INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 4 de abril de 2013, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 4 de abril de 2013 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma los artículos 84 y 1000 de la Ley Federal del Trabajo y 27 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de Pemex y de la PGR, para que agilicen los trabajos de investigación sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas y condensados de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, sucedida el pasado 18 de Septiembre de 2012, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de la Sedesol, de la SCT, de la Semarnat y de la STPS, ponga en marcha el Programa de Empleo Temporal en los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, a fin de mitigar el desempleo de pescadores, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, para que genere las condiciones que permitan el cumplimiento de la recomendación 061/2011 emitida por la CNDH, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSA, para que evalúe, intensifique y perfeccione las campañas enfocadas a la detección temprana de la hipertensión entre la población susceptible de padecer esta enfermedad, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef, para que solicite a la Segob que a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, sea dado a conocer en tiempos oficiales, así como en el programa de radio “La Hora Nacional”, cuáles son las instituciones financieras que cobran las más altas comisiones y tasas de interés por los servicios de banca y crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, relativo a las solicitudes, permisos o licencias otorgadas o en trámite para la operación de salas de juegos y sorteos en sitios considerados como monumentos históricos, artísticos y/o arqueológicos, así como aquellos que se sitúen en las proximidades de centros de educación, públicos o privados, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos.

7. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, se restituyan los recursos destinados para el programa de repatriación de migrantes, en apoyo a personas deportadas por las diversas garitas hacia los Estados Unidos de América, con sede en Baja California, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Turno:Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Frontera Norte, para opinión.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que se otorgue el indulto al ciudadano Alberto Patisthán Gómez, indígena tzotzil, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.»

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY DEL SEGURO SOCIAL

«Iniciativa que reforma los artículos 84 y 1000 de la Ley Federal del Trabajo y 27 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado Juan Manuel Diez Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero, y cuarto al artículo 84, y un segundo párrafo al artículo 1000, de la Ley Federal del Trabajo, y se adiciona la fracción X al artículo 27, de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Se entiende por gasto de previsión social a cargo de una empresa, la prestación en beneficio de los trabajadores, de sus familiares dependientes o beneficiarios, tendientes a su superación física, social, económica, cultural e integral. La doctrina, y en concreto, Mario de la Cueva, definieron este concepto como: “La política y las instituciones que se proponen contribuir a la preparación y ocupación del trabajador, a facilitarle una vida cómoda e higiénica y a asegurarle contra las consecuencias y los riesgos naturales, sociales y profesionales”.

Mientras, Bornacini y Cols, la conceptualizaron como: “El conjunto de prestaciones proporcionadas por el patrón a sus trabajadores, que no constituyen una remuneración a sus servicios, pues no se entregan en función del trabajo, sino como un complemento que procura el bienestar del trabajador y de su familia en los aspectos de salud, cultural, deportivo, social y en general, que contribuyen al desarrollo integral del ser humano”.

Con respecto al concepto de ayuda para transporte, se define que este tipo de erogación se puede realizar a favor del trabajador en efectivo o en especie (boletos, pases, etcétera.), pero se pueden tener dos tratamientos para este caso, ya que si, por ejemplo, se otorga a un trabajador cuya labor consiste en trasladarse de un punto a otro durante su jornada laboral, se estaría en presencia de un instrumento de trabajo; en caso contrario, es decir, si el patrón sólo otorga la ayuda para subsanar la necesidad presente de la transportación del trabajador de su domicilio al trabajo o viceversa, se trataría de una prestación de previsión social.

En las prestaciones sociales adquiridas por décadas por los trabajadores convergen diversos intereses, los cuales coadyuvan a la estabilización de la economía y al bienestar social de la población económicamente activa, crean un ambiente de seguridad y confianza para el desarrollo de actividades productivas. Los empleados y sus familias reciben los beneficios de la seguridad, protección y ayudas que las prestaciones significan para mantener y mejorar de manera significativa su calidad de vida, tanto en el presente como en el futuro. Las prestaciones ofrecidas por las empresas se han ido convirtiendo como un instrumento eficaz para crear un ambiente de confianza propicio para la productividad, contribuyendo a estabilizar la economía.

La implementación de un sistema de tickets o vales que permita a las empresas abonar parte de los sueldos, que usarán los trabajadores como forma de pago en los medios de transporte público. Ante esta situación será necesaria una coordinación con las empresas concesionarias de transporte público de pasajeros y el sistema de transporte que realizan las autoridades estatales, municipales o del Distrito Federal, a fin de que se incorporen todos los sistemas de transporte colectivo en reemplazo de los vales. Este proyecto de reformas a la ley laboral instrumentara el denominado Vale de Transporte, que se sumará a los tickets ya existentes para alimentos y servirá para afrontar los costos de traslado que tienen los trabajadores.

El tratamiento fiscal que se daría a los vales, estaría enfocado a lo que establece la legislación vigente, relativa al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), asimismo, se establecerá como límite que las empresas pueden pagar hasta 30 por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, con vales legalmente autorizados. Esta prestación salarial abonada con vales estaría exenta del pago del impuesto tanto para trabajadores como para el patrón y no formaría parte del salario base de cotización que se establece en materia de seguridad social, con lo se tendría una forma de reducir los costos para los empleadores. De igual manera los gastos del nuevo sistema serán absorbidos por las empresas, en ningún momento se permitiría que se trasladen a las tarifas.

Los vales de transporte pueden ser un medio importante en el sentido de que se establecería un tope máximo mensual para su otorgamiento para cada trabajador, quedando excluidos los automóviles que utilicen taxímetro. Estos vales los utilizaría el trabajador para trasladarse desde su domicilio al lugar de trabajo y de regreso, por día efectivo de trabajo de cada trabajador.

Si bien sabemos existe una similar prestación que comúnmente se otorga a los trabajadores a través de vales de despensa, y en el actual marco jurídico se tiene bien definida como previsión social, la ley en la materia señala que vales de despensa, son una erogación deducible para el empleador. Si se considera a la previsión social como las erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia.

En este sentido, los vales de despensa son erogaciones patronales a favor de los trabajadores que tienen por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, otorgando beneficios al trabajador, en el mismo punto serán considerados los vales de transporte.

Existe tesis que reconoce el pago de vales de despensa como prestación, emitido por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la cual establece: “Pagos en efectivo por concepto de despensa y previsión social múltiple. Su tratamiento en el Impuesto Sobre la Renta”. Cabe mencionar que, al pagar en efectivo, se puede tener problemas de deducibilidad, pues en caso de una revisión se tendrá que demostrar a las autoridades hacendarías que la cantidad entregada a los trabajadores se utiliza para el fin señalado. Por último, si esta prestación se realiza a través de tarjetas electrónicas, no se tendrá ningún problema para su deducción como previsión social. En cuanto al segundo inconveniente, debido a que no se incluyen los vales de despensa como concepto específico en la ley, tenemos que basarnos en la definición de previsión social contenida en el último párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). El Sistema de Administración Tributaria (SAT) tomó como base para la emisión de su criterio 59/ 2004/ISR, en el cual reconoce los vales despensa como previsión social. Contradicción de tesis 20/96. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. Tesis de jurisprudencia 39/97. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de dos de julio de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel.

En este aspecto cabe recordar que la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en diversas ocasiones que la ayuda para transporte no debía considerarse como parte integrante del salario, porque no se trataba de una cantidad entregada como contraprestación al servicio prestado por el trabajador, ni constituía una ventaja económica pactada en su favor, sino únicamente para resarcirlo de los gastos erogados por tal concepto.

Sin embargo, un nuevo análisis conduce a esta sala a abandonar dicho criterio, en virtud de que si se toma en consideración, en primer término, que tal ayuda constituye una prestación de carácter convencional que puede derivar de un contrato individual o colectivo de trabajo, cuyo objeto consiste en proporcionar al trabajador cierta cantidad de dinero para cubrir los gastos que efectúa por el traslado a su trabajo y, en segundo, que el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por el servicio desempeñado, se concluye que, con independencia de que a través de la ayuda para transporte se pretendan resarcir gastos extraordinarios del trabajador, dicha prestación debe considerarse parte del salario, siempre que se entregue de manera ordinaria y permanente y no esté condicionada a que se efectúen los citados gastos, esto es, que la forma en que haya sido pactada tal prestación no impida su libre disposición, pues la mencionada percepción incrementa el salario y se entrega como una contraprestación al servicio desempeñado.

Si homologamos este criterio a los vales de transporte que constituirán un ahorro para el trabajador que los recibe, dado que no tendrá que utilizar la parte correspondiente de su salario para adquirir los bienes de consumo de que se trate, pudiendo destinarla a satisfacer otras necesidades o fines, cumpliendo con ello, el objetivo económico que las prestaciones expresamente previstas en la ley como gastos de previsión social.

Por tal motivo, debe concluirse que dichos vales tendrán una naturaleza análoga y, por ende, serán igualmente deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta, y del Impuesto Empresarial a Tasa Única, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones previstos en la norma, sin que la circunstancia de que sean recibidos con motivo de la prestación de un servicio personal conlleve a atribuirles el carácter de ingreso gravable.

Este proyecto que proponemos impulsar ya se encuentra implementado en Brasil, donde 45 por ciento del total de los pasajeros utiliza como medio de pago los vales de transporte, así como Argentina y otros países de Sudamérica.

En la medida que las prestaciones otorgadas por las empresas se estarán creando las condiciones y el clima laboral propicios para conseguir altos niveles de productividad. No se trata de otorgar, de manera indiscriminada, prestaciones a los empleados, sino que debe considerarse que el establecimiento de las mismas representa una inversión de recursos y, que como tal, debe redituar beneficios para la empresa y para sus empleados.

Por todo lo anteriormente expresado presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados el presente proyecto de

Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero, y cuarto al artículo 84, y un segundo párrafo al artículo 1000, de la Ley Federal del Trabajo, y se adiciona la fracción X al artículo 27, de la Ley del Seguro Social

Quedando de la siguiente manera:

Artículo Primero: Se adicionan los párrafos segundo, tercero, y cuarto al artículo 84, y un segundo párrafo al artículo 1000, todos de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 84.El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, ratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Los patrones podrán optar, de manera voluntaria o concertada, por otorgar a sus trabajadores ayuda para transporte público bajo la modalidad de vales de transporte. Se entiende que un patrón ha optado concertadamente por otorgar ayuda para transporte, cuando ese beneficio esté incorporado en el contrato colectivo de trabajo.

Los patrones que otorguen a sus trabajadores ayuda para transporte podrán recibir los beneficios fiscales a que se refiere este párrafo. Los gastos en los que incurran los patrones para la entrega de vales para transporte serán deducibles en los términos y condiciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y los ingresos correspondientes del trabajador se considerarán ingresos exentos por prestaciones de previsión social para el trabajador, en los términos y límites establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y no formarán parte de la base de las aportaciones de seguridad social en los términos y condiciones que para el caso dispongan las leyes de seguridad social.

La ayuda para transporte no podrá ser otorgada en efectivo, ni por otros mecanismos distintos a lo señalado en el presente artículo. Para tal efecto, los patrones deberán mantener un control documental para demostrar que la ayuda objeto de este artículo ha sido entregada a sus trabajadores.

Artículo 1000.El incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de los trabajos, duración de la jornada y descansos, contenidas en un contrato ley, o en un contrato colectivo de trabajo, se sancionará con multa por el equivalente de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general.

Asimismo, la omisión del patrón de mantener el control documental al que se refiere el cuarto párrafo del artículo 84 de esta ley se sancionará con multa de hasta dos mil veces el salario mínimo general. La contratación por parte del patrón de una empresa emisora de vales que incumpla con las normas referentes a la emisión de vales a que se refiere el artículo 84 de esta ley, se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los vales impresos que se utilicen para proporcionar ayuda para transporte deberán reunir los requisitos siguientes: Contener la leyenda “Este vale no podrá ser negociado total o parcialmente por dinero en efectivo”; fecha de vencimiento; nombre o la razón social de la empresa emisora del vale; señalar que se trata de un vale para transporte; indicar el importe del vale con número y letra, y deberán estar impresos en papel seguridad. Quedará prohibido canjearlos por dinero, ya sea en efectivo o mediante títulos de crédito.

Tercero. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la cual podrán invitar a los organismos representantes patronales y trabajadores, a sumarse a la elaboración y difusión de una campaña permanente con el objetivo de promover los beneficios para los patrones y los trabajadores vinculados al otorgamiento de ayuda para transporte contenida en esta ley.

Cuarto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se coordinará con las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, para establecer los lineamientos y mecanismos para la aceptación y canje de los vales de transporte a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 84 de la presente ley, por parte de las empresas concesionarias de transporte público y el sistema de transporte público que operan y prestan el servicio de transporte público en las respectivas entidades federativas y el Distrito Federal.

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción X al artículo 27, de la Ley del Seguro Social.

Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

I. a la IX. ...

X. La ayuda para transporte, en la modalidad señalada en la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando su importe no rebase treinta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2013.— Diputado Juan Manuel Diez Francos (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

ESTADO DE TAMAULIPAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de Pemex y de la PGR a agilizar las investigaciones sobre las causas de la explosión sucedida el 18 de septiembre de 2012 en el centro receptor de gas y condensados de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

La suscritos, diputados Amira Gricelda Gómez Tueme, Enrique Cárdenas del Avellano, Elsa Patricia Araujo de la Torre, Rosalba de la Cruz Requena y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I; 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de estos

Antecedentes

La explosión que ocurrió el día 18 de septiembre de 2012 en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción ubicado a la altura del kilómetro 19 de la carretera libre Reynosa-Monterrey, en Tamaulipas, fue un hecho que marcó la vida de muchas familias, y trajo consigo daños sociales, así como ambientales. Pese a la trascendencia de este hecho, las autoridades que conocieron inicialmente del asunto no proporcionaron la información que esclarezca las causas del accidente.

Debido a esta explosión, perdieron la vida 31 personas y 42 más resultaron heridas. Se tiene conocimiento de que en el momento del accidente se encontraba personal de la paraestatal y de empresas contratistas llevando a cabo trabajos de operación y mantenimiento.  A la fecha no se sabe si  se cumplían las normas de seguridad y los requisitos técnicos y legales necesarios para llevar a cabo sus trabajos; asimismo, se desconoce si se respetaban los derechos laborales de los trabajadores.

La consecuencia más lamentable de este accidente, que en materia de energía ha sido el de mayor impacto registrado en la zona, es sin duda la pérdida de vidas y las personas que resultaron heridas. Más preocupante aún, si la administración que estaba al frente en septiembre del año pasado no proporcionó la ayuda necesaria a los familiares de las víctimas para enfrentar el problema, situación que hasta la fecha no conocemos a detalle.

El valor de la vida de una persona, así como su integridad deben ser prioridad en cualquier sociedad y deben estar garantizadas en cualquier trabajo. Su bienestar debe ser puesto antes que cualquier interés económico o político, por tanto, es fundamental tener muy claras las cusas del accidente, con el fin de atender y corregir las causas antes de que se corra el riesgo de tener otro percance.

Los afectados con este accidente, que somos todos, necesitamos explicaciones; tenemos la confianza de que esta nueva administración sí ofrecerá respuestas claras. Sólo así se podrá hacer justicia a quienes trabajaban y trabajan ahí.

No sabemos si los riesgos de que un accidente de esta naturaleza vuelva a suceder están presentes, pues no estamos enterados de si se han tomado las medidas pertinentes. Es importante conocer de si ya se han implementado mecanismos de seguridad que permitan disminuir el riesgo de accidentes que ponen en riesgo a quienes ahí laboran. También es necesario tener información sobre las medidas de prevención que se han tomado a partir del accidente.

Asimismo, es prioritario tener conocimiento de si las empresas contratistas cumplían con las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental exigidas a proveedores y contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleo Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

La pasada administración no brindó la información necesaria, por lo que no tenemos aún el resultado de la indagatoria que llevaba a cabo Pemex y la Procuraduría General de la República. Las familias tamaulipecas no tienen certidumbre sobre las causas de la explosión y tampoco de si hoy existen las medidas de seguridad que eviten un nuevo percance.

En su momento, el director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, expresó que la explosión se debió a una acumulación de gas, pero que la causa seguía en proceso de investigación.

Las autoridades aseguraron que se llevarían a cabo las indagatorias hasta las últimas consecuencias y eso es lo que pedimos, toda vez que no se sabe quiénes son responsables de estos hechos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría General de la República a agilizar los trabajos de investigación sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, sucedida el pasado 18 de septiembre de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.— Diputados: Amira Gricelda Gómez Tueme, Enrique Cárdenas del Avellano, Elsa Patricia Araujo de la Torre, Rosalba de la Cruz Requena, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, María del Rocío Corona Nakamura (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a poner en marcha por la Sedesol, la SCT, la Semarnat y la STPS el Programa de Empleo Temporal en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima para mitigar la desocupación de pescadores, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Tania Margarita Morgan Navarrete, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución bajo el tenor de las siguientes

Consideraciones

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establecerá veda temporal para la pesca de todas las especies de camarón en las aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, así como de los sistemas lagunarios estuarinos, y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima a partir del 8 de marzo.  Además, a partir del 1 de mayo, se establecerá por primera vez la veda en otras especies como la jaiba y no se ha presentado aun la fecha de conclusión, aunque se conoce que con base en investigaciones y muestreos biológicos realizados por el Inapesca y mediante acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, podremos conocer la fecha de término de la veda.

Esta será la primera ocasión en la que un periodo de veda para camarón sea coincidente con el periodo de veda de la jaiba.

Los periodos de veda son dados a través de estudios realizados por el Inapesca en los que se han abordado, además de otras temáticas, la fecundidad y el ciclo de madurez gonádica del camarón blanco y de otras especies. Por lo que es de reconocer la necesidad de  establecer la veda para la captura de dichas especies con el fin de proteger la fracción reproductora de sus stocks.

La actividad pesquera en Estados como Sinaloa, representan una importante actividad económica. Por citar un ejemplo, la pesquería del camarón blanco (Litopenaeus vannamei) contribuye al menos con el 13% de la producción de camarón capturado. Esta actividad ayuda a mantener niveles de desarrollo sustentable, por los empleos e ingresos que genera, tanto en su fase extractiva como en las de procesamiento, distribución y comercialización en los mercados internos y externos.

Cada vez que se publica un acuerdo de veda, se trata de conservar el equilibrio de las especies a través de su reproducción natural; pero al mismo tiempo, se intensifican otras problemáticas como el desempleo de los miles de trabajadores que dedican su vida a la pesca.

Se espera que un promedio de 6000 trabajadores se vean afectados por la veda de este año puesto que no solo será de camarón sino también de jaiba.

Cabe destacar, que Conforme a las Reglas de Operación 2013, el Programa de Empleo Temporal (PET) tiene como objetivo específico proporcionar a hombres y mujeres de 16 años de edad en adelante, apoyos temporales para afrontar los efectos negativos generados por emergencias o situaciones económicas que provocan la disminución de sus ingresos, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.

Opera a nivel nacional en municipios de muy alta, alta o media marginación así como en municipios con alta pérdida del empleo y en aquellos en los que ocurren emergencias que producen efectos negativos en sus actividades productivas; como es el caso que se plantea en el presente.

Dicho lo anterior y tomando en cuenta que las Reglas de Operación del PET son establecidas en un marco de coordinación intersectorial, dadas por el Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal, integrado por los subsecretarios de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social; Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presento ante esta honorable asamblea con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero:Se exhorta respetuosamente al gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a poner en marcha de manera inmediata el Programa de Empleo Temporal, bajo la emergencia suscitada tras la puesta en marcha de la veda temporal de camarón y jaiba en los estados de de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, a fin de mitigar el efecto del desempleo en pescadores.

Segundo: Que los gobiernos de los estados afectados, en conjunto con las delegaciones federales de las dependencias que operan el programa, promuevan la puesta en marcha de dicho programa a fin de que los pescadores y sus familias puedan cubrir sus necesidades básicas.

Notas:

1 Publicación del Diario Oficial de la Federación: http://sagarpa.gob. mx/normateca/Normateca/Acuerdo%20veda%20camaron%2007032013.pdf

2 Reglas de Operación 2013 del Programa de Empleo Temporal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.— Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a generar condiciones que permitan cumplir la recomendación número 061/2011, emitida por la CNDH, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Marcos Rosendo Medina Filigrana, diputado a la LXII Legislatura, electo por el quinto distrito electoral de Tabasco, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a hacer uso de sus facultades a efecto de generar condiciones que permitan cumplir la recomendación 061/2011, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En octubre y noviembre de 2007, una importante porción del territorio de Tabasco fue inundada, como consecuencia de una serie de circunstancias climáticas y errores humanos.

Dicha inundación afectó en forma significativa el patrimonio de miles de tabasqueños, inutilizó miles de hectáreas productivas y mató a cientos de animales vacunos y de traspatio.

Derivado lo anterior se inició una serie de trabajos de construcción de infraestructura destinada a proteger, principalmente, a las zonas urbanas de posibles futuras inundaciones.

Como resultado de ello, en los años subsecuentes se salvó a la capital del estado, Villahermosa, de volver a ser inundada, pero en detrimento de amplias zonas rurales, esencialmente asiento de pueblos indígenas, que se vieron afectadas por prolongadas inundaciones “artificiales” que se prolongaron más allá de la época de lluvias y que en un total de alrededor de diez meses terminaron por dañar la economía tradicional de esas regiones.

En consecuencia, y ante la actitud omisa de las entonces autoridades estatales y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, un grupo de ciudadanas y ciudadanos de las zonas afectadas decidieron trasladarse a la ciudad de México e interponer sus respectivas quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por ello, en el lapso que comprendió los meses de septiembre de 2010 a enero de 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió 51 expedientes, mismos a los cuales se fueron agregando las quejas que fueron interpuestas hasta julio de 2011, por habitantes de decenas de comunidades de alrededor de siete municipios de Tabasco.

Según la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “de entre todas las mencionadas localidades, el número de personas afectadas ascendió a 5 mil 710, por hechos cometidos en su agravio atribuibles a servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Desarrollo Social federal, gobierno de Tabasco y de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca, en dicha entidad del sureste”.

Asimismo, continúa la CNDH, “las víctimas señalaron, en términos generales, que Tabasco es una entidad que se encuentra en una región del país que, por sus condiciones geográficas, está expuesta a sufrir inundaciones que se producen por diversos eventos climáticos; ejemplo de ello son las ocurridas en los años 2007, 2008 y 2009, situación que ha generado en los habitantes de esa entidad federativa, cada vez que suceden acontecimientos de esta naturaleza, una serie de afectaciones como en el caso de la ciudad de Villahermosa, inundada en 2007 y en la que aproximadamente resultaron 1.5 millones de personas agraviadas, es decir, 75 por ciento de la población en aquella época”.

En cumplimiento de sus facultades legales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió personal a Tabasco para realizar supervisiones, visitas de campo y realizar entrevistas que le permitieran tener una visión clara de los hechos que motivaron las quejas señaladas.

Asimismo, la CNDH se allegó de una serie de documentos públicos relativos a las inundaciones padecidas en la planicie tabasqueña durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

En tal contexto, en uno de los párrafos de su apartado intitulado “Situación Jurídica” la CNDH señala lo siguiente: “En este orden de ideas, es importante destacar que la Auditoría Superior de la Federación, en los Informes de los Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2008 y 2009; publicados y disponibles en su página de internet www.asf.gob.mx, realizó observaciones respecto la gestión financiera de los recursos federales erogados por la Comisión Nacional del Agua para cumplir con los objetivos y metas de diversos programas, que tenían como finalidad, entre otros, prever y prevenir daños causados por fenómenos naturales, la competencia profesional de sus servidores públicos, así como para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron, conforme a la legislación aplicable”.

Finalmente, producto de un trabajo serio, profesional y responsable, con fecha 10 de noviembre de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su recomendación 061/2011, cuyas principales recomendaciones me permito transcribir textualmente:

A ustedes, señores director general de la Comisión Nacional del Agua, gobernador constitucional del estado de Tabasco y miembros de los ayuntamientos de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca:

Primera.Instruyan a quien corresponda, a efecto de que de manera coordinada, se implementen las acciones necesarias para reparar los daños en términos de lo que establecen los procedimientos administrativos previstos, a todas aquellas personas que acrediten precisamente haber sufrido afectaciones, independientemente de que hayan tenido la calidad de quejosos o no en el presente asunto, con motivo de las omisiones en las que se incurrieron antes, durante y posterior a los hechos señalados por las víctimas, elaborando un registro que permita identificarlas y determinar el tipo de reparación que se les proporcione, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Segunda.Giren sus instrucciones a quien corresponda, para que de manera coordinada y junto con la participación de la población del estado de Tabasco, implementen un plan para contingencias conforme a la legislación en materia de protección civil, con la finalidad de establecer medidas efectivas que permitan, brindar la atención oportuna durante el desarrollo del evento hidrometeorológico; y, posteriormente, apoyar a las personas que resulten afectadas a fin de brindar mayor seguridad y salvaguardar a los habitantes, sobre todo las relacionadas con el derecho a la protección de la salud, enviando a esta Comisión Nacional las constancias con las que acredite su cumplimiento.

Tercera.Giren sus instrucciones para que de forma coordinada, diseñen y realicen sistemática y permanentemente, campañas de difusión en la que se proporcione a los habitantes del estado de Tabasco, información detallada y fácilmente comprensible, sobre las zonas de alto riesgo de inundación en esa entidad federativa; así como, del peligro que existe para su integridad física y su patrimonio en caso de establecerse en ellas, y envíen a este organismo nacional, las constancias con las que acrediten su cumplimiento.

A usted, señor director general de la Comisión Nacional de la Agua:

Primera.Instruya a quien corresponda, a fin de que en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, por una parte, se concluyan en tiempo y forma, las obras hidráulicas planeadas para realizarse entre el periodo de 2007 a 2012, en el estado de Tabasco, con la finalidad de disminuir la situación de vulnerabilidad que enfrentan a causa de las inundaciones; y, por otra, se realicen los estudios y trabajos respectivos en todos los afluentes de los ríos que escurren libremente, y con ello, se tomen las medidas técnicas para desarrollar y ejecutar, un sistema hídrico de protección en los mismos, para evitar en un futuro inundaciones como las ocurridas en 2010 y se envíen a este organismo nacional, las constancias que acrediten su cumplimiento.

Segunda. Instruya a quien corresponda para que se colabore con este organismo nacional en la presentación y trámite de la queja que promueva ante el Órgano Interno de Control, por los hechos narrados en la presente recomendación, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que le sean requeridas.

Tercera. Se colabore debidamente en las investigaciones derivadas de la denuncia que con motivo de los hechos presente la Comisión Nacional ante la Procuraduría General de la República, con la finalidad de que investigue la responsabilidad penal en que hayan incurrido servidores públicos federales, y remita a este organismo nacional las constancias que le sean solicitadas.

Cuarta.Se instruya a quien corresponda, para que cuando se tenga previsto desarrollar obras consistentes en infraestructura hidráulica, específicamente en el estado de Tabasco, se implementen medidas para informar a la población que será impactada por las mismas, atendiendo a los principios que sustentan la política hídrica nacional, con especial énfasis, en el derecho que tiene la sociedad a recibir información oportuna, plena y fidedigna; a efecto de evitar, en un futuro, daños similares o mayores a los ya acontecidos, así como pérdidas patrimoniales y de salud, enviando a este organismo nacional las constancias con las que acredite su cumplimiento.

Quinta.Gire instrucciones a quien corresponda, para que se realicen cursos integrales de capacitación y formación en materia de derechos humanos, así como del conocimiento, manejo y observancia de legislación administrativa aplicable, dirigido a los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua, en la que se les oriente a observar y a garantizar que los procedimientos administrativos se integren con total apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, y envíe a este organismo nacional los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal capacitado y las demás constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Sexta.Gire instrucciones a quien corresponda, para que la Comisión Nacional del Agua a través del organismo de cuenca frontera sur, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Aguas Nacionales, establezca un seguro contra daños por inundaciones en zonas de alto riesgo en el estado de Tabasco, en atención a que no fue remitida a esta Comisión Nacional, prueba alguna que evidenciara su existencia y vigencia durante las inundaciones de 2010, y envíe a este organismo nacional, las constancias con las que acredite su contratación.

A usted, señor gobernador constitucional del estado de Tabasco:

Primera.Instruya a quien corresponda, para que se diseñen e impartan cursos de capacitación para los servidores públicos de esa entidad federativa, que realizan funciones durante emergencias y desastres, en materia de derechos humanos, con la finalidad de que apeguen su conducta a la normatividad aplicable; y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento, así como los indicadores de gestión o de evaluación que se apliquen al personal que reciba los mismos, en los cuales se señale el impacto efectivo de la capacitación.

Segunda.Instruya a quien corresponda, para que se colabore ampliamente con este organismo nacional en la presentación y trámite de la queja que promueva ante la Contraloría del estado de Tabasco, por los hechos narrados en la presente recomendación, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que le sean requeridas.

Tercera. Se colabore debidamente en las investigaciones derivadas de la denuncia que con motivo de los hechos presente la Comisión Nacional ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se determine la responsabilidad penal en que hayan incurrido servidores públicos estatales, y remita a este organismo nacional las constancias que le sean solicitadas.

A ustedes, miembros de los ayuntamientos de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca:

Primera.Giren instrucciones a quien corresponda, para que se diseñen e impartan cursos integrales de capacitación y formación a los servidores públicos municipales, relacionadas con la materia de protección civil, que tengan como finalidad orientar la actuación de las autoridades y con ello evitar hechos similares a los que dieron origen al presente pronunciamiento, y se envíen a este organismo nacional, las constancias que acrediten su cumplimiento; así como ,los indicadores de gestión o de evaluación que se apliquen al personal que reciba los mismos, en los cuales se señale el impacto efectivo de la capacitación.

Segunda.Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional, en la presentación y trámite de la queja que promueva ante las Contralorías de su municipio, y envíen a este organismo nacional las constancias que les sean requeridas.

A la fecha dicha recomendación no ha sido cumplida, persistiendo un grave problema social en la zona que va en detrimento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que habitan en la misma y que pone en riesgo la tranquilidad y armonía social en una de las principales regiones productoras de petróleo en el sureste mexicano.

De allí que sea de vital importancia la intervención de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal a efecto de coadyuvar en la mediación y en la suma de voluntades de las diversas instancias de los tres niveles de gobierno que han sido señaladas en la recomendación, con objeto de poder otorgar una atención y una solución integral a tan lamentable problemática.

La presente propuesta con punto de acuerdo se fundamenta en lo establecido en el artículo 102, Apartado B, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 102. B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999.)

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o, en sus recesos, la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Asimismo, el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece:

Artículo 46.La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.

En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:

a) La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

b) La comisión nacional determinará, previa consulta con los órganos legislativos referidos en el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos del siguiente inciso.

c) Las autoridades o servidores públicos a quienes se hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el inciso que antecede si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.

d) Si persiste la negativa, la comisión nacional podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.

Así como en lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra señala:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VII....

VIII.Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Asimismo, conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticas nacionales, con las organizaciones sociales, con las asociaciones religiosas y demás instituciones sociales;

...

Por lo expuesto, en mi carácter de diputado federal y con arreglo a los derechos que en consecuencia me reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Gobernación del orden federal a hacer uso de sus facultades a efecto de generar condiciones que permitan cumplir la recomendación 061/2011, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.— Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

CAMPAÑAS ENFOCADAS A LA DETECCION TEMPRANA DE LA HIPERTENSION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Ssa a evaluar, intensificar y perfeccionar las campañas centradas en la detección temprana de la hipertensión entre la población susceptible de padecerla, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Carla Alicia Padilla Ramos, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con el fin de conmemorar el aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, y en este año, el tema prioritario es la hipertensión arterial, misma que pone en evidencia la relevancia epidemiológica de esta afección, y el impacto que ejerce sobre la salud pública.

Hoy en día entre 50 y 60 por ciento de las muertes, se dan por enfermedades ligadas al corazón, y en 90 por ciento de los casos la hipertensión arterial está presente de forma directa o indirecta.

Bajo el lema “conoce tus números, mide tu presión arterial y cuida tu corazón”, la OMS se enfoca este año en la hipertensión arterial, ya que es el principal factor de riesgo de muerte y enfermedad en todo el mundo.

La hipertensión puede causar además insuficiencia renal, ceguera, vasculopatías periféricas y una pérdida prematura y silenciosa de las capacidades cognitivas, porque afecta la irrigación cerebral, el riesgo es mucho mayor cuando se le suman otras condiciones más que frecuentes en la vida actual, como la diabetes, el tabaquismo, la obesidad o el consumo excesivo de alcohol.

La hipertensión es una enfermedad que padece 1 de cada 3 personas adultas en el mundo, y su prevalencia aumenta con la edad, ya que afecta a un 10 por ciento de los jóvenes entre 20 y 30 años, pero pasados los 50 afecta a más de la mitad de la población. Se habla de hipertensión arterial (HTA), cuando la persona no puede mantener su presión arterial por debajo de 140 y 90 milímetros de mercurio (mmHg), en sus niveles sistólico y diastólico.

En México, alrededor de 30 por ciento de la población adulta padece hipertensión arterial, y cerca de 60 por ciento de los individuos afectados desconoce su enfermedad. Esto significa que en nuestro país existen más de 15 millones de personas con este padecimiento, de las cuales un poco más de 9 millones no han sido diagnosticados.

La hipertensión arterial es una de las más importantes enfermedades cardiovasculares, debido a su prolongado tiempo de evolución y a las complicaciones que puede generar. Este padecimiento tuvo una prevalencia de 23.8 por ciento en 1963 y de 30.05 por ciento en 2004 y.

Diversos estudios han identificado como factores que contribuyen a la aparición de esta enfermedad, la edad, una alta ingesta de sodio, dietas elevadas en grasas saturadas, el tabaquismo, estilo de vida sedentario y la presencia de enfermedades crónicas como obesidad, dislipidemias y diabetes entre otros factores.

Sin embargo, la hipertensión se puede prevenir y tratar, por ello en el Partido Verde Ecologista de México creemos firmemente que es necesario evaluar, intensificar y perfeccionar las campañas para abordar este problema de salud pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, solicitamos a esta soberanía se someta a consideración de este pleno la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que evalúe, intensifique y perfeccione las campañas enfocadas a la detección temprana de la hipertensión entre la población susceptible de padecer esta enfermedad, con el fin de asegurar un tratamiento oportuno.

Notas:

1. Barquera S, Campos-Nonato I, Hernández-Barrera L, Villalpando S, Rodríguez-Gilabert C, Durazo-Arvizu R, Aguilar-Salinas CA. Hypertension in Mexican adults: results from the National Health and Nutrition Survey

2006. Salud Pública Mex 2010;52 suppl 1:S63-S71.

2. Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial.

3. Encuesta Nacional de Salud 2000. 2. La salud de los adultos. Instituto Nacional de Salud Pública. Primera edición. 2003.

4. Rosas P. Lara E. Pastelón H. y cols. Re-encuesta Nacional de Hipertensión Arterial (RENAHTA): consolidación mexicana de los factores de riesgo cardiovascular. Cohorte Nacional de Seguimiento. Arch. Cardiol. Mex. 2005:75(1):96-111.

5. Las dislipidemias o dislipemias son una serie de diversas condiciones patológicas cuyo único elemento común es una alteración del metabolismo de los lípidos, con su consecuente alteración de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la sangre

6. Kearney P, Whelton M, Reynolds P, Whelton H, Jiang H. Worldwide prevalence of hypertension. Journal of Hypertension 2004, 22:11–19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.— Diputada Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE COBRAN LAS MAS ALTAS COMISIONES Y TASAS DE INTERES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef a solicitar a la Segob que por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía se den a conocer en tiempos oficiales y en el programa radiofónico La Hora Nacional las instituciones financieras que cobran las mayores comisiones y tasas de interés por los servicios de banca y crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Alberto García González, a la LXII legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que solicite a la Secretaría de Gobernación, que a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, sea dado a conocer en tiempos oficiales de radio y televisión, así como en el programa semanal de radio La Hora Nacional, cuáles son las instituciones financieras que cobran las más altas comisiones y tasas de interés por los servicios de banca y crédito que ofrecen, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país las crisis económicas y financieras han sido incluso, causa de suicidio en personas que vieron disminuido y perdido su patrimonio a causa de las enormes devaluaciones. Como olvidar al famoso Fondo Bancario de Protección al Ahorro mejor conocido por sus siglas Fobaproa, que propicio el rescate bancario que le ha costado a nuestro país austeridad y retraso en su crecimiento económico.

Estas crisis económicas fueron ocasionadas principalmente por los bancos que prestaron demasiado dinero, cobraron altos intereses y comisiones a gente que simplemente no podía pagar y solamente se dedicó a gastar lo que no tenía, haciendo mal uso del crédito bancario y/o financiero que otorgaron las instituciones bancarias así como las de ahorro y préstamo, endeudando a todo México.

No obstante los antecedentes de crisis económicas, devaluaciones y rescates bancarios, es impresionante ver como actualmente personas que no tienen un empleo, un historial crediticio ni referencias bancarias o financieras, siguen teniendo acceso a créditos y préstamos a los que no pueden hacer frente, sin tener idea de los altos costos que genera el retraso y la falta de pago de esos adeudos.

Esta ignorancia se presenta, porque las instituciones otorgantes de los créditos y/o préstamos no les explican detalladamente a los usuarios las cláusulas contractuales que prevén los porcentajes de las tasas de interés que se cobran así como el costo de las comisiones y cuotas que se generan por la mora o falta de pago del capital otorgado en préstamo. Resultando preocupante esta situación, ya que, en poco tiempo las deudas llegan a duplicarse o triplicarse volviéndose impagables para los deudores.

Situación que es de prioritaria atención, ya que, de permanecer indiferentes ante estos casos aumentan las posibilidades de una nueva crisis bancaria que podría terminar convertida en deuda pública de todos los mexicanos.

Para frenar esta ignorancia financiera, es necesaria la intervención del gobierno federal, echando mano de los medios de información con que cuenta el país a efecto de mantener informado al país sobre las instituciones que cobran las más altas tasas de interés así como las más altas cuotas por manejo de cuentas y las más altas comisiones, para que los mexicanos conozcan los costos que se pagan por los servicios de crédito, préstamo y por manejo de las cuentas de ahorro.

Uno de los medios idóneos para que la población mexicana esté informada es la radio, que como medio auditivo de información es una puerta para que el radio-escucha, pueda conocer mediante los tiempos oficiales de programación, toda la información relacionada con los servicios de banca y crédito que otorgan las instituciones financieras públicas y privadas, con énfasis en aquellas que cobran las más altas comisiones y tasas de interés, para que así los mexicanos eviten la celebración de contratos con ese tipo de instituciones.

Es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, la unidad encargada de ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaria de Gobernación en materia de radio, televisión y cinematografía, por lo tanto, al ser la encargada de coordinar y supervisar técnicamente la transmisión, enlace y distribución de los programas oficiales en cadena nacional y del programa de radio La Hora Nacional, entre otros, es quien se encargará de diseñar el formato del programa en el que se darán a conocer cuáles son las instituciones financieras que cobran las más altas comisiones y tasas de interés por los servicios de banca y crédito que ofrecen.

Además sería importante que en esos programas se invitará a funcionarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que sean ellos quienes den a conocer a los mexicanos de manera detallada cuales son las máximas tasas de interés y comisiones que pueden cobrar las instituciones financieras así como la información sobre las instituciones que presentan el mayor numero de quejas y sanciones ante dicha comisión.

En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero a solicitar a la Secretaría de Gobernación que dentro de sus respectivas atribuciones y a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, sea dado a conocer en tiempos oficiales de radio y televisión, así como en el programa semanal de radio La Hora Nacional, cuáles son las instituciones financieras que cobran las más altas comisiones y tasas de interés por los servicios de banca y crédito que ofrecen, a fin de crear conciencia en los mexicanos reduciendo las posibilidades de una nueva crisis bancaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.— Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

OPERACION DE SALAS DE JUEGOS Y SORTEOS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las solicitudes, los permisos o las licencias otorgados o en trámite para operar salas de juegos y sorteos en sitios considerados monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, así como los próximos a centros educativos, públicos o privados, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Zárate Salgado, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción I, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Educación Pública que hagan pública la información relativa a las solicitudes de autorización para la operación de salas de juegos y sorteos en sitios considerados como monumentos históricos, culturales y arqueológicos y/o se encuentren próximos a centros de educación, públicos o privados; asimismo, se suspendan las solicitudes para la operación de salas de juegos y sorteos que se encuentren en trámite o que pretendan iniciar operaciones en zonas de monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, y específicamente las que se encuentren en trámite o que pretendan iniciar operaciones en la colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal; y se proceda a la instauración inmediata de una mesa de trabajo con la Comisión Especial en la materia de la Cámara de Diputados para examinar los requisitos, procedimientos y expedición de las licencias de operación para salas de juegos y sorteos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años hemos sido testigos del exponencial crecimiento y cada vez mayor presencia urbana de las –así llamadas– salas de juegos y sorteos, coloquialmente, casinos. En ellas se han manifestado desde adicciones al juego, que deben ser atendidas como un grave problema de salud pública, hasta la presencia de redes de la criminalidad organizada que, sin mayores miramientos, han ocasionado graves daños a la cohesión social y, en algunas ocasiones, la muerte de nuestros conciudadanos.

En este tenor, es menester indicar que el correcto control de estos centros de juego redunda en una mejor calidad de vida para los cohabitantes de los lugares en donde se sitúan y estos centros no pueden ser instalados en donde, por su naturaleza misma, causarían un daño inmanente a la imagen urbana, al patrimonio histórico o a sitios de interés cultural, artístico o arqueológico o al desarrollo integral de las niñas y niños de nuestro país.

Debemos señalar que México ha reconocido la importancia de la protección del patrimonio cultural, mismo que es indispensable para sostener la identidad nacional cuya transmisión a las generaciones futuras es indispensable. Las autoridades mexicanas han asumido la obligación de brindar protección a distintos monumentos y zonas que constituyen patrimonios indispensables para el entendimiento del nacimiento, costumbres y el porvenir de distintos grupos de la ciudadanía.

En congruencia, el Congreso de la Unión ha expedido distintos instrumentos jurídicos para la protección del derecho humano a la cultura como la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, cuya observancia depende en gran medida de la Secretaría de Educación Pública. El Estado Mexicano, en coherencia con las razones anteriormente planteadas, ha suscrito y ratificado instrumentos internacionales que lo obligan a proteger, frente a cualquier amenaza, al patrimonio cultural.

En el Distrito Federal existen zonas de monumentos históricos protegidos por su valor cultural entre las que destaca la colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal. En dicha colonia se encuentran “zonas y sitios de la Ciudad delimitados a fin de conservar y consolidar la fisonomía propia y de su patrimonio cultural urbano-arquitectónico, incluyendo aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados, merecen conservarse”. La protección de la colonia implica: 1). Preservar la identidad de la capital y la República; 2). Garantizar el acceso a la cultura, como derecho humano y, 3). Cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de protección al patrimonio cultural.

Debemos señalar que diversos instrumentos legales emitidos por las autoridades federales y del Distrito Federal, resguardan a la zona de Chimalistac como patrimonio cultural de la humanidad, como ejemplo, el día 27 de septiembre de 1934, el titular del Ejecutivo federal emitió un decreto por el que se “... declara Zonas Típicas Pintorescas, deslindándolas de las Delegaciones Villa Álvaro Obregón, Coyoacán y Xochimilco”, incluyendo la colonia Huerta del Carmen –hoy Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac–, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de octubre de 1934.

El día 27 de noviembre de 1986, el titular del Ejecutivo Federal emitió un decreto por el que “se declara una zona de monumentos históricos en la Delegación Villa de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, D.F.”. El día 6 de octubre de 1993 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se declara Zona Especial de Desarrollo Controlado y se aprueba la normatividad para el mejoramiento y rescate de las colonias Chimalistac y Hacienda de  Guadalupe Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, DF”.

No obstante lo anterior, distintos vecinos, intelectuales y asociaciones de protección de la cultura y la historia han denunciado reiteradamente la construcción, instalación y/o apertura de un casino ubicado en Insurgentes Sur 2374, Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal.

Este establecimiento ha iniciado una constante discusión sobre el deterioro que puede generarse en la zona protegida, ya que resulta violatorio de la normatividad nacional e internacional que protege el patrimonio cultural y, principalmente, por la violación expresa al programa parcial de desarrollo que estipula de manera precisa el tipo de establecimientos que pueden operar en esta zona de patrimonio cultural e histórico.

El probable funcionamiento del casino ha generado un clima de tensión social que pone en peligro la estabilidad de la zona. Los vecinos, intelectuales y asociaciones de protección a cultura, historia y patrimonio nacional, han expresado su desagrado por el funcionamiento del casino dado el daño que éste puede generar en el patrimonio cultural que le da sentido a su vida diaria. Es de conocimiento y experiencia ciudadana que los casinos han alterado la vida cotidiana de distintas zonas del país: se fomentan los juegos y el azar en lugar del conocimiento cultural de la nación.

Debemos señalar, sin embargo, que el problema principal de estos centros no reside fundamentalmente en su naturaleza, sino en una incorrecta supervisión de sus actividades que deriva en la comisión, por parte de dueños y funcionarios públicos, de delitos graves de corrupción y cohecho.

Esto es, el Estado de Derecho y sus instituciones, amparan y protegen cualquier actividad empresarial en tanto ésta se desarrolle sin violar el marco jurídico normativo.

En este sentido y dada la importancia que, para nosotros como representación ciudadana tiene el resguardo de zonas de protección natural y medioambiental, zonas de monumentos históricos y de patrimonio cultural que forman parte de la reserva cultural, artística y turística de nuestro país y que, como tales, constituyen un fuerte foco de atención para la operación de centros de entretenimiento como los de juegos y sorteos, es que debemos redoblar los esfuerzos para la protección y resguardo de todas aquellas zonas protegidas por leyes especiales, en coordinación con las autoridades responsables.

Ninguna actividad empresarial, personal y de lucro puede estar por encima de los intereses de la Nación, específicamente de lo que nos dota de identidad y genera patrimonio a nuestra cultura.

Estamos plenamente conscientes de que un problema como el que afrontamos en este momento, únicamente puede ser resuelto desde una óptica de Estado que involucre a todos los poderes de la Unión, desde una perspectiva integral.

Es por ello que solicitamos a las Secretarías de Gobernación y Educación Pública que se suspendan toda emisión de licencias, permisos o autorizaciones en zonas de patrimonio histórico, arqueológico y cultural así como aquellas que se encuentren en las proximidades de centros educativos, de manera genérica, y de manera específica aquellas que se ubiquen en el perímetro de la colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, así como el establecimiento de una mesa de trabajo con la Comisión Especial en la materia que, para el efecto, ha conformado esta Cámara, en la que examinemos, conjunta y corresponsablemente, los procedimientos establecidos para el otorgamiento de licencias de funcionamiento y operación de las llamadas salas de juegos y sorteos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, específicamente la Dirección General de Juegos y Sorteos  haga pública la información respecto a las solicitudes, permisos o licencias otorgadas o en trámite para el establecimiento de salas de juegos y sorteos –casinos—, en zonas de monumentos históricos, artísticos y/o arqueológicos, así como el listado de aquellos establecimientos que hayan manifestado su apertura.

Segundo. Se solicita al titular del Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Gobernación y Educación Pública, hagan pública la información relativa a las solicitudes, permisos o licencias otorgadas o en trámite para el establecimiento de salas de juegos y sorteos –casinos–, así como el listado de aquellos establecimientos que hayan manifestado su apertura en aquellas zonas que se sitúen en las proximidades de centros de educación, públicos y privados.

Tercero.Se solicita a la Secretaría de Gobernación el establecimiento de una mesa de trabajo, con la Comisión especial que para el efecto se constituyó en la Cámara de Diputados, que examine los requisitos, procedimientos, revistas y expedición de las licencias de operación para las salas de juegos y sorteos –casinos.

Cuarto. Se solicita a la Secretaría de Gobernación la suspensión de trámites, otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones de salas de juegos y sorteos –casinos- en zonas de monumentos históricos, artísticos y arqueológicos hasta en tanto esta mesa de trabajo tenga certeza de que los procedimientos, permisos, licencias, establecimiento e inicio de operación de los mismos no atentan en contra del patrimonio cultural, histórico, artístico del país ni contra los objetivos que persiguen dichas zonas, así como la comprobación del cumplimiento de los requisitos legales.

Quinto.Se solicita a la Secretaría de Gobernación que, de manera inmediata, proceda a cancelar cualquier licencia, permiso o autorización, en trámite u otorgado, para la operación de salas de juegos y sorteos en la colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 días de abril de 2013.— Diputado Fernando Zárate Salgado (rúbrica).»

Se turna a la  Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión Especial para Indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para Juegos y Sorteos.

PROGRAMA DE REPATRIACION DE MIGRANTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se restituyan por la SHCP los recursos destinados al programa de repatriación de migrantes, en apoyo de deportados por las garitas de Baja California, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando al titular del Ejecutivo federal, se restituyan los recursos para el programa de repatriación de migrantes, en apoyo a personas deportadas por las diversas garitas de Estados Unidos de América establecidas en el estado de Baja California, bajo los siguientes

Considerandos

Una de las particularidades que significan al estado de Baja California, es precisamente la migración, dada su posición geográfica, que lo hace colindar con el estado de California de los Estados Unidos de América.

La migración de ciudadanos de otras entidades del país, incluso de otras naciones y por tanto nacionalidades, es un hecho cotidiano, que hace a esta entidad un estado receptor de migrantes, y esto se ha tornado en un gran reto para el gobierno del estado y los propios gobiernos municipales involucrados en este tema. Particularmente a la autoridad estatal le exige crear condiciones y oportunidades para que las personas que migran tengan acceso al empleo, a la salud, a la educación y a los servicios que el gobierno debe otorgarles y también a ser apoyados para regresar a sus lugares de origen cuando así lo decidan.

Los bajacalifornianos podemos dar testimonio de la gran cantidad de personas de otras entidades del país que son deportadas diariamente por las autoridades de migración de los Estados Unidos de América; y que en un número importante solicitan apoyo para regresar a su estado natal para reincorporarse a su familia y continuar su búsqueda de bienestar y desarrollo.

Algo que ha caracterizado a los bajacalifornianos es su permanente generosidad, solidaridad y apoyo con nuestros hermanos de otras entidades del país que nos solicitan apoyos, pero también, hemos luchado por ser institucionales, para que los apoyos no sean una limosna o una dádiva, sino una actitud generosa y un método de servicio subsidiario hacia nuestros semejantes en el entendimiento de que lo que buscan es una vida plena y más digna.

De acuerdo a información hecha del conocimiento público en pasados días fueron recortados millones de pesos al Programa de Repatriación de Migrantes, derivado de un recorte presupuestal del gobierno federal de alrededor de veinte millones de pesos.

Para este año, más de 100 mil migrantes que son deportados anualmente por Baja California no recibirán apoyo económico para regresar a su lugar de origen.

En 2012, fueron deportados por las garitas mexicanas alrededor de 370 mil personas. Siendo de Baja California casi 126 mil de los cuales 66 mil fueron por Mexicali y 59 mil por Tijuana.

Las cifras hablan por sí mismas si las analizamos retrospectivamente ya que de 1995 a 2011 fueron deportados por Baja California 5 millones 108 mil 977 personas. Vale la pena destacar que dentro del mismo periodo 95-2011 el total general por las diversas garitas es de 12 millones 122 mil 137, lo cual indica por Baja California transitan casi 50 por ciento de los seres humanos que son deportados.

Se trata de personas en su mayoría de nacionalidad mexicana, que llegan sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir, muchas veces, deportados por las madrugadas.

De acuerdo a estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), alrededor de 300 personas son deportadas diariamente por Tijuana, cantidad que rebasa la capacidad de las autoridades.

Según datos del INM, a partir de que inició el Programa de Repatriación Humana (PRH) en 2007, se han atendido a más de 700 mil migrantes en los diferentes módulos de la región.

Aunque la cantidad de personas atendidas bajo este sistema ha ido en aumento, los esfuerzos resultan insuficientes ante la carencia de una política pública que atienda las diferentes aristas del problema.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha explicado los motivos de este recorte; por lo cual se hace necesario más allá de una explicación, el reconocimiento de la gravedad del problema y la oportunidad de mantener este programa.

Ante este escenario, expresamos nuestra preocupación por las decisiones unilaterales que el gobierno federal ha tomado al respecto, sin tomar en cuenta la realidad que vive el estado de Baja California en el rubro migratorio, decisiones centralistas como esta afectan gravemente la convivencia y el bienestar de los bajacalifornianos y de los migrantes, y además reconocemos y nos sumamos a las gestiones del gobernador del estado de Baja California ante la Secretaría de Gobernación federal, para que sean restituidos los recursos del fondo relacionados con el Programa de Repatriación de Migrantes.

En virtud de lo previamente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, LXII Legislatura, solicita al titular del Ejecutivo federal, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de restituir los recursos que ascienden a 20 millones de pesos, destinados para el Programa de Repatriación de Migrantes, operado por el Instituto Nacional de Migración, en apoyo a personas deportadas por las diversas garitas con sede en Baja California desde los Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.— Diputado Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Frontera Norte, para opinión.

ALBERTO PATISTHAN GOMEZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a indultar al ciudadano Alberto Patisthán Gómez, indígena tzotzil, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados a la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El profesor Alberto Patishtán Gómez, de familia indígena tzotzil y activista político del estado de Chiapas, es una víctima paradigmática de violación sistemática de los derechos humanos consagrados en nuestro texto constitucional y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.

Alberto Patishtán Gómez es actualmente el preso de conciencia mexicano más conocido en el mundo entero, su caso es defendido por organizaciones sociales y de derechos humanos de toda la república y muchos países del mundo han manifestado su apoyo y su interés por este caso emblemático de faltas al debido proceso, del uso faccioso de la procuración de justicia y de una carencia en el acceso a la justicia, lo cual resulta especialmente grave a la luz del artículo 2o. constitucional.

El profesor tzotzil ha purgado una pena de 13 años de prisión en forma injusta e inhumana en un penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en distintas prisiones del país al ser acusado por una emboscada en que murieron siete policías, pero que a decir de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas “la defensa demostró su inocencia”, como lo declaró públicamente el propio gobernador Juan Sabines Guerrero, hace más de dos años. A decir de muchas organizaciones de derechos humanos la verdadera causa por la que fue condenado a 60 años de cárcel fue por motivos políticos, ya que era considerado como un líder político “peligroso” por el presidente municipal Manuel Gómez Ruiz y por el diputado local Ramiro Miceli Maza.

A lo largo de estos 13 años de encarcelamiento nunca ha dejado de reclamar el reconocimiento de su inocencia, aun teniendo que recurrir a poner en riesgo su vida con huelgas de hambre y ayunos y no solamente buscando justicia, sino defendiendo los derechos de otros reos injustamente encarcelados como él, y siempre ayudando a sus compañeros de prisión a no desesperar y reivindicar justicia, siempre de forma pacífica y digna, y como parte del movimiento democrático magisterial.

Lamentablemente, los abusos, prejuicios, discriminación, explotación, sojuzgamiento y opresión siguen vigentes y nos recuerdan que las condiciones de exclusión social hacia los pueblos indígenas no han terminado, particularmente en Chiapas, donde hay una gran diferenciación racial, y donde la cárcel es el único refugio seguro para indígenas por delitos menores o por delitos que no se cometieron pero que la incriminación es más fácil que seguir las huellas de los verdaderos delincuentes.

Diputadas y diputados, las historias de injusticias hacia las comunidades indígenas siguen vivas. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, por mayoría, su incompetencia para analizar el Incidente de Reconocimiento de Inocencia presentado por el profesor Alberto Patishtán, puesto que no reunía los requisitos de interés y trascendencia necesarios para entrar a su análisis y el expediente se devolvió a un tribunal de circuito de Chiapas, para su resolución definitiva.

Hay que señalar que el proyecto de resolución fue presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero y avalado por el ministro Arturo Zaldívar, que consideraban que bajo el contexto de la reforma constitucional en derechos humanos y de diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, las pruebas que sustentaron la sentencia del profesor Patishtán carecen de validez.

Por las graves irregularidades en el proceso, sentencia y riesgos a su vida e integridad, el caso también fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2010, por violaciones principalmente a los artículos 8 y 25, entre otros, de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Por eso, la importancia de recordar a Rosario Castellanos, que con su percepción aguda en su obra Ciudad Real, nos sigue inquiriendo y nos recuerda que el caso Patishtán, es también un hecho del pasado y del presente, como una historia dolorosa que está en un rincón del tiempo estancado, y nos hace recordar una vez más que una cultura milenaria sigue sojuzgada y oprimida desde hace siglos y que nos clama justicia, y su derecho a existir.

Por último, y de conformidad con el último párrafo del inciso del artículo 102 de nuestra Constitución Política, someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en uso de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorgue el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez, indígena tzotzil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.— Diputado Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.