Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y señores diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 289 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín (a las 11:10 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 3 de abril de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo

En relación a retiro de proposición.

De la Secretaría de Gobernación

Con la que remite el sexto informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con la que remite el documento que contiene:

Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014;

Los escenarios, sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2014: Crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; y

La enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

Con la que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de febrero de 2013, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de 2012, la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2013 y la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública al mes de febrero del año en curso.

De la Secretaría de Educación Pública

Con la que informa la estructura de los programas destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa de los niveles Media Superior y Superior, su distribución y metas de mediano y largo plazo.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con la que remite Acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión a no aprobar un aumento al Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas.

De la Comisión Nacional de Hidrocarburos

Con la que remite el reporte anual del cumplimiento de actividades y metas programadas, relativo al año 2012.

De Petróleos Mexicanos

Con la que remite el informe anual de los Costos y Gastos de Exploración, Desarrollo y Extracción 2012.

Solicitud de licencia

Del diputado Joaquín Caballero Rosiñol.

Protestas

De las diputadas Gabriela Eugenia Cortés Talamantes y Patricia Guadalupe Peña Recio.

Iniciativa del Congreso del Estado de San Luis Potosí

Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los artículos 24 y 120 de la Ley de Aguas Nacionales. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 294 y 306 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación, 113 de la Ley General de Salud y 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Bibliotecas, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Aguayo López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 320, 324 y 334 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un artículo 158 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expide la Ley General del Sistema Nacional de Vigilancia y Supervisión de las instituciones públicas y privadas de Asistencia Social en las que se encuentran niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 84 y 1000 de la Ley Federal del Trabajo y 27 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictamen a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1070 del Código de Comercio.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 17 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 10 y el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de Aviación Civil.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 76 y se adiciona el artículo 15 y un artículo 76 Bis a la Ley de Aviación Civil.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que a través del Senasica, implemente las acciones de barrido, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y F.J. Múgica, del estado de Michoacán, a fin de evitar que las enfermedades o plagas causen daños a la ganadería estatal, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Chihuahua, zona norte, para que entregue la información acerca de las mujeres desaparecidas y asesinadas, a la Organización “Nuestras hijas de regreso a casa“ de Cd. Juárez, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, para que aplique de manera urgente y de conformidad con la normatividad vigente, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, tanto provisionales como definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero, a cargo del diputado Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Ejecutivo federal, fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa.

De la Comisión de Equidad y Género, con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, incrementar los apoyos a favor de las mujeres rurales.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo, relativos a lo sucedido en Tacotalpa, Tabasco.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo a la revisión de las Reglas de Operación de los Programas contenidos en el anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal, en materia de Feminicidios.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, aplicar en coordinación con la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, las medidas necesarias para atender el creciente índice de Feminicidios en la entidad.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección popular.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República que coadyuve con la Procuraduría Estatal en las investigaciones relacionadas con los feminicidios presentados en Tula, Hidalgo.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los congresos de los estados de la Federación, para que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SEGOB y a la SEP, para que establezcan una estrategia nacional de prevención infantil contra abusos producto de la navegación insegura de las niñas, niños y adolescentes en Internet; asimismo se exhorta a las legislaturas de los estados y a la ALDF, para que legislen en la materia.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades donde no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación, a expedir disposiciones legales encaminadas a prohibirlas y desarrollar acciones institucionales para compensar la violación de esa garantía.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a los actos de violencia y discriminación llevados a cabo por medios de comunicación públicos y privados de Quintana Roo, en contra de las Diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como de Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos Estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del Adulto Mayor.De las Comisiones Unidas de Justicia y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de Octubre.

De la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos estatales, para que aprueben el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, se establezca el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícitos de gas LP en el país.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobernador del estado de Querétaro con relación a la ola de secuestros y desapariciones de personas en la entidad; y al Congreso local a realizar los trabajos legislativos pertinentes para tipificar el delito de feminicidio.

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades Federativas, revisen su legislación civil, a fin de aumentar la edad mínima para que ambos contrayentes puedan contraer matrimonio.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Desarrollo Integral de la Familia, constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niñas, niños y adolescentes sin compañía, que sean repatriados de los Estados Unidos de América y se promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a la brevedad se asegure que se haya observado el debido proceso legal, en particular, el aviso consular a que hace referencia el artículo 36 de la Convención de Viena, en el juicio mediante el que fue sentenciado a muerte en el estado de Texas de los Estados Unidos de América el connacional Édgar Tamayo Arias.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de los Estados Unidos de América atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con cinco ciudadanos cubanos.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por conducto de la Procuraduría General de la República, solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al Gobierno de México, de los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las Islas Bermudas a Javier Villareal ex titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, a garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permita a los ciudadanos, el uso del espacio público con seguridad ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Gobierno y al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, brindar apoyo a los locatarios afectados por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, incorporar en su Programa Nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “Demarcaciones Prioritarias”.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos Federal y Estatales a establecer de manera corresponsable Centros de Justicia para Mujeres, y para que sean reforzados en aquellas entidades donde ya existen.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado de Tamaulipas, una opinión en la que se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en relación con la regularización de vivienda de las familias asentadas en el Fraccionamiento Rincón de las Flores en Reynosa Tamaulipas.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, con el INM y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Segob, a la PGR, a la SCT, a la STPS y a la SE, para que resuelvan de manera satisfactoria el conflicto de la Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la reubicación de los vendedores ambulantes de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, a cargo del diputado Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales, para que favorezcan la implementación de una estrategia de movilidad integral en sus localidades, a cargo del diputado Rene Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión).»

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Raquel Jiménez.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solamente para hacer una observación al orden del día y comunicar que he enviado ya un oficio, tanto a la Junta de Coordinación Política como a la Mesa Directiva, con respecto al listado de dictámenes de puntos de acuerdo que se han venido agendando desde el inicio de esta periodo ordinario de la Cámara de Diputados y la observación particular es con respecto a un punto de acuerdo que fue aprobado en las Comisiones de Equidad y Género y de Grupos Vulnerables, presentado por una servidora y fue aprobado en las comisiones el 19 de diciembre.

Inicialmente se enlistó en el orden del día en el punto número ocho de los dictámenes a discusión de puntos de acuerdo. A partir del 12 de marzo este punto de acuerdo en mención fue recorrido hasta el número 19. Mi solicitud particular es que se vuelva a enlistar en el orden original en que fue turnado a la Mesa Directiva, que era el número ocho y que es un exhorto al gobernador del estado de Querétaro, aprobado ya en la Comisión de Equidad de Género. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se abordará el tema, seguramente, en la próxima reunión de la Mesa Directiva.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dos de abril de dos mil trece, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con ocho minutos del martes dos de abril de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Equidad y Género, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada el veintisiete de noviembre de dos mil doce. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Cámara de Senadores, con la que remite acuerdo aprobado, por el que propone trabajar en conjunto y de manera coordinada, con el objeto de crear una legislación integral para la protección, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, acorde con el marco Constitucional Mexicano. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Gobernación:

• Por la que solicita los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos:

— Said Hawayek Figueroa, pueda prestar servicios en la Embajada de Australia en México.

— Enrique de la Fuente Quinzaños, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la Ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en el Estado de Veracruz.

— Diana Carolina Carmona Collado, Guillermo González Soto, Claudia Adriana Arias Valencia y Manlio Alberto Lozano Casillas, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Tijuana, Baja California, e informa que el ciudadano Mario Medina Sánchez, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

— Mariana Bush Rodríguez, José Roberto Guerrero Gallardo, Carla Rita Valverde Millones y José Arturo Garduño Teliz, puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá en México y en su Consulado en San Pedro Garza García, Nuevo León, e informa que los ciudadanos Olivia Catalán Calvillo, Benjamín Martínez Gutiérrez, Verónica María Fernández Rodríguez y Manuel Sánchez Merito, han dejado de prestar servicios en la Embajada de Canadá, en México, en su Consulado en Monterrey, Nuevo León, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.

Las solicitudes de permisos se turnan a la Comisión de Gobernación, para dictamen, por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, comuníquese a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Con la que remite el Informe Anual de Petróleos Mexicanos, correspondiente al ejercicio dos mil doce. Se turna a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• Tres, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

• Dos, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondientes al Primer Receso. Se remiten a los promoventes, para su conocimiento.

d) Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con la que envía remite Informe de Actividades y Resultados dos mil doce. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

e) De Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que informa que en el mes de febrero de dos mil trece, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

f) De los diputados:

• Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido de Acción Nacional, por la que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus actividades legislativas como diputada federal electa en la Tercera Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo que conceden licencia y llaman al suplente. Comuníquese.

• Juan Manuel Diez Francos, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas como diputado federal electo en Décimo Quinto Distrito Electoral, del estado de Veracruz, a partir del cinco de abril al treinta de julio de dos mil trece. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo que conceden licencia y llaman al suplente. Comuníquese.

La Presidencia informa a la Asamblea que las ciudadanas Milkdret Marina Verde Avendaño y Damaris Osorno Malpica, diputadas federales electas en el Tercero y Décimo Segundo Distritos Electorales de los estados de Quintana Roo y Veracruz, respectivamente, se encuentran a las puertas del Salón de Sesiones, designa una comisión para acompañarlas en el acto de rendir protesta de Ley, mismo que se lleva a cabo y entran en funciones.

g) De la Cámara de Senadores con las que remite Minutas con proyecto de decreto:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de Gobernación, y de Justicia, para dictamen.

• Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas; y por el que se reforma el primer párrafo del artículo ciento ochenta y dos-R del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Desde su curul el diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Partido Revolucionario Institucional, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria de la deportista y medallista olímpica Soraya Jiménez Mendivil. La Presidencia obsequia la petición.

h) De los Congresos de los estados de:

• Chihuahua, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción sexta Bis al artículo catorce de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Michoacán, con las que remite iniciativas con proyecto de decreto:

— Que reforma y adiciona los artículos sexto y diez de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

— Que adiciona un artículo nueve Bis a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

En el capítulo de Agenda Política, hacen comentarios relativos al Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México; Josefina Salinas Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Partido de Acción Nacional; y Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional.

A las once horas con cincuenta y dos minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y siete diputadas y diputados.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que reforma los artículos segundo, séptimo, veintitrés, y cincuenta y dos de la Ley General de Asentamientos Humanos.

b) De Economía:

• Que reforma el artículo mil setenta del Código de Comercio.

• Que adiciona un párrafo tercero al artículo mil ciento catorce Bis siete del Código de Comercio.

• Que adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.

c) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Que adiciona un artículo diecisiete Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

• Que reforma el artículo cuarenta y siete Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• Que reforma el artículo ciento treinta y dos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

d) De Transportes:

• Que reforma la fracción I del artículo diez y el segundo párrafo del artículo treinta y dos de la Ley de Aviación Civil.

• Que reforma los artículos seis, setenta y seis, se adiciona el artículo quince, y un artículo setenta y seis Bis a la Ley de Aviación Civil.

• Que reforma el último párrafo del artículo cincuenta y dos de la Ley de Aviación Civil.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se somete a discusión el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto que adiciona una fracción primera al artículo dos de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la diputada María Sanjuana Cerda Franco.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México; Rosendo Serrano Toledo, del Partido de la Revolución Democrática; y Jorge Herrera Delgado, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos treinta y cuatro votos a favor; uno en contra; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción primera al artículo dos de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo relativos a iniciativas y minutas con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Presupuesto y Cuenta Pública, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se integra un Fondo Especial de Recursos Económicos, por quince mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas acaecidas del dos a cuatro de febrero de dos mil once en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León.

b) De Seguridad Pública, que adiciona un Título Décimo Tercero, y los artículos ciento cincuenta y tres, ciento cincuenta y cuatro, ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y siete, y ciento cincuenta y ocho a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

c) De Relaciones Exteriores, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

d) De Economía, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

e) De Fomento Cooperativo y Economía Social, que reforma el artículo tres y adiciona la fracción tercera al artículo siete de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y adiciona un cuarto párrafo al artículo noventa y nueve de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

f) De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma la fracción trigésima novena del artículo tercero y la fracción tercera del artículo setenta y siete Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

g) Del Distrito Federal, que reforma y adiciona el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

h) De Transportes, que adiciona un artículo 49 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

i) De Deporte:

• Que reforma el artículo noventa y nueve de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

• Que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Por lo que se refiere a la Minuta, se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución a los diputados:

• María Guadalupe Velázquez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, remita al Senado de la República el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de estar en posibilidad de dar curso al procedimiento previsto en el artículo setenta y seis, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica se considera de urgente resolución. Intervienen para referirse al tema los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México; Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática; María Teresa Jiménez Esquivel, del Partido de Acción Nacional; y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que considere la integración de un legislador representante de la Comisión de Desarrollo Municipal de esta Soberanía, en el Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. En votación económica se considera de urgente resolución. Intervienen para referirse al tema los diputados: Cristina Olivera Barrios, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, quien presenta una propuesta de modificación; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; José Luis Esquivel Zalpa, del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Alejandro Flores Flores, del Partido de Acción Nacional; Blanca María Villaseñor Gudiño, del Partido Revolucionario Institucional; y Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a la propuesta de modificación presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza, y avalada por el proponente, la cual se acepta en votación económica, de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo con la modificación aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

• Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los Poderes del estado de Yucatán, para que respeten la autonomía y soberanía de su municipio de Tinum, y de sus autoridades constitucional y popularmente electas. En votación económica no se considera de urgente resolución. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal, para dictamen.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Luis Armando Córdova Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• J. Jesús Oviedo Herrera, del Partido Acción Nacional, que abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, que adiciona un Artículo Transitorio a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos ciento cincuenta y siete, ciento cincuenta y ocho, y ciento sesenta y tres del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veintitrés y veinticuatro de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decretos a los diputados:

• María Guadalupe Mondragón González, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos doce, sesenta y seis, setenta, y setenta y uno de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Jorge Terán Juárez, a nombre propio y de diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Karina Labastida Sotelo, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cuatrocientos dieciséis del Código Civil Federal y ochenta del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Equidad y Género, para opinión.

• Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo trece de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, a nombre propio y de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo quinto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

• José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos primero y tercero de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Economía, para dictamen.

• Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza, que reforma el artículo tercero de la Ley del Banco del México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo veintiuno de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Celia Isabel Gauna Ruíz de León, a nombre propio y del diputado Marco Antonio Barba Mariscal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política, relativos a cambios de integrantes y de Juntas Directivas en Comisiones Ordinarias y Comisiones Especiales. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquese.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

• Diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los tres Poderes Federales de la Unión, para que promuevan al interior de las Dependencias, el uso sustentable de energía, el agua y recursos naturales. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo del Banco de México, para que realicen un análisis sobre la viabilidad de establecer una política de crecimiento activa, que considere como una de sus acciones, la posibilidad de dar un uso productivo al excedente de Reservas Internacionales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que promueva los mecanismos necesarios a fin de garantizar la protección de los derechos de los consumidores ante los cobros injustificados con motivo de deficiencias en la prestación de servicios por parte de la empresa Comunicaciones NEXTEL de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que solicite al Gobierno de los Estados Unidos de América, destine un mayor número de elementos en todas las garitas de su frontera con México, a fin de agilizar los cruces fronterizos que han sido afectados como consecuencia de los recortes presupuestales aprobados, en el lado Americano. Se turna a la Comisión de Asunto Frontera Norte, para dictamen.

• Flor de María Pedraza Aguilera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, al Consejo de Salubridad General y a los Gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, para que intensifiquen las acciones para la prestación de servicios de atención médica integral de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, el parto y el puerperio. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral, a prescindir de la práctica de arrendar equipos informáticos con el presunto objeto de reducir costos y en consecuencia adquirir patrimonio propio. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al Territorio Sagrado Denominado Wirikuta, en San Luis Potosí. Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que designe al titular del Instituto Mexicano de la Juventud y para que la Secretaría de Desarrollo Social, realice la adecuación del Estatuto Orgánico de dicho Instituto, a fin de que dichas disposiciones sean acordes con sus atribuciones. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

• Flor de María Pedraza Aguilera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, intensifiquen las acciones de vigilancia y control, a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía, cumplan con las disposiciones legales aplicables. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos, para que indemnice al Grupo de Pescadores Unidos de Alta Mar del Golfo de Tehuantepec, del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, afectados por la contaminación y la restricción de las áreas de pesca. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Secretaría de Economía, para que implementen acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que intensifique los trabajos de construcción de la autopista Oaxaca- Tehuantepec y genere un reporte publico bimestral de los avances y metas para su conclusión. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

• Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la oficina de la Presidencia de la República, se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo dos mil trece-dos mil dieciocho, una política pública multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el miércoles tres de abril de dos mil trece, a las once horas y levanta la sesión a las quince horas con treinta y seis minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobada el acta.

RETIRO DE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio me permito enviar a usted un cordial saludo, al tiempo que le solicito sea tan amable de retirar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Sener, a la SRE y la SE, para que establezcan un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, presentado por una servidora que fue turnado a las Comisiones Unidas de Economía,-Agricultura y Sistemas de Riego, de la honorable Cámara de Diputados el pasado 5 de marzo del presente año.

Agradeciendo sus finas atenciones, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 26 de marzo de 2013.— Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Retírese de las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego. Actualícense los registros parlamentarios.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Planeación, con fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el sexto informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 27 de marzo de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en los artículos 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remito el documento que contiene:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014;

b) Los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el año 2014; crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

c) Los escenarios sobre el monto total de Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit, y

d) La enumeración de los programas prioritarios y sus montos

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

México, DF, a 27 de marzo de 2013.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario  diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de febrero de 2013

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de 2012

De igual forma, en términos de artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2013. Adicionalmente se incluye la información consolidad sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de febrero del año en curso

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

México, DF, a 22 de marzo de 2013.— Luis Videgaray Caso (rúbrica), Secretario de Hcienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PROGRAMAS DESTINADOS A FOMENTAR LA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA

El Secretario  diputado Xavier Azuara Zúñiga:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Se hace referencia a lo dispuesto en el artículo 43, párrafos 1 y 2, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, en el que se señala que los programas de la Secretaría de Educación Pública destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa de los niveles media superior establecerán mecanismos que permitan disminuir el rezago en el índice de cobertura en las entidades federativas que estén por debajo del promedio nacional. La Secretaría de Educación Pública deberá informar a la Cámara de Diputados sobre la estructura de los programas destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa a los que hace referencia el párrafo anterior, su distribución y metas de mediano y largo plazos, a más tardar el 31 de marzo.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7 de su reglamento y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, me permito informar lo siguiente:

I. Educación media superior

Para el caso del Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2013, su estructura estará considerada en los lineamientos que regirán su operación, que se publicarán en la página web de la subsecretaría antes del 31 de marzo de 2013, como establece el artículo 8 del PEF. Por lo que hace a la distribución de los recursos de este fondo y las metas de mediano y largo plazos, se harán del conocimiento una vez que se concluya el proceso de asignación de recursos previstos en los propios lineamientos.

II. Educación superior

Los fondos y programas son

1. Fondo de Aportaciones Múltiples.

2. Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior.

3. Programa de Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos.

Éstos se destinan a instituciones de educación superior y su distribución se realiza conforme a lo siguiente:

En el caso del FAM, los montos por subsistema consideran la construcción de nuevas instituciones de educación superior y nuevos campus, construcción en instituciones de educación superior ya existentes, y la habilitación y el mantenimiento de espacios físicos; por lo que los montos registrados no son exclusivamente para atender la ampliación de la oferta educativa metas de mediano y largo plazos:

1. Ampliar anualmente la matrícula en 1.5 por ciento de cobertura en educación superior hasta alcanzar al menos 40 por ciento al concluir la actual administración pública federal.

2. Alcanzar al menos 5 por ciento de crecimiento anual de la matrícula en cada uno de los diferentes subsistemas de educación superior pública.

3. Crear anualmente por lo menos 20 nuevas instituciones de educación superior, o nuevos campus, extensiones o unidades académicas en instituciones públicas ya existentes.

4. Crear 120 nuevos programas educativos por año en instituciones de educación superior públicas existentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de marzo de 2013.— Rodolfo Demetrio Alor Muñoz (rúbrica), director general de Presupuesto y Recursos Financieros.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN ALIMENTOS Y MEDICINAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI, 36 fracciones V y XX de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al Congreso de la Unión a no aprobar un aumento al Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas que se pretende impulsar como parte de la reforma en materia hacendaria. Debido a que esto significaría acrecentar la endeble situación económica de todos los mexicanos, pero sobre todo vulneraría particularmente a las personas en condición de pobreza.

Segundo.La Asamblea Legislativa del Distrito Federal condena toda propuesta o intento que provenga del Poder Ejecutivo o Legislativo federales, de cualquier partido o expresión política, o de cualquier sector o grupo social de aumentar el Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas como parte de la reforma en materia hacendaria. Las y los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nos encontramos comprometidos con la equidad distributiva, con la justicia social y con la recaudación eficiente pero diferenciada, en la defensa de las personas más vulnerables.

Sírvase encontrar copia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 20 de marzo de 2013.— Diputado José Fernando Mercado Guaida (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Los diputados Víctor Hugo Lobo Román, Carmen Antuna Cruz, Rocío Sánchez Pérez, Alejandro Rafael Piña Medina, Alberto Martínez Urincho, Manuel Alejandro Robles Gómez y Diego Raúl Martínez García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11, 17 fracción VI, 18 fracción VII de la Ley Orgánica; 93, 98, y 133del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la consideración del pleno de este honorable órgano de gobierno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión a noaprobar el aumento alImpuesto al Valor Agregado que se pretende impulsar como parte de la reforma en materia hacendaría, con carácter de urgente y obvia resolucióncon base en las siguientes:

Consideraciones

Primera.Los años recientes se han caracterizado por el nulo crecimiento y desarrollo, se han profundizado los desequilibrios económicos, se ha polarizado la distribución de los recursos, en donde el desarrollo social y equitativo ha sido casi nulo. En general podemos afirmar que prevalecen graves problemas y rezagos en materia de educación, salud, y combate a la pobreza, una seguridad social que encarece el trabajo formal y en donde los subsidios generalizados son altamente inequitativos.

Los últimos doce años se han caracterizado por la implementación de la política neoliberal en México, donde el desmantelamiento del estado a favor del mercado ha debilitado sustancialmente la seguridad social y la planta productiva, generando un total estancamiento económico e incapacidad de creación de los empleos formales que requiere la sociedad. Desde el año 2000, se perdieron 15 mil industrias manufactureras y un millón de empleos en las manufacturas. Este vacío productivo, propio de la política globalizadora con base en inequitativos tratados internacionales de libre comercio y en particular del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), derivó en una brutal sustitución de los agentes y productos económicos nacionales, por extranjeros.

Ante la dependencia agroalimentaria, el aumento de los precios internacionales de los alimentos es una causa directa para que durante los últimos cuatro años, se hayan sumado seis millones de personas a la condición de pobreza extrema. El gobierno de México no es responsable del aumento de los precios de los alimentos; pero sí es responsable del altísimo nivel de dependencia agroalimentaria, que fue resultado de las políticas de corte neoliberal aplicadas.

Durante el pasado sexenio de Felipe Calderón el salario real de los trabajadores mexicanos registró una pérdida de poder adquisitivo de 42 por ciento, revela un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Lo anterior es resultado del bajo crecimiento que han tenido los salarios nominales en el país frente al comportamiento de los precios.

El estudio refiere que del primero de diciembre de 2006 a mediados de febrero de 2012 el salario mínimo nominal diario en México pasó de 48.5 pesos a 62.3, mientras que el precio de la canasta alimentaria recomendada (CAR), definida como la canasta de alimentos recomendable ponderada para el consumo diario de una familia mexicana, pasó de 80.8 a 197.9 pesos.

En el periodo 2008-2010 la población en pobreza pasó de 44.5 por ciento a 46.2 por ciento, lo que representa un incremento de 48.8 a 52.0 millones de personas. El porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7 por ciento (23.8 millones de personas) a 24.9 por ciento (28.0 millones de personas) entre 2008 y 2010.

A nivel nacional, el porcentaje de población que dispone de ingresos inferiores de la línea de bienestar aumentó de 49.0 por ciento a 52.0 por ciento entre 2008 y 2010, mientras que el porcentaje con un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo pasó de 16.7 por ciento a 19.4 por ciento.

El porcentaje de personas en pobreza extrema pasó de 10.6 por ciento a 10.4 por ciento, es decir disminuyó el porcentaje pero en realidad existió un aumento de 38 mil personas en tal condición. Es decir, 11.7 millones de personas en dicho periodo viven prácticamente en la miseria. Lo anterior, deriva de la información generada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Es de llamar la atención, que en las zonas de atención prioritaria, donde se han canalizado recursos y programas, se registra un aumento en la pobreza de 75.3 por ciento a 77.8 por ciento. En las zonas rurales, aumentó la pobreza de 62.4 por ciento a 64.9 por ciento Entre la población que habla alguna lengua indígena, pasó de 75.9 por ciento a 79.3 por ciento.

No todo puede ser atribuible a la crisis económica. Se ha documentado la dispersión de los programas sociales y en ocasiones una orientación errática.

Pero las razones de fondo, se encuentran en una política económica que no genera empleos, donde proliferan la informalidad y los salarios precarios. La tasa de desempleo se ha duplicado en los últimos cuatro años, al pasar de 3.2 a 5.4 por ciento.

Las alzas constantes en alimentos, tarifas y servicios, superan con mucho los incrementos salariales. Solamente en el rubro de alimentos, el gasto de las familias ha aumentado de 33 a 54 por ciento sobre todo en las familias con ingresos de entre uno y tres salarios mínimos.

El Coneval ha señalado que 53.8 por ciento de los niños mexicanos sufren pobreza, es decir, 21.4 millones. No obstante, 83.5 por ciento de los niños mexicanos, equivalente a cerca de 33.3 millones, viven en situación de pobreza o son vulnerables por padecer algún tipo de carencia.

Organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han reconocido que no se puede cortar la transmisión generacional de la pobreza mientras subsistan estas circunstancias.

La problemática del sector de la infancia, el más vulnerable de todos, es hoy más visible, entre otras razones por las mediciones de Coneval.

No obstante, subsiste una visión asistencialista, que no corresponde con los compromisos en materia de derechos humanos de la niñez que el Estado mexicano ha adquirido a nivel internacional.

Pese a que Chiapas, Oaxaca y Veracruz tienen municipios con un porcentaje superior a 95 por ciento de su población con graves carencias, entidades del centro del país, y en el mismo Distrito Federal aún persiste el lacerante problema de la pobreza; en la medición de la pobreza municipal 2010, la delegación de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, contó con 727 mil 128 personas en pobreza.

El Coneval destacó que 93.4 por ciento del total de los municipios (2 mil 294) registraban más de 50 por ciento de su población sin acceso a la seguridad social. En 48 de cada cien municipios, la mayoría de la población enfrenta carencias de servicios a la vivienda, como agua, electricidad, drenaje, teléfono y gas, entre otros. Además, los habitantes de 420 municipios no tienen acceso a servicios de salud, y estas carencias se concentran en estados como Oaxaca y Chiapas, principalmente. En cuanto a alimentación y educación, el Coneval informó que en cuatro de cada cien municipios los habitantes no pueden tener una alimentación que les permita desarrollarse de manera sana. Finalmente, 3.5 por ciento de los municipios reporta rezago educativo.

Segunda.EIImpuesto al Valor Agregado (IVA) es una contribución que representa más de 36 por ciento de recaudación para el Estado mexicano, a fin de solventar los gastos públicos. Su fundamento constitucional deriva del artículo 31 en su fracción cuarta, y mientras que su marco legal se sustenta en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento correspondientes, además de las resoluciones misceláneas que se han emitido en relación a este gravamen.

Su objetivo es gravar el consumo de bienes y servicios en territorio nacional, y no los ingresos de los contribuyentes de forma directa; por ello lo clasificamos como un impuesto indirecto, dado que la carga económica de este gravamen se traslada al consumidor, pues como su nombre lo indica, el IVA grava el valor que se le agrega en cada etapa de la comercialización de los bienes y servicios.

Como recordamos, en el año 2010 entraron en vigor modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), y dentro de ellas destacó el aumento en la tasa de ese gravamen del 15 por ciento al 16 por ciento.

Quedando de la siguiente forma el artículo primero de la forma siguiente: “El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa de 16 por ciento. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores”.

Al respecto se discutió de manera encarnizada en la Cámara alta que fue en quien recayó la última vuelta de la población, respecto a si esta modificación cumplía con el principio de legalidad como uno de los garantes del estado de derecho. En una práctica legislativa totalmente desapegada del debido proceso. Esta reforma en la LIVA fue promovida sin cumplir con los requisitos procedimentales y legislativos correspondientes, (al margen del proceso parlamentario que mandata nuestra Carta Magna) en este caso, sin haberse presentado una iniciativa por algún diputado o senador, menos por el Ejecutivo federal, incorporándose por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados cambios a ese ordenamiento, en una clara contradicción con nuestra Constitución. Sin embargo dicha propuesta fue aprobada por el Congreso de la Unión y ello ha derivado en la profundización de la pobreza en los grupos más sensibles y vulnerables.

Tercera.Aplicarel IVA en alimentos, como han sugerido algunos sectores, incluido el empresarial, agravaría la situación de hambre y pobreza de más de 20 millones de mexicanos que tienen carencias de seguridad alimentaria y que no cuentan con los ingresos suficientes para comprar la canasta básica, advirtieron investigadores, académicos, y el Consejo Nacional Agropecuario.

La escalada y volatilidad de precios a quienes más perjudica es a las familias más pobres del país, pues mientras un mexicano promedio gasta del total de su gasto en alimentos 33 por ciento, uno que está en 10 por ciento de las familias más pobres gasta arriba de 60 por ciento, es decir este aumento en el precio de los alimentos no sólo afecta la inflación en general, sino de manera más contundente a las familias de escasos recursos.

Estableció, Benjamín Grayeb Ruiz, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), informó que la medida de aumentar el IVA en alimentos y medicinas que ha sido propuesta como parte de la reforma hacendaría que será presentada en el segundo semestre, es una amenaza para el sector agroalimentario, pues generaría grandes impactos en la producción y demanda de múltiples productos, que se encarecerían, con el consecuente efecto en la inflación.

José Luis Calva Téllez, catedrático del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), planteó que se requiere una reforma basada en impuestos progresivos sobre el ingreso, pues sólo gravando dividendos se podría obtener más del doble de lo que se lograría con IVA a medicinas y alimentos.

La diferencia es que lo pagaría un segmento muy pequeño de la población, que es conformado por los más ricos del país, apuntó el coautor del libro Reforma fiscal integral.

Se pueden elevar los ingresos fiscales en más de 10 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) sin IVA a medicinas y alimentos, pero se requieren tasas de impuestos diferenciadas, de tal manera que aquellos que ganan más también paguen más, pues es inconcebible que “Carlos Slim pague la misma tasa de ISR que una persona de la clase media porque no hay una progresividad en las tasas”.

Cuarta. En días recientes se ha levantado una polémica respecto a la inclusión del gravamen del Impuesto al Valor Agregado del 16 por ciento en alimentos y medicinas como parte del paquete de reforma fiscal que impulsara el gobierno federal.

Cámaras empresariales han manifestado que consideran como una posibilidad el gravamen del 16 por ciento en alimentos y medicinas.

En este contexto el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Jaime Cantú Sánchez, dio a conocer que este tema es revisado en Concanaco con detenimiento y seriedad con el fin de incorporar propuestas al respecto.

Señaló que son 254 las cámaras adherías a Concanaco las que analizan en tema, no obstante las propuestas hechas tienen dosvertientes de beneficio y perjuicio para los ciudadanos.

Por su parte el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a nivel local, Eduardo Salvador Kasis Chevaile, indicó que el órgano empresarial que representa se encuentra a favor de la propuesta, no obstante deben analizarse aspectos importantes para que el añadir este impuesto a productos de primera necesidad no se convierta en una afectación a las clases desprotegidas. Reiteró que la propuesta de Coparmex es impulsar que este impuesto oscile entre el dos y el tres por ciento, no obstante lo que el organismo considera pertinente es que se grave el 5 por ciento a estos productos, ya que esto lograría recaudar poco más de 59 mil millones de pesos de los 600 mil millones de pesos que se requieren para cumplir algunos puntos del Pacto por México que requieren presupuesto extraordinario. Indicó que esta propuesta será presentada en días próximos de manera formal por Coparmex en donde también se incluye que ciertos productos gocen de privilegios dejándolos fuera del impuesto.

En tal sentido y conociendo la lacerante situación económica del más de 50 por ciento de la población mexicana y considerando que en la misma Ciudad de México persiste el problema de la pobreza alimentaría y de capacidades, es imperante que las y los legisladores del Distrito Federal manifestemos nuestra oposición a cualquier intento de gravar los alimentos y las medicinas con el Impuesto al Valor Agregado del 16 por ciento.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.La Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al Congreso de la Unión a mantener la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas que se pretende impulsar como parte de la reforma en materia hacendaria. Debido a que esto significaría acrecentar la endeble situación económica de todos los mexicanos, pero sobre todo vulneraría particularmente a las personas en condición de pobreza.

Segundo.La Asamblea Legislativa del Distrito Federal condena toda propuesta o intento que provenga del Poder Ejecutivo o Legislativo Federales, de cualquier partido o expresión política, o de cualquier sector o grupo social de establecer el Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas como parte de la reforma en materia hacendaría. Las y los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nos encontramos comprometidos con la equidad distributiva, con la justicia social, con la recaudación eficiente y diferenciada, pero siempre en la defensa de los más vulnerables.

Notas:

1. Análisis académico del Gobierno de Felipe Calderón, Sexenio en perspectiva, http://www.ibero.mx/prensa/archivos/sexenio_en_perspectiva_2012.pdf

2. Canasta. ponderada fue elaborada en conjunto entre el Centro de Análisis Multidisciplinario y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de la Secretaría de Salud, incluye un conjunto de 35 alimentos cuyos nutrientes son los mínimos necesarios para la alimentación de una familia conformada por cinco personas (dos adultos. un joven y dos niños).

Dado en el salón de sesiones, a los 20 días del mes de marzo de 2013.— Diputados: Víctor Hugo Lobo Román (rúbrica), Carmen Antuna Cruz (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Alejandro Rafael Piña Medina (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica), Diego Raúl Martínez García (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

REPORTE ANUAL DE LA COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República del Congreso de la Unión.— Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por medio del presente me permito remitir al Congreso de la Unión, por el digno conducto de ese órgano legislativo, y para los fines procedentes, el reporte anual del cumplimiento de actividades y metas programadas relativo a 2012, elaborado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, en cumplimiento de los artículos 254 Quáter y Quinto transitorios de la Ley Federal de Derechos.

Antecedentes

La Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía que asumió el papel de regulador y supervisor de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. La ley otorgó a la comisión responsabilidades de muy amplio alcance en términos técnicos, económicos y de recursos humanos, lo cual ha requerido el desarrollo de una institución, de manera gradual.

Para iniciar sus actividades a partir de su instalación –a mediados de 2009– contó con una plantilla de 33 plazas eventuales que fue incrementándose hasta 48, al tercer trimestre del año 2011. El presupuesto anual asignado en 2010 y 2011 se ubicó en el orden promedio de 71 millones de pesos.

A finales del tercer trimestre de 2011 se autorizaron a la comisión 13 plazas eventuales adicionales, por lo que a partir de esa fecha la estructura organizacional ha estado formada por un total de 61 servidores públicos. Este número todavía dista del necesario para cubrir todas las atribuciones previstas por la Ley. Destaca el caso de la falta de creación de las Direcciones Generales de Supervisión, de Normatividad y Regulación y de Exploración, que son áreas sustantivas que establece el Reglamento Interno del órgano desconcentrado y que tendrán prioridad para ser ocupadas con las plazas que se autoricen en el futuro.

En 2010, el Congreso de la Unión consideró conveniente, en virtud de los alcances de la Ley de la CNH, que la industria regulada fuera la fuente específica de financiamiento de las actividades de la Comisión, como sucede en otras actividades económicas y tal como estaba previsto en el artículo 15 de la Ley de la Comisión. Fue así que el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos (decreto), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2010, incluyó la adición del artículo 254 Quáter, el cual dispone:

Artículo 254 Quáter. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos, aplicando la tasa del 0.03 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. El valor de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta Ley.

A cuenta de este derecho se harán pagos mensuales provisionales, dentro de los siete días hábiles después de terminado el mes de calendario correspondiente.

Se deberá presentar una declaración anual por este derecho, a más tardar, el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales efectivamente pagados del ejercicio que corresponda.

Los ingresos que se generen por concepto del derecho a que se refiere este artículo se destinarán a cubrir el presupuesto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si al finalizar el ejercicio presupuestal, existiera saldo proveniente de dichos ingresos, el Órgano de Gobierno de la Comisión instruirá su transferencia a una reserva especial, la que será destinada a la cobertura de gastos correspondientes a posteriores ejercicios.

Con la aplicación de estos derechos quedarán cubiertos los pagos por los servicios de supervisión y regulación a que se refiere el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El último día hábil del mes marzo de cada año la Comisión Nacional de Hidrocarburos entregará a las Cámaras del Congreso de la Unión un reporte anual del cumplimiento de las actividades y metas programadas.

Con base en lo anterior, se estableció el Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos (derecho), cuyos ingresos serían destinados a cubrir el presupuesto de la Comisión, a partir del ejercicio fiscal de 2012.

Asimismo, el mencionado artículo dispuso que este órgano desconcentrado debe presentar un reporte anual del cumplimiento de actividades y metas programadas con el presupuesto conferido a partir del derecho.

Presupuesto 2012

• En atención a la modificación antes referida, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2012 previó un monto de 301 millones de pesos en el rubro de ingresos ordinarios estimados por concepto del derecho en comento, los cuales tendrían que destinarse íntegramente al presupuesto de la comisión.

Debido a que 2012 fue el año de inicio de este esquema, el primer pago a cargo de Pemex Exploración y Producción (PEP) tendría lugar hasta mediados de febrero, lo cual requirió que se atendiera el problema de cómo cubrir los primeros meses de operación de la comisión. El tema se resolvió previendo un recurso por la cantidad de 96.8 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012. Estos recursos fiscales serían considerados como un anticipo y serían “pagados” a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a lo largo del año y conforme PEP enterara sus pagos. De dicho presupuesto, 94 millones 974 mil pesos fueron etiquetados en el capítulo de gasto de servicios personales y 2 millones de pesos para cubrir el gasto de operación del órgano desconcentrado, correspondiente al primer bimestre del año.

En respuesta a las consultas de la comisión sobre los mecanismos de programación y presupuesto de los ingresos y gastos de la comisión, en enero de 2012, la coordinadora sectorial remitió el dictamen de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se indicó que, desde el punto de vista de ,los egresos, el ejecutor del gasto (la comisión) se debería sujetar a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 109 a 113 del Reglamentó de dicha Ley.

En términos generales, de acuerdo con el texto de los artículos mencionados esto se traduce en la obligación de elaborar solicitudes de ampliaciones presupuestales mensuales, por el monto de los depósitos por concepto de los Derechos ordinarios que Pemex-Exploración y Producción realice en el mes anterior, y que por lo tanto, se programe mes a mes el ejercicio de dichos recursos, a nivel partida de gasto.

Asimismo, se instruyó a la comisión que debía reintegrar a la SHCP los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos, ya que como lo señala la Ley de Derechos, el presupuesto del órgano desconcentrado se debe financiar con los derechos de regulación y supervisión.

• En el transcurso del año 2012, Pemex Exploración y Producción (PEP) efectuó pagos por un importe total de 366 millones 282 mil pesos, como se detalla a continuación; lo anterior, con base en los ingresos ordinarios contemplados en la Ley de Ingresos y los extraordinarios que depositó por la cantidad de 65.3 millones de pesos por el mismo derecho.

• De esos recursos y como resultado de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Energía (Sener) y la SHCP, la comisión pagó los 96.8 millones de pesos previstos en el PEF de 2012 y accedió a un total de 90.5 millones de pesos derivado de los derechos. De dicho monto se ejerció el 71.8 por ciento en el capítulo de gasto de servicios personales y el restante 28.5 por ciento en gasto de operación. Este hecho indica que, en el primer año de operación de este nuevo derecho, le fue autorizado a la CNH el ejercicio de recursos equivalentes al 24.71 por ciento del monto total enterado por Pemex.

A continuación se presenta la asignación de recursos por capítulo de gasto, en relación con el presupuesto original contemplado en el PEF de 2012, así como el efectivamente ejercido. Cabe señalar que la comisión, como todas las demás entidades y dependencias de la administración pública federal, estuvo sujeta a las reducciones en su gasto ordenadas por los “Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público”. Similarmente, para el año 2013 se tiene la obligación de acatar el “Decreto presidencial que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal”.

• Si bien a la fecha no se ha podido regularizar el procedimiento específico aplicable a la comisión, es de destacar que actualmente se está contando con el apoyo de la Oficialía Mayor de la Coordinadora Sectorial para que, con base en el programa de trabajo para 2013 de la comisión, y sin perder de vista el proceso gradual necesario para que la CNH alcance su pleno desarrollo, se puedan consensuar los procedimientos para acceder de manera programada a los recursos provenientes de los derechos.

Actividades y resultados institucionales 2012

En cumplimiento a su marco legal de actuación y sujeto a los recursos presupuesta les y humanos autorizados a la Comisión, a continuación se presentan los resultados obtenidos en el año 2012.

I. Regulación y supervisión de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

a. Seguridad industrial en aguas profundas

• Como parte de la instrumentación de las disposiciones administrativas en materia de seguridad industrial, emitidas por la Comisión en el año 2010, este órgano desconcentrado aprobó una regulación complementaria en la materia, por la que se evalúa la documentación de Pemex relacionada con la perforación de nuevos pozos en aguas profundas.

Dicha regulación, emitida mediante la resolución CNH.03.006/12 de fecha 15 de marzo de 2012, regula los casos y criterios por los que la comisión determina necesario llevar a cabo reuniones técnicas o talleres para que la Comisión pueda evaluar forma previa a su perforación, las capacidades técnicas, operativas y de contención, control y remediación de derrames en el caso particular de cada uno de los pozos que Pemex planea perforar.

Con base en la revisión de la información remitida por Pemex, la comisión puede supervisar el cumplimiento del organismo descentralizado a la disposiciones administrativas en materia de seguridad industrial en aguas profundas, así como emitir una opinión a la Sener para efectos del permiso que Pemex requiere.

Al respecto, la comisión revisó la información correspondiente a los avisos de perforación de los pozos Hux- 1, Nen-1, Talipau-1, Puskon-1, Kunah-1, Caxa-1, Trión-1, Supremus -1, Kunah-DL., Maximino, PEP-1 y Ahawbil-1.

De dichos pozos, la comisión realizó taller sobre los pozos Trión-1, Supremus-1, Maximino, PEP-1 y Ahawbil-1 ya que se cumplían los criterios señalados en la resolución CNH.03.006/12.

• El 11 de junio del 2012, el órgano de gobierno de la comisión aprobó la resolución CNH.E.08.002/12 por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite su evaluación del cumplimiento de las disposiciones administrativas en materia de seguridad industrial en aguas profundas por parte de Pemex.

Mediante dicha resolución la comisión emitió observaciones sobre los cumplimientos y áreas de oportunidad y de mejora detectadas por este órgano desconcentrado en relación con el estudio general de seguridad y el reporte anual de aguas profundas,presentados por Pemex en abril de ese año.

Asimismo, estableció acciones específicas que el organismo debía realizar para atender las áreas de oportunidad.

• Cabe mencionar que la supervisión del cumplimiento a la normativa emitida por parte de la comisión en este tema es de gabinete, en virtud de que la Comisión no cuenta con inspectores para llevar a cabo una supervisión in situ.

b. Medición

• Se inició el seguimiento a la instrumentación de los Lineamientos técnicos de medición de hidrocarburos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2011. Al respecto, el 30 de agosto de 2012 y mediante resolución CNH.E.11.002/12, la comisión emitió la Evaluación al Diagnóstico Inicial del estado que guarda la medición y al Plan Estratégico de Medición 2012 presentado por Pemex.

• Adicionalmente, el mes de diciembre de 2012, la Comisión inició un procedimiento administrativo para la evaluación del cumplimiento de los lineamientos antes referidos, el cual está encaminado a determinar, documentalmente, el nivel de cumplimiento de la normativa emitida por la Comisión.

• Cabe mencionar que el procedimiento en curso es una revisión de gabinete, en virtud de que la Comisión no cuenta con inspectores para llevar a cabo una supervisión in situde las instalaciones de medición de hidrocarburos.

c. Quema y venteo de gas

Como parte de la supervisión del cumplimiento de los Lineamientos técnicos para evitar la quema y venteo de gas, emitidos por esta comisión, se revisaron y publicaron en la página web de la comisión los manifiestos de cada uno de los activos integrales de Pemex con producción de gas asociado.

Dichos manifiestos contienen, entre otros elementos, planes de trabajo, planes de inversión y programas de operación y mantenimiento a las instalaciones dedicadas a la destrucción controlada de gas.

Durante el año 2012 y con base en los informes trimestrales remitidos por Pemex, esta comisión dio seguimiento y verificó que ese organismo dio cumplimiento a la normativa emitida en el año 2009.

d. Reservas

En cumplimiento a la observación que emitió la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública del año 2011, la comisión modificó los lineamientos que regulan el procedimiento de dictamen de las reservas de hidrocarburos.

Con base en dichas modificaciones, a partir del año 2013, la comisión revisa y dictamina, los productos aceite y gas, por separado, los reportes de evaluación y cuantificación de las reservas de hidrocarburos elaborados por Pemex y las certificaciones de las mismas realizadas por terceros independientes.

e. Desarrollo de bases de datos de información técnica

En el año 2012 la Comisión inició la emisión de instrumentos regulatorios denominados instructivos,con base en la atribución que le confiere su ley en el artículo 4, fracciones XI y XII.

Lo anterior, a efecto de ordenar la forma y términos por los cuales Pemex entrega información técnica a la comisión. Los primeros instructivos que la Comisión emitió, durante los meses de febrero y marzo se refieren a oportunidades exploratorias, seguridad industrial en aguas profundas y cartera de proyectos.

II. Evaluación de la exploración y explotación de hidrocarburos

a. Dictamen de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos

En el ejercicio 2012 se dictaminaron 11 proyectos de explotación, 12 proyectos de exploración y 2 proyectos integrales, los cuales se encuentran publicados en la página de Internet de la comisión.

Cabe mencionar que dichos dictámenes y las opiniones a las respectivas asignaciones petroleras, son remitidos a la Sener a efecto que las tome en consideración al momento de emitir, modificar o en su caso, cancelar títulos de asignación, sin embargo, no tienen carácter vinculante.

b. Dictamen de reservas de hidrocarburos

Cada año, la comisión debe aprobar los reportes de evaluación y cuantificación de las reservas de hidrocarburos elaborados por Pemex y dar el visto bueno a los reportes finales de las certificaciones de las mismas realizados por terceros independientes. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4, fracción X de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y 10 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y con base en los lineamientos técnicos en la materia.

En el caso del visto bueno a los reportes finales de los certificadores, la comisión documenta las características profesionales y de independencia que deberán guardar para certificar las reservas. En lo que respecta a los reportes elaborados por Pemex se revisa la exhaustividad de los trabajos realizados en su elaboración, la coherencia entre sus evaluaciones y las de los terceros independientes y posteriormente se identifican y cuantifican las diferencias entre éstas.

En el año 2012, mediante la resolución CNH.E.01.001/ 12 del 24 de febrero de 2012, la Comisión resolvió aprobar los reportes de reservas 1 P, 2P y 3P de hidrocarburos al 1 de enero de 2012 presentados por Pemex, y otorgar el visto bueno a los reportes finales de las certificaciones correspondientes elaborados por los terceros independientes.

c. Opiniones técnicas de las solicitudes de permisos de exploración superficial.

En el año 2012, la Sener remitió a la Comisión dos solicitudes de permiso de exploración superficial sobre el estudio sísmico Sayab 3D. Al respecto, la Comisión realizó una evaluación sobre las áreas con posibilidades petrolíferas de exploración superficial, su valor técnico y económico, riesgo geológico y trabajos necesarios para la evaluación de su potencial, conforme a la información que presentó Pemex.

Derivado de dicha evaluación, la Comisión remitió su opinión técnica a la Sener para que fuera considerada al momento de otorgar o negar el permiso antes señalado.

III. Estudios y análisis en apoyo a la planeación de la exploración y explotación de hidrocarburos

a. Elementos técnicos en apoyo al diseño y definición de la política de hidrocarburos y la política de restitución de reservas.

• Se aprobó el documento de trabajo DT-3 denominado “Clasificación de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, estadísticas de rentabilidad e incertidumbre”. Dicho estudio, publicado en la página web de la Comisión, tiene como propósito realizar una jerarquización de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en función de sus estadísticas de rentabilidad esperada, incertidumbre y volumetría.

• Se elaboró el documento de trabajo DT-4 denominado “El futuro de la producción de aceite en México, recuperación avanzada y mejorada IOR-EOR” cuyo objetivo es presentar el análisis del potencial que representan los métodos de recuperación mejorada en la producción nacional de hidrocarburos. Dicho estudio, aprobado por el órgano de gobierno, se encuentra publicado en la página web de la comisión.

• A solicitud de la Sener, la Comisión emite diversas opiniones para apoyar y aportar elementos técnicos para la determinación de la plataforma de producción y la tasa de restitución de reservas del país.

b. Estadísticas de eficiencia operativa

La Comisión Nacional de Hidrocarburos publica en su página de internet una serie de indicadores de hidrocarburos que dan seguimiento puntual a las principales variables en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, entre los que resaltan:

• Indicadores de producción de gas natural

• Indicadores operativos del campo Akal del Activo Cantarell

• Indicadores operativos de los campos KU, Maloob y Zaap.

• Indicadores de producción y distribución.

• Indicadores de la actividad exploratoria Series históricas

• Derrames y fugas

• Indicadores económicos

c. Registros de información geológica y petrolera

La comisión mantiene la publicación del Registro de Información Geológica, y del Registro Petrolero, instrumentos mediante los cuales este órgano desconcentrado recaba y actualiza información y estadística geológica y geofísica, así como transparenta los resultados de su gestión, publicando información sobre sus resoluciones y acuerdos; dictámenes y disposiciones normativas; contratos incentivados firmados por Pemex; decretos de ocupación provisional y de ocupación definitiva, asignaciones de áreas y decretos presidenciales.

Programa de trabajo 2013

• Como ya se ha mencionado, en virtud de la falta de recursos humanos y financieros, la Comisión no ha tenido la capacidad de instrumentar acciones de inspección en temas como seguridad industrial en aguas profundas y medición de la producción de hidrocarburos. Lo anterior, como parte de la supervisión del cumplimiento de la normativa emitida en dichas materias.

Asimismo, la comisión no ha finalizado los proyectos de regulación en materias tales como shale gas,seguridad industrial en aguas someras y tierra y de recursos prospectivos, entre otros.

En este sentido, la comisión ha planteado en su plan de trabajo 2013 acciones pendientes tanto en materia de supervisión como de regulación. Sin embargo, es de resaltar que en primera instancia debe integrar las Direcciones Generales de Supervisión y de Regulación como lo contempla su Reglamento Interno.

Es por ello que en relación con las actividades programadas 2013, es necesario puntualizar que su cumplimiento depende de que este órgano desconcentrado reciba con suficiencia y oportunidad los recursos que le corresponden por los ingresos provenientes del derecho establecido en el artículo 254 Quáter.

Lo anterior permitirá no sólo que la comisión esté en posibilidad de realizar las contrataciones para integrar las direcciones generales que contempla el Reglamento Interno, sino también procurar la capacitación y profesionalización del personal y realizar las contrataciones de servicios especializados de asesoría para complementar las actividades.

• Tomando en cuenta el objeto de la comisión y sus atribuciones, se identifican las principales actividades estratégicas:

I. Emisión de Regulación aplicable a:

1. Seguridad Industrial. Integridad de pozos

2 . ShaleGas.- Seguridad industrial y sustentabilidad medio ambiente

3. Quema y venteo de gas. Segunda versión de disposiciones técnicas

4. Determinación de recursos prospectivos.- Establecer estándar internacional

5. Recuperación mejorada de petróleo

6. Actualización de lineamientos de diseño de proyectos y su dictamen.

7. Lineamientos de inspección.

II. Acciones de inspección y supervisión:

1. Medición de la producción de hidrocarburos

2. Seguridad industrial en aguas profundas y someras

3. Quema y venteo de gas

4. Evaluación de riesgos de la infraestructura de transporte de gas y aceite, relacionada directamente con los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos

5. Otra normativa emitida por la comisión

III. Evaluación o dictamen de proyectos

1. Proyectos nuevos o con modificación sustantiva exploratorios

2. Proyectos nuevos o con modificación sustantivas explotación

3. Chicontepec

IV.Aprobación de reportes de reservas y visto bueno a certificaciones de los terceros independientes.

Dicha aprobación se realizará con base en los Lineamientos modificados por la Comisión durante el año 2012, para los productos aceite y gas por separado y en dos períodos: en marzo para las reservas 1P de hidrocarburos y en junio para las 2P y 3P.

V. Estudios técnicos para aportar elementos técnicos para la determinación de la política de hidrocarburos y de restitución de reservas.

VI. Emisión del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera de la CNH, conforme lo establece el Reglamento Interno de la Comisión.

VII. Sistemas de información.

Creación de las bases de datos de la Comisión, necesarias para facilitar los diversos análisis, evaluaciones, estudios y dictámenes que emita, integrando y sistematizando la información y estadística del sector.

Sin otro particular, les reitero mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Juan Carlos Zapeda Molina (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

INFORME ANUAL DE PEMEX DE LOS COSTOS Y GASTOS DE EXPLORACION, DESARROLLO Y EXTRACCION 2012

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Petróleos Mexicanos.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Asunto: Envío información contenida en los artículos 254 y 257 Bis de la Ley Federal de Derechos.

Contadora Pública María Magdalena Robles Barcelata, en representación de Petróleos Mexicanos y Pemex-Exploración y Producción, personalidad que ostento en mi carácter de gerente fiscal, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo que:

Con fundamento en lo establecido por el artículo 3o. de su Ley, publicada el 28 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, creado por Decreto del 7 de junio de 1938, de igual forma, publicado el 20 de junio de ese mismo año con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene dentro de su objeto ejercer la conducción central y la dirección estratégica de la industria petrolera, demás hidrocarburos y la petroquímica básica, conforme a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Como es de su conocimiento, derivado de las diversas modificaciones al Capítulo XII del Título II de la Ley Federal de Derechos aprobadas por esa Soberanía en el último quinquenio, entre ellas, el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos., publicado el 27 de noviembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron diversas obligaciones formales a cargo de Pemex-Exploración y Producción, relativas al envío de información a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, específica mente nos referimos a las contenidas en los artículos 254 y 257 Bis del ordenamiento jurídico en comento, cuya parte conducente se transcribe a continuación:

“ Artículo 254, Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 71.5% a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración anual que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año correspondiente al ejercicio de que se trate.

...

Pemex Exploración y Producción establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración y explotación por cada campo de extracción de petróleo crudo y gas natural no asociado, así como de los tipos específicos de petróleo que se obtengan, y deberá enviar a la Cámara de Diputados la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a disposición de ese órgano legislativo los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo por el órgano fiscalizador de esa Soberanía, las auditorías que se consideren pertinentes.

Artículo 257 Bis. ...

Pemex Exploración y Producción establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración, desarrollo y extracción por cada uno de los campos a que se refieren las fracciones anteriores, así como de los tipos específicos de petróleo crudo y gas natural que se obtengan y deberá enviar a la Cámara de Diputados y al Servicio de Administración Tributaria la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a disposición de ambos los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo los actos de fiscalización que se consideren pertinentes a través de la Auditoría Superior de la Federación y del Servicio de Administración Tributaria (énfasis añadido).

Como se desprende del texto transcrito, esa soberanía estableció la obligación a cargo de Pemex-Exploración y Producción consistente en enviarle la información periódica que se incorpore en los registros de los costos y gastos de la exploración, desarrollo y extracción por cada campo, tanto de aquellos a los que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos como los señalados en las fracciones I a III del artículo 257 Bis de la propia ley vigente durante el ejercicio fiscal de 2012, además de poner a disposición de esa Cámara de Diputados la información soporte de dichos registros.

Derivado de lo antes señalado, el objeto del presente es cumplimentar las obligaciones establecidas en los artículos 254, séptimo párrafo y 257 Bis, último párrafo, de la Ley Federal de Derechos para efectos de lo cual, adjunto al presente se remite un disco compacto en el que se encuentra la información requerida.

Por lo expuesto, ante esa soberanía, atentamente solicito:

Primero. Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito.

Segundo. Se tengan por cumplimentadas las obligaciones a cargo de Pemex-Exploración y Producción establecidas en los artículos 254, séptimo párrafo y 257 Bis, último párrafo, de la Ley Federal de Derechos vigente en el ejercicio fiscal de 2012.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de marzo de 2013.— Contadora Pública María Magdalena Robles Barcelata (rúbrica), representante legal.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con la solicitud de licencia del diputado Joaquín Caballero Rosiñol.

SOLICITUD DE LICENCIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III; 13 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar, por su conducto, al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, licencia por tiempo indefinido a partir del miércoles 3 de abril del año en curso, para separarme del cargo de diputado federal electo a la LXII Legislatura, por el Distrito XI en el estado de Veracruz.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente y aprovecho para expresarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.— Diputado Joaquín Caballero Rosiñol (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Ruego a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Joaquín Caballero Rosiñol, para separarse de sus funciones como diputado federal electo del XI distrito electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados. Comuníquense.

Continúe la Secretaría con la iniciativa del Congreso del estado de San Luis Potosí.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo.— LX Legislatura de San Luis Potosí.

Honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados.— Presente.

La Sexagésima Legislatura Constitucional del estado en sesión ordinaria de la data señalada al rubro, resolvió con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 71 Constitucional Federal, proponer la iniciativa de decreto que plantea reformar los artículos 24, en los párrafos segundo y tercero, y 120, en el párrafo primero y fracciones I, II, y III, de la Ley de Aguas Nacionales, por lo cual, en cumplimiento de lo establecido en el instrumento parlamentario aprobado por unanimidad de las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales, y del Agua, la remitimos a esa Cámara de origen para los efectos procedentes.

Marzo 25 de 2013.— Por la Directiva, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica), primera Secretaria; José Francisco Martínez Ibarra (rúbrica), segundo Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Diputados Secretarios de la LX Legislatura del honorable Congreso del Estado.— Presentes.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y del Agua fue turnada en sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2012, bajo el número 623, iniciativa que busca promover ante el Congreso de la Unión, reformar los artículos 24, en los párrafos segundo y tercero, y 120, en el párrafo primero y fracciones I a III, de la ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado J. Ramón Guardiola Martínez.

Antecedente

Único.Que el diputado J. Ramón Guardiola Martínez, expuso los motivos siguientes:

“...

El agua es un elemento esencial para el desarrollo de las actividades agropecuarias en el campo, y el acceso a ese vital líquido para su explotación, uso y aprovechamiento, determina el grado de avance en el desarrollo económico de las mismas.

Los agricultores que se han visto beneficiados con el otorgamiento de una concesión que puede ser otorgada de cinco a treinta años según las características de la zona, para la explotación de pozos de agua, conforme lo han expresado muchos de ellos, no cuentan con la información suficiente para dar cumplimiento a las disposiciones legales que rigen la utilización de las mismas, y desconocen que dichas concesiones deben ser prorrogadas con la anticipación que dispone la propia ley; es por ello que los concesionarios en muchos casos por omisión involuntaria, ignorancia, caso fortuito o fuerza mayor, no logran presentar en tiempo y forma la solicitud de prórroga de las propias concesiones ante la instancia correspondiente, razón por la que tales concesiones son suspendidas o canceladas por las autoridad, en perjuicio de la economía de las familias que dependen de contar con agua suficiente para el desarrollo de su actividad económica, ello, toda vez que la ley en cita dispone en el artículo 24 que la falta de presentación de la solicitud de prórroga dentro del plazo establecido, se considera como renuncia al derecho de solicitar la misma.

Es por ello que se propone abordar en la Iniciativa de reforma al artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales en su segundo párrafo con el propósito de clarificar el plazo que se concede para solicitar la prórroga de la concesión o asignación. Dado que de la lectura del mismo se pudiera pensar que establece dos términos distintos para ese objeto, cuando en realidad lo que dispone es el inicio y conclusión del periodo para la presentación de la solicitud respectiva, se propone agregarle una “Y” conjuntiva.

Así mismo, modificar el tercer párrafo para que la Autoridad del Agua notifique personalmente al concesionario o asignatario respecto del vencimiento del plazo que la ley les concede para la presentación de la solicitud de prórroga, fijándoles un término fatal de 30 días hábiles para que la presenten.

Por otra parte, muchos agricultores del distrito que represento, así como de otras zonas del Estado, refieren problemática referente a la aplicación de multas por el aprovechamiento indebido de la concesión del agua, pues derivado igualmente de la ignorancia respecto de las condiciones de explotación de las concesiones, se les inicie un procedimiento administrativo sancionador que resulta para ellos extremadamente gravoso, con multas excesivas que en algunos casos se encuentran fuera de toda proporción, atendiendo a las condiciones socioeconómicas de los concesionarios, dado que el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales establece en su fracción I, que es la multa más baja de 200 salarios mínimos la que representa la cantidad de 12 mil 466.00 pesos en tanto que la fracción III del citado artículo, representa como multa más alta la de 20 mil salarios mínimos que equivale a 1 millón 246 mil 600.00 pesos, aclarando que la ley se refiere a estas sanciones en salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, sin pasar por alto que la multa se aplica con base en la zona de mayor salario mínimo, con respecto a las otras regiones que representan menor salario como sucede con San Luis Potosí que pertenece a una zona con un salario mínimo menor.

Ahora bien, no debemos de pasar por alto lo señalado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se acota a la autoridad con determinadas prohibiciones, entre las que se encuentra la multa excesiva, debiéndose entender por ésta, toda aquella sanción pecuniaria que rebase el límite de lo ordinario y razonable; se encuentre en desproporción con la gravedad del ilícito fiscal, ya sea por sus consecuencias, como por las condiciones en que se cometió o por el monto de la cantidad cuya contribución se omitió; que resulten desproporcionadas con el monto del negocio; y por último, que esté en desproporción con la capacidad económica del infractor.

...

Lo anterior, es lógico si se toma en cuenta que la finalidad que persigue este tipo de sanciones es además de intimidatoria, la de evitar la reincidencia de los infractores, más no la de terminar con su patrimonio, a lo cual se llegaría de aceptarse la imposición de multas que rebasen la capacidad económica, cuya situación acontece la mayoría de las veces en que por contravención a la Ley de Aguas Nacionales, es impuesta una sanción pecuniaria en perjuicio de los productores agrícolas.

Además de lo anterior, se encuentran en riesgo cientos de hectáreas de siembra, de ahí la importancia de apoyar al sector agrícola no solo con subsidios, sino con una legislación que implemente una cultura del uso del agua en el campo que no sea meramente coactiva, ya que esto último sólo tiende a lograr el abandono del campo, por los altos costos que implica la agricultura.

Por lo anterior me permito destacar que con la iniciativa de reforma que se plantea, no pretende la condonación de multas o de sanciones, sino que los legisladores del Congreso de la Unión, den prioridad al análisis a la Ley de Aguas Nacionales y en específico el titulo décimo, en el capítulo II, referente a las infracciones y sanciones administrativas, de modo que no se afecte el desarrollo de las actividades del campo, ni se cause perjuicio a quienes por su condición socioeconómica no se encuentran en posibilidad de pagar las multas que les son impuestas por las infracciones cometidas.

Al efectuar el estudio y análisis de la iniciativa, las comisiones dictaminadoras hemos llegado a los siguientes:

Considerandos

Primero.Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 98 fracciones I y XV, 99 y 113, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las precitadas comisiones son de dictamen legislativo permanente, por lo que resultan competentes para emitir el presente.

Segundo.Que la iniciativa que busca promover ante el Congreso de la Unión, reformar los artículos, 24 en sus párrafos segundo y tercero, y 120 en su párrafo primero y fracciones I a III, de la Ley de Aguas Nacionales; presentada por el diputado J. Ramón Guardiola Martínez, es tramitada en términos de los artículos, 130, 131 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Tercero.Que una vez analizada la iniciativa en comento, se advierte que el promovente ejerce plenamente el derecho que le otorga la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, cumpliendo cabalmente con los requisitos de forma que esta ley y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de San Luis Potosí establecen para la presentación de iniciativas. En concordancia con lo anterior, conforme lo disponen los artículos, 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y 15, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, la legislatura del estado se encuentra facultada para promover iniciativas al Congreso de la Unión. Por lo anterior, se procede a entrar al fondo de la propuesta.

Cuarto.Que para efectos ilustrativos, se procede a transcribir los artículos, 24 y 120, de la Ley de Aguas Nacionales vigente, materia de la iniciativa, a saber:

Artículo 24. El término de la concesión o asignación para la explotación, uso aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de treinta años, de acuerdo con la prelación del uso específico del cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo. En la duración de las concesiones y asignaciones, “la Autoridad del Agua” tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación de usos vigentes en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos.

Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento.

La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este artículo dentro del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga. Para decidir sobre el otorgamiento de la prórroga se considerará la recuperación total de las inversiones que haya efectuado el concesionario o asignatario, en relación con la explotación, uso o aprovechamiento de los volúmenes concesionados o asignados.

La Autoridad del Agua está obligada a notificar personalmente a los promoventes la resolución sobre las solicitudes respectivas referidas en el presente Capítulo, conforme al plazo establecido en el Artículo 22 de la presente Ley y al procedimiento establecido en el artículo 35 de la ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de que la autoridad omita dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se considerará que ha resuelto negar lo solicitado la falta de resolución a la solicitud podrá implicar responsabilidades a los servidores públicos a quienes competa tal resolución, conforme a lo dispuesto en las leyes aplicables.

Artículo 120. las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas administrativa mente por la Autoridad del Agua con multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción, independientemente de las sanciones estipuladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ley de Bienes Nacionales y Ley Federal de Metrología y Normalización y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia:

I. 200 a 1,500, en el caso de violación a las fracciones X, XI, XVI, XXI y XXII;

II. 1,200 a 5,000, en el caso de violaciones a las fracciones I, VI, XII, XVIII y XIX; y

III. 1,500 a 20,000, en el caso de violación a las fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXIII y XXIV.

En los casos previstos en la fracción IX del artículo anterior, los infractores perderán en favor de la nación las obras de alumbramiento, y aprovechamiento de aguas y se retendrá o conservará en depósito o custodia la maquinaria y equipo de perforación, hasta que se reparen los daños ocasionados en los términos de ley, sin menoscabo de otras sanciones administrativas y penales aplicables.

Las multas que imponga la Autoridad del Agua se deberán cubrir dentro de los plazos que dispone la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas se actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, conforme al índice nacional de precios al consumidor.

Quinto.Que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, corresponde al Ejecutivo federal, quien la ejerce directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua.

Conforme al artículo 62 de la Ley de Aguas Nacionales, es competencia del Ejecutivo federal, entre otras, las siguientes:

IV. Expedir por causas de utilidad pública o interés público, declaratorias de rescate, en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, de sus bienes públicos inherentes, en los términos establecidos en la Ley General de Bienes Nacionales;

V. Expedir por causas de utilidad pública o interés público, declaratorias de rescato de concesiones otorgadas por “la comisión”, para construir, equipar, operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar infraestructura hidráulica federal y la prestación de los servicios respectivos, mediante pago de la indemnización que pudiere corresponder. ...”

Visto lo anterior, y según el ordenamiento antes mencionado, el recurso hídrico tiene carácter público, por lo que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se debe realizar mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua, por medio de los organismos de cuenca, o directamente por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que dispone la ley y sus reglamentos.

De acuerdo al artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, las concesiones y asignaciones se otorgarán después de considerar a las partes involucradas, y el costo económico y ambiental de las obras proyectadas. En ese sentido, corresponde a los organismos de cuenca expedir los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga a los que se refiere tal ley y sus reglamentos, salvo en los casos previstos, y que queden reservados para la actuación directa de la mencionada comisión. Las concesiones y asignaciones crean derechos y obligaciones a favor de los beneficiarios en los términos que el ordenamiento multicitado establece.

Como bien menciona el promovente, en la Ley de Aguas Nacionales se establece que el término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de treinta años, de acuerdo con la prelación del uso específico del cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo. En la duración de las concesiones y asignaciones, la Autoridad del Agua tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación de usos vigentes -en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos. Las concesiones o asignaciones en los términos del Artículo 22 de esa Ley, serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causal es de terminación previstas en la presente Ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo solicitendentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento.

El concepto de prórroga podría ser definido como la ampliación de un plazo o tiempo para el ejercicio de un determinado derecho. Tiene importancia en el tema que se dictamina, ya que en el caso que no se dé tal, afectaría de forma directa e inmediata a los agricultores que se han visto beneficiados con el otorgamiento de una concesión para la explotación de pozos de agua. Es verdad, que bajo el principio jurídico que establece que “la ignorancia de la ley a nadie beneficia”, por lo que a aquellos agricultores que no conozcan la ley o dejen de realizar la solicitud de prórroga ante la autoridad correspondiente, no los relevaría del cumplimiento irrestricto de la norma vigente, pues ésta establece términos y plazos improrrogables para determinados trámites, así como consecuencias jurídicas fatales.

Empero, esta soberanía considera que la norma debe ir encaminada a la sustentabilidad de las fuentes de agua en México y entender este derecho humano más allá de formalismos administrativos a que se refiere este ordenamiento, máxime que la privación de un derecho puede generar indefectiblemente la privación de otros. Sin duda, el agua es un elemento esencial para el desarrollo de las actividades agropecuarias, y el acceso a ese vital líquido para su explotación, uso y aprovechamiento determina el grado de avance en el desarrollo de las mismas. Conforme lo menciona el propio promovente, muchos de ellos no cuentan con la información suficiente para dar cumplimiento a las disposiciones legales que rigen la utilización de las mismas, y desconocen que dichas concesiones deben se prorrogadas con la anticipación que dispone la propia ley; es por ello que los concesionarios, en muchos casos por omisión involuntaria, ignorancia, caso fortuito o fuerza mayor, no logran presentar en tiempo y forma la solicitud de prórroga de las propias concesiones ante la instancia correspondiente, razón por la que tales concesiones son suspendidas o canceladas por las autoridad, en perjuicio de la economía de las familias que dependen de contar con agua suficiente para el desarrollo de su actividad económica.

Dicho de otra forma, con la propuesta de reforma implícitamente se establece el reconocimiento del líquido como un elemento de la naturaleza que permite la existencia de todas las formas de vida, así como la gestión integrada de cuencas. Otro es el reconocimiento de que es un recurso estratégico para el desarrollo, base de la existencia del país. Es decir, trata de principios de política donde la aplicación de la ley, que está en manos de la Federación y los organismos establecidos para tal efecto, sea flexible, consiente y sensible de la importancia y trascendencia que tiene para un sector determinado de la población, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales.

En tal sentido, se considera oportuno promover ante el Congreso de la Unión que en el caso aquí fraseado, reformar el párrafo segundo y tercero del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, con el objeto de que la autoridad del agua correspondiente esté obligada a notificar al concesionario o asignatario personalmente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 35 de la Ley .Federal de Procedimiento Administrativo, a efecto de darles a conocer que cuentan con un plazo de 30 días hábiles fatales para presentarla, a partir de que surta efectos la notificación; apercibidos de que para el caso de no hacerlo se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga, con la intención de que su derecho no quede vedado por un formalismo estricto, así como por las consecuencias jurídicas que afectarían la esfera jurídica, económica, personal y familiar del beneficiado.

Sexto. Que la iniciativa que se dictamina propone promover iniciativa ante el Congreso de la Unión, con la finalidad de reformar el párrafo primero y las fracciones I, II, y III del artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales. En ese sentido, refiere que la problemática sobre la aplicación de multas por el aprovechamiento indebido de la concesión del agua, toda vez que derivado de la ignorancia respecto de las condiciones de explotación de las concesiones, se les inicia diversos procedimientos administrativos sancionadores extremadamente gravosos, con multas excesivas que en algunos casos se encuentran fuera de toda proporción, sin atender a las condiciones socioeconómicas de los concesionarios, dado que el artículo mencionado establece fundamentalmente dos aspectos: a) Las multas serán equivalentes a los días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción; y b) La multa más baja que establece la fracción I, asciende a 200 salarios mínimos, que representa la cantidad de 12 mil 466.00 pesos, y la fracción III del citado artículo, la multa más alta asciende a 20 mil salarios mínimos, que equivale a 1 millón 246 mil 600 pesos.

Conforme al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

Uno de los dos pilares del derecho fiscal está constituido por el llamado principio de constitucionalidad, el cual implica la sumisión a las características esenciales del orden jurídico. Si bien es cierto que la naturaleza de las concesiones y asignaciones que establece la Ley de Aguas Nacionales se encuentran dentro de la materia administrativa, cuando la autoridad finca responsabilidades por incumplimiento a la norma e impone multas económicas, éstas se deben considerar como créditos fiscales, pues se convierten en montos obligatorios a pagar, una vez que son determinados por la autoridad con atribuciones para ello.

En ese orden de ideas, siempre debe existir una evidente subordinación de la norma fiscal hacia la norma constitucional; que demuestre que se ha dado cumplimiento a expedir la primera, a las reglas que derivan de la jerarquía normativa.

Las leyes fundamentales, desde los tiempos de la independencia nacional, ha procurado, tal y como lo mencionó Adam Smith en varios trabajos académicos, estructurar el sistema fiscal mexicano sobre los principios de justicia, equidad y proporcionalidad, pensando no solo en el bien del Estado, sino también en la protección de los derechos ciudadanos.

Sin lugar a dudas, el principio de obligatoriedad debe estar vinculado al principio de generalidad, significa que toda persona que se ubique en alguna de las hipótesis normativas previstas en una norma con características tributarias expedida por el Estado mexicano, automática mente adquiere la obligación de cubrirlo, dentro del plazo que la misma ley establezca. Sin embargo, se considera que la principal característica que toda ley con estas características debe establecer contribuciones o tributos que sean proporcionales y equitativos. En ese sentido, podemos decir que la proporcionalidades la correcta distribución entre las cuotas, tasas, tarifas o multas previstas en las leyes y la capacidad económica de los sujetos pasivos por ella gravados, cuando se encuentren en la hipótesis normativa al caso concreto. Significa que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de sus respectivas capacidades económicas, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, pero nunca una cantidad tal que represente prácticamente el total de su patrimonio o ingresos netos, en este caso se estaría utilizando tal como medio para que el Estado confisque bienes a los ciudadanos.

Por otro lado, por equidad debemos entender “una igualdad de ánimo, un sentimiento que nos obliga a actuar de acuerdo con el deber de la conciencia, más que por los mandatos de la justicia o de la ley”. De acuerdo con su acepción aristotélica, la equidad significa “la aplicación de la justicia a casos concretos, se obtiene tratando igual a los iguales y en forma desigual a los que no se encuentran en igualdad de circunstancia”.

Al respecto, los tribunales encargados de interpretar la norma jurídica aplicable, ha dictado criterios al respecto del concepto de multa excesiva, para lo cual se procede a transcribir la tesis jurisprudencial, siguiente:

“Multa excesiva. Concepto de. De la acepción gramatical del vocablo “excesivo”, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) cuando se propasa, va más adelante de lo licito y lo razonable; y c) una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de este en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

El tribunal pleno en su sesión privada celebrada el veinte de junio en curso, por unanimidad de diez votos de los señores ministros presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitron, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo l. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 9/1995 (9a.) La tesis de jurisprudencia que antecede, y determino que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, DF, a veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo II, julio de 1995, página 5.

En función de lo anterior esta soberanía considera que las multas equivalentes a los días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción no atiende a los principios de justicia, equidad y proporcionalidad aquí mencionados; es decir, deben ser fijadas conforme aquellas previstas en las leyes y a la capacidad económica de los sujetos pasivos obligados cuando se encuentren en la hipótesis normativa al caso concreto, pero conforme al salario mínimo general vigente en la zona geográfica económica en la que se ubiquen pues es ahí donde se desarrolla su actividad económica.

Por otro lado, los criterios aquí reproducidos respecto a los montos de las multas para el caso del incumplimiento normativo, son a tal grado excesivos, que el más bajo asciende a 200 salarios mínimos, que representa la cantidad de 12 mil 466.00 pesos, y el más alto asciende a 20 mil salarios mínimos, que equivale a 1 millón 246 mil 600.00 pesos.

Dicho de otra forma, en los términos apuntados por el legislador, con la reforma se plantea que el monto de las multas, por excesivos, no afecten a tal grado el desarrollo de las actividades del campo, ni cause perjuicio a quienes por su condición socioeconómica no se encuentran en posibilidad de pagar las multas que les son impuestas por las infracciones cometidas, sino que además, que la cantidad no represente prácticamente el total de su patrimonio o Ingresos netos, en este caso se estaría utilizando tal como medio para que el Estado confisque bienes a los ciudadanos, lo que sin duda vulnera derechos de vida y desarrollo de las personas y sus familias.

Por lo anterior, las comisiones que suscriben, con fundamento en lo establecido por los artículos 57 fracción I, 60, 61 y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 15 fracción I, 130, 131 fracción I, 133, 84 fracción I, artículo 98 fracciones I y XV, 9.9 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de San Luis Potosí; 61 y 62, 85 y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, emiten el siguiente

Dictamen

Primero. Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa tratada en el proemio del presente.

Segundo.Remítase este documento parlamentario al honorable Congreso de la Unión para los alcances legales de merito.

Tercero.Que con fundamento en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, se eleva a consideración del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar el párrafo segundo y tercero del artículo 24, y el párrafo primero y las fracciones I, II, y III, del artículo 120, de la Ley de Aguas Nacionales, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales establece que el término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de treinta años de acuerdo con la prelación del uso específico del cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y el capital invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento respectivo. En la duración de las concesiones y asignaciones, la Autoridad del Agua tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro, la prelación de usos vigentes en la región que corresponda y las expectativas de crecimiento de dichos usos. Las concesiones o asignaciones en los términos del Artículo 22 de esa Ley, serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento.

El concepto de prórroga podría ser definido como la ampliación de un plazo o tiempo para el ejercicio de un determinado derecho. Tiene importancia en el tema que se dictamina, ya que en el caso que no se dé tal, afectaría de forma directa e inmediata a los agricultores que se han visto beneficiados con el otorgamiento de una concesión, según las características de la zona, para la explotación de pozos de agua. Bajo el principio jurídico que establece que “la ignorancia de la ley a nadie beneficia”, por lo que a aquellos agricultores que no conozcan la ley o dejen de realizar la solicitud de prórroga ante la autoridad correspondiente no los relevaría del cumplimiento irrestricto de la norma vigente, debido que ésta establece términos y plazos improrrogables para determinados trámites, así como consecuencias jurídicas fatales.

Esta legislatura considera que la norma debe ir encaminada a la sustentabilidad de las fuentes de agua en México y entender este derecho humano más allá de los formalismos administrativos a que se refiere este ordenamiento, máxime que la privación de un derecho puede generar indefectiblemente la privación de otros. Sin duda, el agua es un elemento esencial para el desarrollo de las actividades agropecuarias en el campo, y el acceso a ese vital líquido para su explotación, uso y aprovechamiento determina el grado de avance en el desarrollo de las mismas.

La propuesta de reforma implícitamente establece el reconocimiento del vital líquido como un elemento que permite la gestión integrada de cuencas. Y el reconocimiento de que es un recurso estratégico para el desarrollo del país. Es decir, trata de principios de política donde la aplicación de la ley, que está en manos de la federación y los organismos establecidos para tal efecto, sea flexible, consiente y sensible de la importancia y trascendencia que tiene para un sector determinado de la población, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales.

Uno de los objetivos de la presente iniciativa es que la autoridad del agua correspondiente esté obligada a notificar al concesionario. o asignatario personalmente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a efecto de darles a conocer que cuentan con un plazo de 30 días hábiles fatales para presentarla, a ,partir de que surta efectos la notificación; apercibidos de que para el caso de no hacerlo se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga, con la intención de que su derecho no quede vedado por un formalismo estricto, así como por las consecuencias jurídicas que afectarían la esfera jurídica, económica, personal y familiar del beneficiado.

Por otro lado, la iniciativa plantea la problemática sobre la aplicación de multas establecidas en las fracciones I, II y III del artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, derivadas del aprovechamiento indebido de la concesión del agua, toda vez que con motivo de la ignorancia respecto de las condiciones de explotación de las concesiones, se les inicia diversos procedimientos administrativos sancionadores extremadamente gravosos, con multas excesivas que en algunos casos se encuentran fuera de toda proporción, sin atender a las condiciones socioeconómicas de los concesionarios.

Establece que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

De igual forma el derecho fiscal está constituido por el llamado principio de constitucionalidad, el cual implica la sumisión a las características esenciales del orden jurídico. Si bien es cierto que la naturaleza de las concesiones y asignaciones que establece la Ley de Aguas Nacionales, se encuentran dentro de la materia administrativa, cuando la autoridad finca responsabilidades por incumplimiento a la norma e impone multas económicas, éstas se deben considerar, como créditos fiscales, se convierten en montos obligatorios a pagar, una vez que son determinados por la autoridad con atribuciones para ello.

El sistema fiscal mexicano sobre los principios de justicia, equidad y proporcionalidad, pensando no solo en el bien del Estado, sino también en la protección de los derechos ciudadanos.

Se considera que la principal característica que toda ley que establece un tipo de tributo, estos deben ser proporcionales y equitativos. En ese sentido, podemos decir que la proporcionalidad es la correcta distribución entre las cuotas tasas, tarifas o multas previstas en las leyes y la capacidad económica de los sujetos pasivos por ello gravados, cuando se encuentren en la hipótesis normativa al caso concreto. Significa que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de sus respectiva capacidades económicas, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, pero nunca una cantidad tal que represente prácticamente el total de su patrimonio o ingresos netos, en este caso se estaría utilizando tal, como medio para que el Estado confisque bienes a los ciudadanos. Asimismo, por equidad debemos entender “una igualdad de ánimo, un sentimiento que nos obliga a actuar de acuerdo con el deber de la conciencia, más que por los mandatos de la justicia o de la ley”. De acuerdo con su acepción aristotélica, la equidad significa lila aplicación de la justicia a casos concretos, se obtiene tratando igual a los iguales y en forma desigual a los que no se encuentran en igualdad de circunstancia.

Al respecto, los tribunales encargados de interpretar la norma jurídica aplicable, ha dictado criterios al respecto del concepto de multa excesiva, han establecido que de la acepción gramatical del vocablo “excesivo”, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) cuando se propasa, va más adelante de lo licito y lo razonable; y c) una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.

En función de lo anterior, esta legislatura considera que las multas equivalentes a los días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción no atiende a los principios de justicia, equidad y proporcionalidad, mencionados; es decir, deben ser fijadas conforme aquellas previstas en las leyes y la capacidad económica de los sujetos pasivos obligados cuando se encuentren en la hipótesis normativa al caso concreto, pero conforme al salario mínimo general vigente en la zona geográfica económica en la que se ubiquen, es ahí donde se desarrolla su actividad económica.

Se considera que los montos de las multas para el caso del incumplimiento normativo son a tal grado excesivos, toda vez que el más bajo asciende a 200 salarios mínimos, que representa la cantidad de 12 mil 466 .00pesos, y el más alto asciende a 20 mil salarios mínimos, que equivale a 1 millón 246 mil 600.00 pesos. Dicho de otra forma, con la reforma plantea reducir el monto de las multas, con la intención de que no afecten el desarrollo de las actividades del campo, ni cause perjuicio a quienes por su condición socioeconómica vulnerable no se encuentran en posibilidad de pagar las multas que les son impuestas por las infracciones cometidas, sino que además, la cantidad no represente prácticamente el total de su patrimonio o ingresos netos, en este caso se estaría utilizando el cobro de las multas como medio para que el Estado confisque bienes a los ciudadanos; lo que sin duda vulnera derechos de vida y desarrollo de las personas y sus familias.

Por todo lo anterior, la LX Legislatura del Congreso den Estado de San Luis Potosí, con las facultades que se desprende de los artículos, 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, presenta ante el Congreso de la Unión, iniciativa que propone reformar el párrafo segundo y tercero del artículo 24, y el párrafo primero y las fracciones I, II, y III, del artículo 120, de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el párrafo segundo y tercero del artículo 24, y el párrafo primero y las fracciones I, II, y III, del artículo 120, de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 24...

Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta ley serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, y al menos seis meses antes de su vencimiento.

Para el caso de que el concesionario o asignatario no presente la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, y dentro del plazo establecido, la Autoridad del Agua está obligada a notificarlos personalmente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a efecto de darles a conocer que cuentan con un plazo de 30 días hábiles fatales para presentarla, a partir de que surta efectos la notificación; apercibido de que para el caso de no hacerla se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.

Para decidir sobre el otorgamiento de la prórroga se considerará la recuperación total de las inversiones que haya efectuado el concesionario o asignatario, en relación con la explotación, uso o aprovechamiento de los volúmenes concesionados o asignados.

...

Artículo 120. Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas administrativamente por la Autoridad del Agua con multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general vigente en la zona geográfica económicaal momento en que se cometa la infracción, independientemente de las sancionas estipuladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y Ley Federal de Metrología y Normalización y sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia.

I. 100 a 750, en el caso de violación a las fracciones X, XI, XVI, XXI y XXII;

II. 600 a 2,500, en el caso de violaciones a las fracciones I, VI, XII, XVIII, y XIX; y

III. 750 a 10,000,en el caso de violación a las fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXIII y XXIV.

...

...

...

Transitorios

Primero. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente.

Dado en la sala Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta del honorable Congreso del estado de San Luis Potosí, a cinco de febrero de dos mil trece.— La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados: Jorge Alejandro Vera Noyola, presidente; Marianela Villa nueva Ponce (rúbrica), vicepresidenta; María del Socorro Herrera Orta (rúbrica), secretaria; Fernando Pérez Espinosa (rúbrica), Rosa María Huerta Valdez (rúbrica), José Francisco Martínez Ibarra (rúbrica), Miguel de Jesús Maza Hernández (rúbrica). La Comisión del Agua, diputados: José Francisco Martínez Ibarra (rúbrica), presidente; Rubén Guajardo Barrera, vicepresidente; Juan José Jover Navarro (rúbrica), secretario; Martin Álvarez Martínez (rúbrica), J. Ramón Guardiola Martínez (rúbrica), Federico Ángel Badillo Anguiano (rúbrica), Miguel de Jesús Maza Hernández.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: En otro apartado del orden del día, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha iniciativa también está suscrita por el diputado Manlio Fabio Beltrones, del Grupo Parlamentario del PRI, y también por el diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, México se ha distinguido por ser una nación plural e incluyente, decidida siempre a modernizarse cuando lo requiere, y es por ello que debe considerarse la prohibición expresa y establecida en nuestra Constitución, para que los extranjeros puedan adquirir el dominio sobre tierras en el área tradicionalmente conocida como zonas prohibidas, y que se extiende en una franja de 100 kilómetros de las fronteras y de 50 en el caso de playas.

La disposición en comento tiene su antecedente más remoto, en nuestro marco legal, en las leyes del día 11 de marzo de 1842 y la del 1 de febrero de 1856, que corresponden a su contexto histórico y estaban en ese entonces plenamente justificadas, a consecuencia de varias y desafortunadas experiencias históricas, en tiempos cuando las embarcaciones y los combates mano a mano constituían un peligro latente al tratarse de las invasiones en los convulsos tiempos de imperialismo europeo.

En el mismo sentido, existe un amplio catálogo de razones políticas y técnicas esgrimidas a lo largo y ancho del mundo para justificar la restricción y regulación de la propiedad de extranjeros, las más comunes en la seguridad nacional, para prevenir la dominancia económica foránea, prevenir o restringir la especulación de la tierra, basada en beneficio de los intereses nacionales.

No obstante, haciendo un examen más profundo, encontramos que las restricciones legales sobre la propiedad y el uso de la tierra por extranjeros han sido históricamente establecidas para lograr ciertos objetivos de la política pública relacionadas con las necesidades de cada estado. Las implicaciones de la propiedad en manos extranjeras evocan casi instantáneamente sentimientos tanto nacionalistas como proteccionistas que, como cualquier percepción pública, juegan un papel importante en determinar la imposición y extensión de dichas limitaciones al derecho a la propiedad.

Las crisis económicas y la percepción de la violencia han hecho que el otorgamiento de fideicomisos en zonas restringidas haya descendido dramáticamente en los últimos sexenios. Según datos de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores la cúspide de los fideicomisos en el área restringida se alcanzó en el 2007, con 7 mil fideicomisos exactos, cifra que descendió hasta 2 mil 580 en el 2011, que es un último año reportado y que lo coloca en los niveles inferiores a los del año 2003.

Es tiempo de reconocer que las apreciaciones vigentes sobre la propiedad sin fines comerciales en litorales se han vuelto anacrónicas y han sido de pérdida para la fuerza de nuestro país, por lo que es necesario replantear los términos del artículo 27 constitucional para acondicionarlo a nuestra realidad actual, pues ahora las sociedades se construyen de individuos con características cada vez más diversas, las cuales no deben ser motivo para limitar el pleno acceso a los derechos que le correspondería al unirse voluntariamente en una comunidad.

Crear un marco normativo, que debe ser proactivo y en constante adaptación para abordar con oportunidad y eficacia las demandas del país, es necesario con la finalidad, en primer lugar, de detonar el potencial turístico y de inversión que tiene nuestro país, y de otorgar las garantías de certeza jurídica a quienes adquieran una propiedad dentro de nuestras fronteras, sin simulaciones ni subterfugios legales, superando cuestiones discriminatorias decimonónicas que no encuentran sostén ni en los hechos ni en la razón, y que favorecerá al cumplimiento de las obligaciones que tienen los propietarios respecto a las localidades donde se encuentran los predios.

Se trata de un asunto de bienestar, de mejorar la calidad de vida de los mexicanos, residentes y turistas. De mejorar el contexto económico, contemporáneo y de impulsar el desarrollo de las distintas localidades y regiones a través del turismo internacional. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y Manlio Fabio Beltrones Rivera, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Sustentados en argumentos que respondían a la realidad social de principios del siglo XX, heredada de los acontecimientos que sucedieron a partir de la Independencia de nuestro país, constantemente amenazado con la invasión de tropas extranjeras, los constituyentes de 1917 determinaron que sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones. Así quedó preceptuado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entre otros considerandos para el sustento del artículo 27, los constituyentes de la época invocaron la conveniencia que significa para el interés público el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación privada. Se procuraba así alcanzar y garantizar una distribución equitativa de la riqueza pública y un desarrollo equilibrado del país, para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, cuando se establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación.

Además, el antecedente histórico de lo dispuesto en el 27 constitucional se inspiró en la necesidad de destruir la gran propiedad rural que dio origen precisamente al latifundismo y a la explotación del campesinado, aparte de buscar la restitución o dotación de tierras a núcleos de población campesina y en consecuencia organizar la producción colectiva de los campesinos.

No obstante, el mismo artículo establece en sus preceptos que el Estado podrá conceder derechos de dominio de las tierras y aguas a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes.

En la actualidad, quienes no poseen la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, no tienen la facultad de adquirir propiedades en una franja de cien kilómetros al interior del país a partir de las fronteras y de cincuenta kilómetros en las playas como pueden hacerlo los mexicanos, esto, como respuesta a problemas de política internacional del siglo XIX cuando existía el temor de la invasión de ejércitos de otras naciones. Hoy, ese temor ha desaparecido. Las luchas cuerpo a cuerpo han dejado de ser el medio en las disputas y con ello desapareció también el peligro de otorgar propiedades a extranjeros.

Para hablar de los extranjeros, cabe citar al tratadista de derecho internacional privado Carlos Arellano García, quien los consideró como “la persona física que no reúne los requisitos establecidos por el sistema jurídico de un Estado determinado para ser considerada como nacional” y, por lo tanto, en nuestra iniciativa los extranjeros no perjudican de modo alguno la soberanía, el territorio nacional y los bienes jurídicos que tutela el Estado.

En la Carta Magna se establece que por ser extranjeros, éstos no pueden adquirir bienes inmuebles en la zona restringida, en tanto que en la práctica esta prohibición se evade, al posibilitarse para efectos de la inversión, la constitución de fideicomisos, en los que los bancos fiduciarios figuran como “propietarios” de los bienes adquiridos por los fideicomisarios.

Esta situación, ha implicado para los extranjeros, en su carácter de fideicomisarios, tener que enfrentar altos costos derivados de la constitución de los fideicomisos y de pagos de cuotas diversas por trámites de registro, avalúos, impuestos y permisos previos ante la autoridad gubernamental.

Por lo tanto, uno de los objetivos de la iniciativa es eliminar a los intermediarios en la materia, en este caso a las casas inmobiliarias o constructoras que figuran como los propietarios del terreno pero venden la construcción a extranjeros, neutralizando así la restricción de que no poder poseer tierras, puesto que legalmente, el extranjero sólo es propietario de la construcción, cuando en la práctica lo es también de la extensión de terreno.

Es incongruente cuando referirnos que estos fideicomisos están a cargo de instituciones financieras, la mayoría de las cuales son y cuentan con capital extranjero.

El sentido que fundamenta el artículo 27 constitucional en lo referente a la materia que ocupa la presente Iniciativa, tiene contradicciones ante la evidencia de hechos, en un país que bien tolera a un extranjero el dominio directo de inmuebles en el interior de la nación, más no en la llamada zona restringida. Por otro lado, vate decir que frente a la realidad social de principios del siglo pasado, hoy el panorama es diferente, pues existen enormes oportunidades de inversión que ofrece una economía globalizada.

Sin duda, algo en lo que no se tiene registro pero se tiene que ser enfático, es que la prohibición de adquirir el dominio directo de inmuebles en las fronteras y las costas por extranjeros, sea una estrategia suficiente que haya disuadido una invasión extranjera.

Estas razones, deben motivarnos a procurar una reforma del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera tal que con esto se garantice la certeza de protección jurídica que demandan los ciudadanos extranjeros.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la fracción I, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, los extranjeros por ningún motivo podrán adquirir el dominio directo sobre las aguas, en el caso de las tierras, podrán adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales.

El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de fa residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2013.— Diputados: Gloria Elizabeth Nuñez Sánchez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Raúl Páz Alonzo, José Luis Flores Méndez, Juan Manuel Rocha Piedra, María Concepción Navarrete Vital, Salvador Ortiz García, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, José Ignacio Duarte Murillo, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Adán David Ruiz Gutiérrez, Miguel Alfonso Vildosola, Noé Barrueta Barón, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, José Rubén Escajeda Jiménez, Alma Marina Vitela Rodríguez, María Fernanda Schroeder Verdugo, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Gabriela Medrano Galindo, Paulina Alejandra del Moral Vela, Martha Gutiérrez Manrique, Miriam Cárdenas Cantú, Arnoldo Ochoa González, Jorge Herrera Delgado, Emilse Miranda Munive, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Francisco Alberto Zepeda González, Raúl Santos Galván Villanueva, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Esther Angélica Martínez Cárdenas, José Everardo Nava Gómez, Issa Salomón Juan Marcos, Blanca María Villaseñor Gudiño, Adriana Hernández Íñiguez, Luis Olvera Correa, Julio César Flemate Ramírez, Rodimiro Barrera Estrada, Erika Yolanda Funes Velázquez, Dulce María Muñiz Martínez, María de la Paloma Villaseñor Vargas, María de las Nieves García Fernández, Elsa Patricia Araujo de la Torre, Sonia Rincón Chanona, Rosalba de la Cruz Requena, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Miguel Ángel Aguayo López, María Guadalupe Velázquez Díaz, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, Cristina González Cruz, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Blas Ramón Rubio Lara, Román Alfredo Padilla Fierro, Jorge del Ángel Acosta, María Guadalupe Sánchez Santiago, Noé Hernández González, Juan Manuel Carbajal Hernández, Felipe de Jesús Muñóz Kapamas, María del Rocío García Olmedo, María de Jesús Huerta Rea, Laura Guadalupe Vargas Vargas, María Esther Garza Moreno, Mario Sánchez Ruiz, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Harbey Gutiérrez Álvarez,  Javier López Zavala, Maricela Velázquez Sánchez, Silvia Márquez Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona, Jorge Terán Juárez, María del Carmen Ordaz Martínez, Alfonso Inzunza Montoya, Eduardo Román Quian Alcocer, Raymundo King de la Rosa, Marco Alonso Vela Reyes, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Mauricio Sahui Rivero, Samuel Gurrión Matías, Abraham Montes Alvarado, Fernando Alfredo Maldonado Hernández,  Fernando Zamora Morales, María del Rocío Corona Nakamura, Enrique Cárdenas del Avellano, William Renan Sosa Altamira, María del Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Marco Antonio Calzada Arroyo, Héctor García García, Francisco Javier Fernández Clamont, Adriana Fuentes Téllez, Javier Treviño Cantú, Benito Caballero Garza, José Luis Cruz Flores Gómez, Salvador Romero Valencia, Juan Manuel Diez Francos, Alejandro Rangel Segovia, Francisca Elena Corrales Corrales, Ricardo Villarreal García, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Francisco González Vargas, Víctor Hugo Velasco Orozco, Lizbeth Loy Gamboa Song, José Pilar Moreno Montoya, Alfredo Anaya Gudiño, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Pedro Pablo Treviño Villarreal, David Pérez Tejeda Padilla, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Areli Madrid Tovilla, Fernando Bribiesca Sahagún, María Guadalupe Mondragón González, Joaquina Navarrete Contreras, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Socorro de la Luz Quintana León, Patricia Guadalupe Peña Recio, Carla Alicia Padilla Ramos, Rubén Acosta Montoya, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Joaquín Caballero Rosiñol, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Irazema González Martínez Olivares, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Manuel Añorve Baños, Angelina Carreño Mijares, María Rebeca Terán Guevara, Landy Margarita Berzunza Novelo, Elvia María Pérez Escalante, Adolfo Bonilla Gómez, Eligio Cuitláhuac  González Farías, Alfio Vega de la Peña, Salvador Arellano Guzmán, Mónica García de la Fuente, Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Ossiel Omar Niaves López, Rafael González Reséndiz, Leobardo Alcalá Padilla, Ricardo Astudillo Suárez, María Angélica Magaña Zepeda, José Noel Pérez de Alba, Diana Karina Velázquez Ramírez, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, María Isabel Ortiz Mantilla, Margarita Licéa González, Arturo de la Rosa Escalante, José Martín López Cisneros, José Guillermo Anaya Llamas, Heberto Neblina Vega, Glafiro Salinas Mendiola, José Enrique Reina Lizárraga, Carlos Alberto García González, Tania Margarita Morgan Navarrete, Gabriela Eugenia Cortés Talamantes, Karina Labastida Sotelo, Germán Pacheco Díaz, Juan Carlos Muñoz Márquez, Jorge Rosiñol Abreu, José Ángel González Serna, Juan Bueno Torio, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Juan Carlos Uribe Padilla, José Arturo Salinas Garza, Consuelo Argüelles Loya, María Beatriz Zavala Peniche, Gerardo Peña Avilés, Alejandra López Noriega, José Luis Oliveros Usabiaga, Omar Antonio Borboa Becerra, Fernando Rodríguez Doval, Roy Ángel Gómez Olguín, Sergio Augusto Chan Lugo, José Alfredo Botello Montes, Leticia Calderón Ramírez, Fernando Salgado Delgado, Cristina Ruiz Sandoval, Rosalba Gualito Castañeda, Ana Isabel Allende Cano, Agustín Barios Gómez Segués, José Luis Márquez Martínez, Sue Ellen Bernal Bolnik, Darío Zacarías Capuchino, César Reynaldo Navarro de Alba, Miguel Sámano Peralta, Roberto Ruiz Moronatti (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Sonido en la curul de la diputada Gabriela Medrano.

La diputada Gabriela Medrano Galindo (desde la curul): Para felicitar a la diputada Gloria Núñez por esta iniciativa y pedirle permiso para sumarme a la misma.

El Presidente diputado José González Morfín: Creo que la diputada no tiene inconveniente; entonces, dejamos la iniciativa en manos de la Secretaría para que pueda ser suscrita también por la diputada.

Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Para el mismo efecto, diputado presidente. Si autoriza la diputada iniciante a que nos sumemos a esta extraordinaria iniciativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Ella nos dijo que no tiene inconveniente, entonces, también el diputado Ricardo Villarreal, desde su curul, por favor, y la diputada Beatriz Zavala. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Villarreal García (desde la curul): Igual, para el mismo efecto que mis compañeros diputados. Primero, celebrar esta iniciativa, creo que nos va a poner a la vanguardia y pedirle a la diputada que nos permita suscribirla junto con ella.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. La diputada Beatriz Zavala; si es para lo mismo, ya está la iniciativa aquí en manos de la Secretaría. Quienes deseen suscribirla, la diputada no tiene ningún inconveniente, entonces, pueden pasar. De hecho ya lo están haciendo, a suscribir la iniciativa.

Manuel Añorve, para lo mismo. De acuerdo. Pueden pasar a suscribirla a la Secretaría quienes así lo deseen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY DE PLANEACION

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación.

El diputado Damián Zepeda Vidales:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Damián Zepeda Vidales: Decía un escritor internacional que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Ese futuro del México donde viviremos puede ser bueno o puede ser malo, puede ser de oportunidades o puede ser de precariedades, y eso depende en gran medida —si no es que en su totalidad— de las decisiones que hoy y día con día este país tome.

La iniciativa que hoy se presenta busca que esas decisiones se den en un marco de análisis, de certeza y de continuidad, que se den en un marco de planeación a largo plazo. Necesitamos en México elevar nuestra mira y pensar en el México que queremos para nuestros hijos y para nuestro futuro.

Sin lugar a dudas, planear con visión de largo plazo es factor estratégico para el éxito y el desarrollo de las políticas públicas en los países a nivel internacional. En el mundo, los casos más significativos de éxito en materia de crecimiento económico, desarrollo integral y competitividad tienen un común denominador: la planeación estratégica de largo plazo.

Así encontramos, por ejemplo, los casos de países como Chile, como Brasil, como Finlandia, como Corea y como China, contando por supuesto también a Singapur, por citar solo algunos, quienes identificaron décadas atrás las ventajas competitivas que tenían como país y tomaron decisiones con visión de largo plazo, invirtiendo en lo que requerían hacer para convertirlas en realidad, rindiendo frutos con creces a lo largo de los años.

El éxito no cabe duda que no es casualidad; la gran mayoría de los cambios de fondo y estructurales que requiere un país difícilmente se generan de un día para otro, se llevan a cabo con planeación, se llevan a cabo con estructuración de políticas públicas congruentes, continuas y enfocadas a un mismo fin por varios años.

Derivado de lo anterior, se debe considerar la importancia de la planeación de largo plazo en diversas materias correspondientes al Estado, como son lo económico, lo social, lo político, lo cultural y lo ambiental, entre muchas otras cuestiones adicionales marcadamente; por supuesto también en desarrollo urbano, ordenamiento territorial y definición de obras públicas.

Tener visión de futuro es una herramienta fundamental para lograr el desarrollo integral deseado para nuestro país y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Desde esa perspectiva debemos de ver a ésta, la planeación, como uno de los instrumentos que hará que México potencialice sus niveles de competitividad y bienestar social.

Actualmente la ley que regula la planeación en nuestro país establece como límite de tiempo, la duración del gobierno en turno, seis años para el Plan Nacional de Desarrollo, seis años para los planes estatales y tres años para los planes municipales.

Tengo una noticia que dar aquí: no se cambia un país en seis años ni un estado en seis ni un municipio en tres; se requieren acciones continuas, congruentes a largo plazo para dar resultados y poder tener mejores desarrollos en nuestro país.

Atendiendo a esto se considera pertinente proponer precisamente y establecer en nuestra Constitución la planeación de largo plazo para México, que determine objetivos, estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr condiciones esperadas de desarrollo para nuestro país.

Esta propuesta considera una planeación con un horizonte a 30 años, actualizarle de manera ordinaria cada 10 años y extraordinaria cuando así se requiera por el país. Por supuesto, en atención y congruencia, no en sustitución, a lo que establece actualmente nuestra Constitución en materia de planeación del desarrollo.

De igual forma, proponemos reformar la Ley de Planeación para cambiar el Sistema Nacional de Planeación Democrática, adicionando una agenda estratégica nacional con visión de largo plazo.

En concreto, proponemos crear una agenda estratégica nacional con visión de largo plazo, como un documento que defina la visión de nuestro país a 30 años, el cual determinará objetivos, estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr estas condiciones esperadas del México que todos queremos.

Las previsiones de esta agenda estratégica se referirán al conjunto de actividades económicas y sociales y regirán el contenido del Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales y los planes municipales.

Esta agenda tendrá dentro de sí un diagnóstico de las condiciones actuales que tiene nuestro país, tanto en lo político, cultural, económico, ambiental y social; la identificación de las dinámicas sociales y económicas que lo han propiciado y cómo solucionarlo; identificación de fortalezas, áreas de oportunidad, necesidades y situaciones críticas a resolver; identificación de vocaciones productivas regionales y áreas de oportunidad; reconocimiento de tendencias locales e internacionales; crecimiento esperado poblacional; necesidades en materia de infraestructura, servicios y otras áreas estratégicas; definición de objetivos claros y prioridades estratégicas para el desarrollo del país, y otros elementos que nos ayuden a lograr el México del futuro que todos queremos.

¿Por qué es importante esto? Cuestiones tan básicas, como poder identificar cuánta población tendremos para saber cuántas escuelas requerimos hacer, para que no pase lo que sucede hoy en día, que hay más niños por aula de los que un maestro puede controlar y, por lo tanto, no se le da educación de calidad, o cuántos hospitales requerimos para que no pase lo que pasa hoy en día, que personas van a querer ser atendidas en el Seguro y tienen que esperar por su ficha y muchas ocasiones no lo pueden hacer ni siquiera ese mismo día.

Que no pase lo que pasó en mi tierra, Hermosillo, Sonora, en donde no tenemos agua por la mitad del día los habitantes, situación que, por cierto, afortunadamente ya está siendo resuelta por el gobierno del estado.

No nos puede suceder. Necesitamos elevar la mira y pensar en el México del futuro que queremos y pensar en acciones concretas para poderlo resolver.

Decía un personaje destacado a nivel internacional, que una visión sin acción no pasa de un sueño. Acción sin visión solo es un pasatiempo. Pero una visión con acción puede cambiar al mundo. Es tiempo de marcar rumbo y establecernos metas claras que nos permitan orientar los esfuerzos del gobierno y así, también, la asignación presupuestal.

Termino, presidente, recordando nada más que es reforma constitucional. Estoy consciente de las críticas que se le hacen al sistema de planeación, específicamente hoy que estamos en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Se afirma que no se puede con un documento querer cambiar al país; se afirma en ocasiones que solamente es un ejercicio que sirve de propaganda y que después se guarda en un cajón. Sin embargo, creo que la crítica está mal enfocada, no es el sistema de planeación el que está incorrecto, es el ejercicio o el uso que se le da a ese sistema de planeación que no se le da un seguimiento, que no se establecen indicadores concretos, que no se miden los resultados, que no se evalúa y que no se llevan a cabo políticas públicas congruentes con esa visión de largo plazo que queremos para México.

Decía Castillo Peraza que no es tiempo de inventar futuros con el pretexto de que inventar futuros salva el presente, sino es tiempo de preservar el futuro por la acción responsable del presente. Ésa es la visión que creo debe gobernar a México, la visión del orden, de la seriedad y del futuro posible, basado en la continua construcción de un presente responsable.

Renunciemos a las improvisaciones, a los falsos discursos y a las cómodas posiciones. Apostemos todo cuanto tenemos, todo cuanto podemos en alcanzar este futuro, que más que un sueño, es una realidad que nos espera. La decisión es nuestra.

Recordemos las palabras de Ortega y Gasset: Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del PAN

Damián Zepeda Vidales, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, con la finalidad de establecer la obligación de llevar a cabo planeación del desarrollo con visión de largo plazo en México, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Sin lugar a dudas la planeación es factor estratégico para el éxito de las políticas públicas y desarrollo de un país. A nivel internacional, los casos más significativos de éxito en materia de crecimiento económico, desarrollo integral y competitividad, tienen un común denominador: planeación estratégica de largo plazo. Así, encontramos, por ejemplo, los casos de países como Chile, Brasil, Finlandia, Corea y China, por citar solo algunos, quienes identificaron sus ventajas competitivas décadas atrás y tomaron decisiones con visión de largo plazo que rindieron fruto con creces a lo largo de los años. La gran mayoría de los cambios de fondo y estructurales en un país difícilmente se generan de un día para otro, se llevan a cabo con planeación y estructuración de políticas públicas congruentes, continuas y enfocadas a un mismo fin por años.

Derivado de lo anterior, se debe considerar la importancia de la planeación de largo plazo en las diversas materias correspondientes al Estado, como son el económico, social, cultural, político y ambiental, entre otros, así como acentuadamente en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y definición de obras públicas. Tener una visión a futuro es una herramienta fundamental para lograr el nivel de desarrollo integral deseado para nuestro país y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Desde esta perspectiva debemos ver a ésta como uno de los instrumentos que hará que México potencialice sus niveles de competitividad y bienestar social.

Como se ha mencionado anteriormente, México necesita incrementar sus niveles de competitividad para generar mayor crecimiento económico, bienestar social y desarrollo integral del país. Actualmente, según señala en Índice de Competitividad Internacional 2011, del Instituto Mexicano para la Competitividad, nos encontramos como país situados en la posición número 32 de 46 países que participan en el estudio, siendo calificado por debajo de países como Chile, Costa Rica y Argentina. Cabe destacar que hemos ocupado la misma posición los últimos 6 años, siendo el Índice una valoración integral al considerar los siguientes aspectos: Sistema de Derecho, Medio Ambiente, Sociedad Preparada, Economía Estable, Sistema Político, Mercado de Factores, Sectores Precursores, Gobierno Eficiente, Relaciones Internacionales y Sectores Económicos.

Así, el Índice en mención realiza un comparativo de competitividad de un país respecto a otros, comparando su desempeño en los diversos factores señalados. Estos, a su vez, se encuentran integrados por subíndices que nos ayudan a identificar el estado de desarrollo en que se encuentra determinada nación en determinado sector y porque, evaluando con la suma de sus resultados de manera integral al mismo, explicando de manera cualitativa el porqué de su desarrollo y exponiendo las mejores prácticas a nivel nacional. Dicho mecanismo y otros similares, representan una herramienta muy útil para identificar nuestras fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad como país, a las cuales podemos dirigir cambios legislativos, presupuesto y políticas públicas concretas, a efecto de mejorar nuestro desempeño como entidad y generar un mejor desarrollo.

La planeación del desarrollo en nuestro país es un mandato constitucional. A nivel federal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases para un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo, señalando en su artículo 26 A.:

 ¨El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinaran los objetivos de la planeación. La planeación será democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

La ley facultara al ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinara los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución...¨

Sin embargo, la ley que regula la materia de planeación le establece a la misma el límite de tiempo al cual se encuentra sujeta una administración, teniendo el Plan Nacional de Desarrollo un horizonte de 6 años. Lo anterior, aún cuando correcto en términos de identificar de manera clara los objetivos y estrategias que darán rumbo al país y a los cuales se ajustará la administración en turno, limita la visión a un periodo de tiempo insuficiente para establecer políticas públicas de manera continua y congruente para la consecución del estado de desarrollo integral que deseamos lograr como sociedad.

Atendiendo lo anterior, se considera pertinente proponer la obligación de contar con una planeación de largo plazo con visión integral para México, que determine los objetivos, estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de desarrollo integral de la Nación y de la calidad de vida de sus ciudadanos. Dicha propuesta considera una planeación a un horizonte de 30 años para el país, actualizable de manera ordinaria cada 10 años y extraordinaria cuando se considere necesaria. Por supuesto lo anterior en adición y congruencia, no sustitución, de los esquemas de planeación actuales.

Para hacer realidad lo anterior, se hace necesario modificar el segundo y tercer párrafo y agregar un último párrafo al aparatado A del artículo 26 de nuestra Constitución Federal en los siguientes términos. (Se señalan las modificaciones con negritas.)

“Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá una agenda estratégica nacional que defina la visión del país con una perspectiva de largo plazo, a un horizonte de 30 años, en donde se determinarán los objetivos, estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de desarrollo integral del país y la calidad de vida de sus ciudadanos. Así mismohabrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal y el cual deberá de estar alineado a lo expuesto en la agenda estratégica nacional.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación de l la agenda, del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

...

Las Constituciones de las entidades federativas deberán contemplar la obligatoriedad para el estado y sus municipios de la elaboración de agendas estratégicas, planes y programas en los mismos términos de la presente disposición”

De igual forma, se propone reformar la Ley de Planeación con la finalidad de plasmar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática la Agenda Estratégica, en los términos expuestos en la propuesta de reforma constitucional, especificando su integración y la participación de cada actor involucrado en el proceso de planeación del desarrollo. Resalta en esta reforma a la Ley de Planeación, la realizada al artículo 21 bajo los siguientes términos: (se señalan las modificaciones con negritas)

Artículo 21. La planeación del desarrollo nacional se llevará a cabo atendiendo a lo siguiente:

A. La Agenda Estratégica Nacional es el documento que define la visión del país con una perspectiva de largo plazo, a un horizonte de 30 años, el cual determinará los objetivos, estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de desarrollo integral del país y calidad de vida de sus ciudadanos.

La Agenda Estratégica Nacional deberá contener:

I. Un diagnóstico de las condiciones actuales de desarrollo del país que incluya aspectos político, cultural, social, ambiental y económico, entre otros, como la identificación de las dinámicas sociales y económicas que lo han propiciado, basándose para ello de manera no limitativa en la información que al respecto se emita en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

II. Identificación de sus fortalezas, áreas de oportunidad, necesidades y situaciones críticas o de atención prioritaria, en su caso.

III. Identificación de sus vocaciones productivas regionales y áreas de oportunidad.

IV. Reconocimiento de tendencias locales y extranjeras en materia económica y productiva.

V. Crecimiento y dinamismo poblacional esperado en base a la información que al respecto emita el Consejo Nacional de Población.

VI. Necesidades en materia de infraestructura, servicios y otras áreas estratégicas, de acuerdo con los escenarios futuros definidos acorde a las dinámicas poblacionales, sociales y económicas productivas proyectadas para el país.

VII. Definición de objetivos, estrategias y prioridades de desarrollo para el país, con previsiones sobre los recursos que serán necesarios para tales fines, instrumentos responsables de su ejecución, lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional, así como indicadores y metas mesurables.

VIII. Otros elementos que coadyuven al propósito de elaborar un documento con el escenario futuro de desarrollo socioeconómico deseado para el país y la estrategia y recursos necesarios para llegar al mismo.

Las previsiones de la Agenda Estratégica Nacional se referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales, y regirán el contenido del Plan y programas que se deriven del mismo.

El objeto de la planeación de largo plazo debe ser siempre elevar la calidad de vida de los mexicanos y generar mejores condiciones de desarrollo para el país.

Se formulará dentro de los dos últimos años del plazo de duración del mismo.

La categoría de Agenda queda reservada a la Agenda Estratégica Nacional.

B. El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo, debiendo en todo momento estar alineada con lo previsto en la Agenda Estratégica Nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.

Además se contemplan modificaciones que darán sentido jurídico a la integración de la Agenda Estratégica Nacional dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática, así como la obligatoriedad constitucional de que las entidades federativas legislen en sus marcos normativos superiores la obligatoriedad de utilizar una visión de largo plazo en su planeación para el estado y sus municipios.

Ahora bien, cabe destacar que la Agenda Estratégica Nacional,  se propone sea actualizada cada 10 años, definiendo nuevamente la visión del país con una perspectiva de largo plazo, a un horizonte de 30 años. Así mismo,  el proceso de planeación deberá contar con objetivos específicos y metas mesurables, además de impulsar la congruencia de todos los planes y programas con la visión de largo plazo, a fin de lograr continuidad en las políticas públicas, buscando siempre elevar la calidad de vida de los mexicanos y generar mejores condiciones de desarrollo para la Nación.

Es importante resaltar una vez más la importancia de plasmar una visión a futuro en un documento formal, que marque el rumbo y establezca metas claras, definidas, que permita orientar los esfuerzos de las diversas dependencias, asi como la asignación presupuestal, hacia un resultado esperado en un horizonte de 30 años. Solo asi, con congruencia y continuidad en las acciones a lo largo de los años podremos verdaderamente incrementar la competitividad de nuestro pais y crecer a convertirnos en un Mexico con mejores oportunidades para todos.

Es por todo lo anteriormente mencionado, que con esta serie de reformas en materia de planeación, se propone reformar diversas disposiciones de Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, al tenor del siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación

Primero. Se reforman el segundo y tercer párrafo, y se adiciona un cuarto al artículo 26 apartado A para quedar como sigue:

Artículo 26

A. ...

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá una agenda estratégica nacional que defina la visión del país con una perspectiva de largo plazo, a un horizonte de 30 años, en donde se determinarán los objetivos, estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de desarrollo integral del país y la calidad de vida de sus ciudadanos. Así mismo habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal y el cual deberá de estar alineado a lo expuesto en la agenda estratégica nacional.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del la agenda, del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

...

Las Constituciones de las entidades federativas deberán contemplar la obligatoriedad para el estado y sus municipios de la elaboración de agendas estratégicas, planes y programas en los mismos términos de la presente disposición.

...

Segundo. Se reforma la fracción IV del artículo 1, el artículo 5, los dos primero párrafos de artículo 6, el artículo 7, el tercer párrafo del artículo 9, los artículos 10 y 13, las fracciones II, IV, VI y VII del artículo 14, el artículo 15, las fracciones I, IV, VII del artículo 16, el artículo 18, el primer párrafo del artículo 20, el título del capítulo cuarto, el articulo 21, 27 y 28, el primer párrafo del artículo 29, el artículo 30, 31, 32, el primer párrafo del artículo 37, el segundo párrafo del artículo 40, el artículo 41 y el primer párrafo del artículo 42, así como se adiciona un tercer párrafo al artículo 3, un artículo 14 Bis, y un apartado A y un apartado B al artículo 21, todos de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

I. al III. ...

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración de la Agenda Estratégica, del Plan y los programas a que se refiere esta ley, y

...

Artículo 3o. ...

...

Para este efecto se contará con una Agenda Estratégica Nacional que en lo sucesivo se le denominará Agenda; un Plan Nacional de Desarrollo, que en lo sucesivo se le denominará Plan; y programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, que en lo sucesivo se les denominarán programas.

...

Artículo 5o. El presidente de la República remitirá la Agenda y el Plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del la Agenda y el Plan.

Artículo 6o. El presidente de la República, al informar ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución de la Agenda Estratégica Nacional,del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales.

En el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo remitirá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe de las acciones y resultados de la ejecución de la agenda, del plan y los programas a que se refiere el párrafo anterior, incluyendo un apartado específico con todo lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones del artículo 2 Constitucional en materia de derechos y cultura indígena.

...

Artículo 7o. El presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos, informará del contenido general de dichas iniciativas y proyectos y su relación con los programas anuales que, conforme a lo previsto en el Artículo 27 de esta ley, deberán elaborarse para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de la Agenda Estratégica Nacional.

...

Artículo 9o. ...

...

El Ejecutivo federal establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño para medir los avances de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada en el logro de los objetivos y metas de la Agenda, del Plan y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a alcanzar anualmente y para compensar y estimular el buen desempeño de las unidades administrativas y de los servidores públicos.

Artículo 10. Los proyectos de iniciativas de leyes y los reglamentos, decretos y acuerdos que formule el Ejecutivo Federal, señalarán las relaciones que, en su caso, existan entre el proyecto de que se trate y la Agenda, el Plan y los programas respectivos.

...

Artículo 13. Las disposiciones reglamentarias de esta ley establecerán las normas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática y el proceso de planeación a que deberán sujetarse las actividades conducentes a la formulación, instrumentación, control y evaluación de la Agenda, del Plan y los programas a que se refiere este ordenamiento.

Artículo 14. ...

I. ...

II. Elaborar la Agenda Estratégica Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la perspectiva de género;

III. ...

IV. Cuidar que la Agenda, el Plan y los programas que se generen en el Sistema, mantengan congruencia en su elaboración y contenido;

V. ...

VI. Elaborar los programas anuales globales para la ejecución de la Agenda, del Plan y los programas regionales y especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias coordinadoras de sector, y los respectivos gobiernos estatales;

VII. Verificar, periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y los programas regionales y especiales a que se refiere esta Ley, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, la Agenda, el Plan y los programas respectivos, y

...

Artículo 14 Bis. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento de las atribuciones que se le asignan en el artículo anterior tendrá como coadyuvante técnico fijo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como podrá auxiliarse de organismos públicos, privados, académicos y ciudadanos.

Artículo 15. ...

I. Participar en la elaboración de la Agenda Estratégica Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo, respecto de la definición de las políticas financiera, fiscal y crediticia;

II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades de recursos y la utilización del crédito público, para la ejecución de la Agenda, del Plan y los programas;

III. Procurar el cumplimiento de los objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y los programas, en el ejercicio de sus atribuciones de planeación, coordinación, evaluación y vigilancia del Sistema Bancario.

IV. Verificar que las operaciones en que se haga uso del crédito público prevean el cumplimiento de los objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y los programas; y

V. Considerar los efectos de la política monetaria y crediticia, así como de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, en el logro de los objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y los programas.

Artículo 16. A las dependencias de la administración pública federal les corresponde:

I. Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración de la Agenda Estratégica Nacional y del Plan Nacional de Desarrollo, observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de sus facultades;

II. y III. ...

IV. Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con la Agenda, el Plan y los programas regionales y especiales que determine el presidente de la República.

V. y VI. ...

VII. Vigilar que las entidades del sector que coordinen conduzcan sus actividades conforme a la Agenda, al Plan Nacional de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente, y cumplan con lo previsto en el programa institucional a que se refiere el artículo 17, fracción II; y

...

Artículo 18. La Secretaría de la Contraloría de la Federación deberá aportar elementos de juicio para el control y seguimiento de los objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y los programas.

...

Artículo 20. En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución de la Agenda, del Plan y los programas a que se refiere esta ley.

....

Capítulo CuartoAgenda, Plan y Programas

Artículo 21. La planeación del desarrollo nacional se llevará a cabo atendiendo a lo siguiente:

A. La Agenda Estratégica Nacional es el documento que define la visión del país con una perspectiva de largo plazo, a un horizonte de 30 años, el cual determinará los objetivos, estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de desarrollo integral del país y calidad de vida de sus ciudadanos.

La Agenda Estratégica Nacional deberá contener:

I. Un diagnóstico de las condiciones actuales de desarrollo del país que incluya aspectos político, cultural, social, ambiental y económico, entre otros, como la identificación de las dinámicas sociales y económicas que lo han propiciado, basándose para ello de manera no limitativa en la información que al respecto se emita en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

II. Identificación de sus fortalezas, áreas de oportunidad, necesidades y situaciones críticas o de atención prioritaria, en su caso.

III. Identificación de sus vocaciones productivas regionales y áreas de oportunidad.

IV. Reconocimiento de tendencias locales y extranjeras en materia económica y productiva.

V. Crecimiento y dinamismo poblacional esperado en base a la información que al respecto emita el Consejo Nacional de Población.

VI. Necesidades en materia de infraestructura, servicios y otras áreas estratégicas, de acuerdo con los escenarios futuros definidos acorde a las dinámicas poblacionales, sociales y económicas productivas proyectadas para el país.

VII. Definición de objetivos, estrategias y prioridades de desarrollo para el país, con previsiones sobre los recursos que serán necesarios para tales fines, instrumentos responsables de su ejecución, lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional, así como indicadores y metas mesurables.

VIII. Otros elementos que coadyuven al propósito de elaborar un documento con el escenario futuro de desarrollo socioeconómico deseado para el país y la estrategia y recursos necesarios para llegar al mismo.

Las previsiones de la Agenda Estratégica Nacional se referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales, y regirán el contenido del Plan y programas que se deriven del mismo.

El objeto de la planeación de largo plazo debe ser siempre elevar la calidad de vida de los mexicanos y generar mejores condiciones de desarrollo para el país.

Se formulará dentro de los dos últimos años del plazo de duración del mismo.

La categoría de Agenda queda reservada a la Agenda Estratégica Nacional.

B.El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la República, y su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo , debiendo en todo momento estar alineada con lo previsto en la Agenda Estratégica Nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.

...

Artículo 27. Para la ejecución de la Agenda, del Plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental y cultural correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la administración pública federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.

Artículo 28. La Agenda, el Plan y los programas a que se refieren los artículos anteriores especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados.

Artículo 29. La Agenda, el Plan y los programas regionales especiales, deberán ser sometidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la consideración y aprobación del presidente de la República.

...

Artículo 30. La Agenda Estratégica Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 31. La Agenda Estratégica Nacional deberá actualizarse cada diez años, y de manera extraordinaria cuando lo determine el Ejecutivo Federal, proyectándose nuevamente una visión de largo plazo de treinta años. El Plan y los programas sectoriales serán revisados con la periodicidad que determinen las disposiciones reglamentarias. Los resultados de las revisiones y, en su caso, las adecuaciones consecuentes a la Agenda, al Plan y los programas, previa su aprobación por parte del titular del Ejecutivo, se publicarán igualmente en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 32. Una vez aprobados la Agenda, el Plan y los programas, serán obligatorios para las dependencias de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad de la Agenda, del Plan y los programas será extensiva a las entidades paraestatales. Para estos efectos, los titulares de las dependencias, en el ejercicio de las atribuciones de coordinadores de sector que les confiere la ley, proveerán lo conducente ante los órganos de gobierno y administración de las propias entidades.

La ejecución de la Agenda, del Plan y los programas podrán concertarse, conforme a esta ley, con las representaciones de los grupos sociales interesados o con los particulares.

Mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, el Ejecutivo federal inducirá las acciones de los particulares y, en general, del conjunto de la población, a fin de propiciar la consecución de los objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y los programas.

La coordinación en la ejecución de la Agenda, del Plan y los programas deberá proponerse a los gobiernos de los estados, a través de los convenios respectivos.

...

Artículo 37. El Ejecutivo federal, por sí o a través de sus dependencias, y las entidades paraestatales, podrán concertar la realización de las acciones previstas en la Agenda,el Plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados.

...

Artículo 40. ...

El propio Ejecutivo federal y las entidades paraestatales observarán dichos objetivos y prioridades en la concertación de acciones previstas en la Agenda, el Plan y los programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados.

Artículo 41. Las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Ejecutivo Federal para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir, y, en general, inducir acciones de los particulares en materia económica, social y ambiental, se ajustarán a los objetivos y prioridades de la agenda, del plan y los programas.

Artículo 42. A los funcionarios de la administración pública federal, que en el ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, las que de ella se deriven a los objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y los programas, se les impondrán las medidas disciplinarias de apercibimiento o amonestación, y si la gravedad de la infracción lo amerita, el titular de la dependencia o entidad podrá suspender o remover de su cargo al funcionario responsable.

....

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, por única ocasión, deberá formular y publicar la Agenda Estratégica Nacional dentro del plazo de un año, contado a partir de entrar en vigor la presente Ley.

Tercero.El Ejecutivo federal deberá adecuar su reglamentación a las disposiciones de la presente ley en un término de 90 días naturales, contados a partir de entrar en vigor la presente Ley.

Cuarto.Los Planes y Programas en materia de planeación, elaborados y publicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, en su caso, deberán ser adecuados a los términos de la nueva Ley, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación la Agenda Estratégica Nacional.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 2 de abril de 2013.— Diputados: Damián Zepeda Vidales, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, María Guadalupe Mondragón González, Ricardo Villarreal García, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La diputada Amalia Dolores García Medina:Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Amalia Dolores García Medina: Compañeras y compañeros, ¿por qué presentar una propuesta que aparentemente es realmente muy sencilla, pero que considero pertinente y que se refiere al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública?

Estoy absolutamente convencida de que las nuevas instituciones que se han creado en México en los últimos años, precisamente las que fortalecen la calidad democrática en nuestro país, aquellas que tienen que ver con la obligación de rendir cuentas permanentemente, de informar, de transparentar aquello que concierne a la función pública, al servicio público, a la actividad de los y las servidoras públicas, es fundamental y la institución que debe de ser garante de estos derechos es una institución que debe tener toda la autoridad, toda la calidad, toda la fuerza democrática que le permita cumplir con esta encomienda tan importante, tan relevante.

Sin embargo, en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública lo que con una enorme pena y también con preocupación hemos presenciado en las últimas semanas, ha sido un deterioro de su vida interna, y el motivo por el cual se ha dado ese desgaste ha sido por el mecanismo para la elección de quien preside esta institución.

Me parece fundamental que esto sea resuelto y que no sea un asunto que genere desgaste. De tal manera que así como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública es una institución fundamental, esencial, que debe de ser protegida y cuidada, me parece también que no debía descartarse un mecanismo que le evite ese deterioro, esa competencia, ese debilitamiento entre sus integrantes, los comisionados y comisionadas.

Por lo tanto, la propuesta que hoy presento es que sea entre los integrantes y las integrantes de esta institución; es decir, entre los consejeros y consejeras que cumplen todos los requisitos que establece la ley, que cuentan con características, con experiencia, con la calidad y la capacidad que ha hecho que formen parte de esa institución como consejeras y consejeros, que sea entre ellos a través de un sorteo, es decir, de una insaculación como se determine quien preside dicha institución.

De tal manera que en lugar del desgaste permanente que se da entre ellos, pudiera ser una insaculación o un sorteo en el que inclusive quien ya lo presida pueda participar, tal y como hoy sucede por única ocasión, en la posibilidad de una reelección por única vez.

Esto, siendo un mecanismo que además ha sido practicado en diversas ocasiones, porque permite que quienes cumplen con los requisitos puedan formar parte de ello, y no es además un asunto nuevo e inédito.

Hay que señalar por ejemplo que en la antigua Grecia las magistraturas se elegían por sorteo entre los postulantes que cumplían los requisitos, y a lo largo de la historia encontramos ejemplos de este método.

Si aquí se cumplen todos los requisitos que marca la ley y todas las características en sus integrantes, me parece pertinente entonces que el artículo 36 de dicha ley, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública sea modificado para quedar como sigue:

El instituto será presidido por una o un comisionado, quien tendrá la representación legal del mismo, durará en su encargo un periodo de dos años, renovable por una ocasión, y el comisionado o comisionada presidente será elegido o elegida en un sorteo en el que participarán sus propios integrantes y en un sorteo en el que los propios comisionados y comisionadas realicen.

Me parece que este método, que resulta muy sencillo, al mismo tiempo facilitará la vida interna de esta institución. Es por ello que creo que esta reforma ayudará a que se mejore la calidad de la vida interna y la relación entre comisionadas y comisionados integrantes de esta institución tan importante.

Estoy segura de que esta propuesta puede ser considerada y que puede ayudar a darle fortaleza al Instituto Federal de Acceso a la Información. Es cuanto, señor presidente, compañeras y compañeros, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Amalia Dolores García Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Desde 1977, la Carta Magna reconoció el derecho de los gobernados a conocer la forma en que se lleva la administración pública, al establecer la obligación de las autoridades y órganos de gobierno de rendir información veraz, completa y clara a la ciudadanía. Derecho que actualmente se encuentra consagrado en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose que “toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes”.

Se establece también que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

Sin embargo, hacía falta una institución con la autoridad y el consenso nacional que velara y procurara que el derecho de la ciudadanía a obtener información acerca de la forma en que se lleva la administración pública, y que todo lo concerniente a la misma, se hiciere efectivo. Hasta el 12 de julio de 2003, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se creó el instrumento que procura se haga válido el mandato constitucional señalado: el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos (IFAI), organismo público cuyo máximo órgano de dirección es el pleno, el cual está integrado por cinco comisionados (órgano colegiado que adopta sus resoluciones por mayoría de votos).

Dicho órgano colegio debe contar con un presidente o presidenta, que coordine los trabajos y deliberaciones del pleno y ejerza la representación legal del Instituto. Actualmente, la forma de elección de la o el comisionado presidente, se establece en el artículo 36 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en los siguientes términos:

Artículo 36 . El Instituto será presidido por un comisionado, quien tendrá la representación legal del mismo. Durará en su encargo un periodo de dos años, renovable por una ocasión, y será elegido por los comisionados.

En su momento, el Congreso de la Unión consideró que dicha forma de elección de quien preside el Instituto era la más adecuada y pertinente. Sin embargo, recientemente hemos sido testigos de pugnas y descalificaciones lamentables en la elección del comisionado presidente del IFAI, que han provocado un debilitamiento que ha repercutido de manera negativa en uno de los instrumentos esenciales de la democracia deteriorando la imagen que la ciudadanía tiene de dicho instituto.

Por ello es pertinente revisar el mecanismo de elección de la o el comisionado presidente y crear otro que no genere el desgaste y debilitamiento que hoy estamos observando.

En ese contexto, se propone que el procedimiento sea un sorteo de entre sus integrantes, pudiendo incluso participar en dicha insaculación quien lo presida en ese momento, para optar por una posible reelección por un segundo periodo.

Además, es pertinente armonizar el artículo objeto de la reforma con el lenguaje de género, habida cuenta de que el consejo está compuesto por mujeres y hombres; por tanto, quien presida el instituto puede ser comisionado o comisionada.

Argumentos

El respeto y la calidad de la vida institucional del IFAI son elementos que impactan la calidad democrática del país; por lo tanto, es positivo procurar un método de decisión interno que no genere tensiones, pugnas ni discusiones innecesarias, entre las y los consejeros, que deteriore el ambiente de trabajo y disminuya la calidad de su tarea sustancial, que es garantizar el mandato constitucional del acceso a la información pública, en interés de la nación.

La elección por sorteo o insaculación no es una medida inédita ni extraordinaria, si tomamos en cuenta que en la antigua Grecia, las magistraturas se elegían por sorteo entre los postulantes que cumplían los requisitos para ocupar la magistratura. En este caso, se trataría de un sorteo entre pares, que cumplen todos los requisitos que marca la ley.

Es decir, si ya fueron elegidos y elegidas para el importante y trascendental cargo de consejero del IFAI, es porque cumplen cabalmente con los requisitos y cuentan con la experiencia, calidad y credenciales suficientes para presidir y coordinar el órgano central formado por sus pares, y representar legalmente al instituto.

Además, en el espíritu de la ley está que quien presida puede ser comisionada o comisionado; y ya se ha dado la circunstancia de que una mujer presida el instituto, por lo que resulta pertinente introducir el lenguaje de género es el artículo 36 de la ley.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Artículo Único.Se reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 36. El instituto será presidido por una o un comisionado, quien tendrá la representación legal del mismo. Durará en su encargo un periodo de dos años, renovable por una ocasión, y será elegido o elegida en un sorteo en el que participarán sus integrantes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 3 de abril de 2013.— Diputadas: Amalia Dolores García Medina, Joaquina Navarrete Contreras (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Se turna la iniciativa a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

PETICION DE TRAMITE DE DICTAMENES

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido a la curul de la diputada Mícher Camarena.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Gracias, señor Presidente. Tenemos una inquietud en la Comisión de Equidad y Género y he recibido algunos, si no reclamos, sí inquietudes de algunas diputadas que han integrado puntos de acuerdo que se han aprobado en mi comisión desde el 13 de diciembre, y hemos visto que en la publicación que se hace en la Gaceta Parlamentaria los puntos de acuerdo de la Comisión de Equidad y Género venían todos juntos y el exhorto al gobernador de Querétaro, que era el último punto de acuerdo, ayer aparece en el número 18 y se ha estado pasando al número 21 y el número 24. El exhorto al gobernador de Quintana Roo también se ha estado cambiando de orden.

Nada más quisiera saber cuál es el criterio que está permeando, porque Querétaro y Quintana Roo pareciera que no pueden resistir un exhorto y el problema es que en este orden del día de la Cámara de Diputados y de la Gaceta Parlamentaria se modifica. Ayer se modificó significativamente y el punto del exhorto a Querétaro se mandó hasta el número 18, cuando venía en los primeros números de puntos de acuerdo.

Nada más quisiera hacerle esta observación, señor presidente, porque las diputadas y diputados que presentaron sus puntos de acuerdo y que el pleno de la comisión los aprobó el 13 de diciembre, pues tienen razón, están incómodos, incómodas y se sienten maltratados. Me parece que sería muy oportuno que nos dieran una explicación del porqué se ha modificado el punto de acuerdo a Querétaro y el punto de acuerdo a Quintana Roo.

El Presidente diputado José González Morfín: Le ofrezco lo mismo que le ofrecí hace un momento a la diputada Raquel Jiménez, que mañana en la Mesa Directiva pediremos que se agrupen los 10 dictámenes de la Comisión de Equidad y Género, juntos, y no nada más eso, que ojalá ya en una próxima sesión se puedan abordar en paquete los diez dictámenes, que creo que eso es lo que realmente procede. Llevaré el asunto mañana, con mucho gusto, a la Mesa Directiva.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias.

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputada.

La diputada María de Lourdes Amaya Reyes (desde la curul): Diputado, también respecto de lo que comentaba la diputada Malú Mícher, también estamos en la misma situación en la Comisión de Derechos Humanos, tenemos atrasados varios dictámenes que sí me gustaría ya pudiéramos finiquitar; son dictámenes que ya aprobamos en comisión hace varios meses y que tenemos esperando ya varios mismos de ellos.

Por ello solicito que la Mesa Directiva ya ponga orden en esto, y que nos dé ya una realidad de qué día estaremos pudiendo presentar y subiendo estos dictámenes. Gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Mañana lo abordamos con mucho gusto. Hay dictámenes que tienen seis semanas enlistados y no han podido discutirse en el pleno; creo que hay que dar una respuesta a eso.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Raquel Jiménez.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Como lo mencioné al inicio de la sesión del día de hoy, justamente abordando este tema que comenta la diputada Malú Mícher y abonando, parecieran temas de poca importancia el que se traten de exhortos. Creo que no lo son.

La mayoría —si no es que todos esos exhortos— siguen teniendo una vigencia y una importancia para cada una de las entidades federativas en los temas que abordamos ahí.

En lo particular, es de interés personal y de todos los que vivimos en el estado de Querétaro, que se dé pronta respuesta a la demanda que hago en este exhorto con respecto a las mujeres desaparecidas en el estado y del cual hasta el momento el gobernador y el señor procurador no han dado cuenta de lo mismo. Los exhortos no pierden una vigencia.

Pedimos, al igual que la diputada Malú Mícher, que se dé pronta atención a la discusión y aprobación de los mismos. Gracias, diputado presidente.

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Mónica García de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PVEM

La proponente, Mónica García de la Fuente, diputada de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro publicada el 27 de julio de 2008, establece que el Consejo de Fomento para el Libro y la Lectura, es una instancia conformada con el objeto de ser un órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública y un espacio de concertación y asesoría entre todas las instancias públicas, sociales y privadas vinculadas al libro y la lectura.

En este contexto, el Consejo se conforma por actores clave, instituciones públicas, sociales y privadas con injerencia y participación en el desarrollo de la cadena del libro. La presidencia del mismo recae en la Secretaría de Educación Pública; con la Secretaría Ejecutiva en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Asociación de Libreros de México, la Asociación Nacional de Bibliotecarios, la Sociedad General de Escritores de México, la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, y las Direcciones Generales de Publicaciones y de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como integrantes con carácter permanente dentro del mismo.

Adicionalmente, el Consejo, de acuerdo a las atribuciones que la ley le otorga, ha integrado como invitados con carácter no permanente, a cuatro instituciones fundamentales en el fomento del libro y la lectura en nuestro país, el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y Educal, SA de CV.

Estas instituciones, además de participar directamente en el cumplimiento de los objetos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, se destacan por contribuir sustancialmente en el cumplimiento de las funciones que la ley establece para el consejo.

Tomando en cuenta lo anterior, es que se presenta la Iniciativa de Ley que busca reconocer la importancia que tiene la participación del Fondo de Cultura Económica, del Instituto Nacional del Derecho de Autor, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y de Educal, SA de CV, dentro del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, formalizando su colaboración al incorporarles como integrantes con carácter permanente.

Argumentación

La importancia de fortalecer la presencia del libro y de la lectura en la sociedad radica en que ambas conllevan esencialmente, el desarrollo de la ciudadanía y de sus capacidades comunicativas. Nuestra democracia requiere que los individuos que la conforman sean capaces de reflexionar, articular, comprender, interpretar y comunicar ideas, esto nos obliga a apoyar y buscar perfeccionar, todos y cada uno de los esfuerzos que se realicen en materia de fomento de la lectura y el libro.

El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura se creó con el fin de articular y potenciar los esfuerzos y los logros que los actores vinculados con la cadena del libro habían venido realizando de forma aislada. En el Consejo se trató de agrupar a los principales actores públicos, sociales y privados relacionados con el tema, conformando un órgano asesor que oriente las políticas públicas, y al mismo tiempo, un espacio de discusión, análisis y consenso sobre los diversos intereses y necesidades que se generan en torno al libro y la lectura.

Sin embargo, al momento de su creación, por falta de visión y claridad en los alcances y exigencias de las labores propias del Consejo, se omitió integrar a cuatro instituciones fundamentales en el afianzamiento del papel del libro como vehículo cultural y del fomento de la lectura como motor del avance de la sociedad y su ciudadanía: El Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y Educal, SA de CV.

De esta forma, el consejo se instaló formalmente el 1 de agosto de 2008. Empero, casi desde el inicio de sus labores, en su segunda sesión ordinaria de 2008, mediante acuerdo correspondiente, sus integrantes, de acuerdo con las facultades que les otorga la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, trataron de subsanar esta omisión legislativa incorporando al Fondo de Cultura Económica, al Instituto Nacional del Derecho de Autor y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, como invitados con carácter no permanente. Por su parte, la presencia de Educal, SA de CV, se ha incluido de forma irregular, ya que desde el 2010 ha asistido como invitado no permanente sin aprobación previa de acuerdo alguno. Desde entonces, la participación de estos organismos ha sido constante tanto en las sesiones del Consejo, como en los grupos de trabajo, comisiones y acuerdos tomados por este.

Es por esto que la proponente considera que debe formalizarse la participación de estas instituciones, mediante un acto legislativo que les integre de forma permanente dentro del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, bajo las siguientes consideraciones:

Que en cada uno de los casos, se trata de instituciones de interés público que contribuyen directamente en el cumplimiento de los objetos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro señalados en su artículo 4, así como de las funciones que dicha Ley establece para el Consejo, indicadas en su artículo 15.

Que la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en su artículo 14, condiciona la participación de personas o instituciones públicas o privadas al acuerdo previo de los integrantes del Consejo.

A su vez, el artículo 10 del Manual de operación del mismo Consejo, limita las funciones de los invitados permanentes a participar en el análisis de los asuntos por los cuáles se les extiende invitación; a emitir opiniones de carácter técnico que permitan aclarar dudas en relación a los puntos a tratar; y, a firmar las actas de las sesiones, a diferencia de los consejeros, quienes de acuerdo con el artículo 9 del Manual, pueden proponer temas a tratar en las sesiones del Consejo; ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por el mismo; atender tareas y comisiones por encomienda del Consejo; y participar en la propuesta de temas para integrar el Programa de Trabajo Anual de esta instancia. Situación que ha caído en incumplimiento, toda vez que pese a su calidad de invitados no permanentes, han participado de los trabajos del Consejo sin atender la distinción que señalan los artículos antes citados.

Que el artículo 2 del decreto de creación del Fondo de Cultura Económica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1994, señala claramente que: El Fondo de Cultura Económica tendrá por objeto la promoción, fomento, edición, publicación, exhibición y comercialización de obras escritas o registradas en toda clase de medios tradicionales o electrónicos, con la finalidad de difundirlas y facilitar su acceso a todos los sectores de la población.

Además, el Fondo de Cultura Económica, es la editorial más importante de México en su género y una de las más significativas de Iberoamérica, cuenta con filiales en Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, Guatemala, Chile, Estados Unidos y España; así como con una red de 35 librerías propias, 24 en México y 11 en el resto del mundo hispanoparlante. Resaltando que, como institución, ha recibido distinciones tan importantes como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1989, el “Calendario Azteca de Oro” otorgado por la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, y la Mención Honrosa del “Premio Juan García Bacca” de la Asociación Cultural Peruana, entre otros.

Por otra parte, de acuerdo con los artículos 208 y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, con carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, y dentro de sus funciones encontramos el proteger y fomentar el derecho de autor; promover la creación de obras literarias y artísticas; llevar el Registro Público del Derecho de Autor; mantener actualizado su acervo histórico, y; promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos.

A su vez, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con fundamento en la gratuidad de la educación establecida en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una institución dependiente de la Secretaría de Educación Pública, creada con el objetivo de romper con las barreras económicas y garantizar condiciones educativas equitativas, a partir de la unificación de contenidos temáticos auspiciada por el Estado, con la visión de que el libro de texto gratuito, además de un derecho social, es un vehículo que faculta el diálogo y la equidad en la escuela.

Por último, sobre Educal, SA de CV, se destaca que como parte de su objeto social se encuentra diseñar material didáctico para apoyar al Sistema Educativo Nacional. En la actualidad distribuye los fondos editoriales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Subsistema de Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación Pública y de una centena de instituciones culturales estatales, universidades, centros de investigación, etc. Gracias a la labor de Educal estas publicaciones llegan a canales adecuados de comercialización, ya que al ser en su mayoría altamente especializadas, su distribución no resulta interesante para las empresas privadas.

Cabe resaltar que Educal es la responsable de garantizar el abasto en todo el país de los libros de programa de Preparatoria Abierta, que tiene una matrícula de casi 2 millones de estudiantes. También realiza la distribución y comercialización en México por medio de su Red Nacional de Librerías, constituida por más de 90 puntos de venta en 31 estados y el Distrito Federal, y 10 librerías móviles (Librobús). A través de su fuerza de ventas, atiende librerías privadas, tiendas departamentales y de autoservicio e instituciones gubernamentales, y realiza también exportaciones y ventas por Internet.

En este contexto, se promueve la modificación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de este Pleno, la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Artículo 14. El Consejo estará conformado por:

I a X...

XI. El Director General del Fondo de Cultura Económica;

XII. El Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor;

XIII. El Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

XIV. El Director General de Educal SA de CV.

Artículo Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de abril de 2013.— Diputada Mónica García de la Fuente (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: La iniciativa de la diputada Mónica García de la Fuente se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Me dicen que va a ser el diputado Ricardo Mejía, que también suscribe además la iniciativa. Tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo Mejía, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, compañero presidente. Efectivamente, ésta es una iniciativa suscrita por el diputado Ricardo Monreal y su servidor, que tiene como propósito modificar los artículos 8o. y 9o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y adicionar un artículo 8o. Bis y un artículo 8o. Ter a esta legislación.

Nosotros partimos de la base de que los problemas no se acaban escondiéndose o minimizándose, sino que los problemas se tienen que atender para poder ser resueltos.

Tan grave como haber emprendido una batalla contra el crimen organizado sin estrategia es el querer hoy eludir este tema. Ya no se habla por parte del gobierno federal del tema de la delincuencia, del crimen organizado y de la lucha contra el narcotráfico. Hoy se cambia el nombre del gabinete enfocado al tema y se le dice eufemísticamente México en paz, creyendo que metiendo la basura debajo de la alfombra o eludiendo tocar el tema, éste se oculta.

Pero ahí está la realidad; en marzo, según los conteos de los medios de comunicación, hubo 1,025 ejecutados y en los cuatro meses del gobierno van cerca de 3 mil, según reportan también diferentes medios de comunicación.

Lo que es evidente es que en este periodo no se ha logrado un cambio en el tema de la seguridad, no hay una mejoría. Ya salió el subsecretario de Prevención del Delito, Campa Cifrián, a decir replicando lo que dijo Enrique Peña Nieto, que un año; sin embargo, estos problemas ya no aguantan y esperamos que haya una solución.

Por eso nosotros estamos planteando que se reforme esta ley para que se atienda este problema por parte de la Procuraduría General de la República, a través de una unidad especializada de combate a la delincuencia organizada, que tenga los instrumentos técnicos, tecnológicos y humanos para poder investigar dos temas fundamentales: el tema del tráfico de dinero, del blanqueo de dinero, y también para que se pueda quitar el secreto bancario o fiduciario, e incluso profesional, para que esta unidad dependiente de la Procuraduría General de la República pueda atender este grave tema.

El narcotráfico, según especialistas en el tema, es el quinto empleador del país y ocupa una cifra cercana al medio millón de personas directamente a esta actividad, sin considerar también que un 78 por ciento de los sectores productivos tienen una interacción con esta actividad ilícita.

El narcotráfico en el país ocupa tres veces más personal que Petróleos Mexicanos, por eso, compañeras y compañeros diputados, creemos que este tema se tiene que atender y que se tienen que reforzar y reformar los instrumentos jurídicos y que el gobierno federal no puede estar soslayando el tema o simplemente dejándolo como la última de sus prioridades en la agenda pública, y por otro lado, criminalizando la protesta social y los movimientos pacíficos que logran o buscan reivindicaciones sociales.

Por eso nosotros vamos a seguir pugnando porque se mejoren los instrumentos jurídicos, y por otro lado, que no haya este amago de represión y este amago de criminalización de la protesta social.

Por eso saludamos que en esta Cámara el día de hoy esté presente un luchador social y maestro reconocido, el maestro Felipe Rodríguez, dirigente de la UPREZ, quien fue injustamente encarcelado hace unos días y que ya goza de libertad bajo caución.

Nosotros vamos a estar al pendiente de este tema, porque en lugar de perseguir a los luchadores sociales deben perseguir a los delincuentes y no esperar que este tema se amorcille en el imaginario colectivo y no se atienda con toda la prioridad que se debe al tema.

Esta es nuestra propuesta y ésta es la iniciativa que pedimos se integre al Diario de los Debates y se le dé el turno correspondiente, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa por la que se reforman los artículos 8o y 9o, y se adicionan los artículos  8o Bis y 8O Ter  de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La paz en el escenario internacional se ha visto afectada y deteriorada por la aparición y proliferación de la estructura y las redes de la delincuencia organizada. Estructura que no ha podido ser controlada y lejos de ello, ha generado más violencia, corrupción, y multiplicación de los delitos económicos y financieros. Así tenemos que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo representan delitos enormes que se estiman entre 2 por ciento y 5 por ciento del producto interno bruto, PIB, mundial (de 1.2 a 3.1 billones de dólares), informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Es por eso que se le debe de dar la importancia debida a este fenómeno delincuencial de carácter transnacional. Desde hace tiempo la comunidad internacional ha pretendido darle su valor justo a tal problemática, y por ello, la serie de esfuerzos se han traducido en la firma de acuerdos internacionales o tratados, que recogieron las experiencias de países que han sufrido directa o indirectamente los azotes de la delincuencia organizada transnacional, y que contienen textos en su mayoría prescriptivos, que buscan atacar al fenómeno en comento desde sus fuentes y diferentes aristas.

Por ello, en Palermo Italia, en el año 2000, se suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Dado el carácter transnacional de la actividad delictiva, se pensó que no era pertinente combatir este problema únicamente con medios y arbitrios nacionales.

La delincuencia organizada ha encontrado los medios para trascender internacionalmente, manifestándose en los últimos años de manera prominente, sin ser obstaculizados de modo efectivo o presionados en la misma  medida en que se empoderan. Las opciones disponibles en cada país desde una dimensión meramente local o interna, han demostrado que son insuficientes y conducen ineluctablemente a la pérdida del control de los Estados.

En los últimos 35 años, la delincuencia organizada ha llegado a evolucionar constantemente, en la búsqueda por encontrar más y mejores formas de evadir la acción de la justicia. Logrando en gran medida su objetivo en los países caracterizados por Estados débiles. En los cuales no se cuenta con verdaderos mecanismos de control que impidan que sean rebasados por la delincuencia organizada.

La infiltración que ésta última ha logrado en las estructuras gubernamentales de nuestro país es enorme. A esto último hay que sumarle los altos índices de impunidad. La delincuencia organizada ha logrado manipular por medio de sobornos, chantajes y  amenazas a gran parte del sector gubernamental del Estado mexicano. Ha llegado a tal grado la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de los diferentes órdenes de gobierno, que no han sido pocos los casos de corporaciones policiacas municipales o estatales, que han sido señaladas por proteger los intereses de los criminales.

Por lo anterior, se ha conceptualizado al crimen organizado por algunos, como una sociedad. Así que es fácil entender que estos grupos delincuenciales hayan crecido de una manera desmedida y que sus estructuras sean escalafonadas.

En este punto, cabe hacer énfasis que así como la delincuencia organizada se ha infiltrado en las estructuras de los gobiernos, de igual modo lo ha hecho en el sector empresarial, industrial y financiero. En septiembre de 2009, David Robillard, director general de la consultora Global Kroll México, aseguró que los ingresos derivados de la actividad criminal van en aumento, e indicó que en el país los ingresos por tráfico de estupefacientes son de 25 mil a 40 mil millones de dólares al año.

Aunque los ingresos estimados, no representan un porcentaje tan grande respecto del total del Producto Interno Bruto, esta situación adquiere otras dimensiones cuando caemos en cuenta, que según lo dicho por algunos especialistas, en México 78 por ciento de los sectores económicos del PIB están infiltrados por el narcotráfico, aunque el gobierno no reporta un solo caso de desmantelamiento patrimonial de ninguno de los sectores afectados.

Por ende, peligrosamente el fenómeno de la delincuencia organizada, y concretamente el del narcotráfico, se ha convertido en una de las más grandes fuentes de empleo.

El narcotráfico es el quinto empleador más grande del país. Estimados recientes muestran que en México hay 468 mil personas que se dedican al narco (Ríos y Sabet 2008); esto es cinco veces más personas que el total de la industria maderera mexicana y tres veces más que el personal de Pemex, la compañía petrolera con mayor número de empleados del mundo. Campesinos, matones, vigilantes, capos, abogados, doctores, secretarias; el narcotráfico necesita de todo, y de todo emplea.

Con esta plataforma financiera que permanece incólume, la delincuencia organizada ha logrado rebasar su influencia local para convertirse en un peligroso fenómeno de carácter trasnacional; con la incuestionable capacidad financiera y de fuego,  han logrado perfeccionar sus estrategias y mecanismos para poder llevar a cabo el trasiego de enormes cargamentos de armas, estupefacientes, y de hasta personas.

Si bien no puede negarse que las redes de corrupción e infiltración que han tendido sobre buena parte de la dimensión gubernamental del Estado mexicano, son un importante aliciente para sostener y reproducir la actividad de la delincuencia organizada, resulta evidente que mientras no se ataque su compleja estructura financiera, serán vanos los intentos por frenar o reducir su capacidad corruptora.

En este sentido, la comunidad internacional se ha mostrado interesada en plantear que la cooperación internacional sea más eficaz, incluido el intercambio de información entre autoridades competentes, la realización de investigaciones conjuntas y seguimiento, congelamiento y confiscación de bienes ilegales.

En el documento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Pasos hasta la lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, el organismo de índole internacional planteó que 180 gobiernos nacionales utilizan las recomendaciones para combatir esos delitos. Destaca que se necesitan mejores herramientas operativas y una amplia gama de técnicas y poderes de las unidades de inteligencia financiera para la aplicación de la ley, investigar y perseguir el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

Esto se relaciona estrechamente con lo dispuesto en la Convención de Palermo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, la cual prescribe para los Estados parte, la necesidad de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a fin de lograr un combate efectivo del fenómeno de la delincuencia organizada, pone en consideración la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.

Por otro lado, el instrumento internacional en comento, dispone en su artículo 4 párrafo 2 lo siguiente:

Artículo 4. ...

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

La propuesta que se somete a consideración de esta honorable asamblea, consiste en reformar levemente el artículo 8o de la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, eliminando de su redacción el segundo párrafo. El cual pasará a ser el artículo 8o Bis del mismo ordenamiento.

Asimismo, se propone adicionar un artículo 8o Ter, en el que se especifique que la unidad especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada dependiente de la Procuraduría General de la República,  contará además de un cuerpo técnico de control, con un cuerpo técnico de inteligencia financiera, para investigar y perseguir los actos u omisiones que redunden en operaciones de lavado de dinero.

Este último cuerpo técnico no será objeto de restricciones derivadas del llamado secreto bancario, fiduciario o profesional, en el desempeño de sus funciones de investigación, persecución o fiscalización de actos u omisiones que constituyan operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Finalmente se propone reformar el artículo 9o. de la ley en comento, con el propósito de establecer que el Ministerio Público federal perteneciente a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, deberá apoyarse en el cuerpo técnico de inteligencia financiera para la investigación y persecución de delitos de operación de recursos de procedencia ilícita. Caso en el cual, deberá coordinarse a su vez con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 8o. y 9o., y se adicionan los artículos 8o. Bis y 8o. Ter de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Único. Se reforman los artículos 8o. y 9o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y se adicionan los artículos 8o. Bis y 8o. Ter en los términos siguientes:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 En: http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=26248. Jueves 27 de mayo de 2010, 11:00 horas.

2 Como Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Económico

3 “Intacta, estructura financiera del narco”. El Universal, 15 de noviembre de 2009.

4 Ríos, Viridiana. 1993 . ¿Quién se vuelve narco y por qué? El Perfil del narcotraficante Mexicano (en línea). Este país.

Disponible en: %3A%2F%2Fwww.gov.harvard.edu%2Ffiles%2Fuploads%2FRios_EstePais_DealersS. pdf&rct=j&q=narcotr%C3%A1fico%20quinto%20empleador&ei=N5vuTZ_HCJG2s AOb89H_Bg&usg=AFQjCNHZtIgsx6InXuoI78ycoNFJlyVVzg. Consultado 07 junio. 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de marzo de 2013.— Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja. (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, en la teoría de poder implementada por Montesquieu, en su obra El Espíritu de las leyes, se sentaron las bases para la actual división de funciones o facultades de los estados, así surge la independencia entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, evitando con ello el retorno a estados totalitarios o despóticos.

Con la división de limitación e independencia de las funciones del Estado, se logró establecer un sistema de controles y contrapesos, en el que las facultades de cada poder le permitían limitar o frenar a los otros, evitando la supremacía de uno de ellos en detrimento de los otros.

En ese contexto, la interrelación entre las diversas funciones no implica una invasión a la esfera jurídica de sus competencias respectivas; por el contrario, reafirma el sistema de frenos y contrapesos que se encuentra implícito en la división de poderes, dotando de un equilibrio constitucional a las tres funciones.

En el país, la facultad de iniciar leyes, de manera fáctica y política estuvo prácticamente reservada al Poder Ejecutivo, mientras que el Legislativo se limitó a su aprobación. De esa manera se aisló al Judicial de toda intervención, limitándolo a la aplicación y resolución de casos concretos que se le presentan.

Empero, se han modificado las relaciones entre los poderes, implicando activamente al Poder Judicial en las decisiones tomadas por el Legislativo y el Ejecutivo, ello en protección y respeto a la Carta Magna.

Lo anterior quedó evidenciado en las reformas constitucionales de las fechas 6 y 10 de junio del 2011; la primera de ellas concierne, fundamentalmente, al juicio de amparo; la segunda, evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos mediante la expresión clara del principio pro persona, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

Por tanto, el juzgador cobra un relieve importante en la vida jurídica del país, pues es a quien le toca aplicar el marco normativo, de lo que puede advertir las deficiencias y errores que las normas jurídicas presentan al momento de su aplicación concreta.

En consecuencia, el objeto de la presente iniciativa radica en adicionar una fracción V al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga la facultad de presentar iniciativas de ley dentro del ámbito de su competencia y respecto a la administración y a la aplicación de justicia.

Al otorgar a la Suprema Corte la facultad de iniciar proyectos de ley se estaría dando la oportunidad de contar con leyes más eficaces y claras; su realización recogería las experiencias de ministros, así como las soluciones a los problemas que a diario se presentan en el quehacer jurisdiccional.

Lo anterior, de ningún modo invade la esfera de competencia del Poder Legislativo, ya que únicamente se limita a otorgar el derecho de la Corte a presentar iniciativas, reservando al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos la difusión y en su caso, aprobación de las iniciativas de ley. Caso similar pasó con la aprobación de las iniciativas ciudadanas.

Por último, solicito a la Presidencia que la presente intervención sea insertada íntegra en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La teoría de poderes implantada por Montesquieu, en la obra El espíritu de las leyes, sentó las bases para la actual división de funciones o facultades de los Estados, en los que surgen la independencia entre los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial, evitando con ello el retorno a Estados totalitarios o despóticos, en los que estas tres funciones o dos de ellas recaían en una misma persona.

Así, con la división, delimitación e independencia de las funciones del Estado, se logró establecer un sistema de controles y contrapesos –checks and balances (sistema introducido en el derecho anglosajón)–, en el que las facultades de cada “poder” le permitían limitar o frenar a los otros y así sucesivamente, evitando la supremacía de uno de ellos en detrimento de los otros, es decir, se logra un equilibrio que deriva en una mayor libertad para el ciudadano, originada por la limitación del propio poder.

No obstante lo anterior, y a pesar de que existe una división e independencia de las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, las mismas no pueden verse de una forma aislada y única, pues forman parte de un sistema, es decir, de un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas o en interacción que cumplen con una función determinada. En ese sentido, la palabra sistema, derivada del griego synistánai,debe ser entendida como lo que reúne, junta o coloca junto.

En ese contexto, la interrelación entre las diversas funciones, no implica una invasión a la esfera jurídica de sus competencias respectivas, sino por el contrario, reafirma el sistema de frenos y contrapesos que se encuentra implícito en la división de poderes, dotando de un equilibrio constitucional a las funciones legislativa, ejecutiva y judicial.

En nuestro país, la facultad de iniciar leyes, de manera fáctica y política estuvo prácticamente reservada al Poder Ejecutivo, mientras que el Legislativo se limitó a su aprobación y se aisló al Judicial de toda intervención, limitándolo únicamente a la aplicación y resolución de los casos concretos que se le presentaban a su consideración.

No obstante, y con el devenir social, se ha ido modificando las relaciones entre los poderes, implicando de una manera más activa al Poder Judicial en las decisiones tomadas por el Legislativo y Ejecutivo, ello en nombre de la protección y respeto de la Carta Magna.

Lo anterior quedó evidenciado con la reforma constitucional de fechas 6 y 10 de junio de 2011, la primera de ellas concierne fundamentalmente al juicio de amparo, institución protectora de los derechos fundamentales por excelencia, el cual se ve robustecido al ampliarse la procedencia del amparo respecto de cualquier norma general, al preverse su procedencia por violaciones de los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; con la introducción de figuras como el amparo adhesivo y los intereses legítimos individual y colectivo; la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión de las autoridades; la declaratoria general de inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones se determinarán en la ley reglamentaria; la creación de los plenos de circuito; y una nueva forma de integrar jurisprudencia “por sustitución”; entre otras.

La segunda, en estrecha relación con la anterior, evidencia el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Así, la ampliación de los derechos que significa la concreción de algunas cláusulas constitucionales, como la relativa a los migrantes o a la suspensión de garantías, aunada a la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, miran hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual.

Asimismo, al reformarse el artículo 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció:

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

Como se advierte, el constitucionalismo mexicano ha dotado de nuevas facultades al Poder Judicial, con la finalidad de que pueda ser un partícipe activo de las decisiones que discuten y toman los demás poderes. Ello, con la finalidad de limitar y evitar los excesos de alguno de ellos; es decir, la creación de facto de un metapoder.

En otro orden de ideas, los tribunales judiciales del país se enfrentan a diversos problemas al momento de resolver los casos específicos que les presentan, ello derivado de la utilización de normas jurídicas poco claras y precisas, realizadas, el mayor de los casos, con deficiencias técnicas- jurídicas por parte de los facultados para iniciar las leyes y que son hasta su aplicación, cuando se puede presentar sus problemas de eficacia.

En ese contexto, la jurisprudencia ha servido a los tribunales para desentrañar el sentido de la norma jurídica, para interpretarla lo más apegado al objetivo que el legislador quiso plasmar, ello en concordancia con el sistema jurídico, por lo que la interpretación adquiere un carácter vinculatorio y obligatorio para los tribunales del país.

Por tanto, el juzgador cobra un relieve importante en la vida jurídica del país, pues es quien, de primera mano, le toca aplicar el marco normativo, pudiendo advertir las deficiencias y errores que las normas jurídicas presentan al momento de su aplicación concreta, ya sea de forma sustantiva u adjetiva.

En consecuencia, el objeto de la presente iniciativa radica en adicionar la fracción V al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenga la facultad de presentar iniciativas de ley, dentro del ámbito de su competencia; y respecto a la administración y aplicación de la justicia.

Al otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de iniciar proyectos de ley, se estaría dando la oportunidad de contar con leyes más eficaces y claras, cuya realización recogería la experiencia de Ministros así como las soluciones a los problemas que a diario se presentan en el quehacer jurisdiccional.

Lo anterior de ningún modo invade la esfera de competencia del poder Legislativo, ya que única y exclusivamente se limita a otorgar el derecho a la Suprema Corte de Justicia de presentar iniciativas, reservando al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la discusión y en su caso aprobación, de las iniciativas de ley que se sometan su consideración; caso similar, pasó con la aprobación de las iniciativas ciudadanas.

En ese sentido, el órgano legislativo ofrecerá una mayor representación a los sectores sociales más amplios e incluyentes del sistema jurídico nacional, convirtiéndose de esa manera en una verdadera Asamblea democrática, plural y representativa, en la que, las opiniones de la sociedad y ciertos sectores son analizadas, valoradas y aprobadas, esto último, sigue siendo facultad exclusiva del Poder Legislativo.

En otras palabras, la fase de iniciativa de leyes abre el abanico, a efecto de que, cada vez más actores puedan participar activamente en la misma; siendo reservadas para el Legislativo, las fases de discusión y aprobación; y de integración de la eficacia de las leyes.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción V al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona la fracción V al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71.El derecho de iniciar leyes o decretos compete

I.a IV....; y

V. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de su competencia; y respecto a la administración y aplicación de justicia.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2013.— Diputada María del Carmen Martínez Santillán, (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Bibliotecas.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con el permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras diputadas, diputados, la iniciativa que hoy vengo a presentarles tiene un sustancial fundamento: fortalecer un espacio público y social de conservación, preservación y difusión democrática del conocimiento, la enseñanza, la cultura y la información. Me refiero al papel fundamental que tienen las bibliotecas públicas, como ya lo ha manifestado la Unesco desde 1994.

Las bibliotecas públicas, esos lugares donde se guardaban los libros —como lo definían en la antigüedad— se han consolidado como un espacio para la conservación y preservación de documentos, muchos de gran valor para la memoria histórica de este país, y aun cuando se debe seguir preservando este carácter, el rol de las bibliotecas públicas debe trascender y pasar de ser la colección organizada de libros y publicaciones impresas y periódicas u otra clase de documentos, gráficos y audiovisuales, a un centro de desarrollo democrático y comunitario, en donde se acuda con plena libertad para hacer uso de su servicios con fines de información, investigación, de educación o recreo.

Es decir, ser un epicentro y faro de difusión para el desarrollo social, personal, comunitario y democrático, en donde el eje de conducción sea el derecho de la información.

El acceso al saber ya no está limitado a los muros de una biblioteca, pues tenemos disponibles al alcance de un teclado un espacio virtual con abundancia de recursos. La biblioteca pública no debe ser ajena a esta nueva realidad, por lo que debe adaptarse en funcionamiento y servicio. No para competir, sino para estar acorde a los tiempos de la sociedad de la información y el conocimiento.

Siendo la biblioteca pública un espacio para la transmisión de información, deberemos dotarla de la normatividad necesaria para que preste servicios y facilite sus recursos de manera adecuada, atendiendo así las necesidades y requerimientos de sus usuarios.

Las bibliotecas públicas en muchos municipios del país —cuando las tienen— constituyen un instrumento fundamental y en ocasiones el único válido para hacer efectivo el derecho a la información, a la cultura y a las nuevas tecnologías. Este solo hecho los convierte en un instrumento básico para posibilitar un auténtico desarrollo cultural, social y económico de los mexicanos y de los municipios.

La biblioteca pública es algo incuestionable, al ser la encargada de libre acceso de todas las personas al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información, valoración que ha sido reconocida por la Unesco en su manifiesto de 1994.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza es importante revalorar el papel de las bibliotecas públicas en la sociedad del conocimiento, por lo que someto a la consideración de esta soberanía la reforma al artículo 2o. de la Ley General de Bibliotecas, para quedar como sigue:

Para los efectos de la presente ley se entenderá por biblioteca pública todo establecimiento que contenga un acervo impreso o digital superior a 500 títulos, catalogados y clasificados, que brinda de manera gratuita acceso a la información y a los documentos del acervo de las diferentes áreas del conocimiento humano, gracias a una serie de recursos y servicios que ofrece de consulta y préstamo que se encuentran a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral y nivel de instrucción, en los términos de las normas administrativas aplicables.

La biblioteca pública tendrá como finalidad facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios, con el fin de cubrir las necesidades de personas y grupos en materia de instrucción, información y perfeccionamiento personal, comprendidas en actividades intelectuales, de entretenimiento y ocio, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento de todas las ramas del saber.

Su acervo podrá comprender colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditivas, visuales, audiovisuales, digitales y, en general, cualquier otro medio que contenga información afín. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Bibliotecas, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada federal Sonia Rincón Chanona de la LXII Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas al tenor del siguiente:

Planteamiento

En varias ocasiones se ha citado que “todo deseo de futuro nos lleva al encuentro del pasado, con nuestra historia”, situación que anima a cada una de nuestras acciones, proyectos, ideas: no sólo a recordar el pasado sino a preservarlo, restituirlo y rehacerlo en la forma de nuevos y distintos empeños.

Y en razón a lo anterior, desde hace tiempo las bibliotecas públicas han sido partícipes indiscutibles para el almacenamiento, organización y acceso de la información tanto del pasado como la actual, la cual queda a disposición de una diversidad de público, con necesidades y características únicas.

Al ser públicas, gozan de un lugar principal en la sociedad y en el desarrollo cultural de los pueblos, empleando todos los recursos a su alcance para satisfacer las necesidades de información de la localidad a la que sirven y con ello integrarse a la vida económica del país.

En la década de los sesenta, al surgir las bases de datos locales, se creía que las bibliotecas desaparecerían; con la aparición de los discos ópticos surgió la misma incertidumbre y con la llegada de Internet, se decía que las bibliotecas y los bibliotecarios perderían su razón de ser, pues en la gran Red todo se podría conseguir.

Una década después de la aparición del Internet, en las bibliotecas podemos ver y apreciar con agrado que las predicciones sobre su desaparición no se han cumplido, sino que estas tecnologías de información son sólo herramientas de apoyo para las bibliotecas.

Es decir, las bibliotecas públicas han estado y estarán presentes en la vida cultural, social, académica y económica del país, apoyando a la sociedad como institución que resguarda la cultura, tradiciones y costumbres, y a su vez la transmite a las nuevas generaciones.

En la actualidad, el desarrollo, los cambios políticos y económicos que vive el mundo moderno y su impacto en la vida de los países como el nuestro; muestra como las bibliotecas públicas tienen un fuerte desafío, sobre todo en lo que respecta a la democratización del acceso a la información y el flujo transfrontera de datos, lo que conlleva a una integración mundial de la información y una revalorización de la misma.

Uno de los retos que deben enfrentar las bibliotecas públicas, es el de su equipamiento, modernización y actualización, pues deben convertirse en verdaderos mecanismos de transmisión de cultura, costumbres, tradiciones y expresiones artísticas para los usuarios de las mismas.

Ahora bien, para cumplir con sus objetivos; las bibliotecas públicas se encuentran frente a un desafío medular que lejos de lo imaginado, no es el de llegar a la punta tecnológica, sino el de mantenerse para evitar una desactualización y con ello reducir la gran brecha de acceso a la tecnología que día a día enfrentamos en muchos lugares de nuestro México.

Asimismo ante esta realidad debemos fomentar el uso de los libros como una materia prima de las bibliotecas, que no cederán ante las nuevas tecnologías, sino que serán fortalecidos para su diseminación entre las comunidades, hecho que sin duda apoyará abiertamente el desarrollo y fortalecimiento de lectores.

Con esta visión del libro, las bibliotecas públicas deben ser un homenaje a la palabra escrita y de la misma manera debe existir una armonía entre el servicio y las colecciones, sin descuidar en ningún momento la función primaria de la misma y su participación ante la sociedad de la información que día a día se integra en nuestro país.

De igual forma, la legislación bibliotecaria ha llevado a nuestras bibliotecas públicas a contar con una base legal que les permita un crecimiento ininterrumpido y un compromiso social con todos sus usuarios, pero además, es importante la conformación de políticas nacionales de información que afecten directamente este sector de la cultura.

Para ello, es imprescindible que las bibliotecas públicas se transformen en auténticas unidades de información, actualizadas, abiertas a la comunidad y con capacidad real de respuesta a las demandas de los usuarios, labor institucional pero sobre todo compromiso personal de todos los que laboran en ellas, que en conjunto fortalecerán el sistema nacional de información.

Ya en algún momento, la UNESCO declaró: “Las bibliotecas de todos los países del mundo, cualquiera que sea su fase de desarrollo, pueden mejorar y todas tendrán fortalezas y debilidades”, y ha sugerido que cuando las bibliotecas públicas no puedan alcanzar los estándares recomendados, se fijen metas que les permitan lograrlo.

En este sentido debemos trabajar, en la transformación de las bibliotecas públicas en agentes más activos y eficaces de la construcción de la sociedad de la información en México, aquella que utiliza de manera intensiva la información en el desarrollo educativo, cultural, económico y social de todos sus ciudadanos, y de manera especial por la formación de lectores.

Argumentos

Con esta iniciativa que presento ante Ustedes, les expongo una deficiencia importante que señala el rezago con que son vistas las bibliotecas públicas, y para muestra, hay que partir de lo más esencial, su acepción dentro de la Ley General de Bibliotecas, donde su concepto y finalidad, previstos en el artículo 2 han quedado muy lejos de lo que hoy se puede apreciar, ya que no se trata de un mueble donde se colocan libros, tampoco de un servicio bibliotecario con el enfoque del derecho a la lectura, sino de una instancia que permite acceder a información y documentación que ha sido resguardada y preservada por su relevancia en la vida del país.

Por ello, debemos pugnar porque no solo se garantice el derecho a la lectura, sino que se consolide el derecho a la información.

Esto significa que la Ley, desde su definición de biblioteca pública, resulta insuficiente, pues no contiene los enunciados para garantizar a los sujetos la posibilidad de investigar y recibir informaciones y opiniones en la biblioteca pública.

Además, el acceso a la biblioteca pública, a sus recursos y servicios, debe estar disponible, ser gratuito e igualitario, de fácil utilización; sin embargo, al día de hoy, se puede observar que las bibliotecas suelen poner restricciones al acceso por omisión o comisión.

Actualmente, en la Ley, se considera la accesibilidad social cuando se señala que el conocimiento en todas las ramas del saber es el tipo de información que se debe permitir adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre a la población, pero, no distingue las necesidades de ciertos grupos de la población que demandan recursos y servicios especiales, como los indígenas, las mujeres, las comunidades religiosas, los grupos de jóvenes, etcétera.

Reiteramos que en la ley se debe introducir de manera imperante el enfoque del derecho a la información, invocando de nueva cuenta la que proclama el Manifiesto de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas; que cita:

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son valores humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo dentro de la sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen de una buena educación y de un acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información.

La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único: Se reforma el artículo 2 de la Ley General de Biblioteca, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por biblioteca pública todo establecimiento que contenga un acervo impreso o digital superior a quinientos títulos catalogados y clasificados, que brinda de manera gratuita, acceso a la información y a la documentación del acervo de las diferentes áreas del conocimiento humano, gracias a una serie de recursos y servicios que ofrece de consulta y préstamo, que se encuentran a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral y nivel de instrucción, en los términos de las normas administrativas aplicables.

La biblioteca pública tendrá como finalidad facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de personas y grupos en materia de instrucción, información y perfeccionamiento personal comprendidas actividades intelectuales, de entretenimiento y ocio, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber

Su acervo podrá comprender colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditivas, visuales, audiovisuales, digitales y, en general cualquier otro medio que contenga información afín.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El titular del Ejecutivo federal, los gobernadores de los estados, así como el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con un plazo de seis meses, para adecuar los ordenamientos reglamentarios que correspondan, a las disposiciones contenidas en este decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.— Diputados:  Sonia Rincón Chanona, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Fernando Bribiesca Sahagún, David Pérez Tejada Padilla, Víctor Oswaldo Fuentes Solis, Ricardo Villarreal García, María Sanjuana Cerda Franco, José Pilar Moreno Montoya, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Lucila Garfias Gutiérrez, Luis Antonio González Roldán, María Celia Urciel Castañeda, Cristina Olvera Barrios, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Leonor Romero Sevilla, José Angelino Caamal Mena, María Carmen López Segura, Germán Pacheco Díaz, Gerardo Peña Avilés, Josefina Salinas Pérez, Milkdret Marina Verde Avendaño, Dámaris Osorno Malpica, Karina Labastida Sotelo, Juan Carlos Uribe Padilla, Joaquina Navarrete Contreras, Enrique Alejandro Flores Flores, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, María Guadalupe Mondragón González, Alma Marina Vitela Rodríguez, Benito Caballero Garza, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Socorro de la Luz Quintana León, Jorge Herrera Delgado, Adolfo Bonilla Gómez, María Fernanda Schroeder Verdugo, Eligio Cuitláhuac González Farías, Sergio Augusto Chan Lugo, Silvia Márquez Velasco, Rosalba Gualito Castañeda, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputada.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (desde la curul): Gracias, presidente. Una pregunta a la diputada Rincón Chanona, si me permite suscribir la iniciativa con ella, es muy importante.

El Presidente diputado José González Morfín: La diputada Rincón Chanona, no tiene inconveniente en que pueda suscribir su iniciativa. La dejamos en manos de la Secretaría para que lo pueda hacer. Muchas gracias. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Víctor Fuentes.

El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís (desde la curul): Usted es de casa y no me puedo quejar, pero ya tenía un ratito levantando la mano.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado.

El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís (desde la curul): Evidentemente que una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos los gobernantes es precisamente la promoción de la lectura. Somos uno de los países que menos lee en el mundo; entonces, viene en muy buen momento la iniciativa presentada por la compañera y le solicito, si me permite, suscribirla.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. No tiene inconveniente y puede pasar a suscribirla a la Secretaría.

RENDICION DE PROTESTA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado José González Morfín: Se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Gabriela Eugenia Cortés Talamantes y Patricia Guadalupe Peña Recio, diputadas federales electas en la tercera circunscripción plurinominal y distrito XI del estado de Veracruz, respectivamente.

Se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a las siguientes diputadas y diputados: diputada Alma Jeanny Arroyo Ruiz, diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, diputada Leonor Romero Sevilla, diputada Joaquina Navarrete Contreras, diputado Vicario Portillo Martínez, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, diputado José Antonio Hurtado Gallegos y diputada María Sanjuana Cerda Franco.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado José González Morfín: Ciudadanas Gabriela Eugenia Cortés Talamantes y Patricia Guadalupe Peña Recio, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Las ciudadanas Gabriela Eugenia Cortés Talamantes y Patricia Guadalupe Peña Recio: Sí, protesto.

El Presidente diputado José González Morfín: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.

Bienvenidas, compañeras. Muchas felicidades por su nuevo encargo.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, dictaminando con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXI, 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 176, 177, 180, 182, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen.

De la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Antecedentes

I. Con fecha 7 de febrero de 2013, el diputado federal Abel Guerra Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

II. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para que procediera a su revisión y a la elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

I. El iniciante señala que: “el abundante flujo migratorio del campo a la ciudad, iniciado a partir de la Revolución Industrial, ha dado lugar a la proliferación de grandes urbes, que albergan a millones de personas”.

Señala que nuestro país, durante el último siglo pasó de ser predominantemente rural a uno fundamentalmente urbano.

II. Menciona que el pasado 15 de noviembre de 2012 diputadas y diputados de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM presentaron una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos de la cual se deriva la transformación de la Secretaria de la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, menciona también que esta Secretaría además de la materia agraria atenderá lo referente a asentamientos humanos y que hasta antes de la reforma, le correspondían a la Secretaría de Desarrollo Social.

III. Señala el diputado Guerra Garza, que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero del presente año, deben armonizar con la Ley General de Asentamientos Humanos.

Consideraciones

I. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, es competente para conocer de la iniciativa que pretende modificar la Ley General de Asentamientos Humanos.

II. El objetivo expreso de la iniciativa de estudio, es “armonizar la Ley General de Asentamientos Humanos vigente con la reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación 2 de enero de 2013, estableciendo en aquellos artículos que se establecía competencia a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” (sic.).

III. Para cumplir con dicho objetivo, se propone reformar los artículos 2, 7, 23 y 52 de la Ley General de Asentamiento Humanos, de manera tal que en los referidos dispositivos –en los que se alude el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social–, se sustituya éste por el de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

IV. No pasa por alto para esta dictaminadora el segundo párrafo del artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que, para su pronta referencia se cita textualmente:

Quinto. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.

Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, adquieren tales funciones. Respecto de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determine, en su caso, si las mismas corresponden a esta última dependencia o a las unidades de auditoría preventiva.

Sin embargo, a fin de dar cumplimiento formal y legal a los diferentes objetivos y atribuciones de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno de la república se precisa adecuar el marco jurídico aplicable, a fin de actualizarlo y otorgar certeza jurídica plena al ámbito de competencias y atribuciones de la Secretaría.

VII. Un segundo objetivo (no explícito) de la Iniciativa en estudio, es el de actualizar los contenidos sustantivos de la Ley General de Asentamientos Humanos, para armonizarlos con las disposiciones de las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Para ello, el legislador hace distintas propuestas de reforma a los artículos 1, 3 y 7.

Al respecto hay que hacer notar, que la técnica del legislador es la de incorporar al texto vigente de la Ley General de Asentamientos Humanos atribuciones ya previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De lo anterior, es de proceder solamente la reforma al artículo 7o., primer párrafo, por las razones expuestas en el considerando IV del presente dictamen.

Por lo que se refiere a las reformas en los artículos 1o. y 3o., no se estiman de proceder ya que la redacción propuesta se considera imprecisa e inconexa.

En mérito de las razones y consideraciones expuestas, los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, se pronuncian a favor de la iniciativa que se analiza con modificaciones, por lo que someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o., fracción XVII; 7o., primer párrafo; 23, primer párrafo y 52, segundo párrafo, de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XVI. ...

XVII. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

XVIII. a XXI. ...

Artículo 7o. Corresponden a la federación, a través de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las siguientes atribuciones:

I. a XVI. ...

Artículo 23. La comisión de conurbación prevista en el convenio a que se refiere el artículo anterior, tendrá carácter permanente y en ella participarán la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos. Dicha comisión será presidida por un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y funcionará como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones con los sectores social y privado.

...

Artículo 52. ...

Asimismo, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se coordinarán a efecto de que las acciones e inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan en su caso, con lo dispuesto en esta Ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 21 de marzo de 2013.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, diputados: Jorge Herrera Delgado (rúbrica), presidente; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez, Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), Carlos Sánchez Romero, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Diana Karina Velázquez Ramírez, Martha Edith Vital Vera (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, para fundamentar el dictamen por la comisión, el diputado Jorge Herrera Delgado. Adelante, diputado.

El diputado Jorge Herrera Delgado:Con el permiso de esta Presidencia; compañeras y compañeros diputados, México se encuentra en un proceso de transición. Aquí hemos debatido y debatiremos las iniciativas que darán cauce a los cambios que nuestro país precisa; una de esas transformaciones es la urgencia de diseñar una estrategia nacional, una política pública eficiente para estructurar un adecuado ordenamiento territorial y un desarrollo urbano eficaz.

Para ello se presentó aquí la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que, entre otras cosas, se transforme la Secretaría de la Reforma Agraria a la actual Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de contar con una política integral que permita el ordenamiento permanente y debidamente planificado del territorio nacional. Tal iniciativa fue aprobada por esta Cámara el 22 de noviembre de 2012.

Así, el 7 de febrero, el diputado Abel Guerra Garza propuso a este pleno adecuar en la Ley General de Asentamientos Humanos aquellas disposiciones que hacen referencia a la Secretaría de Desarrollo Social y ajustarlas a las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero del presente año, y ahora pueda leerse en el marco jurídico vigente: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Por ello, como así lo establece el propio dictamen, la aprobación de esta iniciativa tiene la finalidad de dar cumplimiento formal y legal a los diferentes objetivos y atribuciones de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno de la República, adecuando el marco jurídico aplicable, a fin de actualizarlo y de otorgar certeza jurídica plena al ámbito de competencias y atribuciones de esa Secretaría.

Recordemos que las ciudades son generadoras de oportunidades, de conocimiento, de cultura y que brindan oportunidad de empleo, mejoran la calidad de vida de los habitantes y nos permiten convivir y generar cohesión social.

La ciudad es una máquina de innovación; es la creación más grande del hombre que permite la convivencia de los seres humanos.

Entre 2005 y 2010 prácticamente todo el crecimiento poblacional ocurrió en los 402 municipios que integran a las 115 ciudades más importantes del país. Durante este periodo en dichos municipios la población aumentó a casi 12 millones de habitantes, mientras que en todo el país el crecimiento neto fue apenas de 9 millones de habitantes.

En otras palabras, en los restantes 2 mil 39 municipios del país, en su mayoría rurales, la población disminuyó casi en 3 millones de habitantes. Esto quiero decir que las ciudades concentran al 77 por ciento de la población del país. De aquí, compañeras y compañeros, la importancia de seguir trabajando a favor de un desarrollo urbano ordenado y sustentable.

Compañeras y compañeros legisladores, les invito a votar a favor del presente dictamen y con ello evitar confusiones legales y además dar continuidad a las reformas que aprobamos el 22 de noviembre del año pasado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la postura de su grupo parlamentario tiene el uso de la voz la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con su permiso, diputado presidente; honorable asamblea el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sabe que es necesario asegurar la participación responsable de todos los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales en nuestro territorio, que hagan posible el crecimiento económico y el desarrollo social, sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las futuras generaciones.

Por ello votaremos a favor de este dictamen que reforma la Ley General de Asentamientos Humanos, porque consideramos que es un imperativo realizar nuestra labor legislativa para generar las condiciones normativas necesarias que regulen los asentamientos humanos y que estos se integren de manera sostenible al medio ambiente que, en definitiva, transformarán.

El propósito fundamental de este dictamen es armonizar la Ley General de Asentamientos Humanos con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en lo relativo a la competencia de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que de suyo ya es importante al otorgar certeza jurídica plena en la materia.

Sin embargo, reconocemos que lo es más el hecho de brindar a los mexicanos un instrumento jurídico acorde a la realidad imperante y de cara a las nuevas circunstancias. Nuestra población es ya fundamentalmente urbana y esta característica demanda que la norma sea acorde a la realidad, que regule y propicie las condiciones de integración y respeto al medio ambiente.

También creemos que esta integración, en la que participan de diversas maneras la sociedad y el sector privado, debe contar con la destacada participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo un esquema de sostenibilidad, y es ahí, en este campo, que reconocemos las ventajas de la reforma que hoy se discute.

Como grupo parlamentario sabemos que armonizar las competencias normativas en estos instrumentos jurídicos es solo un paso muy necesario —reconocemos— para que los actuales y futuros asentamientos humanos se integren con armonía en el medio ambiente, por lo que estaremos atentos al desempeño de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, contribuyendo en las discusiones que sean necesarias para el beneficio de la población mexicana. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Con el permiso de la Presidencia. Representar a la verdadera oposición del pueblo de México en este Congreso es una acción de mucha tolerancia, de mucha prudencia y de mucha capacidad propositiva.

Siendo este un tema en el cual en la ley de administración pública federal argumentamos y sostuvimos un voto en contra de manera permanente, el día de hoy no podía dejar de argumentar en esta tribuna el sentido del voto que vamos a obsequiar por parte de la fracción del Partido del Trabajo.

Esto, ¿en qué sentido? Porque hasta ahorita todavía en los tiempos en que transcurren hasta a la generación del Plan Nacional de Desarrollo, que en esta materia tiene que generar el programa nacional de desarrollo urbano, los comités técnicos estatales, tenemos que estar al pendiente de la actitud del gobierno federal.

Hay que reconocer que tuvimos como comisión una reunión con el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y en la plática le mostramos lo que hoy son nuestras preocupaciones, y en esta tribuna las reiteramos: nos preocupa que el gobierno federal siga viendo solo la producción privada de la vivienda y no acabe de comprender que las ciudades la hacen los pobladores.

Acabamos de oír y tenemos aquí la presencia del profesor Felipe Rodríguez, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, injustamente encarcelado, violentados sus derechos humanos, y él es un gran constructor de la ciudad, junto con todos los compañeros de esta organización.

A este modelo de producción se le ha dado en llamar producción social de la vivienda, del hábitat. Así se construye el 70 por ciento de las ciudades, es la producción del pueblo la que está desarrollando permanentemente la ciudad y resolviendo los problemas del hábitat en las distintas comunidades.

No queremos un gobierno federal que reprima, que criminalice las luchas sociales, como lo ha hecho en el caso del profesor Felipe Rodríguez, de estas organizaciones, y de las de otros lugares del país, sino que enfoque más su visión hacia la producción social de vivienda.

Decíamos porqué, y lo decimos con preocupación, porque nos hablaban de las condiciones que el gobierno va a imponer a los desarrolladores en la política urbana, y nos hacían ver que van a centrar su política en la verticalidad, en lo intraurbano y la sustentabilidad, y ahí es donde vemos parte de lo que sin duda vamos a seguir debatiendo como una inconformidad nuestra de no centrar una política urbana.

Si bien estamos de acuerdo que debe ser intensiva la materia de vivienda, debe de ser orientada más bien a rescatar espacios a las centralidades y no a estas franjas de ciudad, donde hay más de 70 mil hectáreas disponibles en las ciudades.

Es lo que nos preocupa, que con esta nueva Secretaría nos quieran regresar a los años cuarenta, a tener un gran negocio para la especulación urbana, un caudal de votos para sus proyectos políticos del régimen y no para las soluciones de la población.

Obviamente, también decía que en este marco de lo intraurbano, no podemos permitir que en la autonomía municipal se reviertan las facultades de los ayuntamientos, sino encontrar mecanismos de conciliación para fomentar con los gobiernos estatales y el gobierno federal y, sobre todo, con las comunidades la posibilidad de tener un desarrollo urbano armónico.

Aunque sabemos —y con esto culmino— que esto va a ser difícil, por la naturaleza del régimen y de la administración pública federal.

El Partido del Trabajo, en mi voz, va a obsequiar un voto a favor, con la salvedad de que es una reforma ya de forma, de nada más cambiarle el nombre, y por eso era muy importante argumentar el sentido de nuestro voto, el porqué no queremos que se nos acuse ahora de obstaculizar las labores administrativas del gobierno federal, lo vamos a votar a favor, pero vamos a estar muy atentos al seguimiento y al cumplimiento de una política urbana que beneficie a los pobladores. Es todo.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, los pocos que estamos aquí presentes. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos positivo el que sea tratado este tema tan importante, que tiene que ver con los asentamientos humanos; sin embargo, sostenemos que no es un suficiente con la mera sustitución de nombres de secretarías para resolver los graves problemas que millones de mexicanas y mexicanos viven todos los días por la falta de planeación y, sobre todo, por el descuido, por la irresponsabilidad y corrupción con la que diferentes órdenes de gobierno han permitido la proliferación de miles de asentamientos humanos, que no cuentan —en muchos casos, en la mayoría de ellos— ni siquiera con los más elementales servicios que garanticen una vida digna a la que tienen derecho todas las ciudadanas y todos los ciudadanos.

Es importante que esta dependencia aplique una visión integral de desarrollo en comunidades rurales y urbanas, con una perspectiva integral del desarrollo de las ciudades y centros comunitarios, de organizar el aprovechamiento de recursos territoriales, como sustento para la generación y reorganización de la política de asentamientos humanos.

Esperemos que la sustitución de nombres tenga también una repercusión real en las políticas aplicadas para combatir el problema de los asentamientos irregulares. El gobierno debe de estar consciente que esta Secretaría debe convertirse en un verdadero órgano de regulación de usos y de orientación de desarrollo regional.

Actualmente nuestro país no cuenta con políticas funcionales en lo que respecta a usos de suelos, gestión de servicios públicos de agua y de manejo de cuentas, en materia de transportes y manejo de residuos. Carecemos de proyectos de infraestructura para energías renovables. Hay demasiados conflictos con propietarios de tierra, lo cual provoca inseguridad, violencia y destrucción de nuestros recursos naturales.

Hoy en día las instituciones de propiedad agraria deben convertirse en sujetos responsables de gestionar bienes públicos nacionales; sin embargo, no solo se trata de otorgar títulos de propiedad al por mayor, se debe implementar una política social de desarrollo integral que conduzca al reordenamiento territorial, tanto rural como urbano, y así lograr que los asentamientos poblacionales adquieran una verdadera dimensión humana, aseguren su sustentabilidad y disposición de recursos y servicios necesarios que hagan que la vida de sus habitantes sea productiva y autosustentable.

Por lo anterior, los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano apoyamos este dictamen, ya que nos parece prudente que se pueda armonizar la Ley de Asentamientos Humanos con la reforma publicada recientemente , sobre todo, que esta armonización se traduzca en mejores condiciones de vida para toda la población.

Quiero comentar también —para concluir mi intervención— que en la experiencia que tuvimos estando al frente de un municipio de los Altos de Jalisco, como es el municipio de Arandas, vivimos de manera muy directa la problemática que existe precisamente alrededor de los fraccionamientos irregulares, donde —como lo dije hace un momento— miles de ciudadanos viven en condiciones verdaderamente deplorables.

Es importante —concluyo con esto— que este dictamen al que estamos nosotros dándole nuestro voto a favor, se traduzca en que estas ciudadanas y ciudadanos mejoren sus condiciones de vida. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos:Con su venia, señor presidente. Debido a que en las últimas décadas México ha sufrido un acelerado proceso de transformación a través del cual pasó de ser un país fundamentalmente rural a uno urbano y se incrementaron considerablemente los flujos migratorios del campo a la ciudad, la expansión desordenada de los centros de población urbana hizo cada vez más evidente y problemática la necesidad de regular este fenómeno, que nos llevó a proponer reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la finalidad de dar una respuesta a esta situación.

Con la reforma en comento, se estableció que la Secretaría de la Reforma Agraria se transformaría en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Además, se determinó que la recién creada Secretaría seguiría teniendo la responsabilidad de resolver los conflictos agrarios del país, vigilar el debido desarrollo de la propiedad agraria y mantener las políticas de conciliación con grupos campesinos en conflicto, del mismo modo que impulsaría, en todo el país, políticas para el crecimiento.

La nueva Secretaría tiene atribuciones para resolver los conflictos del campo, pero también deberá estar atenta a los conflictos que surjan en las ciudades, en las que por la falta de reserva territorial que aqueja a muchas localidades el crecimiento urbano invade ejidos y comunidades, con lo cual se genera especulación y corrupción; es decir, además de la materia agraria a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se le transfieren las atribuciones que antes correspondían a la Secretaría de Desarrollo Social, en materia de asentamientos humanos.

En este tenor, los cambios descritos han implicado, de modo directo, todo el contexto del orden jurídico, por lo cual se hace necesario sistematizarlo para darle coherencia.

Tradicionalmente se expresa que toda norma prevista en el orden jurídico, que tenga carácter general, como es el caso de las leyes federales, leyes locales, los tratados o reglamentos, o bien tenga carácter particular, como por ejemplo, las circulares o decretos, deben contar con un respaldo el cual será su fuente de validez.

En este sentido, las normas deben ser siempre consistentes, siendo la norma inferior una que tendrá apoyo argumentativo en la superior y ésta en otra, y así sucesivamente hasta llegar a la Carta Magna.

Así pues, para garantizar la coherencia y sistematización del derecho se deben establecer cambios específicos en las normas cuya validez fue afectada por las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Por lo anteriormente expuesto, mi grupo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, expresamos nuestra total conformidad con el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, con la finalidad de armonizar lo establecido en ésta con las demás disposiciones jurídicas en las que se atañe a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Humano, con ello se adecuarían lógica y sistemáticamente las normas en comento, con los cambios realizados a la ley reglamentaria de la administración pública federal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Finalmente, tiene el uso de la tribuna la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León:Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, el pasado miércoles 6 de febrero fue presentada por el diputado Abel Guerra Garza, del Grupo Parlamentario del PRI, una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

En su exposición de motivos alude a la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que fue aprobada por las modificaciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobada ya por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de este año.

Cabe mencionar que con esa reestructuración de la administración pública federal a Sedatu se le asignaron nuevas atribuciones, además de las relacionadas con la materia agraria, las relativas a la materia de asentamientos humanos, desarrollo regional y urbano, que antes le correspondían a la Secretaría de Desarrollo Social.

Por ello, una de las nuevas tareas de la nueva dependencia tiene que ver con el reconocimiento del perfil predominantemente urbano, que hoy caracteriza a la población de nuestro país, en un marco donde la mitad de la tenencia de la tierra proviene del régimen agrario. Se integra así bajo la responsabilidad de una sola dependencia del Ejecutivo federal los elementos para formular, conducir las políticas que tienen que ver con el tránsito de la propiedad rural al espacio urbano.

El propósito es poner orden y límite al crecimiento de nuestras ciudades, evitando la construcción de conjuntos habitacionales en espacios suburbanizados, sin servicios y sin calidad, que hemos atestiguado en los últimos años.

Uno de los instrumentos fundamentales de la nueva dependencia para cumplir con estas responsabilidades a su cargo lo constituye la planeación, regulación de los procesos de fundación, crecimiento, mejoramiento, conservación de los centros de población, que determina la Ley General de Asentamientos Humanos.

Por lo anterior, uno de los objetivos de la iniciativa que comentamos es armonizar y actualizar sus disposiciones con las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estableciendo expresamente la competencia de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Entre otros elementos la iniciativa también propone ampliar los objetivos fundamentales de la ley general para propiciar condiciones de armonía y orden en el desarrollo territorial del país, para su aprovechamiento óptimo y generación de bienestar, y vida digna, en todos sus ámbitos: agrario, urbano, ejidos y comunidades, centros de población en general, ciudades, áreas metropolitanas, desarrollo regional y de vivienda.

Se propone determinar que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población tenderán a mejorar el nivel y calidad de vida de la población rural y urbana, mediante una visión integral entre ámbitos agrario y urbano, con el objetivo de que efectivamente el territorio y sus desarrollos contribuyan con su óptimo aprovechamiento en el bienestar de la sociedad.

Otras propuestas de la iniciativa tiene que ver con precisar y desplegar atribuciones de la Sedatu en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del país, entre las que destacan las de generar políticas públicas respecto del aprovechamiento del territorio, de la canalización de las energías en el ámbito agrario, así como la conformación de programas de vanguardia que permitan definir criterios para lograr el armónico desarrollo de las ciudades en expansión y de las áreas metropolitanas, con un enfoque integral de la infraestructura, los servicios, el medio ambiente, la vivienda y el desarrollo regional sustentable.

Por todo esto el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del dictamen. Gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados; muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputada. En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para su discusión en lo particular, voy a pedirle a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Les damos la más cordial bienvenida a un grupo de jóvenes universitarios de la Alianza Estudiantil Universitaria, de Ciudad Juárez, Chihuahua, que están hoy aquí en la sesión, invitados por los diputados Carlos Fernando Angulo Parra, Jorge Iván Villalobos Seáñez y Rocío Esmeralda Reza Gallegos. Bienvenidos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se pide el voto de viva voz de la diputada Patricia Guadalupe Peña Recio y de la diputada Gabriela Eugenia Cortés Talamantes.

La diputada Patricia Guadalupe Peña Recio (desde la curul): A favor.

La diputada Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación. Se emitieron 395 votos en pro, 2 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por 395 votos en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 7o., 23 y 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

MINUTO DE SILENCIO

El Presidente diputado José González Morfín: Antes de iniciar la discusión del siguiente dictamen, quiero hacer del conocimiento de la asamblea que el diputado Silvano Aureoles, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, ha solicitado a la Mesa Directiva, y la Mesa Directiva hace suya la propuesta, de que podamos guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, líder del movimiento estudiantil de 1968, que el día de ayer falleció a la edad de 70 años.

Ruego a todos los presentes nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

(Un minuto de silencio)

Descanse en paz.

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 1070 del Código de Comercio.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1070 del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

A las Comisión de Economía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada, para el estudio, análisis y dictamen correspondientes, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1070 de Código de Comercio, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el 30 de octubre de 2012.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción I, 85 y 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 30 de octubre de 2012 se presentó al pleno la iniciativa con proyecto de decreto a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que se menciona en el exordio del presente dictamen.

Segundo. En misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

II. Descripción de la iniciativa

El legislador plantea que el objetivo de su iniciativa es la disminución de los costos de los juicios para los particulares, a través de eliminar la obligatoriedad de publicar un emplazamiento de edicto, en medios de comunicación impresos de circulación nacional, dejando únicamente la obligación de publicarlos en medios de circulación amplia en el nivel local/estatal.

La reforma puede apreciarse en el cuadro siguiente:

Consideraciones

Primera. Los diputados que integran la Comisión de Economía reconocen la intención de la iniciativa de impulsar la mejora regulatoria en el ámbito comercial, y con esta, facilitar las actividades legales de los particulares.

Segunda. Los diputados que integran esta comisión consideran acertadas las propuestas de modificación a la ley, ya que coinciden en la importancia que reviste para la economía la mejora regulatoria y la simplificación de los trámites que enfrentan los sectores productivos nacionales.

Tercera. Las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público dictaminaron positivamente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio; y de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, de Sociedades de Inversión, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal de Derechos, y Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 11 de octubre de 2012.

Cuarta. La arriba citada iniciativa tuvo entre sus principales objetivos:

1. Simplificar los procesos administrativos que rigen la actividad mercantil, de tal manera que los requisitos como las publicaciones de las sociedades mercantiles, convocatorias a asambleas y estados financieros, entre otros, se realicen de manera electrónica; y

2. Suprimir los costos y reducir las cargas administrativas relacionadas con la realización de publicaciones en medios impresos.

Respecto del uso de tecnologías de la información para realizar las publicaciones obligatorias, la iniciativa del diputado Salinas aprobada por esta comisión contempla específicamente en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que la Secretaría de Economía pueda

XXXI. Determinar y operar el sistema electrónico en el que deberán realizarse las publicaciones que establezcan las leyes mercantiles;

En este sentido y con el objetivo de dotar de certidumbre jurídica a la utilización de este tipo de publicaciones, en la iniciativa del diputado Salinas se establece la adición del artículo 1061 Bis del Código de Comercio, y que a la letra dice:

Artículo 1061 Bis. En todos los juicios mercantiles se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios digitales, ópticos o en cualquier otra tecnología. Su valor probatorio se regirá conforme a lo previsto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Quinta. Los integrantes de esta comisión consideran que la próxima creación y puesta en marcha de la herramienta informática gratuita por parte de la Secretaría de Economía para difundir las publicaciones, representa un paso muy importante para minimizar los costos y para extender el alcance de la publicación a prácticamente cualquier lugar del país y del mundo.

Sexta. La que dictamina considera entonces pertinente continuar en la dirección de simplificación de procesos y disminución de costos planteados por los diputados Gastélum y Salinas. Lo anterior, utilizando las herramientas disponibles de las tecnologías de la información.

Por tanto, entiende como conveniente adecuar la iniciativa en comento, eliminando el uso de medios nacionales impresos para realizar la publicación referida en el artículo 1070 del Código de Comercio, sustituyéndola por la publicación electrónica en el sitio virtual de la Secretaría de Economía.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la comisión que suscriben se permiten someter a consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 1070 de Código de Comercio

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 1070 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1070. Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe ser notificada, la primera notificación se hará publicando la determinación respectiva gratuitamente en el sistema electrónico administrado por la Secretaría de Economía referido en la fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y tres veces consecutivas en un periódico local del Estado o del Distrito Federal en que el comerciante deba ser demandado.

..

..

..

..

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Economía contará con el plazo de un año contado a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, para establecer mediante publicación en este medio de difusión, el sistema electrónico señalado en el artículo 1070.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2013.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz, Amira Gricelda Gómez Tueme, Salvador Romero Valencia, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Maricela Velázquez Sánchez, Juan Carlos Uribe Padilla, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Mario Rafael Méndez Martínez, Yesenia Nolasco Ramírez, Rubén Acosta Montoya, Lilia Aguilar Gil, Edilberto Algredo Jaramillo, Carlos Fernando Angulo Parra, Adolfo Bonilla Gómez, Eloy Cantú Segovia, José Ignacio Duarte Murillo, Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena, José Ángel González Serna, Noé Hernández González, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco, Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante, Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza, Guillermo Sánchez Torres, Fernando Zamora Morales (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la tribuna el diputado Carlos Augusto Morales López, hasta por cinco minutos. No se encuentra en el pleno.

En consecuencia, está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz el diputado Juan Luis Martínez Martínez.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia, presidente. El párrafo primero del artículo 17 constitucional contempla expresamente que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Lo anterior implica que en caso de darse un conflicto de intereses entre los diferentes sujetos de derecho estos deberán buscar solucionarlo, en atención con las reglas procesales preestablecidas.

Innegable es que las leyes no pueden ser inflexibles y que éstas deben adecuarse a las exigencias, así como contemplar el mayor número de supuestos en los que se pueden encontrar los destinatarios de las mismas.

Todo procedimiento jurisdiccional está determinado por elementos fundamentales; uno de éstos y posiblemente de los más importantes es la notificación, pues es a través de este acto procesal que se les comunica a las partes dentro de un litigio el contenido de toda resolución con carácter judicial.

En términos generales, dentro de nuestro marco jurídico existen dos tipos de notificación, la personal y la no personal. Las notificaciones por edictos es un medio por el cual se puede hacer del conocimiento de las partes las determinaciones dictadas en el proceso e incluso sobre la interposición de demandas a aquellas personas de quienes se ignora su domicilio, están ausentes o se desconoce el lugar en el que se encuentran.

Cierto es que las notificaciones por edictos tienen un uso restringido en nuestras formas adjetivas, máxime cuando se trata de la primera notificación con motivo de la problemática que esto pueda llegar a representar para las partes en un juicio, las cuales pueden poner en riesgo el propio ejercicio de los derechos procesales de las personas o incluso ir en contra del estado de derecho.

Consideramos que la medida propuesta en el dictamen a discusión atiende primordialmente a dos aspectos; el primero, es la vigencia del propio derecho, así como el acceso a la justicia pronta y expedita; el segundo, es económico, pues al eliminar la obligatoriedad de publicar las notificaciones en periódicos de cobertura nacional y con la gratuidad del sistema electrónico habrá una considerable reducción en costos.

Es por ello que los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos pronunciamos a favor del presente dictamen. No podemos permitir que esta prerrogativa sea utilizada de forma temeraria e infundada en atención a intereses personales; es decir, que solo se debe echar mano de esta previa certificación de que no pudo hacerse la notificación personal y habiéndose comprobado fehacientemente que alguna persona no tenga domicilio fijo o se ignore dónde se encuentre.

Sin embargo, debemos mencionar que nuestra responsabilidad como legisladores es la creación de leyes eficaces que fomenten un trato igualitario y no como se da en los tiempos actuales, que la gran parte de las reformas que se han dictaminado en este pleno han sido al vapor, se ha actuado por consigna, como sucedió con la reforma laboral, como sucedió con la reforma educativa.

Es por ello que con justa razón los maestros y los padres de familia están sumamente inconformes, a lo cual nos sumamos los del Partido Movimiento Ciudadano, en esta lucha histórica que están emprendiendo por defender sus derechos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. No habiendo otra intervención solicitada, le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

De viva voz.

La diputada Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (desde la curul): A favor.

La diputada Patricia Guadalupe Peña Recio (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 400 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado en lo general y en lo particular por 400 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 1070 del Código de Comercio. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

La Comisión de Economía correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 68, 95, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 18 de octubre de 2012, el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio.

2. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Contenido y objeto de la iniciativa

La iniciativa pretende reformar el Código de Comercio, con los objetivos siguientes:

• Establecer la obligación del actor de demostrar fehacientemente que se realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias; y

• Asentar el resultado de la misma en su escrito inicial de demanda a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado. Obligar al juez a realizar la notificación correspondiente.

Consideraciones

El 27 de agosto de 2009 se estableció el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), siendo consecuencia de reformar el Código del Comercio. El RUG es una sección del Registro Público de Comercio, a cargo de la Secretaría de Economía (SE), en el cual las personas podrán inscribir todo tipo de garantías mobiliarias, privilegios especiales, derechos de retención sobre bienes muebles para garantizar cualquier crédito y su finalidad es potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, pequeñas y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía.

Las características del Registro Único de Garantías Mobiliarias son las siguientes:

• Es una herramienta para el acceso al crédito, que estimula la penetración en sectores que hasta ahora no habían sido atendidos;

• Brinda a los acreedores mayor certeza jurídica, permitiendo la identificación eficiente de los bienes otorgados en garantía y la prioridad entre acreedores;

• Permite abonar a la transparencia de las transacciones, evitando asimetrías de información; y

• Permite agilizar el procedimiento registral, convirtiéndolo en digital (antes en papel y en ventanilla), reduciendo tiempos (antes el promedio nacional ascendía a 17 días) y costos (antes el promedio nacional del monto de derechos ascendía a 2 por ciento sobre el monto del crédito).

En el RUG también están establecidas las diversas operaciones que pueden realizarse en el marco de la garantía mobiliaria, tales como

• Aviso preventivo;

• Inscripción de garantía mobiliaria;

• Modificación de registro;

• Transmisión de garantía mobiliaria;

• Rectificación por error;

• Renovación de vigencia;

• Cancelación de la garantía mobiliaria;

• Anotación de resoluciones de instancias de autoridad; y

• Consulta y solicitud de certificación.

En consecuencia, presentar el RUG como un registro permite mayor seguridad y certeza jurídica de los derechos de crédito que recaían sobre los bienes muebles, facilitando una mayor publicidad de dichas garantías. Empero, en análisis de los preceptos que regulan el RUG, uno de los problemas que se presentan es cuando no existe un dispositivo legal que establezca la obligación de consultarlo tanto para los gobernados como las autoridades jurisdiccionales. Con ello, el principal momento de conflicto es en el momento en que se elabora una demanda donde se reclama el pago del crédito y se desconoce la existencia de los derechos de terceros. El conflicto se agrava cuando ya existe sentencia y comienza el pago del crédito, dicha situación llevará a futuros juicios de amparo donde además del objeto de la garantía, también se le podría exigir al juzgador el pago de daños y perjuicios por la omisión de su derecho en el proceso, ya que no se toma en cuenta el registro que un acreedor inscribió con el fin de hacerlo oponible a terceros.

Así, la importancia de la protección hace oponible frente a terceros las garantías mobiliarias desde el momento de su inscripción además de que permite definir la antelación entre acreedores: primero en registro primero en derecho.

Con lo expuesto se puede decir que existe una necesidad de fortalecimiento del RUG, en cuanto a establecer de forma obligatoria el registro por parte de los acreedores, instituciones financieras de una garantía mueble en el RUG, para que dicha consulta esté disponible en el sitio y cuando se presente o exista otro acreedor él tenga la información de las posibles garantías muebles anteriormente ya registradas. Consecuentemente se evitarían posibles daños a terceros. En estos términos se plasmarían las características y funciones del RUG, como la disposición de información, identificación de los bienes muebles logrando así mayor transparencia de las transacciones y mayor certidumbre jurídica.

En conclusión, los integrantes de la Comisión de Economía coinciden con el promovente en la propuesta presentada la iniciativa, ya que la inscripción ayuda a saber si el bien está o no libre de gravámenes o anotaciones preventivas y ahora no se podrá saber si los tiene o no si no es obligatorio en un procedimiento.

De igual forma, esta dictaminadora reconoce que la función principal del juzgador es procurar la administración de justicia y reducir el riesgo de los individuos de ser perjudicados en este caso en los procedimientos de ejecución de garantías mobiliarias y de la probable violación del derecho de audiencia de un tercer interesado.

Con el análisis descrito arriba, los integrantes de la Comisión de Economía consideran que puede aprobarse la citada iniciativa, por lo que presentan a la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1414 Bis 7. ...

...

El actor deberá demostrar fehacientemente que realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias, y establecer en su escrito inicial de demanda el resultado de la misma. Lo anterior a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado. En su caso, el juez deberá realizar la notificación correspondiente.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2013.

La Comisión de Economía, diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica en abstención), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Carlos Uribe Padilla.

El diputado Juan Carlos Uribe Padilla:Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para someter a su consideración el dictamen de la Comisión de Economía a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1414 Bis del Código de Comercio.

Como sabemos, el 27 de agosto de 2009 se creó el Registro Único de Garantías Mobiliarias, mejor conocido como RUG, el cual es una sección del Registro Público de Comercio que opera en línea y cuyo propósito es que las personas inscriban todo tipo de garantías inmobiliarias, privilegios especiales y derechos de retención sobre bienes muebles para garantizar cualquier crédito que otorgan.

Esta herramienta ha contribuido a detonar más y mejores financiamientos para las micro, pequeñas y medianas empresas del país, ya que se ha convertido en un instrumento que brinda certeza jurídica en el sector financiero y ha facilitado los trámites entre empresas que requieren créditos y las instituciones públicas y privadas que los ofrecen.

Mediante esta reforma se adiciona un párrafo tercero al artículo 1414 Bis 7, el cual versa de la siguiente manera: El actor deberá demostrar fehacientemente que realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias y establecer en su escrito inicial de demanda el resultado de la misma. Lo anterior, a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado. En su caso, el juez deberá realizar la notificación correspondiente.

En resumen, se establece que al inicio de los procedimientos mercantiles correspondientes el actor tenga la obligación de demostrar fehacientemente que se realizó una consulta en el Registro Único de Garantías Mobiliarias y asentar el resultado de la misma en su escrito inicial de demanda, a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado mediante la obligación del juez a realizar las notificaciones correspondientes.

Con esta reforma, además de que se fortalece aún más la figura del Registro Único de Garantías Mobiliarias como elemento de seguridad jurídica, reducirá el riesgo de los individuos de ser perjudicados en los procedimientos de ejecución de garantías mobiliarias y de la probable violación de derecho de audiencia de un tercero interesado que también tenga derecho sobre el bien de que se trata, evitando así que se inicien nuevos juicios.

En estos términos se plasmarían las características y funciones del Registro Único de Garantías Mobiliarias, disposiciones de información, identificación de los bienes muebles, logrando así una mayor transparencia de las transacciones y certidumbre jurídica.

Por lo anteriormente expuesto y a nombre de los integrantes de esta comisión, me permito solicitar al pleno de esta soberanía su apoyo para la aprobación del presente dictamen. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión en lo general y en lo particular. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el diputado José Antonio Hurtado Gallegos.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados muy buenas tardes. Como bien se dice en el dictamen en comento, el 27 de agosto del año 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas al Código de Comercio y al Reglamento del Registro Público de Comercio, con el propósito de crear el Registro Único de Garantías Mobiliarias cuya finalidad era el potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las empresas pudieran contar con mejores condiciones y estímulos de inversión, así como el crecimiento y la competitividad de la economía.

Con la puesta en marcha del Registro Único de Garantías Mobiliarias se obligó al acreedor o fedatario público a identificar en el sistema de información la garantía mobiliaria para determinar su prioridad.

Con la reforma del Código de Comercio se pudo establecer de manera clara que tanto empresas como ciudadanos accedieran a más fuentes de financiamiento. De esta manera los ciudadanos interesados en solicitar un crédito podrán disponer de artículos establecidos en el catálogo de bienes muebles y con ello poder solventar sus pagos.

Las garantías sobre bienes muebles resultó ser una alternativa útil sobre las garantías mobiliarias, pues al constituirse sobre casi cualquier objeto susceptible de apreciación patrimonial se abrió un abanico de una importante gama de bienes para darle certeza a un crédito. De esta forma se dio paso en la generación de un mecanismo de información eficiente y de bajo costo para difundir el otorgamiento de garantías individuales inmobiliarias.

Sin embargo quedaron vacíos legales para subsanar, como lo es la ausencia de un mecanismo jurídico en el Código de Comercio que establezca la obligación de consultarlo, tanto para el usuario como para las autoridades jurisdiccionales.

Este vacío legal afecta de manera considerable cuando, ya en la etapa de sentencia del proceso de demanda, se inicia la ejecución del pago del crédito sin tomar en cuenta el derecho de registro, violando de esta manera el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Sin lugar a dudas, una de las más importantes garantías dentro de cualquier régimen jurídico es la garantía de audiencia, ya que implica la principal defensa que dispone todo gobernado frente a actos del poder político que tienden a privarlo de sus más caros derechos y de sus más preciados intereses, por no haber sido llamados a juicio, cuando se tenía el interés jurídico sobre el bien objeto del proceso.

Al tomar en cuenta el registro que el acreedor inscribió con el fin de hacerlo oponible a terceros, estaríamos evitando una desbandada de posibles juicios de amparo, donde además del objeto de garantía también se corre el riesgo de que se exija la reparación del daño y perjuicio por omisiones en el debido proceso.

De aprobarse el presente dictamen se consolidaría la figura del Registro Único de Garantías Mobiliarias, ya que con su inscripción se llegaría al conocimiento si el bien está o no libre de gravámenes o anotaciones preventivas. Sin lugar a dudas es un avance importante en la materia, pero lamentablemente no es una garantía fehaciente que permita que se reduzca el riesgo de los individuos a ser víctimas de un despojo en sus bienes o en sus derechos elementales.

Derivado de lo anterior y en virtud de que se establezca un debido proceso, así como el respeto de sus derechos, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votará a favor. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Tomás Torres Mercado:Gracias, ciudadano presidente. Siempre, colegas diputados, diputadas, el que una comisión traiga al pleno de esta Cámara, envíe al pleno de esta Cámara un dictamen al que le antecede el voto a favor de los integrantes de la propia comisión, habla de un esfuerzo, por un lado técnico y, por el otro, también un esfuerzo político para generar entendimiento y para dar ese dictamen y que venga al pleno señalado.

Miren, hemos estado platicando con el presidente de la Comisión de Economía, con don Mario Sánchez, pero también con el iniciante, con Jorge Francisco Sotomayor, y hemos señalado que es una excelente propuesta para hacer más eficaz, para hacer pronta, para hacer expedito el procedimiento de ejecución de las prendas, cuando éstas se dan sin desplazamiento de posesión o la garantía en el fideicomiso, pero quiero hacerlo un poquito más gráfico.

Cuando se trate de procedimientos ejecutivos mercantiles, la ejecución para garantizar el crédito consignado en un contrato, en un título, esa ejecución deriva del contenido del propio título o valor del contrato.

Aquí lo que se está planteando es una adición al artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio, estableciendo un requisito adicional, sobre todo, para proteger —decía— la eficacia del procedimiento, pero también los derechos de sujetos terceros extraños al propio procedimiento.

Le hemos planteado al señor presidente de la comisión y al proponente, que consideramos que esta adición no debe ir en este capítulo; es decir, no solamente en el procedimiento de ejecución de prendas sin desplazamiento de posesión o en el fideicomiso de garantía, sino que vaya, para quienes conocen esta materia, que vaya al procedimiento ejecutivo mercantil que regula éste y otros, derivados de un derecho personal consignado en un título de crédito.

El diputado presidente y el proponente y los integrantes de la comisión han coincidido en la necesidad de presentar una modificación al dictamen, que enseguida será puesta a la consideración de esta asamblea, con el consenso de los integrantes.

Repito, solo por técnica y también para darle un sentido jurídico congruente a esta propuesta, que no solo es legítima, sino que también impacta positivamente en el procedimiento de ejecución de garantías. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado José Arturo Salinas Garza:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado José Arturo Salinas Garza: Como bien comentó ahorita el diputado Tomás Torres, hemos estado platicando con el diputado iniciante, diputado Sotomayor, y con el presidente de la Comisión de Economía, y quiero presentar formalmente una solicitud de modificación a este dictamen.

Actualmente se está incluyendo, en el artículo 1414 Bis 7, una adición para poder otorgarle un derecho de audiencia a aquellos terceros o aquellos acreedores preferentes de bienes muebles que estén inscritos en el Registro de Garantías Mobiliarias.

Hay que recordar que actualmente el Registro de Garantías Mobiliarias permite que las prendas, ya sea sin transmisión de dominio o con transmisión de dominio sean registradas, y esto hace que haya una publicidad respecto a estas garantías.

Anteriormente el Registro Público solo funcionaba sobre bienes inmuebles y cuando uno iniciaba un juicio mercantil, fuera ejecutivo o fuera ordinario, la realidad de las cosas es que inicialmente se pedía acreditar si existía un acreedor de garantía inmobiliaria, pues que se presentara dicha garantía, porque ese acreedor tiene que ser llamado a juicio también, para efecto de que se le corra su garantía de audiencia y pueda oponerse lo que a su derecho convenga, sobre todo por el tema en prelación.

Actualmente, lo que estamos viendo es que con las garantías mobiliarias, como éstas ya pueden ser inscribibles y tienen la obligación o el derecho de ser inscritas en el Registro Único de Garantías Mobiliarias, pues cuando se inicie un procedimiento ejecutivo mercantil también el actor tenga la obligación de verificar en el Registro de Garantías Mobiliarias si existe o no un gravamen sobre ese bien mueble, y en su caso, que este acreedor sea llamado a juicio.

Esto tiene un fin muy importante, sobre todo para proteger tanto a los titulares de estas garantías mobiliarias como a los propios actores de poder demostrar, desde un inicio, que si existe un acreedor también sea llamado a juicio para que en su caso, si quedara algún remanente de esa garantía, pudiera también recibir un pago en segundo lugar y grado.

Sin embargo, lo que vemos puntualmente es que está mal insertado este párrafo. Está en el dictamen, incluido en el artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio y queremos presentar una modificación para efecto de que este párrafo sea incluido como último párrafo en el artículo 1395. Estaré haciendo llegar por escrito, puntualmente, diputado presidente, ya la solicitud de modificación.

Lo que queremos es que quede en sus términos, que se siga requiriendo la solicitud de que el actor presente el comprobante de que se hizo una investigación en el Registro de Garantías Mobiliarias para saber si existía o no un acreedor preferente y que en su caso fuera llamado a juicio. Pero creemos que procedimentalmente no puede estar inserto en el artículo 1414, que refiere a fideicomisos y a prendas sin transmisión, etcétera, sino tiene que estar inserto en la parte genérica del juicio mercantil, que deriva del artículo 1395, que específicamente señala dónde debe quedar inserto.

Entonces, lo que estaría pidiendo a todos los compañeros diputados y así lo hemos platicado con el diputado presidente, con el iniciante y con los diversos miembros de los grupos parlamentarios, es que votáramos esta modificación insertando este párrafo en el 1395 y ahorita se lo estaría entregando, diputado presidente, con mi solicitud. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Le pido a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación o de adición planteada.

Debido a que la modificación propuesta tiene que ver con cambiar el párrafo o la adición que se hacía al artículo 1414 Bis 7 y pasarlo al 1395, creo que lo correcto es consultar a la asamblea si autoriza mejor que el dictamen se devuelva a comisión, para que se corrija todo desde la exposición de motivos y venga como debe ser planteado.

Voy a pedirle a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si autoriza que el dictamen que se había puesto a discusión regrese a comisiones para que se hagan los ajustes pertinentes.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite que el dictamen se turne a comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. La asamblea autoriza la devolución del dictamen a comisiones, procederemos a ello.

CODIGO DE COMERCIO

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

La Comisión de Economía correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, el Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 4 de octubre de 2012, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio.

2. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Contenido y objeto de la iniciativa

La iniciativa pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código de Comercio, con los objetivos siguientes:

• La Secretaría de Economía no tendrá la facultad de actualizar cada año por inflación el monto de hasta 500 mil pesos por concepto de suerte principal, también respecto a las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios, así como publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.

• Todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a 500 mil pesos deberán tramitarse en el juicio oral mercantil, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. Con relación a la prueba testimonial, se modifica el término en el que se deberá hacer la citación por parte del juez, estableciendo que ésta se hará mediante cédula por lo menos con “tres días” y no con “dos días” de anticipación al día en que deban declarar.

• Establecer la sanción económica de cincuenta días de salario mínimo vigente que pudiera aplicarse al perito que injustificadamente resulte ser omiso en el cumplimiento del encargo.

Consideraciones

El 9 de enero de 2012 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas relativas al procedimiento de juicios orales en materia mercantil, las cuales han demostrado un sustancial avance en la solución de conflictos derivados de los actos de comercio. Con ello, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acordó la creación de dos juzgados especializados para atender juicios mercantiles que, por primera vez se desahogarán en procedimientos orales.

Los juzgados son de urgente creación, pues entra en vigor en el fuero federal una reforma al Código de Comercio que establece que todos los juicios mercantiles y ejecutivos que involucren un monto menor a 500 mil pesos se llevarán en procesos orales y no por escrito, como se hacía.

Sin embargo, el CJF por ahora sólo tiene recursos para instalar dos juzgados destinados a atender Puebla y Quintana Roo, cuando se requerirá por lo menos uno en cada uno de los 32 circuitos judiciales. Éstos serán los primeros juzgados federales que deberá contar con salas para la celebración de audiencias orales, así como con un sistema informático y de videograbación para el registro de éstas por medios electrónicos, garantizando su fidelidad, integridad, conservación, la reproducción de su contenido y el acceso a quienes tuvieren derecho a ello.

Lo anterior está señalado en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, el cual señala que las audiencias serán presididas por el juez, se desarrollarán oralmente en lo relativo a toda intervención de quienes participen en ella y serán públicas, siguiendo las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia.

En primera instancia, sólo se podrán establecer dos juzgados de este tipo, por lo que atañe al resto del país, el CJF irá creando los juzgados especializados de manera paulatina, pero mientras tanto, los juzgados de distrito que llevan procesos civiles tendrán que hacerse cargo de los asuntos de cuantía menor, pese a no contar con instalaciones adecuadas para desahogar audiencias orales.

En tanto se lleva a cabo la instalación de los nuevos órganos jurisdiccionales mercantiles especializados en juicios de cuantía menor en los restantes circuitos, los juzgados de distrito mixtos, especializados en materia civil y semiespecializados que incluyan esta materia, continuarán haciéndolo con normalidad, registrando las audiencias de los juicios orales que se celebren a través de los medios electrónicos o cualquier otro idóneo a juicio del juez.

• Como también, considerar que uno de los fines de la creación de los juicios orales en materia mercantil es facilitar tanto el procedimiento como la resolución de litis bajo este concepto. Y a su vez, exponer la responsabilidad del cargo de los peritos en el juicio, para mejorar el cumplimiento de los actores involucrados en él.

Derivado del estudio y análisis realizado se considera que la iniciativa no es clara en cuanto a la justificación para proponer una modificación al sistema de actualización de montos que fue introducido en el Código de Comercio, mediante reformas publicadas el 9 de enero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, pues se limita a expresar la necesidad de guardar certeza en la cuantía que prevé el artículo 1339.

Ahora bien, en virtud de lo anterior, no se desprende algún razonamiento para justificar la reducción del monto para fijarlo nuevamente en 500 mil pesos, por lo que no se considera necesaria dicha reforma.

Respecto a la propuesta del promovente de derogar el segundo y tercer párrafos del artículo 1339 , y que hacen referencia a que la Secretaría de Economía seguirá teniendo la facultad de establecer el monto en que recaigan las sentencias, se consideran que son de no aprobarse, debido a que la iniciativa no expone de forma clara la forma en que se definirá y actualizará el monto a que hace referencia el primer párrafo del citado artículo.

En el mismo sentido, plantear de forma fija (no actualizar) el monto al inicio de la demanda hasta su finalización tal como lo propone la presente Iniciativa crea incertidumbre jurídica ya que se desconoce la duración del litigio, por consiguiente en el largo plazo existe una desvalorización del monto real de la deuda, este hecho causaría un perjuicio para el demandante ya que no existirá una certeza legal de beneficio para el mismo. Aunque es importante enunciar que la resolución de dichos juicios mercantiles se harán con dos características: monto menor a 500 mil pesos y bajo juicios orales, los cuales presumen de restar procedimientos y facilitar la resolución del litigio. Se necesita plantear bajo qué lineamientos se pueden definir el monto fijo y el periodo, con el objetivo de no dejar en estado de indefensión a las partes para impugnar legalmente un acto de autoridad que le cause agravios, tanto para la parte actora como la demandada.

Respecto al primer párrafo del artículo de referencia, el 1390 Bis 42, acomete modificar “Sin embargo, cuando realmente estuvieren...”, debido a que se establece de forma subjetiva decir si “realmente o sólo está imposibilitado, es una condición de ser, estar en un sentido estricto”. Por ello, la Comisión de Economía está de acuerdo con el Diputado Samperio para modificar el tocante párrafo, con el fin de adecuar su redacción a fin de evitar su ambigüedad ante la hipótesis de imposibilidad para presentar testigos en juicio, ya que considera que siendo un contrato mercantil cada quién adquiere derechos y obligaciones por igual, sin juicios de valor.

En el segundo párrafo del referente artículo establece dos días para actos procedimentales, pero al analizar el artículo 1075 en correlación con la fracción VI del artículo 1079 del Código de Comercio es anacrónico porque el término mínimo es de tres días para llevar a cabo actos procedimentales en resulta no hay congruencia entre los artículos. Por tanto, la comisión de análisis coincide con el iniciador en homologar los términos prescritos en el referido artículo.

Siguiendo con el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 42, su escritura vigente en el Código de Comercio es la siguiente:

Artículo 190 Bis 42. ...

Cuando la citación deba ser realizada por el juez, ésta se hará mediante cédula por lo menos con dos días de anticipación al día en que deban declarar, sin contar el día en que se verifique la diligencia de notificación, el día siguiente hábil en que surta efectos la misma, ni el señalado para recibir la declaración.

...

La oración subrayada resulta ambigua, debido al señalamiento en un enunciado anterior para manifestar el día de citación para la declaración, con ello coincidimos en eliminar lo referido, para pronunciar de forma más clara las indicaciones durante el litigio.

Respecto al tercer párrafo del mismo artículo su redacción actual es la siguiente:

Artículo 190 Bis 42....

...

La prueba se declarará desierta si, aplicados los medios de apremio señalados en el párrafo anterior, no se logra la presentación de los testigos. Igualmente, en caso de que el señalamiento del domicilio de algún testigo resulte inexacto o de comprobarse que se solicitó su citación con el propósito de retardar el procedimiento...”

La prueba testimonial son las declaraciones de testigos bajo juramento acerca de la verificación de los hechos que se controvierten en el juicio de los cuales han tomado conocimiento en forma directa o por los dichos de otra persona. Ahora bien, el artículo actual establece tres consideraciones para que el juez determine una prueba como desierta, mediante lo siguiente: si no se presentan los testigos a declarar el día indicado, si el domicilio de algún testigo no sea el correcto o si se comprueba que existe el propósito de retardar el procedimiento. Todas ellas se integran en los posibles elementos para la prueba testimonial, en consecuencia surge una hipótesis “cómo es posible definir con certeza cuando existe una omisión o se desconoce de otro elemento destacado para el juicio y sobre todo contenido en el propósito de retardar el procedimiento”.

A lo anterior, pueden presentarse múltiples causales en las cuales no habría un medio o método para comprobar si existe un propósito para aplazar la resolución del juicio. A su vez, este hecho resulta ambiguo ya que se pretende regular “propósitos”, lo cual contrasta con el principio de “regulación de conductas u omisiones” que debe contener toda norma jurídica. Presentadas las consideraciones, esta comisión pronuncia conveniente la modificación ya planteada, para definir en un solo término la prueba testimonial.

Tocante al artículo 1390 Bis 47, en el primer párrafo hace referencia al cargo y exposición del peritaje de los peritos en la presentación de pruebas en el litigo. Se presenta un punto de multiplicidad entre ellos, ya que no está definido de forma clara si tomó el cargo como perito y, por consiguiente, debe presentar su dictamen correspondiente o si no tomó el cargo y debe presentar su dictamen; por esta razón deben acordarse de manera clara y precisa las acciones del perito. Lo anterior está relacionado con el tercer párrafo del presente artículo ya que bajo ciertas consideraciones del juez podrá designar un perito tercero en discordia el cual debe de aceptar y protestar fielmente a su cargo. Él tendrá que presentar su dictamen en la audiencia del juicio y si incumple con su cargo se hará acreedor a una sanción igual a la que cotizó por sus servicios al aceptar y protestar el cargo. Relativo a modificar peritaje por dictamen se debe al contenido conceptual; “peritaje” debe entenderse toda actividad de estudio realizada por una persona o equipo de personas hábiles y prácticos en el tema objeto de peritaje y que poseen acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos encaminada a obtener criterios certeros e indubitados útiles para los fines de la actividad procesal y “dictamen” es una opinión y juicio desarrollado y comunicado respecto a una cuestión.

Respecto a la sanción al incumplimiento del perito en la ejecución de su cargo, se aprueba la modificación con respecto al monto de cincuenta salarios mínimos, a fin de evitar posibles vicios en la diligencia, a la vez de aminorar tal incumplimiento y con ello mitigar el entorpecimiento de los juicios, causales de agravios a los actores del litigio.

En lo tocante al artículo 1390 Bis 48, es procedente introducir la hipotésis a la ausencia justificada, entendedido como la existencia de casos en los cuales no pueda presentarse el perito tercero en discordia a la audiencia del jucio, teniendo en consideración que es una persona vulnerable y que en el desempeño de su actividad pudieran ocurrirr hechos ajenos a su voluntad aminorando sus funciones por lapsos definidos, pero salvables con inmediatez a que haya cesado el impedimento.

Pero en caso de que el perito incida en un acto de imcumplimiento a su cargo de forma injustificada, se hará acreedor a una sanción pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por sus servicios, en favor de las partes, en igual proporción. La Comisión de Economía esta de acuerdo con que se modifique el artículo referido en razón de la ausencia justificada.

Con el análisis descrito arriba, los integrantes de la Comisión de Economía consideran que es de aprobarse la citada iniciativa, con las modificaciones arriba citadas, por lo que presentan a la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio

Artículo Único.Se reforman los artículos 1390 Bis 42; 1390 Bis 47, primero y tercer párrafos; y 1390 Bis 48 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1390 Bis 42.Las partes tendrán la obligación de presentar sus propios testigos, para cuyo efecto se les entregarán las cédulas de notificación. Cuando estuvieren imposibilitadas para hacerlo, lo manifestarán así bajo protesta de decir verdad y pedirán que se les cite. El juez ordenará la citación con el apercibimiento de que, en caso de desobediencia, se les aplicarán y se les hará comparecer mediante el uso de los medios de apremio señalados en las fracciones III y IV del artículo 1067 Bis de este código.

Cuando la citación deba ser realizada por el juez, ésta se hará mediante cédula por lo menos con tresdíasde anticipación al día en que deban declarar, sin contar el día en que se verifique la diligencia de notificación. Si el testigo citado de esta forma no asistiere a rendir su declaración en la audiencia programada, el juez le hará efectivo el apercibimiento realizado y reprogramará su desahogo. En este caso, podrá suspenderse la audiencia.

La prueba se declarará desierta si, aplicados los medios de apremio señalados en el párrafo anterior, no se logra la presentación de los testigos. Igualmente, en caso de que el señalamiento del domicilio de algún testigo resulte inexacto o en caso de que se ofrezca prueba testimonialcon el propósito de retardar el procedimiento, se impondrá al oferente una sanción pecuniaria a favor del colitigante hasta por la cantidad señalada en la fracción II del artículo 1067 Bis de este Código. El juez despachará de oficio ejecución en contra del infractor, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad en que hubiere incurrido, declarándose desierta de oficio la prueba testimonial.

Artículo 1390 Bis 47.En caso de que alguno de los peritos de las partes no acepte el cargo o no exhiba su dictamen dentro del plazo señalado por el juez, precluirá el derecho para hacerlo y, en consecuencia, la prueba quedará desahogada con el dictamen que se tenga por rendido. En el supuesto de que ninguno de los peritos acepte el cargo o no exhiba su dictamen en el plazo señalado, se declarará desierta la prueba.

...

El perito tercero en discordia deberá rendir su dictamenen la audiencia de juicio, suincumplimiento injustificadodará lugar a que el juez le imponga como sanción pecuniaria, en favor de las partes y de manera proporcional a cada una de ellas, el importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios al aceptar y protestar el cargo. En el mismo acto, el juez dictará proveído de ejecución en contra de dicho perito tercero en discordia, además de hacerla saber al Consejo de la Judicatura Federal o de la entidad federativa de que se trate, o a la presidencia del tribunal, según corresponda, a la asociación, colegio de profesionistas o institución que lo hubiera propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes, independientemente de las sanciones administrativas y legales a que haya lugar.

...

Artículo 1390 Bis 48.Los peritos asistirán a la audiencia respectiva con el fin de exponer verbalmente las conclusiones de sus dictámenes, a efecto de que se desahogue la prueba con los exhibidos y respondan las preguntas que el juez o las partes les formulen, debiendo acreditar, en la misma audiencia y bajo su responsabilidad, su calidad científica, técnica, artística o industrial para el que fueron propuestos, con el original o copia certificada de su cédula profesional o el documento respectivo. En caso de no asistir los peritos designados por las partes, se tendrá por no rendido su dictamen y, la ausencia injustificada del perito tercero en discordia se le impondrá una sanción pecuniaria equivalente a la cantidad que cotizó por sus servicios, en favor de las partes, en igual proporción.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los juicios mercantiles que se encuentren en proceso al momento de la vigencia del presente decreto serán resueltos de conformidad con las disposiciones vigentes al día en que se emitió el auto de admisión de la demanda.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2013.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz, Amira Gricelda Gómez Tueme, Salvador Romero Valencia, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Maricela Velázquez Sánchez, Juan Carlos Uribe Padilla, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Mario Rafael Méndez Martínez, Yesenia Nolasco Ramírez, Rubén Acosta Montoya, Lilia Aguilar Gil, Edilberto Algredo Jaramillo, Carlos Fernando Angulo Parra, Adolfo Bonilla Gómez, Eloy Cantú Segovia, José Ignacio Duarte Murillo, Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena, José Ángel González Serna, Noé Hernández González, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Carlos Augusto Morales López, Silvia Márquez Velasco, Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante, Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza, Guillermo Sánchez Torres, Fernando Zamora Morales (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la tribuna el diputado Guillermo Sánchez Torres, hasta por cinco minutos.

El diputado Guillermo Sánchez Torres:Con su venia, diputado presidente. Agradezco la oportunidad de permitirme presentar el dictamen de forma objetiva al planteamiento de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño.

Manifiesto y reitero ante ustedes la responsabilidad que nos compete como representantes del sentir social, implícitamente es nuestro deber diseñar y modificar las leyes con el objeto de encontrar nuevas alternativas para su ejecución y eficacia de las mismas, junto con ello la búsqueda constante del bienestar de la ciudadanía.

En este sentido, expongo que el pasado 9 de enero de 2012 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas relativas al procedimiento de juicios orales en materia mercantil, las cuales han demostrado un sustancial avance en la solución de conflictos derivados de los actos de comercio.

A consideración de lo anterior, uno de los fines de la creación de los juicios orales en materia mercantil es facilitar tanto el procedimiento como la resolución de litis bajo este concepto y, a su vez, exponer la responsabilidad del cargo de los peritos en el juicio para mejorar el cumplimiento de los actores involucrados en el mismo.

Siendo un gran avance en el sistema jurídico de nuestro país, tal hecho permite agilizar y hacer más eficiente la resolución de conflictos mercantiles, asimismo se aminoran daños y perjuicios para las partes actuales en los referidos conflictos.

Con ello, nuestro compañero legislador busca, a través de su iniciativa, beneficiar a las partes involucradas en el litigio, esto a través de la nueva modificación al Código de Comercio, donde se pretende evitar posibles vicios en las diligencias o las famosas chicanadas y con ello mitigar el entorpecimiento de los juicios causales de agravios en los actores de litigio.

En la comisión hemos valorado positivamente la intención de otorgar claridad en las reglas del ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba testimonial, mediante la aplicación de una multa hasta de 6 mil 250 pesos a favor de la contraparte a la persona que ofrezca una prueba testimonial con el propósito de retardar el juicio.

Por otra parte, esta reforma propone sancionar a los peritos que sin causa justificada sean omisos en el cumplimiento del encargo que aceptaron y protestaron desempeñar ante la autoridad judicial.

Estamos plenamente convencidos de la importancia de la presente reforma, encontrando en ella un avance sustancial en los juicios orales en materia mercantil, la cual permite tener certeza jurídica, implícitamente se manifiestan tanto las responsabilidades como los derechos de los actuantes, durante y al finalizar el litigio. Tales características nos permiten ver un avance trascendental y decisivo en el sistema jurídico para nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición de su grupo parlamentario tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Si me permiten, aprovecho la oportunidad para saludar y dar la más cordial bienvenida a un grupo de invitados especiales que están aquí acompañando a la diputada Carla Alicia Padilla Ramos. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la Cámara de Diputados.

No está el diputado. Con mucho gusto insertamos el texto de la intervención en el Diario de los Debates.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputadas y diputados de la LXII Legislatura:

El proyecto de decreto que hoy está a consideración de esta Cámara, marca el cumplimiento de uno de los más importantes objetivos de la plataforma Legislativa que planteó Movimiento Ciudadano, la actualización del derecho positivo vigente.

El análisis y conclusiones del dictamen emitido por la Comisión de Economía, para reformar diversas disposiciones del Código de Comercio son el reflejo de la voluntad para legislar a favor de los mexicanos. El contexto propuesto genera la posibilidad de eliminar el retardo del juicio por la simple inasistencia del testigo y homologa los plazos para la citación de los testigos propuestos a fin de propiciar la puntual comparecencia de testigos en el esclarecimiento de los hechos.

Se simplifican las causales para declarar desierta la prueba pericial, dado que  las vigentes, requieren de hasta tres hipótesis simultáneamente para poder aplicar una medida de apremio; se redefine su terminología técnica a fin de que sea congruente la norma, la teoría y su aplicabilidad y, finalmente se prevén las consecuencias jurídicas en los casos de ausencia de los peritos citados a las  juntas de exposición, defensa y ampliación de sus conclusiones dentro de la audiencia que al efecto señale el juez.

Sin duda, estas reformas entregan a los actores de juicios mercantiles una mayor certeza en el desarrollo procedimental, particularmente con el fortalecimiento de las bases para el desahogo de las pruebas testimonial y pericial reguladas en el Código de Comercio.

Respetuosamente

México, DF, 3 de abril de 2013.— Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

No habiendo otra intervención solicitada, voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

De viva voz:

La diputada Patricia Guadalupe Peña Recio (desde la curul): A favor.

La diputada Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 401 votos a favor, 3 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 401 votos el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

VOLUMEN II

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, los seis dictámenes que vienen a continuación son de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La comisión ha planteado que pudieran ordenarse de una manera diferente para que los cuatro que tienen que ver con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente pudieran ser fundamentados y votados consecutivamente uno después del otro.

Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea si autoriza que se modifique el orden de presentación de los dictámenes para ver primero el que está en el lugar número 6, que tiene que ver con reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos; después el que está en el lugar número 9, que tiene que ver con reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico, pero también a la Ley General de Desarrollo Forestal, para que posteriormente se pudieran ver los otros cuatro dictámenes juntos.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se modifique el orden del día para abordarlos en la forma antes descrita.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza la modificación al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 7096, que contiene la minuta con proyecto de decreto  por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Y gestión Integral de los Residuos, presentada por el senador Jorge Legorreta Ordorica, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En virtud del análisis y estudio de la minuta que se dictamina, esta Comisión Ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, inciso e), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, 81 numeral 1, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de senadores, celebrada el día 21 de octubre de 2008,  el senador Jorge Legorreta Ordorica, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado dictó trámite a dicha iniciativa, turnándola a las Comisiones  Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.

Tercero.En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el día 2 de diciembre de 2008, los senadores Ernesto Saro Boardman, Guillermo Enrique Tamborrell Suárez, Humberto Andrade Quezada, Juan Bueno Torio, J. Jesús Dueñas Llerenas, Ricardo Torres Origel, Rubén Camarillo Ortega y Sebastián Calderón Centeno, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; así como el senador Jesús María Ramón Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y los senadores Javier Orozco Gómez y Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del Artículo 96 de la Ley General para la Prevención Integral de los Residuos.

Cuarto. En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, para su estudio y dictamen.

Quinto.En sesión ordinaria de la Cámara de senadores, celebrada el 24 de febrero de 2009, los senadores Claudia Sofía Corichi García y Antonio Mejía Haro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 141 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Sexto.En esa misma fecha la iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva, a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República para su estudio, análisis y dictamen.

Séptimo.Las Comisiones Unidas encargadas del dictamen, decidieron acumular en un solo proyecto las iniciativas en comento, incorporando aquellos aspectos y elementos que consideraron relevantes, toda vez que abordaban la misma materia.

Octavo. Las Comisiones Unidas Dictaminadoras, presentaron dictamen sin fecha de aprobación, el cual se presentó de primera lectura el 19 de abril de 2012. Posteriormente, el 24 de abril del mismo año, el dictamen se presentó a discusión y votación en el Pleno Senatorial, resultando aprobado el proyecto de decreto por el que se reforman: el Artículo 7; la fracción X del Artículo 9; la fracción III del Artículo 28, y la fracción I del Artículo 96; asimismo, se adicionan: una fracción IX al Artículo 10; un párrafo segundo al Artículo 25, y una fracción II al Artículo 100, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Noveno. El mismo día 24 de abril de 2012, el Senado envió a la Cámara de Diputados, la minuta proyecto de decreto correspondiente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción A) del artículo 72 constitucional;

Décimo. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 24 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó trámite a la minuta en los términos siguientes: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.

Undécimo.En el proceso de entrega-recepción de la LXI a la LXII Legislaturas, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados recibió como rezago la minuta con proyecto de decreto citada.

Duodécimo.Con fecha 27 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó otorgar prórroga a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del Senado de la República, el cual considera procedente la reforma de diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. El contenido de la minuta objeto del presente dictamen retoma las propuestas de las tres iniciativas con proyecto de decreto que se relacionan en los antecedentes  y cuyo contenido sustancial  es el siguiente:

La primera de ellas, plantea que el incremento de envases, empaques, embalajes y bolsas de plástico que al desecharse se  convierten en residuos sólidos urbanos, pone en riesgo el equilibrio ecológico y la salud humana, ya que además de tardar cientos de años en degradarse, si no son manejadas adecuadamente pueden llegar a contaminar el suelo, el agua y afectar la biodiversidad;  por ello, propone adicionar un párrafo segundo a la fracción XVI y una fracción XXVI al artículo 7, así como una fracción XXIV al Artículo 106, todos de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, con la siguiente redacción:

Artículo 7. ...

I. a XV. ...

XVI...

Asimismo, fomentar la información y educación sobre el impacto ambiental producido por los plásticos no biodegradables, así como fomentar la utilización de materiales biodegradables, contribuyendo de esta manera a la minimización en la generación y disposición de residuos.

XVII. a XXV. ...

XXVI. Implementar las medidas necesarias para elaborar y difundir un Programa de Sustitución de Plástico Biodegradable, con el fin de reducir el consumo de bolsas, envases, embalajes o empaques de plástico no biodegradables que se utilicen en comercios en general y que se entregan al público para contención, transporte y envase de mercancías.

XXVII. Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Artículo 106. ...

I. a XXIII. ...

XXIV. Incumplir con las disposiciones contenidas en el Programa de Sustitución de Plástico Biodegradable.

XXV. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta ley.

La segunda iniciativa,  expone que el crecimiento poblacional y los patrones de consumo han incrementado la generación de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, sin que  la mayoría  de estos reciba un manejo integral.

En ese sentido, y con objeto de contribuir a una óptima gestión de los residuos que se generan en el país, la iniciativa plantea el establecimiento de centros o sistemas integrales de residuos, con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno. Para ello, se reforma la fracción I, del Artículo 96 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en la siguiente forma:

Artículo 96. Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I.El control y vigilancia del manejo integral de residuos en el ámbito de su competencia.

Cada entidad federativa se coordinará con sus municipios para establecer y operar, dentro de su circunscripción territorial, un centro o sistema integral de residuos que deberá asegurar el manejo integral y el aprovechamiento de los residuos a que se refiere este artículo, así como su disposición final; también podrán convenir entre sí para establecer un centro o sistema integral regional que dé servicio a dos o más entidades federativas;

II. a XII. ...

La tercera iniciativa plantea que el uso de bolsas de plástico se ha convertido en una importante fuente de contaminación a los ecosistemas. Asimismo, reconoce que aunque existe la tecnología para producir bolsas de plástico degradable y a pesar de que varios países han prohibido el uso de plástico no degradable, nuestro país no ha impulsado acciones para reducir o eliminar esta fuente de contaminación. En ese sentido, la iniciativa objeto de la minuta que se analiza, prohíbe el uso de plástico no degradable en la producción de envases, manejo de los residuos sólidos urbanos y la producción de vasos y platos de plástico desechable, exceptuando los casos en que por cuestiones de higiene o conservación de alimentos, no se pueda utilizar plástico degradable. Prohíbe que los establecimientos comerciales entreguen bolsas de plástico no degradable para el transporte de los productos que comercien. Para ello, se propuso reformar el artículo 141 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en la siguiente forma:

ARTÍCULO 141.- La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Salud, expedirán normas oficiales mexicanas para la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos.

Queda prohibida la utilización de plástico no degradable en el envase de alimentos, materiales y útiles de comercio en general; en el manejo de residuos sólidos y en la elaboración de vasos y platos desechables. Los establecimientos comerciales no podrán entregar bolsas de plástico no degradable para la transportación de los productos que comercialicen.

Solo podrán utilizarse plásticos no degradables en los casos que, por cuestiones de asepsia o conservación de alimentos o insumos, no resulte factible el uso de plásticos degradables como sustitutos.

Es importante señalar que las actividades de producción, comercio y consumo de productos y servicios que permiten el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes, tienen un impacto considerable en el ambiente  y en la salud humana, porque en cada una de estas actividades se generan residuos, que en muchas ocasiones no son manejados adecuadamente.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el año 2009,  el país generó 38.3 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, que representan 7.6 millones de toneladas adicionales a  las que se generaron en el año 2000. En términos per cápita, en el año 2009 se generaron 0.98kg/día, es decir, 0.12 Kg/día más que los generados en el año 2000.La mayoría (81 por ciento) tuvo su origen en zonas metropolitanas y medias, mientras que el resto (19 por ciento) se generó en localidades rurales o semiurbanas y ciudades pequeñas. Cabe señalar que el incremento de residuos sólidos urbanos obedece  principalmente al crecimiento poblacional, a las pautas de consumo y al tipo de productos que se adquieren, muchos de los cuales se ofertan en envases, empaques y embalajes llamativos, pero innecesarios.

La composición de residuos sólidos urbanos generados en 2009 se clasificó en la siguiente forma: 52 por ciento orgánico, 14 por ciento papel y cartón, 6 por ciento vidrio, 11 por ciento plástico, 4 por ciento metales y 1 por ciento textiles. El resto es decir, el 12 por ciento corresponde a residuos de madera, cuero, hule, trapo y fibras diversas.

Por lo que se refiere a la generación de residuos de manejo especial, aún cuando la autoridad ambiental reconoce que las cifras no son robustas ni están estandarizadas, se estima que en el año 2005, en el país se generaron un promedio de 17 mil 149 toneladas/día. De estas el 76.59 por ciento corresponde a residuos de la industria de la construcción; 18.66 por ciento a residuos de lodos activados de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales; 2.88 por ciento a residuos de servicios de transporte; 1.88 por ciento a residuos de servicios de salud; y 0.004 por ciento a residuos de tiendas departamentales y autoservicios.

Del universo de residuos sólidos urbanos que se generan en el país, los plásticos, en particular las bolsas de plástico son motivo de preocupación entre los legisladores promoventes, debido a las implicaciones ambientales y de salud humana que representan.

Las bolsas de plástico más comunes son hechas de polietileno de alta y baja densidad, polipropileno o poliestireno. Estas se obtienen a base de hidrocarburos y gas natural. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología, una familia mexicana consume en promedio 14 bolsas de asa y 16 bolsas rectangulares a la semana. Al extrapolar esa cantidad y multiplicarla por el número de hogares que existen en el país se tiene que al año se utilizan un total de 37 mil 717 millones 220 mil bolsas de plástico.

La mayoría de las bolsas de plástico son desechadas inmediatamente después de haber cumplido su propósito de transportar productos de consumo, convirtiéndose así en residuos, que, en el mejor de los casos, son enviados a los  rellenos sanitarios controlados. Sin embargo, la mayoría de las veces, por negligencia, falta de personal, infraestructura, rellenos sanitarios adecuados, muchas de esas bolsas terminan en las calles, las carreteras, en terrenos baldíos o en cuerpos de agua.

Algunos de los impactos ambientales y a la salud humana asociados al manejo inadecuado de las bolsas de plástico son:

• Contaminación de océanos.- Se ha documentado que cuando las bolsas de plástico comienzan a degradarse en pequeños fragmentos en el medio acuático, estos adquieren la capacidad de absorber contaminantes hidrofóbicos, algunos de ellos conocidos también como orgánicos persistentes, entre los que se encuentran los bifenilos policlorados (PBC) o el diclorodifenildicloroetileno (DDE). De acuerdo a un estudio llevado a cabo en el año 2001 en el océano Pacífico, la capacidad de concentración de sustancias tóxicas en fragmentos de plástico es un millón de veces mayor que aquella que se registra en el océano en condiciones normales. Diversos estudios han reportado que las bolsas de plástico se han encontrado a diferentes profundidades  en el océano, incluso en el lecho marino. Uno de los efectos que los plásticos y las bolsas pueden ocasionar a esa profundidad es la hipoxia, es decir, la reducción de la cantidad de oxígeno contenida en el mar, lo que sin duda puede contribuir a incrementar el número de zonas muertas en los océanos.

• Afectación de la vida silvestre.- Cada año se registran múltiples decesos de ejemplares de vida silvestre por la ingesta de plásticos y bolsas o pedazos de bolsas de plástico que dichos ejemplares confunden con alimento. La ingesta de estos materiales provoca la obstrucción del tracto digestivo y en consecuencia una muerte por asfixia. Un estudio encontró que  alrededor de 260 especies de vida silvestre han ingerido o se han enredado con los residuos plásticos de bolsas, ocasionándoles parálisis, ulceras y la muerte. Más aún, en ocasiones los fragmentos de plástico con concentraciones elevadas de contaminantes orgánicos persistentes se integran a la cadena trófica al ser ingeridos por la fauna marina, presentando alteraciones en el sistema endócrino o reproductivo por bioacumulación de ese tipo de contaminantes.

• Afectación al ganado.- Los materiales de plástico que no reciben un manejo integral, entre ellos las bolsas de plástico, son transportados por el viento a zonas ganaderas donde es fácil que sean ingeridas por las vacas. Un estudio llevado a cabo en Etiopía demostró que los hábitos indiscriminados de alimentación, así como la carencia de nutrientes hace que las vacas sean propensas a ingerir materiales plásticos. Esto no solo afecta la salud de los animales sino que causa pérdidas económicas a sus propietarios.  Los síntomas más comunes que se registran por la ingesta de estos materiales son distensión abdominal, anorexia, reducción hasta en un 75 por ciento en la producción de leche e incluso la muerte.

• Afectación al sistema de drenaje y alcantarillado. En las zonas urbanas las bolsas de plástico que no reciben un manejo integral contribuyen a bloquear el sistema de alcantarillado, con mayores costos de desazolve para los gobiernos locales. Adicionalmente se pone en un mayor riesgo por inundaciones a la población y se expande el área de desarrollo de focos infecciosos por vector, como el dengue y la malaria.

• La disposición inadecuada de bolsas de plástico contribuye a incrementar la contaminación visual. Parques, jardines y áreas naturales pierden su valor estético al ser invadidas por este tipo de residuos sólidos urbanos. Muestra de ello es que en el periodo agosto-octubre de 2010 se recolectaron 3 mil 700 toneladas de ese tipo de residuos del Cañón del Sumidero, en el Estado de Chiapas.

Esta comisión dictaminadora reconoce que cada vez son más los países que  están adoptando acciones de tipo voluntario, educativo, legal o fiscal para que, atendiendo al principio de responsabilidad compartida, tanto la población como los establecimientos comerciales contribuyan a reducir el uso de bolsas de plástico.

Con base en lo anterior,  los legisladores integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincidimos con la Colegisladora en que es oportuno reformar la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En el primer caso, la reforma faculta a la Federación a educar e informar a los diferentes grupos y sectores de la sociedad sobre el impacto ambiental que produce el uso de plástico no biodegradable, además de fomentar el uso de plástico biodegradable, mediante la implementación de un Programa de Sustitución a Plástico Biodegradable.

Si bien la propuesta presenta elementos positivos como son: la incorporación de la facultad de informar sobre el impacto ambiental y el fomento del uso de materiales que contribuyan a minimizar la generación y disposición final de residuos sólidos urbanos, esta Comisión observa que el hecho de acotar dichos elementos a los plásticos no biodegradables, así como fomentar el uso de plásticos biodegradables no contribuiría a solucionar la raíz del problemaque motiva las reformas objeto de dictamen, conjeturando que la única alternativa viable para atender  los impactos ambientales que los plásticos generan,  es la promoción del uso de plásticos biodegradables, aún cuando la literatura científica disponible indica que además de estos, existen los fotodegradables, los oxodegradables y los hidrodegradables.

Idealmente todos esos materiales plásticos deben ser analizados y valorados en todo su ciclo de vida y de acuerdo a la realidad de cada localidad, a efecto de orientar la adopción  de una reforma legal o la implementación de políticas públicas efectivas. Aunado a ello y de acuerdo con algunos estudios consultados, es importante mencionar que para que exista un eficiente manejo de residuos plásticos biodegradables se requiere que estos sean dispuestos en rellenos sanitarios controlados, de lo contrario no se biodegradarán adecuadamente. Esto resulta fundamental si se considera que en nuestro país solo existen 137 rellenos controlados, es decir, para que la reforma presentada sea efectiva no sólo habría que contar con la infraestructura necesaria, sino que ésta tendría que cumplir con ciertas especificaciones.

No obstante lo anterior, reconocemos que existe un problema que debe ser atendido y por ello, tomando como base el principio de responsabilidad compartida, esta Dictaminadora coincide con la Colegisladora, en sugerir la adición de una fracción: la fracción VI al Artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, bajo el entendido de que para fomentar el uso de materiales más inocuos con el ambiente, lo más adecuado es que la Federación expida Normas Oficiales Mexicanas que  establezcan, entre otros, los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se elaborarán productos y envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido, que al desecharse se convierten en residuos. Dichas normas deberán considerar los principios de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de los mismos,  en  congruencia con el concepto de Manejo Integral.

Asimismo, coincidimos en adicionar la fracción XXIV al Artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para facultar a la Federación, en colaboración y coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, de otras dependencias y entidades involucradas, a promover, difundir y facilitar el acceso a la información de todos los sectores de la sociedad sobre los riesgos y efectos en el ambiente y la salud humana de los materiales, envases, empaques y embalajes que al desecharse se convierten en residuos.

De igual forma, y a fin de garantizar la gestión integral de los residuos, esta Comisión concuerda con la Colegisladora en especificar que los principios de reducción, reutilización y reciclado de los residuos, en un marco de sistemas de gestión integral, en los que se aplique la responsabilidad compartida y diferenciada entre los diferentes sectores sociales y productivos, y entre los tres órdenes de gobierno, orientarán el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en congruencia con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos. Para ello se adiciona el segundo párrafo del Artículo 25 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En cuanto a la reforma al Artículo 141 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y conforme lo dispuesto en la fracción D del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión Dictaminadora está imposibilitada para insistir en su aprobación.

Sin embargo, consideramos pertinente evocar los motivos de la Colegisladora, que consideró que de aprobarse en sus términos, la reforma propuesta limitaría el alcance del Artículo 141, toda vez que las únicas NOM que podrían expedirse serían las relativas a la fabricación y utilización de empaques y envases de plásticos degradables, dejando sin efecto la actual facultad de expedir dichas Normas para todo tipo de producto. Asimismo, consideró  que su ubicación en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Título Cuarto, Protección al Ambiente, Capítulo IV, Prevención y Control de la Contaminación del Suelo) es limitativo pues pasa por alto que la gestión inadecuada de residuos, no solo tiene efectos negativos en el suelo, sino también en el aire, agua, la biodiversidad e incluso en la salud humana.

En virtud de lo anterior, la Colegisladora incorporó el espíritu de la propuesta en las disposiciones a los artículos 7 y 9 de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, con objeto de promover la investigación, desarrollo y aplicación de materiales que prevengan la liberación al ambiente y la transferencia de uno a otro de sus elementos contaminantes provenientes de la gestión integral de residuos. Asimismo, en el artículo 7 se precisa que la promoción y aplicación de incentivos económicos, fiscales, financieros y de mercado favorecerá la valorización, la gestión integral y sustentable de los residuos, la remediación de sitios contaminados y prevendrá tanto la generación de residuos como la contaminación de sitios con estos.

Además, la Colegisladora robusteció la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos mediante la adición de una fracción IX al artículo 10 con objeto de que el municipio participe y aplique, en colaboración con la Federación y el gobierno estatal, los instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezca el manejo integral de residuos sólidos urbanos.

Ahora bien, la reforma a la fracción I del artículo 96 de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, busca responder a la creciente necesidad de contar con un manejo integral de residuos y con sitios adecuados para su disposición final, pues no todos los residuos generados reciben un manejo integral. Como se sabe y según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sólo el 3.9 por ciento del total de los residuos sólidos urbanos son reciclados.

Más aún, del total generado sólo 26.1 millones de toneladas son dispuestas en los sitios controlados, es decir que 12.2 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos acaban en sitios no controlados o peor aún, contaminando suelos, agua y afectando a la biodiversidad, además de ocasionar enfermedades. Considerando que el reciclaje y la disposición final son solo dos componentes de muchos otros que conforman el manejo integral de residuos, la situación descrita pone de manifiesto una serie de oportunidades que se están desaprovechando desde las perspectivas ambiental y económica, al no poder disfrutar plenamente de los beneficios ambientales que un manejo integral implicaría y al no crear cadenas de valor como consecuencia de dicho manejo.

Con base en lo anterior, esta Dictaminadora coincide en que la reforma planteada es atinada, toda vez que la gestión de los residuos sólidos urbanos es competencia de las entidades federativas y de los municipios.

Es menester reconocer que la generación y tipo de residuos en el país responde a una realidad particular de cada localidad. En ese sentido, la reforma al artículo 25 robustece el artículo 96, ya que el complemento del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial previsto en la fracción IV del artículo, es precisamente con un adecuado Sistema de Gestión Integral de Residuos, sean estos sólidos urbanos o de manejo especial. La reforma planteada permitirá a cada localidad  organizar sus sistemas de gestión integral de conformidad con el volumen y tipo de residuos que se generen, atendiendo, entre otros, a los criterios de economía de escala y de prioridad.

Esta Comisión afirma que la reforma propuesta establece la posibilidad de que las entidades federativas puedan coordinarse  con sus respectivos municipios para formular e integrar un Sistema de Gestión Integral de Residuos que asegure el manejo, la valorización y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial a que se refiere el Artículo 96. De igual forma y en reconocimiento a que parte del manejo integral de los residuos radica en contar con la infraestructura adecuada para su disposición final, se instituye la posibilidad de que las autoridades estatales y municipales puedan convenir con otras el establecimiento de un centro de disposición final de residuos estatal o regional. Cabe señalar que esta reforma es congruente y da un mayor significado a la adición propuesta al Artículo 25 de dicha Ley.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la honorable Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la aprobación del siguiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Único. Se reforman el artículo 7, actuales fracciones XIV y XXI; 9, fracción X; 25; 28; 96, fracción I; y se adicionan los artículos 7, con las fracciones VI, XXIII y XXIV, recorriéndose en su orden las subsecuentes; 10 con una fracción IX de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 7. Son facultades de la federación:

I. aV. ...

VI. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se elaborarán productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido que al desecharse se convierten en residuos. Dichas normas deberán considerar los principios de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de los mismos.

VII. La regulación y control de los residuos peligrosos provenientes de pequeños generadores, grandes generadores o de microgeneradores, cuando estos últimos no sean controlados por las entidades federativas;

VIII. Regular los aspectos ambientales relativos al transporte de los residuos peligrosos;

IX. Verificar el cumplimiento de la normatividad en las materias de su competencia e imponer las medidas correctivas, de seguridad y sanciones que en su caso correspondan;

X. Celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para participar en la autorización y el control de los residuos peligrosos generados por microgeneradores, y brindarles asistencia técnica para ello;

XI. Autorizar el manejo integral de residuos peligrosos, así como la prestación de los servicios correspondientes, de conformidad con lo previsto en esta ley;

XII. Promover, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, de otras dependencias y entidades involucradas, la creación de infraestructura para el manejo integral de los residuos con la participación de los inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados;

XIII. Autorizar la importación, exportación o tránsito de residuos peligrosos por el territorio nacional, de acuerdo con lo previsto en esta ley;

XIV. Establecer y operar, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, el sistema para la prevención y control de contingencias y emergencias ambientales relacionadas con la gestión de residuos;

XV. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, materiales, sistemas y procesos que prevengan, reduzcan, minimicen y/o eliminen la liberación al ambiente y la transferencia, de uno a otro de sus elementos, de contaminantes provenientes de la gestión integral de los residuos;

XVI. Promover la participación de cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, grupos y organizaciones públicas, académicas, de investigación, privadas y sociales, en el diseño e instrumentación de acciones para prevenir la generación de residuos, y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así como la prevención de la contaminación de sitios y su remediación;

XVII. Promover la educación y capacitación continuas de personas, grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de modificar los hábitos negativos para el ambiente de la producción y consumo de bienes;

XVIII. Integrar, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, subsistemas de información nacional sobre la gestión integral de residuos;

XIX. Formular, establecer y evaluar los sistemas de manejo ambiental del gobierno federal que apliquen las dependencias y entidades de la administración pública federal;

XX. Suscribir convenios o acuerdos con las cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, los grupos y organizaciones sociales, públicos o privados, para llevar a cabo acciones tendientes a cumplir con los objetivos de esta ley;

XXI. Diseñar y promover mecanismos y acciones voluntarias tendientes a prevenir y minimizar la generación de residuos, así como la contaminación de sitios;

XXII. Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y aplicación de incentivos económicos, fiscales, financieros y de mercado, que tengan por objeto favorecer la valorización, la gestión integral y sustentable de los residuos, la remediación de sitios contaminados con estos; así como prevenir o evitar la generación de residuos y la contaminación de sitios por estos;

XXIII. Promover y aplicar en colaboración con las entidades federativas y municipales instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan la reducción, el reúso, y reciclaje de residuos;

XXIV. Promover, difundir y facilitar el acceso a la información a todos los sectores de la sociedad sobre los riesgos y efectos en el ambiente y la salud humana de los materiales, envases, empaques y embalajes que al desecharse se convierten en residuos, en colaboración y coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, de otras dependencias y entidades involucradas;

XXV. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del presente ordenamiento, e integrar los resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales;

XXVI. Coadyuvar con las entidades federativas para la instrumentación de los programas para la prevención y gestión integral de los residuos, otorgando asistencia técnica;

XXVII. Emitir las normas oficiales mexicanas para prevenir la contaminación por residuos cuya disposición final pueda provocar salinización e incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua;

XXVIII. Convocar a entidades federativas y municipios, según corresponda, para el desarrollo de estrategias conjuntas en materia de residuos que permitan la solución de problemas que los afecten, y

XXIX. Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Artículo 9. Son facultades de las entidades federativas:

I. aIX. ...

X. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, materiales, sistemas y procesos que prevengan, reduzcan, minimicen y/o eliminen la liberación al ambiente y la transferencia, de uno a otro de sus elementos, de contaminantes provenientes de la gestión integral delos residuos de su competencia;

XI. aXXI. ...

...

...

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:

I. aVIII. ...

IX. Participar y aplicar, en colaboración con la federación y el gobierno estatal, instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezca el manejo integral de residuos sólidos urbanos;

X. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su remediación;

XI. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos, y

XII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

Artículo 25.- La Secretaría deberá formular e instrumentar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de conformidad con esta Ley, con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables.

El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se basará en los principios de reducción, reutilización y reciclado de los residuos, en un marco de sistemas de gestión integral, en los que aplique la responsabilidad compartida y diferenciada entre los diferentes sectores sociales y productivos, y entre los tres órdenes de gobierno.

El Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos es el estudio que considera la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura para manejarlos integralmente.

Artículo 28.- Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda:

I. Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en los residuos peligrosos a los que hacen referencia las fracciones I a XI del artículo 31 de esta ley y los que se incluyan en las normas oficiales mexicanas correspondientes;

II. Los generadores de los residuos peligrosos a los que se refieren las fracciones XII a XV del artículo 31 y de aquellos que se incluyan en las normas oficiales mexicanas correspondientes, y

III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes; así como los residuos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido.

Artículo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. El control y vigilancia del manejo integral de residuos en el ámbito de su competencia. Cada entidad federativa podrá coordinarse con sus municipios para formular e implementar dentro de su circunscripción territorial un sistema de gestión integral de residuos que deberá asegurar el manejo, valorización y disposición final de los residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas autoridades podrán convenir entre sí el establecimiento de centros de disposición final local o regional que den servicio a dos o más entidades federativas;

II. aXIII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas deberán realizar las reformas a su legislación y reglamentación, en las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto.

Notas:

1 De conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIX del Artículo 5 de la Ley ]General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se entiende por residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven;

2 De conformidad con lo dispuesto por la fracción XXXIII del Artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos por Residuos Sólidos Urbanoslos generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole;

3 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2010. “Indicador 4.2 Generación total per cápita de Residuos Sólidos Urbanos”. Indicadores Básicos de Desempeño Ambiental en México. En http://app1.semarnat.gob.mx/ dgeia/indicadores_2010_web/indicadores_2010/00_conjunto/presentacion.html.

4 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2009. “Recolección y Reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos” El Medio Ambiente en México. En Resumen México p. 48

5 De conformidad con lo dispuesto por la fracción XXX del Artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos por Residuo de Manejo Especial se entiende “Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos;

6 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2009. “3.2 Residuos de Manejo Especial” Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012, México p. 32

7 El polietileno es el polímero más simple y uno de los plásticos más comunes y baratos. Es flexible, resistente a temperaturas bajas y no tóxico. En: “Polietileno”. En Wikipedia.org/wiki/Polietileno. Página consultada el 27 de enero de 2011. El poliestireno es el cuarto plástico más consumido a nivel mundial y se obtiene a partir del estireno (vinilbenceno) es poco resistente a las temperaturas altas pero dependiendo del tipo pueder ser utilizado como aislante térmico. en: Cañamero A. “El poliestireno”El rincón de la ciencia. En http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/Rc-38/RC-38.ht m

8 Encarnación Aguilar Forcada, A.P. et al 2009. “Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables versus convencionales mediante herramienta de análisis del ciclo de vida”.Instituto Nacional de Ecología. México, p. 14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía . “Volumen y Tamaño de Hogares por tipo y clase de hogar 1950-2005” http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integrac ion/pais/agenda/2005/agenda2005.pdf.

9 Takada, H Mato, Y et al. 2001. “Plastic Resin Pellets as a Trasport of Medium for Toxic Chemicals in the Marine Environment”. Environment Science and Technology. Vol 35. Pp. 318-324. En http://pubs.acs.org/doi/abs/ 10.1021/es0010498.

10 Gregory, M.R. 2009. “Environmental implications of plastic debris in marine settings-entanglement ingestión, smothering, hangers-on, hitch-hiking and alien invasions” Philosophical Transactions of Royal Society Biology.Vol. 364. No. 1526 pp. 2013-2025.

11 Phase 3: disposal an litter costs” Myth Plastic Bags are free. En www.reuseit.com/learn more/myth-busting/plastic bags are free. Página consultada el 28 de enero de 2011,

12 Ramaswarmey, V. Shama honorable R. 2011. “Plastic Bags-Threat to Environment and Cattle Health: A Restrospective Study from Gondar City Ethiopia. The IIOABJournal.Volumen 2, número 1, páginas 7-12.

13 Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres “Limpieza continua al “Cañón del Sumidero, Protección civil del Estado”.

14 Consultar: “Plastic Bag Reduction Around the World” en http://www.marrickville.nsw.gov.au/MARRICKVILLE/INTERNET/RESOURCES/DOCUMENTS/pd fs/bagbusters/around-the-world.pdf

15 Plastivida. “La Relación entre la Biodegradación y los Residuos Plásticos”Boletín Técnico-Informativo No. 8, Argentina, febrero, 1998. Páginas 4-5.

16 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2010. “Indicador IC 4-4 A Instalaciones y Capacidad de Disposición de Residuos Sólidos Urbanos” Indicadores Básicos de Desempeño Ambiental en México. En:  http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores_2010_cd/pdf/Version_completa.pdf

17 De conformidad con lo  dispuesto en la fracción XVII Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social;

18 De acuerdo con la fracción XXXIV del artículo 5 de la LGPGIR la Responsabilidad Compartida es el principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social;

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Lourdes Adriana López Moreno.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno:Con su venia, señor presidente. Estimados compañeros, las actividades de producción, comercio y consumo de productos y servicios que permiten el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes, lamentablemente en muchos casos tienen un impacto considerable en el ambiente y también en la salud humana, porque cada una de estas actividades generan residuos que en muchas ocasiones no son manejados adecuadamente.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 2009, México generó 38.3 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, que representan 7.6 millones de toneladas adicionales a las que se generaron en el año 2000.

El incremento de residuos sólidos urbanos obedece principalmente al crecimiento poblacional, a las pautas de consumo y al tipo de productos que se adquieren, muchos de los cuales se ofertan en envases, empaques y embalajes llamativos pero no necesarios.

Del universo de residuos sólidos urbanos que se generan en el país, los plásticos, en particular las bolsas de plástico, son las que mayores implicaciones ambientales y de salud humana representan.

Las bolsas de plástico más comunes se obtienen a base de hidrocarburos y de gas natural. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología, una familia mexicana consume en promedio 14 bolsas de asa y 16 bolsas rectangulares a la semana. Esa cantidad al multiplicarla por el número de hogares que existen en el país tiene el resultado de que al año se utilizan casi 38 mil millones de bolsas de plástico.

La mayoría de las bolsas de plásticos son desechadas inmediatamente después de haber cumplido su propósito de transportar productos de consumo, convirtiéndose así en residuos que en el mejor de los casos son enviados a rellenos sanitarios controlados.

Sin embargo, la mayoría de las veces por falta de infraestructura, de personal, a veces por negligencia, muchas de esas bolsas terminan en las calles, en carreteras, en terrenos baldíos o en cuerpos de agua.

Algunos de los impactos ambientales y a la salud humana asociados al manejo inadecuado de las bolsas de plástico son la contaminación de océanos, ya que cuando las bolsas de plástico comienzan a degradarse en pequeños fragmentos en el medio acuático, éstos adquieren la capacidad de absorber orgánicos persistentes.

Diversos estudios han reportado que las bolsas de plástico se han encontrado en diferentes profundidades del océano, incluso en el lecho marino; uno de los efectos de los plásticos y las bolsas es ocasionar a esa profundidad hipoxia, es decir, la reducción de la cantidad de oxígeno contenida en el mar, lo que sin duda puede incrementar el número de zonas muertas en los océanos.

En el caso de vida silvestre, un estudio encontró que alrededor de 260 especies de vida silvestre han ingerido o se han enredado con los residuos de plásticos de bolsas, ocasionándoles parálisis, ulceras y la muerte.

Pero también las bolsas que no reciben un manejo integral muchas veces van a dar zonas ganaderas y llegan a ser consumidas también por ganado, ocasionando pérdidas económicas, ya que reducen hasta en un 65 por ciento la producción de leche y afectan también la producción de carne al sector ganadero y eso muestra también efectos económicos.

En las zonas urbanas las bolsas de plástico que no reciben un manejo integral contribuyen a bloquear el sistema de alcantarillado, lo que ocasiona problemas de desazolve y bueno, ya sabemos los resultados muchas veces con inundaciones en las ciudades, y a la larga eso ocasiona costos, desde luego, para nuestro desarrollo social y nuestro desarrollo económico.

Es por ello que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoce que cada vez son más los países que están adaptando acciones de tipo voluntario, educativo, legal o fiscal para que, atendiendo el principio de responsabilidad compartida, tanto la población como los establecimientos comerciales contribuyan a reducir el uso de las bolsas de plástico.

Con base en lo anterior, los legisladores que integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales coincidimos con la colegisladora en que es oportuno reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con el objeto de que la federación expida las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deban cumplir los materiales con los que se elaboran productos, envases y empaques, así como embalajes de plástico y poliestireno expandido, que al desecharse se convierten en residuos.

Dichas normas deberán considerar principios de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de los mismos, en congruencia con el concepto de manejo integral. Además, esta iniciativa promueve el hecho de que la federación, el estado y los municipios promuevan esquemas de educación ambiental para garantizar que la población tenga la información adecuada de este tipo de productos, que al consumirse desafortunadamente se convierten en residuos sólidos urbanos y que lamentablemente —insistimos— al no tener una disposición final adecuada, terminan convirtiéndose en una problemática ambiental, en una problemática de salud humana y en una problemática económica.

Por ello, compañeros, los convocamos a que apoyen esta iniciativa que va a permitir contribuir a garantizar el cuidado de nuestros recursos naturales. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Para fijación de postura, en el uso de la voz por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano el diputado Alfonso Durazo Montaño, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados, la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que se presenta es un esfuerzo de tres iniciativas que han sido integradas y dictaminadas para la gestión integral de residuos sólidos y establecer un esquema de corresponsabilidad en todos los órganos de gobierno locales y federal.

En términos teóricos suena bien; en la formalidad hay una buena intención de mejorar la calidad del ambiente, pues prevé la creación de centros de separación y reutilización de recursos, otorga facultades a la federación para elaborar las normas sobre materiales y envases y da una relevancia mayor al tema de la educación.

No obstante, estimamos que la buena intención de la ley puede ser torcida fácilmente por los poderes fácticos. Declaramos que éste es un asunto de educación, pero sobre todo de combate a la corrupción, de aplicación irrestricta de la ley y de sanciones, más que de premios y estímulos. No solo contamina el residuo del empaque el proceso de elaboración de productos, es también causa de afectaciones al entorno.

En el caso de los refrescos, por ejemplo, para obtener dos litros de producto terminado son necesarios, por lo menos, cuatro litros de agua potable, sin contar la contaminación que generan las plantas de producción y la transportación de su producto, que —por si fuese poco— carece de valor nutrimental.

En el caso del manejo de los residuos sólidos, a pesar de las recomendaciones sobre la necesidad de un proceso de reutilización y de la creación de estaciones de transferencia donde se separen los desechos, la mayor parte de las entidades siguen apostando por los rellenos sanitarios donde se deposita de todo de forma indiscriminada y a costa de la contaminación de los mantos acuíferos y el subsuelo.

Con respecto a la prohibición del uso de bolsas de plástico en los supermercados podemos observar en una visita a cualquiera de ellos que se siguen usando de forma desmedida y sin ninguna sanción de la autoridad.

Hay una mala costumbre, un vicio que pesa sobre el esquema de incentivos económicos y por eso nos oponemos a esta iniciativa, y es el de la discrecionalidad en su aplicación y los malos resultados que han entregado todas ellas.

La muestra está en el régimen de consolidación fiscal, que solo ha conseguido tener millonarios a costa del erario público y el aumento de la carga tributaria a los que menos tienen.

Ahora, el dictamen que discutimos pretende que las entidades puedan coordinar estrategias económicas que incentiven el desarrollo para el manejo de residuos, como si los grandes industriales de este país no estuviesen ya suficientemente incentivados.

Se han inventado fundaciones, donativos y supuestos centros de desarrollo e investigación, que nada o muy poco han aportado al país, porque en honor a la verdad, en el día a día son las universidades públicas las que han motivado y desarrollado la tecnología de materiales ecológicos, de hecho son la vanguardia en el tratamiento y gestión integral de residuos sólidos.

Por lo anterior, proponemos que en lugar de otorgar estímulos y subsidios a los grandes empresarios, proponemos que las universidades e institutos tecnológicos, tanto nacionales como estatales, sean los beneficiados con recursos para investigación y que las empresas paguen un impuesto especial por la contaminación que genera.

Durante años han contaminado nuestro país con productos de baja calidad. A últimas fechas, hasta productos chatarra de carácter político están llevando a los ciudadanos.

Los industriales y los medios comerciales necesitan de artificios en la presentación para ofertar sus productos, aún a costa del deterioro del ambiente, de la destrucción de equilibrio ecológico, e incluso, de la devastación de áreas naturales protegidas, como Holbox, el proyecto Walmart Xalapa o el Dragon Mart.

Estamos por supuesto de acuerdo con el control de los residuos, la polución es un grave problema derivado del consumo de productos chatarra de grandes empresas; la gran reforma debería ser el control estricto de esos productos en pro de la salud y del ambiente, aplicando con estricto rigor la ley a aquellos que no la respetan, en perjuicio de millones de mexicanos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, cotidianamente atentamos contra la sostenibilidad de nuestro desarrollo realizando tres tipos de actividades que impactan negativamente al capital natural del que disponemos; eso estamos haciendo cuando explotamos recursos renovables y no renovables en exceso de la capacidad regeneradora de la naturaleza.

En ambos casos, puede considerarse como atenuante el argumento de que los usamos a favor de la gente. Pero hay una tercera actividad, que no tiene ninguna atenuante, que es la contaminación del ambiente por desechos no tratados, en exceso de la capacidad de absorción de los ecosistemas.

Vean los casos para el caso de México, que son reveladores. Conforme el diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos de 2012, realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología, sobre cambio climático, se generan en México 102 mil 895 toneladas al día de residuos sólidos urbanos. De estos solo el 60.5 por ciento se disponen de manera final en un relleno sanitario y sitio controlado, otro 9.63 por ciento son reciclados. Es decir, 30 mil 700 toneladas por día son depositadas en tiraderos a cielo abierto o ni siquiera son recolectados.

Ciertamente podríamos reducir el impacto negativo de nuestros desechos aumentando el número de tiraderos o rellenos sanitarios, pero lo más correcto sería reaprovecharlos o definitivamente reducir su generación; es decir, logrando una gestión integral de esos residuos, entendida ésta como la articulación de acciones de planeación normativas, operativas, financieras, educativas entre otras.

Esto se complementaría con un manejo integral de los residuos, que en la aplicación consecuente de actividades podría reducir, reutilizar y reciclar los residuos antes de la disposición final.

En dicho sentido, el dictamen de la minuta que se está presentando para reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos contribuye a fortalecer los principios básicos que antes se han señalado.

Lo anterior, al promover los principios de prevención, minimización, valorización, así como el uso de materiales, en especial los plásticos, que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica.

Se pueden señalar de manera sintética los siguientes aspectos de las reformas y adiciones que se realizan en la minuta en discusión.

Primero. En varios artículos de la ley se dota de nuevas facultades a la federación, a las entidades federativas y a los municipios, entre otras cosas, para expedir normas oficiales mexicanas que establezcan criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, que deben cumplir los materiales con los que se elaboren productos y envases, empaques y embalajes de plástico y poliestireno expandido, que al desecharse se convierten en residuos.

También promover la investigación, desarrollo y aplicación en materiales que prevengan, reduzcan, minimicen y/o eliminen la liberación al ambiente de contaminantes.

Promover y aplicar instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan la reducción, el reuso y reciclaje de residuos, en especial para el manejo integral de residuos sólidos urbanos.

Segundo. Se refuerza el artículo 25 de la ley —y esto es muy importante— para que el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tenga como fundamento los principios de reducción, reutilización y reciclado de los residuos, en un marco de sistemas de gestión integral en los que se aplique la responsabilidad compartida y diferenciada entre los sectores sociales y productivos y entre los tres órdenes de gobierno.

Pero ojo, se reforma el artículo 28 de la ley para que sea obligatoria la formulación y ejecución de planes de manejo para los grandes generadores, productores, importadores, exportadores y distribuidores de productos, que al desecharse se convierten en residuos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido.

Por si fuera poco, se reforma la fracción I del artículo 96 de la ley, para que las entidades federativas y los municipios se coordinen para formular e integrar un sistema de gestión integral de residuos que asegure el manejo, la valorización y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

En armonía con ello, se establece entonces la posibilidad de que las autoridades estatales y municipales puedan convenir el establecimiento de centros estatales o regionales, de disposición final de residuos. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD estamos de acuerdo en dar nuestro voto a favor del dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado.

BIENVENIDA A UNA DELEGACION DE LA ASAMBLEA POPULAR NACIONAL DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Damos la bienvenida a una delegación de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China; al señor Zhang Ping, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional; al señor Lu Zushan, miembro del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Financieros y Económicos de la APN; al señor Wang Qingxi, miembro del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, vicepresidente de la Comisión de Protección de Medio Ambiente y Conservación de Recursos de la APN; al señor Liu Zhenwei, miembro del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Campo de la APN.

Al señor Yao Sheng, miembro del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, miembro de la Comisión de Asuntos Financieros y Económicos de la APN; al señor Xiong Wei, subdirector general de Asuntos Exteriores de la Oficialía Mayor del Comité Permanente de la APN; al señor Xu Yong, subdirector de la Dirección General de Asuntos Exteriores de la Oficialía Mayor del Comité Permanente de la APN; al señor Bian Xueping, subdirector de la Dirección General de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de China; al señor Ni Cheng, agregado de la Dirección General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Sean ustedes muy bienvenidos a ésta, la Cámara de Diputados de aquí, de México.

No habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría abra...

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:¿Con qué objeto, diputada Ortiz? Sonido, por favor, a la curul de la diputada.

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla(desde la curul): Presidenta, sí quisiera precisar algunos datos que mencionó el diputado Durazo, que no corresponden al dictamen del que estamos hablando y me parece que es importante para que los diputados puedan emitir su voto, que conozcan de qué estamos hablando. Entonces, quisiera compartir y pedir el uso de la palabra, para rectificación de hechos.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Lo que el diputado hizo fue el posicionamiento de su fracción. El documento ya fue justificado por otro diputado. Sonido, por favor.

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla (desde la curul): Sí, pero el diputado mencionó datos que no corresponden al dictamen del que estamos hablando y para emitir una votación tenemos que emitir los datos verídicos de lo que estamos discutiendo.

Me parece importante que nuestros compañeros diputados sepan que en ningún momento se prohíbe el uso de bolsas plásticas; que en ningún momento estamos hablando de generar incentivos a las grandes empresas. Simplemente estamos hablando de que se generen planes de manejo para el uso de plásticos.

Todos diariamente usamos este tipo de residuos; se está pidiendo que se generen planes de manejo. Esto es lo que estamos discutiendo en este dictamen, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Vi otra mano por acá. Sonido, por favor, a la curul del diputado Villarreal.

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): Gracias, presidenta, para registrar a la diputada Marisa Ortiz, que a nombre de mi grupo parlamentario haga el respectivo posicionamiento respecto al tema en comento. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Con gusto, diputado. Por la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional, en el uso de la voz la diputada Ortiz, para fijación de postura. Gracias.

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla:Ahora sí. Gracias, presidenta, por la oportunidad de compartir con mis compañeros de qué estamos hablando en este dictamen.

Sí quisiera aclarar y precisarles a todos. Hace un momento, a nombre de Movimiento Ciudadano, se mencionaron unos datos que no son reales y como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, conociendo el dictamen, sabiendo de qué estamos hablando, sí quisiera precisarles.

En primer lugar, en ningún momento en este dictamen estamos hablando de prohibir las bolsas de plástico. Sé que diariamente, cuando nosotros vamos al supermercado, al Oxxo o a cualquier sitio, utilizamos estas bolsas y que ahora la opción es reducir el uso del plástico, y quizás nos preguntan si queremos usar esa bolsa o no la queremos usar, pero hasta ahí nos hemos quedado.

Lo mismo con los envases, simplemente cada uno en su curul tiene aquí una botella de PET, todos los días cada uno de nosotros estamos utilizando materiales que tienen empaques hechos con plástico.

¿Qué vamos a hacer con estos materiales, cuando al final se vuelven residuos, cuando después de que los utilizamos ni siquiera nos percatamos si terminan en una bolsa o en dónde quedaron?

También se dijo que se están generando incentivos a las grandes empresas, lo cual es totalmente falso. Este dictamen de lo que trata es que hagamos un plan de manejo para estos residuos, ¿qué es un plan de manejo, compañeros? Un plan de manejo es que tengamos claro que este residuo que nosotros estamos produciendo sepamos a dónde va a parar.

¿Cómo vamos a buscar reducir estos residuos? ¿Cómo vamos reutilizarlos? Es buscar alternativas. Eso es de lo que se trata este dictamen, de que verdaderamente nos hagamos conscientes de que diariamente cada uno de nosotros producimos una gran cantidad de residuos, y entre ellos los plásticos, los más difíciles de degradar.

Lo único que estamos pidiendo en la Comisión de Medio Ambiente es que se traten de manera adecuada, que se procesen, que se reutilicen; se está exigiendo que se cuente con este plan de manejo, es de lo único de lo que se trata. No se dejen engañar por frases o por datos incorrectos. A nombre del Partido Acción Nacional los invito a que voten a favor. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. En la discusión en lo general, en el uso de la voz el diputado Alfonso Durazo Montaño, hasta por tres minutos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, presidenta. Mencionaba en mi participación anterior que registramos en la iniciativa algunos puntos favorables para el proceso de mejora ambiental y con ello estamos de acuerdo.

Sin embargo, reiteramos que cualquier estímulo que se contempla en la iniciativa, no solo en ésta, sino en términos históricos, se han convertido más en un incentivo para la corrupción. Por eso no estamos de acuerdo que basemos la responsabilidad de las empresas de manejar adecuadamente los residuos exclusivamente o fundamentalmente en estímulos.

Uno de los estímulos fundamentales que reciben hoy las empresas es el de la consolidación fiscal y ahí tenemos uno de los grandes problemas, no solo de las finanzas nacionales, sino de la corrupción. Por eso nos oponemos a este tipo de medidas, y en lugar de dar incentivos a las grandes empresas, otorguémoslo a los centros de investigación que están proponiendo metodologías y tecnologías para un manejo más adecuado de residuos.

No creemos que la iniciativa sea desechable por sí sola. Creemos que esta parte que puede generar incentivos perversos en el desempeño o en el cumplimiento de una responsabilidad exclusivamente por parte de las grandes empresas es rechazada. Muchas gracias a todos por su atención.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. No habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

BIENVENIDA A LA DELEGACION DE TURQUIA DEL GRUPO DE LOS 20

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Un momento de su atención. Con motivo de la Reunión Parlamentaria del G20, en esta honorable Cámara de Diputados hemos tenido la satisfacción esta mañana de recibir a varias delegaciones.

En este momento estamos recibiendo a la delegación turca, encabezada por el señor Mehmet Saglam, presidente de la Gran Asamblea Nacional de la República de Turquía, a quien le damos la más cordial bienvenida.

Le rogamos al jefe de la delegación, señor Ahmet Acet, embajador extraordinario de Turquía en México; a Mustafá Hamarat, miembro del Secretariado de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, y a Murat Ugur Dal, oficial de Asuntos Exteriores y Protocolo de la Gran Asamblea Nacional Turca, que lleven hasta su pueblo el gran saludo de esta honorable Cámara de Diputados, haciendo votos y deseando larga vida, éxito y felicidad para su pueblo.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De viva voz.

La diputada Patricia Guadalupe Peña Recio (desde la curul): A favor.

La diputada Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (desde la curul): A favor.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Ruiz Moronatti (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidenta, se emitieron a favor 375, 14 abstenciones y 0 en contra.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 374 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

MINUTO DE SILENCIO

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:La Mesa Directiva participa a la asamblea de la noticia que los diputados de Oaxaca han dado a conocer sobre el deceso de doña Cirila Sánchez Mendoza, quien fuera diputada federal de la LIV Legislatura y senadora de la República de la LVI y LVII Legislaturas.

Los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares. Se invita a los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. Que descanse en paz doña Cirila Sánchez Mendoza.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes Generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Desarrollo Forestal Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 7145, que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

En virtud del análisis y estudio de la minuta que se dictamina, esta Comisión Ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, inciso e), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, 81 numeral 1, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2011, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores, recibió la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de uso de suelo e impacto ambiental, presentada por el senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo.En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa  a  las Comisiones  Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, del Senado de la República para su análisis y dictamen.

Tercero. En sesión plenaria de las comisiones dictaminadoras, realizada el 24 de abril de 2012, se aprobó el dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y se presentó a la Mesa Directiva.

Cuarto.En sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2012, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de uso de suelo e impacto ambiental,

Quinto.En la misma fecha el Senado de la República envió la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados.

Sexto.Con fecha 26 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibió el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  y dictó turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictamen.

Séptimo.En el proceso de entrega-recepción de la LXI a la LXII Legislaturas, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados recibió como rezago la minuta con proyecto de decreto citada.

Octavo. Con fecha 27 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó otorgar prórroga a la minuta en comento, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del Senado de la República, el cual considera procedente reformar diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, lo anterior en aras de fortalecer la política nacional forestal. El texto propuesto por la Cámara de Senadores a la letra señala:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 32. En el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio incluyan obras o actividades de las señaladas en el artículo 28 de esta ley, las autoridades competentes de los estados, el Distrito Federal o los municipios, deberán presentar dichos planes o programas a la Secretaría, con el propósito de que ésta emita la autorización que en materia de impacto ambiental corresponda, respecto del conjunto de obras o actividades que se prevean realizar en un área determinada, en los términos previstos en el artículo 31 de esta ley.

Artículo 104.  La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y las demás dependencias y entidades competentes, la introducción y generalización de prácticas de protección y restauración de los suelos en las actividades agropecuarias, así como la realización de estudios de impacto ambiental que deben realizar previo al otorgamiento de autorizaciones para efectuar cambios del uso del suelo, cuando existan elementos que permitan prever grave deterioro de los suelos afectados y del equilibrio ecológico de la zona.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo 12. Son atribuciones de la Federación:

I. a IV . ...

V. Realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las entidades y los municipios;

VI.  a XXXVII.  ...

Artículo 15. Corresponden a los Gobiernos de los Municipios, de conformidad con esta Ley y las Leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a IV.  ...

V. Elaborar, monitorear y mantener actualizado en Inventario Municipal Forestal y de Suelos, bajo los principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el Inventario Estatal Forestal y de Suelos e incorporar su contenido al Sistema Estatal de Información Forestal;

VI.  a  XXI.  ...

Artículo 117.  ...

...

...

Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. Dichas autorizaciones deberán atender lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamiento ecológico del territorio correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

El objeto de la minuta que nos ocupa, es el fortalecimiento de la política forestal, en lo que se refiere a la información que generan los inventarios forestales y de suelos así como el procedimiento para las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ya que en muchas ocasiones los cambio de uso de suelo en terrenos forestales se llevan a cabo burlando la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para, indebidamente, incluirlos en el desarrollo urbano. Asimismo, atiende a la necesidad de cumplir con la zonificación forestal establecida en la misma Ley.

Esta Comisión dictaminadora considera necesaria la reforma al artículo 32 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente a través de la cual, en el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio incluyan obras o actividades de las señaladas en el artículo 28 de esta Ley, deban ser sometidos a la evaluación de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, toda vez que la transformación de la cubierta vegetal en México y el mundo ha sido impulsada, en gran parte, por el crecimiento de la población y algunas de sus consecuencias, tales como la demanda de alimentos y la ampliación de la infraestructura. Entre 1993 y el año 2002, alrededor de 2.8 millones de hectáreas en el país cambiaron de ser bosques, selvas, matorrales y pastizales para convertirse a otros usos, todo ello a un ritmo de cerca de 306 mil hectáreas por año. En términos netos, los ecosistemas más afectados entre esas fechas fueron las selvas (se perdieron alrededor de 1.3 millones de hectáreas), seguidas por los matorrales (cerca de 953 mil hectáreas) y los bosques templados (aproximadamente 370 mil hectáreas). En ese mismo periodo, las entidades que mayor porcentaje de su vegetación natural perdieron (entre selvas, bosques, matorrales, pastizales y otros tipos de vegetación) fueron Veracruz (cerca de 19 por ciento), Tabasco (alrededor de 11 por ciento) y Chiapas (8 por ciento), mientras que Nayarit, Durango, Baja California Sur y Querétaro perdieron menos del 0.5 por ciento de su superficie remanente de vegetación natural.

Entre las consecuencias más importantes del cambio de uso del suelo están las alteraciones en los ciclos biogeoquímicos ( e. g., agua y carbono), la pérdida de la biodiversidad y sus servicios ambientales asociados y el cambio climático global. Según la Carta de uso actual del suelo y vegetación serie III ,para el 2002 aún se conservaba poco más de 70 por ciento de la superficie original de bosques, 56 por ciento de las selvas, 77 por ciento de los matorrales y sólo 55 por ciento de los pastizales, lo que en teoría representaría una pérdida histórica neta de aproximadamente 250 mil kilómetros cuadrados de selvas, 129 mil kilómetros cuadrados de bosques templados, 155 mil kilómetros cuadrados de matorrales y más de 83 mil kilómetros cuadrados de pastizales.

Asimismo, esta Comisión coincide con la Colegisladora, en desechar la propuesta de reforma al Artículo 33 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA),  en virtud de que la autorización de impacto ambiental se refiere únicamente a los aspectos ambientales de la obra o actividad y el impacto que provocarán, por lo cual, la misma es autónoma y no se encuentra vinculada a las demás autorizaciones que el promovente deba tramitar ante los distintos órdenes de gobierno y autoridades competentes. Es menester respetar esta autonomía y garantizar que los aspectos considerados por la autorización en materia de impacto ambiental no condicionen a otra autoridad para emitir una autorización cuando, a pesar de tratarse de la misma obra o actividad, las materias y el ámbito de competencia sean distintos.

En cuanto a la reforma al artículo 104 de la misma ley, esta comisión coincide en las modificaciones aceptadas por la Colegisladora, toda vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe promover ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y las demás dependencias o entidades competentes, la realización de estudios de impacto ambiental, los cuales solo se deberán realizar cuando dichas obras o actividades se encuentren sujetas a este proceso en términos de ley.

Ahora bien, las reformas que se plantean a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), se orientan a que los municipios desarrollen un inventario local en materia forestal y de suelos, con el objeto de fortalecer los inventarios estatales y el nacional, propuesta que se considera procedente; sin embargo, para hacer esta reforma congruente con los mecanismos y disposiciones vigentes que regulan esta figura, las y los integrantes de este órgano legislativo, ratificamos la reforma propuesta por la colegisladora a la fracción V del artículo 12 de la LGDFS, toda vez que dicha fracción establecerá la competencia de la Federación para determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios forestales y de suelos en las entidades federativas y municipios.

Bajo esta tesitura y en concatenación con la reforma antes señalada, esta Comisión aprueba la reforma a la fracción V del artículo 15 de la misma ley,  pues es la fracción que habla de la coordinación entre órdenes de gobierno para la integración del inventario forestal, por lo cual se acepta la adecuación planteada.

En cuanto a la adición de un párrafo al artículo 117, esta comisión lo considera procedente, ya que busca que las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales integren un programa de rescate y reubicación de las especies forestales afectadas, considerando su adaptación al nuevo hábitat.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y para efecto de lo dispuesto en la fracción  A) del artículo 72 constitucional, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la honorable Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Primero. Se reforman los artículos 32 y 104 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 32. En el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio incluyan obras o actividades de las señaladas en el artículo 28 de esta Ley, las autoridades competentes de los Estados, el Distrito Federal o los municipios deberánpresentar dichos planes o programas a la Secretaría, con el propósito de que ésta emita la autorización que en materia de impacto ambiental corresponda, respecto del conjunto de obras o actividades que se prevean realizar en un área determinada, en los términos previstos en el artículo 31 de esta Ley.

Artículo 104. La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y las demás dependencias y entidades competentes, la introducción y generalización de prácticas de protección y restauración de los suelos en las actividades agropecuarias, así como la realización de estudios de impacto ambiental que deben realizar previo al otorgamiento de autorizaciones para efectuar cambios del uso del suelo, cuando existan elementos que permitan prever grave deterioro de los suelos afectados y del equilibrio ecológico de la zona.

Artículo Segundo. Se reforman la fracción V del artículo 12; la fracción V del artículo 15; y el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 12. Son atribuciones de la federación:

I. a IV. ...

V. Realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las entidades y los municipios;

VI. a XXXVII. ...

Artículo 15.Corresponden a los Gobiernos de los Municipios, de conformidad con esta Ley y las Leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a IV. ...

V. Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Municipal Forestal y de Suelos, bajo los principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el Inventario Estatal Forestal y de Suelos e incorporar su contenido al Sistema Estatal de Información Forestal;

VI. a XXI. ...

Artículo 117. ....

...

...

Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. Dichas autorizaciones deberán atender lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

...

...

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. En un plazo no mayor a 180 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto el titular del Poder Ejecutivo Federal deberá realizar las adecuaciones correspondientes al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Notas:

1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Uso actual del suelo”. Disponible en http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/02_vegetacion/cap2.html#3

Consulta realizada el 25 de febrero de 2012.

2 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo  de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Alfio Vega de la Peña, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Alfio Vega de la Peña:Con su permiso, presidenta. Amigas y amigos diputados. En nuestro país, actividades como la conversión a otras formas de uso de suelo que afectan los ecosistemas debido a las múltiples necesidades que presentan los asentamientos humanos, la expansión de terrenos de uso agrícola, aunado al mal ordenamiento territorial, a la falta de control de los incendios forestales, a la tala inmoderada, el sobrepastoreo y el uso de los productos químicos que contaminan la atmósfera, influyen de manera alarmante en la degradación de nuestras zonas naturales. Estos efectos traen como consecuencia suelos erosionados, pérdida de flora y fauna, daños profundos en los ecosistemas y en la hidrografía, así como el deterioro de la calidad de vida y la pérdida de oportunidades de desarrollo.

La evolución de nuestra sociedad trae aparejados nuevos retos que influyen directamente en nuestro medio ambiente; es por ello que el uso indiscriminado de los recursos naturales es motivo de preocupación ante la exigencia cada vez más frecuente de productos provenientes de la naturaleza.

Actualmente la preocupación prioritaria por generar fuentes de empleo, el asentamiento de las poblaciones rurales y la explotación de los recursos para la producción de materias primas industriales, la falta de estudios de impacto ambiental representan actualmente nuevos riesgos para nuestros ecosistemas, así como la inexactitud en los catastros o inventarios de recursos forestales.

En este contexto, el manejo sustentable de los recursos naturales y contar con los planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento correspondientes y suficientes para la implementación de medidas de protección a los ecosistemas, juegan un papel preponderante, así como contar con información oportuna, actualizada y veraz de los recursos.

Coincidimos enteramente con este dictamen pues, en primer lugar, consideramos necesario el sometimiento —de cualquier tipo de desarrollo— a la evaluación del impacto ambiental, pues la transformación de la disponibilidad y distribución de los recursos vegetales en México y el mundo ha sido generada en gran medida por el aumento de la población y algunas de sus consecuencias, tales como la demanda de alimentos y el crecimiento de infraestructura requerida por las sociedades contemporáneas.

Por esta razón, también celebramos la inclusión de los municipios en inventarios nacionales de recursos forestales, así como la generación de catastros municipales en el mismo sentido. Todo ello para favorecer la protección de nuestros bosques y selvas, con la finalidad de aprovechar racionalmente todo el potencial de riquezas naturales a favor del desarrollo sostenible, los recursos económicos dirigidos a la reforestación, restauración y mantenimiento de los ecosistemas afectados.

Es concebir el desarrollo forestal sustentable desde una perspectiva amplia, sin comprometer la disponibilidad ni la existencia de estos recursos para las generaciones venideras y para ello debe existir un marco legal en el que la conciencia social sea un factor preponderante.

La ordenación forestal sostenible debe ser un concepto rector y de gran calado en nuestra planeación ambiental, así como en nuestros programas y políticas en la materia, pues influye directamente en el futuro de todos los bosques y sociedades del planeta.

Compañeras y compañeros diputados, el desarrollo de las sociedades debe basarse en la protección de los recursos naturales, de ello depende la conservación de las especies en el planeta y de la vida humana.

A menos que protejamos la estructura, funciones y diversidad de los sistemas naturales del mundo, de las que depende nuestra especie y otras especies, el desarrollo se destruirá asimismo y fracasará. Es momento de ampliar los recursos que la tierra nos brinda de forma sustentable y prudente, tomando las medidas necesarias en torno a su protección y conservación, solo de esta manera garantizaremos el futuro y permanencia de nuestro entorno y nuestra especie. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Para fijación de posturas, por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidenta. Nos parece adecuado este dictamen que presenta la Comisión de Medio Ambiente, porque todo aquello que fortalezca el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico, e ir blindando por medio de estos instrumentos jurídicos todo el manejo del uso del suelo, la protección forestal son —desde luego— reformas que deben ser bienvenidas.

Evidentemente que nosotros buscaríamos una modificación integral para fortalecer todos los temas que tienen que ver con las áreas naturales protegidas, con el uso de suelo, con el equilibrio ecológico, con el desarrollo forestal, con la protección de los ecosistemas para evitar la degradación de nuestros activos naturales, sobre todo en esta circunstancia de cambio climático y de deterioro del medio ambiente.

Por eso vemos bien esta iniciativa, mediante la cual se obliga a los municipios a generar un inventario municipal, tener también un programa de rescate y reubicación de especies, y nos parece que esto va a fortalecer las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente.

Aunque el proyecto menciona que su principal objetivo es el fortalecimiento de la política forestal y el procedimiento para los cambios de uso de suelo, nos parece que también tiene que atenderse por este Congreso el tema de la corrupción que hay en estos temas del uso de suelo, porque no solamente es un tema de legislación ambiental, sino de atención de los municipios y de los estados.

Nos parece que debemos traer a colación temas, como el de la isla de Holbox, el proyecto de Dragon Mart en Cancún, y no olvidar que no puede haber un progreso económico que se sustente en el deterioro ambiental, que se sustente en erosionar nuestras islas, en erosionar nuestros ecosistemas.

Por esta razón, celebramos esta iniciativa y también este dictamen de la Comisión de Medio Ambiente. Pero al mismo tiempo, los exhortamos a profundizar en la agenda ecológica y del medio ambiente en esta Legislatura, y poner también junto con otras comisiones candados al saqueo de nuestros recursos y también a la corrupción que sigue imperando en los trafiques que se dan para generar desarrollos inmobiliarios a costa del medio ambiente o proyectos que en apariencia traen millones de dólares, pero en realidad significan un suicidio de nuestros recursos naturales, un ecocidio y eso no lo podemos soportar.

Por esta razón, vamos a acompañar el dictamen que se presenta por parte de esta comisión, dejando a un lado estas recomendaciones para que esta Legislatura siga profundizando en la materia. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz la diputada Claudia Elena Águila Torres.

La diputada Claudia Elena Águila Torres:Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol. Martin Luther King Jr.

Compañeras diputadas y diputados, el estado actual de la biodiversidad y los ecosistemas del país presenta un profundo impacto antropogénico, este impacto es producto de décadas y décadas de malas decisiones en materia de manejo de la biodiversidad y de los ecosistemas del país, aunque con seguridad alcanzó su máximo en el pasado siglo XX, cuando a partir de la transformación radical de los ecosistemas y la sobreexplotación de los recursos naturales de México se intentaron mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana del país con pobres resultados.

Conforme al estudio de diversos autores: Capital natural de México, de la Conabio, hacia 1976 la cobertura original total del país se había reducido en un 38 por ciento y en 2002 solo representa como máximo el 38 por ciento de su cobertura original.

Nuevos datos corroboran lo anterior, el pasado mes de febrero, la Auditoría Superior de la Federación presentó su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2011; con las estimaciones efectuadas en dicha evaluación, que estableció que el último periodo 2002 a 2007, la superficie forestal primaria y secundaria del país disminuyó a una tasa media anual del 0.3 por ciento.

Las tendencias negativas de cambio de uso de suelo son la principal causa de este deterioro ambiental, debido a la conversión de los ecosistemas naturales para realizar actividades agropecuarias, la construcción de infraestructura y el establecimiento de asentamientos humanos entre los principales factores, añadiendo el cambio climático y la contaminación ambiental en general.

Pero aún estas amenazas a la naturaleza son en muchos casos fomentadas desde el propio sector público, sin considerar debidamente el valor ecológico, debido a los servicios ecosistémicos que proporciona un sitio en particular, lo que a veces puede incluso llevar a serias contradicciones de políticas públicas. Esto debido a que en muchas ocasiones se busca promover acciones de conservación y al mismo tiempo se promueven acciones para transformar los ecosistemas, bajo la coartada de promover el desarrollo, llevando al falso dilema de que conservación de la biodiversidad y los ecosistemas es contrario al desarrollo económico y social, cuando en realidad la conservación y desarrollo pueden ir de la mano aplicando los principios del desarrollo sustentable.

Por lo anterior, la importancia del dictamen de la minuta en discusión le otorga mayores facultades a la Semarnat, en el artículo 32 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que las autoridades competentes de los estados, el Distrito Federal o los municipios, estén obligados a presentar su evaluación de impacto ambiental del plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio cuando se incluyan obras o actividades identificadas en esta ley, para ser evaluadas por la propia Secretaría.

Hasta ahora esto no era obligatorio, lo que propiciaba evaluaciones del impacto ambiental de manera muy puntual, sin considerar los impactos ambientales acumulados y sinérgicos, que son identificables a través de los referidos planes y programas de desarrollo urbano y del ordenamiento ecológico del territorio.

En cuanto a la reforma al artículo 104 de la misma ley, busca la Semarnat deba promover ante la Sagarpa y las demás dependencias o entidades competentes la realización de estudios de impacto ambiental de manera previa al otorgamiento de la autorización de cambios de uso del suelo.

Es decir, antes de tomar una decisión de política pública para proceder a realizar una autorización de cambio de uso de suelo deberá estudiarse el impacto ambiental que éste causará al sitio sujeto a esta disposición.

Por otro lado, el dictamen de la minuta también plantea reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para que los municipios desarrollen su propio inventario en materia forestal y de suelo, con el objeto de fortalecer los inventarios estatales y el nacional, para ello se realizan las correspondientes reformas a los artículos 12 y 15 de la citada ley.

También en concordancia de mitigar los impactos adversos de los cambios de uso de suelo en terrenos forestales, se reforma un párrafo al artículo 117 de la citada Ley General de Desarrollo Forestal, esto a través de integrar de manera obligada un programa de rescate y reubicación de las especies forestales afectadas, considerando su adaptación al nuevo hábitat.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD daremos nuestro voto a favor, para que este dictamen fortalezca la política nacional forestal. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. No habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Adelante.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se pide el voto de la diputada Patricia Guadalupe Peña Recio y de la diputada Gabriela Eugenia Cortés Talamantes.

La diputada Patricia Guadalupe Peña Recio (desde la curul): A favor.

La diputada Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación. Se emitieron a favor 377 votos, 5 abstenciones y 0 en contra.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 377 votos el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un artículo 17 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 7147, que contiene la minuta con proyecto de decreto  que se adiciona un artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En virtud del análisis y estudio de la minuta que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, inciso e), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, 81 numeral 1, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el día 29 de septiembre de 2009, el senador Silvano Aureoles Conejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico  y la Protección al Ambiente.

Segundo.En esa misma fecha, la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa, turnándola  a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.

Tercero. El 25 de abril de 2012, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 78 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 17 Ter  de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cuarto. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 26 de abril de 2012, se recibió la minuta proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 Ter de la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Quinto. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta en comento a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen correspondientes.

Sexto. Mediante oficio D.G.P.L. 62-II-8-0194, de fecha 23 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura, envió a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la relación de minutas e Iniciativas que no llegaron a resolver las comisiones de la LXI Legislatura, entre las que se encuentra la minuta que nos ocupa.

Séptimo. El 20 de diciembre de 2012, la Comisión de Medio Ambiente solicitó  prórroga para dictaminar la minuta en comento, cuya autorización fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de fecha 27 de diciembre de 2012, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del Senado de la República, el cual considera procedente adicionar un artículo 17 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), a través del cual se obliga a las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación a que, atendiendo a los requerimientos de la zona geográfica en que se encuentren y su capacidad, física, técnica, y financiera, instalen en los inmuebles a su cargo, un sistema de captación de agua pluvial. El agua captada con este sistema deberá ser utilizada en los baños, labores de limpieza de pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato. El texto propuesto por la Cámara de Senadores a la letra señala:

Artículo 17 Ter. Las dependencias de la administración pública federal, el Poder Legislativo federal y el Poder Judicial de la Federación instalarán en los inmuebles a su cargo, un sistema de captación de agua pluvial, debiendo atender a los requerimientos de la zona geográfica en que se encuentren y la posibilidad física, técnica y financiera que resulte conveniente para cada caso. Ésta se utilizará en los baños, las labores de limpieza de pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato.

La instalación del sistema de captación de agua pluvial en aquello inmuebles a cargo de las dependencias de la administración pública federal, el Poder Legislativo federal y el Poder Judicial de la Federación declarados monumentos artísticos e históricos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se llevará a cabo bajo la rigurosa supervisión de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, según corresponda, con objeto de evitar afectaciones a dichos inmuebles.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, por agua pluvial se entiende aquella que proviene de la lluvia, el granizo y la nieve.

La colegisladora señala, en la minuta en dictamen, que el agua dulce es vital no sólo para el funcionamiento de los procesos biológicos y la supervivencia de la especie humana, sino también para el desarrollo de diversas actividades productivas primarias, industriales y de servicios, siendo las precipitaciones pluviales el principal insumo del ciclo hidrológico y en ese sentido son el factor detonante de la disponibilidad y manejo del agua.; mientras que el crecimiento demográfico constituye un factor de presión sobre la disponibilidad de la misma ya que la mayor parte de la población se asienta en zonas donde la disponibilidad de agua no es tan abundante por ejemplo en el centro y norte, donde se tiene sólo el 30 por ciento de la disponibilidad nacional se concentra el 77 por ciento de la población, situación que contraste con la zona sureste donde existe el 69 por ciento de disponibilidad y únicamente se ubica el 23 por ciento de la población.

Se refiere también en la minuta que nos ocupa, que la demanda de agua dulce, particularmente en las zonas donde la recarga no es abundante, aunada a prácticas insustentables en el uso del recurso hídrico han contribuido a la sobreexplotación de los acuíferos. A la fecha, la Comisión Nacional del Agua reporta 100 acuíferos subterráneos sobreexplotados de los que se extrae más del 50 por ciento del agua subterránea que se consume en el país; situación por la cual el  potencial que tiene la captación de agua pluvial y su infiltración a los acuíferos es cada día más reconocido.

Adicionalmente, en el territorio mexicano, debido a su geografía y clima, destacan dos grandes zonas de disponibilidad del recurso hídrico, la primera de ellas comprende el sur y la segunda el centro y el norte del país. La disponibilidad natural media per cápita en la primera de ellas es 7.3 veces mayor que en el resto del país. En el norte, noroeste y centro del país (80 por ciento del territorio nacional) se presenta 31 por ciento del escurrimiento nacional, se concentra 77 por ciento de la población y se produce 87 por ciento del PIB. En el sur, donde se asienta 23 por ciento de la población y la actividad económica representa sólo 13 por ciento, escurre 69 por ciento del agua. En el país se utiliza 16 por ciento del volumen de disponibilidad natural media de agua; sin embargo, en la porción  norte se utiliza más de 40 por ciento de la disponibilidad natural media, lo que se considera por la Organización de las Naciones Unidas como una fuerte presión sobre el recurso hídrico.

Lo anterior se debe, en parte, a que el 72 por ciento de la precipitación pluvial anual en México (1 512 kilómetros cúbicos de agua al año) se evapora para reintegrarse al ciclo hidrológico, 25 por ciento (400 kilómetros cúbicos) escurre a los cuerpos de agua superficiales y sólo el 5 por ciento se infiltra y recarga los más de 653 acuíferos del país; con lo que tenemos que 118 de ellos se encuentran sobreexplotados.

Agrava el problema de disponibilidad del recursos hídrico el que de las 13 regiones hidrológico-administrativas del país, nueve de ellas presentan sitios de monitoreo cuya calidad del agua es clasificada como fuertemente contaminada: Península de Baja California, Noroeste, Pacífico Norte, Balsas, Río Bravo, Lerma-Santiago-Pacífico, Golfo Norte, Golfo Centro, y Valle de México, ya que presentan valores promedio de demanda bioquímica de oxígeno superiores a 30 mg/l. Con respecto a la escala de demanda química de oxígeno (DQO), todas las regiones exceptuando Cuencas Centrales el Norte, Península de Yucatán y Pacífico Sur, presentan sitios de monitoreo cuya calidad del agua es clasificada como fuertemente contaminada, ya que sus valores promedio son superiores a 40 mg/l.

A consecuencia de lo anterior, entre los años 2000 y 2005, la disponibilidad por habitante disminuyó de 4 771 m3/hab/año a 4 573 m3/hab/año. Para 2006 la disponibilidad llegó a 4 416 m3/hab/año. De continuar esta tendencia, para el año 2030 podría llegar a 841 m3/hab/año, lo que se considera una disponibilidad baja; es decir, en 30 años la disponibilidad de agua per cápita nacional disminuyó en un 83 por ciento.

Tan alarmante situación, hace indispensable se busquen nuevos mecanismos para cubrir las necesidad de agua nacionales, una buena opción es el uso del agua de lluvia, sobre todo si se considera que anualmente México recibe del orden de 1,489 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. De esta agua, se estima que el 73.1 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 22.1 por ciento escurre por los ríos o arroyos, y el 4.8 por ciento restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, así como la recarga incidental, anualmente el país cuenta con 460 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable.

La captación de agua de lluvia es la recolección, transporte y almacenamiento del agua de lluvia que cae sobre una superficie de manera natural o hecha por el hombre. Las superficies que captan el agua en las ciudades pueden ser techos de casas y edificios, techumbres de almacenes y de tiendas, explanadas, etcétera. El agua almacenada puede ser usada para cualquier fin, siempre y cuando utilicemos los filtros apropiados para cada uso, es decir, para usos básicos como limpieza de ropa, de pisos, sanitarios y riego puede usarse un filtro muy sencillo; para aseo personal y para agua que se pretenda beber, se deberá tener un sistema de filtros diferente, adecuados para estos fines. Los sistemas de captación de agua de lluvia tienen sin lugar a dudas muchos beneficios, entre los que destacan:

1. El agua pluvial es gratis, la única inversión que hay que realizar es la captación y el tratamiento pero su amortización se realiza en un corto tiempo.

2. Con este método se paga anualmente mucho menos en cuentas de agua.

3. La poca o nula dureza del agua de lluvia ayuda a aumentar la escala de aplicaciones, extendiendo su uso. El agua de lluvia elimina la necesidad de un suavizador de aguas y las sales que le añaden durante este proceso.

4. El agua de lluvia es superior para el riego de las plantas de los hogares.

5. Los sistemas presentan un fácil mantenimiento.

6. El agua de lluvia se recolecta y almacena cerca del edificio o casa que la consume, lo que elimina la necesidad de sistemas de distribución costosos y complejos; con ello se tiene también un ahorro para la unidad administrativa encargada de prestar este servicio.

7. Se logra un ahorro de energía ya que se evita todo el proceso de extracción o entubamiento y el de distribución y bombeo del agua para su transportación, los cuales demandan una gran cantidad de energéticos.

8. No impacta al subsuelo (con la extracción acelerada) ni a los ríos y sus ecosistemas (con el desvío y entubamiento de éstos), por tanto se mantienen los mantos acuíferos en mejores condiciones al tener una menor necesidad de extracción.

Como vemos, el beneficio medio ambiental sobre el uso de estas tecnologías se da no sólo al dejar de consumir agua de los mantos acuíferos y cuerpos de agua superficiales sino también por la disminución del uso de energía eléctrica.

En la actualidad existen muchos casos exitosos de sistemas de captación a nivel urbano, entre los que destacan Star-City que opera desde 2007 en Gwangjin-gu, Seul, Korea, el cual está conformado por 1,300 unidades habitacionales, con un área de captación en techos y pisos de 6,200 y 45,000 metros cuadrados respectivamente, con una precipitación de 41,000 metros cúbicos. El agua de lluvia captada se utiliza en riego de jardines, en baños públicos, infiltración en suelo y almacenamiento de agua para consumo humano para situaciones de emergencia, sirviendo éste último para evitar los daños causados por las inundaciones. Se obtuvo una relación de volumen de almacenamiento por área de captación de 5.8 metros cúbicos/100 metros cuadrados. Entre los beneficios que presentan estos sistemas es el ahorro de consumo de energía utilizada en la distribución de 0.04 kWh/m3, mientras que para el agua potable es de 1.19 kWh/m3, con un costo beneficio (B/C) de 2.67 por un periodo de 35 años. En este caso de estudio, se demostró que si se reemplazara el 20 por ciento del agua potable (1.3 billones de Ton) por agua de lluvia se ahorraría en energía 75 GWh, que implicaría un ahorro en emisiones de CO2 a la atmósfera por las centrales termoeléctricas de 32,700 Ton (Jungsoo y Mooyoung, 2009).

Lo anteriormente expuesto deja de manifiesto la imperiosa necesidad de hacer un uso eficiente del recurso hídrico nacional y que una alternativa eficiente para ello es la captación de agua de lluvia y su uso para ciertos fines; por lo anterior, y considerando que son las entidades públicas quienes deben iniciar con la instrumentación de estas buenas prácticas; después de haber analizado la minuta en cuestión, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales concluye que el proyecto de decreto contenido en la misma, es procedente, en sus términos.

Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, los integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, someten a  consideración de esta honorable asamblea, y para los efectos de la fracción A del artículo 72 Constitucional el  siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 17 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único.Se adiciona un artículo 17 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 17 Ter. Las dependencias de la administración pública federal, el Poder Legislativo federal y el Poder Judicial de la Federación instalarán en los inmuebles a su cargo, un sistema de captación de agua pluvial, debiendo atender los requerimientos de la zona geográfica en que se encuentren y la posibilidad física, técnica y financiera que resulte conveniente para cada caso. Ésta se utilizará en los baños, las labores de limpieza de pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato.

La instalación del sistema de captación de agua pluvial en aquellos inmuebles a cargo de las dependencias de la administración pública federal, el Poder Legislativo federal y el Poder Judicial de la Federación, declarados monumentos artísticos e históricos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se llevará a cabo bajo la rigurosa supervisión de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, según corresponda, con objeto de evitar afectaciones a dichos inmuebles.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, por agua pluvial se entiende aquella que proviene de la lluvia, el granizo y la nieve.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor en el siguiente ejercicio fiscal que corresponda a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, debiendo los órganos correspondientes incluir las previsiones en sus anteproyectos de presupuesto.

Artículo Segundo. Las dependencias de la administración pública federal, el Poder Legislativo federal y el Poder Judicial de la Federación contarán con un plazo no mayor a trescientos sesenta días naturales para llevar a cabo la instalación del sistema de captación de agua pluvial a que se refiere el artículo 17 Ter de esta ley.

Notas:

1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales 2007-2012, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, 2007, páginas 65 y 66.

2 Op. Cit.  Página 69.

3 Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del agua en México,edición 2011, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, 2011, página 20.

4 Adller Ilán, et. al., Manual de captación de aguas de lluvia para centros urbanos, Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente e International Renewable Resources Institute México. Disponible en

http://www.pnuma.org/recnat/esp/documentos/MANUALDECAPTACION%20o ct%202008.pdf. Consulta realizada el 10 de febrero de 2013.

5 Sistemas de captación, almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de agua de lluvia en zonas urbanas, Programa de uso eficiente y racional del agua, Instituto Mexicano de tecnología del Agua. Disponible en http://puera.imta.mx/index.php. Consulta realizada el 12 de febrero de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, para fundamentar el dictamen de conformidad el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla:Compañeras y compañeros legisladores, diputada presidenta, en esta ocasión, por haberse acordado dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comparezco para fundamentar ante el pleno, no solamente la reforma del 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, sino también las adiciones del 47 Bis, y del 132. Por tanto, estamos presentando tres dictámenes en conjunto. Lo que buscamos es su atención, pero ahorrar también un poco de tiempo.

Aquí, en México, poco a poco hemos venido trabajando en generar una conciencia colectiva, que reconozca y que valore, día tras día, el significado que representa disponer en nuestro territorio nacional de un enorme patrimonio natural.

Sé que cada uno de los que están aquí presentes podrían recordar de su ciudad, de su distrito, los recursos naturales con los que cuentan, y ese patrimonio natural es reconocido a nivel mundial.

Esta riqueza nos enorgullece, sin duda alguna, pero también nos obliga, a nosotros, legisladores federales y, sobre todo, a nosotros como ciudadanos a seguir contribuyendo desde esta alta tribuna en la conformación de leyes que fortalezcan la cultura a favor del uso responsable de nuestros recursos naturales. Tenemos que generar un equilibrio con la protección al medio ambiente.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene como meta impulsar las reformas legales necesarias que retroalimenten el círculo virtuoso de la sustentabilidad. El medio ambiente no está peleado con la economía. El medio ambiente quiere propiciar este círculo virtuoso de la sustentabilidad, que incluye lo ambiental, lo económico y lo social. Es lograr ese equilibrio.

¿Cuántos de los aquí presentes podemos presumir que en nuestros lugares de origen existe disponibilidad de agua? Estoy segura que la mayoría tenemos problemas serios de agua.

¿Sabían ustedes que solo una parte ínfima del agua de lluvia es utilizada en México? Mil 528 kilómetros cúbicos de agua llueven al año en México. De estos, mil 109 kilómetros cúbicos se evaporan, 75 kilómetros cúbicos se infiltran en los acuíferos, 72.5 kilómetros cúbicos son usados para agricultura, industria y consumo doméstico.

De acuerdo a los especialistas, se podría reducir el rezago en abastecimiento de agua en México; podríamos reducir los problemas que tenemos cada uno de nosotros en nuestros lugares de origen si se aprovechara el método de captación de agua de lluvia.

Si se captara toda la lluvia en los techos y en los pisos de nuestros pueblos y nuestras ciudades se podría ahorrar del 10 a 15 por ciento del agua que se consume en los hogares.

En la región de Nochixtlán, Oaxaca, esta comunidad es ejemplo, captan el agua de lluvia a través de los techos y lo guardan en cisternas de 10 mil litros. Y esto permite que las mujeres y los niños ya no tengan que caminar dos o tres horas para traer unos cuantos litros de agua.

Es por lo anterior que la reforma al artículo 17, mediante la adición del 17 Ter, es indispensable para la conservación y captación del agua en nuestro país, ya que promueve el uso y el aprovechamiento racional del agua de lluvia, pero principalmente nos hace responsables —al honorable Congreso de la Unión, al Ejecutivo federal y al Poder Judicial de la Federación— obligándonos a partir de la disponibilidad de recursos humanos, financieros y técnicos que se dispongan para invertir en instalaciones de un sistema de captación de agua pluvial —también dicen los dichos: hay que ir predicando por el ejemplo— y a promover acciones y programas que aporten a la conciencia de todos los mexicanos.

Esto no solamente es una iniciativa que habla de infraestructura, el valor que se le da es una inversión que fomenta la conciencia cívica de los mexicanos a favor del aprovechamiento responsable del agua, recurso indispensable para la vida y por el que los invito que voten a favor.

Pasando a otro de los dictámenes, les quisiera compartir que la sociedad mexicana enfrenta grandes retos ambientales —podríamos analizar cada uno de nuestros lugares. Así como tenemos grandes recursos naturales, nuestro reto para conservarlos también es grande. Por eso tenemos problemas de pérdida de bosques, de pérdida de la biodiversidad, tenemos problemas de sobrexplotación de nuestros acuíferos y el deterioro de la calidad del aire en nuestras grandes ciudades, solo por mencionar algunos de los problemas.

Además, nuestra posición geográfica en nuestro territorio nos hace un país particularmente vulnerable ante el cambio climático y sus efectos. Solo hay que pensar las grandes sequías del norte, o en las inundaciones en la zona de Tabasco y Chiapas, simplemente podríamos hablar también de las heladas y todos los fenómenos naturales, que al final nos acarrean grandes costos humanos, económicos y ambientales en todo el país.

Ante esto, si queremos aspirar a un desarrollo humano integral estamos obligados a impulsar iniciativas que sean amigables con el medio ambiente. En paralelo, es necesario que realicemos un aprovechamiento responsable y racional de la naturaleza, y para esto es vital el uso del agua pluvial.

Sé que todos los aquí presentes y todos los mexicanos estamos orgullosos de la biodiversidad con la que cuenta este país. Según los datos más recientes, el Golfo de California y el Golfo de México cuentan en su conjunto con 11 mil especies de invertebrados, unas 2 mil 500 especies de peces y además presenta ocho de las 232 ecorregiones marinas que existen y cuenta con mil 835 especies endémicas, especies que solamente existen en este país, sobresaliendo las especies de moluscos y de esponjas.

Muchas de estas especies están presentes en las 58 áreas naturales protegidas, con componente marino o costero de nuestro país, que cubren 12 millones de hectáreas en total.

Sé que todos estos atractivos al final se vuelven un detonante económico muy importante llamado turismo. Pero tenemos que buscar que el turismo, que es una fuente tan importante de ingreso, es decir, los centros turísticos de playa son los de mayor demanda turística en México y cada vez son más los turistas que prefieren un turismo sustentable, por lo tanto, es indispensable la acción coordinada de las dependencias encargadas del sector ambiental y turístico para la conservación de dichos centros turísticos.

En este mismo sentido, la Organización Mundial del Turismo ha demostrado y señala que es fundamental contribuir de manera coordinada, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Turismo, a la sostenibilidad de los destinos y al bienestar de las comunidades que habitan estos ecosistemas. A medida que los patrones de consumo responden a las condiciones del entorno natural y sociocultural será más fácil satisfacer las exigencias de los consumidores.

El tercer dictamen, que habla del artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que debe de existir una coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Turismo en aras que dentro de sus respectivas atribuciones intervengan en la prevención y control de la contaminación del medio marino, así como en la preservación del equilibrio de los ecosistemas.

En apego a esto, también se establece que la Ley General de Turismo contemple esta coordinación, ya que así como se promueven las actividades recreativas en nuestro país en sus diversos destinos turísticos, también la Secretaría de Turismo deberá de vigilar que se proteja y se conserve el medio ambiente.

Dice también el dicho que la unión hace la fuerza; si trabajan de manera coordinada la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Turismo podran trabajar mucho más rápido en la conservación de estos ecosistemas.

En lo que respecta a la reforma del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ésta busca evitar la introducción de especies exóticas invasoras a las áreas naturales protegidas para asegurar la integridad biológica de las mismas, por lo que sería muy favorable que todos los diputados aquí presentes la pudieran respaldar.

¿A qué me refiero? Es no permitir que especies que no corresponden al ecosistema sean sembradas para restaurarlo. No podemos sembrar una cactácea de Sonora en Tabasco, tenemos que buscar restaurar con las especies que corresponden.

Dicho articulado, en su redacción vigente, delimita subzonas para identificar y delimitar las porciones del territorio que conforman las áreas naturales protegidas acorde a sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos.

Con la reforma propuesta al 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico se mandata que en el caso de las demarcaciones de recuperación, que tienen como finalidad la recuperación y rehabilitación de superficies con recursos naturales severamente alterados o modificados, solo podrán utilizarse para su rehabilitación especies nativas de la región. Además, esto se fortalece estableciendo que las especies compatibles con los ecosistemas originales siempre se tienen que comprobar científicamente que éstas no afecten a la evolución o continuidad de los procesos naturales.

Apoyando estas reformas, esta Cámara de Diputados será ejemplo hacia los demás Poderes de la Unión, hacia los estados y hacia los municipios, para que juntos convoquemos a la sociedad entera a que participe en la construcción y consolidación de una actitud responsable entre nuestros actos y nuestra vida diaria con el cuidado del medio ambiente y con una explotación racional y sustentable de los recursos naturales que nos posibilite a todos preservar nuestros ecosistemas y convivir armoniosamente con la naturaleza, por lo que los invito a votar favorablemente todos estos dictámenes.

Quisiera concluir mi presentación —sé que fue larga, pero como escucharon, fueron tres dictámenes— con una frase de Kofi Annan, que me parece que engloba todo el trabajo que tenemos que hacer como legisladores: Salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible; es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Para fijación de posturas, en el uso de la voz la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señora presidenta. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano va a votar a favor de la adición a este artículo 3o., ya que los que venimos de la montaña sabemos perfectamente bien qué tan importante es que se conserve, porque también hemos estado observando y somos testigos —tristemente— de cómo se está degradando, cuando la montaña ha sido muy generosa con nosotros, porque ahí es donde nace el agua, porque de ahí es de donde se sostienen las hidroeléctricas, porque ahí hay ecosistemas muy importantes.

Por eso es importante que discutamos y me da mucho gusto que en este sentido los grupos parlamentarios hagamos una sola voz y votaremos siempre a favor del cuidado del medio ambiente.

En México las montañas están cubriendo aproximadamente 92 millones de hectáreas; más de las tres cuartas partes del territorio de Guerrero, Oaxaca y Michoacán descansan en montes. Aunque por su enorme extensión los estados de Chihuahua y Durango dan cabida a más de una quinta parte de las montañas de México.

Sin embargo, hemos visto también cómo la irresponsabilidad del hombre está haciendo que se estén acabando nuestras montañas.

Hay en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas una técnica que ya deberíamos controlar, que es la rosa, tumba y quema, porque no solamente está degradando los suelos, porque cuando el campesino sale a rosar su parcela, se le va muchas veces por accidente la mano y entonces vienen los incendios forestales y se están quemando hectáreas y hectáreas de bosques.

Por eso y también aunado a esto, existe una desatención de las instituciones por diseñar diversos sistemas de cultivo que no se están traduciendo en reforestar, sino estamos deforestando.

También han permitido que los ecosistemas de la montaña cambien de manera acelerada, haciéndolos susceptibles a una erosión de los suelos, desprendimientos de tierras y un rápido empobrecimiento de la diversidad genética y de la vida.

En México, como en otros países, las montañas son consideradas sistemas prioritarios para la conservación, no solo por su valor biológico y recursos hídricos, sino por la riqueza cultural que albergan, ya que más de 60 etnias viven en ellas.

La Comisión Nacional Forestal, a través del Programa de Manejo Sustentable de Ecosistemas de Montaña, ha buscado la conservación de las áreas boscosas que protegen las cuencas hidrográficas a través de las cuales se abastecen más de 33 millones de personas que viven en casi 100 ciudades principales vinculadas con esas montañas.

Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes. Por lo tanto, es rescatable que la comisión dictaminadora haya aprobado la segunda parte de la minuta, ya que con ello se incorporaría al cuerpo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente disposiciones encaminadas a prevenir la erosión del suelo en los ecosistemas de montaña, así como criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, no solo en actividades agrícolas.

En ese sentido es viable la proposición de la comisión, la adición de una fracción XIII al artículo 99 para los mismos criterios antes mencionados en ecosistemas de montaña o en predios de jurisdicción federal cuyas pendientes propicien la erosión del suelo, y de igual forma la reforma al artículo 101 para que se regule el desarrollo de las actividades que impliquen el retiro de la vegetación natural de las montañas para prevenir impactos negativos para el medio ambiente y sus habitantes.

Por esta razón, vamos a votar a favor de este dictamen; como legisladores, nos corresponde velar por el patrimonio ecológico de la nación y de sus habitantes a través de leyes apegadas a la realidad por la que atraviesa este país, y como nos hemos puesto de acuerdo y estoy segura que todos los grupos van a votar a favor, así quisiera que se votara a favor de muchas otras reformas que se presentan, de muchas otras iniciativas, como lo fue la reforma educativa.

Por cierto, desde aquí mando un saludo a los profesores de la Sección 22, que hoy son fuertemente criticados porque se están manifestando, cuando los verdaderos responsables de que hoy estén en las calles manifestándose somos los legisladores, porque no los escuchamos —por ahí están diciendo que tiempo— pero esa falta que tenemos para atenderlos nos está perjudicando en las calles. Pero tienen toda la razón, por eso es que siempre en el Movimiento Ciudadano hemos votado a favor de lo que conviene a este país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:A usted, diputada. Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz el diputado Catalino Duarte Orduño.

El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con la anuencia de esta honorable asamblea. Debo precisar que el agua es un recurso vital e invaluable; sin embargo, abrir la llave del agua nos es tan habitual que se nos olvida que antes de llegar a nuestra casa, centro de trabajo, escuela, tuvo que ser captada, tratada y entubada.

Se gasta mucho dinero para potabilizar el agua, que es generalmente empleada para usos no alimentarios, como el riego de jardines, parques, lavado de automóviles y de banquetas, para la limpieza de los hogares y para usos sanitarios.

Por ejemplo, para que el agua llegue a los hogares duranguenses se utilizan 43 millones de pesos al año solo por el concepto de pago de energía eléctrica; otro ejemplo más, el pago por el mantenimiento del Sistema Cutzamala fue de poco más de 2 mil millones de pesos en este 2012, y que se tiene proyectado para el 2013 un gasto por 3 mil 500 millones de pesos, porque hay que recordar que entre 30 y 50 por ciento del agua para abastecimiento público se pierde en fugas.

Por otra parte, es conveniente señalar que existe una sobreexplotación de los mantos acuíferos del país, particularmente en 10 entidades de la República, como lo es Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Sinaloa, Sonora.

Según cifras de la Comisión Nacional del Agua, el agua subterránea provee a dos millones de hectáreas —la tercera parte de la superficie total bajo riego— suministra casi 75 por ciento del volumen para uso público urbano de las ciudades, donde se concentran unos 55 millones habitantes, abastece a la mayoría de las instalaciones industriales, y satisface casi la totalidad de la demanda del agua de la población rural. Pero no hay que olvidar que la sobreexplotación y la falta de medidas de recarga de esas fuentes ponen en peligro la sexta parte de los mantos acuíferos de este país.

No hay que dejar de lado la recolección de agua de lluvia para riego; es una práctica antigua que ha sido abandonada y que hay que revalorizar; la recuperación del agua pluvial representa no solamente un ahorro para los usuarios, sino que representa un interés para la comunidad al limitar los impactos de inundaciones.

La captación de la lluvia reduce el consumo de agua de distribución y, por tanto, le da un respiro a las presas y a los sistemas de potabilización. También la captación pluvial puede ayudar a reducir las inundaciones y a la recarga de los mantos freáticos, porque dejarían de estar siendo sobreexplotados.

En México llueve aproximadamente mil 511 kilómetros cúbicos de agua cada año, lo que equivale a una piscina de un kilómetro de profundidad del tamaño del Distrito Federal, pero el 72 por ciento de esa agua de lluvia se evapora.

De acuerdo a los técnicos de la materia, se podría reducir el rezago en abastecimiento de agua en México si se aprovechara el método de captación de lluvia, además de que se podría ahorrar del 10 al 15 por ciento del agua de uso humano.

En varias entidades del país, como Guadalajara, Querétaro, el Distrito Federal, existen sistemas de recolección pluvial, con el propósito de evitar inundaciones y no ser utilizado para consumo.

En países como Inglaterra, Japón, Alemania o Singapur el agua de lluvia se aprovecha en edificios que cuentan con el sistema de recolección para después utilizarla en los baños o en el combate a incendios, lo cual representa un ahorro del 15 por ciento de ese recurso.

En la India se utiliza principalmente para riego; en Bangladesh se detuvo la intoxicación por arsénico con la utilización de sistemas de captación de agua de lluvia para uso doméstico; en España, las Islas Vírgenes, Turquía, Tailandia, Singapur, Inglaterra, Estados Unidos de América y Japón, entre otros, existe un marco legal normativo que obliga a la captación de agua de lluvia de los techos.

Con la aprobación de este dictamen se propone que los edificios que albergan alguna dependencia de la administración pública federal cuenten con un sistema de captación de agua de lluvia, que consiste en filtrar el agua de lluvia captada en una superficie determinada y almacenarla en un depósito o tinacos. Después el agua tratada se distribuirá  a través de un circuito hidráulico independiente de la red de agua potable, que servirá para el consumo sanitario de dichos inmuebles, de igual manera, labores de limpieza de pisos, ventanas, el riego de jardines, árboles de ornato, entre otras cosas.

Ahora bien, para el cumplimiento de esta medida las dependencias de la administración pública federal, el Poder Legislativo federal, el Poder Judicial de la Federación, tendrán un plazo no mayor de 365 días naturales para llevar a cabo la instalación del sistema de captación de agua pluvial, a que se refiere el dictamen en discusión.

Al día de hoy hay varias dependencias en este país que cuentan con sistemas que aquí se han mencionado, como lo es el Senado de la República, la Semarnat, el Instituto Nacional de Ecología, entre otros.

Finalmente, éste es un primer paso en materia de protección ambiental y captación de agua de lluvia, pero queda pendiente establecer la obligatoriedad de que en las zonas de reserva ecológica y áreas verdes que tenemos en muchas partes de este país se instalen represas, ollas de agua, lagunas de infiltración, pozos de absorción y otras obras necesarias para la captación de lluvias pluviales...

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Perdón, diputado. Compañeros, nada más les recuerdo que es fijación de postura de cuatro dictámenes, por eso el compañero tiene todavía tiempo para seguir. Adelante, diputado.

El diputado Catalino Duarte Ortuño: Por esa razón, la fracción parlamentaria del PRD votará a favor del dictamen aquí presentado, y decirles que solamente hice referencia al numeral 17 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así es que muchísimas gracias. Insisto, la votación de nuestra fracción será a favor.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la palabra la diputada María Concepción Navarrete Vital.

La diputada María Concepción Navarrete Vital:Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, la necesidad de crear e incentivar la conciencia ambiental es una obligación de las autoridades en toda la sociedad contemporánea, sin embargo, no es suficiente con piezas oratorias inagotables ni ríos de tinta que pretendan arengar a la población a emprender la lucha a favor de la ecología y el desarrollo sustentable, sino que es necesario predicar con el ejemplo, pues de nada sirve prescribir el despilfarro de los recursos, cuando los servidores públicos y representantes populares encargados de elaborar, ejecutar y hacer valer las leyes, son los primeros en hacer caso omiso de los mandatos legales en materia medioambiental.

En el tema que nos ocupa, el agua, es necesario emprender acciones tendientes a la preservación, reutilización y ahorro del vital líquido, ya que como sabemos su disponibilidad es un tema que nos preocupa y hace eco en todos los foros internacionales, además que es palpable el desabasto que sufren muchas regiones del país que no tienen el acceso a este recurso, en las medidas y proporciones que las necesidades de su población requiere.

Asimismo, como representantes populares y como servidores públicos, tenemos la obligación moral de racionalizar los recursos y generar impactos positivos en las finanzas y en los presupuestos, por lo que emprender acciones para disminuir el consumo del agua potable es una acción en este sentido, además de un acto de conciencia con nuestro entorno y con la población, a la cual le debemos todo nuestro respeto y todo nuestro trabajo.

Reusar el agua pluvial en edificios gubernamentales incidirá de forma favorable en la disponibilidad de recursos para la ciudadanía en donde haya este tipo de instalaciones.

En la Cámara de Diputados seguiremos trabajando para fortalecer la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con este tipo de medidas que busquen un uso racional justificado y medido de los recursos naturales en su conjunto, para no comprometer el abasto ni presente ni futuro de la población mexicana.

Es necesario resaltar que en la última década aumentó —en cada ciclo— la cantidad de lluvia en nuestro país. En este sentido, es necesario resaltar las torrenciales precipitaciones que se han registrado a últimas fechas en el Distrito Federal y que desgraciadamente no pueden ser aprovechadas por la falta de medios para captarla y emplearla.

Al aprobar el presente dictamen sería posible abastecer en un 80 por ciento el consumo del agua en una dependencia pública, en entidades donde las condiciones climatológicas sean propicias, lo que repercute en un ahorro importante en un recurso tanto financiero como energético.

En el PRI estamos convencidos de que este esfuerzo puede ser un modelo a seguir, para que su aplicación sea implementada en los niveles estatales y municipales. De esa forma, almacenando, reutilizando, tratando y disponiendo del agua pluvial se favorece a la disponibilidad de los recursos. Es importante que sí nos concienticemos de ello y no es difícil implementar las instalaciones; el ahorro del agua es vital, no solamente para el país, sino para el mundo. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. No habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

De viva voz.

La diputada Patricia Guadalupe Peña Recio (desde la curul): A favor.

La diputada Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta...

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa (desde la curul): A favor.

La diputada Alejandra López Noriega (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señora presidenta, se emitieron 364 votos a favor, 2 abstenciones, 0 en contra.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 364 votos el proyecto de decreto que adiciona un artículo 17 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, al expediente número 6312, que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 78, 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el día 27 de abril de 2006, el entonces diputado José Luis Cabrera Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo. En esa misma fecha, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Tercero.En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día 5 de marzo de 2009, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó al pleno de la Cámara el dictamen a la iniciativa, mismo que fue aprobado por 280 votos a favor.

Cuarto. En sesión celebrada el 9 de marzo de 2009 la Mesa Directiva del Senado de la República recibió la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de lo dispuesto en el inciso A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto.En misma fecha la minuta en comento se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Sexto.En sesión celebrada el 14 de diciembre de 2011, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda sometieron a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, dictamen por el que se devolvió la minuta a la Cámara de Diputados.

Séptimo. En sesión celebrada el 1 de febrero de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, devolviéndose para los efectos del inciso E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Octavo.En misma fecha, la minuta se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente

En el proceso de entrega-recepción de la LXI a la LXII Legislaturas, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados recibió como asunto de rezago la minuta con proyecto de decreto citada.

Noveno. Con fecha 27 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó otorgar prórroga a la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo cual esta Comisión procede a elaborar el presente dictamen, iniciando un cuidadoso proceso de análisis y consulta de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La minuta objeto del presente dictamen tiene como premisa reformar el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, (LGEEPA) para fortalecer el régimen normativo vigente en materia de áreas naturales protegidas a fin de evitar la introducción de especies exóticas invasoras en dichas áreas, asegurando con ello la integridad biológica de las mismas, sugiriendo el Diputado José Luis Cabrera Padilla, la siguiente redacción:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 47 Bis. ...

I. ...

II. ...

a) a g) ...

h) ...

En estas subzonas sólo podrán utilizarse para su rehabilitación, especies nativas de la región o en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales cuando científicamente se compruebe que no se afecta la evolución y continuidad de los procesos naturales.

...

Respecto esta propuesta, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, Segunda determinaron que la propuesta era procedente y fortalecieron la reforma, adicionando que en esas zonas se deberán utilizar para rehabilitación, especies nativas de la región o en su defecto, especies compatibles con los ecosistemas originales, siempre que se compruebe científicamente que éstas no afectan la evolución o continuidad de los procesos naturales.

En atención a dicha solicitud la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar su análisis.

La actual problemática ambiental por la que atraviesa nuestro planeta es consecuencia necesaria de una serie de perturbaciones ocasionadas por las actividades humanas desarrolladas desde tiempos muy tempranos. Sin embargo, hoy los efectos del deterioro ambiental son más contundentes por lo que el fortalecimiento y eficaz implementación de los diversos instrumentos de política ambiental resultan una medida oportuna para revertir los efectos del deterioro del medio ambiente, cada vez más perceptibles por el hombre y nuestro planeta.

Uno de esos instrumentos de política ambiental para la conservación de los ecosistemas, es el establecimiento de áreas naturales protegidas (ANP), instrumento por excelencia de conservación de los biotas, los paisajes y la biodiversidad.

Sin duda la determinación de ANP en nuestro país es un instrumento eficaz para la preservación de la biodiversidad que alberga el territorio nacional, toda vez que  México en tan sólo el 1.47 por ciento del total de la superficie terrestre alberga entre el 10 y 12 por ciento de las especies del planeta, posicionándolo como un país megadiverso.

Las ANP son definidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) como aquellas zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

Las ANP de carácter federal son zonas terrestres o acuáticas representativas de los diversos ecosistemas del país, en las que el estado natural del medio no ha sufrido una alteración significativa. De forma particular la LGEEPA en su artículo 45 establece cuales son los objetivos de la determinación de ANP en México dentro de los cuales podemos referir: la conservación, preservación y restauración de los ecosistemas y especies que ahí habitan; salvaguardar los entornos naturales de aquellas zonas que por sus características históricas, arqueológicas o artísticas sirven de espacios de recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas; así como para conservar los espacios propicios para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio o bien, que sirven para generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional.

Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señaló que hasta el año 2005 en nuestro país se habían decretado 155 ANP federales en una superficie de 18,867,731 hectáreas (equivalente al 9.6 por ciento del territorio nacional). De esta superficie, 80 por ciento (más de 15 millones de hectáreas) corresponde a ecosistemas terrestres, mientras que el 20 por ciento restante (casi 3.8 millones de hectáreas) a ecosistemas marinos. Actualmente, la página de internet de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas refiere que este órgano desconcentrado administra 176 áreas naturales de carácter federal que representan más de 25,387,972 hectáreas y el 12.92 por ciento del territorio nacional.

La LGEEPA establece que en las ANP se realizará una división y subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del territorio que la conformas, acorde con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral y dinámico, por lo que cuando se realice la delimitación territorial de las actividades en las áreas.

En primera instancia, la LGEEPA señala que en la ANP se identificarán zonas núcleo y zonas de amortiguamiento. Las zonas núcleo tienen como objetivo la preservación de los ecosistemas a mediano y largo plazo y sólo se autorizan actividades de preservación, colecta científica e investigación. Por su parte, las zonas tienen como función principal orientar a que las actividades de aprovechamiento que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia el desarrollo sustentable.

Las zonas de amortiguamiento estarán básicamente conformadas por subzonas de preservación, de uso tradicional, de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, de aprovechamiento especial, de uso público de asentamientos humanos y de recuperación.

Las subzonas de recuperación son aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente alterados o modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación.

El artículo 47 Bis, fracción II inciso h) refiere que en esas subzonas deberán utilizarse preferentemente para su rehabilitación, especies nativas de la región, o en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales.

Al respecto la Colegisladora refiere que la actual redacción del artículo 47 Bis abre la posibilidad de introducir especies exóticas invasoras a las áreas naturales protegidas. Las cuales son definidas por la fracción XVII del artículo 3o. de la Ley General de Vida Silvestre como “aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública.

Asimismo, refiere que de acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad “con las condiciones adecuadas casi cualquier especie puede convertirse en invasora, por lo que cada caso es único, y no hay un listado de características que sean determinantes. Sin embargo, las especies generalistas (que no tienen limitantes de dieta, clima o hábitat), con altas tasas reproductivas (capaces de producir grandes números de descendientes en tiempos relativamente cortos), con mecanismos de dispersión o de desplazamiento rápido tienen más posibilidades de establecerse que aquellas con limitantes más estrictas. Sin embargo, con la combinación adecuada de condiciones, hasta una especie con requerimientos específicos puede llegar a convertirse en invasora.

Entre los daños que este tipo de de especies puede ocasionar se encuentran: la alteración de los ciclos biogeoquímicos y a los niveles tróficos, competencia, depredación y parasitimo de especies nativas causando daños al ambiente.

En virtud de que el texto propuesto por la colegisladora promueve no solo el uso de especies nativas en subzonas de rehabilitación, sino que obliga a que se compruebe científicamente que las especies son compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales, es que esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprueba en sus términos la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis de la LGEEPA.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la minuta del Senado de la República y somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del inciso h), fracción II del artículo 47 Bis, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 47 Bis. ...

I. ...

II. ...

a) a g) ...

h)De recuperación: Aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente alterados o modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación.

En estas subzonas sólo podrán utilizarse para su rehabilitación, especies nativas de la región o en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales cuando científicamente se compruebe que no se afecta la evolución y continuidad de los procesos naturales.

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Poder Ejecutivo federal, en un plazo que no exceda de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforma el artículo 61 del Reglamento de la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas, a fin de que se ajuste a lo previsto en el presente decreto.

Notas:

1 En términos legales, la diversidad biológica o biodiversidad comprende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte.

2 Artículo 3, fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

3 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gestión ambiental en México. Página 140.

4 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. “Preguntas Frecuentes” Sistema de Información cobre Especies Invasoras en México. En  http://www.conabio.gob.mx/invasoras/indez.php/ Preguntasfrecuentes

5 Aguirre, Muñoz A., R. Mendoza Alfaro, et al., 2009. Especies exóticas invasoras: impactos sobre las poblaciones flora y fauna, los procesos ecológicos y la economía. En Capital Natural de México. Evaluación y Valoración de los Recursos Naturales de México. Volumen II Estado de Conservación y Tendencias de Cambio Climático. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, página 279.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 14 de marzo de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Para fijación de postura, por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el diputado Francisco Coronato Rodríguez.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, México es un país con una gran diversidad biológica, riqueza natural y cultural, lo cual implica un manejo y conservación de recursos naturales de forma completa a través de la conformación de una cultura ecológica.

Sin embargo, al día de hoy, las áreas protegidas que se han decretado en nuestro país han tenido un papel deficiente en sus estrategias de conservación, no solo en términos ecológicos, sino también socioculturales. Como consecuencia, se le ha dado muy poca importancia a la relación que existe entre las áreas naturales protegidas y las comunidades rurales indígenas, que viven ya sea en su interior como en los alrededores de éstas.

Es importante para ello hacer mención de los pueblos indígenas, ya que sus comunidades desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente debido a sus tradiciones. Sin embargo, existe la ausencia de áreas de protección dentro de regiones con alta densidad de población indígena, la cual coincide en muchos casos con las regiones más ricas de la biodiversidad. Aproximadamente en 48 municipios indígenas existen áreas naturales protegidas abarcando su totalidad o una porción, las cuales están por el contrario desprotegidas.

Las mexicanas y los mexicanos tenemos muy poca información de las necesidades y características de cómo son las reservas de la biosfera y las áreas de protección de flora y fauna y, por consiguiente, generar su cuidado, respeto y protección.

Debemos estar conscientes que en el país tenemos una gran riqueza étnica cultural, por ello se debe tomar en cuenta en los planes de desarrollo para mejorar la calidad de vida, cosa que los gobiernos pasados y presentes han hecho caso omiso.

La riqueza biológica mexicana ha sido por muchos años desperdiciada, ya que están vinculadas a una larga historia de incoherencias, como desvinculación y falta de visión sobre las necesidades socioeconómicas, las actividades productivas, tenencia de la tierra y las formas de manejo y aprovechamiento que hacen de los recursos naturales en su conjunto, olvidando que ella nos preserva nuestro derecho fundamental a la salud y, por ende, a la vida misma.

Las áreas naturales deben conceptualizarse como verdaderos proyectos regionales de desarrollo sustentable. Evitemos el mal manejo de los recursos y deterioro ambiental en consecuencia. No dejemos que las áreas naturales protegidas se conviertan en zonas aisladas, desprotegidas de cualquier proceso social. Aún estamos a tiempo, no nos dejemos deslumbrar por planes y proyectos, que nos hace pensar que somos un país rico económicamente y que nuestros problemas se resuelven derrochando nuestro patrimonio natural y cultural.

El artículo 47 Bis, fracción II, inciso h) de la ley de la materia se refiere a que las áreas naturales protegidas deberán utilizarse para su rehabilitación a especies nativas de la región o, en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura del ecosistema originales, evitando daños como la alteración de ciclos biogeoquímicos, competencia y depredación de especies nativas causando daños al ambiente, en que en su caso se nos revertiría al derecho que nos corresponde a la salud.

Consideramos importante implementar diversos instrumentos de política ambiental. Cuidemos todas las zonas del territorio nacional y aquellas en que la nación ejerce soberanía y jurisdicción, sobre todo los ambientes que no han sido alterados por actividad del ser humano y requieren ser preservadas y reestructuradas, sin dejar a un lado las regiones indígenas de esta índole.

El grupo legislativo de Movimiento Ciudadano está a favor del dictamen, porque es importante cuidar las áreas naturales protegidas y evitar que especies exóticas invadan estas áreas y que de igual manera sufran degradación. Debemos cuidar todas las áreas que nos quedan, a pesar del descuido que se les tiene.

El reto ahora es conservar y recuperar todas éstas con nuevas formas de manejo, reiterando que hacerlo así coadyuvaría a garantizar y proteger nuestro derecho humano a la salud. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado J. Pilar Moreno Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado J. Pilar Moreno Montoya:Con su permiso, señor presidente. Nuestro recurso más escaso es el tiempo. Palabras de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, al abrir la Segunda Cumbre de la Tierra, Río+20, en junio de 2012; palabras precisas que nos permiten hacer una breve reflexión y recobrar el sentido de urgencia, de que es preciso reforzar las acciones para la preservación del medio ambiente.

Los mexicanos contamos con el privilegio de vivir en un territorio de bellezas naturales llenas de las más variadas formas de vida. Desde hace ya varias decenas de años, los gobiernos federal, estatales y municipales, al igual que gobiernos de alrededor del mundo han adoptado —para darle una forma de protección especial— a alguna de estas áreas para preservar sus condiciones naturales.

Las áreas naturales protegidas constituyen un instrumento central de las políticas de conservación a nivel internacional, son espacios de protección para la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas, que prevén servicios esenciales para el ser humano, como el abastecimiento de agua y la regulación del clima.

Las áreas protegidas se constituyen como el principal mecanismo de conservación in situ en el mundo. En México los decretos de las áreas protegidas federales se remontan al siglo XIX; sin embargo, el apoyo que se ha recibido a nivel nacional para su manejo es muy reciente.

Su establecimiento ha sido identificado como uno de los mejores instrumentos para conservar el capital natural y favorecer el desarrollo económico de distintos sectores y de comunidades locales; sin embargo, estos instrumentos también han sido objeto de críticas por algunos sectores que los consideran como esquemas de protección ambiental que no han sido suficientemente cautos para cuidar el medio ambiente.

Sin duda la determinación de las áreas naturales protegidas de nuestro país es un instrumento eficaz para la preservación de la biodiversidad que alberga el territorio nacional, toda vez que en México tan solo en el 1.4 por ciento total de superficie terrestre, alberga entre el 10 y el 12 por ciento de las especies del planeta, posicionándonos como un país estratégico para la conservación de las especies.

Las áreas naturales protegidas son definidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como aquellas zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ámbitos originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservadas y restauradas, asegurando con ello la integridad biológica de las mismas.

La reforma al artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente propone fortalecer el régimen normativo vigente en materia de áreas naturales protegidas, a fin de evitar la introducción de especies exóticas invasoras en dichas áreas, proponiendo una redacción que al grupo parlamentario le queda muy claro que va a servir para preservar este medio, y dice: En estas subzonas solo podrán utilizarse para su rehabilitación especies nativas de la región o, en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales, cuidando científicamente se compruebe que no se afecte la evolución y continuidad de los procesos naturales.

En primera instancia, la ley señala que en las áreas protegidas se identificarán zonas núcleo y zonas de amortiguamiento; las zonas núcleo tienen como objetivo la preservación de los ecosistemas a mediano y largo plazo, y solo se autorizan actividades de preservación, colecta científica e investigación.

Por parte de las zonas, tienen como función principal orientar a que las actividades de aprovechamiento que ahí se lleven a cabo se conduzcan hacia el desarrollo sustentable.

Las zonas de amortiguamiento estarán básicamente conformadas por subzonas de preservación de uso tradicional de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, de aprovechamiento especial de uso público, de asentamientos humanos y de recuperación.

Las subzonas de recuperación son aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado suavemente alterados o modificados y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación.

El artículo 47 Bis, fracción I, inciso h), refiere que en esas subzonas deben utilizarse preferentemente para su rehabilitación especies nativas de la región o, en su caso, especies compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales.

En virtud de que el texto propuesto promueve el uso de especies nativas de subzonas de rehabilitación y obliga a que se compruebe científicamente que las especies son compatibles con el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas originales en su nicho ecológico, es que se propone a este pleno que con base a las consideraciones expresadas se apruebe en sus términos el proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Compañeros diputados, reforcemos estas medidas que van a cuidar nuestra propia casa. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. No habiendo otra intervención solicitada, le pido a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 114, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

De viva voz:

La diputada Patricia Guadalupe Peña Recio (desde la curul): A favor.

La diputada Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

La diputada Verónica Sada Pérez (desde la curul): A favor.

La diputada Sonia Rincón Chanona (desde la curul): A favor.

La diputada Rosalba Gualito Castañeda (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 359 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 359 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la misma Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV; 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los  siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 13 de diciembre de 2005, el senador a la LIX Legislatura Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un artículo 75 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa, turnándola a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen.

Tercero. En la sesión plenaria del Senado de la Republica, celebrada el 15 de diciembre de 2005, el senador Jorge Emilio González Martínez presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se, adiciona un artículo 75 Ter y reforman los artículos 99, 101, 101 Bis, 102 y 103 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cuarto. En esa misma fecha, la citada iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen.

Quinto. En la sesión plenaria de 25 de abril de 2006, el pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto que reforma los artículos 99, 101, 101 bis, 102 y 103 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuya minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para efectos de lo dispuesto en el inciso A) del artículo 72 constitucional.

Sexto. En la sesión plenaria celebrada el 26 de abril de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió la minuta citada y la turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

Séptimo. Durante el proceso de entrega-recepción de la LX a la LXI Legislatura de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se recibió como asunto de rezago el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Octavo. En sesión celebrada el 20 de noviembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó el “acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura”, con el que se devolvió el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Noveno. Con fecha 4 de enero de 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó otorgar prórroga a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo cual esta comisión procede a elaborar el presente dictamen.

Consideraciones

La minuta, objeto del presente dictamen, tiene su origen en dos iniciativas presentadas en el Senado de la República, las cuales tienen como finalidad, por un lado, diversificar las fuentes de ingresos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), mediante el establecimiento de programas de aportaciones voluntarias en lugares públicos de influencia turística, y por otro, incorporar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), disposiciones encaminadas a prevenir el fenómeno de la erosión en los ecosistemas de montaña.

Sobre el primer aspecto, cabe mencionar que la CONANP es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el cual tiene a su cargo las facultades que la LGEEPA le confiere a la Semarnat en materia de áreas naturales protegidas (ANP), tales como su establecimiento, regulación, administración y preservación. Este organismo es la única autoridad del sector ambiental de la Administración Pública Federal, especializada en ANP. Las ANP cobran especial relevancia si recordamos que México es considerado como un país megadiverso y que 95 por ciento de los ecosistemas representativos del país se encuentran protegidos bajo la modalidad de ANP.

Aun cuando la importancia del papel que desarrolla la CONANP en la política ambiental nacional es indiscutible, este organismo desconcentrado enfrenta grandes retos en el cumplimiento de sus responsabilidades, tales como la elaboración de los estudios previos justificativos de las propuestas para el establecimiento de nuevas áreas protegidas, la elaboración de los programas de manejo de las ANP, la administración y manejo de las áreas ya declaradas, la ejecución de los Programas de Conservación para el Desarrollo Sostenible y el cobro de derechos por el uso o aprovechamiento de elementos y recursos naturales dentro de estas áreas.

Lo expuesto en los dos párrafos anteriores ha sido plenamente avalado, en primer lugar, por la Auditoría Superior de la Federación, al expresar en su Balance del Desempeño CONANP (2002-2003) que “es necesario que la CONANP eleve a las autoridades hacendarias sus consideraciones del problema ambiental y procure que las áreas naturales protegidas sean consideradas como prioritarias en el gasto público federal”; y en segundo lugar, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en el Balance del Desempeño Ambiental de México 2003, afirmó que “el financiamiento público no ha provisto los recursos necesarios para el establecimiento y mantenimiento de las ANP. El presupuesto actual de la CONANP es prácticamente la mitad de lo que requeriría”.

Con este artículo, se propone fortalecer y dinamizar los ingresos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la cual corresponde entre otras responsabilidades la elaboración de los estudios previos justificativos de las propuestas para el establecimiento de nuevas áreas protegidas, la administración y el manejo de las áreas protegidas declaradas, la aplicación de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable y el cobro de derechos por el uso o aprovechamiento de elementos y recursos naturales dentro de estas áreas.

Cabe reconocer que la CONANP ha desarrollado un buen trabajo en la presente administración, y prueba de ello es que superó la meta de 20 millones de hectáreas planteada para el final del sexenio, en 5.3 millones de hectáreas del territorio nacional bajo el régimen de ANP, lo que evidencia, se trata de un organismo de toral importancia para la política ambiental nacional; en consecuencia,  resulta fundamental diversificar y fortalecer sus fuentes de financiamiento.

Inicialmente, la primera parte de la minuta buscaba reducir la dependencia fiscal de la CONANP, toda vez que establece un mecanismo alterno para la aportación voluntaria de recursos destinados a las ANP; sin embargo, este tipo de aportaciones se encuentran reguladas por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, que en el artículo 81 señala: Las dependencias que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la Tesorería de la Federación. Del mismo modo, el artículo 19 señala el mecanismo mediante el cual las dependencias que generan estos ingresos adicionales solicitarán a la Tesorería su reintegro como ampliación al presupuesto designado.

Por ello, quienes integramos esta comisión dictaminadora hemos decidido desechar esta primera parte de la minuta, ya que consideramos irrelevante establecer expresamente en la ley, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la CONANP, establecerá módulos para recibir donativos.

En otro orden de ideas, la segunda parte de la minuta pretende incorporar al Capítulo II, “Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos”, del Título Tercero, “Aprovechamiento Sustentable de los Elementos Naturales”, de la LGEEPA, disposiciones encaminadas a prevenir la erosión del suelo en los ecosistemas de montaña.

Esta propuesta de reforma tiene especial relevancia, toda vez que las pendientes inclinadas y el aislamiento ecológico de las montañas, sostienen una gran cantidad de ecosistemas que, a su vez, incluyen una diversidad considerable de especies de vida silvestre. Así, la importancia de los ecosistemas de montaña ha sido reconocida a nivel internacional, a tal grado, que la asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 11 de diciembre de cada año para celebrar el Día Internacional de las Montañas.

Asimismo, consideramos que las características físicas y ecológicas de las montañas hacen que estos ecosistemas sean hipersensibles a las alteraciones ambientales provocadas por el ser humano, tales como los cambios de los usos de suelo, la lluvia ácida y los efectos del cambio climático, entre otros, registrando modificaciones más intensas que los ecosistemas de las tierras bajas.

No obstante, la minuta que nos ocupa propone que los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, no se consideren sólo en las actividades agrícolas, lo cual se encuentra previsto en el texto vigente de la fracción I del artículo 99 de la LGEEPA, sino también en las actividades pecuarias, toda vez que éstas también conllevan impactos sobre el suelo y los ecosistemas de montaña.

En el mismo sentido, se propone la adición de una fracción XIII al propio artículo 99, a fin de que los mismos criterios ecológicos sean considerados en la determinación de usos, reservas y destinos en ecosistemas de montaña o en predios de jurisdicción federal cuyas pendientes propicien la erosión del suelo.

Por otra parte, la minuta propone reformar el artículo 101, el cual establece un listado de asuntos que el gobierno federal debe atender de manera prioritaria en las zonas selváticas. En este sentido, la reforma propuesta se encamina a que dichos aspectos de atención prioritaria, como el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, la diversificación del método de roza, tumba y quema, y la regulación de los asentamientos humanos, entre otros, sean atendidos no sólo en las zonas selváticas sino también en las de montaña.

Asimismo, se propone la adición de dos párrafos finales al mismo artículo 101, a fin de regular el desarrollo de actividades que impliquen el retiro de la vegetación natural de las montañas o predios con pendientes propensas a la erosión, a fin de prevenir impactos ambientales negativos.

En el mismo sentido, se proponen reformas a los artículos 101 Bis y 102 de la LGEEPA, a fin de que ambas disposiciones contengan la mención expresa de los ecosistemas de montaña, como complemento y en plena congruencia con el resto de las propuestas de reforma que nos ocupan.

Finalmente, se propone la adición de un párrafo segundo al artículo 103, a fin de establecer la obligación a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales, de expedir las normas oficiales mexicanas para prevenir la erosión del suelo en los ecosistemas de montaña, distinguiendo que en los casos en que la erosión ya se haya manifestado, la propia Secretaría promoverá la declaración del lugar como zona de restauración ecológica.

Por las consideraciones y la fundamentación de derecho anteriormente expuestas, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración de esta honorable asamblea, y para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforman los artículos 99, fracción I; 101, fracción I; 101 Bis; 102 y se adicionan los artículos 99 con una fracción XIII; 101, con un segundo y tercer párrafos y 103, con un segundo párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 99. Los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán en:

I. Las actividades agropecuarias, así como los apoyos que a dichas actividades otorgue el Gobierno Federal,de manera directa o indirecta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de inversión, para que promuevan la progresiva incorporación de cultivos y animales compatibles con la preservación del equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas;

II. a X. ...

XI. Las actividades de extracción de materias del subsuelo; la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales; las excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta y suelos forestales;

XII. La formulación de los programas de ordenamiento ecológico a que se refiere esta ley; y

XIII. La determinación de usos, reservas y destinos que se lleven a cabo en ecosistemas de montaña o en predios de jurisdicción federal cuya pendiente propicie la erosión del suelo.

Artículo 101. En las zonas selváticas y de montaña, el Gobierno Federal atenderá en forma prioritaria, de conformidad con las disposiciones aplicables:

I. La preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas selváticos y de montaña, donde existan actividades agropecuarias establecidas;

II. a VII. ...

Quedan prohibidas las actividades que impliquen el retiro de la vegetación natural de las montañas o predios cuya inclinación natural pueda generar procesos erosivos severos o de desertificación.

En todo caso, las autoridades ambientales determinarán en que casos las actividades que se pretendan llevar a cabo que generen dichos impactos podrán realizarse, siempre y cuando se sujeten al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en el artículo 28 del presente ordenamiento.

Artículo 101 Bis. En la realización de actividades en zonas áridas y de montaña deberán observarse los criterios que para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se establecen en esta Ley y las demás disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 102. Todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en las zonas selváticas, de montaña o áridas, así como el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, quedan sujetas a los criterios y disposiciones que establecen esta ley y demás aplicables.

Artículo 103. ...

La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas que permitan prevenir la erosión del suelo en los ecosistemas de montaña o en los predios de jurisdicción federal cuya pendiente propicie este fenómeno. En caso de que se presente la erosión de los suelos en los ecosistemas o en los predios antes citados, la Secretaría deberá promover ante el Ejecutivo Federal la expedición de la declaratoria para el establecimiento de zonas de restauración ecológica, en los términos de lo dispuesto por el artículo 78 Bis de la presente ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano tiene el uso de la tribuna la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. Cuidemos el agua hoy para tener agua mañana; nuestro país se está enfrentando a la insuficiencia de su sistema de abastecimiento de agua potable, teniendo un déficit en cuanto a su extracción de los mantos acuíferos.

El aumento de la demanda de la población, la presión hídrica sobre los sistemas de abastecimiento, las fugas, el uso desmedido e irresponsable y la contaminación han hecho que cada vez sea más frecuente la ausencia del vital líquido.

México vive una prolongada sequía con efectos muy graves, tanto en la producción agrícola como ganadera. Las pérdidas son cuantiosas: 28 estados son afectados, principalmente en el norte del país; son dos millones de hectáreas dañadas y más de 100 mil cabezas de ganado se mueren anualmente por falta de alimento y de este vital líquido, que es el agua.

En menos de 60 años la disponibilidad natural media per cápita de agua ha disminuido en 75 por ciento, al pasar de 18,038 a 4,312 metros cúbicos por habitante en un año.

El país se ha dividido en 653 acuíferos; 101 están sobre explotados, esos proporcionan 58 por ciento del agua subterránea destinada a todos los usos.

La infraestructura hidráulica del país está constituida por cuatro mil presas, 667 son clasificadas como grandes embalses. En 2006 los hogares en México gastaron en agua de la red pública el 0.8 por ciento, el doble del porcentaje que dedican a la compra de agua embotellada para sus hogares.

Recientemente el agua de lluvia ha llamado la atención, como una solución para la escasez y el problema del ciclo hidrológico en áreas urbanas; se utiliza la captación de agua pluvial de los techos y de pisos para su almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento. En muchos contextos este método es rentable, ya que este recurso puede ser empleado para labores domésticas, riego de plantas y en algunos casos la ingesta del vital líquido.

En México, 1,528 kilómetros cúbicos de agua llueven al año. De ellos 1,109 kilómetros cúbicos se evaporan, 75 kilómetros cúbicos se filtran a los acuíferos y 72.5 kilómetros cúbicos son usados para agricultura, industria y consumo doméstico.

Si se captara toda la lluvia de los techos, y en algunos pisos, se podría ahorrar entre un 10 por ciento y el 15 por ciento del agua que se consume en todos los hogares.

En la región de Nochixtlán, Oaxaca, captan el agua de lluvia a través de los techos y la guardan en cisternas de 10 mil litros, lo que permite que las mujeres y los niños ya no tengan que caminar dos y hasta tres horas para traer unos cuantos litros de agua.

En varias ciudades del país, como Guadalajara, Querétaro y el propio Distrito Federal, existen sistemas de recolección pluvial, que sin embargo están dirigidos en su mayoría a evitar inundaciones, más que a reutilizar este vital líquido.

Haciendo referencia a la problemática del Distrito Federal, no podemos dejar de mencionar que con el crecimiento de la mancha urbana la distribución de agua se hace cada vez más compleja.

Por lo anterior, la compra de agua embotellada es evidente y muy necesaria, al igual que el tandeo de agua y el abastecimiento por medio de autotanques.

A pesar de que la presa Cutzamala está en constante mantenimiento, la mayoría de los acueductos capitalinos están dañados en su infraestructura, y muchos ya son viejos, por lo que la Ciudad de México pierde hasta poco menos de 400 millones de litros anualmente.

Este dictamen propone una forma sustentable del cuidado del agua, así como los usos y beneficios que se puedan obtener, a partir de un sistema de captación de agua pluvial en los inmuebles de las dependencias de la administración pública federal, el Poder Legislativo federal y el Poder Judicial de la Federación.

Existen algunas desventajas acerca de la instalación de estos sistemas de recolección de lluvia, como son el costo de esta inversión tan alto, que solo llueve en determinadas épocas del año. Esta agua difícilmente puede ser usada como agua potable por la contaminación actual que tiene por la que sus usos son limitados.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen en comento, ya que se obtendrán beneficios al desabasto, y se utilizará la captación de agua para un uso adecuado, así como —y lo hemos mencionado— solicitando y exhortando a este pleno su intervención a fin de agotar los inconvenientes y las limitantes que se tienen para llevar a cabo este proyecto. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. No habiendo otra intervención solicitada, le pido a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

De viva voz:

La diputada Patricia Guadalupe Peña Recio (desde la curul): A favor.

La diputada Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (desde la curul): A favor.

El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Presidente, se emitieron a favor 353, 0 en contra, 2 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 353 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL  AMBIENTE

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:          

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 7146, que contiene la Iniciativa con proyecto de decreto  que reforma el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En virtud del análisis y estudio de la minuta que se dictamina, esta Comisión Ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, inciso e), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, 81 numeral 1, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 22 de noviembre de 2011, el senador Francisco Herrera León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XII del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo. En misma fecha, la Mesa Directiva turnó dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Tercero. El 25 de abril de 2012, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con 78 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cuarto. En sesión celebrada el día 26 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados  recibió expediente con la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Quinto.  En misma fecha, la Mesa Directiva  turnó la minuta en comento a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para el dictamen correspondiente.

Sexto. Mediante oficio D.G.P.L. 62-II-8-0194 de fecha 23 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura, envió a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la relación de minutas e Iniciativas que le fueron turnadas de aquellas que quedaron pendientes de resolución por la LXI Legislatura,  entre las que se encuentra la minuta que nos ocupa.

Séptimo. El 20 de diciembre de 2012, la Comisión de Medio Ambiente solicitó prórroga para dictaminar la minuta objeto del presente dictamen, cuya autorización fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de fecha 27 de diciembre de 2012, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del Senado de la República, el cual considera procedente, reformar el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente , a efecto de establecer la coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la Secretaría de Turismo, en aras de que dentro de sus respectivas atribuciones intervengan en la prevención y control de la contaminación del medio marino, así como en la preservación del equilibrio de sus ecosistemas, con arreglo también a lo establecido por la Ley General de Turismo.

El texto propuesto por la Cámara de Senadores a la letra señala:

Artículo 132. La Secretaría se coordinará con las Secretarías de Marina, (de) Energía, de Salud, de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que dentro de sus respectivas atribuciones intervengan en la prevención y control de la contaminación del medio marino, así como en la preservación y restauración del equilibrio  de sus ecosistemas, con arreglo a lo establecido en la presente ley, en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal del Mar, la Ley General de Turismo, las convenciones internacionales de las que México forma parte y las demás disposiciones aplicables.

En la minuta de referencia, la colegisladora señala que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce al turismo como una prioridad nacional, cuyo crecimiento debe garantizar el respeto de los entornos naturales, culturales y sociales, reiterando el compromiso del gobierno federal de convertir a México en un país líder en materia turística; es así que el 28 de febrero de 2011, representantes de los tres órdenes de gobierno, el Poder Legislativo Federal, el sector empresarial, el sector académico, las organizaciones sindicales y las agencias de prestadores de servicios turísticos suscribieron el Acuerdo Nacional por el Turismo, mediante el cual se pretende posicionar a nuestro país entre los primeros cinco destinos turísticos a nivel mundial. Sobre el particular y para efectos de ese dictamen, destacan los Ejes Estratégicos 8 y 10 que, respectivamente, consisten en “ofrecer el mejor  servicio y promover una cultura turística que desarrolle una conciencia nacional sobre la importancia del turismo y la conservación del patrimonio cultural y natural, a través de acciones educativas, de difusión, de capacitación y de formación de recursos humanos” y “promover el desarrollo equilibrado, para que los prestadores de servicios turísticos actúen con conciencia y criterios de conservación del medio ambiente, de ahorro de energía y preservación de las riquezas naturales”.

Entre los avances del referido Acuerdo Nacional, la minuta que nos ocupa destaca los siguientes:

1. La incorporación de 100 empresas hoteleras en el Programa de Liderazgo Ambiental, mediante el cual se promueve la reducción del consumo de energía eléctrica, agua y materias primas y el incremento de su competitividad. Esta reducción se traduce en una disminución de costos calculada en 86.72 millones de pesos al año.

2. La certificación del cumplimiento de los lineamientos que establece la Norma Mexicana NMX-AA 120 SCFI-2006, Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad de Calidad de Playas, en 18 playas ubicadas en municipios costeros de Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

3. La certificación del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a empresas de ecoturismo manejadas por comunidades locales.

4. La inclusión de contenidos y materiales en el Programa de Educación Básica con objeto de sensibilizar a los educandos respecto de la importancia y la relación que prevalece entre el turismo, la riqueza natural y cultural de México y la implementación del programa de becas de pasantía para estudiantes de nivel medio superior.

5. La implementación del Programa de Eficiencia Energética en el Sector Hotelero, lo que permitirá reducir hasta en un 20 por ciento los costos operativos de las empresas hoteleras.

Asimismo, durante 2010, el turismo continuó reafirmando su importancia en la economía nacional al participar con el 8.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), equivalente a 76 mil 619 millones de dólares. Por lo que a generación de empleos se refiere, durante 2010, el nivel de empleos alcanzados en la industria turística fue de 2 millones 450 mil 231 puestos remunerados. Entre enero y junio de 2012, la captación de ingresos por visitantes internacionales a México sumó 6 mil 632 millones de dólares, considerando que en el mismo periodo los egresos en esta materia fueron por 3 mil 731 millones de dólares, se logró un superávit de la balanza turística por un monto de 2 mil 901 millones de dólares; con ello, el turismo sigue manteniéndose como bastión importante en las cuentas nacionales de México.

Según  el Estudio de Gran Visión del Turismo en México: Perspectiva 2020, el destino turístico de mayor demanda en el periodo 1986 a 1998, tanto de turistas nacionales como internacionales, son los centros de playa (tradicionales e integralmente planeados). Esta tendencia ha sido constante así, durante el 2009 y 2010, los centros de playa fueron los destinos turísticos preferidos con 18,417 visitantes versus los 6,003 que recibieron las grandes ciudades y los 9,611 turistas de las ciudades del interior..

Por otra parte, según la Secretaría de Turismo, las encuestas realizadas por organismos internacionales identificaron que el nicho de mercado al que le interesa preservar el medio ambiente está teniendo un mayor auge, siendo las principales preferencias las siguientes:

1. Viajes con menor impacto ambiental.

2. Interés en temas sociales, culturales y ambientales de los destinos turísticos que visitan.

3. Elección del destino considerando el nivel de conservación del entorno natural.

4. Preferencias por hoteles con certificaciones ambientales.

5. Disposición a pagar un precio más elevado a cambio de mayores beneficios para la comunidad.

Al ser el turismo una fuente tan importante de ingresos y considerando que son los centros de playa los de mayor demanda turística en México y que es cada vez  mayor el número de turistas con preferencia por el turismo sustentable, es también indispensable la acción coordinada de las dependencias encargadas del sector medio ambiental y turístico para la conservación de dichos centros turísticos. En este mismo sentido, concluye la Organización Mundial del Turismo, que esta actividad ha demostrado, más allá de situaciones coyunturales, su capacidad para contribuir a la sostenibilidad de los destinos  y al bienestar de las comunidades receptoras en la medida que sus patrones de consumo responden a las condiciones del entorno natural y sociocultural, y satisfacen las exigencias de los consumidores.

Reconociendo la trascendencia de la acción conjunta de las instituciones gubernamentales para el crecimiento nacional ambientalmente sustentable, el Eje 4, Sustentabilidad Ambiental del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece como Objetivo  8, “Lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las dependencias de la Administración Pública Federal, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión para el desarrollo e implantación  de las políticas relacionadas con la sustentabilidad ambiental”; señalando que el Estado debe favorecer y estimular el tránsito del país hacia el desarrollo sustentable, para lo cual reconoce como indispensable el diseño e implementación de políticas ambientales con acciones compartidas entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal (...).

Retomando dichos Eje y Objetivo, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 señala que la forma de caminar hacia el desarrollo humano sustentable es mediante la transversalidad de las políticas públicas, cuyo propósito es el mejoramiento y la consolidación de la coordinación interinstitucional, así como la integración intersectorial de los tres órdenes de gobierno, al igual que de los tres poderes de la Unión, para el desarrollo de políticas públicas integradas y convergentes que aporten a la sustentabilidad y el desarrollo de México.

El mismo Programa Sectorial establece como Estrategia 6.4 el Turismo Ambientalmente Responsable, señalando que la planeación del turismo requiere un enfoque preventivo y la adecuada aplicación de los instrumentos de política ambiental para lo cual, su Objetivo 1, “Establecer las condiciones apropiadas para el desarrollo del turismo ambientalmente responsable”; se plantea como primer línea de acción, la conformación de un marco normativo y de mecanismos de fomento ambiental que aseguren que la actividad turística ocurra en concordancia con la conservación de la biodiversidad  y la protección del medio ambiente.

En el mismo orden de ideas, el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 establece como Objetivo 1, De concurrencia de políticas públicas, el cual reconoce la necesidad de impulsar ante las dependencias en concurrencia, las acciones necesarias para fortalecer las condiciones de accesibilidad a los destinos turísticos del país, las condiciones de conectividad y las política de sustentabilidad ambiental, económica y social, que permitan a la oferta turística lograr resultados más rentables y con mayor productividad.

De lo anteriormente expuesto puede concluirse lo siguiente:

1. El turismo es una importante fuente de ingresos para la economía nacional, siendo los centros de playa los sitios de mayor demanda en nuestro país.

2. Cada vez es mayor el número de “turistas sustentables”, cuyas variables de decisión incluyen las condiciones medio ambientales de los destinos turísticos.

3. Para estar en condiciones de satisfacer esta nueva demanda turística, es indispensable la acción conjunta de las de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la Secretaría de Turismo, entre otras, para la prevención y control de la contaminación del medio marino, así como en la preservación y restauración del equilibrio de sus ecosistemas.

Por lo que, después de haber analizado el proyecto de decreto contenido en la minuta en cuestión, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales concluye que ésta es procedente en los términos en que se aprobó por el Senado de la República.

Por las razones y fundamentación legal anteriormente expuestos, los integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, se permiten someter a consideración de esta honorable asamblea, y para los efectos del inciso A del artículo 72 Constitucional, el  siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único. Se reforma el artículo 132 de la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 132. La Secretaría se coordinará con las Secretarías de Marina, de Energía, de Salud, de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, a efecto de  que dentro de sus respectivas atribuciones intervengan en la prevención y control de la contaminación del medio marino, así como en la preservación y restauración del equilibrio de sus ecosistemas, con arreglo a lo establecido en la presente Ley, en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal del Mar, la Ley General de Turismo, las convenciones internacionales de las que México forma parte y la demás disposiciones aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Éste es el último dictamen que abordaremos el día de hoy.

Está a discusión en lo general y en lo particular. Para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene el uso de la tribuna la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con el permiso del señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los océanos cubren las dos terceras partes de la superficie de la Tierra y su protección se ha convertido en una de las principales cuestiones de las que se ocupa las Naciones Unidas.

La atención de la comunidad mundial se ha concentrado en los océanos y los mares, gracias a la labor de los programas de las Naciones Unidas para el medio ambiente, sobre todos sus diversas iniciativas encaminadas a proteger el medio marino.

Aún falta mucho por hacer, pues existen múltiples factores que influyen de manera negativa en el medio ambiente, contribuyendo al desequilibrio ecológico que afecta la existencia y el desarrollo de seres vivos.

En este sentido, las actividades más contribuyentes en este impacto y desequilibrio ambiental son la industria química, la metalúrgica y la de extracciones y transformaciones, toda vez que liberan al medio ambiente sustancias que se acumulan en el agua, aire, suelo y alimentos y hasta en seres vivos.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sabemos que las consecuencias de los residuos sólidos en el mar matan, dañan y causan dolor, sufrimiento, procuran una muerte cruel a los mamíferos marinos, aves marinas y otras muchas formas de vida en este sentido, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Pero si no fuera poco el daño ambiental, la contaminación de los mares también genera preocupación en el ámbito económico, principalmente en las actividades turísticas, dicha actividad es fundamental para el desarrollo económico del país y representa ingresos importantes para varios estados de la República.

En turismo impacta directamente en el empleo, en los ingresos de los municipios y el desarrollo empresarial a nivel local y municipal; si nuestra intención es preservar que el turismo continúe siendo una de las fuentes más importantes de nuestra economía, será imperante y sustancial que aún en la política del cuidado del medio ambiente cuidemos nuestro entorno natural, ya que finalmente éste es uno de los atractivos que motivan la visita de millones de turistas en nuestro país.

Para muestra un botón, con la reciente época de descanso, donde se implementó el programa de Playas Limpias para contrarrestar los parámetros de bacterias ligadas a residuos fecales; 254 playas mexicanas de 16 entidades han sido monitoreadas desde el año 2011, en los cuatro litorales, lo que permitió reportar y prevenir una mejor calidad de sanidad en las playas, quedando limpias y aptas para el uso recreativo de turistas. Informe de la Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.

De esta forma, los turistas que visitaron las distintas playas turísticas en este periodo vacacional de Semana Santa pudieron disfrutar de estas 254 playas de 16 entidades federativas, en los litorales del Pacífico, Mar de Cortés, Golfo de México y Mar Caribe, pues la calidad de agua es aceptable.

Compañeras y compañeros legisladores, incluir a la Secretaría de Turismo, de acuerdo con sus atribuciones, para prevenir y controlar la contaminación del medio marino, así como en la preservación y reestructuración del equilibrio de sus ecosistemas resulta favorable a este propósito de fortalecer la actividad turística como una palanca del desarrollo económico de nuestro país.

En Nueva Alianza estamos convencidos que la acción conjunta y coordinada de la Semarnat y la Secretaría de Turismo contribuirán con solidaridad al desarrollo sustentable de nuestro país. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias, compañeros legisladores.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, adecuar el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es muy importante, porque se quiere y se desea que ya la Secretaría de Turismo intervenga directamente en la protección al ambiente.

Es fundamental que tengamos esa apreciación, porque se ha olvidado que aunque —como ya lo dijeron los compañeros diputados— el turismo es un detonante de nuestra economía, si no lo aparejamos al desarrollo ambiental estamos perdidos, ¿por qué? Porque es nuestra riqueza natural, que debemos preservar no nada más para nosotros, sino para las futuras generaciones.

Tenemos especies endémicas, como la vaquita marina en el Golfo de California; tenemos afluencia de turismo, que es muy importante.

No hemos logrado el quinto lugar del PIB, como otros países, en los países que tienen más afluencia turística, pero hacia allá va el objetivo. Pero este objetivo debe ser encaminado con la protección necesariamente al ambiente.

Por eso los del Partido del Trabajo celebramos esta parte importante, y también queremos reiterar que esto depende mucho de la educación. Como también ya se habló, la educación es fundamental, tenemos que trabajar desde los primeros niveles de estudio, tenemos que trabajar mucho en investigación para que también sean atinadas nuestras decisiones en desarrollo científico, tenemos que trabajar también en la participación social para que realmente se capaciten y sepan qué hacer los comuneros, los que están al lado de las playas, los que están en las partes ecoturísticas para lograr un verdadero desarrollo sustentable.

Celebramos mucho y por eso la fracción del PT va a votar a favor de este importante cambio en el artículo 132. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene, finalmente, el uso de la voz el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Soto Martínez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en México el turismo es una de las fuentes de ingresos con mayor auge, nada más aporta al producto interno bruto el 8.5 por ciento a nuestra economía; genera empleos de dos millones y medio, y cinco millones de empleos indirectos.

Sin embargo, en los últimos años, del 2000 al 2009, ha disminuido la captación de turistas, ha bajado del séptimo al décimo lugar en el mundo, ¿por qué? Una de las causas es la inseguridad que hay en nuestro país, aunado a que le hacen mucha propaganda nuestros amigos de los medios de comunicación.

Otra causa, la gran contaminación que tienen nuestras playas; los residuos sólidos, como bolsas, espuma y otros desechos vertidos en los océanos por tierra y en los barcos, todos hacia el mar, confunden a los mamíferos, los peces, las aves, los confunden con alimentos, y esto trae como consecuencia grandes desastres para ellos.

Está plasmado en la política pública de México, más aún la Declaración de Davos llama a las naciones tomar medidas urgentes de adaptación y mitigación ante el cambio climático en el rumbo del turismo, y México ha hecho caso omiso.

El Instituto de Geografía de la UNAM prevé que con el cambio climático aumentará el nivel medio del mar y que afectará principalmente a la costa del Golfo de México, el Mar Caribe, mientras que en el noreste las sequías serán muy intensas.

En el 2007 este instituto identificó cinco zonas vulnerables al ascenso o descenso del nivel del mar en el Golfo de México. Por poner un ejemplo, en la actualidad de los 190 kilómetros de costas tabasqueñas, 100 kilómetros sufren de erosión costera y el mar se ha llevado franjas de hasta 200 metros de playa. La erosión no cesa en la Riviera Maya y las playas desaparecen.

El turismo es responsable del 5 por ciento del total de la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial cuyo impacto de este fenómeno ya está afectando diversos destinos vacacionales en México. Son aseveraciones formuladas por Greenpeace.

No solo son los del mar y los de la tierra, también somos nosotros, los que están en la ribera de los ríos, somos quienes contaminamos enormemente, y todas esas aguas van a dar al mar.

El dictamen que determina que se reformará el artículo 132 dice que la Secretaría se coordinará con las Secretarías de Marina, de Energía, de Salud, de Turismo, de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que dentro de sus respectivas atribuciones intervengan en la prevención y control de la contaminación del medio marino, así como en la prevención y restauración del equilibrio de sus ecosistemas, con arreglo a lo establecido en la presente ley, en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal del Mar y la Ley General de Turismo.

Por esa causa Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen y aprovechamos de que nuestra comisión ha salido a muchos lugares de los puertos de nuestro México y nos hemos dado cuenta de todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. No habiendo más intervenciones, le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

De viva voz, diputadas, por favor.

La diputada Patricia Guadalupe Peña Recio (desde la curul): A favor.

La diputada Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Adelante, de viva voz, por favor.

El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (desde la curul): A favor.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se emitieron 348 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 348 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Le pido a la Secretaría dé cuenta de los dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

CAMBIOS EN COMISIONES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de este órgano de Gobierno, por el que se integran las 27 comisiones especiales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobado en sesión ordinaria del 22 de diciembre de 2012, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la integración de los siguientes legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, en:

Comisión Especial para dar Seguimiento a la Regularización de los Solares Urbanos de las Zonas Metropolitanas del País

Diputado Rodimiro Barrera Estrada (secretario)

Diputado José Pilar Moreno Montoya (integrante)

Diputada Maricruz Cruz Morales (integrante)

Diputada María Concepción Navarrete Vital (integrante)

Diputado Juan Manuel Rocha Piedra (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, 3 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Comisión Especial de Minería

Alta: Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, 3 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario PRI.

Comisión de Asuntos Frontera Norte

Baja: Diputada María Fernanda Schroeder Verdugo (integrante)

Comisión de Asuntos Migratorios

Alta: Diputada María Fernanda Schroeder Verdugo (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 1° de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Baja: Diputada Graciela Saldaña Fraire (secretaria)

Alta: Diputada Milkdret Marina Verde Avendaño (secretaria)

Comisión de Desarrollo Municipal

Baja: Diputada Graciela Saldaña Fraire (integrante)

Alta: Diputada Milkdret Marina Verde Avendaño (integrante)

Comisión de Cambio Climático

Baja: Diputada Graciela Saldaña Fraire (integrante)

Alta: Diputada Milkdret Marina Verde Avendaño (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, 3 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario MC.

Comisión de Agua Potable y Saneamiento

Baja: Diputada Lorena Méndez Denis (integrante)

Comisión de Desarrollo Municipal

Alta: Diputada Lorena Méndez Denis (secretaria)

Comisión de Protección Civil

Alta: Diputada Lorena Méndez Denis (integrante)

Comisión de Asuntos Migratorios

Alta: Diputada Lorena Méndez Denis (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 20 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

INTEGRACION DE LOS COMITES DE LOS CENTROS DE ESTUDIO Y EL DE INFORMACION, GESTORIA Y QUEJAS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean e integran los comités de los Centros de Estudio y el de Información, Gestoría y Quejas de la LXII Legislatura

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 numeral 1, 34 numeral 1, inciso i) y 46 numerales 1 y 2, y 49 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido en los artículos 206 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno el presente acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

I. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara contará, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de las finanzas públicas; de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública; de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, y de estudios para el adelanto de las mujeres y la equidad de género;

II. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 46, numeral 1 de la referida Ley Orgánica, los comités son órganos para auxiliar en actividades de la Cámara que se constituyen por disposición del Pleno, para realizar tareas diferentes a las de las comisiones y tendrán la duración que señale el acuerdo de su creación;

III. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 206, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, deberá constituirse un comité por cada uno de los centros de estudio referidos en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: además, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la orientación informativa, así como para el conocimiento y atención de las peticiones que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos, se formará el Comité de Información, Gestoría y Quejas.

IV. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en relación con lo señalado por el artículo 43 numerales 3 y 4 de la Ley Orgánica, para la integración de los comités, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones, cuidando que al hacerla se incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios;

Por lo anterior, con fundamento en las disposiciones legales citadas, se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se constituyen los siguientes Comités para la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:

1. Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas;

2. Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias;

3. Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública;

4. Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria;

5. Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género;

6. Comité de Información, Gestoría y Quejas;

Segundo. Los comités contarán con 11 integrantes conforme a la siguiente distribución:

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: 3 integrantes;

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: 2 integrantes;

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: 2 integrantes;

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: 1 integrante;

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: 1 integrante;

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano: 1 integrante;

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza: 1 integrante;

Cada grupo parlamentario comunicará a la Junta de Coordinación Política el nombre de los integrantes de cada comité a efecto de que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados.

Tercero. Las juntas directivas de los comités a que se refiere este acuerdo estarán integradas por un presidente y dos secretarios quienes serán determinados por la Junta de Coordinación Política en base a los criterios de proporcionalidad y pluralidad que rigen las relaciones institucionales entre los grupos parlamentarios representados en la Cámara;

Cuarto. La Junta de Coordinación Política, nombra a las diputadas y diputados que habrán de integrar los comités de los Centros de Estudios y el de Información, Gestoría y Quejas de la LXII Legislatura.

Quinto. Los comités a que se refiere este acuerdo, efectuarán las tareas a las que se refiere su objeto por el plazo de duración de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados;

Sexto. Comuníquese a la Mesa Directiva, publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Transitorios

Único.Este acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

En votación económica se consulta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados. Comuníquense.

* PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en términos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

* Las proposiciones se encuentran en el Anexo de esta sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín: Se levanta la sesión (a las 16:18 horas) y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 4 de abril, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

————— O —————