Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 471 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 16:38 horas): Y por tanto, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Segundo Periodo de sesiones extraordinarias.— Segundo receso del primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 22 de agosto de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior

Dictamen a discusión

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si autoriza que el acta de la sesión anterior se dé por leída y copia de la misma se distribuya a los grupos parlamentarios.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se pregunta a la asamblea si autoriza que el acta de la sesión anterior se dé por leída y copia de la misma se distribuya a los grupos parlamentarios. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintiuno de agosto de dos mil trece, correspondiente al Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Recinto Alterno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y siete diputadas y diputados, a las veinte horas con cincuenta y cuatro minutos del miércoles veintiuno de agosto de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al Orden del Día.

Puestos todos de pie el Presidente declara:

“La Cámara de Diputados, hoy veintiuno de agosto de dos mil trece, se declara legalmente instalada para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura, al que fue convocada por la Comisión Permanente”.

La Mesa Directiva comunicará por escrito al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores, y a la Comisión Permanente, que la Cámara de Diputados ha quedado legalmente instalada para funcionar durante el periodo referido.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) En votación económica se dispensa la lectura al oficio de la Comisión Permanente y a la Convocatoria para llevar a cabo un periodo de sesiones extraordinarias. De enterado.

b) De la Comisión Permanente:

— Por la que informa que se concedió extensión de licencia al diputado Juan Manuel Diez Francos, por tiempo indefinido a partir del treinta y uno de julio de dos mil trece. De enterado.

— Por la que comunica que se concedió licencia al diputado Fernando Charleston Hernández, por tiempo indefinido a partir del siete de agosto del año en curso. Llámese al suplente.

— Por las que comunica que los diputados Graciela Saldaña Fraire, Rafael Acosta Croda, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, y Juan Bueno Torio, se reincorporan a sus actividades legislativas a partir del treinta de julio y primero de agosto del año en curso. De enterado. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto el ciudadano Ángel Abel Mavil Soto, diputado suplente electo en el noveno distrito electoral del estado de Veracruz. El Presidente designa una comisión para acompañarlo a rendir protesta de Ley, y entra en funciones.

Desde la tribuna la diputada Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional, solicita a la presidencia que se inserte en el orden del día un tercer dictamen de la Comisión de Educación. Intervienen los diputados: Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; María Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Rubén Camarillo Ortega, del Partido Acción Nacional; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; y Lourdes Adriana López Moreno, de Partido del Verde Ecologista de México. El Presidente hace aclaraciones y somete a consideración de la Asamblea la inclusión propuesta por la diputada Esther Quintana Salinas, que en votación económica no se autoriza.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen Reglamentos y Practicas Parlamentarias, que reforma y adiciona los artículos seis, setenta y tres, setenta y seis, setenta y ocho, ochenta y nueve, ciento cinco, ciento ocho, ciento diez, ciento once, ciento dieciséis, y ciento veintidós, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

b) De Educación Pública y Servicios Educativos:

— Que expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

— Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos:

a) Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se concede el uso de la palabra a la diputada Mónica García de la Fuente a nombre de la Comisión, para fundamentar el dictamen y presentar propuestas de modificación de los artículos: catorce; sesenta y cinco; y décimo segundo y décimo tercero transitorios, que en votación económica se autorizan y se incorporan al proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva a los diputados: Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, y Lilia Aguilar Gil, ambos del Partido del Trabajo; que en votación económica no se toman en consideración y se desechan. Para fijar posturas de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputado José González Morfín

Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Judith Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; Roberto López González, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional; y José Enrique Doger Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: sexto; doce, fracciones quinta Bis y décimo segunda Bis; veinticuatro Bis; veintiocho Bis; treinta y tres, fracción décima séptima; y sesenta y siete, fracción tercera. En votación nominal por trescientos setenta y cuatro votos a favor; ochenta y cuatro en contra; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

Se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados a los siguientes diputados:

— Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de eliminación de la fracción quinta Bis, del artículo doce, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo doce, fracción décimo segunda Bis, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de adición de un párrafo tercero al artículo veinticuatro Bis, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de eliminación del artículo veintiocho Bis, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y tres, fracción décimo séptima, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sesenta y siete, fracción tercera, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

En votación nominal por trescientos veinticinco votos a favor; cincuenta y ocho en contra; y una abstención, se aprueban en lo particular los artículos reservados en términos dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

b) Que expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Presidencia del diputado José González Morfín

Se concede el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe Mondragón González, a nombre de la Comisión, para fundamentar el dictamen y presentar propuestas de modificación de los artículos: tres, cinco, siete, ocho, once, doce, trece, quince, dieciséis, diecisiete, diecinueve, veintiuno, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, treinta y ocho, cuarenta y cuatro, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y siete, cincuenta y nueve, sesenta y cinco, sesenta y siete, sesenta y ocho; y Sexto Transitorio, que en votación económica se autorizan y se incorporan al proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva al diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, que en votación económica no se toma en consideración y se desecha. Para fijar posturas de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; y Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, y Ricardo Monreal Ávila, ambos de Movimiento Ciudadano. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: treinta y dos; y treinta y siete, segundo párrafo. En votación nominal por trescientos cincuenta y seis votos a favor; sesenta y cuatro en contra; y dos abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

Se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados a los siguientes diputados:

— José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y dos, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y siete, segundo párrafo, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

En votación nominal por trescientos sesenta votos a favor; y cincuenta y nueve en contra, se aprueban en lo particular los artículos reservados en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Extraordinaria que tendrá lugar mañana jueves veintidós de agosto de dos mil trece, a las catorce horas, y levanta la sesión el jueves veintidós de agosto de dos mil trece a las dos horas con veintitrés minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.*

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión, hasta por 15 minutos, a efecto de fundamentar el dictamen.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hoy se someterá a discusión y, en su caso, a aprobación el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

Reconocemos el trabajo y el esfuerzo de altura de miras en el ánimo de que nuestro país sea punta de lanza en transparencia. Celebro la disposición y la voluntad de los integrantes y presidentes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, así como de los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios.

De igual forma, agradezco las horas de trabajo en este tema, que desde hace varios meses no alcanzaba el acuerdo necesario que nos permitiera transitar.

Una vez que aprobemos esta reforma constitucional lograremos el objetivo cumpliendo las expectativas que tanto demandamos los mexicanos. Las organizaciones sociales, las ONG, entre otros.

Pues el día de hoy el IFAI es un órgano de administración pública federal sin autonomía de rango constitucional y con resoluciones que pueden ser atacables.

Por tal  motivo, las Comisiones Unidas hemos realizado un trabajo arduo pero fructífero, lo que ha dado como resultado de los debates la posibilidad de crear un organismo constitucional autónomo, que garantice el derecho a la información y su acceso, por ser considerado un derecho humano.

El proyecto de decreto propuesto en este dictamen está sustentado en la garantía de transparencia y acceso a la información. Ya que todo órgano en un Estado de derecho tiene la obligación de ser transparente y contar con los elementos necesarios para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información, pues son derechos que tiene el gobernado frente al Estado.

Así, los sujetos obligados, vinculados con la transparencia, deben dar cabal cumplimiento al derecho fundamental de los gobernados, que consiste en saber y conocer cómo es la actividad de estos entes por ser un principio de la democracia constitucional.

En este orden de ideas, el principal objetivo de esta reforma es hacer que todos los entes gobernantes sean transparentes, de tal manera que se fortalecerá el acceso a la información, para lo cual se debe contar con los mecanismos jurídicos para su pleno ejercicio.

Es por ello que existe la necesidad de contar con un organismo constitucional autónomo, que garantice al gobernado acceder a dicha información.

Por lo anterior, el dictamen que será puesto a discusión contempla los siguientes elementos:

Se amplió el catálogo de sujetos obligados en materia de transparencia, precisando  los siguientes: los Poderes de la Unión, los organismos autónomos, los fideicomisos y fondos públicos. Toda persona física, moral, sindicatos o fideicomiso privado respecto de los recursos públicos que reciba y ejerza, así como los partidos políticos. Asimismo se obliga a preservar la documentación que derive del ejercicio de las funciones de los sujetos obligados.

Se precisa que el organismo encargado de garantizar el acceso a la información y la transparencia en el ámbito federal gozará de autonomía.

Se ratifica la inatacabilidad de las resoluciones del órgano autónomo, exclusivamente para los sujetos obligados.

Se conceden facultades al Congreso de la Unión para expedir la ley general que va a desarrollar las bases, los principios generales y los procedimientos para la transparencia, como para el acceso a la misma. Asimismo se conceden las facultades para expedir la ley general que regule la organización y la administración de los archivos, así como el funcionamiento del sistema nacional de archivos.

La Cámara de Senadores tendrá la facultad de nombrar a los comisionados del órgano autónomo.

Finalmente, después de resaltar de manera sintética lo más relevante de este dictamen, compañeras y compañeros diputados, llamo su atención porque quiero hacer del conocimiento de este pleno que a nombre de las Comisiones Unidas —y como lo expresé al inicio de mi intervención— en el ánimo de cumplir con la expectativa en este tema que tenemos todos los mexicanos, en unos momentos presento modificaciones suscritas por los presidentes de las comisiones unidas y de consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios, para que sea puesta a consideración del pleno para su aprobación, misma que hago entrega al Presidente de la Mesa Directiva.

Por lo que, compañeras y compañeros legisladores, los invito a votar a favor del presente dictamen que sin duda garantizará el ejercicio de un gobierno transparente sujeto a la supervisión de la sociedad, abriendo la rendición de cuentas en los asuntos del ejercicio de los entes del Estado. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): El documento.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se va a empezar a distribuir. Efectivamente, tenemos dos opciones. Empezar a leerlo; es un documento amplio.

Quisiera, en tanto se empieza a distribuir, comentar grosso modo los cambios que trae el documento que acaba de anunciar el señor presidente de la comisión.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si estos cambios presentados por el señor presidente de la comisión pasan a formar parte del dictamen que se discute.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las adecuaciones presentadas al dictamen por parte del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En estas condiciones, con el dictamen modificado por la petición del señor presidente de la comisión y aprobado por la asamblea, es que esta Presidencia pregunta si subsisten las dos mociones suspensivas, tanto la de Zuleyma Huidobro González, como la de Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Las dos subsisten.

Luego entonces tiene la palabra doña Zuleyma Huidobro González. En tanto, esta Presidencia informa que se están repartiendo las copias del documento.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. El propósito fundamental de la presente moción suspensiva es en razón de muchos motivos, como los siguientes:

El 20 de diciembre de 2012, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen que hoy se pretende discutir. La minuta del Senado de la República relacionada con la reforma y adición de diversos artículos de la Carta Magna, incluido en el artículo 6o. en materia de transparencia, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales desde el 21 de diciembre y, sin embargo, no fue objeto de dictamen.

El 11 de marzo se presentó ante esta Cámara de Diputados una iniciativa en materia de Telecomunicaciones, que también incluía cambios al artículo 6o. de la Constitución Política.

El 24 de abril se aprobó un dictamen en lo general y en lo particular que reformaba el artículo 6o. constitucional en materia de Telecomunicaciones. Aun y cuando a todas luces le correspondía el trámite de dictaminación a la minuta que hoy se discutirá, por encima de la iniciativa en materia de Telecomunicaciones.

El 11 de junio el Ejecutivo federal promulgó las reformas constitucionales en materia de Telecomunicaciones, lo que implica que la minuta enviada por el Senado de la República a la Cámara de Diputados en materia de transparencia pierda materia; es decir, quedara sin efecto.

La modificación al texto constitucional del artículo 6o., implica que la minuta que aún no era dictaminada pretende reformar el contenido de un artículo constitucional que ya no existe; sin embargo, no fue así.

El 19 de agosto en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en un ejercicio irregular –por decir lo menos– incorporó un documento de trabajo al dictamen que supuestamente armonizaba el texto de conformidad con la reforma de Telecomunicaciones previamente promulgada.

Sin embargo, el texto incluye a una serie de modificaciones que trastoca el contenido y los alcances de la minuta del Senado. Entre estas modificaciones se encuentra la limitación al órgano garante en cuanto a la limitación para proponer su presupuesto, siendo que la minuta enviada por el Senado contemplaba este punto.

Los partidos políticos ven limitada su calidad de sujetos obligados, pues someten la competencia para conocer del tema de transparencia a las autoridades electorales, generando un régimen de aplicación diferenciado que no abona un escenario de seguridad jurídica.

Se matizó la definitividad e inacatabilidad de las relaciones del órgano autónomo, pues en uso de un lenguaje vago se abrió la posibilidad que funcionarios de la administración pública y algunos órganos constitucionalmente autónomos puedan apelar las resoluciones emitidas por el mismo, aludiendo a cuestiones tan vagas, como seguridad y estabilidad económica.

Se retiró la facultad del órgano autónomo para recurrir a las acciones de inconstitucionalidad, siendo que la minuta del Senado contenía la facultad expresa, lo que provocaría la pérdida de fuerza del órgano, pues no podrá recurrir a leyes y normas generales que afecten la materia por esta vía.

Lo anterior ha tenido como consecuencia que el dictamen de la minuta enviada por el Senado desvirtúe el contenido de la misma, modificando gravemente los alcances y las facultades del órgano que por esta reforma se crea. Una mera adecuación ha transformado el sentido completo del dictamen, constituyendo la voluntad de hacer una ficción de esta reforma.

No existe una progresión en la transparencia, por el contrario, existe una regresión grave. Recordemos que el derecho de acceso a la información está reconocido en la Constitución y en la naturaleza de estos derechos, es la progresión en sus ámbitos de protección y sus garantías otorgadas por los estados, cuestión que no ocurre en esta reforma.

Tristemente volvemos a ver las consecuencias de la irresponsabilidad institucionalizada al preparar un proyecto que terminó por modificar el sentido de la minuta enviada por el Senado, teniendo como consecuencia la regresión en materia de transparencia.

Pareciera que los diputados insisten en volver a tiempos de opacidad en el gobierno, tiempos que no tuvieron más que resaltar la corrupción generalizada en el sistema político nacional. Pero lo más grave, una vez más se ha violentado el Reglamento de la Cámara de Diputados. Estos puntos que hoy comento y que en el dictamen publicado y difundido se había suprimido en una reunión privada, lo vuelven a incorporar.

Mentira que hayan sido los integrantes de las comisiones unidas, porque solamente fueron los presidentes de estas comisiones, y tal vez no les gusta, pero Movimiento Ciudadano también está representado en esta Cámara, y simplemente no se toma en cuenta; siempre es una falta de respeto para Movimiento Ciudadano, y a eso es a lo que nos suponemos, porque esta Cámara está integrada por 500 diputados, no solamente por tres.

Entendemos la exigencia social de transparencia y por eso mismo, todos los ciudadanos deben saber que los diputados son los primeros en violentar las leyes.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de la asamblea esta moción suspensiva. Muchas gracias.

«Moción suspensiva respecto del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, presentada por la diputada Zuleyma Huidobro González del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante el Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente moción suspensiva respecto del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia.

Motivación y justificación

El propósito fundamental de la presente moción suspensiva, ,consiste en suspender procesalmente la inminente discusión del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anticorrupción y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta Cámara.

Esto, en razón de muchos motivos, como los siguientes:

• El 20 de diciembre de 2012, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Transparencia, enviándola a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

• La minuta del Senado de la República relacionada con la reforma y adición de diversos artículos de la Carta Magna, incluido el artículo 6o., en materia de transparencia, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales desde el 21 de diciembre, y sin embargo, no fue objeto de dictamen.

• El 11 de marzo el Ejecutivo Federal en coordinación con el “Pacto por México”, presenta ante esta Cámara de Diputados una iniciativa en materia de Telecomunicaciones que también incluía cambios al artículo 6o. de la Constitución Política.

• El 24 de abril del presente se aprobó un dictamen en lo general de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que esas mismas fechas se aprobó un dictamen en lo general y particular que reformaba el artículo 6o. constitucional en materia de Telecomunicaciones. Aún y cuando a todas luces le correspondía el trámite de dictaminación a la minuta de por encima de la iniciativa en materia de telecomunicaciones.

• El 11 de junio el Ejecutivo Federal promulgó las reformas constitucionales en materia de Telecomunicaciones, lo que implica que la minuta enviada por el Senado de la República a la Cámara baja en materia de transparencia pierda materia, es decir, queda sin efecto. La modificación al texto constitucional del artículo 6o., implica que la minuta que aún no era dictaminada pretenda reformar el contenido de un artículo constitucional que ya no existe. Sin embargo no fue así.

• El 19 de agosto del presente en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anticorrupción y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en un ejercicio irregular, por decir lo menos, incorporó un documento de trabajo al dictamen, que supuestamente armonizaba el texto de conformidad con la reforma de telecomunicaciones previamente promulgada; sin embargo, el texto incluía una serie de modificaciones que trastoca el contenido y los alcances de la presente reforma.

• Entre las modificaciones más alarmantes, se encuentran la limitación al órgano garante, en cuanto a la limitación para proponer su presupuesto, siendo que la minuta enviada por el Senado contemplaba este punto.

• Los partidos políticos ven limitada su calidad de sujetos obligados, pues someten la competencia para conocer del tema de transparencia a las autoridades electorales, generando un régimen de aplicación diferenciado que no abona a un escenario de seguridad jurídica.

• Se matizó la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del órgano autónomo, pues en uso de un lenguaje vago se abrió la posibilidad que funcionarios de la Administración Pública y algunos órganos constitucionalmente autónomos, pueden apelar las resoluciones emitidas por el mismo, aludiendo a cuestiones tan vagas como seguridad y estabilidad económica.

• Se retiró la facultad del órgano autónomo para recurrir a las acciones de inconstitucionalidad, siendo que la minuta del Senado contenía la facultad expresa, lo que provocará la pérdida de fuerza del órgano, pues no podrá recurrir a leyes y normas generales que afecten la materia por esta vía.

• Lo anterior ha tenido como consecuencia que el dictamen de la minuta envida por el Senado desvirtué el contenido de la misma, modificando gravemente los alcances y las facultades del órgano que por esta reforma se crea.

• Una mera “adecuación” ha transformado el sentido completo del dictamen, constituyendo la voluntad de hacer una ficción de esta reforma.

• No existe una progresión en la transparencia, por el contrario, existe una regresión grave.

• Recordemos que el derecho de acceso a la información está reconocido en la constitución y la naturaleza de estos derechos es la progresión en sus ámbitos de protección y sus garantías otorgadas por los estados, cuestión que no ocurre en esta reforma.

• Tristemente volvemos a ver las consecuencias de la premura e irresponsabilidad institucionalizada de los partidos del PRI, PRD, PVEM y NA, al preparar un proyecto de trabajo armonizado con el nuevo texto constitucional del artículo sexto que termino por modificar el sentido de la minuta enviada por el Senado, teniendo como consecuencia la regresión en materia de transparencia.

• Pareciera que estos partidos insisten en volver a tiempos de opacidad en el gobierno, tiempos que no tuvieron más que resaltar la corrupción generalizada en el sistema político nacional.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea, la presente moción suspensiva, con el efecto de suspender inmediatamente la discusión en trámite de manera indefinida.

Atentamente

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 21 días del mes de agosto de 2013.— Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Nelly del Carmen Vargas Pérez, José Soto Martínez, Zuleyma Huidobro González, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Luisa María Alcalde Luján, Merilyn Gómez Pozos, José Francisco Coronato Rodríguez, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Francisco Alfonso Durazo Montaño, José Luis Valle Magaña, Juan Luis Martínez Martínez y Rodrigo Chávez Contreras (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta, tiene usted el uso de la voz.

Recordemos que la Ley y el Reglamento solo nos permiten una moción suspensiva, pero recordemos también que esta Presidencia ha establecido un criterio de práctica parlamentaria de escuchar mociones suspensivas con una sola votación de las mismas.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Gracias, presidente. Primero le pediría a la Presidencia que en base al artículo 114, fracción IV y al 118 de nuestro Reglamento, h hubiera una moción de ilustración.

A mí me dieron esta Gaceta Parlamentaria y entregaron este adéndum; sostienen que el transitorio tercero es distinto y yo quisiera que la Secretaría leyera tanto la Gaceta, como el adéndum porque es el mismo el tercero transitorio. Para ilustrar quisiera que se le diera lectura en base a estos dos artículos, al transitorio tercero de ambos documentos, si es tan amable.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no acepta, en función de que los legisladores tienen a la vista ambos documentos. Continúe.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Le agradezco, porque con esto me tienen que dar la razón, los ciudadanos lo van a saber, dicen lo mismo, no hay cambios. Es lo mismo el tercero transitorio y es lo que me anima a presentar mi moción, no se puede legislar así como estamos legislando, en un ambiente de tensión social, de estado de sitio y, sobre todo, con estas insuficiencias, con estas mentiras de decir que estamos presentando cambios en el adéndum y que no es tal. Lean, los medios investiguen y verán que tengo razón; pero el fondo del asunto, porque es el mismo y porque ése es el problema.

En el dictamen que se presenta a consideración en este pleno se otorga autonomía constitucional a un organismo garante del acceso a la información pública. El objeto de esta autonomía es evitar cualquier intromisión en la función del Estado de acceso a la información y transparencia, como derechos humanos fundamentales contenidos en el artículo 6o. de la Constitución General.

Sin embargo, con el condicionamiento que se establece en el artículo tercero transitorio se vulnera la autonomía del órgano actual. Aunado a ello se atenta contra la dignidad de las personas al subordinar su estadía en el mismo a la solicitud y, en su caso, aprobación por el Senado de la República. Esto es, se condiciona el estatus de comisionados a los intereses políticos-partidistas de los senadores, y obviamente los señores del PAN no van a impugnar esto y lo van a votar a favor, porque también están en la borregada.

El artículo tercero transitorio dispone que los comisionados que actualmente conforman...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego al orador se conduzca sin insultos a los compañeros.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Está bien. No es insulto, es una cultura política, es un concepto político. Pero vamos a seguir.

El artículo tercero transitorio dispone que los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, únicamente por el tiempo que reste el nombramiento del cual fueron objeto en el instituto que se abroga, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.

En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de 10 días, de lo contrario se entenderá la negativa de su petición.

¿A qué obliga este artículo transitorio? A la pleitesía y subordinación de los comisionados, a las cúpulas políticas en el Senado, al favor encubierto y la subordinación. En aras de atender a la autonomía plena del nuevo órgano garante del acceso a la información pública debemos optar por una transición digna de dicho instituto y ratificar a los actuales comisionados para que terminen el periodo por el cual fueron nombrados.

De nueva cuenta se propone el juego político de las fracciones parlamentarias en la integración de un órgano autónomo, en el que sin lugar a dudas se ponderarán las cuotas partidistas. El proceso de designación que se presenta en el artículo cuarto transitorio es la base para el acuerdo cupular de las fracciones partidistas, impone la integración de un cuerpo colegiado autónomo.

La propuesta del artículo cuarto transitorio no produce certeza y seguridad en la integración del nuevo órgano, por lo que para ser acordes con la autonomía e independencia del órgano federal de transparencia y acceso a la información pública, este Poder Legislativo debe respetar el nombramiento de los actuales comisionados y ratificarlos por el tiempo que resta en el nombramiento del cual fueron objetos por el actual instituto.

En el afán de fortalecer a la institución que se propone otorgar autonomía constitucional y recuperar la experiencia de los actuales comisionados se propone la ratificación de los actuales. Para tal efecto deberá de modificarse el dictamen que se ha puesto a consideración de este pleno, siendo necesario que el mismo se retire para las modificaciones conducentes.

En consecuencia, solicito a la Mesa Directiva de esta Cámara lo siguiente:

Único. Se suspenda la discusión en lo general del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos en comento.

Culmino. Ni el PAN que estuvo diciendo, haciendo la alharaca va a votar. ¿Por qué? Porque ya tienen acuerdos. La Jucopo ya no existe, existe el pacto contra México y eso es lo que ustedes están avalando.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Concluya, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Culmino. Sin duda ni han leído los dictámenes.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Concluya, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Ni les interesa. Yo le pido a los medios de comunicación que vean qué Congreso tenemos, un Congreso lleno de mentiras, de demagogia y de control de los partidos de este pacto contra México. Es cuanto.

«Moción suspensiva respecto del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, presentada por el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento moción suspensiva de la discusión en Pleno del dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, por los hechos y razones de derecho que a continuación se exponen:

Considerando

Que en el dictamen que se presenta a consideración de este pleno, se otorga autonomía constitucional a un organismo garante del acceso a la información pública. El objeto de esta autonomía es evitar cualquier intromisión en la función del estado de acceso a la información y transparencia como derechos humanos fundamentales contenidos en el artículo 6° de la Constitución General.

Sin embargo, con el condicionamiento que se establece en el artículo tercero transitorio, se vulnera la autonomía del órgano actual, aunado a ello, se atenta contra la dignidad de las personas al subordinar su estadía en el mismo a la solicitud y, en su caso, aprobación por el Senado de la República, esto es, se condiciona el estatus de comisionados a los intereses políticos partidistas de los senadores.

El artículo tercero transitorio dispone que los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto únicamente por el tiempo que reste del nombramiento del que fueron objeto en el instituto que se abroga, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa de su petición. ¿A que obliga este artículo transitorio? A la pleitesía y subordinación de los comisionados a las cúpulas políticas en el Senado, al favor encubierto y la subordinación. En aras de atender a la autonomía plena del nuevo órgano garante de acceso a la información pública debemos optar por una transición digna de dicho instituto y ratificar a los actuales comisionados para que terminen el periodo por el cual fueron nombrados.

De nueva cuenta se propone el juego político de las fracciones parlamentarias en la integración de un órgano autónomo, en el que sin lugar a duda se ponderarán las cuotas partidistas. El proceso de designación que se presenta en el artículo cuarto transitorio es la base para el acuerdo cupular de las facciones partidistas impone la integración de un cuerpo colegiado “autónomo”.

La propuesta del artículo cuarto transitorio no produce certeza y seguridad en la integración del nuevo órgano, por lo que para ser acordes con la autonomía e independencia del órgano federal de transparencia y acceso a la información pública, este Poder Legislativo debe respetar el nombramiento de los actuales comisionados y ratificarlos por el tiempo que resta en el nombramiento del cual fueron objetos en el actual instituto.

En el afán de fortalecer a la institución que se propone otorgar autonomía constitucional y recuperar la experiencia de los actuales comisionados se propone la ratificación de los actuales, para tal efecto deberá de modificarse el dictamen que se ha puesto a consideración de este pleno. Siendo necesario que el mismo se retire para las modificaciones conducentes.

En consecuencia, solicito a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, lo siguiente:

Único.Se suspenda la discusión en lo general del dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

Sede alterna Cámara de Diputados, a 22 de agosto de 2013.— Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de tomar en cuenta las mociones suspensivas que nos acaban de someter a la consideración.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta a la asamblea si se toma a consideración la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Rechazada la moción suspensiva.

Para fijar posición tiene el uso de la voz don Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor presidente. El acceso a la información constituye hoy en día un derecho fundamental del estado democrático. El quehacer público se encuentra sustentado en la claridad y transparencia de las funciones de gobierno que pueden ser conocidas, revisadas y corroboradas por cualquier ciudadano como un mecanismo directo de control sobre las instituciones y sobre quienes ejercen un cargo público en las mismas.

Los gobiernos, el poder político no constituye más círculos cerrados de poder, en los que las decisiones se toman de manera velada en beneficio de algunos y en perjuicio de muchos. Efectivamente, la democracia no solo constituye la capacidad ciudadana de designar a sus gobernantes, sino fundamentalmente la obligación de estos de responder del encargo público que les fue otorgado, condición sin la cual el anhelo democrático sería nulo.

La transparencia es por tanto condición sustentante y necesaria de la rendición de cuentas, por lo cual todo servidor público y forma de su desempeño en un cargo de gobierno, respondiendo de este modo a la confianza ciudadana y confirmando la legitimidad de dicho encargo.

Sin embargo, si la transparencia es condición ésta se convierte en real o efectiva solo a través de los medios de acceso a la misma y la disposición de su empleo por los ciudadanos. Temas de tanta relevancia que se integran en superior jerarquía dentro del texto del artículo 6o. de nuestra Constitución Política a partir de 2007 como un derecho fundamental, lo que permite y reclama hoy un desarrollo progresivo.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), organismo administrativo federal desde su creación en 2002, ha cumplido la función de dar inicio al acceso a los ciudadanos a la información pública; sin embargo, ha sido evidente que la relevancia de los derechos en estas materias requieren de una institución de la más alta jerarquía y autonomía para el cumplimiento integral de sus fines.

Es precisamente la autonomía de cualquier otro poder público la que permitirá al instituto realizar de manera libre y suficiente su labor. Esta autonomía la concede de manera única y privilegiada nuestra Constitución Política General.

Es por eso que Nueva Alianza valora positivamente la conversión de la institución como organismo constitucional autónomo, en la certeza de que solo un organismo de esta naturaleza jurídica independiente puede asegurar plenamente el libre acceso ciudadano a la información pública.

La vigilancia ciudadana específica a las funciones de gobierno que el acceso a la información constituye. De hecho, no puede encontrarse sujeta o supeditada a entidad pública distinta, toda vez que el rasgo principal de la supervisión es la independencia de quien ejerce esta función respecto de los sujetos revisados e igualmente considerando el alto rango de las funciones sobre las que se pedirá información. Solo un rango constitucional podrá hacer efectiva esta reforma.

Esta reforma es un proyecto madurado a largo tiempo, que por fortuna hoy entregamos a la ciudadanía si esta soberanía concede su aprobación. No ha sido una ruta fácil, la labor de la colegisladora y de las comisiones de esta Cámara de Diputados ha sido extensa, incluyente, sin embargo ha dado finalmente el resultado necesario que nos permite actualizar y desarrollar una institución de la mayor relevancia social y política.

El elemento fundamental para el respeto al rango que se otorga al nuevo organismo lo constituye la inatacabilidad de sus resoluciones. Cierto será que la reforma integrará la modalidad en cuanto a la seguridad  nacional, y es decir que se le concederá a la Consejería Jurídica el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo esto es por la propia naturaleza, situación que plenamente se justifica.

Y también se debe considerar que la revisión por nuestro tribunal supremo federal debe formar parte igualmente de un sistema integral de control jurídico. Resulta igualmente relevante la extensión de los sujetos obligados a proporcionar información en los casos que se trate de recursos públicos con independencia de los sujetos que los ejerzan.

Esto tiene su acertada justificación en que dichos recursos realmente pertenecen a la nación y no pueden estar fuera de revisión o control ciudadano por hacer uso de los mismos un sujeto de naturaleza distinta a la pública o gubernamental.

Consideramos que la extensión de la obligación jurídica de proporcionar información sobre acciones propias de ayuntamientos, gobiernos del Distrito Federal y sus organismos, organismos autónomos y universidades públicas, fideicomisos y fondos públicos, sindicatos y partidos políticos, viene a integrar y cerrar el universo de entidades públicas sujetas del deber de transparentar operativamente la rendición de todos sus actos, dar resultados de sus cuentas y se obliga a las entidades públicas, sin importar jerarquía, material o territorial.

Reiteramos que Nueva Alianza expresa su beneplácito por la conclusión de este trabajo legislativo y por los consensos obtenidos en esta relevante reforma, la que sin duda permitirá contar en breve con una ciudadanía mejor informada y participativa del quehacer público, demandante y exigente del cumplimiento de los deberes de cada una de sus autoridades con gobiernos más comprometidos, transparentes y eficaces. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Lilia Aguilar Gil, del PT, tiene el uso de la voz.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Trataré de hablar con claridad, porque la acústica en esta sede alterna no es buena y el eco del rumor tampoco ayuda.

Compañeros diputados, antes de iniciar el posicionamiento del PT, permítanme dar un posicionamiento también político sobre el proceso que estamos viviendo hoy, y que ya podríamos decir: es el pan nuestro de cada dictamen.

Ayer dije –y lo dije de corazón– que el Congreso somos nosotros. Éste es el ejemplo claro de ello. Los 500 diputados como órgano colegiado somos el Poder Legislativo de esta nación, que por naturaleza tiene solamente tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sin embargo, hay que decir que es claro que hemos sido sustituidos. Y eso pega no solamente en la calidad de diputados de quienes lo venimos a decir a esta tribuna, sino en el de todos ustedes.

Hemos sido sustituidos por un órgano informal que, en efecto, fue construido –y esto lo digo por quien en él milita– para hacer acuerdos, pero es finalmente un órgano informal el Pacto por México, un órgano informal que ahora tiene atribuciones –diría yo– metaconstitucionales, y tiene atribuciones metaconstitucionales en la medida en que sustituye ya al poder del Estado.

Iría más allá de la crítica continua que se da en esta tribuna. No es que nos excluyan, a Movimiento Ciudadano y al PT, y a los otros partidos que por ahí se dicen pequeños, es que creo que han sustituido al Congreso. No creo que los acuerdos se tomen entre tres coordinadores en esta Cámara de Diputados.

En efecto, creo –y es evidente por las declaraciones– excedidas de líderes de partidos sobre el poder que ahora tienen sobre el Poder Legislativo.

Para muestra bastan dos botones: la declaración que da el líder del PRD, Jesús Zambrano, sobre el hecho de que el día de ayer dijo que desde antier él había dicho que se bajaran del orden del día los asuntos de educación, cuando el orden del día de este Congreso y de este periodo extraordinario lo fija la Junta de Coordinación Política y se había fijado con días de anterioridad. Solamente para conocimiento de la ley.

Más allá, las declaraciones –y lo digo con mucho respeto– de mi paisano, líder del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, que dio con Carmen Aristegui diciendo que en el pacto era más fácil negociar porque llegaban, se sentaban, pedían una botella de whisky y se arreglaban más rápido. Eso da pena.

El problema es que eso es lo que nos envían acá. ¿Es eso lo que estamos dictaminando? ¿Son esos los dictámenes que recibimos? Porque hasta el día de ayer teníamos un dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales y comisiones unidas y hoy estamos discutiendo uno que con toda generosidad el presidente ha tenido que leer para que nos podamos enterar de qué es.

Sin embargo, no podemos hacer de esta tribuna un muro de los lamentos. Cerraría esta parte de mi intervención diciéndoles a los diputados recuperemos la dignidad como legisladores”.

Compañeros del PRI, del PAN, del PRD, que son miembros del pacto y los que no somos miembros del pacto, recuperemos nuestra calidad y dignidad como legisladores. Nosotros somos los que representamos al poder del Estado, no el pacto. El pacto finalmente es una serie de acuerdos que son informales.

Nosotros fuimos elegidos por la gente y tenemos que responder a las personas allá afuera.

Esta reforma que estamos presentando, es, en efecto, positiva. Es mejor de lo que tenemos ahora. Ahora tenemos un órgano que es un órgano desconcentrado que no está sectorizado al Poder Ejecutivo; es decir, al presidente. Este órgano desconcentrado obedece finalmente al Ejecutivo.

Lo que hoy estamos planteando con la minuta del Senado que estamos aprobando, solamente con dos reservas, dice: Este órgano será ahora constitucional autónomo. Eso es lo que nos lleva a decir: No usaremos la tribuna como el muro de los lamentos y seremos diputados responsables en el PT y votaremos a favor, porque conocemos la minuta del Senado, porque queremos ser responsables, pero sí queremos adquirir nuestra dignidad como legisladores.

¿Qué es lo que hace esta reforma? Finalmente le da el camino correcto a la información pública, compañeros diputados.

Hay una lógica equivocada de que la información pública le pertenece al gobierno. Nada más falso. La información pública le pertenece a la gente. Es el contrato social el que dice que el gobierno será administrador de esa información y son órganos, como el Instituto Federal de la Transparencia, quienes deben de garantizar que esa información vuelva a las personas.

Que estas personas no solamente hagan de la Ley de Transparencia una ley big brother para saber cuánto se gasta en qué o por qué, sino para saber cuál es la eficiencia del gobierno, cómo estamos funcionando los legisladores, cómo está funcionando el poder público, y que finalmente tengamos ciudadanos lo suficientemente enterados que puedan llegar a tener una contraloría social y estén informados para que sepan no solamente qué estamos haciendo en esta Cámara de Diputados, sino qué está haciendo el gobierno en su conjunto y entonces tengamos ciudadanos críticos que puedan utilizar los sistemas de participación ciudadana que discutiremos después en la reforma política. Este es en efecto un avance.

Que no nos parece que finalmente es un acuerdo del pacto y hay que decirlo en esta tribuna con todas sus letras. El decir que los consejeros actuales podrán ser reelegidos si así lo decide el Senado, porque tal o cual partido político lo pidió, solamente para poder mantener sus activos políticos dentro del consejo, creo que no tiene caso.

Renovemos al Instituto Federal de Acceso a la Información. ¿Por qué tenemos que quedarnos con viejos vicios para dar solamente salida a algún partido político que está queriendo vender caro sus votos? Les hacemos un llamado de conciencia para que no aceptemos estos chantajes.

Finalmente, el tema de la reserva para que en seguridad nacional se pueda hacer atacabilidad a las resoluciones le quita cierta autonomía al instituto, compañeros diputados. Es decir, sí es en seguridad nacional, pero será el instituto quien autónomamente pueda determinar qué información es sensible y qué información no la es para que no tenga el consejero jurídico de la Presidencia venir a utilizar este medio casi también metaconstitucional para decir qué se le entrega a la ciudadanía y qué no.

Finalizaría diciendo que ha sido lamentable la manera en que venimos a enterarnos de que volvemos a un dictamen similar a la minuta del Senado, que ninguno de nosotros conocemos, a menos de que hubiésemos conocido la minuta del Senado.

Sin embargo, también tenemos que ser responsables, lo que quiero dejar como mensaje en esta tribuna es, sea cual sea el color, sea cual sea nuestra forma de funcionamiento interno en nuestros partidos, compañeros diputados, los líderes de nuestros partidos no son los que tienen que volver a nuestros estados a dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo ni nosotros somos autómatas, somos legisladores, políticos, pensantes, gente que hizo compromiso en sus estados y en sus distritos. No podemos estar supeditados a los capricho del pacto, que finalmente eso son y nos podemos dar cuenta porque solamente hoy en la mañana el capricho nos cambió el dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Mejía, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañeras diputadas y compañeros diputados, la gran ironía de esta reforma constitucional, la gran paradoja es que el proceso de reforma en materia de transparencia ha sido todo menos transparente, ha sido opaco, ha sido oscuro y ha sido un acuerdo, que todavía hoy deriva, no del Pacto por México, ya siquiera, sino del pactito por México.

Nos tienen tres horas, cuando nos citan a las dos de la tarde, para ponerse de acuerdo únicamente entre unos cuantos, sin el concurso de quienes integramos las tres comisiones dictaminadoras.

Desde marzo se instaló como sesión permanente, como comisiones unidas, la de Transparencia, la de Reglamentos y la de Puntos Constitucionales, y no me van a dejar mentir los integrantes de estas comisiones. Sin embargo, hasta ahora escondido llegan correcciones al dictamen que se leen y se reparten solamente porque exigimos que se repartiera este acuerdo. Por eso no se puede construir una legislación de transparencia desde la opacidad, desde la oscuridad, desde las penumbras de este pactito por México.

Desde diciembre llegó la minuta del Senado; sin embargo, han transcurrido ocho meses porque en las prioridades de esta Cámara y del Pacto por México no ha estado la transparencia. Y no puede haber progreso económico, democracia y desarrollo si no hay transparencia.

Por eso nos sumamos a las demandas del colectivo por la transparencia y de diferentes organismos especializados que quieren transparencia sin freno, que quieren transparencia sin subterfugios, que quieren transparencia sin restricciones. Por eso no podemos avalar que al cuarto para las doce se estén cocinando estas reformas.

Creemos que no cabe ninguna situación para que no sean inatacables, definitivas y vinculatorias las decisiones del instituto encargado de la transparencia.

En un Estado policiaco autoritario, como el que hoy vivimos, donde tenemos que estar encerrados en el auditorio de un banco, resguardados por miles de policías, hablar de que la seguridad nacional será el tema que tendrá excepción a las resoluciones del IFAI es dar un cheque en blanco al autoritarismo y a la opacidad.

Cómo vamos a creer que el consejero jurídico del gobierno va a estar enmendándole la plana al IFAI y va a estar recurriendo ante la Corte sus resoluciones. Hay un amplio margen para la discrecionalidad.

Por eso nos parece insuficiente, por eso creemos que el artículo 6o. tiene que estar como llegó del Senado. Todas las resoluciones del órgano garante de acceso a la información son vinculatorias, definitivas e inatacables.

Hago un llamado a los compañeros de Acción Nacional que estuvieron insistiendo en el tema para que sostengan su posición, porque el tema de la seguridad nacional en un régimen autoritario puede ser una amplia avenida para que se estén recurriendo todas las resoluciones.

Decía una especialista comisionada hoy del IFAI, Jacqueline Peschard, que no hay una sola resolución que hayan dado que atente contra la seguridad nacional.

Además de ello, está el juicio político si hay una conducción indebida de los comisionados. Por qué mermar su autonomía, por qué restringirles sus capacidades con esta espada de Damocles del tema de la seguridad nacional. Queremos una transparencia total, no transparencia por partes, no transparencia simulada.

Por otra parte, ha habido un manoseo terrible en el dictamen. Nosotros dijimos desde el principio que tenía que quedar firme la reforma de telecomunicaciones que tenía que ver con el artículo 6o. constitucional para poder proceder a entrar al dictamen de acceso a la información.

No se nos hizo caso, sino hasta que se reventó por falta de quórum la sesión del último día del período ordinario de abril. Y hoy vienen con este documento que se lee después de dos horas y fracción de tenernos aquí.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, nosotros, en congruencia con los organismos de transparencia, en congruencia con una transparencia total, no vamos a acompañar este proyecto. Nuestro voto será en contra, porque en un Estado policiaco todo puede ser seguridad nacional, porque en un Estado que se encamina al fascismo, a la represión, a la criminalización de la protesta social todo puede ser seguridad nacional. Por eso nuestro voto es en contra.

Hacemos un llamado a las fuerzas progresistas, a quienes han estado pugnando, porque vaya como la minuta, a que no entren en el regateo ni en los trueques, a que no entren en las componendas, a que no bajen sus banderas por contubernios a la luz del Pacto por México.

Por eso no creemos que esto regrese al sentido de la minuta del Senado; es simplemente un intercambio, un trueque. Por eso nuestro voto será en contra y a favor de la transparencia.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Ruth Zavaleta Salgado, tiene el uso de la voz.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Estimados compañeros diputados y compañeras diputadas Quiero referirme, antes de posicionar el tema de transparencia, a lo que han expresado los dos oradores que me antecedieron.

Si bien es cierto que el Pacto por México no es el gran acuerdo incluyente que esperábamos, sí es una herramienta que ha permitido que en esta Cámara de Diputados, a diferencia de otras coyunturas, se tengan los grandes acuerdos que hemos estado votando.

En ese contexto, lo que quiero sugerir a este Congreso de la Unión, a esta Cámara de Diputados, es que no descalifiquemos el pacto, que lo hagamos el pacto incluyente, que pidamos que ese pacto se abra, que se abra a los partidos emergentes, porque también, a nombre del Partido Verde Ecologista de México, pedimos que se abra el pacto para nosotros. No solamente para aquellos que son oposición, sino también para aquellos que somos aliados.

También pedimos que la sociedad civil y las organizaciones sociales sean incluidas en ese pacto. ¿Por qué queremos que sean incluidas en el pacto? Para que no tengan que salir a la calle a protestar, como vemos que lo están haciendo, porque los acuerdos se están construyendo bien, pero no están incluyendo las inquietudes y las demandas de toda la sociedad civil no organizada u organizada. Esa es la sugerencia que queremos hacer.

Sin embargo, sí defiendo el pacto porque el pacto ha permitido que tengamos una reforma de telecomunicaciones, que tengamos la posibilidad de estar discutiendo los temas que hemos aprobado en las pasadas sesiones y que hoy también sea tan importante definir que esta Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión definan que hoy estamos legislando para los ciudadanos en general.

Esta Cámara tiene la consigna de que los tres años que vamos a estar –dos que nos faltan– van a ser para darle prioridad a los temas que han exigido los ciudadanos, y este tema que estamos discutiendo hoy no salió del Pacto, salió de una iniciativa de legisladores de la Cámara de Diputados y es fundamental precisamente para complementar los temas del Pacto.

¿Como cuáles? Acabamos de discutir, compañeros, el tema del endeudamiento de los estados. Es fundamental suplementarlo con las normas y las reformas respecto a la rendición de cuentas. Si los ciudadanos no tienen rendición de cuentas, no tienen transparencia en el uso de los recursos públicos, ¿cómo se van a sentir incluidos con todo lo que esta Cámara de Diputados está realizando?

Esta reforma es quizás la reformas más importante que hemos votado en los últimos días, porque, compañeros, a nivel mundial llevamos un atraso de varios años respecto a la rendición de cuentas.

Segundo, porque la norma nos tiene que favorecer para que no solamente a nivel federal tengamos que rendir cuentas, sino también a nivel local, a nivel de los estados, a nivel municipal.

El órgano que hoy estamos aprobando que tenga una autonomía tenía esa necesidad, esa gran necesidad de que los legisladores le diéramos los dientes que necesitaba para poder ejercer su función.

Quiero aclarar dos cosas para concluir mi intervención y decirles que el Verde Ecologista por supuesto va a votar a favor.

Sí comprendemos que ha habido problemas en el proceso de discusión, porque se han empalmado —como lo dijo el compañero que me antecedió— se han empalmado discusiones de otras normas que hemos tenido que esperar que se publiquen para que pudiéramos hacer los cambios, no solamente porque no quisiéramos legislar al respecto. Pero sí quiero aclarar una cosa, han difundido los medios de comunicación —y en especial los compañeros de oposición— que no estaban contemplados los partidos políticos para rendir cuentas y eso no es cierto.

Dentro de la minuta que vamos a votar hoy, los partidos políticos van a tener doble rendición de cuentas, porque ya la rinden al IFE, ya la rinden y el IFE tiene esa función de que le rindan cuentas y que transparenten el ejercicio del recurso público, pero ahora también este órgano va a vigilar a estos partidos políticos, que se ha dicho que son opacos y no es cierto, tienen ahora una doble rendición de cuentas.

Y el segundo tema me quiero referir, porque tiene que quedar claro. Cuando nos conviene venimos a la tribuna a descalificar las cosas que se proponen en las reformas, es el asunto del nombramiento de los integrantes de este nuevo órgano. En 2006 se exigió que se cambiara totalmente a todos los integrantes del IFE y se cambiaron, se cambiaron por una demanda que hizo la oposición, se cambió a todos. Se hizo un nuevo órgano y no se había cambiado la norma.

Entonces, compañeros, ahora que se votó lo de telecomunicaciones también se están votando nuevos integrantes, en correspondencia también estamos votando que los integrantes del IFAI nuevo tengan que ser nuevos integrantes si es que el Senado así lo decide.

Ésa es la reflexión que yo quisiera que nos lleváramos, porque no es cierto que sea una vendetta o que sea una cuestión de querer cobrar facturas, es un problema de que estamos transformando las normas y las estamos transformando para beneficio de los ciudadanos.

Compañeros, pongámonos la camiseta todos, somos congresistas, cerremos filas. Está la situación dura afuera de crítica contra nosotros, no dejemos que se siga minando la imagen de este Congreso porque hemos trabajado, y hemos trabajado duro y vamos a seguir trabajando fuerte para todos los ciudadanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Ruth.

Doña Amalia Dolores García Medina, tiene usted el uso de la palabra.

La diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, compañeras, compañeros, señor presidente, Mesa Directiva.

Dicen que los chinos a sus hijos cuando nacen no les desean ni felicidad ni dinero, sino que vivan tiempos interesantes. Nosotras, nosotros estamos viviendo un momento especial de nuestra nación. Es un momento verdaderamente importante si lo hacemos que sea importante, porque somos las personas, somos los seres humanos los que podemos decidir el curso de la historia y la historia no es lo que pasó antes, es lo que hacemos todos los días, especialmente quienes hoy actuamos en nuestro país.

Quiero aquí reivindicar de un modo muy claro y enfático la actividad política que están haciendo miles de ciudadanas y ciudadanos, en una definición política que me parece espléndida y que aquí podemos adoptar. Qué es política, en la acepción que yo aquí quiero presentar, política es influir en los acontecimientos y aquí ha habido varios actores sustanciales, especialmente en el tema que estamos tocando.

¿Quiénes están influyendo en los acontecimientos? Es la sociedad civil, sin ninguna duda, y cuando se pregunta sobre este texto al que se ha dado lectura, ¿de dónde vino el texto? ¿De dónde vino el impulso? Quiero decirles, compañeras, compañeros, vino de la sociedad, ésa a la que representamos. La sociedad de manera abierta, clara, transparente, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de múltiples mecanismos abiertos, legales, públicos, expresó su punto de vista, y ese punto de vista de la sociedad civil haciendo política e influyendo en los acontecimientos ha tenido en esta Cámara de Diputados —y espero que en la votación así se exprese, de todas las fuerzas políticas— sensibilidad, porque representamos a la sociedad y aquí nuestro reto es hacernos eco de esta sociedad.

No nos cerremos a la voz de la gente, somos sus representantes, representémoslos legítimamente.

Quiero aquí decir, sin embargo, que este impulso con la rendición de cuentas viene de lejos, es una batalla larga, pero hace aproximadamente 10 años un grupo de comunicadores, de periodistas reunidos en Oaxaca elaboraron un documento que les presentaron a todos los partidos políticos. Ése es el antecedente más concreto del Instituto Federal de Acceso a la Información y de las reformas a las leyes, viene desde la sociedad ese impulso.

Quiero aquí reconocer de comunicadores que estaban en los medios de comunicación. Ellos junto con los partidos políticos que tomaron la decisión de cambiar las leyes, han hecho la transformación paulatina de nuestro país. Pero los reclamos no han sido satisfechos plenamente y había uno, hay uno que ha sido reiterado y que en este texto que viene desde el Senado y que aquí estoy segura recogeremos todos votando, ha estado presente. Se quiere que los sujetos obligados para rendir cuentas y dar la máxima publicidad y la información queden enumerados en la Constitución, ¿y quiénes son esos sujetos obligados? Recordemos que apenas en octubre del año pasado estábamos discutiendo y lo discutía la sociedad, si los sindicatos debían rendir cuentas sobre los recursos que reciben, los recursos públicos. Esto que se acaba de presentar recoge la obligación de los sindicatos de informar y rendir cuentas sobre los recursos públicos que reciban.

¿Es o no un avance de la sociedad mexicana, de la sociedad civil y las fuerzas progresistas y de todos aquí si lo votamos a favor? Por supuesto que sí, compañeras y compañeros. Pero además está incluido aquí un asunto que generó debate en la Comisión de Puntos Constitucionales, y reconozco que el presidente de la comisión ha tenido la paciencia para intentar conciliar, ¿cuál tema? El de que los partidos también abran su información a la máxima publicidad. El reclamo de las ciudadanas y los ciudadanos es legítimo y solamente enumeraré algunas de las razones, simple y sencillamente si no queremos ir más lejos, porque los partidos políticos reciben recurso público a través de las prerrogativas.

¿Por qué no rendir cuentas, compañeras y compañeros? ¿Acaso podríamos oponernos? Pero el debate era si serían sujetos obligados directos de esa información máxima y rendición de cuentas ante el IFAI, para que el IFAI los conmine, o si sería otra instancia.

En el texto al que se le acaba de dar lectura son sujetos obligados directos, y subrayo la palabra, y creo que éste es un avance del que debemos sentirnos orgullosos si lo votamos así, por qué no rendir cuentas y por qué no informar y que el IFAI sea la institución garante de ese derecho.

No solo eso, compañeras y compañeros, entre los sujetos obligados están también la obligación de abrir los fideicomisos. Es un viejo reclamo, hoy aquí se cumple, y por supuesto, todos y todas aquellas personas físicas y morales que reciban recurso público, así sea una asociación civil o un ciudadano o ciudadana, si recibe recurso público tendrá la obligación de informar y en la Constitución queda como sujeto obligado. Así debe ser. Debemos sentirnos orgullosas y orgullosos de eso.

Y quiero agregar que había un debate, que hoy aquí estoy segura que queda resuelto positivamente y por eso debemos también votar a favor, porque las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información, el Instituto Federal, deben ser —y aquí hay tres elementos fundamentales— vinculatorias sus resoluciones. Vinculatorias significa que son obligadas para los poderes públicos, para las entidades públicas. También sus resoluciones deben ser definitivas y deben ser inatacables.

Sobre esto fundamentalmente había quienes decían que se podría abrir alguna puerta. Quiero expresar particularmente, en el caso del PRD, que consideramos que la característica de las decisiones, las resoluciones del IFAI, de que sean inatacables, debe ser absoluta y sin cortapisas.

No debemos abrir la puerta para que esa facultad y ese derecho puedan ser disminuidos. Adicionalmente, compañeras y compañeros, el debate era quién nombra a los comisionados, comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Quiero decir, que para garantizar su plena autonomía, que es otro concepto de fondo que está contenido en esta reforma, se establece que sea este Poder de la Unión, el Congreso, a través del Senado, quien nombre a los comisionados. Es un Poder al que pertenecemos, sintámonos orgullosas y orgullosos de que sea el Senado el que nombre y garantice esa plena independencia.

Y quiero agregar otra cuestión, otras más, dos más, fundamentales. Una, es que se señala en este documento que en el organismo se procurará que haya equidad de género. Nos faltará todavía ir más allá para que no diga procurará, sino garantizará, pero creo que ya la mención es fundamental, porque se debe garantizar la equidad en este tipo de organismos.

Finalmente, compañeras, compañeros, en la decisión, en las resoluciones que tome el IFAI, una de sus facultades tiene que ser la de convertirse en garante, de que no haya retrocesos en la rendición de cuentas, en la máxima publicidad y en la información pública, y por ello, en esto, a lo que se le ha dado lectura, se señala con toda precisión, que el IFAI, cuando considere que hay un retroceso en leyes federales o incluso en tratados, en ese derecho de los ciudadanos y ciudadanas a estar informados, podrá recurrir a acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Se convierte el IFAI de esa manera, en la institución garante de la transparencia de la rendición de cuentas de la máxima publicidad y de la información, y se señala en esto a lo que se le ha dado lectura, que también en los estados, los organismos que serán garantes de ese acceso a la información, velarán que ninguna ley estatal tenga un retroceso en ese sentido y también podrá acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Compañeras y compañeros legisladores, estamos ante una oportunidad extraordinaria de que este Congreso, esta Cámara de Diputados, en medio de una situación social de reclamos muestre que tiene sensibilidad y que somos verdaderos y verdaderas representantes populares, abiertos a escuchar a la sociedad civil y reflejar sus demandas en nuestra máxima norma, nuestra Carta constitucional, la Constitución General de la República. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, doña Amalia.

Don José Alfredo Botello Montes, del PAN.

El diputado José Alfredo Botello Montes: Con el permiso del señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, desde esta tribuna la fracción parlamentaria del PAN nos solidarizamos con los ciudadanos de la Ciudad de México, porque a la vez que el Congreso de la Unión de este país hemos sido secuestrados por seudo maestros, que utilizan la fuerza para pretender hacer valer lo que les conviene.

Asimismo hacemos un llamado al gobierno que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto y al de la Ciudad de México, que encabeza el señor Miguel Mancera Espinosa, para que de una vez por todas aplique el Estado de derecho y no sigamos en un Estado de ingobernabilidad en las calles de esta ciudad.

Compañeras y compañeros, en el pasado todo fue oscuridad, y en el mejor de los casos opacidad. Aun cuando el derecho a la información pública estaba consagrado en los artículos 6o. y 8o. constitucional, éste era nugatorio ante la ausencia de una regulación jurídica aplicable en la materia, quedando este derecho de la información pública como una concesión graciosa de la autoridad sujeta a su buena voluntad y a la disponibilidad física de la información.

No se conocía cuánto ganaba el empleado más sencillo de los tres órdenes del gobierno, y menos aún, el del propio presidente de la República, o también cuáles eran sus actos en el manejo de los recursos públicos originados por la aportación de todos los que pagamos impuestos y muchos, muchos otros actos más.

Por tanto, era imperioso contar con un instrumento legal que hiciera valedero el acceso a la información pública y fue hasta que se dio la primera alternancia democrática en el país que el gobierno emanado del Partido Acción Nacional, el PAN, envió a esta soberanía la iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

Así, con ese acto, hacía patente el Ejecutivo panista su compromiso con la democracia, transparencia y Estado de derecho. Asumido con los electores que de manera indubitable le dieron el mandato en las urnas, acompañado del compromiso asumido también tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el acuerdo político para el desarrollo nacional, que en ese entonces había signado él y los principales actores políticos y sociales del país.

Fue en esta Cámara de Diputados, de la que formábamos parte, por cierto, nuestro coordinador parlamentario, Luis Alberto Villarreal García, un servidor y algunos otros que hoy participamos en esta sesión, que el 24 de abril del año 2002 le dimos a este país y a los mexicanos ese derecho tan ansiado y acariciado y que es el derecho a la información pública y la transparencia.

En esa memorable sesión, como es la que hoy celebramos, recuerdo que nuestro partido, el PAN, expresaba lo siguiente allá, en el recinto parlamentario que hoy se nos ha negado: la información sobre el empleo de los recursos públicos tiene un efecto cualitativo directo en la democracia, porque conduce hacia una efectiva rendición de cuentas, misma que se constituye en termómetro y brújula de la voluntad popular, manifestada no solo a través del voto, sino de la participación diaria de los asuntos públicos.

Tres ejes se identificaban en esta ley originaria. El primero, la obligación de los órganos del Estado de poner a disposición de los ciudadanos la información que les permite acceder al conocimiento directo de las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos asignados. Se trata de información cuya disponibilidad debe ser permanente.

El segundo eje consagraba el derecho de los particulares a requerir información a los sujetos obligados.

El tercer eje, la creación de instituciones responsables de aplicar la ley, dando origen a lo que hoy es el Instituto Federal de Acción a la Información y Protección de Datos.

Con el paso del tiempo y en sus casi 10 años de existencia del IFAI, se han enriquecido las leyes de información y transparencia y rendición de cuentas, en un proceso que está enmarcado dentro de la consolidación de la democracia, porque era inadmisible que en el proceso de comisiones unidas para dar trámite a la minuta que nos fue enviada por el Senado de la República y con la que se pretende fortalecer al propio IFAI y su ley, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de la Revolución Democrática y sus demás aliados retrocedieron al siglo pasado para nuevamente, señores, enseñorear la oscuridad y la opacidad con su voto en las comisiones.

Sin embargo, celebro la suscripción y aceptación por los demás grupos parlamentarios, por el PRI y el PRD, la aceptación de un adéndum que retoma la iniciativa enviada por nuestros colegisladores para reencauzar el fortalecimiento de los órganos garantes de la información pública, su acceso y transparencia de la función pública.

Digo que lo celebro, ¿por qué? Porque en el PAN estuvimos en desacuerdo en las comisiones unidas de que se judicializara ese derecho que es conquista de los mexicanos, al pretender el PRI y sus aliados, que las resoluciones del IFAI fueran impugnadas por la Procuraduría General de la República, el Banco de México, la Comisión de Derechos Humanos y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, aun en temas que no fueran de seguridad nacional.

Porque el PAN estuvo junto con la sociedad en desacuerdo de que el PRI y sus aliados excluyeran a los partidos políticos como sujetos obligados a la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.

Porque el PAN estuvo en desacuerdo que el PRI y sus aliados pretendieran que la mayoría de los integrantes del Consejo General del IFAI tuvieran como requisito ser licenciados en derecho, reduciendo con ello el acceso a ciudadanos que han sido ejemplo, en su paso por esta institución, como Alonso Lujambio, María Barban o Jacqueline Peschard, entre otros.

Porque esta institución se integra por ciudadanos y para los ciudadanos garantes de la información y que esté abierta a la ciudadanía.

El PAN estuvo en contra de que el PRI y sus aliados le quitaran la posibilidad de ejercer acciones de inconstitucionalidad, cuando se pretenda violentar el derecho a la información pública y la transparencia.

En el PAN estamos de acuerdo en aprobar una ley general que abarque tanto a las instituciones garantes a nivel federal, como también a nivel estatal. En el PAN estamos de acuerdo que se le dote de autonomía tanto al órgano federal como a los órganos estatales.

En el PAN estamos de acuerdo que en un ámbito de corresponsabilidad sea el Senado de la República, parte integrante del Congreso de la Unión, quien le elija a los comisionados del órgano garante federal y el presidente de la República los ratifique. En el PAN estamos a favor que se incrementen los sujetos obligados, como sindicatos, fideicomisos, asociaciones y todos aquellos que reciban y ejerzan recursos públicos y por fortuna en el adéndum también los partidos políticos.

En el PAN estamos de acuerdo para que se le otorgue facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos particulares, garantizando con ello que los estados y el DF apliquen las mismas directrices de la materia.

Compañeras y compañeros diputados, México tiene 10 años de avances muy importantes en acceso a la información y rendición de cuentas, convirtiendo estos instrumentos en la mejor herramienta para combatir la corrupción. Por eso nunca aceptamos ni aceptaremos regresar al pasado, la transparencia gubernamental y el impulso al derecho de acceso a la información son pilares fundamentales para fortalecer la democracia.

Finalmente en esta tarde, recordemos –señor presidente si me permite concluir– al finado maestro Alonso Lujambio Irazábal, que decía: Los mexicanos no nos damos cuenta cabalmente de lo que representa contar con una gran garantía constitucional, como es el derecho de acceso a la información. Como pocas Constituciones en el mundo la nuestra establece principios básicos y principios generales, arreglos institucionales, medios tecnológicos, todo eso que ha de ser utilizado para facilitarle a los ciudadanos el acceso a la información pública.

Señor presidente, señores diputados, el voto de la fracción del Partido Acción Nacional será a favor del dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Héctor Gutiérrez de la Garza, tiene el uso de la voz.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente. El día de hoy demostramos una vez más que el Congreso de la Unión es mucho más allá que sus instalaciones, es su voluntad de transformar a México y es lo que el día de hoy estamos haciendo. No se trata de ver dónde lo hacemos, se trata simple y sencillamente de trabajar por México. Enhorabuena, compañeros diputados, porque nada detiene la transformación de este país.

Dejémonos de lamentos y pongámonos a trabajar en beneficio de México. Gracias a todos ustedes por demostrar una vez más la altura de miras que tiene este Congreso de la Unión.

Saludo con respeto a los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en especial a mi compañera diputada Areli Madrid, presidenta de Transparencia y Anticorrupción, así como al diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno, por su manejo para que el día de hoy estemos aquí trabajando en esta Cámara de Diputados.

De igual modo a todos mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, de las tres comisiones, como de esta Cámara de Diputados; gracias por tener la oportunidad de hablar en su nombre y representación, pero sobre todo gracias por la solidaridad en la lucha para defender los principios del Partido Revolucionario Institucional y de nuestro presidente, Enrique Peña Nieto.

Quisiera recordarles —para aquellos de poca memoria— que lo que nos tiene aquí es un compromiso del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, que cuando por conducto de la Cámara de Senadores, de nuestros compañeros del Partido Revolucionario Institucional, así como del Partido Verde Ecologista se presentó una iniciativa que el día de hoy estamos procesando, es un compromiso con la transparencia, con un gobierno transparente.

Es importante señalar que se dice fácil, pero la concreción de acuerdos implica en primera instancia entender que trabajamos para México, que no es un momento de vanidades, es un momento de eficacia, es un momento de consenso y trabajo, en el cual debemos de procesar transformaciones que beneficien al país.

Hoy no estamos votando una reforma del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, estamos votando una reforma para los ciudadanos de México. Cuando hablemos de transparencia pensemos en los ciudadanos, no pensemos en grupos parlamentarios, en partidos políticos, en sindicatos, pensemos en el trabajo para poder procesar una rendición de cuentas.

¿Qué contiene esta propuesta? ¿Qué contiene este acuerdo, en el cual todos participamos para él? No se trata de quien tiene o no tiene la medalla, la medalla se la lleva el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados, ¿por qué? Porque en breve vamos a tener más de las dos terceras partes de esta Cámara de Diputados aceptando otra modificación constitucional que beneficia al país, que transparente el ejercicio del recurso público, independientemente de quien sea el que lo ejerza, sea persona física, persona moral, ciudadano, sindicato, partido político, todos estamos inmersos en ese cumplimiento.

Debemos de aceptar que el debate fue un debate intenso, un debate de pasión, un debate que nos llevó a cada uno de nosotros a dar lo mejor de nosotros mismos, pero pensando en el país, pensando en México. Esto es una realidad.

Lo que el día de hoy llevamos y ponemos a consideración implica la participación de todos, una participación que nos ayude a generar acuerdos. Hoy estamos firmando un documento por las diversas fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados. Hoy podemos demostrar una vez más que podemos llegar a acuerdos.

Transparencia; transparencia es el eje que nos rige el día de hoy, pero lo prioritario es demostrar una vez más que tenemos la voluntad y la capacidad para concretar acuerdos. Eso es lo fundamental y es lo que el día de hoy independientemente del espacio en el que lo concretamos demostramos que la prioridad es nuestro país.

El PRI va a votar a favor de esta reforma, y les pido a todos ustedes que así lo apoyen. Estamos convencidos que es en beneficio de los ciudadanos, por eso pedimos su apoyo. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Concluida la ronda de posicionamientos, informo a la asamblea que se han inscrito para la discusión en lo general.

En pro, la diputada Elizabeth Yáñez, el diputado Rubén Acosta, el diputado Carlos Reyes Gámiz, y la diputada Areli Madrid. Y en contra, el diputado Alfonso Durazo, la diputada Luisa María Alcalde, y el diputado Ricardo Monreal.

Tratándose de una reforma constitucional tiene el uso de la voz la diputada Elizabeth Yáñez, para hablar a favor del dictamen.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas. Buenas tardes, medios de comunicación. Buenas tardes, México.

Hoy es un gran día para México, con esta reforma avanzamos de manera importante en la construcción de un gobierno transparente que rinda cuentas. Nuevamente, el Partido Acción Nacional le cumple al pueblo de México. Nuevamente la lucha de Acción Nacional es por la trasparencia y la rendición de cuentas.

La mejor herramienta para combatir la corrupción es dar al ciudadano acceso a toda la información, de las acciones de los gobiernos federal, estatal y municipal. Esta facultad reconvierte a la ciudadanía en observadores y fiscalizadores de la acción gubernamental y da mayor amplitud a la participación ciudadana.

Es con estas acciones que se dan pasos firmes para tener mejores condiciones de combatir la corrupción. Esta corrupción que tanto lacera a pueblo de México y que nos obstruye para poderle dar mejor calidad de vida a todos los mexicanos.

El IFAI es un instituto ciudadano que representa el derecho de acceso a la información del pueblo de México y garantiza que todos los funcionarios o instituciones que reciban dinero público rindan cuentas. Hoy por hoy, con esta reforma, estamos obligando a funcionarios públicos, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas o morales, que ejerzan o reciban recursos públicos, a abrir su información y rendir cuentas.

Con este cambio los legisladores estamos dando una muestra de congruencia, desde el momento en que aceptamos que también los partidos políticos estamos obligados a rendir cuentas como cualquier otro servidor público. No más privilegios. No más privilegios para sindicatos ni más privilegios para partidos políticos o para la opacidad.

Sentamos las bases para crear un organismo autónomo a nivel federal y sus homólogos a nivel local, que se regirán por una ley general que alineará los criterios de interpretación para garantizar el principio de máxima publicidad en todo el país. Esto significa que le estamos dando el derecho a todos los mexicanos de que tengan la misma calidad y derecho de acceso a la información en cualquier parte de México. Esta reforma crea y protege la autonomía de la institución al establecer la responsabilidad de selección de sus comisionados a la Cámara de Senadores y no al presidente de la República. Estamos incorporando además que los criterios de selección de los comisionados respondan profesionalmente a una lógica interdisciplinaria y no meramente jurídica.

Ha quedado totalmente protegido el principio de inatacabilidad y definitividad de las resoluciones del instituto, exceptuando únicamente por la posibilidad del consejero jurídico de la Presidencia de interponer recursos de revisión exclusivamente en materia de seguridad.

Como se lo prometimos al pueblo de México, el Partido Acción Nacional defenderá que no se dé un paso atrás en los logros alcanzados en los últimos 12 años en materia de transparencia por los gobiernos panistas.

Agradecemos y reconocemos la participación y compromiso de todas las organizaciones sociales que trabajan día a día para consolidar la democracia de México, así como el seguimiento puntual que ha realizado a todo el proceso de gestación de esta reforma. Trabajamos juntos, y les cumplimos.

Finalmente, es menester señalar que esta reforma se ha logrado por acuerdos políticos de grupos parlamentarios que se comprometen sobre todas las cosas por nuestro país. Sin duda éste es un ejemplo de que a pesar de nuestras diferencias en esencia los acuerdos políticos que hoy logramos atienden nuestras coincidencias, y la más importante y prioritaria de todas, atendemos a México.

Quiero hacer mención de que celebro lo que acabo de escuchar de mi compañero que me antecedió, el diputado Gutiérrez de la Garza. Él nos mencionó y nos recordó que es un compromiso de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, la transparencia y rendición de cuentas. Nada más quiero recordar que todavía el pueblo de México está esperando las declaraciones patrimoniales que nos prometió, completas, pública, y completas con toda la información. Nada más le quiero recordar al presidente Enrique Peña Nieto que se comprometió con la transparencia y rendición de cuentas.

Hoy por hoy la única institución que no tiene secretario y que no tiene dos de los tres subsecretarios es la que es responsable de fiscalizar y remitir, perseguir el comportamiento, vigilar que el comportamiento de los funcionarios públicos sea ético, honesto y comprometido.

Le quiero recordar a mi compañero, así como al presidente Enrique Peña Nieto, que son estas acciones las que verdaderamente fortalecen la democracia y verdaderamente cumplen con el compromiso de rendir cuentas, no es con simulaciones y doble mensajes.

Celebremos todos, celebremos México, porque hoy la democracia se ha fortalecido. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz, para hablar en contra, el diputado Alfonso Durazo Montaño.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, compañeras y compañeros diputados, se despertaron en comentarios previos a esta reunión algunas expectativas afortunadas sobre la posibilidad de que el PRI y el PAN retomaran de manera íntegra la minuta enviada por el Senado. Lamentablemente estas expectativas duraron poco.

Como ha ocurrido ya en ocasiones anteriores, la fracción del PRI en esta Cámara ha actuado como ancla para mantener el proceso legislativo sujeto a las coordinadas del autoritarismo. De la minuta aprobada por el Senado a las reformas aprobadas por el PRI, se despliega la intención de hacer del IFAI un organismo domesticable para los reparos del Ejecutivo en materia de transparencia.

Uno de los cimientos esenciales para dar eficacia al ejercicio del derecho a la información es precisamente la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, tales como se contemplaba en la minuta enviada por el Senado.

Con una concepción ranchera y mutante del concepto de autonomía constitucional y sin un soporte teórico ni jurídico mínimo, el PRI da por hecho que se puede incursionar abierta o furtivamente en la autonomía del IFAI, a instancias de los intereses políticos del grupo en el poder. Pero la ciudadanía sabe que el pueblo tiene que controlar a sus políticos y no los políticos al pueblo. Por eso desde 1977 a la fecha, la sociedad ha dado una larga e insistente lucha cívica para que la transparencia y el acceso a la información sean parte cotidiana de nuestra vida política.

En ese sentido, se inscribe la minuta aprobada por el Senado en la materia y en sentido contrario se inscriben las reservas que el Grupo Parlamentario del PRI ha hecho a la misma para frenar el derecho de la sociedad a estar plenamente informada.

Movimiento Ciudadano considera que las regresiones propuestas por el PRI se registran fundamentalmente en dos puntos; el primero de ellos respecto a las limitaciones, a la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones de los organismos de transparencia, y dos, respecto al proceso de designación de funcionarios, contrario a la participación social y a la pluralidad que debe caracterizarlo.

El PRI propone además que el consejero jurídico del gobierno pueda interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, por las amplísimas razones de seguridad nacional.

Nuestra propuesta es mantener en este aspecto la minuta del Senado, en el sentido de que las resoluciones emitidas por el órgano de transparencia sean vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

Burocratizar el proceso añadiéndole obstáculos que resguardan la discrecionalidad es ir en contra de los avances logrados en años de lucha, es ir a favor de fortalecer el carácter autoritario, corrupto, discrecional y opaco del sistema político mexicano, particularmente del Ejecutivo.

Las fórmulas de la minuta del Senado y de la reserva del PRI reconocen la participación de dos Poderes en el proceso de nombramiento. Sin embargo, en la minuta del Senado, es éste el que lleva el proceso en el inicio y hace la selección de candidatos con la posibilidad de que el presidente objete la propuesta.

En la fórmula del PRI en la Cámara de Diputados, el proceso de selección lo lleva el presidente, quien presenta una opción reducida al Senado para que éste elija entre ellos a su candidato.

En un contexto donde el presidente tiene presencia dominante esta fórmula traería impactos negativos, ya que restringe la función de contrapeso del Poder Legislativo y representa un riesgo real para la autonomía del organismo de transparencia.

Sin duda el punto más delicado de la reserva del PRI es precisamente el que tiene que ver con el nombramiento de los comisionados. No se puede dar preponderancia al Ejecutivo en los nombramientos de quienes operarán un organismo que por su propia naturaleza tiene como fin abrir para la sociedad la información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental preponderantemente del Ejecutivo.

En este sentido, nos pronunciamos nuevamente por mantener la minuta con el texto aprobado por el Senado.

El tema de fondo es la discusión entre abrir la información sobre el que hacer público o mantener la inercia de discrecionalidad, que tanto le ha costado al avance democrático de nuestro país.

El ocultamiento está en los gobiernos antidemocráticos que requieren de sociedades sin acceso a los detalles de su que hacer público y sus manejos. Esa es la intención del PRI, preservar los espacios de oscuridad en el ejercicio de la función pública.

Nos oponemos a ese propósito y nos sumamos al reclamo y los argumentos de diversos sectores y organizaciones cívicas, que se pronuncian a favor del respeto de la minuta ya aprobada por el Senado. Muchas gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para hablar a favor.

El diputado Rubén Acosta Montoya: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, somos testigos hoy del cumplimiento de un compromiso y del trabajo comprometido de nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto, que por cierto también es un presidente verde, del esfuerzo que se hace hoy por aprobar esta iniciativa constitucional.

Una promesa de campaña que suscribimos como partido y que aquellos que señalan que solo es de ellos se equivocan, se equivocan y lo saben porque hicimos un trabajo arduo en las comisiones, lo saben nuestros compañeros de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Transparencia y Anticorrupción, en la que tratamos de fortalecer esta iniciativa para que no solo sirviera a un solo interés, sino sirviera al interés del país, al interés de los mexicanos. Que se viera reforzada la rendición de cuentas.

Recordemos que tardó México 85 años; 85 años tardó México en comprender que la sociedad requería de una rendición de cuentas, que la sociedad requería de tener elementos suficientes para cuestionar que los gobiernos son buenos.

Posteriormente pasaron 10 años –hasta el día de hoy– para comprender que había que hacer una reforma constitucional para fortalecer a un organismo autónomo que no solo resguardara esas garantías que ya hemos venido cultivando desde estos años que mencioné, sino que le demos una autonomía plena para que sus resoluciones sean inatacables y que solo por una cuestión de seguridad nacional puedan ser cuestionadas.

Que sus integrantes sean personas realmente capacitadas, honestas y que no se presten a cuestionamientos públicos, como lo hemos visto en estos días. Que sean personas que única y exclusivamente se dediquen a su trabajo. También vemos –es algo que hemos apoyado desde el Verde– que se aumenta la lista de sujetos obligados. Ahora no solo son los entes públicos, son también aquellos que reciban recursos públicos. Son personas físicas o morales y sindicatos a los que también se les podrá cuestionar sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo vemos en esta iniciativa un acto democrático que es un ejemplo a seguir y que lo ha apoyado nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto, y es que el proceso de elección de los señores comisionados del IFAI es totalmente distinto al acostumbrado. Ahora los senadores se encargarán de verificar que las personas que aspiren a ser comisionados, sean las personas que realmente necesita y requiere la sociedad en esos puestos. Y solo el presidente los podrá objetar en dos ocasiones y, en la tercera, en caso de que los objetara, el Senado los nombrará libremente.

Vemos también que se fortalece el sistema federal en el rubro que se determina la obligación a todas las entidades federativas de establecer en sus respectivas Constituciones institutos de transparencia, quienes gozarán de plena autonomía y personalidad jurídica propia. Con esto se consolida un proceso de descentralización política en todo el país donde los beneficiarios son los ciudadanos, ya que éstos incluso podrán interponer recursos de revisión ante este órgano garante.

Concluyo, presidente. Por estos motivos, el Partido Verde por supuesto que apoya la reforma propuesta en el dictamen a discusión, porque siempre se ha expresado en diversos foros y desde esta tribuna, que es un partido comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar en contra, la diputada Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias. El sonido está fallando un poco, ojalá le puedan subir –muchísimas gracias–. Se trata de que nos escuchemos todos, cómo de que no.

Es sorprendente que una reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas, tan necesaria para el país y tan defendida por un amplio sector de la sociedad civil, emane de un proceso legislativo tan cerrado y opaco, carente de información oportuna y de las consultas públicas que debieron caracterizar a todo Parlamento responsable, democrático y desde luego transparente.

Recibimos del Senado una minuta ejemplar y progresista que lanzamos al remolino de las rebatingas, la transacción, la conveniencia. Somos como el Rey Midas, pero a la inversa: convertimos en miseria todo lo que tocamos.

El único ingrediente original que emanó de esta Cámara, pero desde luego no se incluyó en el dictamen, fue incluir como sujetos obligados de transparencia a los grupos parlamentarios.

El artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso establece que la Cámara de Diputados le otorgará a cada grupo parlamentario una subvención económica mensual, además de los recursos materiales de oficina, integrada por una cantidad fija y también por una cantidad variable, dependiendo del número de diputados que integran cada grupo. Lo cual significa que los grupos parlamentarios obtienen recursos públicos. Sin embargo, tales recursos son administrados a placer por los partidos y éstos no están obligados a rendir cuentas absolutamente a nadie sobre cómo se utilizan.

Pero continuando con todo lo que echamos a perder de la minuta del Senado, con respecto a la inatacabilidad de las resoluciones del órgano de transparencia y acceso a la información, abrir la posibilidad a que la consejería jurídica las combata, en los hechos representa que toda la administración pública de la federación se pueden conformar y evitar entregar la información, lo cual anula en la práctica la esencia del propio organismo.

Desde luego la minuta del Senado establecía la definitividad de las resoluciones de forma categórica, pero aquí se privilegió la opacidad y la visión autoritaria y patrimonialista de la información pública. Es ridículo, compañeros, que le demos tanta autonomía al órgano de transparencia y al mismo tiempo le arrebatemos toda su autoridad y su poder.

Por otro lado, consideramos prioritaria la intervención de la sociedad para opinar en un consejo consultivo sobre los mecanismos de acceso a la información, los medios de impugnación, el plazo de cumplimiento de las resoluciones, la temporalidad de las reservas de información, los supuestos de restricción en la información pública y tantos más temas que son trascendentales en esta reforma.

Señoras y señores diputados, la transparencia en México que ahora está en boga en nuestro quehacer legislativo no es una novedad, obedece a un proceso histórico político y social de más de 30 años. Es una lucha ciudadana que se ha ido perfeccionando cada vez más, no solo a nivel nacional, sino desde luego también en el internacional. No podemos violentar ese proceso ignorando el espíritu progresista que se ha revestido durante todo este tiempo.

Debemos enfatizar que excluir lo que propuso el Senado y dejar de considerar los reclamos de la ciudadanía en materia de transparencia y protección de datos, es negociar y limitar a lo que el sistema internacional de derechos humanos denomina coto vedado. Aquello que por su transcendencia material queda fuera de la voluntad del Poder Legislativo, aun siendo soberano para preservar la protección de los derechos fundamentales, que es el eje rector de un Estado democrático contemporáneo.

Tenemos que recordar una cosa, el acceso a la información no es un derecho que mediante actos legislativos otorguemos a la ciudadanía. El derecho a la información es un derecho humano y, por lo tanto, no se otorga, se reconoce. Es nuestra obligación incorporarlo a la ley de manera absoluta y categórica. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Ahora para hablar a favor tiene el uso de la tribuna el diputado Carlos Reyes Gámiz.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Diputadas y diputados, mi reconocimiento al trabajo de nuestro compañero Julio César Moreno.

Al poder político estamos obligados de ponerle controles, controles que establezcan cómo se accede al poder político, pero sobre todo cómo se ejerce el poder político. Y en ello el tema de la rendición de cuentas y el acceso a la información juega un papel estelar.

El día de hoy esta reforma no es un triunfo de la sociedad política, es un triunfo de la sociedad civil, que desde hace 12 años en este país ha impulsado la democratización del poder político, y ha sido el tesón, la energía, la voluntad de esa sociedad civil la que ha llevado a nosotros, sociedad política, a establecer mecanismos de regulación de control y de transparencia del ejercicio del Poder.

Por eso, diputadas y diputados, debemos de seguir siendo consecuentes, nosotros en el PRD y en la izquierda así lo seremos, de no aceptar más gobiernos secretos, de no permitir más las componendas, de hacer inadmisible las prácticas políticas en el ejercicio del poder poco claras.

Al final del día, diputadas y diputados, nuestra obligación es hacer público el poder público, ampliando las posibilidades de esta ley. Creo que con el trabajo que hoy se nos presenta damos un paso en consecuencia.

En tal virtud el PRD sumándose a esa lucha convencida de esa sociedad civil que no arredra banderas y que va a seguir demandando transparencia y claridad al poder público, nos sumamos y apoyaremos esta iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para hablar en contra se concede el uso de la tribuna al diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, ciudadano presidente, quiero en primer término expresarles con toda sinceridad que me da mucha tristeza seguir escuchando estos discursos llenos de rencor social, de desprecio, llenos de descalificaciones y hablando a nombre del Estado de derecho. Eso no ayuda a la convivencia pacífica y no resuelve los problemas que el país está padeciendo.

Lo primero que deberíamos estar lamentando es que este debate sobre la reforma de transparencia no puede ser visto en televisión abierta. Solo algunos pueden seguirla en una deficiente señal de internet. El colmo, hasta el Canal del Congreso se ha interrumpido desde hace horas.

Acudimos hoy a un nuevo ejercicio de simulación. Se habla de transparencia en medio de la opacidad, en la que unos cuantos acuerdan una redacción mañosa para volver a engañar a los ciudadanos.

Los invito a leer por las redes a las organizaciones que han venido impulsando por años el derecho ciudadano a la transparencia, el derecho a la rendición de cuentas y el acceso a la información.

Todos reclaman, con razón, que no fueron escuchados. Todos reclaman que no fueron atendidos. Todos reclaman que fueron ignorados. Se quejan de la exclusión para presenciar la discusión en este tema tan importante para el país, denuncian estas organizaciones en las redes sociales que todo el proceso ha sido opaco, cerrado, excluyente.

Manifiestan desconcierto ante el debate y ante el discurso de los grupos parlamentarios mayoritarios, pero al mismo tiempo les reclaman que no los hayan escuchado. Nos reclaman a todos que condicionemos y pongamos excepciones a un derecho fundamental que debe tener todo ciudadano y que debe someterse todo ente público o todo aquel que reciba recursos públicos.

Demandan que se les ponga un alto definitivo a la corrupción y a la opacidad, que de la mano con la impunidad son los grandes males de esta clase gobernante y de esta clase política que tiene al país al borde del precipicio y al borde de la decadencia.

Por eso en Movimiento Ciudadano vamos a votar en contra de este dictamen, porque fue un proceso opaco, negociado a la espalda de los ciudadanos, excluyente porque no se escuchó a la voz de la ciudadanía y se le cerró el paso al diálogo constructivo, porque solo es para los partidos que hoy votan por este dictamen una herramienta discursiva y retórica, porque no hay transparencia, porque se cierran los canales de la información, se ponen condiciones y candados a la transparencia.

Votaremos en contra porque nosotros no nos prestamos a la simulación, porque nosotros no aceptamos la rendición sin argumentos. Votamos en contra porque el irreductible de las organizaciones era que las resoluciones del IFAI fueran definitivas e inatacables sin condición. El derecho a la información no se garantiza con estas modificaciones que se proponen.

Se continúa en el autoengaño y en el gatopardismo. Se sigue legislando sobre las rodillas. Se sigue, lamentablemente, traicionando el sentimiento popular. Votaremos en contra porque lo que hoy estamos exigiendo es precisamente que se les escuche a los ciudadanos, que haya rendición de cuentas.

No es cierto que sea el mismo dictamen que en el Senado se aprobó. Es engañoso este argumento. Es inadmisible que se le dé facultad al consejero jurídico del gobierno; es decir, al Ejecutivo para recurrir las resoluciones del IFAI, con eso prácticamente se cierra la autonomía del órgano que hoy tratan de darle vida. Solo a los tiranos, solo a los corruptos les asusta la transparencia. Por eso nosotros no aprobaremos, no avalaremos otro engaño.

Solo al final de cuentas estos son discursos huecos, los que hemos escuchado a favor de la transparencia —concluyo, presidente— al final de cuentas son solo discursos huecos, sin sustancia y sin congruencia, argumentos falsos y maniqueos, no se atendieron los reclamos.

Cómo se puede actuar con tanto cinismo, cómo se puede hablar de un triunfo de la sociedad, cómo se puede hablar de un triunfo de todas las organizaciones, si no se les escuchó, se les engañó y se les despreció. Presidente, por su tolerancia, mi reconocimiento. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, a usted, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en pro, la diputada Areli Madrid Tovilla.

La diputada Areli Madrid Tovilla: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Areli Madrid Tovilla: Compañeras, compañeros legisladores, ésta es una ley muy importante para el país, muy importante para la sociedad, pero muchas veces resulta increíble cómo decir que queremos un avance democrático consolidado en nuestro país y no queremos sumar, no queremos pensar.

Yo me siento orgullosa y he tenido a veces que ser oposición, pero la oposición tiene que ser seria, tiene que ser congruente y tiene que saber a qué cosas se enfrenta para avanzar en el reto de este México que todos queremos.

Nuestro Estado de derecho republicano y democrático se rige por principios rectores de la Carta Magna, congruencia y cohesión en las instituciones y órganos de gobierno que la componen, estableciendo sus competencias y deberes de esto sin olvidar los derechos humanos de cada individuo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1o. constitucional, todas las autoridades del país dentro del ámbito de sus competencias están obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución federal, adoptando la interpretación más favorable a las prerrogativas que esto les beneficie, doctrinariamente conocido como principio propersonal.

Nuestra Constitución Política, especialmente en su artículo 6o., nos ha establecido que el derecho a la información será garantizado por el Estado, así la norma básica determina las garantías de fiscalización del pueblo sobre el actuar u omitir de los funcionarios y las funciones de los gobernantes, estableciendo uno de los principales derechos humanos de naturaleza política que impiden abusos y desvíos del poder al establecer jurídicamente el control ciudadano a la gestión pública. Precisamente ésta ha sido una de las defensas del Partido Revolucionario Institucional.

Transparencia. Transparencia en todo lo que concierne a los dineros públicos, a los dineros del pueblo; transparencia en acciones y en políticas públicas. Dentro de los principios destaca, a no dudarlo, el principio de legalidad, ése que establece que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, lo cual conlleva a preservar no solo el orden jurídico, sino aun la constitucionalidad de todos los actos de nuestros gobernantes.

Desde luego, hoy las instituciones representantes de la citada ley deben ser reconsideradas y perfectibles, por eso estamos aquí, ¿por qué decir que ésta es una ley que no beneficia, si todos sabemos que el solo hecho de lograr la autonomía en este órgano es un gran avance, señores? Esa es la verdad.

El Congreso construye órganos de gobierno y claro que esta Cámara —hoy revisor, somos un órgano revisor— lo hizo y lo hizo con el afán de lograr una mejor ley y lograr un mejor mecanismo y un mejor instrumento para la sociedad en el tema de transparencia.

La designación de quienes desempeñan la función pública aquí lo he escuchado, pero quiero decirles lo siguiente, esa designación debe de ser con criterios objetivos de idoneidad fundada en la vocación, en la preparación, en la probidad, en la independencia y en la imparcialidad del servidor público. Si no es así no tiene caso.

En el caso del IFAI es muy deseable que sus integrantes satisfagan los requisitos antes mencionados, éste debe ser un órgano que tenga autoridad moral, gentes que sepan cuál es su trabajo, cuál es su camiseta y en dónde están sentados, que entiendan que la sociedad espera mucho de nosotros, señores. Ésa es la verdad.

Naturalmente, como ya nos hemos referido, gran parte de nuestra democracia descansa en el decoro y la confianza que deben tener siempre las instituciones nacionales y los servidores públicos que in genere la conforman, y en particular los servidores públicos de los gobiernos de la República. Sí, nadie dice que no. Todos deben estar atentos a esto.

A través de un sistema eficaz de acceso a la información se habilitan dos grandes rutas, dos grandes rutas para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país: por una parte se cumple con una obligación de todo Estado de proteger los derechos fundamentales de los individuos bajo su jurisdicción y, la otra, se crea un sistema eficaz de rendición de cuentas, el cual resulta indispensable en un Estado de Derecho.

Se les olvida que ésta es una de las grandes preocupaciones del presidente de la República, Peña Nieto. Claro que sí, fue la primera iniciativa que envió al Senado sobre lo que se llama transparencia y anticorrupción.

Los ciudadanos saben que tendrán aquí la posibilidad de observar el trabajo de quienes ejercen los recursos públicos. ¿Qué mejor vigilante que quien otorgue el poder? No lo hay. No hay mejor vigilante que el pueblo y que el que otorga el poder. Al mismo tiempo, que a través del disfrute de este derecho, se posibilita a los individuos para que ejerzan sus demás prerrogativas a cabalidad.

Sin embargo, esta tarea para nosotros –para la Comisión de Transparencia, que todos le han puesto especial interés, pero para  mi partido, para el Partido Revolucionario Institucional– no es posible si no existe una manera eficaz que garantice el acceso a la información pública y que dote a los organismos encargados de ello de una verdadera autonomía.

Por eso aplaudimos y estamos de acuerdo en esa verdadera autonomía, así como de bases y principios que fortalezcan dicho sistema, mejorado la calidad de la información que se provee, así como el incremento y eficacia en el ejercicio de este derecho de transparencia. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz, para hablar en contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Hola. Hola a mis fans. Claro que la verdadera oposición sabe lo que enfrenta. Enfrenta una profundización de la crisis que han instaurado, que han sometido al pueblo desde hace 25 años, más pobreza, más carestía, más gasolinazos. Enfrentaremos más autoritarismo, más mentira, más demagogia, más declaraciones patrimoniales apócrifas, mentiras, mentiras, y más mentiras.

Miren, ayer hablé sobre las congruencias del presidente, hoy voy a hablar sobre las congruencias de la Cámara de Diputados. En efecto, la Cámara de Diputados mueve a México, ya movilizó a los maestros, ya los tenemos aquí afuera, y van a seguir movilizando al pueblo de México porque se está legislando mal.

¿Qué celebran el día de hoy? Una minuta que nos manda el Senado y que ustedes aquí la achican. Nadie me refutó sobre el tercer transitorio porque, ¿saben qué? Les dije la verdad, estaban mintiendo en los dictámenes, se está legislando al vapor, y mal.

Y celebran que retroceder en el tema de la inatacabilidad de las resoluciones en materia de seguridad nacional, que es lo que demanda la sociedad, que es lo que están demandando las redes que están preocupadas por el tema de la transparencia.

Si estuvieran en la línea de estar trabajando por hacer legislaciones que contribuyan, pues sin duda estaríamos haciendo propuestas y no estarían yéndome a ver a mi curul para decir: oye, no metas tantas propuestas, nos tenemos que ir a nuestros municipios, a nuestros distritos, ya que termine esto, ya vámonos, no nos interesa el pueblo. Por eso legislan así, diputados.

Sé donde estoy parado, no me hago ilusiones. Sé que estoy parado en un Congreso maniatado por el pacto contra México. Lamentablemente del PRIAN no lo dudábamos, ya sabíamos, pero algunos otros que le han seguido la pista a la consolidación de este régimen autoritario, que está destruyendo a este país, eso nos preocupa.

Lo grave —y eso algunos priistas lo deben saber— es que si los senadores son consecuentes van a enmendarle la plana una vez más a la Cámara de Diputados, por eso ven a los diputados como más pequeños, cuando deberíamos ser iguales, colegisladores. Probablemente pasa eso, probablemente no, el tiempo, porque –también hay que decirlo– lo que verdaderamente le interesa al presidente y sus secuaces es la entrega del petróleo. Y por la entrega del petróleo y por las movilizaciones sociales que están el día de hoy, y que vienen, sin duda estarán haciéndoles unas concesiones a los que hoy se disputan los favores de la Presidencia.

Sin duda, porque veo su silencio que pareciera que no estoy diciendo nada que les ofenda. Probablemente ahora la estrategia es mandar a alguien de la fracción talamantista después de mí, ¿verdad?, a querer denostar.

Ya ayer vimos cómo se expresó esta fracción votando con el PRIAN estos intereses, ¿verdad? Ya hasta su presidente hoy los llamó públicamente a control, decir: no, espérense, espérense, eso no era, eso es de Peña Nieto, espérense, eso no era todavía acuerdo, el PAN se nos está adelantando. Vendrá uno de la fracción talamantista aquí a expresarse como ustedes ya saben. Pero en fin, eso no me preocupa a mí.

Lo que les tengo que decir –y con eso culmino– es que no fácilmente pueden salir a la calle con dignidad a enfrentar a los ciudadanos. Lo vemos en Peña Nieto. Peña Nieto sale en la tele, es el presidente del spot, pero no sale a la calle porque enfrentará el repudio del pueblo.

Y cada vez con las legislaciones que hagan, sobre todo con la entrega del petróleo, sin duda que va a ser más complicado el que caminen por las calles y enfrenten al pueblo, que será el que va a parar estos retrocesos legislativos que hace el Congreso. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, para hablar a favor, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Buenas tardes, compañeras y compañeros. A las razones hay que contestarles con razones, a las sinrazones, a las descalificaciones, también hay que contestarles con razones.

Estamos aquí para reconocer, subo a reconocer un éxito de la buena política. Hace apenas 24 horas esto estaba anudado. Lo que se presagiaba era que íbamos a tener o más bien se iba a frustrar la Ley de Transparencia y el IFAI hoy no sería autónomo y nos quedaríamos sin reforma constitucional. Eso se veía hace poco.

Hoy gracias a la buena política, gracias a la convicción, gracias al compromiso por México, con México, con los principios de la democracia, porque no hay democracia sin transparencia, es que pudimos salvar esto.

Mi reconocimiento a los tres presidentes, a Julio César Moreno, de Puntos constitucionales; a Arely Madrid, de Transparencia y Anticorrupción, y a Marcos Aguilar, de Régimen y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que hicieron un muy buen trabajo.

Nobleza obliga reconocer la sensibilidad de los legisladores del PRI. Aceptaron nuestras reservas, pero también tuvieron la sensibilidad —digámoslo claramente— de escuchar a la sociedad.

El gran motor de esta transformación fue la sociedad. La sociedad civil irrumpió en las redes sociales, irrumpió en los medios de comunicación, alzaron la voz. Éste es el éxito de la sociedad civil. Mi reconocimiento a la sociedad, porque gracias a ellos y gracias a la sensibilidad de los diputados de esta Legislatura, de la que me precio pertenecer, se pudo rescatar esto que es muy valioso.

Ahora vamos al debate, a los puntos clave del debate. Había tres reservas fuertes que hicimos, que nosotros denunciamos como retrocesos ante lo que habían aprobado los senadores, inatacabilidad, partidos políticos y facultad de controversia de parte del IFAI.

En el asunto de los partidos políticos quedó como viene en el Senado; serán sujetos obligados directos del IFAI. Ahí hubo un triunfo claro y además fue una demanda de la sociedad.

Segundo punto, el asunto de la controversia constitucional del IFAI en caso de que haya normas o acciones que atenten contra la opacidad; se le rescata y se l recupera.

Ahora, el punto más polémico que es el de la inatacabilidad, quedó inatacable salvo en una excepción, solo una excepción que es el consejero jurídico de la Presidencia para un solo caso, que es seguridad nacional.

Ahora, imaginemos que eso suceda, imaginemos que haya un caso en donde un ciudadano va, pide información, se la niegan. El IFAI dice: entrégasela, y el gobierno a través de su consejería jurídica dice: yo voy a la controversia y vamos a la Suprema Corte.

El primer resultado es que aquello que querían ocultar, aquello que sería opaco se le da publicidad y toda la sociedad voltearía a ver qué es eso que quieren ocultar, porque lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pasa desapercibido. En ese momento habría publicidad y, por lo tanto, el primer efecto es que se darían un balazo en el pie los que quieran ocultar la información.

Segundo, la verdad es que con eso crearíamos cultura democrática. ¿Por qué? Porque los grandes debates en la Suprema Corte, recordemos: aborto, matrimonio igualitario, Florence Cassez, por decir tres, hicieron que este país los discutiera, los avalara, los viera.

Un debate entre el IFAI y el Poder Ejecutivo en la Suprema Corte es algo que fortalece la democracia, porque sería de cara a la nación, sería un acontecimiento en mi opinión. Entonces tendría que ser muy poco porque insisto, qué es lo que quiere ocultarse. Tendría que ser no cualquier cosa, tendría que ser algo que se pudiera sostener y sustentar, porque, insisto, que lo discutan a ese nivel es eso, porque el debate público también es transparencia. Con eso aprenderíamos todos. Si se diera ese caso, que creo que sería remoto, porque quien pagaría el costo político en primera instancia sería el presidente al acudir a la Suprema Corte por tratar de ocultar información, sería, en mi opinión, beneficioso.

Esos son los tres puntos y, por lo tanto, a mí me parece que son aceptables. Es verdad, la minuta del Senado es muy buena; qué bueno que recuperamos, pero no es el himno nacional y lo podemos mejorar y podemos superarlo.

Por eso además de que felicito este acuerdo, voy a insistir en mi reserva de incluir a los grupos parlamentarios.

Es verdad que de alguna manera están incluidos cuando dice Poder Legislativo, es verdad, pero la verdad en mi opinión no sobra que vayamos hasta allá. Lo que sí quiero decir es que rescatamos que vamos a tener un IFAI autónomo, cuando quizás ayer se veía dudoso, difícil.

Por eso quiero de veras saludar la buena política; podemos salir con la frente en alto a decir: dimos transparencia, podemos dar a los ciudadanos. Porque hay una cosa fundamental, bueno, pero esa la explicaré en la reserva para no robarles más su tiempo. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Con su venia, ciudadano presidente; compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está a favor y votará por este dictamen, porque lo consideramos un acto de congruencia y de responsabilidad. El dictamen que hoy se vota retoma el espíritu de la minuta que nos fue enviada por el Senado de la República.

Hace algunas horas diversos grupos de la sociedad civil veían con desconfianza el dictamen que pudiera ser presentado ante este pleno en materia de transparencia. Hoy el esfuerzo de las comisiones unidas nos da un dictamen de clara avanzada en la lucha por hacer más transparente a México y la vida institucional de las y los mexicanos.

Por eso nuestro reconocimiento al esfuerzo de las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por nuestro compañero de bancada Julio César Moreno; a las y los integrantes de la Comisión de Transparencia que preside la diputada del PRI, Areli Madrid; nuestro reconocimiento a las y a los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que preside Jovatino, el diputado panista Marcos Aguilar.

El dictamen que hoy se nos entrega retoma el espíritu del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un dictamen que permite y reconoce la autonomía constitucional del IFAI, largamente soñada y que hoy estamos a punto de cristalizarla. Es un dictamen que considera como sujetos obligados a los partidos políticos, lo que ha sido un claro reclamo de la sociedad, de una sociedad que señala que en ocasiones los partidos políticos actuamos en la opacidad. Hoy estamos dando un paso claro, contundente para transparentar también la vida al interior de los partidos políticos.

Este dictamen también establece como sujetos obligados a personas físicas y morales que reciban recursos públicos.

Y algo que me parece fundamental, porque es un reclamo cotidiano, permanente de la sociedad mexicana: la transparencia en los sindicatos. Este dictamen permitirá avanzar también sobre ese importante rubro que es un reclamo firme, justo y constante de la sociedad mexicana.

Este dictamen también reforma el artículo 105 constitucional para permitir al IFAI la personalidad jurídica para entablar acciones de inconstitucionalidad, un paso importante en la vida del país. Esta personalidad jurídica en su momento ya les fue reconocida a los partidos políticos en materia electoral. En la reforma del 2011 se le reconoció también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de los artículos reglamentarios de la Constitución y de los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática arriba a esta votación con la clara conciencia de que la materia de transparencia y acceso a la información será siempre materia inacabada. La sociedad, en su justo derecho, seguirá demandando transparencia porque un en estado democrático toda autoridad está obligada a rendir cuentas, más aún, en el mundo moderno en que vivimos en donde la transparencia y la rendición de cuentas deben ser fundamento de legitimidad y desarrollo democrático de las naciones.

Por eso el Grupo Parlamentario del PRD considera que cumple su responsabilidad histórica y política de votar a favor de cualquier avance democrático de México. Estamos seguros que este dictamen y su posterior aprobación serán a favor de México, de las mexicanas y de los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Quiero informar a la asamblea que han sido reservados por el diputado Fernando Belaunzarán el artículo 6o., apartado A, fracción I, base primera, párrafo segundo, inciso primero.

Por el diputado Manuel Huerta, el mismo artículo, el mismo párrafo, el mismo inciso. Por el diputado José Luis Muñoz Soria, el mismo artículo, el mismo apartado. Por la diputada Luis María Alcalde, el artículo 6o., apartado A, fracción I, base primera; adiciona un inciso j).

Por la diputada Nelly del Carmen Vargas, artículo 6o., apartado A, fracción I, base octava, párrafo primero. Por la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, el apartado A, fracción I, base octava, párrafo primero. Por la diputada Zuleyma Huidobro, el artículo 6o., apartado A, fracción I, base octava, párrafo primero.

Igualmente, por el diputado José Luis Muñoz Soria, en los mismos términos, y también la diputada Luisa María Alcalde, el mismo apartado, la misma base del mismo artículo 6o.

Por el diputado Víctor Manuel Jorrín, el artículo 6o., apartado A, fracción I, base octava, párrafo tercero. Por el diputado Juan Luis Martínez Martínez, el artículo 6o., apartado A, fracción II, párrafo primero. Por el diputado José Luis Magaña, el artículo 6o., apartado A, fracción II, párrafo tercero.

Por el diputado Alfonso Durazo, el párrafo cuarto del mismo artículo, apartado y fracción. Por la diputada Loretta Ortiz, el mismo párrafo cuarto. Por el diputado José Luis Muñoz Soria, el mismo párrafo cuarto. Por la diputada Merilyn Gómez  Pozos, el artículo 6o., apartado A, fracción II, párrafo sexto.

El mismo artículo 6o., la propuesta de adicionar un párrafo once por el diputado Francisco Coronato. El mismo artículo 6o., apartado A, fracción VIII, la diputada Aleida Alavez, que también reserva el mismo artículo, la misma fracción y el párrafo séptimo.

El artículo 6o., apartado B, párrafo primero está reservado por la diputada Loretta Ortiz, igual que el tercero transitorio, también por la diputada Loretta Ortiz. El mismo tercero transitorio por la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez.

En consecuencia, voy a pedir a la Secretaría que habrá el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general, con el adéndum y las modificaciones propuestas por la comisión y aprobadas por el pleno, y también en lo particular de los artículos no reservados. Ábrase por cinco minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: De acuerdo con el artículo 34, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en particular de los artículos no reservados, así como del adéndum presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y aceptada por la asamblea.

(Votación)

Informo a la Presidencia que se emitieron 418 votos en pro, 25 en contra y una abstención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Hay mayoría calificada. Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

Para presentar su reserva al artículo 6o., tiene el uso de la voz el diputado Fernando Belaunzarán.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Rogamos por favor su atención al diputado don Fernando Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias. Con su venia, diputado Presidente. Les decía en mi intervención anterior que hay una paradoja que tenemos. Llevamos un año conociéndonos como diputados, coincidimos en las comisiones y nos vemos —como dicen en las comunidades— rojos, azules, amarillos naranjas, verdes, etcétera, convivimos en las comisiones.

Nos conocemos y lo que he visto y que creo que comparten conmigo es que veo a diputados comprometidos, con ganas de incidir para bien en el país, que son diputados que quieren hacer su trabajo por el bien de México. Veo esa genuina vocación por servir a nuestro país, de todos los partidos políticos y, sin embargo, en la sociedad no lo saben.

En la sociedad desgraciadamente nos ven de otra manera, no nos ven muy bien y no estamos muy bien calificados, a pesar de ese empeño, esa dedicación, esa vocación y esa buena voluntad que llevamos a cabo, y entre otras cosas no somos, no nos ven bien porque mucho de lo que hacemos bien no se conoce.

Los invito a que demos un paso audaz en materia de transparencia, que es un punto que por supuesto que nos va a dar credibilidad ante la sociedad, demostrar que predicamos con el ejemplo, que aquello que les exigimos a los otros lo damos nosotros mismos y empezamos por nosotros mismos.

Si damos el ejemplo ésa sería una manera para revertir esa opinión que desgraciadamente tenemos desfavorable en amplios sectores de la sociedad, a pesar de la buena voluntad, la vocación y el compromiso que tenemos diputados de todos los partidos políticos.

En ese sentido, lo que estoy proponiendo es que incluyamos a los grupos parlamentarios de manera expresa como sujetos obligados. Es ir un paso más delante de la minuta del Senado.

Es verdad y me lo han dicho algunos abogados que reconozco, que me dicen: ya está incluido al decir Poder Legislativo. Es verdad que algunos piensan eso. Respeto ese punto de vista, pero creo que no debe quedar lugar a dudas y que tenemos que poner grupos parlamentarios de ambas Cámaras.

Leo cómo diría el párrafo que estoy proponiendo: Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los grupos parlamentarios de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes.

Ésa es la propuesta. Les pido que demos este paso extra. La verdad es que aun en la interpretación de que ya está contenido en el Poder Legislativo, la verdad es que no estorba. Quitemos toda duda, demos ese paso adelante y la verdad hoy es un día que podemos de verdad congratularnos por esta gran reforma constitucional. Desempantanamos algo, fuimos audaces en una manera.

Quizás a algunos no les gustó, pero quitamos de la congeladora este tema y hoy tenemos una reforma constitucional con la frente en alto, sin retrocesos y que da un paso claro para consolidar la democracia en el país. Gracias a todos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de tomarse a consideración de inmediato la propuesta de don Fernando Belaunzarán.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Fernando Belaunzarán. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado  ¿Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Rechazada. Queda en sus términos.

Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tiene el uso de la voz.

El diputado Manuel Rafael  Huerta Ladrón de Guevara: Le vamos a pedir al presidente que todas las reservas que hice las voy a hacer en una sola intervención. Voy a procurar ser breve, pero espero tolerancia. Sé que muchos de ustedes van a aplaudir esta medida que estoy tomando, sobre todo el pueblo de México que nos esté viendo va a ver esta clase de Congreso, cómo les gusta legislar y veía las votaciones de hace un rato.

Me recuerdan las votaciones que viví en la Legislatura 91-94, plenitud del salinato, tenía a todos engañados, los iba a llevar a la modernidad el Tratado de Libre Comercio. Algunos de ustedes recordarán, algunos de ustedes después lo vomitaron, pero hoy lo siguen venerando. Les promueve una fase superior.

Miren, la oposición verdadera tiene que ser propositiva y voy a centrar mi intervención, porque sí trabajamos los de la oposición verdadera, hacemos un esfuerzo para proponer.

Sabemos que va a votar la plancha histórica del PRIAN, algunos van a hacer la simulación de que nos apoyan sabiendo que aquí ya no va a pasar nada. Ya lo que arreglaron —según ustedes— ya lo arreglaron, aunque allá en las calles siga la descomposición social avanzando, la inquietud social, el reclamo social, la movilización de la sociedad para detener sus iniciativas, que tanto los perjudican.

En el artículo 6o., apartado A, fracción II, párrafo sexto —no voy a referirme a la iniciativa que algún día ustedes leerán lo que votaron— la modificación que les propongo en lo particular es que para su nombramiento —estamos hablando de los comisionados— la Cámara de Senadores, o en sus recesos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión —ésta es la novedad, fíjense— a propuesta de la Comisión Especial de Instituciones de Educación Superior y el proceso en los términos previstos en la ley, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes nombrará el comisionado que deba cubrir la vacante.

Esto es abrirle a la sociedad y no dejar en los partidos, en las cuotas de los partidos las resoluciones. Para ser consecuentes tendríamos que modificar el transitorio tercero, diciendo que los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos formarán parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, únicamente por el tiempo que reste del nombramiento del que fuera objeto en el instituto que se abroga.

Y en el transitorio cuarto tendríamos que hacer otra modificación por única vez, diría la modificación: En un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras parte, etcétera. Pero obviamente esto, que ustedes escuchen a la sociedad, que ustedes cuando menos reconozcan a las universidades superiores de este país a contribuir en estos procesos. No, los aterraría.

Ustedes tienen que hacer que el presidente, que controla los partidos, porque ahora y a no nada más controla al PRI y al PAN, sino a través del pacto contra México controla a los que se dejen y les impongan el regreso del autoritarismo a los que él quiera, para obviamente hacer lo que él quiera, porque él es el presidente de la antitransparencia.

Miren en el caso del complejo Pajaritos, que ahora están privatizando ilegal y anticonstitucionalmente —como ya lo hemos demostrado— encapsularon la información por 12 años. No quieren que quede secuelas de todo este proceso ilegal, anticonstitucional que están haciendo de la entrega de los recursos del pueblo de México, como pretenden hacer con el tema de la reforma energética.

Sin duda, que no van a aprobar estas iniciativas ni ninguna otra de las que propongamos, pero es necesario que el pueblo de México se entere qué tipo de Congreso tiene y evidentemente estamos por culminar un proceso —voy a culminar— de un año legislativo.

Tan no les interesan estas cosas, como por ejemplo, ya ahora ni pudor tuvieron como en el periodo extraordinario pasado. En el periodo extraordinario pasado la Jucopo, cuando menos mandó una cartita diciendo: Estamos queriendo ponernos de acuerdo para nombrar al consejero vacante del IFE. En esa acción anticonstitucional, que el tribunal ya dijo que la Cámara de Diputados no cumple las leyes, hoy como no funciona ni la Jucopo ya, porque se sustituyó por el pacto contra México, ya ustedes ni siquiera tienen ese pudor ya, actuando en la vil impunidad de la ilegalidad anticonstitucionalidad, hoy ni va a aparecer en el orden del día ni cartita van a mandar de que se están poniendo de acuerdo, porque lo que les urge es irse ya, que no los agarren los maestros que los están esperando allá afuera por las atrocidades que cometieron con la aprobación ayer de una ley educativa, contraria a los intereses de los maestros y del pueblo de México.

Les deseo que nos encontremos pronto y que voten lo que ustedes consideran, que sin duda le interesa a su presidente, porque lo que le interesa al pueblo de México ustedes jamás lo votarán a favor. Muchas gracias. Es cuanto.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta hecha por el diputado Huerta Ladrón de Guevara.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, le informo, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha y se reserva para votación nominal en sus términos.

Tiene el uso de la voz el diputado José Luis Muñoz Soria, hasta por cinco minutos.

El diputado José Luis Muñoz Soria: Muchas gracias, diputada presidenta. Había hecho tres reservas y quiero informarle que retiro las dos últimas y solamente propondré ésta.

Miren, se ha estado comentando en este micrófono el gran avance que han representado estas reformas. Ha habido algunas opiniones en contrario, pero ni modo, en la política y en el Parlamento se llega a acuerdos y la mayoría de las veces no sale lo que uno quisiera, pero eso es el arte de la política, sale lo que acordamos que salga y a veces no quedamos todos conformes.

Creo que podemos estar tranquilos con la propuesta, con este resolutivo que hoy tenemos de esta iniciativa, pero me parece que estamos dejando una gran deuda, y creo que sería una incongruencia enorme si no avanzamos hacia el planteamiento de que los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, en los Congresos locales y en la Asamblea Legislativa seamos sujetos obligados a la transparencia. Si no, creo que estaríamos incluso haciendo un uso del poder de una manera facciosa.

Con nuestra decisión —que la tenemos— tenemos la facultad para tomarla, estamos obligando a otros a que sean transparentes y rindan cuentas y nosotros nos quedamos en una parte de nuestro trabajo en la opacidad. Por eso creo, los invito a que reflexionen unos segundos sobre esta propuesta de que nos mostraría, como grupos parlamentarios, como diputadas, como diputados, congruentes con lo que hoy estamos votando y que decimos que le estamos entregando al pueblo de México una gran reforma en la transparencia y en la rendición de cuentas.

Lo único que planteo es, que en el artículo 6o., apartado A, fracción I, base primera, inciso i) —que voy a leer el inciso i) primero— dice: Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, son sujetos obligados los Poderes de la Unión, los Poderes de los estados de la federación, los órganos ejecutivos, etcétera.

Lo que ya se comentó de fideicomisos, sindicatos, en cuanto a recursos públicos.

Y el inciso i) como viene en el dictamen dice: los partidos políticos.

Creo que el hecho de que sean sujetos obligados los Poderes de la Unión y los partidos políticos, no tiene nada que ver con lo de los grupos parlamentarios. Por eso la propuesta es, que en el inciso i), que dice los partidos políticos, podamos agregar, primero: los partidos políticos y sus fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, en los Congresos locales y en la Asamblea Legislativa. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputado. Consulte la Secretaría si se acepta a discusión la propuesta presentada por el diputado.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado José Luis Muñoz Soria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha.

En el uso de la voz la diputada Gloria Bautista Cuevas, con el mismo apartado.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: El artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Cámara de Diputados le otorgará a cada grupo parlamentario una subvención económica mensual, integrada por una cantidad de dinero fija. También por una cantidad variable, dependiendo del número de diputados que integran cada grupo.

Eso significa que los grupos parlamentarios obtienen recursos provenientes de los impuestos. Sin embargo, tales recursos son administrados a placer por los partidos, ya que no están obligados a rendirle cuentas absolutamente a nadie sobre la forma como se utilizan, a pesar de ser dinero público.

El dictamen que ahora discutimos sobre transparencia y acceso a la información ha excluido a los grupos parlamentarios como sujetos obligados a entregar información, lo cual no tiene ningún sentido, salvo, claro, preservar un espacio de acción de la función pública en la oscuridad y fuera del alcance del escrutinio de la opinión pública.

Compañeros y compañeras legisladoras, tenemos que recordar que el acceso a la información no es un derecho que mediante actos legislativos otorguemos. No es un derecho que otorguemos a la ciudadanía. El derecho a la información es un derecho humano y por tanto, no se otorga, se reconoce.

Es nuestra obligación incorporarlo a la ley de manera absoluta y categórica. No podemos excluir ningún espacio de acción pública de la auditoría pública. Si en la Cámara de Diputados se ejercen recursos del pueblo, en la Cámara de Diputados se deben entregar cuentas sobre tal ejercicio, ya que actualmente los grupos parlamentarios se manejan como empresas privadas que reciben recursos que administran como quieren, sin garantizar en lo absoluto que dichos recursos se utilicen para beneficiar al pueblo o para favorecer la labor legislativa de algún modo.

De hecho, sabemos bien que es justo lo contrario. Debemos precisar que excluir a los grupos parlamentarios como sujetos obligados constitucionalmente a rendir cuentas, tanto como a eliminar la inatacabilidad de las resoluciones del órgano autónomo, de acceso a la información, transparencia y protección de datos, es negociar y limitar a lo que el sistema internacional de los derechos humanos denomina coto vedado. Aquello que por su trascendental materia queda fuera de la voluntad del Poder Legislativo, aun siendo soberano.

No podemos legislar derechos fundamentales en otro sentido que no sea el de aumentar al máximo su protección, porque es inconstitucional y atenta contra el ius cogen internacional.

Compañeros y compañeras legisladoras, nosotros aquí somos los destinatarios de esos recursos. Nuestros grupos parlamentarios los administran. Algunos partidos reciben inmensamente más que otros. Claro, pero al final todos reciben.

Lo que proponemos es que por respeto a la ciudadanía, por respeto a quien se esfuerza todos los días para ganar el dinero con el que pone la comida en su mesa y mande a sus hijos a la escuela y aun tiene que pagar impuestos y votar por nosotros, transparentemos los recursos y su ejercicio. Démosle al pueblo la certeza de que su esfuerzo se traduce en beneficios para su país y no para unos cuantos privilegiados.

Es por lo anteriormente expuesto que ponemos a su consideración la siguiente reserva. Termino, presidente.

Se solicita se incluya el inciso j), que dice: Los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión.

Es lo que yo solicito se agregue. Agradezco la oportunidad que me brindó el Partido del Movimiento Ciudadano para poder participar. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputada. Consulte la Secretaría si se acepta a discusión la propuesta presentada por la diputada.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha.

En el uso de la voz la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, con el mismo apartado.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: La reserva que hoy se presenta a la consideración del pleno consiste en modificar el artículo 6o. del dictamen en estudio, con el efecto de hacer énfasis constitucionalmente en la obligación del organismo garante de asegurar la protección de datos personales, incluso tratándose de los usuarios de sitios de Internet, máxime cuando se trata de menores de edad.

Múltiples organizaciones empresariales, sitios de Internet y agencias gubernamentales manejan una gran cantidad de información privada de los ciudadanos. Esta información es potencialmente peligrosa si se da un uso inadecuado por parte de agentes malintencionados. Por ende, es prioritario garantizar la salvaguarda de los datos personales que pueden poner en riesgo la dignidad, los derechos o el patrimonio de las personas. Más aun de las que pertenecen a los llamados grupos vulnerables.

Hoy día las nuevas tecnologías han abierto una ventana muy grande que da acceso a múltiples fuentes de información.

Esta nueva revolución tecnológica ha generado nuevos problemas, como transgresiones a la intimidad. Por lo cual, se ha propiciado el surgimiento de nuevos derechos, como los llamados de tercera generación relativos a los medios informáticos. De esos nuevos derechos los más importantes son la libertad informática, el derecho a la autodeterminación informática y el derecho a la protección de los datos personales.

Este último derecho encuentra un fundamento en el derecho a la intimidad, contemplado dentro de los derechos de primera generación. Por lo que ve a la protección de datos personales, en el segundo párrafo del artículo 16 de la Carta Magna se proscribe.

Artículo 16. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de los terceros.

La nueva revolución tecnológica en la que estamos inmersos ha incorporado en su seno a múltiples sectores sociales. No solo los adultos usan el Internet, poco a poco y cada vez más, grupos que antes encontraban variadas restricciones para acceder a la información por sí y para sí, se han incorporado al uso de las nuevas herramientas.

Hoy en día podemos encontrar a niños, jóvenes y adultos de todas las edades haciendo uso de los medios electrónicos.

Sin embargo, en muchas ocasiones en los medios electrónicos y, sobre todo, con el uso de las redes sociales, las personas arrojan a la vista de todos grandes cantidades de información, lo cual puede ser potencialmente peligroso si no se toman las precauciones necesarias.

Si el usuario, por alguna razón, no cuenta con las bases necesarias para dimensionar los peligros potenciales de develar detalles específicos de su vida privada, puede convertirse en víctima de posibles agresiones a su integridad personal y de familia.

Es necesario adaptarnos al nuevo proceso tecnológico, sin dejar de lado los problemas que esos avances conllevan fijando límites legales que protejan el derecho a la integridad física y moral de la persona, así como a su honor y a su intimidad personal y familiar.

El dictamen en estudio hace referencia al establecimiento de reglamentos o leyes pertinentes para garantizar la protección de los datos personales. Sin embargo, cabría ampliar la gama de premisas necesarias para lograr el eventual fortalecimiento y la eficacia del organismo garante en materia de protección de datos personales.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva:

Único. Se reforma el primer párrafo de la base octava de la fracción I del Apartado A del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Base octava. La federación, los estados y el Distrito Federal contarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, con organismos autónomos especializados, colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de garantizar el cumplimiento de derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

Esta incluirá la protección de datos personales de los usuarios de Internet, especialmente si son menores de edad. Tratándose de los sujetos obligados a que se refiere el inciso i), la fracción I de este apartado, serán competentes las autoridades electorales. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Consulte la Secretaría si se acepta a discusión la propuesta presentada por la diputada.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha.

En el uso de la voz la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, con el mismo apartado.

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Buenas tardes, diputados, diputadas. Con el permiso de la Mesa. Quiero decirles que el motivo de esta reserva era principalmente que se incluyera a los partidos políticos como sujetos obligados, ya que en el dictamen anterior era a través de las autoridades electorales como íbamos a obtener información de los mismos.

Nos parece inconcebible que en un tema tan importante como éste se haya tenido que negociar en el transcurso de unas horas entre coordinadores de las bancadas mayoritarias, siendo éste uno de los temas trascendentes en la historia de México en materia de transparencia. Es por lo anterior que he subido a esta tribuna para argumentar sobre lo importante que es incluir a los partidos políticos como sujetos obligados directos.

Quiero decirles, compañeros y compañeras, que en las encuestas de confianza, en las instituciones que se han publicado en los últimos 10 años, es común localizar en los peldaños más bajos a los partidos políticos de quienes, incluso, se ha llegado a tener que un 39 por ciento de la población no confía para nada en dichos institutos.

Las cifras que nos ofrece el Barómetro Global de Corrupción 2013 de la Organización Transparencia Internacional, nos dicen que el 52 por ciento de la población manifiesta que a su percepción la corrupción ha aumentado mucho en los pasados dos años y que el 91 por ciento de la población considera que los partidos políticos son corruptos o extremadamente corruptos.

Queda claro que la percepción ciudadana respecto de los partidos políticos es lamentable y, sobre todo, si tenemos en cuenta que de acuerdo al régimen político nacional el financiamiento de los partidos es principalmente público, asignado por las autoridades electorales.

Es de llamar profundamente la atención que los mexicanos no confían en lo absoluto en las instituciones básicas del régimen político nacional. Esta aseveración pone de manifiesto que los mexicanos no tienen la menor confianza en la unidad básica del régimen democrático nacional y ello tiene como consecuencia la falta de confianza en la democracia como régimen político.

La falta de confianza en los partidos políticos deriva en gran medida de la completa y absoluta opacidad con que manejan sus recursos y la forma en que se organizan. Por lo tanto, resulta esencial para la opinión pública que esos institutos políticos rindan cuentas a la ciudadanía de forma directa, que facilite a los ciudadanos el medio idóneo y convencional para que recurran a los políticos en búsqueda de la información que deseen y que se encuentren regulados por la autoridad competente para ello.

Corresponde al organismo autónomo que en esta reforma se crea, conocer y regular lo relativo a la información de partidos políticos y no a las autoridades electorales, tal y como está planteado en el dictamen propuesto a discusión.

Las autoridades electorales no son el organismo idóneo para regular en materia de transparencia de los partidos. ¿Por qué constituir un régimen diferenciado? Lo cierto es que no existe una razón y la reserva propuesta, además de beneficiar a la sociedad estableciendo un régimen único en la materia, beneficia en mayor medida a los partidos políticos, ya que abre las puertas a la transparencia y, con ello, mejora su imagen ante la sociedad.

Dicho lo anterior, saludo que la comisión considerara la reserva e incluyera a los partidos políticos como sujetos obligados directos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha. En el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, con el mismo apartado.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias. Antes de presentar la reserva quiero comentar que aquí se dijeron cosas diferentes. Primero, que las modificaciones o adéndum al dictamen que se dieron en las últimas horas fueron por las exigencias de la sociedad. Y segundo y contradictorio, que fueron gracias a la sensibilidad política.

No, diputadas; no, diputados. Deberían reconocer los errores que tuvieron al dictaminar y suprimir temas muy importantes en la minuta del Senado. La propuesta contemplada en el dictamen, específicamente en la base octava, primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución, menciona explícitamente que el organismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.

No obstante, la descripción de este complejo delineamiento organizacional resulta insuficiente si se soslaya la independencia financiera del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Un aspecto fundamental de todo organismo autónomo del Estado radica no solo en el pleno derecho de ejercicio de su hacienda, sino en la capacidad jurídica para determinarlo.

En el presente dictamen obvia la facultad de determinar al instituto sus necesidades presupuestales. Denota una visión incorrecta en la esencia de un órgano constitucional autónomo, ya que precisamente estos organismos surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basado en los controles de poder y, de esta manera, evolucionando la teoría tradicional de la división de Poderes.

Los organismos autónomos del Estado, como el IFAI, deberán ser considerados como una ruta eficaz para conciliar la democracia de los partidos, de los poderes tradicionales y de los grupos económicos y sociales, ya que precisamente la autonomía que los caracteriza no se encuentra vinculada a su creador o a quien los designa, en tanto que se busca con ellos un equilibrio constitucional.

El dictamen a discusión propone dotar de autonomía al Instituto Federal de Acceso de la Información y Protección de Datos. Sin embargo, en esta autonomía –como ya lo mencioné— no está contemplada la financiera o presupuestaria, la cual es facultad de definir y proponer sus propios presupuestos, ya que de conformidad con el dictamen a discusión la única autonomía corresponde al ejercicio de su presupuesto sujetándolo a la simple asignación por parte del Ejecutivo, quien en determinado caso, incluso, podría aplicarle un presupuesto que impida el desarrollo correcto de las facultades constitucionalmente otorgadas.

Y si dicha autonomía no es constitucionalmente plena, se corre el riesgo de que alguno de los Poderes utilice el presupuesto como medio de negociación o como un obstáculo para el cumplimiento de sus fines.

Ejemplo de ello es la Auditoría Superior de la Federación, la cual depende presupuestalmente de la Cámara de Diputados y que actualmente transita por una crisis de credibilidad debido a que el Poder Legislativo participa como juez y parte en la fiscalización de los recursos propios.

En la medida en que un órgano tenga independencia respecto de los Poderes tradicionales y se evite cualquier injerencia gubernamental o de otra índole, se asegura y garantiza su autonomía, siempre en estricto apego al principio de constitucionalidad, pues la limitante de la autonomía radica precisamente en que sus actos se encuentran apegados a dicho principio.

No sobra decir que en este último caso también tiene que buscarse la reforma correspondiente para dotar a su titular de plena autonomía. La reserva es agregar dentro de la base octava: capacidad para determinar su propio presupuesto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la propuesta presentada por la diputada Huidobro.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha.

En el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja, con el artículo 6o., Apartado A, fracción I, base octava, párrafo segundo.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañeras y compañeros diputados. Es sorprendente que una reforma estructural en materia de transparencia y rendición de cuentas tan necesaria, tan indispensable para un país como el nuestro, con tanta corrupción y que ha sido defendida por un sector amplio de la sociedad civil, quedara como una reforma mocha, como una reforma incompleta.

Hoy son motivo de escándalo los casos de corrupción en Petróleos Mexicanos, como el caso de Mexicana de Lubricantes o el caso del gasoducto Los Ramones, donde están involucrados el actual director general de Petróleos Mexicanos, el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe, y diferentes funcionarios públicos. Es decir, puros negocios al amparo del poder.

Y ahora cuando se solicite información se dirá que no, porque se considerará un caso de seguridad nacional. Han hecho del presidente, a través de su consejero jurídico, el gran sensor de la transparencia en el país. Por eso nosotros decimos que hoy es un día negro, hoy es un día fúnebre para la transparencia.

Hoy es el día en el que se quiere vender en un discurso sofista y tramposo a los retrocesos como avances. Y es triste que desde las fuerzas opositoras progresistas haya quienes con desfiguro retórico claudican en su posición opositora y se convierten en apéndices del PRI.

Nosotros somos congruentes y no avalamos esta transparencia a medias, esta transparencia incompleta. No coincidimos con esta visión gradualista y entreguista de quienes desde un sector de la izquierda, al rato aprobarán, hablando del acuerdo posible,  hablando de lo que se puede construir, la entrega del petróleo diciendo qué es lo que se pudo lograr.

Nosotros vamos hacia adelante, porque no creemos que el futuro del país sea menos transparencia y exclusión social, porque no creemos en la restauración autoritaria vendida como falsos acuerdos, y por esa razón estamos planteando que se fortalezca la protección de datos personales, porque no queremos que al rato en este mecanismo de seguridad nacional que se ha inflado como a razón de estado, vayan a estar los datos de las personas siendo manoseados, siendo utilizados por el aparato público.

Sí hay casos que ya se han dado a conocer de empresas que utilizan los datos personales y que son empresas de nivel mundial como Google u otras, por qué habríamos de darle el beneficio de la duda al gobierno federal, que ahora va a manejar a trasmano el Instituto Federal de Acceso a la Información.

Por eso estamos planteando que quede sin ambigüedades, que se protegerán los datos personales y que el órgano autónomo vigilará por su cabal cumplimiento. Ésa es nuestra posición y ésa es nuestra postura que seguimos sosteniendo. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta presentada por el diputado.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha.

En el uso de la voz el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, con artículo 6, apartado A, fracción I, base octava, párrafo tercero.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Presidente, con su permiso, muy buenas noches. Gracias.

La reserva que hoy se presenta a consideración del pleno, que consiste en reformar el artículo 6o. del dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta contemplada en el dictamen específicamente en el apartado B, octavo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que el organismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales se integrará por siete comisionados.

En este contexto el dictamen a discusión no justifica en ninguno de sus apartados el aumento del número de comisionados, el cual pasaría de cinco comisionados a siete comisionados. Por el contrario, lo único que queda claro es que con el aumento de más plazas en cargos de alto nivel el gasto corriente sigue creciendo en cantidades exorbitantes, no se justifica por qué aumentar a siete.

El sueldo que percibe un comisionado del IFAI es de aproximadamente 138 mil 153 pesos mensuales, lo que significa que cada comisionado genera un gasto aproximado de 11 millones 600 mil pesos durante su gestión; es decir, que el total del gasto público por los cinco comisionados sería de 58 millones.

Ahora bien, el dictamen que estamos discutiendo pretende incrementar a siete el número de comisionados, lo cual sería un incremento significativo de 23 millones 200 mil pesos Sin embargo, recordemos, que todo lo que conlleva a una plaza a estas proporciones que son secretarias, secretarios particulares, choferes, vehículos, oficinas y gastos en general.

Lo que se percibe es, o una cuota política o el incremento de una participación económica para tener un elemento más, una participación política para tener un elemento más dentro de este contexto.

Quiero comentarles, compañeros, que también entiendo que independientemente de que otros compañeros que pasaron a hablar, que hicieron su reserva, aun cuando fueron muy positivas no las votaron a favor, aun cuando hayan quedado en acuerdos, porque están decididos a que la ley tiene que quedar tal y como ustedes la plantean, tal y como la plantearon desde el principio.

Entendemos su postura como grupo parlamentario, pero lo que no entendemos es por qué no le cumplen al pueblo, a la ciudadanía y, sobre todo, a aquellos que son de elección popular.

¿Por qué no respaldan las buenas reformas que están planteando sus compañeros o los compañeros de la izquierda? Si queremos realmente que este país cambie se tienen que hacer los cambios ahora, y si no lo que va a ocurrir es que el mismo pueblo nos va a rebasar y esto va a ocurrir, así como nos están rebasando ahorita los grupos de autodefensa, así como nos están rebasando los maestros.

Así también ya están en camino los sindicatos que van a empezar a pedirles las cuentas muy claras y ya empieza por Pemex, ya empieza un movimiento del Sindicato de Pemex para pedirle cuentas a su líder. Aquí las estuvimos pidiendo y no hubo respuesta, pero ya lo verán en poco tiempo si no hacemos caso la misma población nos va a rebasar. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha.

En el uso de la voz, el diputado Juan Luis Martínez Martínez, con el artículo 6o., apartado A, fracción II, párrafo primero.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Compañeras y compañeros, someto a la consideración del pleno la siguiente reserva a la fracción II, apartado A del artículo 6o. del dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia.

Aunque esta misma reserva busca reformar la fracción II, apartado A del artículo 6o. del dictamen sujeto a discusión se trata de modificaciones que inciden en tres aspectos distintos contenidos en el párrafo de referencia.

En primer término se busca reformar la redacción de la primera parte de la fracción II, del artículo 6o. del dictamen. Este se refiere que el organismo autónomo federal tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

De la simple lectura de esto último se puede apreciar un evidente error semántico y de dicción, ya que resulta contradictorio e incongruente manifestar que el organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad u órgano y organismo, etcétera, cuando lo lógico sería establecer con claridad qué son los asuntos relacionados con la información pública en manos de las autoridades, los que son de competencia del organismo autónomo federal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

En segundo término, una vez que en la fracción II en estudio se hacen mención de los asuntos que serían competencia del órgano garante, se contempla una especie de regla de excepción cuando se trate de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. Esto último resulta bastante confuso y hasta enigmático por obviedad. Ningún organismo constitucional autónomo puede conocer de los asuntos jurisdiccionales que corresponden a la Suprema Corte de Justicia.

Por otro lado, no se entiende por qué habría de crearse un comité integrado por tres ministros para ventilar este tipo de asuntos. Si lo que se busca es incorporar una especie de cláusula de exclusión, lo propio sería establecer que el organismo autónomo conocerá de todos los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales, con excepción de los que les corresponda conocer al Poder Judicial.

Al establecer como única excepción los asuntos que sean competencia de la Suprema Corte, se podría estar restringiendo y limitando indebida e injustificadamente la actividad de los demás órganos jurisdiccionales del Poder Judicial que tienen competencia en la materia. Asimismo considerar la creación de un comité constituye una verdadera digresión constitucional, dicha figura inédita carece de sustento teórico y práctico. Recuérdese que para sobrellevar los trabajos que lleva la Suprema Corte como máximo tribunal de control constitucional, ésta se encuentra dividida en salas.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva. Se reforma el apartado A, fracción II, del artículo 6o. de la Constitución Política, para quedar como sigue:

El organismo autónomo en materia de transparencia y acceso a la información pública en el ámbito federal tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posición de sujetos obligados, con excepción de asuntos jurisdiccionales que correspondan al Poder Judicial.

También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.

De antemano sé que no la van a aprobar, son los mismos de siempre. Y pues ahí va a quedar en la historia, como siempre lo han manifestado, actuando totalmente por sumisión. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta presentada.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha.

En el uso de la voz el diputado José Luis Valle Magaña, artículo 6o., apartado A, fracción II, párrafo tercero.

El diputado José Luis Valle Magaña: Con su permiso, presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, aunque Manuel Ferrer Muñoz, en Apuntes sobre la historia del Congreso de México, menciona que el Poder Legislativo desde sus inicios gozó de más facultades que el Ejecutivo, éste último conforme fueron apareciendo los ordenamientos fundamentales de 1824 a 1857 fue conquistando el terreno institucional y el control de un mayor número de facultades.

Durante el Porfiriato y al término de éste la figura del Ejecutivo fue ganando terreno a pasos agigantados con respeto al Poder Legislativo. En el proyecto constitucional de don Venustiano Carranza se puede apreciar la preeminencia que se daba a la figura del Ejecutivo, en detrimento de las facultades del Poder Legislativo.

A medida que se han ido depurando los canales políticos en nuestro país y la pluralidad ha pisado fuerte en los umbrales de una incipiente democracia, el Poder Legislativo ha ido adquiriendo paulatinamente la relevancia que de suyo le pertenecía, como principal depositario de la soberanía y la representación nacional.

En la actualidad el depositario del Poder Legislativo ha recuperado diversas facultades constitucionales, sobre todo por lo que ve a sus funciones de control, lo que la ha colocado como un verdadero contrapeso del Ejecutivo.

México está transitando a una era de transparencia del ejercicio del Presupuesto público y de la función pública en general. La actuación del Congreso ha sido vital en este sentido.

Por otro lado, desde la dimensión normativa e institucional se han diseñado instrumentos al servicio de los gobernados para acceder a la información pública gubernamental de su interés, a efecto de garantizar el derecho al acceso a la información y a estar informados.

Esto es precisamente la sustancia de las reformas que hoy se discuten. Sin embargo, como en muchos otros casos, el ejercicio del derecho a la transparencia y al acceso a la información pública gubernamental tiene ciertos límites en razón de la preservación de otros derechos fundamentales, como el derecho a la seguridad para salvaguardar los secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos. Evitar poner en riesgo el funcionamiento del sistema financiero o bancario; o para no comprometer los derechos o interese legítimos de terceros.

Así, los distintos poderes públicos y autoridades están facultados para clasificar la información o documentación que manejan como reservada o confidencial.

Ahora bien, no puede confundirse la naturaleza jurídica de las solicitudes de información propias de los particulares, las cuales tienen limitantes –como se ha explicado en párrafos anteriores– con las solicitudes de documentación e información llevadas a cabo por los órganos de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, pues éstas últimas atienden a una naturaleza jurídica, política, diametralmente distinta en tanto que tales solicitudes se efectúan en ejercicio de una facultad constitucional, que forma parte de sus funciones de control y en atención a uno de los principios republicanos, como es el equilibrio de Poderes, por lo que los órganos legislativos estarían actuando como representantes del pueblo y de los intereses nacionales, posición que justifica su fuero constitucional.

Las funciones de control del Poder Legislativo son trascendentales en un sistema político basado en la división de Poderes, por lo que no se justifica que existan trabas de orden burocrático para poder acceder a la información o documentación pertinente para realizar su trabajo, si lo que se quiere es transitar a la consolidación democrática.

En consecuencia, en la propia Carta Magna se debe establecer que los órganos del Congreso deben estar –concluyo, señora presidenta– exentos de restricciones para acceder a información o documentación de la administración federal, pues de lo contrario se entorpecería flagrantemente no solo la tendencia de posicionar al Poder Legislativo como el máximo órgano político y soberano de nuestro país, sino también la capacidad para que éste pueda fungir como la principal herramienta para transparentar y optimizar el ejercicio de la función pública.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva:

Único. Se reforma la base octava, sexto párrafo, de la fracción I, apartado A, del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. Las solicitudes de información o documentación del Congreso procederán, aun cuando una u otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones aplicables.

Es cuanto. Gracias, señora presidenta por su tolerancia, gracias a quienes me escucharon.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta presentada.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha.

En el uso de la voz el diputado Alfonso Durazo Montaño, con la reserva al artículo 6o., apartado A, fracción II, párrafo cuarto.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañera presidenta. Compañeras y compañeros, vengo a presentar una reserva al artículo 6o., al tenor de los siguientes argumentos.

Primeramente decirles a ustedes que la corrupción gubernamental —lo saben— se ha constituido en un lastre que inhibe la participación y confianza ciudadana en temas gubernamentales. Para que conozcamos la dimensión les voy a presentar a ustedes algunos datos.

De acuerdo al índice de percepción de la corrupción, publicado por Transparencia Internacional, en el año 2012 México se ubicó en el lugar 105 de 174 países evaluados, encontrándose por debajo de países como Senegal, Bolivia, El Salvador, Trinidad y Tobago y Liberia.

Este índice se encuentra estrechamente ligado con la opacidad con la que se han manejado históricamente los tres niveles de gobierno que han hecho uso de cualquier esquema legal que les permita reservar todo tipo de información que no les favorece o que pone en riesgo corruptelas y pillajes hechos al amparo del poder.

El espíritu de la reforma propuesta era incrementar el acceso social a la información y limitar al mismo tiempo los pretextos para eludir el cumplimiento a un derecho reconocido por nuestra Constitución.

La minuta que fue recibida de parte de la Cámara de Senadores contempla de manera lisa y llana la inatacabilidad por parte de los sujetos obligados de las resoluciones del IFAI. Es decir, ninguno de los sujetos obligados podría impugnar una resolución que le ordenara la entrega de información a los particulares, dejando a salvo en todo momento, además, la posibilidad de impugnar las negativas de las dependencias del gobierno a hacer pública la información.

—Presidenta, cuando usted estime conveniente llamar la atención de los legisladores. Ésta es la fórmula que conviene al interés democrático de la nación.

En su lugar, se estableció por parte del PRI en el trabajo de las comisiones unidas causales de atacabilidad y haciendo uso de un lenguaje vago e impreciso, encierran una trampa para la apertura en la información del gobierno.

Se estableció que en los casos que a juicio del consejero jurídico del gobierno las resoluciones del IFAI pongan en riesgo la seguridad nacional sí se podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior es un muro para evitar el cumplimiento por parte del gobierno al derecho ciudadano de estar en todo momento debidamente informado sobre el ejercicio gubernamental y el uso de los recursos públicos.

La inclusión de la figura del consejero jurídico de gobierno, asesor del presidente de la República, significa una auténtica aduana por la que tendrían que pasar todas las resoluciones del IFAI.

Evidentemente el objetivo de esta regresión es la protección de los intereses del Ejecutivo federal, no desde una perspectiva institucional, sino desde el ánimo faccioso y partidista que ha animado a todos los gobiernos de la República históricamente.

Ahí es en donde el candado del PRI para cerrar el paso al acceso público a la información ubica a un funcionario, que es en los hechos un empleado del presidente de la República. Será esa oficina la responsable seguramente de someter las resoluciones del IFAI a un filtro político, que alegando restricciones vinculadas con la seguridad nacional vulneren finalmente el derecho ciudadano a la información.

En Movimiento Ciudadano nos manifestamos por mantener el texto tal y como aparecía en la minuta del Senado de la República, para que el artículo 6o., apartado A, fracción II, cuarto párrafo del dictamen a la minuta, quede como sigue.

Leo textualmente: Las resoluciones de los organismos autónomos serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Gracias por su atención.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta presentada.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha. Se informa a la asamblea que se retira la reserva del artículo 6o., apartado A, fracción II, párrafo cuarto, presentada por la diputada Loretta Ortíz Ahlf.

En el uso de la voz la diputada Merilyn Gómez Pozos, con la reserva del artículo 6o. apartado A, fracción II, párrafo sexto.

La diputada Merilyn Gómez Pozos: Compañeros, soy legisladora por primera vez y me parece lamentable que no puedan tener un poquito de respeto por lo menos para los oradores que están aquí, por lo menos con el favor de su atención. Sé que van a votar en contra mi reserva, pero por lo menos concédanme el favor de su atención, por favor. Gracias, presidenta.

La reserva al artículo 6o. del dictamen a la minuta que hoy nos ocupa en materia de transparencia, tiene como finalidad erradicar el alto nivel de desconfianza que la ciudadanía tiene sobre órganos que deberían de garantizar sus derechos fundamentales pero que en los últimos años han caído en el descrédito. No dejemos que pase esto con el IFAI.

La propuesta contemplada en el dictamen menciona que para el nombramiento de los comisionados la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el presidente de la República en un plazo de 10 días hábiles.

Presidenta, le suplico que por favor llame al orden —ni la Presidenta me hace caso— Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Suplicamos por favor a los asistentes, particularmente a los que se encuentran en los extremos que están subiendo mucho la voz. Hay que tener un poco de respeto, por favor, para la diputada y los diputados que están haciendo su presentación. Gracias.

La diputada Merilyn Gómez Pozos: Gracias, Presidenta. Si el presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. Sin embargo, este método no es el más adecuado para la elección de comisionados a cargo de una institución con estas características.

El alto nivel de desconfianza de parte de la ciudadanía obliga a buscar otros mecanismos alternos de selección que sustituyan el actual, ya que la crisis de credibilidad de los órganos autónomos tiene clara relación con la integración partidista de los mismos.

Las instituciones creadas con el fin de consolidar la democracia y el acceso a la información pública que utilizan este método de selección han ingresado en el escenario pantanoso de la crisis de credibilidad derivada de los conflictos entre partidos políticos e intereses personales.

De prosperar el método propuesto en el dictamen sobre la designación de los comisionados se daría entrada al reparto de cuotas entre partidos, como ocurre actualmente en el IFE, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para nadie es secreto que los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral son producto de negociaciones entre altos mandos y operadores de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

El caso del doctor Sergio García Ramírez, renunciante como consejero electoral del IFE, cuya carrera política ha corrido entre la academia, el PRI y el sector público muestra cómo se puede negociar un cargo de supuesta imparcialidad para servir a un fin político, o el arribo de Gerardo Laviaga al IFAI, donde se evidenció la debilidad del organismo, pues desde su propuesta no cumplía con los requerimientos.

Y qué decir de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes en pasadas elecciones dieron muestra del servilismo y parcialidad con los que un funcionario, producto del sistema de cuotas de partidos, puede generar en una institución que debe proteger los intereses del ciudadano.

En este marco resulta necesario establecer un mecanismo eficiente de selección de comisionados del IFAI. En virtud de que el Senado de la República fue designado para elegir a los comisionados del IFAI, siendo ésta la Cámara que representa los intereses de la federación, propongo que sea la Cámara de Diputados la responsable de la elección debido a que este órgano es la instancia que expresa el poder del pueblo y su soberanía, además de que los fines para los que fue creado el IFAI son totalmente ciudadanos.

Proponemos que la selección sea a través de una convocatoria a nivel nacional, donde se invite a las universidades públicas, organizaciones civiles, académicos y ciudadanía en general para que compita en condiciones igualitarias, alejado de los partidos políticos por los cargos a comisionados.

En una primera etapa, la experiencia, trayectoria y el nivel académico serán los principales filtros para su designación. Después los candidatos elegidos serán evaluados a través de exámenes de oposición y rigurosos exámenes de confianza, donde el número de seleccionados no podrá ser menor a 35 candidatos.

Finalmente, los que resulten seleccionados será a través del método de insaculación por el que los siete ciudadanos serán elegidos para fungir como comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

La crisis en las instituciones nace principalmente por la desconfianza ciudadana, por lo que creo necesario poner en marcha mecanismos alternos que ayuden principalmente a despolitizar las instituciones y de esta forma puedan cumplir con mayor eficacia su función de parcialidad y objetividad. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputada. Consulte la secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta presentada.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha. En el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez, con la reserva al artículo 6o., apartado A, fracción II, adición de un párrafo once.

El diputado Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, presento la reserva por la que se adiciona un párrafo once a la fracción II del apartado A del artículo 6o. constitucional, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

La existencia de grupos consultivos es una constante de las sociedades modernas, un elemento capaz de reforzar la gobernanza y generar confianza en la ciudadanía al introducir campos diversos de conocimiento al análisis y discusión de los asuntos públicos. La transparencia, como fenómeno moderno y reflejo de sociedades democráticas, aunque sea una aspiración no excluye la participación de consejos consultivos capaces de incidir de forma científica y académica en la tutela de los derechos fundamentales.

Las opiniones vertidas en los últimos años por especialistas hacen patente la postura de vanguardia que representó la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que fue modelo a seguir en otros países del continente.

Por ello, siempre apostamos por la progresividad y perfeccionamiento de un modelo de transparencia que tuvo principios y bases después de 30 años de haber sido asentado en el texto constitucional, precisamente en el artículo 6o.

Para reforzar el fondo de la reserva, argumentamos la complejidad del derecho a la información, como pieza clave para el ejercicio y protección de otros derechos y de toma de decisiones. Por tal motivo, requiere de una diversidad de enfoques, desde la priorización de sus bases jurídicas, históricas, políticas, filosóficas y sociales, hasta la creación de una cultura ciudadana de transparencia y protección de datos, como derecho colectivo que se puede ejercer en la vida cotidiana.

El IFAI sin duda debe ser un órgano autónomo, sujeto al imperio de la Constitución, en absoluto respeto al principio de legalidad, pero con brazos operativos en investigación de carácter consultivo que permitan potenciar el derecho a la información y la protección de datos.

Para cumplir con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de un derecho humano consagrado en la Constitución como lo es el derecho a la información, es necesario dar la máxima publicidad a la actuación de las y los servidores públicos, lograr organismos públicos verdaderamente autónomos, eficientes, ciudadanos y sobre todo permitir la incidencia de contrapesos analíticos, teóricos y metodológicos que actualicen de forma permanente el ejercicio de los derechos humanos, políticos y sociales.

Por ello, pretendemos recuperar lo asentado en la minuta del Senado de la República con relación a la creación de un consejo consultivo ciudadano dentro del órgano constitucional autónomo de transparencia por la racionalidad que exhibe en la integralidad y armonía de su propuesta.

Así como defendemos la inatacabilidad, definitividad y autonomía en las resoluciones del órgano de transparencia, consideramos prioritaria la intervención de la sociedad para opinar por medio de este Consejo Consultivo sobre los mecanismos de acceso a la información, los medios de impugnación, el plazo de cumplimiento de las resoluciones, la temporalidad de la reserva de información; los supuestos de restricción a la información pública, entre otros asuntos sin obstruir o dar vinculatoriedad a sus opiniones.

La reforma que discutimos marcará el ritmo del crecimiento de las libertades políticas, oxigenando la vida pública orientando la inquietud ciudadana a la respuesta efectiva o bien sometiendo la información pública a los caprichos de personajes de escritorio, que defienden la discrecionalidad de los asuntos de todas y todos como patrimonio político de las minorías que muchas veces se creen dueñas de nuestro país.

Por lo anterior, compañeras y compañeros, me permito someter a su consideración la adición de un párrafo de la fracción, un párrafo 11 a la fracción II del apartado A del artículo 6o., en los siguientes términos:

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por 10 consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada.

La Ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara, y anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Ustedes tienen la palabra. Es cuanto, presidente.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta presentada.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha.

En el uso de la voz la diputada Aleida Alavez Ruiz, con la reserva al artículo 6o., apartado A, fracción VIII y a la fracción VIII, párrafo séptimo.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, presidenta. En efecto, son dos reservas, pediría un poco de tolerancia para exponer las mismas.

Compañeras y compañeros legisladores, la trascendencia que representa un dictamen de este calado y que imprime una modificación al texto constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, nos merece no solo discursos y posicionamientos elocuentes, sino nos merece también un trabajo pulcro y comprometido con nuestra sociedad, y la pulcritud y el compromiso de nuestro trabajo se traduce en este ejercicio de deliberación pero sobre todo se manifiesta en la redacción de propuestas y acuerdos parlamentarios que atiendan a los intereses de México y al avance de la protección y garantía de los derechos humanos.

En el adéndum que se nos repartió hace unos momentos observamos que en el artículo 6o., apartado A, fracción VIII, al referirse al órgano garante se habla de éste como un órgano de la federación y no como un órgano del Estado.

Este cambio, compañeras y compañeros, no es menor. Un órgano que sea el garante de los derechos de acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales no puede ser un órgano ligado al Pacto Federal y al acuerdo establecido entre los tres órdenes de gobierno, este órgano es y debe ser una instancia central del Estado mexicano.

La federación es un acuerdo de naturaleza política en un momento histórico y bajo consideraciones específicas. El Estado en cambio trasciende al tiempo y a las condiciones políticas y se estatuye en su definición tradicional como el ente compuesto por la población, el gobierno y el territorio. En el Estado está representada la población, en la federación no lo está.

Si pensamos que este órgano es fundamentalmente para el servicio de la población y para garantizar sus derechos, resulta incongruente que se pretenda reconocer solo como un órgano de la federación y no como un órgano del Estado, como lo reconocía la minuta emanada del Senado.

La responsabilidad internacional para cumplir nuestras obligaciones en materia de derechos humanos se deposita en el Estado mexicano y si no me lo creen consulten cualquier instrumento internacional en la materia, y es justo el Estado mexicano quien deberá responder ante cualquier violación que se cometa en contra de su población.

Los instrumentos de derechos humanos nunca hablan de una responsabilidad de la federación, sino de una responsabilidad de Estado. Incluso la Convención Americana en el reconocimiento de la cláusula federal establece que el responsable de la garantía de los derechos humanos será el Estado en su conjunto, indistintamente de que el Estado se organice dentro de una federación.

Modificar el carácter de un órgano de Estado a un órgano de la federación es ignorar nuestras obligaciones a nivel internacional. Ojalá esta primera reserva sirva para subsanar esta ignorancia expresada manifiestamente en el adéndum que se nos entregó.

La segunda reserva tiene que ver con la finalidad de evidenciar que en este proceso legislativo hay desaseo, hay falta de pulcritud y como ya decía, la ignorancia, han permitido que estemos votando el dotar de facultades a una instancia de gobierno que ni siquiera existe.

En términos del derecho constitucional, las facultades expresas representan quizás la más alta responsabilidad de una instancia u orden de gobierno, y esas facultades expresas han permitido avanzar en la consolidación de una división de Poderes clara y confiable. Sin embargo en el artículo 6o., apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo se habla de un consejero jurídico del gobierno, figura que hasta donde yo sé no existe en ningún ordenamiento legal vigente. No existe un consejero jurídico del gobierno así descrito ni expresado literalmente.

Si quieren dotar —repito— de una facultad expresa a la Presidencia para poder atacar resoluciones del IFAI, cuando menos se hubieran tomado la molestia de consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y dotar de esta facultad a quien legalmente se le denomina como Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, a menos que la intención de la fracción sea dotar de esta facultad expresa constitucionalmente, a todos los que así se denominen consejeros jurídicos en las entidades federativas, con excepción de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Si ésa ha sido la intención, compañeras y compañeros, es de reconocerles que en esta minuta no le faculten a la Presidencia el poder atacar las resoluciones del órgano de transparencia y en todo caso, si la pretensión es permitir que las decisiones del IFAI sean atacables por la Presidencia de la República en términos de seguridad nacional, la propuesta tendría que redactarse en el sentido de que permitiera esta facultad solo en los casos en donde el órgano garante desclasifique o elimine la reserva que hubiese sido clasificada como reservada y además esta resolución versara sobre temas de seguridad nacional como una facultad extraordinaria y excepcional, no como una regla discrecional y abusiva, como lo propone este texto, lo que dejaría a esta facultad en completo desuso, pues en más de una década no se ha emitido ninguna resolución por parte del IFAI que comprometa a la seguridad nacional.

Concluyo señalando, compañeras, compañeros, que la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental debe ser un derecho no solo visto hacia afuera, sino primordialmente hacia el interior de los entes de gobierno, como lo es esta Cámara de Diputados.

Si no cambiamos esta visión sesgada y equivocada, seguiremos haciendo discursos elocuentes, pero manteniendo la mayor opacidad en el ejercicio cotidiano. Estamos hablando de una reforma constitucional, no es menor poner exactamente a qué instancia le estamos dando una facultad de atacar alguna resolución del IFAI. Tenemos que poner el nombre correcto que dice en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y hablar exactamente a quién le estamos dotando esa facultad.

Ésa es la reforma, son dos palabras, pero que al mismo tiempo también tienen un contenido que implica el qué estamos haciendo con la responsabilidad de la transparencia en el Estado o en la federación, y qué estamos haciendo al dotar al Ejecutivo federal de esta posibilidad de interponer recursos para atacar las resoluciones del IFAI.

Entonces pediría que como estamos discutiendo la Constitución, tengamos más cuidado y tengamos más detenimiento en revisar cada una de las redacciones que se están presentando, para así evitar errores que después puedan caer hasta en interpretaciones legales distintas. Eso es todo. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha.

En el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, con las reservas al Apartado B, párrafo primero, y al artículo tercero transitorio.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia, Compañeros legisladores, les ruego —voy a ser muy breve— un poco de su atención. Las reformas que se están aprobando son contrarias al derecho fundamental de la información.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Solicitamos, por favor, a los presentes bajar la voz.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf: No quiero actuar como maestra de salón de clases, por favor. A mis alumnos les digo: guarden un minuto de atención, por favor. Ah, qué bien portaditos, así me gusta, se los agradezco. Bien. Entonces, quién me iba a decir que iba a estar aquí como maestra de clases, bueno.

Con el debido respeto, voy a ser breve, les ruego un poco de atención, por favor. El día de mañana ustedes van a exigir este mismo respeto, el mismo que les solicito y se los voy a otorgar. Muchas gracias.

Las reformas o el dictamen que se está presentando y a pesar de que tienen muchas bondades estas reformas, son de cara o de espaldas a un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la información. Este derecho fundamental tiene como base o fundamento diversos tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Humanos.

Por ignorancia, como se señaló hace un momento, por desconocimiento, por premura, por privilegiar los intereses políticos, se olvidó precisamente esta Legislatura de que la primera obligación que tenemos es frente a los ciudadanos y garantizar este derecho a la información, este derecho fundamental.

No solamente se viola, porque a pesar de que se garantiza —entre comillas— se dice una autonomía, el órgano que está llamado a otorgar esta información, en realidad no se le está otorgando una autonomía, por cuanto sus resoluciones son atacables y no son definitivas, como sí estaba en el dictamen del Senado de la República.

Este recurso que se le otorga a la Presidencia, al Consejero Jurídico de la federación, no debería de otorgárseles precisamente a las autoridades, en este caso a la Presidencia o al presidente de la República. Debería otorgarse precisamente, en todo caso si se quisiera presentar un recurso, a los ciudadanos, a los que gozamos de los derechos fundamentales, a la persona, y eso es lo que establecen los instrumentos internacionales, que precisamente cuando se ve violado su derecho fundamental a la información deberían de tener un acceso a un recurso jurídico, efectivo, rápido y eficiente, situación que hasta el momento no se ha regulado.

Por esa situación, precisamente por ésa, con relación a los derechos políticos se han hecho las diversas reformas. Es decir, se concede ahorita acceso a la justicia para, precisamente, garantizar los derechos políticos regulados en el artículo 23 de la Convención Americana.

Sin embargo, aquí como no nos interesa legislar a favor de los derechos fundamentales ni de los derechos humanos y fortalecer el autoritarismo y fortalecer los recursos para, precisamente decir, que diga la Suprema Corte: no podemos dar la información por razones de seguridad nacional. Se aceptó que sus resoluciones no fueran inatacables y definitivas.

Y el otro problema, ¿qué se entiende por seguridad nacional? No sé si ustedes sepan que en el anterior sexenio los festejos del Bicentenario y del Centenario se puso una partida especial y esa Estela de Luz, que tanto nos costó a todos los mexicanos, en la partida presupuestal del Ejército Mexicano, ahí, esas son las cuestiones de seguridad nacional. Qué bonita manera de ocultar el patrimonio de la nación y de los mexicanos.

Es decir, basta con poner partidas o toda aquella información que se considere en ese hoyo enorme, seguridad nacional, para no dar acceso a la información. Se está haciendo nugatorio este derecho.

No simulemos y hablemos con la verdad. Realmente les estamos negando el acceso a la información a los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:En el uso de la voz la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, con la reserva al tercero transitorio.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Gracias, presidenta. La reserva que hoy presentamos, Movimiento Ciudadano, es al artículo tercero transitorio, que no es otra cosa más que nosotros proponemos, se trata de la remoción de los comisionados. Y lo que queremos es que los órganos del Estado, autónomos, que sean así, que sean autónomos.

Ahora se está proponiendo, en la minuta que nos llegó, y lo voy a leer, dice: los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo, en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el instituto que se abroga. Siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.

En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de 10 días. De lo contrario, se entenderá la negativa a su petición. Solo que tiene dos disyuntivas, ¿qué va a pasar si estos 10 días llegan a darse cuando no está sesionando el Senado? Y también, ¿qué va a pasar con la Presidencia de este órgano? Nuestra propuesta es que quede como en un inicio ya estaba y que no es nada más que se mantengan en el cargo los que ahorita están, hasta terminar su mandato.

Ésa era una propuesta que creo que estaban revisando los diputados del PAN. Yo no sé qué sucedió, por qué no hicieron la reserva. Pero se me hace que es importante que lo tengamos presente y que por lo menos en esta reserva podamos tomar conciencia de que es necesario que el pueblo de México vuelva a creer en las instituciones.

Porque lo que está sucediendo aquí es muy lamentable. Yo quisiera que presentaran las reservas y que también, así como nosotros pedimos que se nos dé oportunidad de la discusión aunque sea, porque no la reservamos nada más porque se nos antoja o porque queremos perder el tiempo, las reservamos porque las creemos necesarias, porque creemos que también las minorías tenemos derecho a opinar. También las minorías tenemos derecho a construir y que no por ser mayoría en los dos grupos, tres grupos, nos estén ganando la votación.

Muchos de nosotros, lamentablemente, si en este momento nos cuestionaran qué tratamos el día de hoy, de qué se trató esta reforma, no vamos a saber contestar porque estamos en nuestro celular, viendo las redes sociales, estamos twiteando, estamos comunicándonos con la familia, estamos distraídos. Otras compañeras se están maquillando, están atendiendo otras cosas menos la reforma. Qué lamentable es que estemos dando esta imagen al país. Yo les diría, este México va a despertar, está despertando poco a poco. No siempre van a ser la mayoría ustedes. No siempre van a poder comprar los votos para ganar. Qué triste es esta situación y qué pena que entreguemos al país.

Grítenme, grítenme, de verdad, no pasa nada. Los 500 diputados no somos México, existen millones de mexicanos esperando que este pueblo avance. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta presentada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se desecha.

Pido la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados en sus términos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ábrase el sistema de votación electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, le informo que se emitieron 392 votos en pro, 40 en contra y 3 abstenciones.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se aprueban en sus términos los artículos reservados.

Aprobado en lo general y en lo particular por 392 votos el decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

DECLARATORIA DE CLAUSURA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hoy 22 de agosto de 2013, la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio al que fue convocada.

La Presidencia de la Mesa Directiva participará por escrito al Ejecutivo federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente, que ha declarado formalmente terminados sus trabajos correspondientes.

ACTA DE LA PRESENTE SESION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya a los grupos parlamentarios.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se pregunta a la asamblea si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya a los grupos parlamentarios. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintidos de agosto de dos mil trece, correspondiente al Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Recinto Alterno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos setenta y un diputadas y diputados, a las dieciséis horas con treinta y ocho minutos del jueves veintidós de agosto de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

El Presidente somete a consideración de la Asamblea, si se autoriza que el acta de la sesión anterior se dé por leída y copia de la misma se distribuya a los grupos parlamentarios. En votación económica se autoriza. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos seis, setenta y tres, setenta y seis, setenta y ocho, ochenta y nueve, ciento cinco, ciento ocho, ciento diez, ciento once, ciento dieciséis, y ciento veintidós, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen y presentar propuestas de modificación a nombre de la Comisión al diputado Julio César Moreno Rivera, acto seguido el Presidente da lectura a las propuestas de modificación y las somete a consideración de la Asamblea, en votación económica se autorizan y se incorporan al proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva a los diputados: Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, en votación económica no se toman en consideración y se desechan. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática; José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional; y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado José González Morfín

Se somete a discusión en lo general e intervienen a favor del dictamen los diputados: Elizabeth Oswelia Yañez Robles, del Partido Acción Nacional; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática Arely Madrid Tovilla, del Partido Revolucionario Institucional; y Fernando Belaunzarán Méndez, y Marcos Rosendo Medina Filigrana, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y en contra los diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño, Luisa María Alcalde Luján, y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: sexto; ochenta y nueve; ciento cinco; tercero y cuarto transitorios. En votación nominal por cuatrocientos dieciocho votos a favor; veinticinco en contra; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados a los siguientes diputados:

— Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción primera, Base Primera, párrafo segundo inciso i), del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción primera, Base Primera, párrafo segundo inciso i), del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

— José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción primera, Base Primera, párrafo segundo inciso i), del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción primera, Base Primera, adición de inciso j), del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción primera, Base Octava, párrafo primero, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción primera, Base Octava, párrafo primero, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción primera, Base Octava, párrafo primero, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción primera, Base Octava, párrafo segundo, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción primera, Base Octava, párrafo tercero, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción segunda, párrafo primero, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción segunda, párrafo tercero, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción segunda, párrafo cuarto, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción segunda, párrafo sexto, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de adición de un párrafo once al artículo sexto, apartado A, fracción segunda, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción octava, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto, apartado A, fracción octava, párrafo séptimo, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo tercero transitorio, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

— Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo tercero transitorio, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación en conjunto en sus términos.

En votación nominal por trescientos noventa y dos votos a favor; cuarenta en contra; y tres abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos reservados sexto; ochenta y nueve; ciento cinco; tercero y cuarto transitorios, en términos dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos seis, setenta y tres, setenta y seis, setenta y ocho, ochenta y nueve, ciento cinco, ciento ocho, ciento diez, ciento once, ciento dieciséis, y ciento veintidós, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Puestos todos de pie, el Presidente declara:

“Hoy veintidós de agosto de dos mil trece, la Cámara de Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados los trabajos correspondientes al Periodo de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio”.

En votación económica se aprueba que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

La Presidencia informa a la Asamblea que se comunicará por escrito al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores, y a la Comisión Permanente, que se han declarado formalmente terminados los trabajos correspondientes al Periodo de Sesiones Extraordinarias.

El Presidente levanta la sesión a las veintiún horas con treinta y cinco minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

CLAUSURA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (a las 21:36 horas): Buenas noches.

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