia que patrocinó su elaboración. Este Código Lares tuvo una breve vida, no por deficiencias técnicas, sino por cuestiones políticas.

En uso de las atribuciones que al efecto les concedía la Constitución de 1857, algunos de los estados federales de la República dictaron códigos de comercio de aplicación local, que en términos generales se limitaron a reproducir el mencionado Código Lares.

No fue sino hasta el veinte de julio de 1884 cuando perdieron vigencia, de modo definitivo las vie­jas Ordenanzas de Bilbao, para ser sustituidas por un Código de Comercio que no habría de tener sino breve duración; pues fue abrogado por el que entró en vigor el primero de enero de 1890 y que fue promulgado por el general Porfirio Díaz, presidente de México en esa época, ordenamiento que aún sobrevive y rige.

En la vida práctica, nos hemos podido dar cuenta que los juicios que se tramitan en mayor número son los ejecutivos mercantiles.

Estos juicios están comprendidos dentro de los sumarios, que tienen por objeto, como su nombre lo indica, la tramitación rápida de un negocio, toda vez que debe hacerse en un término breve, dada la necesidad de pronunciar un fallo perentorio; también porque por los documentos que con la demanda se exhiben hay una presunción legal muy poderosa a favor del actor para estimar que le asiste la verdad y el derecho.

El juicio ejecutivo mercantil es un procedimiento sumario de excepción, porque únicamente tiene acceso a él, aquel cuyo crédito consta en un título de tal fuerza que constituye vehemente presunción de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado, para que sea desde luego atendido por las autoridades competentes.

Los juicios sumarios, llevan implícita la idea de rapidez, esto a diferencia de los juicios ordi­narios, cuyos plazos son amplios, sus formalidades varias y en dichos juicios se discuten cuestiones complejas, las que exigen que la controversia se plantee y discuta ampliamente y que para tal objeto fija términos adecuados.

De lo aquí planteado, se puede concluir que el legislador ha querido que los juicios ejecutivos, sean civiles o mercantiles, se tramiten con la mayor rapidez posible, siendo la celeridad, la esencia de este tipo juicio.

Los juicios ejecutivos mercantiles deben ser los más breves de todos los juicios, los que han de tramitarse con la mayor rapidez y sin embargo, en la práctica es notorio que no su­cede así; pues actualmente nuestra legislación mercantil está muy atrasada, ya que ha permanecido estancada por casi un siglo.

Ahora bien, en términos prácticos, una vez notificada la demanda, el deudor cuenta con cinco días para comparecer ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponerse a la ejecución si tuviera alguna excep­ción para ello.

El artículo 1401 del Código de Comercio indica que si el deudor se opusiere a la ejecución, expresando las excepciones que le favorecen y el negocio exigiere prueba, se concederá para ésta un término que no exceda de quince días.

A juicio del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, es demasiado largo, es decir, el período de prueba señalado en la ley se llega a extender innecesaria y ociosamente, máxime si las pruebas que ofrece la parte demandada, ya se encuentran anunciadas y ofrecidas desde el escrito de contestación de demanda; para lo cual se propone precisar que los quince días con que se cuenta, deberán ser días naturales y el término no deberá prolongarse, aun en el caso de las pruebas supervenientes.

Con la presente reforma, México obtendrá un beneficio importante en el desahogo de los procedimientos ejecutivos, por lo que se refiere a prontitud y desahogo. Ello traerá como consecuencia, mayor certeza jurídica y económica, al recuperarse con mayor rapidez los créditos avalados por los títulos que se constituyen como base de la acción, dando mayor fuerza y sustento al trabajo de los juzgadores.

Por lo expuesto, se presenta ante esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 1401 del Código de Comercio

Único. Se adiciona el artículo 1401 del Código de Comercio para quedar como sigue:

Código de Comercio

Artículo 1401. En los escritos de demanda...

...

Desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez admitirá y mandará preparar las pruebas que procedan, de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Civiles, abriendo el juicio a desahogo de pruebas, hasta por un término que no excedade quince días naturales, dentro de los cuales deberán realizarse todas las diligencias necesarias para su desahogo, señalando las fechas necesarias para su recepción.

Las pruebas que se reciban fuera del término concedido por el juez, o su prórroga si la hubiera decretado, serán bajo la responsabilidad de éste, quien sin embargo, podrá mandarlas concluir en una sola audiencia indiferible que se celebrará dentro de los diez días naturales siguientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 27 de septiembre de 2012.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se turna la iniciativa a la Comisión de Economía, para su dictamen.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El diputado Carlos Alberto García González:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que suscriben la presente, Margarita Licea González, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Ramón Antonio Sampayo Ortiz y el proponente, Carlos Alberto García González, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de nuestra Carta Magna, así como el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, presentamos a su consideración los fundamentos que sustentan la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III, se adiciona la fracción IV, recorriéndose la actual a V, del artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de acuerdo a lo siguiente:

Los que suscribimos la presente iniciativa estamos convencidos de que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional siempre ha impulsado reformas legales para fortalecer la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad, y hoy específicamente venimos a proponer que se apoye de manera especial a todas aquellas familias que tienen entre sus integrantes a personas con alguna discapacidad.

El pasado 30 de mayo de 2011, se publicó la nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que establece que su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones para que el Estado promueva, proteja y asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Sin duda la aprobación de esta nueva ley fue un gran avance en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, quienes hasta la fecha son propensas en todo momento a sufrir diferentes tipos de discriminación; sin embargo, uno de los obstáculos más fuertes para que estas personas mejoren sus condiciones de vida sigue siendo lo que tiene que ver con su nivel de ingreso económico.

Por consiguiente, compañeras y compañeros, es nuestra labor, como legisladores, adecuar un marco legal con apoyos específicamente dirigidos a las personas con discapacidad. Caso concreto en aquellas familias en condiciones de pobreza con un integrante en condiciones de capacidades diferentes y por supuesto, con el propósito de contribuir en sus gastos, permitiendo así que cuenten con condiciones que ayuden a mejorar el nivel de vida que sin duda todos ellos merecen.

En México lamentablemente las personas con discapacidad se enfrentan no solo a la discriminación, sino a la falta de oportunidades de empleo y educación. Cabe señalar que más de la mitad de estas personas no reciben ningún ingreso y que casi el 20 por ciento ganan menos de un salario mínimo.

Además, en muchas ocasiones al menos algún miembro de la familia tiene que renunciar a su vida laboral y social para cuidar a su ser querido, con todas las repercusiones económicas y sociales que ello conlleva.

Si bien la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad prevé que la Secretaría de Desarrollo Social tiene la responsabilidad de promover la mejora continua de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, ésta no deja claro cómo y con cuánto se deberá de apoyar a las personas con discapacidad, por lo que la modificación que estamos proponiendo estaría contribuyendo a la plena inclusión de las personas objeto en todos los ámbitos de la vida, mediante un marco de igualdad y equiparación de oportunidades, sin discriminación y con respeto a su dignidad y a sus derechos, tal como lo establece nuestra Carta Magna.

En mérito de lo expuesto es que el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea se adicione una fracción IV al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá...

Fracción IV. Otorgar un apoyo económico bimestral equivalente a 30 salarios mínimos vigentes en la zona geográfica donde habiten, a las familias en situación de pobreza o marginación, que tengan entre sus miembros alguna persona con discapacidad permanente que limite su autonomía.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por último, solicito atentamente a esta Presidencia que mi participación, así como la mención de mis pares que también la suscriben, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Carlos Alberto García González , diputado federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III, se adiciona una fracción para quedar como IV, y se recorre la actual IV a la V, del artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa es originalmente una propuesta de nuestro grupo parlamentario que fue presentada la legislatura pasada a través de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, pero que, por falta de dictamen fue declarada como asunto total y definitivamente concluido, según el comunicado de la Mesa Directiva del 16 de julio de 2012.

En ese sentido, retomo dicha iniciativa para presentarla convencido de que Acción Nacional siempre ha impulsado reformas legales para fortalecer la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad.

El 30 de mayo de 2011 se publicó la nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, “su objeto es reglamentar en lo conducente, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.

Sin duda este es un gran avance en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Sin embargo, uno de los obstáculos más fuertes para que la población con discapacidad mejore sus condiciones de vida sigue siendo el que tiene que ver con su nivel de ingreso.

Los gastos excesivos y constantes de los familiares para atender las necesidades de sus hijos, hermanos o cónyuge que padecen alguna discapacidad, contribuyen a una mayor pobreza, lo que deriva en la falta de bienes y servicios indispensables para vivir en condiciones mínimas de bienestar.

De acuerdo con el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2010, que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1 por ciento de la población total.

De cada 100 personas con discapacidad, 39 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad, 23 están afectados por edad avanzada, 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer, 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente, 8 debido a otras causas.

Las personas con limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales suelen presentar mayor discapacidad debido a la pobreza, debido a que aumenta la vulnerabilidad de las personas ante la desnutrición, las enfermedades y las condiciones de vida y de trabajo inseguras, entre otras. En la mayoría de los casos, la pobreza afecta también a las familias de las personas con discapacidad.

Se estima que entre las personas más pobres del mundo, es decir, entre las que viven con menos de un dólar por día y que no satisfacen las necesidades básicas, como alimentación, agua potable, ropa y vivienda, una de cada cinco es una persona con discapacidad. Por consiguiente, es necesario incorporar leyes con mayores apoyos, dirigidas específicamente a las personas con discapacidad, a fin de contribuir a aligerar la carga económica de las personas con discapacidad y sus familias.

En México, más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi 20 por ciento gana menos de un salario mínimo. La situación es más apremiante entre las de discapacidad mental y las de discapacidad del lenguaje, pues en el primer grupo 83.5 por ciento no recibe ingresos y en el segundo la característica la presenta 76.4 de los casos.

Por ello, 63 por ciento de la población con discapacidad se encuentra en los dos quintiles de los hogares más pobres del país, lo que demuestra la vulnerabilidad de este grupo de la población y la necesidad de establecer acciones focalizadas para contribuir a la igualdad de oportunidades y disminuir los niveles de pobreza.

La familia es el entorno más próximo a las personas con discapacidad, por lo cual desempeña un papel decisivo en el desarrollo de este grupo de la población. En muchas ocasiones, al menos algún miembro de la familia tiene que renunciar a la vida laboral y social para dedicarse al cuidado de las personas con discapacidad, con las repercusiones económicas y sociales que ello conlleva. Por consiguiente, las políticas orientadas a lograr la inclusión social y la igualdad de oportunidades para este núcleo de la población deben considerar también a sus familiares y a la comunidad que lo rodea.

Se estima que 1 millón 561 mil 993 familias en el país cuentan al menos con una persona con discapacidad, lo que representa 7 por ciento de las familias.

Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 es abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud. Entre sus estrategias prevé otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad prevé que la Secretaría de Desarrollo Social, tiene la responsabilidad de promover la mejora continua de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, para lo cual deberá implementar acciones que entre otras se encuentra la estrategia y la creación de programas para la reducción de la pobreza de las personas con discapacidad, los cuales deberán extenderse a las regiones rurales y comunidades indígenas.

Sin embargo, lo que se pretende con esta modificación a la ley, es dejar plasmado claramente el cómo y cuanto se deberá ayudar a las personas con discapacidad, al otorgar un apoyo económico bimestral equivalente a 30 días de salario mínimo vigente en su área geográfica, para cada familia que se encuentre en situación de pobreza o marginación y que además tenga entre sus miembros a una persona con discapacidad permanente que limite su autonomía.

La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, definirán los lineamientos para identificar y entregar el apoyo económico a las familias que se mencionan en la propuesta. Los recursos para cumplir este apoyo monetario siempre deben darse en un marco de responsabilidad, eficiencia y transparencia presupuestaria.

El apoyo económico para las familias se entregará a partir del siguiente año, una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para lo cual el requerimiento presupuestal será propuesto por Ejecutivo federal anualmente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para la Secretaría de Desarrollo Social.

Con estas acciones estaremos contribuyendo a la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, en un marco de igualdad y equiparación de oportunidades, sin discriminación y con respeto de su dignidad y de sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción III, se adiciona una fracción para quedar como IV, y se recorre la actual IV a la V, del artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo Único.Se reforma la fracción III, y se adiciona la fracción IV recorriéndose el numeral de la actual para quedar como V, del artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 21....

I. a II. ...

III. Promover la apertura de establecimientos especializados para la asistencia, protección y albergue para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación;

IV. Otorgar un apoyo económico bimestral equivalente a 30 días de salario mínimo vigente en el área geográfica donde habiten, a las familias en situación de pobreza o marginación, que tengan entre sus miembros a alguna persona con discapacidad permanente que limite su autonomía; y

V. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de las personas con discapacidad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad definirán los lineamientos para identificar y entregar el apoyo económico a las familias que se mencionan en el presente decreto.

Tercero. Dicho apoyo económico se entregará a partir del siguiente año, una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, y se sujetará a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal que corresponda.

Notas:

1 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

2 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

3 Ann Elwan. Poverty and disability: a survey of the literature, Banco Mundial, 1999.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2012.— Diputados: Carlos Alberto García González, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Genaro Carreño Muro, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Margarita Licea González, María Teresa Jiménez Esquivel, Juan Pablo Adame Alemán, Consuelo Argüelles Loya, Tania Margarita Morgan Navarrete, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Omar Antonio Borboa Becerra, Gerardo Peña Avilés, Germán Pacheco Díaz, Leonor Romero Sevilla, Sergio Augusto Chan Lugo, Eufrosina Cruz Mendoza, Rafael Acosta Croda, Juan Carlos Uribe Padilla, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Blanca Jiménez Castillo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Leslie Pantoja Hernández, Raquel Jiménez Cerrillo, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Mariana Dunyaska García Rojas, Verónica Sada Pérez, Marcelina Orta Coronado, Lazara Nelly González Aguilar, José Guadalupe García Ramírez, Leticia López Landero, Xavier Azuara Zúñiga, Damián Zepeda Vidales, José Enrique Reina Lizárraga, Glafiro Salinas Mendiola, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, José Alejandro Llanas Alba, María Guadalupe Mondragón González, Francisco Pelayo Covarrubias, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Andrés de la Rosa Anaya, J. Jesús Oviedo Herrera, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Fernando Rodríguez Doval, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Carmen Lucía Pérez Camarena, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Adriana González Carrillo, Patricia Lugo Barriga, Alberto Díaz Trujillo, Raúl Paz Alonzo, María Isabel Ortiz Mantilla, José Martín López Cisneros, Isaías Cortés Berumen, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raudel López López, Humberto Armando Prieto Herrera, Marcos Aguilar Vega, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Alberto Coronado Quintanilla, Máximo Othon Zayas, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, José Arturo Salinas Garza, Alfredo Rivadeneyra Hernández, José Guillermo Anaya Llamas, Jorge Iván Villalobos Seáñez, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Enrique Alejandro Flores Flores, (rúbricas).»

Presidencia del diputado Jesús Murillo Karam

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA FEDERACION - CODIGO PENAL FEDERAL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Alejandro Flores Flores, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, reforma el artículo 217 del Código Penal Federal y deroga los artículos 66, 71 y 73 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores: Con el permiso, diputado presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar esta iniciativa que propone legislar y concretar los acuerdos alcanzados en las legislaturas anteriores, al establecer reglas claras relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos; por lo que se plantea la creación de una ley en materia de remuneraciones a los servidores públicos que reglamentará el artículo 127 de la Constitución General de la República.

La sociedad mexicana a lo largo de su historia ha enfrentado el abuso de muchas autoridades soportando la oscuridad de las cuentas gubernamentales, de las acciones del gobierno y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Han sido muchos los excesos que las autoridades y los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno. La historia ha sido testigo de la opacidad en la que se manejaron varios recursos y los bienes de la nación durante muchos años; sin embargo, México ha cambiado, ha transformando la opacidad en transparencia, el abuso en rendición de cuentas y el autoritarismo en democracia.

Pero estos esfuerzos son apenas el cimiento que la sociedad mexicana demanda. Necesitamos con celeridad concretar los avances legislativos obtenidos en legislaturas pasadas, particularmente uno de los temas más sensibles para la sociedad es el relativo a las remuneraciones de los servidores públicos, sobre todo por la gran brecha que existe entre las percepciones de los funcionarios públicos en comparación con los salarios de la familia promedio. Éste ha sido un reclamo durante muchos años ignorado por las autoridades, se trata de un asunto de justicia social, de transparencia y de equidad.

Recordemos que el pasado 24 de agosto de 2009, se aprobó una modificación constitucional estableciendo, por primera vez en la historia de México, reglas claras relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos. Esta reforma tuvo sus orígenes —como bien dije— en 2009.

Diversas iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal también dieron paso a estas reformas. Así, mandata a establecer los límites de las remuneraciones de los servidores públicos y la existencia de las reglas claras para que existan con bases técnicas la determinación de las remuneraciones de acuerdo al nivel de responsabilidad y funciones que realizan los servidores públicos, y finalmente, aplicar un esquema de sanciones en el ámbito administrativo y penal para aquellos que vulneren las disposiciones constitucionales en materia de remuneraciones de los servidores públicos.

Por lo anterior, es necesario que a través de una ley, el mandato constitucional se traduzca en mecanismos eficaces, confiables y accesibles para que la sociedad conozca de manera clara y oportuna, la información sobre el manejo y destino de los recursos públicos que se destinan al pago de las remuneraciones de los servidores públicos.

Cabe recordar que la reforma constitucional estableció en el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que en el ámbito de su competencia deberían expedir una legislación relativa en relación a sus remuneraciones, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, situación que como vemos, tiene dos años de retraso.

Es por ello que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a través del entonces diputado Francisco Ramírez Acuña, presentó una iniciativa de remuneraciones de los servidores públicos de la federación, la cual proponía que las remuneraciones que se cubrieran a los servidores públicos invariablemente deberían otorgarse con base en criterios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestaria y deberían determinarse con base en un régimen de remuneraciones equitativo, igualitario y transparente.

Sin embargo, dicha iniciativa no fue dictaminada por las comisiones correspondientes; por lo que resulta de mayor relevancia para quienes integramos esta LXII Legislatura el impulsar de nueva cuenta un proyecto que nos permita al fin contar con un ordenamiento que atienda los criterios contenidos en la reforma constitucional de 2009.

Con esto, Acción Nacional reafirma su compromiso por sacar adelante las reformas que tanto urgen al país, particularmente aquellas en las que se requiere legislar para cumplir con los compromisos asumidos con el Congreso de la Unión y de cara a las demandas de la sociedad mexicana.

Es claro para todos que en nuestro país existen abusos arraigados en ciertas prácticas administrativas, pero es nuestra obligación establecer normas que eviten la desproporción, el exceso, el abuso y la discrecionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos por el desempeño de sus funciones; por ello, debe contarse con criterios que permitan otorgar una remuneración que retribuya con justicia el trabajo que se realice y que simultáneamente sea establecida en coherencia con las posibilidades presupuestarias. No es cierto que a la federación le sobre el dinero.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, comprometido con los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y legalidad, a través de la presente iniciativa contribuirá a dar certidumbre y transparencia a los propios servidores públicos y por ende, a los ciudadanos, con respecto a la determinación y el pago de sus remuneraciones.

Cabe destacar que todos los servidores públicos, sin importar su régimen laboral, estarán sujetos a esta ley, incluyendo aquellos que se contraten de manera eventual; el personal contratado por honorarios no está sujeto a la ley, derivado que se trata de un régimen de contratación regulado por la legislación civil. Así pues, estableciendo como principios rectores de las remuneraciones: la anualidad, el reconocimiento al desempeño, la equidad, la fiscalización, la igualdad, la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Respecto a la integración de remuneraciones se establece que éstas se integrarán por percepciones ordinarias y extraordinarias, estableciendo que éstas últimas solo serán cubiertas cuando se cumplan diversas variables.

De la misma manera, el proyecto establece que el concepto de remuneración total anual, el cual ya está vigente en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, constituye el límite máximo de remuneraciones y desglosa todos los pagos que se realizan por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias.

De acuerdo con el texto constitucional, la remuneración total anual del presidente de la República es el referente para determinar las remuneraciones de todos los demás servidores públicos, así la remuneración anual del presidente se incluirá en un apartado específico en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se señalen las cantidades que para cada concepto corresponda en términos brutos y netos.

Por otro lado, con base en el límite aprobado en la remuneración total anual se continuarán presentando los tabuladores del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada grupo de servidores públicos; los tabuladores de la administración pública federal serían aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Los demás Poderes y órganos elaborarán sus tabuladores sujetos al tope establecido en la remuneración total anual del presidente de la República.

La iniciativa también plantea la creación del manual de remuneraciones, mediante el cual los órganos públicos se encuentran obligados a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en Internet las reglas para el pago de remuneraciones, las disposiciones para determinar las percepciones extraordinarias, los tabuladores, las reglas para el otorgamiento en caso de las erogaciones que no formen parte de las remuneraciones.

Es de suma importancia resaltar que la elaboración de los manuales y tabuladores de los servidores públicos tomará en cuenta las recomendaciones del comité de expertos en remuneraciones, el cual será un órgano técnico de carácter ejecutivo para evaluar, emitir recomendaciones en lo general, coadyuvar en la determinación de remuneraciones de los servidores públicos.

Dicho comité estaría integrado por un representante del Poder Legislativo, uno del Poder Judicial, uno del Ejecutivo, un representante común de los órganos constitucionales autónomos: Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos e Instituto Federal Electoral, además de cuatro expertos independientes, en donde los expertos independientes son designados por el Ejecutivo federal mediante convocatoria pública.

La única excepción permitida sería exclusivamente cuando la ley de carácter laboral así lo prevea, caso en el cual las remuneraciones tendrán que fijarse en un capítulo específico de las condiciones generales del trabajo y no podrán establecerse en el pago de remuneraciones por los mismos conceptos.

Finalmente, la nueva legislación que propone Acción Nacional tiene el objeto de promover en nuestra sociedad la conciencia de todos y cada uno de los servidores públicos, cualquiera que sea su nivel.

El órgano de gobierno que presta el servicio o el que la remuneración que reciba sea en contraprestación por éstos, no sea sino el resultado de su desempeño honesto, transparente, sustentado en su vocación de servicio para la población y en su compromiso por el futuro de México.

Para Acción Nacional resulta de mayor importancia impulsar las reformas que sean necesarias para dotar al Estado mexicano de un marco jurídico acorde a las exigencias que la sociedad demanda.

Llamamos a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, a aprobar a la brevedad la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a efecto de cumplir con el mandato constitucional al que estamos obligados desde el año 2009 y que por falta de voluntad política no se ha concretado la misma.

Hoy es el momento de consolidar nuestras instituciones, de actualizar el Marco Jurídico Constitucional y dar respuesta a las exigencias que la sociedad demanda. Unidos, sin distinción de partidos y creencias políticas, invito a esta Legislatura a dar paso adelante en materia de transparencia. Vamos por esta reforma. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, reforma el artículo 217 del Código Penal Federal y deroga el 66, 71 y 73 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del PAN, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículo 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, se reforma el artículo 217 del Código Penal Federal y se derogan los artículos 66, 71 y 73 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La iniciativa propone legislar y concretar los acuerdos alcanzados por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión que establecieron por primera vez en la historia de México reglas claras relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos, por lo que se plantea la creación de una Ley en materia de remuneraciones de los servidores públicos que, al reglamentar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con este nuevo marco jurídico se fijaran parámetros sólidos y uniformes aplicables a los tres poderes de la Unión y a los organismos autónomos por disposición constitucional. Asimismo, esta ley contribuirá a dar certidumbre y transparencia a los propios servidores públicos y por ende a los ciudadanos can respecto a la determinación y pago de las remuneraciones.

Exposición de Motivos

La sociedad mexicana a lo largo de su historia ha enfrentado el abuso del poder que muchas autoridades han usado como una forma de gobernar y de imponer sin consideración alguna su forma de pensar, materializando su propia idiosincrasia en políticas de gobierno que sólo han beneficiado a sus más allegados.

Así, durante muchos años México vivió en la oscuridad de las cuentas gubernamentales, de las acciones de gobierno y de la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Han sido muchos los excesos que las autoridades y los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno han cometido en uso de la encomienda del cargo para el que fueron designados. La historia ha sido testigo de la opacidad en la que se manejaron los recursos y los bienes de la nación durante muchos años. Sin embargo, México ha cambiado, ha ido transformando la opacidad: en transparencia, el abuso: en rendición de cuentas y el autoritarismo: en democracia.

Pero estos esfuerzos apenas son los cimientos de lo que habremos de lograr si verdaderamente materializamos las reformas que urgen al país. Reformas, dicho sea de paso, en las que tenemos tareas pendientes, en las que a pesar de existir un mandato constitucional para legislar no hemos sido capaces de lograr los acuerdos que permitan avanzar en las grandes reformas que México requiere.

La sociedad mexicana demanda con celeridad concretar los avances legislativos obtenidos en Legislaturas pasadas, reformas que permitan al país salir del letargo en el que se encuentran algunas autoridades por transparentar los gastos del gobierno, sus empréstitos, la deuda pública y, en general, el uso de los recursos públicos.

Particularmente uno de los temas más sensibles para la sociedad es el relativo a las remuneraciones de los servidores públicos, sobre todo por la gran brecha que existe entre las percepciones de algunos funcionarios de los distintos órdenes de gobierno y de los 3 Poderes de la Unión, en comparación con el salario de una familia promedio. Éste ha sido un reclamo que durante muchos años ha sido ignorado por las autoridades. Se trata de un asunto de justicia social, de transparencia y de equidad.

Para Acción Nacional, uno de los principios fundamentales en los que debe estar sustentado un Estado democrático de Derecho es el relativo a la transparencia. Por ello, urge concretar los esfuerzos legislativos que quedaron pendientes por los legisladores que nos antecedieron en esta Legislatura. Particularmente aquellas reformas en las que el Constituyente Permanente nos dio el mandato de legislar y concretar así los acuerdos alcanzados por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

Nos referimos a la reforma constitucional del 24 de agosto de 2009, en la que se establecieron por primera vez en la historia de México reglas claras relacionadas con las remuneraciones de los servidores públicos.

Dicha reforma constitucional tuvo como origen diversas iniciativas presentadas tanto por el Ejecutivo Federal como por diversos legisladores, en las que se propuso, por una parte, que las remuneraciones tuvieran un límite claro y, por otra, que fueran transparentes y acordes al nivel de responsabilidad de los servidores públicos. Esta reforma sería aplicable a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los órganos autónomos de los tres órdenes de gobierno de forma tal que exista congruencia entre las remuneraciones de todos los servidores públicos.

Así, la reforma constitucional mandata establecer los límites en las remuneraciones de los servidores públicos, establecer un esquema transparente que muestre a la sociedad la integración de las remuneraciones, prever reglas claras para que, con bases técnicas, se determinen las remuneraciones de acuerdo al nivel de responsabilidad y funciones que realizan los servidores públicos, y finalmente, aplicar un esquema de sanciones, en el ámbito administrativo y penal, para aquellos que vulneren las disposiciones constitucionales en materia de remuneración de los servidores públicos.

Por lo anterior, es necesario que a través de una ley, el mandato constitucional se traduzca en mecanismos eficaces, confiables y accesibles para que la sociedad conozca, de manera clara y oportuna, la información sobre el manejo y destino de los recursos públicos que se destinan al pago de las remuneraciones de los servidores públicos.

Cabe recordar que la reforma constitucional estableció que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberían expedir la legislación relativa a la regulación de las remuneraciones, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, situación que; como es evidente, nos tiene en falta en más de 2 años.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a través del entonces Diputado Francisco Ramírez Acuña presentó una iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, la cual proponía que las remuneraciones que se cubrieran a los servidores públicos invariablemente deberían otorgarse con base en criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, y deberían determinarse con base en un régimen de remuneraciones equitativo, igualitario y transparente.

Sin embargo, dicha iniciativa no fue dictaminada por las comisiones correspondientes, por lo que resulta de la mayor relevancia para quienes integramos esta Sexagésima Segunda Legislatura el impulsar de nueva cuenta un proyecto que nos permita al fin contar con un ordenamiento que atienda a los criterios contenidos en la reforma constitucional de 2009, a fin de transparentar las remuneraciones de los servidores públicos, pero además establecer criterios objetivos y claros para su determinación.

La iniciativa a que hacemos referencia fue presentada el pasado 20 de octubre de 2011 y turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Justicia y, de Presupuesto y Cuenta Pública. Sin embargo, al no ser dictaminada en el plazo que prevé el Reglamento de la Cámara de Diputados, ésta precluyó, por lo que los Diputados integrantes de Acción Nacional en esta LXII Legislatura, en una vocación de servicio a la Nación, hacemos propia la iniciativa presentada y reafirmamos nuestro compromiso por sacar adelante las reformas que tanto urgen al país, particularmente aquellas en las que se requiere legislar para cumplir los compromisos asumidos por el Congreso de la Unión al reformar nuestra Ley fundamental.

Es por lo anterior que México debe seguir avanzando hacia la transparencia y la rendición de cuentas, la consolidación de la democracia y en erradicar en definitiva abusos arraigados en ciertas prácticas administrativas del país. Debemos trabajar para evitar la desproporción, el exceso, el abuso y la discrecionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos por el desempeño de su función.

Al mismo tiempo, debemos fortalecer el marco jurídico que permita contar con servidores públicos competentes, profesionales y honestos. Por ello, debe contarse con criterios que permitan otorgar una remuneración que retribuya con justicia el trabajo que se realice y que, simultáneamente, sea establecida en coherencia con las posibilidades presupuestarias, así como con base en la realidad económica nacional.

Es por ello que, comprometido con los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, equidad y eficiencia, a través de la presente iniciativa se propone la creación de una Ley en materia de remuneraciones de los servidores públicos que, al reglamentar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evite los vacíos legales que existen actualmente.

Con este nuevo marco jurídico se fijaran parámetros sólidos y uniformes aplicables a los tres poderes de la Unión y a los organismos autónomos por disposición constitucional. Asimismo, esta ley contribuirá a dar certidumbre y transparencia a los propios servidores públicos y por ende a los ciudadanos can respecto a la determinación y pago de las remuneraciones.

En este sentido, la iniciativa de mérito determina la forma en que se fijarán las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, la cual incluye a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos y demás órganos de la federación. Cabe destacar que todos los servidores públicos sin importar su régimen laboral estarían sujetos a observar la ley, incluyendo aquellos que se contraten de manera eventual.

El personal contratado por honorarios no estaría sujeto a la Ley derivado de que se trata de un régimen de contratación regulado por la legislación civil, en el cual no existe una relación laboral; por tanto no podrán recibir remuneraciones y sus contraprestaciones seguirán siendo determinadas en términos de la legislación presupuestaria, sin perjuicio de que deberán reportarse al Congreso de la Unión los pagos que se efectúen en esta materia.

Asimismo, se establece como principios rectores de las remuneraciones, los siguientes: anualidad, reconocimiento del desempeño, equidad, fiscalización, igualdad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Respecto a la integración de las remuneraciones, se establece que éstas se integran por las percepciones ordinarias (sueldo base, compensación garantizada y prestaciones), las cuales se pagan de manera fija y regular, y las percepciones extraordinarias (estímulos y conceptos similares), las cuales son variables y están sujetas a ciertas condiciones, por lo que solo son cubiertas a los servidores públicos que cumplan éstas.

Además, el proyecto de mérito establece el concepto de “Remuneración total anual”, el cual ya está vigente en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, constituye el límite máximo de remuneraciones y desglosa todos los pagos que se realizan por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias.

La remuneración total anual del Presidente de la Republica se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación y es el referente para determinar las remuneraciones de todos los demás órganos públicos quienes, a su vez, incluyen en dicho Presupuesto la remuneración total anual de su titular o de quien ostente la máxima representación del órgano público.

En este orden de ideas, la remuneración total anual propuesta en la iniciativa de ley para el presidente de la Republica es la misma que fue aprobada en los Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 y 2011. Así, la remuneración total anual del Presidente de la República se incluirá en un apartado específico del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se señalen las cantidades que para cada concepto corresponda, en términos brutos y netos.

Por otro lado, con base en el límite aprobado en la remuneración total anual, se continuarían presentando los tabuladores en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero con mayor detalle, en términos brutos y netos, mensuales y anuales, y para cada grupo de servidores públicos (presidente de la Republica, secretario de Estado, etcétera, y hasta los niveles correspondientes al personal operativo), de todos los órganos públicos.

Los tabuladores de la administración pública federal serían aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los demás poderes y órganos elaborarían sus tabuladores, sujetos al tope establecido en la remuneración total anual del presidente de la Republica.

La iniciativa también plantea la creación de un “manual de remuneraciones”, mediante el cual los órganos públicos, a más tardar el último día hábil de mayo, los emitan y publiquen en el Diario Oficial de la Federación para que, con base en las disposiciones constitucionales y de la ley, regulen y transparenten las reglas para el pago de las remuneraciones; las disposiciones para determinar las percepciones extraordinarias; los tabuladores, y las reglas para el otorgamiento, en su caso, de las erogaciones que no forman parte de las remuneraciones (asignaciones para el desempeño de la función; jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y liquidaciones por servicios prestados; préstamos o créditos y los servicios de seguridad).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública emitirían el manual de remuneraciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en tanto que los manuales de los demás órganos públicos serían elaborados por las áreas que se encuentren encargadas de la gestión de los recursos humanos; la administración financiera y de los aspectos relacionados con el diseño organizacional de los propios órganos públicos.

En la elaboración de los manuales y tabuladores, los órganos públicos tomarían en cuenta las recomendaciones del comité de expertos en remuneraciones, el cual se expone más adelante.

Cabe destacar que para fortalecer la transparencia, se propone que los manuales de remuneraciones, además de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se difundan, de manera permanente, en Internet.

En lo que respecta a las remuneraciones en entidades se propone establecer que los enlaces, mandos medios y superiores no podrán recibir las remuneraciones establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo.

La única excepción permitida seria exclusivamente cuando una ley, de carácter laboral, así lo prevea, caso en el cual sus remuneraciones tendrían que fijarse en un capítulo especifico de las condiciones generales de trabajo y no podrían establecerse el pago de remuneraciones por los mismos conceptos. En este sentido, se prevé que a más tardar en la próxima negociación de las condiciones generales de trabajo y, sin que para ello se exceda el plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, deberán quedar identificadas dichas remuneraciones en un apartado especial precisamente de esos instrumentos. Asimismo, cabe destacar que el Manual de Remuneraciones que expidan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, regulará el otorgamiento de las remuneraciones en esas entidades paraestatales.

Es de subrayar que el único caso que se ubica en este supuesto actualmente es la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 constitucional, aplicable al Banco de México y a las entidades paraestatales que conforman la banca de desarrollo. En este sentido, toda vez que la reforma constitucional en materia de remuneraciones no dispone modificar los regímenes laborales aplicables a los órganos públicos que se encuentran vigentes, la ley de remuneraciones no regularía aspectos laborales. Por lo tanto, éstos se seguirán rigiendo por las leyes especiales en dicha materia, sin perjuicio de que todas las reglas de la ley en materia de remuneraciones les serian aplicables a dichas entidades paraestatales.

Con base en lo anterior, los servidores públicos que se ubican en los niveles de enlace, mandos medios y mandos superiores de la banca de desarrollo continuarían rigiendo su relación laboral con base en lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conservarían los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley que se pone a consideración de esta Soberanía. Sus remuneraciones se consignarían en los apartados específicos de las respectivas condiciones generales de trabajo y en todo momento estarán sujetas a todas las disposiciones constitucionales y de la nueva ley en materia de remuneraciones, particularmente sobre límites máximos, presupuesto, transparencia y rendición de cuentas.

Para todas las entidades paraestatales, sin excepción, se establece que deberán transparentarse y publicarse la totalidad de remuneraciones, asignaciones para el desempeño de la función y los pagos que no forman parte de la remuneración (créditos y préstamos, jubilaciones, liquidaciones, etcétera). Asimismo, deberán identificarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para pagar estos conceptos.

Por otro lado, como parte importante de la iniciativa de mérito, se prevé la conformación de un Comité de Expertos en Remuneraciones, el cual será un órgano técnico de carácter ejecutivo para evaluar, emitir recomendaciones en lo general, y coadyuvar en la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos. Dicho Comité estará integrado por un representante del Poder Legislativo, uno del Poder Judicial, uno del Ejecutivo, un representante común de los órganos constitucionales autónomos Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos e Instituto Federal Electoral, y cuatro expertos independientes, en donde los expertos independientes, son designados por el Ejecutivo Federal mediante una convocatoria que defina el Comité de Expertos.

La designación de expertos independientes será por periodos de cuatro años, prorrogables por un plazo igual, sin que sean considerados servidores públicos. No podrían desempeñar cargos públicos ni prestar servicios a los órganos públicos mientras sean miembros del Comité de Expertos. Así, con el objeto de asegurar su independencia e imparcialidad en la toma de decisiones, serian designados a través de un procedimiento de convocatoria pública y recibirían un pago por cada sesión en la que participen. Su participación en el Comité se considerara un servicio al Estado.

Finalmente, uno de los objetivos centrales de la iniciativa de ley es transparentar a la sociedad el esquema de remuneraciones de los servidores públicos de la federación. En este sentido, la remuneración tendrá en todo tiempo el carácter de información pública. Su clasificación como reservada o confidencial será nula, sin perjuicio de la protección de los datos personales. Es así que, mediante la nueva legislación que se propone, se tiene el objetivo de promover en nuestra sociedad y en la conciencia de todos y cada uno de los servidores públicos, cualquiera que sea el nivel de su responsabilidad o el órgano de gobierno en que preste sus servicios, el que la remuneración que reciba como contra prestación por éstos, no sea sino resultado de su desempeño honesto, trasparente y sustentando en su vocación de servicio para con la población y en su compromiso con el futuro de México.

Para Acción Nacional resulta de la mayor importancia impulsar las reformas que sean necesarias para dotar al Estado mexicano de un marco jurídico acorde a las exigencias que la sociedad demanda. Comprometidos con la rendición de cuentas es que hacemos un llamado a las Diputadas y los Diputados de esta LXII Legislatura a trabajar en favor de una cultura de la transparencia y de la legalidad.

Llamamos a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara a aprobar, a la brevedad, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a efecto de cumplir con el mandato constitucional al que estamos obligados desde el año 2009 y que por falta de voluntad política no se ha concretado la misma. Hoy, es el momento de consolidar nuestras instituciones, de actualizar el marco jurídico nacional y de dar respuesta a las exigencias que la sociedad demanda. Unidos, sin distinción de partidos y creencias políticas es que urgimos al Congreso a aprobar esta iniciativa que reafirma nuestra convicción por un México transparente y eficaz en la asignación de los recursos públicos.

y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores quienes suscribimos, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

Por lo expuesto es que acudo ante esta Soberanía a presentar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículo 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, se reforma el artículo 217 del Código Penal Federal y se derogan los artículos 66, 71 y 73 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Primero. Se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación:

Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación

Título IDisposiciones Generales

Capítulo I Ámbito de aplicación de la ley

Artículo 1.La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto reglamentar el artículo 127 y demás disposiciones de la Constitución, en materia de remuneraciones de los servidores públicos.

Los órganos públicos fijaran y cubrirán las remuneraciones de los servidores públicos que tengan a su cargo con base en lo dispuesto en esta ley. Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Constitución, los órganos públicos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos se sujetaran a los respectivos tabuladores aprobados en dicho Presupuesto.

Cuando los ordenamientos legales establezcan supuestos, conceptos o términos relativos a la materia de las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, se entenderán referidos a los previstos en esta Ley y, sin perjuicio de su especialidad, su interpretación y aplicación se sujetaran a lo previsto en la Constitución, los principios rectores y demás disposiciones de esta ley.

Los órganos públicos con autonomía derivada de la Constitución que no ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos aplicaran la presente ley, sujetándose a sus propios órganos de control y, en el caso del Título III de esta ley, observaran sus disposiciones en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Asignaciones para el desempeño de la función: A los apoyos señalados en la fracción I del artículo 127 de la Constitución, en dinero o en especie, que sujetos a comprobación son asignados a los servidores públicos, sin ingresar a su patrimonio, para que estén en posibilidad de cumplir el puesto que desempeñan, los cuales no forman parte de la remuneración a que tienen derecho;

II. Comité de Expertos: Al Comité de Expertos en Remuneraciones a que se refiere el Titulo V de la presente ley;

III. Constitución: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Grado: Al valor que, con base en metodologías de valuación, se da a un puesto de acuerdo con la responsabilidad que tiene a su cargo;

V. Grupo: A los puestos con la misma jerarquía o rango de remuneración, independientemente de su denominación, resultante del valor en puntos obtenidos a través de la aplicación de la metodología de valuación de puestos;

VI. Manual de remuneraciones: A las disposiciones generales en las que se establecen las políticas y los procedimientos para el pago de las remuneraciones de los servidores públicos, de las asignaciones para el desempeño de la función y las erogaciones a que se refiere el Capítulo II del Título IV de esta ley, y demás disposiciones que sean necesarias para la aplicación de la presente Ley;

VII. Nivel: A la escala de sueldos y salarios relativa a los puestos ordenados en un mismo grado;

VIII. Órganos públicos: A las secretarias de Estado y las entidades paraestatales de la administración pública federal, los poderes federales Legislativo y Judicial, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los demás órganos de carácter público de la Federación.

Las unidades administrativas de la Presidencia de la Republica, la Consejera Jurídica del Ejecutivo federal, la Procuraduría General de la Republica y los tribunales administrativos se sujetaran a las mismas disposiciones aplicables a la administración pública federal;

IX. Plaza: A la posición presupuestaria que respalda un puesto, la cual no puede ser ocupada por más de un servidor público a la vez y que tiene una adscripción determinada;

X. Prestaciones: A las remuneraciones otorgadas a los servidores públicos en adición a los sueldos y salarios, en razón del desempeño de su puesto, del nivel de responsabilidad o del régimen laboral que les resulte aplicable;

XI. Presupuesto de Egresos: Al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente;

XII. Puesto: A la posición impersonal creada en un órgano público con el propósito de que un servidor público ejerza las facultades o funciones que en términos de las disposiciones jurídicas le correspondan y que comprende los empleos, cargos o comisiones públicos, independientemente de su denominación, naturaleza o acto que le de origen;

XIII. Recursos públicos: A los comprendidos en el Presupuesto de Egresos, a los ingresos propios generados por los órganos públicos en el ejercicio de sus funciones, a los que se afecten como patrimonio bajo la figura de fideicomisos públicos, y todo aquel que, independientemente de su fuente de ingreso, financiamiento u origen, se destine al pago de la remuneración por el desempeño de un puesto;

XIV. Remuneración: A cualquier retribución, percepción o compensación, independientemente de su denominación que, con cargo a recursos públicos, se cubran por el desempeño de un puesto e ingresen al patrimonio del servidor público, de acuerdo a lo siguiente:

a. Percepciones ordinarias: A los pagos que constituyen un ingreso fijo, regular y permanente, en dinero o en especie, por concepto de sueldos y salarios, así como por prestaciones, que se cubren a los servidores públicos como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en el órgano público donde prestan sus servicios, y

b. Percepciones extraordinarias: A los pagos que no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, en dinero o en especie, por concepto de estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, por el riesgo en el desempeño de sus funciones; el cumplimiento de compromisos cuyo resultado es sujeto de evaluación; el pago de horas de trabajo extraordinarias, o las asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XV. Remuneración Total Anual: A la suma de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias que puede recibir el servidor público durante el ejercicio fiscal correspondiente, conforme al manual de remuneraciones y hasta por el límite establecido en el tabulador aprobado en el Presupuesto de Egresos;

XVI. Servidores públicos: A las personas que desempeñan un puesto en los órganos públicos, incluso a los que lo desempeñen de manera temporal o eventual;

XVII. Sueldos y salarios: A la percepción ordinaria, en dinero, que reciben los servidores públicos por el desempeño de un puesto;

XVIII. Tabuladores: A los instrumentos técnicos de aplicación general que especifican y diferencian la totalidad de los elementos fijos y variables tanto en dinero como en especie, de las remuneraciones correspondientes a los puestos, de acuerdo a grupo, grado y nivel, y

XIX. Unidades de administración: A las áreas de los órganos públicos encargadas de la gestión de los recursos humanos; la administración financiera, y de los aspectos relacionados con el diseño organizacional, cualquiera que sea su denominación o nivel jerárquico, tales como las oficialías mayores en las dependencias y sus equivalentes en las entidades paraestatales de la administración pública federal.

Artículo 3.Los titulares de las unidades de administración serán responsables de observar y aplicar estrictamente las disposiciones que en materia de remuneraciones de los servidores públicos de la federación señalen la Constitución, esta ley, el Presupuesto de Egresos y los respectivos manuales de remuneraciones.

Artículo 4. Cuando resulte indispensable contratar personal, de manera temporal o eventual, para realizar funciones que correspondan a un puesto, la remuneración que se cubra no podrá ser mayor a la prevista para el puesto al que resulte equivalente la función a realizar.

El Presupuesto de Egresos señalara en los tabuladores respectivos, los conceptos que integraran la remuneración de los servidores públicos que se desempeñen de forma temporal o eventual en el servicio público.

Las personas contratadas bajo el régimen de prestación de servicios profesionales por honorarios en términos de la legislación civil en ningún caso recibirán remuneraciones por dichos servicios.

Los órganos públicos deberán difundir de manera permanente en sus respectivas páginas de Internet, los montos mensuales erogados por las contrataciones temporales o eventuales, así como por concepto de pago de honorarios.

Artículo 5. La interpretación de esta Ley para efectos administrativos estará a cargo de:

I. En el ámbito de la administración pública federal las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, conforme a sus respectivas competencias, y

II. En los órganos públicos no comprendidos en la fracción anterior, las áreas competentes de acuerdo a sus leyes orgánicas u ordenamientos equivalentes.

Capítulo IIPrincipios rectores y reglas generales de las remuneraciones

Artículo 6. En la determinación, pago, ajuste, verificación y evaluación de la remuneración de los servidores públicos de la Federación, se observaran los principios rectores siguientes:

I. Anualidad: La remuneración será determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no podrán disminuirse bajo ninguna circunstancia durante el mismo, pero podrá revisarse y ajustarse para el ejercicio siguiente, propiciando un sistema de remuneración competitivo y acorde a la realidad de la economía nacional;

II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes;

III. Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto;

IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes a fin de garantizar su adecuada aplicación;

V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos;

VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente, y

VII. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad.

Artículo 7. Las remuneraciones de los servidores públicos observaran las siguientes reglas generales:

I. La remuneración de los servidores públicos se integra por la suma de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias, ya sean en dinero o en especie, incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, prestaciones y cualquier otro concepto por el que se cubra un pago que ingrese al patrimonio del servidor público;

II. Conforme a lo dispuesto en las fracciones I y IV del artículo 127 de la Constitución, no forman parte de las remuneraciones:

a) Las asignaciones para el desempeño de la función, conforme a lo dispuesto en el Titulo IV, Capítulo I, de esta ley;

b) Los pagos relativos a jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, y prestamos o créditos, siempre que cumplan con lo previsto en el artículo 44 de esta ley, y

c) Los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del puesto;

III. Bajo ninguna circunstancia la Remuneración Total Anual de un servidor público podrá ser mayor a la considerada por el artículo 12 de esta ley.

La remuneración total anual no podrá ser igual o mayor a la del correspondiente superior jerárquico, salvo que sin rebasar la mitad de la remuneración total anual considerada por el artículo 12 de esta ley, sea producto de:

a. El desempeño de varios puestos, siempre y cuando el servidor público cuente con el dictamen de compatibilidad a que se refiere el Título III, Capítulo III, de esta ley con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales;

b. Las condiciones generales de trabajo;

c. Un trabajo técnico calificado cuya preparación, formación y conocimiento exigidos para su desempeño, son resultado de los avances de la ciencia o la tecnología, o corresponden en lo especifico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y que requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente, y

d. Un trabajo de alta especialización en las funciones que resultan de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y que exige para su desempeño de una experiencia determinada o de la acreditación de competencias o de capacidades especificas o, en su caso, de cumplir con un determinado perfil y, cuando corresponda, satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley.

Las unidades de administración, con base en la información que justifique debidamente cada caso, autorizaran el pago de la remuneración que corresponda a los servidores públicos en términos de esta fracción, la cual en ningún caso podía cubrirse con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, y

IV. Las contribuciones que se causen por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos deberán retenerse y enterarse a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no podrán ser pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto.

Artículo 8. Los ajustes que se realicen durante el ejercicio fiscal a las estructuras de los órganos públicos, que impliquen la creación o modificación de puestos, se sujetaran invariablemente a los tabuladores aprobados en el Presupuesto de Egresos.

Cuando se creen órganos públicos, las remuneraciones que se otorguen a los servidores públicos que los integren no podrán ser distintas a las autorizadas en los tabuladores aprobados en el Presupuesto de Egresos para puestos equivalentes.

El ajuste que deba realizarse por cualquier causa a las estructuras orgánicas u ocupacionales o al inventario de plazas deberá realizarse con el presupuesto de servicios personales autorizado a los órganos públicos correspondientes.

Artículo 9. Los servidores públicos, conforme a esta Ley, tendrán los siguientes derechos:

I. A recibir por el desempeño del puesto las percepciones ordinarias que corresponda;

II. A recibir las percepciones extraordinarias, siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones establecidos para su otorgamiento;

III. A que los sueldos y salarios que les correspondan, conforme a los puestos que desempeñen, no sean disminuidos durante la vigencia del Presupuesto de Egresos, y

IV. A que cuando se hubiere omitido establecer en el Presupuesto de Egresos del año de que se trate la remuneración correspondiente, esta se cubra, conforme se haya fijado en el Presupuesto de Egresos del año anterior, según lo previsto en la Constitución y esta ley.

Las controversias que se susciten por la aplicación de las disposiciones de esta Ley serán resueltas por las instancias competentes de conformidad con lo previsto en los ordenamientos laborales y administrativos.

En todos los casos la autoridad competente, al dirimir la controversia, tendrá en cuenta el interés general que orienta las disposiciones de la Constitución y de esta ley, en lo concerniente a la materia de remuneraciones de los servidores públicos de la federación.

Título IIDeterminación de las remuneraciones

Capítulo I Reglas Generales

Artículo 10. Las unidades de administración serán responsables de que no se concedan a los servidores públicos remuneraciones que no les correspondan.

En ningún caso se podrán autorizar u otorgar remuneraciones que impliquen un doble beneficio por el mismo concepto para el servidor público, independientemente de la denominación que para estas se haya establecido.

Artículo 11. Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, contenidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior, o equivalentes en la administración pública federal.

Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo, que por mandato de ley que regule su relación jurídico laboral, se otorguen a los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles descritos en el párrafo que antecede, deberán fijarse en un capítulo especifico de dichos instrumentos e incluirse en los tabuladores respectivos.

Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, que se establezcan en dicho capítulo, solo podrán mantenerse en la medida en que la remuneración total del servidor público de que se trate, no exceda los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos.

Los contratos colectivos de trabajo, los contratos ley y las condiciones generales de trabajo que se revisen en el ámbito de la administración pública federal, requerirán para su suscripción de las autorizaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito presupuestario, y de la Secretaría de la Función Pública por lo que se refiere a los aspectos ocupacionales y de plantación y administración de personal.

Capítulo IIRemuneración Total Anual

Artículo 12. Los órganos públicos fijaran las remuneraciones aplicables a los servidores públicos a su cargo, con base en la remuneración total anual aprobada en el Presupuesto de Egresos para el presidente de la Republica, observando los procedimientos establecidos en esta ley.

La remuneración total anual correspondiente al presidente de la Republica incluirá los siguientes conceptos:

I. Percepciones ordinarias:

a) Sueldos y salarios:

i. Sueldo base, y

ii. Compensación garantizada;

b) Prestaciones en dinero y en especie:

i. Aportaciones a la seguridad social;

ii. Ahorro solidario, conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

iii. Prima vacacional;

iv. Aguinaldo;

v. Gratificación de fin de año;

vi. Prima quinquenal;

vii. Ayuda para despensa;

viii. Seguro de vida institucional;

ix. Seguro colectivo de retiro;

x. Seguro de gastos médicos mayores

xi. Seguro de separación individualizado, y

xii. Apoyo económico para adquisición de vehículo;

II. Percepciones extraordinarias:

a) Pago por riesgo, y

b) En su caso, otras percepciones ordinarias y extraordinarias que se establezcan en el Presupuesto de Egresos.

La remuneración total anual del presidente de la Republica se incluirá en un apartado específico del Presupuesto de Egresos, en el que se señalen las cantidades que para cada concepto corresponda, en términos brutos y netos.

La remuneración total anual del presidente de la Republica será el límite máximo de remuneración bruta para los servidores públicos, conforme a lo previsto en el artículo 127 de la Constitución.

La remuneración total anual que servirá de base para fijar los límites de las remuneraciones de los servidores públicos incluirá la suma de todos los conceptos señalados en el presente artículo, aun cuando el Presidente de la Republica decida no percibirlos en su totalidad.

Artículo 13. Las remuneraciones se cubrirán conforme a los tabuladores aprobados a cada órgano público para el ejercicio fiscal correspondiente y a la respectiva Remuneración Total Anual, con base en lo siguiente:

I. Los tabuladores incluirán los límites mínimos y máximos de remuneraciones por grupo, en términos brutos y netos, mensuales y anuales, conforme a la siguiente clasificación:

a) Percepciones ordinarias:

i. Sueldos y salarios;

ii. Prestaciones en dinero y en especie, y

 b) Percepciones extraordinarias;

II. El Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, ajustándose al límite previsto para la remuneración total anual que fije el Comité de Expertos de conformidad con el artículo 12 de esta ley, elaborara los tabuladores aplicables a las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos.

Los órganos públicos distintos a los mencionados en el párrafo anterior, por conducto de sus respectivas unidades de administración, elaboraran sus tabuladores ajustándose al límite que corresponda con base en la Remuneración Total Anual que se fije conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de esta ley.

III. Los órganos públicos detallaran la Remuneración Total Anual aplicable a cada grupo de servidores públicos, con la desagregación de todos los conceptos de pago que integran las percepciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias, con las correspondientes cantidades en términos brutos y netos;

IV. Las percepciones en especie deberán monetizarse y presentarse en los mismos términos que aquellas en dinero, y

V. Los órganos públicos deberán difundir, de manera permanente en sus respectivas páginas de Internet, sus tabuladores aprobados y la remuneración total anual de cada grupo.

Artículo 14. Los órganos públicos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos deberán incluir en sus respectivos proyectos de presupuestos, los tabuladores aplicables a los servidores públicos a su cargo y la remuneración total anual correspondiente al servidor público que ostente la máxima representación del respectivo órgano público, en los términos previstos en el artículo anterior.

La información a que se refiere el párrafo anterior será integrada al proyecto de Presupuesto de Egresos, en los términos de los artículos 29 y 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El Presupuesto de Egresos incluirá, en un apartado específico, la remuneración total anual del servidor público que ostente la máxima representación de cada órgano público a que se refiere este artículo y los respectivos tabuladores.

Capítulo IIIManuales de Remuneraciones

Artículo 15. Los órganos públicos deberán emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación, su respectivo manual de remuneraciones, el que deberá contener por grupo de puestos, como mínimo:

I. Las reglas para el pago de las remuneraciones;

II. Las disposiciones para determinar las percepciones extraordinarias que, en su caso, se otorguen, las cuales deberán preverse en una sección específica;

III. Los tabuladores;

IV. Las asignaciones para el desempeño de la función que podrán otorgarse a los servidores públicos;

V. Las reglas para el otorgamiento, en su caso, de las erogaciones a que se refiere el Capítulo II del Título IV de esta ley;

VI. Los lineamientos aplicables para la comprobación de las erogaciones por concepto de remuneraciones y de asignaciones para el desempeño de la función, y

VII. Los lineamientos para que las unidades de administración determinen los servidores públicos que, en virtud de su puesto, intervendrán en la autorización, otorgamiento o pago de las remuneraciones, las asignaciones para el desempeño de la función y las demás erogaciones que no forman parte de la remuneración.

El Ejecutivo federal emitirá, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, el manual de remuneraciones aplicable a las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública federal.

Los manuales de remuneraciones de los demás órganos públicos serán elaborados y emitidos por los respectivos titulares de las unidades de administración.

Los manuales de remuneraciones deberán publicarse anualmente en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil de mayo, e incluirán el incremento de remuneraciones que, en su caso, se haya aprobado para el ejercicio fiscal de que se trate, de conformidad con los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos.

Título IIISistema de Remuneración

Capítulo IReglas Generales

Artículo 16. El Sistema de Remuneración se compone por los procedimientos para determinar, pagar, verificar, evaluar y ajustar la remuneración de los servidores públicos con sujeción a las disposiciones y principios rectores señalados en la Constitución y esta ley.

Artículo 17. Las remuneraciones se constituirán en grupos y grados, en los que preferentemente se señalara el monto mínimo y máximo que podrá otorgarse a los servidores públicos por el desempeño de su puesto.

Los montos mínimos y máximos a que se refiere el párrafo anterior integran los grupos y grados en los tabuladores y deberán comprender la totalidad de los recursos inherentes a los conceptos de pago de percepciones ordinarias y extraordinarias.

Artículo 18. Los puestos se deberán valuar para determinar el grupo y grado que les corresponda.

Los grupos partirán en orden descendente, a partir de la remuneración que se establezca para el presidente de la Republica.

Las remuneraciones que correspondan a los titulares o a quien ostente la máxima representación de los órganos públicos, se fijaran conforme a la valuación que de los respectivos puestos realicen las unidades de administración de los órganos públicos, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones especificas que la Constitución señala en materia de las remuneraciones de sus servidores públicos.

Artículo 19. Las remuneraciones que corresponden a los servidores públicos deberán ser proporcionales y equitativas a la responsabilidad del puesto que desempeñen.

La responsabilidad que implica cada puesto se dividirá en grados. Cada grupo comprenderá hasta tres grados.

La metodología de valuación de los puestos que se utilice por cada órgano público deberá permitir que se ubiquen en el grupo y grado que corresponda en los tabuladores, a partir de la valuación que de los mismos se realice, con base en la descripción del puesto.

Cada grado podrá dividirse en tres niveles como mínima.

Artículo 20. El grado de un puesto se determina por la relación directa del impacto o contribución que representan en mayor o menor medida sus funciones, respecto a:

I. Los objetivos y fines del órgano público;

II. Las repercusiones de las resoluciones o decisiones que se adoptan al exterior o interior del órgano público;

III. La prevención de situaciones o escenarios que causen detrimento a perjuicios graves al interés público;

IV. La solución de problemas de máxima, mediana o mínima complejidad que son de interés público;

V. La cobertura y trascendencia de la función pública y su vinculación con la sociedad;

VI. La determinación de conceder, restringir o afectar derechos a los gobernados;

VII. El ejercicio de atribuciones para disponer, autorizar o usar cualquier tipo de recursos públicos;

VIII. La dirección y supervisión de personal bajo su mando, y

IX. La proximidad de un riesgo inminente y característico del desempeño de la función pública conferida, que dañe o afecte la salud o la integridad física del servidor público o la de sus parientes más próximos.

La valuación del puesto que se realice a partir de los elementos de la responsabilidad a que se refieren las fracciones anteriores determinara las remuneraciones que deberán cubrirse a los servidores públicos de acuerdo con el grupo, grado y nivel que corresponda al puesto que desempeñen y a la suficiencia presupuestaria.

Artículo 21. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra condicionado a la existencia de una disposición previa y para tener derecho a las mismas deberá acontecer un supuesto determinado, cumplirse ciertos requisitos o satisfacerse condiciones especificas y, en su caso, contarse con la autorización del titular de la relación de trabajo o con la evaluación que realice un tercero, ya sea el superior jerárquico, una comisión, comité, consejo o jurado.

Artículo 22. La contratación que se lleve a cabo para otorgar las prestaciones consistentes en seguros deberá realizarse en los términos de las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Tratándose de seguros de responsabilidad civil y asistencia legal, los mismos estarán limitados a eventos relativos al desempeño del puesto y en ningún caso cubrirán prima o concepto alguno que resulte de procedimientos de naturaleza administrativa, laboral y penal en los que el Estado sea parte o promueva su instauración en contra de los servidores públicos. El monto de los recursos públicos destinados a cubrir la prestación de seguros será señalado en el manual de remuneraciones. Los seguros podrán ampliarse en cobertura y conceptos con cargo a los servidores públicos conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 23. Los conceptos y montos aprobados en los tabuladores, así Como los grupos, grados y niveles, por ningún motivo podrán ser modificados por los órganos públicos durante el ejercicio fiscal correspondiente, salvo por el incremento salarial que, en su caso, se determine con cargo al presupuesto de servicios personales aprobado específicamente para tal efecto.

Capítulo IIPago de las remuneraciones

Artículo 24. El pago de las remuneraciones que corresponda a cada servidor público por el desempeño de su puesto deberá realizarse con la debida oportunidad según las condiciones y calendario establecidos por el órgano público y de acuerdo con los ordenamientos legales específicos.

El pago por el desempeño de un puesto invariablemente se realizara conforme a la valuación respectiva, en el grupo, grado y nivel que corresponda en el tabulador y de acuerdo con la suficiencia presupuestaria.

Las remuneraciones deberán cubrirse invariablemente a partir de que el servidor público tome posesión del puesto y, en todo caso, las unidades de administración deberán garantizar que el pago de las remuneraciones se cubra dentro del plazo improrrogable de sesenta días hábiles, contados a partir de que el servidor público tome posesión del puesto.

Artículo 25. El pago de las remuneraciones de los servidores públicos deberá realizarse en dinero, preferentemente a través de medios electrónicos vinculados al sistema bancario; los documentos o registros electrónicos que se generen a través de estos surtirán todos los efectos jurídicos que la ley exija, serán útiles para acreditar el cumplimiento de las obligaciones y serán aceptados como medio de convicción.

Para efectos de la comprobación de las erogaciones, los registros en medios electrónicos serán suficientes para comprobar la entrega de los recursos públicos.

Artículo 26. Al inicio del ejercicio fiscal de que se trate, las unidades de administración realizarán los ajustes que, en su caso, correspondan a las remuneraciones de los puestos en términos de lo aprobado en el Presupuesto de Egresos.

Artículo 27. La acción para exigir el pago de las remuneraciones prescribirá en un año, contado a partir de la fecha en que sean devengadas o se tenga derecho a percibirlas y solo se interrumpirá por gestión de cobro hecha por escrito.

Artículo 28. Sin perjuicio de las acciones que conforme a la ley deban seguirse, los órganos públicos deberán suspender el pago de las remuneraciones de los servidores públicos cuando se acredite que, para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, declararon con falsedad respecto de la información a que se refiere el artículo 34 de esta ley.

Las unidades de administración deberán suspender el pago de las remuneraciones de los servidores públicos en los casos previstos en ley o en los que exista determinación de la autoridad competente.

Artículo 29. Los pagos indebidos o en exceso que se realicen en materia de remuneraciones obligaran a los beneficiarios al reintegro en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir de que su devolución les sea requerida por la unidad de administración, incluyendo los intereses que, en su caso, se hayan generado durante el periodo comprendido entre la fecha del pago indebido o en exceso y la fecha de notificación del reintegro.

Las unidades de administración podrán aceptar que el reintegro de las cantidades pagadas en exceso a que se refiere el párrafo anterior se realice en pagos parciales en un plazo no mayor a un año, incluyendo los intereses correspondientes, cuando el servidor público de que se trate justifique, a juicio de dichas unidades, la imposibilidad de reintegrar el pago en exceso en el plazo señalado en el párrafo anterior y medie convenio para tal efecto.

Los intereses a que se refiere este artículo se calcularan conforme a la tasa que se establezca en el Presupuesto de Egresos, aplicable a las cargas financieras relativas al sistema de compensación de créditos y adeudos a que se refiere el artículo 73 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

El reintegro del pago indebido o en exceso por el beneficiario libera de la restitución a la hacienda pública a quien haya autorizado, otorgado o pagado el mismo, pero no libera de la responsabilidad que en su caso corresponda.

Artículo 30. Al realizar pagos por cualquiera de los conceptos de remuneración, los órganos públicos deberán sujetarse al inventario de plazas y, en su caso, a las estructuras dictaminadas, aprobadas y registradas ante las instancias competentes.

Artículo 31. En ningún caso los servidores públicos podrán recibir remuneraciones adicionales a las que les corresponden por el ejercicio de su puesto por participar en consejos, órganos de gobierno o equivalentes en los órganos públicos o comités técnicos de fideicomisos públicos o análogos a estos.

Capítulo IIIRemuneración por desempeñar dos o más puestos

Artículo 32.Los servidores públicos podrán recibir las remuneraciones correspondientes a un solo puesto, salvo que se dictamine que existe compatibilidad para desempeñar dos o más puestos.

En tanto se determina la compatibilidad a que se refiere el párrafo anterior, el servidor público no podía ocupar el segundo o subsecuentes puestos. Antes de su contratación por un órgano público, los interesados deberán presentar un escrito ante la unidad de administración correspondiente en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que no reciben remuneración alguna por parte de otro órgano público o, en su caso, que se ha dictaminado que existe compatibilidad de puestos.

Si se dictamina la incompatibilidad para desempeñar dos o más puestos, el servidor público podrá optar por el puesto que convenga a sus intereses.

Artículo 33. El dictamen de compatibilidad de puestos será emitido por la unidad de administración del órgano público en que el servidor público pretenda ocupar un nuevo puesto.

La unidad de administración que emita el dictamen de compatibilidad de puestos deberá darlo a conocer a la unidad de administración del órgano público en que el interesado presente servicios, para los efectos a que haya lugar.

Artículo 34. La solicitud de emisión del dictamen a que se refiere el artículo anterior deberá ser presentada por el servidor público interesado ante la unidad de administración que se indica en el primer párrafo de dicho artículo y deberá señalar:

I. El nuevo puesto que pretende ocupar, y

II. El puesto o puestos que ocupa, especificando:

a) Nombre del puesto, grupo, grado y nivel;

b) Adscripción;

c) Ubicación de su o sus centros de trabajo;

d) Horario y jornada de labores;

e) Funciones;

f) Particularidades, características, exigencias y condiciones en que desempeña el o los puestos que ocupa, entre otras:

i. Uso de equipo técnico;

ii. Exposición a riesgo por el ejercicio de atribuciones o por exposición a materiales infecto contagiosos, radiactivos o peligrosos, y

iii. Disponibilidad para viajar o cambiar de domicilio, y

g) Remuneraciones.

Artículo 35. En el dictamen de compatibilidad de puestos, además de analizar los aspectos que las unidades de administración estimen pertinentes, se hará constar expresamente:

I. Si las funciones a desarrollar en los puestos de que se trate:

a) Son o no excluyentes entre sí, y

b) Implican o pudieran originar conflicto de intereses;

II. Si existe o no la posibilidad de desempeñar los puestos adecuadamente en razón de:

a) El horario y jornada de trabajo que a cada puesto corresponde;

b) Las particularidades, características, exigencias y condiciones de los puestos de que se trate, y

c) La ubicación de los centros de trabajo y del domicilio del servidor público;

III. Si existe o no prohibición legal para que se desempeñen por un mismo servidor público los puestos de que se trate, y

IV. Si en caso de recibir las remuneraciones que correspondan al puesto que pretende ocupar el servidor público se rebasaría el límite a que se refiere el artículo 7, fracción III, de esta ley.

Capítulo IVRemuneración cuando se desempeñen empleos, cargos o comisiones en las entidades federativas o municipios

Artículo 36. Sin perjuicio de la aplicación de la legislación local por parte de las autoridades competentes, cuando una persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en las entidades federativas o municipios pretenda ocupar un puesto o cuando un servidor público pretenda ocupar un empleo, cargo o comisión en las entidades federativas o municipios, para que proceda el pago de remuneraciones, la unidad de administración del órgano público de que se trate deberá emitir el dictamen sobre la compatibilidad para desempeñar puestos federales y locales.

Las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en el párrafo anterior deberán observar lo dispuesto en el artículo 32 de esta ley.

Artículo 37. Para los efectos de la remuneración por un puesto, el dictamen de compatibilidad de puestos federales y locales será emitido por la unidad de administración del órgano público al que corresponda el puesto que se ocupe o pretenda ocupar por el interesado. Lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades del Distrito Federal, estatales y municipales determinen lo que corresponda en cuanto al empleo, cargo o comisión local, en términos de la legislación local.

La unidad de administración que emita el dictamen de compatibilidad de puestos federales y locales deberá darlo a conocer al área competente de la entidad federativa o municipio en que el interesado preste o pretenda prestar sus servicios, para los efectos a que haya lugar.

La solicitud de dictamen de compatibilidad de puestos federales y locales y la elaboración del referido dictamen se sujetaran, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de esta ley.

Capítulo VVerificación

Artículo 38. La Secretaría de la Función Pública y los demás órganos de fiscalización equivalentes en los órganos públicos, en el ámbito de sus atribuciones, podrán verificar el cumplimiento de las obligaciones que impone esta ley, para lo cual podrán realizar auditorías o visitas y requerir información o documentación necesaria para constatar que la determinación, pago y, en su caso, ajuste de las remuneraciones se realiza en estricta observancia de la Constitución y demás disposiciones aplicables.

Cuando de los resultados de la verificación se presuma la contravención de las obligaciones que la Constitución y esta Ley establecen, se iniciaran los procedimientos para fincar las responsabilidades que, en su caso, correspondan, sin perjuicio de que se establezcan por el titular del órgano público de que se trate las acciones correctivas conducentes.

Capítulo VIEvaluación

Artículo 39. El Comité de Expertos realizara cada tres años una evaluación sobre la observancia de los principios rectores y del Sistema de Remuneración.

La base metodológica mínima para el desarrollo de la evaluación a que se refiere el párrafo anterior será definida por el Comité de Expertos y deberá permitir que la información obtenida sea comparable con la de otros ejercicios e inclusive con otros estudios realizados en la materia.

La información que se obtenga de la evaluación deberá permitir conocer si las remuneraciones son proporcionales al grado de los puestos, son congruentes con la realidad económica del país, así Como si existe proporcionalidad y equilibrio entre los órganos públicos, entre otros aspectos.

El Comité de Expertos publicara en su página de Internet los resultados de la evaluación que realice, a más tardar el 30 de abril del año en que corresponda realizarla.

Artículo 40. La evaluación que realice el Comité de Expertos considerara las metodologías de valuación de puestos y los tabuladores que utilicen los órganos públicos para determinar la remuneración de los servidores públicos.

Título IVErogaciones que no forman parte de las remuneraciones

Capítulo IAsignaciones para el desempeño de la función

Artículo 41. Las asignaciones para el desempeño de la función serán establecidas por los órganos públicos en el respectivo manual de remuneraciones.

Con base en los principios rectores establecidos en la Ley, las asignaciones para el desempeño de la función deberán guardar homologación entre los órganos públicos, de manera que en estos rija una política que privilegie la proporcionalidad y correlación entre puestos de similar grupo y responsabilidad.

Las unidades de administración serán responsables de que las asignaciones para el desempeño de la función se sujeten a criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Los servidores públicos deberán presentar un informe de la comisión oficial para la que se otorgaron gastos de viaje, mismo que se sujetara a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental.

Artículo 42. Los remanentes de las asignaciones para el desempeño de la función que no se utilicen por el servidor público, cuando su naturaleza así lo permita, deberán devolverse al órgano público dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de conclusión de la comisión o el evento para el que hubieran sido previstas dichas asignaciones.

Artículo 43. Las erogaciones que los órganos públicos podrán realizar como asignaciones para el desempeño de la función, sin que sean consideradas remuneraciones, corresponden a los conceptos siguientes:

I. Tecnologías de la información u otras herramientas de trabajo;

II. Servicios de comunicación, incluyendo telefonía que utilicen los servidores públicos en funciones oficiales;

III. Vehículos que utilicen los servidores públicos en funciones oficiales;

IV. Alimentación en funciones oficiales;

V. Vivienda del Presidente de la Republica;

VI. Asignación temporal de vivienda; arrendamiento; gastos de traslado y menaje de casa, o ambos, de servidores públicos que sean designados para desempeñar su función fuera de su área de adscripción original. Lo anterior, en términos de la legislación aplicable;

VII. Capacitación directamente relacionada con las atribuciones que desempeñe el servidor público;

VIII. Gastos de viaje en actividades oficiales para cubrir el traslado, la alimentación, el hospedaje y los demás servicios inherentes a la comisión oficial, en lugar distinto a la adscripción del servidor público, y

IX. Los demás que sean necesarios para el desempeño del puesto que se autoricen conforme a las disposiciones aplicables, siempre que no ingresen al patrimonio de los servidores públicos y que se encuentren sujetos a comprobación.

Las erogaciones a que se refiere este Capítulo deberán comprobarse en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones que derivan de la misma y, en el caso de los órganos públicos que no reciben recursos del Presupuesto de Egresos, conforme a las disposiciones que les resulten aplicables.

Capítulo IIOtras erogaciones que no forman parte de las remuneraciones

Artículo 44. Las erogaciones que realicen los órganos públicos por concepto de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados y los préstamos o créditos que otorguen a sus trabajadores, se sujetaran a lo siguiente:

I.Deberán estar previstas por ley, decreto legislativo, contrato ley, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo;

II. La base legal o contractual, los requisitos y condiciones para su otorgamiento, así como las tasas aplicables en el caso de préstamos y créditos, deberán especificarse en los respectivos manuales de remuneraciones y difundirse de manera permanente en Internet, y

III.Las asignaciones de recursos necesarias para cubrir dichas erogaciones deberán estar aprobadas de origen en el Presupuesto de Egresos; para tal efecto, los órganos públicos identificaran los recursos específicamente destinados para dichos fines en la partida de gasto correspondiente y en el tomo del proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente. En el caso de los órganos públicos que no reciben recursos del Presupuesto de Egresos, las asignaciones deberán aprobarse por el respectivo órgano de gobierno o su equivalente y se identificaran los recursos específicamente destinados para dichos fines en el presupuesto correspondiente.

Las erogaciones que se realicen por los conceptos a que se refiere el presente artículo, invariablemente se sujetaran al cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso y a criterios de generalidad.

Artículo 45. Los servicios de seguridad no formaran parte de las remuneraciones de los servidores públicos que los requieran por razón del puesto que desempeñan, siempre y cuando dichos servicios sean indispensables para preservar la integridad física de dichos servidores públicos y, en su caso, de su cónyuge y familiares en primer grado.

Artículo 46. Cuando un servidor público fallezca, sin distingo alguno del grupo al que corresponda su puesto, su antigüedad en el servicio público y de las causas de su deceso, los familiares o quien con motivo del fallecimiento se haga cargo de los gastos de inhumación, recibirá hasta el importe de cuatro meses de las percepciones ordinarias que correspondan al puesto que desempeñaba.

Cuando el deceso del servidor público resultase de una acción en cumplimiento de sus deberes para con la sociedad o el Estado, anteponiendo estos a sus intereses personales, adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior se podrá otorgar a su cónyuge, familiares o beneficiarios, el importe en dinero que se establezca en el manual de remuneraciones respectivo.

Capítulo IIIComprobación e información

Artículo 47. Los órganos públicos establecerán en el manual de remuneraciones respectivo los lineamientos aplicables para la comprobación de las erogaciones a que se refiere este Titulo, de conformidad con las disposiciones en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria, y de esta ley.

En todo caso, los órganos públicos comprobaran las erogaciones a que se refiere este Titulo con la documentación justificativa del gasto con la que en términos de las disposiciones aplicables se deba contar para efectos de la Cuenta Pública. Cuando, por su naturaleza, no pueda establecerse una forma específica de comprobación de las referidas erogaciones, estas se comprobaran únicamente con la documentación a que se refiere este párrafo.

Artículo 48. Los órganos públicos deberán reportar trimestralmente al Congreso de la Unión los pagos que hayan realizado en términos de este título. Los órganos que reciban recursos del Presupuesto de Egresos presentaran dicha información en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Cuenta Pública.

Título VComité de Expertos en Remuneraciones

Capítulo IOrganización y funcionamiento del Comité de Expertos

Artículo 49. El Comité de Expertos es un órgano colegiado en materia de remuneraciones y se integra por los siguientes ocho miembros:

I.Un representante del Poder Legislativo, que será el Secretario General de la Cámara de Diputados;

II. Un representante del Poder Ejecutivo, que será el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el subsecretario de la Función Pública de la Secretaría de la Función Pública, de manera alternada cada ano;

III. Un representante del Poder Judicial, que será el Consejero de la Judicatura Federal designado por ese poder para integrar la Comisión de Administración;

IV. Un representante común de los siguientes organismos:

a) El Banco de México, que será el subgobernador que designe el gobernador del banco;

b) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que será el oficial mayor, y

c) El Instituto Federal Electoral, que será el Secretario Ejecutivo.

Los organismos a que se refiere esta fracción realizaran cada año la designación de su representante de manera conjunta, la cual se formalizara mediante comunicado dirigido al Comité de Expertos. Cuando no hubiere acuerdo entre los organismos, la designación se realizara por el propio comité, y

V. Cuatro expertos, designados por el presidente de la Republica, a través de un procedimiento de convocatoria pública.

La convocatoria pública será expedida por los integrantes del Comité de Expertos, quienes presentaran al presidente de la Republica los resultados de la misma para los efectos de la designación respectiva.

Corresponderá a los integrantes del Comité de Expertos, fijar las bases y requisitos que deberán incorporarse a la convocatoria pública, conforme a lo dispuesto en esta ley.

La contraprestación de los cuatro expertos a que se refiere esta fracción, será fijada en la convocatoria pública y se otorgara por cada sesión en la que participen. Los recursos con los que se cubran dicha contra prestación quedaran comprendidos en el Presupuesto de Egresos.

La participación de los expertos en el comité se considerara un servicio al Estado, por lo que no serán considerandos servidores públicos.

El Comité de Expertos contara con una Secretaría Técnica, la que estará a cargo, de manera rotativa, de las secretarías de Hacienda y Crédito Público o de la Función Pública, según corresponda, con voz y sin derecho a voto. Los nombramientos del Secretario Técnico y de su respectivo suplente, recaerán en servidores públicos que ocupen cargos relacionados con la materia de remuneraciones.

Cuando la Presidencia del Comité de Expertos corresponda al representante de una de estas dependencias, la Secretaría Técnica del propio comité recaerá en el servidor público designado por la otra Secretaría.

La Presidencia del Comité de Expertos se alternara, en periodos de un año, entre los representantes de los Poderes Federales en el orden establecido por las fracciones I a III de este artículo.

Los representantes de los órganos públicos podrán designar a sus respectivos suplentes. Los expertos a que se refiere la fracción V de este artículo no podrán designar suplentes.

Con motivo de la integración o participación en el Comité de Expertos, ninguno de los representantes de los órganos públicos podrá recibir remuneración alguna adicional a la que corresponda al puesto que desempeñan.

Artículo 50. Los expertos a que se refiere la fracción V del artículo anterior deberán reunir los requisitos siguientes:

I.Contar con al menos cinco años de experiencia y capacidad probada en materia de administración de recursos humanos;

II. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso;

III. No estar desempeñando un puesto ni haberlo hecho durante el año previo al día de su designación, y

IV. No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento legal para integrar el Comité de Expertos.

Artículo 51. Los expertos a que se refiere la fracción V del artículo 49 de esta Ley serán designados por un periodo de cuatro años, al término del cual podrán ser ratificados para un periodo igual.

En caso de que alguno de los expertos, por cualquier motivo, no concluya el periodo señalado en el párrafo anterior, se realizara una nueva designación por el tiempo faltante, sin perjuicio de que al termino de este el experto entrante pueda ser ratificado por un periodo de cuatro años.

Durante el tiempo que sean miembros del Comité de Expertos, los expertos a que se refiere este artículo no podrán desempeñar un puesto ni prestar servicios a los órganos públicos, salvo que se trate de actividades docentes, científicas y de beneficencia.

Artículo 52. El Comité de Expertos contara con las atribuciones siguientes:

I.Fijar la Remuneración Total Anual considerada por el artículo 12 de esta ley;

II. Formular recomendaciones sobre los esquemas de remuneraciones de los servidores públicos;

III. Evaluar la observancia y aplicación por parte de los órganos públicos, de los principios rectores y del Sistema de Remuneraciones previstos en esta ley;

IV. Requerir a los órganos públicos el diagnostico sobre las remuneraciones de sus servidores públicos, así como cualquier otra información que sea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones;

V. Determinar las compensaciones que recibirán los ex presidentes, observándose al efecto lo previsto en la fracción III del artículo 44 de esta ley;

VI. Establecer las reglas que sean necesarias para el desarrollo de sus sesiones y aprobar el calendario en que se celebren las ordinarias, y

VII. Las demás que sean necesarias para realizar las atribuciones a que se refieren las fracciones anteriores.

Artículo 53. El Comité de Expertos sesionara de manera ordinaria cuando menos dos veces al año y de manera extraordinaria en cualquier tiempo a petición de alguno de los representantes a que se refiere el artículo 49, fracciones I a III, de esta ley.

Para que el Comité de Expertos sesione válidamente se requerirá la asistencia de al menos:

I. Tres de los representantes a que se refiere el artículo 49, fracciones I a IV, de esta ley, entre estos deberá necesariamente encontrarse aquel al que corresponda presidir el Comité de Expertos, y

II. Tres de los expertos a que se refiere la fracción V del artículo 49 de esta ley.

De no reunirse el quórum se convocara a sesión nuevamente. Dicha sesión será válida con la presencia de cuando menos tres de los representantes señalados en las fracciones I a IV del artículo 49 de esta ley, entre ellos, el presidente en turno.

Los acuerdos y demás determinaciones del Comité de Expertos se tomaran por mayoría de votos de los integrantes presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Todas las sesiones del Comité de Expertos serán publicas y sus acuerdos constaran en actas.

Artículo 54. Corresponde a la Secretaría Técnica del Comité de Expertos:

I. Levantar la lista de asistencia de los integrantes de este, señalar la existencia del quórum requerido y apoyar al Presidente en el desahogo del orden del día respectivo;

II. Tomar la votación sobre los acuerdos del Comité de Expertos, llevar su seguimiento e informar sobre su cumplimiento al propio Comité;

III. Levantar los acuerdos y someter a consideración y firma del Comité de Expertos, las actas de sus sesiones;

IV. Resguardar y clasificar la información que se someta a consideración del Comité de Expertos, las actas de sus sesiones y la que integre su acervo documental;

V. Apoyar al Comité de Expertos en la realización de la evaluación a que se refiere el artículo 39 de esta ley;

VI. Elaborar y someter a consideración del Comité de Expertos los informes anuales de actividades de dicho comité;

VII. Mantener actualizada la página de Internet del Comité de Expertos;

VIII. Cuando el Comité de Expertos no se encuentre reunido, atender las consultas que se formulen a este y brindar acceso a la información de conformidad con las disposiciones aplicables;

IX. Auxiliar a los integrantes del Comité de Expertos con la información y demás elementos técnicos que requieran para su participación en las sesiones del mismo, y

X. Las demás que mediante acuerdo determine el Comité de Expertos.

Capítulo IIRecomendaciones del Comité de Expertos

Artículo 55. Las recomendaciones a las que se refiere la fracción II del artículo 52, deberán considerar la existencia de suficiencia presupuestaria, la factibilidad jurídica y operativa de su implementación.

Artículo 56. Las recomendaciones que formule el Comité de Expertos serán públicos y deberán difundirse en su página de Internet, así como en las respectivas páginas en Internet de los órganos públicos a los que se dirigieron estas.

Título VITransparencia y Rendición de Cuentas

Artículo 57. La remuneración asignada a los puestos tendrá en todo tiempo el carácter de información pública, por lo que su clasificación como información reservada o confidencial por alguna autoridad será nula, sin perjuicio de la protección de los datos personales.

La remuneración que reciba el servidor público es publica y está sujeta a verificación de la autoridad competente.

El servidor público deberá formular declaración de sus ingresos por el desempeño de su puesto, de conformidad con las disposiciones jurídicas correspondientes.

Artículo 58. Los órganos públicos, a través de sus respectivas páginas en Internet, deberán para efectos de la transparencia y rendición de cuentas, en materia de remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, realizar lo siguiente:

I.Establecer procedimientos sencillos y expedites para que toda persona tenga acceso a la información;

II. Publicar la información de tal forma que facilite su use y comprensión a la sociedad, y que asegure su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, utilizando medios de comunicación electrónica;

III. Difundir los tabuladores, conceptos y montos de remuneración, los manuales de remuneraciones e inclusive los contratos ley, contratos colectivos o condiciones generales de trabajo;

IV. Publicar el inventario o plantilla de puestos y la remuneración autorizada;

V. Difundir los montos mensuales erogados por contrataciones temporales o eventuales, e inclusive aquellos que fueron pagados por concepto de honorarios;

VI. Divulgar el nombre de los servidores públicos que desempeñan los puestos, privilegiando la protección de sus datos personales.

Cuando se trate de quienes desempeñen funciones de seguridad nacional, seguridad pública o de procuración de justicia, deberá asegurarse el anonimato de los servidores públicos, a fin de evitar comprometer su integridad o la eficacia de las operaciones en que participan;

VII. Difundir, los ajustes a las estructuras, montos y diferencias que resulten, en relación con el presupuesto autorizado, y

VIII. Divulgar la demás información señalada en esta Ley, la que se establezca en el Presupuesto de Egresos y en otras disposiciones jurídicas, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas a la sociedad de manera que pueda valorar, en su caso, la gestión pública.

Adicionalmente a lo anterior, los órganos públicos deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con los tabuladores que deban enviar a dicha dependencia, el desglose de las erogaciones a que se refiere el título IV de esta ley para su integración al tomo del proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente.

Artículo 59. Cuando la información pública en materia de remuneraciones de los servidores públicos o a la que tenga acceso cualquier servidor público en razón de su puesto se utilice indebidamente o sirva para la preparación o consumación de un delito, la autoridad competente considerara la conducta como grave.

Artículo 60. Los órganos públicos harán público el registro de sus servidores públicos, de las remuneraciones que se cubran por el desempeño de un puesto, de las asignaciones para el desempeño de la función y demás información prevista en esta ley.

Título VIIDe las Sanciones

Artículo 61. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y a las disposiciones que emanen de ella serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución.

Artículo 62. Se sancionara en los términos de las disposiciones aplicables al servidor público que, por actos u omisiones, incurra en alguno de los siguientes supuestos:

I. Otorgue o autorice, para sí o para otros, pagos de remuneraciones por montos superiores o conceptos diferentes a los especificados en los tabuladores aprobados;

II. Otorgue o autorice para sí o para otros, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, prestamos o créditos que no estén previstos en ley, decreto legislativo, contrato ley, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, o estando previstos en estos no se tenga derecho a ellos;

III. Habiendo sido requerido previamente por la unidad de administraci6n omita la devolución de remuneraciones que le hayan sido entregadas o depositadas en montos o conceptos diferentes a los previstos en los tabuladores;

IV. Autorice, otorgue o utilice las asignaciones para el desempeño de la función, en actividades o en conceptos ajenos al cumplimiento de su puesto, y

V. Eludan, por simulación de actos, lo establecido en la presente ley.

Los procedimientos de responsabilidades se instauraran en contra de los servidores públicos que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en esta ley.

Artículo 63. Corresponderá a las autoridades competentes determinar los daños y perjuicios estimables en dinero a la hacienda pública Federal o al patrimonio de cualquier órgano público por el incumplimiento de esta ley, en los términos de as disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 64. Sin perjuicio de las acciones que conforme a la ley deban seguirse, cuando se acredite que, para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, un servidor público declaro con falsedad respecto de la información a que se refieren el artículo 34 de esta ley, se dejara sin efectos el nombramiento o vinculo laboral conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 65. No se impondrán sanciones a quienes, sin incurrir en elusión por simulación, autoricen o reciban una remuneración superior a la que corresponda o cualquier otro pago indebido, siempre y cuando, antes de que se inicie el procedimiento de responsabilidades correspondiente, de manera espontánea se restituya el monto recibido indebidamente o en exceso o se haya celebrado convenio para su restitución.

Artículo 66. Cualquier persona que tenga conocimiento de algún acto u omisión que implique la contravención a las disposiciones de esta ley y a las disposiciones que deriven de la misma, podía presentar las denuncias o quejas correspondientes en los términos de la legislación aplicable, a efecto de que las autoridades competentes inicien los procedimientos que correspondan.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 217 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo VUso indebido de atribuciones y facultades

Artículo 217. ...

I. El servidor público que indebidamente:

A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y use de bienes de dominio de la federación;

B) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;

C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública federal, y del Distrito Federal, o

D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.

II. Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hace referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas;

III. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos les dé, a sabiendas, una aplicación publica distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal;

IV. El servidor público que en razón de su empleo, cargo o comisión públicos otorgue o autorice, para sí o para otros, pagos de remuneraciones, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, prestamos o créditos que no estén previstos en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo, o que estando previstos otorgue o autorice su pago aunque no se tenga derecho a recibirlos, y

V. El servidor público que utilice los apoyos o gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, en actividades o en conceptos ajenos al cumplimiento de su empleo, cargo o comisión públicos.

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo Tercero. Se derogan los artículos 66, 71 y 73 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 66. Se deroga.

Artículo 71. Se deroga.

Artículo 73. Se deroga.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor el primero de enero del año siguiente al de su publicación.

Segundo. Para los efectos del Título V de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, se deberá estar a lo siguiente:

I. El Comité de Expertos deberá quedar instalado a más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este decreto;

II. Los cuatro expertos señalados en la fracción V del artículo 49 de la ley, que integren por primera ocasión el Comité, serán designados en forma escalonada en periodos de uno, dos, tres y cuatro años, en los términos de la convocatoria pública respectiva;

III. La convocatoria pública que se emita para designar por primera ocasión a los cuatro expertos del Comité, será expedida por los representantes señalados en las fracciones I, II, II y IV del artículo 49 de la ley;

IV. La evaluación señalada en el artículo 39 de la Ley se realizara por primera ocasión en el año siguiente a la entrada en vigor de este Decreto, y

V. Hasta en tanto se integre el Comité de Expertos, cada uno de los Poderes federales y órganos públicos autónomos que reciben recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, señalaran las remuneraciones para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos, conforme a lo previsto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. En tratándose de los previsto en el primer párrafo del artículo 11 de este ordenamiento las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, realizarán en su caso, la revisión de sus contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo, a efecto de garantizar que, en el ejercicio fiscal siguiente a la publicación del presente decreto, los servidores público que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio, mando superior o equivalentes del tabulador de la administración pública federal, sean excluidos de la aplicación de estos instrumentos.

En tratándose del supuesto a que refiere el segundo párrafo del artículo 11 de este ordenamiento, respecto de las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económico, establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo, que hasta antes de la entrada en vigor de este decreto y que por mandato de ley que regule su relación jurídico laboral, se otorgan a los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles descritos en el párrafo que antecede, deberán fijarse en el capítulo específico de dichos instrumentos como lo prevé esa disposición legal, a más tardar en la próxima negociación de éstos y sin que para ello se exceda el plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigor de esta ley. Las remuneraciones, prestaciones o beneficios económicos que reciban dichos servidores público, sólo podrán mantenerse en la medida que la remuneración total del servidor público de que se trate, no exceda los límites máximos previstos en la Constitución.

La elusión o el incumplimiento de la presente disposición motivarán el financiamiento de las responsabilidades a que hubiera lugar.

Cuarto. Las entidades paraestatales deberán realizar las acciones necesarias a efecto de que sus tabuladores incluyan el desglose previsto en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación y se incorporen en el Proyecto de Presupuesto de Egresos inmediato posterior a la entrada en vigor de ésta.

Quinto. Las asignaciones de recursos necesarias para cubrir las erogaciones a que se refiere el artículo 44, fracción III de la Ley de Remuneración de los Servidores Público de la Federación, deberán preverse en el Proyecto del Presupuesto de Egresos inmediato posterior a la entrada en vigor de ésta.

Sexto. Para los efectos del transitorio tercero del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículo 75, 115, 116, 122, 123, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009, se entenderá que las retribuciones nominales y las remuneraciones adicionales a las nominales corresponde a las percepciones ordinarias y a las percepciones extraordinarias a que se refiere la Ley de Remuneraciones de los Servidores Público de la Federación, respectivamente.

Séptimo. Los manuales de remuneraciones a que se refiere la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación deberán ser expedidos a mas tardar el último día hábil del mes de agosto del año en que entre en vigor la ley.

Octavo. Los Poderes Legislativo y Judicial, y demás órganos públicos, por conducto de sus respectivas unidades de administración, podrán celebrar entre sí y con el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, convenios para establecer mecanismos de consulta e intercambio de información respecto del cumplimiento de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación.

Las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública federal, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, establecerán los mecanismos de consulta e intercambio de información para el cumplimiento de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, a más tardar en el ejercicio fiscal siguiente al de su entrada en vigor.

Noveno. Se derogan todas las disposiciones que en el ámbito de la administración pública federal establezcan mecanismos distintos a lo previsto en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación para determinar las remuneraciones de los servidores públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 septiembre de 2012.— Diputado Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Le solicito a la Secretaría dé lectura a la fe de erratas que nos hizo llegar la Junta de Coordinación Política, para efecto de poner a discusión la iniciativa sobre la Ley Orgánica, la que aprobamos en el acuerdo anterior.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Los abajo firmantes, coordinadores de los grupos parlamentarios, solicitan a la Presidencia la incorporación de una fe de erratas para quedar como sigue:

Fracción XV. Derechos de la niñez, recorriéndose las fracciones siguientes.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 de septiembre de 2012.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Muchas gracias. Ahora léanse los resolutivos del acuerdo para iniciar su discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I. Agricultura y Sistemas de Riego

II. Agua Potable y Saneamiento

III. Asuntos Frontera Norte

IV. Asuntos Frontera Sur Sureste

V. Asuntos Indígenas

VI. Asuntos Migratorios

VII. Atención a Grupos Vulnerables

VIII. Cambio Climático

IX. Ciencia y Tecnología

X. Competitividad

XI. Comunicaciones

XII. Cultura y Cinematografía

XIII. Defensa Nacional

XIV. Deporte

XV. Derechos de la Niñez

XVI. Derechos Humanos

XVII. Desarrollo Metropolitano

XVIII. Desarrollo Rural

XIX. Desarrollo Social

XX. Economía

XXI. Educación Pública y Servicios Educativos

XXII. Energía

XXIII. Equidad y Género

XXIV. Fomento Cooperativo y Economía social

XXV. Fortalecimiento al Federalismo

XXVI. Función Pública

XXVII. Ganadería

XXVIII. Gobernación

XXIX. Hacienda y Crédito Público

XXX. Infraestructura

XXXI. Justicia

XXXII. Juventud

XXXIII. Marina

XXXIV. Medio Ambiente y Recursos Naturales

XXXV. Participación Ciudadana

XXXVI. Pesca

XXXVII. Población

XXXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública

XXXIX. Protección Civil

XL. Puntos Constitucionales

XLI. Radio y Televisión

XLII. Recursos Hidráulicos

XLIII. Reforma Agraria

XLIV. Relaciones Exteriores

XLV. Salud

XLVI. Seguridad Pública

XLVII. Seguridad Social

XLVIII. Trabajo y Previsión Social

XLIX. Transportes

L. Turismo

LI. Vivienda

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las comisiones especiales de la Cámara de Diputados, constituidas durante la LXI Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, y que a través del presente decreto se formalizan como comisiones ordinarias, tendrán las facultades y atribuciones que anteriormente tenían asignadas.

Tercero. Por única ocasión las comisiones ordinarias deberán quedar constituidas a más tardar dentro de los siete días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Suscrita por los coordinadores parlamentarios.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: En razón del acuerdo aprobado, que considero de urgente resolución, se pone a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con fe de erratas.

Esta Presidencia tiene registrados para fijación de posturas al diputado Ricardo Monreal Ávila, a la diputada Judith Magdalena Guerrero López y al diputado Agustín Miguel Alonso Raya.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Adelante, diputado, dígame.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Para registrarme, presidente, en contra.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: ¿Para incluirse?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Correcto.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Sí. A ver si es posible ponerle sonido al micrófono del diputado. Durazo ya está. Acá.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez(desde la curul): Señor presidente, para registrarme en contra, por favor.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: ¿Lo registro en contra?

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (desde la curul): Por favor, si es tan amable.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Se registraron para fijar posiciones el diputado Ricardo Monreal Ávila, la diputada Judith Magdalena Guerrero López, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, el diputado Alfonso Durazo y, ¿no me repite su nombre, diputado, por favor?

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (desde la curul): José Francisco Coronato Rodríguez.

El Presidente diputado Jesús Murillo Karam: Gracias. Tiene la palabra el diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladoras y ciudadanas legisladoras, me he inscrito en contra de este proyecto, de esta disposición, por lo apresurado.

Hemos sido congruentes, porque hace una hora aproximadamente se aprobó por mayoría un acuerdo que nosotros votamos en contra, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que señalaba que se aprobaba el trámite establecido en el artículo 82 del Reglamento para que se sometiera este dictamen de manera fast track, que se sometiera este dictamen de la comisión directamente.

No hay comisiones, correspondería a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la modificación de una Ley Orgánica, de una modificación a la reglamentación interna. Pero me parece que es inadecuado y no es oportuno el que se intente modificar una disposición de la Ley Orgánica para dotar a la Cámara de más comisiones, 11 para ser exacto. La argumentación ha sido hecha también por el diputado Durazo, por el diputado Mejía.

Creemos que no es conveniente aprobar este tipo de modificaciones; son lecturas equivocadas a la sociedad y riñen con los propósitos y principios que aquí en el discurso hablamos y pronunciamos cada vez que subimos a fijar una posición. No se refleja la austeridad de esta Cámara, no se refleja la transparencia y tampoco que el crear más y más comisiones vaya repercutir en mayor productividad legislativa; por eso no estamos de acuerdo.

Pero déjenme decirles lo siguiente: muchos de los diputados y diputadas llegan por primera vez y ellos esperan discutir, deliberar y en su caso, votar en conciencia. Hay muchos jóvenes que esperarían que esto se transparentara; empezamos mal, porque lo que estamos aprobando, o lo que van a aprobar con nuestro voto en contra, es una modificación al artículo 39 de la Ley Orgánica, que les aseguro que la mayoría de ustedes no ha leído completa la iniciativa y que además ante la ausencia de comisiones estamos optando por la vía rápida.

En la mañana, hace una hora, se presento el acuerdo; ya tenemos dictamen, va a ser discutido y va a ser aprobado fast track por la mayoría que ya aprobó esta iniciativa y que la están presentando.

Que por cierto, presidente, le pido corrija en la iniciativa donde aparece mi nombre y que yo voté en contra y firmé en contra de esta iniciativa propuesta por los grupos parlamentarios; se altera la naturaleza jurídica de las iniciativas, se apresura un trámite y es inoportuno, porque en este momento la mayoría de esta Cámara pretende actuar contra la clase trabajadora privándole de sus derechos y en cambio la Cámara se apropia y se genera más privilegios.

No es congruente, no es oportuno y no es pertinente una aprobación de esta naturaleza; nosotros vamos a mantener en consecuencia nuestra posición. Me gustaría que lo reflexionáramos con mayor tiempo.

Estamos en contra del procedimiento; si discutiéramos el rediseño de las comisiones estaríamos de acuerdo. Lo que nos parece atropellada es la manera en que quieren sacar las cosas en horas, cuando se requiere discusión mesurada y prudente para determinar qué es lo que le conviene al país en la constitución de estas comisiones que ahora estamos intentando plasmar en la Ley Orgánica.

Por esa razón, presidente, nosotros votaremos en contra. Lamento mucho que inicie así la Legislatura. Es la primera modificación a Ley Orgánica.

Presenté una iniciativa hace 15 días, ¿por qué no le otorgamos el mismo trámite? Lo entiendo muy bien. Muchas gracias por su atención.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Monreal. Tiene la palabra, por cinco minutos la diputada Judit Magdalena Guerrero López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López:Con su venia, diputado presidente. La labor legislativa es fundamental para la existencia del Estado; así lo determina la doctrina que en la materia se ha expresado desde hace siglos.

Es una labor original del Estado; sin embargo, ésta es extremadamente compleja, primordialmente por dos razones: la primera, por lo complicado de acordar entre los grandes números de legisladores, y segundo, el complejo técnico exigido por las diversas áreas de la inquietud social y el conocimiento.

Por lo anterior, celebramos que hoy en día ya podamos contar con la conformación del trabajo legislativo. De este modo, todas y todos podremos enfocarnos a diversas áreas y abrazar infinidad de temas de modo planeado y bien estructurado, pues el método deberá prevalecer antes que los intereses o los deseos imposibles de concretizar.

En este sentido, es evidente que no puede estipularse alguna comisión por encima de las demás, todas son valiosas y contribuyen al crecimiento del desarrollo nacional; sin embargo, sin duda existen comisiones que no tutelan propiamente eficiencia, sino principios y valores. Por ello, por ningún motivo podemos desadvertir éstas.

En este contexto, primero para manifestar lo positivo de la creación de todas las comisiones y posteriormente agradecer la sensibilización por la conformación de la Comisión de la Niñez, la cual es tuteladora de principios y con esto nos encontramos en el camino correcto para tratar —en el pleno cumplimiento— de abordar a los designios constitucionales representados en los artículos 4o. y 73 constitucionales, los cuales enaltecen el interés superior del niño.

De igual modo, vamos en la dirección correcta para la cumplimentación de los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, los cuales fueron sugeridos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, su consejo consultivo y la Red por los Derechos de la Infancia en México.

La comisión en comento —tengan por seguro— colaborará para garantizar a los infantes salud y nutrición, el acceso al agua potable, proveerles educación de primera calidad, abrirles espacios a los niños y adolescentes en la familia, informarles también sobre reproducción y sexualidad.

Por todo lo anterior es que la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México se congratula con la conformación de las comisiones y muy especialmente con la de la Niñez. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Ahora tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Alfonso Durazo Montaño.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Señor presidente, compañeras y compañeros, regreso para continuar con el análisis de esta iniciativa, pues no es posible desahogarlo con unos cuantos comentarios.

¿Cómo aprobar una iniciativa de esta naturaleza que modifica de fondo la conformación estructural de esta Cámara de Diputados, sin un análisis mínimo sobre cuánto costaría, pero sobre todo sin analizar cómo funcionan las comisiones actuales?

Esta Legislatura tiene ya un cuarto del tiempo programado para este periodo de sesiones; es decir, tenemos casi un mes sin que se hayan instalado las 44 comisiones ya establecidas en la Ley Orgánica de esta Cámara. Puedo asegurar a cada uno de ustedes que absolutamente nadie extraña su ausencia.

Pero hay otro problema, que las comisiones cuya creación se propone, derivan de un desdoblamiento de las existentes; es decir, no se está desatendiendo ninguno de los temas cuya atención se propone encomendar a las comisiones de nueva creación.

Creo que debemos dejar atrás la vieja lógica de que problema político que se resuelve con dinero no es problema. No está el país actualmente en condiciones de darse el lujo de derrochar recursos con los que no cuenta, por poquitos que pudieran ser.

Por supuesto que hay países, otros Congresos, que cuentan con un número muchísimo mayor de comisiones que el que tiene esta Legislatura, específicamente el caso de Estados Unidos de América, por ejemplo, en donde la Cámara de Diputados tiene 200 comités, pero hay que ver cuál es la eficacia de esos comités, cuáles son sus atribuciones y de qué manera las cumplen.

En esta Cámara no ha sido posible que lográramos la mayoría necesaria para citar a un par de titulares de secretarías de Estado, más que los que se aprobaron en la Junta de Coordinación Política; no ha sido posible que traigamos a este recinto al secretario de Seguridad Pública a rendir cuentas sobre la tragedia nacional que ha enlutado al país, producto de los desaciertos de su desempeño.

¿Para qué queremos más comisiones, si las que hoy tenemos no cumplen aún debidamente con su función?

Estoy seguro que ninguno, particularmente de los nuevos legisladores, nos sentimos realmente satisfechos con el trabajo que hasta hoy hemos desempeñado. No registro absolutamente ninguna decisión relevante de esta Cámara que haya sido útil para el país.

La prueba plena de que la existencia de comisiones —sobre todo de las nuevas comisiones— es del todo imprescindible, es el hecho de que hoy estamos aprobando o pretende aprobarse el marco jurídico bajo el cual funciona esta Cámara, sin siquiera pasar por una discusión mínima al interior de ninguna de las comisiones ya existentes.

Por supuesto que estoy de acuerdo en que busquemos mecanismos para optimizar la forma en la que traducimos en normas las ideas que aquí se presentan; sin embargo, no es por la vía de crecer la estructura burocrática de esta Cámara, sino por la vía de flexibilizar y liberalizar el debate, que es lo que nos permitiría acercarnos a mejores decisiones legislativas.

Sin embargo, la rigidez del debate está hoy sometida exclusivamente a las decisiones de la Junta de Coordinación Política, que nos impiden ejercer a plenitud los derechos de deliberación de cada uno de los diputados; por eso estamos en contra.

En lugar de crear más comisiones y autorizar más gasto, iniciemos un programa de austeridad —ya propuesto por el Movimiento Progresista—, que podría representar al país un ahorro de 300 mil millones de pesos al año para dedicarlos a estimular, si ese fuera el objetivo de la ley laboral, una oportunidad a los millones de mexicanos que hoy carecen de un empleo digno. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra, en contra, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, también del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de la palabra para sumar mi voto en contra del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por medio de la cual se pretende reformar el numeral 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que permitiría incrementar 11 comisiones.

Quiero decirles a ustedes que lo hago todavía con la indignación que me generó el percibir la serie de expresiones que en todo el rededor de este inmueble miembros de nuestra sociedad se manifestaban precisamente, derivado de un atropello, en el sentido de una iniciativa a una reforma a la Ley Laboral, donde se les está vedando el derecho de audiencia a quienes forman parte, precisamente, de ése equilibrio en materia laboral, como son los patrones-trabajadores, trabajadores y patrones. Ahora, deseo manifestar esta molestia también, derivado del agravio que siento al habérsenos vedado bajo un resquicio que la ley establece en un Reglamento, donde sin habernos respetado el derecho de audiencia, se pretende generar este acto por el que por demás se incrementan estas comisiones y vienen a representar un incremento de burocracia, que sin duda, nos sigue poniendo en tela de duda en el ámbito de la sociedad.

Aún, compañeras y compañeros, no hemos demostrado nosotros eficacia y eficiencia y empezamos con estas acciones, que a todas luces, sin duda, generarán agravio en los miembros de nuestra sociedad.

Quiero decirles a ustedes, con humildad, que soy servidor de profesión —soy licenciado y doctor en derecho— y esto me obliga a señalar que todo acto de autoridad requiere de dos requisitos fundamentales: la fundamentación y motivación, y en este orden la motivación que vemos en este acuerdo de la Junta no corresponde a esa premisa que se establece al considerar como un acto de urgente u obvia resolución, lo cual significaría que adolecería, precisamente, de uno de los requisitos torales de todo acto de autoridad.

En ese orden de ideas, quiero decirles a ustedes que sin duda se requiere hacer muchas cosas, pero queremos invitarles a hacer un esfuerzo para hacer una reforma integral a la Ley Orgánica y por supuesto, adjetiva y sustantiva de esta Cámara, que permita hacer un trabajo en serio.

Quiero decirles a ustedes que solamente las 11 comisiones aproximadamente costarían al erario público y a las o los mexicanos, aproximadamente 400 mil pesos mensuales, por 11, nos daría la cantidad de 4 millones 400 mil pesos, y eso si lo multiplicamos por 12 meses nos daría un total de 53 millones 800 mil pesos, multiplicado por los tres años que serían de esta Legislatura nos daría un total de 158 millones 400 mil pesos.

Lo pongo a la consideración de ustedes para exhortarles que todavía es tiempo, que hagamos ese esfuerzo para redignificar este quehacer. Nosotros lo hacemos por una convicción y por supuesto, nuestro voto es en contra. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación, por 10 minutos, para proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

En razón de que se trata de la primera votación nominal que se registrará en el sistema electrónico, habrá 10 minutos para emitir el voto y pediremos al personal técnico parlamentario que esté cerca de todas las curules para auxiliar a quien así lo requiera.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su voto? ¿Algún diputado tiene algún problema con su sistema electrónico? Está abierto aún el sistema electrónico. ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su voto? Se cierra el sistema de votación electrónico.

De viva voz, le pedimos al diputado Samuel Gurrión Matías, que haga su voto.

El diputado Samuel Gurrión Matías (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se registraron 409 votos a favor, 0 abstenciones y 22 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Ruego a la Secretaría también tomar nota de nuestras compañeras y compañeros diputados que se encuentran en una sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que su ausencia en esta votación no les sea contabilizada como una ausencia en esta sesión.

DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Carlos Octavio Castellanos Mijares, diputado federal, electo en la tercera circunscripción plurinominal; se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes diputados y diputadas: la diputada Ana Isabel Allende, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, diputada Alfa Eliana González Magallanes, diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo y la diputada Sonia Rincón Chanona.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado José González Morfín: Ciudadano Carlos Octavio Castellanos Mijares, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Carlos Octavio Castellanos Mijares: Sí, protesto.

El Presidente diputado José González Morfín: Si así no lo hiciera que la nación se lo demande. Felicidades, señor diputado.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO - FONDO DE FORTALECIMIENTO A LAS POLITICAS MUNICIPALES DE EQUIDAD E IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reasigne los recursos no ejercidos en el presente ejercicio fiscal.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su permiso, señor presidente. Hace dos años, en una clínica de Miahuatlán de Porfirio Díaz, vi a una mujer recargada que vomitaba y cuando me le acerqué, me percaté que esa mujer también sangraba; le pregunté qué tenía y cuando lo hice en español no me contestó. Por sus características me atreví a hablarle en mi lengua natal, el zapoteco; fue cuando pudo ella compartirme y comentarme que llevaba muchas horas, desde las dos de la tarde hasta las 10 de la noche, que fue que me asomé al hospital, parada ahí, esperando atención médica.

Esta mujer, cuando la vi me conmovió, por supuesto, como mujer me solidaricé. De inmediato entré, muy a la fuerza, por supuesto, al consultorio del único médico que estaba en turno en ese momento. Me indignó tanto ver cómo ese médico estaba suturando la frente de un hombre alcoholizado, que por gusto, por cierto, fue a caerse y se rompió la frente.

Cuando le pedí que atendiera a la mujer fue muy grosero y me quiso sacar; sin embargo, logramos que con la presión pudiera atender supuestamente a la señora.

Esta mujer tenía 16 años. Mujer originaria de la sierra sur. Cuando al otro día quise saber cómo le había ido, resulta que eran las 11 de la mañana y aún no la habían atendido. Esto fue todavía más doloroso, porque hasta las dos de la tarde del día siguiente esa mujer fue atendida en cesárea. Esto es indignante que pase en este país, y seguirá pasando.

Sin embargo, todo lo que esta mujer vivió para poder llegar a ese hospital fue todavía más doloroso, porque de su comunidad de origen caminó dos horas a la primera clínica donde el médico no la pudo atender, simplemente porque no había medicamentos y no tenía la capacidad de hacerlo. De la clínica todavía caminó otras cuatro horas a la cabecera municipal.

Lo más feo de todo el caso es que llegando a la cabecera municipal no hubo la sensibilidad de la autoridad municipal, y la tuvieron que sacar sus familiares; no encontraron ambulancia, porque según no había presupuesto. Estamos hablando entonces de una carencia de atención a la mujer por su condición.

Esto me hace hoy estar aquí, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, convencida de que todo Estado debe trazar como uno de los ejes básicos de su gobierno la equidad de género, buscando siempre un trato igualitario y oportunidades justas para las mujeres y hombres.

Someto a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reasigne los recursos no ejercidos en el presente ejercicio fiscal relativos al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, así como del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres, Fodeimm, asignados al Instituto Nacional de las Mujeres.

Toda vez que de los recursos que quedaron etiquetados para el año 2012, solo se pudieron ejercer 130 de los 345.2 millones de pesos, debido a la complejidad de las reglas de operación, las cuales están confeccionadas bajo características específicas apartadas de la realidad política, social, económica y de desarrollo de la gran mayoría de los municipios, situación que en nada contribuye a la participación y desarrollo de la mujer.

De ahí que, con la finalidad de que dichos recursos no pierdan su objetivo y con ello se disminuya la viabilidad de las políticas públicas para la igualdad, particularmente en las entidades federativas y municipios que muestran mayores brechas de desigualdad, apelo a su deber y responsabilidad para sostener que aquellos deben ser reasignados, contribuyendo así al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

Desde esta tribuna mando un saludo fraterno a todas las mujeres, pero en especial a mis hermanas indígenas, que por falta de conocimiento de sus derechos y por consiguiente de su exigencia, aunado a la falta de sensibilidad del Estado mexicano al no generar políticas con perspectivas de género, siguen padeciendo injusticia.

Por respeto al tiempo que se me otorga no hago mención de las diputadas y de los diputados de las siete fracciones parlamentarias que se solidarizaron y sumaron al punto de acuerdo que hoy se presenta, lo que significa que en esta Legislatura hay una gran sensibilidad con el principio de equidad de género, la cual reconozco y agradezco, en virtud de que esta tarea no debe tener color ni preferencia partidista.

Por esto, señor presidente, voy a hacer entrega a esta Mesa Directiva de las listas para que sean incorporadas al Diario de los Debates, las compañeras y compañeros que apoyan esta propuesta.

Ojalá y la sensibilidad de todos nosotros se vea presente en la votación, porque sufrir discriminación en las ciudades, en las partes rurales es muy doloroso. Muchas gracias.

Este recurso, que a lo mejor no va a solucionar el problema, sin embargo va a contribuir para que se empiecen a hacer los diagnósticos necesarios de la situación real de las mujeres de este país. Muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que reasigne los recursos no erogados en el presente ejercicio fiscal del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento de las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Aída Fabiola Valencia Ramírez, Carmen Lucía Pérez Camarena, Rocío García Olmedo y Martha Lucía Mícher Camarena, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, y 115, párrafos 1, fracciones II y IV, 1 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1, numeral 1, 6, numeral 1, fracciones I y IV, 65, numeral 4, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición de urgente y obvia resolución con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reasigne los recursos no erogados en el presente ejercicio fiscal del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres (Fodeimm), asignados al Instituto Nacional de las Mujeres, con base en los siguientes

Antecedentes

Una de las líneas estratégicas adoptadas por la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en Pekín 1995, es la transversalidad de la perspectiva de género, o gender mainstreaming, en todas las políticas públicas, como la estrategia para superar las discriminaciones sociales de género y alcanzar mayores niveles de igualdad.

A partir de esa fecha, los Estados parte han venido implementando una serie de estrategias y acciones para buscar el adelanto de las mujeres y la igualdad de oportunidades entre los géneros, que van desde acciones afirmativas, modificaciones legislativas y programas de gobierno hasta políticas y presupuestos públicos para avanzar en la transversalización de la perspectiva de género.

Los presupuestos públicos se han formulado desde un enfoque “neutral” que no reconoce las diferencias y la diversidad, y particularmente es ciego a las diferencias existentes en las condiciones de vida de mujeres y de hombres.

Por ello si consideramos que los presupuestos son la herramienta política más importante de todas las que usa el gobierno, para incidir en el éxito de la ejecución de todas las demás políticas, y se constituyen en medios para alcanzar objetivos planteados en las políticas, mediante la asignación de recursos a las acciones necesarias para cumplir con los compromisos del gobierno frente a la sociedad, se convierten en acción prioritaria para avanzar en la transversalidad de la perspectiva de género y con ello en una herramienta fundamental para volver eficiente el gasto, a fin de lograr una distribución más equitativa de los recursos que coadyuve a superar las desigualdades en que diferentes sectores sociales viven, particularmente las mujeres respecto de los hombres, de diferentes edades y diversas condiciones socioeconómicas (Unifem, 2006, Los presupuestos sensibles al género en la práctica).

En México se ha venido avanzando en la construcción de presupuestos etiquetados sensibles al género, y a partir de 2008 hay en el decreto de Egresos de la Federación un anexo específico, que contó en esa ocasión con 7 mil 281 millones de pesos, para atender 75 acciones o programas gubernamentales, en 23 dependencias públicas federales. Para este año, el anexo 10, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, prevé 16 mil 735 millones de pesos, para atender 145 acciones o programas en 27 dependencias públicas federales.

Este año se aprobaron reformas de las Leyes de Planeación, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de iniciar una nueva etapa en el país al trascender más allá del reconocimiento de la importancia de contar con “presupuestos etiquetados” porque establece el mandato de que la igualdad de género es un principio que debe orientar la planeación del desarrollo, pero además se incluye como una clasificación funcional y programática del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Planteamiento del problema

En la presente anualidad, en el anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación quedaron etiquetados 230 millones de pesos respecto al Programa para la Transversalidad de la Perspectiva de Género en las Entidades Federativas, se etiquetaron también, 100 millones de pesos al Fodeimm, y 15.2 millones para el fortalecimiento de la estructura del programa de transversalidad, desde luego cada rubro sujeto a reglas de operación.

A la fecha, de esos recursos no se han podido ejercer aproximadamente 130 millones de pesos, precisamente porque las reglas de operación que se establecieron para su ejecución han sido incumplibles, o han tendido a discriminar a determinadas entidades federativas, lo cual tiene como resultado un trato desigual; estados como Michoacán, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal no recibieron el recurso del Programa Transversalidad 2012.

De los recursos del Fodeimm, no fueron asignados a gran cantidad de instancias municipales que durante el periodo de vigencia de la convocatoria 2012 presentaron proyectos que no pudieron cumplir los requisitos jurídicos establecido en las reglas de operación principalmente los considerados en el apartado de las instancias municipales de las mujeres en los incisos a y l del punto 5.1.1 y que a la letra dicen:

5.1.1. Tratándose de IMM centralizadas:

a. Documento vigente que expide el Servicio de Administración Tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32-D, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

(...)

l. El municipio, a través de la presidenta o presidente municipal o de la tesorera o tesorero municipal, deberá contar con una cuenta de cheques mancomunada con la titular de la IMM, por lo cual deberá remitir al Inmujeres carta original, membretada y firmada por gerente o subgerente de banco o institución financiera en donde se incluya el número de cuenta de cheques y clabe interbancaria a 18 dígitos mencionar que la misma deberá estar a nombre del Municipio, no obstante ello, la misma podrá incluir un carácter adicional para diferenciarla de otras cuentas que tenga dicho municipio.

Sera responsabilidad exclusiva del municipio y de la IMM mantener activa la cuenta durante todo el proceso, por lo que el Inmujeres no será responsable en ningún momento si la cuenta de cheques es cancelada o bloqueada por cualquier motivo.

La serie de requisitos citados y de carácter obligatorio según las reglas de operación de dicho programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2011, vuelve prácticamente inasequible el recurso para algunos municipios, principalmente rurales e indígenas, donde los medios y las vías de comunicación son escasos y complejos, además de que dichas circunstancias implican la obligación de abrir una cuenta bancaria sin previa aceptación, revisión y aprobación del proyecto.

A la fecha, los “lineamientos de cierre fiscal” para este año, se ha considerado a esos recursos en subejercicio.

Estas medidas administrativas han afectado la ejecución del gasto, destinado a estos rubros, disminuyendo con ello la viabilidad de las políticas públicas para la igualdad, particularmente en las entidades federativas y municipios que presentan mayores brechas de desigualdad.

No obstante, se destaca que esos recursos han sido blindados en la ley para que no tengan otro destino y que cumplan su objetivo, para lo cual es de relevancia tener en cuenta los siguientes

Considerandos

Primero. Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 establece en el artículo 28:

La asignación y distribución de los montos autorizados en los programas y actividades para la igualdad entre mujeres y hombres señaladas en este Decreto, no deberá modificarse durante el ejercicio fiscal 2012, y las dependencias y entidades responsables de su ejecución y coordinación no podrán destinar dichos montos a actividades diferentes a las establecidas.

Segundo. Que en las reformas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el último párrafo del artículo 58 se estableció:

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

Tercero. Que conforme al último párrafo del artículo 23, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece:

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos.

Cuarto. Que de una interpretación integral a los fundamentos legales citados se desprende que los recursos del Programa de Transversalidad y del Fodeimm no sean utilizados con otro fin, y que la Secretaría de Hacienda tiene la capacidad de reasignarlos, y cumplan su objetivo, destinándolos a

1. Las entidades federativas que no recibieron el recurso del Programa Transversalidad 2012, otorgándoles 100 por ciento del recurso que les corresponde; tal es el caso de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal.

2. De manera homogénea a los 32 estados para el fortalecimiento de las capacidades operativas de los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres.

3. De los recursos del Fodeimm a las instancias municipales de las mujeres que durante el periodo de vigencia de la convocatoria 2012 presentaron proyectos y no les fueron asignados recursos.

Con base en lo planteado, y ante la inminencia del cierre fiscal, se plantea a la Cámara de Diputados la proposición de urgente y obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reasigne los recursos no ejercidos en el presente ejercicio fiscal del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres asignados al Instituto Nacional de las Mujeres.

Segundo. Se acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que considere reasignar esos recursos en subejercicio a fin de cumplir su objetivo a

1. Las entidades federativas que no recibieron el recurso del Programa Transversalidad 2012, otorgándoles 100 por ciento del recurso que les corresponde; tal es el caso de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal.

2. De manera homogénea a los 32 estados para el fortalecimiento de las capacidades operativas de los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres.

3. De los recursos del Fodeimm a las instancias municipales de las mujeres que durante el periodo de vigencia de la convocatoria 2012 presentaron proyectos y no les fueron asignados recursos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.— Diputados: Aída Fabiola Valencia Ramírez, Eufrosina Cruz Mendoza, Martha Lucía Mícher Camarena, Rosa Elia Romero Guzmán, Carol Antonio Altamirano, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Alliet Mariana Bautista Bravo, Joaquina Navarrete Contreras, Hugo Jarquín, Juan Luis Martínez Martínez, Eva Diego Cruz, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Zuleyma Huidobro González, María de Lourdes Amaya Reyes, Yesenia Nolasco Ramírez, Amalia Dolores García Medina, Gloria Bautista Cuevas, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Carlos de Jesús Alejandro, Noé Barrueta Barón, Karen Quiroga Anguiano, Andrés Eloy Martínez Rojas, Juan Manuel Fócil Pérez, Blanca Jiménez Castillo, Fernando Belaunzarán Méndez, Mario Rafael Méndez Martínez, María del Rocío García Olmedo, Ruth Zavaleta Salgado, Dulce María Muñiz Martínez, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Carla Alicia Padilla Ramos, Lucila Garfias Gutiérrez, Gisela Raquel Mota Ocampo, Lorena Méndez Denis, Ricardo Monreal Ávila, José Luis Valle Magaña, Martha Beatriz Córdova Bernal, José Antonio Hurtado Gallegos, José Soto Martínez, Merilyn Gómez Pozos, Ricardo Mejía Berdeja, Mariana Dunyaska García Rojas, Leticia López Landero, Margarita Licea González, María Isabel Ortiz Mantilla, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, hasta por tres minutos.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, hablar de institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género para ser en este caso un país de igualdad, para que la democracia se refleje plenamente en un contexto de participación equitativa e igualitaria entre mujeres y hombres, es un verdadero desafío que no solo se alimenta de voluntad política, sino de mucha sensibilidad.

Hacer visible y tomar en cuenta las necesidades e intereses de las mujeres en todos los niveles, áreas y etapas de decisión, formulación, ejecución y evaluación de las políticas y acciones locales para cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, requiere de unas asignaciones afirmativas puntuales, como las que han sido el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y el Fondo de Fortalecimiento de las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres (Fodeimm), del Instituto Nacional de las Mujeres, los cuales han sido punta de lanza para abrir muchas más posibilidades para las mujeres.

Tras muchos años de desigualdad de género todavía tuvieron que pasar más de 10 años para que en nuestro país se hablara y se pusieran en práctica los conceptos en comento, después de haber sido adoptados por la comunidad internacional.

Esto no ha sido fácil, tomando en cuenta que el problema es cultural e idiosincrásico, pero entre otros obstáculos, los estereotipos y roles de género que han limitado a las mujeres por siglos siguen perpetuándose en la sociedad y constituye un enorme reto el de ir contra la tradición muy enraizada de que las mujeres deban de seguir los mismos patrones del pasado.

La realidad de hoy es muy distinta y aunque muchas mujeres han decidido dar un salto al futuro, rompiendo los roles, aportando más trabajo a la sociedad, sobre todo en el ámbito público, demostrando su capacidad en cualquier oportunidad de desarrollo, aún falta mucho por hacer en favor de la mitad de la población de este país.

En apenas siete años, en los municipios tienen la posibilidad de diferenciar las políticas asistencialistas y crear un instituto municipal de la mujer que procure el adelanto de las mujeres, que eficientice el ejercicio pleno de los derechos humanos, la igualdad de género y el desarrollo local.

Resulta indispensable exhortar al Instituto Nacional de la Mujer a que considere los candados establecidos en las reglas de operación 2012, así como de reconsiderar los logros obtenidos en estos últimos años cruciales para la lucha de la igualdad.

De nada sirve presumir la creación de mil 700 instancias, si no tienen la posibilidad de continuar participando en la categoría del fondo y lograr año con año los objetivos establecidos por el mismo.

Para las diputadas y los diputados de Nueva Alianza es una prioridad el desarrollo local con enfoque de género, ya que del municipio se origina una parte del beneficio para la población del país. Establecer más políticas públicas como la planteada en este exhorto es mirar al futuro con un enfoque de igualdad.

Por todo ello, es indispensable que en esta honorable Cámara de Diputados y diputadas —histórica por la conformación por primera vez de casi el 40 por ciento de legisladoras— exista la suficiente sensibilización, producto del contacto de la población con sus electores y electoras, quienes nos hicieron llegar a este recinto legislativo para tomar una decisión trascendental y se apruebe un punto de acuerdo en que la Secretaría de Hacienda reasigne los recursos no ejercidos por el Inmujeres, específicamente por el Fodeimm, de manera inmediata, para que en los municipios se ejecuten los proyectos. Las mujeres y el país nos lo agradecerán. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a duda uno de los temas más relevantes en materia presupuestal es el que tiene que ver con la transversalidad de la perspectiva de género. En la proposición, que se somete a nuestra consideración, se propone solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que reasigne los recursos no ejercidos en el presente ejercicio fiscal al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres, ambos asignados al Instituto Nacional de las Mujeres.

El Instituto Nacional de las Mujeres es una institución gubernamental cuyo propósito se orienta a lograr una igualdad libre de violencia y de discriminación entre los géneros; debe desarrollar políticas públicas que logren este propósito y que son llevadas a prácticas en los tres niveles de gobierno.

El Poder Legislativo federal ha apoyado el que se logre la igualdad entre los géneros; entre los ordenamientos normativos se cuenta con la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros, y sin perder de vista la aplicación de tratados internacionales en materia de derecho de las mujeres y que conforme al nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, en relación con el 133 de la propia norma, cita: son ley suprema de toda la Unión.

El problema es que los recursos presupuestales asignados al Instituto Nacional de las Mujeres para apoyar los programas que se comentan, son insuficientes.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que la educación en la escuela y en el hogar es el elemento fundamental para lograr la igualdad entre los géneros.

Es ahí, en el seno del hogar, en donde se debe de educar a los niños y niñas, en los principios de respeto, solidaridad y tolerancia; sin embargo, existen infinidad de arquetipos, impuestos muchos de ellos desde los medios de comunicación, en donde a las mujeres se les considera solo un estereotipo.

Compañeras y compañeros legisladores, como todos sabemos, los municipios de la República mexicana constituyen el nivel de gobierno más directamente cercano a la población y desde ellos también se deben llevar a cabo políticas públicas a favor de la igualdad entre los géneros.

En consecuencia, coincidimos con la propuesta planteada, en el sentido de que los ahorros que se tienen en el presente ejercicio fiscal sean reasignados al Instituto Nacional de las Mujeres.

Sabemos que hay muchísimas otras acciones que requieren recursos presupuestales adicionales, pero todo aquello que podamos hacer en el logro de la igualdad entre los géneros es también muy importante.

Por estas consideraciones, nuestro Grupo Parlamentario apoya la propuesta que se nos presenta. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. Los avances que se han dado en materia de los derechos de las mujeres sin duda han sido el resultado de esfuerzos plurales de quienes han considerado que para alcanzar una sociedad más justa se requiere necesariamente generar condiciones de equidad.

El presupuesto de género ha crecido, pero en realidad apenas representa medio punto porcentual del total del Presupuesto de Egresos de la Federación; es un presupuesto insuficiente, las mujeres somos más de la mitad de la población y además existen estudios y estadísticas que demuestran que la pobreza afecta de manera más severa a las mujeres.

La ejecución del gasto —etiquetado en el Anexo 10— para la igualdad de género pasa por una serie de dificultades administrativas y burocráticas, que en muchos casos no han permitido que se cumpla con los objetivos planteados y sirvan para disminuir las brechas de desigualdad en que viven muchas mujeres.

El día de hoy, mediante este exhorto, traemos aquí solo un ejemplo para muestra de las trabas que han hecho que no se pueden ejercer cerca de 130 millones de pesos dirigidos a la implementación y fortalecimiento de mecanismos a nivel estatal y municipal encargados de impulsar políticas públicas transversales de género en esos órdenes de gobierno y por ende, trabajar directamente con comunidades de mujeres que realmente lo necesiten.

Este recurso se ha quedado como subejercicio por la aberrante burocracia, a pesar de que hubo proyectos viales de acuerdo a las reglas de operación, lo que afecto especialmente a instancias de carácter rural e indígena, que sin los escasos recursos que le otorga este fondo simplemente no tienen posibilidades de continuar sus trabajos en las comunidades de mujeres con las que trabajan.

Es importante destacar que tanto en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación como en las recientes reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los recursos del anexo para la igualdad de género no pueden ser destinados para otro fin. Asimismo la ley faculta a la Secretaría de Hacienda a hacer las asignaciones de recursos no ejercidos a programas que sean de carácter emergente y para el desarrollo social.

Exhortamos a la Secretaría de Hacienda que utilice las facultades que le competen e identifique los programas, que dentro del gran abanico de partidas que el Presupuesto tiene, esos recursos se entreguen realmente a las instancias que presentaron proyectos y por un requisito imposible de cumplir, no se ejercieron.

A nombre de Movimiento Ciudadano exijo al secretario de Hacienda que en este tema debe mostrar su voluntad política para hacer que estos recursos lleguen a sus destinatarias. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Martha Edith Vital Vera:Con su venia, señor presidente. Estimados diputados y diputadas del Honorable Congreso de la Unión, por décadas en México se ha dado una lucha intensa de las mujeres para que existan presupuestos etiquetados con perspectiva de género; a partir del año 2000, esta Cámara de Diputados centró su atención en el gasto etiquetado para mujeres; en el 2008, se constituyó el Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para favorecer acciones y proyectos en ámbitos estatales y municipales.

El artículo 23, párrafo 10, de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria versa: los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.

De acuerdo con el último informe del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, que publica el Instituto Nacional de Mujeres, se desglosan los proyectos por entidad federativa y se observa, efectivamente, que no fueron entregados los recursos que se asignaron a los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y del Distrito Federal, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligada, por ley, a subsanar el subejercicio de los recursos asignados al Instituto Nacional de las Mujeres, para el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, y el Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad, Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En Chiapas se han desarrollado investigaciones, estudios y diagnósticos en esta materia; se ha capacitado y se ha profesionalizado a los servidores públicos para atender a mujeres que viven en los 28 municipios de menor índice de desarrollo humano con temas como salud, educación, orientación psicológica y jurídica. Asimismo se crearon seis Casas de Tránsito, 20 Centros de Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, y tenemos 92 instancias municipales para fomentar y vigilar la equidad de género en todos los ámbitos y niveles de decisión de esta administración pública.

A través de la Fiscalía Especializada de Protección a los Derechos de la Mujer, a cuatro años de su creación, más de 90 mil mujeres hicieron valer sus derechos y encontraron justicia, además un hecho que distingue a Chiapas es que todas sus fiscales son mujeres, y tres de estas mesas de la Fiscalía son especiales para atender a mujeres indígenas.

Sin embargo, al no recibir los recursos destinados, se limita a favorecer las acciones y proyectos tendentes a mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de la generación de microempresas para el fortalecimiento laboral y desarrollo económico.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde se suma a la solicitud de la diputada Aída Fabiola Valencia, para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se nos informen las causas de estos subejercicios de los programas antes mencionados, y en caso de que no se hayan entregado los recursos a las entidades afectadas, se aclare el motivo por el cual no se ha efectuado tal pago y sobre todo y más importante, solicitarle en el exhorto que si no lo han mandado a estos estados todavía, pueda etiquetarse para el ejercicio fiscal 2013. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Compañeras y compañeros legisladores, como sabemos, el Presupuesto de Egresos de la Federación es una herramienta directa y poderosa de la que dispone el gobierno para expresar su programa económico, estableciendo en él asignaciones que muestran las prioridades que dan origen y que serán atendidas por la vía del plan de gastos.

En él se muestran cuáles son las prioridades sociales y económicas a las que se dará cumplimiento durante cada año, donde generalmente no se incluye la cobertura total de las demandas de las mujeres.

Desde su fundación, el Partido de la Revolución Democrática ha manifestado su compromiso histórico con las mujeres de México, reconociendo las necesidades específicas de ellas en todos sus espacios de acción y sus demandas sociales para reducir las brechas de desigualdad que caracterizan a la sociedad existente.

Por lo anterior, para el Partido de la Revolución Democrática resulta fundamental impulsar y participar en la elaboración de presupuestos con perspectiva de género, ya que de esta forma se asegura la visualización de las necesidades de los géneros que integran la sociedad, señalando que su aplicación puntual será la más clara muestra de la existencia de equidad y democracia.

Con los presupuestos con perspectiva de género se busca transformar las desigualdades existentes, distribuyendo y orientando de una forma más adecuada y equitativa los recursos; su fin será detectar cómo el gasto público promueve u obstaculiza la equidad de género y a la vez determinar de qué forma los recursos presupuestales afectan o benefician a los hombres y a las mujeres que integran la sociedad.

Por ello, resulta preocupante el subejercicio de aproximadamente 130 millones de pesos que se incluían en el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación, titulado Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.

Cabe señalar que el logro de esta inclusión es el resultado de la persistencia y compromiso de las legisladoras y los legisladores de las pasadas legislaturas, y particularmente de quienes han sido integrantes de la Comisión de Equidad y Género, con las niñas y mujeres del país.

Es alarmante el hecho de no ejercer recursos que beneficiarían a un sector de la población que es históricamente poco favorecido pese a su gran número y sus múltiples requerimientos de atención.

El hecho de que se sospeche discriminación en la asignación a determinadas entidades federativas, como Michoacán, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal, de las que se informa que no recibieron el recurso del Programa Transversalidad 2012, sobre todo cuando en ellas se concentra una fuerte necesidad de atención, dada la concentración de población de pobreza y pobreza extrema y que se requiere entonces de una cobertura más amplia de atención para mejoras en sus condiciones de vida.

Por lo anterior y en respuesta al exhorto por el que se exige a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se reasignen los recursos no ejercidos en el presente ejercicio fiscal del programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y del Fondo de Fortalecimiento de las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres, el PRD, nuestro grupo parlamentario, se manifiesta positivamente y a la vez llama a pronunciarse en este sentido al resto de esta asamblea.

Sin mujeres no hay democracia. Vicente Lombardo Toledano. Muchas gracias, diputadas y diputados, por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.

La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PAN siempre ha sido coherente con promover el respeto a la dignidad humana y con ello, el respeto al ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres.

Para nosotros, toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo debe ser rechazada, corregida y en su caso, sancionada. Así, desde el Legislativo, hemos impulsado y apoyado con convicción el marco jurídico que hoy en día configura el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Baste decir que año con año las legisladoras y los legisladores de Acción Nacional impulsamos más y mejores recursos para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres.

Hemos sido artífices convencidos en lograr hoy que la planeación nacional y el proceso presupuestal tomen en cuenta las diferencias existentes entre mujeres y hombres, y hemos impulsado leyes y mecanismos que promuevan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En Acción Nacional hemos siempre impulsado el desarrollo municipal, bajo la premisa de que el fortalecimiento de las políticas y acciones en beneficio de la sociedad debe partir desde lo local y en ese sentido impulsamos que el mejoramiento y la implementación de políticas públicas a favor de la igualdad deba traducirse en acciones concretas, en este caso para el adelanto de las mujeres.

El Fodeimm es el Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres, el cual es destinado para el fortalecimiento de dichas instancias. Corresponde hoy, a todas y todos los funcionarios públicos de las administraciones de los tres órdenes de gobierno mejorar y dar cumplimiento a la aplicación eficiente de fondos como éste.

Poniendo en antesala lo anterior, hoy subo a esta tribuna para posicionar la opinión a favor del Grupo Parlamentario del PAN, del punto de acuerdo que hoy se discute, pronunciándonos por una reasignación eficiente y responsable de los subejercicios presupuestarios de los programas para la transversalización de la perspectiva de género en los estados y municipios; una reasignación en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tome en cuenta la problemática de las disparidades en el acceso a los recursos para fortalecer los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las diversas entidades federativas y municipios y las consecuencias reales ante las rigideces normativas a las que se enfrentan para acceder a ellos.

Compañeras y compañeros diputados, impulsemos en este ejercicio presupuestal, como una acción afirmativa que compense las rigideces de la normatividad para el acceso a estos recursos por parte de las entidades federativas y municipios, el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reasigne los recursos subejercidos para la transversalización de la perspectiva de género a los órdenes de gobierno estatal y municipal que hayan resultado desfavorecidos, a fin de que atiendan y fortalezcan sus responsabilidades en la materia.

Tengamos presente que para lograr nuestra autonomía las mujeres necesitamos alcanzar la igualdad, no solo en lo que respecta a las habilidades y oportunidades, sino también en términos de la capacidad para hacer uso de ellas y ejercer nuestros derechos. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, tiene el uso de la tribuna, por tres minutos, la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María del Rocío García Olmedo: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el gobierno mexicano ha contraído una serie de obligaciones internacionales, una de ellas es la IV Conferencia Mundial de la Mujer, que establece como una línea estratégica la transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas públicas.

En la búsqueda de esa igualdad de oportunidades se han realizado reformas legislativas, programas de gobierno, políticas y presupuestos públicos, todo para alcanzar, en la transversalización de la perspectiva de género, ese desarrollo que requerimos nosotras las mujeres.

En México, a partir del 2008, se inicia la construcción de presupuestos etiquetados, sensibles al género. Con ello se empieza justamente a cumplir con lo establecido por la CEDAW, que dice, cito: las decisiones del gobierno sobre sus políticas de ingresos y gastos no son neutrales en términos de género. Los presupuestos son declaraciones de política esenciales, que reflejan las prioridades sociopolíticas y económicas del gobierno. Concluye la cita.

También y a partir de ello se empiezan a aprobar reformas a la Ley de Planeación, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con una nueva etapa que se empieza a vivir en nuestro país y que tiene que ver con la figura de presupuestos etiquetados.

Es el caso que durante el 2012 —este año que corre—, se aprobaron una serie de recursos para el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en las entidades federativas y del Fondo de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Equidad e Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Sin embargo, no se han podido ejercer algunos de estos recursos, o porque las reglas de operación que se establecieron para su ejecución han sido incumplibles, o porque han existido tendencias a discriminar a determinadas entidades federativas, o porque también no fueron asignadas a las instancias municipales durante el periodo de vigencia estos recursos de los que se ha mencionado.

Por ello y en virtud de que es necesario que se solicite la reasignación de todos estos recursos, en términos de los propios ordenamientos de la materia y de que es prioridad en la agenda política del PRI avanzar en la igualdad sustantiva, el Grupo Parlamentario del PRI, por mi conducto, solicita a todas ustedes y a todos ustedes su voto a favor de esta proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por las razones expresadas, pueda nuevamente reasignar los recursos a las entidades federativas que no recibieron el recurso de estos programas de manera homogénea, a los 32 estados de la República, para el fortalecimiento y también a las instancias municipales de las mujeres, que también están ahí presentadas.

Por ello, compañeros y compañeras del PRI, acorde con nuestros compromisos en el PRI, consideramos que el compromiso por la igualdad se refleja en el Presupuesto con una visión transversal. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Habiéndose agotado la lista de oradores, voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

GRUPO AZUCARERO GONZAS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot: Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros, diputadas y diputados, comparezco ante esta soberanía para someter a su consideración el problema urgente que aqueja a dos mil productores de caña en el estado de Veracruz.

En México más de 300 municipios producen caña de azúcar, esto en 15 estados del país; más de 165 mil productores y dos y medio millones de mexicanos viven de forma directa o indirecta de la caña; ésta aporta el 7.3 por ciento del producto interno bruto agropecuario y los cañeros aportan el 13.5 por ciento del valor de la producción agrícola nacional. Estas cifras indican la importancia que tiene la caña de azúcar, razón por la que está considerada como producto básico y estratégico por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La crisis que argumentaban los empresarios —que además era recurrente— hoy ya no existe, el azúcar tiene precio, la caña también; por lo que incluso la producción de azúcar es pignorada antes del inicio de la zafra.

En esta zafra 2011-2012, en México se cosecharon 703 mil 761 hectáreas, se procesaron 46.2 millones de toneladas de azúcar y se produjeron más de 5 millones en 54 ingenios del país. Esto es tenemos azúcar suficiente.

La zafra 2011-2012, terminó en mayo; a la fecha 52 de los 54 ingenios ya pagaron la liquidación final a sus productores, los dos que faltan son de Veracruz. A saber, el ingenio de San José de Abajo, ubicado en la región de Córdoba y el ingenio Nuevo San Francisco, ubicado en ciudad Lerdo de Tejada de la zona de donde proviene la de la voz.

El ingenio Nuevo San Francisco cosechó una superficie de 5 mil 800 hectáreas, molió 346 mil toneladas y produjo 28 mil 700 toneladas de azúcar, que si se multiplican por el precio oficial representan 304 millones de pesos, suficientes para pagar los 60 millones de pesos que adeudan a cerca de dos mil cañeros en la región, mismos que a la fecha no han liquidado, no obstante que la zafra terminó desde el 28 de mayo. Han transcurrido cuatro meses y el Grupo Azucarero Gargonz, dueño del ingenio, irresponsablemente violenta los derechos de los productores.

La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en su artículo 61, establece el sistema de pago; ahí se define que los ingenios deberán pagar una preliquidación antes del término de la zafra y la liquidación final 30 días después de haber finalizado la misma. El Ingenio Nuevo San Francisco terminó de zafrar el 28 de mayo. De acuerdo a la ley, la liquidación final se debió haber pagado el 28 de junio; sin embargo, han transcurrido 120 días e irresponsablemente el Grupo Azucarero Gargonz no ha liquidado a los dos mil productores de caña.

Esta omisión, compañeras y compañeros diputados, ha generado incertidumbre y desde luego movilizaciones sociales que desgastan a los productores. Incluso desde el pasado lunes decidieron apostarse a las afueras del ingenio en un plantón permanente hasta que les paguen sus liquidaciones.

Las disposiciones legales y el contrato establecen claramente que si una de las partes no paga en los términos contratados, tendrá que pagar además intereses moratorios —artículo 10, fracción II, y 50 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar—.

Hay un adicional, nos ha llovido sobre mojado en Veracruz y en aquellas zonas ha habido inundaciones y aunado a esto, la falta de liquidez a los cañeros. La situación está complicada.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para que intervengan ante el Grupo Azucarero Gargonz, propietario del Ingenio Nuevo San Francisco, para que pague inmediatamente la liquidación final de la zafra 2011-2012, y los productores afectados que no han recibido ese beneficio conforme a la ley, finalmente reciban el pago.

Es cuanto, diputado presidente; gracias por su atención, compañeras y compañeros diputados. Entrego el punto con las adecuaciones de estilo y demás, para su inserción, diputado presidente, en la Gaceta Oficial respectiva.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar a intervenir a fin de que Grupo Azucarero Gonzas, propietario del ingenio Nuevo San Francisco, pague a los productores afectados la liquidación de la zafra 2011-2012, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones I y II, artículo 79 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

En México más de 300 municipios producen caña de azúcar en 15 estados del país, más de 165,000 productores de caña; 2.5 millones de mexicanos viven de forma directa e indirecta de la caña, representan el 0.4% del producto interno bruto, el 7.3% del producto interno bruto agropecuario y los cañeros de México aportan el 13.5% del valor de la producción agrícola nacional.

Hoy las crisis recurrentes de la agroindustria azucarera han desaparecido, la Azúcar tiene precio y la Caña También; Los empresarios hoy no pueden argumentar que están en crisis, pues su producción de azúcar la pignoran antes de iniciar la zafra.

En esta zafra 2011-2012 en México, se cosecharon 703,761 hectáreas, se molieron 46, 231,229 toneladas de caña y se produjeron 5, 048,469 toneladas de azúcar en 54 ingenios que zafraron; con rendimientos promedio en campo muy bajos, 65.69 toneladas por hectárea y rendimiento promedio en fábrica bajos también de 10.92%.

Sin duda los bajos rendimiento en campo son producto de la falta de infraestructura hidráulica y créditos: suficientes, oportunos y baratos; y los bajos rendimiento en fábrica es la falta de inversión de los empresarios en la agroindustria azucarera; es cierto que hay empresarios que han modernizado sus fabricas pero otros siguen siendo verdaderas chatarras.

La zafra 2011-2012 terminó en el mes de mayo; a la fecha 52 de los 54 ingenios, ya pagaron la liquidación final a sus productores de caña; pero hay 2 ingenios de Veracruz que a la fecha no han pagado la liquidación final: ingenio Nuevo San Francisco ubicado en Cd. Lerdo de Tejada, Veracruz, y el ingenio San José de Abajo.

El Ingenio Nuevo San Francisco cosechó una superficie de 5,800 hectáreas, molió 346,000 Toneladas, produjo 28,700 toneladas de azúcar y cuenta con 2,000 productores de Caña, mismos que a la fecha no les ha liquidado su producción. Pues han pasado 4 meses que término la zafra y este grupo azucarero Gonzas irresponsablemente, violenta los derechos de los productores.

No puede argumentar que no tiene dinero, pues produjo 28,700 toneladas de azúcar que multiplicadas por el precio oficial del kilogramo de azúcar $10.5999, esto produce 304, 217, 130.00 pesos, cantidad suficiente para pagar la liquidación final de los productores que asciende tan solo a 60 millones de pesos.

La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en su artículo 61 establece el sistema de pago.

Artículo 61.Los ingenios pagaran las cañas conforme a las siguientes reglas:

I. Una preliquidación equivalente al 80% de la caña Neta recibida, sobre la base del promedio ponderado de porcentaje de azúcar recuperable base estándar obtenido en las cinco zafras anteriores, calculados con respecto a la caña neta industrializada, debiendo descontarse sus obligaciones crediticias y aportaciones que correspondan con vencimiento en la zafra de que se trate. La preliquidación deberá cubrirse al precio vigente el día 15 de cada mes cuando la terminación del corte de la caña por Contrato sea en la segunda quincena del mes anterior, y el día último del mes cuando la terminación del corte de la caña de azúcar por contrato sea en la primera quincena del mismo mes, y

II. Una liquidación final equivalente a la diferencia entre el total de kilogramos de azúcar recuperable base estándar obtenidos y los kilogramos considerados en la preliquidación respectiva; del saldo deberán descontarse las obligaciones pendientes que no se hubieren descontado durante la preliquidación. Este saldo deberá pagarse con el precio vigente, en un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir del día de la terminación de la Zafra.

En conclusión el ingenio deberá pagar la liquidación final 30 días después de haber finalizado la zafra, este ingenio nuevo san francisco terminó la zafra el 28 de mayo; de acuerdo a la ley la liquidación se debió de haber pagado el 28 de junio sin embargo han transcurrido 120 días e irresponsablemente el grupo azucarero Gonzas no ha liquidado a sus 2000 productores de caña.

Esta irresponsabilidad ha generando incertidumbre y desde luego movilizaciones sociales que desgastan a los productores.

Las disposiciones legales y del contrato establecen claramente que si una de las partes no paga en tiempo tendrá que pagar intereses moratorios.

En efecto el Contrato uniforme de compra-venta y de siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar con base en lo dispuesto en el artículo 10 frac. II, 50 y demás relativos de la ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar, establece:

Cláusula octava. Cuando el ingenio no cumpla en tiempo y forma con la entrega o entero de los importes que correspondan, en términos pactados en él o los contratos de créditos respectivos deberá cubrir al abastecedor de caña, intereses moratorios sobre el importe retenido y no pagado o enterado, según sea el caso: Dicho interés moratorio será igual a la tasa moratoria que se haya pactado entre el abastecedor de caña y la institución financiera acreditante. Lo anterior, sin detrimento de lo establecido a favor del abastecedor de caña en la clausula decima octava. De este contrato uniforme.

Cláusula décima octava. Cuando el ingenio no haga el pago de las preliquidaciones o la liquidación final en las fechas pactadas en el presente contrato, pagará, al abastecedor de caña, una tasa de intereses a razón de 2.5 veces la tasa de interés TIIE, que determine el banco de México, para operaciones denominadas en moneda nacional a plazo de veinte ocho días, publicado en el diario oficial de la federación que rija durante el tiempo de retraso. Facultando al comité de producción y calidad cañera para acordar la fecha a partir de la cual se considera exigible la aplicación de la tasa señala en el pago.

En el evento de que el atraso en el pago sea más de 45 días, el ingenio garantizará el cumplimiento de la obligación mediante la entrega de certificados de depósito de azúcar, con bono de prenda emitido por almacén general de depósito, endosados en garantía, por un volumen equivalente al adeudo vencido que tenga, más un 20%.

Por todo lo anteriormente expuesto somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Único.Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, su intervención para que el grupo azucarero Gonzas, propietario del ingenio Nuevo San Francisco, pague inmediatamente la liquidación final de la zafra 2011-2012, a los productores afectados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los veintisiete días del mes de septiembre de 2012.— Diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada, así se hará. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia y de conformidad con el artículo 113, numeral 1 de la fracción I del Reglamento, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se solidariza con el contenido del punto de acuerdo que la diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot presentó ante esta soberanía, relativo a exhortar al titular de la Sagarpa para que intervenga ante el Grupo Azucarero Gargonz, propietario del ingenio Nuevo San Francisco, ubicado en el estado de Veracruz, para que de inmediato se pague a los abastecedores de caña de esa central el importe de la liquidación final de la zafra 2011-2012.

La zafra aludida terminó el 28 de mayo del presente año y de acuerdo con el artículo 61, fracción II de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, debe pagarse a más tardar en un plazo no mayor de 30 días naturales, contados a partir del día de la terminación de la zafra. Es decir, el plazo para pagar la liquidación final a los cañeros terminó el 28 de junio del 2012, por lo que a la fecha han transcurrido casi cuatro meses de demora.

Es natural que los abastecedores de la gramínea a estas fechas enfrenten el problema de efectuar el pago correspondiente a los compromisos que contrajeron al inicio y durante la zafra y que calcularon pagar con el resultado del cobro de la liquidación en comento.

En ese sentido, nos sumamos al exhorto de la compañera diputada para que mediante la intervención del titular de la Sagarpa se pague a los cañeros de inmediato el importe de la liquidación final comentada.

Por otra parte, es práctica usual en las relaciones comerciales e industriales que cuando se incumple con los pagos programados se calculen y cubran asimismo los intereses moratorios respectivos junto con el principal. Más aún, el contrato uniforme de compra-venta y de siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar, señala en la cláusula octava, que: cuando el ingenio no cumpla en tiempo y forma con la entrega o entero de los importes que correspondan, deberá cubrir al cañero intereses moratorios sobre el importe retenido no pagado.

En el caso, las condiciones supuestas se cumplen, por lo que es necesaria la intervención de las autoridades para la liquidación de la zafra y no se generen problemas a los abastecedores de caña. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su permiso, señor presidente. Señoras, señores legisladores, el cultivo de la caña de azúcar dio origen a un sistema agroindustrial que ocupa un lugar preponderante y trascendente en la actividad económica y social de México.

Esta actividad la iniciaron los conquistadores españoles y actualmente se ha creado toda una tradición productiva, donde se cultiva y se procesa la caña en 61 ingenios ubicados en Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

La agroindustria cañera es de suma importancia para la economía mexicana. A pesar de la crisis presentada en los últimos años en nuestro país, la caña de azúcar ha sido una fuente importante de empleo directo e indirecto en las diferentes regiones cañeras del país.

Esta mano de obra es empleada para la ejecución de las labores de cosecha, transporte y siembra. Influye a su vez en las actividades propias del sector servicios, ya que proporciona ingresos a la población que toma parte en la economía de esas regiones agroindustriales durante los cinco meses en que se establece la zafra.

Aproximadamente 300 mil familias dependen directamente de dicha actividad. De éstas, 74 por ciento se ubican en el medio rural. Actualmente un número considerable de los trabajadores del agro nacional dependen del cultivo de la caña de azúcar; más de 136 mil productores de caña y más de 85 mil cortadores laboran en una superficie de cultivo de alrededor de 700 mil hectáreas, distribuidas en las 15 entidades federativas citadas, 90 mil jornales estacionales, 40 obreros de planta, cinco mil obreros eventuales y ocho mil empleados de confianza laboran en los 61 ingenios existentes en el país.

Los tres principales productores de azúcar en la República mexicana son Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí, los cuales cubren 61 por ciento de la superficie industrializada de caña, 59.3 por ciento de la caña molida y 61.5 por ciento de la producción de azúcar.

Las regiones cañeras de Michoacán destacan por los altos rendimientos en campo, los cuales se estiman en 87 toneladas por hectárea y cerca del 12 por ciento en fábrica, mientras que el promedio en el ámbito nacional es de 72 toneladas por hectárea y 11 por ciento, respectivamente.

México se mantiene dentro de los 10 principales países productores de azúcar, de 15 en el mundo. La industria cañera veracruzana genera más de 100 mil empleos directos, lo que equivale a la tercera parte de los empleos directos de la industria cañera nacional.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que es una injusticia el que el grupo azucarero Gonza no cumpla con sus responsabilidades básicas, dejando en la indefensión económica a los trabajadores de la caña.

Por lo anteriormente expuesto —concluyo, señor presidente—, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente; gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por tres minutos.

El diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo:Con su venia, señor presidente. Compañera diputada, comparto tu preocupación y mi grupo parlamentario también; lo comparto porque en Chiapas tenemos seis mil productores que se dedican a la actividad azucarera, y a lo largo de los últimos años hemos luchado por la modernización del campo cañero chiapaneco.

Sin lugar a dudas, esta actividad repercute positivamente en la economía de los productores y representa una importante fuente de ingresos para las regiones azucareras del estado, y si ellos se encontraran en un problema similar, ténganlo por seguro que en esta tribuna lo sabrían.

La industria azucarera es estratégica para el país, debido a los beneficios económicos que genera y la fuente de empleos que representa; desgraciadamente, a lo largo de los años muchos han sido los esfuerzos de esta Cámara por destinar mayores recursos al fomento y rescate del campo mexicano. Gracias a estos esfuerzos algunos sectores han logrado desarrollarse por encima del promedio, como es el caso del azucarero.

Pero compañeros, de poco sirve que nos esforcemos tanto, si los beneficios de todas estas políticas públicas y programas presupuestarios no llegan a nuestros productores. No se ven reflejados en los bolsillos de quienes trabajan en el campo, en la siembra y la cosecha, quienes aran la tierra y son dueños de ella.

Es indignante escuchar casos como el expuesto por nuestra compañera diputada; indigna conocer casos de abuso a nuestros productores, pero para eso es esta tribuna, y por ello manifestamos el apoyo a la presente proposición con punto de acuerdo.

Los exhorto a revisar íntegramente la legislación aplicable, ya que la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Desarrollo Rural y la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en temas como la junta permanente, evitan que los conflictos del sector puedan dirimirse sin llegar a judicializar el tema.

Sin embargo, las autoridades en la materia deben respaldar y hacer exigibles los derechos de los productores. En este caso, vulnerado por ello, resulta procedente exhortar a la Sagarpa y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar su intervención a fin de generar las condiciones para que los productores reciban el justo pago por el trabajo que han realizado. Grupo Gargonz debe pagar los 60 millones que debe a estos productores más los intereses derivados de su omisión de pago.

Por lo tanto, que el gobierno federal por medio de Sagarpa sirva como mediador y vigile el respeto de los derechos de los productores que el Estado, mediante su facultad de administrador de justicia ante los tribunales competentes, obligue a Grupo Azucarero Gargonz a cumplir con su obligación de pago, ya que la mejor forma de resolver los conflictos es por la vía del diálogo e impartición de justicia.

Reitero, mi grupo parlamentario votará a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Eva Diego Cruz:Gracias, señor presidente. Con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados, la industria azucarera representa uno de los más valiosos activos para la economía veracruzana, en donde el 40 por ciento de la producción nacional de azúcar es elaborado en sus 22 ingenios cañeros, ingenios de los cuales depende la economía familiar de obreros, cañeros y cortadores, así como de pobladores enteros que viven en torno a esta actividad.

Hoy existen más de dos mil afectados por la irresponsabilidad de los ingenios de Nuevo San Francisco y San José de Abajo, que no han realizado el pago de la liquidación correspondiente.

Es cierto que nuestra industria cañera no cuenta con la infraestructura necesaria, como no lo cuenta el resto del campo mexicano, que como todos sabemos ha permanecido en el abandono por la falta de políticas públicas por parte del Ejecutivo federal; sin embargo, también es cierto que la producción de 28 mil 700 toneladas de azúcar produce un rendimiento de más de 304 millones de pesos, cantidad que resulta suficiente para realizar el pago de 60 millones a los cañeros en tiempo y forma.

No es posible que nuestra gente, además de sufrir los embates a causa de los cambios climáticos, como la falta de lluvia, la lluvia a destiempo, la falta de fertilizante, la indiferencia de los gobiernos insensibles que hacen políticas de escritorio, desapegadas totalmente a la realidad social, tengan además que padecer la arbitrariedad e inconsciencia de los empresarios.

El Partido de la Revolución Democrática, fiel a su compromiso con las causas del pueblo, la nación y sus regiones, en la lucha incansable por construir una sociedad justicia, igualitaria, democrática, que tienda a suprimir todo tipo de discriminación y abuso hacia la clase más necesitada, le exigimos desde esta alta tribuna al Ejecutivo, al secretario de la Sagarpa y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, cumpla con su deber e intervenga para que el Grupo Azucarero Gonza, propietario del Ingenio Nuevo San Francisco, pague inmediatamente la liquidación final de la zafra 2011-2012, a los productores afectados.

Congruentes con la responsabilidad que nos fue conferida por más de 15 millones de mexicanos deseosos de un cambio verdadero y la esperanza de un mejor futuro a las nuevas generaciones, manifestamos nuestro total rechazo a la reforma laboral.

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego nos podamos apegar al tema, diputada.

La diputada Eva Diego Cruz: Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Víctor Serralde Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Víctor Serralde Martínez: Con su venia, presidente. Compañeros legisladores, nos encontramos ante un capítulo más de la historia de nunca acabar; nada resulta más común en Veracruz, que enterarse de empresarios de la industria azucarera que se ausentan del cumplimiento de las obligaciones contraídas con los productores que les suministran la materia prima de la cual obtienen sus ganancias.

El ingenio Nuevo San Francisco es una muestra ejemplar de las palabras que he referido. Ésta no es la primera vez que el Grupo Azucarero Gonza se ausenta del cumplimiento de sus obligaciones y así, entre ausencias y tardanzas y en solvencias y tecnicismos, se continúa devaluando cada día más la precaria condición de vida de miles de productores, que tributan su caña a ese ingenio.

La relación entre industriales y productores en este ámbito se encuentra regulada por un instrumento previsto en la ley aplicable en la materia denominada contrato uniforme; las controversias que de él emanen —de acuerdo a la misma ley—, deberán atenderse en la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.

Debemos resaltar que una de las acciones del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, instrumentadas por el actual gobierno federal, ha consistido en promover la solución de controversias, a través de una adecuada integración de dicha junta, obteniendo resultados favorables para todas las partes en controversia.

Así pues, hablamos de una clara relación contractual entre particulares, industriales y cañeros, en la cual los esfuerzos que podamos hacer desde esta Cámara se encuentran acotados a la exigencia del estricto cumplimiento de la ley y de los acuerdos que al amparo de ella hayan emanado.

Desde esta tribuna, hago saber que los diputados del PAN votaremos a favor el exhorto a las dependencias y entidades públicas competentes, para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la ley promuevan la resolución de la controversia en los ingenios Nuevo San Francisco y San José de Abajo.

Como hemos visto, la agroindustria de la caña constituye una actividad de alto impacto social y económico, sensible frecuentemente a circunstancias y coyunturas —como ésta que me trae a esta tribuna—, en la cual es común que se dilate el periodo de liquidación, argumentando insolvencia, incapacidad o tecnicismo, pero cierto es que en esta cadena de producción quien termina pagando los platos rotos es invariablemente el eslabón más débil, me refiero al productor cañero; por estos motivos, es necesario mantener una cercana observación del desarrollo y el desempeño de los actores dedicados a esta actividad.

Yendo más allá del exhorto que se discute, quiero aprovechar la ocasión para reiterar la necesidad de crear la Comisión Especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, como lo solicitó, en el punto de acuerdo, el diputado José Soto Martínez, el pasado 25 de septiembre, a fin de que sea esa Comisión Especial quien conozca de estos menesteres y atienda con gran sentido social el ámbito en que se desarrolla.

Compañeros, no podemos permanecer indolentes ante el sentimiento de impotencia que viven en las casas miles de hombres y mujeres esperanzados en recibir lo que por derecho les corresponde.

Los legisladores de Acción Nacional no somos ajenos a esta realidad y nos solidarizamos en el justo reclamo de aquellos que habiendo trabajado la tierra hoy esperan la inmediata remuneración a que tienen derecho.

En una clara definición de nuestra postura, exigimos la pronta resolución de las diferencias y la atención al pronto pago de las liquidaciones pendientes, tanto como de los intereses moratorios que se hayan generado. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Serralde. Tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Leopoldo Sánchez Cruz:Con su venia, diputado presidente. Me permito subir a esta máxima tribuna para hacer una serie de precisiones, en cuanto al tema que se tiene entre la empresa Gargonz y los trabajadores del ingenio Nuevo San Francisco.

Los diputados del PRI conocemos a fondo el tema y expresamos a los trabajadores de la caña nuestra solidaridad y apoyo irrestricto para la solución de este conflicto.

Sepan ustedes que no solo el gobierno del estado de Veracruz está pendiente de esta problemática, los diputados del PRI, de Veracruz, también lo estamos y deseamos que este asunto se resuelva pronto y de manera pacífica.

Los trabajadores de la caña constituyen un eslabón muy importante en la cadena productiva de nuestro país; por tanto, es nuestro deber y obligación apoyarlos, por lo que en situación de conflicto o desacuerdos —como en este caso—, nos solidarizamos con sus planteamientos.

En Veracruz el apoyo al campo se palpa en varios aspectos, uno de ellos el apoyo a los trabajadores de caña. Como prueba de ello es que se ha apoyado al dragado de siete kilómetros del Río San Agustín, que afecta precisamente a la zona, con una inversión de más de 11 millones de pesos; se han desazolvado más de 120 kilómetros de drenajes y zanjas que afectan escurrimientos naturales de los cauces; se desazolvó el canal abastecedor del ingenio que se vio obstruido y se han construido tinas y ollas para la captación de agua en la zona de abastecimiento de este ingenio.

Con todas estas acciones, les digo a todos los cañeros veracruzanos que no están solos; el gobierno de Veracruz, los diputados del PRI y senadores, estamos muy al pendiente de que sus reclamos sean atendidos con prontitud y certeza. Sabemos que es por vía pacífica el mejor resultado que se arroja.

Así pues, a todos los productores cañeros les exhorto para que busquemos juntos una solución a este conflicto y que el ingenio Nuevo San Francisco siga trabajando, siga produciendo caña de azúcar, que todos los que intervienen en esa cadena productiva se sigan beneficiando.

Además, considero que es necesario hacer reformas de fondo, creando sistemas que aseguren el financiamiento del campo cañero y la modernización de la industria.

Se deberá retomar la investigación para el mejoramiento, por ejemplo, de las variedades de caña, ya que en nuestro país existía el Instituto para el Mejoramiento de la Producción Azucarera, el IMPA, en donde se crearon varias —más resistentes a las plagas— especies —a las enfermedades—, y sobre todo con una mayor reproducción de azúcar, los cuales fueron la base para las diversas variedades de Brasil y Australia. Desafortunadamente al desaparecer este instituto se perdió la investigación; por ello se hace necesario retomar muchas de estas acciones para vigorizar el campo cañero.

Se deberá también refundar el fideicomiso de maquinaria agrícola a la industria azucarera, que fue el que permitió mecanizar el campo cañero y crear el transporte actual para el acarreo de la caña, crédito que fue otorgado hace más de 20 años y que permitió la adquisición de camiones, de alzadoras y tractores, que aún siguen funcionando en el campo.

Vale hacer mención que los productores cañeros nunca quedaron a deber un solo peso a este fideicomiso, para que no se hable de paternalismo.

Se debe revisar minuciosamente la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, ya que la industria del piloncillo no está considerada dentro de ella, porque el campo mexicano es lo más importante para esta nación, porque nuestros ingenios constituyen una gran fortaleza para el desarrollo productivo de nuestro Estado, porque ustedes como nosotros seguiremos trabajando por el bien de nuestro país, porque amamos nuestra tierra y la que ella produce; por todo esto y más, nuestro apoyo y solidaridad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir que se abra el sonido del micrófono de la curul donde se encuentra el diputado Salvador Barajas del Toro, por favor.

El diputado Salvador Barajas del Toro (desde la curul): Gracias, presidente. Para solicitarle, por su conducto, a la diputada proponente un agregado en su acuerdo, en el cual podamos hacer un llamado a la Secretaría de Agricultura, a Sagarpa, para que invite a todos los ingenios azucareros del país, integrados en la Cámara de la Industria Azucarera, así como a los administrados por el gobierno federal, para que se apeguen a lo que marca la Ley Cañera, que en el término de los 30 días de que concluye la zafra sea pagado a los cañeros los dineros, resultado de su trabajo.

Esto debido a que si —como ella hace referencia— el ingenio que ella solicita no ha pagado, los que sí han liquidado no lo han hecho en los tiempos que marca la ley; por eso esta solicitud a través de usted, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sonido en el micrófono de la curul donde se encuentra la diputada Yazmin Copete; le preguntaría si acepta la adición propuesta por el diputado Barajas del Toro.

La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (desde la curul): Sí, diputado presidente, no tengo ningún inconveniente.

Haría la observación de que fue recurrente el nombre de Gonza, que es incorrecto, el grupo es Gargonz, para que se haga la corrección respectiva.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí. Haremos la corrección que corresponde en las comunicaciones oficiales. Con mucho gusto, diputada.

La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot(desde la curul): Gracias, diputado presidente.

El diputado José Soto Martínez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado José Soto.

El diputado José Soto Martínez (desde la curul): Nada más para pedirle a la diputada, que agregue también no solo a la Secretaría de Sagarpa, puesto que en el Comité de la Agroindustria Azucarera, que está compuesto por las organizaciones nacionales, está compuesta también por la Secretaría de Economía y de Sagarpa, para que se le pague a estos señores y que no hagan lo que han hecho siempre; ellos lo saben, que venden los ingenios, los expropian, los vuelven a vender, les prestan dinero y ni pagan el dinero, no pagan ni el ingenio ni pagan el dinero que les prestan y luego todavía se quedan con la producción de los cañeros y que tienen la obligación de dar crédito; no les dan crédito y luego todavía se quedan con su producción.

Le pido a la diputada que agregue, por favor, también que intervenga la Secretaría de Economía y que le agregue también esa historia que ha habido de la agroindustria azucarera durante todo lo que tiene, de que lo expropian, lo venden, los expropian, los venden y siempre los quiebran, y el que sufre es el cañero que tuvo que quemar todas sus cañas en época de Roque Espinosa Foglia para lograra un decreto, después nos lo derogaron y ahora tuvimos que hacer una ley para sustituir al decreto, que afortunadamente se logró. Muchas gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Preguntaría a la diputada Yazmin Copete, si acepta que se agregue también a la Secretaría de Economía en el texto de la redacción final.

La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot(desde la curul): Sí, diputado presidente. No tengo ningún inconveniente en que se agregue también el exhorto a la Secretaría de Economía del gobierno federal.

El Presidente diputado José González Morfín: Muy bien. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada con las adiciones...

El diputado Salvador Arellano Guzmán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí. Sonido en la curul en que se encuentra el diputado Salvador Arellano.

El diputado Salvador Arellano Guzmán (desde la curul): Sí, diputado presidente, solicitarle que le pregunte a la diputada proponente de esta iniciativa, la posibilidad de formar un grupo plural de diputados para que sean recibidos por el secretario de Agricultura y que él mismo llame a los dueños de los ingenios para que puedan pagarle a los productores.

Estoy cierto que esta propuesta es buena para todo México, pero se necesita llevar esta propuesta a un puerto feliz y de esta manera sería en el cual los productores pudieran recibir su pago. De otra manera simplemente va a ser un simple exhorto, que no va a tener a los productores de una u otra manera contentos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Considero que sí es ya competencia de la Junta de Coordinación Política el proponer —como creo que lo harán en la próxima semana— la integración de las comisiones que correspondan.

Por lo que corresponde a esta propuesta, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba la propuesta presentada, con los agregados que ya hizo suyos la promovente.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobada la propuesta. Comuníquese.

LLAMADAS TELEFONICAS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Benjamín Castillo Valdez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en relación con la homologación del costo de llamadas en el valle de Mexicali y en el estado de Tlaxcala.

El diputado Benjamín Castillo Valdez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el pasado 20 de julio de 2011, la Comisión Permanente aprobó el dictamen relativo a la necesidad de homologar los costos de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali, que tienen clave 658, para que fueran consideradas como llamadas locales, mismo que fue presentado por el entonces senador y hoy diputado federal, nuestro amigo Fernando Castro Trenti.

Como se puede observar, el tema es de considerar las tarifas de larga distancia en algunas partes del país.

Ha estado siempre presente en la agenda legislativa del Partido Revolucionario Institucional, debido a que sus características y necesidades únicas existen en zonas del país en las que es menester apoyar a la población con medidas de este tipo y que sin embargo, no hemos encontrado respuestas satisfactorias por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Por esta razón, es que el día de hoy se recuerda el punto de acuerdo que se presentó el año pasado sobre la homologación de las tarifas en las llamadas realizadas en las comunidades del valle de Mexicali, ya que se exhortó a las autoridades federales, a fin de que tomaran medidas para aliviar esta situación de todos los habitantes de esa zona.

Por los resultados que obtuvimos, por lo ocurrido el 4 de abril, el terremoto del 2010, sin que hasta la fecha haya una respuesta efectiva por parte de las autoridades exhortadas, no obstante que fue aprobado por unanimidad en el pleno de la Comisión Permanente, ya ha pasado más de un año desde que se hizo la petición.

La cuestión es que, por ejemplo, para realizar una llamada telefónica desde la capital estatal al puerto de San Felipe, ésta se cobra como local, mientras que en la zona norte del valle de Mexicali, que en kilómetros de distancia está más cerca de la ciudad, la llamada se realiza como larga distancia nacional.

Esta situación afecta doblemente a los bajacalifornianos; primeramente, porque consideramos que el manejo de distintas tarifas telefónicas en una zona o en una misma zona resulta discriminatorio y en segunda instancia, porque debido a este acto inequitativo se afecta la economía de los ciudadanos del lugar.

Pero éste no es el único caso en el que las llamadas telefónicas que debieran considerarse como locales se cobran como larga distancia; como ejemplo, podemos mencionar el caso específico del estado de Tlaxcala, un estado muy pequeño territorialmente hablando, con poco más de cuatro mil kilómetros cuadrados, que sin embargo cuenta con 52 claves de larga distancia distintas.

También otro estado que sufre las mismas consecuencias, es en el municipio de Cajeme, en Sonora, que también es un municipio pequeño, el cual también está afectado, en donde son dos claves de larga distancia, siendo un municipio tan pequeño que puede hacer solamente llamadas locales.

Situaciones como las anteriormente expuestas han sido resueltas favorablemente para los usuarios de servicios telefónicos. Recordemos que hasta hace algunos años las llamadas que se realizaron desde el centro de la Ciudad de México hacia las delegaciones alejadas, como por ejemplo, Milpa Alta y Tláhuac, o los municipios conurbanos del estado de México, tenían un costo de larga distancia y como fue creciendo y se ensanchó la mancha urbana fueron cobradas como llamadas locales.

Si esta situación pudo resolverse en la capital del país, no vemos impedimento para que no pueda hacerse lo mismo a favor de los bajacalifornianos o de los ciudadanos de Tlaxcala o de Sonora.

Por esto se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión de Telecomunicaciones a que de manera inmediata cumplan con el acuerdo aprobado por el Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión del 20 de julio de 2011, y se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali, que tienen clave 658 y éstas sean consideradas como llamadas locales.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que de manera inmediata efectúe los estudios y acciones pertinentes destinadas a eliminar la categoría de larga distancia en las llamadas telefónicas realizadas en aquellas comunidades del país que por su disposición geopolítica debieran ser consideradas como llamadas locales, en especial las comunidades del estado de Tlaxcala y del municipio de Cajeme, en Sonora.

Señor presidente, en atención a lo dispuesto en el artículo 113, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y como promovente, me permito presentar el resolutivo tercero.

Tercero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que conjuntamente con la Cámara de Diputados se cree un grupo de trabajo para darle puntual seguimiento a lo establecido en este acuerdo hasta su cumplimiento. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a homologar el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali y de Tlaxcala para que se consideren locales, a cargo del diputado Benjamín Castillo Valdez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María Elia Cabañas Aparicio, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo y María Guadalupe Sánchez Santiago, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 20 de julio de 2011, la Comisión Permanente aprobó el dictamen, emitido por la Tercera Comisión, relativo a la necesidad de homologar el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 para que fueran consideradas como llamadas locales.

El dictamen antes referido constaba del siguiente resolutivo:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que tenga a bien instruir al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 y estas sean consideradas como llamadas locales.

Este exhorto, que la Comisión Permanente emitió el año pasado, se suma a otros que han sido aprobados por el Congreso de la Unión sobre la temática; por ejemplo:

• El 31 de mayo de 2006, los entonces diputados federales Fernando Alberto García Cuevas y José Rangel Espinoza, del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la empresa Teléfonos de México, a efectuar los estudios y acciones pertinentes destinadas a eliminar la categoría de larga distancia en la marcación telefónica en los 125 municipios del estado de México, e integrarlos al servicio local con el Distrito Federal, que fue dictaminado y aprobado por el pleno de la Comisión Permanente el 7 de junio de 2006.

• El 14 de junio de 2006 se aprobó el dictamen correspondiente al punto de acuerdo, presentado por el entonces diputado Tomás Trueba Gracián, por medio del cual se exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, a efectuar los estudios y acciones pertinentes destinadas a eliminar la categoría de larga distancia en la marcación telefónica del valle de Orizaba, Fortín y Córdoba, en Veracruz.

Como se puede observar, desde hace años el tema de reconsiderar las tarifas de larga distancia en algunas partes del país ha estado presente en la agenda legislativa del Partido Revolucionario Institucional debido a que, por sus características y necesidades únicas, existen zonas del país en las que es menester apoyar a la población con medidas de este tipo y, sin embargo, no hemos encontrado respuesta satisfactoria por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Por esta razón es que el día de hoy se recuerda el punto de acuerdo que presentó Fernando Castro Trenti, el año pasado, siendo senador de la República por Baja California, sobre la homologación de las tarifas en las llamadas realizadas en las comunidades del valle de Mexicali, ya que se exhortó a las autoridades federales a fin de que tomaran medidas para aliviar la situación de los habitantes de nuestro estado que resultaron afectados por el terremoto ocurrido el 4 de abril de 2010, sin que hasta la fecha haya una respuesta efectiva por parte de las autoridades exhortadas, no obstante que fue aprobado por unanimidad en el pleno de la Comisión Permanente y ya ha pasado más de un año desde que se hizo la petición.

La cuestión es que, por ejemplo, para realizar una llamada telefónica desde la capital estatal al puerto de San Felipe, ésta se cobra como local, mientras que a la zona norte del valle de Mexicali, que en kilómetros de distancia está más cerca de la ciudad, la llamada se realiza como de larga distancia nacional.

Esta situación afecta doblemente a los bajacalifornianos, primeramente, porque consideramos que el manejar distintas tarifas telefónicas en una misma zona resulta discriminatorio y en segunda instancia, porque debido a este acto inequitativo se afecta la economía de los ciudadanos del lugar.

Además de lo anterior, esta situación lesiona la economía de muchos jóvenes que se trasladan del valle de Mexicali a la capital del estado para realizar sus estudios puesto que, al comunicarse con sus familiares, están obligados a pagar llamadas de larga distancia.

Pero este no es el único caso en el que, las llamadas telefónicas que debieran cobrarse como locales, se cobran como de larga distancia, y como ejemplo podemos mencionar el caso específico de Tlaxcala, un estado muy pequeño, territorialmente hablando (poco más de 4 mil kilómetros cuadrados), cuenta con 52 distintas claves de larga distancia.

Situaciones como la antes descrita se han presentado con anterioridad y han sido resueltas favorablemente para los usuarios de los servicios telefónicos. Recordemos que hasta hace algunos años, las llamadas que se realizaban desde el centro de la Ciudad de México hacia las delegaciones más alejadas como Milpa Alta y Tláhuac, o los municipios conurbados del estado de México, tenían un costo de larga distancia y, conforme se ensanchó la mancha urbana, pasaron a ser cobradas como llamadas locales.

Si esta situación pudo resolverse en la capital de país, no vemos impedimento para que no pueda hacerse lo mismo a favor de los bajacalifornianos, máxime que, desde el Poder Legislativo, hemos hecho nuestra tarea y se han emitido exhortos a las autoridades competentes, lamentablemente, parece ser que hemos regresado a la dinámica viciosa en la que el Congreso de la Unión emite exhortos y las autoridades exhortadas no los acatan.

Es necesario revertir esta dinámica viciosa en la que nos encontramos envueltos, en la que los exhortos emitidos por Poder Legislativo tienen el poder vinculatorio de las llamadas a misa. Es tiempo de exigir el cumplimiento de nuestras solicitudes y demandas. Por esto, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que, de manera inmediata, cumplan con el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 20 de julio de 2011 y se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 y estas sean consideradas como llamadas locales.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que –de manera inmediata– efectúen los estudios y acciones pertinentes destinadas a eliminar la categoría de larga distancia en las llamadas telefónicas realizadas en aquellas comunidades del país que, por su disposición geopolítica, debieran ser consideradas como llamadas locales, en especial, en las comunidades del estado de Tlaxcala.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 27 de septiembre de 2012.— Diputados: Fernando Castro Trenti, Benjamín Castillo Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el asunto de considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión y para los efectos del artículo 113 tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el tema de la homologación de las tarifas del servicio telefónico es un asunto recurrente y poco atendido por las autoridades de diferentes instancias del servicio público.

El día de hoy se trata de reconocer una sola tarifa en el servicio de telefonía en Mexicali, así como en Tlaxcala. No obstante, el problema fundamental no radica en reconocer los problemas e irlos subsanando sobre la marcha, más bien se trata de adecuar estrategias que complementen la prestación de estos servicios a precios justos.

Es muy cierto decir que el presente punto de acuerdo busca resarcir el problema que genera inequidad y discriminación en el trato brindado a dichas poblaciones. Esta situación, así como muchas otras, pueden ser prevenidas desde la perspectiva de cuidar la economía y la condición social de los usuarios. Para el caso que nos ocupa, el cobro de distintas tarifas, en apenas unos kilómetros de distancia de Mexicali, lacera de forma considerable la economía de cada persona que radica en esta ciudad.

Hemos de decir que por el simple hecho de hacer cobros dentro de una pequeña región con distintas tarifas obliga a que las personas usuarias de este servicio tengan que desatender algunas necesidades básicas.

No es extraño, entonces, que veamos a jóvenes, amas de casa, trabajadores a ser orillados a reducir sus gastos en alimentos, pasaje, materiales para la escuela y algunos otros servicios públicos, como consecuencia de tener que pagar un importe mayor en el cobro del servicio telefónico.

Por si fuera poco, resulta inaceptable que de manera irrisoria, habitantes de las regiones, incluso de estados como lo es el estado de Tlaxcala, se vean sometidos al designio de una empresa que hace su agosto al cobrar hasta 52 claves distintas de larga distancia dentro del estado más pequeño de la República.

Lo que es más vergonzoso es que a pesar de que se han logrado acuerdos que buscan beneficiar de manera inmediata a los pobladores de estas zonas, no se consigue entrar en razón a los altos funcionarios de estas empresas.

A mediados del año pasado, la Comisión Permanente aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para homologar los costos de las tarifas telefónicas en Mexicali; sin embargo, estas disposiciones se las pasaron por el arco del triunfo. De igual manera, las condiciones del estado de Tlaxcala se han olvidado y no han sido atendidas.

De manera urgente es necesario llevar a cabo un estudio que proponga, no solo las modificaciones tarifarias, sino que en el futuro prevenga semejantes situaciones en estos y otros estados de la República.

Finalmente, compañeros y compañeras, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hacemos un enérgico reclamo a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por el caso omiso a dichos exhortos y conminamos que a la brevedad posible se implementen las medidas para regularizar esta penosa situación, por la que pasan los habitantes de esas pequeñas regiones. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, por tres minutos.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, como miembro de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, ante ustedes vengo a exponer el posicionamiento al punto de acuerdo en relación a la homologación del costo de llamada de las comunidades del valle de Mexicali.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a que de manera inmediata cumplan con el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 20 de julio de 2011, y se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave Lada 658, y éstas sean consideradas como llamadas locales.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a que de manera inmediata efectúen los estudios y acciones pertinentes destinados a eliminar la categoría de larga distancia en las llamadas telefónicas realizadas en aquellas comunidades del país, que por su disposición geopolítica deberían ser consideradas como llamadas locales, en especial en las comunidades del estado de Tlaxcala.

Durante años todos los mexicanos hemos sido víctimas de las altísimas tarifas en telefonía autorizadas por la Cofetel a Telmex, esta empresa ha tenido desde su creación poder en tres áreas principalmente; origen de llamadas, tránsito local, arrendamiento de enlaces dedicados y terminación de llamadas fijas.

Según estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el 5o. lugar de países con telefonía más cara; es decir, nuestro país tiene tasas aún más elevadas que muchos países desarrollados donde el ingreso per cápita es abismalmente mayor.

El monopolio telefónico, a través de la fijación de precios artificiales, ha causado daños por 6 mil millones de dólares cada año a los habitantes que utilizan este servicio; en el caso de homologación de larga distancia se han tenido casos como el de 125 municipios en el estado de México, el del valle de Orizaba, Fortín y Córdoba, o el que ahora se presenta del valle de Mexicali. Resulta urgente la resolución de este tema que incurre en pérdidas económicas para los habitantes de la región.

En Movimiento Ciudadano pedimos ir más allá, es necesario terminar de raíz con todos los atropellos que realizan por parte de Telmex de manera descarada a los consumidores; no podemos permitir que se sigan creando tarifas artificiales debido a la falta de competencia en el sector de telecomunicaciones.

Quienes vivimos en la frontera y conocemos las tarifas de otros países, del otro lado como Estados Unidos de América, sabemos que son homogéneas y que lo mismo te cuesta, en tarifa, hacer una llamada a una ciudad o estado del mismo país vecino, cosa que no sucede en nuestro país.

Ya basta de pagar cuotas monopólicas que no reflejan el costo real del servicio telefónico; exigimos que se tomen medidas necesarias para poner punto final a este problema.

Concluyo, señor presidente.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, por tres minutos, el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la bancada del Partido Verde considera que la justicia es un valor supremo que siempre debe de estar vinculado con la igualdad; es decir, justicia para todos y sin distingos. En este tenor se honra a la República.

En este sentido, el Estado debe estar siempre presto a regular, entre otras circunstancias, el equilibrio en el mercado, eliminando abusos.

Para consolidar precisamente ese fin, el Poder Ejecutivo tiene entre sus órganos de influencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, quienes tienen dentro de su ámbito de influencia la competencia de evitar los abusos acontecidos, motivo de esta intervención.

El 20 de julio de 2011, la Comisión Permanente del Senado aprobó el dictamen relativo a la necesidad de homologar el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali, que tienen la clave lada 658, para que fueran consideradas como llamadas locales.

La intención fue promover el fomento económico de las comunidades del valle de Mexicali, procurando ahorro ante la presencia de un problema que aqueja a los pobladores de aquella zona del estado de Baja California.

El tema radicó en lo incrédulo del supuesto de realizar llamadas dentro del mismo municipio y cobrarlas, por las compañías telefónicas, como de larga distancia.

En su momento se planeaba que esta situación lesionaba la economía de muchos jóvenes estudiantes que se trasladan del valle de Mexicali a la capital del estado para realizar sus estudios y que al comunicarse con sus familiares están obligados a pagar llamadas de larga distancia.

Pero no únicamente afecta a los jóvenes estudiantes, también a sectores como el médico y al agroindustrial, ya que para el desarrollo de sus actividades tienen que hacer llamadas constantes, ya sean entrantes o salientes, ubicadas en esta zona excluida.

Actualmente son nueve de las catorce delegaciones municipales que comprenden el área territorial del municipio de Mexicali que se ven afectadas, algunas de ellas, parcialmente. La población que se vería beneficiada por esta medida en el valle de Mexicali son aproximadamente 120 mil habitantes.

Esta propuesta de urgente resolución también incluye a Tlaxcala, que tiene 52 claves de larga distancia. La misma situación se presenta en el municipio de Cajeme en Sonora y hace unos momentos, en pláticas con mi compañero diputado de bancada, Felipe Arturo Camarena y el diputado aquí presente, Fernando Bribiesca, me comentaban que en Celaya, Guanajuato, se presenta la misma situación.

Situaciones como las antes descritas se han resuelto en el Distrito Federal y en el estado de Veracruz. Esto es, a todas luces, injusto y dista de los principios de un mercado en el ramo de las comunicaciones sin distorsiones.

Por ello, desde esta tribuna, la más alta de la nación y en pro de la gente de mi estado, el de los estados hermanos de Tlaxcala, Sonora y Guanajuato, es que en mi carácter de representante popular exigimos, sin dilación, la respuesta positiva al acuerdo previamente aprobado en la Comisión Permanente del Senado, para que se homologue el costo de las comunicaciones telefónicas en las comunidades rurales o de zonas conurbadas para que en consecuencia sean consideradas como locales y no de larga distancia.

La bancada del Partido Verde respalda la propuesta de mi diputado amigo, Benjamín Castillo Valdez, porque solamente así creeremos que se puede retomar el orden económico y de justicia social, vulnerado hasta este instante. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por tres minutos.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, señor presidente. Legisladoras y legisladores, vengo en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a manifestar el sentido de nuestro voto respecto al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a homologar el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali y de Tlaxcala, para que sean consideradas locales, a cargo del diputado Benjamín Castillo Valdez.

Consideramos necesario que cumpla con el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el pasado 20 de julio de 2011 y se homologue el costo de las llamadas de estas comunidades de Mexicali, que tienen clave 658, y que sean consideradas como llamadas locales.

Asimismo que se efectúen los estudios y las acciones pertinentes destinadas a eliminar la categoría de larga distancia en la llamadas de estas comunidades ya mencionadas, asimismo para que se revisen los casos de Tlaxcala y del municipio de Cajeme, Sonora, así como todos los que se encuentren en esta misma situación.

¿Por qué lo consideramos necesario? Porque afecta a los pequeños y medianos empresarios, fundamentalmente; es un tema también de productividad, asimismo a los demás rubros de la economía en esta localidad, lesiona también la economía de los bajacalifornianos en general, fundamentalmente a los jóvenes que tienen que moverse por razones de estudio o de empleo, da además esta situación un trato discriminatorio a estas localidades y resulta mayormente gravoso para la zona rural.

Contamos con antecedentes donde se han resuelto favorablemente a los usuarios este tipo de casos, como es —para citar algunos ejemplos— los de algunas delegaciones de la Ciudad de México. Sin duda el Partido de la Revolución Democrática comparte esta solicitud, donde se exhorta a la SCT y a la Cofetel a homologar estos costos y que se haga este estudio a fondo.

Creo que es necesario, creemos que es necesario que la estabilidad que tanto se presume a nivel macroeconómico llegue ya a los bolsillos de las familias y que permita ahorros en este sentido para que puedan tener mayores posibilidades de acceso a una vida digna, donde cada vez es más agobiante el tener pagos y pagos que realizar, que va siempre en detrimento de las clases que menos tienen.

Sabemos que en estos tiempos comunicarse no es una opción, es una necesidad; es por ello que nos preocupa mucho que haya una nula atención, que haya habido una nula atención a este tema y nos preocupa aún más que estos exhortos que resultan de esta soberanía se vuelvan solamente ejercicios de oratoria en esta tribuna.

Es necesario que se retome con seriedad, con prontitud y que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo haga caso de nuestros exhortos. No es posible que estemos planteando uno y otro tema, y no es en solo este caso que quedan rezagados, que quedan solamente como declaratorias en esta tribuna; es necesario que el Poder Ejecutivo pueda atender nuestros exhortos y que podamos resolver las problemáticas de las diversas comunidades de nuestro país. Por todo lo anteriormente expuesto, expresamos nuestro voto a favor. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna, por tres minutos, el diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Genaro Carreño Muro:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, señoras y señores legisladores, en nuestro grupo parlamentario estamos convencidos que las telecomunicaciones son trascendentales para nuestro país; hoy en día los ciudadanos requieren de los servicios de telefonía, telefonía para atender una infinidad de necesidades, como lo son servicios públicos, educativos, de salud, financieros, bancarios, entre otros.

Esta interacción se presenta en zonas donde existe un constante movimiento entre los habitantes de municipios vecinos, como es el caso del estado de Tlaxcala, o el citado problema de Mexicali en Baja California.

Es trascendental que la Comisión Federal de Telecomunicaciones considere a la consolidación de áreas de servicio local a fin de favorecer la economía de los usuarios que requieren comunicarse constantemente a través de los servicios telefónicos.

Acción Nacional también ha presentado propuestas en este sentido a través de la diputada Adriana Dávila, en el 2006, presentado un punto de acuerdo para reducir las claves lada asignadas al estado de Tlaxcala, el cual se dictaminó favorablemente; sin embargo, hasta la fecha no se ha podido favorecer a los habitantes de la entidad.

En nuestra plataforma política de nuestro partido tenemos como propuesta la imperiosa necesidad de atender y defender los derechos de los usuarios, de los servicios de telecomunicaciones por constantes abusos que existen en este sector por parte de los operadores.

Nuestro grupo parlamentario considera necesario una revisión para la consolidación de áreas de servicio local en regiones del país, con la finalidad de disminuir los pagos excesivos que ocasionan las llamadas telefónicas de larga distancia cuando por la ubicación geográfica entre regiones se desprende que existe cercanía y una alta interacción social económica y política.

Entendemos que la consolidación de las áreas de servicio local deberá coadyuvar al cumplimiento de los objetivos, de los programas y planes que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; que junto con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, sobre todo, deberán promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el país, fomentar la sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de este sector, a fin de que los mismos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios y promover una adecuada cobertura social. Hoy nuestros ciudadanos nos demandan más y mejores servicios, con bajas tarifas y sobre todo una mayor cobertura.

Entendemos que nuestro sector presenta complejidades con los diferentes operadores, pero sin duda debemos confiar en nuestras autoridades, las cuales deberán resolver la problemática que se genera en el sector.

Compañeros, legisladoras y legisladores, debemos ser respetuosos de las disposiciones oficiales en la materia. Nuestros órganos reguladores deben aplicar con estricto cumplimiento de las normas jurídicas que marcan las leyes en la materia.

Sabemos que la Comisión Federal de Telecomunicaciones está trabajando para derogar los lineamientos y para modificar las áreas de servicio local. que son las zonas geográficas en las que se divide el país para la prestación de servicios de telefonía básica. En consecuencia, emitirá nuevos lineamientos que permitan iniciar una nueva etapa de reducción de áreas de servicio local.

Con lo anteriormente señalado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de la propuesta, considerando que es urgente la consolidación de áreas de servicio local en áreas del interés pública que se manifiesta, en los diversos municipios de la República mexicana a fin de beneficiar principalmente a las familias más necesitadas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene finalmente la palabra la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo: Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Como representantes populares debemos insistir en la necesidad de promover el comercio económico de las comunidades no solo en mi estado, Baja California, sino en todas aquellas localidades del país que se encuentran en situaciones geopolíticas particulares, como los casos de Tlaxcala y Sonora.

El tema que se está tratando el día de hoy ante este pleno es la mayor importancia y es necesario que las autoridades exhortadas den solución pronta y eficaz a los reclamos de la sociedad que se ve afectada por esta situación.

Además de lo mencionado por mi compañero y amigo diputado Benjamín Castillo, es importante señalar que esta situación lesiona la economía, las relaciones sociales y familiares de todos los mexicanos, puesto que en el caso de los más vulnerables se ven en la necesidad de trasladarse de sus localidades a otras para estudiar o trabajar, al intentar comunicarse con sus familias están obligados a pagar llamadas de larga distancia, aun cuando su traslado sea dentro del mismo municipio o se encuentren muy cerca de sus hogares.

Los legisladores debemos procurar el respeto a los derechos de los ciudadanos, así como cuidar la economía de los consumidores y en este sentido debemos atender las quejas que se generan en situaciones específicas.

Asimismo con su apoyo avanzaremos en la promoción, impulso, fortalecimiento, así como en la consolidación de políticas concretas, específicas y viables que buscan fomentar la competitividad en el largo plazo y que ésta se traduce en una mejora de bienestar de la sociedad.

Estamos convencidos de que un paso importante en esta materia pase por asegurar la comunicación entre individuos y regiones, mediante la adecuación a la realidad, dinámica económica y social que se vive, adaptando las tarifas en telecomunicaciones a fin de asegurar el acceso de todo mexicano a sus derechos de comunicación y de integración social, económica y familiar.

Por esto acudimos el día de hoy a la más alta tribuna del país para solicitar su apoyo en la aprobación de esta proposición con punto de acuerdo y su solidaridad con el pueblo de México, pues estoy segura de que muchos de ustedes, compañeros, conocen y han vivido dentro de sus propios estados, situaciones como ésta.

Además es importante la aprobación de este acuerdo pues no es la primera vez que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha planteado en el Congreso de la Unión, la problemática antes descrita.

Me parece, compañeros, que es momento de hacer efectiva nuestra representación popular, demostrando que sin importar colores o ideologías, podemos llegar a los acuerdos que permitan alcanzar el bien común. Muchas gracias y buenas tardes, con permiso.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo con los dos resolutivos publicados en la Gaceta Parlamentaria, dado que el tercero de ellos, propuesto por el promovente, el diputado Benjamín Castillo, será turnado a la Junta de Coordinación Política. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

El tercer resolutivo propuesto en adición, se turna a la Junta de Coordinación Política, para la atención respectiva.

Continúe la Secretaría con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

VI INFORME DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXII Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación a las preguntas parlamentarias que se dirigirán al Presidente de la República con motivo del análisis del VI Informe de Gobierno.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7°, numeral 4; 33 y 34 numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que el 1° de septiembre de 2012 el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos entregó al Congreso de la Unión su VI Informe de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Que el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cada Cámara podrá, con motivo del análisis del informe de gobierno, solicitar al Presidente de la República que amplíe la información, mediante pregunta por escrito.

III. Que conforme a lo establecido en los artículos 129, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Pleno está facultado para solicitar información relacionada con el informe de gobierno a los funcionarios detallados en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las preguntas parlamentarias deberán referenciarse por las áreas temáticas siguientes: a) política interior, b) política exterior, c) política social y d) política económica.

V. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 130, numeral 5 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, tras calificar la procedencia de los proyectos de preguntas parlamentarias propuestas por los Grupos Parlamentarios, será responsable de proponer al Pleno el acuerdo mediante el que se determine el número total de preguntas, el número de ellas que corresponda a cada Grupo Parlamentario y el texto de las mismas.

VI. Que la Cámara de Diputados inició, en su sesión del 4 de septiembre de 2012, el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, por lo que procede la formulación de las preguntas que determine el Pleno para ampliar la información relacionada con el análisis del informe de gobierno.

VII. Que de acuerdo con los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. De igual manera, tiene la atribución de presentar puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7 numeral 4; 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados formulará 68 preguntas al Presidente de la República para que amplíe la información relativa al informe que sobre la situación que guarda la Administración Pública Federal presentó al Congreso de la Unión el lo. de septiembre de 2012.

Segundo.El total de preguntas parlamentarias a que se refiere el punto anterior, se distribuirá entre los Grupos Parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados, en la siguiente proporción:

a) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: 16 preguntas.

b) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: 16 preguntas.

c) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: 16 preguntas.

d) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: 8 preguntas.

e) Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano: 6 preguntas.

f) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: 6 preguntas.

g) Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza: 4 preguntas.

Tercero. Las preguntas que formulen los Grupos Parlamentarios cumplirán con lo siguiente:

1. Deben solicitar expresamente que se amplíe la información contenida en el VI Informe de Gobierno.

2. Cada pregunta deberá referenciarse con el área temática a la que corresponda y agruparse en torno a dicha área temática, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. Cada pregunta podrá ser precedida por una introducción que sirva para generar un marco de referencia que permita que la respuesta sea concreta y puntual.

4. Cada pregunta deberá ser redactada de manera institucional, en forma clara y concisa para que pueda recibir una respuesta en los mismos términos.

5. Cada pregunta deberá concretarse a un único asunto para que pueda ser contestada en términos precisos.

Cuarto. Los Grupos Parlamentarios remitirán a la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Coordinación Política, en medio impreso y electrónico, las preguntas parlamentarias que les correspondan conforme al punto segundo de este acuerdo, antes de las 19:00 horas del día 4 de octubre de 2012.

Quinto. Concluido el plazo a que se refiere el punto anterior, la Junta de Coordinación Política calificará e integrará las preguntas propuestas por los Grupos Parlamentarios, con el objetivo de remitirlas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García(rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo(rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez(rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada secretaria. Al no haber ninguna intervención solicitada, voy a pedir a la secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

* PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros diputados, en términos del artículo 102 del Reglamento, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que en este momento se pida a la secretaría que se registren para la próxima sesión.

** EFEMERIDES

El Presidente diputado José González Morfín: Del mismo modo, ruego a mis compañeras y compañeros diputados que tenían intervenciones solicitadas en las efemérides inscritas en la agenda de hoy que nos las hagan llegar para que sean publicadas íntegramente en el Diario de los Debates.

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

*  Las proposiciones se encuentran en el Anexo de esta sesión.

**  Las efemérides se encuentran en el Anexo de esta sesión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 15:35 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes 28 de septiembre de 2012, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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