Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras diputadas y de los señores diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 310 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín(a las 11:24 horas): Se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 17 de abril de 2013

Lectura de las actas de la sesión solemne y anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de marzo de 2013, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2012.

Del Canal Once TV México, Instituto Politécnico Nacional

Con la que remite la información del Reporte de Contrataciones por Honorarios celebrados en la Administración Pública Federal, correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2013.

De la Secretaría de Gobernación

Con la que remite solicitud del permiso constitucional, para que las ciudadanas: Cintia Olivia Enciso Arauzo e Iris Eunice Martínez Robles, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dos, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusiónDe leyes y decretos

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXVII Bis al artículo 8o., y una fracción XV al artículo 20, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de áreas marinas protegidas.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 51, 62, 116 y 139 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, con proyecto de decreto que Expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales.

Dictámenes a discusiónDe puntos de acuerdo

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos Estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del Adulto Mayor.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de Octubre.

De la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos Congresos Estatales, para que aprueben el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, se establezca el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícitos de gas LP en el país.

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, revisen su legislación civil, a fin de aumentar la edad mínima para que ambos contrayentes puedan contraer matrimonio.

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que designe al Titular del Instituto Mexicano de la Juventud.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Desarrollo Integral de la Familia, constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niñas, niños y adolescentes sin compañía, que sean repatriados de los Estados Unidos de América y se promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de los Estados Unidos de América atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con cinco ciudadanos cubanos.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por conducto de la Procuraduría General de la República, solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al Gobierno de México, de los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las Islas Bermudas a Javier Villareal ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, a garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permita a los ciudadanos, el uso del espacio público con seguridad ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Gobierno y al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, brindar apoyo a los locatarios afectados por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, incorporar en su Programa Nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “Demarcaciones Prioritarias”.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, una opinión en la que se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en relación con la regularización de vivienda de las familias asentadas en el Fraccionamiento Rincón de las Flores en Reynosa, Tamaulipas.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT, Banobras, y Capufe, para eximir del cobro en la plaza 164 por la utilización del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicada en el Km. 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se solicita a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información relativa a las negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a niños expatriados.

De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones adoptar las medidas conducentes para asegurar que se brinde el debido seguimiento de atención de las quejas presentadas por los usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía móvil prestado por la compañía “Telcel” filial de “América Móvil”, el 26 de enero de 2013.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consolidar las áreas de servicio local correspondientes al Estado de Baja California.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos Estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades, a fin de aplicar programas de educación sexual a menores de edad en las escuelas del país.

De la Comisión de Asuntos Frontera Norte, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno de los Estados Unidos de América, destinar un número mayor de elementos en las garitas para agilizar los cruces fronterizos del norte del país.

Dictámenes a discusiónNegativos de iniciativas y minutas

De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso k) al artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación del Título Quinto y los artículos 127, 168 y 169 de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona los artículos Tercero y Cuarto Transitorios, al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil seis, por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII bis al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo Tercero Transitorio al diverso que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2006.

Iniciativas

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que expide la Ley Minera y de los Derechos Sociales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Aguayo López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 58, 63, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 231 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 25 y 149 de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Fernando Charleston Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 8o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 y adiciona los artículos 19 Bis y 19 Ter a la Ley de Migración, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 221-B a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3°, 7° y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6°, 25, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis 4 a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 199 Quintus del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 37 y 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 65, 66, 67 y 69 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Economía Social y Solidaria, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 153-T de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 233 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado José Luis Flores Méndez, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Consuelo Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por el diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 182-I del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 129, 130, 199 y 202 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 48 y 57 de la Ley General de Educación y 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Víctimas y abroga la vigente, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Seguro Universal de Salud, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 y 50 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Alimentación, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35, 49, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, y suscrita por el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5° de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, decrete a Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía respalda la Reforma Educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013 y exhorta a los congresos de los estados de Guerrero y Oaxaca, para que no promuevan legislaciones locales que eliminen sus efectos y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo en relación a los procesos electorales que se llevarán a cabo durante el 2013, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, a implementar un programa para colocar un escalón extra en el ascenso y descenso del transporte público, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor, realicen las acciones pertinentes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores “Dendroctonus Mexicanus”, así como “IPS Lecontei”, que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal del estado de Chihuahua, suscrito por la diputada Minerva Castillo Rodríguez y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales, que aún no han implementado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo hagan a la brevedad, a cargo de la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Ssa, para que establezca un programa emergente de atención dirigido a la población del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, a fin de ampliar y fortalecer la asistencia médica de las personas con insuficiencia renal crónica, a cargo de la diputada María Esther Garza Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, para que implemente las medidas administrativas y operativas necesarias, a fin de prevenir, controlar y erradicar el bullying, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efeméride.

Con motivo del 16 d eabril, conmemoración del 318 aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION SOLEMNE

El Presidente diputado José González Morfín: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión solemne.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

«Acta de la sesión Solemne celebrada el martes dieciséis de abril de dos mil trece, para hacer entrega de la medalla al mérito cooperativista y la economía social “guillermo álvarez macías”.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de doscientos cincuenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con cinco minutos del martes dieciséis de abril de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión solemne para hacer entrega de la Medalla al Mérito Cooperativista y la Economía Social “Guillermo Álvarez Macías”.

Desde sus respectivas curules los diputados: Eloy Cantú Segovia, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, José González Morfín, del Partido de Acción Nacional; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; y René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; condenan los trágicos hechos acontecidos en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos de América y expresan su solidaridad con las familias afectadas. La Mesa Directiva a través de su Presidente hace suyo el pronunciamiento del diputado Eloy Cantú Segovia y los diputados de los diversos Grupos Parlamentarios

El Presidente da la bienvenida a los invitados especiales a la Sesión Solemne.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, Presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

El Presidente invita a la Asamblea a ponerse de pie.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Cámara de Diputados, hace entrega de la Medalla al Mérito Cooperativista y Economía Social “Guillermo Álvarez Macías”, al ciudadano Manuel Velázquez Hernández, a quien, acto seguido, se concede el uso de la palabra.

Puestos todos de pie, se entona el Himno Nacional.

A las once horas con treinta y cuatro minutos, el Presidente levanta la Sesión Solemne y solicita a la Asamblea permanecer en sus lugares para iniciar la Sesión Ordinaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobada el acta de la sesión solemne.

Ahora si me ayuda la Secretaría, sometiendo a discusión el acta de la sesión anterior.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dieciséis de abril de dos mil trece, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la sexagésima segunda legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos treinta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con treinta y seis minutos del martes dieciséis de abril de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita el retiro de los registros de la Comisión de Justicia, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero, y adiciona los artículos dos Bis, y cuatro Bis a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, presentada el siete de febrero de dos mil trece.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita el retiro de los registros de las Comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Asuntos Indígenas, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el siete de febrero de dos mil trece.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Comisión de Gobernación:

• Dos, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

• Dos, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso. Se remiten a los promoventes para su conocimiento.

c) Del diputado Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a iniciativas en materia de empréstitos. Se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y a la Cámara de Senadores.

d) De la Cámara de Senadores, con las que remite:

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el presupuesto del año dos mil catorce se contemple una partida especial para la ampliación, servicios y mantenimiento del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense, presentada por el senador Sofío Ramírez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

• Minuta con proyecto de decreto que adiciona el inciso c) de la fracción segunda del artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley General de Bienes Nacionales. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Justicia, que reforma, deroga  y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, y reforma el primer párrafo del artículo ciento ochenta y dos-R del Código Federal de Procedimientos Penales. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática; Karina Labastida Sotelo, del Partido de Acción Nacional; y María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro del dictamen los diputados: Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; y Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo.

A las doce horas con treinta minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos sesenta y dos diputadas y diputados.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos cuarenta y ocho votos a favor; y tres abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, y reforma el primer párrafo del artículo ciento ochenta y dos-R del Código Federal de Procedimientos Penales. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) De Asuntos Migratorios, que reforma los artículos veinte, veinticinco, sesenta y nueve, y ciento siete de la Ley de Migración. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Amalia Dolores García Medina. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática; Raúl Gómez Ramírez, del Partido de Acción Nacional; y José Everardo Nava Gómez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y siete votos, se aprueba el proyecto de decreto que reforma los artículos veinte, veinticinco, sesenta y nueve, y ciento siete de la Ley de Migración. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se modifica la denominación de la Comisión Especial que Atiende los Asuntos Relacionados con las Ciudades Patrimonio de la Nación Reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para quedar como Comisión Especial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Por el que se crea la Comisión Especial de Fortalecimiento a la Educación Superior y la Competitividad. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Por el que se propone que la Presidencia de la Comisión de Investigación para la Revisión del Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, sea rotatoria.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento y moción de ilustración los diputados: Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Roberto López Suárez, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Charleston Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional; y Trinidad Secundino Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática.

Se somete a discusión el acuerdo e intervienen en contra los diputados: Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Partido de Acción Nacional; e intervienen en pro los diputados: Fernando Charleston Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, quien acepta interpelación del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; y Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México. Intervienen para responder alusiones personales los diputados: José Rangel Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelaciones de los diputados Roberto Carlos Reyes Gámiz, y Fernando Belaunzarán Méndez, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica no se considera suficientemente discutido e intervienen en contra los diputados: Roberto López Suárez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. En votación nominal por doscientos treinta votos a favor; y doscientos treinta y tres en contra, se rechaza el acuerdo.

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

• Relativo a cambios de integrantes de Comisiones Ordinarias y Especiales. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

Se continúa con la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

c) De Fomento Cooperativo y Economía Social, que reforma el artículo seis de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Luis Olvera Correa. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México; Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática; y Brasil Alberto Acosta Peña, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos veintinueve votos a favor; y tres abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto decreto que reforma el artículo seis de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

d) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona los artículos treinta y seis, treinta y siete Bis, y treinta y siete Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Lourdes Adriana López Moreno. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; José Luis Esquivel Zalpa, del Partido de la Revolución Democrática; y María Isabel Ortiz Mantilla, del Partido de Acción Nacional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos treinta y ocho votos a favor; y dos abstenciones se aprueba el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos treinta y seis, treinta y siete Bis, y treinta y siete Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyectos de decreto:

• María Guadalupe Sánchez Santiago, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veintinueve, ciento siete, y ciento cuarenta de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos tercero y diecinueve de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Mauricio Sahui Rivero, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo doscientos cuarenta Bis y reforma el artículo doscientos cuarenta y uno del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• María Guadalupe Sánchez Santiago, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos setenta y tres, y ciento diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos setenta y tres, y ciento diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a distintas dependencias del gobierno federal, para que se intervengan y se corrija la tendencia a la evasión fiscal generalizada, propiciada con la transición a la facturación digital que se inició con el presente año. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, Federal y del estado de Baja California, para que se establezcan acciones de prevención y atención de la enfermedad denominada Rickettsia. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que establezca el diecisiete de mayo como Día Internacional contra la Homofobia. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que coadyuve en la aceptación y cumplimiento de la recomendación 007/2013 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,así mismo, se exhorta al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, para acepten y cumplan con las similares que se dirigen al Poder Judicial capitalino. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que incorpore como parte de sus objetivos el combate a la obesidad infantil. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas locales, para que en el nivel básico escolar se fortalezca la enseñanza de las fechas cívicas como parte integral del valor de nuestra historia conmemorativa como nación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Leonor Romero Sevilla, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional y a la Procuraduría General de la República, para que instrumenten las acciones correspondientes para disminuir los secuestros a ganaderos del país. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, relativo a la adquisición del edificio del Instituto Federal Electoral. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• María de Jesús Huerta Rea, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que implemente en los libros de texto gratuitos, un capítulo específico de la cultura alimentaria y nutricional. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que lleve a cabo un Programa permanente de vigilancia en las fronteras, puertos y aeropuertos del país, a fin de evitar el tráfico de personas, de órganos y en general, de cualquier comisión de delitos. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al Tribunal Superior de Justicia y a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, para que cumplan con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sobre el caso de violaciones a derechos humanos en el contexto del operativo policial del primero de diciembre de dos mil doce. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Noé Barrueta Barón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Economía, para que en las Reglas de Operación del Fondo Pequeñas y Medianas Empresas, aumente los montos de apoyo dentro del Programa para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para que los industriales de la cadena productiva maíz-tortilla, puedan acceder a un mayor financiamiento para la modernización de su industria. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática, para instruir a la Auditoria Superior de la Federación y exhortar al Ejecutivo Federal a fin de que se realice una exhaustiva investigación y determinar las probables responsabilidades en torno a los sobreprecios y retrasos en la conclusión de la obra “Túnel Emisor Oriente“. Se turna a las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Cristina Ruíz Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional, relativo al Día Internacional en memoria de las Víctimas del Holocausto. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la SE y al Fideicomiso México Emprende, para que se entregue al Gobierno del estado de Oaxaca, los recursos comprometidos en el Fondo de Apoyo a Migrantes. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que se sume al esfuerzo realizado por el Gobierno del Distrito Federal, quien, en coordinación con la Delegación Iztapalapa, ha destinado una inversión para resolver el problema del agua en la demarcación. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se anule toda concesión otorgada a la Minera Canadiense Esperanza Resources Corporation, dada la afectación ambiental, social y cultural que genera la explotación de minerales a cielo abierto en las comunidades que rodean el área arqueológica de Xochicalco, estado de Morelos. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, para dictamen.

• Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se hace un llamado a la Secretaría de Gobernación, a ser coadyuvante en el proceso de normatividad democrática entre el gobierno del estado de México y las organizaciones sociales, que preserven el desarrollo social. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

El Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar mañana miércoles diecisiete de abril de dos mil trece, a las once horas y levanta la sesión a las dieciséis horas con nueve minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobada el acta de la sesión anterior.

Han solicitado hacer uso de la voz, primero el diputado Alberto Curi Naime y después el diputado Alfonso Durazo, en ese orden.

La diputada Luisa María Alcalde Luján(desde la curul): Presidente, también solicito el uso de la voz.

El Presidente diputado José González Morfín: También, sí. Diputado Curi Naime.

PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ

El diputado Alberto Curi Naime(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Quisiera rogarle pudiera invitar a esta asamblea a guardar un minuto de silencio para rendir un sentido homenaje a la memoria de don Pedro Ramírez Vázquez, quien, como todos ustedes saben, fue un arquitecto, diseñador gráfico, servidor público y excepcional humanista que contribuyó con su talento a conformar el perfil del México moderno.

Don Pedro se ha ido físicamente, pero aquí quedan sus obras, espléndidos proyectos que nos dotaron de una fisonomía urbanística propia, en diálogo permanente con las grandes corrientes arquitectónicas mundiales, pero plenamente mexicana. Obras que hoy constituyen un símbolo representativo de nuestro país. Estadios deportivos, museos, escuelas, recintos culturales y religiosos; edificios públicos, como este Palacio Legislativo, dan testimonio de su fehaciente e infatigable creatividad.

Don Pedro Ramírez Vázquez actúo siempre con una gran pasión, con un gran profesionalismo, pero sobre todo actuó con un enorme amor a México.

En tal virtud, diputado presidente, quisiera rogarle pudiera invitar a esta asamblea a que en su memoria guardáramos un minuto de silencio. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Esta Presidencia hace suyos todos los comentarios —y creo que la Mesa Directiva en su conjunto— del diputado Curi Naime.

Antes de dar la palabra a otros dos compañeros que han solicitado el uso de la misma, voy a pedir a todos los presentes que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio en la memoria del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

(Minuto de silencio)

EXPLOSION EN EDIFICIO DE PEMEX

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Alfonso Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Gracias, presidente. El día de ayer expresábamos merecidamente nuestra solidaridad por la tragedia de Boston. Hoy las autoridades norteamericanas adelantan líneas de investigación y eventualmente detenidos.

Ello me lleva a recordar que hace dos meses y medio sucedió aquí, en nuestro país, la tragedia de Pemex con dimensiones lamentablemente mucho mayores que las de ayer en Boston y que, a dos meses y medio de la investigación, no tenemos todavía información de las autoridades.

Así es que quiero aprovechar la oportunidad que me brinda para hacer un llamado a las autoridades de la PGR, de la Secretaría de Gobernación y del gobierno federal, en su conjunto, para que nos proporcionen información sobre los avances de la investigación.

Me parece correcto el llamado de las autoridades a no especular sobre las causas, pero si no hay información adecuada y oportuna tenemos derecho a especular, y a suponer, cuando menos, que la investigación está en el limbo o que las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad para proporcionar a la sociedad la información procedente.

Por esta razón, presidente, expreso ese planteamiento a las autoridades y ojalá la Mesa Directiva pudiera hacer suyo también este llamado para darle mayor eficacia a esta convocatoria. Muchas gracias por su atención, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Su planteamiento ya forma parte del Diario de los Debates y llevaré el tema, con mucho gusto, a la Mesa Directiva.

TRABADORES MUERTOS EN LA CERVECERIA MODELO

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Luisa María Alcalde, por favor.

La diputada Luisa María Alcalde Luján(desde la curul): Muchas gracias, presidente. También es una solicitud de información. Me parece muy importante no dejar pasar los hechos sucedidos con los siete trabajadores del grupo Modelo que fallecieron en las instalaciones.

Han pasado ya 10 días y seguimos sin tener mayor información con respecto a las causas, ya sea de las autoridades o de la empresa. Pero sobre todo, no tenemos garantía de que los trabajadores que siguen laborando cuentan con condiciones de trabajo que les permitan garantizar su seguridad y que no vaya a suceder un hecho como el que ya sucedió.

Por eso esperamos que en la Mesa Directiva tomen igualmente este tema y podamos solicitar información que nos permita estar tranquilos a este respecto. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Con mucho gusto también llevaré el planeamiento a la Mesa Directiva.

ATENTADO AL PERIODICO MURAL, EN JALISCO

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena.

La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena(desde la curul): Gracias, presidente. Esta mañana quiero condenar los hechos ocurridos esta madrugada contra las instalaciones del periódico Mural, en Jalisco. Estos hechos lamentablemente han ocurrido con dos artefactos explosivos en contra de este medio de comunicación, motivo por el cual exijo al gobierno de Jalisco que salvaguarde la seguridad de las familias jaliscienses y garantice la libertad de expresión. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. También su intervención forma parte ya del Diario de los Debates.

Continúe la Secretaría.

PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2013

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de marzo de 2013, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de 2012.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 15 de abril de 2013.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

CANAL ONCE TV MEXICO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Canal Once Tv México.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento a los artículos 1o. del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 283 del Reglamento de la misma, me permito enviar a usted en forma impresa, la información de XEIPN Canal Once del reporte de contrataciones por honorarios celebrados en la administración pública federal, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, relacionado con el informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública.

Agradezco su atención y sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 15 de abril de 2013.— MBA José Concepción Reyes Aquino (rúbrica), director de Administración y Finanzas.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PERMISO PARA QUE CIUDADANAS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN SEDES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0578/13, el licenciado Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Iris Eunice Martínez Robles.

Puesto: Operadora de teléfono.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Cintia Olivia Enciso Arauzo

Puesto: Auxiliar Contable

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 12 de abril de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

SUSTITUCION DE LOS TOPES EN LAS CARRETERAS POR OTRAS OPCIONES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-1133, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 1.3.- 209/ 2013, suscrito por el maestro Gemi José González López, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la sustitución de los topes en las carreteras por otras opciones, como desaceleradores, para preservar la seguridad de los usuarios y peatones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de abril de 2013.— Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/347/13, del 5 de marzo de 2013, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remite copia del punto de acuerdo, aprobado en la sesión celebrada el 5 de marzo de 2013 por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito a continuación:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes a implantar acciones destinadas a retirar los topes en carretera que no sean estrictamente necesarios, y sustituir los que son indispensables para preservar la seguridad de usuarios y peatones por otras opciones, como desaceleradores, que no obliguen a los usuarios a detenerse.

En atención de ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el licenciado Alejandro Fernández Campillo, director general de Conservación de Carreteras, mediante el oficio número 3.2.306.- 048/13, del 13 de marzo de 2013, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de abril de 2013.— Maestro Gemi José González López (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Gemi José González López, director general de Vinculación.— Presente.

Hago referencia a su atento oficio número DGPL 62-II-8-1133, del 7 de marzo de 2013, que dirigió usted al subsecretario de Infraestructura, mediante el cual solicita dar respuesta al planteamiento que hizo el presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados al secretario de Gobernación sobre la aprobación del acuerdo siguiente:

Único. La Cámara Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes a implantar acciones destinadas a retirar los topes en carretera que no sean estrictamente necesarios, y sustituir los que son indispensables para preservar la seguridad de usuarios y peatones por otras opciones, como desaceleradores, que no obliguen a los usuarios detenerse.

Al respecto, le comunico que mediante el oficio circular número 3.2.306.- 047, dirigido a los directores generales de los Centros SCT, del que se anexa copia, se les solicitó dar atención puntual a este acuerdo, mediante la implantación de un programa de retiro de topes en los sitios donde no se requieran, así como la sustitución de topes por reductores de velocidad, en los casos en que se deba salvaguardar la seguridad de los usuarios con una correcta operación del sitio o tramo donde haya algún conflicto entre el tránsito de vehículos, peatones y ciclistas, para lograr una mejor convivencia entre conductores y peatones.

Se les solicitó asimismo que remitieran un informe de las acciones que se vayan realizando, a fin de dar el seguimiento respectivo a este asunto.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de marzo de 2013.— Licenciado Alejandro Fernández Campillo (rúbrica), director general de Conservación de Carreteras.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Directores Generales de los Centros SCT.— Presentes.

Con fecha 7 de marzo de 2013 se recibió en la Subsecretaría de Infraestructura copia del oficio número DGPL 62-II-8-1133, con el que el presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados comunica al secretario de Gobernación sobre la aprobación del acuerdo que se transcribe a continuación:

Único. La Cámara Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Comunicaciones y Transportes a implantar acciones destinadas a retirar los topes en carretera que no sean estrictamente necesarios, y sustituir los que son indispensables para preservar la seguridad de usuarios y peatones por otras opciones, como desaceleradores, que no obliguen a los usuarios detenerse.

Al respecto, con objeto de dar atención puntual a este acuerdo, le agradeceré que instruya al jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos y al residente general de Conservación de Carreteras, para que en conjunto lleven a cabo el análisis correspondiente en la red federal de carreteras libres, jurisdicción de ese Centro SCT, a fin de que se implante un programa de retiro de topes donde no se requieran y, en su caso, instalando la señalización adecuada; asimismo, para que se sustituyan los topes por reductores de velocidad en los casos en que se deba salvaguardar la seguridad de los usuarios con una correcta operación del sitio o tramo donde haya algún conflicto entre el tránsito de vehículos, peatones y ciclistas, logrando con ello una mejor convivencia entre conductores y peatones.

Para que estos dispositivos sean instalados de conformidad con la normativa de esta secretaría, es necesario que los reductores de velocidad sean construidos de acuerdo con lo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, “Señalamiento vertical y horizontal en carreteras y vialidades urbanas”, especialmente en los incisos 5.2.9, 5.8.2 y 5.9; así como lo que se indica en las Normas N.PRY.CAR.10.04.001, “Ejecución de proyectos de dispositivos de seguridad”, y P.PRY.CAR.10.04.006, “Dispositivos para el control de la velocidad y alertadores de salida del camino”, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte.

Le agradeceré que se remita un informe de las acciones que se vayan realizando, que incluyan fotografía de antes, durante y después, a fin de dar el seguimiento respectivo a este asunto.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de marzo de 2013.— Licenciado Alejandro Fernández Campillo (rúbrica), director general de Conservación de Carreteras.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

ENFERMEDAD DEL HUANGLONGBING (HLB)

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-1005 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.247/2013 suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como del anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a emitir la declaratoria de emergencia fitosanitaria por la presencia de la enfermedad del huanglongbing (HLB) en los cultivos de cítricos, también se destinen los recursos para implementar un programa encaminado a combatir el HLB, en el estado de Colima.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de abril de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a la solicitud de información que hace la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión con relación al punto de acuerdo aprobado en la Junta de Coordinación Política, el día 19 de febrero de 2013, el cual contiene el siguiente resolutivo:

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, emita la declaración de emergencia fitosanitaria por la presencia y afectaciones de la enfermedad del huanglongbing (HLB) en los cultivos de cítricos en el estado de Colima.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en concurrencia en el estado de Colima y con base en el Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2013 del componente “Sanidad” contenido en el “Programa de Contención y Manejo de Riesgos” del Programa Especial Concurrente, se destinen los recursos suficientes para implementar un programa emergente encaminado a combatir el HLB en el estado de Colima.

Me permito hacerle llegar copia del oficio número 800.05.02.-02280 del 06 de marzo del presente, elaborado por la Dirección de Procedimientos Administrativos, Convenios y Contratos dependiente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de abril de 2013.— Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Héctor René García Quiñones, coordinador general de Enlace Sectorial.— Presente.

Me refiero a su solicitud de comentarios relacionados con el punto de acuerdo aprobado en la Junta de Coordinación Política, en la sesión ordinaria del martes 19 de febrero 2013; que contiene los siguientes resolutivos:

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, emita la declaratoria de emergencia fitosanitaria por la presencia y afectación de la enfermedad del huanglongbing (HLB) en los cultivos de cítricos en el estado de Colima.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en concurrencia en el gobierno del estado de Colima y con base en el Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2013, del componente “Sanidades” contenido en el “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos” del Programa Especial Concurrente, se destinen recursos suficientes para implementar un programa emergente encaminado a combatir el HLB en el estado de Colima.

Sobre el particular, le comento que de conformidad con la consulta realizada al área técnica y operativa de este Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senesica, (Dirección General de Sanidad Vegetal), se vierten los siguientes comentarios:

En referencia al primer resolutivo, es importante comentar que no es necesario publicar una declaratoria de emergencia, ya que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de agosto del 2010, el “acuerdo por el que se da a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del huanglongbing (HLB) y su vector”, asimismo, con fecha 31 de octubre del 2012 se publico el “aviso por el que se dan a conocer las zonas bajo control fitosanitario por presencia del huanglongbing (HLB)” que incluye al estado de Colima, por lo que se deberán aplicar las medidas fitosanitarias antes citadas, siendo importante señalar que ambos son de carácter permanente.

Con estos instrumentos se considera que se tiene la sustentabilidad jurídica necesaria para realizar acciones de control y erradicación el estado de Colima, así como transferir los recursos necesarios para su operación.

Con relación al segundo resolutivo, el Senasica, a través de la dirección en jefe, celebró un convenio de concertación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del estado de Colima por 22 millones de pesos para realizar las acciones fitosanitarias que correspondan para el control contra el huanglongbing (HLB) y su vector, el psílido asiático de los cítricos, en el estado de Colima. Cabe señalar que el sábado 23 de febrero del año en curso, durante la sesión de la Comisión de Agricultura del Senado, celebrada en Tecomán, Colima fueron anunciados por los representantes de las diferentes instituciones participantes, otros apoyos para implantar acciones encaminadas para combatir los efectos de esta enfermedad en Colima.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de marzo de 2013.— Licenciada Maricela Lecuona González (rúbrica), directora general Jurídica.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL - LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE - LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS - LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE - LEY DE AGUAS NACIONALES - CODIGO PENAL FEDERAL - LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS - LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley General de Bienes Nacionales.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Vida Silvestre, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de Aguas Nacionales, así como del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por artículos 71, fracción II, 72 inciso E), 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. El 25 de agosto de 2010, el senador Arturo Escobar y Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis, discusión y elaboración del dictamen correspondiente.

3. Con fecha 6 de diciembre de 2011 fue aprobado por la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental por el Pleno de la Cámara de Senadores.

4.El 8 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5.El 26 de febrero de 2013 se recibió opinión de la Comisión de Marina con respecto a la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en la cual se establece que deberá dictaminarse en sentido positivo la Minuta en comento.

6.El 21 de marzo de 2013 se recibió opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con respecto a la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidad Ambiental, la cual fue a favor de la Minuta en comento.

II. Contenido de la minuta

Los legisladores que integran este Honorable Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciativa, el cual se sustenta en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así también este congreso tiene la facultad que le confiere el Artículo 73 fracción XXIX–G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Así las cosas, una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior, y los requerimientos contenidos dentro del asunto en estudio, estas Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Justicia, estiman que la Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad, cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica para su dictaminación y que son los siguientes:

• Ser formulada por escrito.

• Tener un titulo.

• Contener el nombre de las comisiones que remiten la minuta.

• Una parte dentro del dictamen que establece antecedentes, contenido de iniciativa y consideraciones.

• El texto legal que se propone.

• El Artículo transitorio que señala la entrada en vigor.

• Ser publicada en gaceta parlamentaria.

En cuanto al contenido sustancial de la minuta sujeta al presente proceso de dictamen proponen regular la responsabilidad ambiental por daños ocasionados al ambiente, para respetar la garantía a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los individuos.

Señala que se consideran de utilidad pública la reparación del daño ocasionado al ambiente y la compensación ambiental. El procedimiento de responsabilidad ambiental es de orden público e interés social.

Para los efectos de la responsabilidad ambiental y penal, establece que no se considerarán adversas las pérdidas, deterioros, menoscabos, afectaciones o modificaciones que hayan sido claramente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental.

Define que son daños ocasionados al ambiente, aquellos que se susciten a causa de conductas reguladas por leyes u ordenamientos de carácter general federales, respecto a materias de competencia federal.

Pretende que las personas morales sean responsables de los daños al medio ambiente, que sean ocasionados por sus representantes, administradores, socios, gerentes, directores o empleados, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas.

Prevé un trato diferenciado y con amplios beneficios jurídicos para aquellas empresas y personas que, aún y cuando han ocasionado un daño al ambiente, en forma dolosa e ilícita en el pasado, se han esforzado por cumplir las normas ambientales obteniendo certificados de cumplimiento en auditoría ambiental, desarrollando capacitación ambiental interna y contratación de seguros de daños.

Impulsa y privilegia la solución de los conflictos producidos por el daño ambiental mediante el diálogo y la concertación.

Se impulsa la Justicia Alternativa otorgando beneficios de reducción de las multas administrativas de la Profepa, y las penas judiciales de prisión, desactivando también la sanción económica judicial para aquellas personas que siendo responsables de producir un daño, opten por repararlo de manera voluntaria yconcertada con la autoridad ambiental y la supervisión judicial.

Faculta a la Semarnat para accionar eficaz e inmediatamente frente al daño ambiental producido por infractores, sin necesidad de esperar una sentencia judicial.

Legitima a las Procuradurías ambientales locales para defender judicialmente el daño producido en su jurisdicción territorial, como co-litigantes de la Profepa, incentivando con ello la coordinación interinstitucional en la defensa del medio ambiente.

Se legitima a los miembros de la comunidad para demandar la responsabilidad ambiental, respetando las normas previstas por la legislación ambiental desde 1996. Es decir, estarán legitimados y podrán accionar judicialmente quienes sean miembros de la comunidad afectada por el daño producido su entorno ecológico inmediato.

Se regula la técnica etapa de sentencia judicial y su ejecución, previendo el auxilio del Juez para tal efecto mediante la intervención de las autoridades ambientales.

Se plantean reformas complementarias a otras Leyes Ambientales o de incidencia ambiental como: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y del Código Penal Federal, con el objeto de concentrar en esta, todo el régimen de responsabilidad ambiental.

III. Consideraciones

México ha asumido varios compromisos en el ámbito internacional en relación al desarrollo y establecimiento de normatividad enfocada a la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente. Nuestra Nación se ha caracterizado por adoptar una posición fomentadora de la protección y preservación del medio ambiente en varios espacios y foros internacionales. Los objetivos y metas de los mismos se encaminan a garantizar el derecho a un medio ambiente sano, y los correspondientes medios para su goce y pleno ejercicio.

Recordemos que la primera conferencia mundial en la que se debatieron los problemas ambientales planetarios, vinculó al medio ambiente y al hombre, ubicando a éste como centro de las preocupaciones de la comunidad internacional. Por ello, la Conferencia de Estocolmo de 1972, fue convocada bajo el título oficial de Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano. De esta Conferencia surgió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual, se dio la tarea de cooperar con los países miembros para resolver los problemas de contaminación, tanto regionales como subregionales y nacionales, en los terrenos técnico y económico-social.

A pesar de la celebración de esta conferencia mundial y de todos los acuerdos y tratados ratificados por México desde entonces, la normatividad mexicana no responde aún a las expectativas de justicia de las comunidades y de la sociedad, y no garantiza en los hechos la efectiva aplicación de las normas y leyes ambientales vigentes en nuestro país.

Prueba de ello son los múltiples casos de contaminación que se han registrado en territorio nacional durante los últimos años; Un sinnúmero de acontecimientos han tenido como resultado la contaminación de cuerpos de agua, suelo, subsuelo y acuíferos. Son públicos los casos de emisiones de contaminantes que impactan a sectores amplios de la sociedad, descargas ilícitas de aguas residuales, desecho clandestino de residuos peligrosos, encallamiento de embarcaciones en bancos de coral dentro de áreas naturales protegidas, así como la construcción ilegal de proyectos sobre manglares y en zonas en las que se ocasiona la deforestación y el cambio de uso de suelo de nuestros bosques y selvas.

En efecto, México ha acumulado por décadas experiencias de pérdida, deterioro, y afectaciones negativas de sus recursos naturales, hábitat y ecosistemas, atribuidas a sujetos y empresas individualmente determinados, suficientes para afirmar la necesidad de un nuevo régimen jurídico de responsabilidad ambiental, adecuado y congruente a las características del daño medioambiental. Sucesos de trascendencia internacional, como los derrames petroleros del pozo Ixtoc I, en junio de 1979, superado en magnitud únicamente por los derrames provocados en la Guerra del Golfo Pérsico, o el impacto ambiental ocasionado por la empresa British Petroleum en el Golfo de México, evidencian lo anterior.

El estudio comparado de los sistemas jurídicos de países tanto de Norteamérica, América Latina, como de Europa, nos ilustra con respuestas legislativas aplicables pero aún ausentes en México. Desde el año 2000, la Unión Europea establece la estructura de un régimen comunitario de responsabilidad ambiental, encaminado a la aplicación del principio de “ quien contamina paga”, que tiene por objeto obligar al causante de daños al ambiente a su reparación.

De igual manera, en octubre del 2007, España expidió la Ley de Responsabilidad Medioambiental misma que regula la prevención y reparación de daños medioambientales.

Por todo lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras concluyen que resulta de la mayor trascendencia legislar para que las aspiraciones de justicia, y el compromiso de México frente a sus ciudadanos y la comunidad internacional, se traduzcan en un sistema jurisdiccional que atienda con toda eficacia, los conflictos sociales producidos por los daños que se ocasionan al ambiente.

Es importante mencionar, que cada uno de los mecanismos de justicia vigentes en México, sean administrativos, civiles, penales o de cumplimiento voluntario tiene una naturaleza, objetivos y alcances particulares. El procedimiento seguido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se ve acotado por los principios orientadores del Derecho Administrativo, mientras que los seguidos por la comisión de delitos obedecen a los estrictos principios del derecho punitivo dado a que implican la privación de la libertad del individuo. Aunado a lo anterior, dichos procedimientos no permiten el acceso directo de los ciudadanos a los tribunales. En ambos casos, la legislación interpone a una institución pública, entre la ciudadanía y el órgano resolutor del conflicto, que no siempre puede o quiere atender a las demandas ciudadanas.

Estas comisiones dictaminadoras consideran que el sistema de justicia ambiental que se propone en la minuta que contiene el decreto de creación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, no busca la repetición de aquello que puede ser logrado en términos de justicia ambiental, a través de los procedimientos vigentes. Por el contrario, pretende ampliar los instrumentos resolutores de los conflictos ambientales, con posibilidades jurídicas y procesales indispensables y hasta ahora inexistentes en nuestro sistema jurídico, que resuelven lo que lo que la responsabilidad administrativa, civil o penal no ha podido atender.

En este orden de ideas, consideramos queel derecho y sus instituciones, no pueden permanecer estáticos, sino que por el contrario deben evolucionar para adecuarse a problemáticas y realidades sociales que no existían hasta hace algunas décadas, siendo necesario que el legislador especialice el sistema jurídico y procesal, precisando conceptos tan fundamentales como el de daño, reparación y compensación especial en materia ambiental, que ayuden al órgano jurisdiccional -no especializado- a resolver los conflictos sociales, otorgando al mismo tiempo certeza a todos los actores que interactúan en la sociedad. Ni la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ni ninguna otra ley ambiental han resuelto estos cuestionamientos tan básicos y esenciales, para otorgar certidumbre jurídica tanto a empresas y ciudadanos, como a las propias autoridades ambientales.

En aras de dar cumplimiento a nuestros diversos compromisos establecidos en los acuerdos internacionales de los cuales somos parte, debemos avanzar en el empoderamiento ciudadano y la intervención directa del poder judicial, sin escatimar ni restringir las pretensiones procesales del individuo o la colectividad, de manera congruente con las reformas constitucionales publicadas durante el año 2011 en materia de derechos humanos, juicio de amparo, acción colectiva y justicia alternativa, así como los avances en el reconocimiento del interés legítimo en materia contenciosa administrativa, e incluso en el nuevo sistema penal acusatorio que se implementa en el país.

Aunado a lo anterior, recordemos que este Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la reforma al artículo 4o. de nuestra Constitución Política en materia de Derecho Ambiental y Derecho al Agua, la cual establece que: “El daño y deterioro ambiental generara responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”, decreto en el cual el propio Congreso determinó dentro del Segundo Artículo Transitorio que las disposiciones relativas a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y el deterioro ambiental se incorporaran al marco jurídico nacional dentro de los 180 días a partir de su entrada en vigor. La Minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental cumple con este mandato.

La minuta que contiene el proyecto de decreto de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), define por primera vez en la historia legislativa de nuestro país, el concepto de daño ocasionado al ambiente y determina quienes serán los sujetos legitimados para exigir su reparación, restauración o compensación, privilegiando en todo momento el interés general y la preservación de los elementos naturales.

Aunado a lo anterior , unificalos conceptos de daño, reparación y compensación ambiental, para efectos de todos los procedimientos legales: administrativos, penales y de acción colectiva. En este sentido, se convierte en el primer ordenamiento jurídico unificador, por lo que se evitará que las resoluciones de la Profepa, Semarnat, las de los jueces civiles, de amparo y ahora los que conozcan de acciones colectivas sean contradictorias o divergentes. Consideramos que con ello se avanza en la certeza jurídica que exige la ciudadanía.

Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la colegisladora al consideran necesario establecer un concepto único de daño ambiental, de reparación y compensación que sea adecuados a la dinámica en la materia, plazos de prescripción, formas y sujetos de legitimación que respondan a la realidad socio-ecológica mexicana, figuras preventivas que realmente desincentiven las conductas dolosas que atentan en contra del entorno, regulación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, reparación de daños, hipótesis de solidaridad, subsidiariedad, carga de la prueba, medios de prueba, auxilio a la autoridad judicial por los órganos técnicos, entre una larga lista de tópicos altamente especializados.

La minuta objeto de estudio de estas comisiones dictaminadoras, es totalmente complementaria y congruente con reformas constitucionales ya aprobadas por el Congreso de la Unión en materia de acciones colectivas y de mecanismos alternativos de solución de controversias.

En efecto, la modificación del Artículo 17 constitucional introdujo dos figuras que han sido abordadas por el dictamen de la minuta que se pone a consideración de la asamblea: las acciones colectivas y los mecanismos alternativos de solución de controversias. El texto constitucional prevé:

• El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

• Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

En este sentido, coincidimos con la colegisladora en el hecho de que el texto que se propone no busca crear un sistema exclusivamente punitivo, sino que por el contrario introduce diversos incentivos para que los conflictos jurídicos y sociales ocasionados por el daño ambiental, sean resueltos primordialmente a través de mecanismos alternativos a los que hace referencia el párrafo cuarto del Artículo 17 constitucional, además de orientar la política ambiental hacia la prevención de los daños.

Atento a lo anterior, en el presente dictamen se reconoce a toda persona el derecho de resolver las controversias de carácter jurídico y social que se ocasionen por la producción de daños y riesgos al ambiente, a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten las alternativas de solución que resulten ambientalmente y socialmente más positivas, siempre con la participación que corresponde a la Autoridad Ambiental para salvaguardar el interés general.

Esta comisión dictaminadora considera que se deben realizar algunas modificaciones a la minuta en estudio, en virtud de que se han realizado reformas a diversos cuerpos legislativos a los que se debe hacer referencia en la presente Ley, así como actualizar algunos conceptos a efecto de hacerlos congruentes con las reformas recientemente expedidas.

En primer término, en el artículo primero de la minuta que se dictamina, se establece el concepto de “medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona”, a efecto de que sea congruente con las reformas al artículo cuarto constitucional recientemente.

En segundo término, en el artículo segundo, se incluye dentro de las definiciones de Leyes Ambientales, a laLey de Cambio Climático y la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideramos que el monto de la sanción económica prevista en la presente Ley para las personas morales, la cual es accesoria a la reparación o compensación del daño ocasionado al ambiente, es excesiva por lo que podría provocar un impacto en la pequeña y mediana empresa, así como en la inversión extranjera directa, por lo que proponemos disminuir la sanción establecido por la Colegisladora.

El plazo de prescripción a que hace referencia el artículo 29 de la minuta objeto del presente dictamen, debe reducirse a doce años a partir del día en que se produzca el daño y sus efectos.

Con el objeto de que la presente Ley no tenga un impacto presupuestal para el Estado, proponemos la eliminación del segundo párrafo del artículo segundo transitorio de la minuta que se dictamina, el cual establece que el Fondo Ambiental iniciará con un monto de 50 millones de pesos.

Finalmente, establecemos la precisión en el artículo tercero transitorio, que la Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en funciones en cada circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el Consejo de la Judicatura Federal, sin que esto implique la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.

A efecto de clarificar el artículo 14 fracción se precisa que la autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este Artículo no tendrán validez, sino hasta el momento en el que el responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su caso, de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Con la finalidad de concordad adecuadamente el artículo 6 fracción II con el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, se prevé que no se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediantes condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que se dictamina constituye una de las iniciativas y reformas más relevantes de los últimos años dentro del sistema jurídico ambiental de nuestro país y en ella se refleja el compromiso de este Congreso por la preservación de la naturaleza.

Por último, ésta comisión dictaminadora recibió opinión de la Comisión de Marina de esta honorable Cámara de Diputados con respecto a la minuta que se dictamina; en el numeral segundo de dicha opinión se establece lo siguiente: “Con base en los argumentos expresados en la presente opinión, se desprende que las reformas, adiciones y derogaciones que se proponen, constituyen las herramientas legales idóneas que redundarán en beneficio de las personas y de nuestro medio ambiente, por lo consiguiente, la opinión de esta Comisión de Marina es que debe dictaminarse en sentido positivo.

De igual manera ,ésta comisión dictaminadora recibió opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en donde se establece: “La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con base en la valoración realizada respecto a la minuta que propone la creación de la Ley de Responsabilidad Ambiental considera que es viable dado que constituye una propuesta sumamente relevante y necesaria para el sistema jurídico ambiental mexicano”.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos de la fracción E, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS Y DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES.

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en los siguientes términos:

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

TÍTULO PRIMERODe la responsabilidad ambiental

CAPÍTULO PRIMERODisposiciones generales

Artículo 1o. La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Los preceptos de este ordenamiento son de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona.  

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.

El proceso judicial previsto en el presente Título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en términos patrimoniales, administrativos o penales.

Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley se estará a las siguientes definiciones, así como aquellas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte. Se entiende por:

I. Actividades consideradas como altamente riesgosas: Las actividades que implican la generación o manejo de sustancias con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas en términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

II. Criterio de equivalencia: Lineamiento obligatorio para orientar las medidas de reparación y compensación ambiental, que implica restablecer los elementos y recursos naturales o servicios ambientales por otros de las mismas características;

III. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan. Para esta definición se estará a lo dispuesto por el artículo 6o. de esta Ley;

IV. Daño indirecto: Es aquel daño que en una cadena causal no constituye un efecto inmediato del acto u omisión que es imputado a una persona en términos de esta Ley;

V. Se entiende por cadena causal la secuencia de influencias de causa y efecto de un fenómeno que se representa por eslabones relacionados;

VI. No se considerará que existe un daño indirecto, cuando entre la conducta imputada y el resultado que se le atribuye, sobrevenga el hecho doloso de un tercero que resulte completamente determinante del daño. Esta excepción no operará si el tercero obra por instrucciones, en representación o beneficio, con conocimiento, consentimiento o bajo el amparo de la persona señalada como responsable;

VII. Los daños indirectos regulados por la presente Ley se referirán exclusivamente a los efectos ambientales de la conducta imputada al responsable;

VIII. Estado base: Condición en la que se habrían hallado los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, las relaciones de interacción y los servicios ambientales, en el momento previo inmediato al daño y de no haber sido éste producido;

IX. Fondo: El Fondo de Responsabilidad Ambiental;

X. Ley: La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;

XI. Leyes ambientales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Cambio Climático,y la Ley General de Bienes Nacionales; así como aquellos ordenamientos cuyo objeto o disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente o sus elementos;

XII. Mecanismos alternativos: Los mecanismos alternativos de solución de controversias, tales como la mediación, la conciliación y los demás que permitan a las personas prevenir conflictos, o en su caso, solucionarlos, sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para garantizar la legalidad y eficacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento del mismo;

XIII. Procuraduría: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

XIV. Sanción económica: El pago impuesto por la autoridad judicial para penalizar una conducta ilícita dañosa, dolosa con la finalidad de lograr una prevención general y especial e inhibir en el futuro comportamientos prohibidos;

XV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

XVI. Servicios ambientales: Las funciones que desempeña un elemento o recurso natural en beneficio de otro elemento o recurso natural, los hábitat, ecosistema o sociedad.

Artículo 3o.Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán aplicables a:

I. Los convenios, procedimientos y actos administrativos suscritos o sustanciados de conformidad a las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte;

II. El procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto en esta ley;

III. La interpretación de la Ley penal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así como a los procedimientos penales iniciados en relación a estos;

IV. Los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en las Leyes ; y

V. La Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4o. La acción y el procedimiento para hacer .valer la responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente título, podrán ejercerse y sustanciarse independientemente de las responsabilidades y los procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes.

Artículo 5o. Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su acto u omisión, o previendo como posible un resultado dañoso de su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto u omisión.

Artículo 6o. No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados ycompensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,

II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas.

La excepción prevista por la fracción primera del presente Artículo no operará, cuando se incumplan los términos o condiciones de la autorización expedida por la autoridad.

Artículo 7o. A efecto de otorgar certidumbre e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de los daños ocasionados al ambiente, la Secretaría deberá emitir paulatinamente normas oficiales mexicanas, que tengan por objeto establecer caso por caso y atendiendo la Ley de la materia, las cantidades mínimas de deterioro, pérdida, cambio, menoscabo, afectación, modificación y contaminación, necesarias para considerarlos como adversos y dañosos. Para ello, se garantizará que dichas cantidades sean significativas y se consideren, entre otros criterios, el de la capacidad de regeneración de los elementos naturales.

La falta de expedición de las normas referidas en el párrafo anterior, no representará impedimento ni eximirá al responsable de su obligación de reparar el daño a su estado base, atendiendo al concepto previsto en el artículo 2o. fracción III, de esta Ley.

Las personas y las organizaciones sociales y empresariales interesadas, podrán presentar a la Secretaría propuestas de las normas oficiales mexicanas a las que hace referencia el presente artículo, en términos del procedimiento previsto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 8o. Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad a lo previsto por el artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente previo al momento de producirse un daño al ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental, serán consideras como una atenuante de la Sanción Económica por el órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia.

El monto de las garantías financieras a que hace referencia el párrafo anterior, deberá estar destinado específica y exclusivamente a cubrir las responsabilidades ambientales que se deriven de su actividad económica, productiva o profesional. Las garantías deberán quedar constituidas desde la fecha en que surta efectos la autorización necesaria para realizar la actividad, y mantenerse vigentes durante todo el periodo de desarrollo de la misma.

En términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se integrará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental.

Artículo 9o. En lo no previsto por esta Ley, se aplicarán las disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no contravengan lo dispuesto en esta ley.

CAPÍTULO SEGUNDOObligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente

Artículo 10. Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de la presente Ley.

De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente.

Artículo 11. La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será subjetiva, y nacerá de actos u omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos previstos en este Título.

En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, cuando el daño sea ocasionado por un acto u omisión ilícitos dolosos, la persona responsable estará obligada a pagar una sanción económica.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra ilícitamente el que realiza una conducta activa u omisiva en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a las autorizaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas por la Secretaría u otras autoridades.

Artículo 12. Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de:

I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos;

II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral;

III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas, y

IV. Aquellos supuestos y conductas previstos por el Artículo 1913 del Código Civil Federal.

Artículo 13. La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su Estado Base los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación.

La reparación deberá llevarse a cabo en el lugar en el que fue producido el daño.

Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado un daño al ambiente, deberán permitir su reparación, de conformidad a esta Ley. El incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la imposición de medios de apremio y a la responsabilidad penal que corresponda.

Los propietarios y poseedores que resulten afectados por las acciones de reparación del daño al ambiente producido por terceros, tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulte responsable por los daños y perjuicios que se les ocasionen.

Artículo 14. La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:

I. Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño, o

II. Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes:

a) Que los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra o actividad ilícita que debió haber sido objeto de evaluación y autorización previa en materia de impacto ambiental o cambio de uso de suelo en terrenos forestales;

b) Que la secretaría haya evaluado posteriormenteen su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro, y

c) Que la Secretaría expida una autorización posterior al daño, al acreditarse plenamente que tanto las obras y las actividades ilícitas, como las que se realizarán en el futuro, resultan en su conjunto sustentables, y jurídica y ambientalmente procedentes en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales y los instrumentos de política ambiental.

En los casos referidos en la fracción segunda del presente artículo, se impondrá obligadamente la sanción económica sin los beneficios de reducción de los montos previstos por esta Ley. Asimismo, se iniciaran de manera oficiosa e inmediata los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal a las personas responsables.

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este Artículo no tendrán validez, sino hasta el momento en el que el responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su caso, de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

La compensación por concepto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Los daños patrimoniales y los perjuicios sufridos podrán reclamarse de conformidad con el Código Civil Federal.

Artículo 15. La compensación ambiental podrá ser total o parcial. En éste último caso, la misma será fijada en la proporción en que no haya sido posible restaurar, restablecer, recuperar o remediar el bien, las condiciones o relación de interacción de los elementos naturales dañados.

Artículo 16. Para la reparación del daño y la compensación ambiental se aplicarán los niveles y las alternativas previstos en este ordenamiento y las Leyes ambientales. La falta de estas disposiciones no será impedimento ni eximirá de la obligación de restituir lo dañado a su estado base.

Artículo 17. La compensación ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el responsable haga a su cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la reparación total o parcial del daño ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño.

Dicha inversión o acciones deberán hacerse en el ecosistema o región ecológica en donde se hubiese ocasionado el daño. De resultar esto materialmente imposible la inversión o las acciones se llevarán a cabo en un lugar alternativo, vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la comunidad afectada. En este último caso serán aplicables los criterios sobre sitios prioritarios de reparación de daños, que en su caso expida la Secretaría en términos de lo dispuesto por la Sección Quinta, Capítulo Tercero del presente Título.

El responsable podrá cumplir con la obligación prevista en el presente artículo, mediante la contratación de terceros.

Artículo 18. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría está facultado para realizar subsidiariamente por razones de urgencia o importancia, la reparación inmediata de los daños que ocasionen terceros al ambiente. Dicha reparación podrá hacerse con cargo al Fondo previsto por el la Sección Quinta, Capítulo Tercero del presente Título.

En estos casos la administración pública federal deberá demandar al responsable la restitución de tos recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados al fondo.

Artículo 19. La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I. Trescientosa cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y

II. De veinte mil a cuatrocientos cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral.

Dicho monto se determinará en función de daño producido.

Artículo 20. Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, se reducirán a su tercera parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes:

I. Que dicha persona no ha sido sentenciada previamente en términos de lo dispuesto por esta Ley; ni es reincidente en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales;

II. Que sus empleados, representantes, y quienes ejercen cargos de dirección, mando o control en su estructura u organización no han sido sentenciados por delitos contra el ambiente o la gestión ambiental, cometidos bajo el amparo de la persona moral responsable, en su beneficio o con sus medios;

III. Haber contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funcionamiento permanente;

IV. Contar con la garantía financiera que en su caso se requiera en términos de lo dispuesto por el artículo 8o. de esta Ley, y

V. Contar con alguno de los certificados resultado de la auditoría ambiental a la que hace referencia el artículo 38 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 21. Si el responsable acredita haber realizado el pago de una multa administrativa impuesta por la procuraduría o la Comisión Nacional del Agua, como consecuencia a la realización de la misma conducta ilícita que dio origen a su responsabilidad ambiental, el Juez tomará en cuenta dicho pago integrándolo en el cálculo del monto de la sanción económica, sin que ésta pueda exceder el límite previsto para el caso en la presente Ley.

No podrá imponerse la Sanción Económica a la persona física que previamente haya sido multada por un Juez penal, en razón de haber realizado la misma conducta ilícita que da origen a su responsabilidad ambiental.

Artículo 22. Siempre que se ejerza la acción prevista en el presente Título, se entenderá por demandada la imposición de la sanción económica. En ningún caso el juez podrá dejar de condenar al responsable a este pago, salvo en los casos previstos en el artículo anterior, cuando los daños ocasionados al ambiente provengan de una conducta lícita, o bien cuando exista el reconocimiento judicial de algún acuerdo reparatorio voluntario derivado de los mecanismos alternativos de resolución de controversias previstos por esta Ley.

Artículo 23. La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad económica de la persona responsable para realizar el pago, así como los límites, requisitos y .garantías previstos en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la gravedad del daño ocasionado y el carácter intencional o negligente de la violación, asegurándose que se neutralice el beneficio económico obtenido, si lo hubiere, y se garantice prioritariamente el monto de las erogaciones del actor o actores que hayan sido necesarias para acreditar la responsabilidad. En cada caso el órgano jurisdiccional preverá que la sanción económica sea claramente suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general y especial a que hace referencia el artículo 2o. fracción XI, de esta Ley.

El límite máximo del importe de la Sanción Económica previsto en el Artículo 19 no incluirá el pago de las erogaciones hechas para acreditar la responsabilidad ambiental por quien demande, concepto que siempre será garantizado al momento de dictar sentencia.

El juez deducirá del monto correspondiente al pago de sanción económica a cargo del responsable, el importe de las erogaciones que el actor o actores que hayan probado su pretensión hubieren realizado para acreditar la responsabilidad, y el responsable tendrá la obligación de consignarlo al juzgado para su entrega a aquellos. El pago de dicho importe será preferente respecto de cualquiera otra obligación.

Artículo 24. Las personas morales serán responsables del daño al ambiente ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas.

Las personas que se valgan de un tercero, lo determinen o contraten para realizar la conducta causante del daño serán solidariamente responsables, salvo en el caso de que se trate de la prestación de servicios de confinamiento de residuos peligrosos realizada por empresas autorizadas por la secretaría.

No existirá responsabilidad alguna, cuando el daño al ambiente tenga como causa exclusiva un caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 25. Los daños ocasionados al ambiente serán atribuibles a la persona física o moral que omita impedirlos, si ésta tenía el deber jurídico de evitarlos. En estos casos se considerará que el daño es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello derivado de una Ley, de un contrato, de su calidad de garante o de su propio actuar precedente.

Artículo 26. Cuando se acredite que el daño o afectación, fue ocasionado dolosamente por dos o más personas, y no fuese posible la determinación precisa del daño aportado por cada responsable, todas serán responsables solidariamente de la reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí.

No habrá responsabilidad solidaria en los términos previstos por el presente artículo, cuando se acredite que la persona responsable:

I. Ha contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funcionamiento permanente;

II. Cuenta con alguno de los certificados resultado de la auditoría ambiental a la que hace referencia el artículo 38 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y

III. Cuente con la garantía financiera prevista en el artículo 8o. de esta ley.

La sanción económica que corresponda será impuesta individualmente a cada una de las responsables.

CAPÍTULO TERCEROProcedimiento judicial de responsabilidad ambiental

SECCIÓN 1De la acción para demandar la responsabilidad ambiental

Artículo 27. Las personas e instituciones legitimadas conforme al artículo 28 de la presente ley, podrán demandar la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones previstos en este Título, en términos de lo dispuesto por la presente Ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles, o de conformidad a la ley federal que regule los procedimientos judiciales a los que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 28. Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a:

I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente;

II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;

III. La Federación a través de la procuraduría, y

IV. Las Procuradurías o instituciones’ que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción II de este Artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.

Artículo 29.La acción a la que hace referencia el presente Título prescribe en doce años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos.

Salvo en los casos previstos en los Artículos 23 y 28 de la presente Ley, ninguna de las partes será condenada al pago de gastos y costas judiciales.

Artículo 30. El Poder Judicial de la federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental.

En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan según la materia.

SECCIÓN 2De la tutela anticipada y medidas cautelares

Artículo 31. La autoridad jurisdiccional que conozca de las acciones y demandas a que hace referencia el presente Capítulo, deberá ordenar a la Secretaría y a la Procuraduría, a efecto de que imponga inmediatamente las medidas preventivas y correctivas procedentes en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 32. En adición a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimiento Civiles, durante el procedimiento el Juez podrá decretar las medidas precautorias siguientes:

I. El aseguramiento de documentos, libros, cosas, papeles y bienes relacionados con los daños, así como con el cumplimiento de las obligaciones jurídicas del demandado, previstas por las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte, y

II. El aseguramiento o toma de muestras de sustancias peligrosas, materiales, residuos, líquidos, contaminantes y de los elementos naturales relacionados con el daño ocasionado al ambiente.

Las medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con los establecido por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 33. Los terceros propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado el daño estarán obligados a permitir las medidas precautorias que resuelva el órgano jurisdiccional. En todo caso tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulta responsable de ocasionar dichos daños.

SECCIÓN 3De los elementos de prueba

Artículo 34. El órgano jurisdiccional podrá allegarse oficiosamente de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley.

El Juez requerirá a la Secretaría y a la Procuraduría para que aporten todos los elementos periciales, testimoniales, documentales y demás indicios y elementos de prueba con los’ que cuenten. Los servidores públicos estarán obligados a cumplir con dicha obligación.

Artículo 35. Para acreditar los hechos o circunstancias en relación al estado base, el daño ocasionado al ambiente, así como el nexo causal, las partes y las autoridades podrán utilizar fotografías, imágenes de satélite, estudios de poblaciones y en general toda clase de elementos aportados por la técnica y la ciencia. Salvo en los casos en lo que en Código Federal de Procedimientos Civiles otorgue mayor valor probatorio, estos medios de prueba constituirán indicios.

Artículo 36.El estado base se determinará a partir de la mejor información disponible al momento de su valoración.

El nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada al demandado debe probarse en la sustanciación del juicio. El juez considerará en su valoración la naturaleza intrínseca de la conducta y la forma en que se ha desarrollado para generar o causar el daño.

SECCIÓN 4De la sentencia, ejecución y seguimiento

Artículo 37. Además de lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, la sentencia condenatoria que se dicte deberá precisar:

I. La obligación de reparar ambientalmente el daño que corresponda;

II. La obligación de compensar ambientalmente a través de las acciones que procedan, en forma total o parcial;

III. Las medidas y acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente;

IV. El pago de la Sanción Económica que resulte procedente, así como los razonamientos y justificación respecto al por qué el monto impuesto es suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general y especial a los que hace referencia el artículo 2o. fracción XI, de esta Ley;

V. El importe que corresponda pagar a favor del actor o actores que hayan probado su pretensión, correspondiente a los gastos realizados para acreditar la responsabilidad, que deberá ser deducido del monto determinado en la Sanción Económica y consignado ante el Juez en términos de los dispuesto por el Artículo 23 de esta Ley, y

VI. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.

Artículo 38. De conformidad a lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que cause ejecutoria la sentencia que resulte condenatoria, el juez dará vista a las partes para que dentro del término de treinta días se pronuncien sobre:

I. La forma, términos y niveles de reparación material ambiental del daño ocasionado al ambiente que se propongan para cumplir esas obligaciones;

II. La imposibilidad total o parcial de reparar materialmente ambientalmente el daño, y en consecuencia, la forma, lugar y alcance de la compensación ambiental total o parcial, y

III. Los plazos propuestos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.

Si las partes llegaran a un acuerdo respecto a lo previsto en este Artículo, podrán formular una propuesta conjunta.

Cuando exista causa justificada por razones de la complejidad técnica o material para dar cumplimiento a lo determinado por las fracciones I, II y III, el término establecido en el párrafo primero del presente artículo podrá ser prorrogable por el Juez hasta por 30 días.

Artículo 39. En la determinación de ‘las medidas de reparación y compensación ambiental se considerará:

I. El criterio de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio;

II. Las acciones que proporcionen recursos naturales o Servicios Ambientales del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados;

III. Las mejores tecnologías disponibles;

IV. Su viabilidad y permanencia en el tiempo;

V. El costo que implica aplicar la medida;

VI. El efecto en la salud y la seguridad pública;

VII. La probabilidad de éxito de cada medida;

VIII. El grado en que cada medida servirá para prevenir daños futuros y evitar riesgos como consecuencia de su aplicación;

IX. El grado en que cada medida beneficiará al ecosistema dañado;

X. El grado en que cada medida tendrá en cuenta los correspondientes intereses sociales, económicos y culturales de la localidad;

XI. El periodo de tiempo requerido para la recuperación de los ciclos biológicos que fueron afectados por el daño causado al ecosistema;

XII. El grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha sufrido el daño ambiental, y

XIII. La vinculación geográfica con el lugar dañado.

Artículo 40. Una vez que el juez reciba las propuestas para la reparación del daño o su compensación conforme a lo previsto por el artículo 38 de la presente ley, requerirá a la Secretaría, para que en el término de diez días, formule su opinión en relación a la idoneidad y legalidad de las propuestas.

En caso de que una de las partes fuera omisa, se estará a la propuesta de la otra, siempre que ésta reciba opinión favorable de la Secretaría.

En caso de que ambas partes sean omisas, o las propuestas no cuenten con la opinión favorable de la Secretaría, se estará a lo que disponga dicha dependencia. Para este efecto, se le requerirá para que formule una propuesta oficial en el término de ocho días.

Los gastos en los que incurra la secretaría podrán hacerse con cargo al fondo previsto en el artículo 45 de esta Ley. En estos casos, la administración pública federal estará obligada a demandar al responsable la restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados a dicho fondo.

Si existiesen diversas alternativas que pudieran generar los mismos resultados positivos de reparación o compensación, se optará por la menos onerosa para el responsable.

Artículo 41. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones materia de la presente Ley, será fijado por el Juez tomando en consideración:

I. La naturaleza de las obras o actos necesarios para reparar el daño ocasionado al ambiente y en su caso, cumplir con la compensación ambiental;

II. Lo propuesto por las partes, y

III. La opinión o propuesta de la Secretaría.

Artículo 42. La Procuraduría auxiliará a la autoridad judicial en la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del responsable.

Dicha dependencia informará bimestralmente al Juez sobre los avances en el cumplimiento de las sentencias. Las partes podrán manifestar lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento o deficiente ejecución de dicha resolución.

Artículo 43. Para salvaguardar el interés público del procedimiento judicial, las personas que tengan legitimación activa, deberán cumplir con los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y deberá salvaguardar la representación adecuada, de conformidad con lo previsto en dicho ordenamiento.

Artículo 44. Las sentencias y convenios derivados del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental serán públicos.

SECCIÓN 5Del Fondo

Artículo 45. El Fondo de Responsabilidad Ambiental tendrá como objeto el pago de la reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia determine la administración pública federal, además del pago de los estudios e investigaciones que el juez requiera realizar a la Secretaría o la Procuraduría durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental.

La información relativa a la operación del Fondo será pública en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 46. El Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la Secretaría, y su patrimonio se integrará con:

I. La sanción económica referida en la fracción XI del artículo 2o. de la presente Ley, y

II. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

La Secretaría expedirá las bases y reglas de operación del fondo, en la que tendrán participación la Procuraduría, las instituciones académicas y las organizaciones sociales.

El patrimonio del fondo se destinará exclusivamente a la reparación de los daños al ambiente a los que hace referencia el artículo 18 de esta Ley, así como aquellos identificados en sitios prioritarios de conformidad con las bases y reglas de operación que expida la Secretaría.

El fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO ÚNICOMecanismos alternativos de solución de controversias

Artículo 47. Toda persona tiene el derecho de resolver las controversias de carácter jurídico y social que se ocasionen por la producción de daños al ambiente, a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten las alternativas de solución que resulten ambiental y socialmente más positivas.

Las personas ambientalmente responsables y los legitimados para accionar judicialmente en términos del título primero de esta ley, podrán resolver los términos del conflicto producido por el daño ocasionado al ambiente, mediante los mecanismos alternativos de mediación, conciliación y los demás que sean adecuados para la solución pacífica de la controversia, de conformidad a lo previsto por esta Ley, o las disposiciones reglamentarias del párrafo cuarto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En lo no previsto por el presente Título se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no contravenga lo dispuesto por esta Ley.

Artículo 48. Podrán ser materia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, todas o algunas de las diferencias que se susciten entre las personas e instituciones previstas en el Artículo anterior, en relación con los hechos relativos al daño ocasionado al ambiente, la tutela del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, las obligaciones de reparación y compensación ambiental, así como la acción, pretensiones y desistimiento materia del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental, siempre que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni se contravengan las Leyes ambientales, las disposiciones de orden público y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 49. Si durante el procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto por el Título Primero de esta Ley, y antes de que se dicte sentencia definitiva, se lograse un acuerdo entre las partes, en términos de lo previsto por los Mecanismos Alternativos referidos en este Capítulo; conforme a los acuerdos e instrumentos de justicia restaurativa o alguna otra forma anticipada de terminación del proceso penal previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales; o bien mediante el convenio de reparación previsto por el artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; el Juez que conozca del procedimiento reconocerá dicho acuerdo sobre la reparación de los daños y dictará sentencia.

El juez dará vista a la Secretaría para que en un plazo de ocho días hábiles, se manifieste sobre los términos del acuerdo, cuidando su idoneidad y el cumplimiento de las disposiciones previstas por esta Ley, las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte.

En caso de que el acuerdo sea incorporado a la sentencia, no se condenará al responsable al pago de la Sanción Económica prevista en el Título Primero de la presente Ley.

Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos el incumplimiento del requerimiento en el plazo determinado por el juez en el presente artículo.

Cuando del acuerdo se desprenda que su cumplimiento puede afectar los bienes de un tercero, el juez recabará su conformidad. Si no se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para que modifiquen los términos de su acuerdo.

Artículo 50. En caso de que resulte procedente en términos del artículo anterior, un acuerdo sobre la reparación o compensación voluntaria del daño ocasionado al ambiente el juez informará a la Procuraduría para que considere dicho acuerdo, el que se entenderá como cumplimiento de medidas correctivas y de urgente aplicación, siendo procedente la aplicación de los beneficios administrativos de revocación o disminución de las sanciones previstas en el Artículo 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 51. Los mecanismos alternativos que se refieran a conductas constitutivas de delitos contra el ambiente, respecto de las que no proceda el perdón o el desinterés jurídico de la víctima o de la procuraduría, se regularán en términos del Título Tercero de esta Ley y el Código Federal de Procedimientos Penales.

El fin de estos mecanismos será lograr la justicia restaurativa, mediante la participación de la víctima u ofendido y el imputado, para buscar la solución a las controversias derivadas del hecho calificado como delito.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO ÚNICOResponsabilidad penal en materia ambiental

Artículo 52. Las disposiciones del presente título serán aplicables a los conflictos penales y los procedimientos derivados de la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, de conformidad a lo previsto por el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.

La reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, que proceda en términos del Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, se llevarán a cabo con arreglo a lo previsto por el artículo 3o. de esta Ley y las disposiciones del presente Título.

El Ministerio Público está obligado a solicitar de oficio la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente.

Artículo 53. El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión desarrollarán políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente; investigación, persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos e infracciones administrativas que los ocasionan; así como para la reinserción social de los individuos penal y ambientalmente responsables que induzcan al respeto de las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte. Para tal efecto la procuraduría y la Procuraduría General de la República expedirán y harán público el programa respectivo.

Estas políticas serán acordes con la formulación y conducción de la política ambiental y se llevarán a cabo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 54. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito contra el ambiente podrá denunciarlo directamente ante el Ministerio Público.

En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría o la Procuraduría tengan conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos contra el ambiente, formularán denuncia inmediata ante el Ministerio Público.

La procuraduría presentará las querellas y otorgará el perdón en los casos de delitos contra la gestión ambiental, atendiendo a lo dispuesto por los principios de política criminal ambiental a que se refiere el artículo anterior, así como a lo dispuesto por el Título Segundo de esta Ley.

Todo servidor público está obligado a notificar de manera inmediata al Ministerio Público, la probable existencia de un hecho que la Ley considere como delito contra el ambiente, así como la identidad de quien posiblemente lo haya cometido o haya participado en su comisión, transmitiendo todos los datos que tuviere al respecto poniendo a disposición a los inculpados si hubieren sido detenidos.

Artículo 55. Para efectos de lograr la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente la Procuraduría será coadyuvante del Ministerio Público, en los términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el ofendido por sí mismo o a través de su representante legal.

La Secretaría y la Procuraduría proporcionarán los dictámenes técnicos o pericia les que le requiera el Ministerio Público o las autoridades judiciales, con motivo de los procedimientos penales que se inicien por la comisión de delitos contra el ambiente o la gestión ambiental.

Artículo 56. Atento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerará víctima de los delitos contra el ambiente a toda persona habitante de la comunidad posiblemente afectada por el ilícito cuando se constituya como denunciante ante el Ministerio Público.

Artículo Segundo. Sé reforman el párrafo segundo del artículo 168 y el artículo 169; y se adicionan tres párrafos al artículo 168 y un párrafo último al Artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ARTÍCULO 168. ...

Durante el procedimiento, y antes de que se dicte resolución administrativa, el interesado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a petición del primero, podrán convenir la realización de acciones para la reparación ycompensación de los daños que se hayan ocasionado al ambiente.

En los convenios administrativos referidos en el párrafo anterior, podrán intervenir quienes sean parte en el procedimiento judicial previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, siempre que se trate de la misma infracción, hechos y daños.

En la formulación y ejecución de los convenios se observará lo dispuesto por el Artículo 169 de esta Ley, así como lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en ellos podrá también acordarse la realización del examen metodológico de las operaciones del interesado a las que hace referencia el Artículo 38 Bis, así como la atenuación y conmutación de las multas que resulten procedentes. En todo caso, deberá garantizarse el cumplimiento de las obligaciones del infractor, en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación.

La celebración del convenio suspenderá el procedimiento administrativo y el término para la caducidad, a partir de la presentación de la solicitud a la autoridad, y hasta por un plazo de cuarenta y cinco días hábiles.

ARTÍCULO 169. La resolución del procedimiento administrativo contendrá:

I. Las sanciones a que se haya hecho acreedor el responsable;

II. Las medidas que el responsable deba llevar a cabo para corregir las deficiencias, violaciones o irregularidades observadas;

III. El reconocimiento de los términos y obligaciones derivados del convenio previsto en el Artículo anterior, y las medidas que el responsable deba llevar a cabo para su cumplimiento. En este supuesto, la resolución del procedimiento será pública, y

IV. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del infractor que se deriven de la resolución.

El infractor deberá informar a la autoridad ordenadora, por escrito, en forma detallada y dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo correspondiente, sobre el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente Artículo.

La procuraduría podrá realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones del infractor. Cuando del acta que se levante al efecto, se desprenda su incumplimiento, podrá imponerse además de las sanciones previstas en el Artículo 171 de esta Ley, una multa adicional que no exceda el monto previsto en dicho precepto.

En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, subsane las irregularidades detectadas, o cumpla con las obligaciones derivadas del convenio previsto en el Artículo 168, en los plazos ordenados o acordados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, siempre y cuando el infractor no sea reincidente, ésta podrá revocar o modificar la sanción o sanciones impuestas.

En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio Público la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos.

ARTÍCULO 176. ...

...

La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso administrativo de revisión, podrán controvertirse en vía de juicio ante los juzgados de distrito en materia administrativa. Cuando se impugne la resolución del recurso administrativo, se entenderá que simultáneamente se impugna la resolución administrativa recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 106 párrafo primero, 107 párrafo primero; se deroga el último párrafo del artículo 107, y se derogan los artículos 108 y 109 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Artículo 106. Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a la vida silvestre o a su hábitat, está obligada a repararlo o compensarlo de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

...

Artículo 107. Cualquier persona podrá denunciar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los daños ocasionados a la vida silvestre o a su hábitat de los que tenga conocimiento.

...

...

Artículo 108. (Se deroga).

Artículo 109. (Se deroga).

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman los artículos 17 y 77, se adiciona un párrafo al artículo 68, todos ellos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Artículo 17. Los residuos de la industria minera-metalúrgica provenientes del minado y tratamiento de minerales tales como jales, residuos de los patios de lixiviación abandonados, así como los metalúrgicos provenientes de los procesos de fundición, refinación y transformación de metales, que se definirán en forma genérica en el reglamento según lo estipulado en el artículo 7 fracción III de esta Ley, son de regulación y competencia federal. Podrán disponerse finalmente en el sitio de su generación; su peligrosidad y manejo integral, se determinará conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables, y estarán sujetos a los planes de manejo previstos en esta Ley. Se exceptúan de esta clasificación los referidos en el Artículo 19 fracción I de este ordenamiento.

Artículo 68. ...

Toda persona física o moral que, directa o indirectamente, contamine un sitio u ocasione un daño o afectación al ambiente como resultado de la generación, manejo o liberación, descarga, infiltración o incorporación de materiales o residuos peligrosos al ambiente, será responsable y estará obligada a su reparación y, en su caso, a la compensación correspondiente, de conformidad a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Artículo 77. Las acciones en materia de remediación de sitios, y de reparación y compensación de daños ocasionados al ambiente, previstas en este capítulo, se llevarán a cabo de conformidad con lo que señale el Reglamento , y a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el párrafo tercero y se deroga el párrafo cuarto del Artículo 136, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Artículo 136. ...

...

Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes, estará obligada a repararlo o compensarlo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

ARTÍCULO SEXTO. Se reforman la fracción III y IV del artículo 14 BIS 4; el artículo 96 BIS y el artículo 96 BIS 1, todos de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

LEY DE AGUAS NACIONALES

Artículo 14 BIS 4. Para los fines de esta ley y sus reglamentos, son atribuciones de “la Procuraduría”:

I. a II. ...

III. Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia en los términos de esta Ley , de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;

IV.Promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua en los términos de esta Ley , de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de las demás disposiciones jurídicas aplicables;

V. ...

VI. ...

Artículo 96 BIS. “La Autoridad del Agua” intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de Ley , de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Artículo 96 BIS 1. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño.

...

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman el primer párrafo, la fracción I y el párrafo quinto del artículo 421; y se adiciona un párrafo sexto al artículo 421, todos del Código Penal Federal para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL FEDERAL

CAPÍTULO VDisposiciones comunes a los delitos contra el ambiente

Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimo Quinto, se impondránlas siguientes penas y medidas de seguridad:

I. La reparación y, en su caso, la compensación del daño al ambiente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;

II. a V. ...

...

...

...

Los parámetros mínimos y máximos de las penas de prisión a que se refiere el presente Título se disminuirán a la mitad, cuando el imputado o procesado repare o compense voluntariamente el daño al ambiente antes de que tal obligación le haya sido impuesta por resolución administrativa o sentencia judicial. Dicha disminución procederá también, cuando se realice o garantice la reparación o compensación del daño en términos de lo dispuesto por el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Se consideraran víctimas con derecho a solicitar la reparación o compensación del daño ambiental y coadyuvar en el proceso penal, a las personas legitimadas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

ARTÍCULO OCTAVO. Se adiciona un artículo 77 BIS de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS

Artículo 77 BIS. Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los ecosistemas marinos o sus componentes estará obligada a la reparación de los daños, o bien, a la compensación ambiental que proceda de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

ARTÍCULO NOVENO. Se adiciona un artículo 153 a la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

ARTÍCULO 153. Quienes realicen el uso o aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, sin contar con concesión permiso o autorización de la autoridad competente, ocasionando directa o indirectamente un daño a los ecosistemas o sus componentes, estarán obligados a la reparación de los daños al ambiente, o bien, a la compensación ambiental que proceda de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Fondo de Responsabilidad Ambiental deberá ser constituido y sus bases y reglas de operación, elaboradas y aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

TERCERO. Los Juzgados de distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de Distrito en funciones en cada circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el Consejo de la Judicatura Federal, sin que esto implique la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.El Personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.

Por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica en lo general; con reservas en lo particular), Esther Quintana Salinas (rúbrica en lo general; con reservas), Alejandro Carbajal González, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica a favor en lo general; y en abstención), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica en lo general; con reservas), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Armando Córdova Díaz, José Alberto Rodríguez Calderón, Cristina González Cruz (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica en lo general; con reservas), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales, Andrés de la Rosa Anaya, Tomás Torres Mercado, Areli Madrid Tovilla, Fernando Zárate Salgado.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

«Opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

A esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente a la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, fue turnada para su opinión la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales; enviada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVIII; 45, numeral 6, inciso e) y 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 18, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 149, numeral 2, fracción II; 157, numeral 1, fracción IV; 158, numeral 1, fracciones IV y IX; y 175, numeral 1, fracción III, inciso e), del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa anteriormente descrita al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 6 de diciembre de 2011, el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, remitió la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales; enviada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

II. El 8 de ese mes y año, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha minuta a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia para efectos de su estudio y dictamen correspondiente, y a las de Presupuesto y Cuenta Pública, de Recursos Hidráulicos, de la Función Pública, de Marina y de Gobernación, para su estudio y emisión de opinión correspondiente.

Contenido de la minuta

La minuta con proyecto de decreto materia de la presente opinión, se aboca a regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños al ambiente causados por actividades económicas, productivas y profesionales, así como la reparación de esos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos en el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Consideraciones

Para la elaboración de la presente opinión, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, mediante oficio número CPCP/ ST /083/ 12, la valoración del impacto presupuestario de la minuta con el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales.

Esta comisión recibió la valoración de dicho centro el 22 de noviembre de 2012, misma que sirve de base para este documento.

La presente minuta sí tendría impacto presupuestario, y el monto del mismo corresponde con lo siguiente:

Fondo de Responsabilidad Ambiental

El artículo 45 propone su creación. Tendrá por objeto el pago de la reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente en los casos que por razones de urgencia o importancia determine la administración pública federal, así como el pago de estudios e investigaciones que el juzgador requiera realizar durante el curso de los procesos jurisdiccionales de responsabilidad ambiental.

De acuerdo al artículo segundo transitorio, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal posterior a la entrada en vigor del decreto, el Ejecutivo federal presupuestará 50 millones de pesos como capital inicial del Fondo de Responsabilidad Ambiental.

Debido a que se trata de una propuesta del Legislativo, se asume que la Cámara de Diputados incluirá tal-partida en el PEF, por lo que el monto referido representará el impacto presupuestario de esta medida.

Juzgados de Distrito en materia Ambiental

De acuerdo con el artículo 30, el Poder Judicial de la Federación contará con juzgados de distrito en materia ambiental, los cuales (de acuerdo al artículo tercero transitorio) deberán establecerse en un término de dos años a partir de la entrada en vigor del decreto de ley.

De acuerdo a la normatividad del Consejo de la Judicatura Federal respecto a la creación de órganos jurisdiccionales y a la información del analítico de plazas del tomo VIII del PEF de 2012, la creación de un juzgado de distrito tiene un costo de 11 millones 941 mil 515 pesos.

Asumiendo la creación de un juzgado de distrito por entidad federativa (incluyendo como tal al Distrito Federal), el impacto presupuestal de esta medida se obtendría multiplicando la estimación anterior por 32, resultando en 382.1 millones de pesos (este monto incluye los gastos de capacitación que resulten de la creación de juzgados).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emite la siguiente

Opinión

Primero. La minuta que contie.ne el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes, sí tiene impacto presupuestario y el monto estimado del mismo asciende a la cantidad de 432.1 millones de pesos, si se considera el presupuesto para el Fondo de Responsabilidad Ambiental y el total de la creación de un juzgado de distrito por entidad federativa.

Segundo. La presente opinión se formula solamente en materia de la competencia de esta comisión.

Tercero. Remítase la presente opinión a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia para los efectos a que haya lugar.

Cuarto. Por oficio, comuníquese la presente opinión a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados para su conocimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados:José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), presidente; Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Alberto Curi Naime (rúbrica), José Luis Márquez Martínez (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal, Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica), Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Jorge Salgado Parra (rúbrica), Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Lucila Garfias Gutiérrez, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Kamel Athié Flores (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Juan Manuel Diez Francos (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Mauricio Sahui Rivero (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, José Martín López Cisneros (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Jorge Iván Villalobos Seáñez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Víctor Manuel Manríquez González (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Domitilo Posadas Hernández (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica).»

«Opinión de la Comisión de Marina

A la Comisión de Marina, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su opinión la minuta que contiene la iniciativa con proyecto de decreto, que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Vida Silvestre, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de Aguas Nacionales, así como del Código Penal Federal, y de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Navegación y Comercio Marítimos, y General de Bienes Nacionales.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIII, y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 67, fracción II y 69 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se avocó al estudio y análisis de la minuta del proyecto de decreto antes señalado, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El 25 de agosto de 2010, el senador Arturo Escobar y Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

2. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha iniciativa, a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos, para su análisis, discusión y elaboración del dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, que tuvo lugar el 6 de diciembre de 2011, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, en segunda lectura presentaron un dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

4. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, remite dicha iniciativa a la Honorable Cámara de Diputados la presente minuta para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. El 8 de diciembre de 2011, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta citada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia, para dictamen y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica, de Recursos Hidráulicos, de la Función Pública, de Marina y de Gobernación, para opinión.

Contenido del proyecto de decreto

El senador Arturo Escobar y Vega, propone crear un ordenamiento jurídico que regule la responsabilidad ambiental que atienda los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos en el artículo 17 constitucional.

Los preceptos de este ordenamiento son de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de la persona humana.

Igualmente señala que el proyecto de decreto se encuentra estructurado con un Título Primero, denominado De la Responsabilidad Ambiental, con un Capítulo primero de disposiciones generales; un Capítulo Segundo que comprende las Obligaciones Derivadas de los Daños Ocasionados al Ambiente; y un Capítulo Tercero, referido al Procedimiento Judicial de Responsabilidad Ambiental, en cuya sección 1, comprende De la Acción para Demandar la Responsabilidad Ambiental; la sección 2 denominada De la Tutela Anticipada y Medidas Cautelares; la sección 3 que comprende De los Elementos de Prueba; una sección 4 De la Sentencia, Ejecución y Seguimiento; una sección 5 Del Fondo. Un Título Segundo, con un capítulo único referido a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; y finalmente un Título Tercero, también con un Capítulo Único que comprende la Responsabilidad Penal en Materia Ambiental.

Este proyecto propone regular la responsabilidad respecto a dos hipótesis dañosas: la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente, y la correspondiente a los daños y afectaciones ocasionados a la salud e integridad de las personas como resultado de materiales y residuos peligrosos que han sido liberados al entorno.

Señala que se consideran de utilidad pública la reparación del daño ocasionado al ambiente, la compensación ambiental, las indemnizaciones y las acciones ambientales complementarias y el procedimiento de responsabilidad ambiental es de orden público e interés social.

Propone que serán nulos de pleno derecho, los convenios, contratos y demás acuerdos de voluntades que restrinjan o excluyan la responsabilidad ambiental, o contravengan las disposiciones de la Ley.

Para los efectos de la responsabilidad ambiental y penal, establece que no se considerarán adversas las pérdidas, deterioros, menoscabos, afectaciones o modificaciones que hayan sido claramente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental.

Manifiesta que el daño ocasionado al ambiente es una consecuencia concurrente con el daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos naturales y propone que la reparación y compensación del daño ocasionado al ambiente será preferente respecto al cumplimiento de otras obligaciones patrimoniales que correspondan en términos de la legislación civil.

Señala que cuando se ejerza la acción de responsabilidad por daño al ambiente, se entenderán por demandadas las medidas ambientales complementarias y define que son daños ocasionados al ambiente, daños a la salud y afectaciones a la integridad de la persona de competencia federal, aquellos que se susciten a causa de conductas reguladas por leyes u ordenamientos de carácter general federales, respecto a materias de competencia federal.

Pretende que las personas morales sean responsables de los daños al ambiente, de los daños a la salud, así como de las afectaciones a la integridad de las personas, ocasionados por sus representantes, administradores, socios, gerentes, directores o empleados, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo de la persona moral, o bien, cuando ordenen b consientan la realización de las conductas dañosas.

Determina que la reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en la restauración, restablecimiento, recuperación o remediación de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos naturales o de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, o de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, de conformidad a la situación en la que se encontraban antes de ocurrido el daño.

Las personas físicas o morales que con su acción u omisión, ocasionen directa o indirectamente un daño a la salud o afectación a la integridad de las personas, en términos del artículo segundo de esta Ley, serán responsables y estarán obligadas al pago de una indemnización o compensación.

En cuanto al contenido sustancial de la minuta propone el Colegislador, regular la responsabilidad ambiental por daños ocasionados al ambiente, para respetar la garantía a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los individuos.

En este proyecto de decreto se plantea también, la actuación ciudadana independiente de las autoridades administrativas, pero con un fin común, que no solo es el de procurar la reparación de los daños ecológicos, sino también el de abatir, inhibir y prevenir de manera eficiente los actos violatorios de las normas ambientales, en suma se busca la corresponsabilidad social efectiva en el abatimiento de la impunidad ambiental, de tal suerte que esta minuta busca la convivencia de dos procedimientos que persiguen objetivos similares. El administrativo vigente que corre a cargo de las autoridades y el propuesto para que sea impulsado directamente por la ciudadanía ante los jueces en un esquema de mayores garantías.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, la Colegisladora proponente somete a discusión y en su caso, aprobación el siguiente:

“Proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Título Primero De la responsabilidad ambiental

Capítulo Primero Disposiciones generales

Artículo 1o. La presente ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Los preceptos de este ordenamiento son de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de la persona humana.

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales.

El proceso judicial previsto en el presente Título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procr3dan en términos patrimoniales, administrativos o penales.

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se estará a las siguientes definiciones, así como aquellas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte. Se entiende por:

I. Actividades consideradas como altamente riesgosas: Las actividades que implican la generación o manejo de sustancias con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas en términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

II. Criterio de equivalencia: Lineamiento obligatorio para orientar las medidas de reparación y compensación ambiental, que implica restablecer los elementos y recursos naturales o servicios ambientales por otros de las mismas características;

III. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan. Para esta definición se estará a lo dispuesto por el artículo 60 de esta ley;

IV. Daño indirecto: Es aquel daño que en una cadena causal no constituye un efecto inmediato del acto u omisión que es imputado a una persona en términos de esta ley;

V. Se entiende por cadena causal la secuencia de influencias de causa y efecto de un fenómeno que se representa por eslabones relacionados;

VI. No se considerará que existe un daño indirecto, cuando entre la conducta imputada y el resultado que se le atribuye, sobrevenga el hecho doloso de un tercero que resulte completamente determinante del daño. Esta excepción no operará si el tercero obra por instrucciones, en representación o beneficio, con conocimiento, consentimiento o bajo el amparo de la persona señalada como responsable;

VII. Los daños indirectos regulados por la presente ley se referirán exclusivamente a los efectos ambientales de la conducta imputada al responsable;

VIII. Estado base: Condición en la que se habrían hallado los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, las relaciones de interacción y los servicios ambientales, en el momento previo inmediato al daño y de no haber sido éste producido;

IX. Fondo: El Fondo de Responsabilidad Ambiental;

X. Ley: La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;

XI. Leyes ambientales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley de Aguas Nacionales, y la Ley General de Bienes Nacionales; así como aquellos ordenamientos cuyo objeto o disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente o sus elementos;

XII. Mecanismos alternativos: Los mecanismos alternativos de solución de controversias, tales como la mediación, la conciliación y los demás que permitan a las personas prevenir conflictos, o en su caso, solucionarlos, sin necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo para garantizar la legalidad y eficacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento del mismo;

XIII. Procuraduría: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

XIV. Sanción económica: El pago impuesto por la autoridad judicial para penalizar una conducta ilícita dañosa, dolosa con la finalidad de lograr una prevención general y especial e inhibir en el futuro comportamientos prohibidos;

XV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y _Recursos Naturales, y

XVI. Servicios ambientales: Las funciones que desempeña un elemento o recurso natural en beneficio de otro elemento o recurso natural, los hábitat, ecosistema o sociedad.

Artículo 3o. Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén, serán aplicables a:

I. Los convenios, procedimientos y actos administrativos suscritos o sustanciados de conformidad a las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte;

II. El procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto en esta ley;

III. La interpretación de la ley penal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así como a los procedimientos penales iniciados en relación a estos, y

IV. Los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en las leyes.

Artículo 4o. La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente título, podrán ejercerse y sustanciarse independientemente de las responsabilidades y los procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes.

Artículo 5o. Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su acto u omisión, o previendo como posible un resultado dañoso de su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto u omisión.

Artículo 6o. No se considerará que existe daño al ambiente .cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados, compensados y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría o de que,

II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas.

La excepción prevista por la fracción primera del presente Artículo no operará, cuando se incumplan los términos o condiciones de la autorización expedida por la autoridad.

Artículo 7o. A efecto de otorgar certidumbre e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de los daños ocasionados· al ambiente, la Secretaría deberá emitir paulatinamente normas oficiales mexicanas, que tengan por objeto establecer caso por caso y atendiendo la Ley de la materia, las cantidades mínimas de deterioro, pérdida, cambio, menoscabo, afectación, modificación y contaminación, necesarias para considerarlos como adversos y dañosos. Para ello, se garantizará que dichas cantidades sean significativas y se consideren, entre otros criterios, el de la capacidad de regeneración de los elementos naturales.

La falta de expedición de las normas referidas en el párrafo anterior, no representará impedimento ni eximirá al responsable de su obligación de reparar el daño a su estado base, atendiendo al concepto previsto en el artículo 20., fracción III, es esta ley.

Las personas y las organizaciones sociales y empresariales interesadas, podrán presentar a la secretaría propuestas de las normas oficiales mexicanas a las que hace referencia el presente artículo, en términos del procedimiento previsto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Artículo 8o. Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad a lo previsto por el artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente previo al momento de producirse un daño al ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental, serán consideras como una atenuante de la Sanción Económica por el órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia.

El monto de las garantías financieras a que hace referencia el párrafo anterior, deberá estar destinado específica y exclusivamente a cubrir las responsabilidades ambientales que se deriven de su actividad económica, productiva o profesional. Las garantías deberán quedar constituidas desde la fecha en que surta efectos la autorización necesaria para realizar la actividad, y mantenerse vigentes durante todo el periodo de desarrollo de la misma.

En términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se integrará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental.

Artículo 9o. En lo no previsto por esta Ley, se aplicarán las disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no contravengan lo dispuesto en esta ley.

Capítulo Segundo Obligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente

Artículo 10. Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de la presente ley.

De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente.

Artículo 11. La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será subjetiva, y nacerá de actos u omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos previstos en este título.

En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, cuando el daño sea ocasionado por un acto u omisión ilícitos dolosos, la persona responsable estará obligada a pagar una sanción económica.

Para los efectos de esta ley, se entenderá que obra ilícitamente el que realiza una conducta activa u omisiva en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a las autorizaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas por la Secretaría u otras autoridades.

Artículo 12.Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de:

I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos;

II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral;

III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas, y

IV. Aquellos supuestos y conductas previstos por el Artículo 1913 del Código Civil Federal.

Artículo 13. La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su Estado Base los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación.

La reparación deberá llevarse a cabo en el lugar en el que fue producido el daño.

Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado un daño al ambiente, deberán permitir su reparación, de conformidad a esta Ley. El incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la imposición de medios de apremio y a la responsabilidad penal que corresponda.

Los propietarios y poseedores que resulten afectados por las acciones de reparación del daño al ambiente producido por terceros, tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulte responsable por los daños y perjuicios que se les ocasionen.

Artículo 14. La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:

I. Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño, o

II. Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes:

a) Que los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra o actividad ilícita que debió haber sido objeto de evaluación y autorización previa en materia de impacto ambiental o cambio de uso de suelo en terrenos forestales;

b) Que la secretaría haya evaluado en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro, y

c) Que la secretaría expida una autorización posterior al daño, al acreditarse plenamente que tanto las obras y las actividades ilícitas, como las que se realizarán en el futuro, resultan en su conjunto sustentables, y jurídica y ambientalmente procedentes en términos de lo dispuesto por las leyes ambientales y los instrumentos de política ambiental.

En los casos referidos en la fracción segunda del presente artículo, se impondrá obligadamente la sanción económica sin los beneficios de reducción de los montos previstos por esta Ley. Asimismo, se iniciaran de manera oficiosa e inmediata los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal a las personas responsables.

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este Artículo no tendrán validez hasta en tanto el responsable realice la compensación ambiental.

La compensación por concepto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Los daños patrimoniales y los perjuicios sufridos podrán reclamarse de conformidad con el Código Civil Federal.

Artículo 15. La compensación ambiental podrá ser total o parcial. En éste último caso, la misma será fijada en la proporción en que no haya sido posible restaurar, restablecer, recuperar o remediar el bien, las condiciones o relación de interacción de los elementos naturales dañados.

Artículo 16. Para la reparación del daño y la compensación ambiental se aplicarán los niveles y las alternativas previstos en este ordenamiento y las Leyes ambientales. La falta de estas disposiciones no será impedimento ni eximirá de la obligación de restituir lo dañado a su estado base.

Artículo 17. La compensación ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el responsable haga a su cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la reparación total o parcial del daño ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño.

Dicha inversión o acciones deberán hacerse en el ecosistema o región ecológica en donde se hubiese ocasionado el daño. De resultar esto materialmente imposible la inversión o las acciones se llevarán a cabo en un lugar alternativo, vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la comunidad afectada. En este último caso serán aplicables los criterios sobre sitios prioritarios de reparación de daños, que en su caso expida la secretaría en términos de lo dispuesto por la sección quinta, capítulo tercero del presente título.

El responsable podrá cumplir con la obligación prevista en el presente artículo, mediante la contratación de terceros.

Artículo 18. El Ejecutivo federal a través de la secretaría está facultada para realizar subsidiariamente por razones de urgencia o importancia, la reparación inmediata de los daños que ocasionen terceros al ambiente. Dicha reparación podrá hacerse con cargo al Fondo previsto por el la sección quinta, capítulo tercero del presente título.

En estos casos la administración pública federal deberá demandar al responsable la restitución de tos recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados al fondo.

Artículo 19. La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I. Trescientos a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y

II. De mil a ochocientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral.

Dicho monto se determinará en función de daño producido.

Artículo 20. Los montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, se reducirán a su tercera parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes:

I. Que dicha persona no ha sido sentenciada previamente en términos de lo dispuesto por esta Ley; ni es reincidente en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales;

II. Que sus empleados, representantes, y quienes ejercen cargos de dirección, mando o control en su estructura u organización no han sido sentenciados por delitos contra el ambiente o la gestión ambiental, cometidos bajo el amparo de la persona moral responsable, en su beneficio o con sus medios;

III. Haber contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funcionamiento permanente;

IV. Contar con la garantía financiera que en ·su caso se requiera en términos de lo dispuesto por el artículo 80. de esta ley, y

V. Contar con alguno de los certificados resultado de la auditoría ambiental a la que hace referencia el artículo 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 21. Si el responsable acredita haber realizado el pago de una multa administrativa impuesta por la procuraduría o la Comisión Nacional del Agua, como consecuencia a la realización de la misma conducta ilícita que dio origen a su responsabilidad ambiental, el Juez tomará en cuenta dicho pago integrándolo en el cálculo del monto de la sanción económica, sin que ésta pueda exceder el límite previsto para el caso en la presente ley.

No podrá imponerse la Sanción Económica a la persona física que previamente haya sido multada por un Juez penal, en razón de haber realizado la misma conducta ilícita que da origen a su responsabilidad ambiental.

Artículo 22. Siempre que se ejerza la acción prevista en el presente título, se entenderá por demandada la imposición de la sanción económica. En ningún caso el juez podrá dejar de condenar al responsable a este pago, salvo en los casos previstos en el artículo anterior, cuando los daños ocasionados al ambiente provengan de una conducta lícita, o bien cuando exista el reconocimiento judicial de algún acuerdo reparatorio voluntario derivado de los mecanismos alternativos de resolución de controversias previstos por esta ley

Artículo 23. La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad económica de la persona responsable para realizar el pago, así como los límites, requisitos y garantías previstos en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la gravedad del daño ocasionado y el carácter intencional o negligente de la violación, asegurándose que se neutralice el beneficio económico obtenido, si lo hubiere, y se garantice prioritariamente el monto de las erogaciones del actor o actores que hayan sido necesarias para acreditar la responsabilidad. En cada caso el órgano jurisdiccional preverá que la sanción económica sea claramente suficiente· para lograr los fines de inhibición y prevención general y especial a que hace referencia el artículo 20., fracción XI, de esta ley.

El límite máximo del importe de la Sanción Económica previsto en el Artículo 19 no incluirá el pago de las erogaciones hechas para acreditar la responsabilidad ambiental por quien demande, concepto que siempre será garantizado al momento de dictar sentencia.

El juez deducirá del monto correspondiente al pago de sanción económica a cargo del responsable, el importe de las erogaciones que el actor o actores que hayan probado su pretensión hubieren realizado para acreditar la responsabilidad, y el responsable tendrá la obligación de consignarlo al juzgado para su entrega a aquellos. El pago de dicho importe será preferente respecto de cualquiera otra obligación.

Artículo 24. Las personas morales serán responsables del daño al ambiente ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas.

Las personas que se valgan de un tercero, lo determinen o contraten para realizar la conducta causante del daño serán solidariamente responsables, salvo en el caso de que se trate de la prestación de servicios de confinamiento de residuos peligrosos realizada por empresas autorizadas por la secretaría.

No existirá responsabilidad alguna, cuando el daño al ambiente tenga como causa exclusiva un caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 25. Los daños ocasionados al ambiente serán atribuibles a la persona física o moral que omita impedirlos, si ésta tenía el deber jurídico de evitarlos. En estos casos se considerará que el daño es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello derivado de una ley, de un contrato, de su calidad de garante o de su propio actuar precedente.

Artículo 26. Cuando se acredite que el daño o afectación, fue ocasionado dolosamente por dos o más personas, y no fuese posible la determinación precisa del daño aportado por cada responsable, todas serán responsables solidariamente de la reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí.

No habrá responsabilidad solidaria en los términos previstos por el presente artículo, cuando se acredite que la persona responsable:

I. Ha contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de la persona moral derivadas de las leyes, licencias, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funcionamiento permanente;

II. Cuenta con alguno de los certificados resultado de la auditoría ambiental a la que hace referencia el artículo 38 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y

III. Cuente con la garantía financiera prevista en el artículo 8o de esta ley.

La sanción económica que corresponda será impuesta individualmente a cada una de las responsables.

Capítulo Tercero Procedimiento judicial de responsabilidad ambiental

Sección 1 De la acción para demandar la responsabilidad ambiental

Artículo 27. Las personas e instituciones legitimadas conforme al artículo 28 de la presente ley, podrán demandar la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones previstos en este Título, en términos de lo dispuesto por la presente ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles, o de conformidad a la ley federal que regule los procedimientos judiciales a los que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 28. Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a:

I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente;

II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;

III. La Federación a través de la procuraduría, y

IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción 11 de este Artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental.

Artículo 29. La acción a la que hace referencia el presente título prescribe en veinte años, contados a partir del día en que cese la conducta activa u omisiva productora del daño al ambiente.

Salvo en los casos previstos en los Artículos 23 y 28 de la presente ley, ninguna de las partes será condenada al pago de gastos y costas judiciales.

Artículo 30. El Poder Judicial de la federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental.

En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito en materia administrativa.

Sección 2 De la tutela anticipada y medidas cautelares

Artículo 31. La autoridad jurisdiccional que conozca de las acciones y demandas a que hace referencia el presente Capítulo, deberá ordenar a la secretaría y a la procuraduría, a efecto de que imponga inmediatamente las medidas preventivas y correctivas procedentes en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 32. En adición a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimiento Civiles, durante el procedimiento el Juez podrá decretar las medidas precautorias siguientes:

I. El aseguramiento de documentos, libros, cosas, papeles y bienes relacionados con los daños, así como con el cumplimiento de las obligaciones jurídicas del demandado, previstas por las leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte, y

II. El aseguramiento o toma de muestras de sustancias peligrosas, materiales, residuos, líquidos, contaminantes y de los elementos naturales relacionados con el daño ocasionado al ambiente.

Las medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con los establecido por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 33. Los terceros propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado el daño estarán obligados a permitir las medidas precautorias que resuelva el órgano jurisdiccional. En todo caso tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulta responsable de ocasionar dichos daños.

Sección 3 De los elementos de prueba

Artículo 34. El órgano jurisdiccional podrá allegarse oficiosamente de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley.

El juez requerirá a la secretaría y a la procuraduría para que aporten todos los elementos pericia les, testimoniales, documentales y demás indicios y elementos de prueba con los’ que cuenten. Los servidores públicos estarán obligados a cumplir con dicha obligación.

Artículo 35. Para acreditar los hechos o circunstancias en relación al estado base, el daño ocasionado al ambiente, así como el nexo causal, las partes y las autoridades podrán utilizar fotografías, imágenes de satélite, estudios de poblaciones y en general toda clase de elementos aportados por la técnica y la ciencia. Salvo en los casos en lo que en Código Federal de Procedimientos Civiles otorgue mayor valor probatorio, estos medios de prueba constituirán indicios.

Artículo 36. El estado base se determinará a partir de la mejor información disponible al momento de su valoración.

El nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada al demandado debe probarse en la sustanciación del juicio. El juez considerará en su valoración la naturaleza intrínseca de la conducta y la forma en que se ha desarrollado para generar o causar el daño.

Sección 4 De la sentencia, ejecución y seguimiento

Artículo 37. Además de lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, la sentencia condenatoria que se dicte deberá precisar:

I. La obligación de reparar ambientalmente el daño, que corresponda;

II. La obligación de compensar ambientalmente a través de las acciones que procedan, en forma total o parcial;

III. Las medidas y acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente;

IV. El pago de la Sanción Económica que resulte procedente, así como los razonamientos y justificación respecto al por qué el monto impuesto es suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general y especial a los que hace referencia el artículo 2o., fracción XI, de esta ley;

V. El importe que corresponda pagar a favor del actor o actores que hayan probado su pretensión, correspondiente a los gastos realizados para acreditar la responsabilidad, que deberá ser deducido del monto determinado en la Sanción Económica y consignado ante el Juez en términos de los dispuesto por el Artículo 23 de esta ley, y

VI. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.

Artículo 38. De conformidad a lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que cause ejecutoria la sentencia que resulte condenatoria, el juez dará vista a las partes para que dentro del término de treinta días se pronuncien sobre:

I. La forma, términos y niveles de reparación material ambiental del daño ocasionado al ambiente que se propongan para cumplir esas obligaciones;

II. La imposibilidad total o parcial de reparar materialmente ambientalmente el daño, y en consecuencia, la forma, lugar y alcance de la compensación ambiental total o parcial, y

III. Los plazos propuestos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.

Si las partes llegaran a un acuerdo respecto a lo previsto en este Artículo, podrán formular una propuesta conjunta.

Cuando exista causa justificada por razones de la complejidad técnica o material para dar cumplimiento a lo determinado por las fracciones I, II y III, el término establecido en el párrafo primero del presente artículo podrá ser prorrogable por el juez hasta por 30 días.

Artículo 39. En la determinación de las medidas de reparación y compensación ambiental se considerará:

I. El criterio de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio;

II. Las acciones que proporcionen recursos naturales o Servicios Ambientales del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados;

III. Las mejores tecnologías disponibles;

IV. Su viabilidad y permanencia en el tiempo;

V. El costo que implica aplicar la medida;

VI. El efecto en la salud y la seguridad pública;

VII. La probabilidad de éxito de cada medida;

VIII. El grado en que cada medida servirá para prevenir daños futuros y evitar riesgos como consecuencia de su aplicación;

IX. El grado en que cada medida beneficiará al ecosistema dañado;

X. El grado en que cada medida tendrá en cuenta los correspondientes intereses sociales, económicos y culturales de la localidad;

XI. El periodo de tiempo requerido para la recuperación de los ciclos biológicos que fueron afectados por el daño causado al ecosistema;

XII. El grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha sufrido el daño ambiental, y

XIII. La vinculación geográfica con el lugar dañado.

Artículo 40. Una vez que el juez reciba las propuestas para la reparación del daño o su compensación conforme a lo previsto por el artículo 38 de la presente ley, requerirá a la secretaría, para que en el término de diez días, formule su opinión en relación a la idoneidad y legalidad de las propuestas.

En caso de que una de las partes fuera omisa, se estará a la propuesta de la otra, siempre que ésta reciba opinión favorable de la secretaría.

En caso de que ambas partes sean omisas, o las propuestas no cuenten con la opinión favorable de la Secretaría, se estará a lo que disponga dicha dependencia.

Para este efecto, se le requerirá para que formule una propuesta oficial en el término de ocho días.

Los gastos en los que incurra la secretaría podrán hacerse con cargo al fondo previsto en el artículo 45 de esta ley. En estos casos, la administración· pública federal estará obligada a demandar al responsable la restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados a dicho fondo.

Si existiesen diversas alternativas que pudieran generar los mismos resultados positivos de reparación o compensación, se optará por la menos onerosa para el responsable.

Artículo 41. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones materia de la presente Ley, será fijado por el Juez tomando en consideración:

I. La naturaleza de las obras o actos necesarios para reparar el daño ocasionado al ambiente y en su caso, cumplir con la compensación ambiental;

II. Lo propuesto por las partes, y

III. La opinión o propuesta de la secretaría.

Artículo 42. La Procuraduría auxiliará a la autoridad judicial en la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del responsable.

Dicha dependencia informará bimestralmente al Juez sobre los avances en el cumplimiento de las sentencias. Las partes podrán manifestar lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento o deficiente ejecución de dicha resolución.

Artículo 43. Para salvaguardar el interés público del procedimiento judicial, las personas que tengan legitimación activa, deberá cumplir con los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, y deberá salvaguardar la representación adecuada, de conformidad con lo previsto en dicho ordenamiento.

Artículo 44. Las sentencias y convenios derivados del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental serán públicos.

Sección 5 Del fondo

Artículo 45. El Fondo de Responsabilidad Ambiental tendrá como objeto el pago de la reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia determine la administración pública federal, además del pago de los estudios e investigaciones que el juez requiera realizar a la Secretaria o la Procuraduría durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental.

La información relativa a la operación del Fondo será pública en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 46. El Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y administración de la Secretaría, y su patrimonio se integrará con:

I. La sanción económica referida en la fracción XI del artículo 2o de la presente ley, y

II. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

La secretaría expedirá las bases y reglas -de operación del fondo, en la que tendrán participación la procuraduría, las instituciones académicas y las organizaciones sociales.

El patrimonio del fondo se destinará exclusivamente a la reparación de los daños al ambiente a los que hace referencia el artículo 18 de esta Ley, así como aquellos identificados en sitios prioritarios de conformidad con las bases y reglas de operación que expida la secretaría.

El fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables.

Título Segundo

Capítulo Único Mecanismos alternativos de solución de controversias

Artículo 47. Toda persona tiene el derecho de resolver las controversias de carácter jurídico y social que se ocasionen por la producción de daños al ambiente, a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten las alternativas de solución que resulten ambiental y socialmente más positivas.

Las personas ambientalmente responsables y los legitimados para accionar judicialmente en términos del título primero de esta ley, podrán resolver los términos del conflicto producido por el daño ocasionado al ambiente, mediante los mecanismos alternativos de mediación, conciliación y los demás que sean adecuados para la solución pacífica de la controversia, de conformidad a lo previsto por esta ley, o las disposiciones reglamentarias del párrafo cuarto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo no previsto por el presente Título se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no contravenga lo dispuesto por esta ley.

Artículo 48. Podrán ser materia de los mecanismos· alternativos de solución de controversias, todas o algunas de las diferencias que se susciten entre las personas e instituciones previstas en el Artículo anterior, en relación con los hechos relativos al daño ocasionado al ambiente, la tutela del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, las obligaciones de reparación y compensación ambiental, así como la acción, pretensiones y desistimiento materia del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental, siempre que no se afecten la moral, los derechos de terceros, ni se contravengan las leyes ambientales, las disposiciones de orden público y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 49. Si durante el procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto por el Título Primero de esta ley, y antes de que se dicte sentencia definitiva, se lograse un acuerdo entre las partes, en términos de lo previsto por los Mecanismos Alternativos referidos en este Capítulo; conforme a los acuerdos e instrumentos de justicia restaurativa o alguna otra forma anticipada de terminación del proceso penal previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales; o bien mediante el convenio de reparación previsto por el artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; el juez que conozca del procedimiento reconocerá dicho acuerdo sobre la reparación de los daños y dictará sentencia.

El juez dará vista a la secretaría para que en un plazo de ocho días hábiles, se manifieste sobre los términos del acuerdo, cuidando su idoneidad y el cumplimiento de las disposiciones previstas por esta ley, las leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte.

En caso de que el acuerdo sea incorporado a la sentencia, no se condenará al responsable al pago de la Sanción Económica prevista en el Título Primero de la presente ley.

Será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos el incumplimiento del requerimiento en el plazo determinado por el juez en el presente artículo.

Cuando del acuerdo se desprenda que su cumplimiento puede afectar los bienes de un tercero, el juez recabará su conformidad. Si no se obtuviese ésta, apercibirá a la partes para que modifiquen los términos de su acuerdo.

Artículo 50. En caso de que resulte procedente en términos del artículo anterior, un acuerdo sobre la reparación o compensación voluntaria del daño ocasionado al ambiente el juez informará a la procuraduría para que considere dicho acuerdo, el que se entenderá como cumplimiento de medidas correctivas y de urgente aplicación, siendo procedente la aplicación de los beneficios administrativos de revocación o disminución de las sanciones previstas en el Artículo 169 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 51. Los mecanismos alternativos que se refieran a conductas constitutivas de delitos contra el ambiente, respecto de las que no proceda el perdón o el desinterés jurídico de la víctima o de la procuraduría, se regularán en términos del Título Tercero de esta ley y el Código Federal de Procedimientos Penales.

El fin de estos mecanismos será lograr la justicia restaurativa, mediante la participación de la víctima u ofendido y el imputado, para buscar la solución a las controversias derivadas del hecho calificado como delito.

Título Tercero

Capítulo Único Responsabilidad penal en materia ambiental

Artículo 52. Las disposiciones del presente título serán aplicables a los conflictos penales y los procedimientos derivados de la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, de conformidad a lo previsto por el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales.

La reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, que proceda en términos del Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, se llevarán a cabo con arreglo a lo previsto por el artículo 3o de esta ley y las disposiciones del presente título.

El Ministerio Público está obligado a solicitar de oficio la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente.

Artículo 53. El Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión desarrollarán políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente; investigación, persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos e infracciones administrativas que los ocasionan; así como para la reinserción social de los individuos penal y ambientalmente responsables que” induzcan al respeto de las leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte.

Para tal efecto la procuraduría y la Procuraduría General de la República expedirán y harán público el programa respectivo.

Estas políticas serán acordes con la formulación y conducción de la política ambiental y se llevarán a cabo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 54. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito contra el ambiente podrá denunciarlo directamente ante el Ministerio Público.

En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría o la Procuraduría tengan conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos contra el ambiente, formularán denuncia inmediata ante el Ministerio Público.

La procuraduría presentará las querellas y otorgará el perdón en los casos de delitos contra la gestión ambiental, atendiendo a lo dispuesto por los principios de política criminal ambiental a que se refiere el artículo anterior, así como a lo dispuesto por el Título Segundo de esta ley.

Todo servidor público está obligado a notificar de manera inmediata al Ministerio Público, la probable existencia de un hecho que la Ley considere como delito contra el ambiente, así como la identidad de quien posiblemente lo haya cometido o haya participado en su comisión, transmitiendo todos los datos que tuviere al respecto poniendo a disposición-a los inculpados si hubieren sido detenidos.

Artículo 55. Para efectos de lograr la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente la Procuraduría será coadyuvante del Ministerio Público, en los términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima o el ofendido por sí mismo o a través de su representante legal.

La secretaría y la procuraduría proporcionarán los dictámenes técnicos o pericia les que le requiera el Ministerio Público o las autoridades judiciales, con motivo de los procedimientos penales que se inicien por la comisión de delitos contra el ambiente o la gestión ambiental.

Artículo 56. Atento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 40. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerará víctima de los delitos contra el ambiente a toda persona habitante de la comunidad posiblemente afectada por el ilícito cuando se constituya como denunciante ante el Ministerio Público.

Artículo Segundo. Se reforman el párrafo segundo del artículo 168 y el artículo 169; y se adicionan tres párrafos al artículo 168 y un párrafo último al artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 168. ...

Durante el procedimiento, y antes de que se dicte resolución administrativa, el interesado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a petición del primero, podrán convenir la realización de acciones para la reparación y compensación de los daños que se hayan ocasionado al ambiente.

En los convenios administrativos referidos en el párrafo anterior, podrán intervenir quienes sean parte en el procedimiento judicial previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, siempre que se trate de la misma infracción, hechos y daños.

En la formulación y ejecución de los convenios se observará lo dispuesto por el Artículo 169 de esta ley, así como lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en ellos podrá también acordarse la realización del examen metodológico de las operaciones del interesado a las que hace referencia el Artículo 38 Bis, así como la atenuación y conmutación de las multas que resulten procedentes. En todo caso, deberá garantizarse el cumplimiento de las obligaciones del infractor, en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación.

La celebración del convenio suspenderá el procedimiento administrativo y el término para la caducidad, a partir de la presentación de la solicitud a la autoridad, y hasta por un plazo de cuarenta y cinco días hábiles.

Artículo 169. La resolución del procedimiento administrativo contendrá:

I. Las sanciones a que se haya hecho acreedor el responsable;

II. Las medidas que el responsable deba llevar a cabo para corregir las deficiencias, violaciones o irregularidades observadas;

III. El reconocimiento de los términos y obligaciones derivados del convenio previsto en el Artículo anterior, y las medidas que el responsable deba llevar a cabo para su cumplimiento. En este supuesto, la resolución del procedimiento será pública, y

IV. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del infractor que se deriven de la resolución.

El infractor deberá informar a la autoridad ordenadora, por escrito, en forma detallada y dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo correspondiente, sobre el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente artículo.

La procuraduría podrá realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones del infractor. Cuando del acta que se levante al efecto, se desprenda su incumplimiento, podrá imponerse además de las sanciones previstas en el artículo 171 de esta ley, una multa adicional que no exceda el monto previsto en dicho precepto.

En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, subsane las irregularidades detectadas, o cumpla con las obligaciones derivadas del convenio previsto en el artículo 168, en los plazos ordenados o acordados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, siempre y cuando el infractor no sea reincidente, ésta podrá revocar o modificar la sanción o sanciones impuestas.

En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio Público la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos.

Artículo 176. ...

...

La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso administrativo de revisión, podrán controvertirse en vía de juicio ante los juzgados de distrito en materia administrativa. Cuando se impugne la resolución del recurso administrativo, se entenderá que simultáneamente se impugna la resolución administrativa recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 106, párrafo primero, 107, párrafo primero; se deroga el último párrafo del artículo 107, y se derogan los artículos 108 y 109 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Ley General de Vida Silvestre

Artículo 106. Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a la vida silvestre o a su hábitat, está obligada a repararlo o compensarlo de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

...

Artículo 107. Cualquier persona podrá denunciara la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los daños ocasionados a la vida silvestre o a su hábitat de los que tenga conocimiento.

...

...

Artículo 108. (Se deroga).

Artículo 109. (Se deroga).

Artículo Cuarto. Se reforman los artículos 17 y 77, se adiciona un párrafo al Artículo 68, todos ellos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Ley General para la Prevencióny Gestión Integral de los Residuos

Artículo 17. Los residuos de la industria minera-metalúrgica provenientes del minado y tratamiento de minerales tales como jales, residuos de los patios de lixiviación abandonados, así como los metalúrgicos provenientes de los procesos de fundición, refinación y transformación de metales; que se definirán en forma genérica en el reglamento según lo estipulado en el artículo 7, fracción III, de esta ley, son de regulación y competencia federal. Podrán disponerse finalmente en el .sitio de su generación; su peligrosidad y manejo integral, se determinará conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables, y. estarán sujetos a los planes de manejo previstos en esta Ley. Se exceptúan de esta clasificación los referidos en el Artículo 19 fracción I de este ordenamiento.

Artículo 68. ...

Toda persona física o moral que, directa o indirectamente, contamine un sitio u ocasione un daño o afectación al ambiente como resultado de la generación, manejo o liberación, descarga, infiltración o incorporación de materiales o residuos peligrosos al ambiente, será responsable y estará obligada a su reparación y, en su caso, a la compensación correspondiente, de conformidad a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Artículo 77. Las acciones en materia de remediación de sitios, y de reparación y compensación de daños ocasionados al ambiente, previstas en este capítulo, se llevarán a cabo de conformidad con lo que señale el Reglamento, y a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Artículo Quinto. Se reforma el párrafo tercero y se deroga el párrafo cuarto del artículo 136, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo 136. ...

...

Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes, estará obligada a repararlo o compensarlo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Artículo Sexto. Se reforman los artículos 14 Bis 4, 96 Bis y 96 Bis 1 de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

Ley de Aguas Nacionales

Artículo 14 Bis 4. Para los fines de esta ley y sus reglamentos, son atribuciones de “la Procuraduría”:

I. a II. ...

III. Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia en los términos de esta Ley, de fa-Ley Generar del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;

IV. Promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua en los términos de esta Ley, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de las demás disposiciones jurídicas aplicables;

V. ...

VI. ...

Artículo 96 Bis. “La Autoridad del Agua” intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Artículo 96 Bis 1. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño.

...

Artículo Séptimo. Se reforman el primer párrafo, la fracción I y el párrafo quinto del artículo 421 del Código Penal Federal; y se adiciona un párrafo sexto al mismo artículo, para quedar como sigue:

Código Penal Federal

Capítulo V Disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente

Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimo Quinto, se impondrán las siguientes penas y medidas de seguridad:

I. La reparación y, en su caso, la compensación del daño al ambiente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;

II. a V....

...

...

Los parámetros mínimos y máximos de las penas de prisión a que se refiere el presente Título se disminuirán a la mitad, cuando el imputado o procesado repare o compense voluntariamente el daño al ambiente antes de que tal obligación le haya sido impuesta por resolución administrativa o sentencia judicial. Dicha disminución procederá también, cuando se realice o garantice la reparación o compensación del daño en términos de lo dispuesto por el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Se consideraran víctimas con derecho a solicitar la reparación o compensación del daño ambiental y coadyuvar en el proceso penal, a las personas legitimadas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Artículo Octavo. Se reforma la fracción VIII del Artículo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para quedar como sigue:

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:

I. a VII. , ..

VIII. La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones excepto los requeridos por el Ministerio Publico .o las autoridades judiciales a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás entidades del sector, durante los procesos de responsabilidad ambiental; y

IX. ...

Artículo Noveno. Se adiciona un artículo 77 Bis de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Artículo 77 Bis. Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los ecosistemas marinos o sus componentes estará obligada a la reparación de los daños, o bien, a la compensación ambiental que proceda de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Artículo Décimo. Se adiciona un artículo 153 a la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

Ley General de Bienes Nacionales

Artículo 153. Quienes realicen el uso o aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, sin contar con concesión permiso o autorización de la autoridad competente, ocasionando directa o indirectamente un daño a los ecosistemas o sus componentes, estarán obligados a la reparación de los daños al ambiente, o bien, a la compensación ambiental que proceda de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Fondo de Responsabilidad Ambiental deberá ser constituido y sus bases y reglas de operación, elaboradas y aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal posterior a la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal presupuestará cincuenta millones de pesos como capital inicial al Fondo de Responsabilidad Ambiental.

Tercero. Los juzgados de distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. El personal de cada uno de dichos juzgados de distrito recibirá capacitación especializada en materia de normatividad ambiental.

Consideraciones de la Comisión de Marina

En el devenir del tiempo se han incorporando diversos instrumentos legales para la protección del medio ambiente y la preservación de nuestros recursos naturales, que se han considerado una herramienta necesaria para inhibir las conductas más graves que se alejan de las directivas de la política y la gestión ambiental nacional, por lo que existe el ineludible deber de convertir la responsabilidad ambiental, en un ejercicio real, efectivo, justo y sensible a la problemática social, económica y ambiental de nuestro país.

México ha asumido varios compromisos en el ámbito internacional en relación al desarrollo y establecimiento de normatividad enfocada a la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente. Nuestra Nación se ha caracterizado por adoptar una posición fomentadora de la protección y preservación del medio ambiente en varios espacios y foros internacionales. Los objetivos y metas de los mismos se encaminan a garantizar el derecho a un medio ambiente sano, y los correspondientes medios para su goce y pleno ejercicio.

En la primera conferencia mundial en la que se” debatieron los problemas ambientales planetarios se vinculó al medio ambiente y al hombre, ubicando a éste como centro de las preocupaciones de la comunidad internacional. Por ello, la Conferencia de Estocolmo de 1972, fue convocada bajo el título oficial de Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano. De esta Conferencia surgió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual, se dio la tarea de cooperar con los países miembros para resolver los problemas de contaminación, tanto regionales como subregionales y nacionales, en los terrenos técnico y económico-social.

En 1984, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, con el objeto de analizar y documentar la vinculación de este binomio. Para 1987, esa géne.sis pragmática adquiere una fisonomía propia con el Informe Bruntland, cuando por primera vez se planteo el tema del desarrollo sostenible, el cual constituyó un importante antecedente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en el mes de junio de 1992, en la cual 178 naciones estuvieron representadas por sus jefes de Estado, convirtiéndola en la primera Cumbre de la Tierra que abordó el binomio medio ambiente y desarrollo, y asumió el desarrollo sustentable como objetivo de la comunidad de naciones.

Como resultado de las Conferencias antes señaladas, se establecieron una serie de principios que regirían e influenciarían a los sistemas jurídicos de los Estados miembros en materia de protección al ambiente. De tal suerte, se puede mencionar entre los más importantes de la Declaración de Río, los siguientes:

“ PRINCIPIO 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones...

... Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

PRINCIPIO 11. Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades, ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican...

PRINCIPIO 13.Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.

PRINCIPIO 16. Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés publico ...”

Con base en lo anterior, el gobierno mexicano, al igual que el resto de la comunidad internacional, se comprometió a legislar en materia de responsabilidad por daños ocasionados al ambiente, indemnización y compensación de las víctimas de la contaminación, y para hacer posible el acceso efectivo de la ciudadanía a los tribunales que impartan justicia en materia ambiental.

En México la legislación y las instituciones relacionadas con el medio ambiente y la ecología han evolucionado durante las últimas tres décadas. La primera Ley Federal en materia ambiental fue la de 1971, cuya aplicación fue competencia de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y del Consejo de Salubridad General, creándose la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente en 1972. A principios de la década de los ochenta se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y, dentro de ella, la Subsecretaría de Ecología y que se incluyera por primera vez un capítulo de ecología en el Plan Nacional de Desarrollo.

El 11 de enero de 1982 se publicó la Ley Federal de Protección al Ambiente, que abrogaría a la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental de 1971, cuya ejecución continuó estando a cargo del Ejecutivo Federal. También que en agosto de 1987 fue publicado el Decreto por el que se reformo el párrafo tercero del artículo 27 y se adiciona una fracción XXIX -G al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de explicitar que, entre el ámbito potestativo que corresponde a la nación de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, se encuentran las relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico, y facultar al Congreso de la Unión “para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico”. Cuando se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 1988, la autoridad competente para su aplicación fue la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE).

Asimismo, se reguló la figura de la evaluación g~1 impacto ambiental como requisito previo para el otorgamiento de permisos y autorizaciones en las materias ecológicas del ámbito federal, correspondiendo a las entidades federativas y a los municipios evaluar el impacto ambiental en materias fuera del ámbito de competencia federal; se incluyeron los conceptos de áreas naturales protegidas, zonas sujetas a conservación ecológica y la denuncia popular, que podía ejercer cualquier persona ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, entre otras más.

No obstante para mayo de 1992, se creó mediante reforma a la Ley de: la Administración Pública Federal, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y mediante Decreto Presidencial se expidió su Reglamento Interior, de tal suerte, que en junio de 1992, se crearon dos de las dependencias más importantes en el rubro ambiental, es decir, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el Instituto Nacional de Ecología (INE), como órganos desconcentrados de la Secretaria de Desarrollo Social. Para enero de 2003, se publicó el Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En su articulado se establecen las atribuciones del INE y de la PROFEPA y pasan a ser desconcentrados de esta Secretaría.

Anteriormente, en diciembre de 1996 fue publicado el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Fue una reforma sustantiva y profunda que abarcó una buena parte de los capítulos y artículos en que se divide dicha Ley, destacando que se confirma la figura de la denuncia popular, que a partir de dicha reforma se debió presentar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; se reguló el procedimiento que debe dar esta Procuraduría a las denuncias recibidas, atribuyéndole facultades para efectuar las diligencias necesarias, iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia con el propósito de determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia; y precisando que las resoluciones que emita la PROFEPA tendrán el carácter de recomendaciones a las autoridades federales, estatales o municipales, necesarias para promover ante la autoridad responsable la ejecución de las acciones procedentes.

Recordemos que las resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de cualquier otra autoridad que atenten contra el ambiente y los equilibrios ecológicos, son impugnables mediante el recurso de revisión a cargo de la misma autoridad emisora del acto impugnado, y contra la resolución de éste, en caso de no favorecer al promovente, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y contra la resolución que se dicte en relación al juicio de nulidad, procedería el juicio de amparo.

Pese al esquema anterior, la normatividad mexicana ambiental y sus instituciones no responden aún a las expectativas de justicia ambiental de las comunidades. La gestión ambiental en México es una atribución que en su origen y mayoría corresponde al Ejecutivo. Razón por la cual, es indispensable propiciar la intervención del Poder Judicial en la solución de los conflictos ambientales. Es impostergable construir un sistema de justicia que posibilite la acción corresponsable del gobierno y la sociedad civil en la protección del ambiente. Asimismo, es necesario legitimar a los ciudadanos para posibilitar su acceso a la justicia ambiental, garantizar la efectiva reparación de los daños, la atención a las víctimas de la contaminación, al mismo tiempo que desincentive económicamente a quienes no han optado por el cumplimiento de la normatividad que tutele el ambiente.

La necesidad de crear un sistema de responsabilidad ambiental, no sólo obedece al reclamo de reparación de daños ocasionados al entorno, sino fundamentalmente a la demanda social de participación directa en la tutela del ambiente, que requiere del acceso efectivo a los tribunales del Poder Judicial, esto ha sido expresado con claridad por expertos de todo el mundo en el marco de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en el 2002, para revisar el avance de los compromisos de la Conferencia de Río de Janeiro. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), auspició seis simposios de jueces, ministros, magistrados y expertos en el tema de justicia ambiental en todo el mundo, que concluyeron con la expedición de una declaración.

Los jueces y magistrados a través de la Declaración de Johannesburgo manifestaron:

“Afirmamos que un poder y un proceso judiciales independientes son decisivos para la ejecución, el desarrollo y la aplicación coercitiva del derecho ambiental, y que los miembros del poder judicial, son asociados imprescindibles para promover el cumplimiento, la ejecución y la aplicación coercitiva del derecho ambiental internacional y nacional” ( ... )

Ahora bien, no olvidemos que nuestros legisladores han incluido preceptos sobre responsabilidad ambiental en las leyes ambientales generales y sectoriales. Por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevé en su artículo 203 vigente lo siguiente:

“Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte 1m recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable.

El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de cinco años contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente.”

La anterior disposición nos señala claramente que para demandar la reparación del daño, debemos atender a lo que la legislación civil señala. Asimismo, nos establece un término de cinco años contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión para poder demandar dicha responsabilidad, lo cual en muchos casos, es muy difícil de tener la certeza, o por lo menos el conocimiento, del daño que se pretenda acreditar dentro del término establecido, debido a la impredecible posterioridad en que los efectos del daño se manifiesten, a esto se suma la cuestión de demostrar el nexo causal entre el daño y la conducta atribuida al demandado o demandados, y su grado de responsabilidad.

De lo anterior, podemos darnos cuenta de que la determinación del nexo causal es verdaderamente muy difícil, si se presentan casos que entrañen alguna de las situaciones arriba mencionadas. Razón por la cual, se reconoce que los daños ambientales pueden ocasionar efectos adversos sobre la salud humana, lo que justifica un sistema integral de responsabilidad ambiental que reconozca esta complejidad.

Como bien apunta la minuta, las normas sobre responsabilidad se encuentran dispersas y adolecen de preceptos tanto sustantivos como procesales que permitan su unidad y aplicación, haciéndolas contradictorias e inaplicables en la práctica. Lo que se hace evidente a propósito de la ausencia de procesos de responsabilidad ambiental en nuestros tribunales.

Con esta minuta se pretende regular la responsabilidad respecto a dos hipótesis dañosas, la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente, y la correspondiente a los daños y afectaciones ocasionados a la salud e integridad de las personas como resultado de materiales y residuos peligrosos que han sido liberados al entorno, bajo este contexto, indudablemente es primordial contar con una ley especifica que determine los mecanismos de-reparación, compensación o restauración del daño ambiental, por tal razón, se hace indispensable crear una ley federal que oriente de manera uniforme los actos de las autoridades y permita dar mayor certidumbre al gobierno y a la sociedad.

Asimismo, la minuta reconoce y retoma la premisa de que el bien jurídico a proteger por las normas positivas ambientales, es la calidad del ambiente y el derecho del hombre a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. El propio artículo Cuarto Constitucional señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Esta minuta permite a nuestro país incorporar al marco jurídico nacional principios internacionales ya aceptados años atrás además de fortalecer la participación ciudadana y permitir al estado cumplir con la garantía constitucional que tiene todo individuo a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, ya que nuestra sociedad se preocupa por el daño infligido a los componentes del ambiente; existe una demanda social de participación directa en la tutela del ambiente, que requiere del acceso efectivo y sin intermediación a los tribunales del Poder Judicial, así como la participación activa de este en la resolución de los conflictos ambientales, bajo un régimen especial de responsabilidad ambiental distinto al civil.

Se considera que el sistema que se propone no busca la repetición de aquello que puede ser logrado en términos de justicia ambiental, a través de los procedimientos vigentes, por el contrario, se pretende ampliar los instrumentos que brinden una resolución viable de los conflictos ambientales, con posibilidades jurídicas y procesales indispensables y hasta ahora inexistentes en nuestro sistema jurídico, que la responsabilidad administrativa, civil o penal no han podido atender.

Cada día se intensifican los problemas relacionados con el medio ambiente se requiere que a través de ordenamientos jurídicos, debidamente sistematizados y organizados se adquiera conocimiento jurídico sobre tres problemáticas íntimamente relacionadas, la del cuidado del medio ambiente, la de la aplicación estricta de la normatividad jurídica y la responsabilidad del Estado, como garante del orden jurídico y responsable en última instancia del bienestar social y colectivo.

La protección del medio ambiente es una garantía constitucional, ya que el Estado está obligado a preservar el medio ambiente, problema que a todos nos afecta como colectividad y cualquier ciudadano debe tener el derecho de demandar, la reparación del daño al Estado, cuando se le afecte su medio ambiente, porque al afectarlo está atentando contra su salud y contra el desarrollo de un ambiente sano, al cual tiene derecho por ser parte del entorno.

Cabe señalar que con la aprobación de esta Ley, se habrá dado un importante paso en nuestro sistema de justicia para garantizar la efectiva reparación de los daños al ambiente, mediante la acción corresponsable del Gobierno y la sociedad civil se podrá crear un sistema para que las demandas de la sociedad por daños a. la ecología lleguen de manera efectiva y sin intermediarios a los tribunales del Poder Judicial. Es decir, se acabaría la impunidad de empresas transnacionales, fábricas, desarrolladores turísticos e incluso instituciones gubernamentales, las cuales contaminan los’ cuerpos de agua, el suelo, subsuelo, manto freático y acuíferos.

En nuestro país, en los últimos 30 años la contaminación se ha incrementado de manera alarmante, por ello, la responsabilidad ambiental es un tema fundamental para México, que sufre un acelerado deterioro no sólo por’ la destrucción y sobre explotación de los ecosistemas, sino por la laxitud con que operan las industrias, es un tema de justicia social, ambiental y de salud.

Se fortalece la política ambiental, al crear nuevas normas jurídicas para la ciudadanía y al Estado, que permiten exigir responsabilidad por daño y deterioro ambientales, ya que la contaminación de fábricas, empresas, vehículos, buques y nucleoeléctricas, entre otros, están provocando un grave deterioro al medio ambiente, por lo que se hace necesario que los responsables reparen, compensen y restauren el daño, el cual en muchos casos no sólo es el ambiental, sino también la misma salud y propiedad de las personas.

Existe una enorme preocupación no sólo en México, sino en todo el mundo, por la falta de conciencia de las empresas, desarrolladores turísticos y autoridades, para cuidar y proteger la diversidad biológica de nuestro país por ello, se considera, que si se quiere mantener a México a la vanguardia, como una nación que protege sus áreas naturales y su biodiversidad biológica, es necesaria la creación de Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para tratar de frenar el deterioro del medio ambiente, y enfrentar el desastre que está ocasionando el cambio climático, además de establecer las bases jurídicas para que los mexicanos tengan acceso a la justicia ambiental.

Cabe hacer mención que la Ley en comento, no propone un régimen punitivo, por el contrario, introduce diversos incentivos para que los conflictos jurídicos y sociales ocasionados por el daño ambiental, sean resueltos primordialmente a través de mecanismos alternativos de solución a los que hace referencia el párrafo Cuarto del artículo 17 Constitucional que a la letra señala:

“Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”.

Dicha minuta, retoma la premisa de que el bien jurídico a proteger es la calidad del ambiente y el derecho de las personas a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza viene a salvaguardar el derecho de los mexicanos a un ambiente sano, así como el de las futuras generaciones, pues establece el principio de que el que contamina restaura y, en su caso, compensa y ya no será posible que pagando una multa, se permita contaminar, pues se impulsa una nueva cultura de respeto al medio ambiente.

Es así que los Diputados integrantes de la Comisión de Marina, una vez analizado el contenido de la minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, donde se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al medio Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales, consideramos importante, enfrentar de manera enérgica y con los instrumentos legales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga, el alarmante problema que representa hoy la degradación del medio ambiente ya que estimamos que las medidas adoptadas hasta ahora para combatir estas conductas, han sido insuficientes, por ello, en aras de preservar de la mejor manera nuestros recursos naturales, son convenientes y viables las propuestas contempladas en la minuta presentada ante esta honorable soberanía, como instrumentos idóneos necesarios para frenar la degradación creciente de nuestro medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Marina emite la siguiente:

Opinión

Primero. Con base en el estudio y análisis expresado, se considera la minuta con proyecto de decreto, que propone la creación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Vida Silvestre, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de Aguas Nacionales, así como del Código Penal Federal, y de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Navegación y Comercio Marítimos, y General de Bienes Nacionales, como viable en virtud de las aportaciones reales para favorecer dentro de un marco legal las innovaciones planteadas.

Segundo. Con base en los argumentos expresados en la presente opinión, se desprende que las reformas, adiciones y derogaciones que se proponen, constituyen las herramientas legales idóneas que redundaran en beneficio de las personas y nuestro medio ambiente, por lo consiguiente la opinión de esta Comisión de Marina es que debe dictaminarse en sentido positivo.

Tercero.La presente Opinión se formula, solamente en la materia de la competencia de esta Comisión.

Cuarto.Remítase la presente Opinión a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia, de esta Cámara de Diputados para los efectos legales a que haya lugar.

Quinto.Comuníquese la presente Opinión a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2013.

La Comisión de Marina, diputados: José Soto Martínez (rúbrica), presidente; Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), secretarios; Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Roberto López Suárez (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Máximo Othón Zayas, Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), Uriel Flores Aguayo, Rafael González Reséndiz.»

«Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, fue turnada la anterior minuta para dictamen y para opinión a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Recursos Hidráulicos, de la Función Pública, de Marina y de Gobernación de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 157 y 158, numeral 1, fracción IX, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la minuta mencionada en el exordio del dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. El 25 de agosto de 2010, el senador Arturo Escobar y Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Segundo.El 6 de diciembre de 2011, el pleno de la honorable Cámara de Senadores aprobó la iniciativa por 72 votos.

Tercero. El 8 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia para dictamen, y para opinión de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Recursos Hidráulicos, de la Función Pública, de Marina y de Gobernación.

II. Contenido de la minuta

Primero.La minuta propone la expedición de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual busca armonizar la legislación en materia de responsabilidad ambiental, regulando la responsabilidad respecto a dos hipótesis dañosas: la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente, y la correspondiente a los daños y afectaciones ocasionados a la salud e integridad de las personas como resultado de materiales y residuos peligrosos que han sido liberados al entorno.

Señala que se consideran de utilidad pública la reparación del daño ocasionado al ambiente, la compensación ambiental, las· indemnizaciones y las acciones ambientales complementarias. El procedimiento de responsabilidad ambiental es de orden público e interés social.

Segundo.Propone que serán nulos de pleno derecho, los convenios, contratos y demás acuerdos de voluntades que restrinjan o excluyan la responsabilidad ambiental, o contravengan las disposiciones de la ley.

Tercero. Para los efectos de la responsabilidad ambiental y penal, establece que no se considerarán adversas las pérdidas, deterioros, menoscabos, afectaciones o modificaciones que hayan sido claramente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental.

Cuarto.Señala que el daño ocasionado al ambiente es una consecuencia concurrente con el daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos naturales.

Quinto. Propone que la reparación y compensación del daño ocasionado al ambiente será preferente respecto al cumplimiento de otras obligaciones patrimoniales que correspondan en términos de la legislación civil.

Sexto. Señala que cuando se ejerza la acción de responsabilidad por daño al ambiente se entenderán por demandadas las medidas ambientales complementarias.

Séptimo. Define que son daños ocasionados al ambiente, daños a la salud y afectaciones a la integridad de la persona; de competencia federal, aquellos que se susciten a causa de conductas reguladas por leyes u ordenamientos de carácter general federales, respecto a materias de competencia federal.

Octavo. Pretende que las personas morales sean responsables de los daños al ambiente, de los daños a la salud, así como de las afectaciones a la integridad de las personas, ocasionados por sus representantes, administradores, socios, gerentes, directores o empleados, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas.

Noveno. Determina que la reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en la restauración, restablecimiento, recuperación o remediación de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos naturales o de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, o de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, de conformidad a la situación en la que se encontraban antes de ocurrido el daño.

Décimo. Establece que las personas físicas o morales que con su acción u omisión, ocasionen directa o indirectamente un daño a la salud o afectación a la integridad de las personas, en términos del artículo segundo de esta Ley, serán responsables y estarán obligadas al pago de una indemnización o compensación.

Undécimo. Contempla que la acción de responsabilidad ambiental prescriba en treinta años, contados a partir del día en que cesa la acción u omisión generadora del daño o afectación.

Consideraciones

Primera. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción debe considerar los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el ámbito internacional en relación al desarrollo y establecimiento de normatividad enfocada a la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente. Nuestro país se ha caracterizado por el fomento, protección y preservación del medio ambiente en varios espacios y foros internacionales. Los objetivos y metas de los mismos se encaminan a garantizar el derecho a un medio ambiente sano, y los correspondientes medios para su goce y pleno ejercicio.

Para ello, cabe recordar la Conferencia de Estocolmo, celebrada en 1972, bajo el título Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, de la que se derivó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que coopero con los países miembros para resolver los problemas de contaminación, tanto regionales como subregionales y nacionales, en los terrenos técnico y económico-social.

En 1984 se estableció la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objeto de analizar y documentar la vinculación entre el desarrollo y el medio ambiente. Para 1992 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en la que estuvieron presentes 178 naciones representadas por sus jefes de Estado, siendo la primer reunión internacional que abordó el binomio medio ambiente y desarrollo, y asumió el desarrollo sustentable como objetivo de la comunidad de naciones.

Derivado de las conferencias antes referidas se han establecido una serie de principios para regir e influir en los sistemas jurídicos de los Estados miembros en materia de protección al ambiente. De tal suerte, que podemos mencionar entre los más importantes de la Declaración de Río, los siguientes:

Principio 10.El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones ...

...Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

Principio 11. Los Estados deberán desarrollas la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita -}L más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.

Principio 16. Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internacionalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público...

Derivado de ello, el Estado mexicano se comprometió a legislar en materia de responsabilidad por daños ocasionados al ambiente, indemnización. y .compensación de las víctimas de la contaminación, y para hacer posible el acceso efectivo de la ciudadanía a los tribunales que impartan justicia en materia ambiental.

Segunda. En nuestro país, la legislación y las instituciones relacionadas con el medio ambiente y la ecología han evolucionado durante las últimas tres décadas. Así tenemos que la primera Ley Federal en materia ambiental es de 1971, cuya aplicación fue competencia de la secretaría de Salubridad y Asistencia y del Consejo de Salubridad General, siendo en 1972 que se crea la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente. A principios de la década de los ochenta se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y, dentro de ella, la Subsecretaría de Ecología y se incluyó por primera vez un capítulo de ecología en el Plan Nacional de Desarrollo.

La Ley Federal de Protección al Ambiente se publicó el 11 de enero de 1982, abrogando la Ley para prevenir y controlar la Contaminación de 1971, la ejecución de dicha normatividad estuvo a cargo del Ejecutivo federal.

En 1987 se publicó el decreto por el que se reformó el párrafo tercero del artículo 27 y se adicionó la fracción XXIX G al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de explicar que entre el ámbito potestativo que corresponde a la nación de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, se encuentran las relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico, y facultar al Congreso de la Unión “para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

En 1988 se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), siendo la autoridad competente para su aplicación la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue).

De igual forma, se reguló la figura de la evaluación del impacto ambiental como requisito previo para el otorgamiento de permisos y autorizaciones en las materias ecológicas del ámbito federal, correspondiendo a las entidades federativas y a los municipios evaluar el impacto ambiental en materias fuera del ámbito de competencia federal; se incluyeron los conceptos de áreas naturales protegidas, zonas sujetas a conservación ecológica y la denuncia popular, que podía ejercer cualquier persona ante la Sedue, entre otras.

En la década de los noventas, en mayo de 1992, se creó mediante reforma a la Ley de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y mediante Decreto Presidencial se expidió su Reglamento Interior, de tal suerte, que en junio de 1992, se crearon dos de las dependencias más importantes en el rubro ambiental, es decir, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Instituto Nacional de Ecología (INE), como órganos desconcentrados de la Sedesol.

En diciembre de 1996 se publicó el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la LEGEEPA, reforma sustantiva y profunda, en la que se confirma la figura de la denuncia popular, que a partir de dicha reforma debió presentarse ante la Profepa; se reguló el procedimiento que debe dar esta Procuraduría a las denuncias recibidas, atribuyéndole facultades para efectuar las diligencias necesarias, iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia con el propósito de determinar la existencia de actos, hechos y omisiones constitutivos de la denuncia; y precisando que las resoluciones que emita la Profepa tendrán el carácter de recomendaciones a las autoridades federales, estatales o municipales, necesarias para promover ante la autoridad responsable la ejecución de las acciones procedentes.

Para enero de 2003, se publicó el decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En su articulado se establecen las atribuciones del INE y de la Profepa, los cuales pasaron a ser desconcentrados de dicha secretaría.

Tercera. La necesidad de crear un sistema de responsabilidad ambiental, no sólo obedece al reclamo de reparación de daños ocasionados al entorno, sino fundamentalmente a la demanda social de participación directa en la tutela del ambiente, que requiere del acceso efectivo a los tribunales del Poder Judicial, esto ha sido expresado con claridad por expertos de todo el mundo en el marco de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, celebrada en 2002, para revisar el avance de los compromisos de la Conferencia de Río de Janeiro. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), auspició seis simposios de jueces, ministros, magistrados y expertos en el tema de justicia ambiental en todo el mundo, que concluyeron con la expedición de una declaración, que dice :“Afirmamos que un poder y un proceso judiciales independientes son decisivos para la ejecución, el desarrollo y la aplicación coercitiva del derecho ambiental, y que los miembros del poder judicial, son asociados imprescindibles para promover el cumplimiento, la ejecución y la aplicación coercitiva del derecho ambiental internacional y nacional...”:

Derivado de ello, en la minuta que se estudia se proponen preceptos sobre responsabilidad ambiental en las leyes ambientales generales y sectoriales. Reconociendo. y retomando la premisa de que el bien jurídico tutelado por las normas positivas ambientales, es la calidad del ambiente y el derecho del hombre a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. El propio artículo cuarto constitucional señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Por ello, resulta incuestionable la importancia de una Ley específica que determine los mecanismos de reparación, compensación o restauración del daño ambiental, como la que se propone en la Minuta, para uniformar los actos de las autoridades, y brindar mayor certidumbre al gobierno y a la sociedad.

La propuesta permite incorporar al marco jurídico nacional principios internacionales aceptados con anterioridad, además de fortalecer la participación ciudadana y permitir al estado cumplir con la garantía constitucional que tiene todo individuo a un medio ampiente sano para su desarrollo y bienestar, ya que nuestra sociedad se preocupa por el daño infligido a los componentes del ambiente; existe una demanda social de participación directa en la tutela del ambiente, que requiere del acceso efectivo y sin intermediación a los tribunales del Poder Judicial, así como la participación activa de éste en la resolución de los conflictos ambientales, bajo un régimen especial de responsabilidad ambiental distinto al civil.

Cuarta.El proceso de dictamen de la minuta por la colegisladora se fortaleció con la celebración de un foro de discusión respecto de las iniciativas de Ley de Responsabilidad Ambiental, el cual tuvo verificativo el día miércoles 17 de marzo de 2011, en el cual participaron los más reconocidos juristas y estudiosos del derecho ambiental en México, representantes de diversos sectores involucrados, como el Poder Judicial Federal, el Ejecutivo federal, funcionarios de las Entidades Federativas, el sector empresarial, la sociedad civil organizada y la academia.

Quinta. La Minuta que motiva la presente opinión resulta complementaria y congruente con reformas constitucionales ya aprobadas por el Congreso de la Unión, como la del 18 de junio de 2008, en la que se establece la transformación integral del modelo de justicia penal que impulsa, entre otras figuras, la de justicia restaurativa que implica diversas salidas alternas al proceso atendiendo fundamentalmente a la reparación de los daños.

De igual forma, la modificación al artículo 17 constitucional introdujo dos figuras que han sido aprobadas por el dictamen de las iniciativas que se pone a consideración de la asamblea, las acciones colectivas y los mecanismos alternativos de solución de controversias.

En la minuta se define por primera vez el concepto de daño ocasionado al ambiente y determina quienes serán los sujetos legitimados para exigir su reparación, restauración o compensación, privilegiando en todo momento el interés general y la preservación de los elementos naturales.

Destacando que la minuta no busca crear un sistema exclusivamente punitivo, sino que por el contrario introduce diversos incentivos para que los conflictos jurídicos y sociales ocasionados por el daño ambiental, sean resueltos primordialmente a través de mecanismos alternativos a los que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 17 constitucional, además de orientar la política ambiental hacia la prevención de los daños.

Aunado a lo anterior, se reconoce el derecho de toda persona de resolver las controversias de carácter jurídico y social que se ocasionen por la producción de daños y riesgos al ambiente, a través de vías colaborativas en las que se privilegie el diálogo y se faciliten las alternativas de solución que resulten ambiental y socialmente más positivas, siempre con la participación que corresponde a la autoridad ambiental para salvaguardar el interés general.

Sexta. En virtud de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción coincidimos en presentar a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia, la siguiente

Opinión

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con base en la valoración realizada respecto a la presente minuta que propone la creación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental considera que es viable dado que constituye una propuesta sumamente relevante y necesaria para el sistema jurídico ambiental mexicano.

La aprobación de esta minuta refleja el compromiso del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos por la preservación de la naturaleza. Armonizando la legislación en materia de derecho ambiental y derecho al agua, con el texto vigente del artículo cuarto constitucional, en el que se establece que: “El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”. Decreto que prevé en su artículo segundo transitorio que las disposiciones relativas al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y deterioro ambiental se incorporarán al marco jurídico nacional dentro de los 180 días a partir de su entrada en vigencia.

Se remite la opinión a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por oficio comuníquese a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2013.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados: Arely Madrid Tovilla (rúbrica), presidenta; Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Juan Manuel Diez Francos (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Roberto Reyes Gámiz (rúbrica), Verónica García Reyes (rúbrica), secretarios; Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla, Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Cordova (rúbrica), Alfonso Inzunza Montoya, Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Jorge Terán Juárez (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), Nuvia Magdalena Mayorga Delagado, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Fernando Belauzarán Méndez (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Juan Manuel Carbajal Hernández.»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la tribuna la presidenta de la Comisión, la diputada Lourdes Adriana López Moreno.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señor presidente. Compañeros legisladores, pensé mucho cómo presentar hoy este dictamen para la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y recordé un cuento.

Había una vez un rey soberbio y prepotente, orgulloso, que un día tiene un accidente y queda imposibilitado de caminar, salvo usando muletas; entonces, emite un decreto ordenando que en su reino todas las personas caminaran usando muletas.

Con el paso de los años, a pesar de la muerte de dicho rey, a la gente le quedó la costumbre de caminar con muletas, y solamente algunos ancianos recordaban cómo en algún momento pudieron caminar solo con sus propias piernas.

Un joven en una ocasión decide intentar caminar sin las muletas, obviamente cada que lo intentaba se caía y eso propició que se convirtiera en el hazmerreír del pueblo. Pero hubo un día que logró caminar, correr y luego saltar con sus propias piernas. Lo que sucedió fue que los demás comenzaron a llamarlo loco.

Hoy en materia ambiental nuestro país, México, se quita las muletas y avanza con certeza hacia el desarrollo sustentable.

El dictamen que crea la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental da cumplimiento a dos compromisos fundamentales en nuestro país; el primero, contraído en 1992 con la suscripción de la Declaración de la Cumbre de Río, que establece: Los Estados deberán desarrollar legislación nacional relativa a la responsabilidad y a la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales; el segundo, derivado del mandamiento del artículo 4o. constitucional y el decreto que dio lugar a la reforma del derecho humano a un medio ambiente sano, que prevé: El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley.

La Ley de Responsabilidad Ambiental impulsa un sistema de justicia ambiental de vanguardia, equilibrado, racional e integrado a las reformas, exigencias y mandamientos constitucionales en materia penal, de acción colectiva, de justicia alternativa, de justicia administrativa y de derechos humanos.

Por primera vez se precisa en la ley el concepto de daño ambiental, así como la forma en la que éste deberá ser reparado, y excepcionalmente compensado en especie; es decir, con la restitución de los servicios ambientales perdidos y sin indemnizaciones económicas.

La ley reconoce los avances y dificultades del sistema administrativo de protección ambiental vigente, además permite concordar y complementar racionalmente los procedimientos e instrumentos de política ambiental que ya se utilizan en el país, con un sistema de reparación del daño de vanguardia.

Esta ley otorga certeza jurídica al sector económico, a las organizaciones sociales, a las instituciones públicas, al Poder Judicial y a todas las personas a las que la Constitución les reconoce el derecho de tutela ambiental.

El sistema manda un mensaje de seriedad y exigencia frente a una obligación prevista en la ley desde hace años: deben de evitarse los daños ambientales y quienes los produzcan deberán internalizar los costos de la afectación, reparando los daños y asumiendo la responsabilidad que la Constitución les impone.

Las penas económicas se incrementan únicamente para las empresas que cometen actos delictivos; es decir, quienes producen daño como resultado de actos violatorios a la ley, cometidos en forma dolosa o intencional, lo que constituye uno de los hechos más reprochables y gravosos para la sociedad mexicana.

Por primera vez en nuestro país en materia ambiental será más caro pedir perdón que pedir permiso. No obstante lo anterior, la ley antes que nada es preventiva, porque desde su texto distingue entre dos posibles infractores: quienes incumplen la ley y quienes la desdeñan.

Aquellas personas o empresas que han realizado esfuerzos por cumplir la Ley Ambiental y que impulsan una cultura corporativa sustentable, la ley les premia anticipadamente con una reducción sustancial de las consecuencias jurídicas que nacen del daño ambiental. Con ello, sin propiciar impunidad, se envía el mensaje de que es moral y económicamente preferible prevenir daños y cumplir voluntariamente.

Esta ley es esencialmente conciliatoria y por primera vez en México impulsa con todo vigor los mecanismos alternativos de resolución de conflictos ambientales. Se logra esto con un título dedicado a la justicia alternativa y la creación de un derecho nuevo.

A toda persona que ocasione un daño se le reconoce el derecho de resolver el conflicto de manera concertada y transparente. La ley garantiza que la justicia alternativa no dará lugar a la impunidad, pues las sanciones administrativas y penales serán aplicables, aún y cuando haya conciliación, pero con beneficios de reducción sustancial de las sanciones.

La ley armoniza e impulsa el trabajo interinstitucional de prevención y reparación de daños al ambiente, pues ordena a las autoridades ambientales y ministeriales a emitir programas de prevención de daños e ilícitos y mandata el abatimiento de la impunidad en materia de delitos ambientales mediante la denuncia al Ministerio Público; impulsa la coadyuvancia con la Profepa y con la PGR, y desde luego, genera una sinergia favorable de la Profepa y las procuradurías ambientales estatales para sumar esfuerzos en la acción judicial de reparación de daños.

El proceso judicial de responsabilidad ambiental, previsto en la ley, reconoce un gran avance en la reforma de acciones colectivas, por lo que hace una remisión directa al Código Federal de Procedimientos Civiles para unificar el proceso frente a los jueces federales, añadiendo el mandato para que el Poder Judicial impulse la jurisdicción ambiental especializada de manera eficaz y sin costos adicionales al erario público. Adicionalmente, incrementa a 12 años el término de prescripción de la acción colectiva por daño ambiental.

En suma, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental posiciona a México en la vanguardia frente al sistema internacional de leyes de responsabilidad por daño ecológico, introduciendo un sistema más justo, más equitativo, garantista y adecuado a la realidad mexicana, con figuras y procesos equilibrados, racionales e incluyentes.

Todo lo anterior ha sido posible gracias a un largo periodo de maduración del proyecto legislativo de más de 10 años, en el que se ha consultado y escuchado a los sectores económico, social, académico y gubernamental.

El dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental constituye una de las iniciativas y reformas más relevantes de los últimos años dentro del sistema jurídico ambiental de nuestro país. Y en ella se refleja el esfuerzo legislativo y el compromiso de este Congreso por la preservación de la naturaleza.

Este compromiso lo veremos hoy reflejado con su voto a favor de este dictamen, en el que mostraremos que podemos quitarnos las muletas para que dejemos a las futuras generaciones un planeta en mejores condiciones del que estamos encontrando. Pero sobre todo, para que juntos, en materia ambiental logremos que México avance. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen. Para fijar la postura de su grupo parlamentario tiene el uso de la voz la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos y alumnas del Colegio Vasconcelos, primaria número 5, que están hoy acompañándonos en la sesión. Bienvenidos todos los alumnos del Colegio Vasconcelos.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, México ha vivido por décadas experiencias de pérdida, deterioro y afectaciones negativas en sus recursos naturales, hábitat y ecosistemas atribuidos a sujetos y empresas. Que se consideran suficientes para proponer la necesidad de un nuevo régimen jurídico en materia de responsabilidad ambiental.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza cifra sus esperanzas para dar una solución y se congratula que hoy México traduzca su compromiso de preservar un medio ambiente sostenible mediante acciones concretas, al presentar una normatividad congruente con el daño que ha sufrido el medio ambiente al proponer la Ley de Responsabilidad Ambiental, que por su contenido y fin resultan relevantes dentro del sistema jurídico ambiental de nuestro país.

Ahora con la aprobación de la creación de la Ley de Responsabilidad Ambiental, la reparación del daño ocasionado al ambiente y su comprensión ambiental serán de utilidad pública.

Las personas morales serán responsables del daño que puedan ocasionar al medio ambiente, ya sea en su carácter de representantes, administradores, socios, gerentes, directores o empleados. Cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo de las personas morales, o cuando ordenen o consientan la realización de las conductas ilícitas.

También se impulsa y privilegia a la solución de los conflictos producidos por el daño ambiental mediante el diálogo y la concertación, siempre bajo la premisa de la restitución.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental cuenta con un principio innovador a través de la aplicación de la justicia alternativa, al facultar a la Semarnat a realizar acciones eficaces frente al daño ambiental producido por sus infractores, sin necesidad de esperar una sentencia judicial, y hace una reconsideración en la sanción económica judicial para aquellas personas que siendo responsables de producir un daño opten por repararlo de manera voluntaria y concertada con la autoridad ambiental y mediante supervisión judicial.

Avancemos en el empoderamiento ciudadano y la intervención directa del Poder Judicial, sin escatimar ni restringir pretensiones procesales en materia de protección del medio ambiente.

Hoy reflejamos nuestro esfuerzo imperante para respetar y hacer posible el texto del artículo 4o. de nuestra Constitución Política, en materia de derecho ambiental y derecho al agua, la cual establece que el daño y el deterioro ambiental generan responsabilidades para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley.

En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza aplaudimos la trascendencia de esta propuesta y, con ello, la oportunidad de propiciar el logro de las aspiraciones de la justicia de los ciudadanos y de la comunidad internacional por un sistema jurisdiccional que atienda con toda eficacia los conflictos sociales producidos por los daños que se ocasionan al ambiente y por ello otorgamos nuestro voto a favor. Muchas gracias y con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, señor presidente. Aquí arriba tenemos una frase donde se habla que el Respeto al derecho ajeno es la paz; lo contrario significaría que la falta de respeto provoca la guerra.

Parece innecesario justificar la necesidad de aprobar el presente dictamen; por una parte es una obligación constitucional expedir la ley que protege del daño ambiental, al tiempo que su diseño de carácter vinculante no interfiere de forma alguna con las demás normas e instancias penales, civiles, administrativas y ambientales, como tampoco lo hace con instrumentos internacionales en la materia, a los cuales nuestro país se encuentra adherido.

Por la otra, resulta impostergable la implementación de mecanismos jurídicos sólidos, de protección ambiental, que coadyuven al despliegue económico sano y equilibrado de la nación.

Como sabemos, el catálogo de eventos contaminantes en nuestro territorio es variado y extenso. El deterioro y aniquilación de cuerpos de agua de zonas boscosas y selvas, de manglares y de áreas naturales protegidas son solo algunos de los resultados del establecimiento de dispositivos administrativos fallidos y desorden generalizado de las políticas públicas del Estado mexicano.

Si a lo anterior agregamos las perniciosas inercias culturales que perviven en nuestra sociedad, resguardadas aún en los permanentes y variados procesos sociales de subdesarrollo; entonces, el escenario ecológico que nos envuelve aparece desastroso y el futuro previsible desolador.

Pero la continúa ampliación de la escasez y penuria que estimula la pobreza, no se equipara con los vicios y anomalías sistemáticas que arrastra el país. Lo determinante del daño ambiental en México no se encuentra localizado en la falta de conciencia moral, sino en las conductas productivas de los agentes económicos fundados en el rezago tecnológico, así como en las prácticas de ilegalidad, corrupción e impunidad de sus procedimientos legales y administrativos; es un problema estrictamente estructural.

Durante las últimas décadas hemos sido testigos de pérdidas y afectaciones al ambiente y ecosistemas, atribuibles a individuos o empresas con responsabilidad de estos hechos, razón suficiente para ponderar la implementación de regulaciones jurídicas que impidan su continuidad.

La iniciativa que valoramos el día de hoy aparenta cierta simplicidad por su claridad y determinación jurídica; no obstante, los contenidos que la sustentan son complejos y relevantes. Esta afirmación, lejos de demeritar el documento, lo dimensiona en su justo diseño jurídico y su indudable valor social.

Los bienes jurídicos tutelados por la presente ley no constituyen solo elementos fundamentales para el desarrollo equilibrado del país, sino para su completa viabilidad. La protección de nuestros ecosistemas no puede consistir más en una proclama discursiva que comulgue con los deseos internacionales de cuidar el medio ambiente de manera global; forma parte sustancial de los procesos productivos modernos que permitan la generación de riqueza en las naciones y la consecuente estabilidad social de sus miembros.

En la actualidad la legitimidad y viabilidad de los Estados pasa por el uso y consumo racional de los recursos. Hasta hace apenas poco más de una década la concepción de seguridad nacional transitaba por temáticas tradicionales propias de la geopolítica, donde la integridad del territorio, sus habitantes y el Estado constituían los ejes centrales que determinaban la búsqueda de ese fin.

Sin embargo, hoy en día cualquiera estará de acuerdo en las estrategias de seguridad nacional. Pasan necesariamente por la conservación y buen uso de los escasos recursos naturales que dan sustento a la población, insumos a los procesos productivos, y equilibrios de la integridad y despliegue corporal de los individuos. Esto es, el desarrollo y progreso de las naciones requiere de la adecuada y racional implementación de sus bienes territoriales.

El paradigma ideológico que celebra la conquista y despojo extremo de la naturaleza, y que durante siglos dominó la conciencia del hombre en su relación con la misma, ha evolucionado a uno que pondera la comprensión vinculatoria del entorno y su protección.

Ello ha significado un cambio en la concepción que guardamos respecto al significado y consecuencias del progreso. La idea de progreso, por lo menos durante los últimos 300 años, había significado un incesante desarrollo material de las naciones.

En la actualidad el progreso económico carece de sentidos y de forma paralela no se establecen las condiciones suficientes de sustentabilidad. Los procesos de industrialización y modernización de las economías mundiales se basaron tradicionalmente en el saqueo y destrucción de la naturaleza, no obstante en la actualidad la mayoría de las sociedades basan su crecimiento y riqueza principalmente en el desarrollo del sector terciario de servicios y, por lo mismo, en la ejecución de sistemas productivos más eficientes y limpios.

El verdadero dilema ambiental de México se encuentra en la disyuntiva de resguardar sus ecosistemas, a la vez que resolver en forma simultánea las amplias deficiencias productivas en un contexto social de pobreza.

El documento que se presenta no pretende instituir un sistema meramente punitivo, sino que traza la posibilidad de seguir diversas rutas y alicientes para que los conflictos jurídicos y sociales generados por el daño ambiental sean resueltos fundamentalmente mediante dispositivos alternos, en clara referencia a las estipulaciones constitucionales.

Determina puntualmente quiénes serán los sujetos legitimados para exigir reparación, restauración o compensación de los daños ocasionados al ambiente, vigilando en todo momento el interés general y la preservación de los elementos naturales.

De igual forma, la ley que valoramos armoniza el trabajo interinstitucional. Obliga a la autoridad ambiental y ministerial a emitir programas de prevención de daños e ilícitos y colaboración jurisdiccional.

La ley federal otorga certeza. No pretende redundar en aquello que puede ser alcanzado por los procedimientos vigentes en términos de justicia ambiental; por el contrario, intenta extender los instrumentos legales resolutivos de los conflictos ambientales, con posibilidades jurídicas y procesales hasta ahora inexistentes en nuestro modelo jurídico, que atiendan lo que la responsabilidad administrativa civil o penal no ha podido resolver.

La ley contempla las acciones colectivas y promueve la unificación de criterios y procedimientos, a la vez que impulsa la institucionalización de la jurisdicción especializada.

La ley promueve la justicia alternativa de controversias, prevé un trato diferenciado y con amplios beneficios jurídicos para aquellas empresas y personas que, aun y cuando han ocasionado un daño en forma dolosa en el pasado, se han esforzado por cumplir la normatividad, obteniendo certificados de cumplimiento en auditorías, desarrollando programas de capacitación y contratación de seguros de daños.

En occidente, durante siglos se empeñó en su lógica estructural de saquear y destruir la naturaleza; la riqueza económica que ello generó les dio estabilidad y legitimidad, así como la posibilidad de delinear una reingeniería productiva e ideológica. Esto les permitió eventualmente comenzar a regenerar y restituir la destrucción que habían ocasionado.

Nosotros no alcanzamos todavía los niveles económicos que lograron la mayoría de las naciones democráticas occidentales, pero eso no debe de significar un obstáculo para comenzar a resolver eficazmente la destrucción ambiental que padecemos. De no hacerlo, nuestro futuro será innecesariamente postergable.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano aprobará el presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Lilia Aguilar.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias. Con la venia del pleno. Antes de dar el posicionamiento del Partido del Trabajo, queremos hacer un reconocimiento al iniciador —valga la redundancia— de esta minuta que hoy recibimos, que viene de una iniciativa, obviamente del Partido Verde Ecologista y que ha venido a traer a la agenda el tema ambiental que antes parecía tan lejano, que antes parecía que no había que atenderlo porque no era importante, porque había que atender otros temas que parecían más trascendentes y como decía Víctor Hugo: Mientras la naturaleza nos gritaba, nosotros, la raza humana, no la escuchábamos.

Este reconocimiento entonces para el diputado Arturo Escobar, quien ha defendido esta iniciativa, y a la bancada del Partido Verde Ecologista.

Seré muy breve y diré porqué el Partido del Trabajo está votando esta minuta de dictamen a favor.

Primero, porque es una iniciativa o es una minuta que no solamente trata el tema ambiental por encima. Tiene no solamente su fundamento en el artículo 4o. constitucional, sino que ya regula la responsabilidad ambiental por daños ocasionados al ambiente de forma real; define por primera vez el concepto de daño ocasionado al ambiente; unifica los conceptos de daño, reparación y compensación ambiental.

El texto que se propone no busca crear un sistema punitivo —y en eso hay que ser muy claros— sino por el contrario, introduce diversos incentivos para que los conflictos sean resueltos a través de mecanismos alternativos. Además se privilegia a la solución de conflictos mediante el diálogo y se establecen mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y la conciliación.

Prevé, compañeros diputados, un trato diferenciado con amplios beneficios jurídicos para aquellas empresas y personas que, aun cuando han ocasionado un daño al ambiente, se hayan esforzado por cumplir las normas ambientales y obtengan certificados de cumplimiento en auditoría ambiental.

Finalmente, legitima a las procuradurías ambientales locales para defender judicialmente el daño que se produce en la jurisdicción territorial, el daño al ambiente, que es el daño a todos nosotros, finalmente. Y se legitima a los miembros de la comunidad para demandar la responsabilidad ambiental a personas físicas o morales.

Creemos que esto posiciona a México adelante en el tema de responsabilidad ambiental, pero además le da un tratamiento de fondo al tema que antes se conocía como ecológico, como muy superficial y hoy esta Cámara de Diputados lo está tomando en serio y lo está tomando de fondo.

Reiteramos nuestro reconocimiento al iniciador y es por esto que el PT se posiciona a favor de esta minuta. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el autor de la iniciativa, el diputado Arturo Escobar y Vega, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Arturo Escobar y Vega:Gracias, presidente. La diputada Lourdes López Moreno, como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y las diputadas que le siguieron en la palabra han descrito de manera espléndida la absoluta y enorme relevancia que tiene lo que para un servidor es, después de la reforma constitucional en materia ambiental, el segundo documento legislativo más importante en la historia de nuestro país.

Simplemente lleva en comisiones más de 11 años. Bien dice el presidente de la Cámara que el día que se promulgue por el presidente de la República esta ley, será un día de festejo para todos aquellos a los que nos interesa el medio ambiente.

Quiero hacer un reconocimiento de nombre a todos los diputados federales que compartieron conmigo los seis años de las pasadas legislaturas en el Senado de la República.

Al diputado Beltrones, al diputado Villarreal, al diputado Aureoles, al diputado Monreal, al diputado Anaya, al presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo, al presidente en turno de la Cámara de Diputados, José González Morfín, por supuesto al diputado Tomás Torres, al diputado Jorge Mendoza, al diputado Carlos Aceves del Olmo, al diputado Guillermo Anaya, al diputado Rodolfo Dorador, al diputado Juan Bueno Torio, al diputado Rubén Camarillo, al diputado José Isabel Trejo Reyes, a la diputada Amira Gómez, al diputado Javier Orozco, al diputado Eloy Cantú, al diputado Alejandro Moreno Cárdenas, a la diputada Adriana González, a la diputada Nelly González y a la diputada Beatriz Zavala.

Todos ellos, junto con un servidor, estuvimos los seis años del Senado buscando encontrar los consensos de una legislación que se consideró de las que generan más intereses o más controversia para su posible aprobación.

Estuvo en el Senado cinco años y medio en comisiones. Una versión, otra. Estuvimos reunidos desde la Comisión de Medio Ambiente en el Senado con todos los grupos corporativos de intereses económicos, medio ambiente, ONG, dirigencias de los partidos políticos y se construyó un dictamen que por unanimidad salió del Senado de la República.

Se cruza el proceso electoral y a efecto de no contaminar la minuta, se decidió que la Cámara de Diputados no legislara en esta materia en la recta final de la pasada legislatura. Pero creo que llegó el momento de hacerlo.

México hoy pasa de un país de la palabra a los hechos en materia ambiental. Por fin se define lo que es daño ambiental. Por fin el principio que tienen los países más avanzados del mundo, que aquel que contamina debe asumir su responsabilidad, hoy en México se convertirá en ley vigente en algún momento más.

El diputado Ricardo Pacheco, presidente de la Comisión de Justicia, a quien quiero reconocerle su enorme trabajo, su dedicación y su capacidad para construir consensos, logró que el dictamen se dictaminara con una velocidad muy importante en la Comisión de Justicia.

Quiero subrayar y reconocerle a mi grupo parlamentario, pero especialmente a la diputada Lourdes López Moreno, a quien desde el primer día de esta Legislatura estuve encima de ella para que pudiera construir los consensos en la Comisión de Medio Ambiente, a todos y a cada uno se los reconozco. Gracias por su apoyo, porque estamos haciendo historia sacando este dictamen.

Quiero culminar reconociendo a todos los grupos parlamentarios, porque hoy el tema ambiental no le pertenece a nadie, ni a algún sector ni a algún partido. Hoy el medio ambiente y su comisión se han convertido entre los temas más relevantes que tenemos en el Congreso mexicano, y temas que son parte de las plataformas y agendas de gobierno de todos los partidos, de todos los gobiernos y encauzamos a nuestro México a que de una vez por todas este tema sea tan relevante como los temas de combate a la pobreza, inseguridad y salud. Muchas gracias por su atención. Felicidades a todos.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Escobar y Vega. Tiene ahora la palabra el diputado Rodrigo González Barrios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Rodrigo González Barrios:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea legislativa, evidentemente que el Partido de la Revolución Democrática, su fracción parlamentaria, va a respaldar esta minuta, este dictamen, porque considera de avanzada que en este país podamos tener ya una ley con estas características.

Nos parece importante señalar que estos avances finalmente van a permitir que aquellas y aquellos que dañen el ambiente pueden ser sancionados, porque desde el momento en que existe esta ley nos queda perfectamente claro que hay personas físicas, personas morales, y el propio estado que contaminan y que en este caso deben de pagar ese daño.

En un informe de la Auditoría Superior de la Federación que se dio a la dependencia federal de Semarnat, ya señala que tenemos serios problemas de contaminación en el agua, serios problemas de contaminación en el aire, serios problemas de contaminación por residuos tóxicos, y evidentemente esto genera que la instancia federal, fundamentalmente el Ejecutivo federal, los ejecutivos estatales y también los ejecutivos municipales tengan una línea de conducta que nos ayude a la sociedad a mantener nuestro país libre de este tipo de circunstancias.

Decía en alguna intervención que hice —en algunas de las que he hecho aquí— en ésta, la más alta tribuna del país, que nos es más fácil conservar este planeta que rentar otro, porque además no existe, al menos hasta ahorita no han encontrado alguno que reúna las características que tiene nuestro planeta Tierra. Pero es importante entonces que no pensemos que porque ya existe, no va a existir una sanción para aquellos que contaminen, pues evidentemente demos o abramos la puerta para que algunos que tienen muchos recursos lo puedan hacer y pagar una módica cantidad.

No se trata de eso. Se trata de generar, a partir de esta ley, y a partir de las intervenciones que han tenido las organizaciones no gubernamentales en este aspecto, se trata de buscar la manera de tener una conciencia ciudadana, una conciencia cívica que nos permita, precisamente, que este país pueda tener un ambiente sano, al cual tenemos derecho, como ya lo dice el propio artículo 4o. constitucional.

Obviamente celebro que haya sido un diputado del Partido Verde Ecologista de México quien haya planteado esta iniciativa. El PRD va a respaldar y va avalar las iniciativas que vayan a favor de las y de los mexicanos, como lo es ésta. Pero quiero hacer un comentario, creo que es importante que, aunque esta ley esté pasando, finalmente como se han hecho algunas modificaciones va a tener que regresar al Senado.

Quiero comentarles, ciudadanas y ciudadanos diputados y a la opinión pública nacional, que me parece que no debe de haber prescripción en lo que tiene que ver con el daño ecológico y con quien lo hace, ¿por qué no lo debe de haber? Apenas el día de ayer o antier, un periódico de circulación nacional nos decía que hay en una población del estado de México, una paraestatal que ya terminó hace varios años, Asbestos de México, que generó —y apenas hoy se está descubriendo— que hay en un poblado del estado de México gravísimos casos de cáncer.

La dependencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social está investigando eso, hay más de 20 casos de cáncer, al parecer producidos precisamente por el asbesto, que ya se ha señalado que es una sustancia cancerígena.

Creo que es importante que las debilidades que tenga esta ley, que hoy vamos a aprobar aquí en esta Cámara, puedan obviamente fortalecerse en un futuro muy inmediato, porque evidentemente es muy difícil para muchas y para muchos ciudadanos —como en este caso— determinar quién es el responsable, por ejemplo, de este tipo de muertes.

Con estas consideraciones y con algunas otras que seguramente se estarán dando, obviamente avalamos y aprobamos esta minuta que viene del Senado de la República. Felicidades a este cuerpo legislativo y felicidades también a todo el pueblo de México. Muchas gracias, diputadas y diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Ahora para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, tiene el uso de la tribuna el diputado Andrés de la Rosa Anaya.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho; el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley.

Compañeros y compañeras, éste es el mandato que nuestra Norma Fundamental establece en su artículo 4o., y que como representantes de la sociedad estamos obligados a cumplir y a hacer que se cumpla, redoblando esfuerzos para crear disposiciones jurídicas que protejan el derecho de todas y todos los mexicanos a desarrollarse en un ambiente sano. Es nuestro deber asegurar el ejercicio de su derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

Éste es uno de los pilares fundamentales en el que descansa el ejercicio de todos los derechos humanos. Un medio ambiente sano es una aspiración de la humanidad, ya que es fundamental en el desarrollo integral y en la calidad de vida de las personas, de las generaciones presentes y futuras.

Hasta ahora han sido varios los compromisos que ha suscrito nuestro país en materia ambiental, basta señalar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dentro de los cuales se hace referencia, en el punto séptimo, a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

En efecto, hoy en día es de especial importancia proteger nuestros recursos nacionales: el agua, los ecosistemas, las especies vegetales y animales, ya que derivado de ello las comunidades se benefician. No hay duda de ello.

Por ello celebramos la aprobación del dictamen que aquí se discute, ya que con la expedición de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se está dando un paso firme para lograr su protección.

Con la aprobación de esta ley, quienes causen daño al ambiente deberán repararlo y compensarlo, y se establecen además mecanismos alternativos de solución de controversias, procedimientos administrativos, así como también se actualizan las sanciones en materia de responsabilidad penal, pero además cabe resaltar la creación de juzgados de distrito especializados en materia ambiental.

Para Acción Nacional es éticamente obligatoria la protección del medio ambiente para garantizar que las generaciones futuras tengan la misma oportunidad de disfrutar de una vida plena, tanto como la deben tener las generaciones que les precedan.

Así pues, nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen y comenzaremos a trabajar para contribuir en el diseño de políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente, tal y como se establece en la ley que estamos por aprobar.

De igual manera y en aras de contribuir a contar con disposiciones claras respecto de la protección al ambiente, presentaremos reservas al marco jurídico secundario, que también se modifica en el dictamen en comento. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, en esta ronda de fijación de posturas, tiene el uso de la voz la diputada Erika Yolanda Funes Velázquez, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Erika Yolanda Funes Velázquez:Buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la responsabilidad ambiental entendida como el daño ecológico generado a partir de una decisión exige respuestas oportunas, eficaces, eficientes y responsables.

Su colocación, reforzamiento y modernización en nuestro marco jurídico resulta ineludible y necesaria, tanto por el valor intrínseco de la naturaleza, como por su relación con el desarrollo y bienestar de la comunidad humana.

Las consecuencias de las actividades humanas en el medio ambiente son un proceso complejo, por lo que se deben consolidar mecanismos, tanto administrativos como penales, para responder a su multifacético impacto, en razón de lo cual vemos con agrado el dictamen que hoy se presenta a discusión, pues establece instrumentos de diversa naturaleza jurídica que hacen frente a los procesos que por voluntad de un sujeto identificable provoquen daños ecológicos.

Este marco jurídico prevé mecanismos modernos en el combate al impacto ambiental, como la concertación y el diálogo para la generación de acuerdos, beneficios para aquellos que cumplan con la normatividad ambiental y el control por parte de las autoridades federales, siempre en estricto apego a sus atribuciones legales y a su esfera competencial de actuación.

En el mismo sentido, se establecen procesos más ágiles para robustecer a las autoridades locales y federales en esta materia, dotándolas de facultades contundentes en el desempeño de sus funciones, promoviendo simultáneamente la cooperación y la comunicación entre todos los niveles de gobierno.

Un avance considerable es el que se señala en este nuevo rol activo, en el que se dota a la comunidad frente al daño ambiental, pues ésta podrá accionar contra la alteración de su entorno ecológico, situación que en el pasado y actualmente es función exclusiva de las actividades y que debe cambiar, pues está hoy en nuestras manos el dar el siguiente paso para consolidar como un desarrollo social el derecho medioambiental.

Es menester resaltar que en materia ambiental México ha participado en diversos foros internacionales, siendo uno de los actores que mundialmente ha promovido los acuerdos e instrumentos para la protección y el equilibrio ecológico, inclusive ha signado varios de estos tratados y convenios que establecen compromisos ineludibles que hay que cumplir para garantizar el medio ambiente sano y el acceso a su goce y desarrollo.

Pese a nuestra extraordinaria actuación internacional en materia medioambiental, nuestro desempeño al momento de incluir consideraciones necesarias en la legislación especializada ha sido deficiente; es por ello que debe celebrarse la actividad desarrollada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues su asombrosa proactividad y generación de trabajo legislativo nos pone en la ruta correcta, respondiendo con este dictamen a las comunidades y a la sociedad que claman y requieren su integración a la legislación ambiental, para que se conviertan en coadyuvante de la protección de su entorno y se cumplan sus expectativas.

Es momento de poner fin al deterioro ambiental sin consecuencias, de poner en riesgo el patrimonio natural de nuestros hijos y las demás generaciones que nos secundan; es momento de reconocer el valor que tiene la naturaleza; es tiempo de parar la contaminación irracional de nuestras aguas, nuestro suelo, nuestro subsuelo, nuestro aire. Es tiempo de proteger nuestros recursos animales y vegetales.

Por ello, el Partido Revolucionario Institucional votaremos en sentido afirmativo este dictamen y los invitamos, compañeros legisladores, a hacer lo mismo. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Saludo con mucho gusto a un grupo de ciudadanos de San Cristóbal Huichochitlán, Toluca, estado de México, que están aquí invitados por el diputado Fernando Zamora Morales. Bienvenidos a la sesión.

Informo a la asamblea que han sido reservados los siguientes artículos:

De la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, el 1o., por la diputada Alfa Eliana González Magallanes; el 54, por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, y el 29, párrafo primero, por el diputado Marcelo Torres Cofiño.

Del Código Penal Federal, el 421 por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.

De la Ley de Aguas Nacionales, el 96 Bis, por la diputada Eufrosina Cruz y por el diputado Torres Cofiño; el 96 Bis 1, por la diputada Esther Quintana, y el 14 Bis 4, fracciones III y IV, por el diputado Ramón Antonio Sampayo.

En consecuencia, voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: A favor.

La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Márquez Velasco (desde la curul): A favor.

El diputado William Renan Sosa Altamira (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Sánchez Romero (desde la curul): A favor.

La diputada Alma Jeanny Arroyo Ruiz (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Manuel Arias Pallares (desde la curul): A favor.

El diputado Raudel López López (desde la curul): A favor.

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): A favor.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Terán Juárez (desde la curul): A favor.

El diputado Marino Miranda Salgado(desde la curul): A favor.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Valle Magaña (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se emitieron a favor 416 votos, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

Para presentar su reserva al artículo 1o. de la Ley de Responsabilidad Ambiental, tiene el uso de la voz la diputada Alfa Eliana González Magallanes.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes:Muy buenas tardes. Con su permiso, presidente. Como todos sabemos, el pasado 9 de febrero de 2012 entró en vigor la reforma constitucional que señala en el párrafo quinto del artículo 4o., que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a ese derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por esta ley.

Asimismo el artículo transitorio del decreto de dicha reforma mandata al Congreso de la siguiente forma: El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días para incorporar las disposiciones relativas al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y deterioro ambiental.

Es en ese sentido que proponemos el artículo 1o., en los términos siguientes:

Artículo 1o. Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4o. constitucional, de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona y en la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

De tal manera, proponemos que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental sea la reglamentaria del 4o. constitucional y atienda el segundo transitorio referido. Es cuanto, presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión los que abajo suscriben presentamos la siguiente reserva al Artículo Primero del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Dictamen:

Artículo 1.- ...

Los preceptos de este ordenamiento son de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona.

...

...

Propuesta de modificación:

Artículo 1.- ...

Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4° constitucional de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

...

...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.— Diputada Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea si se acepta la propuesta de la diputada González Magallanes.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea en votación económica si se acepta la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aceptada la propuesta, se integrará al cuerpo del dictamen.

Ahora para presentar la reserva por la que propone suprimir el párrafo tercero del 54 de la misma ley, tiene el uso de la voz el diputado Medina Filigrana, del PRD.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, hace unos momentos acabamos de aprobar por unanimidad la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Es éste un esfuerzo loable que va encaminado a sancionar a aquellas personas o entes que atenten contra nuestro equilibrio ecológico.

Sin embargo, en el artículo 54 de este proyecto que acabamos de aprobar en lo general dice su párrafo tercero: La Procuraduría presentará las querellas y otorgará el perdón en los casos de delitos contra la gestión ambiental, atendiendo a lo dispuesto por los principios de política criminal ambiental a que se refiere el artículo anterior, así como a lo dispuesto por el Título Segundo de esta ley.

La propuesta es que suprimamos ese párrafo tercero. De nada sirve que aprobemos una ley encaminada a proteger el medio ambiente y que al interior del mismo cuerpo de la ley estemos dejando abiertas algunas salidas para que se viole la ley o para que reciban menos pena aquellos que atenten contra nuestro equilibrio ecológico.

Por eso me parece que el hecho de dejarlo incluso como una querella deja abierta la posibilidad del perdón y deberíamos suprimirlo, en aras de que sea un delito que se persiga de oficio y que no haya perdón para quienes atenten contra el equilibrio ecológico.

Por eso me parece importante que podamos suprimir este párrafo tercero del artículo 54 de esta reciente Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que acabamos de aprobar. Ésa es la propuesta, ciudadano presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. No se admite a discusión. El artículo se reserva en sus términos para su votación en conjunto con los demás.

Ahora para presentar una reserva al artículo 29, párrafo primero, tiene la palabra el diputado Marcelo Torres Cofiño.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño:Con la anuencia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la presente propuesta tiene por objeto considerar los casos en los que existan actos concatenados o de tracto sucesivo cuyos efectos sean productores del daño al ambiente, agregando a la redacción del artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que en el caso de las conductas ocasionadas por actos de ejecución continuada o de tracto sucesivo, la prescripción comenzará a contar a partir del día último en que se haya generado el daño causante de la afectación.

Compañeros, estamos seguros de que esta propuesta complementa las disposiciones de protección al ambiente que se contemplan en esta ley; por tanto, se propone la siguiente redacción al primer párrafo del artículo 29 de dicha Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

El dictamen establece que la acción a la que hace referencia el presente título prescribe en 12 años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos.

La propuesta considera a quedar de la siguiente forma: La acción a que hace referencia el presente título prescribe en 12 años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos. En el caso de las conductas ocasionadas por actos de ejecución continuada o de tracto sucesivo, la prescripción comenzará a contar a partir del último día en que se haya generado el daño causante de la afectación. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. No es claro el resultado, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Si la Secretaría tiene duda, tendríamos que abrir el sistema. Repita la votación, secretaria, por favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, hay duda.

El Presidente diputado José González Morfín: Si tiene dudas la Secretaría, creo que lo correcto, aunque sea un trámite, es abrir el sistema electrónico de votación para ver si se admite o no se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Torres. Ordene la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación sobre el trámite.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron a favor 181, una abstención y en contra 209.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión. El artículo se reserva para su votación en los términos del dictamen, junto con los demás.

Ahora para presentar una reserva por la que propone suprimir el párrafo quinto del Código Penal Federal, tiene el uso de la voz el diputado Medina Filigrana.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, vuelvo a hacer uso de la tribuna, porque la reserva que presento al artículo 421 del Código Penal Federal tiene concordancia con lo que había señalado anteriormente del artículo 52 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

La idea es suprimir el párrafo quinto de este artículo 421 del Código Penal Federal para eliminar lo que denominan los parámetros mínimos y máximos de las penas de prisión a que se refiere el presente título. Se disminuirán a la mitad cuando el imputado o procesado repare o compense voluntariamente el daño al ambiente, antes de que tal obligación le haya sido impuesta por resolución administrativa o sentencia judicial.

Me parece que nuevamente estamos dejando abierta la posibilidad de dejar muy laxa esta ley, de dejarla muy endeble y de permitir su violación sistemática. Me pregunto cuáles serán esos parámetros mínimos y máximos.

¿Cómo podemos compensar un daño ecológico si, por ejemplo, talamos 100 árboles? ¿Acaso con volver a plantar 100 árboles está compensado este daño ecológico? ¿Tendríamos en cuenta el tiempo que tardan en crecer los nuevos árboles, el impacto que ya generamos?

Insisto en la necesidad de que no dejemos ventanas abiertas para la violación sistemática de esta ley que hoy estamos aprobando sino que la fortalezcamos, en aras de que realmente sea una ley eficiente y cumpla con su objetivo de preservar el medio ambiente en todo el territorio nacional. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión. El artículo se reserva para su votación en los términos del dictamen, en conjunto con los demás artículos.

Ahora respecto de la Ley de Aguas Nacionales, tiene el uso de la voz la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, para presentar una reserva al artículo 96-Bis.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza:Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes; buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. La presente reserva se encuentra estrechamente relacionada con la presentada al artículo 14 Bis 4 de la Ley de Aguas Nacionales, toda vez que la finalidad de la propuesta que someto a su consideración consiste en que la autoridad del agua sujete sus actuaciones en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento cuando se solicite el cumplimiento de la reparación del daño ambiental y de aquellos que comprometan ecosistemas vitales.

De esta manera —nuevamente— estaríamos sujetando esta facultad al principio de especialización de la ley que rige el procedimiento en materia de Aguas Nacionales; por tanto, se sugiere la siguiente redacción al artículo 96 Bis de la Ley de Aguas Nacionales:

Artículo 96 Bis. La autoridad del agua intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley, de la Ley de Aguas Nacionales y sus reglamentos.

Pido su voto a favor de esta modificación. Es cuanto, señor presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

El suscrito diputado federal Marcelo de Jesús Torres Cofiño, integrante del Grupo  Parlamentario de Acción Nacional, de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de ésta Cámara de Diputados, la reserva mediante la cual se propone reformar el artículo 96 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, prevista en el dictamen emitido por la Comisión de Justicia, respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales, en materia de educación, para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el dictamen de mérito.

Dice:

Artículo 96 Bis.La Autoridad del Agua intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de Ley,de la Ley Federal de Responsabilidad ambiental.

Debe decir:

Artículo 96 Bis.La Autoridad del Agua intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley, de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.— Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputada Eufrosina Cruz Mendoza (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí se admite a discusión. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se acepta la propuesta. El artículo con la propuesta aceptada se reserva para su votación en conjunto con los demás.

Ahora, para presentar una reserva al artículo 96-Bis 1, tiene el uso de la voz la diputada Esther Quintana.

Me están pidiendo un poco de tiempo para tratar de consensuar esta propuesta. Le daría el uso de la voz a quien tiene la última reserva, que es el diputado Ramón Antonio Sampayo, que presentará sus reservas al artículo 14 Bis 4, fracciones III y IV, de la misma Ley de Aguas Nacionales.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz:Con su permiso presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda alguna el dictamen que estamos aprobando es trascendental para garantizar el derecho a un ambiente sano para los mexicanos, por lo que las disposiciones que estamos por aprobar deben ser lo más completas y protectoras posible y es justamente esta finalidad la que motiva la presentación de esta reserva, la cual tiene por objeto reformar el artículo 14 Bis 4 de la Ley de Aguas Nacionales para establecer que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente podrá imponer las medidas técnicas y correctivas de seguridad de su competencia, en los términos de lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

Por ello, estaríamos sujetando esta facultad al principio de especialización de la ley que rige el procedimiento en materia de aguas nacionales, aunado a que si bien es cierto que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental contiene un catálogo amplio de daños al ambiente, incluidos los ocasionados al agua, la relevancia jurídica de la materia de aguas nacionales amerita la regulación expresa en un ordenamiento especializado con un régimen propio que el ya previsto en la citada Ley de Aguas Nacionales y su respectivo Reglamento.

Por tanto, se sugiere la siguiente redacción a las fracciones III y IV del artículo 14 Bis 4 de la Ley de Aguas Nacionales, que dice este artículo 14 en su fracción III: Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad para que sean de su competencia en los términos de esta ley, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Y reservando este artículo para que diga lo siguiente en la fracción III del artículo 14: Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia, en los términos de esta ley, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

Así la fracción IV de este mismo artículo, que dice actualmente: Promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua, en los términos de esta ley, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y de las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Para que diga lo siguiente, en su fracción IV: Promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua, en los términos de esta ley, de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y de las demás disposiciones jurídicas.

Evitando así imponer medidas técnicas y correctivas, así como acciones de reparación o compensación del daño ambiental a una ley que no le corresponda. Es cuanto, señor presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

El suscrito diputado federal Ramón Antonio Sampayo Ortiz, integrante del Grupo  Parlamentario de Acción Nacional, de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de ésta Cámara de Diputados, la reserva mediante la cual se propone reformar las fracciones III y IV del artículo 14 Bis 4 de la Ley de Aguas Nacionales, prevista en el dictamen emitido por la Comisión de Justicia, respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales, en materia de educación, para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el dictamen de mérito.

Dice:

Artículo 14 Bis 4.Para los fines de esta Ley y sus reglamentos, son atribuciones de ‘la Procuraduría’:

I.a II. ...

III. Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia en los términos de esta Ley, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

IV.Promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua en los términos de esta Ley,de la Ley Federal de responsabilidad Ambiental y de las demás disposiciones jurídicas aplicables;

V....

VI. ...

Debe decir:

Artículo 14 Bis 4.Para los fines de esta Ley y sus reglamentos, son atribuciones de ‘la Procuraduría’:

I.  a II. ...

III. Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad que sean de su competencia en los términos de esta Ley, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento;

IV. Promover las acciones para la reparación o compensación del daño ambiental a los ecosistemas asociados con el agua en los términos de esta Ley, de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento y de las demás disposiciones jurídicas aplicables;

V. ...

VI.  ...

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.— Diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Sampayo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se acepta la propuesta y el artículo se reserva para su votación en conjunto con los demás, obviamente con la propuesta aceptada.

Tiene ahora sí el uso de la voz la diputada Esther Quintana, para presentar su reserva al artículo 96 Bis-1.

La diputada Esther Quintana Salinas:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, no voy a redundar más sobre el punto, porque la presente reserva se encuentra estrechamente vinculada con las anteriores, de tal suerte que la redacción que proponemos es la siguiente.

Artículo 96 Bis-1. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado, en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño. Es cuanto, diputado presidente, gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

La suscrita diputada federal Esther Quintana Salinas, integrante del Grupo  Parlamentario de Acción Nacional, de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de ésta Cámara de Diputados, la reserva mediante la cual se propone reformar el artículo 96 Bis 1 de la Ley de Aguas Nacionales, prevista en el dictamen emitido por la Comisión de Justicia, respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales, en materia de educación, para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el dictamen de mérito.

Dice:

Artículo 96 Bis 1. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de laLey Federal de Responsabilidad Ambiental,sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño.

...

Debe decir:

Artículo 96 Bis 1.Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento,sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse en daño.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.— Diputada federal Esther Quintana Salinas (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se admite a discusión. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea si se acepta la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se acepta la modificación. El artículo con la modificación aceptada se reserva para su votación en conjunto con los demás.

Ahora para presentar por parte de las comisiones dictaminadoras una fe de erratas que fue registrada en la Secretaría, tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Pacheco.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, ponemos a consideración la siguiente propuesta de modificación que signan los presidentes y las juntas directivas de las Comisiones de Medio Ambiente y de Justicia, y que modificaría el artículo 19, fracción II, de la Ley de Responsabilidad Ambiental. En esto ha habido un consenso de todos los grupos parlamentarios, que quedaría:

Artículo 19, fracción II. De mil a 600 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción.

La ponemos a consideración y les pedimos apoyen esta propuesta de las juntas directivas de las comisiones que dictaminan. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Propuesta de modificación de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, al proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y se reforman, adicionan y derogan diversas  disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico  y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales.

Ley de Responsabilidad Ambiental

Dice:

Artículo 19, fracción II

II. De veinte mil a cuatrocientos cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una personal moral.

Debe decir:

Artículo 19, fracción II

II. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal  al momento de imponer la sanción.

México, DF, a 17 de abril de 2013.— Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Lourdes Adriana López Moreno, Presidenta; por la Comisión de Justicia, diputado Ricardo  Fidel Pacheco Rodríguez, Presidente; diputados: Minerva Castillo Rodríguez, Erika Yolanda Funes Velázquez, Cristina Olvera Barrios, secretarios; Antonio Cuéllar Steffan, María del Rocío Corona Nakamura, Lilia Aguilar Gil, Zuleyma Huidobro González, José Alberto Rodríguez Calderón, Alfa Eliana González Magallanes, Karina Labastida Sotelo (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de las comisiones.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se acepta la modificación de las comisiones.

El Grupo Parlamentario del PRD ha pedido separar las votaciones de los artículos 29 y 54; entonces, en una primera instancia voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación de los artículos 1o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, con la modificación aceptada; 19, fracción II; el 421 del Código Penal Federal, en los términos del dictamen, y de la Ley de Aguas Nacionales el 14, Bis 4, con la modificación aceptada; el 96 Bis, con la modificación aceptada, y el 96 Bis 1, con la modificación aceptada.

Ábrase el sistema electrónico de votación... Sí. Perdón, me habían pedido el 29 y el 54 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que se votaran por separado, pero dígame, diputado Miguel Alonso.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): El 1o. y 19, fracción II.

El Presidente diputado José González Morfín: Votaríamos por separado los cuatro artículos de la ley. Correcto.

Como ya lo había dicho en una primera instancia, vamos a abrir el sistema electrónico para recoger la votación del artículo 421 del Código Penal Federal, en términos del dictamen, y con las modificaciones aceptadas de la Ley de Aguas Nacionales el 14 Bis 4, el 96 Bis y el 96 Bis 1. Ábrase el sistema electrónico de votación.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Arturo Escobar y Vega.

El diputado Arturo Escobar y Vega(desde la curul): Lo que pasa es que quiero saber qué es lo que se está sometiendo a consideración del pleno, por favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, con mucho gusto, diputado. Estamos reservando para votar uno por uno, porque así me lo pidió el Grupo Parlamentario del PRD, los cuatro artículos reservados de la Ley de Responsabilidad Ambiental.

Por lo pronto estamos votando los otros cuatro artículos, uno del Código Penal Federal y los tres de la Ley de Aguas Nacionales que habían sido reservados. Conjuntamente votaríamos estos cuatro, y de los otros cuatro vamos a hacer cuatro votaciones para recoger la votación de cada uno de ellos.

Quiero decirles que en estos casos son acuerdos de consenso, las modificaciones aceptadas a los tres de la Ley de Aguas Nacionales fueron de consenso. Continúe la Secretaría con el trámite; bueno, continuamos con la votación.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez(desde la curul): A favor

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se registraron 354 votos a favor, 2 abstenciones y 71 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados por 354 votos el artículo 421 del Código Penal Federal, en términos del dictamen, y los artículos 14 Bis 4, 96 Bis y 96 Bis 1 de la Ley de Aguas Nacionales, con las modificaciones aceptadas.

Vamos ahora a votar los artículos reservados de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en dos tiempos; en una primera instancia vamos a abrir el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación de los artículos 1o., con la modificación aceptada; 19, con la modificación aceptada; y 29, en los términos del dictamen. Posteriormente votaremos —porque así nos lo han pedido— el artículo 54 por separado. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

Por favor, diputado.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz, diputados, por favor.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (desde la curul): A favor.

El diputado José Alejandro Llanas Alba (desde la curul): A favor.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas(desde la curul): A favor.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Anaya Cortés(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Carlos Uribe Padilla(desde la curul): A favor.

La diputada Alejandra López Noriega(desde la curul): A favor.

El diputado Agustín Barrios Gómez Segués(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se emitieron a favor 425 votos, 2 abstenciones, 1 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados por 425 votos el artículo 1o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, con la modificación aceptada a la diputada González Magallanes; el artículo 19, con la modificación aceptada a las comisiones, y el artículo 29, en los términos del dictamen.

Finalmente, vamos a abrir el sistema electrónico de votación para recoger la votación respecto del artículo 54 en los términos del dictamen, dado que no fue aceptada la modificación del diputado Medina Filigrana. Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación del artículo 54 en los términos del dictamen.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Damos la bienvenida a los que están participando en el curso de Inducción al Servicio Social, aquí en la Cámara de Diputados, que hoy nos acompañan en la sesión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): A favor.

El diputado Isaías Cortés Berumen(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:: Señor presidente, se emitieron a favor 326 votos, 0 abstenciones y 93 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por 326 votos el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en términos del dictamen.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley General de Bienes Nacionales. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

Compañeras y compañeros, tengo aquí una comunicación firmada por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios por la que solicitan adelantar en el orden del día los puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra por cinco minutos la diputada María de Jesús Huerta Rea, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal decrete a Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo. Viene suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

VOLUMEN II

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

EXHORTO A LOS CONGRESOS DE GUERRERO Y OAXACA A NO PROMOVER LEGISLACIONES LOCALES QUE ELIMINEN SUS EFECTOS Y QUE PUEDAN CONTRAVENIR LA CONSTITUCION

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Antes, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo, relativo a la reforma educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Muchas gracias, diputada presidenta. Estimados compañeros diputados, el pasado mes de diciembre en este Congreso de la Unión se aprobó una reforma educativa de enorme trascendencia para este país y además esa reforma educativa fue aprobada por un muy amplio consenso.

Recordemos que recibió la votación favorable del 72 por ciento de los diputados federales y del 88 por ciento de los senadores, así como de una gran mayoría de los Congresos locales.

El objetivo principal de esta reforma educativa es precisamente garantizar la calidad en nuestro sistema educativo. Incluso se incorporó como principio constitucional precisamente este principio de la calidad de la educación para un mejor futuro para nuestros niños y para nuestros jóvenes.

Al hablar de la calidad educativa, es indispensable hablar también de los maestros, que son precisamente los que transmiten los conocimientos, los que transmiten las habilidades a las nuevas generaciones.

Precisamente esta reforma contempla la evaluación universal a los maestros. Al hablar de la evaluación hay que decir de manera muy clara que de ninguna manera la evaluación supone menoscabar los derechos de los trabajadores de la educación; al contrario, la evaluación beneficia a los maestros, la evaluación permite detectar aquellas deficiencias precisamente en los profesores, de tal manera que ellos puedan ser mejores, que ellos puedan ser más competitivos, que puedan de mejor manera transmitir los conocimientos. La evaluación incentiva también a los profesores a mantenerse actualizados en materia de los contenidos y de las mejores prácticas pedagógicas.

Por lo tanto —concluyo con esta parte de la evaluación— podemos decir que es enormemente positiva, no solamente para los alumnos, no solamente para el sistema docente sino, sobre todo, para los maestros.

Sin embargo, a pesar de esto, hemos visto que en México todavía existen grupos que anteponen sus intereses a los intereses superiores de la educación y a los intereses superiores de la nación.

Hemos visto grupos que con tal de mantener ciertos privilegios están dispuestos a sacrificar el futuro del país; es así como hemos visto algunas movilizaciones, en muchos casos además no exentas de violencia, de personas que dicen ser trabajadores de la educación y que buscan impedir que esta reforma educativa que aprobamos con un amplio consenso pueda justamente implementarse en sus estados.

Hemos visto, sobre todo, las amenazas de varios de estos grupos minoritarios en estados como Oaxaca y como Guerrero y que pretenden echar atrás lo que hicimos en este Congreso de la Unión con un muy amplio consenso.

Por eso lo que queremos a través de este punto de acuerdo es exhortar a los Congresos locales para que no sean presa de esa presión política y de ese chantaje de ciertos grupos violentos que pretenden sacrificar el futuro del país.

Quiero decir que reconocemos el esfuerzo de algunos actores políticos que a través del diálogo, que a través de la prudencia han buscado soluciones a este conflicto. Por ejemplo, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, vino a este Congreso a presentarnos una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, lo cual vemos como una oportunidad para dialogar y que recibimos con apertura.

Pero vemos que otros actores políticos, por el contrario, están siendo presas de este chantaje político de estos grupos que pretenden contravenir la Constitución a través de legislaciones estatales. Es por eso que el punto de acuerdo que ponemos hoy a consideración de esta honorable Cámara de Diputados es el siguiente:

Primero. Los diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión reafirmamos nuestro compromiso con la educación de calidad, por lo que reiteramos nuestro respaldo a la reforma al artículo 3o. constitucional, que fue aprobada con un alto consenso el pasado mes de diciembre en este Congreso y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al honorable Congreso del estado de Guerrero y al honorable Congreso del estado de Oaxaca, a no promover legislaciones locales que, en los hechos, eliminen los efectos de la citada reforma educativa y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Concluyo ya, diputada presidenta, nada más indicando que desgraciadamente en todas las evaluaciones, en todos los análisis que se han hecho sobre la calidad educativa en México Oaxaca y Guerrero sistemáticamente aparecen en último lugar.

Si no permitimos que esta reforma educativa se implemente en todo el país, pero de manera muy especial en estos estados, estamos condenando a la juventud y a la niñez guerrerense y oaxaqueña al subdesarrollo, a la emigración y eso no se lo merecen y no lo podemos permitir. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía respalda la reforma educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013 y exhorta a los Congresos de Guerrero y de Oaxaca a no promover legislaciones locales que eliminen sus efectos y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de carácter de urgente y obvia resolución por el que los diputados de la LXII Legislatura reiteramos nuestro respaldo a la reforma educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013; y por el que se exhorta  al honorable Congreso del estado de Guerrero y al honorable Congreso del estado de Oaxaca a no promover legislaciones locales que, en los hechos, eliminen los efectos de la citada reforma educativa y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

En diciembre de 2012, en el marco del Pacto por México, el Ejecutivo federal presentó junto con los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD la iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional en materia educativa. Dicha iniciativa fue aprobada por el Congreso de la Unión con un amplio consenso (72% de los diputados federales y 88% de los senadores votaron a favor). Del mismo modo, la reforma educativa fue aprobada por la mayoría de los congresos locales, por lo que el 26 de febrero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El objetivo de la reforma educativa es garantizar la educación de calidad para los niños y jóvenes mexicanos. Uno de los medios para alcanzar el citado objetivo son los concursos de oposición de los maestros, tanto para el ingreso y permanencia en el servicio docente, como para la promoción a cargos administrativos o de supervisión. Así mismo, la reforma en materia educativa establece, desde la Constitución, la evaluación universal a los profesores a través de un órgano autónomo y con pleno respeto a los derechos laborales de los maestros.

La evaluación del sistema educativo permite detectar sus deficiencias para la implementación de soluciones, e incentiva a los maestros a mantenerse actualizados en lo relativo a contenidos y a las mejores prácticas pedagógicas. Las implicaciones de la evaluación universal, por lo tanto, son positivas: mayor transparencia del estado que guarda la educación, docentes más capacitados y competitivos, niños y jóvenes mejor preparados.

La evaluación en ningún caso supone una vulneración de los derechos laborales de los profesores. Al contrario, los profesores conocen bien sus ventajas puesto que ellos la aplican a sus alumnos para medir su desarrollo pedagógico. A través de la evaluación y del proceso de capacitación que la precederá, los profesores adquirirán nuevas capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, serán personas más preparadas y mejor formadas en un mundo cada vez más competitivo. Podrán educar mejor a los niños y jóvenes, quienes recibirán una instrucción de mucho mejor calidad.

A pesar de lo anterior, aún existen en México grupos que anteponen sus intereses a los intereses de la nación; grupos que, con tal de preservar sus privilegios, están dispuestos a sacrificar el futuro del país. De este modo, un reducido número de profesores de los estados de Oaxaca y Guerrero, recientemente y haciendo uso de tácticas de chantaje político, han pretendido echar atrás la recién aprobada reforma a los artículos 3o. y 73 constitucionales.

En Oaxaca, unos cuantos maestros – que no representan ni el 10% del gremio de la entidad – adheridos a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han tomado calles, carreteras y casetas, han ingresado a las instalaciones de radiodifusoras y han bloqueado centros comerciales y edificios públicos, afectando la actividad económica y turística de la entidad. Este reducido grupo, además, emprendió una campaña para desinformar a la sociedad con respecto a los fines y los alcances de la reforma en comento. Lo más grave: llevaron a cabo un paro de labores que afecta a más de un millón 300 mil alumnos.

Entre las demandas planteadas por los que se manifiestan se encuentra la entrega de novecientas veinte plazas, sin una previa evaluación. Asimismo se manifiestan en contra de la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares).

En Guerrero la situación no ha sido diferente: pocos maestros – que buscan mantener sus privilegios y seguir con la política de vender y heredar plazas – han recurrido al paro de labores, a las manifestaciones, a los bloqueos de carreteras y a la toma de edificios públicos como maniobras para presionar a los poderes públicos del estado a que cedan a sus demandas. En este sentido, el pasado 22 de marzo la autopista del sol fue bloqueada durante más de nueve horas. La pretensión: que la entidad, en los hechos, permanezca exenta de los alcances de la reforma educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de este año.

Las conductas descritas han significado una sistemática violación al Estado de Derecho, que debe ser sancionada conforme al orden normativo aplicable. No obstante, ante la ausencia de determinación por parte de las autoridades, los grupos mencionados que incurren en estas faltas se aprovechan y buscan negociar algo innegociable: la aplicación de  la ley suprema de nuestro país, la Constitución Política.

A los principios establecidos en la Constitución debe adecuarse el resto de la legislación que se produzca en el país y ésta no la puede contradecir. La supremacía de la Carta Magna no puede estar sujeta a chantajes políticos, así como su aplicabilidad en todo el territorio nacional no acepta ningún tipo de exención. Sin embargo, en Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre, sucumbió a las presiones e hizo suya la propuesta de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) para reformar la Ley Estatal de Educación; iniciativa a todas luces inconstitucional, que pretende otorgar plazas a normalistas de manera automática – sin concurso de por medio – y evadir la evaluación a la que por disposición constitucional están obligados todos los maestros.

Tras la reforma educativa aprobada, el artículo tercero de la Constitución establece claramente,  en su fracción IX, que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es el responsable de “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”.

La prueba ENLACE ha evidenciado la mala situación en la que se encuentra el sistema educativo en los estados de Oaxaca y Guerrero, los cuales en 2006, en el rubro de matemáticas, tenían los porcentajes más altos de alumnos con bajo nivel. En 2012 la situación para Guerrero mejora, y sin embargo, más de la mitad de los alumnos permanecen en niveles de aprovechamiento bajos.

Ceder a los chantajes de las cúpulas sindicales implica condenar a los alumnos de dichas entidades al subdesarrollo y al atraso, además de representar flagrantes violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de las consideraciones expuestas someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Los diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión reafirmamos nuestro compromiso con la educación de calidad, por lo que reiteramos nuestro respaldo a la reforma al artículo tercero constitucional que fue aprobada con un alto consenso el pasado mes de diciembre en este Congreso y  fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado de Guerrero y al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca a no promover legislaciones locales que, en los hechos, eliminen los efectos de la citada reforma educativa y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

SOLICITUD AL EJECUTIVO FEDERAL PARA DECRETAR COMO MUNICIPIO FRONTERIZO ANAHUAC, NUEVO LEON

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María de Jesús Huerta Rea para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal decrete a Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María de Jesús Huerta Rea: Solicito que el presente proyecto se publique íntegro en el Diario de los Debates.

Con su venia, diputada presidenta. Compañeros y compañeras legisladores, agradezco la oportunidad que me permiten de presentar ante esta máxima tribuna de la nación esta proposición con punto de acuerdo, a nombre de las diputadas federales del estado de Nuevo León, del Grupo Parlamentario del PRI. Con esto manifestamos y reiteramos la responsabilidad que nos confiere la Constitución como representantes de las diversas demandas sociales.

Tácitamente es nuestro deber diseñar y modificar los diversos instrumentos jurídicos para contar con nuevas alternativas para su ejecución y eficiencia, en búsqueda de la justicia social y el bienestar de los ciudadanos.

Por lo anterior, la proposición con punto de acuerdo de referencia tiene por objeto exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a efecto de que el municipio de Anáhuac, Nuevo León, sea considerado como fronterizo y como consiguiente reciba los beneficios económicos correspondientes.

Anáhuac es el único municipio fronterizo del estado de Nuevo León. Está ubicado a 200 kilómetros de la capital. Limita al norte con Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas; al sur con Lampazos de Naranjo y Vallecillo, Nuevo León; al oriente con Guerrero, Tamaulipas, y al poniente con Juárez, Coahuila.

En este tenor, el pasado mes de diciembre de 2012 el Congreso estatal aprobó por unanimidad y exhortó al titular del Poder Ejecutivo en el mismo sentido, el cual fue presentado este punto de acuerdo por el diputado local José Antonio González Villarreal, a nombre también del Grupo Parlamentario del PRI, en el Congreso del estado.

Tácitamente los beneficios de estímulos fiscales y económicos que la federación mantiene, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorga a las personas físicas y morales establecidas en las referidas zonas son: el impuesto al valor agregado, cuya tasa es del 11 por ciento; los impuestos generales de importación y exportación, así como las contribuciones y cuotas compensatorias, en los términos de la Ley Aduanera; el impuesto sobre nómina, que favorece el desarrollo económico de estas circunscripciones territoriales, principalmente en obra pública; impuestos sobre la adquisición de inmuebles; impuestos prediales y municipales; productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras; impuestos de la tenencia y uso de vehículos; servicios públicos municipales; servicios de catastro y usos del suelo.

La estrategia programática del Ramo 28; es decir, que si un municipio lleva a cabo actividades de comercio exterior, es susceptible de solicitar el recurso previsto en el fondo del 0.136 por ciento de la recaudación federal participable.

Por los argumentos anteriormente vertidos, dada la ubicación geográfica de Anáhuac, Nuevo León, solicitamos respetuosamente contar con el apoyo de esta honorable asamblea, a efecto de que sea aprobado el presente proyecto. Es cuanto, compañera presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que decrete Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados de la Coordinación de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

El territorio nacional comprende: el de las partes integrantes de la Federación; el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; el de la isla Guadalupe y las Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional y las marítimas interiores, y el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional.

La frontera con mayor extensión, en México, es la norte, ya que cuenta con una longitud de 3 mil 326 kilómetros lineales, la cual está definida por el río Bravo, que es el más largo del país. Además, es la frontera con el mayor número de cruces legales en el mundo, con 50.23 por ciento de cruces peatonales desde 2002, e ilegales con casi 12 millones.

La frontera internacional terrestre tiene 3.185 kilómetros de largo e inicia en la desembocadura del Río Bravo con el Golfo de México, y corre a lo largo de éste sobre un punto entre El Paso y Ciudad Juárez hasta Tijuana.

La región a lo largo de la frontera es caracterizada por los desiertos, las montañas, y dos ríos importantes el Colorado y el Río Grande (Río Bravo del Norte).

En ella, los estados estadounidenses son California, Arizona, Nuevo México, y Texas; y los mexicanos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Delimitando el objeto de estudio del presente proyecto, Anáhuac es el único municipio fronterizo de Nuevo León.

Está a 200 kilómetros de la capital del estado. Limita al norte con Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, al sur con Lampazos de Naranjo y Vallecillo Nuevo León; al oriente con Guerrero, Tamaulipas, y al poniente con Juárez, Coahuila.

Pese a ser un municipio fronterizo la ley no lo califica como tal, por ello el objetivo de la presente proposición con punto de acuerdo es exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que Anáhuac sea decretado como municipio fronterizo y por ende, reciba los derechos que el marco jurídico confiere a estas circunscripciones.

En este tenor, es menester señalar que el pasado mes de diciembre, en el Congreso de Nuevo León se aprobó por unanimidad un exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo federal, a fin de que realice las gestiones correspondientes, para que Anáhuac goce de los derechos que el marco jurídico vigente les concede a las regiones fronterizas.

Esta proposición fue presentada por el diputado José Antonio González Villarreal, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI.

Los beneficios o estímulos fiscales y económicos que la federación, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorga a las personas físicas y a las morales establecidas en la referida zona son

El impuesto al valor agregado, en los términos de la ley de referencia:

Artículo 2o.El impuesto se calculará aplicando la tasa de 11 por ciento a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 11 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa de 16 por ciento.

Para efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

Los impuestos generales de importación y exportación, así como las contribuciones y cuotas compensatorias, en los términos de la Ley Aduanera.

El impuesto sobre nómina que favorece al desarrollo económico de estas circunscripciones territoriales, principalmente en obra pública.

Impuestos sobre la adquisición de inmuebles.

Impuestos prediales estatales y municipales.

Productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras.

Impuestos de la tenencia o uso de vehículos.

Servicios públicos municipales.

Servicios de catastro y usos del suelo.

La estrategia programática del ramo 28, es decir, si en un municipio se llevan a cabo actividades de comercio exterior es susceptible de solicitar los recursos previstos en el fondo de 0.136 por ciento de la recaudación federal participable.

En consecuencia, dada la ubicación geográfica de Anáhuac, Nuevo León, solicitamos respetuosamente sea considerado con la mayor brevedad como municipio fronterizo.

Por lo expuesto nos permitimos someter a consideración de esta legislatura la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que decrete a Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo.

Notas:

1 Blanco Mendoza, Herminio. “Las negociaciones comerciales de México con el mundo”, en Mancilla Vargas, Víctor Enrique. La apertura comercial de México.

2 Blanco Mendoza, Herminio. “Las negociaciones comerciales de México con el mundo”, en Mancilla Vargas, Víctor Enrique. La apertura comercial de México.

3 http://www.nl.gob.mx/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.— Diputados: María de Jesús Huerta Rea, Javier Treviño Cantú, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Benito Caballero Garza, Eloy Cantú Segovia, Marco Antonio González Valdez, Abel Guerra Garza, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Jorge Mendoza Garza (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se considera de urgente resolución.

De conformidad con el artículo 113, numeral 3, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la voz, por la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, hasta por tres minutos.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está a favor del punto de acuerdo, porque una de nuestras prioridades consiste en impulsar la agenda municipalista, como elemento indispensable en el proceso de construcción del federalismo mexicano del siglo XXI.

El municipio es la base de la organización política y social de las naciones contemporáneas, el primer y más cotidiano contacto de la población con el Estado se da a través de los gobiernos municipales. Por ello es importante trabajar en los distintos ámbitos, particularmente en el Congreso de la Unión, para generar las condiciones legales, fiscales, políticas e institucionales que fortalezcan a los ayuntamientos y detone el desarrollo sustentable en los municipios.

Es importante que en la promoción de la agenda municipalista se tome en cuenta que existe una gran diversidad en todos los municipios de México, mientras algunos tienen condiciones que les permiten desarrollarse y generar bienestar y seguridad a sus habitantes otros —la mayoría— presentan situaciones de marginación y pobreza. Por eso debemos enfocar esfuerzos hacia la optimización de las ventajas que cada municipio puede explotar.

En este orden de ideas, es muy pertinente el resolutivo que se propone en el punto de acuerdo, el municipio de Anáhuac seguramente obtendrá beneficios a partir de su clasificación como municipio fronterizo.

Anáhuac es un municipio de apenas 18 mil 483 habitantes, su población económicamente activa es de 6 mil 589; es decir, un 43 por ciento. Pero nos llama la atención que de la población ocupada, el 73 por ciento son hombres y el 27 por ciento son mujeres, mientras que a nivel nacional la proporción es 62 por ciento hombres y 38 por ciento mujeres. Es decir, en Anáhuac, Nuevo León, las mujeres necesitan más oportunidades de trabajo y condiciones propicias para trabajar.

Pero hay otro dato, en Anáhuac, 10 mil 370 personas tienen menos de 30 años de edad, lo que representa el 56 por ciento de su población total, y la población en edad para estudiar, es decir de 3 a 24 años de edad, asciende a 7 mil 328 niños y jóvenes, de los cuales solamente asisten a escuela 4 mil 679; es decir, el 63 por ciento. Pero lo más significativo es que en los niveles de educación media y superior el porcentaje de jóvenes que no asisten a la escuela es del 64 por ciento.

Este municipio cuenta solo con 13 escuelas de preescolar, siete de primaria, cinco de secundaria y dos de bachillerato.

Un dato todavía muy significativo: en las tardes en este municipio no hay una actividad atractiva y productiva para los jóvenes.

El área de educación media superior está completamente desprotegida, por eso consideramos que con los beneficios económicos fiscales que se obtengan al considerarlo como municipio fronterizo, Anáhuac podría tener otra vez un punto de desarrollo más significativo, brindándole oportunidades a jóvenes y a mujeres con mejores y más escuelas y, sobre todo, con mayores oportunidades en la vida productiva.

Por eso, el Grupo de Nueva Alianza manifestamos nuestro apoyo a este punto de acuerdo y haremos lo conducente para que en nuestra tierra, en lo particular en Anáhuac, podamos consolidar este punto de acuerdo a favor de lo aquí expresado. Muchas gracias. Nueva Alianza con su voto a favor.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en el uso de la voz el diputado Ricardo Cantú Garza, hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, Nuevo León cuenta con poco más de 4 millones de habitantes y es considerado el octavo en la lista de los más poblados de nuestro país. De sus habitantes se sabe bien que la mayor parte viven en la zona metropolitana de Monterrey.

Las principales actividades comerciales del estado radican principalmente en el comercio, la industria, actividades agropecuarias, transportes y comunicaciones y la maquila, dejando claro de todo ello que el estado tiene una elevada tasa de participación económica a nivel nacional, misma que en todo momento debe ser atendida e incentivada para permitir aún más su crecimiento.

Comparado con otras entidades federativas donde se tienen varios municipios aledaños a los Estados Unidos de América, Nuevo León solamente tiene un municipio fronterizo, dicho municipio es el de Anáhuac. No obstante a la amplia gama de actividades económicas que se desarrollan en todo Nuevo León el municipio de Anáhuac, como muchos otros, es un lugar pobre y la mayoría de sus habitantes solo cuentan principalmente con los trabajos que pueden ofrecerse en las empresas, con un salario mínimo.

Compañeras y compañeros diputados, con estos antecedentes debemos tener claro que es necesaria la intervención de múltiples factores que permitan un equilibrio social y económico, no solo para este municipio y Nuevo León, sino también para todo el territorio nacional.

Decir que este municipio no pueda ser considerado como parte de una franja fronteriza es sinónimo de injusticia e inequidad, pues dadas las actuales condiciones en las que viven decenas de familias en Anáhuac, ven constantemente mermados sus ingresos provenientes de sus pequeños salarios, como consecuencia del pago de altas tasas impositivas.

Es pertinente señalar que el presente punto de acuerdo enuncia con precisión el tipo de estímulos fiscales y económicos a los que estarían sujetos sus habitantes, trabajadores y empresas, beneficios tales como un impuesto al valor agregado, que puede ser calculado aplicando la tasa del 11 por ciento a los valores que señala la ley, pueden ser sujetos para su inclusión en los conceptos de impuestos generales de importación y exportación, así como las contribuciones y cuotas compensatorias en los términos de la Ley Aduanera; estarían en condiciones de solicitar los recursos previstos en el Fondo 0.136 por ciento de la recaudación federal participable, bajo el rubro de la estrategia programática del Ramo 28, ya considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es decir, consideramos que el beneficio de brindarles estas atenciones a los habitantes y empresarios del municipio de Anáhuac, con el reconocimiento de ser parte de la frontera con Estados Unidos de América, es también una garantía de la mejora en la calidad de vida de ellos y del fortalecimiento al federalismo nacional. No solo estamos hablando entonces de los beneficios directos antes descritos, sino también de la activación de toda una cadena productiva que brinde frutos para el estado de Nuevo León y para el país.

Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputada presidenta. La frontera norte es la de mayor extensión en todo el país, al contar con una longitud de 3 mil 326 kilómetros lineales. En ésta existe una zona económica conocida como franja fronteriza, determinada por una visión preponderantemente económica, ya que tiene un desarrollo desigual debido a las diferencias de la economía deformada por el carácter económico, político y social de la dinámica fronteriza.

La característica principal de esta zona radica en que existen exenciones arancelarias para la importación de ciertos productos, con presencia solo al interior de la franja. Otro importante aspecto es que la tasa de algunos impuestos es baja. Un claro ejemplo de ello es el caso del impuesto al valor agregado, que en dicha zona es del 11 por ciento, a diferencia del 16 por ciento en el resto del país.

Estas prerrogativas reconocidas a los estados y municipios que conforman la zona económica denominada como franja fronteriza surgen como una medida preventiva para evitar el quebranto del mercado nacional, ya que por su propia condición resulta casi imposible competir contra la inmensa cantidad de productos de origen estadounidense que pueden adquirirse a menor precio.

La frontera norte tiene un desarrollo desigual debido a las diferencias de la economía, deformada por el carácter económico, político y social antes mencionado. No podemos dejar pasar temas de extrema importancia. Las grandes concentraciones de población en esta región atraen diversos problemas, como lo son las carencias importantes en la infraestructura urbana, educativa y de salud.

La población tiene, en general, un bajo nivel de escolaridad y la mayoría de la infraestructura de salud se concentra en los grandes centros urbanos fronterizos. Asimismo, existe un sector importante de la población que no tiene acceso al agua potable, drenaje y vivienda.

Las mayores situaciones de riesgo que existen en estos estados del norte son el tráfico de armas, el lavado de dinero, las drogas y los indocumentados. Todo en consecuencia de la falta de coordinación y apoyo oportuno de las autoridades, generando violencia e inseguridad en esta región.

Concordamos con el punto de acuerdo en la solicitud al titular del Poder Ejecutivo federal para decretar a Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo, lo cual representa un beneficio para los habitantes de la demarcación. Pero lo trascendental de los municipios fronterizos debería centrarse en la seguridad interna y en el auge de la economía, que debe optimizarse para que la población no piense en emigrar hacia los Estados Unidos de América.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz el diputado David Pérez Tejada Padilla.

Saludamos a alumnos de derecho que vienen del Colegio Universitario de Humanidades del estado de Querétaro, invitados por el diputado Ricardo Anaya Cortés. Bienvenidos.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, en el marco económico las regiones tienen éxito con respecto a otras gracias a la ventaja comparativa; es decir, cada región aprovecha sus entornos naturales, como la geografía, para ofrecer a otras latitudes aquello que no tienen. Pero la ventaja comparativa no necesariamente proviene de marcos naturales, también pueden ser artificiales, como los beneficios fiscales, pudiendo comercializar de esta manera a un costo menor a lo que podrían realizar sus competidores.

Por lo anterior, y en voz del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, creemos que este punto de acuerdo sujeto a discusión en este instante es justo y debe concederse para lograr que el municipio de Anáhuac, en Nuevo León, sea considerado como un municipio fronterizo.

Les quiero comentar que —por mi antecedente de ser residente de un municipio fronterizo de Mexicali, Baja California— nos sumamos a esta propuesta de uno de los 51 municipios que integran Nuevo León, ya que a cerca de 80 años de haber sido fundado este municipio tiene una frontera muy dinámica, que es la frontera de Colombia-Nuevo León, que es la que colinda al extremo norte con el condado de Webb, en Texas.

Es por ello que el municipio de Anáhuac, al ser parte de la frontera norte, se ve en una constante de tener que comercializar productos, bienes y servicios, por ello su población está ávida de poder satisfacer estas necesidades con sus homólogos del otro lado de la frontera. En este sentido, la actividad de intercambio entre ellos se ve muy limitada y en desventaja.

En este orden de ideas, se está configurando una discriminación entre las células municipales, pero más que eso es una discriminación hacia las personas que habitan en esta comunidad municipal de Anáhuac.

Es por ello que pugnamos que en breve el Ejecutivo federal emita el acto administrativo pertinente a que se decrete este municipio de Anáhuac, Nuevo León, como fronterizo y en consecuencia se tendría una gama de beneficios a favor de este municipio, especialmente en el tema tributario, ante la Secretaría de Economía, y de Hacienda y Crédito Público.

Respecto a esto último, se ha pronunciado de modo indirecto el pleno de la Suprema Corte, expresando que al no concederle a los municipios fronterizos el mismo trato se estaría rompiendo con una equidad, la cual es un principio en perjuicio de las personas, de acuerdo al artículo 31 de nuestra Constitución.

Para cerrar, únicamente a nombre del Partido Verde Ecologista de México, decirles que para nosotros este punto de acuerdo es de suma importancia, que nos sumemos todos los diputados y diputadas de esta honorable asamblea, ya que con actos como éste demostraremos que las políticas públicas se pueden hacer realidad para los pobladores de cierto municipio. Debemos hacer lo posible, diputados. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz el diputado Marcelo Garza Ruvalcaba.

El diputado Marcelo Garza Ruvalcaba:Con su permiso, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. En relación al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal decrete el municipio de Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo, quiero exponer a nombre del Partido de la Revolución Democrática ante esta honorable asamblea lo siguiente:

La historia de México es la de una sociedad que a lo largo del tiempo ha buscado su unidad y su identidad a través de la convergencia de sus distintos proyectos y formas de pensar. Si bien es cierto que México es un país plural y con una amplia diversidad de culturas, pueblos y formas de pensar, esto no ha sido un obstáculo para conformar un país unido y orgulloso de sí mismo.

Cada región y cada lugar de nuestro país tienen distintos rasgos económicos, políticos y sociales, que a pesar de su particularidad han contribuido al enriquecimiento de la cultura mexicana.

En el caso del estado de Nuevo León, los que nacimos y vivimos ahí nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos. Hablar de Nuevo León es hablar de la historia de México; Nuevo León es un estado que ha contribuido al desarrollo del país mediante la búsqueda de la industrialización y el desarrollo empresarial.

La cultura regiomontana se ha caracterizado siempre por la innovación y por entender al trabajo como algo vital para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. En este sentido, siempre hemos estado dispuestos a colaborar y a ayudar a otros estados que integran nuestra República. Somos promotores y defensores del pacto federal; sabemos que como estado y como mexicanos debemos apoyar a aquellos otros estados que enfrentan retos. En Nuevo León siempre buscamos contribuir con nuestro país.

Es por esto, compañeras y compañeros diputados, que nos presentamos ante esta soberanía, con el objetivo de pedirles su apoyo para que el municipio de Anáhuac sea considerado como municipio fronterizo.

El municipio de Anáhuac tiene una gran perspectiva de crecimiento en materia de agricultura y ganadería; su ubicación estratégica le genera una potencialidad de desarrollo importante, ya que es frontera con la mayor economía del mundo y el reconocimiento solicitado le permitirá contar con mecanismos financieros eficientes.

Este contexto privilegiado nos obliga a coadyuvar y trabajar a favor de este municipio para que logre sus objetivos. El reconocimiento de municipio fronterizo le permitirá tener capacidades fiscales necesarias, así como instrumentos de política pública para seguir generando mejores condiciones económicas y sociales para la región, y con ello posibilitar un mejor escenario de desarrollo para todos los habitantes del municipio; al mismo tiempo, les daremos el impulso necesario para insertarse de manera exitosa en la economía de América del Norte, y con ello posicionarlo dentro del contexto de la globalización. Para el futuro de nuestro país es imprescindible seguir teniendo los instrumentos necesarios que permitan consolidarnos con nuestros socios comerciales.

Compañeros y compañeras diputadas, Nuevo León y el municipio de Anáhuac requieren el apoyo de todos ustedes, por ello les solicito de manera respetuosa aprueben este exhorto que sin duda beneficiará a todo México. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PAN, en el uso de la voz el diputado Alberto Coronado Quintanilla.

El diputado Alberto Coronado Quintanilla:Con su permiso, presidenta. Amigas y amigos todos, el tema que nos ocupa el día de hoy pone de manifiesto la responsabilidad de fomentar el desarrollo integral y el crecimiento de todas las zonas del país. El municipio de Anáhuac es el único municipio de Nuevo León que cuenta con una zona fronteriza que se compone de unos 15 kilómetros con el estado de Texas.

Cabe recordar que el 31 de enero de 1989, el Ejecutivo federal emitió un decreto por el que se expropió por causa de utilidad pública una superficie de 332 hectáreas del ejido de Colombia de este municipio a favor del gobierno del estado, para destinarlo a la construcción de un puente internacional.

El puente cuenta con ocho carriles para el tráfico comercial y no comercial; conecta a Laredo con Colombia, Nuevo León, a través del extremo norte de la carretera 1 de Nuevo León con la carretera 255 del estado de Texas. Es operado por la ciudad de Laredo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Desde 1992 el municipio de Anáhuac recibe las contribuciones federales por el uso comercial del puente Colombia, el cual es el único paso fronterizo que existe entre Nuevo León y Estados Unidos de América. A 20 años de su apertura, el puente se ha posicionado como la puerta de salida de las exportaciones de empresas regiomontanas.

Asimismo, y a pesar de ser legalmente un municipio fronterizo, el impuesto al valor agregado en ese lugar se calcula aplicando la tasa del 16 por ciento y, como bien lo establece el presente punto de acuerdo, el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado señala que el impuesto se calcula aplicando la tasa del 11 por ciento a los valores que señale esta ley.

Amigas y amigos, para Acción Nacional el municipio formado por el conjunto de familias que habitan una comunidad es el eje de la estructura política nacional y espacio privilegiado para el desarrollo del país. Asimismo el sistema federal debe asegurar las facultades y los recursos suficientes para el municipio, así como también la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Por lo anterior expuesto en este posicionamiento, el Partido Acción Nacional votará a favor del presente punto de acuerdo, con el fin de garantizar el crecimiento de este municipio a favor de sus habitantes. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz el diputado Benito Caballero Garza.

Saludamos al alcalde de San Diego, Bob Filner, y a representantes de la Cámara de Comercio de San Diego, California, invitados por la Comisión de Asuntos Frontera Norte, que preside el diputado Jaime Bonilla Valdés. Sean bienvenidos.

El diputado Benito Caballero Garza:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, como lo ha señalado nuestra compañera, la diputada María de Jesús Huerta, el estado de Nuevo León cuenta actualmente con un solo municipio fronterizo, el municipio de Anáhuac, el cual a pesar de contar con todas las características y requisitos que la ley señala, no ha sido reconocido ni catalogado como tal, por lo que no recibe los derechos ni las prerrogativas que el marco jurídico otorga a todas las demarcaciones fronterizas.

Es decir, ni el municipio, ni los habitantes, ni los sectores productivos reciben los beneficios, ni estímulos, tanto fiscales como económicos que otorga la federación, lo cual repercute de manera negativa en el desarrollo económico, social y cultural de las familias que allá habitan.

Considero, compañeras y compañeros diputados, que éste es un tema eminentemente de justicia social por el que resulta adecuado exhortar respetuosamente al Ejecutivo federal a que incorpore al municipio de Anáhuac a la categoría de fronterizo, en virtud de que satisface todos los requisitos señalados en la normatividad vigente, incluyendo el párrafo primero del artículo 136 de la Ley de Aduanas.

Pese a que satisface todos estos requerimientos, distinguida asamblea, el municipio de Anáhuac y sus habitantes no reciben hoy los beneficios fiscales ni económicos a que tienen derecho. Me refiero a lo referente al impuesto al valor agregado, a la adquisición de inmuebles, el impuesto predial, que se otorguen productos, aprovechamientos y contribuciones; el de mejoras, el de la tenencia o uso de vehículos, el de servicios públicos municipales, en el servicio de catastro o el del uso del suelo, así como el establecido en la estrategia programática del Ramo 28.

En otras palabras, Anáhuac ha recibido un trato injusto e inequitativo por muchos años, motivo por el que hoy el Grupo Parlamentario del PRI y, por lo que escuché, todos los grupos parlamentarios de este Congreso se pronuncian a favor de la proposición con punto de acuerdo que está a discusión.

Revertir la situación desigual que ha vivido el municipio, compañeras y compañeros diputados, requiere de que desde el ámbito de nuestra competencia impulsemos acciones concretas que beneficien a los habitantes de esta demarcación, lo cual implica retomar las bases de un federalismo sano y participativo, y que contribuirá a fortalecer los principios de un municipio libre que busca generar los mayores beneficios posibles a sus habitantes.

Compartir importantes tareas legislativas y gubernamentales en el México de graves desigualdades sociales y de fuertes desequilibrios regionales nos obligan, a este Congreso, a potenciar y fortalecer los tres niveles de gobierno para materializar la justicia social y la democracia participativa.

Por ello el Grupo Parlamentario del PRI respalda con entusiasmo esta propuesta de nuestra compañera Mary Huerta, que como mujer y como todas las mujeres de este Congreso es una luchadora social, cuya sensibilidad y compromiso por las causas populares quedan de manifiesto con este punto de acuerdo. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

PROCESOS ELECTORALES POR LLEVARSE A CABO EN 2013

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila para presentar proposición con punto de acuerdo en relación con los procesos electorales que se llevarán a cabo durante el 2013, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadanos legisladores, ciudadana presidenta, el país, nuestra nación, se encuentra en grave riesgo, hay una crisis sistémica que los mexicanos y las mexicanas estamos viviendo, donde convergen la crisis de inseguridad, desempleo, corrupción, impunidad, aunado a la crisis educativa, del sector salud, de escasez de alimentos y agravado con la falta de legitimidad en la representación popular.

Esto está provocando un abismo entre la representación formal y la población a la que supuestamente representamos. Por eso ahora me permito plantearles un asunto de la mayor importancia.

Este punto de acuerdo que les planteo fue sustituido porque originalmente había planteado que se investigara la enorme corrupción que hay en el IFE, la enorme complicidad que hay en el IFE en actos administrativos y de compra-venta de inmuebles. Pero solicité se fuera a comisión para sustituirlo por éste, que en honor a la verdad, diputadas del Partido Acción Nacional insistieron en que se planteara este tema tan trascendente. Además también con el beneplácito de diputados del PRD, del Verde y de otros partidos; creo que todos debemos estar interesados en que este punto se apruebe y se transparente.

¿En qué consiste? Consiste en la vigilancia de los 14 procesos locales electorales, en la supervisión y el seguimiento para que en esos estados del país donde habrá elecciones y donde se renuevan poderes ejecutivos locales, como es el caso de Baja California, o Congresos locales y ayuntamientos, como es el caso de las otras 13 entidades federativas, no ocurran irregularidades, trampas electorales, que no ocurra la operación política-electoral ilegal, dinero sucio financiando campañas políticas en regiones y en municipios, y haya un comportamiento de la autoridad federal y local a la altura de las circunstancias de las que el país exige.

Por esa razón, estoy planteando un punto de acuerdo general que contiene cuatro apartados; el primer apartado consiste en otorgarle a la Comisión Especial de programas sociales para que a través de un grupo de trabajo se dé seguimiento a los procesos locales electorales que se llevarán a cabo en julio de 2013, ¿para qué? Para evitar la manipulación, compra o coacción del voto y garantizar los principios de certeza, legalidad e independencia, imparcialidad y objetividad.

Este punto me fue propuesto por el PRI, respecto de que fuera solo un grupo de trabajo dentro de la comisión y lo he aceptado, porque creo que a todos nos interesa y nos debe de interesar que haya limpieza en las elecciones.

El segundo punto es que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal y a los ejecutivos estatales donde se celebraran elecciones para que no se manipulen programas sociales ni ningún otro servicio público en beneficio de ningún partido o candidato para así blindar las elecciones.

El tercer punto, señala que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y los titulares de los ejecutivos locales y ayuntamientos donde habrá elecciones este año, para que cuando menos 45 días antes de la elección suspendan la publicidad gubernamental, en los términos que establece el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche(desde la curul): Presidenta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: No hablo de suspender los programas, hablo de suspender la publicidad y el manejo...

Presidenta, se llama Beatriz Zavala y fue senadora de la República hace seis años.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido, por favor, a la curul de la diputada Beatriz Zavala. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido, por favor, a la curul de la diputada Beatriz Zavala.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Presidenta, con el objeto de preguntarle al orador, al diputado Ricardo Monreal, si me permite hacerle una propuesta para completar este tercer punto de su proposición de punto de acuerdo.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado, ¿acepta la pregunta?

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí, por supuesto.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): No una pregunta, presidenta, es proponer un agregado: que además de la suspensión de la propaganda oficial de los programas en el orden del gobierno federal y de las entidades federativas, también se aplique el programa de blindaje electoral, que también debe ser 45 días antes de la elección.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Me parece correcto, diputada Beatriz Zavala. Usted fue secretaria de Desarrollo Social, usted sabe muy bien los efectos y las consecuencias.

No tendría inconveniente, como proponente de este punto de acuerdo y si la asamblea lo autoriza, que se agregue el tema que usted comenta sobre la instrumentación del programa de blindaje electoral; creo que enriquecería al punto de acuerdo contenido en estos cuatro apartados.

El cuarto y último punto que planteo es que la Cámara de Diputados envíe un exhorto al Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría General de la República se instruya a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a coadyuvar con las procuradurías de justicia locales donde se celebrarán elecciones este año, en la investigación y persecución de delitos electorales para inhibir cualquier conducta antijurídica que lesione, que altere, que vulnere la voluntad popular de los ciudadanos que emitan su voto de manera libre.

Éstos son los cuatro apartados que he precisado. Le pediría a la presidenta pueda plasmar íntegro el documento que he preparado para tal efecto y esperaría que los diputados y diputadas puedan honrar su palabra, los que así lo hicieron, para votar a favor. Esto seguro que así lo harán.

Quiero también por último decirles que fue una idea no solo propia, sino surge de diputadas también del Partido Acción Nacional, de Leo, de Conchita, de Beatriz, de Mariana, de varias, que me parece que todos tenemos que estar en ese mecanismo y en ese proceso de transparentar y de vigilar las elecciones para que haya legitimidad de quienes nos representan. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre los procesos electorales por llevarse a cabo en 2013, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila  y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El periodo de elecciones en México es el tiempo establecido por la ley que permite que los ciudadanos acudan a las urnas para ejercer su derecho al voto y manifestar su voluntad en la elección de sus gobernantes. Es así, y bajo esta dinámica que se abre paso a la consolidación de la democracia.

Sin embargo, durante muchos años hemos visto con tristeza que la mayoría de la elecciones se llevan a cabo en condiciones inequitativas, debido a las múltiples irregularidades y delitos electorales que se cometen durante el proceso.

Los órganos electorales quienes fungen como encargados de vigilar y garantizar que las elecciones se den bajo el marco normativo, no han cumplido con las mínimas expectativas ciudadanas. Han actuado con ligereza y opacidad, siendo cómplices en la concreción de una elección totalmente irregular.

Tal es el ejemplo de la pasada elección presidencial, donde gobernadores y presidentes municipales del Partido Revolucionario Internacional echaron mano de la publicidad gubernamental, programas sociales y recursos públicos que le permitieran la compra de voluntades, aprovechándose de la necesidad de los mexicanos sin que el Instituto Federal Electoral (IFE) actuara conforme a derecho.

Además de las múltiples pruebas presentadas ante el IFE por el candidato de la coalición Movimiento Progresista que demostraban el rebase de los topes de campaña, la compra de votos y demás irregularidades, se hizo caso omiso, dando paso a un proceso electoral deficiente.

Ahora bien, durante este año se celebrarán elecciones en 14 estados de la República Mexicana, incluyendo la elección de gobernador en Baja California, por lo que es necesario garantizar que estas se lleven a cabo conforme la establece la ley.

Poner en activo la comisión especial de programas sociales para que dé seguimiento a las elecciones locales, reforzaría considerablemente las acciones realizadas por los órganos electorales, la cual en coadyuvancia con las fiscalías especializadas para la atención contra delitos electorales de los estados blindarían los procesos electorales de los 14 estados de la república.

De esta manera, se evitará que los gobiernos locales manipulen los programas sociales como la Cruzada Nacional contra el Hambre, impulsada por el gobierno federal a favor de su partido y atiendan la normatividad vigente en función de retirar la publicidad gubernamental en 45 días antes de la elección.

Recordemos que la entrada de Enrique Peña Nieto como presidente de la República contó con poca fuerza y legitimidad debido a la gran opacidad que existió en el proceso electoral.

La falta de procesos electorales limpios ponen en entre dicho la existencia de democracia en el Estado mexicano, por lo que debemos actuar con responsabilidad y poner en marcha acciones que nos ayuden a contar con elecciones más justas y limpias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La honorable Cámara de Diputados exhorta a los Ejecutivos federal y estatales, donde se celebraran elecciones este año, para que no se manipulen los programas sociales, ni ningún otro servicio público en beneficio de ningún partido político o candidato, para blindar las elecciones.

Segundo.La honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo federal y locales, donde habrá elecciones este año, para que cuando menos 45 días antes de la elección, suspendan toda la publicidad gubernamental, en términos de lo que establece el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.La honorable Cámara de Diputados envía un exhorto al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría General de la República, se instruya a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para coadyuvar con las Procuradurías de Justicia locales, donde se celebrarán elecciones este año, en la investigación y persecución de delitos electorales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la voz por la fracción parlamentaria de Nueva Alianza el diputado Luis Antonio González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, la calidad de la democracia implica reconocer la libertad de los ciudadanos de elegir libremente a sus representantes en procesos legales legítimos y sin condicionamiento de ningún tipo.

Actualmente ya no es suficiente la presencia de comicios para determinar la existencia o no de un régimen democrático, lo que hoy en día se exige es que esos procesos sean apegados a la legalidad, se den en un contexto de plena libertad y que sus resultados sean respetados por todos los actores políticos y la sociedad.

Nuestra democracia —hay que decirlo— ha avanzado, ha avanzado de manera gradual, pero significativamente a niveles de una calidad democrática. En el ámbito federal aún despierta la confianza de los electores, porque hemos sido capaces de construir un andamiaje legal e institucional que protege el voto libre y secreto de la ciudadanía.

Esto —hay que decirlo— es un logro de la sociedad mexicana, no es patrimonio de partido alguno, grupo o líder personal. Debemos reconocer que existe la tentación de prácticas inequitativas que pretenden vulnerar principios rectores de la materia político-electoral desde los niveles municipales, y desafortunadamente —también hay que decirlo— de todas las fuerzas políticas que buscan resquicios en la ley para tratar de influir en la decisión de los electores.

La coacción, compra y condicionamiento del voto son fenómenos latentes en los procesos locales en diversas partes de nuestro país. Lamentablemente ningún partido es ajeno a esta problemática.

Consideramos desde Nueva Alianza, que es nuestra obligación que en los 14 comicios locales ordinarios y en el proceso electoral extraordinario en el estado de Sonora, se cumpla fehacientemente con los principios de certeza, de legalidad, de imparcialidad, de objetividad, de independencia que exige la ciudadanía.

Es por ello que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está a favor de los aspectos contenidos en este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, a fin de que desde la Comisión Especial de programas sociales se dé un seguimiento puntual a los 14 procesos electorales y el proceso extraordinario, contemplados para este año y contribuya a blindar estos programas. Más aún, que establezcan vínculos directos con la Fepade y sea profusa vigilante del desarrollo de los procesos electorales locales.

Un elemento paradójico, que debemos destacar desde esta tribuna, es que se pida la plena vigencia de los principios rectores en materia político-electoral, cuando existen hoy en día voces que no aceptan la validez de los mismos en los actos y resoluciones emanados por las propias autoridades competentes.

Debemos dejar de juzgar desde el ámbito político y legislativo lo que las autoridades electorales correspondientes ya juzgaron y resolvieron.

Estamos de acuerdo en evitar cualquier acción que signifique una coacción de voto. Menos aún de que sea la propia autoridad la que use recursos públicos con fines partidistas y electorales. Pero también invitamos a todas las fuerzas políticas a que aceptemos las reglas del juego democrático que nos hemos dado con antelación, así como exigimos legalidad para ciertas cosas respetemos la legalidad y la institucionalidad del régimen político mexicano, que es lo que tenemos que fortalecer y es lo que tenemos que salvaguardar. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se solidariza con el contenido del punto de acuerdo de urgente u obvia resolución presentado ante esta soberanía por nuestros compañeros diputados Monreal y Berdeja.

Sin lugar a dudas, es un reclamo de la ciudadanía que los comicios estén libres de contaminación, que estén ajenos a programas de gobierno que supuestamente están dirigidos a los sectores más marginados del país.

Este año —como apuntan los compañeros legisladores— se celebrarán elecciones en 14 entidades de la República, incluyendo una gubernatura. Al respecto tenemos la experiencia de los comicios realizados el año pasado, en que estuvo en juego la Presidencia de la República y cuyo proceso y resultado no tuvieron la limpieza que los mexicanos hubieran deseado.

Así se presentaron los casos en que las autoridades electorales, IFE y Trife desdeñaron sin más razones que el autoritarismo y la responsabilidad todos los argumentos que los partidos de oposición pusieron sobre la mesa de los debates.

Indudablemente, fue una pésima experiencia que se está volviendo recurrente, porque también en 2006 la fenomenología se presentó en el mismo sentido, de desalentar y violar la voluntad de los mexicanos.

Los casos de Monex y Soriana fueron los símbolos del fraude electoral de 2012 que fueron desechados de manera absurda e ilegal. De ahí que ante la proximidad de las elecciones de julio de este año y con la instauración de programas supuestamente sociales como la Cruzada contra el Hambre, el Seguro del Desempleo, el Seguro de Vida para Jefas de Familia tenemos que encender las luces rojas de alerta para que no se desvíen los recursos públicos destinados a dichos programas.

Es indispensable que las elecciones a realizarse estén libres de la sensación de contaminarlas con los recursos públicos destinados a fines que no debieran ser partidistas.

Afortunadamente, en la actual Legislatura, en contraposición del pasado reciente, contamos con una Comisión Especial de programas sociales, que entre sus objetivos para el trienio 2013-2015 se ha previsto incluir en su programa de trabajo precisamente el de procesos electorales para el periodo señalado.

Esta comisión especial ha iniciado sus trabajos preparatorios y en breve presentará el detalle de sus actividades en el rubro mencionado, de tal manera que pueda contar con toda clase de recursos indispensables para operar positiva y oportunamente.

En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, presentado ante esta soberanía. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Saludamos a alumnos de la Escuela Primaria John Dewey, del estado de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Bienvenidos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidenta. Con su permiso. Este punto de acuerdo básicamente lo que persigue es construir un blindaje electoral en las 14 entidades federativas donde se llevarán a cabo comicios locales. Habrán 2 mil 181 cargos en disputa: una gubernatura, la de Baja California, ayuntamientos y diputados locales.

Lo que se persigue con este punto de acuerdo —que vemos que gozará del consenso— es ni más ni menos que evitar las trapacerías y la utilización facciosa y clientelar del gobierno de la propaganda oficial y de los programas sociales.

Lo que buscamos es que no sean estas elecciones ocasión para que gobernadores caciques o sátrapas utilicen todos los recursos del Estado, den línea a los funcionarios y bajen los programas sociales a través de beneficiarios que sean promovidos como futuros votantes, alterando de esta manera el ejercicio libre del sufragio, comprando y coaccionando el voto. Pero también lo que buscamos es que el gobierno federal no utilice las delegaciones como cuarteles electorales, sobre todo con lo que aquí comentaba la diputada Loretta Ortiz, el tema de la Cruzada contra el Hambre.

No queremos que la Cruzada contra el Hambre se convierta en una cruzada por los votos y que todo este alineamiento de programas que se está dando, coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social, sirva para coordinar toda una infraestructura territorial electoral, porque hemos visto cómo por un lado el Programa de Prevención del Delito que coordina Roberto Campa y por el otro lado Sedesol están armando todo un tejido territorial.

Sabemos de los problemas y no estamos en contra de que se apliquen los programas y se prevenga el delito, pero no queremos que sirvan para estar llevando votos.

También lo que planteamos es el tema de los órganos electorales locales. Nosotros vamos a cuestionar siempre las irregularidades de los órganos electorales, eso no es por tenerle o no respeto a las instituciones, es por cuestionar a los malos servidores públicos, y los institutos electorales locales son muy onerosos, pero se han convertido en órganos de consigna al servicio de los ejecutivos locales.

Quiero tocar, por ejemplo, el caso de Zacatecas, donde la presidenta del Instituto Electoral, Leticia Soto, ha venido obstruyendo el trabajo de los partidos políticos y ha bloqueado coaliciones, alterando el derecho de asociación y de autoorganización de los partidos políticos. Pero éste es un caso, el de Zacatecas; si revisamos otros estados e incluso señalaría con objetividad que no es nada más un asunto del PRI, es un asunto generalizado de los órganos electorales que se ponen de tapete de los ejecutivos locales.

Por eso en su momento plantearíamos también que construyamos un gran instituto nacional electoral, que coordine todos los procesos para evitar que se viole la secrecía, que se violen las campañas y que se viole el buen desarrollo democrático en nuestro país. Empecemos pues por este punto de acuerdo. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.

El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar:Con el permiso de la Presidencia. Estamos plenamente convencidos que el punto de acuerdo que hoy se discute, promovido por el diputado Ricardo Monreal, es un asunto que debe unirnos a los mexicanos que aspiramos a una democracia transparente, libre, donde se garanticen procesos electorales transparentes para los ciudadanos.

Estamos también convencidos que el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre representa el gran motor para erradicar la pobreza. Nos atrevemos a garantizar que nunca un instrumento como debe ser los programas sociales, sea utilizado con objetivos clientelares, con objetivos electorales.

Por eso hacemos el llamado y nos sumamos para que los gobernadores de las diferentes entidades federativas y presidentes municipales donde se celebrarán los comicios electorales retiren su publicidad gubernamental, tal y como lo dispone nuestra Constitución Política de México, 45 días antes de celebrarse dicha jornada electoral.

Por lo anterior y la coincidencia que tenemos, el Partido Verde se pronuncia por la suspensión de esta publicidad; y que en los términos aludidos en las leyes estatales y en las leyes electorales específicas, se manifieste la imposibilidad de pronunciar cualquier programa social, cualquier obra pública y de esta manera garantizar un proceso en paz, tranquilo y sobre todo democrático. En igualdad de circunstancias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Con su venia, diputada presidenta. Espero que también me extienda el tiempo como a mis demás compañeros. Compañeros y compañeras diputados, en el Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor de este presente punto de acuerdo toda vez que es inaceptable que ahora las mapacherías y trapacerías electorales se quieran institucionalizar.

Para muestra un botón. La famosa Cruzada contra el Hambre, con un exceso propagandístico de promoción electoral, millones de pesos a la promoción de un programa social en vez de aplicarlo de manera directa.

Más que esto, es un programa electorero con fachada muy mala —por cierto— de programa social. Con una pésima selección de los municipios objeto de atención que más bien obedece a las cabeceras distritales electorales de municipios que comprenden capitales políticos, botines para estos nuevos bucaneros de la miseria, mercenarios de la necesidad.

Del programa sin hambre, creo que no, sí tiene hambre, pero de votos comprados desde un partido que no solamente gana así, sino a través de la promoción de los mismos.

Preocupa que esta comisión ahora ya no sea comisión, va a ser un grupo de trabajo. Ojalá —espero, diputados— todos les demos ese respaldo para que verdaderamente tenga dientes y puedan ir más allá de la revisión de esas políticas públicas y no este grupo de partido busque también encabezar ese grupo de trabajo, como lo vimos el día de ayer con el asunto de Monex.

La Cruzada contra el Hambre, presente en las 32 entidades del país, eligió sin lugar a dudas los municipios más por su peso electoral que por su situación de pobreza.

Combatir la pobreza, combatir el hambre no se hace con la entrega de despensas de avena supuestamente enriquecidas. No, compañeras y compañeros diputados. Debemos de tener diagnósticos serios; contar con el trabajo de la academia, de muchas instituciones públicas que tienen investigación sobre el tema; transparentar los padrones de beneficiarios, coordinarnos no solamente con los estados sino con los municipios; el gobierno del DF y las 16 delegaciones; contar, si es verdaderamente una política pública, con la participación de la ciudadanía directa en la fiscalización, en la revisión y en el acompañamiento de estos programas sociales. Solo así, compañeros, podríamos confiar en que esto va hacia adelante y no va a ser una mera simulación.

Por eso, compañeros, en nuestro Grupo Parlamentario del PRD estaremos atentos con la ciudadanía, no solamente a hacer las denuncias correspondientes sino para fincar las responsabilidades administrativas y penales de esos servidores públicos que se dedican a mercadear y a traficar con la miseria, con la pobreza y que además —y ojalá y esto sea parte también de esta política de la Cámara— no avalemos pegarle de manera directa al bolsillo de esa gente en extrema pobreza incrementándole el IVA en medicinas y en alimentos. Por su atención, gracias y el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del mismo.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del PAN, en el uso de la voz la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos:Con el permiso de la Presidencia. Como nunca antes la política social del gobierno federal es objeto de manipulación y uso discrecional.

Desde la puesta en marcha de la llamada Cruzada contra el Hambre se han venido tomando una serie de decisiones que dejan ver claramente el objetivo electoral que este gobierno pretende imprimirle a la política social. La Cruzada excluyó a los municipios más pobres del país.

Se modifican a modo las reglas de operación de programas sociales para beneficiar a ciertos sectores de la población que no necesariamente son los que más necesitan, sino aquellos que representan grandes clientelas políticas. Tal es el caso de las reglas modificadas de Oportunidades, donde criterios de selección de la población objetivo de la Cruzada y la metodología de fiscalización de este programa son totalmente contradictorios.

Estas decisiones pasan por encima de los grandes avances de la institucionalidad de la política social de Estado que se había venido construyendo en nuestro país en los últimos años. Hoy todo eso es cosa del pasado; se actúa con total discrecionalidad y con un objetivo claro de rentabilidad política. Se ha perdido el rumbo de la política social.

Por eso afirmamos que no se busca ayudar a los que menos tienen, sino a los que aportan votos; no se busca aliviar la pobreza, sino producir rendimientos electorales.

En Acción Nacional alertamos al gobierno y sobre todo a la sociedad, tiene el gobierno actual que redirigir su política social, debe atender lo que más cala al país, que es la desigualdad, tiene que orientar su actuación para que haya una sociedad más justa y participativa.

Los principales operadores del PRI, que son sus gobernadores, ya están haciendo de las suyas en sus estados. Ahí está Veracruz, Quintana Roo. No vamos muy lejos, incluso, con mi estado, Chihuahua. Los señores gobernadores se dedican al próximo proceso electoral, atentando incluso contra sus propios militantes, acomodando piezas a modo.

Hace unos minutos el presidente nacional, Gustavo Madero, acaba de pedir juicio político para el gobernador de Veracruz y para Rosario Robles por el manejo discrecional de los programas sociales y le ha exigido a Peña Nieto que no ponga en riesgo el Pacto por México.

Ya estuvo suave, no vamos a permitir que traten de pasar por encima de nuestra disposición de trabajo por este país. Si no respetan lo fundamental, tendrán respuesta en el mismo sentido, se quedarán con su Pacto por México, que no es otra cosa más que una deuda histórica que ha tenido el PRI con todos los mexicanos.

Exigimos al actual gobierno que no siga por la ruta que ha trazado. La sociedad no es la misma de hace 12 años. Reconocemos que superar la pobreza y disminuir las desigualdades sociales es una tarea de todos. Pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, con estricto apego a la ley.

En Acción Nacional estaremos vigilantes de que se cumpla a cabalidad. La desesperanza de los más pobres no alcanza a dimensionar la tiranía de un gobierno que los observa solo como botín político. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido por favor a la curul del diputado Víctor Serralde. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Víctor Serralde Martínez(desde la curul): Gracias, Presidenta. Quiero hacer alguna aclaración a las palabras de la diputada Rocío Reza, si me lo permite la diputada.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: La diputada ya terminó con su tiempo y estamos en posicionamiento de fracciones, diputado.

En el uso de la voz, por la fracción parlamentaria del PRI, el diputado Rafael González Reséndiz. Diputado Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidenta, llama la atención su inflexibilidad respecto a un exceso mínimo de tiempo de la oradora y, dada su filiación política priista, no nos queda menos que asumir que es una actitud facciosa en la conducción, más allá de si aceptamos o no el contenido de quien hizo uso de la tribuna.

Pediría, como lo hacen otros presidentes en la conducción de la mesa, que hubiera una flexibilidad mínima, que nosotros entendemos que debemos de respetar, pero que le da mayor cordialidad al desarrollo de los trabajos en el pleno. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Esta Presidencia ha sido respetuosa con la lista de oradores, así como con el tiempo de cada uno de los oradores y bastante tolerante, a los cuales se les ha dado parejo, mínimamente un minuto.

El diputado Víctor Serralde Martínez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido, por favor, en la curul del diputado Víctor Serralde.

El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): Presidenta, la solicitud la hice en el momento en que estaba hablando la diputada.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Le solicité tiempo a la diputada, no quiso darlo, era su tiempo; ella siguió con su lectura, diputado, hasta el final.

El diputado Víctor Serralde Martínez(desde la curul): A ver, aquí está la diputada, que me diga si ella no me permitió el uso de la voz.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Continúe, diputado.

El diputado Rafael González Reséndiz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados la realización de elecciones limpias, vigiladas por los ciudadanos, es un propósito que todos compartimos y algo que ha costado mucho esfuerzo construir sobre una base de participación ciudadana en la organización de los procesos, y con instituciones que participan, no solo en la fase operativa de los comicios, sino en la solución de controversias y de posibles irregularidades que se lleguen a presentar en perjuicio de cualquier partido o candidato.

Desde hace tiempo, nuestro país tiene uno de los sistemas electorales más sofisticados y los mayores recursos de vigilancia e impugnación en caso de irregularidades, pero lo fundamental de todo ese sistema es la participación de los ciudadanos y la confianza que los candidatos y partidos políticos puedan llegar a despertar en ellos para que acudan a las urnas, ejerzan con total libertad su derecho al sufragio y tengan la certeza que su voluntad será respetada.

Lo que se ha logrado en ese sentido ha sido trabajo de todos. En un proceso largo que ya dio como resultado la alternancia del Poder Ejecutivo, así como en los gobiernos estatales.

Esta Cámara de Diputados, en la cual ningún partido por sí mismo tiene mayoría absoluta, es muestra de la pluralidad que existe y que refleja la voluntad ciudadana expresada con el voto.

Conservar lo que se ha logrado también es responsabilidad de todos, por eso de la misma manera en que se pide a las autoridades de cualquier partido político que actúen conforme a lo que establece la ley, a lo cual por otra parte están obligados, sería conveniente incluir también un exhorto a los partidos políticos para que ajusten su conducta al marco legal, se comprometan a seguir los cauces institucionales para dirimir posibles controversias y, sobre todo, se muestren respetuosos de la voluntad ciudadana...

El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado, disculpe. ¿Con qué objeto, diputado Serralde? Sonido por favor a la curul del diputado Víctor.

El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): Le solicito al compañero diputado si me admite una pregunta.

El diputado Rafael González Reséndiz: No, señor diputado.

El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): No le saque.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Continúe, diputado.

El diputado Rafael González Reséndiz: Porque tan malo es para la democracia la intervención indebida de algunas autoridades en los comicios, como el arrojar sospechas injustificadas por anticipado para descalificar de antemano resultados que prevén adversos.

Aquellos que ya anticipan malos resultados electorales deberían de revisar mejor los perfiles de sus candidatos...

El diputado Juan Bueno Torio(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado Bueno, ¿con qué objeto?

El diputado Juan Bueno Torio(desde la curul): Para preguntarle al orador si en su criterio hay que sancionar a funcionarios públicos, como los del gobierno de Veracruz, que están utilizando el programa Oportunidades para trabajar en la próxima campaña que viene.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Nada más les recuerdo que estamos en fijación de posturas, compañeros diputados. En fijación de posturas no proceden preguntas ni rectificaciones de hechos, pero conteste, diputado.

El diputado Rafael González Reséndiz: Aquellos que ya anticipan malos resultados electorales deberían revisar mejor los perfiles de sus candidatos, trabajar para resolver sus problemas y disputas internas, y construir mejores propuestas.

No es ético responsabilizar a otros de los errores propios, no es sembrando la desconfianza en la vía electoral como se hará avanzar la democracia. Es responsabilidad de todos que los avances del país en materia electoral redunden en una mayor participación de los ciudadanos, en una democracia mucho más consolidada. Eso no se logra desalentando su participación, sino al contrario, promoviendo la cultura democrática y por la conciencia del valor del sufragio.

Por eso nosotros proponemos que el exhorto que se presenta se agregue un resolutivo en los siguientes términos: Que la honorable Cámara de Diputados exhorte a los partidos políticos, como entidades de interés público, para que ajusten su conducta al marco legal, se comprometan a seguir los cauces institucionales para dirimir posibles controversias y se muestren respetuosos de la voluntad ciudadana, una vez concluidos los procesos electorales.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado, disculpe. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Leonor Romero Sevilla(desde la curul): Señor diputado, es una propuesta. Me gustaría pedirle que pusiera explícitamente en su propuesta que está haciendo, que no se compren votos por hambre, por favor, en los programas.

El diputado Rafael González Reséndiz: La propuesta del Grupo Parlamentario la dejo aquí en la Mesa, donde es que la honorable Cámara de Diputados exhorta a los partidos políticos, como entidades de interés público, para que ajusten su conducta al marco legal y se comprometan a seguir los cauces institucionales para dirimir posibles controversias y se muestren respetuosos de la voluntad ciudadana una vez concluidos los procesos electorales. Ésa es la propuesta de mi grupo parlamentario. La dejo aquí en la Mesa. Gracias, presidenta. Es cuanto.

«Posicionamiento del PRI sobre el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución sobre los procesos electorales estatales 2013.

La realización de elecciones limpias, vigiladas por los ciudadanos, es un propósito que todos compartimos y algo que ha costado mucho esfuerzo construir sobre una base de participación ciudadana en la organización de los procesos, y con instituciones que participan no sólo en la fase operativa de los comicios, sino en la solución de controversias y de posibles irregularidades que se llegan a presentar, en perjuicio de cualquier partido o candidato.

Desde hace tiempo nuestro país tiene uno de los sistemas electorales más sofisticados y los mayores recursos de vigilancia e impugnación en caso de irregularidades.

Pero lo fundamental de todo ese sistema es la participación de los ciudadanos y la confianza que los candidatos y partidos políticos, puedan llegar a despertar en ellos para que acudan a las urnas, ejerzan con total libertad su derecho al sufragio y tengan la certeza que su voluntad será respetada.

Lo que se ha logrado en ese sentido ha sido trabajo de todos en un proceso largo que ya dio como resultado la alternancia tanto en el poder Ejecutivo, como en los gobiernos estatales. Esta Cámara de Diputados, en la cual ningún partido por sí mismo tiene mayoría absoluta, es muestra de la pluralidad que existe y que refleja la voluntad ciudadana, expresada con el voto.

Conservar lo que se ha logrado, también es responsabilidad de todos. Por eso, de la misma manera en que se pide a las autoridades, de cualquier partido político, que actúen conforme a lo que establece la ley, a lo cual por otra parte están obligados, sería conveniente incluir también un exhorto a los partido políticos para que ajusten su conducta al marco legal, se comprometan a seguir los cauces institucionales para dirimir posibles controversias y, sobre todo, se muestren respetuosos de la voluntad ciudadana una vez concluidos los procesos electorales.

Porque tan malo es para la democracia la intervención indebida de algunas autoridades en los comicios, como el arrojar sospechas injustificadas, por anticipado, para descalificar de antemano resultados que se prevén adversos.

Aquellos que ya anticipan malos resultados electorales deberían revisar mejor los perfiles de sus candidatos, trabajar para resolver sus problemas y sus disputas internas, y construir  mejores propuestas.

No es ético responsabilizar a otros de  los errores propios. No es sembrando la desconfianza en la vía electoral, como se hará avanzar la democracia.

Es responsabilidad de todos que los avances del país en materia electoral redunden en una mayor participación de los ciudadanos y en una democracia mucho más consolidada.

Eso no se logra desalentando su participación, sino al contrario, promoviendo la cultura democrática y la conciencia del valor del sufragio.

Por eso nosotros proponemos que al exhorto que se presenta, se agregue un resolutivo en los siguientes términos:

La honorable Cámara de Diputados exhorta a los partidos políticos, como entidades de interés público, para que ajusten su conducta al marco legal, se comprometan a seguir los cauces institucionales para dirimir posibles controversias, y se muestren respetuosos de la voluntad ciudadana una vez concluidos los procesos electorales.

Es cuanto.

México, DF, a 17 de abril de 2013.— Diputado Rafael González Reséndiz (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado Omar Borboa, ¿con qué objeto?

El diputado Omar Antonio Borboa Becerra(desde la curul): Solo con el objeto de preguntarle a mi paisano de Jalisco, señora presidenta, si realmente cree que fueron los mejores candidatos los que obtuvieron la victoria en Jalisco, porque sabemos que es muy cuestionado el actual gobernador Aristóteles, por todo su proceder como persona, el político dejó más endeudado a Guadalajara.

En todo el país el municipio más endeudado es Guadalajara y fue su gobernador. ¿Creen que porque fue un gran candidato, o realmente por la compra de votos que tuvieron en el estado? Que la cuota que tuvo Jorge Aristóteles en el estado fue lo que causó que ganaran, no fue un gran perfil, y ustedes lo saben, compañeros, lo hemos platicado.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Proceda la Secretaría a preguntar, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación de la diputada Beatriz Zavala, previa lectura, por favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Propuesta de modificación al segundo resolutivo del punto de acuerdo, sobre los procesos electorales por llevarse a cabo en 2013, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Puntos de acuerdo

Dice:

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los poderes Ejecutivo federal y locales, donde habrá elecciones este año, para que cuando menos 45 días antes de la elección, suspendan toda la publicidad gubernamental, en términos de lo que establece el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Debe decir:

Segundo.La honorable Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los poderes Ejecutivo federal y locales, donde habrá elecciones este año, para que cuando menos 45 días antes de la elección instrumente el Programa de Blindaje Electoral y suspendan toda a publicidad gubernamental, en términos de lo que establece el artículo 41 de la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos.

México, DF, a 17 de abril de 2013.— Diputada María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica).»

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se acepta la modificación al párrafo segundo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se acepta la propuesta. Se solicita a la Secretaría someta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta presentada por el diputado Rafael González Reséndiz.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: La honorable Cámara de Diputados exhorta a los partidos políticos, como entidades de interés público, para que ajusten su conducta al marco legal, se comprometan a seguir los cauces institucionales para dirimir posibles controversias y se muestren respetuosos de la voluntad ciudadana una vez concluidos los procesos electorales.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación presentada por el diputado González Reséndiz. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Permítame. A ver, la tiene que aceptar el diputado Ricardo Monreal, que es el proponente. Perdón, una disculpa a los presentes. Sonido, por favor, a la curul del diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Bueno, presidenta, en efecto, el procedimiento es el que usted acaba de rectificar, porque en un principio acepté la modificación que me proponía la diputada Beatriz Zavala; sin embargo, también acepto, no tengo ningún inconveniente en que se incorpore este punto, creo que a todos nos ayuda.

Una de las personas que estuvo también en el grupo de mujeres panistas era Rocío, que estuvo pendiente de este punto de acuerdo. Creo que vale la pena que todos estemos en esa condición y aceptaría, como proponente, este adicional punto que propone el diputado González. Hoy estoy en una actitud muy tranquila.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la propuesta del diputado González Reséndiz, aceptada previamente por el diputado Ricardo Monreal.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta de modificación del diputado González Reséndiz, que ya fue aceptada por el proponente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se acepta la modificación. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo con las modificaciones previamente aceptadas.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo con las modificaciones ya aprobadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:  El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXVII Bis al artículo 8o. y una fracción XV al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XXXVII Bis al artículo 8o. y XV al 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, 81, numeral 2, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 22 de octubre de 2012, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca.

Contenido de la iniciativa

Fundamentalmente la iniciativa objeto de este dictamen sustenta que las condiciones económicas y sociales del país han lacerado la calidad de vida de las comunidades, campos y puertos pesqueros, por lo cual se requieren acciones a cargo de las diversas instancias de gobierno, que transformen estructuralmente esta situación.

Expone que la pesca y la acuacultura son actividades productivas que generan alimento para la población y que con una política de planeación adecuada, asumirán el papel que les corresponde, principalmente en la generación de empleos, divisas, desarrollo comunitario y portuario, además del embate a la pobreza y una mejor calidad de vida de los que viven de la pesca.

Cita uno de los preceptos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación en el desarrollo nacional.

Asimismo, el artículo 1o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que considera de interés público la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes, servicios y acciones tendentes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.

En cumplimiento de estos mandatos, esta iniciativa propone el establecimiento de apoyos directos a la pesca y la acuacultura, similar al Procampo y al Progan, como apoyo a la productividad de los pescadores ribereños, que en términos de justicia social y política merecen, y que contribuya a abatir los rezagas En que se encuentra la pesca del país desde hace ya varios años. En este sentido los apoyos directos a la pesca, habrán de convertirse en un instrumento presupuestal que haría justicia a un padrón estimado de 350 mil familias que integran el sector social de la pesca en México, que ha sufrido los estragos y el abandono gubernamental, que lo ha llevado a la ruina y a la desesperanza.

Tomando como base los elementos de información disponibles, así como la propuesta citada, la Comisión de Pesca se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados con base en los siguientes:

Considerandos

1. Es necesario que se implante de manera urgente en los 31 estados que inciden en la pesca y la acuacultura un sistema de apoyos que fomente mayor productividad en los entes acuícolas y en los mares, riberas, esteras yaguas continentales de los sectores social y privado para mejorar la competitividad interna y externa, pero sobre todo dignificar y elevar el nivel de vida de los pescadores.

2. Actualmente existen programas de apoyos a los campesinos tales como Programa de Apoyos al Campo (Procampo) o el Programa de Apoyo a los Ganaderos (Progan); y no así para el sector pequero mexicano. Con la creación de un programa especifico se podrá coadyuvar en el alivio a las condiciones de pobreza en las que se encuentran los pescadores.

3. La iniciativa de proponer e implementar apoyos directos a la pesca y la acuacultura, que podrán solventar de alguna manera las necesidades más apremiantes del sector pesquero y acuícola, con la finalidad de enfrentar los tiempos de escasa producción, de vedas, de mareas rojas, de temporadas de ciclones, entre otros, por ello es necesario reactivar el programa que incluya al sector pesquero y acuícola en el texto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y que se destinen recursos para los apoyos directos a la pesca.

4. La solicitud de estos apoyos no es nuevo, en el ejercicio fiscal de 2005 le fueron asignados 49.5 millones de pesos, etiquetados en los Fondos Regionales de Combate a la Pobreza, que se destinaron exclusivamente a la población en pobreza y de marginación de acuerdo a los criterios oficiales, según se establecieron en las Reglas de Operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de octubre de 2004.

5. Es necesario que se apoye a los pescadores con un incentivo en épocas de vedas ya sea por disposición de las normas oficiales mexicanas o por las naturales como es el caso de los cambios climatológicos que generan los fenómenos del niño y la niña.

6. Los apoyos directos a la pesca, serán un instrumento de apoyo eficaz para fomentar la capacidad del sector pesquero nacional con la finalidad de fortalecerlo y hacerlo autosuficiente.

7. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con fecha 5 de febrero de 2013, emitió su opinión de impacto presupuestario siendo este de un aproximado de mil 742.2 millones de pesos si se toma como referencia el promedio pagado por productor inscrito en Procampo; o bien de 3 mil 408.3 millones de pesos, si se toma como referencia el promedio pagado a los productores inscritos en el Progan.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único. Se adicionan una fracción XXXVII Bis, al artículo 8o., y una fracción XV, al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 8o. ...

I. a XXXVII. ...

XXXVII Bis. Expedir las reglas de operación conforme a las disposiciones en materia presupuestaria;

XXXVIII. a XL. ...

Artículo 20. ...

I. a XII. ...

XIII. Programas que promuevan la acuacultura rural e industrial, así como la reconversión productiva como una alternativa de desarrollo;

XIV. El Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el Combate a la Pesca Ilegal, y

XV. Apoyos a los pescadores que se encuentren en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura y que se dediquen de manera legal y sustentable a la captura y al cultivo de cualquiera de los recursos marinos en bahías, esteros, riberas, alta mar yaguas continentales mexicanos.

Transitorios

Artículo Primero. EI presente decreto entrará en vigor al día 1 de enero del año 2014.

Artículo Segundo. Las erogaciones que, en su caso, deban realizarse con el fin de dar cumplimiento al presente decreto estarán sujetas al presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se ejecutarán observando las prioridades que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo, debiendo observar las disposiciones aplicables en materia presupuestaria a partir del ejercicio fiscal de 2014.

México, Distrito Federal, a 3 de abril de dos mil trece.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza, Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, secretarios; María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Francisco Grajales Palacios, Nabor Ochoa López, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, María Fernanda Romero Lozano.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, para fundamentar el dictamen.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, con el agradecimiento a la Comisión de Pesca, a todos sus integrantes por la dedicación, el esfuerzo y el trabajo para poder sacar adelante este dictamen.

Este dictamen que sometemos a la consideración de este pleno propone fundamentalmente el establecimiento de apoyos a la pesca y la acuacultura, como incentivo a la productividad de los pescadores, que merecen en términos de justicia social y política, y que contribuirá a abatir los rezagos en que se encuentra la pesca del país desde hace ya varios años.

En este sentido, los apoyos directos de la pesca habrán de convertirse en un instrumento presupuestal para las miles de familias que integran el sector social de la pesca en México. Un sistema de apoyos que fomente mayor productividad en los entes acuícolas y en los mares, riberas, esteros y aguas continentales de los sectores social y privado, para mejorar la competitividad interna y externa, pero sobre todo, dignificar y elevar el nivel de vida de los pescadores.

Con la creación de un programa específico se podrá coadyuvar en el alivio de las condiciones de pobreza en las que se encuentran los pescadores, que podrán solventar —de alguna manera— las necesidades más apremiantes del sector pesquero y acuícola, y poder enfrentar los tiempos de escasa producción, de vedas, de mareas rojas, de temporada de ciclones, entre otros.

Por ello, es necesario reactivar el programa que incluya al sector pesquero y acuícola en el texto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y que se destinen recursos para los apoyos directos a la pesca.

La solicitud de estos apoyos no es nueva, en el ejercicio fiscal de 2005 le fueron asignados 49.5 millones de pesos, etiquetados en los fondos regionales de combate a la pobreza, que se destinaron, exclusivamente, a la población en esa situación y de marginación, de acuerdo a los criterios oficiales, según se estableció en las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 2004.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fecha 5 de febrero de 2013, emitió el estudio de impacto presupuestario correspondiente. Es así que el pleno de la Comisión de Pesca dictaminó en sentido positivo esta iniciativa presentada el pasado 22 de octubre.

El presente dictamen adiciona una fracción XXXVII Bis al artículo 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en el cual preceptúa las diversas facultades que le son conferidas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para quedar de la siguiente manera:

Artículo 8o. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:

XXXVII Bis. Expedir las reglas de operación conforme a las disposiciones en materia presupuestaria.

Asimismo adiciona una fracción al artículo 20 de la ley en comento, el cual preceptúa los aspectos que debe contemplar el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, para quedar de la forma siguiente:

Artículo 20. El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo y contemplará, entre otros aspectos:

XV. Apoyos a los pescadores que se encuentren en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, y que se dediquen de manera legal y sustentable a la captura y al cultivo de cualquiera de los recursos marinos en bahías, esteros, riberas, alta mar y aguas continentales mexicanos.

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Pesca agradecemos el apoyo de este pleno para el presente dictamen, que calificamos de la mayor trascendencia por el enorme beneficio social que implica. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la voz por la fracción parlamentaria de Nueva Alianza para fijación de postura la diputada Cristina Olvera Barrios.

Esta Presidencia saluda a 70 regidores del estado de México, invitados por la diputada Adriana González Carrillo. Bienvenidos.

También le da la bienvenida a esta Cámara al presidente municipal de Tonalá, el señor Jorge Arana Arana, invitado por la fracción parlamentaria del PRI Jalisco. Bienvenido.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, las actividades pesqueras en el mundo han representado una contribución importante al impulso del desarrollo regional al reducir los índices de pobreza y propiciar la inyección de recursos económicos a las regiones.

Según la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, dependiente de Sagarpa, México ocupa uno de los 10 lugares de captura y producción de productos pesqueros, y ha colocado en el mercado mundial el 1.1 por ciento de las especies que se comercializan a nivel mundial.

Aunque la cifra de la organización presenta avances importantes en la materia al reportar que se alcanzaron 17 billones 785 millones 719 mil pesos como producto de estas actividades durante el año 2011, es una realidad la pobreza en que sobreviven las comunidades pesqueras en el país, situación que hace urgente tomar las medidas necesarias para atender a estas poblaciones.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, existen 275 mil familias; es decir, casi un millón 500 mil personas que viven de las actividades ligadas a la pesca, muchas de las cuales viven en condiciones de pobreza extrema en comunidades, campos y puertos pesqueros repartidos a lo largo de las costas nacionales.

Ante este panorama resulta de elemental justicia social tomar las medidas necesarias para que este sector alcance mejores condiciones de vida. En este sentido, las políticas públicas consolidaron programas específicos destinados a productos agrícolas y ganaderos; sin embargo, consideramos que hace falta un programa específico para los productos pesqueros acuícolas, debido a que los problemas que enfrentan también son propiciados por acontecimientos meteorológicos.

La situación a la que están expuestos los pescadores y sus familias es originada por diversos fenómenos, entre los que se contabilizan vedas, mareas rojas, bajas de producción y cambios de corrientes, a los que se suman la apertura de mercados internacionales a precios no competitivos.

Tales factores llegan a restar hasta seis meses de trabajo por año, lo que repercute directamente en sus finanzas y la necesidad de conseguir los insumos necesarios, tanto para sobrevivir como para preparar sus implementos para el ciclo del próximo año de trabajo.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza vemos la presente dictaminación como una excelente oportunidad para retribuir a estos sectores la posibilidad de crecimiento real y de justicia social, que hemos buscado construir como país.

Consideramos de elemental justicia social esta medida, debido a que en el pasado se diseñaron esquemas similares para los productos agrícolas y ganaderos, a fin de mitigar las frecuentes pérdidas causadas por fenómenos naturales, como en inundaciones, heladas, sequías prolongadas, epidemias, que en ocasiones eliminan cosechas o hatos completos dejando el producto en situación de una pérdida total.

Aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se etiquetaron recursos por 6 mil 410 millones de pesos, repartidos en nueve programas destinados al sector, resulta obvio que las condiciones de estos mexicanos no ha variado de manera sustantiva.

Ante esta problemática vemos que la falta de programas específicos repercute de muy variadas formas en esta población: como el abandono de las actividades pesqueras, la desaparición de los núcleos ribereños, migración y desequilibrio en la figuración social.

La importancia de esta propuesta radica en que las políticas públicas se cristalicen en un cuerpo legal en provecho de estas familias, y que no queden a expensas de las gestiones gubernamentales y a los vaivenes presupuestales.

Estimados compañeros y compañeras, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza somos conscientes de la necesidad que tiene este sector y de la importancia de que las gestiones se hagan efectivas en favor de quienes viven de estas actividades, haciendo efectivo el compromiso de representación popular que tenemos todos nosotros. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del Partido del Partido del Trabajo, en el uso de la voz el diputado José Humberto Vega Vázquez.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que analizamos pretende modificar los artículos 8o. y 20 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable.

La modificación planteada parte del hecho concreto de que la actividad pesquera debe convertirse en el motor del desarrollo de los mexicanos ligados a esa actividad; reconoce también que el nivel de vida de los pescadores ha sido mermado por las condiciones económicas actuales de nuestro país. Es necesario que el gobierno federal lleve a cabo acciones de apoyo en beneficio del sector pesquero.

En específico, la iniciativa propone una serie de apoyos directos a los productores que les permita hacer frente a las necesidades más urgentes que se les presentan, así como a las situaciones imprevistas, como puede ser el caso de veda, marea roja, escasa producción, eventos climáticos como los huracanes o ciclones.

Podemos señalar que en el año 2005 se etiquetaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para apoyar a los productores pesqueros en situación de marginación y pobreza.

Otros sectores productivos, como es el caso de la agricultura y la ganadería, reciben apoyos gubernamentales a través de los programas como Procampo y Progan, por lo que nos parece adecuado implementar apoyos al sector pesquero.

México ocupa el lugar número 16, en función de las toneladas desembarcadas de productos del mar. En promedio cada año se extraen 1.1 millones de toneladas, con un valor de 16 mil millones de pesos. Se encuentran más de 100 mil embarcaciones que se dedican a la pesca artesanal y dos mil 500 barcos que se dedican a la producción industrial.

Con la reforma se pretende ampliar la capacidad productiva de las personas y empresas dedicadas a la pesca, pero lo que pedimos es que se haga una explotación sustentable de los recursos del mar. A su vez también hay que trabajar mucho en la comercialización y en otros aspectos como el almacenamiento, porque si no lo vemos de manera integral van a seguir estando en condiciones de pobreza.

Si queremos detonar esta actividad, verdaderamente tenemos que actuar y verlo de manera integral y apoyar en otras partes para que no nos pase como en la agricultura o en la ganadería, que solamente ganan los acaparadores. Es importante trabajar también en ello.

Por eso los legisladores del Partido del Trabajo reiteramos nuestro compromiso de apoyar a los mexicanos que viven en condiciones de pobreza. Por eso también los legisladores del Partido del Trabajo vamos a apoyar este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz el diputado José Luis Valle Magaña.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, señora presidenta; compañeras y compañeros, en México desde hace ya algunas administraciones no han servido de mucho los planes sexenales, y muestra de ello es que nuestro país no ha sido capaz de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, acorralando a todos los sectores productivos.

Hoy más que nunca necesitamos de manera urgente una política social integral de mediano plazo que combata la pobreza en el territorio mexicano.

Uno de los tantos sectores que atraviesa esta situación es, sin duda alguna, el sector pesquero, el cual necesita que se establezcan medidas inmediatas que atiendan al padrón social dedicado a esta importante actividad en nuestro país.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en su informe El estado mundial de la pesca y la acuacultura 2012, revela que la situación de la pesca mundial está empeorando y ha tenido efectos negativos en la producción.

Según datos de la Confederación de Sociedades Cooperativas Ribereñas, Acuícolas y Turísticas, la producción pesquera disminuyó en un 60 por ciento debido a la inestabilidad y cambio climáticos.

En el periodo de 2009 a 2010, nuestro país, al igual que naciones como Japón, República de Corea, Tailandia, Argentina y Canadá, mostró tendencias a la baja en capturas marinas.

Al igual que el campo, la política social pesquera que ha implementado el gobierno federal en los últimos años ha fracasado rotundamente y parte de ello ha sido el incremento de la pobreza alimentaria en el país, al pasar del 2006 al 2012, de un 13.6 por ciento, a un 18.2 por ciento.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el Banco Mundial e incluso la OCDE reportan en estudios recientes que el país atraviesa por una de las peores crisis económicas y sociales.

Movimiento Ciudadano ve oportuna la propuesta de establecer un programa anual de apoyos directos a la pesca y a la acuacultura, que contribuyan a superar la brecha de rezago que ha mantenido durante muchos años la pesca en México.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y otros entes, han indicado que de no haber acciones internacionales inmediatas, podría generarse algo similar a lo ocurrido en el periodo 2007-2008, en el cual se presentó un alza en los precios de los alimentos a nivel mundial.

Desde este Congreso otorguemos el empuje que requiere la acuacultura para que se consolide como una alternativa real, que atienda la creciente demanda de alimentos, estimule la actividad económica y el desarrollo nacional que contribuya a la reducción de la pobreza.

Consideramos que la acuacultura es una alternativa que debe fortalecerse para que los pescadores tengan mayores ingresos y con ello puedan sacar adelante a sus familias de la crisis económica que viven.

Quizá con la propuesta no se atienda de fondo la crisis por la que atraviesa el sector pesquero, pero se contribuye al menos a que la acuacultura sea una actividad rentable y al mismo tiempo generadora de productos de calidad y que da buenos resultados.

Es importante resaltar que con la aprobación del presente dictamen se da el primer paso; el siguiente le corresponde a las secretarías de Estado para llevar a la práctica la implementación de dicho programa.

La correcta aplicación de los programas es una tarea que requiere de la coordinación de las delegaciones de la Secretaría encargada de la aplicación de los recursos con las autoridades estatales.

Votaremos a favor de instrumentos de autosuficiencia que traigan consigo un beneficio para las familias mexicanas. De igual forma exhortamos al gobierno federal para que lleguen estos recursos a su destino. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz, por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Nabor Ochoa López.

El diputado Nabor Ochoa López:Con su venia, señora presidenta. Amigas y amigos diputados, estoy seguro que vamos a coincidir todos en que una de las grandes riquezas de este país se encuentra en los recursos pesqueros, y bastan dos datos: somos un país con un litoral de poco más de 11 mil 500 kilómetros y tenemos una zona económica exclusiva de alrededor de tres millones de kilómetros cuadrados.

También habremos de coincidir seguramente en que el sector pesquero y acuícola es un sector desatendido en los últimos años, en las últimas décadas, y seguramente también coincidiremos en que esa desatención, esa falta de apoyos al sector pesquero y acuícola ha llevado a que muchas familias, miles de familias mexicanas que se dedican a la pesca, sobre todo pescadores ribereños, se encuentren en situaciones de pobreza, en situaciones de subsistencia precaria.

Por ello, qué importante es voltear los ojos hacia los pescadores, al sector social de la pesca; por eso quiero felicitar al diputado Alfonso Inzunza y al diputado de Sinaloa, que presentaron el 22 de octubre del año pasado una iniciativa que tiene que ver con hacerles justicia a los pescadores, a los verdaderos pescadores, que muchos —insisto— se encuentran en plena precariedad, en pobreza extrema.

En esa iniciativa el diputado Inzunza y el compañero de Sinaloa proponían la creación de un programa multianual de apoyos a la pesca, Propesca, que sería el instrumento mediante el cual se otorgarían estos apoyos a pescadores.

En ese sentido, queremos manifestar que estamos completamente de acuerdo, que así como lo expuso hoy en su posicionamiento el diputado Alfonso Inzunza, se apruebe la creación de ese programa de apoyo a pescadores, para que así como los campesinos tienen el Procampo, para que así como los ganaderos tienen el Progan, también nuestros pescadores ribereños, también el sector social de la pesca tengan su programa de apoyos directos.

Solo una consideración, señora presidenta, en el dictamen presentado el día de hoy no se contempla de esta manera la creación de este programa, se habla nada más de una reforma, de una adición al artículo 20 de la fracción XV, que contempla apoyos a pescadores, lo que es muy genérico, lo que ya se hace y lo que al final de cuentas no representaría nada.

Por eso, qué importante es que en su posicionamiento el presidente de la comisión hable de que finalmente en ese dictamen se tendrá que hacer una modificación e incluir la aprobación, o mejor dicho, la propuesta al pleno de aprobar ese programa de apoyos a pescadores.

Si es en ese sentido, si es en ese sentido como dio el posicionamiento el diputado Alfonso Inzunza, que no viene así en el dictamen que tenemos en nuestras manos, si es la decisión, si es la postura del presidente de la Comisión de Pesca la creación de este programa, vamos a apoyarlo y vamos a ir con todo, por la sencilla razón —insisto— que de dejar las cosas como están en el dictamen que nos fue entregado, con todo respeto, pero eso y nada serían como dos nadas, sería prácticamente dejar a los pescadores ribereños, a la pesca social de este país, en las condiciones lamentables en las que se encuentra.

Nada más, compañera presidenta, pediría que se hiciera esa corrección bien planteada por el presidente de la comisión hoy en su posicionamiento y que ha sido avalado por distintos partidos en esos términos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez.

La diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez:Con su permiso, señora presidenta. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, hoy vengo a esta tribuna como portavoz de un sector muy importante, pero también muy olvidado.

Generalmente cuando escuchamos hablar del medio rural, de su desarrollo, de la producción de alimentos, de las personas que habitan en él y producen esos alimentos la imagen que evoca nuestra mente es la del campo y los agricultores, pero hay un sector que contribuye de manera importante para nuestra soberanía alimentaria, olvidado en muchas ocasiones por el gobierno federal y por algunos estados, este sector que injustamente suele ser olvidado es el sector pesquero. Pero no por la poca importancia que en algunas administraciones se le ha dado a la pesca, a la acuacultura y a sus productores debemos de minimizar la importancia de estas actividades y sus participantes.

La pesca representa una actividad estratégica en la economía social y el desarrollo regional, aporta alimentos de calidad nutricional a bajo costo para los consumidores, aporta insumos para la industria, empleos directos e indirectos en toda la cadena productiva.

Pese a su importancia económica y ser el único subsector del sector agroalimentario que año con año presenta una balanza comercial positiva, la mayoría de los pescadores atraviesa por una precaria situación económica.

De los poco más de 271 mil pescadores registrados, pocos son los que efectúan sus faenas en alguna de las 3 mil 800 embarcaciones de altura; en cambio, alrededor del 90 por ciento de los pescadores realizan su actividad en embarcaciones menores, es decir, en pangas e incluso en cayucos que no pasan más de los 12 metros de eslora y en el mejor de los casos cuentan con un motor fuera de borda, siendo su autonomía y poder de pesca limitado.

El abandono al que injustamente se ha relegado al sector pesquero ha repercutido en la calidad de vida de los pescadores. Éstos, además de lo aleatorio de su trabajo, deben de enfrentar constantes aumentos a los precios de los insumos indispensables para su propia actividad.

Simplemente hay que ver los constantes aumentos a la gasolina y diesel, que para la pesca representa más del 70 por ciento de los costos de producción, de las cada vez más viejas y deterioradas embarcaciones.

Aunado a lo anterior, diversas circunstancias, entre las que se encuentra la falta de un reglamento acorde a los preceptos que para fomentar al sector y elevar el nivel de pescadores y acuacultores contiene la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con las que tiene que competir la producción mexicana, siendo México el antepenúltimo país de la OCDE en cuanto a subvenciones a la pesca se refiere; así como los cambios climáticos naturales, como sería el caso de los fenómenos conocidos como El Niño y La Niña, y los asociados al calentamiento global. Todo esto hace que la actividad pesquera sea cada vez más difícil y riesgosa.

De hecho, a decir de la Organización Internacional del Trabajo, la pesca es una de las actividades laborales más peligrosas; la situación de la pesca y los pescadores en varios aspectos es similar a la situación que tiene la agricultura y los agricultores, con la diferencia de que para éstos últimos, desde hace ya varios años y por medio de programas como el Procampo, el gobierno federal ha tratado de revertir su difícil situación socio-económica.

El Procampo surge como un mecanismo de transferencia de recursos para compensar a los productores nacionales por los subsidios que reciben sus competidores extranjeros. Si bien desafortunadamente los resultados hasta hoy no han sido los deseables, también es cierto que varios agricultores han podido sortear de mejor manera sus problemas acudiendo a este programa.

Derivado de lo anterior, desde hace varias legislaturas ha sido una petición constante de los pescadores y acuacultores el que los diputados legislemos en el sentido de crear para ellos un programa similar al Procampo, con algunas modificaciones, para que sea más efectivo y los recursos sean entregados oportunamente a los productores. Petición que si bien a todas luces es cierta, es justa, hasta el día de hoy no ha sido debidamente atendida.

Atendiendo a esta justa solicitud y conscientes de que nuestros pescadores requieren apoyo para enfrentar la difícil situación por la que atraviesan, los miembros de la Comisión de Pesca de esta Cámara de Diputados, de manera unánime votamos a favor del dictamen, en sentido favorable, de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables el Programa Anual de Apoyos Directos a la Pesca y a la Acuacultura, Propesca.

El Propesca será el instrumento a través del cual se otorgue apoyo económico a los pescadores y acuacultores que realicen actividades propias de la producción pesquera.

Compañeras y compañeros diputados, por ser de elemental justicia, los invito a que voten en sentido positivo el presente dictamen, y apoyen a nuestros pescadores y acuacultores. Por su atención, mil gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del PAN, en el uso de la voz el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga.

El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga:Con su permiso, presidenta. Diputados, diputadas, el dictamen a discusión que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables plantea que las condiciones económicas y sociales del país han lacerado la calidad de vida de los pescadores, por lo cual se demandan acciones de gobierno que transformen estructuralmente tal escenario.

Creo, desde la comisión que integramos varios diputados que tenemos que ver en nuestros distritos con el sector, que esto es un acto de justicia, es un acto anhelado por el sector social de la pesca.

Dicha situación de pobreza que prevalece en comunidades de pescadores se atribuye a que la pesca, como actividad productiva, no ha logrado tener el impacto suficiente en la generación de empleos y no ha permitido el acceso a un ingreso suficiente para una vida digna.

Indudablemente nuestro país no ha logrado aprovechar el enorme potencial pesquero con que contamos, lo cual permitiría el crecimiento y desarrollo de diversas regiones vinculadas a la pesca. Sin embargo, consideramos que el alivio a la pobreza debe ser atendido con políticas integrales que atiendan problemas sociales en el medio rural y que vayan en pro del sector pesquero.

Entendemos y compartimos la preocupación por las familias de pescadores ribereños que son afectados por el rezago social y que subsisten de la pesca, de ahí que la iniciativa propuesta busque implementar un programa anual de apoyos directos, propuesto para un padrón estimado de alrededor de 350 mil pescadores en todo el país y que asemeja a programas —como decía el diputado Nabor— como el Procampo y el Progan.

No obstante lo antes mencionado y ante la necesidad de mejorar las condiciones de vida en el medio rural y de combate a la pobreza, se requiere un diagnóstico efectivo desde el ámbito local que permita instrumentar políticas públicas focalizadas, acordes a las necesidades regionales.

En tanto no se fortalezcan las políticas que atiendan integralmente el atraso en el medio rural y a la par se instrumente una política pesquera y acuícola que potencie el sector, surgen propuestas como la que hoy estamos discutiendo, que buscan atender más un tema de justicia social que un tema de productividad.

Ante esto último, los diputados del PAN estamos a favor de poder apoyar a los pescadores en la medida en que sea mediante políticas públicas que posean una visión integral de desarrollo. De lo contrario, se puede caer en medidas asistencialistas, con un alto costo fiscal, que desestimulan la productividad y que generan más atraso, generando dependencia y clientelismo.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor de este dictamen. Muchas gracias a todos.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la palabra la diputada María del Carmen Ordaz Martínez.

La diputada María del Carmen Ordaz Martínez:Con su permiso, presidenta. Compañeros y compañeras, nuestro grupo parlamentario manifiesta su más completo respaldo al dictamen en sentido positivo de la Comisión de Pesca, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XXXVII Bis al artículo 8o. y XV al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables.

La pesca y la acuacultura son actividades productivas que generan alimento para la población, y teniendo como base las cifras dadas por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la industria pesquera alcanzó el año pasado una producción de un millón 681 mil toneladas, incrementándose en 1.2 por ciento respecto del 2011 y alcanzando un valor superior a los 18 mil millones de pesos.

Por otro lado, la actividad acuícola y pesquera es proveedora de fuentes de empleo directo para 271 mil 431 pescadores y acuacultores, generando beneficio para cerca de 350 mil familias que dependen de esta actividad.

Al fortalecer esta actividad es evidente el beneficio que se obtiene para alcanzar la soberanía alimentaria y, a su vez, favorecer al sector pesquero y acuícola, ya que se generan empleos y se combate la pobreza, proporcionando una mejor calidad de vida para los que viven de esta noble actividad.

Con la aprobación de esta reforma en la que se establece en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura contemplará entre otros aspectos apoyos directos a la pesca y a la acuacultura, siendo un instrumento eficaz para fomentar la capacidad del sector pesquero nacional con la finalidad de fortalecerlo y hacerlo autosuficiente.

Con apoyos directos a la pesca y a la acuacultura refrendamos el compromiso y la visión que compartimos en el Grupo Parlamentario del PRI de apuntalar el papel rector del Estado en la economía nacional, fomentando las capacidades de este sector social para que a través de este impulso se avance en el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población que lo integra, en la satisfacción de sus necesidades económicas y en su fortalecimiento como palanca de desarrollo. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Esta Presidencia no recibió ninguna solicitud por escrito, y en virtud de que no se han reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144...

El diputado Nabor Ochoa López(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Permítame, diputado. Sonido, por favor, en la curul del diputado Ochoa.

El diputado Nabor Ochoa López (desde la curul): Compañera presidenta, una pregunta nada más. Los posicionamientos, incluido el del presidente de la Comisión de Pesca, hablan del Programa Multianual de Apoyos a la Pesca, ¿en ese sentido viene la votación el día de hoy? Porque todos los que expusimos nuestros argumentos fue en ese sentido, prácticamente todos. Sí hay alguna modificación, sobre todo por lo que leemos en el dictamen que nos fue entregado.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Es en los términos del dictamen, diputado. Hasta el momento esta Presidencia no recibió por escrito la solicitud de ninguna modificación ni mucho menos aprobado por el presidente de la comisión.

El diputado Nabor Ochoa López (desde la curul): ¿Me permite?

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido, por favor, en la curul del diputado Ochoa.

El diputado Nabor Ochoa López (desde la curul): Solo dejar constancia de lo lamentable que es, que habiendo posicionado todo mundo —incluido el presidente de la Comisión de Pesca— a favor de ese programa de apoyo a pescadores desde este pleno, no les estamos haciendo justicia a un sector desprotegido, desatendido y que lamentablemente cada día se encuentra en situaciones de pobreza.

Lo lamento de verás, compañeros diputados y compañeras diputadas. Pero sí es lamentable que queramos dar atole con el dedo a miles de pescadores que esperaban que el día de hoy aprobáramos ese Programa Multianual de Apoyos a la Pesca. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se registra su comentario, diputado. Proceda la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del dictamen en un solo acto.

(Votación)

Desde su curul, diputado, por favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidenta, le informo que se emitieron 365 votos en pro, 0 en contra y 20 abstenciones.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 364 votos el proyecto de decreto que adiciona una fracción XXXVII Bis al artículo 8o. y una fracción XV al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría con los acuerdos de los órganos de gobierno. De la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Junta de Coordinación...

TOMAS ANGELES DAUAHARE

El diputado Javier Orihuela García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Perdón, diputado. Sonido, por favor a la curul del diputado Orihuela. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Con el objeto de manifestar nuestro beneplácito, porque en unos momentos más estamos esperando la liberación del general Tomás Ángeles Dauahare, ciudadano hoy avecindado en el estado de Morelos, que nos pidió ayuda, y manifestar a esta Cámara de Diputados nuestro júbilo.

Queremos manifestar que el general Tomás Ángeles nunca debió de ser llevado a la cárcel, a la prisión; pero fue la ira del poder, las violaciones al debido proceso, las violaciones a sus derechos humanos por parte de funcionarios que actúan bajo consigna, los que promovieron esta violación a los derechos humanos de un ciudadano.

Se requiere por ello que esta Cámara de Diputados tome nota de que siguen en la cárcel más de 8 mil ciudadanos detenidos en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que son inocentes, que han violado sus derechos humanos o que han violado el debido proceso.

Personalmente y su familia estamos contentos por esta liberación en unos momentos más. Pero necesitamos seguir avanzando para resarcir los daños que se han ocasionado a miles de ciudadanos con la figura del arraigo, la tortura, los testigos protegidos, los montajes televisivos, que han dañado los derechos de miles de ciudadanos.

Por ello, presidenta, nuestro beneplácito, pero también nuestro llamado de atención a esta Cámara de Diputados para que sigamos avanzando en la realización de más de 8 mil casos que están en la misma situación. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Continúe la Secretaría.

COMISION ESPECIAL DE LA CUENCA DEL BAJO PANUCO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial de la cuenca del bajo Pánuco

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral uno, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proyecto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que en términos del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene facultad para presentar al pleno de la Cámara de Diputados proyectos de puntos de acuerdo.

Segunda. Que el artículo 42 de la Ley Orgánica otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), de ese ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al pleno la integración de las comisiones.

Tercera. Que para la integración de las comisiones especiales, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la formación de las comisiones, cuidando que al hacerlo se incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el pleno.

Cuarta. Que el 25 de septiembre de 2012, el diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de una comisión especial de la cuenca del bajo Pánuco.

Quinta. Que, con base en lo anterior, la Junta de Coordinación Política ha estimado indispensable crear una comisión especial la cuenca del bajo Pánuco.

Con fundamento en las disposiciones referidas en el proemio, se someten a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se crea la Comisión Especial de la cuenca del bajo Pánuco, con la siguiente integración y distribución proporcional por grupo parlamentario:

Segundo. Para el cumplimiento de su objetivo, esta comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles; y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Tercero. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial serán aprobados por el Comité de Administración.

Cuarto. La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Franco Cerda, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

COMISION ESPECIAL DE PROMOCION DE DESARROLLO REGIONAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial de promoción del desarrollo regional

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente proyecto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que en términos del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene la facultad para presentar al pleno de la Cámara de Diputados proyectos de puntos de acuerdo.

Segunda. Que el artículo 42 de la Ley Orgánica otorga al pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al pleno la integración de las comisiones.

Tercera. Que para la integración de las comisiones especiales la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones, cuidando que al hacerlo se incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el pleno.

Cuarta. Que el pasado 18 de octubre de 2012, el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de una Comisión Especial de Promoción del Desarrollo Regional.

Quinta. Que, con base en lo anterior, esta Junta de Coordinación Política ha estimado indispensable crear una Comisión Especial de promoción del desarrollo regional.

Con fundamento en las disposiciones referidas en el proemio, se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de Promoción del Desarrollo Regional, con la siguiente integración y distribución proporcional por grupo parlamentario:

Segundo. Para el cumplimiento de su objetivo, esta comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.

Tercero. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial serán aprobados por el Comité de Administración.

Cuarto. La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso ante la Comisión de Permanente del Congreso de la Unión.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputada María Sanjuana Franco Cerda (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de publicidad de dictámenes.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONDECORACIONES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente dictamen:

I. Antecedentes legislativos

1. El 26 de abril de 2007, los diputados Jorge Zermeño Infante y Jesús de León Tello, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la Iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2. El 26 de abril de 2007, el diputado José Jesús Reyna García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y suscrita por el Diputado Mauricio Ortiz Proal. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la Iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 19 de junio 2008, la Comisión de Puntos Constitucionales de la LX Legislatura, después de analizar las Iniciativas, aprobó por mayoría de los presentes el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. El 20 de junio de 2008, el Pleno de la Cámara de Diputados, remitió al Senado de la República, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II, III y IV así como el último párrafo del apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  para sus efectos constitucionales.

5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, la minuta antes mencionada, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

6. El 28 de abril de 2009, el Senado de la República, aprobó el dictamen en sentido positivo con modificaciones, a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándolo a la Cámara de Diputados para efectos constitucionales.

7. El 30 de abril de 2009, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta de la minuta enviada por el Senado de la República, turnándola a la Comisión de Puntos Constitucionales de la LX Legislatura, para sus efectos constitucionales.

II. Contenido de la minuta 

Para efecto de emitir el presente dictamen, se transcribe las consideraciones del dictamen aprobado por el Senado de la República, bajo lo siguiente:

Estas comisiones unidas coinciden con la minuta en estudio, toda vez que no se considera razonable perder la ciudadanía mexicana por el hecho de que alguien preste servicios oficiales a un gobierno extranjero, sin tener permiso del Congreso General como lo establece nuestra Carta Magna en la fracción II del apartado C) del artículo 37.

Por otra parte, el procedimiento que requiere la autorización para prestar servicios a un gobierno extranjero actualmente es complicado y tardado, por lo que se estima que si el asunto tiene el  mérito de permitir a una persona ocuparse de un trabajo lícito, un procedimiento más simple ayudaría a aligerarlo. Este tipo de requisitos son actualmente injustificables para poner en funcionamiento la maquinaria del Poder Legislativo con el propósito de emitir una autorización con alcances muy particulares y específicos.

Asimismo, se considera que los miembros del Congreso deben buscar formas para agilizar y hacer más eficaz el trabajo a realizar, con el fin de que las reformas sean aprobadas oportunamente y se conviertan en herramientas de solución de los problemas que aquejan a la ciudadanía. En virtud de lo anterior, resulta obsoleto que en la actualidad se dediquen largas horas al análisis y aprobación según lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracciones II, III y IV de nuestra Constitución Política, el establecimiento de un mecanismo más sencillo para tales efectos ahorrará tiempo y esfuerzo de ambas cámaras.

Por ello, estas dictaminadoras coinciden con la propuesta de la minuta, el ciudadano mexicano que pretenda prestar servicios o funciones oficiales en el extranjero, aceptar o usar una condecoración y en su caso admitir títulos o funciones de un gobierno otro país, sea atribución del Ejecutivo federal, ya que a éste le compete el ejercicio de las atribuciones en materia de nacionalidad, extranjería y ciudadanía.

También es importante considerar que si a un mexicano, atendiendo a las circunstancias actuales de la globalización, de libre circulación y del trabajo sin fronteras, le es lícito y natural trabajar para un gobierno extranjero, pareciere excesivo despojarlo de su ciudadanía porque no solicitó permiso; o bien, pidiéndolo no se le concedió, en tanto que es desproporcionado que el derecho del trabajo de un mexicano en el extranjero quede a la voluntad del Congreso.

II. Modificaciones

Como se ha referido en el apartado anterior, estas comisiones unidas coinciden con la minuta en estudio, para que sea el Ejecutivo federal quien otorgue los permisos a los ciudadanos para prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero,  aceptar o usar condecoraciones extranjeras o admitir títulos o funciones de otro país.

Y en este tenor, se propone exceptuar al Presidente de la República de la obligación de solicitar permiso para aceptar y usar condecoraciones extranjeras, por tratarse del mismo Poder Ejecutivo federal quien otorgaría los permisos. De igual forma a los titulares del Poder Legislativo Federal y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que de esta manera se mantendrá el equilibrio en los tres poderes.

Dicha excepción quedaría establecida en la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Asimismo, estas dictaminadoras formulan una modificación respecto al último párrafo del artículo de mérito, referente a que en los casos señalados en las fracciones II a IV del apartado C) del artículo 37 constitucional, la minuta propone que:

El Ejecutivo federal comunicará inmediatamente a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente las solicitudes de permiso recibidas. Dicha Cámara o la Comisión Permanente, contarán con un plazo de cinco días hábiles para, de ser el caso, manifestar las observaciones correspondientes. Transcurrido el plazo, el Ejecutivo federal resolverá sobre la procedencia de las solicitudes.

Se estima innecesario hacer partícipe al Senado de la República o a la Comisión Permanente para que en dado caso se hagan observaciones, pues si una de las propuestas es darle la facultad de otorgar los permisos referidos al Poder Ejecutivo federal, establecer dicha afirmativa ficta resulta contradictorio, por lo que se propone que el párrafo en comento sea derogado, ya que el texto vigente establece:

En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, el Congreso de la Unión establecerá en la ley reglamentaria respectiva, los casos de excepción en los cuales los permisos y licencias se entenderán otorgados, una vez transcurrido el plazo que la propia ley señale, con la sola presentación de la solicitud del interesado.

Lo anterior en virtud de que el trámite se efectuará ante el Ejecutivo, corresponderá a éste emitir las disposiciones reglamentarias que normen los procedimientos administrativos conducentes.

III. Cuadro comparativo 

Con el objeto de una debida apreciación de las modificaciones propuestas por la Cámara Revisora al citado precepto constitucional, se vierte el siguiente comparativo, en el cual se reflejan concretamente los dos cambios realizados por la Cámara Revisora y los cuales son materia de análisis en el presente dictamen:

IV. Consideraciones

Esta Comisión dictaminadora, después de hacer un análisis exhaustivo de la minuta enviada por el Senado de la República, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo, relativo al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a las siguientes consideraciones:

Dentro del Derecho Diplomático, una condecoración es aquella que representa una “señalada diferencia del país otorgante hacia la persona que se le ha concedido, para premiar los méritos o recompensar los servicios de personas a un país” (Ruiz Sánchez, Lucia Irene, Derecho diplomático.Porrúa, México, 2005, página 323).

Al respecto, los países han creado órdenes especiales para cumplir con el propósito de condecorar a personajes distinguidos; cada orden cuenta con su propio reglamento que define a quiénes se podrá otorgar, los motivos para otorgarla, los grados de los que consta o quiénes serán los encargados de imponer las condecoraciones.

Asimismo, existen algunos Estados que no permiten a sus nacionales recibir ningún tipo de condecoración en el extranjero, siendo el caso de Gran Bretaña y Suecia, en donde el gobierno que otorga la condecoración debe pedir permiso para considerar como candidatos a tal distinción a los nacionales de dichos Estados.

Por su parte, Argentina, cuenta con la Ley 23.732, en la que se autoriza a los ciudadanos argentinos a aceptar y usar condecoraciones y honores otorgados por los Estados con los que dicha República mantiene relaciones diplomáticas, especificando que, en los casos de condecoraciones u honores que impliquen obligaciones para con el Estado otorgante, el beneficiario deberá pedir autorización expresa al H. Congreso de la Nación.

En México, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Carta Magna, “no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país”, sin embargo es posible mediante el permiso del Congreso de la Unión la aceptación de algunas distinciones extranjeras siempre y cuando se respete el artículo 37, apartado C) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en esta ocasión constituye nuestro objeto de análisis.

Al respecto, de la minuta en estudio, se advierte que el Senado de la República coincide con el espíritu expresado por esta Cámara en cuanto a la parte sustantiva de la reforma constitucional propuesta, salvo lo señalado en el párrafo segundo de la fracción III y párrafo segundo de la fracción VI del artículo citado.

Por lo que hace a la adición del párrafo segundo de la fracción III, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en cuanto a que: “el Presidente de la República, los Senadores y Diputados del Congreso de la Unión y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras”, es importante señalar que el principio de igualdad, se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación, así como de su aplicación, de manera que opera para que los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentran en igual situación de hecho deben ser tratados de la misma forma, sin privilegio alguno.

Es decir, a través de la igualdad, se busca colocar a todos los particulares en condiciones de poder acceder a derechos superiores protegidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, aunque ello no significa que todos los individuos se encuentren en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, pues dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual o injustificado.

Esta disposición daría pie a renunciar a títulos nobiliarios obtenidos en otros países, a fin de salvaguardar el principio de igualdad ante la ley. En todo caso, pueden recibirse reconocimientos o preseas de tipo cultural u honorario; no obstante, para que un mexicano reciba uno de esos reconocimientos, requiere el consentimiento del Congreso de la Unión.

Sin embargo, el hecho de que en México no se den títulos de nobleza no implica ignorar la destacada labor de sus habitantes. La Constitución permite otorgar menciones honoríficas a un mexicano que haya prestado servicios relevantes a la nación. De esta circunstancia, se desprende que la ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, de carácter federal, tiene por objeto: “Determinar las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado, de aquellas personas que por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas”. Así lo establece el artículo 1° de la Ley en comento.

En este contexto, se plasma el espíritu de la reforma en estudio, la cual consiste en distinguir a los mexicanos con ciertas cualidades, dentro de una ideología de equilibrio e identidad humana, como guía ejemplar de la conducta en la sociedad dentro de un ambiente de respeto, equidad y tolerancia que consagra el principio de igualdad jurídica.

Los miembros de esta Comisión Dictaminadora, coinciden en cuanto a la modificación del proyecto de decreto, sin embargo, es una inquietud de esta Cámara señalar que podrán aceptar y usar las condecoraciones extranjeras libremente, pero bajo la limitante de que la condecoración será entendida únicamente como aquella que reviste un reconocimiento a la persona por alguna aportación a la sociedad, a la ciencia o incluso a la humanidad, y que no rompa con el principio de igualdad consagrada en la Constitución, muy en lo particular, el señalado en el artículo 12, en lo referente a que en México no se hace distinción de persona, ni mucho menos se da efecto a los títulos nobiliarios concedidos en el extranjero.

Es decir, que la Constitución acepte libremente la condecoración, pero no implica que pueda contener título nobiliario, prerrogativa y como se ha dicho, sólo por mérito o aportación y como reconocimiento al mismo.

Esta Comisión acepta el cambio propuesto, toda vez que no se genera ninguna desigualdad entre los funcionarios expresados en el párrafo segundo de la fracción III, del artículo 37 del proyecto de decreto que propone la Revisora, en virtud de que no se concede un derecho más, que cualquier otro ciudadano puede gozar, como lo es el de aceptar una condecoración, sino únicamente se retira el requisito para ellos en cuanto a que deban realizar la solicitud de aceptación, sin perjuicio de que en su caso, la condecoración aceptada le pueda ser retirada en función de que trasgreda los principios de igualdad consagrados en nuestra Constitución.

Ahora bien, por lo que respecta a las modificaciones propuestas por esta Cámara de origen, al párrafo segundo de la fracción VI del artículo en cita, se destaca el sentido afirmativo en que se pronuncia, en virtud, de considerar innecesaria la participación del Senado de la República o de la Comisión Permanente, para determinar la concesión de los permisos.

Efectivamente, las apreciaciones que realiza la Cámara Revisora son concordantes con el efecto jurídico que quedará plasmado en la Constitución, toda vez que el párrafo segundo de la fracción VI  ya no tiene razón de existir, en virtud de que la facultad de otorgamiento se traslada al Ejecutivo federal.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora, ha tenido a bien pronunciarse en un sentido positivo, respecto al hecho que versa sobre la distinción que se otorga a los mexicanos, ya sea en nombre propio o en representación de una colectividad, que permite el reconocimiento de su labor en el extranjero, mediante el otorgamiento de condecoraciones, ya que esto no implica de ninguna manera sumisión o compromisos de ninguna especie hacia el otorgante.

Este Órgano Colegiado, considera que no constituye obstáculo ni justificación suficiente solicitar permiso al Congreso de la Unión o su Comisión Permanente, para poder prestar servicios oficiales a un gobierno extranjero.

Por tal motivo, la esencia de la propuesta consiste en otorgarle facultades al Poder Ejecutivo, pues efectivamente a éste le compete el ejercicio de las atribuciones en materia de nacionalidad, extranjería y ciudadanía, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En este tenor, se propone exceptuar al presidente de la República de la obligación de solicitar permiso para aceptar y usar condecoraciones extranjeras, por tratarse del mismo Poder Ejecutivo federal quien otorgaría los permisos. Dichas atribuciones son homologables a los titulares del Poder Legislativo Federal y a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que de esta manera se mantendrá el equilibrio en los tres poderes.

Consecuentemente, con el ánimo de avanzar en el perfeccionamiento del proceso legislativo, se coincide con los cambios propuestos por la Colegisladora en los términos precisados anteriormente, ello en virtud, de que las observaciones realizadas por la Cámara Revisora no alteran sustancialmente la propuesta original, si no por el contrario auxilia en precisiones no previstas por la iniciativa de origen.

Por lo tanto, esta Comisión se pronuncia en favor de la disposición legal en comento y coincide ampliamente en los términos de la minuta enviada por la Cámara revisora, en consecuencia, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman las fracciones II, III y IV, y se suprime el último párrafo del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 37. ...

A)...

B)...

C)...

I. ...

II. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso del Ejecutivo federal;

III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo federal.

El presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras;

IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente;

V. ...

VI. En los demás casos que fijan las leyes.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedará sin efecto toda disposición que contravenga el presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a dieciséis de abril de 2013.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados: Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Domínguez Zepeda (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Raymundo King de la Rosa, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica en contra), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), secretarios; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú, Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Faviola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Fernando Zárate Salgado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple con la declaratoria de publicidad.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con Opinión de la Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81 numeral 1, 82, 84, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Soberanía, el siguiente dictamen.

I. Antecedentes legislativos

1.El 19 de abril de 2012, el senador José González Morfín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2.El 25 de abril de 2012, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que contiene Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Atención y Protección de los Derechos de las Víctimas, enviándolo a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

3.El 26 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibió oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite el expediente de la Minuta antes mencionada, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

4.El 30 de abril de 2012, fue recibido en la Comisión de Puntos Constitucionales, oficio No. D.G.P.L. 61-II-6-2674, en el que la Presidencia de la Cámara de Diputados modifica el trámite dictado a la Minuta, para quedar como sigue: “Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para Dictamen y a la Comisión de Justicia para Opinión”.

II. Contenido de la minuta

Esta Colegisladora, por cuestión de método considera oportuno transcribir el contenido de la Minuta materia de este dictamen:

“III. Consideraciones

Estas comisiones unidas consideran que la propuesta de la iniciativa en estudio es asequible, ya que es necesario garantizar el respeto a la dignidad humana, es inevitable la realización de una serie de acciones que posibiliten la expedición de normas jurídicas constitucionales y legales, que permitan a las personas invocar la protección del orden jurídico y acudir ante las instituciones facultadas para garantizar sus derechos.

Actualmente existe una gran exigencia en la sociedad mexicana, en el sentido de que el Estado garantice de manera integral la asistencia y protección a las víctimas, lo cual se logrará precisamente con la expedición de normas jurídicas constitucionales y legales, cuyo objetivo sea atender y proteger cabalmente los derechos de las víctimas.

Estas comisiones unidas consideran que con la propuesta de la iniciativa en estudio, se reafirma  la convicción de que en la actualidad nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que forman parte integral de la misma, recogen este amplio marco protector de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

No debemos perder de vista que la atención y protección de las víctimas es un asunto inherente a los derechos humanos. Es importante recordar que la reforma constitucional en esa materia, publicada el pasado 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, representa el paso más importante que el país ha dado en muchas décadas para que todas las personas cuenten con la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. Además, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Por lo que no debemos escatimar esfuerzos para expedir todas las normas constitucionales y legales necesarias para que el Poder Legislativo cumpla con su parte de la gran tarea que implica la protección y ejercicio de los derechos fundamentales.

Estas comisiones dictaminadoras también coinciden con el autor de la iniciativa, al mencionar que es necesario fortalecer, fomentar y regular la cultura de la legalidad, para propiciar entre otros aspectos, una mejor protección, atención y reparación integral de las víctimas, por lo que se considera que la propuesta de la iniciativa en estudio debe ser congruente con el tercer párrafo del artículo 1° constitucional, que a letra dice:

“ Artículo 1o. ......

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

...”

Y en ese tenor, estas comisiones unidas aceptan la propuesta de la iniciativa, estableciendo la calidad de “víctimas”, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-P. (...)

XXIX-Q. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas.

XXX. (...)

Es nuestro deber como legisladores sembrar en nuestra sociedad, la semilla que fructifique en un conjunto de valores, acciones y creencias que reconozcan y acepten al Estado de derecho como la vía adecuada para gozar de una vida mejor, que procuren su permanencia y repudien la ilegalidad.

Y así cumplir con la obligación de procurar un marco jurídico adecuado para la atención, protección y reparación integral de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Además de los grandes avances logrados con las reformas en la materia, a los artículos 17 y el apartado C) del 20 constitucional (publicadas en el DOF el 18 de junio de 2008) y el tercer párrafo del artículo 1° constitucional (contenido en la reciente reforma de derecho humanos), es necesario fortalecer expresamente en el artículo 73 de la Carta Magna, la facultad para que el Congreso de la Unión pueda expedir una ley en la materia.

Es fundamental señalar que una ley general a diferencia de una ley federal es un ordenamiento que obliga tanto a las autoridades federales como a las de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios.

Las facultades concurrentes implican, que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, pueden actuar respecto de una misma materia, pero que, en estos casos, corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión, el determinar la forma y términos de la participación de dichos entes, a través de una Ley General. El anterior criterio, se contiene en la jurisprudencia de rubro “FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES”.

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XV, Enero de 2002

Tesis: P. /J. 142/2001 Página: 1042

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”, también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.

Una reforma de esta naturaleza, ampliará la certeza jurídica y fortalecerá las capacidades de las autoridades que actualmente se encargan de proteger los derechos de las víctimas. El Congreso podrá expedir las leyes en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas, las cuales deberán incluir los más altos estándares internacionales en la materia, y así poder contar con los instrumentos necesarios para enfrentar de manera global la problemática que aqueja a las víctimas en nuestro país.

Paralelamente a la reforma constitucional, la legislación secundaria deberá generar criterios homogéneos de atención y protección de los derechos de las víctimas, así como la constitución de esquemas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

Las entidades federativas que aún no lo hayan hecho, tendrán que adecuar su legislación en la materia a los términos que se proponen en el decreto de la iniciativa de mérito, por lo que en toda la República se expedirán leyes de atención, protección y reparación integral a las víctimas que permitirán atender con mayor eficacia el fenómeno.

En ese tenor, la protección de los derechos de las víctimas requiere de una normatividad uniforme, así como de la colaboración ordenada de los tres niveles de gobierno.

Esta reforma representa la atención a exigencias planteadas por los ciudadanos y por instituciones de amplio reconocimiento social como la Universidad Nacional Autónoma de México.”

III. Consideraciones

Esta Comisión Dictaminadora, después de hacer un análisis al contenido de la Minuta del Senado de la República, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo, en atención a lo siguiente:

Fue turnada para su estudio y posterior dictamen, la Minuta con proyecto de Decreto que adiciona la fracción XXIX-Q, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de atención y protección de los derechos de las víctimas.

La temática de la minuta se centra, en la facultad que se otorga al Congreso de la Unión para expedir normas relativas a los Derechos de las víctimas y para establecer la concurrencia entre los tres niveles de gobierno, para efecto de consolidar la acción del Estado en este rubro, lo que hace necesario analizar el alcance de esta modificación constitucional.

Como es sabido, en las últimas décadas el Constituyente ha ido realizando una serie de reformas entorno a fortalecer los Derechos Humanos en nuestro país, cabe recordar la reforma del 18 de junio del 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que transforma el juicio penal tradicional a un juicio acusatorio -basado en una serie de principios inherentes a la materia penal-. Asimismo, con la publicación en el DOF, del 10 de junio de 2011, se plasman en el texto constitucional la protección a los Derechos Humanos y sus Garantías, en lo específico el artículo primero constitucional, estableciendo orden jurídico que prevalecerá respecto a los tratados internacionales, en los que nuestro país es parte y se apliquen en rango de nuestra constitución, prevaleciendo así la supremacía de nuestra Carta Magna.

En este orden de ideas, como legisladores tenemos la obligación de reforzar el Estado de Derecho como garante de los Derechos Humanos, por medio de legislar para dotar de los mecanismos jurídicos como las herramientas acordes a las necesidades del país y, por ende de todos los mexicanos y mexicanas. Es en ese sentido, se han publicado diversas leyes para cumplir ese fin, como es el caso de la Ley General de Víctimas como un instrumento de derechos de las mismas.

Por lo anterior y con el apoyo de los instrumentos internacionales que ha celebrado nuestro país, se ha fomentado una cultura de protección a las víctimas, sustentado lo anterior en Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia de Delitos y del abuso del Poder. Este instrumento internacional primeramente hace mención de que se debe entender por “víctima”, siendo aquellas personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la proscribe el abuso de poder. Cabe resaltar que la concepción de víctima no es solamente a la persona que se afecta en lo individual, por lo contrario, se incluye a familiares o aquellas personas que tengan una relación inmediata con la víctima o, en su caso, a aquellas personas que hayan padecido o sufrido daños al momento de intervenir en asistencia del sujeto o sujetos en peligro o para prevenir la victimización.

La Declaración establece los principios en que sustentará la justicia de las víctimas, siendo:

• Acceso a la justicia y trato justo, cuyas directrices se centran en el derecho al acceso a los mecanismos de justicia y que se hará bajo un trato de compasión y respeto de su dignidad como víctima o víctimas del delito, con una reparación pronta del daño sufrido, este punto se encuentra ligado a la legislación específica. Este principio incluye los mecanismos de índole jurídico-administrativo que el Estado realizará para establecer o, en su caso, reforzar los procedimientos de reparación del daño a la víctima, no olvidándose de sus propias las necesidades.

En este principio juega un papel importante la información, la protección y el acceso que la víctima tenga dentro del proceso que se siga al victimario.

• Resarcimiento, lo que se comprende en este principio, se resume en que aquella persona o personas que en su carácter de víctima o víctimas del delito, sufren un perjuicio por lo que se hará todo lo posible para restituir pérdidas sufridas o en su caso, la devolución de los bienes afectados siempre y cuando sean susceptibles a esa valoración. En este tenor, se debe entender que la obligación de resarcir, más que pecuniaria es la que el Estado está obligado por ley a crear, revisar, adecuar o modificar todo su esquema normativo a efecto de armonizar a modo que se cumpla con este principio, lo que obliga al legislador a considerar al resarcimiento de los daños en las normas.

• Indemnización, este principio vincula al Estado con la víctima que no obtenga la suficiente indemnización por parte del delincuente, este en sus niveles de gobierno procurará indemnizar financieramente, esto está sujeto a las consecuencias de los delitos graves que sufra directamente la víctima, o por su parte la familia como resultado de la victimización sufrida. Por último, y para que esto tenga la viabilidad que se requiere, se tendrá que implementar los fondos nacionales para poder indemnizar a las víctimas cuando así proceda.

• Asistencia, es vital este principio dado que las víctimas tendrán como derecho que se les asista en lo material, en lo médico, sicológico y en lo social  que a través de los medios establecidos por el Estado, o sea gubernamentales, incluyendo los voluntarios y comunitarios, para ello, se deberá de capacitar a todos los elementos de justicia, de salud, de servicios sociales y de policía para lograrlo y.

• Las víctimas del abuso del Poder, en este principio se centran las consideraciones que se deriven del ejercicio del poder por parte de las instituciones pertenecientes al Estado, por ende, adaptación continua de la legislación nacional para erradicar el abuso del poder, es un trabajo constante que asumirá el legislador para efecto de lograr este propósito.

Los anteriores elementos sirvieron como base para la creación de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del presente año, a grosso modo este marco normativo, reconoce y garantiza los Derechos de las víctimas, coordina y establece las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar el ejercicio de esos Derechos, asimismo establece los deberes, obligaciones y compromisos específicos a cargo de  las autoridades y las sanciones que se deben de aplicar por las acciones u omisiones que se realicen en contra víctimas. Por último, en la ley se crea un sistema, denominado Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que involucra a los tres órdenes de gobierno, para sistematizar, agrupar y ordenar las instituciones y organismos del Estado.

En ese sentido la Ley General de Víctimas, crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, así como el Registro Nacional de Víctimas, si la pretensión es consolidar estos elementos, es necesario que todos los órdenes de gobierno, en todo los niveles del Estado estén involucrados para ello, el proyecto que se está dictaminando establece la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, si se considera que “en determinada materia uno de los ámbitos concurrentes puede tener preferencia para legislar, pero en tanto no lo haga, puede hacerlo el otro”

El Estado como tutor del bien común, tiene la obligación de proteger, atender y en la medida de las posibilidades con las que se cuente  la reparación del daño, aquellas personas que directamente o indirectamente hayan sufrido una laceración de sus derechos humanos, sea por persona o por alguna institución estatal, es por ello, y con lo mencionado en el párrafo que antecede, fue un deber de todos los legisladores dotar de mecanismos jurídicos especializados en este tema, con la finalidad de reafirmar el respeto y protección de las víctimas como un elemento básico esencial del Estado de Derecho que pretendemos fortalecer en nuestra nación.

En ese sentido, cabe mencionar que con la expedición de la Ley, el Legislador Constituyente dio el primer paso, sin embargo, el compromiso no puede quedarse ahí, la labor es y debe ser continua de conformidad a lo estipulado en los principios de los Derechos de las Víctimas, antes mencionados. Con base en ello, es necesario modificar el marco constitucional relacionado con las atribuciones que tiene el Congreso de la Unión, para poder legislar en esta materia, en este punto los diputados integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales, coincidimos ampliamente con la minuta, y con adhesión de la fracción XXIX-Q al artículo 73 constitucional, estamos por una parte cumpliendo con una exigencia social que el Estado garantice de una manera integral la protección y asistencia a las víctimas.

No podemos como legisladores comprometidos con el respeto a los Derecho Humanos dejar de ejercer las acciones pertinentes encaminadas para ese respeto, por lo que es necesario contar con las facultades legislativas para adecuar o crear los marcos jurídicos idóneos para ese fin, asimismo, involucrar a todos los órganos Estatales para consolidar lo que pretendemos constituir en nuestra nación.

Los Diputados Integrantes de esta Comisión consideran que con la propuesta de la minuta enviada a esta la Colegisladora, se confirma el espíritu plasmado en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales mismos que forman parte integral de la misma, ya que recogen la protección de los Derechos de las Víctimas, lo que consolida a nuestra nación como protectora de los Derechos Humanos.

Por último, se hace mención que por razones de técnica legislativa, se modificó el orden de los incisos, en virtud de que en el Decreto que contiene la minuta enviada por la Colegisladora adiciona el inciso Q a la fracción XXIX, del artículo 73 constitucional. Sin embargo, este inciso fue adicionado el 9 de agosto del 2012, como se constata en la publicación del Diario Oficial de la Federación de esa fecha, por lo tanto, se modifica el orden para quedar como inciso “R”, de la fracción XXIX, del artículo 73 Constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, los miembros de esta Comisión de Puntos Constitucionales, convencidos de que la estructura formal de una sociedad es el sistema normativo general que la rige, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se adicionauna fracción XXIX–R de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-Q. (...)

XXIX-R. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de los derechos de las víctimas.

XXX. (...)  

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días siguientes a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá adecuar en materia de víctimas, la normativa federal que así lo requiera.

Tercero.Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este Decreto, dentro de los 180 días siguientes de su entrada en vigor.

Notas:

1. Tratado Internacional, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985.

2. Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del Delito y del abuso del poder, de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas de la Oficina, documento electrónico, consultado en sitio: www.unodc.org/pdf/ criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Spanish.pdf el 18 de febrero de 20011.

3. Andrade Sánchez, J., Eduardo, Derecho Constitucional, edit. Oxford., primera reimpresión, México, pág. 448.

Palacio Legislativo de San Lázaro a dieciséis de abril de dos mil trece.

Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Domínguez Zepeda (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Raymundo King de la Rosa, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), secretarios; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú, Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Faviola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Fernando Zárate Salgado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple con la declaratoria de publicidad.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el inciso e) y adiciona un inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1.El 30 de mayo de 2012, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, el diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la Iniciativa antes mencionada.

En la misma fecha, se recibió en esta Comisión la Iniciativa con proyecto de Decreto, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

2.El 20 de septiembre de 2012, el diputado José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la fracción IV, inciso e) del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la Iniciativa antes mencionada.

3.El 9 de abril de 2013, el diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la Iniciativa antes mencionada.

El 16 de abril de 2013, se recibió en esta Comisión la Iniciativa con proyecto de Decreto, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La Iniciativa presentada por el diputado José González Morfín, señala que las candidaturas ciudadanas, entre otras figuras que fortalecen la democracia participativa, quedaron plasmadas en la reciente reforma constitucional en materia política, cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto de 2012.

En este sentido, el proponente señala que si bien la reforma aprobada integra en el artículo 35 Constitucional el derecho de los ciudadanos a solicitar su registro de manera independiente, cumpliendo con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación, a fin de poder ser votados a todos los cargos de elección popular, resulta necesario complementar y armonizar el propósito de esta reforma para que los Estados incluyan dicha previsión constitucional en la legislación electoral.

El iniciante propone incorporar en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la base normativa para la existencia y regulación, en la ley electoral local, las candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular.

Además, el diputado González Morfín apunta que la participación ciudadana es un elemento fundamental en las democracias modernas, lo que implica trascender de la noción de democracia electoral y dar paso a la democracia participativa, en la que se promuevan espacios de interacción entre los ciudadanos y el Estado. Así, las candidaturas independientes constituyen una vía de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos en un régimen democrático, por lo que la apertura en esta materia representa un avance en la construcción de la democracia mexicana.

El derecho ciudadano a “votar y ser votado” forma parte de los derechos políticos reconocidos tanto en el ámbito internacional como en el caso de México, lo que permite afirmar que con ello se fortalece el régimen democrático mexicano a partir de la coexistencia de un sistema de partidos y de candidaturas independientes. Este derecho es sin duda el fundamento de todo sistema democrático: el ciudadano y su participación en la vida pública constituye la esencia de la democracia por encima de los partidos políticos o de los grupos de interés particular.

El régimen democrático es la forma de vida política que da la mayor libertad al mayor número, que protege y reconoce la mayor diversidad posible. En consecuencia, es preciso que sean garantizados los derechos fundamentales de los individuos y que éstos participen en la construcción de la vida colectiva.

En la exposición de motivos, el diputado proponente menciona que en el ámbito internacional de los derechos humanos no sólo se sanciona el derecho de todo ciudadano a participar de la vida pública de su país mediante el ejercicio del voto, sino que garantiza los derechos de los ciudadanos sobre los de los partidos políticos en materia de participación en las contiendas electorales, al señalar claramente que cualquier ciudadano que cumpla con criterios de elegibilidad (que no pueden contradecir norma alguna de los derechos humanos) puede aspirar a ser electo a un cargo público sin necesidad de que sea propuesto por un partido político. Esto es, todo ciudadano tiene el derecho de convertirse en un candidato independiente.

Algunos de los ejemplos de acuerdos e instituciones internacionales que consagran este derecho son:

1. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece los derechos democráticos entre los que destacan el derecho a la participación política, incluida la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para presentarse como candidatos y el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a la función pública en el propio país.

2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra el derecho del ciudadano (sin distinciones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social) de

• Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

• Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y

• Tener acceso, en condiciones generales de igualdad.

3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental, que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en el Pacto de San José como las libertades de expresión, reunión y asociación, que en conjunto, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político.

Por ello, según los diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, específicamente sobre derechos civiles y políticos, el derecho del ciudadano prima sobre el derecho de los partidos y en un régimen democrático, restringir el derecho a los ciudadanos de ser candidatos independientes significa restringir las libertades políticas y el pluralismo. Significa también atentar contra el derecho de los ciudadanos que no se sienten representados por los partidos políticos.

Como se apuntó anteriormente, México ha dado un gran avance para consolidar el desarrollo democrático del país, al incluir en el artículo 35 Constitucional las candidaturas independientes a fin de que los ciudadanos, sin ser requisito su afiliación a algún partido político, pueda materializar su derecho a ser votado para cargos de elección popular.

Por último, para que no quede sujeto a la interpretación de los aplicadores y operadores de la norma constitucional, el diputado González Morfín concluye que es necesario armonizar el texto constitucional recién modificado con el régimen que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los cargos de elección popular de los Estado.

III. Cuadro comparativo

IV. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora, después de hacer un análisis exhaustivo de la Iniciativa en estudio, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo del proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes, en razón de los siguientes argumentos:

En principio, esta comisión dictaminadora reconoce que las candidaturas independientes constituyen un avance en la garantía de los derechos políticos de la ciudadanía, por lo que resulta necesario complementar el propósito de esta reforma para que en el ámbito de las Entidades Federativas dicha previsión constitucional tenga también plena aplicación en la legislación electoral.

La iniciativa pretende incluir el derecho de los ciudadanos para solicitar un registro en forma independiente en el artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución Federal para obligar a los Estados a incorporarlo en la legislación electoral estatal, sin embargo, dicha norma constitucional prohíbe la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa, por lo cual no es dable incluir en esta porción normativa el referido derecho.

Es decir, la norma constitucional citada prescribe que los partidos políticos únicamente podrán constituirse por ciudadanos sin intervención de dichas organizaciones y sin la existencia de afiliación corporativa.

Ahora bien, con el propósito de dar congruencia y eficacia a los planteamientos de la iniciativa propuesta por el diputado, los suscritos integrantes de esta Comisión planteamos algunas modificaciones a la iniciativa que se dictamina.

En primer lugar, se modifica el inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Ley Fundamental en la porción normativa que indica “Asimismo, tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular” para eliminar la palabra “exclusivo”; ello con la finalidad de hacer acorde la reforma propuesta con la fracción II del artículo 35 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 9 de agosto de 2012, que establece el derecho del ciudadano de solicitar su registro como candidato ante la autoridad electoral por parte de un partido político o en forma independiente.

Por ello, su redacción queda de la siguiente forma:

a) a d) (...)

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;

En segundo lugar, se modifica la propuesta contenida en la iniciativa, para adicionar a la fracción IV del artículo 116 de la Ley Fundamental el inciso o) para que su redacción quede de la siguiente forma:

IV. Las Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

f) a n) (...)

o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular.

Lo anterior, resuelve la antinomia que actualmente presentan los artículos 35, fracción II y 116, fracción IV de la Constitución, al mantener este último precepto legal una redacción que permite a los partidos políticos continuar con el monopolio de las candidaturas y del registro.

Así, esta comisión dictaminadora coincide con el diputado González Morfín que el derecho político de los ciudadanos a “votar y ser votado”, fortalece el régimen democrático mexicano a partir de la coexistencia de un sistema de partidos y de candidaturas independientes. Las candidaturas independientes constituyen una fórmula de acceso a ciudadanos sin partidos para competir en procesos comiciales, tanto a nivel federal como local, por lo que, de esta forma, se abren las puertas a la participación independiente de los ciudadanos en las contiendas electorales, con los requisitos de ley que aseguren representatividad y autenticidad, con ciertos derechos y obligaciones que sean armónicos con las existentes para los partidos políticos, que garanticen transparencia y rendición de cuentas.

El sustento de todo régimen que se considere democrático es la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, vía la emisión del voto, los partidos políticos, las agrupaciones u organizaciones no gubernamentales y los instrumentos propios de la democracia participativa como la iniciativa popular, el referéndum, plebiscito o la revocación del mandato. El fundamento de la democracia es precisamente el ciudadano, cuyos derechos políticos deben ser promovidos y respetados.

En virtud de ello, la Comisión que dictamina considera que garantizar la coexistencia entre el sistema de partidos y las candidaturas independientes en todo el país no es un tema menor, pues se trata de un derecho democrático establecido por diferentes instancias y acuerdos internacionales entre los que se destacan la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Si bien los ciudadanos mexicanos cuentan ya con el derecho a las candidaturas independientes a nivel federal, la que dictamina coincide con el diputado González Morfín que las candidaturas independientes en el ámbito local, harán posible que los partidos políticos retomen el camino de un mayor y permanente contacto con la sociedad y los ciudadanos, dando cauce a la participación amplia y efectiva de sus propios afiliados, de sus simpatizantes y de todos los que están interesados en participar en ellos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales que suscriben, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de decreto que reforma el inciso e) y adiciona un inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el inciso e) y se adiciona el inciso o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. (...)

(...)

I. a III. (...)

IV. Las Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) a d) (...)

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;

f) a n) (...)

o) Se fijen las bases y requisitos, para que en las elecciones, los ciudadanos soliciten su registro para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular.

V. a VII. (...)

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a dieciséis de abril de 2013.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Raymundo King de la Rosa, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Angulo Parra (rúbrica), secretarios; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Míriam Cárdenas Cantú, Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Espinosa Cházaro, Fernando Zárate Salgado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple con la declaratoria de publicidad.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega (a las 15:49 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 18 de abril, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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