Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 300 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:17 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputada ¿con qué objeto?

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández(desde la curul): Presidente, quisiera aprovechar la ocasión muy rápidamente para compartir con mis compañeros que el 19 de abril fue el Día Mundial de la Bicicleta, y quiero mencionarlo porque es el transporte más democrático. Si me permite, quisiera tomar un minuto para hacerlo, señor presidente, ¿puedo continuar? Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De ninguna manera. Vamos a dejar la bicicleta para el ratito. Vamos a dejar que la bicicleta ruede...

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (desde la curul): No, no, no...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Nada más permítame un segundo, diputada, seamos serios...

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández(desde la curul): También estoy siendo seria, diputado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Entiendo que el tema es trascedente, pero tenemos un orden del día muy complicado. Su dicho ha quedado de manifiesto, y yo le permito, le pido, le ruego que el biciclo y el monociclo y todos los ciclos, nos los guardemos para en un rato más. Muchas gracias.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández (desde la curul): Podemos ver en una votación nominal.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De ninguna manera. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El diputado Rubén Camarillo Ortega(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado Camarillo, ¿con qué objeto?

El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): Quiero hacer uso de la palabra, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo escucho desde su espacio. Lo escucho desde su espacio, por favor.

El diputado Rubén Camarillo Ortega(desde la curul): Desde tribuna, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pase usted a la tribuna.

El diputado Rubén Camarillo Ortega: Gracias, señor presidente. Vengo, compañeras y compañeros, a hacer uso de la tribuna para denunciar un hecho que me parece muy grave, y que espero que con lo que expongamos éste no se consume.

El día de hoy, si ustedes revisan la Gaceta Parlamentaria, que fue publicada hasta ayer por la noche, no aparece ningún dictamen para hacer declaratoria de publicidad que tenga que ver con el tema de la Ley del Seguro Social, y súbitamente —súbitamente como una bola rápida que se pretende pasar aquí en el Congreso— aparece hoy una nueva Gaceta, y curiosamente en el cuarto lugar de la declaratoria de publicidad de los dictámenes aparece dicho dictamen. Déjenme decirles dónde está la gravedad.

Voy a plantear dos temas, uno quiero dirigírselo al señor presidente de la Mesa Directiva, decirle, señor presidente, que después de conocerlo durante muchísimos años en esta labor legislativa le tengo un profundo respeto y ese respeto conlleva a la obligación y la responsabilidad que tiene el presidente de la Mesa de hacer que se cumpla el Reglamento de esta Cámara de los Diputados.

Si usted acepta, señor presidente de la Mesa Directiva, que se le dé declaratoria de publicidad a este pretendido dictamen, estará y se estará violando de manera flagrante nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados; por lo cual le solicito, señor presidente de la Mesa Directiva, que se atienda al oficio que fue dirigido a su persona como presidente de la Mesa, por parte del presidente de la Comisión de Hacienda de esta Cámara de los Diputados.

Segundo. Decirles, no he visto, no ha llegado el diputado Beltrones, pero sé que lo que yo diga sus compañeros, sus correligionarios se lo van a hacer saber. Le quiero decir al diputado Beltrones, si esa es la forma, si ese es el parlamentarismo que durante muchísimos años él promovió cuando fuimos compañeros en el Senado de la República.

Él decía cuando estábamos en el Senado, que había que siempre poner la práctica parlamentaria, el consenso por encima del disenso y siempre desde la posición, diputado Beltrones, usted pidió de nuestra parte la mayor de las consideraciones.

El día de hoy, señor Beltrones, lo que está haciendo la bancada del PRI con la convocatoria que hicieron ilegal, ilegítima los secretarios de la Comisión de Hacienda, lo único que están probándose a sí mismos es la intolerancia en la que están cayendo.

Qué poco tiempo tuvo que pasar para que veamos estas prácticas que en el pasado, allá en la década de los setenta o de los ochenta hacía el Partido Revolucionario Institucional, cuando era mayoría en esta Cámara y una mayoría absoluta.

Segundo y último —y con esto termino—. Decirles, no es que no estemos de acuerdo con el contenido de esa Ley del Seguro Social, es más, les podemos anticipar que vemos muchas bondades en ella. Lo que no podemos nosotros comprometer es lo que se ha discutido en una mesa, que es justamente el Pacto por México.

Qué bueno que ya llegó el diputado Beltrones, a quien respeto, pero que le tengo que decir hoy de frente y directamente: diputado Beltrones, esto no se vale, no se vale; esto que están haciendo hoy, esta bola rápida, este atropello al presidente de la Comisión de Hacienda, es una falta grave, una falta que nos indigna y que si ustedes quieren vernos a nosotros como sus compañeros legisladores, lo primero que merecemos es su respeto.

¿Quién va a ser el próximo presidente de comisión? Les pregunto a mis compañeros del PRD, ¿cuál va a ser el siguiente presidente que sea sometido, que sea suplantado por una mayoría que pretende imponer su ley a costa de cualquier cosa? Así las cosas no van a caminar en la Cámara, señor Beltrones.

Los invito, les pido, vengo a convocar a la bancada del PRI, y particularmente a su coordinador, sabedor de las formas y de las prácticas, que durante mucho tiempo le he reconocido, que haga lo que tenga que hacer para que este atropello y esta falta al Reglamento se consume el día de hoy por la declaratoria de publicidad de un dictamen que es ilegítimo y es ilegal. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos en el orden del día, pero el diputado Beltrones tiene el uso de la voz para alusiones personales. ¿Quiere usar la tribuna o desde su espacio? Por favor, sonido.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Le agradezco encarecidamente a mi amigo, el señor diputado, que su referencia sea cotidiana y sobre todo preferente hacia mi persona. No obstante que —además con todo respeto— estoy más que enterado y conozco de la vehemencia de su oratoria, quisiera hacer la reflexión de que el debate puede ser en falso. Para eso existe un Reglamento y una Ley Orgánica, y el Reglamento es sumamente preciso.

Los presidentes de las comisiones merecen para nosotros todo nuestro respeto y por eso es que los hemos votado como presidentes de comisiones. Y ellos nos deben dar a nosotros todo el respeto que nos debemos, sobre todo cuando es necesario que se tenga que convocar a las comisiones para que asuman con responsabilidad lo que voten las mayorías.

Los presidentes de las comisiones son eso, presidentes de comisiones, no dueños de las comisiones; los presidentes de las comisiones son quienes más responsabilidad deben tener en el trabajo legislativo; los presidentes de las comisiones son quienes deben auspiciar que se tomen decisiones por mayoría en cada una de ellas. No caprichosamente ver por su conveniencia, ya sea particular o partidaria.

Hagamos un alto en el camino, reflexionemos. Por más vehemente que sea nuestra participación, completemos nuestro trabajo legislativo, respetando la Ley y el Reglamento. Le agradezco mucho su mención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Agradecido yo, señor diputado Beltrones. Don J. Isabel Trejo, de toda nuestra consideración y afecto, lo escuchamos.

El diputado José Isabel Trejo Reyes(desde la curul): Pido hacer uso de la tribuna, señor presidente, si usted me lo permite.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene usted el uso de la palabra.

El diputado José Isabel Trejo Reyes:Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es lamentable que sucedan este tipo de situaciones en la Cámara de Diputados y entiendo lo difícil del contexto en el que se han tenido que tomar las decisiones en la Comisión de Hacienda. Pero a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda les consta lo escrupulosa que ha sido la Presidencia en su desarrollo desde un inicio, absolutamente abierto al diálogo y absolutamente apegado siempre al Reglamento y a la Ley. Ninguna de mis honorables compañeras diputadas de la Comisión, ninguno de los diputados de la comisión podrá decir lo contrario.

Este tema polémico, difícil, de querer meter una reforma a la Ley del IMSS a navaja limpia en este mismo periodo para que salga, no ha reunido evidentemente los requisitos desde la propia presentación de la iniciativa.

Esta Cámara de Diputados aprobó una Ley de Ingresos, en donde establece con claridad un artículo 29, que cada iniciativa de carácter fiscal tiene la obligación de tener a la misma las repercusiones de carácter fiscal que deben tener todo este tipo de leyes.

Esta iniciativa, presentada por un diputado, por cierto, que ya no está en esta Cámara, que solicitó licencia, que es candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Culiacán y que no hemos podido escuchar su versión de la iniciativa, no iba acompañada por esta petición expresa de la Ley de Ingresos de las repercusiones fiscales.

No hemos criticado nosotros la esencia de la reforma, porque lo hemos dicho con honestidad y con honradez política, que la reforma es necesaria discutirla porque tiene cosas buenas para el país, pero ésta no se ha dado así.

Sin embargo, la Presidencia de la Comisión de Hacienda, que me honro presidir y que atento a lo que ha dicho el señor diputado Beltrones, he sido muy cuidadoso y muy respetuoso, inclusive con su persona y con cada uno de los diputados de la comisión.

Debo decir que dejé constancia. El viernes pasado, 19 de marzo, al señor presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Francisco Arroyo Vieyra —que le ruego me tenga paciencia para escuchar lo que con puntualidad hice saber a la Mesa Directiva y que quiero que quede en el Diario de los Debates de manera expresa y contundente— con fecha 13 de marzo de 2013 —fecha 13 de marzo de 2013— se recibió el oficio número DGPL-62-II-2-498 de fecha 12 de marzo de 2013 de la Mesa Directiva, por el que se turnó en Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Asimismo, con fecha 19 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó mediante oficio a la Comisión de Hacienda, el oficio 62-II-55-97, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Sergio Torres Félix, con las omisiones ya comentadas.

A partir de la recepción, la Comisión de Hacienda y Crédito Público inició con el proceso de análisis y estudio para la elaboración y presentación de los dictámenes de ambos asuntos, de conformidad a lo establecido en los artículos 182 y 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados; se cuenta con un plazo máximo de 45 días, según estos dos artículos, y que en la práctica se han convertido en 45 días hábiles para emitir el dictamen correspondiente, plazo que concluye exactamente el 23 de mayo de 2013, para la iniciativa de reformas a la Ley del IMSS.

Situación que se corrobora con el oficio de solicitud de la Comisión de Hacienda, de fecha 5 de abril de 2013, y acuse de recibo de la misma fecha identificado con el número 340/13 enviado a la atención del maestro Raúl Mejía González, director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, mediante el cual esta comisión solicitó la valoración del impacto presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27.

Repito, 5 de abril de 2013 iniciamos los trabajos formales para dictaminar esta iniciativa enviada por el diputado Sergio Torres Félix; documento que se acompaña —como ya lo hice a la Mesa Directiva— en copia simple a la presente con el propósito de complementar la omisión del proponente y que debería haber considerado en los términos del artículo 29 de la Ley de Ingresos.

La comisión estaba tratando de solventar lo que el diputado omitió, consiguiendo en los órganos de auxilio, de apoyo de esta Cámara de Diputados los impactos financieros que el diputado en su iniciativa no había enviado y lo iniciamos formalmente.

Nunca omitió esta Presidencia cumplir con la responsabilidad, inclusive estamos pidiendo aquellas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. Debería de incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas.

Cabe precisar que al mes de marzo de 2013 esta comisión ha llevado a cabo sus reuniones ordinarias, de acuerdo con las normas establecidas puntualmente, cada mes y, en ocasiones, más de dos o tres veces por mes esta comisión se ha reunido, a convocatoria expresa de la Mesa Directiva, por cierto, y de la Presidencia de la comisión de manera armónica.

No obstante lo anterior, con fecha 15 de abril de 2013 se recibió convocatoria a reunión de trabajo de parte del diputado Jorge Herrera Delgado, secretario de la comisión y suscrita por 10 secretarios integrantes de la Junta Directiva, para desahogar asuntos relacionados con la comisión en materia de la iniciativa pendiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Ley Minera, para llevarse a cabo el día 16 de abril del actual a las 9 horas.

En el citado documento se anexa un orden del día y proyectos de dictamen relativos a los siguientes asuntos ya mencionados. Reunión que se llevó a cabo el 15 de abril por la tarde, en donde los secretarios asistentes aprobaron citar al pleno de la comisión para presentar, discutir y, en su caso, aprobar el dictamen de los asuntos previamente citados.

Al efecto, diputadas y diputados de la Cámara de Diputados, esta comisión debe de precisar lo siguiente.

Primero. Esta Presidencia reitera que esta comisión se encuentra dentro de los tiempos que marca la ley para su actuar, por lo que en ningún momento se actualiza el supuesto establecido en el artículo 151, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el cual se cita la posibilidad de que los secretarios de la Junta Directiva convoquen a reunión para discutir algún asunto de interés de la comisión.

Segundo. La comisión ha procurado cumplir de manera estricta con los plazos establecidos en el ordenamiento legal para convocar como mínimo cada mes a una reunión ordinaria.

Le ruego me permita terminar, señor presidente.

El artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece como plazo para emitir dictamen por parte de la comisión 45 días hábiles, a partir de que se haya recibido por parte de la Mesa Directiva la iniciativa en comento. Dicho plazo se establece en la norma para que todo proyecto sea debidamente discutido por los integrantes de este cuerpo legislativo.

En el caso de los proyectos de decreto que ocupan la atención del presente oficio, la fecha límite para su discusión y en su caso dictaminación —como se dijo— son: el 17 de mayo para la minera y el 23 de mayo para el Instituto Mexicano del seguro Social.

Esos son los plazos legales establecidos en nuestro Reglamento, señor presidente, como se le hizo saber mediante este oficio.

Y quiero decir claramente, reiterar, que tratamos de subsanar las deficiencias de la iniciativa. Se hablaba del impacto fiscal. El director del IMSS ha dicho que esta iniciativa le va a dar al Instituto Mexicano del seguro Social 3 mil millones. Pero no dijo el director del IMSS que eso tiene un impacto fiscal de casi 900 millones para el erario federal y no se explica que esos 900 millones, que tienen un impacto fiscal, son fondos de los que se reparten a las entidades federativas y a los municipios.

Esas cosas son las que ameritan la discusión con serenidad, independientemente de los vicios en el proceso legislativo.

La comisión intentó solventar todo esto en el debido proceso, señor presidente. Por eso consideramos que este dictamen y este proceso son absolutamente irregulares. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. El diputado Tomás Torres Mercado pidió el uso de la voz, y luego usted y con eso concluimos la lista.

El diputado Tomás Torres Mercado:Le he dicho, no ahora, sino en días previos, con respeto y con el afecto que le tengo al diputado Trejo Reyes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público —y esto no es una infidencia— le he dicho con independencia, mi estimado presidente, de tu posición respecto del contenido de la iniciativa para reformar el artículo 27 y derogar el 32, ambos de la Ley del Seguro Social y gravar con un 5 por ciento la utilidad neta en la actividad minera. Con independencia de la postura del presidente de la comisión y del grupo parlamentario, convoquemos a la reunión de trabajo de comisiones.

Creo que no es pertinente decir que se abuse y menos todavía atribuírselo a un legislador en lo particular, el hecho de que el secretariado de la Comisión de Hacienda, en el marco del Reglamento, de los grupos parlamentarios de Nueva Alianza, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, del PRD, del Partido Verde y del PRI convoquen, en el marco del Reglamento, a una sesión para cumplir con su trabajo. Menos puede cuestionarse el hecho de que los diputados convoquen para cumplir con su tarea.

De manera que no podemos aceptar que haya habido una violación al Reglamento o que haya habido un abuso sobre esta convocatoria. Por supuesto que reconocemos la pluralidad, reconocemos la proporcionalidad que la ley y que la política nos dan para el nombramiento de los titulares de las comisiones, pero —lo digo de la forma más comedida— las comisiones son como la Constitución y la ley lo dice —de la Cámara de Diputados— las comisiones no son de los grupos parlamentarios.

Por eso el Grupo Parlamentario del Partido Verde reitera su postura y su compromiso, al igual que los demás compañeros diputados, de cumplir con nuestra tarea y que abandonemos la indolencia y particularmente que el trabajo legislativo, iniciativas que pueden ser votadas a favor en su contenido, o cuestionadas y votadas en contra, no se conviertan en un factor de chantaje para que el Congreso cumpla con su trabajo.

Me parece —y en ese tono— que al Partido Acción Nacional lo convocaremos a continuar con el debate, que es intrínseco al trabajo legislativo.

Por cierto, solo como información, mencionaría que parece que esta reforma al artículo 27 y 32 a la Ley del Seguro Social fue justamente materia de una iniciativa del Partido Acción Nacional, desde la LVIII Legislatura del Congreso federal. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia, independientemente de la declaración que haga, una vez que venga a la tribuna don Ricardo Mejía, quiere hacer suyas las palabras...

El diputado Ricardo Villarreal García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, que lo escucho.

Del diputado Tomás Torres Mercado, en mérito y reconocimiento al profesionalismo y a la calidad humana y profesional del señor presidente de la Comisión de Hacienda, don J. Isabel Trejo. ¿Con qué objeto, diputado Villarreal?

El diputado Ricardo Villarreal García (desde la curul): Quiero hacer un comentario al respecto, de lo que estamos discutiendo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El uso de la palabra lo tiene Ricardo Mejía, y esta Presidencia anunció que cerraba el círculo de oradores.

El diputado Ricardo Villarreal García(desde la curul): Solo quiero manifestar algo...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdón. Preguntaré si el tema está suficientemente discutido. Tiene usted el uso de la voz.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Me parece muy grave la denuncia que aquí se ha hecho con relación a la publicación hoy, y a la declaratoria de publicidad de este dictamen, y seguramente lo que se pretende es dar la publicidad y pasar inmediatamente a la votación.

Nosotros hemos visto que hay privilegios legislativos para ciertas iniciativas o ciertos dictámenes. Hay reformas constitucionales que se procesan en días, esperamos la del 27 constitucional en unos momentos, y hay también dictámenes que tienen no solo violaciones procedimentales, sino también un trato preferente, o simplemente se archivan cuando ya ha sido declarada la publicidad por parte de esta Cámara, y publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Hay tres dictámenes de la Comisión de Seguridad Social que ya fueron publicados, y por alguna extraña razón no se discutieron en este pleno. Hay ahora una iniciativa que se brinca todos los procedimientos, al margen del contenido del fondo que podemos estar a favor o en contra, pero se están violando repetidamente procedimientos.

Nosotros le diríamos a nuestros amigos del PAN, que es momento, frente a los atropellos, frente a la petición de la renuncia o juicio político de Rosario Robles, que de una vez rompan el Pacto por México; no se puede enojarse de día y contentarse de noche. Es momento de definiciones políticas y se los digo fraternalmente.

Por otro lado, también el día de ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, y aquí veríamos el tema de los presidentes de las Comisiones. Efectivamente, no deben verse como cuotas partidistas, pero tampoco están para ser obsequiosos a ciertas iniciativas que vienen de determinados coordinadores parlamentarios. Las iniciativas de reforma constitucional que manda el Grupo Parlamentario del PRI o que vienen del Pacto por México pasan en pocos días, y todas las demás tienen que dormir el sueño de los justos o esperar que con benevolencia sean consideradas por la Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El día de ayer, por ejemplo, se cometió otra violación procedimental; se aprobó en lo general la reforma del IFAI que modifica el artículo 6o. constitucional, cuando está en curso el tema —concluyo presidente— el tema de la reforma de telecomunicaciones y en ambos, en el dictamen y en la minuta se reforma un mismo apartado B de ese artículo 6o. constitucional.

Nada importó para votar de una vez el tema, violando procedimientos de carácter constitucional, y decían: quién puede estar en contra de la transparencia. Evidentemente nadie estamos en contra de la transparencia, incluso hagamos la transparencia en el mismo Poder Legislativo, les comentábamos, pero no se puede estar atropellando la Constitución y por eso en cuanto a la forma y los procedimientos estamos de acuerdo en lo que aquí se ha denunciado, pero pedimos que se sea congruente, que se sea consecuente con la posición política y que de una vez rompan con el Pacto por México y que de una vez metamos orden al trabajo parlamentario. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está Presidencia, en cuanto se aborde la publicidad o en cuanto se aborde el dictamen, hará una declaración precisa y concreta de este tema que nos ocupa.

(A las 11:47 horas, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de 469 diputadas y diputados)

Pregunte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 23 de abril de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación a dictámenes negativos de proposiciones con punto de acuerdo.

En relación a modificación de turno de proposición.

De la Junta de Coordinación Política

De diputados

En relación a retiro de proposición con punto de acuerdo y de iniciativas con proyecto de decreto.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite acuerdo aprobado por el que exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, incluya en las reglas de operación de los Programas para el Desarrollo Integral de los Pueblos y comunidades Indígenas, los criterios que permitan acceder a dichos programas a este segmento de la población asentada en zonas urbanas del país.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para atender de manera integral el maltrato infantil.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso, relativo a disturbios ocurridos al interior de diversos centros penitenciarios y de readaptación social.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Galia Rabchinsky Krawetz y Jaime Núñez Llanas, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, e informa que el ciudadano Alfredo Merlo Juárez, ha dejado de prestar servicios en la misma.

Con el que envía el Informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondiente al primer bimestre de 2013.

Con el que remite el primer informe trimestral del 2013, sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del presupuesto del fondo de reconstrucción de entidades federativas.

Con el que remite el primer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2013, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía.

De la Secretaría de Salud

Con el que remite el primer informe trimestral 2013 de los programas sujetos a reglas de operación, así como los informes del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en su componente de salud, correspondiente al periodo noviembre-diciembre de 2012, y la información actualizada al cierre de 2012, de los programas : para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, de Atención a Familias y Población Vulnerable, de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de Atención a Personas con Discapacidad, Seguro Médico para una Nueva Generación y Sistema Integral de Calidad en Salud.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio.

De las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.

Dictámenes a discusiónDe leyes y decretos

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con Proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 51, 62, 116 y 139 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612, se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Agenda política

Comentarios relativos al presunto uso de recursos y programas públicos en el proceso electoral en el estado de Veracruz, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, para que agilice los planes y programas contemplados en el Programa Nacional Contra la Sequía, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las autoridades correspondientes, revierta la reserva de la información relacionada con la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la solución del conflicto de la Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Dictámenes a discusiónNegativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 6 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, 28, 28 bis y adiciona un párrafo VIII al artículo 27 y un VII al artículo 96 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 bis 32 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 23, 51 bis1 y 58 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 218 Capítulo III, Titulo Décimo Segundo de la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Dictámenes a discusiónDe puntos de acuerdo

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos Estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del Adulto Mayor.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de Octubre.

De la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos estatales, para que aprueben el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, se establezca el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícitos de gas LP en el país.

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, revisen su legislación civil, a fin de aumentar la edad mínima para que ambos contrayentes puedan contraer matrimonio.

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que designe al Titular del Instituto Mexicano de la Juventud.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Desarrollo Integral de la Familia, constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niñas, niños y adolescentes sin compañía, que sean repatriados de los Estados Unidos de América y se promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de los Estados Unidos de América atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con cinco ciudadanos cubanos.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por conducto de la Procuraduría General de la República, solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al Gobierno de México, de los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las Islas Bermudas a Javier Villareal ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, a garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permita a los ciudadanos, el uso del espacio público con seguridad ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Gobierno y al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, brindar apoyo a los locatarios afectados por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, incorporar en su Programa Nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “Demarcaciones Prioritarias”.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, una opinión en la que se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en relación con la regularización de vivienda de las familias asentadas en el Fraccionamiento Rincón de las Flores en Reynosa, Tamaulipas.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT, Banobras, y Capufe, para eximir del cobro en la plaza 164 por la utilización del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicada en el Km. 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se solicita a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información relativa a las negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a niños expatriados.

De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones adoptar las medidas conducentes para asegurar que se brinde el debido seguimiento de atención de las quejas presentadas por los usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía móvil prestado por la compañía “Telcel” filial de “América Móvil”, el 26 de enero de 2013.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consolidar las áreas de servicio local correspondientes al Estado de Baja California.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos Estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades, a fin de aplicar programas de educación sexual a menores de edad en las escuelas del país.

De la Comisión de Asuntos Frontera Norte, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno de los Estados Unidos de América, destinar un número mayor de elementos en las garitas para agilizar los cruces fronterizos del norte del país.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, para que emprendan las acciones legislativas conducentes, con el objeto de tipificar en su legislación y, conforme a los estándares internacionales en la materia, el delito de desaparición forzada de personas.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, dé seguimiento a la atención de la recomendación 061/2011 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas Locales, para que emprendan las medidas legislativas necesarias tendientes a tipificación del delito de discriminación en su normatividad penal.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, regularice el aprovechamiento de agua, a través de la autorización de concesiones de pozos con títulos vencidos localizados en el estado de Chihuahua.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua promover mediante campañas mediáticas de alta penetración, sistemas de recuperación de agua pluvial y busque intensificar sus Programas de Cultura del Agua.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno Federal, la instrumentación de acciones para atender el desabasto de agua en la Delegación Iztapalapa.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que incremente los programas de prevención de embarazos en mujeres adolescentes.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, Federal y Estatales, para que en coordinación con instituciones públicas y privadas, unan esfuerzos para que a través de caravanas de salud, intensifiquen las acciones de prevención del cáncer de mama.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, establezca un programa permanente para la detección temprana y prevención del Cáncer de Próstata.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH/SIDA, transparenten y argumenten el proceso de dictaminación de la Convocatoria Pública para la implementación de estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante VIH y el SIDA 2013.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de que se limite el uso de productos que contengan bisfenol A en el envasado de alimentos.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, emita el decreto correspondiente, a fin de que el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí, sea reconocido y clasificado como “Hospital Regional de Alta Especialidad”.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, evalúe, intensifique y perfeccione las campañas enfocadas a la detección temprana de la hipertensión arterial entre la población susceptible de padecer esta enfermedad.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y a los Gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, intensifiquen las acciones para la prestación de servicios de atención médica integral de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo relativos a la cancelación del registro de endosulfán en México, en cumplimiento del Convenio de Estocolmo.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobernador y a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, atiendan de forma prioritaria el problema de insuficiencia renal crónica que presentan los habitantes de la Región Oriente del Estado de Michoacán.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, difunda a través de una campaña masiva de comunicación, el uso de condón femenino y lo distribuya gratuitamente.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de los Criterios para las inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Aguayo López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6° de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o.º y 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 58, 63, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 231 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 25 y 149 de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Fernando Charleston Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 8o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 y adiciona los artículos 19 Bis y 19 Ter a la Ley de Migración, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 221-B a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 7o. y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 25, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis 4 a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 37 y 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 65, 66, 67 y 69 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Economía Social y Solidaria, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 153-T de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 233 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado José Luis Flores Méndez, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Consuelo Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por el diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 182-I del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 129, 130, 199 y 202 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 48 y 57 de la Ley General de Educación y 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 y 50 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35, 49, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, y suscrita por el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Segundo Transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77 Bis 31 y 77 Bis 32 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Coordinación y Control de las Instituciones de Asistencia Social y Responsables de la Tutela de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón y suscrita por la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 y adiciona un artículo 22 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario

Que reforma el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 16 y 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 31 y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier López Zavala y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Población. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 43 Bis y reforma el artículo 56 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 Constitucional, en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, a cargo de la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6º y 8º del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 48 y 49 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 224 y 226 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sener, de la Semarnat y de Pemex, para que establezcan en la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, un nuevo artículo transitorio en el cual se fije una nueva fecha para la distribución del Diesel de Ultra Bajo Azufre (UBA) en todo el territorio nacional, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para el fortalecimiento de la Cuenca del Río Balsas, a cargo de la diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, instruya a la Sedesol, para que cancele los acuerdos de la cruzada nacional contra el hambre con las empresas monopólicas en el sector alimentario, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, para que destine los recursos para los planes de manejo de las barrancas de la demarcación, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que establezca el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que se otorgue seguridad social a los trabajadores bajo el régimen contractual de confianza u honorarios, que prestan sus servicios profesionales a esta Soberanía, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat, para que a través de la Conapred, realice las acciones conducentes en beneficio del Parque Nacional “Barranca del Cupatitzio”, a cargo de la diputada Socorro de la Luz Quintana León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que se investigue la expedición de placas metálicas apócrifas de identificación y para que los diputados se abstengan de usarlas, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que las decisiones sobre las dos líneas del Tren Suburbano, se enmarquen en un Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque de manejo integral de la Región Hídrica Texcoco-Zumpango o Anáhuac, para logar un aprovechamiento sustentable de la Cuenca, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade, para que realice las acciones necesarias para prevenir la violencia en los espectáculos deportivos, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al caso de cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, desaparecidos en días recientes en la Ciudad de Monclova, Coahuila, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE, para que establezca tarifas de bajo costo al cobro de energía eléctrica en Mexicali, Baja California, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que por medio del IMSS, tenga disponible el tratamiento de Hormona Estimulante de Tiroides, y a la Secretaría de Salud, para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, realice las acciones pertinentes a fin de priorizar dentro del Fondo de Gastos Catastróficos, la atención del Cáncer de Tiroides, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera y suscrita por la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, Federal y del estado de Baja California, para que se establezcan acciones de prevención y atención de la enfermedad denominada Rickettsia, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que se impulsen políticas transversales a fin de atender las propuestas emitidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, de la CNDH, referentes a la situación de las niñas, niños y adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango, para que den cumplimiento a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano y convoquen al Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana de La Laguna, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que las entidades federativas aumenten su coordinación operativa y los recursos financieros destinados para enfrentar y contrarrestar los incendios forestales en territorio nacional, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Efeméride

Con motivo del 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:  En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dieciocho de abril de dos mil trece, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con diez minutos del jueves dieciocho de abril de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que informa que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaría. De conformidad con el artículo ciento ochenta, numeral dos, fracción segunda del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

b) De los diputados:

• Enrique Alejandro Flores Flores, del Partido de Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, reforma el artículo doscientos diecisiete del Código Penal Federal, y deroga los artículos sesenta y seis, setenta y uno, y setenta y tres, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, presentada el veintisiete de septiembre de dos mil doce.

• Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, por la que solicita el retiro de los registros de la Comisión de Desarrollo Social de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el cuatro de diciembre de dos mil doce.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita el retiro de los registros de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, de iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley del Seguro Social, presentada el dieciocho de diciembre de dos mil doce.

• Erick Marte Rivera Villanueva, del Partido de Acción Nacional, por la que solicita el retiro de los registros de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto Transitorios de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo Séptimo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, presentada el once de diciembre de dos mil doce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación, por la que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Martín Enrique Torres Lara, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Estonia, en la Ciudad de Tampico, con Circunscripción Consular en el estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

La Presidencia informa a la Asamblea que el ciudadano Juan Isidro del Bosque Márquez, diputado federal electo en el Décimo Quinto Distrito Electoral, del estado de Veracruz, se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones, designa una comisión para acompañarlo en el acto de rendir protesta de Ley, mismo que se lleva a cabo y entra en funciones.

d) De la Cámara de Senadores, con la que remite Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes de la Comisiones:

a) De Deporte, con proyecto de Ley General de Cultura Física y Deporte.

b) De Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos ochenta y seis, ochenta y siete, ciento treinta y tres, doscientos noventa y dos, trescientos noventa y cinco, mil seiscientos doce, y se derogan los artículos ochenta y ocho, ciento cincuenta y siete, doscientos noventa y cinco, trescientos noventa y cuatro, mil seiscientos trece, y mil seiscientos veinte del Código Civil Federal.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En su oportunidad y desde su curul el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, hace comentarios sobre el Orden del Día. El Presidente hace aclaraciones.

Se somete a discusión el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que reforma la fracción tercera del artículo quinientos treinta de la Ley Federal del Trabajo. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; José Arturo López Candido, del Partido del Trabajo; Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México; Ramón Montalvo Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; y Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional.

A las once horas con cincuenta y un minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y cinco diputadas y diputados.

Se concede el uso de la palabra a la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al proyecto de decreto, que en votación económica se admite a discusión, y de la misma forma se aprueba y pasa a formar parte del dictamen. Sin oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, el proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo quinientos treinta de la Ley Federal del Trabajo. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Desde sus respectivas curules, diputadas y diputados realizan comentarios con relación a la denuncia en contra del Gobierno Federal y del Gobierno de Veracruz por la presunta utilización de recursos públicos en la entidad. Paticipan en relación con la propuesta de modificar el Orden del Día los diputados: Víctor Serralde Martínez, del Partido de Acción Nacional; José Alejandro Montano Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional; María Guadalupe Moctezuma Oviedo, y María del Socorro Ceseñas Chapa, ambas del Partido de la Revolución Democrática; Juan Bueno Torio, del Partido de Acción Nacional; Fernando Charleston Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; Roberto López González, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Rodríguez Doval, del Partido de Acción Nacional; Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática; Humberto Alonso Morelli, del Partido de Acción Nacional; Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Luis Alberto Villarreal García, del Partido de Acción Nacional, en dos ocasiones; Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; y Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente hace aclaraciones y en votación nominal por doscientos veintitrés votos a favor; y doscientos treinta y cuatro en contra, no se acepta la modificación del Orden del Día.

Se continúa con la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de áreas marinas protegidas. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Cristina Olvera Barrios. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene la diputada María Concepción Navarrete Vital, del Partido Revolucionario Institucional.

A las doce horas con cuarenta y ocho minutos el Presidente declara un

Receso

A las catorce horas, con trece minutos se reanuda la sesión.

Se continúa con la votación nominal, y por cuatrocientos treinta y ocho votos a favor; y dos abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de áreas marinas protegidas. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) De Puntos Constitucionales:

• Que reforma el artículo treinta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Julio César Moreno Rivera. Se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a los diputados:

– Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

– Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presenta propuesta de modificación al proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Se concede el uso de la palabra para intervenir en contra del dictamen al diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos cuarenta y ocho votos a favor; noventa y cuatro en contra, y diez abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular, en los términos del dictamen, el proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las Legislaturas de los Estados, para los efectos del artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

La Presidencia saluda a nombre de la Cámara de Diputados, al diputado René Núñez Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua y Presidente del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y del Caribe (FOPREL).

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• Que adiciona la fracción vigésima novena-r al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Julio César Moreno Rivera. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática. A discusión en lo general y en lo particular, interviene en pro del dictamen el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos treinta y nueve votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona la fracción vigésima novena-r, al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que reforma el inciso e) y adiciona un inciso o) a la fracción cuarta del artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Julio César Moreno Rivera. Para fijar postura de sus grupos parlamentarios intervienen los diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; y Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática. Se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al proyecto de decreto, que en votación económica se somete a discusión, de la misma forma se aprueba, y pasa a formar parte del dictamen. A discusión en lo general y en lo particular, interviene en pro del dictamen el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos veintiún votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular con la modificación aceptada por la Asamblea, el proyecto de decreto que reforma el inciso e) y adiciona un inciso o) a la fracción cuarta del artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Puntos Constitucionales, que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de mil novecientos trece, correspondiente al primer año de ejercicio de la Legislatura, al ciudadano Jacobo Zabludovsky Kraveski.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de haberse cumplido con la declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de mil novecientos trece, correspondiente al primer año de ejercicio de la Legislatura, al ciudadano Jacobo Zabludovsky Kraveski. Sin oradores registrados en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos cincuenta y dos votos a favor; dieciséis en contra y veintisiete abstenciones. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo relativos a iniciativas y minutas con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Trabajo y Previsión Social:

• Que reforma la denominación del Título Quinto y los artículos ciento veintisiete, ciento sesenta y ocho y ciento sesenta y nueve de la Ley Federal del Trabajo.

• Que reforma el artículo quince de la Ley Federal del Trabajo.

• Que adiciona los artículos Tercero y Cuarto Transitorios, al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil seis, por el que se reforma el artículo setenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo.

b) De Comunicaciones, que adiciona una fracción séptima bis al artículo cuarenta y cuatro de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

c) De Trabajo y Previsión Social, que adiciona el artículo Tercero Transitorio al diverso que reforma el artículo setenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil seis.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Por lo que se refiere a las Minutas, se devuelven al Senado para los efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a la gestión y operación CENDI “Antonia Nava Catalán”. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento cincuenta y tres-B de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos ciento noventa y nueve Quintus del Código Penal Federal y ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos trescientos treinta y seis, y trescientos treinta y seis Bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley General de Víctimas y abroga la vigente. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley General del Seguro Universal de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Alliet Mariana Bautista Bravo, del partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

· José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Blanca Estela Gómez Carmona, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a revisar las variables consideradas para indicar rezago social, toda vez que su aplicación ha perjudicado económicamente a las localidades del municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, a nombre propio y del diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a las instancias correspondientes en las entidades federativas con procesos electorales, para que divulguen la información relativa a delitos electorales e implementar acciones que eviten la manipulación, compra o coacción del voto. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• José Everardo Nava Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, realice los estudios pertinentes para que a partir del dos mil catorce, se permita reclasificar del área geográfica “B” a la “A”, a los municipios del estado de San Luís Potosí. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Merilyn Gómez Pozos, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Jalisco para que se congele la tarifa del transporte público hasta que no se materialicen las reformas para la mejora del mismo. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Luis Armando Córdova Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que a través de las secretarías de educación de los estados, promueva la implementación de medidas disciplinarias que propicien el aprendizaje bajo la sana convivencia, la dignidad y el respeto de las y los alumnos y el personal docente y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Auditoría Superior de la Federación para que vigilen la implementación de los recursos asignados por parte de la Federación, asimismo, para que se realice una auditoría a la administración del Delegado de la Comisión Nacional del Agua, en el estado de Tabasco, debido a constantes irregularidades. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen, y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para opinión.

• Adriana Hernández Iñiguez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a expedir y promulgar en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

El Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes veintitrés de abril de dos mil trece, a las once horas y levanta la sesión a las dieciséis horas con veinticinco minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Ricardo Anaya, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Anaya Cortés(desde la curul): Para solicitarle, presidente, instruya a la Secretaría dar lectura al artículo 146, numeral 4, del Reglamento.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si me permite, si a usted le parece correcto, acabamos de pasar esta parte procesal del inicio de la asamblea del pleno. Tendremos oportunidad de abordar el asunto cuando se declare la publicidad y cuando tengamos la posibilidad de que el dictamen esté en conocimiento del pleno.

Le rogaría, abusando de su generosidad —que sé que es mucha— nos permitiera el desarrollo de la sesión.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los cuales fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes Comisiones:

Derechos Humanos

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, en especial las relacionadas con los homicidios violentos y las desapariciones forzadas

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar el indulto al ciudadano Alberto Patisthán Gómez

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores a acatar con responsabilidad en representación del Estado mexicano el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco

Recursos Hidráulicos

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se hace un llamado a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de municipios del área metropolitana a efecto de que los recortes de agua en Semana Santa sean los menos posibles y los que se den sean de manera equitativa en todas las colonias

Salud

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto en el que se declare el 9 de mayo como Día “Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, a fin de establecer en la agenda nacional una estrategia encaminada a combatir la mortalidad materno-infantil y estimular la difusión de los programas de prevención y atención oportuna en la materia

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar por la Secretaría de Salud las acciones de vigilancia y control para que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan las disposiciones legales aplicables

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una política multisectorial para combatir el sobrepeso y la obesidad, con base en el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer un programa de vacunación contra el virus del papiloma humano

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

A. El 11 de abril de 2013, la diputada Regina Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo en la que solicita que se exhorte “...al titular del Poder Ejecutivo federal emita el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”.

B. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La finalidad del punto de acuerdo planteado por la proponente, es que esta Cámara de Diputados exhorte al presidente de la República para que emita el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Su pretensión la motiva en los antecedentes y las consideraciones siguientes:

A. Antecedentes

1. La diputada proponente da cuenta que la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se publicó el 14 de junio de 2012. Asimismo, hace mención de la omisión en que incurrió el titular del Ejecutivo federal desde el 12 de septiembre de ese año, al no publicar el Reglamento de ésta.

2. Adicionalmente, la legisladora Vázquez Saut relata el crecimiento del índice delictivo de estas conductas antijurídicas en diversas entidades federativas del país y contrasta el escaso número de averiguaciones previas iniciadas por tales delitos.

3. La proponente cita cifras de las personas adultas que cada año en nuestro país son víctimas de esos delitos y pone especial énfasis en la cantidad de niños que lamentablemente padecen la misma situación.

4. Adicionalmente, la diputada indica que el crecimiento de este ilícito representa grandes ganancias para la economía informal y precisa que, para mal de nuestro país, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la comisión de este delito, sólo por detrás de Tailandia, ya que se han detectado al menos 47 redes dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.

B. Consideraciones

1. La proponente cita a los expertos Pilar Tavera y Fernando Dworak, quienes coinciden en señalar que ante la ausencia de un reglamento, las disposiciones contenidas en la ley se tornan inoperantes, ya que en el primero es donde se contienen los mecanismos que posibilitan al ciudadano ampararse en la ley materia del mismo, otorgándole certeza jurídica sobre los procedimientos que habrá de seguir.

En este orden de ideas, la legisladora señala la gravedad que representa la omisión de la expedición del Reglamento materia de la proposición, máxime cuando nuestro país ratificó el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, el cual entró en vigor desde el 29 de septiembre de 2003.

2. Señala que en razón de que México es un país de origen, transito y recepción de migrantes, dicha situación contribuye a aumentar la vulnerabilidad de millares de personas para ser víctimas del delito de trata, ya sea con fines de explotación laboral, sexual o de tráfico de órganos y en ese tenor, resalta el carácter impostergable de crear el reglamento que permita la operatividad de la ley en la materia, armonizando, de manera integral, la normatividad mexicana con las disposiciones internacionales.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

A. Razones por las que se desecha la proposición con punto de acuerdo

En ocasión anterior, este órgano legislativo ya se manifestó sobre la necesidad de dar plena vigencia a lo establecido en la ley general citada y estimó como fundamental, que el Ejecutivo federal, los Congresos Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal –ALDF- cumplan con el contenido de la misma; el primero, publicando el reglamento de dicho cuerpo jurídico y, los segundos, armonizando su legislación con base en dicho ordenamiento legal.

En ese sentido, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en fecha 13 de diciembre de 2012, el dictamen presentado por esta comisión con acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a la brevedad publique el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como para exhortar a los congresos locales y a la ALDF a armonizar su legislación con base en este ordenamiento jurídico, recaído a la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el pasado 27 de septiembre de 2012.

En virtud de lo anterior, y pese a que esta dictaminadora coincide plenamente con los argumentos vertidos por la legisladora Vázquez Saut, se desecha su proposición con punto de acuerdo, debido a que con antelación este órgano colegiado aprobó un dictamen que contiene idéntico acuerdo al que plantea, que desde el pasado diciembre fue aprobado por el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, realizándose el exhorto correspondiente al Ejecutivo federal, por lo cual su petición ha quedado sin materia.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los presentes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto por la que se solicita que se exhorte al Titular del Ejecutivo federal para que emita el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentada por la diputada Regina Vázquez Saut del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido.

Nota:

1 Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal para que publique el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a armonizar su legislación con base en ese ordenamiento jurídico.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica en abstención), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, en especial las relacionadas con los homicidios violentos y las desapariciones forzadas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. El 11 de abril de 2013, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013.

Esta proposición con punto de acuerdo fue suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del mismo grupo parlamentario.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó esa proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

El punto de acuerdo tiene como propósito que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Gobernación (Segob) a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, en especial, las relacionadas con los homicidios violentos y las desapariciones forzadas.

III. Consideraciones

El promovente del punto de acuerdo que se dictamina señala las siguientes consideraciones:

1. El pasado 8 de abril del año en curso, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación y Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, en el marco de la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

2. La agenda tiene el “objetivo de que en el nuevo diseño de planeación democrática del país, el gobierno de la república considere su contenido (a partir) de un diagnóstico sobre la situación que prevalece en materia de derechos humanos, por lo cual contiene 79 recomendaciones, orientadas a prevenir, atender y corregir las violaciones a los derechos humanos, en temas tales como; seguridad pública, justicia, grupos en riesgo de violencia y vulnerabilidad, así como derechos económicos, sociales culturales y ambientales”.

3. Apunta el promovente que “la CNDH, así como las comisiones a nivel estatal, han recibido un mayor número de quejas relativas a “los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la tortura, los cateos ilegales, los homicidios y las desapariciones forzadas”, esto como resultado de la estrategia en contra de la violencia y el narcotráfico emprendida en el sexenio pasado”.

4. Agrega el diputado Mejía Berdeja que la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, señala que la CNDH “cuenta con un registro de 48 mil 300 personas reportadas como desaparecidas en el periodo 2005-2012 y un total de 48 mil 750 homicidios violentos”.

Mientras que la Secretaría de Gobernación cuenta con un subregistro de personas desaparecidas, “...pues de acuerdo a la información proporcionada por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón ...la dependencia cuenta con un registro de 26 mil 121 personas desaparecidas. ...Estos datos muestran una marcada diferencia con los dados a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo que es menester (...) saber con exactitud el número de personas que se encuentran en situación de desaparecidas y las investigaciones realizadas hasta el momento.

5. Señala también que “del total de reportes de personas desaparecidas, 24 mil 91 tienen la calidad de personas extraviadas; 15 mil 921 son personas fallecidas no identificadas y 726 fueron víctimas de desaparición forzada o involuntaria”.

6. En ese contexto, el promovente refiere que la CNDH fija que “la desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. El Estado es el primer obligado a combatirla, y desde el momento en que éste deja de reconocer su responsabilidad en los hechos o se niega a proporcionar información para la localización de las víctimas, conocer su suerte o destino final, se actualiza una violación de lesa humanidad que afecta sustancialmente la integridad, seguridad, libertad y vida de las personas”.

7. Derivado de lo antes expuesto, el diputado Ricardo Mejía refiere que la CNDH propone en la agenda de referencia los siguientes tres puntos:

a. Impulsar acciones para adecuar el marco jurídico interno a fin de garantizar la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada, legislando en los ámbitos federal y estatal.

b. Formar a los servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia, a efecto de que realicen una investigación eficaz de los casos, se sancione a los responsables y se repare el daño a las víctimas.

c. Crear una base de datos debidamente sistematizada y actualizada que permita la centralización y actualización de información estructurada e interrelacionada de los registros sobre personas desaparecidas en nuestro país.

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos, después de haber realizado un análisis exhaustivo de los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo sujeta a análisis, emite el presente dictamen en sentido negativo, fundada en las siguientes consideraciones

A. El objetivo de la Agenda de Derechos Humanos de 2013, en el marco de la consulta nacional para la elaboración e integración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Como bien apunta el diputado promovente, en el marco de la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la CNDH, por conducto de su presidente, presentó ante el secretario de Gobernación y de la titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013.

Al respecto cabe señalar que en dicho documento, se determina que la CNDH presenta “esta propuesta de agenda nacional, que contiene un catálogo en varios puntos a considerar, principalmente, datos relevantes sobre violaciones a derechos humanos en diversos ámbitos, cometidas por servidores públicos del Estado mexicano, en el periodo comprendido del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2012 ...con el objetivo de que en el nuevo diseño de planeación democrática, el gobierno de la República, por una parte, adecue sus acciones y estrategias a la reforma constitucional de derechos humanos promulgada en 2011, de respuesta a las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ...y establezca políticas públicas orientadas a la prevención de violaciones a los derechos humanos...”(el subrayado es nuestro).

Aunado a lo anterior, el presidente de la CNDH al entregar la referida agenda, refirió que lo hacía “en el marco de la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con el objetivo de que el gobierno considere su contenido”.

En ese contexto, es claro que la presentación de la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013 responde a un propósito específico: que el Ejecutivo federal considere su contenido, a través de la dependencia competente, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Lo anterior considerando lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que determina que, de acuerdo con la ley, el Ejecutivo establecerá “los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”.

De tal forma, la ley de la materia determina en su artículo 2o. que “la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. De manera que para su formulación, entre otras cosas, en términos del artículo 20 de la Ley de Planeación, deberá consultarse a la población para que exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas que de él se deriven.

De ahí la justificación de convocar a foros de consulta o, como en el caso que nos ocupa, recibir las propuestas concretas que tengan como propósito la integración del contenido del plan que deberá precisar los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, así como las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines y determinará los instrumentos y responsables de su ejecución.

Considerando lo anterior, las recomendaciones y datos contenidos en la referida Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013 se inserta en ese marco de consulta y no persigue otro objetivo, que ser un instrumento de consulta y apoyo en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

B. Sobre la dependencia competente para elaborar e integrar el Plan Nacional de Desarrollo y su observancia por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el Plan Nacional correspondiente.

De igual manera, la Ley de Planeación determina, por una parte, que la SHCP coordinará las actividades de la Planeación Nacional del Desarrollo, y elaborará el Plan Nacional tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la perspectiva de género. Por otra parte, señala que las dependencias intervendrán en la elaboración del plan en las materias que les competan.

De lo anterior se desprende lo siguiente:

Primero. La precisión de la dependencia a la que se faculta para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, esto es, quien deberá integrarlo conforme a los principios y lineamientos señalados en la normatividad aplicable. En este caso, la SHCP.

Segundo. La intervención que corresponde a las dependencias y entidades públicas en la formulación del plan, de acuerdo con la materia que les competa conocer.

Así entonces, la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013 que contiene propuestas para ser consideradas en la formulación del Plan Nacional se entregó al titular de la Secretaría de Gobernación por ser ésta la dependencia a la que corresponde atender lo concerniente a derechos humanos, pero no lo relativo a definir el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no puede plantearse que por ese hecho, la Secretaría de Gobernación deba atender dichas recomendaciones porque éstas están orientadas a servir como referencia en la formulación de los objetivos, líneas de acción, estrategias y metas que habrán de definirse en el Plan Nacional de Desarrollo y que marcarán la pauta para la formulación de políticas públicas que, hasta ese entonces, sí deberán ser atendidas por cada una de las dependencias y entidades federales.

De tal forma, lo que corresponde a la Secretaría de Gobernación es entregar a la de Hacienda y Crédito Público dicho documento.

C. Sobre el contenido de la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013

Aunadas a las consideraciones anteriormente señaladas, cabe mencionar que la referida agenda contiene propuestas en rubros como desarrollo y seguridad humana, salud, educación, acceso al agua, laboral, atención a grupos vulnerables, seguridad pública y justicia. Esa integración, resulta coincidente con la finalidad que persigue su formulación: contribuir a la integración del Plan Nacional de Desarrollo.

De tal forma, se estima no puede exhortarse a la Secretaría de Gobernación a atender, en lo general, las recomendaciones de la CNDH establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, porque no todas ellas se enmarcan dentro del ámbito competencial de la misma, de manera que esa propuesta rebasaría su esfera de atribuciones y haría que jurídicamente y en un marco de legalidad, fuera imposible atenderlas.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos, somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, en especial las relacionadas con los homicidios violentos y las desapariciones forzadas, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica en contra), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica en contra), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica en contra), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica en contra), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica en contra), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica en contra), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar el indulto al ciudadano Alberto Patisthán Gómez

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2013, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó ante el Pleno de esta Cámara, Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que se otorgue el indulto al ciudadano Alberto Patisthán Gómez.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis, discusión y dictamen.

I. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La finalidad del punto de acuerdo que se dictamina consiste en exhortar al Ejecutivo Federal, para que se otorgue el indulto al ciudadano Alberto Patisthán Gómez, indígena tzotzil.

El diputado inciante sustenta proposición con base en los siguientes argumentos:

El profesor Alberto Patishtán Gómez, de familia indígena tzotzil y activista político de Chiapas, es una víctima paradigmática de violación sistemática de los derechos humanos consagrados en nuestro texto constitucional y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.

El profesor tzotzil ha purgado una pena de 13 años de prisión en forma injusta e inhumana en un penal de San Cristóbal de las Casas y en distintas prisiones del país al ser acusado por una emboscada en que murieron siete policías, pero que a decir de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas “la defensa demostró su inocencia”, como lo declaró públicamente el gobernador Juan Sabines Guerrero, hace más de dos años. El motivo de su prisión, señalan diversas organizaciones de derechos humanos es por motivos políticos.

La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó por mayoría su incompetencia para analizar el Incidente de reconocimiento de inocencia presentado por el profesor Alberto Patishtán, puesto que no reunía los requisitos de interés y trascendencia necesarios para entrar a su análisis y el expediente se devolvió a un Tribunal de Circuito de Chiapas, para su resolución definitiva.

El proyecto de resolución fue presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero y avalado por el ministro Arturo Zaldívar, que consideraban que bajo el contexto de la reforma constitucional en derechos humanos y de diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, las pruebas que sustentaron la sentencia del profesor Patishtán carecen de validez.

Por las graves irregularidades en el proceso, sentencia y riesgos a su vida e integridad del caso también fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2010, por violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

II. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

La facultad discrecional del indulto se halla estatuida por el artículo 89, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este indulto es el conocido como “por gracia”.

La procedencia del indulto se encuentra reglamentada en el Código Penal Federal que en su artículo 94 precisa que el indulto “no puede concederse, sino de sanción impuesta en sentencia irrevocable” Se desprende, entonces, que sólo en el supuesto de que la sentencia haya causado estado, que haya adquirido la calidad de cosa juzgada, es procedente éste.

En el presente caso, no nos encontramos en la hipótesis normativa prevista en la ley sustantiva penal, tampoco la adjetiva correspondiente prevé la procedencia del mismo.

En el caso que nos atañe, según se desprende de la información proporcionada por el diputado proponente, así como por la información que la Comisión de Derechos Humanos se ha hecho llegar en el presente caso no existe aún la calidad de cosa juzgada. El pasado 6 de marzo de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de votos (3 a favor, 2 en contra) que no podía reasumir su competencia originaria para conocer del reconocimiento de inocencia planteado en el asunto y, por tanto, ordenó que se devolvieran los autos al tribunal colegiado de origen (Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez) para los efectos legales conducentes.

El tribunal colegiado, hasta el momento no ha emitido su resolución definitiva por lo que el asunto aún no adquiere la calidad de cosa juzgada y, el indulto no es procedente.

Se demuestra, por tanto, la improcedencia jurídica de la petición sujeta a consideración de esta Comisión de Derechos Humanos. No obstante, cabe realizar algunas precisiones en el presente dictamen.

La labor del Congreso de la Unión no es la de pronunciarse sobre el fondo de los casos sujetos al conocimiento del Poder Judicial, de ninguna forma correspondería esta función en un Estado constitucional, democrático y de derecho en el que la plena división de poderes se garantiza.

Emitir un exhorto al titular del Poder Ejecutivo para que otorgue el indulto a un ciudadano sería ir más allá de lo que corresponde realizar a este cuerpo legislativo, se estaría prejuzgando, labor esta que no corresponde al Poder Legislativo sino al guardián de la constitucionalidad, al Poder Judicial.

Aun y cuando existan recomendaciones de otros órganos  u organizaciones (como Amnistía Internacional), este cuerpo legislativo sólo se podría pronunciar en el sentido de que fueran aseguradas todas las garantías procesales y que fueran tomadas en consideración todas las circunstancias contextuales (políticas, económicas, sociales y culturales) que el caso amerita. Desafortunadamente, no ha sido esta la posición del diputado proponente y, conforme a derecho, es que jurídicamente resulta ser improcedente su propuesta planteada.

Además, existe ya una decisión de nuestro máximo tribunal de justicia en el que se determinó no reasumir la competencia originaria para conocer del caso y remitir el expediente al tribunal colegiado de origen para que se pronuncie definitivamente, por lo que en aras de garantizar la pena independencia del Poder Judicial y de sus fallos, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión no puede pronunciarse a favor de la proposición con punto de acuerdo que motiva el presente dictamen.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal, para que se otorgue el indulto al ciudadano Alberto Patisthán Gómez, presentada por el diputado Carlos de Jesús Alejandro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Nota:

1 Expediente 9/2012, Reasunción de competencia. Ministro turnado: Olga María del Carmen Sánchez Cordero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica en contra), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica en contra), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica en contra), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica en contra), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica en contra), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica en abstención), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica en contra), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores a acatar con responsabilidad en representación del Estado mexicano el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. El 20 de marzo de 2013, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para que, en representación del Estado mexicano, acaten con responsabilidad el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco.

Esta proposición con punto de acuerdo fue suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del mismo grupo parlamentario.

2. El 21 de marzo de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó esa proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

El punto de acuerdo en comento tiene como propósito que la Cámara de Diputados exhorte a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores para que, en representación del Estado mexicano, acaten con responsabilidad el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco.

III. Consideraciones que expone el promovente

El diputado Mejía Berdeja refiere en su propuesta que en mayo próximo se cumplirán siete años desde aquél en que ocurrieron los incidentes acontecidos en San Salvador Atenco, estado de México.

Sobre esos hechos cita que “el 3 de mayo del 2006, inspectores y policías municipales del ayuntamiento de Texcoco impidieron a vendedores de flores instalarse afuera del mercado municipal. Las comerciantes pidieron apoyo a los pobladores de Atenco ...y que al día siguiente (4 de mayo) se integró un operativo conjunto en el que participaron 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal (2 mil 515 elementos) para ocupar la población de Atenco, donde de acuerdo con la CNDH se violaron derechos humanos de 209 personas y se lesionó y torturó a otras 206 personas, al tiempo que se provocaron agresiones y violaciones sexuales en contra de 26 mujeres...”.

Añade que luego de siete años de recorrer las diferentes instancias mexicanas sin encontrar justicia, el caso Atenco llegó hasta la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde dicho asunto se litiga desde 2008.

Sobre ese particular, el promovente señala que:

“1. En la primera de las audiencias públicas, realizada en Washington, sede del organismo de la Organización de los Estados Americanos, la representación del Estado mexicano encabezada por Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, expresó “la voluntad del gobierno mexicano de resolver este asunto con una solución amistosa conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reglamento de la CIDH.

2. Ante los comisionados Tracy Robinson, Rosa María Ortiz y Rodrigo Escobar, relator de la CIDH para México, los representantes del Estado mexicano (y) los abogados de las víctimas ...Limón aseguró que la administración del actual gobierno de la República, cuenta con “un marco jurídico adecuado, en particular con la Ley General de Victimas, que establece los parámetros para trabajar de manera conjunta en la construcción de esta vía”.

3. La posibilidad de dar “solución amistosa” a lo ocurrido en Atenco, fue también respaldada por el subsecretario de asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Manuel Gómez Robledo, “quien informó que de 2006 a 2009, 21 casos sometidos a la CIDH se resolvieron por la solución amistosa. Y pidió a los comisionados su colaboración para concretar esa vía y reparar a las víctimas, de conformidad con la (sic) estándares de los derechos humanos y de conformidad con la Ley General de Victimas”.

Expresa el diputado promovente, con relación a la propuesta planteada por las autoridades mexicanas, que la misma es una ofensa para las víctimas de los hechos ocurridos en Atenco, porque después de casi 7 años que se les ha negado el acceso a la justicia y a la reparación del daño (...) han tenido que recurrir a instancias internacionales como la CIDH.

Agrega que ante ese “ofrecimiento del Estado, once mujeres agredidas sexualmente durante el operativo de mayo del 2006 se negaron a aceptar la solución amistosa propuesta ...por lo que de acuerdo al reglamento de la CIDH se tendrá que proceder a un litigio y una eventual sentencia contra el Estado mexicano para hacer justicia a las víctimas y reparar los daños”.

Precisa que esa negativa se planteó en los términos siguientes:

No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos seis años no sólo una incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia, máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional sino también se sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco.

Al final de sus consideraciones, el diputado Mejía señala que “el Estado mexicano debe responder con responsabilidad ante la CIDH y acatar las resoluciones que de este litigio deriven...”.

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos, después de haber realizado un análisis exhaustivo de los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo sujeta a examen, emite el presente dictamen en sentido negativo, no sin antes expresar que sus integrantes comparten la convicción de que deben protegerse y respetarse por el Estado mexicano, en todo momento, los derechos humanos de las víctimas de los sucesos acontecidos en San Salvador Atenco.

La negativa a dicha proposición se fundada en las siguientes consideraciones,

Primera. Es notorio que el Estado mexicano está al tanto de la denuncia presentada ante la Corte Interamericana por las mujeres que cita en su proposición el diputado Mejía. Ello es así porque el 14 de marzo del año en curso, en sesión pública se presentó el testimonio de las víctimas del caso y asistieron en representación del Estado mexicano Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Manuel Gómez Robledo Subsecretario de asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En ese escenario y con base en las prevenciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que así lo determinan, el Estado mexicano a través de sus representantes manifestó su interés de llegar a una “solución amistosa” en el conflicto planteado ante la CIDH, tal como ha acontecido, de acuerdo con el Subsecretario de asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 21 casos presentados ante dicha instancia. Ello con la finalidad de dar solución al caso.

De tal manera, se evidencia que las autoridades mexicanas atienden el asunto en cuestión de acuerdo con la fase en que se encuentra ante la CIDH.

Segunda. La propuesta de solución presentada por las autoridades mexicanas responde a la opción que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé para ese fin, de manera que su planteamiento de ninguna manera puede entenderse como una burla a las víctimas, ya que se trata de una figura adoptada por la comunidad internacional para emplearse precisamente en conflictos sometidos a la jurisdicción de la CIDH, porque constituye una herramienta cuyas ventajas son:

1. Ofrece un escenario para el diálogo entre Estados y presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos.

2. Posibilita que los términos de todo arreglo a que se llegue, sean acordados de manera conjunta por las partes.

3. Permite, por su flexibilidad, el acercamiento de las partes.

4. Reduce los trámites y facilita el proceso para las partes involucradas.

5. No es arbitrario ni tampoco se deja a la voluntad de las partes el cumplimiento de lo acordado, sino que existen procesos de supervisión llevados por la propia Corte.

Tercera. Sumado a lo anterior, cabe mencionar que el planteamiento propuesto por el Estado Mexicano para solucionar de manera amistosa el caso, también se encuentra dentro de la normatividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 40 de su Reglamento que a la letra señala:

Artículo 40. Solución amistosa

1. La comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de ellas a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.

2. El procedimiento de solución amistosa se iniciará y continuará con base en el consentimiento de las partes.

3. Cuando lo considere necesario, la comisión podrá encomendar a uno o más de sus miembros la tarea de facilitar la negociación entre las partes.

4. La comisión podrá dar por concluida su intervención en el procedimiento de solución amistosa si advierte que el asunto no es susceptible de resolverse por esta vía, o alguna de las partes no consiente en su aplicación, decide no continuar en él, o no muestra la voluntad de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos. (El subrayado es nuestro)

5. Si se logra una solución amistosa, la comisión aprobará un informe con una breve exposición de los hechos y de la solución lograda, lo transmitirá a las partes y lo publicará. Antes de aprobar dicho informe, la comisión verificará si la víctima de la presunta violación o, en su caso, sus derechohabientes, han dado su consentimiento en el acuerdo de solución amistosa. En todos los casos, la solución amistosa deberá fundarse en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.

6. De no llegarse a una solución amistosa, la comisión proseguirá con el trámite de la petición o caso.

Considerando lo anteriormente referido, resulta claro que la solución amistosa se presenta como una opción a la que podrán o no acceder las partes en atención a sus intereses y, es ahí, precisamente donde se inserta la situación que se presentó en la audiencia del 14 de marzo en la cual las victimas decidieron no aceptar esa proposición de solución amistosa.

Por lo tanto, se proseguirá con el caso y eventualmente se llegará a una resolución por parte de la CIDH. Supuesto éste en el que inevitablemente tendrá que cumplirse lo mandatado por la Corte, tal como ha sido reconocido por nuestro máximo tribunal, al señalar:

...

Debe emitirse una declaración acerca de la posible participación del Poder Judicial de la federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos.

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la República hizo del conocimiento general la declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de forma tal que los Estados Unidos Mexicanos reconoció, en forma general y con el carácter de obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de dicho órgano jurisdiccional sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Este reconocimiento de la jurisdicción de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos implica que existe la obligación de los Estados Unidos Mexicanos de cumplir con la decisión de ese órgano jurisdiccional, toda vez que constituye un Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que así lo ha manifestado expresamente.

Deberá definirse qué obligaciones concretas le resultan al Poder Judicial de la federación y la forma de instrumentarlas.

...

La resolución antes mencionada derivó en la tesis siguiente:

Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano fue parte en el litigio. El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella.

Ahora bien, es oportuno observar que en la proposición que se dictamina se plantea exhortar a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores para que acaten con responsabilidad el litigio derivado del caso Atenco, sin embargo, un procedimiento no es algo que se pueda acatar; éste se sigue de acuerdo a las distintas etapas que lo integran y, conforme se agotan, el juzgador se va allegando de medios de convicción para emitir una resolución.

De tal forma, lo que sí se acata, porque debe cumplirse y obedecerse, es una sentencia. Así, mientras ésta no se emita no habrá nada que deba acatarse.

Cuarta. Se estima que la propuesta formulada por parte de los representantes del Estado mexicano no tiene en absoluto la intención de ocultar u omitir responsabilidades frente a los hechos alegados. Todo lo contrario, en aras de hacer efectivos los derechos de las víctimas, se propone el arreglo para no alargar más el azaroso camino seguido por ellas.

Quinta. Se ha señalado que, en el caso que aborda la proposición planteada, han transcurrido muchos años sin que se obtenga respuesta; sin embargo, esto no es imputable directamente al Poder Ejecutivo pues en respeto al principio de división de poderes, el análisis, seguimiento y resolución de los procedimientos corresponde a otros órganos.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para que, en representación del Estado mexicano, acaten con responsabilidad el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Resolución dictada por el pleno en el expediente varios 912/2010; emitida el 7 de septiembre de 2010, considerando segundo.

2 P. LXV/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. 160482 1 de 4. (TA); Décima Época; Pleno; SJF y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Página 556.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica en contra), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica en contra), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica en contra), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica en contra), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica en abstención), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica en contra), Roberto López Suárez (rúbrica en contra), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica en contra), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica en contra), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se hace un llamado a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de municipios del área metropolitana a efecto de que los recortes de agua en Semana Santa sean los menos posibles y los que se den sean de manera equitativa en todas las colonias

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se hace un llamamiento a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de Municipios del área metropolitana, para que los recortes de agua en semana santa sean los menos posibles y los que se den, sean de manera equitativa en todas las colonias.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 45, numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral I, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

El día 20 de marzo de 2013, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se hace un llamamiento a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de Municipios del área metropolitana, para que los recortes de agua en semana santa sean los menos posibles y los que se den, sean de manera equitativa en todas las colonias.

2. Con fecha 1 de abril de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó con el Oficio No.: D.G.P.L. 62-II-1-0785, Expediente Número 1627, la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 4 de abril del año 2013, la junta directiva de esta comisión se reunió y dentro de los asuntos del orden del día se abordó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en mención.

Recibido el asunto, quienes integramos esta comisión, procedimos al estudio del siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo introduce al tema en comento refiriendo que el abasto de agua potable a lo largo y ancho del país, representa uno de los más grandes retos de gobierno, ya que por un lado la demanda de la población respecto del líquido va en aumento, y por el otro la cantidad de agua que envían los organismos de cuenca a los Estados y al Distrito Federal cada vez es menor, a esto debemos sumarle las grandes cantidades de liquido que se desperdician por fugas, tanto en domicilios particulares como en instalaciones de la red pública, el mal uso de la misma, entre otras, así como la temporada de estiaje y la falta de lluvias.

Se menciona que debido a que no existe una política equitativa en el reparto del agua, la Ciudad de México recibe en promedio 9 metros cúbicos por segundo de agua potable proveniente del sistema Cutzamala, cantidad que es insuficiente para garantizar mínimamente el consumo personal y domestico a todos los habitantes del Distrito Federal, siendo los que viven en el oriente de esta Ciudad los más perjudicados, teniéndolos en una situación inhumana, ya que reciben agua potable por periodos de hasta 2 meses y en aquellas ocasiones en las que reciben, ésta muchas veces no es apta para el consumo humano.

Asimismo se alude que a pesar de ello, la Comisión Nacional del Agua prevé para el próximo periodo de Semana Santa, una reducción en el suministro de agua para el Distrito Federal y Municipios del área Metropolitana, lo cual condicionará el reparto de agua por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y organismos operadores de municipios del área metropolitana, agravando con esta determinación la calidad de vida de aquellos seres humanos, que no son dotados de manera regular del agua.

Argumenta que es injustificable, que la Comisión Nacional del Agua reduzca por reducir el abasto de agua a la Ciudad de México, soslayando que al día de hoy no se cumple lo dispuesto por el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente reformado por este Congreso.

Artículo 4o.,párrafo sexto, de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines (sic).

Con base en lo anterior, el diputado propone:

Único.Se hace un llamamiento a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de municipios del área metropolitana, a que los recortes de agua en Semana Santa sean los menos posibles y que, si se dieran recortes, que sean de manera equitativa en todas las colonias.

Después del análisis del contenido de la proposición con punto de acuerdo, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

Tal y como lo aborda el diputado proponente, los impactos del desabasto de agua en determinadas zonas de la Ciudad de México, tiene consecuencias en diversos ámbitos de manera perjudicial, entre ellos el económico, salubre, social, cultural, además de otros.

Si bien es cierto que dentro de las causas del desabasto se encuentra la del trabajo y mantenimiento de los suministros, también lo es que efectivamente, éstos en su mayoría afectan siempre a las mismas partes de la Ciudad de México y zona metropolitana, por lo que debe tomarse en consideración llevar a cabo las medidas necesarias para que éstas partes de la población no se vean afectadas en su estilo de vida reiteradamente y llegar a alguna manera justa de privación de los servicios de agua en diferentes tiempos.

Ahora, la intención del promovente radica en hacer un llamamiento a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de municipios del área metropolitana, a que los recortes de agua en Semana Santa sean los menos posibles y que, si se dieran recortes, que sean de manera equitativa en todas las colonias, sin embargo, la Proposición con Punto de Acuerdo en mención fue entregada a esta Comisión el día 1º de abril del presente año, por lo que resulta improcedente hacer tal llamamiento toda vez que para el día en que esta Comisión inició el estudio de dicha Proposición, ya habían concluido la vacaciones de Semana Santa.

No obstante ello, el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a la población el 27 de marzo del presente año, a cuidar el agua porque durante esta época de estiaje se anticipa desabasto en algunas zonas de la Ciudad, por lo que se reduciría el suministro de agua proveniente del sistema Cutzamala a la Ciudad de México en un 100 por ciento, pues se realizarían trabajos de mantenimiento cuando hay fines de semana largos o vacaciones y en esta ocasión, se haría la colocación de tubos en una sección paralela, debido a que este tipo de mantenimiento no se había realizado en 10 años, lo que significaba que no habría agua en aquellas próximas 57 horas, a partir del jueves hasta la noche del domingo. Habría además 441 camiones tipo pipa que abastecerían de agua potable las diferentes delegaciones, por lo que invitó a la ciudadanía a hacer uso racional del agua. Dijo que su administración sigue trabajando en la reparación de tuberías para evitar las fugas del líquido.

Por lo que de manera institucional y pensando siempre en el bien de la sociedad, se previno a la Ciudadanía de los cortes de agua que se presentarían en las citadas fechas.

Por lo anterior, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se hace un llamamiento a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de Municipios del área metropolitana, para que los recortes de agua en semana santa sean los menos posibles y los que se den, sean de manera equitativa en todas las colonias.

Segundo. Archívense el expediente correspondiente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil trece.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), presidente; J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Jorge Terán Juárez (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino, Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto en el que se declare el 9 de mayo como Día “Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, a fin de establecer en la agenda nacional una estrategia encaminada a combatir la mortalidad materno-infantil y estimular la difusión de los programas de prevención y atención oportuna en la materia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente:

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 19 de marzo de 2013, la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal.

2. El 20 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y Dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto, exhortar al Titular del Ejecutivo Federal para establecer en específico una fecha anual que recuerde y comprometa a la sociedad a fomentar la cultura de la Salud materna y perinatal, que sea un referente base de las acciones tomadas por los diferentes integrantes del crucigrama social para fortalecer, incrementar y crear programas, estrategias y compromisos en la materia.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4°:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fracción XLII, del artículo 27, se establece la facultad de la Secretaría de Gobernación para fijar el calendario oficial.

“Artículo 27.-A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

XLII. Fijar el calendario oficial; y

...”

Tercera. Dentro de la exposición de motivos, el promovente hace mención que gran cantidad de muertes maternas que han ocurrido en México, pudieron prevenirse a través fortalecimientos de Programas Gubernamentales promovidos en la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, dependencias estatales, Asociaciones Civiles y organizaciones del sector privado que en conjunto pueden establecer las bases de una campaña nacional enfocada en erradicar o disminuir en la medida de lo posible la mortalidad materna o las enfermedades derivadas de un incorrecto manejo de la salud durante el embarazo, parto y puerperio.

No se puede negar que acciones y programas relevantes como “Arranque parejo en la vida”, la “Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México” y el “Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción” han sido un claro ejemplo de la preocupación que existe por parte del gobierno mexicano en este tema, pero se debe reflexionar sobre la eficiencia de las acciones emprendidas y las implicaciones de quedar en conformidad con los avances obtenidos a sabiendas de que se puede hacer mucho más por la salud materna en México.

No se debe pasar por alto que México suscribió el compromiso de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en 2015, deberá de presentar resultados sobre el actuar del gobierno en su conjunto para la solución de los problemas en materia de salud materna.

Por lo anterior, el promovente considera necesario dedicar en específico una fecha anual que recuerde y comprometa tanto a la sociedad como a los actores políticos, fomentar la cultura de la Salud materna y perinatal, una fecha que sea el referente base de las acciones tomadas por los diferentes integrantes del crucigrama social para fortalecer, incrementar y crear programas, estrategias y compromisos en la materia.

Cuarta. En cuanto a lo que se refiere a que el dedicar una fecha anual recuerde y comprometa a los actores tanto políticos como a la sociedad en fomentar la cultura de la Salud materna y perinatal, es de considerarse que la Salud materna y perinatal es un tema que requiere atención, prevención y difusión.

Es cierto que un número considerable de las mujeres de la sociedad mexicana, carecen de la información necesaria sobre la atención y prevención que deben llevar durante su embarazo, parto y puerperio.

Desde aproximadamente los años 50´s, la Organización Mundial de la Salud ha venido celebrando el Día Internacional de la Salud, esto con el propósito de que centrar la atención cada año en temas importantes que atañen a la sociedad mundial en su Salud, destacando cada año un tema prioritario según las estadísticas. Sin embargo, el objetivo de este día es brindar la difusión y atención a todos los temas que competen a la Salud, por lo que dentro de este se considera la Salud materna y perinatal.

Por otra parte, se ha ido tomando como base para atender al fomento de la Salud materna y perinatal, el Día de la Madre, el cual se celebra cada 10 de mayo, esta fecha se ha considerado como un punto de partida para la difusión, campañas, foros, entre otros en el tema.

Por lo anterior, es que la Comisión dictaminadora, considera que hoy en día la Salud materna y perinatal se encuentra considerada dentro de dos fechas importantes en el calendario no solo Nacional, y que se encuentra totalmente vinculada con dichas fechas, por lo que no se estima necesario la creación de un día en particular.

Quinta. En relación a establecer una fecha anual como Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, para que sea referente base de las acciones para fortalecer, incrementar y crear programas, estrategias y compromisos en la materia, si bien es cierto que algunos de los días festivos se han tomado como referencia para promover campañas, foros y diversos métodos de difusión sobre el tema que se trate, también es cierto que no son una forma exclusiva de hacerlo.

El promovente tiene razón en que gran parte de las mujeres mexicanas que han tenido la oportunidad de embarazarse, han enfrentado diversos problemas dentro del embarazo, parto o puerperio, por situaciones que pudieron haberse prevenido o controlado si se hubiese llevado una atención médica a tiempo.

Hoy en día hace falta que la sociedad tome conciencia de lo que implica la Salud materna y perinatal, ya que muchas mujeres acuden a la atención de su embarazo hasta que se presenta una emergencia o bien están a punto de parir, por lo que se requiere que no solo se tome una fecha de referencia para promover o difundir acciones en la materia, sino que de un trabajo constante que genere la alfabetización en las mujeres mexicanas de cuidar su salud.

Por lo anterior, es que esta Comisión es partidaria de buscar y promover acciones que generen un trabajo diario, esto puede ser a través de programas que atiendan la Salud materna y perinatal.

Sexta.Esta Comisión considera que el Punto de Acuerdo en estudio es inviable, toda vez que no se considera necesario exhortar al Titular del Ejecutivo Federal a la creación de un día para la atención y fomento de la Salud materna por estar considerado dentro del día de la Salud y día de la Madre. Asimismo, no se considera que una fecha sea un referente de fortalecimiento, incremento y/o creación de programas, estrategias y compromisos en materia de Salud.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto en el que se declare el 9 de mayo como “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, con la finalidad de establecer una estrategia, dentro de la agenda nacional, encaminada a combatir la mortalidad materno-infantil e incentivar la difusión de los programas de prevención y atención oportuna en esta materia, presentada por la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, el 19 de marzo de 2013.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar por la Secretaría de Salud las acciones de vigilancia y control para que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan las disposiciones legales aplicables

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen del punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción del punto de acuerdo en el que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

Con fecha 2 de abril de 2013, la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, intensifiquen las acciones de vigilancia y control, a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan con las disposiciones legales aplicables

Con misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el asunto a la Comisión de Salud, para dictamen.

III. Contenido de la propuesta

Único.Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud para que intensifique las acciones de vigilancia y control, a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan con las disposiciones legales aplicables para garantizar la sensibilidad y especificidad de las mastografías en todo momento. Asimismo, para que en cumplimiento del numeral 15.1.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, se difunda mediante la página web de la Secretaría y/o a la vista del público en los establecimientos, los resultados del monitoreo y la evaluación de las instituciones privadas y públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud.

IV. Consideraciones

Primera. El cáncer es la enfermedad del siglo 21. Una de las principales causas de muerte en mujeres en edad madura hasta la vejez es el cáncer; y dentro de estos tumores malignos, se destacan el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Corresponden hasta el 35% de las enfermedades neoplásicas en las mujeres.

Es de reconocer la alta mortalidad que estas enfermedades refleja en la población femenina. En dos años la mortalidad por cáncer de mama en México se incrementó, de acuerdo con datos del INEGI y de la Secretaría de Salud, al pasar de 10.8 a 16.7 decesos por cada 100 mil mujeres del 2009 al 2011. En México diariamente se registran alrededor de 14 muertes por esta causa. Es decir, cada 2 horas fallece una mujer mexicana por Cáncer de Mama. Una de las razones por las que fallecen tantas mujeres es que 70 por ciento de los casos se detecta en etapas tardías, cuando el tumor ya se diseminó a otros órganos.

Como causa de muerte, el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino muestran una clara distribución geográfica diferenciada: el primero, se presenta primordialmente en el centro y norte del país, mientras que el cáncer-cérvico-uterino afecta mayormente en los estados del sur y sureste de México.

Los 10 estados con mayores tasas de mortalidad por cáncer de mama son del centro y norte del país: Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Tamaulipas, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Coahuila, mientras que 7 de los 10 estados con menores tasas se encuentran en el sur y sureste: Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Chiapas, Yucatán, Campeche, Morelos y Hidalgo.

Segunda.Las pruebas y exámenes de detección tienen el propósito de encontrar una enfermedad, como el cáncer, en las personas que no tienen ningún síntoma. La detección temprana significa usar un método que permita el diagnóstico más temprano de cáncer de seno.

Los tumores cancerosos del seno que se encuentran porque causan síntomas tienden a ser más grandes, y tienen más probabilidades de haberse ya extendido más allá del seno. En cambio, los que se encuentran durante los exámenes de detección suelen ser más pequeños y estar aún confinados al seno. El tamaño y la extensión del cáncer de seno son algunos de los factores más importantes para establecer el pronóstico (expectativa) de una mujer que padezca esta enfermedad.

La mayoría de los médicos cree que las pruebas de detección temprana para el cáncer de seno salvan miles de vidas cada año, y que muchas más pudieran salvarse si un número aún mayor de mujeres y sus doctores aprovecharan dichas pruebas. La observación de las guías de la Sociedad Americana Contra El Cáncer para la detección temprana del cáncer de seno aumenta las probabilidades de que esta enfermedad se pueda diagnosticar en una etapa temprana y que se pueda tratar con éxito.

La detección del cáncer de mama consiste en examinar las mamas (senos) de una mujer para detectar la posible presencia de células cancerosas antes de que aparezcan los primeros síntomas o signos de la enfermedad. Hay tres tipos principales de pruebas para detectar el cáncer de mama, que son:

• Mamografías. Es una radiografía de las mamas. Las mamografías son el mejor método de detección temprana del cáncer de mama, cuando todavía el tumor no ha crecido demasiado, no se han manifestado los síntomas y aún es fácil de tratar. Hacerse una mamografía de forma habitual puede reducir el riesgo de morir de cáncer de mama.

• Examen clínico de mama. Un examen clínico de mama es un examen mediante el cual un médico o una enfermera palpan la mama para detectar la posible presencia de bultos u otras alteraciones.

• Autoexamen de mamas. El autoexamen de seno o de mamas es cuando la misma persona se palpa las mamas para detectar posibles bultos, cambios en el tamaño o la forma de la mama o cualquier otra alteración en las mamas o debajo de los brazos (axilas).

Los exámenes clínicos de mama y los autoexámenes no han demostrado reducir el riesgo de morir de cáncer de mama. Actualmente la mejor forma de descubrir el cáncer de mama es mediante una mamografía.

Sin embargo, también tienen sus limitaciones. Una mamografía puede pasar por alto algunos cánceres, y puede conducir al seguimiento de hallazgos que no son cáncer.

Las recomendaciones de la Sociedad Americana Contra el Cáncer en referencia a la detección oportuna del cáncer de mama son las siguientes: Las mujeres de 40 años en adelante deben hacerse una mamografía al año y deben  continuar haciéndose este examen mientras estén en buen estado de salud. Las mujeres de 20 a 39 años de edad deben someterse a un examen clínico de los senos como parte de un examen de salud periódico, realizado por un profesional de la salud preferiblemente cada 3 años. A partir de los 40, deben someterse a un examen clínico de los senos realizado por un profesional de la salud cada año. A partir de los 20 años de edad, el autoexamen de los senos es una opción para las mujeres. Se debe orientar a las mujeres sobre los beneficios y las limitaciones del autoexamen de los senos. Las mujeres deben reportar a sus médicos o enfermeras cualquier cambio en sus senos lo antes posible.

Las mujeres que tienen un alto riesgo (riesgo durante la vida mayor de 20%) deben someterse a una imagen de resonancia magnética (RM) junto con una mamografía cada año. Las mujeres con un riesgo incrementado de forma moderada (riesgo durante la vida del 15 al 20%) deben hablar con sus doctores sobre los beneficios y las limitaciones de agregar un estudio de detección con RM a su mamografía anual. La prueba de detección con RM anual no se recomienda en mujeres cuyo riesgo de cáncer de seno durante la vida sea menor al 15%. Si se utiliza una imagen por resonancia magnética (RM), debe hacerse en conjunto con, y no en sustitución de, una mamografía de detección. Esto se debe a que mientras la RM es una prueba más sensible, aún podría no detectar algunos cánceres que  la mamografía sí detectaría.

La Sociedad Americana contra el Cáncer considera que el uso de mamografías, imágenes de resonancia magnética (en mujeres de alto riesgo), exámenes clínicos de los senos, así como encontrar y reportar pronto cualquier cambio en los senos, de acuerdo con las recomendaciones que se describen anteriormente, ofrece a las mujeres la mejor oportunidad de reducir el riesgo de morir de cáncer de seno. Este enfoque es claramente superior a cualquier otro examen o prueba individual.

Sin duda alguna, el examen físico de los senos sin una mamografía no permitiría detectar muchos tumores cancerosos que son demasiado pequeños para que la mujer o su médico los pueda palpar, pero que pueden observarse en las mamografías. La mamografía es un método de detección sensible, aunque un pequeño porcentaje de los tumores cancerosos de los senos no se ven en este estudio, pero pueden ser palpados por la mujer o por su doctor. Se debe de estar consciente de que las mamografías se hacen para encontrar cánceres que no se pueden palpar.

Tercera. La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002 es una herramienta legal publicada en 2003 que establece criterios de operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

Como toda NOM, es de observancia obligatoria en el país y, en este caso, aplica al personal de salud, profesional y auxiliar de los sectores público, social y privado que brindan atención médica.

La NOM-041 reconoce 3 tipos de intervenciones específicas para la detección del cáncer, la autoexploración, el examen clínico y la mastografía. Establece que los factores de riesgo son: ser mujer mayor de 40 años, historia personal o familiar de cáncer de mama, obesidad, patologías benignas de mama y otros asociados con factores hormonales.

Se recomienda la autoexploración mensual a partir de la menarca, el examen clínico de las mamas (realizado por médico o enfermera capacitados) en forma anual a todas las mujeres mayores de 25 años que asisten a las unidades de salud, y la toma de mastografía, anual o cada dos años a las mujeres de 40 a 49 años con dos o más factores de riesgo, y en forma anual a toda mujer de 50 años o más, de existir el recurso.

La NOM-041 también establece requisitos para el equipo de mastografía, consistentes con los requeridos por la NOM-229-SSA1-2002. Esta norma, de cumplimiento obligatorio desde 2006, establece las especificaciones técnicas para equipos de diagnóstico médico con rayos X. Entre otros, establece los requisitos para equipos que se utilicen para obtener mamografías, señala las pruebas de control de calidad, y describe el programa de garantía de la calidad que debe implementarse para asegurar la calidad del servicio. La vigilancia del cumplimiento de esta NOM corresponde a la Secretaría de Salud.

Cuarta.Una mamografía no puede demostrar que un área anormal es cáncer. Para confirmar si hay presencia de cáncer, se debe extraer una cantidad pequeña de tejido y examinarse con un microscopio. Esto se conoce como biopsia.

Las mamografías no son estudios perfectos que siempre detectan el cáncer de seno. En mujeres con senos densos, las mamografías no son tan eficaces, porque los senos densos pueden ocultar un tumor. Los senos densos son más comunes en mujeres que son más jóvenes, mujeres embarazadas, y mujeres que están lactando a sus bebés, aunque cualquier mujer puede tener los senos densos. Esto puede ser un problema para las mujeres jóvenes que tienen un alto riesgo de cáncer de seno ya que presentan un mayor riesgo de padecer cáncer de seno a una edad más temprana.

Sólo de dos a cuatro de cada 1,000 mamografías de detección conduce a un diagnóstico de cáncer.

Este método no es perfecto, pero es fiable para detectar un tumor en la mama, llegando hasta el 70% de nivel de dicha sensibilidad, es decir, que puede detectar con seguridad 7 de cada 10 tumores. Sin embargo, puede llegar a haber hasta un 30% de casos en los que la prueba dice que no hay enfermedad y sin embargo sí existe realmente.

La especificidad de la mamografía para el cáncer de mama es cercana al 80%, y significa la capacidad para detectar específicamente esa enfermedad y no otra.

Ante todo esto, resulta inadecuado descargar el peso del proceso de diagnóstico en una herramienta que no es cien por ciento confiable y puede tener sus falsos positivos o falsos negativos. El llegar al diagnóstico de cualquier patología conlleva un proceso de historia clínica, exploración física, solicitud oportuna e interpretación de resultados de apoyo diagnóstico de laboratorio y gabinete. Una vez compilados los datos obtenidos de estas herramientas, se puede llegar definitivamente a un diagnóstico acertado, y con esto, al tratamiento óptimo.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Resolutivo

Primero. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, intensifiquen las acciones de vigilancia y control, a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan con las disposiciones legales aplicables

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una política multisectorial para combatir el sobrepeso y la obesidad, con base en el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 2 de abril de 2013, Gloria Bautista Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal.

2. El 3 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Salud, para el análisis y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Oficina de Presidencia de la Republica se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una política pública multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad, tomando como base el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria y enfatizando las siguientes acciones:

• Disminución del consumo de bebidas azucaradas, tales como refresco y jugos.

• Regulación del etiquetado frontal de los alimentos.

• Regulación de la publicidad dirigida a niños en medios masivos de comunicación, como la televisión, radio y otros.

• Promoción de una alimentación saludable y equilibrada en las escuelas públicas y privadas de todo el país.

• Mayor acceso al agua potable en espacios públicos y escuelas.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.La Secretaría de Salud reconoce que el sobrepeso y la obesidad, son conocidos actualmente como uno de los retos más importantes de salud pública en el mundo, dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece, debido a que aumenta significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, 71.2 por ciento de los adultos mexicanos sufre de sobrepeso y obesidad; lo que nos coloca, en el segundo lugar en obesidad a nivel mundial y en el primer lugar en el caso de las mujeres, según la Organización Mundial de la Salud.

El sobrepeso y la obesidad tienen una alta incidencia en enfermedades como diabetes y cáncer, así como en diversas enfermedades crónicas no transmisibles, mismas que ocasionan 8 de cada 10 muertes en el país. Según los datos del Inegi (Causas de defunción, 2010), la diabetes es la segunda causa de muerte en México, responsable de más de 80 mil fallecimientos al año, con un aumento de 33 por ciento en el último sexenio. A su vez, el cáncer ocasiona 70 mil muertes al año y es la segunda causa de mortalidad infantil.

Ahora bien, según el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria de 2010, el costo total del tratamiento de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad casi se duplicó entre 2000 y 2008, incremento de 35 mil a 67 mil millones de pesos; y se estima que dicho gasto aumentará a 151 mil millones de pesos en 2017.

El mismo documento señala además, que el costo indirecto estimado por la pérdida de productividad por muerte prematura provocada por la obesidad fue de 25 mil millones de pesos en 2008, con un crecimiento anual de 13.51 por ciento.

Tercera. Dentro de la exposición de motivos, el promovente hace mención que en México el sobrepeso y la obesidad se han convertido en uno de los principales factores de riesgo para la salud de la población y para el propio sistema de salud pública. Por ello es fundamental incluir la atención de estos temas mediante una estrategia o una política pública multisectorial que incluya el ejercicio verdadero del derecho a la alimentación y la promoción de ambientes saludables en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, para el periodo 2013-2018.

Si este problema no se soluciona mediante adecuada planeación nacional y sectorial, Políticas Públicas y programas integrales de alimentación adecuada y sana así como de prevención y disminución de los factores obesogénicos, este costo alcanzará los 73 mil millones de pesos en 2017, afectando a aproximadamente 68 mil familias por año.

La obesidad incide además en altos costos de atención médica y en el aumento de incapacidades en todas las edades. Comparado con una persona de peso normal, las que tienen sobrepeso gastan 36 por ciento más en servicios de atención médica y 77 por ciento más en medicamentos.

Por otra parte, las personas con obesidad mórbida o severa mueren entre 8 y 10 años antes que aquellas con un peso equilibrado. Con cada 15 kilogramos extra de peso, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares aumenta en 30 por ciento, lo que representa un gasto más para los servicios de salud pública.

Cuarta. En cuanto a lo que se refiere a exhortar al Ejecutivo federal para que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una política pública multisectorial para el combate del sobrepeso y la obesidad, es de importancia comentar que la Cámara de Senadores el 4 de abril de 2013 aprobó exhorto de urgente resolución para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluya la política referida.

Este exhorto se establecen como principales líneas de acción la disminución del consumo de bebidas azucaradas, como refresco y jugos, la regulación del etiquetado frontal de los alimentos y de la publicidad dirigida a niños en medios masivos de comunicación, como radio y televisión, entre otros.

De igual forma, se busca promover una alimentación saludable y equilibrada en las escuelas públicas y privadas.

Quinta. Aunado al punto anterior, es importante hacer mención que el mandatario del país, el pasado 3 de abril anunció una estrategia nacional para la prevención y control de la obesidad y la diabetes en el país, lo anterior se desprende de varios medios de comunicación que se encontraron presentes en el momento, por referir a uno, el periódico El Informador, del cual se desprende lo que a continuación se transcribe:

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció una estrategia nacional para la prevención y control de la obesidad y la diabetes en el país, aunque sin fijar plazos para ello.

...

Aseguró que tomará las medidas “más efectivas” de acuerdo con la evidencia científica para hacer frente tanto a la obesidad como a la diabetes.

...

La estrategia contra estos dos males debe incluir “el fomento de estilos de vida y hábitos de alimentación saludables, la generación y rescate de espacios para la actividad física, la capacitación del personal de salud y el fortalecimiento de la atención primaria”.

Tras reconocer que México vive una “situación compleja” en salud pública por la fragmentación del sector, el uso ineficaz de recursos y la saturación de los servicios, señaló que su política está diseñada en torno a tres prioridades: acceso efectivo a la salud, calidad y prevención (fecha de consulta: 6 de abril de 2013, 18:46 horas. http://www.informador.com.mx/mexico/2013/448545/6/pena-nieto-traza-plan-de-salu d-contra-diabetes-y-obesidad.htm).

De lo anterior se desprende el compromiso del dirigente nacional con México a implantar acciones que atiendan el problema que hoy aqueja la sociedad. El presidente de la República se comprometió a tomar medidas más efectivas haciendo mención de algunas como el fomento de estilos de vida y hábitos saludables, entre otros.

Por ello se considera que el Ejecutivo federal ha comenzado a encarar el tema de la obesidad y sobrepeso.

Sexta.Esta comisión dictaminadora considera que el punto de acuerdo en estudio es inviable, toda vez que se estima innecesario exhortar al Ejecutivo federal a incluir una política pública multisectorial contra la obesidad y sobrepeso, toda vez que no solo el mandatario nacional ya se comprometió públicamente a implementar acciones en el tema, sino que actualmente la Cámara de Senadores aprobó en días pasados punto de acuerdo en el mismo sentido.

Por lo expuesto, la Comisión de Salud somete a consideración de la honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una política pública multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad, tomando como base, el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, presentada por la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario de Partido Revolución Democrática, el 2 de abril de 2013.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer un programa de vacunación contra el virus del papiloma humano

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resumen su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 26 de febrero de 2013, la diputada Érika Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca un programa de vacunación contra el virus del papiloma humano.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que en las metas, planeación y programas que implemente dicha dependencia en su programa sectorial de trabajo, establezca un programa permanente de vacunación del virus del papiloma humano como parte de la cartilla de vacunación, además, se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se realice a nivel nacional un programa preventivo e informativo sobre las consecuencias de contagio del citado virus y el significado de la gravedad de contraer el cáncer de cervicouterino.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Según la OMS, al año mueren 260 mil mujeres en el mundo por culpa del cáncer de cuello uterino, y otras 500 mil son diagnosticadas en el mismo periodo.

El informe de la organización internacional indica que la infección del virus del papiloma humano puede manifestarse como cáncer de cuello uterino, verrugas en los genitales, cáncer en la vagina o la zona vulvar, también puede causar cáncer en el pene, en el ano e incluso extenderse a la cabeza, el cuello y la garganta.

“Las dos vacunas (Gardasil y Cervarix) son igualmente seguras y se ha demostrado que protegen casi por completo contra las lesiones precancerosas y otras lesiones anogenitales causadas por los tipos de VPH que contiene cada una de ellas durante los 5-6 años que han abarcado los estudios de observación hasta el momento”, señala el documento.

Tercera. En su argumentación, los promoventes de la presente iniciativa señalan:

En México, el cáncer cérvicouterino es la primera causa de muerte entre las mujer en edad productiva. Estudios realizados por la Secretaria de Salud indican que la tasa estandarizada de mortalidad es de 17 muertes por cada 100 mil mujeres entre los 25 años, y con 4 mil 270 defunciones en 2005. Esto es un reflejo de la vulnerabilidad con el que las mujeres enfrentan este padecimiento. También existen desigualdades entre las mujeres mexicanas que se reflejan en el carente y limitado acceso a la atención médica y tratamientos oportunos; especialmente entre las mujeres que viven en aéreas rúales o marginadas, y que no cuentan con la infraestructura o cultura para recibir programas preventivos.

Actualmente, la vacuna contra el virus del papiloma humano es inaccesible debido a su elevado costo y a los tabúes que existen en nuestra sociedad por la desigualdad de género. Además, al ser una enfermedad propia que afecta al género femenino, lamentablemente existen aún comunidades que le dan preferencia a la atención de los hombres en detrimento de las mujeres. Una realidad que contrasta con la modernidad que se busca en México.

La vacuna del VPH se encuentra a la venta, pero se ha documentado que en ningún país de Latinoamérica existe un esquema de vacunación universal como sí lo hay para otros virus o enfermedades que afectan a ambos géneros. Por ello debemos reconvertir los apoyos hacia las mujeres y priorizar su bienestar pues no sólo es una exigencia humana y moral, sino porque las mujeres son la base medular de cualquier sociedad. Empezar a combatir el cáncer cervical implementando acciones inmediatas debe ser una obligación y no una alternativa en la agenda de salud que el gobierno mexicano debe atender.

Cuarta. La proposición con punto de acuerdo no contraviene ninguna disposición jurídica nacional, por el contrario, se alinea en su objetivo a lo impulsado por la Secretaría de Salud para la prevención y control del cáncer cérvico uterino, sin embargo, duplica las disposiciones y logros del Programa de Acción Específica de Cáncer Cervicouterino y el Programa de Vacunación Universal, ya que la vacunación Universal contra VPH en los términos que se solicitan en la propuesta ya esta incluida dentro del programa de vacunación universal de manera permanente.

El pasado 1 de octubre 2012 el gobierno federal anunció la universalidad de la vacuna contra el VPH en niñas de quinto año de primaria y en las no escolarizadas de 11 años, con lo cual se incorporó la vacunación al esquema de vacunación universal. Durante la tercera Semana Nacional de Salud se aplicó la primera dosis de la vacuna en las instituciones del Sistema Nacional de Salud y en coordinación con la SEP.

Respecto a la propuesta de realizar un programa preventivo e informativo sobre las consecuencias de contagio del VPH y el significado de la gravedad de contraer el cáncer cérvico uterino, es importante mencionar que estas acciones se realizan en el programa de prevención y comunicación en el tema.

En la proposición con punto de acuerdo que se presenta, se considera innecesario ya que los alcances y objetivos que plantea ya están realizándose.

Ante estas consideraciones, la Comisión de Salud toma a bien que esta proposición con punto de acuerdo no sea viable, ya que se propone incluir un programa permanente de vacunación del virus del papiloma humano; sin embargo, esta vacuna ya se encuentra incluida en el programa de vacunación universal de manera permanente, además propone exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se realice a nivel nacional un programa preventivo e informativo sobre las consecuencias de contagio del citado virus y el significado de la gravedad de contraer el cáncer de cervicouterino y como se mencionó éstas ya se llevan a cabo.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca un programa de vacunación contra el virus del papiloma humano, presentada por la diputada Érika Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Continúe la Secretaría.

MODIFICACION DE TURNO DE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno de la siguiente

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se considere el aprovechamiento sustentable del agua como una estrategia de seguridad nacional, remitida el 11 de abril de 2013.

Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Agua Potable y Saneamiento para dictamen.

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

Continúe la Secretaría.

CAMBIOS EN COMISIONES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente integración, solicitada por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Organismo Permanente del Parlamento Latinoamericano

Baja: Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández.

Alta: Diputada Laura Barrera Fortoul.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 18 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comisión de Comunicaciones

Baja: Diputada Leslie Pantoja Hernández (integrante)

Alta: Diputado Juan Pablo Adame Alemán (integrante)

Comisión de Relaciones Exteriores

Baja: Diputado Juan Pablo Adame Alemán (integrante)

Alta: Diputada Leslie Pantoja Hernández (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 18 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado. Comuníquese.

Continúe.

RETIRO DE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de Mesa Directiva.— Presente.

Por este conducto me permito solicitar a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire el punto de acuerdo presentado el martes 16 de abril, el cual se turnó a la Comisión de Gobernación, sobre el siguiente tema:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer el 17 de mayo como día internacional contra la homofobia, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 18 de abril de 2013.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

RETIRO DE INICIATIVAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

María del Carmen Martínez Santillán, en mi carácter de diputada federal de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante usted, con el debido respeto comparezco para exponer:

Visto que en fecha veintidós (22) de noviembre dos mil doce (2012), le fue turnada a las Comisiones unidas de Desarrollo Rural y Presupuesto y Cuenta Pública, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentado por la suscrita; es por lo que, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a retirar dicho proyecto de decreto, con la finalidad de que sea enriquecido completado y nuevamente presentado en el próximo período ordinario de sesiones.

Sin más por el momento, le envío un cordial y afectuoso saludo.

En la ciudad de México, Distrito Federal, a 18 de abril de 2013.— Diputada María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

De conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted sea retirada mi iniciativa que reforma los artículos 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; presentada el 27 de noviembre de 2012 y turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de abril de 2013.— Diputada Cecilia González Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

Continúe la Secretaría.

PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas con el siguiente punto de acuerdo:

Primero.El Senado de la República exhorta a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal que operan programas para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en la elaboración del próximo Presupuesto de Egresos incluyan en las reglas de operación de los mismos, criterios que permitan acceder a este segmento de la población, especialmente a la población indígena asentada en zonas urbanas del país a dichos programas.

Segundo.El Senado de la República exhorta a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal que operan programas para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en la elaboración del próximo Presupuesto de Egresos se incluyan criterios para que las reglas de operación de los programas sean simples y claras, que en estas se reduzcan los trámites para su acceso y que surjan de la consulta con ellos.

Tercero.El Senado de la República exhorta al titular de Ejecutivo federal así como a los titulares de los gobiernos de los estados para que garanticen la participación de los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal (Coplades), los Comités de Planeación de Desarrollo Regional (Coplader) y a los de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) en la coordinación, promoción y coadyuvancia para la formulación, instrumentación, control, seguimiento y evaluación de la planeación nacional y que además promuevan la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas.

Atentamente

México, DF, a 18 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

ACCIONES INMEDIATAS CON EL FIN DE PREVENIR, PROTEGER Y ATENDER DE MANERA INTEGRAL EL MALTRATO INFANTIL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 6-II-1-0295 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGVI/418/2013 suscrito por la licenciada Patricia Troncoso Altamirano, directora de Análisis Legislativo de la Secretaría de Desarrollo Social, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a desarrollar acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de abril de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/3375/12, de fecha 14 de diciembre de 2012, por el cual se hizo del conocimiento de esta Dirección General el punto de acuerdo aprobado en la sesión del 13 de diciembre de 2012, por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente al exhorto hecho al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras secretarías, desarrollen acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

Al respecto, me permito anexar al presente, copia simple del oficio número SDSH.200/CI/178/2013, de fecha 02 de abril de 2013, signado por el maestro Édgar Martínez Salgado, director de Coordinación Interinstitucional de la Subsecretaría de Desarrollo Humano perteneciente a esta secretaría, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de abril de 2013.— Adriana González Maíz (rúbrica), directora general. En suplencia por ausencia de le la directora general de Vinculación Interinstitucional y del director general adjunto de Vinculación Interinstitucional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2012, firma la Licenciada Patricia Troncoso Altamirano, directora de Análisis Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciada Adriana González Maíz Flores, directora general de Vinculación Interinstitucional.— Presente.

Por este conducto y en respuesta a su oficio DGVI/151/ 20l2, en el  cual nos comunica sobre el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión respecto al exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria de Desarrollo Social, entre: otras Secretarías, desarrollen acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

Al respecto, me permito anexar copia simple del oficio no. DGPS.21.000107/2013 de la Dirección General de Políticas Sociales con el cual se responde de forma precisa el punto de acuerdo mencionado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 2 de abril de 2013.— Maestro Édgar Martínez Salgado (rúbrica), director de Coordinación Interinstitucional.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Maestro Édgar Martínez Salgado, director de Coordinación Interinstitucional de la subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social.— Presente.

El presente se emite en respuesta a su tarjeta número SDSH. CI-04613 de fecha 18 de febrero de 2013, medio por el que remite copia del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se emitió como acuerdo único lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, desarrolle acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atener de manera integral el maltrato infantil (sic).

Al respecto, le informo lo siguiente:

Con fecha 27 de diciembre de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, en cuyo artículo 31, primer y tercer párrafo, se menciona lo siguiente:

Capítulo IIDe los criterios generales para programas específicos sujetos a reglas de operación

Artículo 31. Los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social se destinarán en las entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, la vulnerabilidad, rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la declaratoria de zonas de atención prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; el desarrollo regional; la infraestructura social básica y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de desarrollo Social y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas.

...

Para estos fines, el Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social considera a los programas establecidos en el Anexo 24 para dicho ramo.

Con relación a lo anterior, el Anexo 24 a que se refiere el párrafo que antecede, dispone como parte de los programas sujetos a Reglas de Operación a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social, al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Al respecto, el Transitorio Segundo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, prevé que: “Las nuevas reglas de operación de los programas que deban emitirse conforme a lo dispuesto en este decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero, en los términos de los artículos 43 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” (sic).

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en d artículo 43 de1aLey Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Transitorio Segundo del Decreto de Presupuesto de Egresos antes invocado, a más tardar el último día hábil de mes de febrero de 2013, serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fisca12013,

Es de precisar, que la Sedesol a través de las Reglas de Operación del Programa, otorga subsidios a las personas beneficiarias en las modalidades: “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos”, “Impulso a los Servicios de Cuidado Infantil”, e “Incorporación a la Red de Estancias Infantiles”, que han dado cumplimiento a los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos para tal efecto. En el caso de las modalidades de “Impulso a los Servicios de Cuidado Infantil”, e “Incorporación a la Red de Estancias Infantiles”, en el proyecto de Reglas de Operación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se menciona en el inciso

A. lA. del Anexo A (Criterios de Afiliación a la Red de Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras A.l. Disposiciones Generales), dispone lo siguiente:

A.l.4. La afiliación a la Red y Autorización del Modelo sólo constituye un requisito para la participación en el Programa, por lo que la persona responsable y las personas asistentes en cada estancia infantil son las únicas responsables directas de la integridad física y mental de las (os) niñas (os) bajo su cuidado, así como de cualquier obligación o responsabilidad derivada de su administración y operación”. (sic)

No obstante lo anterior, en el proyecto de Reglas de Operación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se incluyen aspectos que buscan la prevención de situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las (os) niñas (os) que asisten a las Estancias Infantiles afiliadas a la Red del Programa de Estancias Infantiles, así como atender cuestiones que pudieran estar relacionados con el maltrato infantil, dentro del ámbito de competencia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). A continuación, se citan algunos de los numerales relacionados con dichos aspectos:

3.6.1. Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos

Las perdonas beneficiarias en esta modalidad tienen los siguientes derechos y obligaciones:

Derechos:

4. Que sus hijas (os) o niñas (os) bajo su cuidado reciban un servicio atento, seguro, higiénico y de calidad en la Estancia Infantil.

5. Que sus hijas (os) o niñas (os) bajo su cuidado reciban supervisión, atención y cuidado en todo momento mientras permanezcan en la Estancia Infantil.

6. Que sus hijas (os) o niñas (os) bajo su cuidado sean entregadas (os) solamente a las personas previamente autorizadas por ellas.

7. Que en las Estancias Infantiles cuenten con instalaciones adecuadas, higiénicas y seguras para las (os) niñas (os), conforme a lo establecido en las presentes Reglas de Operación y sus Anexos.

...

Obligaciones

4. Entregar y recoger a sus hijas(os) o niñas(os) bajo su cuidado en la Estancia Infantil en los horarios establecidos por la misma, firmando lo bitácora correspondiente. En caso de encontrar alguna irregularidad al entregar o recoger a sus hijas(os) o niños(os) bajo su cuidado en la Estancia Infantil, se deberá registraren  dicha bitácora.

...

3.6.2. Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil e Incorporación a la Red de Estancias Infantiles las personas beneficiadas en estas modalidades tienen los siguientes derechos y obligaciones:

Derechos:

1. Recibir capacitación en temas relacionados con el cuidado, y atención infantil, orientados a lograr el cumplimiento y ejercicio de los derechos de las (os) niñas (os), así como en temas relacionados con la operación de las Estancia Infantiles.

Obligaciones:

1, Aprobar las evaluaciones y cursar las capacitaciones, los cursos, talleres y demás actividades que ofrezcan o promuevan la Sedesol y el DIF Nacional en el marco del Programa.

...

11. Brindar un servicio atento, seguro, higiénico y de calidad fomentando el desarrollo físico y social en condiciones de igualdad a las (os) niñas (os).

12. Brindar el servicio para la atención y cuidado infantil a las (os) niñas (os) en condiciones de calidad, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad.

13. Brindar el servicio a cualquier hija (o) o niña (o) bajo el cuidado de personas beneficiarias del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, en estricto apego a las disposiciones del mismo y a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y demás normatividad aplicable en materia de protección y defensa de los derechos de las (o) niñas (os).

...

19. Supervisar en todo momento a las (os) niñas (os) bajo su cuidado.

...

31. Realizar diariamente la actividad de filtro a la entrada y salida de cada niña (o) de la Estancia Infantil.

32. Contar con una bitácora, en la que se registre diariamente la actividad de filtro, asentando el estado físico de las (os) niñas (os) a la hora de entrada, a la salida de la Estancia Infantil, así como cualquier eventualidad acontecida durante su permanencia en la misma. Estos registros deberán contar con la firma diaria de las personas beneficiarias en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos o de las personas autorizadas por éstos para llevar a recoger a sus hijas (os) o niñas (os) bajo su cuidado de la Estancia Infantil.

...

41. Hacer de conocimiento a la delegación correspondiente de manera inmediata, de cualquier accidente, hecho ilícito o cualquier irregularidad ocurrida en la Estancia Infantil, lo anterior con independencia de que informe a las autoridades correspondientes.”

Con relación a lo anterior, es de señalar que el incumplimiento de las obligaciones antes referidas, así como de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar las Madres Trabajadoras, trae como consecuencia la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo de baja tanto a las personas beneficiarias del Programa en la modalidad de “Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos”, como a las personas beneficiarias en las modalidades de “Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención. Infantil” e “Incorporación a la Red del Programa”, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3.6.3., 3.6.3.1. y 3.6.3.2., en relación con los numerales 4.2.2.6., 4.2.2.6.1. y 4.2.2.6.2., del proyecto de Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2013.

Para ello, personal de la Sedesol lleva a cabo visitas de supervisión y seguimiento a las estancias infantiles afiliadas a la Red del Programa; para verificar que las condiciones en que se proporciona el servicio cumpla con lo establecido en las citadas Reglas de Operación, sus Anexos y el Convenio de Concertación respectivo (numeral 4.2.2.1.).

De igual forma, el proyecto de las Reglas de Operación 2013 próximo a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, incluye la atención y seguimiento a quejas o denuncias relacionadas con la prestación del servicio de cuidado y atención infantil (numeral 4.2.2.1.1.).

Asimismo, se incluyen como parte de las causales para suspender los servicios que se brindan en las Estancias Infantiles afiliadas a la Red del Programa, cuando hayan ocurrido en las mismas, lesiones, o bien la comisión de algún delito sexual en contra de las (os) niñas (os) que asisten a las referidas Estancias Infantiles, en tanto la autoridad competente en la materia, deslinda la responsabilidad del personal y/o de la persona que funja como Responsable de la Estancias Infantiles involucrada, disposiciones que se alinean a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011 y 22 de agosto de 2012, respectivamente.

Finalmente, es de precisar que desde ejercicios fiscales anteriores se han realizado acciones para que en el marco del Programa Social de referencia, se incluyan procedimientos tendentes a la protección de las niñas y niños que asisten a las Estancias Infantiles afiliadas al Programa, por ejemplo:

Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2012 (DOF 31 de diciembre de 2011)

“3.6.1. Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos

Las (os) beneficiadas (os) en esta modalidad tienen los siguientes derechos y obligaciones:

Derechos:

...

4. Que sus hijas (os) o niñas (os) bajo su cuidado reciban un servicio atento, seguro, higiénico y de calidad en la Estancia Infantil

5. Que sus hijas (os) o niñas (os) bajo su cuidado reciban supervisión, atención y cuidado en todo momento mientras permanezcan en la Estancia Infantil.

6. Que sus hijas (os) o niñas (os) bajo su cuidado sean entregadas (os) solamente a las personas previamente autorizadas por ellas.

7. Que las Estancias Infantiles cuenten con instalaciones adecuadas, higiénicas y seguras para las (os) niñas (os), conforme a lo establecido en estas Reglas de Operación.

Obligaciones:

...

5. Entregar y recoger a sus hijas (os) o niñas (os) bajo su cuidado en la Estancia Infantil en los horarios establecidos por la misma, firmando la bitácora correspondiente. En caso de encontrar irregularidades al entregar o recoger a sus hijas (os) o niñas (os) bajo su cuidado en la Estancia Infantil, se deberá registrar en dicha bitácora.

...

3.6.2. Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil e Incorporación a la Red de Estancias Infantiles las (os) beneficiadas (os) en esta modalidades tienen derecho y obligaciones:

Derechos:

1. Recibir capacitación en temas relacionados con el cuidado, y atención infantil, orientados a lograr el cumplimiento y ejercicio de los derechos de las (os) niñas (os), así como en temas relacionados con la operación de las Estancias Infantiles.

Obligaciones:

1. Aprobar las evaluaciones y cursar las capacitaciones, los cursos, talleres y demás actividades que ofrezcan o promuevan la Sedesol y el DIF Nacional en el marco del Programa.

...

10. Brindar el servicio atento, seguro, higiénico y de calidad fomentando el desarrollo físico y social en condiciones de igualdad a las (os) niñas (os).

11. Brindar el servicio para la atención y cuidado infantil a las (os) niñas (os) en condiciones de calidad, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad,

12. Brindar el servicio a cualquier hija (o) o niña (o) bajo el cuidado de beneficiarias (os) del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, en estricto apego a las disposiciones del mismo y a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación t demás normatividad aplicable en materia de protección y defensa de los derechos de las (os) niñas (os).

...

18. Supervisar en todo momento a las (os) niñas (os) bajo su cuidado.

...

30. Realizar diariamente la actividad de filtro a la entrada y salida de cada niña (o) a la Estanca Infantil.

31. Contar con una bitácora de acuerdo a los formatos que establezca la Sedesol o el DIF Nacional, en la que se registre diariamente la actividad de filtro, asentando el estado físico de las (os) niñas (os) a la hora de entrada, a la salida de la Estancia Infantil, así como cualquier eventualidad acontecida durante su permanencia en la misma.

Estos registros deberán contar con la firma de las (os) beneficiarias (os) en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos o de las personas autorizadas por éstas (os) para llevar y recoger a sus hijas (os) a niñas (os) bajo su cuidado en la Estancia Infantil.

...

39. Estar en comunicación mensualmente con la delegación correspondiente, para informarse sobre los cursos o talleres de capacitación que impartan el DIF Nacional, la Sedesol o terceras personas que estas instituciones determinen, así como de cualquier otra situación relacionada con el Programa.

40. Hacer de conocimiento a la delegación correspondiente de manera inmediatamente, de cualquier accidente, hecho ilícito o cualquier irregularidad ocurrida en la Estancia Infantil.

...

De igual forma, se contemplan visitas de seguimiento y supervisión (numeral 4.2.2.1.), causales de baja y procesos de baja para cada modalidad de personas beneficiarias del Programa (numeral 3.6.3, 3.6.3.1., 3.6.3.2., 4.2.2.6., 4.2.2.6.2. y 4.2.2.6.2.1.).

Con relación a lo descrito en las párrafos que anteceden, se considera que la atención que se brinda a las madres, padres, o principales cuidadores que se ubican como beneficiarias (os) del citado Programa Social, así como las obligaciones suscritas por las personas Responsables de Estancias Infantiles afiliadas al Programa, buscan también prevenir y combatir la violencia infantil, desde el ámbito de competencia de la SEDESOL, y que de manera preponderante corresponde al DIF Nacional.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de febrero de 2013.— Licenciada Flora Martha Angón Paz (rúbrica), directora general de Políticas Sociales.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

DISTURBIOS OCURRIDOS AL INTERIOR DE DIVERSOS CENTROS PENITENCIARIOS Y DE READAPTACION SOCIAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-352 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SEGOB/OADPRS/ 15422/2013 suscrito por el licenciado Roberto Dionicio Jiménez Jiménez, director general de Ejecución de Sanciones del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de esta secretaría, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los protocolos y medidas de seguridad para la prevención, detección oportuna y supervisión de los objetos que se ingresen al interior de los centros penitenciarios y centros de readaptación social del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de abril de 2013.— Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/0110/2013 de fecha 24 de enero del año en curso, con relación a las medidas que se han tomado para la prevención, detección y supervisión de los objetos que se ingresan al interior de los centros penitenciarios.

Sobre el particular, le informo que mediante nota informativa 040/2013 de fecha 17 de enero de 2013, fueron sometidos al Subcomité de Mejora Regulatoria, los Procedimientos Sistemáticos de Operación correspondientes, entre los que se encuentran los siguientes:

1. Revisión a empleados del centro federal:En cual consiste en realizar una revisión corporal a toda persona a la entrada y salida del centro federal para evitar la introducción de sustancias y objetos que puedan vulnerar la seguridad de la institución.

2. Ingreso de visitas oficiales al centro federal:En cual consiste en asegurar que el ingreso de las visitas oficiales se realice con las medidas de seguridad establecidas, a fin de evitar acciones que vulneren la seguridad del centro.

3. Revisión de visitas a internos:En cual consiste en revisar de forma adecuada a las visitas de los internos para impedir el ingreso de artículos, objetos o sustancias que representen riesgo para la seguridad institucional así como aquellas prohibidas por la normatividad aplicable.

Lo anterior, a efecto de que sean sometidos para su autorización al Comité de Mejora Regulatoria que se llevará a cabo a finales del presente mes o en su caso, a principios de mayo de 2013, y de esa forma cumplir con su objetivo normativo dichos procedimientos para todos los centros federales de readaptación social y por consecuencia su estricta observancia.

Cabe hacer mención que los mismos serán verificados una vez puestos en operación para determinar si ratificación o su modificación, todo ello con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el punto primero del acuerdo aprobado en el pleno del Congreso de la Unión, motivo del presente oficio, teniendo con fin, la cabal observancia y resistencia de los derechos humanos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección.”

México, DF, a 12 de abril de 2013.— Doctor y general Eduardo Enrique Gómez García (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Román Fierros Zárate, titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos.— Presente.

En relación a los oficios números SSP/DGDP/518/2012 y SEGOB/OADPRS/CGCF/867/2012, signado por el licenciado Isidro González Blanco, y por suplencia del coordinador general de Centros Federales, el licenciado Jorge Fernando Manjarrez Ramírez, director operativo, (se anexa copia para pronta referencia) solicito a usted atentamente su apoyo para considerar los siguientes procedimientos sistemáticos de operación ante el Subcomité de Mejora Regulatoria, para su aprobación.

• Ingreso de internos al centro federal.

• Pase de lista.

• Revisión de internos y estancias.

• Revisión de visitas a internos.

• Control de envases y salida de alimentos a módulos.

• Control de herramientas.

• Egreso de internos por emergencia médica.

• Ingreso de internos al centro federal en vehículos aéreo.

• Ingreso y egreso de internos de otros centros penitenciarios para comparecer en diligencia judicial en el centro federal

• Inicio y término de actividades en módulos.

• Revisión a empleados del centro federal

• Control de ingreso y egreso de armamento al depósito de armamento.

• Entrega recepción de armamento a la compañía en turno.

• Inventario de llaves y dispositivos de cerradura.

• Préstamos y devolución de llaves.

• Uso de inmovilizadores temporales disuasivos.

• Ingreso de visitas oficiales al centro federal.

• Traslado de internos.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2013.— Teniente coronel retirado Jesús Vázquez Huerta (rúbrica), Director de Área.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Doctor y General Eduardo Enrique Gómez García, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.— Presente.

Por medio del presente, envío a usted copia del similar número SEL/UEL/311/0110/13, suscrito por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo, profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, conteniendo el punto de acuerdo que fue aprobado en el pleno del Congreso de la Unión, que a la letra dice:

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace un atento exhorto a la Secretaría de Gobernación, y a las autoridades estatales y del Distrito Federal competentes, para que en el ámbito de sus atribuciones, ejerzan un control más riguroso y de manera integral los protocolos y medidas de seguridad para la prevención, detección oportuna y supervisión de los objetos que se ingresan al interior de los centros penitenciarios y centros de readaptación social del país, a fin de evitar la recurrente violencia que se ha padecido en interior de éstos.

Segundo.-...

Por lo anterior, me permito solicitar que a través de sus valiosas instrucciones, se lleven a cabo las acciones correspondientes y se envíe a esta área a mi encargo, la información correspondiente estar en condiciones de emitir respuesta institucional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2013.— Doctora Nora Frías Melgoza (rúbrica), encargada del despacho.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase al promovente, para su conocimiento.

PERMISO PARA QUE CIUDADANOS PUEDA PRESTAR SERVICIOS EN SEDE DIPLOMATICA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0622/13, el licenciado Emilio Suárez Licona, Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Galia Rabchimsky Krawetz.

Puesto: Asistente de gestión financiera.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Jaime Núñez Llanas.

Puesto: Mecánico-pintor.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Alfredo Merlo Juárez.

Puesto: Técnico en audiovisual.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 18 de abril de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La solicitud de permiso túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Por lo que se refiere al ciudadano que deja de prestar servicios, comuníquese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento.

INFORME SOBRE LA UTILIZACION DE LOS TIEMPOS OFICIALES DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 2013

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número SNM/CAJ/045/2013, la licenciada Gabriela Montserrat González Montes, coordinadora de asesores jurídicos de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, envía el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, correspondiente al primer bimestre del año 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en formato impreso y medio magnético.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 18 de abril de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Análisis Político de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de RTC, así como a los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, que esta Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Sobre el particular, y en atención a lo dispuesto por la fracción IX del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitirle el informe de utilización de tiempos oficiales correspondiente al primer bimestre del año 2013, así como el informe de los programas y campañas correspondientes al ejercicio fiscal 2013, con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

Aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

17 de abril de 2013.— Licenciada Gabriela Montserrat González Montes (rúbrica), coordinadora de asesores jurídicos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones de Radio y Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2013 SOBRE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DEL FONDO DE RECONSTRUCCION DE ENTIDADES FEDERATIVAS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DGGR/00105/2013, el ciudadano José María Tapia Franco, director general para la Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil de esta secretaría, envía el primer informe trimestral sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, correspondiente al ejercicio de 2013.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo décimo quinto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de abril de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 SOBRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO, A NIVEL DE CAPITULO Y CONCEPTO DE GASTO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número 100.2013.DGVP.288, el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el primer informe trimestral para el ejercicio fiscal 2013, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de esa dependencia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 181 y 285 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en formato impreso y medio magnético.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de abril de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en lo señalado por el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los artículos 181 y 285 de su Reglamento, solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de las comisiones correspondientes, el primer informe trimestral para el ejercicio fiscal 2013 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de esta secretaría.

Los fondos y programas son:

• S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.

• S017 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad.

• S020 Fondo de Apoyo para la Micra, Pequeña y Mediana Empresa.

• S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

• S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software.

• S214 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto.

• S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología.

• U003 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales.

• U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera (Fondo ProMéxico).

• U006 Fondo Emprendedor.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

México, DF, a 19 de abril de 2013.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 2013 DE LOS PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION, ASI COMO LOS INFORMES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, EN SU COMPONENTE DE SALUD

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de  Salud

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Atención: Diputado José Sergio Manzur Quiroga, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En atención a lo dispuesto en los artículos 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013; 78, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 181, primer párrafo, de su reglamento, que establece la presentación de informes trimestrales sobre el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación, al respecto, le envío en forma impresa y en medio magnético los informes correspondientes al primer trimestre del año 2013 de los siguientes programas sujetos a reglas de operación: para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, de Atención a Familias y Población Vulnerable, de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, Caravanas de la Salud, Seguro Médico Siglo XXI, Sistema Integral de Calidad en Salud, Comunidades Saludables, de Atención a Personas con Discapacidad, y Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en su componente de salud); este último correspondiente al periodo noviembre-diciembre de 2012. Asimismo envío información actualizada al cierre de 2012, de los Programas para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, de Atención a Familias y Población Vulnerable, de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, de Atención a Personas con Discapacidad, Médico para una Nueva Generación, y Sistema Integral de Calidad en Salud.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración.

Atentamente

Abril 18 de 2013.— Borgart Montiel Reyna (rúbrica), director general de Programación, Organización y Presupuesto.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La primera, remítase a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La segunda, remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROPIEDAD PARA EXTRANJEROS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propiedad para extranjeros.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. El 1 de agosto de 2012, el Diputado Miguel Ángel García Granados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Inversión Extranjera.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, la Iniciativa antes mencionada. El 2 de agosto de 2012, se recibió en esta Comisión la Iniciativa con proyecto de Decreto, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

2. El 3 de abril de 2013, los Diputados Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Manlio Fabio Beltrones Rivera del Grupo Parlamentario del PRI y Raúl Paz Alonzo del Grupo Parlamentario del PAN presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propiedad para extranjeros.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la Iniciativa antes mencionada.

El 4 de abril de 2013, se recibió en esta Comisión la Iniciativa con proyecto de Decreto, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

3. El 9 de abril de 2013, el Diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la Iniciativa antes mencionada. El 16 de abril de 2013, se recibió en esta Comisión la Iniciativa con proyecto de Decreto, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La Iniciativa presentada por la Diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, el Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera del Grupo Parlamentario del PRI y el Diputado Raúl Paz Alonzo del Grupo Parlamentario del PAN, señalan que el constituyente de 1917 determinó que sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones. Por ello, la redacción del artículo 27 de la Constitución quedó en esos términos.

Además, que la referida disposición constitucional establece en sus preceptos que el Estado podrá conceder derechos de dominio de las tierras y aguas a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes.

Sostienen que actualmente, quienes no tengan la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, no tienen la facultad de adquirir propiedades en una franja de cien kilómetros al interior del país a partir de las fronteras y de cincuenta kilómetros en las playas, prohibición que el constituyente estableció como respuesta a problemas de política internacional del siglo XIX cuando existía el temor de la invasión de ejércitos de otras naciones.

Consideran que en la práctica, dicha prohibición se elude al constituirse fideicomisos, siendo las instituciones de crédito las fiduciarias que figuran como “propietarios” de los bienes adquiridos por los fideicomisarios.

Indican que los extranjeros no perjudican de modo alguno la soberanía, el territorio nacional y los bienes jurídicos que tutela el Estado.

Estiman que los extranjeros, en su carácter de fideicomisarios, tienen que enfrentar “altos costos” derivados de la constitución de los fideicomisos y de pagos de cuotas diversas por trámites de registro, avalúos, impuestos y permisos previos ante la autoridad gubernamental.

Para los proponentes, el objetivo de la iniciativa es eliminar a los intermediarios, esto es, las casas inmobiliarias o constructoras que figuran como los propietarios del terreno pero venden la construcción a extranjeros, neutralizando así la restricción de que no poder poseer tierras, puesto que legalmente en la actualidad, el extranjero sólo es propietario de la construcción, cuando en la práctica lo es también de la extensión de terreno.

Además, los iniciantes consideran que modificar la prohibición de adquirir el dominio directo de inmuebles en las fronteras y las costas por parte de extranjeros, es una estrategia que permitirá y dará certeza a la inversión extranjera en vivienda, pues hoy en día existe un número importante de propietarios extranjeros que mediante la figura del fideicomiso, poseen inmuebles para residencia plena o retiro en la faja territorial precisada.

III. Cuadro comparativo

****tablas  51.5% y 53 reduc v   t-21a y   t-21b

IV. Consideraciones

Esta Comisión dictaminadora, después de hacer un análisis exhaustivo de la Iniciativa en estudio, llega a la convicción de emitir Dictamen en del Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propiedad para extranjeros, en razón de los siguientes argumentos:

Las Diputadas y Diputados que integran este órgano, coinciden con los proponentes en la necesidad de reformar la Constitución para establecer nuevas condiciones para el régimen de propiedad para los extranjeros.

En este sentido, el propósito de la iniciativa es modificar la parte final de la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Ley Fundamental para permitir que los extranjeros adquieran tierras en la zona históricamente prohibida, esto es, la faja de cien kilómetros en la frontera y de cincuenta en las playas, condicionando su adquisición a cuatro aspectos:

1) Que el uso de las tierras sea destinado para vivienda, única y exclusivamente;

2) Que el uso de las tierras no tenga un uso comercial, industrial, agrícola o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta, que derive de un uso distinto a la vivienda o casa habitación;

3) El extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos de la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 Constitucional; y

4) En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto a la vivienda, la ley establecerá los procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.

Cabe precisar que la iniciativa no pretende eliminar que el Estado mexicano siga otorgando el dominio a extranjeros sobre tierras, aguas y sus accesiones, ya que ello puede acontecer siempre y cuando convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de tales bienes y se comprometan a no invocar, por lo que hace a éstos, la protección de sus gobiernos, pues en caso contrario los perderán en beneficio de la nación.

Esta Comisión dictaminadora, realizó una búsqueda de antecedentes legislativos para determinar el origen de la denominada zona prohibida, la cual en principio se puede decir que no fue creada por el Constituyente de 1917.

El primer antecedente se ubica en la Ley de Colonizaciónpromulgada el 18 de agosto de 1824, cuyo artículo 4º establecía lo siguiente: “No podrán colonizarse los territorios comprendidos entre veinte leguas limítrofes con cualquier nación extranjera, y diez litorales, sin previa aprobación del Supremo Poder Ejecutivo General”.

Posteriormente, el día 20 de marzo de 1829, se promulga el Decreto por el cual se expulsa del país a los extranjeros. El artículo 19 indicaba que: “los españoles que hayan de permanecer en la República, no podrán fijar en lo sucesivo su residencia en las costas, y los que actualmente residan en ellas podrá el Gobierno obligarlos a que se internen, en caso de que tema una invasión próxima de tropas enemigas.”

El artículo 21, fracción IV de la Constitución Centralista de 1836, indicaba que: “los extranjeros introducidos legalmente en la República gozarán: IV. De la libertad de adquirir en la República propiedades raíces con tal de que primero se naturalicen en ellas, se casen con mexicano, y se arreglen a los demás que prescriba la ley relativa a estas adquisiciones.”

Bajo el gobierno provisional de Santa Ana se promulgó la Ley de 11 de marzo de 1842, la cual prohibió a los extranjeros adquirir inmuebles en los litorales y tierras que estuvieran dentro de las 5 leguas de la costa.

Al revisar las actas de los debates del Constituyente de 1917 no se advierten las razones por las cuales se haya adoptado este principio, pero se infiere que la intención fue resguardar, vigilar y mantener la integridad del territorio nacional. Es decir, que por motivos estratégicos militares se consideró un riesgo establecer permanentemente a los extranjeros en las fronteras y costas.

Respecto a la evolución del artículo 27 Constitucional en lo relativo a la materia del dictamen que nos ocupa, el texto de la fracción I del párrafo sexto del artículo 27 Constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 5 de febrero de 1917, establecía lo siguiente:

“La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas o combustibles minerales en la República Mexicana. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.”

El día 2 de diciembre de 1948, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se adicionó un segundo párrafo a la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a continuación se transcribe:

“I. ...

El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.”

Además, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de enero de 1960, fue reformada la fracción I del párrafo séptimo (antes sexto) del artículo 27 de la Ley Fundamental, para suprimir la porción normativa “o combustibles minerales en la República Mexicana” y quedar redactada de la siguiente forma:

“La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.”

De lo anterior, esta Comisión dictaminadora advierte que la esencia del texto de la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Carta Magna en vigor no ha sido alterada desde su promulgación, por lo que sus disposiciones siempre han estado encaminadas a prohibir que los extranjeros adquieran el dominio directo sobre tierras y aguas en zona prohibida.

Las Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, coinciden en que debe actualizarse a la realidad social y económica el texto de la Constitución materia del presente dictamen. Ello es así, debido a que las circunstancias que llevaron al Poder Constituyente a limitar que los extranjeros adquirieran tierras y aguas en las fronteras y playas han sido superadas.

Por ello, las Diputadas y Diputados que conforman esta Comisión dictaminadora consideran que la razón de ser de la zona prohibida es sólo histórica y en consecuencia la prohibición que la afecta ha dejado de tener vigencia y contenido práctico, pues en la actualidad, la suscripción de Tratados Internacionales y la inclusión de nuestro país como integrante de Organismos Internacionales, así como del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, dan a México la garantía legal y política en el ámbito del derecho internacional público, de que la inversión extranjera en la zona referida no representará un riesgo para nuestro país.

Por otra parte, como indican los iniciantes y según la información generada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, del año 2000 al 2012 fueron autorizados 48,559 permisos para constituir fideicomisos en zona restringida. La referida dependencia del Ejecutivo Federal, mediante un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril de 1971, fue autorizada para conceder a las instituciones nacionales de crédito permisos para adquirir como fiduciarias el dominio de bienes inmuebles destinados a la realización de actividades industriales o turísticas en fronteras y costas.

El propósito de dicha disposición fue armonizar las inversiones extranjeras en terrenos ubicados en la zona prohibida y la prohibición constitucional para que los extranjeros adquirieran la propiedad de bienes inmuebles ubicados en la referida zona; para ello, se estableció la posibilidad de que mediante el fideicomiso y la emisión de certificados de participación inmobiliaria pudiera captarse inversión extranjera en la frontera y las playas.

Otro aspecto a destacar por parte de esta dictaminadora, es el impacto que tendrá la propuesta en los ingresos tributarios de los Municipios, ya que al tener la propiedad los extranjeros de las tierras para uso habitacional, podrán recaudar las contribuciones a que se refiere el artículo 115, fracción IV Constitucional.

Esta Comisión dictaminadora no pasa por inadvertido el contenido y alcances del primer párrafo del artículo 1º en relación con el primer párrafo del artículo 33 ambos de la Constitución en vigor, pues ambas disposiciones normativas reconocen que las personas, incluidas las extranjeras, gozan de los derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por ello, todos los órganos del Estado, ya no solo los de carácter jurisdiccional, deben ejercer el control de convencionalidad, lo que implica que todos los poderes públicos deben hacerlo, en tanto operadores del Derecho.

Bajo esta tesitura, la reforma constitucional permitirá a los extranjeros adquirir el dominio de tierras en las fronteras y costas en términos de lo dispuesto por el artículo 21, numerales 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” que establece:

“Artículo 21

Derecho a la propiedad privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.”

Dicha propiedad sólo estará sujeta al destino del inmueble adquirido y que en la especie deberá ser de uso habitacional. Cabe aclarar, que la fracción I del noveno párrafo del artículo 27 Constitucional seguirá regulando la propiedad privada en el país, prevaleciendo las diversas prevenciones, limitaciones y aun prohibiciones en la capacidad para ser titular de derechos de propiedad sobre tierras y aguas cuyo dominio original corresponde a la Nación.

Incluso, continuará la limitación para los extranjeros en cuanto a su capacidad para adquirir la propiedad de tierras y aguas ubicadas en el territorio nacional, quienes seguirán haciéndolo bajo la prevención de la llamada Cláusula Calvo, que se traduce, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en la suscripción de un convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el cual el extranjero interesado debe considerarse como nacional respecto de todos los bienes que adquiera y renunciar a invocar la protección de su gobierno, en relación con dichos bienes, bajo la sanción de perderlos en beneficio de la nación mexicana, en caso de faltar al citado convenio promoviendo cualquier reclamación diplomática en contra de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, con el propósito de dar congruencia y eficacia a los planteamientos de la iniciativa propuesta por la Diputada y los Diputados proponentes, los suscritos integrantes de esta Comisión planteamos una modificación a la iniciativa que se dictamina, debido a que los iniciantes hacen referencia a la fracción I del artículo 27 de la Ley Fundamental, siendo que dicha fracción se encuentra inserta en el párrafo noveno. Por tal motivo, quedaría la reforma a la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, los dos párrafos que conforman la fracción I del artículo 27 Constitucional, hacen alusión a la “Secretaría de Relaciones”, por lo que para armonizar la denominación que actualmente tiene dicha dependencia del Ejecutivo Federal, se modifica para quedar como “Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.Se reforma la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27....

...

...

...

...

...

...

...

...

I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, los extranjeros por ningún motivo podrán adquirir el dominio directo sobre las aguas, en el caso de las tierras, podrán adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales, para lo cual deberán convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos descritos en esta fracción.

El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.

II. a XX. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Tercero.La ley establecerá los procedimientos en que un extranjero pierda en beneficio de la nación los bienes que hubiera adquirido, en caso de que las tierras sean destinadas a un uso diferente a la vivienda.

Nota:

1 Secretaría de Relaciones Exteriores, estadísticas de permisos artículo 27 Constitucional (fideicomisos en zona restringida) 2000-2012, consultada el día 11 de abril en el sitio: http://www.sre.gob.mx/index.php/estadisticas-de-los-servicios

Palacio Legislativo de San Lázaro a dieciocho de abril de 2013.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados: Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica en contra), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Angulo Parra (rúbrica), secretarios; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Míriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Espinosa Cházaro (rúbrica), Fernando Zárate Salgado.»

«Voto particular sobre el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propiedad para extranjeros.

Ricardo mejia berdeja, diputado de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento voto particular, con relación al dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propiedad para extranjeros.

Antecedentes

1. El 3 de abril de 2013, los Diputados Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Manlio Fabio Beltrones Rivera del Grupo Parlamentario del PRI y Raúl Paz Alonzo del Grupo Parlamentario del PAN presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propiedad para extranjeros.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la Iniciativa antes mencionada.

3. El 4 de abril de 2013, se recibió en la Comisión de Puntos Constitucionales la Iniciativa con proyecto de Decreto, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

Exposición de Motivos

Procedimiento

El dictamen en estudio, es producto del trabajo a todo vapor de la presidencia de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales. Por ello, está vaciado de sustancia, y a lo mucho constituye un pobre ejercicio de triangulación de ideas que no clarifica mucho el por qué la prisa por entregarles nuestras tierras cercanas a las costas y nuestras fronteras a los extranjeros.

Se encuentran en el dictamen dos grandes defectos: el primero, la naturaleza fugaz con que pretende ser aprobado, y el segundo, la pobre argumentación con que pretende ser sustentado, consecuencia del primero.

Se llega incluso al absurdo de echar mano de disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, como lo es el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, cuando del contenido de dicho dispositivo, no se desprende la obligación del Estado mexicano de apresurarse a reducir el dominio directo sobre sus fronteras nacionales, menos aún cuando es en pro del ánimo consumista y expansionista de las personas extranjeras, ya sean físicas o jurídicas.

Muy por el contrario, en el propio artículo 21 de la Convención en cita, se establece con claridad que el derecho de propiedad encuentra sus límites o está subordinado en el interés social.

Es pues el dictamen en estudio un arquetipo de los que se han elaborado y de los que han de venir, cuando son producto de iniciativas derivadas directa o indirectamente del mezquino “pacto por México”.

Dictámenes chatarra, sin mucho cuerpo o sustancia ni posibilidad de enriquecimiento, que reducen a la Comisión de Puntos Constitucionales tan solo a la función de una especie de mes era legislativo, en donde el Pri es el único cliente, el único dueño, el único patrón.

Fondo

El contenido de la fracción 1 del artículo 27 constitucional, es resultado de un arduo proceso dialéctico de construcción de la soberanía y de la identidad nacional; de una brega de eternidad por la libertad y por la plena vigencia del principio de la libre determinación de los pueblos.

Por otro lado, en tiempos en los que abundan los cuestionamientos sobre la eficacia del trabajo legislativo, no se comprende como la Comisión de Puntos Constitucionales le imprime tanta celeridad a un dictamen, que no viene a resolver ni aún parcialmente, cualquiera de los problemas que enfrenta la sociedad mexicana.

Al contrario, el dictamen que nos ocupa se inscribe en una línea de reformas de carácter legislativo que vienen a favorecer los intereses de los extranjeros por encima de los intereses nacionales. En este sentido, cabe señalar que no tenemos que pagar los mexicanos los daños colaterales de un grupo siniestro que a toda costa se ha hecho del poder y a toda costa quiere conservarlo.

Ahora resulta que tenemos que precipitarnos todos a una agenda entreguista, que encuentra su ongen en el apoyo financiero de entidades o gobiernos extranjeros que a la postre deben certificar tácitamente el acenso y el quehacer del nuevo gobierno.

Es pertinente recordar en este punto que la política exterior norteamericana se encuentra traspasada por la máxima de John Foster Dulles, que a grandes rasgos señala que los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses.

Así verbigracia, la llamada “Iniciativa Mérida” ha funcionado como un ariete para institucionalizar y legalizar la intromisión descarada de las agencias de inteligencia de EUA, predominantemente las de carácter militar.

México podría estar compartiendo el mismo destino de varios países de Europa del Este, ex miembros del Pacto de Varsovia o de la ex República Socialista de Yugoslavia, quienes a partir de la caída del Muro de Berlín, y del empoderamiento de la OTAN,se han convertido prácticamente en colonias militares, al servicio de los juegos geopolíticos de los norteamericanos.

Avanza el Juego perverso de la política intervencionista, neocolonialista e imperialista de los norteamericanos, en donde “el mundo tiene dueño y se rige bajo un modelo geopolítico que tiene como axioma inalienable la “seguridad nacional” estadounidense.

Estamos pues sufriendo la embestida de estos “neo polkos”, cuya estrategia reformista constituye uno de los principales escollos para configurar la más pertinente y adecuada estrategia de seguridad nacional. Todo en aras de privilegiar la agenda mafiosa del pacto por México, que es más bien la del pacto por el prian, con la situación de que dicha agenda incluye compromisos ominosos con agentes extranjeros.

De ahí que las últimas reformas que han sido producto de este pacto mafioso y cupular, apunten a la entrega paulatina de la soberanía y de los bienes nacionales para ponerlos al servicio de los extranjeros. Ejemplo de ello es la llamada reforma en telecomunicaciones, la reforma laboral y, por supuesto, la inminente reforma fiscal y energética.

Por otro lado, en términos prácticos, resulta totalmente absurdo pretender reformar la Constitución para favorecer los intereses de extranjeros, con el argumento de que al adquirir propiedades en costas y cerca de la frontera, indirectamente se aumentarían las fuentes de recaudación de los municipios y se abriría una puerta más a la inversión extranjera.

Ya que esto tan solo fortalece el esquema de capitalismo de cuate s, que caracteriza el neoliberalismo de las cúpulas que ostentan el poder, pero mengua aún más la vigencia de los derechos sociales y culturales de los mexicanos menos privilegiados.

Quienes seguirán sufriendo la laceración de la discriminación por causas económicas, pero ahora con mayores implicaciones negativas, puesto que en adelante se pretende negarles el disfrute de tierras paradisiacas que ahora son del dominio público.

Planteamientos Técnicos

El constituyente de 1917 recogió designios históricos establecidos en las pasadas Constituciones Políticas, respecto del dominio directo de tierras yaguas cercanas a las costas y las fronteras nacionales. Por ello, determinó que sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones. ASÍ, la redacción del artículo 27 de la Constitución quedó redactada en esos términos.

Además, la referida disposición constitucional establece en sus preceptos que el Estado podrá conceder derechos de dominio de las tierras yaguas a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes. Es decir, se establece en el cuerpo mismo de la Carta Magna, lo que se conoce como Cláusula Calvo.

Asimismo, actualmente, quienes no tengan la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, no tienen la facultad de adquirir propiedades en una franja de cien kilómetros al interior del país a partir de las fronteras y de cincuenta kilómetros en las playas.

Lo anterior refleja la intención de corregir una tendencia histórica funesta, propia de la cúpula gobernante: el entreguismo sistemático. Desde los albores del siglo XIXtiranos como Santa Ana y secuaces como Manuel de la Peña y Peña, entregaron prácticamente la mitad del territorio a través de figuras como el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, incluso Benito [uárez hizo lo propio a través del Tratado Mclane -Ocampo.

Empero, aquellos actos pueden encontrar su justificación en las recalcitrantes guerras intestinas entre los diferentes grupos que se disputaban el poder en México, o en la enajenación por el destino manifiesto y el ánimo expansionista del vecino país del norte.

Tristemente, el entreguismo que estamos presenciando en estos momentos se debe a la incompetencia, al cinismo, a la corrupción, a la desorientación y falta de identidad del grupo que actualmente ostenta el poder: el prian.

Si como se dice en el cuerpo del dictamen en estudio, la prohibición que se consigna para que los extranjeros no puedan adquirir la propiedad de tierras yaguas cerca de las costas y las fronteras, en la práctica se elude al constituirse fideicomisos, lo dable no es legalizar por completo la depredación de nuestras aguas y tierras por parte de personas extrajeras.

Muy por el contrario, se debe trabajar con seriedad, profesionalismo y patriotismo para darnos a nosotros mismos un marco jurídico que regule adecuadamente todo lo relacionado con lo que se conoce como “fraude a la ley”.

Si se permite el dominio directo de nuestras tierras en las fronteras y en las costas por parte de extranjeros; cuando la única limitación que se les ocurrió a estos neo polkos, estriba en que la propiedad no se utilice para fines comerciales, entonces todo el artículo 27 está condenado a ser letra muerta. Centros de espionaje e inteligencia; bases de operaciones y hasta instalaciones o bases militares con la fachada de “casas habitación”, podrían ensanchar de golpe y porrazo las fronteras o la zona de seguridad de la potencia extranjera obsesionada con su perenne agenda de seguridad nacional.

Cosa más ridícula: mientras queda claro que una potencia extranjera, a merced de su ánimo imperialista nos puede estar empujando sin escollos ni tapujos -mediante nuestros propios pseudo-legisladores-, a la inclusión de nuestro territorio y de nuestros recursos en su agenda de seguridad nacional, los mexicanos estamos sumidos en engaños, chantajes, farsas y martingalas por parte de la elite cleptocrática y plutocrática que controla nuestro país.

En este punto, resulta pertinente reconocer la necesidad de echar por la borda los pactos y compromisos mafiosos de la cúpula que ostenta el poder, para adoptar una política realmente incluyente e integral que se avoque a temas verdaderamente preocupantes para la sociedad, como lo son el crimen organizado y la inseguridad.

Pero en la que se asegure al mismo tiempo, la integridad, la soberanía e independencia del Estado Mexicano; variables que se encuentran ligadas inextricablemente.

La cúpula cleptocrática y plotocrática tiene pnsa por entregarle nuestros recursos naturales, financieros y humanos a los extranjeros, pero en nada se ha avanzado en materia de corrupción, delincuencia organizada, impunidad y en la consecuente fragilidad del Estado de Derecho. Lastres todos que han producido encono en la sociedad mexicana, y han minado al mismo tiempo al Estado mexicano.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea el siguiente voto particular sobre el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propiedad para extranjeros

Único.Se reforma la fracción 1del párrafo noveno y se adicionan los incisos a) y b) del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

***tabla  575 x 60%    voa, vob, voc

Atentamente

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de abril de 2013.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz don Julio César Moreno Rivera.

Antes de que haga uso de la tribuna, esta Presidencia comunica al pleno que tiene el honor y la enorme satisfacción de recibir entre nosotros al emérito artista don Salvador Almaraz, quizás el último de los grandes muralistas mexicanos. Tiene el uso de la voz don Julio César.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Legislatura vengo a fundamentar el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propiedad para extranjeros, que ahora se presenta.

En caso de ser aprobado por esta soberanía, permitirá que los extranjeros tengan la posibilidad de adquirir propiedades en la denominada zona restringida, la cual comprende una franja de 100 kilómetros al interior del país, de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas.

Tal y como se indica en el dictamen, al revisar los antecedentes legislativos encontramos que la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Carta Magna en vigor no ha sido alterada desde su promulgación, esto es debido a que la prohibición para adquirir el dominio directo de tierras y aguas por parte de extranjeros en zona prohibida, el Poder Constituyente estableció esta prohibición como respuesta a los problemas de la política internacional que imperaban en esa época, cuando existía el temor de la invasión de ejércitos de otras naciones.

En razón de lo anterior, se considera que debe actualizarse a la realidad social el texto de la Constitución, materia del presente dictamen, debido a que las circunstancias que llevaron al Poder Constituyente a limitar que los extranjeros adquieran tierras y aguas en las fronteras y playas han sido superadas.

Por ello, la razón de ser de la zona prohibida es solo histórica y, en consecuencia, la prohibición que la afecta ha dejado de tener vigencia y contenido práctico, pues en la actualidad la suscripción de tratados internacionales y la inclusión de nuestro país, como integrante de organismos internacionales, así como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, dan a México la garantía legal y política en el ámbito del derecho internacional público, de que la invasión extranjera en la zona referida no representará un riesgo para nuestro país.

Cabe precisar que el Estado mexicano seguirá otorgando el dominio a extranjeros sobre tierras, aguas y sus accesiones, siempre y cuando convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales, respecto de tales bienes y se comprometan a no invocar, por lo que hace a estos, la protección de sus gobiernos, pues en caso contrario perderán en beneficio de la nación.

Ahora bien, para permitir que los extranjeros adquieran tierras en la zona restringida, esto es la franja de 100 kilómetros en la frontera y de 50 en playas, se condiciona su adquisición a cuatro aspectos:

1. Que el uso de las tierras sea destinado para vivienda única y exclusivamente.

2. Que el uso de las tierras no tenga un uso comercial, industrial, agrícola o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta, que derive de un uso a la vivienda o casa habitación.

3. El extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos de la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 constitucional.

4. En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto a la vivienda, la ley establecerá los procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.

Por ello, en las disposiciones transitorias de este dictamen se plantea que la ley establecerá los procedimientos en que un extranjero pierda en beneficio de la nación los bienes que hubiese adquirido, en caso de que las tierras sean destinadas a un uso diferente a la vivienda, con el propósito de que exista una sanción en caso de contravenir el uso que el extranjero le otorgue al inmueble.

Es por eso, compañeras, compañeros diputados, que los llamo a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Compañeras y compañeros diputados, nuestra nación se ha caracterizado por la salvaguarda, el respeto y la vigilancia irrestricta del ejercicio de los derechos humanos, reconocidos tanto en nuestra Constitución Política como en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.

El goce pleno de estos derechos es efectivo para todas las personas, incluyendo a las extranjeras. Es dar cabal vigencia al artículo 1o. de la Constitución, donde todos los individuos en estas tierras somos iguales ante la ley. Esta innegable vocación es también uno de los irrenunciables pilares de la actividad legislativa del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Por ello es que en congruencia y en coherencia con nuestro ideario, votaremos a favor de esta reforma constitucional, en materia de propiedad para extranjeros, en relación al dominio directo de inmuebles en las fronteras y costas nacionales para su vivienda.

Es erradicar un vicio y una práctica que al día de hoy acontece en esta nación; es erradicar los simulacros permanentes a través de fideicomisos para tener la posesión y la propiedad de tierras por parte de los extranjeros en zonas prohibidas.

La reforma que hoy discutimos no es otra cosa más que el reflejar una sensibilidad legislativa de actualizar a la realidad social imperante una de las facetas del régimen de propiedad vigente en México. Régimen que tiene sus raíces en el México Colonial, que encontró, sí, en su momento, una razón de ser en los albores de la reforma y cuyo propósito era el impedir a los extranjeros la adquisición de tierras históricamente vedadas. Fue inalterable y transferido por el Constituyente de 1917 a nuestra Carta Magna.

En la práctica, esta prohibición fue salvada desde el año de 1971, al otorgarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores la autorización para conceder a las instituciones nacionales de crédito permisos para adquirir, como fiduciarias, el dominio de bienes inmuebles destinados a la realización de actividades industriales o turísticas en fronteras y costas, captando de esta manera inversiones extranjeras en esas zonas.

Hoy, en esta tribuna, tal vez se escuchen voces argumentando que esta reforma es una violación a la soberanía nacional y no es una cuestión más errada, que el desconocimiento que nuestra propia historia refleja.

Una manifestación de la soberanía de los estados es la inmunidad de jurisdicción, la cual consiste en que las autoridades extranjeras carecen, en el territorio del Estado de que se trate, poder de coacción.

Este principio de inmunidad de jurisdicción lo expresó en referencia —un famoso caso internacional que data del año de 1927— el ilustre mexicano, abogado, doctor en derecho y secretario de Relaciones Exteriores, don Manuel J. Sierra, diciendo —cito textual—: El derecho de jurisdicción es la facultad del Estado de someter a la acción de sus tribunales y leyes a las personas y cosas que se encuentran dentro de su territorio nacional. Fin de la cita.

Lo anterior sigue manteniendo vigencia; es vigente, pues la reforma a la fracción I del noveno párrafo del artículo 27 constitucional seguirá regulando la propiedad privada en el país, prevaleciendo las diversas prevenciones, limitaciones y aún prohibiciones a los extranjeros, quienes podrán adquirir la propiedad de tierras ubicadas en el territorio nacional, antes vedadas, únicamente para casa habitación, sin fines comerciales y haciéndolo bajo la prevención de la llamada Cláusula Calvo.

Esta reforma, sin alterar el sentido de la soberanía nacional, actualiza el propósito normativo otorgándole vigencia en la necesaria certeza jurídica a una realidad que ha superado la norma.

Además, la presente reforma beneficiará al federalismo, el federalismo fiscal, mediante el fortalecimiento de las finanzas municipales, a través de la recaudación de las contribuciones a que se refiere el artículo 115, fracción IV de nuestra Constitución Política.

Por otro lado, la reforma tiene sustento e impacto en los derechos humanos, pues al permitir a los extranjeros adquirir el dominio de tierras en las fronteras y costas mexicanas, va en concordancia con el derecho al uso y goce de sus bienes, como lo establece el artículo 21, relativo al derecho a la propiedad privada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominado Pacto de San José de Costa Rica, del que México es parte signante, por la aprobación del Senado, desde diciembre del año 1980.

Señoras y señores legisladores, votar a favor de la reforma a la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es porque hacemos patente nuestra voluntad legislativa de integrar la realidad social, económica y de vigencia de los derechos humanos en nuestra Carta Magna, y en toda aquella normatividad que vaya a favor de la ciudadanía y de los habitantes de nuestro territorio.

El votar a favor es también por tratar de erradicar de una vez y para siempre, prácticas de simulación que se dan en los hechos con relación a este tema. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que están hoy invitados aquí por los diputados Jorge Villalobos, Tania Morgan, Martín Heredia, Carlos Castaños y Gerardo Peña Avilés. Bienvenidos todos a la sesión.

Tiene ahora el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para manifestarnos en contra del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforma la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir que extranjeros puedan adquirir terrenos para uso de vivienda en la zona restringida de 100 kilómetros en las fronteras y de 50 kilómetros en playa.

Nuestro grupo parlamentario no considera debidamente fundado ni motivado el presente dictamen, habida cuenta de que en la parte expositiva no se acredita fehacientemente la necesidad de llevar a cabo dicha modificación. Es más, llama la atención la celeridad con la que se dictamina esta iniciativa, que fue presentada el 3 de abril del 2013.

Las razones básicas por las cuales rechazamos esta reforma constitucional son porque precisamente las playas son patrimonio de la nación y no tienen acceso los particulares. Ya estando en manos ahorita de los hoteles, se ven cerradas totalmente las playas.

Cediendo la propiedad privada precisamente a los extranjeros, se va a cerrar más aún el acceso a las playas, no solamente a los particulares, sino también a las fuerzas de seguridad, dígase la Armada o las fuerzas navales, por la sencilla razón de que van a cerrar, a cercar su propiedad privada.

Estos bienes pertenecen a la nación, lo que son las playas, y ustedes pueden observar en los distintos hoteles en la República, que a pesar de pertenecer a la nación, se encuentran cercadas y cerradas al acceso de cualquier común mortal.

Por si fuera poco, precisamente la zona marítima es la vía donde se da el mayor tránsito de sustancias sicotrópicas y estupefacientes; es decir, el narcotráfico. Me pregunto, su servidora se pregunta cómo va a haber un combate efectivo, si va a estar en manos de extranjeros esta propiedad privada y no van a tener acceso.

Para finalizar, y recordando la Cláusula Calvo, precisamente la Cláusula Calvo nunca se ha invocado y no opera a nivel internacional. Están las comisiones de reclamaciones México-Estados Unidos de América, que acreditan que no fue aceptada la Cláusula Calvo para proteger a los extranjeros y que no se puede reclamar en beneficio de la nación, y cuando invocan la protección diplomática de sus países, ya no tiene operatividad a nivel nacional ese reclamo. Perderíamos irremediablemente esas playas a favor de los extranjeros.

La otra cuestión son los mecanismos de solución de diferencias. Tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como los acuerdos de inversión, establecen que no se tienen que agotar los recursos internos; es decir, no tendrían que acudir a los tribunales nacionales, irían a un arbitraje internacional, lo cual crea una situación de privilegio para los extranjeros sobre los nacionales.

Estas cuatro razones son suficientes para considerar que esta reforma no debe ser aceptada. No hay la violación a ningún derecho fundamental precisamente, porque ahorita, cuando adquieren los extranjeros, se les advierte que adquieren en un fideicomiso y no así una propiedad directa.

Se quieren acabar con las simulaciones, entonces eliminen la Cláusula Calvo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Monreal, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. El dictamen en discusión es producto del trabajo a todo vapor de esta Comisión de Puntos constitucionales, y por ello está vaciado de sustancia, y a lo mucho constituye un pobre ejercicio de triangulación de ideas, que no clarifica mucho el porqué la prisa de entregarle nuestras tierras cercanas a las costas y nuestras fronteras a los extranjeros.

Se encuentran en el dictamen dos grandes defectos; el primero, la naturaleza fugaz con que pretende ser aprobado, y el segundo, la pobre argumentación con que pretende ser sustentado, consecuencia del primero.

Se llega, incluso, al absurdo de echar mano de disposiciones del derecho internacional, de los derechos humanos, como lo es el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando del contenido del dicho dispositivo no se desprende la obligación del Estado mexicano de apresurarse a reducir el dominio directo sobre las fronteras nacionales, menos aún cuando es en pro del ánimo consumista y expansionista de las personas extranjeras, ya sean físicas o jurídicas.

Muy por el contrario, el artículo 21 de la Convención en cita se establece con claridad que el derecho de propiedad encuentra sus límites y está subordinado al interés social.

El contenido de la fracción I del artículo 27 constitucional es resultado de un arduo proceso dialéctico de construcción de la soberanía y de la identidad nacional, de una brega de eternidad por la libertad y por la plena vigencia del principio de la libre determinación de los pueblos.

Por otro lado, en tiempos en los que abundan los cuestionamientos sobre la eficacia del trabajo legislativo, no se comprende cómo la Comisión de Puntos Constitucionales le imprime tanta celeridad a un dictamen que no viene a resolver ni aún parcialmente cualquiera de los problemas que enfrenta la sociedad mexicana; al contrario, el dictamen que nos ocupa se inscribe en una línea de reformas de carácter legislativo, que vienen a favorecer los intereses de los extranjeros por encima de los intereses nacionales.

En este sentido, cabe señalar que no tenemos que pagar los mexicanos los daños colaterales de este grupo que intenta saquear y apoderarse de los bienes nacionales.

Ahora resulta que tenemos que precipitarnos todos a una agenda entreguista que encuentra su origen en el apoyo logístico, mediático y financiero de entidades o gobiernos extranjeros a los ahora representantes del nuevo gobierno mexicano. Este grupo de neoliberales jóvenes, corruptos y frívolos, que no tienen historia y que no tienen preparación ni tampoco ningún sentido nacionalista. Por esa razón, México podría estar en un grave peligro.

Ciudadano presidente, le pediría la atención. Presidente, le pediría llamar la atención, nadie pone atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, tiene usted toda la razón. Voy a pedir a la asamblea que podamos guardar silencio para escuchar al orador, a nuestros invitados lo mismo.

Pido aquí a nuestros auxiliares parlamentarios nos ayuden también liberando los pasillos de la gente que no es diputado, para que podamos llevar en orden nuestra sesión. Continúe, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Es que, ciudadano presidente, por ratos frecuentes este Poder soberano se transforma en un soberano desmadre, y es que el tema que estoy comentando es muy grave.

Muchos pensarían que es una discusión más. No es así, señores diputados, señoras diputadas, es una iniciativa apresurada, pero sobre todo, ¿saben cuál es el contenido? Que a partir de que ustedes lo aprueben —la mayoría, con nuestro voto en contra— los extranjeros podrán ser dueños de playas, viviendas ubicadas en la frontera y habrá de quitarse la restricción constitucional que durante casi 100 años está en el 27 constitucional.

Es muy grave lo que se está haciendo, no es cierto que las condiciones hayan cambiado, y les voy a decir por qué.

Por cierto, presidente, ante la falta de atención, le pediría plasme en el Diario de Debates un documento que he preparado, por lo delicado de esta disposición que pretende modificarse en el artículo 27 constitucional.

«Posicionamiento respecto del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Propiedad para Extranjeros.

Con su venía señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El dictamen en estudio, es producto del trabajo a todo vapor de la presidencia de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales. Por ello, está vaciado de sustancia, y a lo mucho constituye un pobre ejercicio de triangulación de ideas que no clarifica mucho el por qué la prisa por entregarles nuestras tierras cercanas a las costas y nuestras fronteras a los extranjeros.

Se encuentran en el dictamen dos grandes defectos el primero, la naturaleza fugaz con que pretende ser aprobado, y el segundo, la pobre argumentación con que pretende ser sustentado, consecuencia del primero.

Se llega incluso al absurdo de echar mano de disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, como lo es el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, cuando del contenido de dicho dispositivo, no se desprende la obligación del Estado mexicano de apresurarse a reducir el dominio directo sobre sus fronteras nacionales, menos aún cuando es en pro del ánimo consumista y expansionista de las personas extranjeras, ya sean físicas o jurídicas.

Muy por el contrario, en el propio artículo 21 de la Convención en cita, se establece con claridad que el derecho de propiedad encuentra sus límites o está subordinado al interés social.

Es pues el dictamen en estudio un arquetipo de los que se han elaborado y de los que han de venir, cuando son producto de iniciativas derivadas directa o indirectamente del mezquino “pacto por México”.

Dictámenes chatarra, sin mucho cuerpo o sustancia ni posibilidad de enriquecimiento, que reducen a la Comisión de Puntos Constitucionales tan solo a la función de una especie de mesero legislativo, en donde el PRI es el único cliente, el único dueño, el único patrón.

El contenido de la fracción I del artículo 27 constitucional, es resultado de un arduo proceso dialéctico de construcción de la soberanía y de la identidad nacional; de una brega de eternidad por la libertad y por la plena vigencia del principio de la libre determinación de los pueblos.

Por otro lado, en tiempos en los que abundan los que abundan los  cuestionamientos sobre la eficacia del trabajo legislativo, no se comprende como la Comisión de Puntos Constitucionales le imprime tanta celeridad a un dictamen, que no viene a resolver ni aún parcialmente, cualquiera de los problemas que enfrenta la sociedad mexicana.

Al contrario, el dictamen que nos ocupa se inscribe en una línea de reformas de carácter legislativo que vienen a favorecer los intereses de los extranjeros por encima de los intereses nacionales. En este sentido, cabe señalar que no tenemos que pagar los mexicanos los daños colaterales de un grupo siniestro que a toda costa se ha hecho del poder y a toda costa quiere conservarlo.

Ahora resulta que tenemos que precipitarnos todos a una agenda entreguista, que encuentra su origen en el apoyo logístico, mediático y financiero de entidades o gobiernos extranjeros a los ahora representantes del nuevo gobierno mexicano. Entidades o gobiernos extranjeros de los que se busca la “certificación” tácita del acenso al poder y del proceder de la cúpula política en nuestro país. Cuestión que correlativamente, encierra el temor al fantasma de la ilegitimidad.

Es pertinente recordar en este punto que la política exterior norteamericana se encuentra traspasada por la máxima de John Foster Dulles, que a grandes rasgos señala que los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses.

Así verbigracia, la llamada “Iniciativa Mérida” ha funcionado como un ariete para institucionalizar y legalizar la intromisión descarada de las agencias de inteligencia de EUA, predominantemente las de carácter militar.

México podría estar compartiendo el mismo destino de varios países de Europa del Este, ex miembros del Pacto de Varsovia o de la ex República Socialista de Yugoslavia, quienes a partir de la caída del Muro de Berlín, y del empoderamiento de la OTAN se han convertido prácticamente en colonias militares, al servicio de los juegos geopolíticos de los norteamericanos.

Avanza el juego perverso de la política intervencionista, neocolonialista e imperialista de los norteamericanos, en donde el mundo tiene dueño y se rige bajo un modelo geopolítico que tiene como axioma inalienable la “seguridad nacional” estadounidense.

Estamos pues sufriendo la embestida de nuestros propios gobernantes, de estos “neo polkos”, cuya estrategia reformista constituye uno de los principales escollos para configurar la más pertinente y adecuada estrategia de seguridad nacional. Todo en aras de privilegiar la agenda mafiosa del pacto por México, que es más bien la del pacto por el prian, con la situación de que dicha agenda incluye compromisos ominosos con agentes extranjeros.

De ahí que las últimas reformas que han sido producto de este pacto mafioso y cupular, apunten a la entrega paulatina de la soberanía y de los bienes nacionales para ponerlos al servicio de los extranjeros. Ejemplo de ello es la llamada reforma en telecomunicaciones, la reforma laboral y, por supuesto, la inminente reforma fiscal y energética.

Por otro lado, en términos prácticos, resulta totalmente absurdo pretender reformar la Constitución para favorecer los intereses de extranjeros, con el argumento de que al adquirir propiedades en costas y cerca de la frontera, indirectamente se aumentarían las fuentes de recaudación de los municipios y se abriría una puerta más a la inversión extranjera.

Ya que esto tan solo fortalece el esquema de capitalismo de cuates, que caracteriza el neoliberalismo de las cúpulas que ostentan el poder, pero mengua aún más la vigencia de los derechos sociales y culturales de los mexicanos menos privilegiados. Quienes seguirán sufriendo la laceración de la discriminación por causas económicas, pero ahora con mayores implicaciones negativas, puesto que en adelante se pretende negarles el disfrute de tierras paradisíacas que ahora son del dominio público.

El Constituyente de 1917 recogió designios históricos establecidos en las pasadas Constituciones Políticas, respecto del dominio directo de tierras yaguas cercanas a las costas y las fronteras nacionales. Por ello, determinó que sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones. Así, la redacción del artículo 27 de la Constitución quedó redactada en esos términos.

Además, la referida disposición constitucional establece en sus preceptos que el Estado podrá conceder derechos de dominio de las tierras yaguas a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes. Es decir, se establece en el cuerpo mismo de la Carta Magna, lo que se conoce como Cláusula Calvo.

Asimismo, actualmente, quienes no tengan la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, no tienen la facultad de adquirir propiedades en una franja de cien kilómetros al interior del país a partir de las fronteras y de cincuenta kilómetros en las playas.

Lo anterior refleja la intención de corregir una tendencia histórica funesta, propia de la cúpula gobernante: el entreguismo sistemático. Desde los albores del siglo XIX tiranos como Santa Ana y secuaces como Manuel de la Peña y Peña, entregaron prácticamente la mitad del territorio de México a través de figuras como el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, incluso Benito Juárez hizo lo propio a través del Tratado Mclane-Ocampo.

Empero, aquellos actos pueden encontrar su justificación en las recalcitrantes guerras intestinas entre los diferentes grupos que se disputaban el poder en México, o en la enajenación por el destino manifiesto y el ánimo expansionista del vecino país del norte.

Tristemente, el entreguismo que estamos presenciando en estos momentos se debe a la incompetencia, al cinismo, a la corrupción, a la desorientación y falta de identidad del grupo que actualmente ostenta el poder: el prian.

Si como se dice en el cuerpo del dictamen en estudio, la prohibición que se consigna para que los extranjeros no puedan adquirir la propiedad de tierras y aguas cerca de las costas y las fronteras, en la práctica se elude al constituirse fideicomisos, lo dable no es legalizar por completo la depredación de nuestras aguas y tierras por parte de personas extrajeras.

Muy por el contrario, se debe trabajar con seriedad, profesionalismo y patriotismo para darnos a nosotros mismos un marco jurídico que regule adecuadamente todo lo relacionado con lo que se conoce como “fraude a la ley”.

Si se permite el dominio directo de nuestras tierras en las fronteras y en las costas por parte de extranjero; cuando la única limitación que se les ocurrió a estos neo polkos, estriba en que la propiedad no se utilice para fines comerciales, entonces todo el artículo 27 está condenado a ser letra muerta. Centros de espionaje e inteligencia; bases de operaciones y hasta instalaciones o bases militares con la fachada de “casas habitación”, podrían ensanchar de golpe y porrazo las fronteras o la zona de seguridad de la potencia extranjera obsesionada con su perenne agenda de seguridad nacional.

Cosa más ridícula: mientras queda claro que una potencia extranjera, a merced de su ánimo imperialista nos puede estar empujando sin escollos ni tapujos -mediante nuestros propios seudo- legisladores- a la inclusión de nuestro territorio y de nuestros recursos en su agenda de seguridad nacional los mexicanos estamos sumidos en engaños, chantajes, farsas y martingalas por parte de la elite cleptocrática y plutocrática que controla nuestro país.

En este punto, resulta pertinente reconocer la necesidad de echar por la borda los pactos y compromisos mafiosos de la cúpula que ostenta el poder, para adoptar una política realmente incluyente e integral que se avoque a temas verdaderamente preocupantes para la sociedad, como lo son el crimen organizado y la inseguridad.

Pero en la que se asegure al mismo tiempo, la integridad, la soberanía e independencia del Estado Mexicano; variables que se encuentran ligadas inextricablemente.

La cúpula cleptocrática y plotocrática tiene prisa por entregarle nuestros recursos naturales, financieros y humanos a los extranjeros, pero en nada se ha avanzado en materia de corrupción, delincuencia organizada, impunidad y en la consecuente fragilidad del Estado de Derecho. Lastres todos que han producido encono en la sociedad mexicana, y han minado al mismo tiempo al Estado mexicano.

Es cuanto, señor Presidente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de abril de 2013.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: El 15 de noviembre de 1911 —les recuerdo señores— Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala, escrito por aquel lúcido revolucionario intelectual Díaz Soto y Gama. Ahí se sentaron las bases que ahora ustedes quieren destruir. Entre otras cosas, el Plan decía: En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se decreta la expropiación y se ataque a los monopolios y a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y los ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos y campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todos la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.

Este histórico documento que generaron algunos de los más dignos mexicanos, fue creado sobre las bases de la justicia social y del reconocimiento de que la propiedad de todas las tierras y aguas mexicanas, reside originalmente en la nación, reside en los mexicanos en su conjunto, en el sentimiento de nacionalismo que nos une como tales.

Cuánto han cambiado las cosas desde entonces. Cuánto ha cambiado México desde aquellos tiempos en los que el Poder Constituyente, estas Cámaras determinaban que esta nación y este territorio le pertenecían al pueblo y que es el pueblo el que debe de disponer de la tierra, porque es el que la trabaja, porque es quien la vive, igual que sus padres la avivaron y trabajaron antes que ellos.

Sin duda, ahora el Poder Constituyente, estas Cámaras han cambiado. Ya no es más ese conjunto de hombres y mexicanos dignos que en todo veían por su pueblo. Ya no se ve más el Poder Legislativo por el bien de los mexicanos.

Sin embargo, las condiciones sociales sobre la que se creó el Plan de Ayala no han cambiado aún. Aún la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan ni pueden gozar en nada su condición social por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, los montes y las aguas; aún los poderosos propietarios son quienes disponen de la tierra y aún no se mejora en todo y para todos la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.

Éstas son las bases ideológicas sobre las que se redactó el artículo 27 constitucional y aún así, 100 años después, luchando aún los mexicanos por ser dueños, al menos de la tierra que pisan, esta Cámara, que pretende un pecado social enorme, de enormes proporciones y dimensiones, ofrece las tierras de los mexicanos al capital extranjero, modificar el artículo 27 constitucional para permitir el que los extranjeros se apoderen de playas y terrenos ubicados en las franjas fronterizas.

La gente mexicana no es dueña más que de su propio trabajo y éste nuevo Poder Legislativo pretende que el capital extranjero se apodere de las costas. En lugar de que las tierras sean devueltas a sus dueños originarios, nuevamente le son arrebatadas.

Ahora por la vía de esta reforma constitucional nuestras tierras le son devueltas al capital, pero al capital extranjero. La nación ya no lo es más, ahora México es para los que tienen dinero, no para los que se dicen mexicanos, no para quien trabaja la tierra y cuida la tierra, sino para aquel que tiene para comprarla.

Es por ello que votaremos en contra de este dictamen, porque nosotros aun creemos en los principios sobre los que se creó nuestra Constitución, porque nosotros aun creemos que la propiedad de la tierra en la nación reside en la nación. Y que la nación somos todos los mexicanos, no unos cuantos con capital y otros muchos extranjeros. Hoy, 102 años después del Plan de Ayala, preservamos el lema zapatista.

Nuevamente, otra reforma retrógrada, otra reforma regresiva y lamentablemente, un sector de la izquierda la presenta y la defiende. Es inaudito. Es inaudito e increíble. Vergüenza les debería dar a todos aquellos que voten por esta reforma regresiva. La tierra se los cobrará y la historia los colocará en su lugar, en el basurero de la historia.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

Saludo con mucho gusto a un grupo de alumnos de la carrera de Ciencias Políticas y de Administración Pública de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, que están aquí invitados por el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa. Bienvenidos a la sesión.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con su venia, señor presidente. La adquisición de la propiedad por parte de extranjeros en suelo nacional, en las llamadas zonas estratégicas, fronteras y playas es un reclamo justo; sin embargo, fue y podemos incluso decir que todavía es un tema tabú.

Derivado del pensamiento que durante mucho tiempo se asimiló en la población, creyéndose que al resguardar dichas zonas se contribuía con la seguridad nacional, en concreto, evitando la posibilidad de una invasión.

Lo cierto es que en la actualidad las invasiones en el mundo no se llevan a cabo a través de ingresos de grupos a una entidad. De igual manera, tampoco por la residencia absoluta de varias personas de nacionalidad diferente en suelo mexicano, como para suponer que podrían ganar territorio y despojar, en consecuencia, al Estado.

Empero, lo que no puede olvidarse ni hacer caso omiso son dos consideraciones impropias para un país como México, quien se halla inmiscuido en una comunidad internacional, y menos aún para un Estado denominado garante de los derechos humanos desde siempre. Pero con mucha mayor presencia después del pasado 2011, en donde se legisló en la materia con mucho mayor énfasis.

En primer lugar, la Constitución determina, en el artículo 1o., el principio de igualdad en el cual descansa la República.

En consecuencia, si todos somos iguales, toda reminiscencia a la distinción entre seres humanos para adquirir o hacer valer derechos es racionalmente impropia, tal como sucede todavía en el artículo 27, en donde se limita el derecho de la libre propiedad a los extranjeros; en consecuencia, de seguir manteniéndose como hasta ahora al referido artículo 27, se estaría contraviniendo a la igualdad entre seres, principio del cual hacemos tanto alarde.

Como es fácil darse cuenta, el impedimento a la adquisición de la propiedad a cargo de extranjeros en ciertas partes del territorio es una postura anacrónica y, por ende, fuera del contexto actual.

En segundo lugar, debemos reconocer en un mundo globalizado, en donde por beneficio social se debe permitir la intervención económica para el desarrollo de las naciones y el pueblo.

Sin duda alguna es más que adecuado abrir la inversión privada a todo tipo de fuentes de riqueza, con la finalidad de permitir inversiones y, por ende, se quede en la patria la infraestructura, población con empleo y capacitación.

En este caso se privilegia en la transformación constitucional solamente a viviendas sin fines comerciales, por lo cual creemos que existirá una inversión profunda en el sector inmobiliario y desde luego también divisas que fortalecerán las balanzas de pago.

Permitirle a no nacionales la adquisición de propiedad será una puerta a mayor progreso y en ningún instante debe verse como un riesgo, pues continúa existiendo control por parte del Estado y de igual manera una vigilancia en la rectoría económica, plasmada en el dispositivo 25 constitucional.

En igual sentido, debemos tener presente que en la actualidad de cualquier manera los extranjeros llevan a cabo inversiones en propiedades localizadas en las llamadas zonas prohibidas. Dicha circunstancia se derivan de la implantación de fideicomisos y la emisión de certificados de participación inmobiliaria.

En esta tesitura, la propuesta servirá para dejar a un lado la farsa de las prohibiciones de adquisición de propiedades, pero también —y seguramente más valioso— para cumplir en pleno los compromisos de derechos humanos ya mencionados.

De mantenerse el Estado actual con la redacción del artículo 27 constitucional, se contraviene el numeral 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual implícitamente reconoce un derecho al uso y goce de bienes.

En conclusión, por todas las razones expresadas, la bancada del Partido Verde en esta Cámara manifiesta la conformidad a la modificación de la fracción I del artículo 27 constitucional, esperando que la demás fuerzas políticas permitan el cambio para el crecimiento de México y su población. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Mucha gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a fijar nuestra posición y a señalar que nuestro voto va a ser en contra de este dictamen.

Este dictamen implica una gravedad que no estamos dimensionando; es una reforma al artículo 27 constitucional, que rompe con principios históricos, con el principio histórico de la zona prohibida —como coloquialmente le hemos llamado— y que implica la prohibición de que ciudadanos extranjeros puedan tener en propiedad tierras en una franja de un kilómetro a lo largo de nuestras fronteras. Rompe también con el principio histórico de que los extranjeros no puedan tener en propiedad tierras en las playas en una zona de 50 kilómetros.

El propio dictamen de la comisión reconoce la existencia de estos principios históricos. Dice el dictamen de la Comisión, en su página nueve, que el primer antecedente se ubica precisamente en la Ley de Colonización promulgada el 18 de agosto de 1824 y que en su artículo 4o. a la letra establecía: No podrán colonizarse los territorios comprendidos entre 20 leguas limítrofes con cualquier nación extranjera y 10 litorales, sin previa aprobación del Supremo Poder Ejecutivo General.

En el mismo sentido, el dictamen de la comisión alude al decreto del 20 de marzo de 1829, relativo a la expulsión de ciudadanos extranjeros. Alude también, incluso, al artículo 21, fracción IV de la Constitución Centralista de 1836, y paradójicamente señala que el propio Antonio López de Santa Anna promulgó la Ley del 11 de marzo de 1842, que prohibía a los extranjeros adquirir inmuebles en los litorales y tierras que estuvieran dentro de las cinco leguas de la costa.

Hoy el dictamen de esta comisión nos dice —textualmente lo cito—: Que las circunstancias que llevaron al Poder Constituyente a limitar que los extranjeros adquirieran tierras y aguas en las fronteras y playas han sido superadas.

Aquí se ha dicho que está superada la acechanza de una invasión extranjera. Pero acaso el imperialismo, el deseo de incluir a la soberanía en las decisiones internas de otros países, ¿está superado en este siglo XXI?

Dice la comisión —y lo señalo textualmente—: Esta comisión dictaminadora considera que la razón de ser de la zona prohibida es solo histórica y, en consecuencia, la prohibición que lo afecta ha dejado de tener vigencia y contenido práctico. No estamos de acuerdo con esa situación.

Consideramos también que hay una interpretación errónea de lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Alude a ello el dictamen de la comisión para fundamentarse. Dice y cita textualmente el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que determina el derecho a la propiedad y dice que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Claro que es un principio de derechos humanos, pero acotado también, porque dice que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

En ningún momento la Convención Americana de Derechos Humanos nos señala que estemos incurriendo en un error al limitar la propiedad de los extranjeros en la zona prohibida y en la zona de playas de esta nación. Queremos exhortar a que reflexionemos lo que vamos a aprobar el día de hoy. Es muy grave esta reforma constitucional.

Compañeras y compañeros legisladores, el país no está en subasta, mucho menos estamos en una venta de garaje, que nos urja a tener que despojarnos de estas zonas y ponerlas a disposición de los extranjeros.

Reconocemos que existe simulación, que a través de fideicomisos hay extranjeros que tienen bienes inmuebles en zonas de playas de este país. Claro que existe la simulación, pero la simulación no se resuelve legalizándola, porque entonces tendríamos que legalizar el ambulantaje, tendríamos que legalizar la venta de plazas al interior de Petróleos Mexicanos o al interior de los sindicatos de maestros.

No es legalizando la simulación como se resuelven los grandes problemas de este país. Hay que hacer una serie de reformas que de manera integral se enfoquen a este problema que tenemos de simulación en materia de fideicomisos en las zonas costeras del país.

Quiero ponerles un ejemplo de cómo las propiedades extranjeras violan nuestro marco normativo interno. Ahí está el caso de San Miguel Allende, Guanajuato, donde se han asentado ciudadanos extranjeros y han adquirido grandes propiedades, viviendas, que violando la ley las han convertido en hoteles-boutique y que hoy, al amparo de todas estas omisiones e irregularidades, generan una competencia desleal para el sector hotelero guanajuatense y en específico, de San Miguel Allende.

Quisiera terminar recordándoles que el gasto en seguridad de nuestro poderoso vecino del norte ronda los 711 mil 421 millones de dólares. Con estas reformas que hoy estamos discutiendo no es descabellado pensar que le saldrá más barato ir adquiriendo propiedades y convertir una zona de amortiguamiento dentro de nuestro propio territorio; una zona de amortiguamiento donde sean detenidos los ciudadanos mexicanos, con el pretexto de que se trata de propiedad privada, pero estando dentro del propio territorio nacional.

En el PRD por eso votaremos en contra de estas reformas. Votaremos por México; por un México pleno y para todos los mexicanos. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Saludo con mucho gusto a un grupo de estudiantes de la escuela preparatoria oficial número 97, de la colonia Lázaro Cárdenas, del municipio de Tlalnepantla, que están aquí invitados por la diputada Norma Ponce. Bienvenidos a la sesión.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Alfredo Zamora.

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente, únicamente para señalar que coincidimos con los argumentos del diputado Monreal y con el diputado que acaba de estar en tribuna; considero que siguen vigentes los argumentos del Constituyente originario de 1917, que les dieron motivos precisamente para establecer esta limitación; siguen vigentes y a partir de ahí el diputado de Baja California Norte y un servidor de Baja California Sur, también vamos a votar en contra, porque consideramos que esta reforma, tal como está el precepto constitucional, no ha detenido el progreso, el avance de las zonas costeras de nuestro país y me parece que es inaceptable esta reforma. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Ahora para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, tiene el uso de la voz el diputado Raúl Paz Alonzo.

El diputado Raúl Paz Alonzo:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy la Comisión de Puntos Constitucionales nos presenta un dictamen sobre una iniciativa de reforma constitucional que logró congregar un gran consenso en más de 188 diputados de distintos partidos políticos que se sumaron a la iniciativa, que presentamos los diputados Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Manlio Fabio Beltrones Rivera y un servidor.

De aprobar el dictamen que hoy discutimos, permitirá a México dar un paso más para consolidarnos como una potencia turística, como un destino no solo de visita, sino de residencia para extranjeros en edad de retiro.

La prohibición existente, a pesar de que sus orígenes históricos no corresponden ya al contexto actual, nos pone en desventaja con otros países con los que hoy competimos, que también son destino para miles de jubilados de todo el mundo, que buscan un lugar para residir gran parte del año y que dejan una derrama económica superior a los 2 mil 500 millones de dólares en beneficio de los habitantes, ciudades y municipios donde ellos se concentran, pues se calcula que una pareja extranjera gasta en nuestro país entre 3 mil 200 y 4 mil 300 dólares mensuales.

De acuerdo a la revista Internacional Living, que elabora el índice anual de jubilación, nuestro país califica como el tercer mejor destino para jubilados, lo que nos pone en una posición extraordinaria para consolidarnos como potencia mundial en este sector turístico.

La aprobación de este dictamen no pretende beneficiar a determinado sector de la población o a país alguno, lo que se busca con la reforma al artículo 27 constitucional, es terminar con la simulación que hoy existe, que permite que los extranjeros adquieran propiedades en la zona restringida, a partir de la celebración de fideicomisos, sociedades anónimas u otras artimañas legales. Pero lo más importante es que este cambio nos permite impulsar el desarrollo turístico internacional, la inversión extranjera y la generación de empleos. Con ello se espera que nuestro país alcance su potencial y se convierta en referente y cabeza del turismo mundial.

La figura del fideicomiso, además de significar un artificio legal que contradice las propias leyes mexicanas, se convierte —en la mayoría de los casos— en uno de los principales obstáculos para impulsar la inversión extranjera en el turismo, por dos razones principalmente: no da certeza jurídica y es oneroso.

Me quiero referir más a fondo a esta primera y su importancia. Un comprador, al no tener certeza jurídica, no tiene acceso a créditos y por lógica económica reduce el mercado potencial en esta materia.

Otro punto que quiero resaltar. En todas estas acciones de compra-venta que hoy existen en nuestro país, la gran mayoría de los beneficios son para los intermediarios y no para los mexicanos que venden su propiedad.

Es en el turismo que México tiene su vocación natural. Representa el 9 por ciento del producto interno bruto, siendo la quinta actividad generadora de divisas y genera actualmente más de 2.5 millones de empleos.

Entre el 2007 y el 2012, el turismo internacional en México creció 12.2 por ciento, una cifra más alta que la registrada en ese mismo período en Europa. Si hoy modernizamos nuestra Constitución con esta reforma, estoy seguro que esta cifra crecerá para beneficio de todos los mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados, dejemos a un lado los prejuicios y tabús nacionalistas; impulsemos el desarrollo de nuestro país, actualizando nuestra Constitución para que nos ponga en ventaja o por lo menos en igualdad de circunstancias con el resto de los países.

Generando empleos y crecimiento económico le brindaremos a México las herramientas para competir en el mercado mundial y de esta manera sí fortaleceremos nuestra soberanía.

A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional les pido su voto a favor de este dictamen, que estoy seguro que abonará al trabajo que hemos venido realizando en esta Legislatura para construir un país más moderno, fuerte y próspero. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Quien pide respeto, da respeto compañeros y compañeras. El dictamen que el día de hoy nos ocupa reviste la mayor relevancia, toda vez que propone reformar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual —sin lugar a dudas— es uno de los preceptos históricamente fundamentales que dieron vida a la Ley Fundamental del 17, constituyendo un importante parteaguas en la historia del constitucionalismo mexicano.

Dicho artículo actualmente ordena que quienes no tengan la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, no tienen la facultad de adquirir propiedades en una franja de 100 kilómetros al interior de nuestro país a partir de las fronteras, y 50 kilómetros en la zona de la playa, prohibición que el Constituyente originario estableció como propuesta en el escenario político, económico y social del siglo XIX.

Hoy, 96 años después la realidad es muy distinta. De ahí resulta necesario adecuar la norma jurídica a la realidad, perfeccionándola para que pueda, de manera efectiva, ordenar la vida social y su problemática. Es un asunto obsoleto y que es necesario reformar.

Como acertadamente lo señaló la comisión a través del dictamen, el objetivo de la iniciativa es eliminar a los intermediarios que figuran como los propietarios de la tierra, al tiempo que al modificar la prohibición de adquirir el dominio directo del inmueble en las costas, se considera una estrategia que permitirá y dará certeza a la inversión extranjera en vivienda familiar, pues hoy en día existen un sinnúmero de propiedades que extranjeros ocupan cada vacaciones, que mediante la figura del fideicomiso poseen inmuebles para residencia plena o retiro en la franja territorial precisada.

Queremos acabar con la simulación y con esto poder dar certeza jurídica y terminar también con estos prestanombres, que día con día para lo único que ha servido ha sido para defraudar a los extranjeros.

La medida propuesta será un detonante del desarrollo económico que generará crecimiento y empleo, así como un aprovechamiento sustentable de los recursos y capacidades con que cuentan las diferentes regiones del país.

Es preciso señalar que atendiendo a los intereses nacionales y a la soberanía que reclaman los tiempos actuales, el Grupo Parlamentario del PRI coincide con la dictaminadora, en el condicionamiento de la adquisición de terrenos por parte de los extranjeros en cuatro aspectos:

1. Que el uso de las tierras sea destinado para vivienda única y exclusivamente;

2. Que el uso de las tierras no tenga un uso comercial, industrial, agrícola o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta, que derive de un uso distinto a la vivienda casa-habitación;

3. El extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los términos de la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 constitucional, y

4. En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto al de la vivienda, la ley establecerá procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.

Lo anterior, conservando la cláusula actual de que el dominio de los extranjeros sobre tierras, aguas y sus accesiones, pueda ser una realidad, siempre y cuando convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de tales bienes, y se comprometan a no invocar por lo que hace a éstos la protección de sus gobiernos, pues en caso contrario los perderán en beneficio de la nación.

A mayor abundamiento, es menester precisar para la suscripción de tratados internacionales y la inclusión de nuestro país como integrante de organismos internacionales, así como del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, gana México la garantía y política en el ámbito del derecho internacional público de que la inversión extranjera en la zona de referencia no representará ningún riesgo para nuestro país.

En suma, nuestro voto es favorable al presente dictamen, toda vez que armoniza las inversiones extranjeras, la economía nacional y los derechos humanos con el texto constitucional, otorgando certeza y seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros y nacionales, al tiempo que se posibilita a los municipios del país asentados en estas zonas geográficas a que tengan mayor inversión y una prosperidad.

Concluyo, presidente y quiero comentar que hoy habla una joven diputada que damos respeto a los que no son tan jóvenes, y hoy los jóvenes diputados pedimos el mismo respeto que nosotros damos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Quiero saludar a un grupo de jóvenes del Frente Juvenil Revolucionario de Guanajuato, que están hoy aquí invitados por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, bienvenidos a la sesión.

También a un grupo de alumnos de la licenciatura de administración pública y turística de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que están hoy aquí invitados por el diputado José Enrique Doger. Bienvenidos a esta sesión.

Informo a la asamblea que para la discusión en lo general y en lo particular, en razón de que se trata de un solo artículo, se han inscrito para hablar en contra el diputado Ricardo Mejía y para presentar modificaciones el diputado José Ángel Ávila y el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. En consecuencia, tiene el uso de la...

El diputado Roberto López González(desde la curul): Señor presidente, para registrarme en contra del dictamen.

El Presidente diputado José González Morfín: Lo registro, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía, para hablar en contra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Lo que costó décadas o siglos de lucha, se está pretendiendo derogar en 20 días. Apenas el día 3 de abril se le dio entrada a esta iniciativa y hoy se está ya pretendiendo reformar la Constitución en un tema toral de nuestra Carta Magna.

La defensa de los intereses nacionales no es un asunto de moda, es un asunto de convicciones, de principios, de valores. Los entreguistas de ayer son los entreguistas de hoy, la historia se repite con diferentes vestuarios y circunstancias, pero en el fondo sigue siendo la misma. Quienes defienden el interés nacional o quienes con el pretexto de no caer en anacronismos están entregando las costas y están entregando parte de las fronteras nacionales.

La Constitución y los Constituyentes, cuanto establecen estas restricciones no lo hacen simple y sencillamente como una ocurrencia o como un afán meramente restrictivo, lo hacen porque hay luchas y batallas que se han librado y que es necesario preservar en nuestras fronteras y en nuestras playas estas franjas, estas limitaciones que establece el Constituyente.

La globalización no es someter a las naciones ni es ir en contra de su historia ni de sus legítimos intereses. Preguntaría, ¿qué factura se está pagando con esta reforma? ¿Por qué esta subasta del país? ¿Por qué esta venta de garaje, que parece propia, insisto, de un pago de facturas con intereses extranjeros? ¿Acaso es Monex?

Les preguntaría, incluso, a los legisladores del PRI, ¿dónde quedó el nacionalismo revolucionario que abrevaron por décadas? En lugar de frenar la simulación, lo que están haciendo es constitucionalizar el entreguismo. Eso es lo que están haciendo.

Hay ya un proceso de extranjerización manifiesto, una agenda entreguista que se ha ido cumpliendo, ¿es acaso el pacto contra México? Los bancos, salvo uno, están en manos de extranjeros.

En telecomunicaciones habrá 100 por cierto de inversión extranjera. Ya hace unos días se quitó la restricción a las condecoraciones y ahora el presidente de la República podrá ir a recibir condecoraciones al extranjero, sin que pase el permiso por el Congreso de la Unión.

Las reformas, como la Financiera, las anuncia el secretario de Hacienda en el extranjero, ¿qué es lo que falta? ¿La reforma energética? ¿Entregar el petróleo? ¿Entregar los más caros anhelos y patrimonio del país?

Por eso nosotros estamos en contra y hacemos un llamado a los legisladores progresistas, a que como una sola voz rechacemos esta iniciativa de reforma constitucional. También sabemos que en el Grupo Parlamentario del PAN hay legisladores nacionalistas que se opondrán a esta reforma.

Es un tema también de seguridad nacional. Hemos visto temas, como la Iniciativa Mérida y el operativo de Rápido y Furioso, de los que todavía falta conocer el final de la historia.

¿Acaso no creen ustedes que en estas viviendas, que se ponen como casas habitación, de manera, incluso, ingenua o inocente, no creen ustedes que podrán también asentarse ahí extranjeros o cuerpos de inteligencia para vigilar al país? Es un tema de soberanía, es un tema de seguridad nacional y es un tema de nacionalismo. No podemos reformar la Constitución, como si fuera un contrato mercantil.

Por eso, compañeras y compañeros diputados, nuestro voto será en contra y nuestra invitación a todos los legisladores nacionalistas es a rechazar esta propuesta, es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tengo anotado en pro al diputado Carlos Angulo, pero no lo veo en el salón de sesiones; entonces, voy a darle el uso de la voz al diputado José Ángel Ávila Pérez, que también se registró en contra, pero para hacer una modificación, para proponer una modificación.

El diputado José Ángel Ávila Pérez:Con la anuencia de la Presidencia. Diputadas y diputados, se está discutiendo un dictamen relativo a una iniciativa que fue trabajada de manera muy veloz. Apenas el día 3 de abril se suscribió y se presentó ante esta soberanía la iniciativa que hoy pretende culminar con una aprobación. Se refiere a la liberalización del acceso a la propiedad de las tierras por parte de extranjeros en la zona restringida de nuestro país.

Todos ustedes saben —pero se los recuerdo— que los estados han adquirido, han adoptado diversas formas para establecer la relación de los extranjeros con la propiedad de sus tierras. El Constituyente mexicano decidió, soberanamente, fijar bajo la premisa de la doctrina Calvo, como obligación para adquirir tierras en nuestro territorio, que se renuncie a la protección del Estado y a las de las leyes del extranjero. Pero también estableció la zona restringida de las fronteras y las costas de nuestro país.

Supongo que ustedes tienen claro que la zona restringida de nuestro país para la adquisición de tierras por parte de extranjeros abarca una superficie de 800 mil kilómetros cuadrados. Es ése el entorno en el que está sujeta la prohibición, de que está establecida la prohibición en el 45 por ciento del territorio nacional. Es cosa simple.

Si se aprueba el dictamen que hoy se propone, se dice que se está buscando evitar una simulación, que procede a raíz de la adquisición a través de fideicomisos. ¿Qué no había una mejor vía para eliminar la simulación? ¿Qué no hay una mejor manera de que este Congreso establezca candados suficientes para evitar el fraude a la ley?

Se está adoptando una fórmula que constituye una liberalización a la adquisición de tierras, señalando que solo cuando se trate para uso habitacional. Pero, diputadas y diputados, aun cuando así se establezca, al no haber en el texto constitucional una consecuencia jurídica a la violación, que constituya el cambio de uso de esos inmuebles adquiridos por extranjeros, les doy la noticia: se está generando el paso a una nueva simulación y vamos a tener ya dos simulaciones, porque el hecho de que se establezca en un transitorio el que una ley secundaria establecerá los límites y los procedimientos para cuando se cambie el uso, claramente significa que esto jamás va a proceder.

Todos los que estudiaron derecho saben que una norma prohibitiva y restrictiva no puede aplicarse ni por interpretación ni por analogía ni por mayoría de razón siquiera, tiene que estar expresamente establecida la consecuencia jurídica de la violación a la prohibición.

Por eso he presentado la propuesta para que a la fracción I del 27 —en caso de que persistan en la idea de aprobarla— se le agregue que bajo la pena adicional de perder las tierras en beneficio de la nación, en caso de destinarlas a un uso diferente. Solo así se garantizaría que la violación a la norma constitucional tuviera un efecto legalmente sostenible.

De otra manera cualquier promovente, cualquier bisoño abogado, en cualquier juzgado de cualquier parte de la República podrá conseguir un amparo para que se cambien paulatinamente el uso de las tierras. Ésta es una nueva simulación. Gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. En razón de que tenemos aquí la propuesta por escrito, le voy a pedir al a Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado José Ángel Ávila Pérez.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta presentada por el diputado José Ángel Ávila Pérez. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión la propuesta. Se desecha.

Tiene ahora el uso de la voz para hablar a favor del dictamen, el diputado Carlos Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del PAN.

Si me permiten, aprovecho la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a la sesión a un grupo de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, invitados por la diputada Brenda María Izontli Alvarado Sánchez. Bienvenidos a la sesión.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:Con su permiso, señor presidente. Quiero nada más hacer unas puntualizaciones, en relación con mis compañeros que han estado haciendo señalamientos en contra de esta reforma.

En primer lugar, debemos de tomar en cuenta de que no sé a qué le tenemos miedo. No nos van a invadir los extranjeros a través de compra de bienes-inmuebles; si va a haber una invasión, va a ser simple y sencillamente a través de la tecnología moderna, que existe en todos lados. No le temamos a la propiedad de los bienes-inmuebles.

Ahora bien, pudiera haber alguna duda relacionada con propiedad estratégica en las fronteras o en las costas. Creo que es mucho más estratégico el Distrito Federal o las capitales de los estados y nada más hay una sola capital de los estados que se encuentra en la zona restringida. Ahorita está totalmente abierta por parte de nuestra Constitución la adquisición de bienes-inmuebles por parte de extranjeros.

Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Creo que no hay ningún miedo, hay una gran oportunidad. La generación de empleos, la generación de riqueza y prosperidad de la nación es una de nuestras primeras prioridades como Congreso de la Unión.

Debemos de tomar en cuenta que históricamente existe una gran oportunidad, gran oportunidad de aprovechar un mercado que se va a presentar quizás una vez en la historia, que es el mercado económico a nivel mundial de las personas retiradas, los famosos baby boomers, que nacieron entre 48 y 58, que tienen una gran capacidad económica y están empezándose a retirar y la mejor forma de retirarse es aprovechar las playas mexicanas, las áreas fronterizas, que están cerca de su país para poder tener una segunda casa de recreo, una segunda casa en donde puedan disfrutar cabalmente.

Esto, compañeras y compañeros, genera una gran oportunidad a la nación: de generación de empleos, de generación de urbanismos, de generación de grandes inversiones para poder atender esta gran masa de personas, que pueden aprovechar una circunstancia de ser propietario y poder heredar sus casas habitación. En todo el territorio nacional lo podemos hacer, lo pueden hacer los extranjeros sin ninguna restricción.

Las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros pueden hacer actividades industriales y comerciales sin ninguna restricción, ¿por qué no van a poder las personas físicas extranjeras hacerlo? No entiendo.

¿Por qué tenemos que estar hablando de hace dos siglos de una amenaza del narcotráfico? Por Dios, el narcotráfico no necesita ser propietario de nada, nada más llega y se mete, simple y sencillamente.

No tengamos esa paranoia, compañeros, pongamos los pies en la tierra, llevemos al país a la modernidad y acabemos con esta clase de tabúes constitucionales. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Saludo con beneplácito al excelentísimo embajador de Irlanda en México, Eamon Hickey, que hoy nos acompaña aquí invitado por el diputado Heriberto Galindo. Pero además porque se inaugura en el lobby del edificio E una exposición, que es: La presencia de Irlanda en la Cámara de Diputados.

Tiene ahora el uso de la voz, para hablar en contra y también presentará una modificación, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Lo hemos dicho ya en esta tribuna, que el proyecto del régimen es hacernos esclavos en nuestra propia tierra.

Sin duda, sin reformas a la Constitución —ya se han hecho, por la entrega de la derecha a los intereses extranjeros de más de medio país— pues con estas reformas no dudamos que esconden este objetivo de este régimen, que comparten fundamentalmente dos partidos políticos hecho uno, el Prian, y algunos que de repente se les medio unen, dependiendo las coyunturas, que espero que no sea el caso el día de hoy.

La iniciativa pudiera ser loable, en el sentido de poder garantizar a los ciudadanos extranjeros la adquisición de vivienda en zonas fronterizas y de playa, además de garantizar con esto una forma de promover inversiones y el turismo, así como transparentar y eliminar la corrupción que se genere a través de los fideicomisos que sirven para burlar esta disposición constitucional.

No obstante ello, la redacción de la propuesta no es transparente y obviamente, como somos responsables, tenemos que traer una propuesta, a ver si es cierto que cambiándole el orden, nosotros sí pensamos que se puede salvar el producto.

Nosotros estamos planteando una redacción —que ya tiene la Mesa— donde ustedes saben que la redacción de la última frase dice lo siguiente: En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 de las playas por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.

Aquí obviamente le quitan el tema de las tierras y le ponen: como en el caso de las tierras, podrán adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de las viviendas, sin fines comerciales, para lo que deberán convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos descritos en esta fracción. Con esta redacción se elimina el dominio directo de tierras en fronteras y playas.

Para evitar confusiones y problemas de interpretación, proponemos una adición que respete la redacción actual de la fracción I del párrafo nueve del 27 constitucional, y lo que proponemos dice: En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Podrán adquirir viviendas sin fines comerciales, para lo cual deben convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los términos descritos de esta fracción.

Hasta en el transitorio les proponemos un agregado para garantizar la sustentabilidad ambiental, la ordenación territorial y el desarrollo urbano, que obviamente en las prisas de quien redactó la iniciativa, ya ni eso cuidaron.

Ese es el fondo del asunto, porque si ustedes tuvieran buena voluntad de sostener un discurso, de fortalecer que las inversiones para fortalecer al país, aceptarían esta propuesta que con responsabilidad estamos haciendo en esta tribuna.

Sin embargo, por lo que sabemos, porque aunque no la firma el Pacto por México, quienes la suscriben son de los 30 que controlan el Pacto por México, de los 30 que controlan al país.

Es más, se acaban de ver hace unos días, en una boda del hijo del jefe de estos 30 —ustedes saben— Y por más que aquí pidamos que actúen con responsabilidad, de nada sirve que les pidamos a este grupo en el poder actuar con responsabilidad, como se los pido con esta reforma.

Se los decimos, porque vemos que la situación es delicada, no se ve cómo van a lograr frenar el deterioro económico. Cinco meses y más de lo mismo y sobre todo cada vez peor. Recuerden, en la calle no hay trabajo, la carestía al día, crisis e inseguridad por violencia.

Parece que los gobernantes no están conscientes de lo que está sucediendo, pero no es así, ellos son los responsables; piensan que con la pura propaganda mediática resuelven los problemas y no es así. Nada más tienen un mundo de pantomima, un mundo de publicidad, el de Peña y el otro, el de la realidad, pues vemos permanentemente una política económica antipopular y entreguista, que empeorará cada vez más la situación económica, política y social de México.

Ahorita, compañeros diputados, ya vamos a terminar, ya van a dar paso a una etapa más del entreguismo a los extranjeros, de este país.

Nada más les quiero decir que Peña nos lleva al despeñadero, al sálvese el que pueda. Se sigue con la misma política económica y lo vamos a dejar, como lo anunciaba ayer un gran patriota, que es Andrés Manuel López Obrador.

Duele ¿verdad? Duele que se recuerde al hombre que pudo haber salvado a este país de no ser por el fraude electoral, con la compra de votos que ustedes cometieron y los que lo avalaron. Lo dijo él.

Pero miren lo que les voy a decir. Ya lo informó la directora del Fondo Monetario Internacional —ahí sí silencio, porque les va a hablar su jefa— Christine Lagarde: Enrique Peña continuará con su política de privatización en materia de salud, energía, educación, y ya les ordenó que autorizaran esta reforma al 27.

Peña dice que no va a privatizar nada; entonces, ¿a quién le creemos? En este caso —duele decirlo— hay que creerle a la directora del Fondo Monetario Internacional, porque a final de cuentas ellos son los que mandan, el Fondo Monetario Internacional es el que impone la agenda y el orden del día y ustedes, por desgracia, no van a actuar con responsabilidad, aceptando un cambio en el orden que le permita a la patria tener el dominio de la tierra, sino que van a entregarle la tierra a los intereses de los extranjeros, como es su costumbre. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Saludamos a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México, invitados por el diputado José Alejandro Montano Guzmán. Bienvenidos y bienvenidas.

También a un grupo de alumnos de la licenciatura en administración pública y turística de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el diputado Enrique Doger. Bienvenidos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Tiene ahora el uso de la voz, para hablar a favor del dictamen, el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

Permítame, diputado. En razón de que el diputado Huerta dejó en nuestras manos su propuesta de modificación, voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Huerta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Ladrón de Guevara. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite, se desecha. Tiene ahora sí el uso de la voz el diputado Cuéllar Steffan, para hablar a favor del dictamen.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en primer lugar quisiera llamar su atención y hacer énfasis en que en ninguna parte de las consideraciones del dictamen que estamos a punto de votar advierto ningún estudio, ningún señalamiento por parte de la Comisión, en donde se esté aprovechando esto como para promocionar económicamente la adquisición de bienes en la zona prohibida por parte de extranjeros.

Se le está dando a la discusión este sesgo y esta dirección, en el sentido de que estamos entregando el país. La verdad es que no lo advierto. Desde luego que no compartimos esa visión, no pensamos en forma alguna que se esté llevando a cabo con el propósito de promover la inversión extranjera con fines comerciales en la zona fronteriza, de ninguna forma. Esto desde luego está limitado exclusivamente a la propiedad de bienes inmuebles para fines de vivienda, para uso personal y no para fines comercial, y es perfectamente congruente con la situación que guarda actualmente el país.

Déjenme hacer referencia a los antecedentes de artículo 27 constitucional en este apartado. Existe un celo, un celo que no es infundado por parte de la población mexicana con relación al mantenimiento de su territorio, ¿por qué? Porque perdimos más de la mitad de esto. Pero tenemos que hacer una remembranza y tomar en consideración que cuando perdimos los territorios de Texas, de Nuevo México, de Arizona o de la Alta California, particularmente en Texas, habían 24 mil 700 extranjeros habitando los territorios de Texas y habían 3 mil 400 mexicanos compartiendo el mismo territorio.

Poco importó para que pudiera firmarse o para que se llevara a ese fin el Tratado Guadalupe Hidalgo, el hecho de que las tierras hubieran sido concesionadas y estaban autorizadas, y no hubieran estado dadas en propiedad.

Es irrelevante el título de posesión de la tierra para efecto de que cualquier extranjero se pueda sentir con derecho escindirse del territorio nacional. Eso que justificó el artículo 27 en la forma en que se encuentra redactado, la verdad es que no subsiste. La Constitución se puede reformar y el propio texto de nuestra Carta Magna y de nuestro Pacto Federal lo permite.

Aquello que justifica en algún momento dado la modificación del texto constitucional tiene que ver con la realidad en la que se encuentra inmerso el país. México hoy forma parte de un proceso de integración económica con América del Norte, comparte una gran frontera con los Estados Unidos de América y un tránsito de personas del cual no somos nosotros ajenos. Hay mexicanos que emigran hacia los Estados Unidos de América, como también cerca de 3 millones de norteamericanos que viven en el territorio nacional.

De acuerdo con el artículo 2o. constitucional, nuestra nación está conformada de manera plurietnica y pluricultural, y la verdad es que es precisamente a partir de este mestizaje que nace el pueblo de México, un mestizaje que nos caracteriza por tener una cultura que se nutre con antecedentes que vienen del extranjero y con antecedentes autóctonos y de nuestra tierra.

¿Por qué somos tan celosos, también, con relación a esta nueva conformación cultural del país, si somos 100 millones de mexicanos, 110 millones de mexicanos y el territorio nacional está totalmente ocupado por parte de nosotros? No tenemos ahora por qué seguir teniendo este recelo, como si fuéramos a perder el territorio nacional, por concederle la certidumbre jurídica a todos aquellos extranjeros que quieren venir a colaborar con México, de que la tierra que están comprando o el inmueble en el que van a habitar es de ellos.

¿Por qué tenemos que someternos a la incertidumbre de que vienen a invertir sus ahorros para integrarse a la nación mexicana? Pero al mismo tiempo esa riqueza, que a lo largo de una vida van formando, no pueden disponer de ella, porque dependen de los honorarios de un banco, o de la disposición que pueda llegar a tomar en un sentido dado un comité fiduciario.

Consideramos que, dada la limitación que se está estableciendo en la propia reforma constitucional, para que esto tenga exclusivamente los fines de vivienda, que les permiten a todos estos extranjeros asentados en las fronteras o en las costas, tener la tenencia plena de sus tierras, no tenemos por qué oponernos, si tenemos al mismo tiempo 44 tratados de libre comercio firmados con otros países, una aspiración de insertarnos en un proceso de globalización, que nos viene perfectamente adecuado para nuestras aspiraciones y anhelos de crecimiento, y además, 30 millones de mexicanos que viven en el extranjero y para los que demandaríamos exactamente el mismo trato que ahora nosotros le vamos a dar a los extranjeros que viven en el territorio nacional.

Me preguntaría solamente, si sería justo que para aquellos que migran de México y que se asientan en territorios de los Estados Unidos de América, como puede ser Florida, California, tantos de éstos que tienen costa, podríamos o no reclamar con la misma legitimación que los gobiernos extranjeros no le reconozcan la propiedad de las tierras, que con todo su esfuerzo compran, una vez que deciden ellos asentarse en territorio extranjero.

Bueno, el mismo trato que con toda lógica podríamos nosotros exigir hacia los mexicanos en el extranjero deberíamos reconocerlo también hacia todos aquellos extranjeros que nutren nuestra patria, que nutren nuestra nación y que vienen a asentarse con toda legitimación en el territorio nacional. Es todo lo que tengo que decir. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar en contra, el diputado Roberto López González, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Roberto López González:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy ya se ha dicho que se viene a discutir un dictamen de la más alta importancia en el rumbo y en la historia del país. Han subido diputados a querer argumentar a favor de este dictamen, que me parecen sus argumentos débiles, incongruentes, pero además poco sostenibles.

Aquí se ha dicho, por quienes argumentan a favor del dictamen, que vamos a comenzar a entrar a una etapa de abundancia si modificamos este artículo 27 constitucional; que va a crecer la industria turística, que va a haber un impulso al empleo, que vamos a tener prosperidad, que es una extraordinaria ventana de oportunidad, que seríamos tontos los mexicanos y los diputados si hoy no lo aprobamos.

Se ha dicho —aunque con otras palabras— que no podemos referirnos a un nacionalismo trasnochado, que los tiempos han cambiado, como si la temporalidad del tiempo modificara el espíritu del Constituyente que en el 17 pretendía proteger el Estado mexicano. Se ha dicho también que con esto vamos a acabar las simulaciones.

Compañeras y compañeros diputados, si hemos identificado esas simulaciones, encontremos los mecanismos para acotarlas, pero no trasgrediendo el espíritu de este artículo, que mucho lamentaríamos que una mayoría priista nos aplaste y venda al país por partecitas.

Hoy es solamente el inicio del vintage, perdón, de la subasta o el bazar de garaje. Hoy vamos a vender la tierra, mañana les vamos a entregar el petróleo, después la luz eléctrica y después les daremos hasta nuestros cuerpecitos, porque no tendremos más que darle a la inversión extranjera.

Seamos serios, compañeras y compañeros diputados, no seamos irresponsables, no podemos hacer de esto una banalidad, creo que aquí hay una contradicción me parece que histórica.

Compañeras y compañeros diputados priistas, esos que se dicen depositarios, depositarios históricos de las luchas revolucionarias, ¿por qué se luchó en este país? Aquellos artículos iconográficos, íconos de la lucha revolucionaria, hoy los están trasgrediendo.

Aunque parece que no me escuchen ni los compañeros priistas ni el pastor, por supuesto, quien los pastorea, quien decide qué hacer, pero aquí hay muchos compañeros y compañeras diputadas, comprometidos en luchas sociales.

Conozco o conocí a los padres de algunos, que si supieran lo que hoy van a votar se volverían a morir de vergüenza, y qué les van a decir los ejidatarios a sus correligionarios y a sus compañeros de parcela. No, no nos hagamos tontos. Estamos entregando al país por partes, no debemos de permitirlo, si no hay que comenzar a remasterizar aquella frase de un presidente priista: vámonos acostumbrando, porque vamos a administrar la abundancia.

No, compañeras y compañeros diputados, hoy no solamente los diputados priistas están perdiendo sus banderas, que se las está arrebatando la izquierda, sino están perdiendo la vergüenza y la congruencia.

Hoy se están manifestando como simples vendedores del país y quienes no compartimos esa posición lo menos que podemos hacer es venir a expresarlo, para pedirles que votemos en contra de este dictamen.

A los compañeros y compañeras diputadas del PAN, no es así; no es así como se construye una patria ordenada y generosa, entregando al país. Muy bien, al rato vamos viendo qué hacemos con aquellos seres que nos dieron esta Constitución, de la cual hoy disfrutamos.

¿Qué explicación les van a dar, señoras y señores priistas, a sus electorados? Y ustedes, los panistas, me parece que debimos de haber aprendido la lección, les arrebataron el poder con falsas promesas y hoy vamos a entregar el país.

Por ello, a todas las compañeras y compañeros responsables, congruentes, comprometidos y nacionalistas, les pido que votemos en contra de este dictamen. Por su atención, señoras y señores, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente, tiene el uso de la voz para presentar una propuesta de modificación el diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Ricardo Villarreal García:Con su permiso, señor presidente. Antes que nada, quisiera dirigirme a algunos compañeros, sobre todo de las izquierdas, que se ve que no conocen el pasado de este país, pero mucho menos el presente y mucho menos la realidad social en la que vivimos.

Cuando perdimos los territorios, en el siglo XIX, cuando gobernaba López de Santa Anna, lo perdimos no por la propiedad, porque esa propiedad no era permitida, lo perdimos por la ocupación de dichos territorios. No era un tema de propiedad, era un tema de posesión; la posesión en los litorales y en las fronteras, desde hace muchos, muchos años la tienen los extranjeros que pacíficamente ahí residen, que pacíficamente ahí vacacionan y que pacíficamente le dejan mucho dinero a los mexicanos.

Desafortunadamente, esa posesión la obtienen a través de simulaciones, la tienen a través de prestanombres y sobre todo, compañeros —y más gravemente— porque parece que atrás de ese falso nacionalismo, de esa falsa soberanía están los intereses de los bancos, a los que ustedes tanto han criticado.

En este país hay más de 50 mil fideicomisos, con los cuales los extranjeros poseen los bienes en los litorales y en las playas, y los únicos que ganan son los bancos. Esos bancos que tanto dinero y tanto le han costado a este país, y esos bancos a los que ustedes dicen no querer, esos son los mismos que hoy ganan millones y millones de pesos por esos fideicomisos.

Estoy gratamente contento con esta iniciativa, porque he visto en carne propia los beneficios de tantos extranjeros que han venido aquí a nuestro país y que han vivido en nuestro país y han dejado muchos recursos.

En mi municipio, San Miguel de Allende, tenemos miles de extranjeros de muchísimas nacionalidades, que viven en el municipio con propiedad plena y que no le han hecho ningún daño al municipio, más que beneficios sociales y económicos.

Eso es algo que tenemos que tenemos que privar en esta Cámara de Diputados, tenemos que legislar por el bien de los mexicanos. No podemos seguir legislando solamente por el bien de unos cuantos abogados, gestores y de los bancos que generan estos fideicomisos, legislemos por traer muchos más extranjeros a México; aprovechemos que hay muchos extranjeros enamorados de nuestra riqueza cultural, enamorados de nuestras bellezas en los litorales y en los municipios coloniales y démosle los brazos abiertos en este país, como lo hemos hecho durante toda nuestra historia.

Este país siempre ha estado abierto a recibir extranjeros y no solamente en la parte turística, aquí tenemos muchos españoles que vinieron refugiados de la Guerra Civil, muchos miembros de la comunidad judía que vinieron refugiados de las atrocidades que pasaban en Europa y México siempre los recibió y los seguirá recibiendo con los brazos abiertos.

Y por eso esta iniciativa, los convoco a que reflexionen, a que veamos por el bien de este país y a que sigamos recibiendo a los extranjeros con las manos abiertas, pero sobre todo, a que los recibamos brindándoles la seguridad jurídica que se merecen, que puedan venir, comprar bienes inmuebles, única y exclusivamente —y lo dejo claro— con fines de vivienda, como dice la presente iniciativa, y de esa manera terminemos con una norma constitucional que solamente da pie a que se beneficien unos cuantos y que solamente da pie a limitar el desarrollo económico de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, diputado federal Ricardo Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la LXII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la reserva al dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propiedad de extranjeros, la cual se propone para su discusión y votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el dictamen de mérito.

Dice:

Artículo 27. ...

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, los extranjeros por ningún motivo podrán adquirir el dominio directo sobre las aguas, en el caso de las tierras, podrán adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales, para lo cual deberán convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos descritos en esta fracción.

El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, conceder  autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.

Debe decir:

Artículo 27. ...

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.  El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, los extranjeros por ningún motivo podrán adquirir el dominio directo sobre las aguas, en el caso de las tierras, podrán adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de vivienda, para lo cual deberán convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos descritos en esta fracción.

El Estado de acuerdo con los interese públicos internos y los principios de reciprocidad podrá, a juicio de las Secretaría de Relaciones Exteriores, conceder  autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.— Diputado federal Ricardo Villarreal García (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Hay una propuesta de modificación presentada por el diputado Ricardo Villarreal. Voy a pedirle a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Ricardo Villarreal. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación presentada por el diputado Ricardo Villarreal. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se acepta la modificación. Que se incluya en el dictamen en consecuencia.

Voy a pedirle a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, con la modificación aceptada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 356 votos a favor, 119 votos en contra y 2 abstenciones. Hay mayoría calificada.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, así es. Aprobado en lo general y en lo particular por 356 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

La diputada Gloria Bautista Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Gloria Bautista, por favor.

La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero dejar constancia que se está violando el artículo 1o. de la Constitución, porque no están siendo tomadas en cuenta las regiones indígenas. Cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente, estos deben ser tomados en cuenta, y aquí se está violando, porque no se les tomó en cuenta.

La trascendencia de este tema recomienda no aprobar la modificación, se viola flagrantemente el artículo 27 constitucional, cuando le quieren hacer esa reforma. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Su intervención quedará registrada en el Diario de los Debates, la reforma constitucional ha sido aprobada. Muchas gracias.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Presidencia recibió hace algunas horas la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones.

Tengo también comunicación de la Junta de Coordinación Política, a efecto de dar cuenta a este pleno con tan trascendente asunto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 64, numeral 1, del Reglamento de la Cámara y

Considerando

Primero. Que conforme a lo establecido en el inciso f), numeral 1 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es facultad del Presidente de la Mesa Directiva dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara;

Segundo. Que los integrantes de la Junta de Coordinación Política hemos sido informados por la Mesa Directiva sobre la recepción en esta Cámara de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o.,7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones;

Tercero. Que el orden del día de la sesión ordinaria del día de hoy 23 de abril de 2013 fue  publicada  en los términos ordenados por el artículo 60 del Reglamento de la Cámara sin que se tuviera noticia de la comunicación de la Cámara de Senadores mediante la que se turnó por minuta referida.

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el precepto legal invocado en el proemio de este documento, los coordinadores de los grupos parlamentarios solicitamos:

Único. Se incluya en el orden del día de la sesión de hoy, 23 de abril del año en curso, la comunicación de la Cámara de Senadores mediante la que se remite la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105,  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones, para los efectos de que la Presidencia de la Mesa Directiva ejerza las atribuciones que le competen.

Palacio Legislativo, México, DF, 23 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica, p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se informa a la asamblea que la minuta de referencia se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, por lo que para los efectos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Antes de eso, tiene que preguntarle la Secretaría a la asamblea si se autoriza a que quede esta minuta como publicidad, de tal suerte de presentarla en el orden del día correspondiente para su discusión en sesión posterior.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza quede como declaratoria de publicidad. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, se devuelve el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones, mismo que fue aprobado con modificaciones en esta fecha por la Cámara de Senadores.

Atentamente

México, D.F., a 19 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica) Vicepresidente»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones.

Artículo Único. Se reforman el párrafo primero del artículo 6o.; el artículo 7o.; el párrafo sexto del artículo 27; el párrafo segundo del artículo 28; la fracción XVII del artículo 73; la fracción VII del artículo 78 y el párrafo sexto del artículo 94; y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual párrafo segundo a ser apartado A del párrafo cuarto, y un apartado B al artículo 6o.; los párrafos decimotercero al trigésimo del artículo 28, y un inciso l) a la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o.La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. a VII. ...

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

IV. Se prohibe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.

V. La Ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.

El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.

El Presidente del organismo presentará anualmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.

VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.

Artículo 7o.Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Artículo 27. ...

...

...

...

...

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará acabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

...

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Artículo 28. ...

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

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...

El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.

Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:

I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia;

II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;

III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;

IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia;

V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio;

VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley;

VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo  podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;

VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas;

IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos;

X. La retribución que perciban los comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución;

XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, y

XII. Cada órgano contará con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete comisionados, incluyendo el comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.

El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de 4 años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado.

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser mayor de treinta y cinco años;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;

IV. Poseer título profesional;

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda;

VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;

VII. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, senador, diputado federal o local, gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y

VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto.

Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen de responsabilidades del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las modalidades conforme a las cuales los comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados.

Los comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación correspondiente, a través del procedimiento previsto en este artículo y a fin de que el sustituto concluya el periodo respectivo.

Los aspirantes a ser designados como comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad.

El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia.

Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia.

El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado.

La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.

Todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados son inatacables.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XVI. ...

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

XVIII. a XXX. ...

Artículo 78. ...

...

I. a VI. ...

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y

VIII. ...

Artículo 94. ...

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...

...

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número,  división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

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...

...

...

...

...

Artículo 105. ...

I. ...

a) a i) ...

j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y

l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

...

...

II. y III. ...

...

...

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones.

Tercero. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, y deberá:

I. Establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración;

II. Regular el organismo público a que se refiere el artículo 6o.  que se adiciona en virtud del presente decreto. Pasarán a este organismo público los recursos humanos, financieros y materiales del organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales;

III. Establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permitan distinguir las concesiones de uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias e indígenas;

IV. Regular el derecho de réplica;

V. Establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia;

VI. Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente;

VII. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, consistentes con los principios de competencia, para el efecto de que los operadores de radiodifusión o telecomunicaciones no otorguen subsidios a los servicios que proporcionan, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. Cada concesionario deberá fijar tarifas mínimas, consistentes con los principios de competencia, para la emisión de anuncios, las cuales serán presentadas ante la autoridad para su registro público;

VIII. Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, garantizado el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas;

IX. Crear un Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, integrado por miembros honorarios y encargado de fungir como órgano asesor en la observancia de los principios establecidos en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, y

X. Aprobar las leyes, reformas y adiciones que deriven del presente decreto.

Cuarto.En el mismo plazo referido en el artículo anterior, el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

La ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes, siempre que cumplan con las obligaciones y contraprestaciones que les imponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en su caso, las contraprestaciones correspondientes.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez que haya determinado los concesionarios que tienen el carácter de agente económico preponderante en términos de la fracción III del artículo octavo transitorio de este decreto, establecerá, dentro de los sesenta días naturales siguientes, mediante lineamientos de carácter general, los requisitos, términos y condiciones que los actuales concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía deberán cumplir para que se les autorice la prestación de servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o para transitar al modelo de concesión única, siempre que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de concesión. La autorización a que se refiere este párrafo podrá otorgarse a los agentes económicos preponderantes sólo cuando se encuentren en cumplimiento de las medidas que se les hayan impuesto conforme a lo previsto en las fracciones III y IV del artículo octavo transitorio de este decreto. El Instituto deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este párrafo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y, en el primer caso, determinará las contraprestaciones correspondientes.

Quinto.A la entrada en vigor del presente decreto se permitirá la inversión extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite.

Se permitirá la inversión extranjera directa hasta un máximo del cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa o indirectamente.

La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.

Sexto. Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los primeros comisionados nombrados en cada uno de esos órganos concluirán su encargo el último día de febrero de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, señalará los periodos respectivos.

Para los nombramientos de los primeros comisionados, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberá observarse lo siguiente:

I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución deberá enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes respectivas, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto;

II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propuestas al Senado de la República dentro de los diez días naturales siguientes;

III. El Senado de la República, una vez reunido, contará un plazo de diez días naturales para resolver sobre la propuesta, y

IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no apruebe en dos ocasiones la designación del Ejecutivo Federal, corresponderá a éste la designación directa del comisionado respectivo, a partir de la lista de aspirantes presentada por el Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución.

Séptimo. En tanto se integran los órganos constitucionales conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio, continuarán en sus funciones, conforme al marco jurídico vigente a la entrada en vigor del presente decreto, los órganos desconcentrados Comisión Federal de Competencia y Comisión Federal de Telecomunicaciones. Los recursos humanos, financieros y materiales de los órganos desconcentrados referidos pasarán a los órganos constitucionales que se crean por virtud de este decreto.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, continuarán su trámite ante estos órganos en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio. Las resoluciones que recaigan en estos procedimientos, sólo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el presente decreto mediante juicio de amparo indirecto.

Asimismo, los juicios y recursos en trámite, continuarán hasta su conclusión conforme a la legislación vigente a la entrada en vigor del presente decreto.

Si no se hubieren realizado las adecuaciones al marco jurídico previstas en el artículo tercero transitorio a la fecha de la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, éstos ejercerán sus atribuciones conforme a lo dispuesto por el presente decreto y, en lo que no se oponga a éste, en las leyes vigentes en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Octavo. Una vez constituido el Instituto Federal de Telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio, deberá observarse lo siguiente:

I. Los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde.

Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obligados a retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio nacional. Todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales radiodifundidas por instituciones públicas federales.

Los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión radiodifundida que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión o como agentes económicos preponderantes en los términos de este decreto, no tendrán derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita; lo que en ningún caso se reflejará como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Estos concesionarios deberán acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la retransmisión. En caso de diferendo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa bajo los principios de libre competencia y concurrencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a éstos últimos.

Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán su vigencia simultáneamente cuando existan condiciones de competencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos. En caso de diferendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos.

II. Para dar cabal cumplimiento al Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicará, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales a partir de su integración, las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida que  deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión  con cobertura nacional, bajo los principios de funcionamiento eficiente de los mercados, máxima cobertura nacional de servicios, derecho a la información y función social de los medios de comunicación, y atendiendo de manera particular las barreras de entrada y las características existentes en el mercado de televisión abierta. No podrán participar en las licitaciones aquellos concesionarios o grupos relacionados con vínculos de tipo comercial, organizativo, económico o jurídico, que actualmente acumulen concesiones para prestar servicios de radiodifusión de 12 MHz de espectro radioeléctrico o más en cualquier zona de cobertura geográfica.

III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas medidas se emitirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su integración, e incluirán en lo aplicable, las relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.

Para efectos de lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a| cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por declaratoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones una vez que conforme a la ley existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate.

IV. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su integración, establecerá las medidas que permitan la desagregación efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones de manera que otros concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local pertenecientes a dicho agente. Estas medidas también serán aplicables al agente económico con poder sustancial en el mercado relevante de servicios al usuario final.

Las medidas a que se refiere el párrafo anterior deberán considerar como insumo esencial todos los elementos necesarios para la desagregación efectiva de la red local. En particular, los concesionarios podrán elegir los elementos de la red local que requieran del agente preponderante y el punto de acceso a la misma. Las citadas medidas podrán incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como su calendario de implantación con el objeto de procurar la cobertura universal y el aumento en la penetración de los servicios telecomunicaciones.

V. El Instituto Federal de Telecomunicaciones revisará, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su integración, los títulos de concesión vigentes, a efecto de verificar el cumplimiento de sus términos, condiciones y modalidades.

VI. En un plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a su integración, el Instituto Federal de Telecomunicaciones recabará la información necesaria a fin de constituir el Registro Público de Concesiones  a que se refiere el artículo 28 de la Constitución.

Noveno.En relación con las resoluciones a que se refieren las fracciones III y IV del artículo anterior, se estará a lo siguiente:

I. Se pronunciarán de conformidad con el procedimiento que establezca la legislación vigente en la fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

II. Únicamente podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, tal y como lo establece el artículo 28 de la Constitución, reformado en virtud del presente decreto. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento y los actos intraprocesales sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida, y

III. No admitirán recurso administrativo alguno y solamente podrán ser impugnadas a través del juicio de amparo indirecto en los términos de la fracción anterior.

El incumplimiento de las medidas contempladas en las citadas resoluciones será sancionado en términos de las disposiciones aplicables. El incumplimiento a la separación contable, funcional o estructural dará lugar a la revocación de los títulos de concesión.

Décimo. Los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

Décimo Primero.Para que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada, la ley dotará al Instituto Federal de Telecomunicaciones de  atribuciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la misma señale para la transmisión de mensajes comerciales.

La ley deberá asegurar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, así como las normas en materia de salud y establecerá lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil. El Instituto contará con facultades para supervisar su cumplimiento.

Asimismo, corresponderá al Instituto resolver cualquier desacuerdo en materia de retransmisión de contenidos, con excepción de la materia electoral.

Décimo Segundo. El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior.

Décimo Tercero.La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobará las disposiciones necesarias para dotar de suficiencia presupuestaria a los órganos reguladores a que se refiere este decreto para el desempeño de sus funciones, así como las previsiones presupuestarias para el buen funcionamiento del organismo a que se refiere el artículo 6o., Apartado B, fracción V, de la Constitución.

Décimo Cuarto.El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la  información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos.

Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta característica deberá ser ofrecida a precios competitivos internacionalmente.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal.

Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno Federal y realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las entidades federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia.

Décimo Quinto. La Comisión Federal de Electricidad cederá totalmente a Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a Telecomunicaciones de México el acceso efectivo y compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos. Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Décimo Sexto.El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 6o., apartado B, fracción II del presente decreto y las características siguientes:

I. Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en operación antes de que concluya el año 2018;

II. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida;

III. Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de Diputados;

IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la red;

V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación de la red, así como el cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad y prestación no discriminatoria de servicios;

VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de  redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y comercializadores las mismas condiciones que reciban de la red compartida, y

VII.  Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia y que asegure la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal.

El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, incluirá en los instrumentos programáticos respectivos, las acciones necesarias para el desarrollo de la red a que se refiere este artículo.

Décimo Séptimo. En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes, las siguientes acciones:

I. El crecimiento de la red troncal prevista en el artículo décimo sexto transitorio de este decreto, ya sea mediante inversión pública, privada o mixta, para asegurar la máxima cobertura de servicios a la población;

II. Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura  universal;

III. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, ductos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes. El programa deberá incluir la contraprestación que los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento del derecho a que se refiere el artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución, siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a su propia infraestructura;

IV. Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la transición a la Televisión Digital Terrestre y los recursos presupuestales necesarios para ello, y

V. Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que, de manera enunciativa y no limitativa, incluirá lo siguiente:

a) Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo, y

b) Un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y televisión.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional  de Desarrollo y demás instrumentos programáticos, relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Décimo Octavo. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.— México, DF, a 19 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda pues requisitada su publicidad.

Continúe la Secretaría con declaratorias de publicidad de dictamen.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen.

Al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El 9 de abril de 2013 la diputada Miriam Cárdenas Cantú, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa bajo estudio pretende reglamentar la nueva facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivada de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, relativa a la investigación de violaciones graves a éstos, así como también el proceso relativo a la comparecencia, ante la Cámara de Senadores (o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquélla) de los funcionarios que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les formule.

La diputada iniciante, para sustentar su propuesta, argumenta, entre otras cosas, que:

La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, por sus importantes alcances en beneficio de quienes habitamos este país, constituye sin duda, la reestructura más relevante que se haya realizado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el México contemporáneo.

Con la modificación citada se fortaleció a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en diversos aspectos y, de entre ellos, resulta conveniente destacar dos: el traslado a este organismo nacional de la facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos que, en origen, el constituyente de 1917 encomendó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y  la nueva facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de solicitar la comparecencia ante el Senado de la República o, en sus recesos, ante la Comisión Permanente, de los servidores públicos que se nieguen a aceptar sus recomendaciones o bien, que se nieguen a cumplirlas.

Cabe mencionar que ambas facultades fueron ejercidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a escasos meses de la entrada en vigor de la citada reforma constitucional; esto nos lleva a considerar que su reglamentación legal sea una situación que resulta importante acometer, a fin de dar plena efectividad a dicha reforma.

III. Consideraciones generales de la Comisión de Derechos Humanos y análisis específico de las propuestas contenidas en la iniciativa

La necesidad de armonizar la ley secundaria con el texto de la Constitución General de la República, en materia de derechos humanos, en atención a la reforma constitucional vigente desde junio de 2011.

Los derechos humanos se constituyen en la piedra angular en que debe sustentarse el quehacer de todo el aparato estatal; son la razón o fundamento de cualquier Estado que se ostente como democrático y de derecho.

En este sentido, el Estado democrático, social y de derecho debe proteger y garantizar los derechos humanos para todas las personas, por lo que le es imperativo asumir (como diría Ronald Dworkin) los derechos en serio.

Como órgano representante de la voluntad popular y en un ejercicio de coherencia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, se estima que corresponde al Congreso de la Unión legislar  sobre las normas secundarias que posibiliten garantizar el ejercicio y pleno goce de los derechos humanos tutelados en nuestra constitución y máxime cuando se está ante la presencia de nuevas bases fundamentales que re- articulan el quehacer de un organismo autónomo y fortalecen su actuación.

Esa re-articulación fue advertida por la anterior Legislatura, razón por la cual se trasladó a la CNDH la facultad originaria que se había concedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar las violaciones graves a derechos humanos (antes garantías individuales).

Además, para reforzar el papel de tutela de los derechos inherentes al ser humano y que se materializa a través de las recomendaciones que emite la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se otorgó a la misma una nueva facultad consistente en solicitar la comparecencia ante el Senado de la República o, en sus recesos, ante la Comisión Permanente, de los servidores públicos que se nieguen a aceptar sus recomendaciones o bien, que se nieguen a cumplirlas.

Esta nueva facultad respeta el principio de la división de poderes clásico y, al mismo tiempo, permite que las recomendaciones hechas por el ombudsman nacional no sean simples letras al viento, sino un recurso con capacidad instrumental para efectivizar la tutela de los derechos humanos; esto viene a fortalecer la actuación de la Comisión Nacional.

Es de destacar que existe ya una omisión legislativa de más de un año para desarrollar en la ley secundaria, la reforma constitucional que en junio de 2011 experimentó nuestra Constitución. En efecto, el “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, señaló en su artículo octavo transitorio lo siguiente:

“Octavo. El Congreso de la Unión adecuará la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.”

En lo que respecta a la CNDH, el artículo 102, Apartado B, experimentó modificaciones, por un lado, reformas a los párrafos segundo y tercero y, por otro, la adición de un nuevo párrafo quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los anteriores en su orden.

Para efectos del presente dictamen, las nuevas competencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentran previstas en el párrafo segundo y décimo primero del apartado B del artículo 102, Constitucional, mismos que a la letra indican:

“Artículo 102.-

A. ...

...

...

...

...

...

B. ...

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no  vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligad o a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones  emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar,  motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión  Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante  dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa

...

...

...

...

...

...

...

...

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá  investigar hechos que constituyan violaciones  graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.”

En aras de no incurrir más en la omisión legislativa en la que ya nos encontramos inmersos, resulta apremiante adecuar la legislación secundaria (la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) a la reforma constitucional en comento.

Análisis del contenido específico de la iniciativa

Una vez demostrada la necesidad de armonizar la ley secundaria con el texto constitucional, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pasa el estudio de fondo de la iniciativa planteada por la diputada iniciante.

Así, la propuesta de modificación a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea: “reformar la fracción X del artículo 15; derogar el párrafo tercero y sus incisos, del artículo 46; adicionar un título VII denominado “Del ejercicio de la facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos”, así como un título VIII, denominado “Del procedimiento para la comparecencia de los servidores públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones”.

El primer artículo que se propone modificar es el 15, en su fracción X. Este artículo regula las facultades y obligaciones que le corresponden al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La propuesta planteada por la diputada iniciante consiste en reformar la actual fracción X, para quedar de la siguiente manera:

Texto vigente

Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I a IX. ...

X. Solicitar, en los términos del artículo 46 de esta Ley, a la Cámara de Senadores o en sus recesos,  a la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables, para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XI a XII. ...

Propuesta planteada 

Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I a IX. ...

X. Solicitar, en los términos previstos por esta ley, a la Cámara de Senadores o en sus recesos, a la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XI a XII. ...

Como se advierte, se suprime de este artículo el reenvío al artículo 46 de la misma ley, toda vez que, en el contexto general de la propuesta, se definen, en un nuevo título específico, las disposiciones que habrán de regular la comparecencia de servidores públicos en los casos señalados.

Para que la reforma constitucional de referencia tenga efectividad, es necesario determinar en la legislación secundaria la instancia que ha de ejercer la  facultad para solicitar las comparecencias, siendo ésta una de las más importantes que se han otorgado a la CNDH y toda vez que implica relaciones de colaboración con el órgano legislativo –nacional o local, según el caso-, resulta conveniente que sea el titular de tal dependencia quien se encuentre facultado para ejercer esta nueva facultad precisando claramente las normas que habrá de observar.

Se considera que la propuesta planteada es congruente con el marco general de reformas y adiciones contenido en la iniciativa, así como compatible con las funciones que ya realiza el titular de la CNDH y entre las que se encuentran funciones de índole netamente constitucional, como la de presentar acciones de inconstitucionalidad.

En este contexto, la facultad constitucional de la CNDH de solicitar al Senado (o a la Comisión Permanente en los recesos de aquél) o a las legislaturas de los Estados, la comparecencia de servidores públicos que no cumplan o se nieguen a aceptar las recomendaciones de la CNDH, debe de ser ejercida por el presidente de dicha dependencia, en los términos que claramente debe definir la propia ley que la rige.

La siguiente propuesta planteada por la diputada iniciante consiste en derogar el párrafo tercero, y sus incisos, del artículo 46. Este artículo regula las recomendaciones que puede hacer la CNDH, así como sus alcances, implicaciones, el procedimiento a seguirse para notificar de las mismas a las autoridades sobre las que verse la recomendación y, muy importante, el tramite a seguirse cuando dichas recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas (esto último, resultado de una reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de junio de 2012).

La propuesta de la diputada es derogar el párrafo tercero, junto con sus incisos, que prevé el trámite a seguirse cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas. Cabe precisar que al mismo tiempo que deroga esta disposición, la diputada propone crear un Título VIII a la Ley de la CNDH, mismo que se denomina  “Del procedimiento para la comparecencia de los servidores públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones”.

En este Título VIII se traslada el trámite a seguirse para cuando los servidores públicos se nieguen a aceptar o a cumplir las recomendaciones de la CNDH y en dicho título, se desarrolla más ampliamente tal facultad del Ombudsman Nacional. Dado que la propuesta de derogar el párrafo tercero del artículo 46 y la creación de un título VIII a la Ley de la CNDH se encuentran estrechamente relacionados, se analizan conjuntamente.

El párrafo tercero del artículo 46, con sus incisos, que se propone derogar indica:

“Artículo 46. ...

...

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:

a) La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

b) La Comisión Nacional determinará, previa consulta con los órganos legislativos referidos en el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos del siguiente inciso.

c) Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el inciso que antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.

d) Si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.”

El título VIII propuesto por la diputada iniciante (“Del procedimiento para la comparecencia de los servidores públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones”) se compone de un capítulo único con dos artículos, el 82 y el 83, mismos que se reproducen y se analizan párrafo por párrafo.

Después del análisis realizado, se considera pertinente la propuesta de derogar el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sus incisos, trasladando sus contenidos a un nuevo Título VIII en el que son incluidos junto con otras disposiciones que regulan el procedimiento para la comparecencia de los servidores públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones.

Finalmente, la diputada iniciante propone adicionar un Título VII denominado “Del Ejercicio de la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos”. Dicho título consta de un capítulo único integrado por cinco artículos. Al igual que en el caso anterior se presenta un análisis de cada artículo.

Por los argumentos expuestos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, coincide con las propuestas planteadas por la diputa iniciante, en este sentido, somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único. Se reforma la fracción X del artículo 15; se deroga el párrafo tercero, y sus incisos, del artículo 46; se adiciona el Título VII denominado Del Ejercicio de la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos, así como el Título VIII, denominado Del Procedimiento para la Comparecencia de los Servidores Públicos que no acepten o se nieguen a Cumplir las Recomendaciones; todos ellos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 15. El presidente de la comisión nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. a IX. ...

X. Solicitar, en los términos previstos por esta ley a la Cámara de Senadores o en sus recesos, a la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XI.a XII. ...

Artículo 46. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.

En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Título VIIDel Ejercicio de la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos

Capitulo Único

Artículo 77. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo solicite el Ejecutivo federal por conducto de la Consejería Jurídica de la Presidencia, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

Corresponde al presidente de la comisión nacional la facultad de decidir, mediante acuerdo fundado y motivado, si ha lugar o no a ejercer la facultad de investigación. La determinación será informada al Consejo Consultivo y, de inmediato, al ente legitimado que haya instado su ejercicio.

Artículo 78. Serán aplicables al ejercicio de la facultad de investigación a que se refiere este capítulo, en lo general, las reglas previstas en el Título III de esta ley, relativas al procedimiento ante la comisión nacional, así como, en lo conducente, las contenidas en su reglamento.

Artículo 79. Una vez acordado el inicio de la investigación, dicha determinación deberá ponerse en conocimiento de las autoridades presuntamente responsables a través del medio de comunicación más ágil posible.

En la misma comunicación, la comisión nacional les solicitará un informe respecto de los actos u omisiones que se hayan determinado en el acuerdo de inicio de la investigación o de aquellos hechos íntimamente relacionados con aquellos que motivaron su ejercicio. Dicho informe lo deberán presentar, por los medios que sean conveniente, en un plazo máximo de siete días naturales contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, considerando que se trata de una facultad extraordinaria. En situaciones urgentes, el presidente podrá reducir dicho término hasta por el plazo que estime conveniente en razón de la gravedad del asunto.

Artículo 80. Todas las autoridades están obligadas a enviar la información que les sea requerida en el curso de la investigación, aun la reservada o confidencial. Los servidores públicos de la Comisión Nacional están obligados a tratar la información que con tal carácter sea recibida guardando la más estricta confidencialidad.

El presidente de la comisión nacional estará facultado para citar a todos los servidores públicos que considere deban comparecer ante la misma, a fin de esclarecer los hechos que originaron el inicio de la investigación, incluyendo a Secretarios de Estado, a los gobernadores de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes estarán obligados a comparecer de manera personal, protestar decir verdad, y responder a todos los cuestionamientos que les sean realizados.

Artículo 81. En las recomendaciones que se emitan con motivo del ejercicio de la facultad de investigación, la comisión nacional podrá presentar denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados o ante las legislaturas de los estados, según corresponda. Las Cámaras de Diputados y de Senadores o las legislaturas estatales deberán dar curso de inmediato a la solicitud, y determinar a la brevedad, respecto de la sustanciación del procedimiento.

En caso de que una recomendación emitida en ejercicio de esta facultad no sea aceptada o cumplida, la comparecencia a que se refiere el Título VIII se hará invariablemente ante el pleno de la Cámara de Senadores.

Título VIIIDel Procedimiento para la Comparecencia de los Servidores Públicos que no acepten o se nieguen a Cumplir las Recomendaciones

Capitulo Único

Artículo 82. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, la autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa.

Asimismo, la autoridad o el servidor público quedará obligado a comparecer personalmente, en cuanto sea citado, ante la Cámara de Senadores o, en sus recesos, ante la Comisión Permanente, salvo el caso a que se refiere el artículo 81, a efecto de explicar el motivo de su negativa

La comparecencia versará única y exclusivamente sobre los motivos de la negativa de aceptar la recomendación o a dar cumplimiento a aquéllas aceptadas y se extenderá el tiempo que sea necesario para agotar el tema

Una vez concluida la sesión, se turnará al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos copia de los documentos que hayan sido entregados por las autoridades.

Artículo 83. La comisión nacional determinará, previa consulta con la Cámara de Senadores, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o a cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos.

Las autoridades o servidores públicos a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el párrafo que antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.

Si persiste la negativa, la comisión nacional hará del conocimiento público dicha circunstancia y podrá denunciar ante el Ministerio Público o ante la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables, procediendo conforme a lo dispuesto en el Título IV, Capítulo II de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Dworkin, Ronald. Los derechos en serio.EditorialAriel. Traducción de Marta Guastavino. Barcelona, 2009.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

CODIGO DE COMERCIO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

La Comisión de Economía correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 95, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

1.En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 18 de octubre de 2012, el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio.

2.El ciudadano presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Contenido y objeto de la iniciativa

La iniciativa pretende reformar el Código de Comercio con los objetivos siguientes:

• Establecer la obligación del actor de demostrar fehacientemente que se realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias, y

• Asentar el resultado de la misma en su escrito inicial de demanda a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado. Obligar al juez a realizar la notificación correspondiente.

Consideraciones

El 27 de agosto de 2009, se establece el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), siendo consecuencia de reformar el Código del Comercio. El RUG es una sección del Registro Público de Comercio, a cargo de la Secretaría de Economía (SE), en el cual las personas podrán inscribir todo tipo de Garantías Mobiliarias, privilegios especiales,  derechos de retención sobre bienes muebles para garantizar cualquier crédito y su finalidad es potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, pequeñas y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía.

Las características del Registro Único de Garantías Mobiliarias son las siguientes:

• Es una herramienta para el acceso al crédito, que estimula la penetración en sectores que hasta ahora no habían sido atendidos.

• Brinda a los acreedores mayor certeza jurídica, permitiendo la identificación eficiente de los bienes otorgados en garantía y la prioridad entre acreedores.

• Permite abonar a la transparencia de las transacciones, evitando asimetrías de información, y

• Permite agilizar el procedimiento registral, convirtiéndolo en digital (antes en papel y en ventanilla), reduciendo tiempos (antes el promedio nacional ascendía a 17 días) y costos (antes el promedio nacional del monto de derechos ascendía a 2% sobre el monto del crédito).

En el RUG también están establecidas las diversas operaciones que pueden realizarse en el marco de la garantía mobiliaria, tales como:

• Aviso preventivo

• Inscripción de garantía mobiliaria

• Modificación de registro

• Transmisión de garantía mobiliaria

• Rectificación por error

• Renovación de vigencia

• Cancelación de la Garantía Mobiliaria

• Anotación de resoluciones de instancias de autoridad

• Consulta y solicitud de certificación

En consecuencia presentar el RUG como un registro permite mayor seguridad y certeza jurídica de los derechos de crédito que recaían sobre los bienes muebles, facilitando una mayor publicidad de dichas garantías. Empero, en análisis de los preceptos que regulan el RUG, uno de los problemas que se presentan es cuando no existe un dispositivo legal que establezca la obligación de consultarlo tanto para los gobernados como las autoridades jurisdiccionales. Con ello, el principal momento de conflicto es en el momento en que se elabora una demanda donde se reclama el pago del crédito y se desconoce la existencia de los derechos de terceros. El conflicto se agrava cuando ya existe sentencia y comienza el pago del crédito, dicha situación llevará a futuros juicios de amparo donde además del objeto de la garantía, también se le podría exigir al juzgador el pago de daños y perjuicios por la omisión de su derecho en el proceso, ya que no se toma en cuenta el registro que un acreedor inscribió con el fin de hacerlo oponible a terceros.

Así, la importancia de la protección hace oponible frente a terceros las garantías mobiliarias desde el momento de su inscripción además de que permite definir la antelación entre acreedores: primero en registro primero en derecho.

Con lo anteriormente expuesto se puede decir que existe una necesidad de fortalecimiento del RUG, en cuanto a establecer de forma obligatoria el registro por parte de los acreedores, instituciones financieras de una garantía mueble en el RUG, para que dicha consulta esté disponible en el sitio y cuando se presente o exista otro acreedor él tenga la información de las posibles garantías muebles anteriormente ya registradas. Consecuentemente se evitarían posibles daños a terceros. En estos términos se plasmarían las características y funciones del RUG, como la disposición de información, identificación de los bienes muebles logrando así mayor transparencia de las transacciones y mayor certidumbre jurídica.

En conclusión, los integrantes de esta Comisión de economía coinciden con el promovente en la propuesta presentada la iniciativa, ya que la inscripción ayuda a saber si el bien está o no libre de gravámenes o anotaciones preventivas y ahora no se podrá saber si los tiene o no si no es obligatorio en un procedimiento.

De igual forma esta dictaminadora reconoce que la función principal del juzgador es procurar la administración de justicia y reducir el riesgo de los individuos de ser perjudicados en este caso en los procedimientos de ejecución de garantías mobiliarias y de la probable violación al derecho de audiencia de un tercer interesado.

Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Economía consideramos que para que la reforma tenga mayores efectos en todos los procedimientos a que se refiere el Titulo Tercero de este ordenamiento y no solamente en el procedimiento de ejecución de prendas sin desplazamiento de posesión o en el fideicomiso de garantía; es decir que vaya al procedimiento ejecutivo mercantil que regula éste y otros mas, derivados de un derecho personal consignado en un título de crédito; por lo que el texto propuesto por el promovente se traslada al artículo 1395 del mismo ordenamiento.

Con el análisis descrito arriba, los integrantes de esta Comisión de Economía consideran que puede aprobarse la citada iniciativa, por lo que presenta lo siguiente:

Acuerdo

Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 1414 bis 7 del Código de Comercio, por lo que somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio

Único. Se adiciona al artículo 1395 con un párrafo cuarto recorriéndose los actuales párrafos cuarto y quinto a ser, quinto y sexto párrafos del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1395. ...

I. A V. ...

...

...

En caso de bienes muebles, el actor deberá demostrar fehacientemente que realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias, y establecer en su escrito inicial de demanda el resultado de la misma. Lo anterior a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado. En su caso, el juez deberá realizar la notificación correspondiente.

...

...

Transitorios

Único.El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Economía, diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica en abstención), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS - LEY DE PUERTOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Marina y Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada la minuta con proyecto de decreto  que  reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80,  157, numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados las Comisiones de Marina y Transportes  someten a consideración de esta soberanía el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 27 de abril de 2010 por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, presentada por el senador Marco Tulio Munive Temoltzin.

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, turnó la Iniciativa mencionada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

3. En la sesión ordinaria del 5 de octubre de 2010, la Mesa Directiva del Senado de la República autorizó la petición de ampliación de turno, solicitada por la Comisión de Marina, para que el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, quedara en las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

4. El 22 de febrero de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó a estas comisiones la minuta proyecto de decreto que reforma, diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.

5. Las Comisiones de Marina y de Transportes valoraron la minuta presentada, y como resultado de los consensos alcanzados en las diversas reuniones celebradas, se formula el presente dictamen que recoge el espíritu del debate y las expresiones de los legisladores para perfeccionar la minuta, ratificando en sus términos la motivación y fundamentación de la Colegisladora.

Consideraciones

Primera. Las Comisiones que dictaminan, reconocen que las reformas que se pretenden realizar a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos, se encuentran enfocadas a describir con mas precisión, aspectos concernientes a la figura del Pilotaje o Practicaje, considerada como una de las instituciones más antiguas del derecho Marítimo y que actualmente se constituye como un servicio público de seguridad a la navegación en las jurisdicciones portuarias.

Asimismo, por su importancia, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos considera al pilotaje o practicaje como un servicio de interés público y coadyuvante en la preservación de la seguridad, soberanía e independencia nacionales, por lo que estas Comisiones recalcan la importancia de la prestación de dicho servicio, que el mismo se encuentra previsto en el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese precepto se establece expresamente que para desempeñarse como capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y en general, todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana, lo mismo para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo, se requiere que sean mexicanos por nacimiento.

Segunda. Por la naturaleza del servicio que prestan, los pilotos o prácticos de puerto además de que deben ser mexicanos por nacimiento, deberán contar con título profesional sobre la materia, acreditar ante autoridad marítima su experiencia en años de navegación y mando en embarcaciones de más de cinco mil toneladas de registro bruto y obtener previas prácticas y exámenes respectivos, el certificado de competencia que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Debido a la importancia que tiene el servicio de pilotaje o practicaje, se crea la necesidad de definir claramente dicho concepto y que éste quede previsto en las leyes correspondientes, no pasando por alto que en el reglamento respectivo, se desarrollen en forma clara los conceptos inherentes a esta actividad y a sus modalidades, como lo son las maniobras de pilotaje y zonas de pilotaje.

Tercera. En consecuencia de lo anterior, se deben promover reformas y adiciones a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos que ajusten el marco jurídico a la realidad dominante, para contribuir al fortalecimiento de la actividad de pilotaje o practicaje, por lo que estas comisiones consideran que a efecto de realizar reformas que resulten congruentes y que no invadan las competencias entre los distintos Poderes de la Unión es necesario realizar modificaciones al Proyecto de Decreto a estudio y que se detallan en el siguiente apartado.

Cuarta. En la minuta se propone introducir en el artículo 2 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, los conceptos “maniobras” y “zonas de pilotaje”, manifestando que el artículo en comento debe contener conceptos de carácter general, y el pilotaje es uno de ellos y al desarrollar este concepto se utiliza la palabra “maniobras” en lugar de “maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque” en los puertos y zonas de pilotaje como concepto general que incluye los lugares en que el piloto de puerto presta su servicio, dando lugar a que en el reglamento respectivo se profundice en las definiciones de ambos términos, lo cual genera una laguna ,así mismo se propone eliminar las palabras “eminentemente intelectual” y “de forma directa y sin intermediarios”  debido a que el trabajo del Piloto de puerto además de utilizar la experiencia y los conocimientos, es un trabajo físico donde el piloto tiene que salir y de quedar el texto como tal no correspondería a la realidad que se desarrolla en los puertos; sin dejar de hacer notar que el práctico es un apoyo para el Capitán del barco al introducir las embarcaciones a puerto por otro lado estas Comisiones que dictaminan, consideran conveniente se agreguen las acciones de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque, porque son las propias del pilotaje y no deben quedar fuera de la definición de este servicio portuario, siendo importante señalar con toda precisión y claridad en qué consiste el realizar maniobras con las embarcaciones a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje. Además, se propone agregar la palabra “practicaje”, para que exista uniformidad en toda la Ley y esté acorde con lo que establece el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  para quedar como sigue:

“Artículo 2. ...

I. a XIII. ...

XIV. Pilotaje o practicaje es la actividad  que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje.”

Quinta. Respecto a la modificación del primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, las Comisiones que dictaminan, estamos de acuerdo con el contenido de la reforma, ya que está en el mismo tenor con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece “los servicios de practicaje”, sólo agregamos la palabra “correspondiente” para especificar o determinar el reglamento aplicable.

En el párrafo segundo del artículo en comento, se propone agregar las palabras “arribe o zarpe”, que son las acciones que realiza una embarcación cuando llega o sale de un puerto, y además de lo anterior establecer la obligación, de toda embarcación, de utilizar los servicios de los pilotos de puerto, que la reforma del Senado estaba dejando fuera.

Asimismo, en el párrafo cuarto del mismo artículo se propone agregar las “áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables”, ya que en este artículo se deben establecer todas las áreas que son idóneas para que se realice el servicio de pilotaje y no dejar ninguna fuera, como lo pretendía la colegisladora, además de eliminar la palabra “operación” y” reglamento de operación” para que sea expresado con claridad las reglas de pilotaje conocidas en todos los puertos.

Igualmente, en el párrafo quinto del precepto citado, estas comisiones proponen agregar en el aspecto de la seguridad, a la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente marino, ya que es necesario establecer con toda precisión, la protección de estas materias que son prioritarias, como lo son la vida humana y el medio ambiente marino.

Con relación a la adición de un párrafo sexto en el artículo en mención, se considera que es adecuada la propuesta. Pero se propone  se le agregue la palabra “practicaje” para que todo el texto de la reforma sea uniforme y coincidente con el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de “exceptuado los periodos en que el estado del tiempo, las marejadas o corrientes y la saturación del puerto impidan prestar ininterrumpidamente el servicio de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado por causas de interés público o cuando así lo determine la autoridad competente”lo anterior fundamentado en que por razones de seguridad es imposible meter un barco a puerto cuando existe un mal tiempo;  por lo que este articulo se propone quedar como sigue:

Artículo 55. El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público. La Secretaría determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento correspondiente, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico.

El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un puerto o zona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten.

...

La Secretaría determinará, con base en los criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos, zonas de pilotaje, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, en las cuales sea obligatoria la utilización del servicio de pilotaje, mismo que será prestado en la forma que prevenga el Reglamento correspondiente y las reglas de operación de pilotaje de cada puerto. Asimismo, la Secretaría estará facultada de acuerdo a dichos criterios, a establecer en el reglamento de operación de pilotaje de cada puerto, los supuestos mediante los cuales se exima de la obligatoriedad del servicio de pilotaje.

En el ámbito de sus atribuciones y responsabilidad, corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, así como la protección del ambiente marino.

El servicio público de pilotaje o practicaje se prestara en forma continua, permanente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día, exceptuado los periodos en que el estado del tiempo, las marejadas o corrientes y la saturación del puerto impidan prestar ininterrumpidamente el servicio de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado por causas de interés público o cuando así lo determine la autoridad competente.

Sexta. En lo referente al artículo 56 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, las Comisiones que dictaminan proponemos una adición en lo relativo a que el servicio de pilotaje debe estar regulado por ambas leyes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Ley de Puertos); toda vez que el pilotaje principalmente se da o se presta a las embarcaciones en los puertos. Por otro lado, en relación a las consultas que realice la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se debe contar no solo con la opinión de los pilotos sino de todas las demás partes involucradas en la operación de los puertos, puesto que con la participación únicamente de los pilotos sería una opinión incompleta, por lo que se propone quedar como sigue:

Artículo 56. En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el reglamento correspondiente y las reglas de operación de pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, contendrán los elementos mínimos que establezcan el Reglamento de la presente Ley y la Ley de Puertos. El servicio público de pilotaje se considera como un servicio profesional. La Secretaría deberá valorar las consultas técnicas que le formulen a los pilotos o prácticos de puerto y a todas las partes interesadas en la operación de cada puerto.

Séptima. En cuanto al penúltimo párrafo del artículo 57, se propone que continúe como está en el texto vigente, y no el propuesto por el  Senado ya que es apropiado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente programas de certificación, y por el contrario, la certificación de calidad de los programas compete a otro tipo de organismos, y no a dicha Secretaría.

Además, se considera que debe permanecer en el texto vigente el último párrafo de este artículo, ya que de su contenido se desprende que garantiza la imparcialidad de los pilotos de puerto, y la propuesta del Senado lo eliminaba.

Octava. Respecto a la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, que el Senado proponía reformar para eliminar el servicio de pilotaje, se propone permanezca como está en la ley vigente, en razón de que el pilotaje es un servicio público fundamental que debe estar señalado en la Ley de Puertos porque este servicio principalmente se da en los puertos, aún cuando su reglamentación se aplique en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Además, estas Comisiones proponen que se agregue un segundo párrafo a la fracción I de este numeral, para confirmar el argumento anterior de que el pilotaje esté regulado por ambos ordenamientos, y que sea del tenor siguiente:

Artículo 44.

...

I. ...

El servicio de pilotaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamentos aplicables.

II. y III. ...

Novena. Por las razones expuestas y fundamentadas, y para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de estas Comisiones someten a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos

Artículo Primero. Se reforman los artículos 8, fracción VI; 55, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto; 56; 57, fracciones III y IV, y se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 2; un párrafo sexto al artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 2. ....

I. a XIII. ...

XIV. Pilotaje o practicaje: Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje.

XV. Zona de Pilotaje: Los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en que se determine como obligatorio el Pilotaje.

Artículo 8. ...

I. a V. ...

VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de comunicación por agua, así como certificados de competencia, en los términos de esta Ley; vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso;

VII. a XXII. ...

Artículo 55. El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público. La Secretaría determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento correspondiente, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico.

El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un puerto o zona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten.

...

La Secretaría determinará, con base en los criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos, zonas de pilotaje , áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables en las cuales sea obligatoria la utilización del servicio de pilotaje, mismo que será prestado en la forma que prevenga el Reglamento correspondiente y las reglas de pilotaje de cada puerto. Asimismo, la Secretaría estará facultada de acuerdo a dichos criterios, a establecer  las reglas de pilotaje de cada puerto, los supuestos mediante los cuales se exima de la obligatoriedad del servicio de pilotaje.

En el ámbito de sus atribuciones y responsabilidad, corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, así como la protección del ambiente marino.

El servicio público de pilotaje o practicaje se prestará en forma continua, permanente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día, exceptuado los periodos en que el estado del tiempo, las marejadas o corrientes y la saturación del puerto impidan prestar ininterrumpidamente el servicio de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado por causas de interés público o cuando así lo determine la autoridad competente.

Artículo 56. En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el Reglamento correspondiente y las reglas de pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, contendrán los elementos mínimos que establezcan el Reglamento de la presente ley y la Ley de Puertos. El servicio público de pilotaje se considera como un servicio profesional. La Secretaría deberá valorar las consultas técnicas que le formulen a los pilotos o prácticos de puerto y a todas las partes interesadas en la operación de cada puerto.

Artículo 57. ...

I. y II. ...

III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de pilotaje para el puerto respectivo y zona de pilotaje, expedido por la Secretaría; y

IV. Realizar prácticas obligatorias en el puerto  y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio.

...

...

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 44, de la Ley de Puertos, para quedar como sigue:

Artículo 44. ...

...

I....

El servicio de pilotaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamentos aplicables.

II. y III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto, se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.

La Comisión de Marina, diputados: José Soto Martínez (rúbrica), presidente; Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), secretarios; Roy Argel Gómez Olguín, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Máximo Othón Zayas, Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, Rafael González R. (rúbrica), Uriel Flores Aguayo (rúbrica).

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Orrtuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Martín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN II

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 51, 62, 116 y 139 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 51, 62, 116 y 139 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente dictamen.

Antecedentes legislativos

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 6 de septiembre de 2011, el senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 139 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dictó trámite a la iniciativa, turnándola a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.

Tercero. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 13 de septiembre de 2011, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo V al Título Cuarto, Del Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestales, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Cuarto. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen.

Quinto. En reunión de las comisiones unidas dictaminadoras, efectuada el 23 de noviembre de 2011, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Sexto. En sesión plenaria del Senado de la República, verificada el 24 de abril de 2012, se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Séptimo. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, efectuada el 25 de abril de 2012, la Mesa Directiva dio cuenta al pleno con la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Octavo. En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva dictó trámite a la minuta, turnándola a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictamen.

Contenido de la minuta

La colegisladora hizo el análisis de los objetivos que persiguen los proyectos de decreto planteados en sendas iniciativas presentadas por los senadores Adolfo Toledo Infanzón y Alejandro Moreno Cárdenas, durante septiembre de 2011, y que, en síntesis, dichos objetivos son los siguientes:

Primero. Regular la incorporación de nuevas tecnologías para el aprovechamiento y extracción de recursos forestales maderables, así como incrementar la productividad y minimizar los impactos al ecosistema, promoviendo la conservación y mejoramiento del bosque, el agua y el suelo, mediante el diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos económicos que incentiven estas actividades, por los gobiernos federal y locales.

Las comisiones unidas dictaminadoras del Senado, señalan que una de las causas del deterioro de la industria forestal, es la carencia de equipo tecnológico avanzado, de punta, para optimizar el aprovechamiento de los recursos forestales.

Por ello, la propuesta concreta es incorporar en el texto de la fracción XVII del artículo 139 de la ley, “...la adquisición de equipo tecnológico que fomente el incremento de la productividad y minimice los impactos nocivos al ecosistema y promuevan la conservación y mejoramiento del bosque, el agua y el suelo.”

Segundo. Adicionar un capítulo V, De los instrumentos para talar árboles, al Título Cuarto de la ley, y un artículo 116 Bis, con el propósito de regular la utilización de motosierras y aserraderos móviles que se emplean en el aprovechamiento forestal conforme a los requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento. La encargada de otorgar al titular de la autorización, los permisos para que sean utilizadas las herramientas, objeto del aprovechamiento forestal, será la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat.

Ante la deforestación desmedida y el cúmulo de causas que la propician y fomentan, se propone la adición de un artículo 116 Bis, para establecer que la Semarnat será la encargada de otorgar al titular de la autorización para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables en terrenos forestales o preferentemente forestales los permisos para utilizar motosierras y aserraderos móviles; de lo contrario, las motosierras y aserraderos móviles serán decomisados y los titulares de la autorización, no podrán realizar ninguna actividad relacionada con el aprovechamiento de los recursos madereros. El otorgamiento de los permisos para la utilización de motosierras y aserraderos móviles, se sujetará a lo dispuesto en las normas oficiales que al efecto emita la propia Dependencia.

La colegisladora alude al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), denominado: “Situación de los Bosques del Mundo 2011”, en el cual se analizan las principales directrices regionales relacionadas con la magnitud de los cambios en el área de bosques en zonas designadas para actividades productivas y de protección, los niveles de biomasa y el empleo.

Según dicho informe, el índice total de deforestación sigue disminuyendo; sin embargo, las principales tendencias en la extensión de los bosques y la modificación de los índices de pérdidas forestales, muestran que hay disparidades entre las seis grandes regiones del planeta. La mayor área forestal del mundo se encuentra en Europa, debido a la conservación de las vastas franjas de bosques de la Federación de Rusia, mientras que en América Latina y el Caribe se ha registrado la mayor pérdida neta de bosques en la última década.

En el mismo período, en México, el área de bosques plantados ascendió a 350 mil hectáreas en 1990 y a 3.2 millones de hectáreas en 2010; es decir, el área de bosques plantados en nuestro país en 1990, creció 9.5 veces para 2010. Por otro lado, el 53 por ciento del nuestro bosque está clasificado como bosque primario, y la velocidad de la deforestación se ha reducido en 35 por ciento en los últimos cinco años.

El Senado de la República, señala que en el territorio nacional, no obstante haberse implementado políticas públicas que fomentan la sustentabilidad en el aprovechamiento y la protección de los recursos forestales, y que disminuye la degradación de los ecosistemas; no hemos atendido con eficiencia la deforestación clandestina e inmoderada de los recursos forestales maderables, ni el aprovechamiento desmedido de los recursos no maderables; en consecuencia, la desatención sobre estos temas incide con mayor fuerza en la grave reducción de la superficie de bosques y selvas.

El Senado de la República considera acertada la estrategia del Estado mexicano para impulsar el crecimiento y desarrollo del sector forestal, mediante la constitución de esquemas e instrumentos financieros que favorecen el acceso al crédito y el financiamiento al sector forestal y su cadena productiva, además de ser promotores del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, con una serie de apoyos que cubren las necesidades potenciales de asistencia técnica, estudios, capacitación, transferencia de tecnología, organización para la producción e impulso a inversión en nuevas tecnologías, en beneficio de los productores forestales de México.

Los senadores hacen también alusión al crecimiento del volumen de la producción forestal maderable y de la producción forestal no maderable en 2011, respecto del volumen en ambas áreas de la producción forestal, obtenido en 2010.

La colegisladora considera que el desarrollo forestal sustentable, como proceso evaluable y medible mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social, procura la productividad óptima y sostenida de los recursos forestales, sin comprometer el equilibrio e integridad de los ecosistemas.

Para ello, consideran necesario promover una adecuada planeación que mejore el ingreso y la calidad de vida de quienes participan en la actividad forestal y que, a la vez, impulse la generación de valor agregado en los productos de las regiones forestales.

Los legisladores del Senado reconocen que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y la Comisión Nacional Forestal, con la participación de los gobiernos de los estados, de los municipios y, en su caso, del Distrito Federal, impulsan en este sentido el aprovechamiento racional para reorientar los procesos de extracción y transformación mediante la aplicación de tecnología.

El Senado de la República refiere que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; asimismo, expresa que uno de sus objetivos específicos es propiciar la productividad en toda la cadena forestal, con la participación coordinada del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en el diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos económicos que sean alicientes de la actividad forestal, generando acciones favorables para el establecimiento de los criterios de una política forestal de carácter económico que impulse la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología, a fin de mejorar la productividad del sector forestal y reducir los impactos negativos de las actividades productivas en los ecosistemas.

El Senado considera improcedente incorporar la figura del decomiso en los términos propuestos en la iniciativa señalada en el antecedente tercero de este dictamen, en virtud de que dicha figura jurídica se encuentra prevista en Código Penal Federal, vigente; sin embargo, en cuanto a la propuesta sobre la regulación y registro de los aserraderos móviles, los Senadores estiman pertinente reformar los artículos 51, 62 y 116 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para que la Semarnat, tenga el conocimiento y registre mediante autorizaciones el uso de los centros de transformación móviles.

De conformidad con el dictamen aprobado por los integrantes de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, el pleno del Senado de la República votó a favor el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único. Se reforman los artículos 51, fracción IX; 116 y 139, fracción XVII; y se adiciona una fracción XIII, recorriéndose la siguiente al artículo 62, todos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 51. La Secretaría establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado el Registro Forestal Nacional.

El Registro Forestal Nacional será público y en él se inscribirán:

I. a VIII. ...

IX. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación, además de los centros de transformación móviles de materias primas forestales, y

X. ...

Artículo 62. Los titulares de los aprovechamientos forestales y de plantaciones forestales comerciales estarán obligados a:

I. a XI. ...

XII. Ejecutar trabajo para prevenir, combatir y controlar incendios forestales en los términos de la presente ley;

XIII. Dar aviso de los centros de transformación móviles, que en su caso se utilicen; y

XIV. Las demás establecidas en la presente ley y su reglamento.

Artículo 116. Para el funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación, además de los centros de transformación móviles de materias primas forestales, se requiere de autorización de la secretaría de acuerdo con los requisitos y procedimientos previstos en el reglamento o en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan, los que comprenderán aspectos relacionados con contratos, cartas de abastecimiento, balances oferta-demanda, libros de registro de entradas y salidas, inscripciones en el registro, entre otros. Lo anterior, con independencia de las licencias, autorizaciones o permisos que deban otorgar las autoridades locales.

Artículo 139. La federación, las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y escuchando la opinión del consejo, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política forestal, y mediante los cuales se buscará de manera prioritaria y no limitativa:

I. a XVI. ...

XVII. El desarrollo y aplicación de sistemas de extracción y aprovechamiento, mediante el uso de equipo tecnológico que incremente la productividad y minimicen los impactos al ecosistema promuevan la conservación y mejoramiento del bosque, el agua y el suelo;

XVIII. a XX. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Después de analizar el contenido de la minuta con proyecto de decreto objeto del presente dictamen, las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales enunciamos las siguientes

III. Consideraciones

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales coincide con la colegisladora en las bondades que representan las modificaciones a las diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, objeto del Proyecto de Decreto que se plantea, en virtud de que con el mejoramiento de las tecnologías empleadas en el aprovechamiento y extracción de recursos forestales maderables, entramos al camino normativo que lleva a incrementar la productividad y minimizar los impactos negativos al ecosistema, promoviendo la conservación y el mejoramiento del bosque, el agua y el suelo, mediante el diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos económicos de incentivo a estas actividades, por los gobiernos federal y locales.

Reconocemos que el desarrollo económico y social de nuestro país requiere del impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación, como instrumentos básicos para acceder al desarrollo sostenible, sobre todo ante el atraso que vivimos en aspectos tan importantes como el científico y el tecnológico.

Reconocemos apropiado considerar que la baja en la producción forestal en México, a pesar de la demanda interna de productos forestales en los últimos años, debe atenderse incrementando el aprovechamiento legal de nuestros recursos, así como la competitividad de estos en el mercado.

Hemos visto como la producción maderera en nuestro país, de una situación superavitaria ha pasado a una crisis estructural forestal que se agrava constantemente, debido a los elementos reales que inciden en la baja competitividad, tales como la sobrerregulación que aletarga la gestión de los aprovechamientos, los subsidios y estímulos generalmente más provechosos para la agricultura, la degradación de la infraestructura productiva y la falta de tecnologías avanzadas para su aprovechamiento.

Encontramos que la causa y efecto más grave del atraso de nuestra industria maderera, es el consumismo sobre el producto proveniente de la tala ilegal. De los 30 millones de metros cúbicos de madera que se consumen anualmente en el país, 13.5 millones proceden de la tala clandestina, 7 millones son de procedencia legal y la diferencia es de madera de importación.

No obstante los avances legislativos en la materia, sabemos que México requiere de 900 mil hectáreas de plantaciones maderables, y contar con una tecnología de punta que alcance realmente a impulsar el crecimiento de la productividad de la industria, favoreciendo la sustentabilidad de los recursos forestales de nuestro país.

Quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresamos nuestra coincidencia con el Senado, en cuanto al reconocimiento de que una de las causas del deterioro de la industria forestal, es la carencia de equipo tecnológico avanzado, para acceder de la mejor manera al aprovechamiento de los recursos forestales.

Identificamos la claridad de la norma, pues en efecto, es imperiosa la necesidad en la actividad forestal, de adquirir y aplicar la tecnología más avanzada, en aras de impulsar el incremento de la productividad y reducir al mínimo los impactos negativos de la actividad forestal en el ecosistema, propiciando el mantenimiento y el mejor estado del bosque, el agua y el suelo.

Del mismo modo, consideramos acertada incorporación de los centros de transformación móviles cuya regulación y operación fortalecerá el funcionamiento de los centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, cuya regulación exige de la autorización de la Semarnat, conforme a los requisitos y procedimientos previstos en el reglamento o en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan, los cuales comprenderán aspectos formales relacionados con contratos, cartas de abastecimiento, balances oferta-demanda, libros de registro de entradas y salidas e inscripciones en el registro, entre otros. Todo lo anterior, con independencia de las licencias, autorizaciones o permisos que deban otorgar las autoridades locales.

Coincidimos también con la colegisladora, en relación con la regulación de los centros de transformación móviles, el haber considerado improcedente la incorporación en el proyecto de decreto, de la figura del decomiso en los términos propuestos en la iniciativa presentada por el senador Alejandro Moreno Cárdenas, en virtud de que dicha figura jurídica se encuentra prevista en Código Penal Federal, vigente.

Con la aprobación de las reformas planteadas, se pretende disminuir la explotación irregular de los recursos maderables por parte de los propietarios y poseedores de terrenos forestales.

Se trata de mejorar las condiciones que favorezcan el aprovechamiento de los recursos forestales maderables, mediante la verificación por parte de la autoridad competente de los centros de transformación móviles que se utilizan para aprovechar los recursos forestales maderables, y asimismo, se trata inducir a los titulares del aprovechamiento para que a través de políticas públicas se adquiera y fomente el uso de equipo tecnológico que mejore las técnicas de extracción mediante herramientas de avanzada tecnología que sean amigables con el medio ambiente.

Las y los legisladores de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales estimamos que con las reformas y adición propuestas por el Senado de la República, los tres órdenes de gobierno quedan comprometidos a diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos que den pie a la adquisición de tecnología que impulse la productividad forestal y reduzca los impactos negativos al ecosistema, promoviendo la conservación y elevando la calidad de nuestros bosques.

Consideramos que al abatir el rezago tecnológico en el sector forestal, avanzamos en la optimización del aprovechamiento de nuestros recursos y liberamos a la industria forestal de uno de los principales obstáculos que le impiden alcanzar la competitividad que necesita para participar con éxito en el mercado internacional.

Por ello, estimamos preciso incentivar económicamente la realización y puesta en uso de tecnología en todos los niveles del proceso productivo forestal, con una adecuada orientación hacia el pleno desarrollo social y económico del país.

La federación y las entidades federativas, atendiendo las opiniones del Consejo Nacional Forestal, encontrarán los instrumentos económicos idóneos para dar cumplimiento y alcanzar con plenitud los objetivos de la política forestal, mediante la adquisición del equipo tecnológico necesario para favoreces la productividad, la protección de los ecosistemas y la mejoría de la calidad de nuestros bosques, aguas y suelos.

Al mejorar la calidad de nuestros bosques, nos encaminamos hacia el equilibrio de los ciclos hidrológicos, el control de la humedad atmosférica, la contención de los escurrimientos pluviales, la recuperación de la fertilidad de nuestros suelos y, en general, hacia la creación permanente y el sostenimiento de las diversas formas de vida.

Reiteramos que al mejorar nuestro marco jurídico, generando la legislación adecuada para combatir la agresión al ambiente y sus graves afectaciones, estamos alentando la factibilidad de alcanzar nuestro anhelo por una mejor calidad de vida.

Por lo expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, dictamen con proyecto de

Decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único. Se reforman los artículos artículo 51, fracción IX; 116 y 139, fracción XVII; y se adiciona una fracción XIII, recorriéndose la siguiente al artículo 62, todos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 51. La Secretaría establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado el Registro Forestal Nacional.

El Registro Forestal Nacional será público y en él se inscribirán:

I. a VIII. ...

IX. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación, además de los centros de transformación móviles de materias primas forestales, y

X. ...

Artículo 62. Los titulares de los aprovechamientos forestales y de plantaciones forestales comerciales estarán obligados a:

I. a XI. ...

XII. Ejecutar trabajos para prevenir, combatir y controlar incendios forestales en los términos de la presente ley;

XIII. Dar aviso de los centros de transformación móviles, que en su caso se utilicen, y

XIV. Las demás establecidas en la presente ley y su Reglamento.

Artículo 116.Para el funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación, además de los centros de transformación móviles de materias primas forestales, se requiere de autorización de la Secretaría de acuerdo con los requisitos y procedimientos previstos en el Reglamento o en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan, los que comprenderán aspectos relacionados con contratos, cartas de abastecimiento, balances oferta-demanda, libros de registro de entradas y salidas, inscripciones en el Registro, entre otros. Lo anterior, con independencia de las licencias, autorizaciones o permisos que deban otorgar las autoridades locales.

Artículo 139. La federación, las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y escuchando la opinión del consejo, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política forestal, y mediante los cuales se buscará de manera prioritaria y no limitativa:

I. a XVI. ...

XVII. El desarrollo y aplicación de sistemas de extracción y aprovechamiento, mediante el uso de equipo tecnológico que incremente la productividad y minimicen los impactos al ecosistema y promuevan la conservación y mejoramiento del bosque, el agua y el suelo;

XVIII. a XX. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz para fundamentar el dictamen doña Aída Fabiola Valencia Ramírez. ¿Está doña Aída? De no estar doña Aída Fabiola, tiene el uso de la voz don José Humberto Vega Vázquez, del PT, para presentar postura. La fundamentación quedará para mejor ocasión.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, durante décadas nuestro país se ha caracterizado por ser uno de los principales promoventes de programas en contra de la deforestación; sin embargo, en los hechos el resultado ha caído en discurso con exceso de confianza.

Cierto es que en materia de forestación se han realizado acciones que apuntalan la meta solamente de los programas, pero que han sido insuficientes y mal calculados. Hoy en día la mayor preocupación es que las especies que son plantadas sobrevivan y cumplan con su ciclo biológico; la otra preocupación es lograr producir la planta suficiente, pues hay bastante área devastada.

Pero nosotros, los del Partido del Trabajo, creemos y pensamos que es pertinente reconocer que este modelo depredador que ha estado en los bosques desde hace muchas décadas es el culpable del deterioro, donde ha habido corrupción, donde hay pobreza; por lo tanto, los pobladores no tienen más que irse sobre la naturaleza, tenemos que darles alternativas para que realmente ellos puedan cuidar nuestra naturaleza.

Por eso nosotros también acertamos en este decreto, porque creemos que la parte integral de un proyecto puede salvar a nuestros bosques. Pero sobre todo, tenemos que aprender a pagar los servicios ambientales; si no les pagamos a los pobladores, a las comunidades por la captación de agua que después consumimos en las ciudades; si no les pagamos a los pobladores por la captación del carbono y la generación de oxígeno, nuestros bosques se van a seguir deteriorando.

El proyecto debe de ser integral, debemos tener desarrollo científico y tecnológico, debemos actuar desde la educación temprana para que los niños aprendan a respetar.

Alguien decía que la naturaleza necesita amigos; creo que más que nada necesita respeto y la creación de una cultura que realmente ayude al desarrollo de nuestros bosques y selvas. Por lo tanto, los del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. A ver, doña Aída Fabiola, que quiere fundamentar el dictamen cuando ya estamos en la discusión, pero bueno, venga a la tribuna.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Muchas gracias, señor presidente. A nombre de la Comisión del Medio Ambiente fundamentaré este posicionamiento.

La protección, conservación y el mejoramiento del medio ambiente son tareas que cada uno de los habitantes de este planeta deberíamos practicar todos los días de nuestra vida y pugnar porque se vuelva una meta personal en cada uno de nuestros descendientes, amigos, familiares y conocidos, creando con ello una conciencia que nos conduzca en todo momento a un comportamiento responsable con la naturaleza, siendo para ello indispensable abordarlo desde el hogar hasta las instituciones educativas para poder lograr una educación ambiental.

Esa educación ambiental a la que hago referencia, no es una novedad, más bien tendría que haber sido desde hace muchos años uno de los principales pilares de nuestro sistema educativo, tomando en consideración diversos aspectos, tales como el ecológico, político, económico, tecnológico, social, cultural, estético y legislativo, y que a su vez han sido tomados por los precursores de la educación ambiental como los principios de orientación.

Actualmente dicha educación ambiental debe ser una preocupación constante de los gobiernos federal, estatales y municipales, quienes son las instituciones encargadas y obligadas a dar un ordenamiento sostenible a los recursos naturales y que si bien es cierto aún nos encontramos lejos de lograr una concientización permanente, también lo es que en esta Legislatura no podemos ser indiferentes a la defensa de las regiones ecológicas del país.

Ante tal situación y dentro del marco de nuestras funciones, el presente dictamen busca incorporar estrategias que impulsen el crecimiento y desarrollo del sector forestal, a partir de un aprovechamiento legal de nuestros recursos, en donde la parte tecnológica represente una mejoría en la productividad, calidad de los bosques, agua, suelos y protección de los ecosistemas.

En la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales —de la cual me congratulo formar parte— se ha asumido con plena responsabilidad la tarea de dar un seguimiento puntual a los trabajos legislativos que se encontraban pendientes, por lo que con la emisión del presente dictamen se contribuye a una muy loable reforma con el objetivo de abatir el rezago tecnológico en el área forestal.

No es un espejismo, si tanto los ciudadanos como las autoridades asumimos con responsabilidad nuestra presencia en este planeta.

Por las razones vertidas, exhortamos a esta honorable asamblea a secundar el sentido de la reforma, no sin antes recordar que la modificación a un texto normativo no es suficiente si la voluntad de los ciudadanos y de las autoridades no existiera, despojándonos de intereses individuales y atendiendo a intereses colectivos y de nación, pero sobre todo de amor por la naturaleza. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A usted. Don Alfonso Durazo, tiene el uso de la voz.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, se estima que actualmente un tercio de la superficie terrestre continental, es decir, cuatro mil millones de hectáreas, se encuentran aún bajo cubierta forestal.

Sin embargo, la proporción bosque-población humana ha venido disminuyendo de 1.2 hectáreas per cápita en 1960, a 0.6 hectáreas per cápita en 2012. El panorama es aún más grave, puesto que la expectativa para 2025 es de 0.4 hectáreas per cápita.

Los últimos datos de la FAO documentan un incremento de las superficies forestales en los países del norte, mientras que en los países del sur se registra un continuo proceso de deforestación. Esta acelerada pérdida de los bosques conlleva a grandes problemas ambientales, entre los que destacan las inundaciones, los deslizamientos de laderas, la pérdida de biodiversidad y por ende, de la productividad y otros fenómenos que traen consecuencias graves para la población humana.

El calentamiento global y sus repercusiones son resultado parcial del estas tasas aceleradas de deforestación, que contribuyen con alrededor de un 25 por ciento de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

En México la situación es ligeramente más grave que la media mundial. Los datos para 1960, 2012 y las predicciones para 2025 son respectivamente de 0.8, 0.6 y 0.3 hectáreas de bosque per cápita. Las consecuencias de estos procesos de pérdida de vegetación son cada vez más obvias y, en consecuencia, desastrosas.

Las políticas de desarrollo rural que han fomentado la sustitución de la cobertura forestal, es decir, de la cobertura primaria, por otro tipo de coberturas de mayor producción a corto plazo, como cultivos y pastizales inducidos, pero de bajo rendimiento, mediano y largo plazo, son las causas principales de la deforestación.

Ante esta perspectiva, se hace urgente contar con estimaciones precisas sobre las tasas de deforestación, en aras de identificar qué se pierde y en dónde ocurre para poder definir estrategias encaminadas a reducir la drástica pérdida de los bosques e implementar mecanismos que favorezcan el aprovechamiento de los recursos forestales al máximo.

Ahora bien, el dictamen a discusión pretende reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con la finalidad de adquirir tecnología que impulse la productividad forestal y reduzca los impactos negativos al ecosistema, promoviendo la conservación y elevando la calidad de nuestros bosques.

Recordemos que actualmente los esfuerzos realizados por el gobierno federal no han sido suficientes para disminuir sustancialmente esta problemática.

Es por lo anterior que el grupo parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano se muestra a favor del presente dictamen, ya que considera necesario promover políticas que conduzcan a un manejo adecuado del bosque remanente, abatir el rezago tecnológico, así como regular el funcionamiento de los centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, que permitan su aprovechamiento y conservación integral. Muchas gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y muchas gracias a usted, también. Don Miguel Carrillo Huerta, del PRD, tiene el uso de la voz.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta:Diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sin duda una de las razones por las que en el mundo hemos descuidado nuestra relación con los ecosistemas es que no les hemos asignado a los bienes naturales el valor que realmente tienen para la supervivencia de la especie humana.

Por ejemplo, en el caso de los bosques, su valor económico total es igual a la suma de por lo menos cuatro contribuciones que nos hacen; primero, el valor por el uso directo, por ejemplo, el de la madera que proporcionan; segundo, el valor por uso indirecto, al permitir la conservación de los suelos y la recarga de los acuíferos; tercero, el valor de opción o potencial, que sería el de servicios diferentes a los que ofrecen actualmente y que pudieran ofrecer en el futuro, y cuarto, el valor de existencia, que se puede asignar con criterios conservacionistas a los servicios, ante la idea de su posible desaparición.

Como puede verse, por su valor tan alto los bosques requieren de un manejo que al mismo tiempo que permitan su aprovechamiento por parte de la población también cumplan con los objetivos del desarrollo sustentable.

En México los programas implantados durante años por el gobierno federal, a través principalmente de la Comisión Nacional Forestal y con la colaboración de los gobiernos locales y municipales, hay que reconocer que han promovido el manejo sustentable de los bosques; sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes para recuperar la cubierta forestal y para impedir que ésta se siga perdiendo constantemente, a una tasa de deforestación que llegó a 150 mil hectáreas anuales entre los años 2005 y 2010.

De hecho, en nuestro país continúa avanzando la pérdida de bosques y selvas naturales, que son sustituidas por bosques y selvas secundarias, con la consecuente pérdida de espacios de vida para un sinnúmero de especies de vida silvestre.

En el ámbito rural, sede de los bosques y selvas del país, en los últimos años no se ha observado la aplicación decidida de una política integral de desarrollo rural sustentable, donde la federación, las entidades federativas y los municipios conjuntamente resuelvan las causas del deterioro de los bosques, entre las cuales se encuentra sin duda la pobreza y la marginación de las comunidades.

Por citar un ejemplo, no se observa que se combata a fondo el rentismo forestal a través del cual y por su situación de marginación, las comunidades mal venden sus recursos forestales y por tanto, no obtienen del bosque los beneficios a plenitud.

En ese contexto, se considera que el principal eje de política pública debe ser el de fortalecer el manejo forestal comunitario, donde sean las propias comunidades poseedores de los bosques y selvas quienes en comunidad decidan su aprovechamiento; es decir, se puede hacer que los tres órdenes de gobierno refuercen las habilidades y conocimientos que requieren las comunidades forestales para la planeación, el manejo, el mejoramiento y aprovechamiento sostenible de los bosques y las selvas, donde se engloben los aspectos de producción, de conservación y así también de su propia restauración.

La reforma que hoy se presenta tiene como propósitos principales; primero, regular la incorporación de nuevas tecnologías para el aprovechamiento y extracción de recursos forestales maderables, tales como los centros de transformación móviles de materias primas, así como también que la federación y las entidades federativas y municipios diseñen, desarrollen y apliquen instrumentos económicos cuyo objetivo sea desarrollar y utilizar sistemas de extracción y aprovechamiento, mediante el uso de quipo tecnológico que incremente la productividad y minimice los impactos negativos al ecosistema forestal.

Por eso en el Grupo Parlamentario del PRD y al considerar que con esta reforma se contribuye a mejorar sustantivamente el manejo sostenible en nuestros bosques, votaremos a favor.

Dado que me quedan 27 segundos, sí quiero aprovechar mi posición en tribuna para condenar enérgicamente la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México, la toma de la Rectoría, por un grupo de jóvenes, quizá, pero por estar cubiertos y no poder ver quiénes son, nos induce a pensar que son simples vándalos. Ojalá que nos solidaricemos con nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, presidente; gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado, certero y gentil.

Esta Presidencia saluda a las damas de Texcoco, invitadas por Erika Funes Velázquez. Y al grupo de mujeres michoacanas, encabezadas por Teresita Isabel Cano Higuera, invitadas de la diputada Adriana Hernández Iñiguez.

Le damos el uso de la voz a don Gabriel Gómez Michel.

El diputado Gabriel Gómez Michel:Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país se encuentra ubicado en el decimocuarto lugar entre los países del mundo con mayor riqueza geográfica: la superficie total de bosques de pino encino es de 30.7 millones de hectáreas, en cuanto a la extensión de selva oscila los 25 millones de hectáreas. Desafortunadamente, la deforestación y degradación de nuestros recursos y del entorno natural, indican que estará en peligro el capital natural de nuestro país.

El territorio nacional cuenta con 21.6 millones de hectáreas que tienen potencial comercial, pero de esta superficie solo se aprovechan 8.6 millones de hectáreas, por la falta de acciones que incentiven la producción y la extracción de recursos forestales, como es la actividad forestal maderable, colocando en riesgo el capital económico del sector forestal.

El bajo nivel de producción se debe a una insuficiente e inadecuada explotación de los recursos forestales a pesar de que existe la capacidad de procesar mayores volúmenes, aunado a ello, se suma la tala clandestina de personas que no tienen la autorización correspondiente.

Un ejemplo. La producción de madera de Chile es casi cinco veces la producción de nuestro país, a pesar de que el territorio mexicano es 2.6 veces más grande que el de Chile y el volumen de bosques y selvas de México es de 2.2 veces mayor que el de aquella nación.

Sin duda, se necesitan acciones tendientes a fomentar el desarrollo forestal sustentable, que por un lado incremente la productividad y competitividad de este sector, pero que también promueva la conservación y el mejoramiento de los ecosistemas.

Los legisladores integrantes del PRI apoyamos la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para que la Semarnat sea la autoridad encargada de autorizar los centros de transformaciones móviles, entendidos estos como cualquier instalación industrial o artesanal, fija o móvil, donde por procesos físicos, mecánicos o químicos se elaboran productos derivados de materias primas forestales, en este caso de los instrumentos para la extracción de recursos forestales maderables. De esta manera se podrán minimizar los impactos ambientales de fenómenos, como son la deforestación y se disminuye la tala clandestina.

Asimismo la iniciativa de las personas dedicadas al sector forestal, ya que la federación, las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, buscarán de manera prioritaria y no limitativa, la inclusión de nuevas tecnologías, incrementando la productividad del sector, lo cual contribuirá al mejoramiento del bienestar social, especialmente en las áreas rurales, el mantenimiento del potencial de producción maderable, no maderable y de servicios ambientales.

El territorio mexicano cuenta con múltiples fortalezas para impulsar la industria forestal, como lo son la posición geográfica, la altitud, el clima templado, así como la creciente expansión de la industria de muebles para la exportación. Por ello, es vital impulsar el crecimiento y desarrollo de este sector, incorporando nuevas tecnologías, pero siempre y cuando se reduzcan los impactos negativos al ecosistema, buscando el adecuado equilibrio e integridad del medio ambiente para preservar los bosques, el agua y el suelo. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Esta Presidencia no tiene reservas. Vamos a votar en lo general y en lo particular. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numera 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los de los artículos no reservados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De todo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Perdón, de todo. No hubo reservas.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 446 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 51, 62, 116 y 139 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente dictamen.

I. Antecedentes legislativos

Único. El 15 de noviembre de 2012, la diputada Graciela Saldaña Fraire, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen correspondientes.

II. Contenido de la iniciativa

La diputada iniciadora señala que México cuenta con una vasta superficie de bosques y otras tierras boscosas, en la que se encuentra una de las mayores diversidades biológicas del planeta, entre cuyas cualidades destacan, por su importancia, los productos forestales maderables y no maderables, con los servicios forestales que éstos proveen.

Manifiesta que el sector forestal en nuestro país, fue relegado por las políticas públicas, dando lugar a que gran parte de las regiones forestales sufrieran graves procesos de deterioro, desaprovechando su potencial en detrimento del desarrollo de las comunidades de la localidad.

Sobre esta situación, según la iniciadora, se ha procurado su reversión mediante la creación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en 2001, desafortunadamente, los esfuerzos y avances han sido insuficientes.

Asevera que la Conafor, desde su creación en 2001, ha tenido recursos presupuestarios crecientes año con año. De 283.6 millones que le fueron asignados el año de su fundación, el presupuesto de la comisión se incrementó a 6 mil 812.7 millones de pesos para 2012. No obstante, una de las principales críticas a la Institución, es la falta de transparencia en el ejercicio del gasto, ya que no existen todavía los procedimientos para impulsar la participación de los gobiernos locales y las organizaciones de los productores, en la revisión de la eficiencia y eficacia del gasto realizado.

Según la Iniciadora, los programas de la Conafor son insuficientes para recuperar la cubierta forestal que se pierde, pues no se observa una política integral que dé respuesta a la deforestación creciente; sobre todo, en aquellas zonas cuya biodiversidad y servicios ambientales son de gran importancia, pero que son espacios donde con mayor énfasis se manifiesta el clandestinaje forestal que ha rebasado con creces a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, fomentando la pobreza y la marginalidad.

Observa que el deterioro de los bosques y selvas ha sido incontenible. Que la deforestación y la pérdida de bosques y selvas naturales, sustituidas por secundarias, dan lugar a la pérdida de espacios de vida para muchas especies de la vida silvestre.

Manifiesta que según información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, correspondiente al periodo2007- 2010, el 22.7 por ciento de los ejidos y comunidades apoyados durante dicho lapso, venden su madera en pie a los rentistas, y 48.2 por ciento de dichos ejidos y comunidades no aprovechan sus bosques y selvas; es decir, casi el 71 por ciento de los ejidos y comunidades apoyados con los programas forestales, no están organizados para la producción forestal o malbaratan sus recursos forestales en beneficio de los rentistas.

Asevera que las autoridades en la materia no registran ni procesan información sobre las superficies forestales bajo esquemas de manejo forestal; sin embargo, infiere que las superficies bajo algún tipo de manejo, son nimias en relación con el tamaño del problema.

Señala que durante el periodo comprendido del 2007 a julio de 2012, se incorporaron 6.2 millones de hectáreas al ordenamiento forestal comunitario, lo que representa alrededor del 7 por ciento de los 85 millones de hectáreas de tierras boscosas del país. Asimismo, se formularon programas de manejo para el aprovechamiento de productos forestales en 8.4 millones de hectáreas, 10 por ciento de la referida superficie forestal.

Expresa que en virtud de que las metas de reforestación 2006-2012, no se alcanzaron, considera que las actividades de reforestación fueron utilizadas más como una política mediática, que como instrumento para impulsar la protección de la cubierta forestal de nuestro territorio.

Asegura que en muchos sitios del país se sembraron plántulas de árboles y otras especies vegetales en cantidades importantes y supuestamente suficientes para alcanzar los objetivos del programa de reforestación 2006-2012, pero con las grandes tasas de mortalidad, debido a que pocos de los millones de árboles sembrados fueron viables para llegar a vivir su ciclo biológico completo. Adicionalmente, señala que el sector forestal enfrenta una gran crisis recurrente que se refleja en una producción forestal menor y baja generación de empleos con relación al potencial forestal del país, impactando de manera negativa en la población rural.

Considera necesario generar una estrategia para frenar el deterioro de los ecosistemas forestales y que permita revertir la tendencia a perder áreas forestales que profundiza el empobrecimiento de muchas comunidades rurales.

Estima pertinente hacer extensivas las prácticas de manejo forestal sostenible en todas las comunidades dueñas de terrenos forestales; es decir, diseñar y poner en práctica una política forestal basada en el esquema de manejo forestal comunitario.

Por ello, considera que el principal eje de política pública en la materia, debe ser fortalecer el manejo forestal comunitario. Donde son las propias comunidades poseedoras de los bosques y selvas quienes deben decidir sobre ellos.

En todo caso, enfatiza, lo que deben realizar los tres órdenes de gobierno, es reforzar las habilidades y conocimientos que requieren las comunidades para la planeación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento sostenible del bosque.

Con base en los motivos expuestos, la diputada iniciadora propone:

1. Reformar la fracción XLIII del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), con el propósito de determinar con mayor precisión conceptual a los terrenos preferentemente forestales. Con la nueva acepción, se busca vincular los conceptos de corredores biológicos, degradación y vulnerabilidad que se definen en el artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.

2. Adicionar un artículo 9 Bis a la LGDFS, a efecto de promover el efectivo cumplimiento de la legislación y lograr una efectiva operación del Servicio Nacional Forestal y sus grupos de trabajo. Se trata de establecer la obligación del Presidente del Servicio Nacional Forestal, de convocar a sus integrantes a, cuando menos, dos reuniones ordinarias al año.

Debe recordarse, que a la fecha no se tiene información sobre la integración y funcionamiento de los grupos de trabajo del Servicio Nacional Forestal, además de que no se ha establecido el Reglamento del Servicio Nacional Forestal.

3. Reformar el artículo 20 para incluir en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal la participación de representantes de los gobiernos de las entidades federativas, que sean nombrados por los propios gobiernos locales con pleno respeto a su soberanía, así como la participación de la sociedad incluyendo a ciudadanos representativos de los diversos sectores de interés en materia forestal para lo cual se propone incorporar a la Junta de Gobierno a un representante del sector social de silvicultores, un representante de los empresarios industriales forestales y a un representante de una organización ciudadana de prestigio y experiencia relacionada con las atribuciones de la comisión.

Asimismo, facultar expresamente a la Junta de Gobierno de la comisión para que pueda invitar a sus sesiones a los titulares de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a otros representantes de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, a representantes del sector social de silvicultores y de organizaciones privadas de productores forestales, y de la sociedad civil organizada, los cuales podrían intervenir con voz, pero sin voto.

4. Adicionar un artículo 20 Bis, para definir expresamente en la ley las atribuciones de la propia Junta de Gobierno.

5. En congruencia con la propuesta de adición de un párrafo segundo al artículo115 de la ley, se propone también la adición de una nueva fracción X al artículo 51 de la Ley, relativa al Registro Forestal Nacional, recorriéndose la vigente fracción X de este artículo en su orden, para que se inscriban en dicho registro las carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros no integrados a un centro de trasformación primaria, cuya materia prima la constituyan productos maderables con escuadría, con excepción de madera en rollo y labrada.

6. Reformar el artículo71, para eliminar las causas económicas, como justificación para adelantar el plan de corta autorizado en el programa de manejo o alterar en forma alguna el calendario aprobado por la secretaría.

7. Reformar la fracción III del artículo 74, para que en las solicitudes para obtener autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, las actas de asamblea puedan acreditarse sólo con demostrar que está en proceso su inscripción; así como para incorporar el nombre correcto de la normativa interna de las comunidades agrarias: el Estatuto Comunal, conforme lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Agraria.

8. Reformar el artículo 76, para sustituir la presentación de la manifestación de impacto ambiental requerida para los tres aprovechamientos forestales señalados, con una evaluación de impacto ambiental, en la consideración de que el sentido del artículo 76, es que determinados aprovechamientos forestales se sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como lo señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en los artículos 28 al 35 Bis-3 en su Sección V, Evaluación del Impacto Ambiental, del Título Primero, Disposiciones Generales.

9. Adicionar una fracción IV al artículo 76, para incorporar como sujetos del requerimiento de la evaluación de impacto ambiental, los aprovechamientos en aquellos ecosistemas forestales a los que se pueda causar daños o la salud pública o causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, conforme a la fracción XIII del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

10. Derogar el artículo 99, en la consideración de que las especies en riesgo se encuentran bajo la tutela de la Ley General de Vida Silvestre, en especial en sus artículos 56, 57, 60, 85 y 87, mientras con el artículo 99 de la ley, se posibilita que la secretaría pueda autorizar el aprovechamiento de especies en riesgo, como recursos no maderables.

11. Reformar el artículo 107 de la ley, para fusionar en el texto de un solo párrafo, las disposiciones que se reiteran en los dos párrafos del artículo 107, vigente.

12. En virtud de que con la reforma al artículo 107, se establece que la secretaría emitirá las normas oficiales mexicanas para determinar los procedimientos, modalidades y requisitos que deberán observarse para la prestación, evaluación y seguimiento de estos servicios precisando diversas especialidades por actividad y por ecosistema, se propone establecer un Artículo transitorio donde se obligue a la Secretaría a expedir en un plazo de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las Normas Oficiales Mexicanas señaladas en el artículo 107 de la Ley.

13. Reformar los párrafos primero y segundo del artículo 112 de la ley, para hacer explícito el mandato a la comisión, de que se coordine con los consejos forestales de las entidades federativas para delimitar las unidades de manejo forestal; asimismo, prever que dicha organización debe ser libre, introduciendo un propósito más claro de dicha organización en las unidades de manejo forestal para realizar conjuntamente actividades que requieren de la integración territorial de escala regional y dejando la gestión del manejo forestal predial en manos de los dueños de los terrenos de manera individual o a través de las organizaciones que libremente decidan constituir.

14. Adicionar un párrafo tercero al artículo 112 de la ley, para prohibir el condicionamiento para otorgar autorizaciones de aprovechamiento forestal o el acceso a los programas de apoyo a la actividad o al fortalecimiento organizativo o a la participación en la organización gestora de las actividades forestales regionales dentro de la unidad de manejo forestal.

15. Reformar el encabezado del párrafo tercero, y recorrerlo para que pase a ser párrafo cuarto del artículo 112 de la ley.

16. Reformar el párrafo primero del artículo 115 de la ley, para incluir a quienes realicen el almacenamiento y/o transformación de las materias primas forestales, sus productos y subproductos, incluida madera aserrada o con escuadría, entre los obligados a acreditar la legal procedencia de las mismas, ya que hasta ahora solo están obligados quienes realizan el transporte.

17. Adicionar un párrafo segundo al artículo 115, con el propósito de construir un sistema de monitoreo del origen y destino de los productos forestales maderables a través de la verificación integral de su legal procedencia, limitando así el comercio ilegal de éstos.

18. Establecer un artículo transitorio en el que los titulares de las carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros no integrados a un centro de trasformación primaria, cuya materia prima la constituyan productos maderables con escuadría, con excepción de madera en rollo y labrada deberán estar inscritos en el Registro Forestal Nacional en un plazo de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

19. Reformar el párrafo primero del artículo 128 de la ley, para incluir a los aprovechamientos de recursos forestales no maderables entre quienes deben ser sujetos a vedas forestales, previa consulta del Ejecutivo Federal.

20. Reformar el párrafo segundo del artículo 142 de la ley, con el propósito de establecer con claridad que el Comité Mixto es quien lo gobierna y no solo lo opera; asimismo, incluir en su Comité Mixto la representación del sector público de las entidades federativas al igual que las organizaciones privadas y sociales de productores forestales.

21. Adicionar un párrafo tercero al artículo 142 de la ley, recorriendo el actual párrafo tercero para que pase a ser párrafo cuarto, con objeto de prever que en la posible formación de fondos forestales regionales, estatales o locales deben incluir gobiernos de manera similar a la de los órganos colegiados representativos de la conformación del consejo forestal que corresponda.

Después de analizar todas y cada una de las propuestas de reformas, adiciones y derogación planteadas por la diputada Graciela Saldaña Fraire, en la iniciativa objeto de este dictamen, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

Quienes integramos esta comisión dictaminadora, estimamos loable la voluntad legislativa de la diputada Graciela Saldaña Fraire, ya que con la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, propone contribuir a generar un modelo de desarrollo forestal, que coadyuve a aprovechar en forma sostenible los recursos forestales y preservar el medio ambiente, tomando en cuenta el interés de la actual y futuras generaciones.

Coincidimos, desde luego, en el reconocimiento del grave retraso en que se encuentra el sector forestal de nuestro país. Es evidente que las políticas públicas y sus programas han sido insuficientes para dar respuesta a la necesidad de recuperar y mantener la cubierta forestal cada vez más deteriorada de nuestro territorio, sobre todo cuando a esa insuficiencia se suma el crecimiento desmedido e intocado prácticamente por la autoridad, de quienes se dedican con impunidad a las actividades productivas forestales desde la clandestinidad.

Reconocemos la precaria situación por la que atraviesa nuestro sector forestal, inmerso en la grave crisis recurrente que se advierte en la prolongada tendencia a la baja de la producción forestal y en el permanente descenso de nuestra capacidad para generar la cantidad y calidad de empleos que se corresponda con el potencial forestal real con que contamos, condiciones que provocan el desarrollo acentuado de la depauperación desesperante que padece la población rural.

De ahí nuestra coincidencia con la Iniciadora, en cuanto a la necesidad de generar las destrezas suficientes que tiendan a la contención del deterioro de los ecosistemas forestales y a revertir la inclinación sostenida de la pérdida de áreas forestales.

Reconocemos que otra forma de contrarrestar el empobrecimiento de las comunidades rurales, es generalizando las prácticas de manejo forestal sostenible en todas las comunidades en poder de los terrenos forestales, llevando a la práctica una política forestal sustentada en un proyecto de manejo forestal comunitario.

En cuanto al proyecto de decreto propuesto por la iniciadora, quienes integramos esta comisión dictaminadora, reconocemos que el concepto asignado al término “terreno preferentemente forestal”, según la fracción XLIII del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, vigente, en la práctica no es aplicable, en virtud de que, de una interpretación gramatical del precepto, se desprende que todo el territorio nacional, excluyendo los terrenos urbanizados, son terrenos preferentemente forestales.

De ahí nuestra coincidencia con la propuesta de reformar dicha fracción, para redefinir con mayor precisión el concepto y vincularlo a las definiciones de corredores biológicos, degradación y vulnerabilidad, previstos en la Ley General de Cambio Climático.

Estimamos que, en efecto, no se está dando cabal cumplimiento a la integración y funcionamiento del Servicio Nacional Forestal.

No obstante que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable entró en vigor en mayo de 2003, a la fecha no se tiene información completa sobre la integración y funcionamiento de los grupos de trabajo del Servicio Nacional Forestal; además, no se ha establecido el Reglamento del Servicio Nacional Forestal.

Por ello, estamos de acuerdo con la propuesta de adición de un artículo 9 Bis, que establezca la obligación del presidente del Servicio Nacional Forestal, de convocar a los integrantes a sesionar cuando menos dos veces al año, para cumplir con la legislación y alcanzar la operatividad del Servicio Nacional Forestal y sus grupos de trabajo.

Reconocemos procedente la reforma del artículo 20 de la ley, para fortalecer a la Junta de Gobierno, la cual solicitará a los gobiernos de las entidades federativas que de manera conjunta designen a dos representantes y sus respectivos suplentes; asimismo, el titular del Ejecutivo federal , a propuesta de la Junta de Gobierno, designará como miembros de la propia junta a los representante del sector social de silvicultores, de los empresarios industriales forestales y de una organización ciudadana de prestigio y experiencia relacionada con las atribuciones de la comisión.

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma. Cada titular de las secretarías, integrante de este órgano colegiado, deberá nombrar un suplente con nivel jerárquico de subsecretario; en el caso de la Comisión Nacional del Agua, deberá tener nivel de subdirector general.

La Junta de Gobierno, podrá invitar a sus sesiones a los titulares de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal.

Por otro lado, en virtud de que los gobiernos de las entidades federativas designarán a sus dos representantes y sus respectivos suplentes, y el Ejecutivo federal designará a representantes de silvicultores, de empresarios industriales forestales y de la sociedad civil organizada, estimamos improcedente la propuesta adicional de integrar a la Junta de Gobierno, a otros representantes de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, del sector social de silvicultores, de organizaciones privadas de productores forestales, y de la sociedad organizada, a pesar de que, en el supuesto de que se admitiera la integración de éstos a la Junta de gobierno, sólo podrían intervenir con voz, pero sin voto.

No obstante que el artículo 22 de la ley, prevé que la Comisión Nacional Forestal tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones que la presente ley le confiere, así como todas aquellas que sean necesarias para poder cumplir con su objeto, señalando que para ello, la comisión ejercerá las señaladas en las treinta y nueve fracciones que integran el referido artículo 22 de la Ley, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, estimamos procedente la propuesta de adicionar un Artículo 20 Bis, para establecer en sus nueve fracciones, las atribuciones indelegables que tendrá la Junta de Gobierno.

Esta dictaminadora considera acertada la propuesta de reforma al artículo 71 de la Ley, con el propósito de suprimir de su texto el término “económicas”, en virtud de que una causa económica, a diferencia de una meteorológica o sanitaria, no es justificación plena para adelantar el plan de corta autorizado en el programa de manejo o para alterar el calendario aprobado por la secretaría, acciones prohibidas por el propio Artículo 71, a los titulares de las autorizaciones.

Consideramos necesario, en coincidencia con la iniciadora, que los requisitos previstos en la fracción III del artículo 74 de la ley, que deben cumplir los ejidos y comunidades para aprovechar sus recursos forestales maderables, deben modificarse.

En primer lugar, para que las actas de asamblea puedan acreditarse con sólo demostrar que está en proceso su inscripción; lo anterior, en virtud de la lentitud con que se desahoga el proceso de inscripción en el Registro Agrario Nacional y, en consecuencia, la afectación de que son objeto los ejidos y comunidades titulares de los aprovechamientos.

En segundo término, para dar mayor certeza jurídica a las comunidades forestales, mediante la incorporación expresa de su marco legal interno: el Estatuto Comunal, ya que la disposición vigente alude solamente al Reglamento Interno, propio de los ejidos, y

Por último, establecer la procedencia de presentar documentos originales con copias para su cotejo, en los términos de la fracción II del artículo 15 A de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, disposición que redundará en favor de la economía de los usuarios, por concepto de gastos en copias certificadas.

En cuanto a la propuesta de reforma al artículo 76 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para sustituir la presentación de una manifestación de impacto ambiental que requiere la disposición vigente, con la presentación de una evaluación de impacto ambiental, bajo el argumento de que el sentido del artículo 76 de la ley, es que determinados aprovechamientos forestales se sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como lo señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y que presentar únicamente el documento de la manifestación del impacto ambiental es solo una parte del procedimiento citado, estimamos pertinente observar:

El artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señala que el Reglamento de la ley determinará las obras o actividades a que se refiere dicho artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y que por lo tanto, no deben sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en este ordenamiento.

A mayor abundamiento, la propia LGEEPA prevé que para los efectos a que se refiere la fracción XIII del Artículo 28, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen conveniente, en un plazo no mayor a diez días. Una vez recibida la documentación de los interesados, la secretaría, en un plazo no mayor a treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de la manifestación de impacto ambiental.

Por lo expuesto en los tres párrafos anteriores, consideramos improcedente la reforma al artículo76 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, planteada en la iniciativa presentada por la diputada Graciela Saldaña Fraire.

En la consideración de que las especies en riesgo, se encuentran bajo la tutela de la Ley General de Vida Silvestre, especialmente en los Artículos 56, 57, 60, 85 y 87, la Iniciativa propone derogar el Artículo 99 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en virtud de que, según la Iniciadora, con la disposición establecida en el numeral de referencia, se posibilita que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pueda autorizar el aprovechamiento de especies en riesgo, como recursos no maderables.

Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la Iniciadora, en reconocer la necesidad de proceder a la reforma del artículo 107 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con la finalidad de terminar con la duplicidad del contenido de los textos de los dos párrafos del artículo 107 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, vigente.

La redundancia en ambos párrafos, sobre la inscripción en el Registro, así como sobre el enunciado de las tareas que deben precisarse en el Reglamento y en las Normas Oficiales Mexicanas, hacen preciso señalar que se requiere capacidad, y no calidad, para la prestación del servicio técnico forestal; asimismo, es pertinente establecer que las normas oficiales mexicanas deben ser emitidas por la secretaría, con el propósito de determinar los procedimientos, modalidades y requisitos que habrán de observarse para la prestación, evaluación y seguimiento de dichos servicios, y que éstas precisen, ante la complejidad de la prestación del servicio, las diversas especialidades por actividad y por ecosistema.

Evidentemente, coincidimos también en el reconocimiento de la necesidad de incorporar un artículo transitorio que obligue a la secretaría a expedir, en un plazo no mayor a 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las normas oficiales mexicanas señaladas en el artículo 107 de esta ley, para determinar los procedimientos, modalidades y requisitos que deberán observarse para la prestación, evaluación y seguimiento de los servicios técnicos forestales, precisando las diversas especialidades por actividad y por ecosistema.

En cuanto a la propuesta de reforma a los párrafos primero y segundo del artículo 112 de la ley, así como de adición de un párrafo tercero al mismo numeral, esta comisión dictaminadora coincide con la Iniciadora en el reconocimiento de que debe ser expreso el mandato a la Comisión Nacional Forestal, sobre la autoridad de las entidades federativas con quien habrá de coordinarse para delimitar las unidades de manejo forestal. Desde luego, asumimos como propia la propuesta de la iniciadora para que dicha coordinación sea a través de los consejos forestales de las entidades federativas.

También se debe explicitar, que dicha organización debe ser libre, introduciendo un propósito más claro de dicha organización en las unidades de manejo forestal para realizar conjuntamente actividades que requieren de la integración territorial de escala regional y dejando la gestión del manejo forestal predial en manos de los dueños de los terrenos de manera individual o a través de las organizaciones que libremente decidan constituir. Para fortalecer lo anterior, se propone adicionar un párrafo tercero para que en ningún caso se condicione el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal o el acceso a los programas de apoyo a la actividad o al fortalecimiento organizativo, a la participación en la organización gestora de las actividades forestales regionales dentro de la unidad de manejo forestal. En el mismo sentido se propone explicitar cuales son las actividades consideradas de aplicación conjunta en la unidad de manejo forestal en el párrafo cuarto del artículo.

Las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estimamos procedente que la organización de los titulares de aprovechamientos forestales debe ser libre, incorporando un objetivo más claro de dicha organización en las unidades de manejo forestal, para realizar actividades conjuntas que requieren de la integración territorial de escala regional y dejando la gestión del manejo forestal predial en manos de los dueños de los terrenos de manera individual o a través de las organizaciones que libremente decidan constituir.

Hacemos propia la propuesta de adición de un párrafo tercero al artículo 112 de la ley, para que en ningún caso se condicione el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal o el acceso a los programas de apoyo a la actividad o al fortalecimiento organizativo, a la participación en la organización gestora de las actividades forestales regionales dentro de la unidad de manejo forestal.

En el mismo sentido, proponemos prever expresamente, en las nueve fracciones del artículo 112, las actividades de aplicación conjunta en la unidad de manejo forestal.

Estimamos que en nuestro país, el 50 por ciento de la madera objeto de comercialización es de procedencia ilegal. El valor de dicho producto ilegal, conforme el precio de la madera en rollo, se estima 4 mil 200 millones de pesos.

Orientado hacia la contención de ese mercado ilegal de madera, el artículo 115 de la ley, señala la necesaria acreditación de la legal procedencia del transporte de las materias primas forestales hasta su centro de almacenamiento o transformación con la documentación expedida por la autoridad competente; Sin embargo, ante la falta de la documentación que acredite la legal procedencia de la madera comercializada en el mercado clandestino, las transacciones no se contabilizan oficialmente y, en consecuencia, los productores e industriales forestales que cumplen con las disposiciones legales correspondientes, se ven afectados por una competencia desleal que trasciende los objetivos de la política forestal, obstaculizando el desarrollo económico de la población rural.

Consideramos preocupante que la secretaría no tenga la posibilidad de verificar que las carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros no integrados a un centro de trasformación primaria cuya materia prima la constituyan productos maderables con escuadría, con excepción de madera en rollo y labrada, cumplan con el deber de informar periódicamente sobre la procedencia y destino de los productos forestales maderables, previa inscripción en el registro.

De ahí nuestra coincidencia con la iniciadora, en cuanto a su propuesta de incluir en el párrafo primero del artículo 115 de la ley, a quienes realicen el almacenamiento y transformación, o ambos, de las materias primas forestales, sus productos y subproductos, incluida madera aserrada o con escuadría, entre los obligados a acreditar la legal procedencia de las mismas, ya que hasta ahora solo se obliga a quienes realizan el transporte.

Asimismo, consideramos también procedente la propuesta de adición de un párrafo segundo al artículo 115, con el objeto de construir un sistema eficiente de monitoreo del origen y destino de los productos forestales maderables, a través de la verificación integral de su legal procedencia, limitando así su comercio ilegal.

De la misma manera, estimamos procedente la propuesta planteada por la iniciadora, en el sentido de incluir el concepto de producto forestal maderable, ya que se trata de regular sobre bienes obtenidos de un proceso de trasformación de materias primas maderables. En congruencia con lo anterior, adicionar una nueva fracción X al artículo 51 de la ley, recorriéndose en su orden, la actual fracción X, con el propósito de que se inscriban en el Registro Nacional Forestal, las carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros no integrados a un centro de trasformación primaria, cuya materia prima la constituyan productos maderables con escuadría, con excepción de madera en rollo y labrada.

En el afán de implementar completo el proceso de inscripción en el Registro Nacional Forestal, advertimos acertado el proyecto de la Iniciadora, en cuanto a la propuesta de incorporar un Artículo Transitorio en el que se prevea que los titulares de las carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros no integrados a un centro de trasformación primaria, cuya materia prima la constituyan productos maderables con escuadría, con excepción de madera en rollo y labrada, deberán estar inscritos en el Registro Nacional Forestal en un plazo de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Por otro lado, esta comisión dictaminadora reconoce válida la propuesta de la Iniciadora, en el sentido de reformar el párrafo primero del artículo 128 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el propósito de incluir los aprovechamientos de recursos forestales no maderables, entre quienes deben ser sujetos a vedas forestales, previa consulta del Ejecutivo federal.

En la consideración de que el Fondo Forestal Mexicano es gobernado por el Comité Mixto que además lo opera, estimamos conducente la propuesta de la diputada Graciela Saldaña Frayre en el sentido de reformar el párrafo segundo, y adicionar un párrafo tercero, ambos del artículo 142 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el objeto, como se ha dicho, de que el Comité Mixto es quien lo gobierna y no solo lo opera. Además, el Comité Mixto debe incluir la representación del sector público de las entidades federativas al igual de las organizaciones privadas y sociales de productores forestales. Ante la posible formación de fondos forestales regionales, estatales o locales, éstos deben incluir gobiernos de manera similar a los de órganos colegiados representativos de la conformación del consejo forestal que corresponda.

Por lo expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente dictamen con proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único. Se reforman los artículos 7, fracción XLIII; 20, primero y segundo párrafos; 71; 74, la fracción III; 107; 112, primero y segundo párrafos y actual tercer párrafo; 115, primer párrafo; 128, primer párrafo; 142, segundo párrafo, y la denominación del capítulo IV, Del Transporte, Almacenamiento y Transformación de las Materias Primas Forestales y Productos Forestales Maderables, del Titulo Cuarto; se adicionan los artículos 9 Bis; 20, con un párrafo tercero; 20 Bis; 51, con una fracción X, pasando la actual X a ser fracción XI; 112, con un tercer párrafo, pasando el actual párrafo tercero a ser cuarto párrafo; 115, con un segundo párrafo; 142, con un tercer párrafo, pasando el actual párrafo tercero a ser cuarto párrafo y se deroga el artículo 99 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a XLII. ...

XLIII. Terreno preferentemente forestal: Aquel que pueda sufrir degradación permanente para brindar servicios ambientales, así como capacidad productiva, aumentar su vulnerabilidad climática o baja infiltración hídrica si se somete a un uso diferente del forestal, y el que se encuentre en terrenos identificados como corredores biológicos por la autoridad competente;

XLIV. a LII. ...

Artículo 9 Bis. El presidente del Servicio Nacional Forestal deberá convocar a sus integrantes por lo menos a dos reuniones al año, y en forma extraordinaria, cuando la naturaleza de algún asunto de su competencia así lo exija.

Artículo 20. La comisión tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Reforma Agraria y Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua. La Junta de Gobierno solicitará a los gobiernos de las entidades federativas que de manera conjunta designen a dos representantes y sus respectivos suplentes. A propuesta de la Junta de Gobierno, el titular del Ejecutivo federal designará como miembros de la propia Junta a un representante del sector social de silvicultores, un representante de los empresarios industriales forestales y a un representante de una organización ciudadana de prestigio y experiencia relacionada con las atribuciones de la comisión. La junta será presidida por el titular de la secretaría.

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma. Cada titular de las secretarías, integrante de este órgano colegiado, deberá nombrar un suplente con nivel jerárquico de subsecretario; en el caso de la Comisión Nacional del Agua, deberá tener nivel de subdirector general.

La Junta de Gobierno, cuando así lo considere conveniente, podrá invitar a sus sesiones a los titulares de las demás dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a otros representantes de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, a representantes del sector social de silvicultores y de organizaciones privadas de productores forestales, y de la sociedad organizada, los cuales podrán intervenir con voz, pero sin voto.

Artículo 20 Bis. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones indelegables siguientes:

I. Aprobar y evaluar los programas y proyectos a cargo de la comisión;

II. Aprobar, de conformidad con la presente ley y sus reglamentos, presupuesto y operaciones de la comisión, supervisar su ejecución, así como conocer y aprobar los informes que presente el director general;

III. Nombrar y remover a propuesta del director general de la comisión a los servidores públicos de la comisión de los niveles central y regional, que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél;

IV. Acordar los asuntos que se sometan a su consideración en materia de desarrollo forestal sustentable y sobre los bienes y recursos de la comisión;

V. Conocer y acordar las políticas y medidas que permitan la programación para el desarrollo forestal sustentable y la acción coordinada entre las dependencias de la administración pública federal y otras que deban intervenir en materia forestal;

VI. Aprobar los términos en que se podrán gestionar y concertar los créditos y otros mecanismos de financiamiento que requiera la comisión;

VII. Para el caso de quebranto en la ejecución y cumplimiento de los programas y proyectos a que se refiere la Fracción I y de los asuntos acordados a que se refiere la fracción IV, poner en conocimiento los hechos ante la Contraloría Interna de la comisión;

VIII. Aprobar el Manual de integración, estructura orgánica y funcionamiento de la comisión a propuesta de su director general, así como las modificaciones, en su caso, y

IX. Las demás que se señalen en la presente Ley o sus reglamentos y las que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 51. ...

...

I. a VIII. ...

IX. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales;

X. Los datos de funcionamiento de carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros no integrados a un centro de trasformación primaria, cuya materia prima la constituyan productos maderables con escuadría, con excepción de madera en rollo y labrada, y

XI. Los demás actos y documentos que se señalen en el Reglamento de esta ley.

Artículo 71. Queda prohibido a los titulares de las autorizaciones adelantar el plan de corta autorizado en el programa de manejo o alterar en forma alguna el calendario aprobado por la Secretaría, salvo que existan causas meteorológicas y sanitarias, fehacientemente demostradas ante la Secretaría.

Artículo 74. ...

I. y II. ...

III. Tratándose de ejidos y comunidades, deberán presentar original o copia certificada del acta de asamblea, inscrita o en proceso de inscripción en el Registro Agrario Nacional en la que se contenga el acuerdo para llevar a cabo el aprovechamiento , y copia para su cotejo; así como original o copia certificada del Reglamento interno o Estatuto Comunal en el cual se definan las obligaciones y formas de participación en las labores de cultivo, protección y fomento de sus recursos, y copia para su cotejo;

IV. a VI. ...

Artículo 99. Se deroga.

Artículo 107. Cualquier persona física o moral que acredite su competencia y capacidad de acuerdo con lo que establezca el Reglamento para tal efecto, podrá prestar servicios técnicos forestales, previa inscripción en el Registro. Los prestadores de estos servicios podrán ser contratados libremente. La Comisión promoverá el establecimiento de parámetros y criterios para la determinación de honorarios por estos servicios. El Reglamento establecerá las medidas para encuadrar la prestación de los Servicios Técnicos Forestales en el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural Sustentable, de acuerdo con la legislación aplicable; la Secretaría emitirá las Normas Oficiales Mexicanas para determinar los procedimientos, modalidades y requisitos que deberán observarse para la prestación, evaluación y seguimiento de estos servicios precisando diversas especialidades por actividad y por ecosistema.

Artículo 112. La comisión, en coordinación con los consejos forestales de las entidades federativas, delimitará las unidades de manejo forestal, tomando como base preferentemente las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-forestales.

La comisión y los gobiernos de las entidades federativas, promoverán la organización de los titulares de aprovechamientos forestales, cuyos terrenos estén ubicados dentro una unidad de manejo forestal, a efecto de realizar conjuntamente actividades que requieren de la integración territorial de escala regional y dejando la gestión del manejo forestal predial en manos de los dueños de los terrenos de manera individual o a través de las organizaciones que libremente decidan constituir.

En ningún caso se condicionará el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal o el acceso a los programas de apoyo a la actividad o al fortalecimiento organizativo, a la participación en la organización gestora de las actividades forestales regionales dentro de la unidad de manejo forestal.

Las actividades consideradas de aplicación conjunta en la unidad de manejo forestal son:

I. a IX. ...

Capítulo IVDel Transporte, Almacenamiento y Transformación de las Materias Primas Forestales y Productos Forestales Maderables

Artículo 115. Quienes realicen el transporte, almacenamiento y o transformación de las materias primas forestales, sus productos y subproductos, incluida madera aserrada o con escuadría, con excepción de aquellas destinadas al uso doméstico, deberán acreditar su legal procedencia con la documentación que para tal efecto expidan las autoridades competentes, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, normas oficiales mexicanas o demás disposiciones aplicables.

Las carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros no integrados a un centro de trasformación primaria, cuya materia prima la constituyan productos maderables, con excepción de madera en rollo y labrada deberán informar periódicamente a la Secretaría de la procedencia y destino de sus productos forestales maderables, previa inscripción en el registro.

Artículo 128. El Ejecutivo federal, con base en los estudios técnicos que se elaboren para justificar la medida, previa opinión técnica de los Consejos y respetando la garantía de audiencia de ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de los terrenos afectados, así como de los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, no maderables y forestación sobre dichos terrenos, podrá decretar, como medida de excepción, vedas forestales cuando éstas:

I. a III. ...

...

...

...

...

...

Artículo 142. ...

El Fondo Forestal Mexicano estará gobernado por un Comité Mixto, en él habrá una representación equilibrada y proporcionada del sector público federal, así como del sector público de las entidades federativas, y de las organizaciones privadas y sociales de productores forestales.

La formación de fondos forestales regionales, estatales o locales incluirá invariablemente el gobierno por un órgano colegiado representativo de la conformación del consejo forestal que corresponda.

La existencia del fondo no limita la creación de diversos fondos privados o sociales que tengan una relación directa con el desarrollo forestal.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Con la entrada en vigor del presente decreto, el Poder Ejecutivo federal deberá revisar y modificar el reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en relación con los artículos que reglamenten las disposiciones legales modificadas, en un término que no exceda los 60 días naturales una vez que entre en vigor de la presente.

Artículo Tercero. Los titulares de las carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros no integrados a un centro de trasformación primaria, cuya materia prima la constituyan productos maderables con escuadría, con excepción de madera en rollo y labrada deberán estar inscritos en el Registro Forestal Nacional en un plazo de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Cuarto. La secretaría deberá expedir en un plazo de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las normas oficiales mexicanas señaladas en el artículo 107 de esta ley, para determinar los procedimientos, modalidades y requisitos que deberán observarse para la prestación, evaluación y seguimiento de los servicios técnicos forestales, precisando diversas especialidades por actividad y por ecosistema.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen, la diputada Claudia Elena Águila Torres.

La diputada Claudia Elena Águila Torres:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México cuenta con una vasta superficie de tierras boscosas, en la que se encuentra una de las mayores diversidades biológicas del planeta que destacan por su importancia, por los productos forestales maderables y no maderables, por los servicios forestales que éstos proveen.

No obstante, el sector forestal en nuestro país fue relegado por las políticas públicas, dando lugar a que gran parte de las regiones forestales sufran graves procesos de deterioro, desaprovechando su potencial, en detrimento del desarrollo de las comunidades.

Es por eso que el 15 de noviembre de 2012 nuestra compañera diputada —ahora con licencia— Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, misma que se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y ahora ante este pleno.

No puedo dejar de mencionar que esa ley reviste mucha importancia, toda vez que es un trabajo integral a todo el ordenamiento, que transforma más de 20 artículos, con las siguientes modificaciones:

1. Reforma la fracción XLIII del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el propósito de determinar con mayor precisión conceptual a los terrenos preferentemente forestales. Con la nueva acepción se busca vincular los conceptos de corredores biológicos, degradación y vulnerabilidad que se definen en el artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.

2. Se adiciona el artículo 9 Bis, a efecto de promover el efectivo cumplimiento de la legislación y lograr la óptima operación del Servicio Nacional Forestal y sus grupos de trabajo. Se trata de establecer la obligación del presidente del Servicio Nacional Forestal de convocar a sus integrantes a cuando menos dos reuniones ordinarias al año. Esto permite que no sea un órgano de membrete.

3. Reforma el artículo 20 para incluir en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Forestal la participación de representantes de los gobiernos de las entidades federativas, que sean nombrados por los propios gobiernos locales, con pleno respeto a su soberanía, así como la participación de la sociedad. Se propone incorporar a un representante del sector social de silvicultores, otro de empresarios industriales forestales y uno más de la organización ciudadana con prestigio y experiencia.

4. Se adiciona un artículo 20 Bis, para definir expresamente en la ley las atribuciones de la propia junta de gobierno.

5. Se adiciona una nueva fracción X al artículo 51 de la ley relativa al registro forestal nacional para que se inscriba a las carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros no integrados, a un centro de transformación primaria cuya materia prima la constituyan productos maderables con escuadría, con excepción de madera en rollo y labrada.

6. Reforma el artículo 71 para prohibir a la autoridad correspondiente adelantar el plan de corte autorizado en el programa de manejo, o alterar en alguna forma el calendario aprobado por la Secretaría.

7. Reforma la fracción III del artículo 74, para que en las solicitudes la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables y las actas de asamblea puedan acreditarse solo con demostrar que está en proceso su inscripción, así como para incorporar el nombre correcto de la normativa interna de las comunidades agrarias.

8. Reforma el artículo 76 para substituir la presentación de la manifestación de impacto ambiental requerida para los tres aprovechamientos forestales señalados, para que ahora se cuente con una evaluación de impacto ambiental y que determinados aprovechamientos forestales se sometan a dicho procedimiento de evaluación.

9. Se adiciona una fracción IV al artículo 76 para incorporar como sujetos del requerimiento de la evaluación de impacto ambiental los aprovechamientos en aquellos ecosistemas forestales a los que se pueda causar daños a la salud pública, causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a la fracción XIII del artículo 28 de la Legepa.

10. Deroga el artículo 99, en la consideración de que las especies en riesgo se encuentran bajo la tutela de la Ley General de Vida Silvestre, en especial en los artículos 56, 57, 60, 85 y 87, mientras con el artículo 99 de la ley se posibilita que la Secretaría pueda autorizar el aprovechamiento de especies en riesgo como recursos no maderables.

11. Reforma el artículo 107 de la ley para fusionar en el texto de un solo párrafo las disposiciones que se reiteran en los dos párrafos del artículo 107, y establecer un artículo transitorio, donde se obligue a la Secretaría a expedir en un plazo de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las normas oficiales mexicanas señaladas en el artículo 107 de la ley.

12. Reforma los párrafos primero y segundo del artículo 112 para hacer explícito el mandato a la comisión de que se coordine con los consejos forestales de las entidades federativas para delimitar las unidades de manejo forestal.

13. Adiciona un párrafo tercero al artículo 112 de la ley para prohibir el condicionamiento al otorgar autorizaciones de aprovechamiento forestal, acceso a los programas de apoyo a la actividad, al fortalecimiento organizativo y la participación en la organización gestora de las actividades forestales regionales dentro de la Unidad de Manejo Forestal.

14. Reforma el encabezado del párrafo tercero y se recorre para que pase a ser el párrafo cuarto del artículo 112 de la ley.

15. Reforma el párrafo primero del artículo 115 de la ley para incluir en su legal procedencia a quienes realicen el almacenamiento y/o transformación de las materias primas forestales, sus productos y subproductos.

16. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 115, con el propósito de construir un sistema de monitoreo del origen y destino de los productos forestales maderables, a través de la verificación integral de su legal procedencia, limitando así el comercio ilegal.

17. Establece un artículo transitorio en el que los titulares de las carpinterías, madererías, centros de producción de muebles y otros no integrados a un centro de transformación primaria, cuya materia prima la constituyan productos maderables con escuadría, excepto madera en rollo y labrada, que deberán estar inscritos en el Registro Forestal Nacional en un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

18. También se reforma el párrafo primero del artículo 128 de la ley para incluir a los aprovechamientos de recursos forestales no maderables entre quienes deben ser sujetos a vedas forestales, con previa consulta del Ejecutivo federal.

19. Se reforma el párrafo segundo del artículo 142, con el propósito de establecer con claridad que el comité mixto es quien lo gobierna y no solo lo opera. Asimismo incluye en su comité mixto la representación del sector público, además de las entidades federativas y a las organizaciones privadas y sociales de productos forestales.

20. Se adiciona un párrafo tercero para prever que en la posible formación de fondos forestales, regionales, estatales o locales, deben incluir gobiernos de manera similar a la de los órganos colegiados representativos de la conformación del Consejo Forestal que corresponda.

Es así que con las anteriores reformas se contribuye a generar un modelo de desarrollo forestal que coadyuve a aprovechar en forma sostenible los recursos forestales y preservar el medio ambiente, tomando en cuenta el interés de la actual y las futuras generaciones. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos, para fijar la posición de su grupo, el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo.

Aprovechamos y saludamos a niños de la orquesta de la escuela primaria y a profesores del municipio de Acatzingo, Puebla, invitados por el diputado Jesús Morales Flores.

Así como también a estudiantes de derecho del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, invitados por el diputado José Rangel Espinosa.

A invitados de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, invitados por el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Sean todos bienvenidos.

El diputado José Humberto Vega Vázquez:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, nuevamente nos referimos a la parte importante del desarrollo forestal, donde se legisla para que nuestros terrenos forestales realmente contribuyan al desarrollo, pero sobre todo, queremos que contribuyan también para el desarrollo económico de los pobladores, porque fundamentalmente el saqueo que se ha hecho de nuestras selvas han sido por los depredadores, en una ambición voraz, económica, que ha resultado que ahora los gobiernos, tanto locales como estatales, como federales, tengan que asignar mayores recursos para lograr nuevamente producir la planta necesaria y lograr con ello contribuir para que también las comunidades puedan lograr que se planten y sobrevivan.

Hay un programa muy importante que se manejó aquí en el Distrito Federal, que se les pagaba un peso por cada árbol sobrevivido, durante un año, y ese recurso era ocupado para sus comunidades.

Es fundamental que este tipo de programas se desarrollen en nuestras comunidades para que realmente se cuiden las plantas que se lleguen a sembrar y que logren su sobrevivencia, porque por lo regular hay una plantación, pero se deja a la buena de Dios, que puedan sobrevivir las plantas, pero tenemos una sobrevivencia muy baja al interior de la República.

Por ello mismo es bueno que estas reformas se apliquen y, sobre todo, haya la contribución de los estados, la contribución de las comunidades y que vengan aquí en una representación y puedan planear aquí sus estrategias para lograrlo.

Tenemos una riqueza impresionante —ya lo manejaban— tenemos más del doble de las posibilidades de Chile, pero con nuestra forma de explotación en los bosques solamente aprovechamos muy poco, y sobre todo se está deteriorando nuestro ambiente, nuestros recursos, nuestras selvas, que después nos vamos a lamentar, porque de ahí es de donde precisamente —como ya lo decía— ahí tenemos el ciclo hidrológico, tenemos la captación de carbono y que también tenemos que pagar por esos servicios ambientales.

Ya hay fórmulas en otros países que se está intentando pagar por esos servicios ambientales, y si les damos a nuestras comunidades la oportunidad de cuidar nuestro ambiente y que paguemos por ello, porque estamos consumiendo agua que ahí se filtra, porque es una esponja el bosque, entonces lograremos que realmente nuestro desarrollo forestal se dé.

También hay participar mucho en la cultura desde la educación temprana. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Luis Martínez Martínez.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia, presidenta. México es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta y una gran parte de esa biodiversidad depende de los bosques y selvas; sin embargo, el mal uso y el abuso de la riqueza natural por parte del hombre ha puesto en riesgo el desarrollo cultural y artístico de las sociedades en torno a los ecosistemas.

El diagnóstico de la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación (FAO), nos dice que los bosques del mundo en el año 2010 reúnen la información de los recursos forestales de 233 países y advierte que pese a los avances de algunos gobiernos de países en desarrollo, todavía hay naciones donde la tasa de destrucción de la cubierta vegetal es alarmante; la tala ilegal es el segundo factor de mayor importancia implicado en la deforestación de los bosques y selvas de México. Cada año la tala ilegal genera entre 10 mil y 15 millones de dólares, dinero que en su mayoría es controlado por el crimen organizado.

Según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en 2011 se reportaron 12 mil 113 incendios forestales, afectando una superficie de manera considerable de 956 mil 404 hectáreas, lo que corresponde a un aumento de casi el 50 por ciento de casos de incendios y un 88 por ciento de superficie afectada, en relación al año anterior.

La falta de coordinación entre autoridades ha impedido el cumplimiento estricto de las leyes para la protección de recursos forestales, pues no se observa una política integral para el desarrollo rural y una respuesta verdadera y contundente a causas como son la pobreza y la marginación.

En el dictamen en comento se propone generar un modelo para evitar esta situación tan preocupante mediante la generación de un modelo de desarrollo forestal, que sirva para aprovechar los recursos forestales, ya que las políticas públicas y los diversos programas han sido insuficientes para la recuperación de este ecosistema.

Asimismo plantea la creación de un padrón donde se registren todas las personas que transporten, almacenen y transformen las materias primas forestales para acreditar su legal procedencia, de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Por esta razón, los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de la propuesta, ya que tiende a fortalecer y garantizar la ejecución adecuada de la conservación y restauración de los ecosistemas forestales en las entidades federativas, así como el retorno de los recursos a favor de éstos.

Hemos tomado este acuerdo como fracción parlamentaria, muy a pesar de que el día de hoy los mismos verdugos del pueblo de México han aprobado la reforma al artículo 27 constitucional para seguir entregando lo poco que nos queda a los yanquis, para seguirnos teniendo en subordinación. Es cuanto, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada Minerva Castillo Rodríguez.

La diputada Minerva Castillo Rodríguez:Con su venia, diputada presidenta. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, la adecuada organización de la administración de los recursos forestales debe ser siempre considerada como un factor central para la consecución de los objetivos de un desarrollo forestal sostenible. Este concepto ha sido tratado, desarrollado y reafirmado en grandes foros internacionales en la materia.

Sabemos que en diversos países la organización de los recursos forestales y su relación con las comunidades están en proceso de revisión y análisis. Esto es, tanto debido a las características particulares y problemáticas concretas de cada nación, como también a motivos externos, que involucran a todos los actores globales por incidir en temas que afectan al planeta en su totalidad, temas como la erosión, el cambio climático y la suficiencia alimentaria.

Desde esta óptica, la adopción de los nuevos esquemas institucionales y de participación presenta el gran desafío de incorporar elementos, como la adopción de programas de ajuste estructural, la transición de economías centralizadas, economías de mercado, el poder armonizar las pretensiones culturales, sociales y económicas con el equilibrio ambiental. También los crecientes mecanismos de participación comunitaria y la promoción y coordinación de la masiva participación de grupos beneficiados, a partir del aprovechamiento lícito de los recursos forestales.

En el caso de nuestro país, la conservación de los bosques está determinada por diversos factores, como son la tenencia de más del 80 por ciento de la tierra en manos de comunidades indígenas y ejidos.

El manejo y desarrollo sustentable de los recursos forestales es, sin duda, la política pública indispensable que requiere el país para preservarlos y favorecer el desarrollo de la población que está más cerca y depende de los recursos forestales.

Las causas principales de la deforestación son la agricultura y la ganadería, que equivalen a un 65 por ciento de la demanda de tierras mexicanas, ocasionada por la falta de planeación y de racionalidad al momento de aprovechar los recursos y, por supuesto, esto lleva a su abuso y eventual agotamiento. Esta tenencia obliga a una estrategia particular para el manejo sustentable de los bosques, ya que de ellos depende para su sobrevivencia una gran cantidad de mexicanos.

En el PRI estamos convencidos del valor de contribuir a consolidar un marco normativo tendiente y favorecedor del desarrollo forestal, que coadyuve además al aprovechamiento sostenible de los recursos madereros, privilegiando la preservación del medio ambiente y la salvaguarda de los derechos de las generaciones venideras.

Es momento de dar los pasos necesarios hacia la recuperación y mantenimiento de estos recursos cada vez más deteriorados en nuestro país, y debemos hacerlo a través de leyes sólidas, políticas públicas eficaces y un esquema que actúe contra quienes se dedican a explotar nuestros recursos forestales desde la clandestinidad.

Es en razón de esto que se reconoce la necesidad de responder con oportunidad y suficiencia al deterioro de los ecosistemas forestales mexicanos, y a revertir el detrimento sostenido de las selvas y bosques nacionales.

Las acciones que se pueden emprender son varias, pero la que nos ocupa hoy tiene un doble efecto virtuoso, pues busca combatir el empobrecimiento de las comunidades rurales a través de las prácticas forestales sostenibles para todas aquellas colectividades que coexisten con áreas forestales, tendiendo así a un manejo forestal comunitario, en razón de lo cual votaremos a favor. Es cuanto, muchísimas gracias compañeros.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

Saludamos a ciudadanos empresarios de la Coparmex del estado de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean ustedes bienvenidos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: La diputada Malú Mícher, por favor.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Gracias, diputada. Pido el uso de la palabra terminando la votación, para no interrumpir la votación, sobre un tema relacionado con una persona de la Cámara que ha fallecido. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Claro, diputada. Saludamos a estudiantes de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, invitados por el diputado José Antonio Rojo García. Bienvenidos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciudadana presidenta, se emitieron 454 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 454 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del...

LIBERTAD BAUTISTA RAMOS

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Perdón, diputada. Sonido, por favor, a la curul de la diputada Malú Mícher.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, diputada. Me permito informarle, señora presidenta, y al pleno de esta Cámara de Diputados, que hemos sido informadas, informados, a través del diputado Israel Moreno, quien me ha solicitado lo comunique a todas y a todos ustedes, que quien coordinaba a las edecanes de esta Cámara de Diputados, la señora Libertad Bautista, que durante 15 años ha prestado su servicios en esta Cámara, falleció el jueves 18 de abril, el jueves pasado, por lo que me parece que sería muy correcto que rindiéramos un minuto de silencio a la señora Libertad Bautista, quien a los 35 años falleció y además darle nuestro más sentido pésame a las compañeras edecanes, quienes fueron coordinadas por ella. Si es tan amable, señora diputada, le solicito, por favor, ese minuto de silencio.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Bueno, se obsequia, diputada, el minuto de silencio. Se les solicita a todos los presentes ponernos de pie.

(Minuto de Silencio)

CODIGO CIVIL FEDERAL

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Continuamos. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612, y se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612; y deroga el 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, presentada por la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción II, 81 numeral 2, 85,157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de “ Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo para su resolución de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo referido al “ Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “ Consideraciones”, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

I. Antecedentes

1. En la sesión de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, la diputada Zuleyma Huidobro González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, como se describe a continuación:

Se reforman los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612, y se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal, quedando como sigue:

En la adopción plena se levantará un acta como si fuera de nacimiento, en los mismos términos que la que se expide para los hijos consanguíneos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

En la adopción plena, a partir del levantamiento del acta a que se refiere el artículo anterior se harán las anotaciones en el acta de nacimiento originaria, la cual quedará reservada. No se publicará ni se expedirá constancia alguna que revele el origen del adoptado ni su condición de tal, salvo providencia dictada en juicio.

Se deroga.

Cuando se recobre la capacidad legal para administrar, se presente la persona declarada ausente o cuya muerte se presumía, se dará aviso al juez del Registro Civil por el mismo interesado y por la autoridad que corresponda, para que cancele la inscripción a que se refiere el artículo anterior.

Se deroga.

La ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad y afinidad.

Se deroga.

Se deroga.

El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado, los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. El adoptante dará nombre y sus apellidos al adoptado.

El adoptado hereda como hijo.

Se deroga.

Se deroga.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Justicia.

3. En la sesión plenaria de la Comisión de Justicia, celebrada el quince de abril de dos mil trece, se aprobó en sentido positivo por mayoría de los presentes el proyecto de dictamen de la iniciativa en referencia.

II. Contenido de la iniciativa

Esta iniciativa pretende realizar cambio al Código Civil Federal, tienen el propósito de generalizar de manera definitiva la llamada “adopción plena”, y con ello, la posibilidad de extender y sistematizar los vínculos, los derechos y los deberes propios de los emanados en las relaciones entre padres e hijos consanguíneos, y así la extinción de los originados en la familia natural.

Eliminar del Código Civil Federal la figura de “adopción simple” y “parentesco civil”.

III. Consideraciones

Primera.Dada la importancia que representa la adecuación permanente de la norma, no sólo para darle congruencia y esclarecimiento en su aplicación; pues de una correcta y adecuada conjunción de supuestos establecemos desde su nacimiento dar cuerpo y solvencia jurídica a un ordenamiento legal para su aplicación.

La hermenéutica jurídica, entendida como la técnica, método o ciencia que tiene como propósito la interpretación; y en su esencia conjunta disciplinas, visiones y valores agrupándolos sistemáticamente con el fin de redireccionar objetivos para propiciar ilustración y brindar certeza.

Los integrantes de esta Comisión de Justicia, como ha quedado de manifiesto en sus puntos de vista y argumentos han determinado dar coherencia a las recientes reformas que en el tema de adopción fueron aprobadas por este Congreso federal.

Como parte del estudio y análisis de la iniciativa en la cual se propone la reforma los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612, Y se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal, y con el fin de allegarse de elementos suficientes para atender el mandato de la Mesa Directiva, se analizaron y valoraron los argumentos de la proponente.

Segunda. El ocho de abril de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, que derogó los artículos 402 al 410 del Capítulo V De la Adopción, Sección Segunda De la Adopción Simple, con el propósito de hacer de la adopción un proceso ágil, transparente y efectivo, salvaguardando el interés superior de los menores de edad e incapaces, a favor de la adopción plena, buscando con ello, garantizar al adoptado su incorporación integral y absoluta a la familia del adoptante con derechos y obligaciones iguales a los de un hijo consanguíneo

Tercera. La iniciativa propone adecuar la norma, atendiendo que la figura de la adopción simple ha sido derogada, y los artículos que la iniciativa propone reformar y derogar están vinculados aun con esta figura, por lo que para su correcta interpretación es necesario armonizar el contenido de la disposición.

Esta Comisión de Justicia considera que la iniciativa de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, es procedente, en virtud de que sustenta una adecuada interpretación y aplicación de la norma de mérito, dando así certeza jurídica a los menores de edad e incapaces adoptados.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia ponemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Decreto por el que se reforman los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612, y se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal.

Artículo Único. Se reforman los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612, y se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal, quedando como sigue:

Artículo 86. En la adopción plena se levantará un acta como si fuera de nacimiento, en los mismos términos que la que se expide para los hijos consanguíneos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 87. En la adopción plena, a partir del levantamiento del acta a que se refiere el artículo anterior se harán las anotaciones en el acta de nacimiento originaria, la cual quedará reservada. No se publicará ni se expedirá constancia alguna que revele el origen del adoptado ni su condición de tal, salvo providencia dictada en juicio.

Artículo 88. Se deroga.

Artículo 133. Cuando se recobre la capacidad legal para administrar, se presente la persona declarada ausente o cuya muerte se presumía, se dará aviso al juez del Registro Civil por el mismo interesado y por la autoridad que corresponda, para que cancele la inscripción a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 157. Se deroga.

Artículo 292. La ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad y afinidad.

Artículo 295. Se deroga.

Artículo 394. Se deroga.

Artículo 395. El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes del adoptado, los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. El adoptante dará nombre y sus apellidos al adoptado.

Artículo 1612. El adoptado hereda como hijo.

Artículo 1613. Se deroga.

Artículo 1620. Se deroga.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2013.

La Comisión de Justicia, diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón, secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Tomás Torres Mercado (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba, Margarita Elena Tapia Fonllen (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Fernando Zárate Salgado, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Zuleyma Huidobro González, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, señora presidenta. En Movimiento Ciudadano reconocemos a los integrantes de la Comisión de Justicia, en relación con lo propuesto en la iniciativa que hoy se discute, con objeto de dar coherencia al orden jurídico, en relación con las recientes reformas aprobadas por este Congreso General en materia de adopción, pues al derogar los artículos vinculados con esta figura, previstos en la iniciativa de mérito, resulta necesario para su correcta interpretación y armonización.

Agradezco de manera personal a todas las compañeras y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios que suscribieron esta iniciativa. Debo decir que seguiremos trabajando como hasta ahora, refrendando nuestro compromiso con la sociedad, a través de la implementación y diseño de estrategias, que de manera integral den respuesta a cada una de las demandas sociales.

El dictamen de la Comisión de Justicia que hoy valoramos tiene la finalidad de completar las modificaciones que se han venido realizando a diversas disposiciones que comprenden el régimen de adopción.

La iniciativa pretende realizar cambios al Código Civil Federal, con el propósito de generalizar, de manera definitiva, la llamada adopción plena y, con ello, la posibilidad de extender y sistematizar los vínculos, los derechos y los deberes propios de los emanados en las relaciones entre padres e hijos consanguíneos. Y así, la extinción de los originados en la familia natural. Eliminar del Código Civil Federal la figura de adopción simple y parentesco civil.

Dada la importancia que representa la adecuación permanente de la norma, no solo para darle congruencia y esclarecimiento en su aplicación, pues de una correcta y adecuada conjunción de supuestos esclarecemos, desde su nacimiento, dar cuerpo y solvencia jurídica a un ordenamiento legal para su aplicación.

Los integrantes de la Comisión de Justicia —como ha quedado de manifiesto en sus puntos de vista y argumentos— han determinado dar coherencia a las recientes reformas, que en el tema de adopción fueron aprobadas por este Congreso General.

Como parte del estudio, en la cual se propone la reforma a los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612, y se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1603 y 1620 del Código Civil Federal, se analizaron y valoraron los argumentos de la proponente.

El 8 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, que derogó los artículos 402 al 410 del Capítulo V, De la Adopción, Sección Segunda, De la Adopción Simple. Con el propósito de hacer de la adopción un proceso ágil, transparente y efectivo, salvaguardando el interés superior de los menores de edad e incapaces, a favor de la adopción plena, buscando con ello garantizar al adoptado su incorporación integral y absoluta a la familia del adoptante, con derechos y obligaciones iguales a los de un hijo consanguíneo.

No obstante, también resulta cierto que dichas modificaciones no fueron suficientes para lograr el propósito que señalamos. Si revisamos en conjunto el articulado del Código Civil Federal, observaremos que aun resultaba indispensable realizar cambios, en términos de técnica legislativa.

En efecto, las reformas y derogaciones realizadas al Código Civil deben extenderse a otros artículos del mismo, con la finalidad de alcanzar plena congruencia y sentido jurídico al decreto en mención. De esta manera —y por mencionar solo algunas modificaciones todavía necesarias al Código— al suprimir párrafos obsoletos del mismo, se obtendrá una economía enunciativa de artículos que comprenden diversas materias lógicamente entrelazadas, ya sea en el levantamiento y expedición de actas de nacimiento, en los relativos a las inscripciones de las ejecutorias que declaren o modifiquen el estado civil de las personas, o en los requisitos para contraer matrimonio.

De igual forma, si se aprueban los cambios que se plantean en el presente dictamen, se solucionaría la generación de las incongruencias jurídicas en el cuerpo del código, tanto en la clasificación tipológica que determina el reconocimiento del estatus legal del parentesco y filiación, como en los procesos mismos de impugnación de la adopción.

Pero más allá de la necesidad de adoptar coherencias y economías al régimen enunciativo del código, quizá lo más relevante de las imprecisiones aún vigentes radica en la posible instauración de escenarios legales que favorezcan confusiones y confrontaciones inéditas, particularmente en lo relativo al régimen sucesorio.

En efecto, si no se modifica el articulado que regula la herencia de bienes en adopción, entonces se crearían condiciones propicias para establecer litigios complejos e interminables entre los descendientes consanguíneos y los adoptados, así como por las demás líneas de parentesco unificado. Es necesario, por lo tanto, armonizar los preceptos para determinar de forma precisa, legítima y concluyente, los derechos sucesorios.

Es por lo tanto, señoras diputadas y señores diputados, que resulta una tarea lógica realizar los cambios normativos que aún son necesarios en nuestro código para que los beneficios de la adopción plena cumplan efectivamente con su cometido social de protección y salvaguarda de niños y adolescentes, así como en el desarrollo armónico de las familias, sin caer en contradicciones legales insalvables y disputas jurídicas innecesarias. Por lo anterior, se les exhorta a votar a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputada. No habiendo oradores registrados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Saludamos a alumnos de la Escuela Primaria Kuruwi, sexto grado, invitados por la diputada Paloma Villaseñor Vargas. Bienvenidos.

Así como también a personas de Tepeapulco, Hidalgo, invitados por el diputado Francisco González Vargas. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De viva voz, diputados, por favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema de votación. Señor presidente, se emitieron a favor 450, 0 abstención, 0 en contra.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 450 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612; se derogan los artículos 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción I; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

• Con fecha 5 de febrero de 2013, los senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte: Lilia Guadalupe Merodio Reza, Roberto Armando Albores Gleason, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Carlos Alberto Puente Salas, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura Física y Deporte.

En la misma fecha, la Presidencia dictó el trámite de turno a comisiones unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.

• Con fecha 9 de abril de 2013, las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, presentaron dictamen en primera lectura, se dispensó la segunda y se sometió a discusión, siendo aprobado por 95 votos a favor; 2 votos en contra; y 6 abstenciones.

II. Contenido y objeto de la minuta

La iniciativa planteada por los senadores promoventes, tiene como objetivo consolidar la reforma constitucional en materia de cultura física y deporte, mediante la expedición de una nueva ley de carácter reglamentario bajo el objetivo de proclamar y garantizar constitucionalmente el derecho de los ciudadanos a la práctica del deporte, dando origen a una verdadera política de Estado en la materia, y con ello consolidar el fortalecimiento a las instituciones encargadas de planear y aplicar las diversas políticas públicas necesarias para su mejor desarrollo;

Que la nueva Ley, no solo atiende a su objeto desde el punto de vista de únicamente establecer bases de coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la concertación para la participación de los sectores social y privado en el ámbito de la cultura física y el deporte, sino además, proclama y preserva éstos como un derecho;

Como consecuencia del derecho establecido en la norma fundamental, debe sustentarse en el reconocimiento expreso del derecho a la cultura física y el deporte: el interés de los poderes públicos por la materia en general y no sólo por la actividad institucionalizada y organizada, resaltándose la importante labor del Estado respecto de su promoción y fomento; la no cabida a más posturas interpretativas unilaterales e incuestionables que demeriten, intervengan o interrumpan el desarrollo del ordenamiento jurídico en la materia; y permitirá la definición de una serie de directrices de actuación de los poderes públicos y las instancias particulares en sus respectivas y definidas competencias.

Por todo lo anterior, las comisiones unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos del Senado, consideraron que la propuesta, y las modificaciones realizadas, reunían lo necesario para transformarse en una nueva ley de Cultura física y Deporte, con el propósito de asegurar la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte entre la sociedad, conforme lo que establece nuestra Constitución.

Asimismo asentaron que puede ser considerada como un marco jurídico moderno que permite orientar y garantizar a la sociedad mexicana los beneficios de la cultura física y el deporte, sobre todo porque transparenta la aplicación de los recursos federales.

Al establecer un mecanismo claro y específico mediante el cual se deberá elaborar e integrar el plan sectorial en la materia, se podrá aspirar a que nuestra nación sea reconocida como un país con un alto nivel de desarrollo de la cultura física y el deporte, donde las políticas públicas de Estado fomenten de forma masiva todas aquellas actividades físicas, recreativas y deportivas, con la finalidad que la población eleve su calidad de vida y se desarrolle en un ambiente sano con igualdad de oportunidades.

III. Consideraciones

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la minuta, los integrantes de esta Comisión de Deporte consideran necesario destacar, por su importancia lo siguiente:

Estamos ante un momento histórico en lo que se refiere al deporte y cultura física en nuestro País por 2 razones:

La primera, porque nuestra Constitución nos otorga a todos el Derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y

Y en segundo lugar, porque asigna al Estado Mexicano la responsabilidad de garantizar la cultura física y al deporte su promoción, fomento y estímulo.

La minuta enviada por el Senado de la República, así como la aprobación que otorgue la Cámara de Diputados, constituyen los pasos decisivos para instrumentar el derecho a la cultura física y al deporte.

Después del análisis minucioso que esta Comisión dictaminadora realizó de esta minuta, se tiene la convicción de emitir este dictamen en sentido positivo.

Estamos de acuerdo con lo que la Colegisladora manifiesta, que a partir de esta Ley, la cultura física deberá ser promovida, fomentada y estimulada en todos los niveles, como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano.

En la nueva Ley en comento, específicamente en el Título Primero, SE ESTABLECEN LAS BASES GENERALES para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte, con el principio de concurrencia previsto en la propia Constitución Política.

Las FINALIDADES PRINCIPALES son: fomentar equitativamente el desarrollo de la cultura física y el deporte como medio importante en la preservación de la salud y disminución de enfermedades; prevención del delito; y se incentiva la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y deporte, así como se ordena y regula el deporte civil.

Se formulan estrategias al establecer que el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), integre EL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, documento básico para el desarrollo de la actividad deportiva en el País, definiendo objetivos, metas y políticas, así como responsabilidades y su respectiva coordinación.

Asimismo, SE FORTALECE EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE (SINADE), órgano colegiado integrado por dependencias gubernamentales, sociedades y asociaciones civiles, instituciones públicas y privadas, coordinando desde su respectivo ámbito de competencia, lo relacionado a la cultura física y deporte.  Destaca la CREACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTATALES DEL DEPORTE, así como la participación directa de las comisiones de Deporte de las cámaras de Diputados y del Senado del honorable Congreso de la Unión.

Por primera vez se contempla el concepto de DEPORTE SOCIAL, a través del cual se promoverá la igualdad de oportunidades para la participación de actividades deportivas de carácter recreativo, educativo, salud o rehabilitación.

Al plasmarse en la Constitución el Derecho a la cultura física y deporte particularmente en el Artículo 4º, en donde están contemplados los derechos a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado y otros derechos que generan bienestar en los individuos, se manifiesta claramente que ES EL ESTADO EL GARANTE DE LOS DERECHOS SOCIALES; en este caso, corresponde a la CONADE la responsabilidad exclusiva de conducir y articular la política nacional en materia de cultura física y deporte, en consecuencia, se elimina la duplicidad de funciones y se evita la triangulación de recursos y apoyos a federaciones y/o asociaciones deportivas nacionales, garantizándose de esta manera la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos destinados al deporte, y eliminando prácticas autoritarias en el entorno de las autoridades deportivas civiles.

Por otra parte, en esta nueva Ley se establecen los mecanismos para garantizar el FUNCIONAMIENTO EFECTIVO DEL REGISTRO NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, que permitirá a los Estados, el Distrito Federal y la totalidad de las asociaciones deportivas, formar e integrar un solo registro, situación novedosa que nunca había existido en nuestro País; el anterior sistema nacional en ningún momento logró indicar las cifras reales de deportistas o de instalaciones deportivas existentes en México.

En este orden de ideas, la multicitada Ley hace un RECONOCIMIENTO AL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD y  los deportistas Paralímpicos, quienes han sido ejemplo y brindado grandes triunfos y satisfacciones a la Nación, gracias a su alto desempeño en diversas justas y competencias internacionales, otorgándoles el lugar que les corresponde al ser considerados parte integral de SINADE, colocando al Comité Paralímpico Mexicano en el mismo nivel que al Comité Olímpico Mexicano, sin distinción alguna.  De esta manera, un deportista con discapacidad y un deportista convencional no tendrán diferencia alguna ante la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.

Otro de los temas fundamentales que aborda este nuevo ordenamiento, es la CREACIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DEPORTIVA ELECTORAL (COVED), que como su nombre lo indica, vigilará los procesos electorales de las asociaciones deportivas, observando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades dentro de los marcos democráticos y representativos, con estricto apego a las disposiciones estatutarias legales nacionales e internacionales aplicables.

Esta nueva figura, evitará lo que LAMENTABLEMENTE ha venido sucediendo con el tiempo en el territorio nacional, como la creación y existencia de 2 federaciones o asociaciones deportivas de una misma disciplina; y asimismo evitará que un conflicto de carácter electoral federado llegue a niveles inesperados muy largos, causando un gran deterioro al deporte nacional.

Por lo que corresponde a la COMISIÓN DE APELACIÓN Y ARBITRAJE DEL DEPORTE (CAAD), se amplía su margen de acción hacia todas las personas físicas o morales pertenecientes al SINADE e inscritas en el RENADE; se fortalecen los mecanismos de justicia alternativa en materia deportiva, al permitir que se pueda atender a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

En el texto de esta Ley se continúa claramente con la lucha contra las sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios en el deporte, comúnmente conocido como “ doping”, y se DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO la prohibición del consumo, uso y distribución de sustancias farmacológicas potencialmente peligrosas para la salud y métodos no reglamentarios destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas.

A partir de esta normatividad, se instituyen los primeros avances para la prevención de la violencia en los eventos públicos relacionados a la actividad deportiva, al CREARSE LA COMISIÓN ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, con un claro énfasis en la atención a la prevención y erradicación de actos violentos en los espectáculos deportivos, esta acción representa un paso vanguardista en relación a estos penosos actos antideportivos.

Finalmente, es menester hacer hincapié en que si bien este nuevo instrumento legal es perfectible, y entre los diputados aún existen inquietudes que podrían incorporarse, resulta necesaria su inmediata aprobación debido a que para la Conade es la herramienta de trabajo que requiere para poder instrumentar de manera eficiente los trabajos que realizará no sólo para un período inmediato, sino para la correcta elaboración del Plan Nacional de Deporte con bases sólidas que le proporciona la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, de no ser así, el desarrollo de la actividad deportiva se verá retrasado por prácticamente un año.

Para concluir, consideramos que estamos en posibilidad de dar un paso cualitativo para mejorar el deporte del País, por el que debemos sentirnos orgullosos de ser partícipes.  En el deporte, los triunfos son resultado de muchos factores: de una sociedad fuerte, sana, de deportistas con talento y decisión; de entrenadores capacitados, de instalaciones modernas y funcionales; de un gobierno eficiente y de calidad, de legisladores comprometidos y responsables, y de una Ley Justa y sólida.

Por todo lo anteriormente señalado y para los efectos del Apartado A del artículo 72 Constitucional, los integrantes de esta Comisión de Deporte, con base en las consideraciones expresadas, aprueban en sus términos la minuta del Senado de la República y someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar en los siguientes términos:

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Título PrimeroDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en toda la República, reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las Autoridades Estatales, del Distrito Federal y las municipales, así como los sectores social y privado, en los términos que se prevén.

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX inciso J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:

I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones;

II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en los Estados, el Distrito Federal y los municipios;

III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación física, cultura física y el deporte;

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades;

V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención del delito;

VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como complemento de la actuación pública;

VII. Promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos de afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del doping.

VIII. Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva;

IX. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de las Asociaciones Deportivas Nacionales;

X. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente;

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y

XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base los siguientes principios:

I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos;

II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la educación;

III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización;

IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en el fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte;

V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura física y el deporte deben confiarse a un personal calificado;

VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y programas que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un derecho de todos;

VII. La investigación, información y documentación son elementos indispensables para el desarrollo de la cultura física y el deporte;

VIII. Las instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y cooperar en forma estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte;

IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte resulta necesaria para el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los sistemas deportivos del país;

X. El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases éticas;

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad de los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte, y

XII. La existencia de una adecuada cooperación a nivel internacional es necesaria para el desarrollo equilibrado y universal de la cultura física y deporte.

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Ley: La Ley General de Cultura Física y Deporte;

II. Reglamento: El Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte;

III. CONADE: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;

IV. COM: El Comité Olímpico Mexicano, Asociación Civil;

V. COPAME: El Comité Paralímpico Mexicano, Asociación Civil;

VI. CAAD: La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte;

VII. CONDE: Los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil;

VIII. SINADE: El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte;

IX. RENADE: El Registro Nacional de Cultura Física y Deporte;

X. SEP: La Secretaría de Educación Pública;

XI. Comisión Especial: La Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, y

XII.COVED: Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva.

Artículo 5. Para efecto de la aplicación de la presente Ley, se considerarán como definiciones básicas las siguientes:

I. Educación Física: El medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura física;

II. Cultura Física: Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo;

III. Actividad Física: Actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades cotidianas;

IV. Recreación Física: Actividad física con fines lúdicos que permiten la utilización positiva del tiempo libre;

V. Deporte: Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones;

VI. Deporte social: el deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación;

VII. Deporte de rendimiento: el deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas puedan mejorar su nivel de calidad deportiva como aficionados, pudiendo integrarse al deporte de alto rendimiento, o en su caso, sujetarse adecuadamente a una relación laboral por la práctica del deporte;

VIII. Deporte de alto rendimiento: el deporte que se practica con altas exigencias técnicas y científicas de preparación y entrenamiento, que permite al deportista la participación en preselecciones y selecciones nacionales que representan al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional;

IX. Activación Física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para mejora de la aptitud y la salud física y mental de las personas, y

X. Rehabilitación Física: Actividades para restablecer a una persona sus capacidades físicas, reeducando por medio de ellas a su cuerpo.

Artículo 6. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los municipios, fomentarán la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte.

Artículo 8. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán apoyar a la CONADE en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 9. En la Planeación Nacional, se deberá incorporar el desarrollo de la cultura física y el deporte, considerando las disposiciones previstas en la presente Ley y su Reglamento.

El Ejecutivo Federal a través de CONADE procurará establecer en el Plan Nacional a su cargo, los objetivos, alcances y límites del desarrollo del sector; así como, el deber de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en relación con la cultura física y el deporte.

La CONADE, en coordinación con la SEP, integrará el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte con base en un diagnóstico nacional, estatal y municipal, debiendo contener al menos:

I. Una clara definición de objetivos y metas;

II. La formulación de estrategias, tomando en cuenta criterios de coordinación institucional para el aprovechamiento de los recursos públicos y privados;

III. El diseño de políticas que aseguren la efectiva participación del sector privado en la actividad deportiva nacional; y

IV. El plan de inversiones con los presupuestos de los principales programas y proyectos de inversión pública de los distintos entes deportivos y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución; así como, su rendición de cuentas.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se adoptarán las acciones y estrategias pertinentes, se dictarán los instrumentos normativos a que haya lugar y se formularán los planes operativos anuales que garanticen su ejecución.

Título SegundoDel Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte

Artículo 10. Para la eficaz y eficiente promoción, fomento y estímulo de la cultura física y de la práctica del deporte en todas sus manifestaciones existirá un Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte que tendrá como objeto asesorar en la elaboración del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, coordinar, dar seguimiento permanente y evaluar los programas, acciones y procedimientos que formen parte de la ejecución de las políticas públicas para promover, fomentar y estimular la cultura física y a la práctica del deporte, tomando en consideración el desarrollo de la estructura e infraestructura deportiva y de los recursos humanos y financieros vinculados a la cultura física y al deporte en el país.

El SINADE es un órgano colegiado que estará integrado por las Dependencias, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil reconocidos por esta Ley, que en sus respectivos ámbitos de actuación tienen como objetivo generar las acciones, financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales.

Artículo 11. Entre los organismos e instituciones públicas y privadas que se consideran integrantes del SINADE, se encuentran entre otros:

I. La CONADE;

II. Los Órganos Estatales, del Distrito Federal, y Municipales de Cultura Física y Deporte;

III. El COM;

IV. El COPAME;

V. Las Asociaciones Deportivas Nacionales;

VI. Los CONDE, y

VII. Las Asociaciones y Sociedades que estén reconocidas en términos de esta Ley y su Reglamento.

A las sesiones del SINADE serán invitados permanentes, previa convocatoria, las Comisiones de Deporte de las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, quienes tendrán voz para opinar sobre los temas que se aborden.

Artículo 12. El SINADE deberá sesionar en pleno cuando menos dos veces en cada año natural y su Consejo Directivo en las fechas que éste determine, a efecto de fijar la política operativa y de instrumentación en materia de cultura física y deporte y dar cumplimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte. La CONADE tendrá la responsabilidad de integrar a dicho Programa los acuerdos del SINADE.

El SINADE está dirigido por el pleno, el Consejo Directivo y el Presidente.

Artículo 13. Mediante el SINADE se llevarán las siguientes acciones:

I. Ejecutar las políticas para fomentar, promover y estimular el desarrollo y ejercicio del derecho a la cultura física y el deporte en el ámbito nacional;

II. Establecer los mecanismos para la planeación, supervisión, ejecución y evaluación de los programas, organismos, procesos, actividades y recursos de los integrantes del SINADE;

III. Proponer planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad hacia las personas con discapacidad;

IV. Promover mecanismos de integración institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, y

V. Las demás que le otorgue esta Ley u otros ordenamientos legales.

Artículo 14. El funcionamiento y requisitos de integración del SINADE estarán regulados en términos de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Capítulo IDel Sector Público

Sección PrimeraDe la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Artículo 15. La actuación de la Administración Pública Federal en el ámbito de la cultura física y del deporte, corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias y que se denominará, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal.

Artículo 16. El patrimonio de la CONADE se integrará con:

I. Las aportaciones que realice el Gobierno Federal, a través de los recursos que se le asignen en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los subsidios y demás recursos que reciba;

II. Las aportaciones que en su caso, le realicen los Gobiernos Estatales, del Distrito Federal y de los municipios, así como las Entidades Paraestatales;

III. Las aportaciones que le realicen las personas físicas y morales nacionales o extranjeras, a través de donaciones, legados, fideicomisos y premios, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones contrarias a su objetivo conforme lo establece la Ley;

IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le destinen para su servicio;

V. Los recursos que la propia CONADE genere, y

VI. Los demás recursos, bienes y derechos que se adquieran o reciban por cualquier otro título legal.

Artículo 17. La administración de la CONADE estará a cargo de un órgano de gobierno denominado Junta Directiva y de las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico correspondiente. Asimismo, tendrá un Director General designado por el titular del Ejecutivo Federal.

Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por representantes de cada una de las siguientes Dependencias:

a) Secretaría de Educación Pública;

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

c) Secretaría de Relaciones Exteriores;

d) Secretaría de Gobernación;

e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

f) Secretaría de la Defensa Nacional;

g) Secretaría de Marina;

h) Secretaría de Salud;

i) Secretaría de Desarrollo Social, y

j) Procuraduría General de la República.

La Junta Directiva será presidida por el titular de la SEP.

El Presidente de la Junta Directiva, convocará a participar como invitados permanentes al Contralor Interno y al Comisario propietario o suplente, designado por la Secretaría de la Función Pública, quienes participarán con voz pero sin voto.

De la misma manera, podrán ser invitados a participar con voz pero sin voto, personalidades distinguidas de los sectores social y privado que por su relación, nexos, vinculación y aportaciones con la práctica de la activación física, la cultura física y deporte e importancia de los asuntos a tratar en dicha reunión, tengan interés directo en la misma y puedan hacer aportaciones en la materia.

Artículo 19. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades:

I. Establecer en congruencia con el programa sectorial, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la CONADE relativas a la dirección, desarrollo, promoción, fomento, difusión e investigación de la activación física, la cultura física y el deporte;

II. Establecer, conforme al programa sectorial, lo relativo al impulso de políticas específicas en materia de cultura física y deporte destinadas al desarrollo e integración de las personas con discapacidad;

III. Aprobar los programas y presupuesto de la CONADE, así como sus modificaciones, en los términos de las disposiciones aplicables;

IV. Aprobar de acuerdo con los ordenamientos aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar la CONADE con terceros en las materias de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. El Director General y en su caso los servidores públicos que deban intervenir, de conformidad con el Estatuto, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices fijadas por la Junta Directiva;

V. Aprobar la estructura básica de la organización de la CONADE, y las modificaciones que procedan a la misma, en términos de las disposiciones aplicables;

VI. Autorizar la creación de comités de apoyo;

VII. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, con la intervención que corresponda a las dependencias federales, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que la CONADE requiera para la prestación de sus servicios y de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Reglamento de esta Ley;

VIII. Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General con la intervención que corresponda a los comisarios;

IX. Acordar, con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos o pagos extraordinarios y verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados, conforme a las instrucciones de la Coordinadora de Sector correspondiente;

X. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la CONADE, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Coordinadora de Sector;

XI. Conocer oportunamente el cumplimiento de los planes, programas, presupuestos, reglamentos, manuales, sistemas y políticas, a efecto de ponderar las causas que determinen variaciones con respecto a lo autorizado y, en su caso, dictar las medidas correctivas que procedan en materia de planeación, organización o dirección;

XII. Designar comisionados especiales en los cuales la CONADE delegue algunas de sus facultades;

XIII. Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la CONADE y para los que la Junta Directiva tenga facultades en término de la Ley o del Estatuto;

XIV. Formular los lineamientos que se estimen necesarios para racionalizar las estructuras de organización y el uso de los recursos disponibles, así como delinear las políticas específicas de apoyo a prioridades del sector deportivo o bien, respecto de los asuntos que se consideren relevantes;

XV. Aprobar y evaluar el Programa Anual de Trabajo y los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos que sean elaborados por el Director General;

XVI. Evaluar los presupuestos de la CONADE en términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de evaluación correspondan a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XVII. Aprobar los anteproyectos y proyecto de presupuesto de la CONADE que habrán de presentarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Coordinadora de Sector;

XVIII. Establecer las directrices y políticas para que la ejecución de los programas y presupuestos se apeguen a la asignación presupuestal autorizada, lo que permitirá el logro oportuno de los objetivos y metas programadas de la CONADE;

XIX. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades en forma programada y con base en las políticas sectoriales, prioridades y restricciones que se deriven del Sistema Nacional de Planeación;

XX. Autorizar la creación de grupos de trabajo que coadyuven en la formulación y evaluación de programas institucionales;

XXI. Autorizar la creación de Comités Técnicos Especializados de apoyo que el Presidente o una tercera parte de los miembros de la propia Junta Directiva propongan para el cumplimiento de los objetivos y para el desarrollo oportuno y eficaz de las actividades que realice la CONADE;

XXII. Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás instrumentos normativos transcendentes que regulen el funcionamiento de la CONADE, así como las reformas o adiciones a dichos ordenamientos;

XXIII. Aprobar el contenido de las actas que se levanten de las sesiones que se celebren, ya sean ordinarias o extraordinarias;

XXIV. Aprobar el calendario anual de sesiones;

XXV. Proporcionar al Comisario la información que solicite para el desarrollo de sus funciones;

XXVI. Analizar y considerar el informe que rinda el Comisario para la programación de actividades de la CONADE, en sus aspectos preventivos y correctivos;

XXVII. Aprobar las medidas que proponga el Director General para atender los informes que presente el Contralor Interno, resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que haya realizado;

XXVIII. Delegar facultades a favor del Director General o a favor de Delegados Especiales;

XXIX. Autorizar al Director General para que ejerza facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas en nombre de la CONADE, de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias aplicables;

XXX. Autorizar al Director General, con las limitaciones que al efecto se precisen, para que éste pueda emitir, avalar y negociar títulos de crédito a nombre de la CONADE;

XXXI. Autorizar al Director General, con las limitaciones que al efecto se determinen, para que éste pueda comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones en nombre de la CONADE y bajo su responsabilidad;

XXXII. Autorizar al Director General para ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del Juicio de Amparo a nombre de la CONADE;

XXXIII. Ratificar los nombramientos de apoderados que recaigan en personas ajenas a la CONADE, y

XXXIV. Ejercer las facultades que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento asigna a los Órganos de Gobierno de las entidades.

Artículo 20. El Director General del organismo será nombrado y removido por el Presidente de la República, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los requisitos señalados en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Artículo 21. El Director General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Administrar y representar legalmente a la CONADE;

II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos, así como el presupuesto de la CONADE y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva;

III. Formular programas de organización;

IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles de la CONADE;

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la CONADE se realicen de manera articulada, congruente y eficaz;

VI. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas de recepción que aseguren la continuidad en las políticas aprobadas por la Junta Directiva;

VII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la CONADE para así poder mejorar la gestión del mismo;

VIII. Establecer sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;

IX. Presentar periódicamente a la Junta Directiva el informe del desempeño de las actividades de la CONADE, incluido el ejercicio del presupuesto de ingresos, egresos y los estados financieros correspondientes. En el informe y en los documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la Dirección General con las realizaciones alcanzadas;

X. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se desempeñe la CONADE y presentarlos a la Junta Directiva por lo menos dos veces al año;

XI. Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta Directiva;

XII. Suscribir, en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la CONADE con sus trabajadores;

XIII. Coordinar todas las acciones administrativas y operativas de la CONADE, para el eficaz cumplimiento de los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva, de los programas concretos y de las leyes vigentes aplicables;

XIV. Ejercer las facultades específicas que le confiera el Estatuto o las que le otorguen al ser designado, así como las que determine la Junta Directiva, para administrar y representar legalmente a la CONADE como mandatario de la misma;

XV. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas a nombre de la CONADE, previa autorización que para su ejercicio le haya conferido la Junta Directiva;

XVI. Aprobar estrategias, metodologías, programas de investigación, contenidos, materiales, programas y planes institucionales;

XVII. Formular y someter a la autorización de la Junta Directiva el Programa Presupuestal y Financiero Anual de la CONADE, con excepción de aquel que deberá presentarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para integrar el Presupuesto de Egresos de la Federación;

XVIII. Una vez aprobado el Programa Presupuestal y Financiero Anual de la CONADE, remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la parte correspondiente a la suscripción de créditos externos para su autorización en términos de la Ley correspondiente;

XIX. Validar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás instrumentos normativos trascendentes que regulen el funcionamiento de la CONADE, así como las reformas y adiciones a dichos ordenamientos legales y someterlos a la aprobación de la Junta Directiva;

XX. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito a nombre de la CONADE, de acuerdo a la autorización que para tal fin le haya otorgado la Junta Directiva;

XXI. Informar, siempre que sea requerido para ello por las Cámaras del H. Congreso de la Unión, cuando se discuta un proyecto de ley o se estudie un asunto del ámbito de competencia de la CONADE;

XXII. Aprobar la contratación del personal de la CONADE;

XXIII. Implementar todo lo necesario a efecto de que se cumpla con cada una de las fases del proceso de ingreso al Servicio Civil de Carrera;

XXIV. Formular las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la CONADE, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro y someterlas a la aprobación de la Junta Directiva;

XXV. Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de las unidades técnicas y administrativas de la CONADE conforme al Estatuto;

XXVI. Someter a la aprobación de la Junta Directiva las bases y programas generales que regulen los contratos, convenios o acuerdos que deba celebrar la CONADE en las materias de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

XXVII. Someter a la aprobación de la Junta Directiva las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que la CONADE requiera para la prestación de sus servicios, con sujeción a las disposiciones legales relativas, con la intervención que corresponda a las dependencias federales y de acuerdo a los ordenamientos legales aplicables;

XXVIII. Celebrar contratos, convenios o acuerdos con terceros, tratándose de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, bajo su responsabilidad y con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y conforme a las directrices que hayan sido fijadas por la Junta Directiva;

XXIX. Proponer a la Junta Directiva las modificaciones que procedan a la estructura básica de la organización de la CONADE;

XXX. Proponer a la Junta Directiva la designación o remoción del Prosecretario de la misma, quien podrá ser o no miembro de la CONADE;

XXXI. Proporcionar al Comisario la información que solicite para el desarrollo de sus funciones;

XXXII. Proponer a la Junta Directiva las medidas conducentes para atender los informes que presente el Contralor Interno, resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que hayan realizado;

XXXIII. Establecer las instancias de asesoría, de coordinación y de consulta que estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de la CONADE;

XXXIV. Celebrar y suscribir convenios de coordinación, colaboración y concertación inherentes a los objetivos de la CONADE;

XXXV. Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas de la CONADE y resolver los asuntos de su competencia;

XXXVI. Formular querellas y otorgar perdón a nombre de la CONADE;

XXXVII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del Juicio de Amparo a nombre de la CONADE, previa autorización que para su ejercicio le haya conferido la Junta Directiva;

XXXVIII. Comprometer asuntos en arbitrajes y celebrar transacciones bajo su responsabilidad y de acuerdo con la autorización que para tal efecto le haya otorgado la Junta Directiva;

XXXIX. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan a los mandatarios, de acuerdo con la autorización que para tal efecto le haya otorgado la Junta Directiva;

XL. Sustituir y revocar poderes generales o especiales, en los términos aprobados por la Junta Directiva, y

XLI. Las que señalen otras Leyes, Reglamentos, Decretos, acuerdos y demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 22. El Director General tendrá además, las facultades que le delegue y confiera la Junta Directiva para administrar y representar legalmente a la CONADE como mandatario del mismo.

Artículo 23. El órgano de vigilancia de la CONADE estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 24. Los Comisarios Públicos tendrán las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias, administrativas y de política general y sectorial que emita el Ejecutivo Federal o sus dependencias en relación con las entidades paraestatales;

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos relativos al sistema de control y evaluación gubernamental;

III. Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los sistemas de programación y presupuesto de la CONADE;

IV. Vigilar que la CONADE conduzca sus actividades conforme al Programa Sectorial correspondiente, así como que cumpla con lo previsto en el programa institucional;

V. Promover y vigilar que la CONADE establezca indicadores básicos de gestión en materia de operación, productividad, financieros y de impacto social, que permitan medir y evaluar su desempeño;

VI. Con base en las autoevaluaciones de la CONADE opinar sobre su desempeño general.

La opinión a que se refiere el párrafo anterior deberá abarcar los aspectos que establece el artículo 30, fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

VII. Evaluar aspectos específicos de la CONADE y hacer las recomendaciones procedentes;

VIII. Vigilar y dar seguimiento a los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales; fungir como representantes de la Secretaría de la Función Pública ante las dependencias, entidades e instancias que intervengan en estos procesos. Requerir a las instancias involucradas la información necesaria para el cumplimiento de las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan tendientes a promover la conclusión de los procesos con estricto apego a las disposiciones aplicables;

IX. Verificar la debida integración y funcionamiento de la Junta Directiva;

X. Vigilar que la CONADE, con la oportunidad y periodicidad que se señale, la información que requiera el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos;

XI. Solicitar y verificar que se incluyan en el Orden del Día de las sesiones de la Junta Directiva, los asuntos que consideren necesarios;

XII. Intervenir con voz pero sin voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva;

XIII. Proporcionar al Director General la información que le solicite;

XIV. Opinar sobre los informes de evaluación de la gestión que por lo menos dos veces al año rinda el Director General a la Junta Directiva;

XV. Rendir informes a la Junta Directiva sobre las actividades de la CONADE, precisando los aspectos preventivos y correctivos;

XVI. Evaluar el desempeño general y por funciones de la CONADE;

XVII. Realizar estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos;

XVIII. Solicitar a la Junta Directiva o al Director General la información que requiera para el desarrollo de sus funciones;

XIX. Solicitar información y efectuar los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de la Función Pública le asigne específicamente;

XX. Rendir anualmente a la Junta Directiva un informe sobre los estados financieros, con base en el dictamen de los auditores externos, y

XXI. Las demás inherentes a su función y las que le señale expresamente la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia.

Artículo 25. La actuación de los Comisarios Públicos se ajustará en todo caso a lo dispuesto por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, por el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, por el Estatuto Orgánico que al efecto se expida y por las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 26. El órgano interno de control de la Comisión Nacional de Cultura Física está a cargo de un Contralor Interno, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, quien en el ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designados en los mismos términos.

Artículo 27. El Contralor Interno, podrá asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, con voz pero sin voto.

Artículo 28. Para la atención de los asuntos y la substanciación de los procedimientos a su cargo, el Contralor Interno y las direcciones de responsabilidades y auditoría, se auxiliarán del personal adscrito al propio órgano interno de control.

Artículo 29. El Contralor Interno en la CONADE, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la CONADE y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones aplicables en los términos de ley, con excepción de las que deba conocer la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública; así como calificar y constituir los pliegos de responsabilidades a que se refiere la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Dirección General;

II. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al titular de la Secretaría de la Función Pública, así como expedir las certificaciones de los documentos que obran en los archivos del órgano interno de control de la CONADE;

III. Implementar el sistema integral de control gubernamental y coadyuvar a su debido funcionamiento, proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran y vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la Secretaría de la Función Pública, así como aquellas que regulan el funcionamiento de la CONADE;

IV. Programar y realizar auditorías, inspecciones o visitas de cualquier tipo; informar periódicamente a la Secretaría de la Función Pública sobre el resultado de las acciones de control que hayan realizado y proporcionar a ésta la ayuda necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

V. Coordinar la formulación de los anteproyectos de programas y presupuesto del órgano interno de control en la CONADE y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto;

VI. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tenga conocimiento y puedan ser constitutivos de delitos, e instar al área jurídica de la CONADE a formular cuando así se requiera, las querellas a que hubiere lugar;

VII. Requerir a las unidades administrativas de la CONADE, la información necesaria para cumplir con sus atribuciones, y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias;

VIII. Instrumentar los sistemas de control establecidos por la Dirección General de la CONADE para alcanzar las metas u objetivos propuestos;

IX. Apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la CONADE;

X. Desarrollar sus funciones conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública;

XI. Realizar sus actividades de acuerdo a las reglas y bases que le permitan cumplir su cometido con autosuficiencia y autonomía;

XII. Presentar al Director General, a la Junta Directiva y a las demás instancias internas de decisión, los informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones que realicen;

XIII. Realizar la defensa jurídica de los actos y resoluciones que emita el propio órgano interno de control;

XIV. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; efectuar revisiones y auditorías, vigilando que el manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables, y

XV. Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría de la Función Pública y aquellas que les confieran las leyes y reglamentos a las Contralorías Internas y órganos internos de control.

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones:

I. Las que conforme a los ordenamientos legales aplicables, correspondan a la SEP en materia de cultura física y deporte, excepto aquellas que las disposiciones legales o reglamentarias le atribuyan expresamente a dicha Secretaría;

II. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física, así como del deporte en todas sus manifestaciones.

Para efectos de esta fracción se entenderán como manifestaciones del deporte, el deporte social y el deporte de rendimiento.

III. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal, y los Municipios a fin de promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes a la promoción, fomento, estímulo, incentivo y desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones;

IV. Integrar en coordinación con la SEP el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte;

V. Convocar al SINADE, con la participación que corresponda al sector público y a los sectores social y privado;

VI. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en materia de cultura física y deporte en el marco del SINADE;

VII. Celebrar, con la participación que le corresponda a la SEP y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, acuerdos de cooperación en materia de cultura física y deporte, con órganos gubernamentales y organizaciones internacionales como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que en materia de cultura física y deporte se concierten;

VIII. Coordinar acciones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y el sector social y privado en lo relativo a investigación en ciencias y técnicas en materia de cultura física y deporte;

IX. Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los métodos de certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y apoyando, la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos;

X. Promover la capacitación y certificación de directivos, deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y técnicos;

XI. Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal, el otorgamiento de estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a favor de la cultura física y el deporte;

XII. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte;

XIII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, los Lineamientos que para tal efecto emita y los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables;

XIV. Otorgar el registro correspondiente a las Asociaciones y Sociedades a que hace referencia esta Ley, así como sancionar sus estatutos y promover la práctica institucional y reglamentada del deporte a través de las Asociaciones Deportivas Nacionales;

XV. Atender y orientar permanentemente a las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines en la creación y actualización de su estructura, así como brindar la asesoría necesaria para que sus estatutos no contravengan lo dispuesto en la presente Ley y en su Reglamento;

XVI. Vigilar y asegurar a través del COVED que los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines, en atención a sus funciones que como agentes colaboradores del Gobierno Federal les son delegadas, se realicen con estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes;

XVII. Supervisar que las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines realicen sus actividades conforme a sus respectivos estatutos, reglamentos y demás ordenamientos aplicables;

XVIII. Verificar y asegurar que los estatutos, reglamentos y demás reglamentos deportivos que expidan las Asociaciones Deportivas Nacionales y, en su caso, los Organismos Afines, contengan con toda claridad, entre otros aspectos, los derechos y obligaciones de sus miembros asociados, deportistas y órganos de gobierno y representación así como los procedimientos disciplinarios y sanciones aplicables;

XIX. Emitir opinión en la formulación de los programas deportivos de las Asociaciones Deportivas Nacionales;

XX. Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la práctica de actividades de cultura física, recreación, rehabilitación o deporte dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones que para tal efecto expida la Dependencia con competencia en la materia.

XXI. Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competiciones nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales.

Tratándose de las competiciones internacionales se considerará la opinión del COM y del COPAME, según sea el caso;

XXII. Fijar criterios y verificar el cumplimiento de los mismos, con la participación del COM o de COPAME, según sea el caso, para la celebración de competiciones oficiales internacionales dentro del territorio nacional, para los cuales se soliciten o no recursos públicos sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales.

Tratándose de las competiciones internacionales se considerará la opinión del COM y del COPAME, según sea el caso;

XXIII. Definir los lineamientos para la lucha contra el dopaje en el deporte y la prevención de la violencia en el deporte;

XXIV. Recibir apoyos económicos, técnicos y materiales en territorio nacional o extranjero, para el desarrollo de sus objetivos, sin contravenir las disposiciones legales aplicables al caso concreto;

XXV. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los programas de cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los recursos para los mismos fines;

XXVI. Promover e incrementar con las previsiones presupuestales existentes, los fondos y fideicomisos ya sean públicos o privados, que en materia de cultura física y deporte se constituyan con el objeto de organizar la participación de los sectores social y privado, a efecto de contribuir al desarrollo deportivo del País;

XXVII. Fomentar la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte entre la población en general, como medio para la prevención del delito;

XXVIII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad;

XXIX. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir con el objetivo para el cual fue creado, y

XXX. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales o reglamentarias determinen.

Artículo 31. Las relaciones de trabajo entre la CONADE y sus trabajadores se regirán por el Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley Federal del Trabajo.

Sección SegundaDe los Órganos Estatales, del Distrito Federal y municipales de Cultura Física y Deporte

Artículo 32. Cada Entidad Federativa, Distrito Federal y municipios podrán contar, de conformidad con sus ordenamientos, con un órgano que en coordinación y colaboración con la CONADE promueva, estimule y fomente el desarrollo de la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura física y deporte en sus respectivos ámbitos de competencia.

Los Sistemas Estatales de Cultura Física y Deporte se integrarán por las Dependencias, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local y tendrán como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de sus competencias.

El Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal, se integrará por las Autoridades, Unidades Administrativas, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones de carácter local, y tendrá como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de su competencia.

Los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte, se integrarán por las Autoridades Municipales, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades y Asociaciones que en el ámbito de su competencia tengan como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales.

Artículo 33. Los Estados, el Distrito Federal y los municipios, promoverán, y fomentarán el desarrollo de la activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su territorio, conforme al ámbito de su competencia y jurisdicción.

Artículo 34. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y lo que establezcan las Leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política de cultura física y deporte estatal;

II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas de política para la cultura física y deporte estatal, en concordancia y sin contravenir la Política Nacional de Cultura Física y Deporte, vinculándolos con los programas nacional, estatales, regionales, municipales y delegaciones en los casos del Distrito Federal, así como su respectivo Plan Estatal de Desarrollo;

III. Diseñar, aplicar y evaluar el programa estatal de cultura física y deporte;

IV. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con la CONADE y con los municipios en materia de cultura física y deporte;

V. Integrar el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte, o en su caso, el Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal, para promover y fomentar el desarrollo de la cultura física y deporte;

VI. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de Cultura Física y Deporte en coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte;

VII. Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, y

VIII. Las demás que señale esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables.

Artículo 35. Los municipios y las delegaciones, en el caso del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Proponer, coordinar y evaluar la política de cultura física y deporte municipal y delegacional;

II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas Estatales, del Distrito Federal y municipales en cultura física y deporte, acorde con los programas nacional, estatales y regionales;

III. Diseñar, aplicar y evaluar el programa municipal y delegacional de cultura física y deporte;

IV. Coordinarse con la CONADE, los Estados, el Distrito Federal y con otros municipios para la promoción, fomento y desarrollo de la cultura física y deporte;

V. Integrar el Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte para promover y fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte;

VI. Promover la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte;

VII. Las demás que señale esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables.

Artículo 36. En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, observarán las disposiciones de esta Ley, su reglamento y los demás ordenamientos aplicables en la materia, nacional e internacionales.

Los Congresos de los Estados, con apego a sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedirán los ordenamientos legales que sean necesarios para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley, contemplando lo relacionado a estímulos fiscales y deducciones de impuestos.

Los Ayuntamientos, por su parte, dictarán las disposiciones administrativas que correspondan, con apego a lo establecido por la presente Ley.

Artículo 37. Los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales otorgarán los registros a las Asociaciones y Sociedades que los integren, verificando que cumplan con los requisitos establecidos por el SINADE y en coordinación con el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte.

El registro a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable para su integración al respectivo Sistema.

Artículo 38. Los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte se regirán por sus propios ordenamientos, sin contravenir lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y las demás disposiciones que de ella deriven, cumpliendo en todo momento con cada una de las obligaciones que como integrantes del SINADE les corresponde.

Artículo 39. Los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales coordinarán sus actividades para aplicar las políticas, planes y programas que en materia de activación física, cultura física y deporte se adopten por el SINADE.

Los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte publicarán su presupuesto, programas determinados y sistemas de evaluación, en el periódico oficial que corresponda.

Sección TerceraDe la Concurrencia, Coordinación, Colaboración y Concertación

Artículo 40. La Administración Pública Federal a través de la CONADE, ejercerá las competencias que le son atribuidas por esta Ley, para ello, se coordinará con los Estados, el Distrito Federal y los municipios y, en su caso, concertará acciones con el sector social y privado que puedan afectar directa y manifiestamente los intereses generales de la cultura física y el deporte en el ámbito nacional.

Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para:

I. Establecer en sus respectivos ámbitos de competencia los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales de cultura física y deporte;

II. Promover la iniciación y garantizar el acceso a la práctica de las actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y deporte a la población en general, en todas sus manifestaciones y expresiones;

III. Ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte;

IV. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas Asociaciones Deportivas Nacionales y de acuerdo a las Normas Oficiales y demás disposiciones que para tal efecto expida la dependencia correspondiente;

V. Formular y ejecutar políticas públicas, que fomenten actividades físicas y deportivas destinadas a las personas con discapacidad;

VI. Dar seguimiento y ejecutar las políticas y planes aprobados por el SINADE, y

VII. Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y deporte.

Artículo 42. La coordinación a que se refiere el artículo anterior, se realizará conforme a las facultades concurrentes en los tres ámbitos de gobierno, a través de convenios de coordinación, colaboración y concertación que celebren las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios entre sí o con instituciones del sector social y privado, de conformidad con los procedimientos y requisitos que estén determinados en el Reglamento de la presente Ley.

Capítulo IIDe los Sectores Social y Privado

Sección PrimeraDe las Asociaciones y Sociedades Deportivas

Artículo 43. Serán registradas por la CONADE como Asociaciones Deportivas, las personas morales, cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza jurídica, que conforme a su objeto social promuevan, difundan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines preponderantemente económicos.

Artículo 44. El Estado reconocerá y estimulará las acciones de organización y promoción desarrolladas por las Asociaciones y Sociedades Deportivas, a fin de asegurar el acceso de la población a la práctica de la activación física, la cultura física y el deporte.

En el ejercicio de sus respectivas funciones en materia de cultura física y deporte, el sector público, social y privado se sujetará en todo momento, a los principios de colaboración responsable entre todos los interesados.

Artículo 45. Serán registradas por la CONADE como Sociedades Deportivas las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura o denominación, que conforme a su objeto social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte con fines preponderantemente económicos.

Artículo 46. Para los efectos de la presente Ley, las Asociaciones Deportivas se clasifican en:

I. Equipos o clubes deportivos;

II. Ligas deportivas;

III. Asociaciones Deportivas Municipales, Estatales o Regionales, y

IV. Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines.

Para los fines y propósitos de la presente Ley se reconoce la participación de los CONDE dentro de la fracción III del presente artículo, para incrementar la práctica deportiva de los estudiantes y elevar su nivel de rendimiento físico.

Los CONDE son asociaciones civiles, constituidas por universidades públicas o privadas, tecnológicos y normales del país, y cualquier institución educativa pública o privada de educación básica, media o superior que tienen por objeto coordinar, de acuerdo con las autoridades educativas competentes los programas emanados de la CONADE entre la comunidad estudiantil de sus respectivos niveles, a las cuales se les reconoce el carácter de Asociaciones Deportivas.

Serán considerados Organismos Afines las asociaciones civiles que realicen actividades cuyo fin no implique la competencia deportiva, pero que tengan por objeto realizar actividades vinculadas con el deporte en general y a favor de las Asociaciones Deportivas Nacionales en particular, con carácter de investigación, difusión, promoción, apoyo, fomento, estímulo y reconocimiento.

A los Organismos Afines les será aplicable lo dispuesto para las Asociaciones Deportivas Nacionales.

La presente Ley y para los efectos de este artículo, se reconoce al deporte en todas sus modalidades y categorías, incluyendo al desarrollado por el sector estudiantil, al deporte para personas con discapacidad y al deporte para personas adultas mayores en plenitud.

Artículo 47. Para efecto de que la CONADE otorgue el registro correspondiente como Asociaciones o Sociedades Deportivas, éstas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 48. La presente Ley reconoce el carácter de entes de promoción deportiva a aquellas personas físicas o morales, que sin tener una actividad habitual y preponderante de cultura física o deporte, conforme a lo dispuesto por este ordenamiento y los emanados de él, realicen o celebren eventos o espectáculos en estas materias de forma aislada, que no sean competiciones de las previstas en el artículo 56 de esta Ley.

Las personas físicas o morales que se encuentren en el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberán cumplir con las disposiciones de esta Ley que le sean aplicables y de todos aquellos ordenamientos que en materia de cultura física y deporte dicten las autoridades Federal, Estatales, del Distrito Federal y municipales.

Artículo 49. Las Asociaciones y Sociedades Deportivas deberán observar los lineamientos que se señalan en la fracción XXI del artículo 30 de esta Ley, respecto a la integración de las delegaciones deportivas que representen al País en competiciones internacionales.

Sección SegundaDe las Asociaciones Deportivas Nacionales

Artículo 50. La presente Ley reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asociaciones Deportivas, les será aplicable.

Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus Estatutos Sociales, la presente Ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 51. Las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente reconocidas en términos de la presente Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del Gobierno Federal, por lo que dicha actuación se considerará de utilidad pública. Además de las actividades propias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada una de sus disciplinas deportivas, ejercen bajo la coordinación de la CONADE las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:

I. Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales;

II. Actuar en coordinación con sus asociados en la promoción general de su disciplina deportiva en todo el territorio nacional;

III. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte;

IV. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios en el control, disminución y prevención de la obesidad y las enfermedades que provoca;

V. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios en la prevención de la violencia en el deporte y eventos o espectáculos públicos o privados en materia de activación física, cultura física o deporte;

VI. Actuar como el organismo rector de su disciplina deportiva, en todas sus categorías, especialidades y modalidades, en la República Mexicana;

VII. Representar oficialmente al país ante sus respectivas federaciones deportivas internacionales, y

VIII. Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 52. Las Asociaciones Deportivas Nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y representan a un solo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento de su respectiva Federación Deportiva Internacional.

Artículo 53. Las Asociaciones Deportivas Nacionales se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, las demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables y por sus estatutos y reglamentos.

Artículo 54. Las Federaciones Deportivas Nacionales que soliciten su registro como Asociaciones Deportivas Nacionales a la CONADE deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Existencia de interés deportivo nacional o internacional de la disciplina;

II. La existencia de competiciones de ámbito internacional con un número significativo de participantes;

III. Representar mayoritariamente una especialidad deportiva en el País;

IV. Contemplar en sus estatutos, además de lo señalado en la legislación civil correspondiente, lo siguiente:

a) Órganos de dirección, de administración, de auditoría, de evaluación de resultados y de justicia deportiva, así como sus respectivas atribuciones, sin perjuicio de las demás que se establezcan en la presente Ley y su Reglamento;

b) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, indicando las materias que en ellas podrán tratarse, y el quórum para sesionar;

c) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y adopción de acuerdos;

d) El reconocimiento de las facultades de la CONADE por conducto del COVED, establecidas en la presente Ley y su Reglamento en materia de vigilancia de los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, en atención a sus funciones que como agentes colaboradores del Gobierno Federal le son delegadas;

e) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar cuotas de los asociados;

f) Mecanismos de apoyo para sus deportistas afiliados, dirigidos a todos aquellos trámites que se requieran para su participación en competiciones nacionales e internacionales, y

g) El reconocimiento de la facultad de la CONADE de fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los recursos públicos, así como evaluar los resultados de los programas operados con los mencionados recursos.

V. Contar con la afiliación a la Federación Internacional correspondiente.

VI. Estar reconocida conforme a la presente Ley.

Quedarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto por la fracción V de este artículo, las Federaciones Mexicanas de Charrería y, Juegos y Deportes Autóctonos.

Artículo 55. Las Asociaciones Deportivas Nacionales, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo Federal, deberán estar registradas como tales por la CONADE, cumplir con lo previsto en la presente Ley, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con las obligaciones que se les imponga como integrantes del SINADE y demás disposiciones aplicables en materia presupuestaria, incluyendo el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente expida la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como las Reglas de Operación correspondientes.

Artículo 56. Las Asociaciones Deportivas Nacionales serán las únicas facultadas para convocar a competiciones realizadas bajo la denominación de “Campeonato Nacional” con estricto apego a los estatutos y reglamentos aplicables, y de acuerdo a los criterios que fije la CONADE.

Artículo 57. Para la realización de competiciones deportivas oficiales internacionales dentro del territorio nacional, las Asociaciones Deportivas Nacionales, tienen la obligación de registrarlas ante la CONADE, respetando en todo momento el procedimiento y requisitos que para tal efecto prevea el Reglamento de la presente Ley, asimismo, deberá cumplir y apegarse a lo dispuesto por los lineamientos expedidos en términos de la fracción XXII del artículo 30 de la presente Ley.

Artículo 58. Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones que como colaboradoras de la Administración Pública Federal les son delegadas a las Asociaciones Deportivas Nacionales en términos de la presente Ley, la CONADE, con absoluto y estricto respeto a los principios de auto organización que resultan compatibles con la vigilancia y protección de los intereses públicos, podrá llevar a cabo acciones de fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos.

Artículo 59. Los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales serán vigilados por la CONADE a través del COVED.

El COVED estará adscrito orgánicamente a la CONADE y velará de forma inmediata por el ajuste a Derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, vigilando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego de las disposiciones estatutarias y legales aplicables.

En caso de que exista alguna controversia en cualquiera de las fases de los procesos de elección de los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, el COVED deberá resolver sobre el particular, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley y los demás ordenamientos aplicables, garantizando el derecho de audiencia de los interesados.

Las resoluciones definitivas dictadas por el COVED en relación con la solución de las controversias a que se refiere el párrafo anterior podrán ser impugnadas mediante el recurso de apelación ante la CAAD.

El COVED, terminado el proceso electoral respectivo, expedirá la constancia que corresponda.

Artículo 60. El COVED se integrará por un Consejero Presidente y dos Consejeros Titulares con sus respectivos suplentes designados por la Junta Directiva de CONADE.

La designación deberá recaer en personas con profesión de Licenciado en Derecho, conocimiento en el ámbito deportivo, así como reconocido prestigio y calidad moral.

El Consejero Presidente y los Consejeros Titulares durarán cuatro años en su encargo pudiendo ser ratificados por un periodo más.

El funcionamiento, integración y operación del COVED estarán regulados en términos de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Sección TerceraDe Otras Asociaciones y Sociedades

Artículo 61. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación que conforme a su objeto social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo de la activación física y la recreación deportiva, serán registradas por la CONADE como Asociaciones Recreativo-Deportivas, cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades Recreativo-Deportivas cuando su actividad se realice con fines preponderantemente económicos o de lucro.

Artículo 62. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación que conforme a su objeto social desarrollen, promuevan o contribuyan a la rehabilitación en el campo de la Cultura Física-Deportiva y el Deporte, serán registradas por la CONADE como Asociaciones de Deporte en la Rehabilitación, cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades de Deporte en la Rehabilitación cuando su actividad se realice con fines preponderantemente económicos o de lucro.

Artículo 63. Las personas morales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estructura y denominación que conforme a su objeto social promuevan o contribuyan a la investigación, estudio, análisis, enseñanza, difusión y fomento de la cultura física y el deporte en México, serán registradas por la CONADE como Asociaciones de Cultura Física-Deportiva, cuando no persigan fines preponderantemente económicos o como Sociedades de Cultura Física-Deportiva, cuando su actividad se realice con fines económicos o de lucro.

Artículo 64. Para efecto de que la CONADE otorgue el registro correspondiente como Asociaciones o Sociedades de las descritas en los artículos 61, 62 y 63 éstas deberán cumplir con el trámite previsto por el Reglamento de esta Ley.

Artículo 65. En el caso de que desaparecieran las condiciones o motivaciones que dieron lugar al registro de una Asociación o Sociedad Deportiva de las reconocidas por esta Ley, o que la CONADE estime que existe incumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada, se seguirá el trámite que prevé el Reglamento de la presente Ley, para la revocación del registro inicial.

Artículo 66. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este Título que reciba recursos del erario público, deberá presentar a la CONADE un informe semestral sobre la aplicación de los mismos y estarán sujetos a las auditorías financieras y evaluaciones que la misma CONADE determine.

De igual forma, deberán rendir a la CONADE un informe anual sobre las actividades realizadas y los resultados nacionales e internacionales alcanzados, y acompañar al mismo el programa de trabajo para el siguiente ejercicio.

La CONADE presentará a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión un informe semestral de los resultados alcanzados en la materia.

Sección CuartaDel Comité Olímpico Mexicano

Artículo 67. El COM es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, compuesto entre otros, por las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente afiliadas a las federaciones deportivas internacionales, que cuenten con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, de conformidad con el contenido de la Carta Olímpica, cuya actividad es de utilidad pública; en virtud de que su objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el movimiento olímpico, así como la difusión de los ideales olímpicos en nuestro país y representar al Comité Olímpico Internacional en México.

Artículo 68. El COM se rige de acuerdo a su estatuto, reglamentos y por los principios y normas emanadas del Comité Olímpico Internacional, de conformidad con la legislación nacional e instrumentos internacionales aplicables.

Artículo 69. El COM es el único organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del país en los Juegos Olímpicos y en las competiciones multideportivas regionales, continentales o mundiales, patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional, así como, la inscripción de los integrantes de las delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos.

Artículo 70. El COM promoverá la práctica de las actividades deportivas reconocidas por la Carta Olímpica, dentro del país, y velará por el respeto a la misma difundiendo los principios fundamentales del olimpismo y movimiento olímpico en territorio nacional. De conformidad con la Carta Olímpica, el COM es responsable ante el Comité Olímpico Internacional de hacer respetar en el territorio nacional las normas contenidas en la misma, particularmente para tomar medidas oportunas que impidan toda utilización indebida del símbolo, la bandera, el lema o el himno olímpico, así como para obtener protección jurídica de los términos “olímpico”, “olimpiada”, “juegos olímpicos” y “comité olímpico”.

Artículo 71. El COM en coordinación con la CONADE participará en la integración de las delegaciones deportivas que representen al país en las competiciones que se celebren en el ámbito internacional a que se refiere el artículo 69.

Artículo 72. Libre e independientemente de su objeto y facultades que su estatuto le confiere, el COM tiene entre otros los siguientes fines:

I. Promover en la niñez y en la juventud, la afición al deporte y el espíritu olímpico en todo el País;

II. Establecer en coordinación con las Asociaciones Deportivas Nacionales y la CONADE los métodos y parámetros para la integración de las delegaciones deportivas mexicanas que representen al País en competencias internacionales, patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional, celebrando para ello los convenios que se consideren necesarios;

III. Colaborar con las entidades públicas y privadas en el fomento de una política sana del deporte;

IV. Fomentar el establecimiento de escuelas y centros de capacitación para entrenadores, dirigentes y administradores deportivos;

V. Colaborar y apoyar a la CONADE en todo lo relacionado al desarrollo del deporte.

Sección QuintaDel Comité Paralímpico Mexicano

Artículo 73. El Comité Paralímpico Mexicano es una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida por las Asociaciones Deportivas Nacionales que rigen y organizan los deportes y modalidades deportivas para las personas con discapacidad, debidamente afiliadas a las Federaciones Deportivas Internacionales que cuenten con el reconocimiento del Comité Paralímpico Internacional.

Su objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el movimiento paralímpicos, así como la difusión de los ideales paralímpicos en nuestro país y representar al Comité Paralímpico Internacional en México y su actividad es considerada de utilidad pública.

Artículo 74. El COPAME se rige de acuerdo con su estatuto y reglamento y por los principios y normas del Comité Paralímpico Internacional, de conformidad con la legislación nacional e instrumentos internacionales aplicables.

Artículo 75. El COPAME es el único organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del país en los Juegos Paralímpicos y en las competencias regionales, continentales y mundiales, así como la inscripción de los integrantes de las delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos.

Artículo 76. El COPAME apoyará a las Asociaciones Deportivas Nacionales en el fomento y promoción de la práctica dentro del país de las actividades deportivas reconocidas por el Comité Paralímpico Internacional y velará por el respeto a la misma, difundiendo los principios fundamentales del paralimpismo en territorio nacional, de conformidad con el Comité Paralímpico Internacional.

Artículo 77. El COPAME participará, en coordinación y respeto mutuo de sus respectivos derechos y jurisdicciones con la CONADE en la integración de las delegaciones deportivas que representen al país en las competencias que se celebren en el ámbito internacional al que se refiere el artículo 75.

Título TerceroDe la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte

Artículo 78. La CAAD es un órgano desconcentrado de la SEP cuyo objeto es resolver el recurso de apelación que se interponga en los casos y términos previstos en esta Ley y su Reglamento, así como fungir como Panel de Arbitraje, o coadyuvar en las mediaciones y conciliaciones, respecto de las controversias de naturaleza jurídica deportiva que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, con la organización y competencia que esta Ley establece; dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independiente de las autoridades administrativas.

Artículo 79. La CAAD, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Conocer y resolver mediante el recurso de apelación, sobre las impugnaciones planteadas por cualquier persona física o moral inscrita en el RENADE o cualquiera de los miembros del SINADE, en contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las autoridades, entidades u organismos deportivos, que afecten los derechos deportivos establecidos a favor del apelante, en la presente Ley o en los reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen.

El impugnante podrá optar en agotar el medio de defensa que corresponda o interponer directamente el recurso de apelación.

II. Conceder la suspensión provisional y, en su caso, definitiva, del acto impugnado dentro del trámite del recurso de apelación;

III. Efectuar la suplencia de la deficiencia de la queja dentro del trámite del recurso de apelación, cuando el impugnante no sea directivo, autoridad, entidad u organismo deportivo;

IV. Fungir como conciliador dentro del trámite del recurso de apelación;

V. Intervenir como Panel de Arbitraje en las controversias que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, o entre unos y otros, de conformidad con el Reglamento que se expida para tal efecto;

VI. Coordinar un área de mediación y conciliación con la participación de personal calificado y, en su caso, de mediadores o conciliadores independientes, para permitir la solución de controversias que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, o entre unos y otros, de conformidad con el Reglamento que se expida para tal efecto.

Para efectos de esta fracción se entiende por mediación la función de establecer comunicación y negociación entre las partes para prevenir o resolver un conflicto, y por conciliación el método para proponer a las partes alternativas concretas de solución para que resuelvan de común sus diferencias.

VII. Imponer correcciones disciplinarias y medidas de apremio a todas aquellas personas físicas o morales, organismos y entidades deportivas por conducto de sus titulares que se nieguen a acatar y ejecutar o que no acaten y ejecuten en sus términos, los acuerdos, decisiones, laudos y resoluciones emitidos por la propia CAAD, y

VIII. Las demás que establezca la presente Ley y otras disposiciones reglamentarias.

Artículo 80. La CAAD se integrará por un Pleno, por las unidades administrativas y Oficinas Regionales, necesarias para el cabal desempeño de sus funciones.

El Pleno se integrará por un Presidente y cuatro Miembros Titulares. El Ejecutivo Federal designará al Presidente y a los Miembros Titulares.

Los nombramientos antes citados, deberán recaer en personas con profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, amplio conocimiento del ámbito deportivo, y reconocido prestigio y calidad moral.

El Presidente y los Miembros Titulares de la CAAD, durarán tres años en su encargo, pudiendo ser reelectos para un periodo más.

Artículo 81. El Pleno de la CAAD, requerirá para la celebración en sus sesiones de la mayoría de sus miembros integrantes.

En ausencia del Presidente, en cualquiera de las sesiones, asumirá sus funciones, uno de los Miembros Titulares, elegido por mayoría de los presentes.

Cuando la ausencia del Presidente sea definitiva, el titular del Ejecutivo Federal designará de entre los Miembros Titulares, a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. Ante la ausencia definitiva de cualquiera de los Miembros Titulares, el titular del Ejecutivo Federal, designará a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo.

Artículo 82. El Ejecutivo Federal expedirá las normas reglamentarias necesarias para la integración y funcionamiento de la CAAD. Asimismo, proporcionará anualmente el presupuesto para su funcionamiento.

Artículo 83. La tramitación y resolución del recurso de apelación a que hace referencia este Título, se sujetará a los requisitos y condiciones siguientes:

I. Se interpondrá por escrito, por comparecencia o a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, dentro de los quince días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación o se tenga conocimiento del acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, debiéndose señalar la autoridad, organismo o entidad que lo emitió o que fue omiso en su realización, acompañando en su caso, el documento original que lo contenga y su constancia de notificación, así como señalando los hechos y agravios que se le causaron, y ofreciendo las pruebas que acrediten dichos hechos y agravios.

Si la interposición del recurso de apelación se hace por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, el apelante deberá ratificar dicho recurso por escrito y exhibir la documentación a que hace referencia el párrafo anterior, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su interposición.

II. La CAAD, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del escrito o de la comparecencia respectiva, por la que se interpuso el recurso de apelación, o en su caso, a la ratificación del recurso, acordará sobre la prevención, admisibilidad o no del recurso.

Si el recurso fuera obscuro o irregular, o no cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en la fracción anterior, la CAAD prevendrá al apelante para que dentro del término de tres días hábiles subsane los defectos. De no hacerlo transcurrido el término, la CAAD lo tendrá por no admitido y devolverá al apelante todos los documentos que haya presentado.

Una vez admitido el recurso, se correrá traslado al apelado para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación correspondiente, rinda un informe por escrito justificando el acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado, ofreciendo las pruebas que correspondan.

En el acuerdo que determine la admisibilidad del recurso de apelación se citará a las partes a una audiencia de conciliación dentro de los diez días hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o no las partes.

III. Admitido el recurso de apelación, la CAAD podrá conceder la suspensión provisional y en su caso definitiva del acto impugnado o de la resolución materia de la apelación, siempre y cuando lo justifique el apelante, no se trate de actos consumados, no se ponga en riesgo a la comunidad de la disciplina deportiva respectiva, ni se contravengan disposiciones de orden público. La CAAD podrá revocar en cualquier momento esta suspensión, cuando cambien las condiciones de su otorgamiento;

IV. En la audiencia de conciliación, la CAAD escuchará a las partes en conflicto y de ser posible propondrá una solución al mismo, que podrá ser aceptada por ambas partes, mediante la celebración de un convenio que tendrá los efectos de una resolución definitiva emitida por la CAAD. En caso de que las partes no quisieran conciliar, la CAAD continuará con la secuela del procedimiento, pronunciándose sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, y citándolas a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, dentro de los diez días hábiles siguientes, la que se llevará a cabo concurran o no las partes;

V. Las pruebas admitidas se desahogarán en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, y de ser posible en un solo día. Acto seguido, en su caso las partes formularán alegatos y se citará para la resolución definitiva que deberá emitir el Pleno de la CAAD en ese momento, o dentro de los quince días hábiles siguientes, en razón de lo voluminoso del expediente.

VI. Las notificaciones se podrán hacer a las partes por correspondencia o mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Asimismo, se podrán utilizar dichos medios para la administración de los expedientes formados con motivo del recurso de apelación;

VII. Las resoluciones definitivas emitidas por la CAAD no admitirán recurso alguno en el ámbito deportivo, agotarán la vía administrativa, serán obligatorias y se ejecutarán en su caso, a través de la autoridad, entidad u organismo que corresponda, que será responsable de su estricto y efectivo cumplimiento, y

VIII. En todo lo no previsto en esta Ley y su Reglamento para la substanciación del recurso de apelación, la CAAD aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Titulo CuartoDel Deporte Profesional

Artículo 84. Se entiende por deporte profesional aquél en el que el deportista se sujeta a una relación de trabajo, obteniendo una remuneración económica por su práctica.

Artículo 85. Los deportistas que participen dentro del deporte profesional, se regirán por lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 86. Los deportistas profesionales mexicanos que integren preselecciones y selecciones nacionales, que involucren oficialmente la representación del país en competiciones internacionales, gozarán de los mismos derechos e incentivos establecidos dentro de esta Ley, para los deportistas de alto rendimiento.

Artículo 87. La CONADE coordinará y promoverá la constitución de comisiones nacionales de Deporte Profesional, quienes se integrarán al SINADE de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

Titulo QuintoDe la Cultura Física y el Deporte

Artículo 88. La cultura física deberá ser promovida, fomentada y estimulada en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del país como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano.

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, involucrando la participación de los sectores social y privado, para realizar las acciones generales siguientes:

I. Difundir programas y actividades que den a conocer los contenidos y valores de la cultura física y deportiva;

II. Promover, fomentar y estimular las actividades de cultura física con motivo de la celebración de competiciones o eventos deportivos;

III. Promover, fomentar y estimular las investigaciones sobre la cultura física y los resultados correspondientes;

IV. Promover, fomentar y estimular el desarrollo de una cultura deportiva nacional que haga del deporte un bien social y un hábito de vida;

V. Difundir el patrimonio cultural deportivo;

VI. Promover certámenes, concursos o competiciones de naturaleza cultural deportiva, y

VII. Las demás que dispongan otras leyes u ordenamientos aplicables.

Los Juegos Tradicionales y Autóctonos y la Charrería serán considerados como parte del patrimonio cultural deportivo del país y la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias deberán preservarlos, apoyarlos, promoverlos, fomentarlos y estimularlos, celebrando convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las Asociaciones Deportivas Nacionales y Asociaciones Deportivas Estatales, del Distrito Federal o municipales correspondientes.

Artículo 89. La CONADE en coordinación con la SEP, los Estados, el Distrito Federal y los municipios planificará y promocionará el uso óptimo de las instalaciones deportivas de carácter público, para promover y fomentar entre la población en general la práctica de actividades físicas y deportivas.

Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, tendrán la obligación de promover y fomentar la práctica de actividades físicas o deportivas entre sus trabajadores, con objeto de contribuir al control del sobre peso y la obesidad, el mejoramiento de su estado físico y mental, y facilitar su plena integración en el desarrollo social y cultural.

Para cumplir con esta responsabilidad podrán celebrar acuerdos de colaboración con la CONADE.

Asimismo, impulsarán la adopción de disposiciones y acuerdos tendientes a facilitar las condiciones de empleo compatibles con la activación física su entrenamiento y participación en competiciones oficiales.

Capítulo IDe la Infraestructura

Artículo 90. Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de las instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y privado en el territorio nacional.

Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público, deberá realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar, considerando la opinión de la Asociación Deportiva Nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público.

Artículo 92. Los integrantes del SINADE promoverán acciones para el uso óptimo de las instalaciones públicas.

Las actividades físicas y la práctica del deporte en espacios naturales deben regirse por los principios de respeto por la naturaleza y de preservación de sus recursos, debiéndose observar las disposiciones de los instrumentos de gestión territorial vigentes.

Asimismo, se respetarán las áreas clasificadas para asegurar la conservación de la diversidad biológica, la protección de ecosistemas y la gestión de recursos, el tratamiento de los residuos y la preservación del patrimonio natural y cultural.

Artículo 93. La CONADE coordinará con la SEP, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y los sectores social y privado el adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones de cultura física y deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes.

Artículo 94. La CONADE formulará las normas y criterios requeridos en materia de instalaciones deportivo-recreativas, deportivas, del deporte en la rehabilitación y activación física deportiva.

Para tal efecto, constituirá los fondos, fideicomisos o cualquier otro instrumento financiero que permita el transparente manejo de los recursos federales que para este objeto se destinen y que del uso de las instalaciones se obtengan.

Artículo 95. En los términos de los convenios de coordinación y colaboración respectivos, los Gobiernos Estatal, del Distrito Federal y Municipales inscribirán sus instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física y deporte al RENADE, previa solicitud de los responsables o administradores de cualquier instalación de cultura física o deporte, con la finalidad de contar con la información actualizada que permita la planeación nacional.

La CONADE podrá solicitar a las autoridades correspondientes que se suspenda total o parcialmente el uso de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos mínimos de operación señalados en las Normas Oficiales Mexicanas, ordenamientos técnicos de las disciplinas deportivas correspondientes y demás disposiciones aplicables, cumpliendo el procedimiento que para ese propósito prevea el Reglamento de esta Ley.

Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en las que se celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial.

Artículo 97. La CONADE promoverá ante las diversas instancias de gobierno la utilización concertada de laboratorios, centros de salud, parques, plazas y demás espacios o instalaciones públicas en apoyo a la cultura física y el deporte.

Artículo 98. En el uso de las instalaciones a que se refiere este Capítulo, con fines de espectáculo, deberán tomarse las providencias necesarias que determine la presente Ley y la Comisión Especial.

Asimismo, deberán respetarse los programas y calendarios previamente establecidos, así como acreditar por parte de los organizadores, ante la Comisión Especial, que se cuenta con póliza de seguro vigente que cubra la reparación de los daños a personas y bienes que pudieran ocasionarse, cuando así se acredite su responsabilidad y que sea sujeto de ser asegurado.

Capítulo IIDe la Enseñanza, Investigación y Difusión

Artículo 99. La CONADE promoverá, coordinará e impulsará en coordinación con la SEP la enseñanza, investigación, difusión del desarrollo tecnológico, la aplicación de los conocimientos científicos en materia de activación física, cultura física y deporte, así como la construcción de centros de enseñanza y capacitación de estas actividades.

Artículo 100. En el desarrollo de la investigación y conocimientos científicos, deberán participar los integrantes del SINADE, quienes podrán asesorarse de universidades públicas o privadas e instituciones de educación superior del País de acuerdo a los lineamientos que para este fin se establezcan en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 101. La CONADE participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de activación física, cultura física y deporte con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Gobiernos de las Entidades Federativas, del Distrito Federal, y Municipales, organismos públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la cultura física y el deporte. En los citados programas, se deberá contemplar la capacitación respecto a la atención de las personas con algún tipo de discapacidad.

Artículo 102. La CONADE promoverá y gestionará conjuntamente con las Asociaciones Deportivas Nacionales la formación, capacitación, actualización y certificación de recursos humanos para la enseñanza y práctica de actividades de cultura física deportiva y deporte. Para tal efecto, emitirá los lineamientos necesarios en los que se determine el procedimiento de acreditación considerando lo dispuesto por la Ley General de Educación.

Capítulo IIIDe las Ciencias Aplicadas

Artículo 103. La CONADE promoverá en coordinación con la SEP, el desarrollo e investigación en las áreas de Medicina Deportiva, Biomecánica, Control del Dopaje, Psicología del Deporte, Nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte y las que se requieran para la práctica óptima de la cultura física y el deporte.

Artículo 104. La CONADE coordinará las acciones necesarias a fin de que los integrantes del SINADE obtengan los beneficios que por el desarrollo e investigación en estas ciencias se adquieran.

Artículo 105. Los deportistas integrantes del SINADE tendrán derecho a recibir atención médica. Para tal efecto, las autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal, Municipales promoverán los mecanismos de concertación con las instituciones públicas o privadas que integren el sector salud.

Los deportistas y los entrenadores que integren el padrón de deportistas de alto rendimiento dentro del RENADE, así como aquellos considerados como talentos deportivos que integren preselecciones y selecciones nacionales, deberán contar con un seguro de vida y gastos médicos que proporcionará la CONADE, así como incentivos económicos con base a los resultados obtenidos. El procedimiento correspondiente quedará establecido en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 106. Las instituciones y organizaciones de los sectores social y privado están obligadas a prestar el servicio médico que se requiera durante las prácticas y competiciones oficiales que promuevan y organicen.

Artículo 107. Las instituciones del sector salud y educativo promoverán en su respectivo ámbito de competencia, programas de atención médica, psicológica y de nutrición para deportistas, formación y actualización de especialistas en medicina del deporte y ciencias aplicadas, así como para la investigación científica.

Artículo 108. La Secretaría de Salud y la CONADE, procurarán la existencia y aplicación de programas preventivos relacionados con enfermedades y lesiones derivadas de la práctica deportiva, así como proporcionar servicios especializados y de alta calidad en medicina y demás ciencias aplicadas al deporte.

Artículo 109. Las instancias correspondientes, verificarán y certificarán que los laboratorios y profesionistas dedicados al ejercicio de estas ciencias, cumplan con los requisitos que fijen los Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas que sobre el particular, emita la dependencia con competencia en la materia.

Capítulo IVDel Estímulo a la Cultura Física y al Deporte

Artículo 110. Corresponde a la CONADE y a los organismos de los sectores públicos otorgar y promover en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y en su caso, en la convocatoria correspondiente.

La CONADE promoverá y gestionará la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio, a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.

La CONADE, regirá los criterios y bases para el otorgamiento y monto de la beca a que se harán acreedores los beneficiados por los fideicomisos creados para reconocimiento a medallistas olímpicos y paralímpicos.

La CONADE gestionará y establecerá los mecanismos necesarios para que los deportistas con discapacidad, sin discriminación alguna, gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorgue el Gobierno Federal a los deportistas convencionales.

Artículo 111. Los estímulos a que se refiere el presente Capítulo, que se otorguen con cargo al presupuesto de la CONADE, tendrán por finalidad el cumplimiento de alguno de los siguientes objetivos:

I. Desarrollar los programas deportivos de las Asociaciones Deportivas Nacionales;

II. Impulsar la investigación científica en materia de activación física, cultura física y deporte;

III. Fomentar las actividades de las Asociaciones Deportivas, Recreativas, de Rehabilitación y de Cultura Física, cuyo ámbito de actuación trascienda de aquél de las Entidades Federativas;

IV. Promover la actividad de clubes, asociaciones, ligas y deportistas, cuando esta actividad se desarrolle en el ámbito nacional;

V. Cooperar con los Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte y, en su caso, con los Municipales, del Distrito Federal y con el sector social y privado, en el desarrollo de los planes de la actividad deportiva escolar y universitaria, así como en los de construcción, mejora y sostenimiento de instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de alto rendimiento;

VI. Promover con los CONDE, Universidades y demás instituciones educativas la participación en los programas deportivos y cooperar con éstos para la dotación de instalaciones y medios necesarios para el desarrollo de sus programas;

VII. Promover con las Universidades la participación en los programas deportivos universitarios y cooperar con éstas para la dotación de instalaciones y medios necesarios para el desarrollo de sus programas.

VIII. Contribuir a elevar el desarrollo deportivo de los países de nuestro entorno histórico y cultural en respuesta a tratados o convenios de cooperación internacional;

IX. Fomentar y promover equitativamente planes y programas destinados al impulso y desarrollo de la actividad física y del deporte para las personas con discapacidad, y

X. Realizar cualquier actividad que contribuya al desarrollo de las competiciones que de acuerdo con la legislación vigente corresponda a la CONADE.

Artículo 112. Los candidatos a obtener estímulos y apoyos a que se refiere este Capítulo, deberán satisfacer además de los requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley los siguientes:

I. Formar parte del SINADE, y

II. Ser propuesto por la Asociación Deportiva Nacional correspondiente.

El trámite y demás requisitos para ser acreedores de los estímulos a que se refiere este Capítulo, se especificarán en el Reglamento de la presente Ley y su otorgamiento y goce estará sujeto al estricto cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, los Reglamentos Técnicos y Deportivos de su disciplina deportiva, así como a las bases que establezca el Ejecutivo Federal por conducto de la CONADE.

Artículo 113. Los estímulos previstos en esta Ley podrán consistir en:

I. Dinero o especie;

II. Capacitación;

III. Asesoría;

IV. Asistencia, y

V. Gestoría.

Artículo 114. Serán obligaciones de los beneficiarios de los estímulos antes señalados:

I. Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de los estímulos;

II. Acreditar ante la entidad concedente, la realización de la actividad o la adopción del comportamiento así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda;

III. El sometimiento a las actuaciones de comprobación y a las de control financiero que correspondan en relación a los estímulos y apoyos concedidos, y

IV. Facilitar cuanta información le sea requerida por las autoridades de la Administración Pública Federal.

Artículo 115. Las personas físicas y morales, así como las agrupaciones que hubieren contribuido al desarrollo de la cultura física y el deporte nacional, podrán obtener reconocimiento por parte de la CONADE, así como en su caso, estímulos en dinero o en especie previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan.

Artículo 116. Para efecto del cumplimiento de lo dispuesto por el presente Capítulo, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento brindará los apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto rendimiento con posibilidades de participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

En el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, concurrirán representantes del Gobierno Federal, del Comité Olímpico Mexicano, y los particulares que aporten recursos a dicho fondo, mismo que estará conformado por un Comité Técnico, que será la máxima instancia de este fondo y responsable de autorizar los programas de apoyo y los deportistas beneficiados, quien se auxiliará de una Comisión Deportiva, integrada por un panel de expertos independientes.

La Comisión Deportiva, se apoyará en las opiniones de asesores nombrados por especialidad deportiva, quienes deberán ser expertos en sus respectivas disciplinas y podrán emitir sus opiniones sobre los atletas propuestos y sus programas de preparación.

Artículo 117. Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento que gocen de apoyos económicos y materiales a que se refiere el presente Capítulo, deberán participar en los eventos nacionales e internacionales a que convoque la CONADE.

Capítulo VDel Control de Sustancias Prohibidas y Métodos no Reglamentarios en el Deporte

Artículo 118. Se declara de interés público, la prohibición del consumo, uso y distribución de sustancias farmacológicas potencialmente peligrosas para la salud y métodos no reglamentarios destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar el resultado de las competiciones.

Artículo 119. Se entenderá por dopaje en el deporte la administración a los deportistas o a los animales que estos utilicen en su disciplina, así como su uso deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de un método no reglamentario; enunciado en la lista vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, misma que será publicada por la CONADE anualmente para efectos del conocimiento público.

Se sancionará como infracción, por dopaje, lo establecido en la fracción I del artículo 151 de la presente Ley.

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con la participación de los sectores social y privado velarán por la aplicación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y los demás ordenamientos que resulten aplicables.

Artículo 120. La CONADE promoverá la creación de un Comité Nacional Antidopaje, involucrando para el efecto, a todas aquellas instancias públicas o privadas que a través de sus respectivas competencias puedan formar parte de dicho Comité.

Artículo 121. El Comité Nacional Antidopaje será junto con las asociaciones deportivas nacionales, la instancia responsable de conocer de los resultados, controversias e irregularidades en las normas y procedimientos que surjan de los controles dentro y fuera de competición a que sean sometidos los deportistas en el territorio nacional.

Artículo 122. Cuando se determinen casos de dopaje dentro o fuera de competición, las asociaciones deportivas nacionales cuyos atletas hayan resultado positivos, tendrán la obligación de hacer del conocimiento de la CONADE y el COM, cuando corresponda, dicha situación.

Artículo 123. La CONADE, conjuntamente con las Autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales, del sector salud y los integrantes del SINADE, promoverá e impulsará las medidas de prevención y control del uso de sustancias y de la práctica de los métodos referidos en el artículo 118 de la presente Ley. Asimismo, realizará informes y estudios sobre las causas y efectos del uso de dichas sustancias.

Artículo 124. Se establece la obligación de contar con la Cartilla Oficial de Control de Sustancias Prohibidas y Métodos no Reglamentarios que expedirá la CONADE, a los deportistas que integren el padrón de alto rendimiento y talentos deportivos dentro del RENADE. Los requisitos para el otorgamiento de la cartilla mencionada en el presente artículo, se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 125. Todos los deportistas que integren las preselecciones y selecciones nacionales, deberán someterse a los controles para la detección del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios para participar en competiciones nacionales e internacionales o por lo menos en tres ocasiones al año, pudiendo ser éstas dentro o fuera de competición y de acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento de la presente Ley.

Para los atletas de otras nacionalidades que compitan en eventos deportivos dentro del territorio nacional, sólo será requisito, el pasar control si son designados en la competición en que participen.

Artículo 126. Para los efectos de la presente Ley y su Reglamento, se considera infracción administrativa el resultado positivo del análisis antidopaje practicado al deportista o los animales que estos utilicen en su disciplina. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que procedan en el ámbito deportivo y que al efecto se establezcan en el Reglamento de la presente Ley, así como de la responsabilidad penal en que se incurra de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 127. Lo dispuesto en el artículo 122 de la presente Ley, aplica en los mismos términos a los directivos, técnicos, médicos, entrenadores o cualquier otra persona física o moral que resulte responsable de la inducción, facilitación o administración de sustancias, métodos de dopaje prohibidos o no reglamentarios en el deporte. Lo anterior sin menoscabo de las sanciones que pudieran proceder de otros ordenamientos aplicables.

Artículo 128. Los integrantes del SINADE en su respectivo ámbito de competencia, orientarán a los deportistas que hayan resultado positivos en los controles antidopaje para el restablecimiento de su salud física y mental e integración social.

Artículo 129. Los métodos, prácticas y análisis para determinar el uso de sustancias y/o métodos no reglamentarios, deberán realizarse conforme a los establecidos por la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje con estricto apego a las normas y procedimientos que para tal efecto dicte la CONADE y respetando en todo momento, las garantías individuales.

Artículo 130. Los Poderes Públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas normativas para controlar la circulación, disponibilidad, tenencia, importación, distribución, venta y utilización en el deporte de agentes dopantes y de métodos de dopaje prohibidos o no reglamentarios.

Artículo 131. El Comité Nacional Antidopaje, será la instancia responsable de homologar a los laboratorios antidopaje en el ámbito nacional y en su caso, convalidar a aquellos que cuenten con el reconocimiento internacional por parte del Comité Olímpico Internacional y/o la Agencia Mundial Antidopaje.

Artículo 132. Para los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el Comité Nacional Antidopaje, nombrará un Subcomité de Homologación, involucrando para el efecto, a aquellas instituciones públicas o privadas que a través de sus respectivas competencias puedan formar parte de dicho Subcomité.

Artículo 133. La CONADE y el Comité Nacional Antidopaje, serán los responsables de solicitar la acreditación o reacreditación de los laboratorios nacionales homologados, ante las instancias correspondientes, con objeto de alcanzar su certificación internacional.

Artículo 134. La CONADE, será responsable del manejo y funcionamiento del laboratorio central antidopaje.

Artículo 135. El laboratorio central antidopaje tendrá carácter nacional en tanto no exista otro homologado en el país, obligándose las asociaciones deportivas nacionales a enviar a dicho laboratorio para su análisis, todas las muestras biológicas que se recolecten en los eventos y competiciones de carácter nacional o internacional que se realicen en el país.

Artículo 136. Para efectos del artículo anterior, quedan exentas las muestras biológicas recolectadas en los eventos que se realicen en el territorio nacional y que se encuentren inscritos en los calendarios oficiales de competiciones de las federaciones internacionales o aquellas que se enmarquen en el contexto del movimiento olímpico, mismas, que serán remitidas para su estudio analítico al laboratorio certificado por el Comité Olímpico Internacional o la Agencia Mundial Antidopaje que se haya previamente determinado.

Capítulo VIDe la Prevención de la Violencia en el Deporte

Artículo 137. Las disposiciones previstas en este Capítulo, serán aplicables a todos los eventos deportivos, sin perjuicio de dar cumplimiento a otros ordenamientos, que en la materia dicten la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios.

La CONADE, podrá asesorar en la materia, dentro del ámbito de su competencia, a los organizadores de eventos deportivos cuando así lo requieran.

Artículo 138. Para efectos de esta Ley, de manera enunciativa y no limitativa, por actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte se entienden los siguientes:

I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, espectadores, organizadores, directivos o cualquier involucrado en la celebración del evento deportivo en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un evento deportivo que vaya a celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado;

II. La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento deportivo;

III. La entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la agresión en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos. Igualmente, aquéllos que constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento deportivo;

IV. La irrupción no autorizada en los terrenos de juego;

V. La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, con ocasión de la próxima celebración de un evento deportivo, ya sea en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se pueda desplazar a los recintos deportivos, en cuya virtud se amenace o incite a la violencia o a la agresión a los participantes o asistentes a dichos encuentros, así como la contribución significativa mediante tales declaraciones a la creación de un clima hostil, antideportivo o que promueva el enfrentamiento físico entre los participantes en los eventos deportivos o entre asistentes a los mismos;

VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o tecnológicos que den soporte a la actuación de las personas o grupos que promuevan la violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos, o la creación y difusión o utilización de soportes digitales utilizados para la realización de estas actividades, y

VII. Las que establezca la presente Ley, su Reglamento, el Código de Conducta de cada disciplina y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 139. Se crea la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte que será la encargada de elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en el deporte.

La Comisión Especial será un órgano colegiado integrado por representantes de CONADE, de los Órganos Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte, de las Asociaciones Deportivas Nacionales, del COM, del COPAME, del CONDE, de las Ligas Profesionales y, en su caso, de las Comisiones Nacionales del Deporte Profesional.

La composición y funcionamiento de la Comisión Especial se establecerá en el Reglamento de la presente Ley.

En la Comisión Especial podrán participar dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a fin de colaborar, apoyar y desarrollar planes y estudios que aporten eficacia a las acciones encaminadas en la prevención de la violencia en el deporte. Asimismo, podrán participar personas destacadas en el ámbito del deporte.

La coordinación y operación de los trabajos de la Comisión Especial, estarán a cargo de la CONADE.

Artículo 140. Las atribuciones de dicha Comisión Especial además de las que se establezcan en el reglamento respectivo, serán:

I. Promover e impulsar acciones de prevención contra la violencia en el deporte;

II. Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en contra de la violencia, con el fin de conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia social;

III. Asesorar, dentro del ámbito de su competencia siempre que lo requieran, a los organizadores de aquellos eventos o espectáculos deportivos en los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos;

IV. Coadyuvar con las dependencias administrativas involucradas en la realización de eventos deportivos, procuradurías, áreas de seguridad pública y protección civil de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios;

V. Establecer los lineamientos que permitan llevar a cabo los acuerdos o convenios de colaboración entre los tres niveles de gobierno en la materia, los requisitos y normas mínimas que deben cumplir las instalaciones donde se lleven a cabo eventos deportivos, sin perjuicio de las establecidas por Protección Civil, y las medidas que se consideren necesarias para la prevención de la violencia en los eventos deportivos;

VI. Fomentar programas y campañas de divulgación en contra de la violencia y la discriminación a fin de retribuir los valores de integración y convivencia social del deporte;

VII. Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del SINADE sobre la implementación de medidas tendientes a erradicar la violencia y la discriminación en el desarrollo de sus actividades y la celebración de eventos deportivos;

VIII. Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de prevención de la violencia en el deporte, y

IX. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 141. Dentro de los lineamientos que emita la Comisión Especial a que se refiere el artículo anterior deberán regularse, en lo concerniente al acceso a los eventos deportivos, entre otras medidas:

I. La introducción de armas, elementos cortantes, punzantes, contundentes u objetos susceptibles de ser utilizados como tales, mismos que puedan poner en peligro la integridad física de los deportistas, entrenadores, directivos, árbitros y de espectadores o asistentes en general;

II. El ingreso y utilización de petardos, bombas de estruendo, bengalas, fuegos de artificio u objetos análogos;

III. La introducción de banderas, carteles, pancartas, mantas o elementos gráficos que atenten contra la moral, la sana convivencia o inciten a la violencia, así como cualquier elemento que impida la plena identificación de los espectadores o aficionados en general;

IV. El establecimiento de espacios determinados, de modo permanente o transitorio, para la ubicación de las porras o grupos de animación empadronados por los clubes o equipos y registrados ante su respectiva Asociación Deportiva Nacional, y

V. El ingreso de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas; así como de personas que se encuentren bajo los efectos de las mismas.

Artículo 142. Quienes en su carácter de asistente o espectador acudan a la celebración de un evento deportivo deberán:

I. Acatar las disposiciones normativas relacionadas con la celebración de eventos deportivos que emita la Comisión Especial, así como las de la localidad en donde se lleven a cabo, y

II. Cumplir con las indicaciones señaladas por el organizador, mismas que deberán contener las causas por las que se pueda impedir su entrada a las instalaciones donde se llevará a cabo dicho espectáculo.

Con estricto respeto a las disposiciones y procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos en materia de responsabilidades administrativas, civiles y penales aplicables de carácter federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, los asistentes o espectadores que cometan actos que generen violencia u otras acciones sancionables al interior o en las inmediaciones de los espacios destinados a la realización de la cultura física, el deporte y en las que se celebren eventos deportivos en cualquiera de sus modalidades, serán sujetos a la aplicación de la sanción correspondiente conforme a los ordenamientos referidos por la autoridad competente.

Artículo 143. Los deportistas, entrenadores, técnicos, directivos y demás personas, en el ámbito de la disciplina deportiva, deberán actuar conforme a las disposiciones y lineamientos que para prevenir y erradicar la violencia en el deporte emita la Comisión Especial, así como los establecidos en las disposiciones reglamentarias y estatutarias emitidas por las Asociaciones Deportivas Nacionales respectivas.

Artículo 144. Los integrantes del SINADE, podrán revisar continuamente sus disposiciones reglamentarias y estatutarias a fin de promover y contribuir a controlar los factores que puedan provocar estallidos de violencia por parte de deportistas y espectadores.

Asimismo, brindarán las facilidades y ayuda necesarias a las autoridades responsables de la aplicación de las disposiciones y lineamientos correspondientes para la prevención de la violencia en el deporte, a fin de conseguir su correcta y adecuada implementación.

Capítulo VIIDe las Infracciones y Sanciones

Artículo 145. La aplicación de sanciones administrativas por infracciones a esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones que de ella emanen, corresponde a la CONADE.

Artículo 146. Las sanciones administrativas a que se refiere el artículo anterior, se aplicarán de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Los servidores públicos, además estarán sujetos a las leyes que rigen la materia.

Artículo 147. Contra la resolución de la autoridad que imponga sanciones administrativas, procederá el recurso de revisión independientemente de las vías judiciales que correspondan.

Artículo 148. En el ámbito de la justicia deportiva, la aplicación de sanciones por infracciones a sus estatutos, reglamentos deportivos y ordenamientos de conducta corresponde a:

I. El COM, el COPAME, las Asociaciones Deportivas Nacionales, los Organismos Afines, las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva, y

II. A los directivos, jueces y árbitros de competiciones deportivas.

Artículo 149. Contra las resoluciones de los organismos deportivos que impongan sanciones, proceden los recursos siguientes:

I. Recurso de inconformidad, tiene por objeto, impugnar las resoluciones y se promoverá ante la instancia inmediata en orden ascendente dentro de la estructura deportiva nacional, y

II. Recurso de apelación, el cual se promoverá ante la CAAD.

Para efectos de este artículo, se entiende por estructura deportiva nacional, la distribución y orden que guardan entre sí las autoridades deportivas y los integrantes del asociacionismo deportivo del país.

Artículo 150. Para la aplicación de sanciones por faltas a estatutos, reglamentos y ordenamientos de conducta, los organismos deportivos que pertenecen al SINADE habrán de prever lo siguiente:

I. Un apartado dentro de sus estatutos que considere las infracciones y sanciones correspondientes, de acuerdo a su disciplina deportiva, el procedimiento para imponer dichas sanciones y el derecho de audiencia a favor del presunto infractor;

II. Los criterios para considerar las infracciones con el carácter de leves, graves y muy graves, y

III. Los procedimientos para interponer los recursos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 151. Se considerarán como infracciones muy graves a la presente Ley, las siguientes:

I. En materia de dopaje:

a) La presencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista;

b) La utilización o tentativa, de las sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como de métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones;

c) La promoción, instigación, administración y encubrimiento a la utilización de sustancias prohibidas o métodos no reglamentarios dentro y fuera de competiciones;

d) La negativa o resistencia, sin justificación válida, a someterse a los controles de dopaje dentro y fuera de competiciones cuando sean exigidos por los órganos o personas competentes, posterior a una notificación hecha conforme a las normas antidopaje aplicables;

e) Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta realización de los procedimientos de represión del dopaje;

f) La falsificación o tentativa, de cualquier parte del procedimiento de control del dopaje;

g) Tráfico o tentativa, de cualquier sustancia prohibida o de algún método no reglamentario, y

h) La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica deportiva.

II. Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades;

III. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, y

IV. El incumplimiento o violación a los estatutos de las Asociaciones Deportivas Nacionales, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos.

Artículo 152. A las infracciones a esta Ley o demás disposiciones que de ella emanen, se les aplicarán las sanciones administrativas siguientes:

I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Deportivas Nacionales, Recreativo-Deportivas, del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Física-Deportiva:

a) Amonestación privada o pública;

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos;

c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales de cultura física y deporte, y

d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE.

II. A directivos del deporte:

a) Amonestación privada o pública;

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE, y

c) Desconocimiento de su representatividad.

III. A deportistas:

a) Amonestación privada o pública;

b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos, y

c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE.

IV. A técnicos, árbitros y jueces:

a) Amonestación privada o pública, y

b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al SINADE.

Artículo 153. Las sanciones por las infracciones previstas en el presente Capítulo se impondrán de conformidad con el procedimiento previsto en el Reglamento de esta Ley.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de dos mil tres, y se derogan todas las disposiciones jurídicas que contravengan la presente Ley.

En cuanto a las disposiciones legales y reglamentarias que se refieren a la CODEME, se ajustarán a las previsiones señaladas en la presente Ley.

Tercero. El Reglamento y demás disposiciones reglamentarias a que se refiere esta Ley deberán expedirse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley.

Cuarto. En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que no la contravengan.

Quinto. En todo lo previsto en la presente Ley para la Secretaría de la Función Pública, se estará a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil trece.

Sexto. La CONADE desarrollará las nuevas atribuciones que le confiere la presente Ley con los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta actualmente.

Séptimo. Las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la CONADE se harán dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley y deberá inscribirse en el Registro Público de organismos descentralizados.

Octavo. La CAAD se ajustará a los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta actualmente. Respecto del periodo de duración del Presidente y Miembros Titulares que actualmente integran la CAAD, éste se contabilizará a partir de la fecha en la que fueron designados.

Noveno. Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta Ley, que se hubiesen iniciado bajo la vigencia de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de la Ley que se abroga.

Décimo. Para los efectos de la integración y actualización del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte de conformidad con el artículo 30, fracción XIII de la Ley, las Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas en los términos de la presente Ley, deberán acreditar en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales, que cumplen con lo dispuesto en el artículo 54 de esta Ley.

Décimo Primero. Para los efectos de lo establecido en la presente Ley las autoridades competentes ajustarán su legislación dentro del primer año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril 16 de 2013.

La Comisión de Deporte, diputados: Felipe Muñoz Kapamas (rúbrica), William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Flor de María Pedraza Aguilera, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra, José Guadalupe García Ramírez, Alejandra López Noriega, María Isabel Ortiz Mantilla, Ponciano Vázquez Parissi, Tomás Brito Lara, Catalino Duarte Ortuño, Gerardo Villanueva Albarrán, Jorge Salgado Parra (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, para presentar dictamen para fundamentarlo.

El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas:Con la venia de la Presidencia. El derecho a la práctica del deporte y a la cultura física fueron reconocidos constitucionalmente el 12 de octubre de 2011; en el mismo sentido, se estableció la responsabilidad del Estado mexicano para garantizarlos, mediante su promoción, fomento y estímulo.

Es en este contexto, de una nueva trascendencia y naturaleza del deporte y cultura física, que la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, que contiene el dictamen que presenta esta comisión adquiere su relevancia histórica.

Después del estudio de la minuta enviada por la colegisladora que se realizó en la Comisión del Deporte, es que se determinó por la mayoría de sus integrantes dictaminarla en sentido favorable.

A partir de este nuevo instrumento jurídico se consolida la promoción, fomento y estímulo, previstos constitucionalmente en todos los niveles de gobierno con confluencia del sector público, privado y social, con la finalidad de que la cultura física y el deporte echen raíces en cada mexicana y en cada mexicano, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, promoviendo así el desarrollo armónico e integral de nuestra población.

El nuevo ordenamiento legal establece en su título primero las bases generales para la distribución de competencias, la colaboración y la coordinación entre los tres niveles de gobierno en la materia, atendiendo el principio de concurrencia previsto desde nuestra Carta Magna.

Los objetivos principales de este nuevo marco normativo son fomentar de forma equitativa el desarrollo de la cultura física y deporte, como un instrumento para preservar la salud y disminuir las enfermedades y como una herramienta para prevenir el delito, incentivando siempre la confluencia del sector social y el privado en inversión para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como lo marcan las mejores marcas y prácticas internacionales en la materia.

Asimismo se privilegia la formulación de estrategias que den un eje rector al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, integrado por el Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y que se constituirá como el documento básico para el desarrollo de la actividad deportiva nacional, definiendo objetivos, metas políticas, responsabilidades y coordinación.

Tampoco puede dejar de destacarse el fortalecimiento que se hace al Sistema Nacional del Deporte, órgano colegiado donde coinciden gobierno, sociedad y asociaciones civiles, así como instituciones del sector público y privado, coordinando a través del diálogo, la legalidad y el consenso, su ámbito de competencia en la cultura física y en el deporte.

En este clima de actualización y remozamiento, no puede dejarse a un lado el fortalecimiento de los sistemas estatales del deporte, así como la participación directa de las comisiones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, lo que determina el nuevo rumbo democrático, plural e incluyente de la cultura física y el deporte en nuestro país.

Sin embargo, el impacto no es solamente a nivel de políticas públicas y programas, sino que busca incidir favorablemente en los sectores que más requieren de impulso para su desarrollo.

Es en este sentido donde se contempla por primera vez el concepto de deporte social, instrumento para la promoción de oportunidades y acceso a la participación deportiva de toda índole, como puede ser el deporte recreativo, el educativo o bien, el enfocado a la salud o a la rehabilitación.

La inclusión del derecho a la cultura física y el deporte en nuestro artículo 4o. constitucional dota de una nueva dimensión a esta materia, pues se le incluye junto a derechos tan importantes, como la salud o el acceso a un medio ambiente adecuado, que junto a otra serie de derechos —que buscan corregir el bienestar social— ven en el Estado a su garante, por lo que los intereses particulares no pueden ni deben inmiscuirse en la protección de los derechos fundamentales, categoría que ha adquirido la cultura física y el deporte.

Es en congruencia con lo expuesto, que corresponde a la Conade la responsabilidad exclusiva de conducir y articular la política nacional de la cultura física y el deporte, sin intermediarios, sin duplicidad de funciones, sin triangulación de recursos destinados al deporte, favoreciendo siempre la transparencia y la rendición de cuentas, eliminando prácticas autoritarias, opacas, discrecionales, en entorno de las autoridades deportivas civiles que inciden negativamente en el desempeño y práctica del deporte en México.

Otra de las virtudes del proyecto que se pone a consideración de esta máxima tribuna es que se contará con cifras reales, a través de la unificación y uniformidad de la información de los tres órdenes de gobierno y de las asociaciones deportivas, tanto de deportistas como de instalaciones deportivas en todo el territorio nacional, a través de la correcta y efectiva instrumentación del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte.

En materia de inclusión, la ley hace un reconocimiento al deporte practicado por personas que viven con alguna discapacidad y a los atletas paralímpicos, ejemplo de tenacidad y constancia, que nos han brindado triunfos y han revestido de gloria el orgullo de nuestro país, otorgándole al Comité Paralímpico Mexicano un merecido sitio en el Sinade a la par del Comité Olímpico Mexicano, para que todos los deportistas gocen de los mismos derechos, sin distingos ni exclusiones.

Finalmente, se crean, fortalecen y consolidan herramientas como órganos tendientes a garantizar la igualdad, la democracia, la salud, la justicia, la prevención de la violencia y la equidad, tanto en justas deportivas como en el ámbito de las asociaciones involucradas en la práctica del deporte, con estricta y cabal observancia de las disposiciones estatutarias, legales, nacionales e internacionales.

Distinguidos compañeros diputados y diputadas, es el momento de avanzar a favor del deporte mexicano, por lo que los conmino, compañeras y compañeros, a ser participes de este gran paso cualitativo en la materia, proveyendo de un terreno fértil y sólido para que nuestros deportistas puedan crecer, desarrollarse y triunfar de la mano con una sociedad fuerte, sana, comprometida, con compañeros y entrenadores capacitados, talentosos y decididos, con instalaciones modernas, dignas y funcionales, con un gobierno eficiente y de calidad, con legisladores responsables y sensibles y comprometidos con una ley sólida y justa.

Porque si nuestros atletas crecen, se desarrollan y triunfan, México también crece, se desarrolla y triunfa. Es cuanto, compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Está a la consideración del pleno; por lo tanto, para presentar moción suspensiva, tiene el uso de la voz don Gerardo Villanueva Albarrán.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Vengo a esta tribuna a plantear nuestro derecho a una moción suspensiva, porque el tema que estamos tratando el día de hoy no corresponde a lo que se acaba de expresar por parte del presidente de la Comisión del Deporte.

Les puedo decir, diputadas y diputados, que estamos perdiendo una oportunidad histórica para darle al deporte el perfil que nos ordena la reforma constitucional que se realizó por unanimidad en esta Cámara, que coloca al deporte como un derecho humano. Al dictar esta Cámara el párrafo 12 del artículo 4o. constitucional y al incluirlo en el capítulo de derechos humanos, al definir al deporte como un derecho social, esta Cámara lo menos que podía hacer es precisamente incorporar el enfoque de derechos humanos y los principios de los derechos sociales.

Aquí se confunde de una manera increíble el espíritu de esa reforma constitucional y lo que se acaba aprobando sin discusión, diputados y diputadas, es la politiquería dentro del deporte.

El problema central es que el presidente de la Comisión del Deporte nos arrebató la posibilidad de corregir, de revisar, de subsanar omisiones; el Senado lo único que hace es quitar a la Codeme, darle más atribuciones a la Conade, crear el Coved, poniendo en riesgo la autonomía de las federaciones, que es un asunto que el presidente de la Comisión del Deporte no nos dio oportunidad de discutir.

Además, se violó permanentemente el marco jurídico de esta Cámara de Diputados; el proyecto de dictamen se nos entregó el día 15 de abril. El artículo 177 obliga, no le pregunta al presidente de la comisión si puede o si quiere, no, lo obliga a circular cinco días antes de que se someta a consideración un proyecto de dictamen.

Aquí está la fecha, 15 de abril, con la firma del presidente de la Comisión del Deporte. Además de que se violaron otros artículos del propio Reglamento.

Señor presidente Felipe Muñoz, este libro —por cierto, hoy es Día del Libro— este libro hay que leerlo, este libro es lo que nos norma, el deporte es respeto a los diputados, el deporte es respeto a la sociedad, el deporte es respeto.

Ese clima usted lo está rompiendo al hacer trampa, y rompió un récord de violaciones a este libro. No nada más a los principios constitucionales a los cuales estoy haciendo referencia, y ojalá suba algún diputado del PRI o del Partido Verde, que se quedaron solos en la sesión del 16 de abril, porque nos salimos los diputados del Movimiento Ciudadano, del PT, del PRD y del Partido Acción Nacional, porque en ese momento no admitimos el atropello al mandato constitucional y a los contenidos del Reglamento; se jugó sucio, no hubo respeto a los diputados, se violó el Reglamento.

Señor diputado, lo único que tiene de histórico este momento es el abuso, es el atropello, y es el autoritarismo con el cual se actuó.

En una comisión —le voy a decir una cosa, diputado— una comisión que maneja un tema que nos tiene que unir, que nos tiene que llenar de concordia y de armonía para sacar todo lo que usted dijo, pero también lo que se aprobó con la reforma constitucional, que son el enfoque de los derechos humanos y que ustedes ningunearon. Es cuanto, diputado presidente.

«Moción suspensiva respecto del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante el Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente Moción Suspensiva, respecto del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Motivación y justificación

El propósito fundamental de la presente moción suspensiva, consiste en suspender procesalmente la inminente discusión del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte, emitido por la Comisión del Deporte de esta Cámara.

Esto, en razón de muchos motivos, como los siguientes:

• El artículo 85 del Reglamento señala de manera clara los elementos que debe contener un dictamen, mismos que no se cumplen sobre el presentado para la discusión por la Comisión del Deporte, mediante tarjeta de fecha 15 de abril de 2013, firmada por el presidente de la comisión.

• El artículo 156 señala los requisitos que debe contener toda convocatoria a reunión de comisión y a pesar de que en la tarjeta con fecha 16 de abril de 2013 firmada por el presidente de la Comisión del Deporte no se señala el tipo de reunión según el citado artículo (ordinaria, extraordinaria, de comisiones unidas o de conferencia) en la Gaceta Parlamentaria se especifica que el tipo de reunión es ordinaria.

De la Comisión de Deporte

A la reunión ordinaria por efectuarse el martes 16 de abril, a las18:00 horas, en el Salón de usos mú1típles número 2 del edificio I.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

2. Verificación y declaración de quórum.

3. Análisis, discusión y. en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que expide 1a Ley General de Cultura Física y Deporte, turnada el 10 de abril de 2013.

Atentamente

Diputado Fe1ipe Muñoz Kapamas, Presidente

• El martes 16 de abril en la Cámara de Diputados, durante la reunión de trabajo de la Comisión del Deporte, convocada por su presidente, Felipe Muñoz, integrantes de dicha comisión, pertenecientes a los grupos parlamentarios distintos del PRI, manifestaron su preocupación e hicieron llegar sus extrañamientos por el método utilizado para que fuese realizada la votación de la minuta de la Ley General de Cultura Física y Deporte, enviada por el Senado de la República.

• Lo anterior, en función de lo dispuesto por el artículo 177 párrafo 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que manifiesta que el Presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen entre sus integrantes, con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote.

• Cabe señalar que la discrecional Junta Directiva de la Comisión del Deporte, citó sin la anticipación debida y sin justificar ninguna urgencia, para sesión ordinaria en la que se incluyó en el orden del día el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte.

• Esto contraviene además lo dispuesto por la fracción II del artículo 150 del Reglamento de Cámara de Diputados, el cual señala que para toda sesión ordinaria de comisión, se requieren al menos 48 horas para la emisión de la convocatoria, antes de la celebración de la reunión.

• Se “discutió” y “aprobó” en la reunión ordinaria en comento, el dictamen por el que se expide la Ley General de Cultura Física y Deporte, sin contar con la presencia de los diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios diferentes del PRI y sus adláteres. Es decir, se “probó”” el dictamen con una cantidad de votos, que ni siquiera hacían quórum en la Comisión: 14.

Todo lo anterior, sin dejar de mencionar que en aras de privilegiar la instrucción o la orden del jefe máximo de su partido, los priístas decidieron ignorar por completo la serie de iniciativas que previamente habían sido presentadas y turnadas a la Comisión del Deporte. Las cuales versaban, igual que la minuta, sobre la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La diferencia es que mientras dichas iniciativas se fueron el dormir el sueño de los justos, incluso dejando truncado el proceso de análisis y discusión, la minuta, que mañosamente fue superpuesta, a la postre se dictaminó de manera súbita.

Por otro lado, como ha quedado claro con el proceso legislativo llevado a cabo en torno a la reforma laboral, la del fuero, la de Telecomunicaciones y la de la nueva Ley de Amparo, entre otras, se ha transformado a esta Cámara en una gran oficialía de partes al servicio de todos y cada uno de los designios del Ejecutivo.

Aquí, cabe interpolar; tiene que decirse con todas sus letras: los del partido mayoritario, están burlando todas las prácticas democráticas, se están ufanando de su injustificada e ilegítima sobre representación.

N o puede ser que dentro del proceso legislativo no se genere la revisión adecuada al dictamen por parte de la Cámara de Diputados, que es la Cámara revisora dado que del Senado fue donde se originó la minuta y en lugar de cumplir con el reglamento, se aprueba un dictamen sin darle lectura, sin modificarle una sola coma, todo por evitar “que demore más” regresando al senado con las observaciones pertinentes.

Estamos por concluir el primer año de ejercicio legislativo de la presente Legislatura, y los saldos han sido francamente lamentables, vergonzosos e indignantes; entre otras cosas, se ha alcanzado un récord histórico para la ignominia: la aprobación en el menor número de tiempo de una serie de reformas que nos auto mutilan, nos auto flagelan, nos auto limitan y nos auto exponen frente a un absolutismo disfrazado como presidencia fuerte.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea, la presente moción suspensiva, con el efecto de suspender inmediatamente la discusión’ en trámite de manera indefinida.

Atentamente

Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de abril de 2013.— Diputados: Ricardo Monreal Ávila Gerardo Villanueva Albarrán, Nelly del Carmen Vargas Pérez , Ricardo Mejía Berdeja, Zuleyma Huidobro González Martha Beatriz Córdoba Bernal, Aida Fabiola  Valencia Ramírez, Luisa María  Alcalde Luján, Juan Ignacio Samperio Montaño, Merilyn Gómez Pozos, Francisco Alfonso Durazo Montaño, José Luis Valle Magaña, Juan Luis Martínez Martínez, Rodrigo Chávez Contreras, Lorena Méndez Denis, José Soto Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de tomarse en consideración de inmediato, la moción suspensiva.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediata para su discusión la moción suspensiva. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don René Ricardo Fujiwara Montelongo, para externar la posición del Partido Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la mayoría de las enfermedades crónicas que nos reportan nuestras instituciones públicas de salud, como la osteoporosis, obesidad, procesos reumáticos y alteraciones cardiacas y metabólicas, entre otras, tienen su origen en un estilo de vida fundamentalmente sedentario.

En la Encuesta Nacional de Salud 2012, se estimó que en México existen 22.4 millones de adultos de 20 años o más, que padecen de hipertensión arterial, 26 millones de adultos mexicanos...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, diputado.

Hemos abierto el tablero electrónico cuando ha habido casos de duda y no hubo duda en este caso. Esta Presidencia advierte que aparte de la fijación de posiciones tenemos más de 35 reservas, queremos que se discutan con dignidad y queremos que se discutan en la libertad de que la Cámara tome las mejores decisiones. Permítanos seguir adelante. Continúe el orador.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente. 26 millones de adultos mexicanos presentan sobrepeso y 22 millones obesidad...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Aubry, ¿con qué objeto? El atleta de la palabra.

El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino(desde la curul): Solicitarle, presidente, si puede poner orden. Está el orador hablando, entonces hay que respetar.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues hasta donde mis fuerzas lo alcancen. Esta Presidencia le ruega a los ciudadanos legisladores que hagamos un esfuerzo... sí, doña Flor de María Pedraza Aguilera, la escucho.

La diputada Flor de María Pedraza Aguilera(desde la curul): Presidente, en virtud de que no hay claridad, pido que se abra el tablero de control.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Mire, tanto la secretaria como su servidor vimos una decisión muy completa por parte de la asamblea. Permítanos un segundo, don René. Le ruego me disculpe.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia informa que vamos a votar la moción suspensiva, propuesta por don Gerardo Albarrán, perdón, Gerardo Villanueva Albarrán. El sí es porque prospera la moción suspensiva y entonces tendríamos que tomar otra determinación. El no es para continuar la discusión en este momento.

Esta Presidencia saluda a floricultores del municipio de Tenancingo, invitados por la secretaria Tanya.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se les informa que no se aceptará ningún voto cerrado el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron a favor 184, 2 abstenciones, en contra 275.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia confirma su trámite. Don René Ricardo Fujiwara Montelongo, le ruego continúe y le ruego también me disculpe la interrupción.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, honorable asamblea. Como comentaba, muchas de las enfermedades crónicas que hoy se nos están reportando, incluyendo la osteoporosis, la obesidad, los procesos reumáticos, las alteraciones cardiacas y metabólicas, son condiciones que se relacionan fundamentalmente con un estilo de vida sedentario.

En la Encuesta Nacional de Salud del año pasado se estimó que en México existen 22.4 millones de adultos, de 20 años o más, que padecen hipertensión arterial; 26 millones de adultos mexicanos que presentan sobrepeso y 22 millones que presentan obesidad.

Estas cifras, compañeras y compañeros, indican claramente un reto muy importante en términos de promoción de estilos de vida saludables en la población y en el desarrollo de políticas públicas preventivas. Reconociendo esta problemática, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ha impulsado y promovido diversas mejoras normativas, orientadas al mejoramiento de salud y calidad de vida de los mexicanos, desde una óptica pública transversal.

En función de lo anterior, como grupo parlamentario reconocemos la importancia que tiene la promoción y el desarrollo de la cultura física y el deporte, para el desarrollo individual y colectivo de la sociedad mexicana y, en consecuencia, la nueva Ley General de Cultura Física y el Deporte, que hoy se discute en este pleno, cuenta con el voto a favor de mi grupo parlamentario.

Esta nueva ley, con carácter reglamentario, fortalece el esquema de concertación y distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno e incorpora, con niveles de participación bien definidos, la actuación de las federaciones deportivas, la iniciativa privada, las universidades y en general, de los distintos sectores de la sociedad mexicana. De esta manera, cada actor relevante, sea que participe directa o indirectamente, contribuirá, bajo reglas claras, en la consolidación del derecho que tenemos los mexicanos a la práctica de una actividad física, de la recreación y del deporte, derecho que mediante este instrumento jurídico el Estado habrá de promover, fomentar y estimular, con la finalidad de que los mexicanos gocemos de una mejor calidad de vida.

Esto hay que reconocerlo con una mirada incluyente, de igualdad de oportunidades y con pleno respeto a la dignidad humana, pues destaca el reconocimiento y la participación que en este instrumento normativo tienen las personas con discapacidad y nuestros atletas paralímpicos, que tanta gloria han traído al deporte de nuestro país.

Es de resaltar otras atribuciones de esta nueva ley, como el hecho de que en el sistema nacional del deporte se incluya la participación del Legislativo, como un actor institucional que contribuya al fortalecimiento de la cultura física y el deporte que anhelamos todos los mexicanos, o el impulso, también, que esta misma ley contempla, que se le da al Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, para que de una vez por todas contemos con cifras reales de deportistas y de instalaciones deportivas existentes en México, algo que se viene solicitando desde el año 2000.

Se continúa también la lucha contra las sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios en el deporte, conocidos como doping, así como de todo método no reglamentario, destinado a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas.

La sociedad mexicana ha demostrado a la comunidad deportiva internacional su amplia vocación y promoción por la paz, así lo hizo en el pasado y en los recientes Juegos Panamericanos del 2012.

Sin embargo, no estamos ajenos a los fenómenos de violencia que se han hecho presentes en diversos espectáculos deportivos. Por eso, para que los mexicanos podamos participar con gusto, sin temores y en un ánimo festivo, alentando cada quien los colores de su preferencia, se establece en la ley la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte. Esta comisión estará enfocada a la prevención y erradicación de actos violentos en los espectáculos deportivos, con el propósito de que estos vuelvan a ser un momento anhelado de recreación y esparcimiento familiar.

Al votar a favor de esta ley, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconoce que elevar la calidad de vida de los mexicanos requiere de una participación activa de todos los involucrados, y esta nueva ley es un ejemplo claro de que Estado y sociedad civil, actuando bajo reglas claras podemos lograrlo. Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Gerardo Villanueva, tiene usted el uso de la voz, de nueva cuenta.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Muchas gracias, diputado presidente. Espero que podamos transmitir algo a los compañeros diputados, que por lealtad a su grupo han definido su voto. Pero independientemente del agravio, del cual varias diputadas y varios diputados nos sentimos, por parte del presidente de la comisión, eso es muy independiente y quizás para su pesar va a tener que seguir trabajando con nosotros, y vamos a tener que cuidar que no se violen las reglas de esta Cámara.

De hecho se insistió, por parte del presidente de la Comisión de Deporte, que había hecho las consultas jurídicas necesarias para darle trámite a la minuta del Senado y al dictamen que posteriormente se realizó.

Nosotros consultamos, porque soy integrante del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, que le informo también a mi diputado presidente que es ahí donde se realizan las consultas jurídicas. No se le pregunta al asesor personal, no se le pregunta al líder del grupo parlamentario, no se le pregunta a nadie, más que a este órgano que tiene las atribuciones para emitir estas opiniones técnicamente válidas, porque así lo refiere el Reglamento de la Cámara.

Consultamos a dicho centro y no existe tal consulta. Creo que se le preguntó a algún abogado en particular o a no sé quién, pero evidentemente no se cubre ni siquiera ese requisito.

Pero hagamos a un lado el tema de la violación del marco jurídico de la Cámara, que ya de entrada es sumamente grave. No se nos permitió la discusión de los contenidos. Me parece sumamente grave que se confunda el deporte social con los derechos sociales. Lo que se logró en la anterior legislatura fueron tres cosas fundamentales:

1. Colocar al deporte a un rango constitucional, en el párrafo 12 del 4o. y además en el título que se denomina De los derechos humanos y sus garantías. –No sé si va quedando claro.

2. Que se le da por estos mismos hechos el carácter de derecho humano, pero además se le define como derecho social. –No confundir deporte social con derecho social al deporte.

El enfoque y la perspectiva de derechos humanos le otorga —y eso es lo histórico— al deporte la posibilidad de que como derecho social pueda ser universal, pueda atender los principios de no discriminación, de diversidad, de transversalidad, de integralidad, de equidad de género, de igualdad, de equidad social, de territorialidad, de progresividad, de eficacia.

Lo que pido es que se incorporen estos principios a la ley y es muy sencillo, y más adelante mis compañeros diputados expresarán las razones, por la cual considero, con lealtad a mis principios y a mis convicciones y sin hacer una lectura rebuscada y mucho menos una interpretación jurídica de lo que contiene el artículo 4o. constitucional. En verdad, démosle una checada.

La visión al párrafo 12 del 4o. constitucional es un logro del Poder Legislativo. Tuvimos un periodo en esta Cámara, en este Congreso, una primavera a favor de los derechos humanos. Me parece que es en verdad, y a mí por eso me desespera quizá un poco, que no se retome en la minuta del Senado ni una palabra con respecto a la perspectiva de los derechos humanos y del derecho social en particular.

Todavía más, compañeras y compañeros diputados —y con esto concluyo, diputado presidente, casi me deja sordo. Con esto concluyo, diputado presidente.

Con esto concluyo, compañeros diputados, es muy importante que no dejemos pasar este mandato que nos da la Constitución. No nos podemos quedar únicamente en la grilla. Quitar Codeme no es una reforma histórica. El intervenir en la autonomía de las federaciones afianzando el autoritarismo del Ejecutivo federal a través de Conade, no es una reforma histórica. Nunca se consultó a la comunidad deportiva. Las reuniones siempre las querían a escondidas, sin prensa, sin Canal del Congreso, y a veces sin nuestros propios colaboradores.

¿Por qué tanto temor a abrir nuestro trabajo, a que sea público, a que sea abierto?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego que concluya, diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Y evitar que se excluya a la comunidad deportiva, que es la materia, que son la razón por la cual estamos dando este debate.

Muchas gracias, diputado presidente; gracias por darme la oportunidad de señalar una vez más la forma en cómo se pisoteo el marco jurídico de la Cámara y como se ignoró y ninguneo la posibilidad de discutir el tema de los derechos humanos. No se confundan, programas sociales, no son derechos sociales. No se confundan.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Le ruego concluya, diputado, evíteme la pena de cortar el sonido.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Muchas gracias, diputado presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Gabriela Medrano Galindo, del Verde, tiene el uso de la voz.

Esta Presidencia saluda a representantes comunitarios del I distrito del estado de Querétaro, invitados por la diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, el deporte tiene una gran influencia en nuestra sociedad, destaca de manera notable su importancia en la cultura y en la construcción de una identidad nacional.

En el ámbito práctico, el deporte tiene afectos tangibles y predominantemente positivos en las áreas de la educación, la economía y la salud pública. En el terreno educativo, el deporte juega un papel de transmisión de valores a niños, adolescentes e incluso a adultos.

En conjunción con la actividad física se inculcan valores de respeto, responsabilidad, compromiso y dedicación, entre otros, sirviendo a un proceso de socialización y de involucración con las mejoras de las estructuras y actitudes sociales.

El deporte contribuye a establecer relaciones sociales entre diferentes personas y diferentes culturas y así contribuye a inculcar la noción de respeto hacia los otros, enseñando cómo competir constructivamente, sin hacer del antagonismo un fin en sí. Otro valor social importante en el deporte es el aprendizaje de cómo ganar y cómo saber reconocer la derrota, sin sacrificar las metas y objetivos.

La respuesta al deber constitucional de fomentar el deporte es para generar acuerdos a favor de un México más sano y próspero. En tal sentido, surge la necesidad de promulgar una nueva ley para la actividad física y el deporte, como un proceso integral democrático.

Con la presentación de esta nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, el Partido Verde está determinado en promover la celebración de una identidad deportiva y asigna al Estado mexicano como responsable a garantizar su promoción, fomento y estímulo.

Se promoverá con especial atención la identificación y formación de talentos deportivos, fomentando la cultura física en los niveles educativos y sociales, con el objetivo de mejorar el desempeño de nuestros atletas, directivos, entrenadores, jueces, árbitros y técnicos y se buscará mayor participación de alto rendimiento.

Se integrará por primera vez el concepto de deporte social, que busca promover la igualdad en la participación de actividades deportivas, educativas y recreativas de salud.

Uno de los beneficios de esta nueva ley es que logrará el acercamiento de los ciudadanos a la cultura física y a la práctica del deporte, permitiendo elevar la calidad de vida de cada mexicano y vencer de manera directa el gran problema de sobrepeso y obesidad, que nos ha estado atacando en el transcurso de estos últimos años, buscando la promoción, fomentación y estimulación de la enseñanza del país, logrando un desarrollo positivo e integral en el mexicano.

Con la aprobación de esta nueva legislación se permitirá que el Estado mexicano acepte su responsabilidad de dar seguimiento a las políticas públicas sobre cultura física y deporte, recuperando la habilidad de coordinar y evaluar. El Estado aporta estímulo y planeación estratégica que necesitan las asociaciones civiles, las cuales desempeñan un gran papel.

Con esta ley, el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, el principal instrumento que coordina y aglutina a todos los organismos del deporte en nuestro país, se verá fortalecido al clasificar las responsabilidades y funciones de sus integrantes.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como órgano responsable gubernamental, participará en los programas deportivos de los estados, de las asociaciones civiles y de organismos escolares, como ente integrador, optimizando recursos, evitando dispendios y triangulaciones innecesarias.

Se integrará por primera vez un verdadero Registro Nacional del Deporte, que contempla no solo a deportistas, sino también a entrenadores, organismos e instalaciones deportivas que tienen que ver con la cultura física y deporte.

Igual por primera vez se contemplan acciones directas contra la violencia en los espectáculos deportivos, fomentándolos de una forma segura y pacífica. Se fortalece la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, ampliando su margen de acción hacia todas las personas físicas o morales inscritas en el Registro Nacional del Deporte, fortaleciendo los mecanismos de justicia alternativa en materia deportiva, donde la CAAD podrá fungir como conciliador en el recurso de apelación e intervenir como panel de arbitraje.

Se establecen nuevas disposiciones para prevenir el uso de sustancias prohibidas y velar por la aplicación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y otros ordenamientos aplicables.

Finalmente, por primera vez se reconocerá en la ley al Comité Paralímpico Mexicano, dando reconocimiento al deporte paralímpico como una actividad pública, con el objetivo de fomentarlo y fortalecerlo, generando las oportunidades que permitan no solo a estos deportistas, sino a todas las personas con discapacidad el tener una mejor calidad de vida.

Termino, presidente. Compañeras y compañeros diputados, por lo anterior el Partido Verde votará a favor de esta nueva legislación, que impulsa un cambio cualitativo en beneficio de todos los mexicanos.

Reafirmamos nuestro compromiso social, impulsando leyes como ésta, que garantizan el derecho social de todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Juana Bonilla Jaime, del PRD, tiene el uso de la voz.

La diputada Juana Bonilla Jaime:Con su venia, señor presidente; honorable asamblea, en principio me permito agradecer la participación activa y comprometida de mis compañeros integrantes de la Comisión de Deporte, toda vez que conjuntamente manifestamos nuestro compromiso porque se respete el marco jurídico de esta Cámara.

Lamentamos profundamente la actitud cerrada al diálogo y la concertación del presidente de la Comisión de Deporte, quien demuestra de esa manera su falta de oficio y cuya actitud hace propicia la confrontación al interior de la comisión.

El dictamen que hoy se presenta ante esta soberanía para su análisis y discusión pretende hacer efectivo el derecho que en materia de cultura física y deporte tenemos los ciudadanos mexicanos, siendo consecuentes con la reforma constitucional que le antecedió.

La colegisladora, al enviarnos la minuta, ha ponderado la necesidad de contar con un marco normativo que contemple diversos aspectos de la realidad deportiva que la ley abrogada no consideraba.

Consideramos igualmente que puede ser un factor en el combate a la inseguridad que aqueja a nuestra nación y promotora de valores cívicos y democráticos que permitan tener una sociedad con mente y cuerpo sanos.

La iniciativa establece la concurrencia constitucional y las bases de coordinación y colaboración de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, la participación de los sectores, social y privado, en el ámbito de la cultura física y el deporte.

Asimismo determina la competencia de la Comisión Nacional del Deporte como responsable de la conducción de la política nacional en materia de cultura física y deporte, elimina la duplicidad de funciones, evita la triangulación de recursos y apoyos a federaciones y/o asociaciones deportivas nacionales, e implementa una transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos destinados al deporte.

Se considera al Comité Paralímpico como parte integral del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, situación que lo coloca en el mismo nivel que al Comité Olímpico Mexicano. En este contexto, un deportista con discapacidad y un deportista convencional no tendrán diferencia alguna ante la presente ley.

La ley crea el Consejo de Vigilancia Deportiva Electoral, instancia que vigilará los procesos electorales de las asociaciones deportivas, observando se cumpla con estricto apego a las disposiciones estatutarias legales nacionales e internacionales aplicables.

Asimismo, prevé evitar la existencia de dos federaciones o asociaciones deportivas de una misma disciplina. Contempla un mayor margen de acción de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte hacia todas las personas físicas o morales pertenecientes al Finade e inscritas en el Renade; fortalece los mecanismos de justicia alternativa en materia deportiva, al permitir que se pueda atender, a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

Se da forma a la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, con el fin de prevenir y erradicar los actos violentos en los espectáculos deportivos.

Por lo anteriormente expuesto, invito a todos mis compañeros legisladores a aprobar el dictamen que aquí se presenta, a fin de dotar de un marco jurídico que garantice el acceso al derecho a la cultura física y el deporte de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Doña Flor de María Pedraza Aguilera, del PAN, tiene el uso de la voz.

La diputada Flor de María Pedraza Aguilera:Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y diputadas, en la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional la normatividad vigente en el haber parlamentario no representa un medio de consulta o un procedimiento de implicaciones parciales que puede manejarse al antojo de intereses particulares o de acuerdos carentes de fundamento legal, sino por el contrario, como parte y base del Poder Legislativo un diputado debe ser el primer defensor de cada línea, párrafo y contenido de todos y cada uno de los textos que nos rigen como parte sustancial del Poder Supremo de la Nación.

En esta Cámara, el apego al Reglamento interno ha parecido más una estrategia de simulación que un verdadero compromiso con el marco legal. Nos mofamos de ser en quienes recae la responsabilidad de cambiar las leyes en México, pero nuestra legitimidad política no podrá ser validada totalmente hasta el momento en que respetemos nuestras propias normas y seamos ejemplo de la legalidad ante la sociedad, a la que tenemos el gran honor de representar.

Los hechos ocurridos en fechas pasadas en el actuar del presidente de la Comisión del Deporte, el ciudadano Felipe Muñoz Kapamas, descrito hace un momento por el diputado Gerardo Villanueva, avergüenzan y denigran la seriedad con la que las comisiones de esta LXII Legislatura han comenzado su trabajo, pero que ya tiene el antecedente y, por tanto, el estigma de dar prioridad a los acuerdos políticos y particulares que a la legalidad a la que estamos sujetos a través del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Las claras violaciones a los artículos 85, 150, 156 y 177 del mencionado Reglamento, referentes a los procesos de convocatoria, a reuniones de carácter extraordinario y a los procesos de dictamen de una minuta, han empañado de manera permanente la legalidad con la que se rige la Comisión del Deporte.

Parece increíble, pero todavía en pleno 2013, después de un proceso de transición gubernamental, en lo que debería considerarse un ambiente político de conciliación e inclusión, pero sobre todo, de estricto apego a la legalidad, encontramos actitudes autoritarias y poco éticas, como las que ha tenido el diputado Muñoz Kapamas, en dos intentos de albazo para pasar la Ley de Cultura Física y Deporte sin el suficiente tiempo para su análisis y discusión.

Su aprobación ha sido resultado de una violación a los procedimientos legislativos; por tanto, exigimos que la minuta regrese a la comisión correspondiente y cumpla con todos los requerimientos normativos a que debe haber lugar.

En Acción Nacional no estamos en contra de reformar la actual situación del deporte nacional, es urgente y eminente un cambio sustancial, que refuerce y dé un giro total a los resultados deportivos poco alentadores que históricamente ha tenido nuestro país de manera general.

El PAN no está en contra del cambio estructural bien definido, discutido y consensuado ni en contra de la modernización de un sector que forjará a los futuros ídolos del deporte nacional.

En lo que Acción Nacional sí está en contra, es en hacer las cosas de una manera arbitraria e irresponsable, pasando por alto el gran encargo de poner por encima de cualquier circunstancia la legalidad de un proceso, que bien pudo haber sido aplaudido de manera general por todos los grupos parlamentarios de este recinto, pero que sin embargo hoy es cuestionado por la forma tan parcial e ilegal bajo la que se ha llevado a cabo.

Como bien lo dije en la última reunión de la Comisión del Deporte, estoy consciente de que existen diputados que solo vienen al Palacio de San Lázaro a levantar la mano, sin importarles siquiera que se pisoteen los principios legales, pero sobre todo la ética política, moral y social tan delicada a la que estamos sujetos, como servidores públicos.

Por todo lo anteriormente expuesto y en un claro acto de consolidación de respeto a los principios de legalidad al procedimiento parlamentario del Honorable Congreso de la Unión, los integrantes del Partido Acción Nacional votaremos en contra de esta ley en lo general.

Quiero decirle al presidente de la Comisión del Deporte, que por encima de las buenas intenciones siempre estará el correcto manejo y uso de nuestras normas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y mire que fue mucho. Don Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, tiene el uso de la voz.

El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga:Con su permiso, señor presidente. Distinguidas diputadas y diputados del Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario del PRI está a favor del presente dictamen, porque es la oportunidad histórica de consagrar el derecho de todos los ciudadanos de acceder a la cultura física y el deporte en igualdad de oportunidades, sin distingos ni discriminación alguna.

Nos estamos acogiendo a la Carta Internacional de Educación Física y el Deporte, adoptada en la Conferencia General de la UNESCO durante su sesión celebrada el 21 de noviembre de 1978: Todo ser humano tiene derecho a acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. Treinta y cinco años después lo estamos haciendo.

Esta Ley establece las bases para ejercer la actividad deportiva que ayude en el proceso de formación, integración y capacitación de las niñas, niños, jóvenes de este país para formar seres humanos integrales, ¿y por qué no? Futuros atletas. Precisa con claridad reglas de validez y certificación de personal capacitado —y subrayo capacitado— que ayude a desarrollar desde temprana edad el talento, las aspiraciones de la niñez mexicana a través de la cultura física.

Esta Ley se convierte en una política de Estado que de forma transversal ayudará a prevenir las enfermedades crónico-degenerativas que hoy tanto cuestan al país, y será una herramienta indispensable en la lucha contra las adicciones y la prevención del delito.

Es de evidente relevancia del deporte y la cultura física, como herramientas preventivas del delito y el abuso de sustancias nocivas, pues promueve el respeto a los colegas, los entrenadores, al adversario, a uno mismo, a las reglas, virtud que al trasladarse a los demás ámbitos de la vida social genera buenos ciudadanos, tolerantes, comprometidos y respetuosos de la ley.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos con lo que los atletas mexicanos dicen allá afuera, es más barato construir y mantener una unidad deportiva que un hospital de alta especialidad que atienda a la obesidad y a la diabetes —lo dicen los atletas allá afuera— y es más barato —de igual manera— construir y mantener una alberca olímpica o un estadio, que un centro penitenciario de alta peligrosidad.

Inculquemos a nuestros hijos el amor al deporte y desde ahí vamos a empezar muy bien; esta ley lo ve, lo abraza y lo promueve. En busca de la transparencia de los recursos, el fortalecimiento del órgano rector del deporte, la Conade, que dé certidumbre a los atletas mexicanos de recibir toda la ayuda posible para el desempeño de sus disciplinas.

Es el momento que han estado esperando nuestros deportistas, vamos a ayudarlos, terminemos con las incontables historias de abandono e indiferencia. Esta ley es para ellos, no es para los funcionarios.

Todas las leyes del deporte en el mundo se hacen para los atletas, para los ciudadanos, no para los funcionarios, y al final es para ellos; los atletas son quienes se sacrifican, entrenan e invierten en su propia preparación, en sus triunfos o fracasos, y al final, solo al final, cuando orgullosamente ganan una presea, una medalla, aparece la gente de pantalón largo, los funcionarios y se toman la foto con ellos y los abrazan y casi, casi les dicen: sin mi participación, tu éxito no hubiera sido una conquista para México. El ciclo olímpico ya comenzó y es el momento de apoyarlos.

Finalmente, esta ley termina con la indiferencia entre el atleta convencional y el paralímpico. Cómo han luchado los paralímpicos para que se les reconozca. Más medallas, menos atletas, mejores delegaciones y son los que menos apoyos reciben.

Aquí quisiera hacer un paréntesis especial. Esta ley por lo que está empantanado y por lo que surgen las discusiones, es porque es el tema de quitarle recursos a la Codeme y se acabe la duplicidad de funciones.

Yo les quisiera decir que nunca vi a un funcionario de pantalón largo en el block de salida de la pista de atletismo concentrado, pensando en que los próximos 400 metros, si gana la medalla de oro o gana medalla de plata, le va a resolver la vida a su familia y le va a traer orgullo a México, como Ana Guevara.

Tampoco vi a ningún funcionario de pantalón blanco levantar el peso que levantó Soraya para una medalla de oro, que le costó la salud en sus rodillas, en sus pulmones y a quien hace unos días le brindamos un minuto de silencio, cuando le tendríamos que dar una vida de aplausos.

Tampoco he visto que ningún funcionario de pantalón largo reciba los golpes de María Espinoza para ganar una medalla de oro. Y tampoco he visto, que Paola que estuvo aquí e invitamos a Paola y no la escucharon, porque vino a pedir ayuda y de repente allá afuera los atletas tienen dolor, porque parece que vamos a privilegiar siempre a la gente de pantalón largo, y se los digo así —termino presidente—: citius, altius, fortius, uno de los lemas del movimiento olímpico: más rápido, más alto, más fuerte, así tiene que ser esta ley, para que las oportunidades y los apoyos a nuestras niñas, niños, jóvenes, ciudadanos y atletas lleguen más rápido y de manera suficiente.

Demos a los mexicanos la oportunidad de llegar cada vez más alto en sus pretensiones y sus anhelos. Que el deseo de superación encuentre eco en esta Legislatura. Y finalmente, cuidemos y vigilemos que esta ley dé la oportunidad a todos por igual para acceder a una vida sana para que esta nación sea más fuerte. Cituis, altius, fortius, por México para siempre.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bueno. Don Chabelo Trejo, tiene usted el uso de la voz en contra.

El diputado José Isabel Trejo Reyes:Gracias, señor presidente. Justifico mi incursión para hablar en contra del dictamen, con el antecedente de que formé parte de la Comisión de Juventud y Deporte durante seis años en el Senado de la República y tuve el gusto, por cierto, de tener varias reuniones de trabajo con mi compañero diputado, con quien tuve realmente la satisfacción de hacer cosas por el deporte en este país, con el diputado Felipe Muñoz.

Pero exactamente lo que está pasando en la Cámara, ése es un reflejo claro de lo que va a pasar con el deporte en el país. La incursión estatista en el deporte federado, en el deporte de la sociedad civil va a ser desquiciante para el deporte mexicano.

Estoy de acuerdo que el Estado mexicano debe incurrir en apoyo al deporte, en que lo deba abrazar, en que subsidiariamente lo debe apoyar, pero un abrazo fraternal. Lo que se está haciendo con esta ley es darle un abrazo de pulpo, de un pulpo que todo lo quiere abarcar en el deporte. Y quizá fuera bueno si ese pulpo tuviera la capacidad para ver por el deporte mexicano.

Pero está demostrado que el gobierno no tiene capacidad para tener una incursión exitosa en el deporte y en las asociaciones civiles. Esta ley está violando con la esencia y la letra de la Carta Olímpica y el señor diputado Felipe Muñoz lo sabe; pone en peligro la participación de los deportistas en los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas —hay que recordarlo— son participaciones entre deportistas y equipos, no entre países.

Resulta que con esta ley estamos haciendo un IFE en la Conade, un órgano electoral que va a incursionar para elegir a los directivos de las asociaciones deportivas nacionales. Ya veré los escándalos de los fraudes electorales, siendo acusado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Conade, por incursionar en las federaciones deportivas. Ése es el gran peligro de esta reforma, la violación a la Carta Olímpica. No tengo esperanzas del voto a favor de mi postura, pero queremos dejar claras las consecuencias que puede tener aprobarla.

La Carta Olímpica claramente establece que todas aquellas asociaciones en el mundo que cumplan con lo que establece la misma pueden formar parte de ella. Pero si no, pueden ser excluidas de inmediato, de manera temporal o de manera definitiva.

¿En qué consiste esta reforma, exactamente esta nueva ley, señor presidente? Ruego un minuto, señor presidente. La reforma consiste en la incursión, esta nueva ley, compañeras diputadas y compañeros diputados, implica una injerencia estatista que va a ser desquiciante para el deporte. Lo vamos a ver con el tiempo.

Con el tiempo afortunadamente podemos corregir esta ley y van a venir las reformas más temprano que tarde, cuando todas las federaciones deportivas empiecen a darse cuenta que van a tener que reformar todos sus estatutos y que van a tener que aceptar un órgano electoral que va a supervisar su vida interna. Va a ser desquiciante.

Hay que apoyar al deporte con el abrazo del Estado mexicano, pero nunca con el abrazo de un pulpo asfixiante, que en este caso se ve venir en la ley del deporte. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Esta Presidencia tiene las siguientes reservas:

El artículo 1o., Flor de María Pedraza Aguilera.

El párrafo primero del 3o., Gerardo Villanueva Albarrán.

Fracción I del 3o., Alfonso Durazo Montaño.

Fracción II del 3o., Juan Ignacio Samperio Montaño.

Fracción III del 3o., Martha Beatriz Córdova Bernal.

Fracción IV del 3o., José Soto Martínez.

Fracción V del 3o., José Luis Valle Magaña.

Fracción VI del 3o., Aída Fabiola Valencia Ramírez.

Fracción VII del 3o., Gerardo Villanueva Albarrán.

Fracción VIII del 3o., Zuleyma Huidobro González.

Fracción IX del 3o., Alfonso Durazo Montaño.

Fracción X del 3o., Martha Beatriz Córdova Bernal.

Fracción XI del 3o., Flor de María Pedraza Aguilera.

Fracción XII del 4o., Ricardo Mejía Berdeja.

El artículo 20, Gerardo Villanueva Albarrán.

Fracción XVI del 30, Ricardo Mejía Berdeja.

Fracción XVIII del 30, Ricardo Mejía Berdeja.

El 50, segundo párrafo, Nelly del Carmen Vargas.

El 59, Ricardo Mejía Berdeja.

El 60, Ricardo Mejía Berdeja.

El 80, párrafo segundo, Nelly del Carmen Vargas.

El 88, Martha Beatriz Córdova Bernal.

El 93, Gerardo Villanueva Albarrán.

El 94, Gerardo Villanueva Albarrán.

El 95, párrafo segundo, Gerardo Villanueva Albarrán.

El 96, Alfonso Durazo Montaño.

El 99, Rodrigo Chávez.

El 115, Francisco Coronato Rodríguez.

El 138, fracción VII, recorriéndose una fracción, Francisco Coronato Rodríguez.

El 138, Francisco Coronato Rodríguez.

El 139, párrafo segundo, Francisco Coronato Rodríguez.

El 115, adición de una fracción, Luisa María Alcalde Luján.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados. Esta Presidencia informa que para las reservas se darán tres minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:De viva voz, diputados, por favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 297 votos en pro, 1 abstención y 158 votos en contra.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y los artículos no reservados en lo particular.

Para presentar su reserva al artículo 1o. de la ley, tiene el uso de la voz la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del PAN.

La diputada Flor de María Pedraza Aguilera:Diputado presidente, le solicito que en un solo acto me deje dar los argumentos correspondientes al artículo 1o. y 3o.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí puede presentar sus dos reservas, diputada.

La diputada Flor de María Pedraza Aguilera: Compañeras y compañeros diputados, para las mujeres nuestra participación en las actividades deportivas ha representado un largo historial de batalla contra la discriminación y los estereotipos; las mexicanas que han logrado el reconocimiento como deportistas, entrenadoras, juezas, árbitras, directivas, funcionarias públicas y especialistas en ciencias aplicadas al deporte han tenido que enfrentar un ambiente de trato desigual y de misoginia.

En 1888, cuando el humanista y escritor Pierre de Coubertin creó el Comité para la Propagación de los Ejercicios Físicos en la Educación y más tarde, en 1894 realizó un Congreso Internacional para la Instauración de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, dejó claro que la mujer no participaría en ellos, por considerarlo aberrante y contrario a la salud pública.

De acuerdo con la Carta Olímpica Internacional, toda forma de discriminación en contra de un país o de una persona, ya sea por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo o de otro tipo, es incompatible con la pertenencia al Movimiento Olímpico.

La igualdad en el deporte significa que las mujeres gocen de las mismas oportunidades para desarrollarse en todas las facetas del ámbito deportivo, eliminando de manera efectiva y visible en la realidad todos los obstáculos y barreras erigidas por los estereotipos culturales.

Alice Milliat es un claro ejemplo de la voluntad inquebrantable de las mujeres, cuando se trata de lograr su máxima realización como seres humanos. Nació en Nantes, Francia, practicaba el remo y pronto se percató de que los Juegos Olímpicos estaban prohibidos para las mujeres. Alice fundó en 1915 el Club Fémina de París para promover el deporte entre las mujeres; en 1919 creó la Federación de Sociedades Femeninas de Francia y en 1922 fundó los Juegos Olímpicos Femeninos, mismos que fueron realizados en París.

En 1934 su organismo se integró a la Federación Internacional de Atletismo para dar cabida a las mujeres de manera oficial a los juegos organizados por el Comité Olímpico Internacional.

En los Juegos Olímpicos realizados en 1968 en México, por primera vez una mujer encendió el pebetero olímpico, la atleta Enriqueta Basilio. En esta misma edición, por primera vez dos atletas mujeres se colocaron en el medallero mexicano, fueron la esgrimista Pilar Roldán, con la medalla de plata en flores y la nadadora María Teresa Ramírez, que ganó la medalla de bronce en la modalidad de 800 metros nado libre. Aunque la lista de mujeres que destacan en las actividades deportivas ha ido en ascenso, aún contamos con un sistema del deporte nacional en el que prevalecen los hombres.

El contenido del dictamen que hoy nos ocupa y que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte, puede representar un instrumento para reformar positivamente el andamiaje del deporte nacional; sin embargo, es necesario que en él permeen las acciones afirmativas en pro de la igualdad entre la mujer y el hombre, a fin de lograr las relaciones más equilibradas en la conducción del deporte en nuestro país.

Es por ello que hoy vengo a poner a consideración de este pleno dos reservas que reforman el artículo 1o. y la fracción XI del artículo 3o. del dictamen con proyecto de decreto que expide la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Primera reserva. Dice: Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en toda la República. Reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las autoridades estatales, del Distrito Federal y las municipales, así como a los sectores social y privado, en los términos que se prevén.

La propuesta es que debe decir: Artículo 1o. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en toda la República. Reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con igualdad para hombres y mujeres, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a las autoridades estatales, del Distrito Federal y a las municipales, así como a los sectores social y privado, en los términos que se prevén.

La segunda reserva dice: Artículo 3o. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base los siguientes principios:

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad de los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte.

La propuesta es que debe decir: Artículo 3o. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte tienen como base los siguientes principios:

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, la igualdad, la integridad, salud y seguridad de las y los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte.

Solamente con una Ley General de Cultura Física y del Deporte que contemple acciones afirmativas en favor de la participación visible de la mujer podremos hacer realidad para todos los mexicanos el espíritu de la reforma que incluyó un párrafo decimosegundo al artículo 4o. constitucional, que a la letra dice: Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo, conforme a las leyes en la materia. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea en votación económica si se admiten las reservas presentadas por la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, a los artículos 1o. y al artículo 3o., fracción XI. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admiten a discusión, se rechazan. Los artículos se reservan para su votación en conjunto con los demás, en los términos del dictamen.

Para presentar su reserva al artículo 3o., párrafo primero, tiene el uso de la voz el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. El primer capítulo de nuestra Constitución resguarda los derechos humanos y por lo tanto, la obligación del Estado para garantizarlos.

En ese primer capítulo, en el artículo 4o., párrafo doceavo, se señala que: Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Y deja establecida la responsabilidad del Estado para su promoción, fomento y estímulo, conforme a las leyes en la materia, misma ley en la materia que ahora se discute y en la cual no se hace la más mínima mención a esa condición.

Siendo el deporte un derecho humano, adquiere la condición de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica, en el artículo 2 —cito—: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Por su parte, la Carta Internacional de la Cultura Física y el Deporte, de la UNESCO, indica que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos, depende de la posibilidad brindada a todos y cada uno a desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte.

Subraya que la educación física y el deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, así como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutuos, y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humana.

En ese contexto se debe centrar la discusión del dictamen de Ley de Cultura Física y Deporte; se debería de estar resaltando la condición de derecho humano y social que la Constitución y los tratados internacionales le imprimen al deporte y, sin embargo, la propuesta no incorpora en su cuerpo, en ningún artículo, idea alguna que refiera al deporte su calidad de derecho humano.

Mi compañero de la comisión, el diputado Gerardo Liceaga, hizo mención de la Carta Internacional de Educación Física y Deporte; sin embargo, lo reto respetuosamente a que me indique en dónde se incorpora un solo principio que señala esta carta.

Es cierto, nos tardamos más de 30 años, pero entonces, si nos tardamos tanto, hagámoslo bien, incorporemos los principios de universalidad, igualdad, equidad de género, equidad social, justicia distributiva, diversidad, integralidad, territorialidad, exigibilidad, participación, transparencia y efectividad.

Le aseguro, diputado tocayo, que no aparece una sola palabra de lo que usted dice que sí existe en este dictamen. Con todo respeto, lo reto a que suba y me corrija e indique dónde se encuentran estos principios que deben tener todos los derechos sociales, por favor. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Gerardo Villanueva.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva del diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión, se rechaza el artículo en su primer párrafo. Se reserva para su votación en conjunto.

Tiene ahora la palabra el diputado Alfonso Durazo, para presentar su reserva al mismo artículo 3o., fracción I.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Compañero presidente, compañeras y compañeros diputados, según el principio de la universalidad de los derechos humanos, cada Estado tiene la potestad de adaptar dichas normas a las peculiaridades políticas, religiosas y culturales de sus pueblos, pero en ningún caso contradecir abiertamente lo dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos.

El deporte es reconocido en nuestra Constitución como un derecho humano y como tal recibe la categoría de universal, con la cual debe ser accesible a toda persona, sin importar su condición.

Del mismo modo, el manifiesto sobre el deporte elaborado por el Consejo Internacional de Educación Física y Deporte, en colaboración con la UNESCO, se refiere al derecho de toda persona a practicar el deporte.

El mismo manifiesto dicta también que es incompatible con el espíritu del deporte toda tentativa para restringir el acceso al mismo por consideraciones sociales, políticas o religiosas, o para establecer cualquier otra discriminación de similar cariz.

En nuestra Constitución se señala, en el artículo 4o, que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes.

Estando este artículo inserto en el capítulo De los derechos humanos, se reconoce también su valor de universalidad. Pero además la práctica del deporte no es únicamente un asunto recreativo de esparcimiento, no es tampoco un tema que solamente tenga que ver con la creación de éxitos deportivos, medallas y estrellas del deporte; si bien estas razones tienen su importancia fundada, la existencia de una política de Estado que promueva la actividad física entre la población es un asunto de estabilidad social.

A favor de este argumento podemos decir que las sociedades que valoran y practican deportes de manera regular son menos propensas a desarrollar enfermedades prevenibles y, por lo tanto, ejercen menos presión sobre los sistemas de seguridad social, especialmente los de salud.

Por el contrario, la ausencia de una cultura del deporte contribuye como un factor más a debilitar el tejido social y a propiciar su desintegración. Así, la seguridad nacional entendida como las condiciones que permiten dar estabilidad y continuidad al proyecto nacional, porque los individuos puedan llevar su vida adelante en un clima de tranquilidad y estabilidad tiene, en la existencia de una cultura de la actividad física, un factor importante de fortalecimiento de la cohesión social y la paz.

Por todo lo anterior, se propone la siguiente reserva, modificar el artículo 3o., fracción I del dictamen para quedar como sigue:

Artículo 3o., fracción I. Universalidad: La práctica del deporte reconocido como derecho humano y social es accesible a todos los habitantes del país.

Muchas gracias, espero contar con su apoyo para sacar adelante esta reserva. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Alfonso Durazo Montaño. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza.

Tiene ahora la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, para presentar su reserva a la fracción II del mismo artículo 3o.

Va presentar la reserva la diputada. Adelante, diputada. Va a presentar la reserva la diputada Córdova.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes, compañeros diputados. El sector deportivo es un sector que tiene un impacto económico en nuestra comunidad de 300 mil millones de pesos, esto es un 2 por ciento del producto interno bruto. A lo expuesto hay que sumar una importante fuente de recursos, personal de mantenimiento e instalaciones públicas o privadas; el comercio de tienda especializadas, ropa, calzado, complementos, material específico, entre otros.

El deporte es una fuente de empleo generadora de recursos económicos directos o indirectos; impulsa el turismo que generan los aficionados a las actividades de las diversas disciplinas, sin mencionar el importante movimiento económico que manejan los congresos o encuentros profesionales y sectoriales; los gimnasios, con sus monitores, las empresas de turismo deportivo y de naturaleza; los profesionales de la fisioterapia, osteopatía y medicina del deporte cuyos principales clientes son deportistas aquejados de lesiones por traumas o por el ejercicio deportivo.

Es indudable que la industria del deporte tiene hoy una capacidad incalculable de generar empleo y de extender su propio dinamismo hacia otros sectores económicos emergentes o clásicos, y que paulatina y rápidamente están adaptando y desarrollando las aplicaciones de las nuevas tecnologías de información y difusión en redes sociales, en busca de mejorar su competitividad.

El deporte como un motor económico es indudable; sin embargo, también puede ser utilizado como un vehículo para la creación de diferentes formas de capital humano. Se reconoce el deporte por su potencial impacto catalizador para la cohesión y regeneración de comunidades y por su potencial también para el desarrollo y tratamiento de problemas de comportamiento y exclusión social.

Por todo lo anterior, se expone la siguiente reserva al artículo 3o, fracción II del dictamen, para quedar como sigue: Igualdad. La práctica del deporte permite generar condiciones para el abatimiento de las grandes diferencias entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se pregunta si se admite la propuesta presentada por la diputada Martha Beatriz Córdova. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite. En consecuencia, está rechazada.

También la diputada Córdova Bernal presentará su reserva a la fracción III del mismo artículo 3o. de la Ley.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:De todos modos, muchas gracias, compañeras.

Éste es el artículo 3o., fracción III. Resultan evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los ámbitos, pero a pesar de la aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres existen aún obstáculos que dificultan la igualdad efectiva.

El deporte, como actividad plenamente integrada en nuestra sociedad, no es ajeno a esta realidad, en el contexto internacional recogen este compromiso la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la cual dice a la letra: Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física.

Es fundamental promover la equidad en el deporte, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre mujeres y hombres, para promover educación, comunicación, habilidades de negociación, competencias y responsabilidades, todas ellas fundamentales para el empoderamiento de las mujeres.

El deporte puede desarrollar en las mujeres el sentimiento de que su cuerpo les pertenece, así como mejorar su autoestima y capacitarlas para decidir sobre sus vidas, incluida su sexualidad.

En situaciones de privación e inequidad, este sentimiento de pertenecerse reviste gran importancia. Es muy importante tener un equilibrio armónico y emocional de nuestro cuerpo.

Resulta necesario por ende utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo de formación de las personas y como transmisor de valores, con el fin de superar prejuicios y estereotipos que impiden a las mujeres y a los hombres a desarrollarse de manera armónica y en equilibrio.

A nivel escolar se debe fomentar el empleo de estrategias coeducativas, así como contextos de participación y prácticas que faciliten la incorporación de hombres y mujeres a todo tipo de actividades de hábito permanente y asegurar la formación con perspectiva de género desde los y las profesionales de la actividad física y del deporte, así como desde la temprana edad en la escuela, de acuerdo con las exigencias que establece la normativa legal vigente para los diferentes niveles de educación básica, formación profesional, enseñanzas técnicas y cursos de formación permanente.

También resulta importante el que se refleje en los medios de comunicación la importancia de la participación de las mujeres en el deporte, mostrándola como los modelos de éxito personal, profesional y social que son.

Por todo lo anterior, se propone la siguiente reserva. Texto propuesto al artículo 3o., fracción III, Equidad de género. El derecho al deporte se ejerce sin ninguna forma de desigualdad, exclusión o subordinación basada en roles de género. Existe plena igualdad en el ejercicio del derecho al deporte entre hombres y mujeres. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de reserva presentada por la diputada Beatriz Córdova Bernal. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite. En consecuencia, se rechaza.

Tiene ahora la palabra el diputado José Soto Martínez, para presentar su reserva al artículo 3o., fracción IV.

El diputado José Soto Martínez:Presidente, permítame presentar las dos reservas de una vez.

El Presidente diputado José González Morfín: De acuerdo. Adelante, diputado.

El diputado José Soto Martínez: La equidad social en el deporte implica que debe quedar superada toda forma de desigualdad, de exclusión y subordinación en la práctica deportiva. Antes bien, el deporte es un regalo irremplazable que le es dado a todas las personas en igual medida y debe quedar claramente plasmado en la ley, pues es inherente al deporte como derecho humano.

La profesión, el origen étnico, la orientación sexual, creencias religiosas ni ninguna otra diferencia social son motivo para que se impida a alguien el ejercicio de su derecho al deporte. Tampoco existen diferencias, ya que por naturaleza todas las razas disponen del deporte como algo propio y en igualdad de derechos.

Las diferencias entre personas no son impedimento para la práctica deportiva. A quien ejerce un deporte le corresponde elegir libremente cómo, para qué y cuándo quiere practicarlo o inclusive, renunciar a ello.

Así pues, las experiencias citadas demuestran que a pesar de la gran diversidad de la que se compone la sociedad mexicana, el ejercicio pleno del derecho al deporte es posible.

Por todo lo anterior, se propone la siguiente reserva:

Único. Se propone modificar el artículo 3o., fracción IV del dictamen, para quedar como sigue: Equidad social. La práctica del deporte se garantiza a toda persona sin importar su género, características físicas, pertenencias étnicas, orientación sexual, origen nacional, prácticas religiosas o cualquier otra.

Por favor, a ver si votan por ésta, que está muy fácil.

El Presidente diputado José González Morfín: De una vez la que sigue, diputado.

El diputado José Soto Martínez: La rendición de cuentas es del gobierno, y más en el deporte, que ha habido muchos recursos y que estos no han sido empleados en donde debe ser. No ha habido transparencia en su uso, es el mayor problema que tiene el deporte; muchas obras inconclusas, obras que no han sido aclaradas ni siquiera el 60 por ciento de los recursos que se le aplican han sido comprobados.

La rendición de cuentas significa por tanto la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia. Luego entonces, la rendición de cuentas es el requerimiento para que los representantes den cuentas y respondan frente a los representantes sobre el uso de su poder y responsabilidad, actúen con respuesta a las críticas o requerimientos que le son señalados y acepten responsabilidades en caso de errores, en competencias o engaños.

Bajo este análisis, resulta importante manifestar que toda obra realizada con recursos del erario público deberá estar sujeta a mecanismos de control y supervisión, en el caso de particulares.

El artículo 96, en el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, establece que las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en las que se celebren eventos o espectáculos deportivos, deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial.

En este sentido, el gobierno, en cualquiera de sus niveles, deberá en todo momento observar la correcta rendición de cuentas y la transparencia en sus acciones gubernamentales.

En este orden de ideas, resulta trascendente que se establezcan de manera clara y precisa en los ordenamientos jurídicos estas directrices, además de observar los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, etcétera.

Por todo lo anterior, se propone lo siguiente:

Único. Se propone modificar el artículo 96 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 96. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en la que se celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse, administrarse bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, nacionalidad, austeridad, transparencia, rendición de cuentas y equidad de género. Cualquier acto u omisión que contravengan lo dispuesto se sujetará a las disposiciones y procedimientos previstos en las leyes u ordenamientos en materia de responsabilidad administrativa, civiles y penales aplicables de carácter estatal, del Distrito Federal y municipal.

Espero que lo aprueben, diputadas y diputados. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que por separado consulte a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas; primero la del artículo 3o., fracción IV y luego la del 96.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado José Soto Martínez, al artículo 3o., fracción IV. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se rechaza. Ahora la del 96.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Se consulta a la asamblea si se acepta a discusión la reserva del diputado José Soto Martínez, al artículo 96. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, no se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza.

Tiene ahora la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, para presentar su reserva a la fracción V del mismo artículo 3o.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado José Luis Valle Magaña:Compañeras y compañeros legisladores. La justicia distributiva es la que tiende a asegurar el respeto y la promoción de los derechos para todos, especialmente para los menos favorecidos, inscribiendo esos derechos en las estructuras y el funcionamiento de la sociedad.

La justicia distributiva se autocomprende a partir de la dignidad de la persona, de los derechos inviolables, que deben ser respetados y promovidos de forma dinámica y progresiva. Los derechos humanos juegan un papel insoslayable dentro de la idea de justicia distributiva, constituyen un elemento de distribución en sí y están comprometidos con aquellas acciones que el Estado y los ciudadanos deben hacer para que todas las personas tengan garantizados el ejercicio de los mismos.

En 2009 se asignó en materia de infraestructura poco más de 114 millones de pesos para la construcción de 70 obras en todo el país. Para el 2013 el presupuesto había aumentado a 3 mil millones de pesos. En cuatro años creció 30 veces más el presupuesto. Sin embargo, este crecimiento presupuestal proporcionado no se ha visto reflejado en materia de resultados internacionales, sin mencionar la falta de efectividad del gobierno para comprobar los gastos de infraestructura, pues el 81 por ciento de las obras siguen sin comprobarse.

Se sigue priorizando la asignación presupuestal en función de necesidades políticas y no de necesidades reales de la población. Por ejemplo, en el tema de la infraestructura deportiva siguen asignándose recursos a municipios que no han comprobado recursos de ejercicios anteriores y siguen sin considerarse municipios que no cuentan con una sola cancha deportiva; sigue aumentando el presupuesto año con año, cuando hay más del 60 por ciento de escuelas a nivel nacional que no cuentan con un profesor de educación física.

Resulta necesario hacer que los recursos existentes sean priorizados a las necesidades reales. Se debe hacer más eficaz el gasto. Debe haber una distribución más justa del presupuesto.

Es necesario reducir costos y tener resultados aceptables, al mismo tiempo que se atiendan necesidades de los diferentes grupos vulnerables, sea por su condición de pobreza, exclusión, desigualdad social u otra.

Por todo lo anterior, se propone la siguiente reserva:

Único. Se propone modificar el artículo 3o, fracción V del dictamen, para quedar como sigue: Artículo 3o, fracción V. Justicia distributiva. La autoridad pública está obligada a priorizar sus programas deportivos, en función de las necesidades reales de los diferentes grupos vulnerables, sea por su condición de pobreza, exclusión, desigualdad social u otra. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado José Luis Valle Magaña. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite, se rechaza.

Tiene el uso de la voz la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, para presentar su reserva a la fracción VI del mismo artículo 3o.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: El deporte no es un artículo de lujo, no es una ocupación para ociosos ni una compensación por el trabajo intelectual; el deporte es una fuente de perfeccionamiento interno para cada persona. La profesión no tiene nada que ver con ello. Antes bien, el deporte es un regalo irremplazable que les es dado a todas las personas en igual medida.

Desde una perspectiva étnica tampoco existe diferencia, ya que por naturaleza todas las razas disponen del deporte como de algo propio y en igualdad de derecho.

Lo anterior puede reducirse a la idea de que el deporte es para todos y ello debe de ir acompañado por la idea del derecho de todos a la práctica deportiva, reconociendo la condición pluricultural del país, así como la gran diversidad social que existe.

El deporte para todos, sin importar su condición, no puede quedar subordinado a ninguna finalidad externa que prive a alguien de su libertad personal.

Las diferencias entre personas no son impedimento para la práctica deportiva. Quien ejerce un deporte le corresponde elegir libremente cómo, para qué y cuándo quiere practicarlo o incluso renunciar a ello.

La idea de diversidad en el deporte permite garantizar el derecho de los individuos a practicar el deporte sin otorgarle preferencia a ninguna forma o especialidad deportiva; en otras palabras, todos los deportes son susceptibles de ser practicados por cualquier persona.

De lo anterior deriva la posibilidad de que cada persona, sea cual sea su condición, pueda descubrir el propio límite del rendimiento, el esfuerzo individual del enfrentamiento deportivo o su factibilidad de ejercer el deporte en competición por equipo. Para ello es necesario que se proteja la identidad cultural de cada pueblo o de sus grupos étnicos, y con ello también su tradición deportiva.

En el caso de México existen los llamados juegos autóctonos, donde se siguen practicando deportes tradicionales, como caída de dos, carrera de arihueta, carrera de bola, juego de mancuerna, lucha tarahumara, pelota mixteca, entre otros.

También se necesita que se tengan en cuenta las diferentes condiciones, así como la estructura social, como lo pueden ser las capacidades diferentes, el nivel socioeconómico o las orientaciones sexuales.

Por lo anterior, se propone la siguiente reserva: Artículo 3o., fracción VI, Diversidad. El derecho al deporte será ejercido sin importar las condiciones de diversidad de la población del país, sean estas sexuales, culturales, de edad, de capacidad, de formas de organización, de preferencias y necesidades, así como aquellas inherentes al ámbito territorial.

Por esto y más, esperamos el apoyo de todo el pleno para que por lo menos esta reserva pueda ser discutida. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Aída Fabiola Valencia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza.

Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para presentar su reserva a la fracción VII del artículo 3o.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Todos los derechos humanos y sociales, incluido el deporte, son fundamentales, por lo que no debe establecerse ningún tipo de jerarquía entre ellos y mucho menos creer que unos son más importantes que otros.

Es difícil pensar en tener una vida digna si no disfrutamos de todos los derechos, violar cualquiera de ellos es atentar contra la dignidad humana, que se fundamenta en la igualdad y en la libertad, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y en derechos.

Eso significa que debe reconocerse que el deporte trastoca todos los niveles sociales, no solo los educativos, en todo sector, desde las diferencias de ingresos hasta el nivel educativo, pasando por las capacidades físicas, diferencias de género, raza, religión, sin importar cuál sea la condición social el deporte está presente y por esa cualidad debe ser entendido como un derecho humano y social, pues una de las aspiraciones y pilares básicos de cualquier derecho social debe ser la posibilidad de su acceso por parte de todas y todos y en cualquier momento; es decir, acceso universal, y hace de ello una obligación para el Estado.

Ya el artículo 1o. de la Constitución, en su párrafo tercero, expresa literalmente: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Interdependencia e indivisibilidad son principios que dan fuerza a la idea de integralidad y de concurso de todo el Estado mexicano, involucrando a los tres Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno.

La integridad implica que se debe pensar en todos los derechos que abarcan la vida de las personas, tanto individual como colectivamente, y así entendido el deporte vinculado al principio de integralidad permite que las políticas públicas deportivas atiendan el ejercicio de diversos derechos a la salud, a la educación, a la recreación, al desarrollo social.

Por eso proponemos agregar, en la fracción VII del artículo 3o. de la ley que está en discusión, el siguiente párrafo: Integralidad. El esfuerzo de la autoridad pública en torno al fomento de la práctica deportiva estará enfocado a generar políticas públicas y programas sociales articulados con el deporte para lograr una planeación y ejecución multidimensional que atienda en conjunto la integralidad de los derechos a la salud, a la educación, al interés superior de la niñez, al desarrollo social, entre otros. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta si se admite a discusión la propuesta. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza.

Tiene ahora el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, para presentar su reserva a la fracción VIII del mismo artículo 3o.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, señor presidente. En Movimiento Ciudadano estaremos velando porque a todas las leyes y reglamentos se le dé la aplicación correcta; por eso hemos condenado reiteradamente que no se quiera discutir ni en el pleno ni en muchas de las comisiones.

En lo personal, sigo sin comprender, diputados, por qué no se quieren discutir las minutas que provienen del Senado, aún cuando se han advertido diversas deficiencias. Pero ellos, los senadores, sí revisan las iniciativas que provienen de la Cámara de Diputados y han regresado la reforma laboral, la educativa y ahí viene la de telecomunicaciones.

¿Qué pasa con nosotros, diputadas y diputados? Estamos aquí presentando un sinfín de reservas y ustedes hacen oídos sordos.

El único deseo de Movimiento Ciudadano es que las cosas se hagan bien para la sociedad mexicana y, en este caso en particular, para los deportistas mexicanos.

La actividad deportiva no constituye solo un elemento recreativo que apoye la efectiva formación e integridad corporal y mental de los individuos, sino que también constituye un instrumento político de orden y equilibrio social.

El deporte, reconocido como un derecho humano fundamental por nuestra Constitución, en su artículo 4o., adquiere la relevancia y la calidad de exigibilidad que sustentamos aquí, por lo que resulta consecuente que en la Ley de Cultura Física y Deporte quede también asentado así.

La Declaración Universal de 1948, que constituye el instrumento jurídico y ético más importante en la esfera de los derechos humanos, es un fiel ejemplo de la integración eficaz de la diversidad de los derechos, pues se unificó en un solo documento tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales.

En distintos instrumentos internacionales se ha expresado de manera lógica y puntual la necesidad de concebir a los derechos humanos bajo un planteamiento que los interprete y desarrolle de manera integral.

Algunos ejemplos de estos planteamientos los encontramos en la Declaración de Teherán de 1968, en la resolución de la ONU sobre los criterios y medios para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, suscrita en 1977, en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, y finalmente, en la Conferencia de Viena de 1993.

La firma y ratificación de los pactos, tratados y convenciones internacionales por parte de nuestro país dan lugar a que el Estado mexicano esté sujeto a controles de observancia y cumplimiento de los mismos; control y vigilancia que viene siendo realizada de manera metódica por las distintas instancias diseñadas por los organismos internacionales que tienen a su cargo esta misión.

En este sentido, el Estado es responsable al interior con su ciudadanía, al tiempo que lo hace con la comunidad internacional, con el objeto de asegurar el desarrollo progresivo y cabal cumplimiento de los derechos sociales.

Por todo lo anterior, se propone modificar el artículo 3o., fracción VIII del dictamen para quedar como sigue:

Artículo 3o., fracción VIII. Exigibilidad. El derecho al deporte por medio de normas y procedimientos, es un derecho progresivamente exigible. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza.

Tiene ahora la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, para presentar su reserva a la fracción IX. Adelante, diputado, el diputado Martínez presentará la reserva de la fracción IX.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia, presidente. La transparencia es un mecanismo que evita el mal uso de los recursos públicos, el secreto, la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad arbitraria y el abuso en el ejercicio de la función pública, esto se da mediante la información veraz, oportuna y sistemática.

La transparencia no se limita a ser un elemento preventivo de la corrupción, sino además es fundamental para el funcionamiento de un sistema democrático, dado que su existencia o ausencia afecta la relación entre los ciudadanos y el Estado.

La transparencia acerca del comportamiento de la administración pública a la voluntad del ciudadano facilita la participación de los ciudadanos mismos en la toma de decisiones del Estado, contribuyendo a que estos mismos se identifiquen más con el sistema democrático.

La transparencia es uno de los factores sine qua non para promover el control de los ciudadanos de todo acto de gobierno, esto por simple definición no excluye ninguno de los ámbitos del proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, por lo tanto el caso de la política pública destinada a la promoción del deporte no debe ser una excepción; sin embargo, la experiencia reciente nos muestra que la opacidad en el uso de los programas y recursos en el ámbito sigue siendo la norma.

En el mismo tono, la actual iniciativa para crear la Ley de Educación Física y Deporte no incluye de forma clara referencias a los mecanismos de transparencia necesarios para promover la adecuada fiscalización de los programas y obras. Esto resulta a todas luces inadecuado e incluso sospechoso, dado los enormes recursos que se destinan a la actividad física y los malos números que se presentan en materia de obesidad y la existencia de numerosos casos de enfermedades relacionadas con un estilo de vida sedentario.

Por solo citar los casos de obras y programas relacionados con la actividad deportiva, una serie de acciones carentes de transparencia mantienen un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos sin comprobar desde el año 2009. Entre este año y 2012 solo se han cerrado 197 expedientes de un total de mil 89 obras de infraestructura deportiva; es decir, 82 por ciento de las obras de infraestructura programadas entre 2009 y 2012 permanecen abiertos los expedientes, sin que se haya hecho una investigación exhaustiva.

En el ejercicio 2009, de 70 obras autorizadas solo 43 expedientes están cerrados, de los 114 millones 904 mil pesos erogados únicamente se comprobó el 61.43 por ciento, lo cual significa que hay 27 expedientes de los que aún no se ha hecho una investigación profunda de los recursos asignados.

En el año 2010, de 68 obras autorizadas, con un presupuesto de más de 300 millones de pesos, solo se han comprobado al día de hoy 38. Así sucesivamente. En el 2011 el presupuesto creció hasta llegar arriba de los mil millones de pesos para la construcción de 325 obras de infraestructura deportiva y a la fecha solo se han comprobado 111, menos del 35 por ciento, por la simple razón de que el gobierno administra los recursos de las sociedades, que los contribuyentes deben exigir rendición de cuentas por parte de los servidores públicos y de esa manera evitar arbitrariedades en metas y objetivos planteados por las instituciones públicas, como las señaladas en la infraestructura deportiva.

Es necesario, por tanto, la vigilancia de las actividades y quehaceres gubernamentales, pues el voto ya no es suficiente, la pasividad y el desinterés ciudadano por exigir más de sus funcionarios públicos pueden ser inversamente proporcionales al grado de eficiencia de todo servidor público.

Por lo anterior, se propone la siguiente reserva al artículo 3o., para quedar como sigue:

Artículo 3o., fracción IX. Transparencia. La información surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas y programas en materia deportiva será pública, con las reservas que establece la normatividad en materia de acceso a la información y con pleno respeto a la privacidad de los datos personales y a la prohibición del uso político partidista profesional o comercial. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza.

Ahora para presentar su reserva a la fracción X del mismo artículo 3o., tiene la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados, el problema de la falta de efectividad del gobierno es uno de los principales impedimentos que existen para que el gasto público y la acción gubernamental tengan efectos sobre el bienestar de la sociedad.

El gasto público de gobiernos ineficientes es un desperdicio; en el caso deportivo tenemos un claro ejemplo al hablar de la infraestructura deportiva, año con año aumenta el presupuesto en ese rubro y sin embargo, los resultados internacionales en materia deportiva siguen siendo muy bajos.

En 2009 se asignó en materia de infraestructura poco más de 114 millones de pesos para la construcción de 70 obras en todo el país. Para 2013 el presupuesto había aumentado a 3 mil millones de pesos. En cuatro años creció 30 veces más el presupuesto.

Sin embargo, esta falta de efectividad se ve reflejada en la mayoría de las escuelas de nuestro país, ya que muy pocas cuentan con un maestro, pues a pesar de que año con año egresan nuevos maestros de educación física, el presupuesto no alcanza —según dicen— dejando de lado nuevas plazas para que haya, precisamente, este deporte en todas las escuelas del país, dejando a nuestros niños sin hacer ejercicio, lo cual se ve reflejado en la salud, en la obesidad y todos los padecimientos que vive nuestra niñez.

El crecimiento presupuestal desproporcionado no se ve tampoco reflejado en materia de resultados internacionales, sin mencionar la falta de efectividad del gobierno para comprobar los gastos de infraestructura, el 81 por ciento de las obras siguen sin comprobarse.

El primer requisito para hacer efectivo un gobierno es su capacidad de establecer prioridades entre las distintas demandas de atención. No pueden asignarse recursos a obras que no están vinculadas con los objetivos de los planes generales.

Vinculada con este primer requisito está la habilidad de los gobiernos de enfocar el gasto hacia lo más efectivo. La efectividad de los gobiernos requiere, además, que logren, efectivamente, aplicar las políticas que adoptan y hacer que sean estables en el tiempo de darles espacio para que funcionen.

En el caso del tema de la infraestructura, no puede seguir existiendo un gasto de construcción en el corto plazo y que no tenga las condiciones presupuestales necesarias para su operación. Un gobierno eficiente debe ser capaz, además de mantener y respetar los compromisos internacionales, especialmente en lo que se refiere a la Carta Olímpica, que es la que regula al deporte a nivel internacional.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente reserva al artículo 3o., fracción X. Efectividad. La autoridad pública en materia deportiva está obligada a ejecutar sus programas y políticas públicas de manera austera, con el menor costo administrativo, la mayor celeridad y los mejores resultados e impacto. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta a discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se rechaza.

Hay una reserva al artículo 20, que ha sido retirada. Informo a la asamblea que el diputado Gerardo Villanueva presentará conjuntamente las reservas al artículo 4o., fracción XII, al artículo 30, fracción XVI, al artículo 30, fracción XVIII, al artículo 59 y al artículo 60. Presentará conjuntamente cinco reservas y por supuesto, puede disponer del tiempo que corresponda.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Muchas gracias, diputado presidente. He decidido reunir las reservas por respeto, pero también por agradecimiento, particularmente a todas las diputadas y a todos los diputados que están presentes; si están presentes es porque hay un interés por los planteamientos que desde nuestro punto de vista se han omitido.

No nos interesa en verdad dejar de lado temas tan importantes, como los que tenemos en la agenda; el tema de Veracruz —como lo mencioné la semana pasada— nos ofende, no nada más a las diputadas y a los diputados de esta Cámara, sino particularmente lastima la democracia y los derechos políticos de la ciudadanía.

Por eso vamos a platicar el día de hoy, a proponer que se incorpore esta reserva, que no es otra cosa que la eliminación de los párrafos a los que se hace referencia. La Ley General de Cultura Física y Deporte vigente señala en el artículo 55 que las federaciones que soliciten el registro como asociaciones deportivas nacionales deberán cumplir, entre otros requisitos, el de contar con la afiliación a una federación internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales. De igual forma, la propuesta que se discute actualmente señala ello en el artículo 54.

Lo anterior resulta importante, pues hay que destacar que toda federación deportiva internacional reconocida por el Comité Olímpico Internacional establecen en sus estatutos que se sujetará lo señalado por la Carta Olímpica y se mantendrá acorde a la misma.

En México, al solicitar que una federación se encuentre afiliada a un órgano internacional para poder ser reconocida como asociación deportiva nacional se acepta de facto que las normas que éstas deben ser acordes a las señaladas en la Carta Olímpica, misma que en sus artículos 17 y 28 establece con claridad que la injerencia de gobiernos o cualquier otro tercero en la vida interna de las asociaciones tendrá por repercusión, entre otras, la suspensión del Comité Olímpico Nacional y, por ende, la imposibilidad de que los deportistas puedan participar en competencias internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos.

Es por eso que nosotros hemos insistido, a la luz de casos que se han presentado en Ecuador, en la India, en Kuwait, en Venezuela, en el caso del futbol en España, en el que no podemos aprobar esta atribución que la Conade le quiere precisamente otorgar a la Coved, que es el IFE para las federaciones.

Nosotros decimos que puede estar o no Codeme, pero Codeme lo que cumplía como asociación civil que era es precisamente la garantía de la no injerencia del Estado en las decisiones de las federaciones.

Este pequeño IFE —como ya lo dijo un compañero del PAN— este pequeño IFE que va a depender de la Conade, va a intervenir en la decisión o en una de las decisiones más importantes de las federaciones deportivas nacionales, porque van a avalar los resultados de las elecciones cuando decidan a sus dirigentes en las mismas.

Quiero insistir que este tema nosotros lo tenemos que abordar con absoluta seriedad, con mucho cuidado. Sí creemos, por los ejemplos que a nivel internacional se han presentado, y no los voy a aburrir aquí citándolos. Pero existen los casos de sanciones a los Comités Olímpicos Nacionales, precisamente por aprobar cosas como las que el día de hoy se pretenden aprobar.

Sí les digo una cosa: ojalá me equivoque. Porque sería muy lamentable que por aprobar a las prisas, sin leer y sin debatir una minuta que viene del Senado, podamos incurrir en una falta de tal tamaño, que los selectivos nacionales quedaran fuera de las competencias internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos. No nos hagamos responsables de esa posibilidad, que es real. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas que ha dejado por escrito.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: ¿Presidente, se consultan todas o una por una?

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, porque tienen que ver con el mismo tema y las presentó conjuntamente. Son el 4o., fracción XII; el 30, fracción XVI, XVIII; el 59 y el 60. Pregunte si se admiten a discusión las propuestas.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, no se admiten a discusión. Se desechan.

Tiene ahora la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva al párrafo segundo del artículo 50.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su permiso, señor presidente. La práctica del deporte permite —entre otras muchas cosas— el fomento de valores democráticos. Numerosos autores coinciden en manifestar y reivindicar el papel educativo del deporte; la utilización del deporte puede estimular sentimientos de juego limpio y subordinación de los intereses particulares a los colectivos.

Se reconoce en el deporte un contexto de alto potencial educativo para la adquisición de valores y desarrollo de actitudes socialmente necesarias. Algunos de estos valores permiten fortalecer los principios de una democracia, por ejemplo la coeducación; es decir, una educación integral de hombres y mujeres llevada a cabo en convivencia, es decir, ambos géneros, reciben la misma atención en la práctica deportiva.

También al hablar de juego limpio en el deporte se fortalecen valores democráticos, pues es una expresión muy utilizada para denominar el comportamiento leal y sincero, además de correcto, en especial fraterno hacia el contrincante, respetuoso ante el árbitro y correcto con los asistentes.

La preocupación por el juego limpio ha ido en aumento en todo el mundo ante la creciente presencia de conductas deportivas cuestionables, no solo por parte de los jugadores, sino por parte también de los dirigentes, árbitros, entrenadores y público.

La filosofía del juego limpio tiene ciertos principios que tienen como fin el desarrollo de un espíritu competitivo verdadero; es decir, un espíritu de deportivismo. Esta filosofía enfatiza lo siguiente: respetar las reglas del juego, respetar a los árbitros y aceptar sus decisiones; respetar al adversario, dar a todos los alumnos igualdad de oportunidades. Mantener la dignidad bajo todas las circunstancias.

Estos principios se aplican en todas las circunstancias y para todos los involucrados en el deporte y al transportarlos a la vida en sociedad ayuda a entender que es necesario respetar las leyes y a quienes se encargan de hacerlas cumplir. Se fomenta el respeto al derecho del otro, al tiempo mismo que se reconoce en uno mismo la igualdad como persona.

Todo lo anterior es inherente al deporte. Forma parte de su práctica, sea de manera profesional o no; sin embargo, es importante también reproducir ese ejercicio de valores democráticos al interior de las asociaciones deportivas, quienes tienen la libertad de regular su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con los estatutos sociales, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Por lo anterior, propongo a ustedes modificar el artículo 50 para quedar como sigue: Las asociaciones deportivas nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus estatutos sociales, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza.

Tiene el uso de la voz la diputada Nelly Vargas Pérez, para presentar su reserva al párrafo segundo del artículo 80.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Gracias, señor presidente. La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte es definida por la vigente Ley de Cultura Física y Deporte así:

Artículo 38. La CAAD es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública cuyo objeto es mediar o fungir como árbitro en las controversias que pudieran suscitarse entre deportistas, entrenadores y directivos, con la organización y competencia que esta ley establece, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independientemente de las autoridades administrativas.

La propia comisión se define a sí misma como la máxima autoridad en justicia deportiva, que resuelve definitivamente, con plena jurisdicción y economía, las controversias en materia deportiva que presenten los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte o demás participantes responsables de la promoción, organización y desarrollo de actividades deportivas, vía apelación, arbitraje o mediación.

La importancia de su función radica en la forma en cómo es electa. Al respecto, la ley deportiva actual señala en el artículo 40, párrafo dos: El pleno se integrará por un presidente y cuatro miembros titulares, con sus respectivos suplentes. El ejecutivo federal designará al presidente y a los miembros titulares a propuesta del Sinade.

El Sistema Nacional del Deporte a su vez, según el artículo 10 de la multicitada ley, dice: Se compone por las dependencias, organismos, instituciones públicas y privadas, sociedades, asociaciones nacionales y consejos nacionales del deporte estudiantil, reconocidos por esta ley, que en sus respectivos ámbitos de actuación tienen como objetivo generar las acciones, financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como en el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales.

Luego, la máxima autoridad de arbitraje deportivo nacional es electa a propuesta del conjunto de órganos y actores del sector.

Es decir, el árbitro es electo a partir del acuerdo de las partes, a quien aplicará eventualmente su arbitraje. Esto es, en otras palabras, es un acto democrático pleno de libertad y lleno de conciencia en respeto de los derechos de terceros.

¿Por qué ahora un sector del deporte nacional, de donde viene por cierto esta iniciativa de ley, como consta en diversos medios de comunicación nacionales, quiere acabar con este proceso democrático? ¿Por qué desean que el presidente de la República, de manera unilateral y sin consultar con nadie elija a los árbitros para los atletas, entrenadores y jueces en México? ¿Quién saldrá beneficiado de este retroceso a la vida institucional del país?

El semanario Proceso denunció que esta iniciativa ha sido promovida por Mario Vázquez Raña, conocido empresario deportivo, junto con Felipe —El Tibio— Muñoz Kapamas, presidente de la Comisión del Deporte en esta soberanía, y Jesús Mena Campos, actual director general de la Conade, con el auspicio de Televisa-Azteca y sus tele-bancadas, entre otros.

¿Qué tienen en común estos personajes? Todos son priistas, desde su apoyo a Peña Nieto para comprar lo que ya sabemos que se compró.

Estos personajes han buscado la forma de controlar todos los procesos deportivos en México, con la elección directa de la máxima instancia de arbitraje pretender mantener a raya a atletas, entrenadores y jueces, para así evitar la disidencia so pena de castigos que podrían incluso inhabilitarlos de por vida en el ramo profesional o amateur.

No quieren que el Sinade, un órgano más plural y por ende potencialmente contrario a sus intereses, haga contrapeso y proponga a miembros de la CAAD neutrales y profesionales; ellos quieren sumisos en la comisión y eso no lo podemos permitir.

Se propone mantener, presidente, la redacción de la ley vigente para respetar la libertad de facto de la comunidad deportiva nacional de elegir a su arbitraje máximo.

Evitemos que la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte sea impuesta por una camarilla, que solo busca beneficios personales en perjuicio de los deportistas. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:       Se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. Se rechaza.

La reserva al artículo 88 ha sido retirada. Tiene el uso de la voz el diputado Gerardo Villanueva, que tiene las siguientes tres reservas, y le pediría que pudiera presentar conjuntamente la del 93, la del 94 y la del párrafo segundo del 95. Va a presentar cada una de ellas por separado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Muchas gracias, diputado presidente. Muy rápidamente, comentar que retiré la reserva del artículo 88; únicamente quiero dar un dato para no exponer todo el documento.

Solamente el 36 por ciento de las escuelas tiene cobertura de profesores de educación física en nuestro país. Ese es un dato que se dio en los foros que se estaban haciendo por parte de la comisión y es un tema que viola flagrantemente un tema fundamental que está en la Constitución, que es el interés superior de la niñez y que, a través de la Secretaría de Educación Pública se destina, a través del Anexo 17, una gran cantidad de recursos; sin embargo, aquí hablamos de obesidad y de salud y no se quiso discutir esto tampoco en la Comisión del Deporte. Solamente quería dejar constancia.

Rápidamente, en lo que tiene que ver con la reserva de este punto. Decir que el problema del deporte no radica en que México destine poco dinero a la construcción de espacios para el desarrollo de los atletas, sino en la ejecución de dichos recursos.

Para probar esto, basta ver que la administración anterior, que encabezaba Bernardo de la Garza, en Conade, ejerció más de 4 mil 074 millones de pesos en infraestructura deportiva entre 2009 y 2012.

De acuerdo con cifras de la propia Conade, de los mil 089 expedientes de obras ejecutadas con recursos etiquetados por la Cámara de Diputados, solo 197 han sido cerrados; es decir, el 81.92 por ciento de los proyectos no han podido comprobar su ejecución a cabalidad, con los lineamientos marcados en las reglas de operación.

El caso del año 2012 resulta particularmente indignante, ya que de las 626 obras autorizadas, lo cual se traduce en 2 mil 621 millones de pesos, solo cinco han cerrado el expediente; cinco de 626 obras.

Es por lo anteriormente expuesto que nos sorprende que en el artículo 93 de la Ley General de Cultura Física y Deporte se dejen las cosas prácticamente en el estado en el que estaban.

Nosotros proponemos una cosa muy sencilla. El Sinade, que es el Sistema Nacional del Deporte, y que involucra a los sistemas estatales, a los municipios, a las autoridades del deporte de todo el país y a las federaciones, sean las encargadas de cuidar el tema del mantenimiento, de la conservación y que emitan los lineamientos para la construcción de la infraestructura deportiva.

Que no suceda nunca más, que llega el fin de año y la Comisión del Deporte parece una tienda, un mercado en el que se está negociando por diputado, por grupo parlamentario, con municipios sin ninguna estrategia, sin si siquiera priorizar donde más hace falta la infraestructura deportiva. Necesitamos que sea un órgano colegiado del tamaño del Sinade la que cuide el gasto y el ejercicio de este recurso y, sobre todo, que emita sus lineamientos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite la reserva al artículo 93.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 93. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza.

El diputado Gerardo Villanueva presenta ahora su reserva al 94.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Actualmente pensar en infraestructura deportiva en nuestro país es sinónimo de abandono, de subutilización, de falta de programas y promotores del deporte, lo cual se debe principalmente a que los recursos destinados a este rubro han tenido un único propósito: el enriquecimiento de algunos funcionarios.

Lo anterior resulta sumamente indígnate, al observar la enorme cantidad de dinero que se ha otorgado en los últimos años a la Conade, la cual ha entregado sistemáticamente resultados deficientes y poco transparentes.

En el ejercicio del 2009 se otorgaron 114 millones 904 mil pesos destinados a 70 obras, de las cuales solo 43 expedientes han cumplido con lo estipulado en las reglas de operación.

En el 2010, la Conade recibió 328 millones para 68 proyectos; sin embargo, solo se ha comprobado la culminación de 38, y va de mal en peor, porque en el 2011 fueron autorizados mil 467 millones de pesos para 325 construcciones, pero solamente 111 fueron ejecutadas.

En el 2012 se destinaron 2 mil 621 millones de pesos para 626 acciones de obras. No bastante, como decíamos hace rato, solo cinco demostraron haber sido concluidas.

En otras palabras, la Conade ha demostrado durante los años mencionados el siguiente desempeño de expedientes cerrados: en 2009, 61 por ciento; en 2010, 55 por ciento; en 2011, 34 por ciento y en 2012, 0.8 por ciento. Esto no se aborda porque no se quiso discutir en la Comisión del Deporte.

No puede ser que renunciemos a mirar esta realidad y que se ignore en los contenidos de lo que el día de hoy se está aprobando. Si en realidad deseamos que las normas y criterios requeridos en materia de instalaciones deportivas reflejen una verdadera pluralidad de visiones, con el afán de enriquecer los servicios ofrecidos a los atletas, es necesario que sean las Comisiones del Deporte de la Cámara de Diputados y el Senado quienes emitan lineamientos.

Del mismo modo, la constitución de los fondos requiere de la intervención de Sinade, ya que esto surge como un órgano colegiado integrado por dependencias gubernamentales, sociedades y asociaciones civiles e instituciones públicas y privadas. Lo que nosotros estamos proponiendo es la incorporación en la ley de las Comisiones  del Deporte, tanto del Senado como de esta Cámara, para crear junto con el Sinade las normas y los criterios requeridos en materia de instalaciones deportivas, recreativas del deporte en la rehabilitación y de la activación física deportiva, y dichos instrumentos serán auditados anualmente por la Auditoría Superior de la Federación.

Creo que tal escándalo de dispendio de recursos públicos, que tanta falta hacen en otros ramos del desarrollo social de nuestro país, vale la pena una incorporación de estas características en la ley que hoy estamos  discutiendo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 94.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza.

Ahora presentará el diputado Villanueva Albarrán su reserva al párrafo segundo del 95.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Muchas gracias, diputado presidente. En esta reserva lo que queremos incluir en un párrafo del artículo 95, es que se podrá solicitar a las autoridades correspondientes que se suspenda total o parcialmente el uso de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos mínimos de operación señalados en las normas oficiales mexicanas, ordenamientos técnicos de las disciplinas deportivas correspondientes y demás disposiciones aplicables, cumpliendo el procedimiento que para ese propósito prevea el reglamento de esta ley.

Le estamos dando esta atribución al Sistema Nacional del Deporte, precisamente por las características colectivas que cumple este organismo y como máxima autoridad del deporte en nuestro país.

Ya no voy a repetir la cantidad de millones y millones de pesos que se acaba negociando en esta Cámara en lo obscurito. Ojalá y este fondo desaparezca, porque siempre en algún momento será mejor que sea el Sinade, donde están las federaciones, donde están los sistemas estatales del deporte, donde está supuestamente constituyéndose la Estrategia Nacional del Deporte en nuestro país, que sean ellos quienes vigilen, apliquen, cuiden, emitan normas y lineamientos. Pero sobre todo, que aprovechen un recurso que en este momento está siendo motivo de dispendio.

Ya en la comisión tenemos un grupo de trabajo para darle seguimiento a lo que se aprobó en el ejercicio presupuestal de 2013. El grupo de trabajo lo encabeza el diputado William Sosa.

Creo que ante el reclamo respetuoso, pero real que nos hizo el titular de la Conade, no basta con la buena intención de un grupo de diputados que tienen que fiscalizar más de 600 obras en todo el país, no es nuestra función y la buena voluntad no va a hacer cumplir ni con un porcentaje mínimo esta tarea.

Por eso esta propuesta de incorporar el Sistema Nacional del Deporte cumple si tenemos un propósito honesto en las tareas que estamos empeñando en la comisión, cumple a cabalidad lo que se ha planteado en el grupo de trabajo que encabeza un compañero diputado en la Comisión del Deporte. Todo lo demás es demagogia, compañeros, todo lo demás es que las cosas cambien, para que todo siga igual.

Es muy lamentable que el día de hoy esta Cámara se haya subordinado a la Cámara de Senadores; es lamentable que la Comisión del Deporte, como un órgano de esta Cámara de Diputados haya renunciado, faltando al respeto a sus integrantes, a la discusión, al debate, al análisis responsable, a cubrir las omisiones que venían de la minuta del Senado, para evitar que el día de hoy tuviéramos precisamente esta jornada.

Si nos estamos extendiendo con las reservas, compañeras diputadas y diputados, es porque lamentablemente esta discusión se debió haber dado en la Comisión del Deporte. No nos quedó otro remedio más que traerla al pleno.

Que sirva de lección, compañeros diputados y diputadas, lo que no nos dejen discutir por el atropellamiento al marco jurídico de la Cámara, lo vamos a traer aquí incansablemente para discutir y darle voz a los que no se les quiere dar voz en esta Cámara. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del segundo párrafo del artículo 95.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Gerardo Villanueva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza.

Tiene ahora el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para presentar una reserva al artículo 115.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento la siguiente reserva al artículo 115 del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte, en los siguientes términos:

En un país como México, donde los recursos públicos se utilizan para un sinfín de objetivos, en absoluto relacionados con aquello para lo que deberían servir, resulta indispensable proponer candados como el de esta reserva para que ello en la medida de lo posible no suceda.

Es por ello que la presente reserva contiene una modificación al artículo 115 del dictamen discutido, el cual contempla que las personas físicas y morales, así como las agrupaciones que hubieren contribuido al desarrollo de la cultura física y el deporte nacional, podrán obtener por parte de la Conade estímulos en dinero o en especie.

Si bien es comprensible que se pretenda otorgar reconocimientos y estímulos económicos a las personas y agrupaciones que contribuyan al desarrollo del deporte, la reserva que proponemos contempla expresamente que dichas organizaciones o personas deben formar parte del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, que es el Registro Federal de Atletas, federaciones, asociaciones o sociedades estatales recreativodeportivas, de la rehabilitación y de cultura física y deporte, instalaciones deportivas, eventos deportivos, entre otros, cuya finalidad es generar un acervo de información que proporcione un soporte para el planteamiento de estrategias que permitan implementar acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte.

Lo anterior, lo hemos propuesto sobre una realidad que por demás dolorosa que resulte es la realidad mexicana, es una práctica constante por parte de los gobiernos y de quiénes ejercen los recursos públicos el favorecer y beneficiar a empresas, o inclusive, organizaciones aparentemente sin fines de lucro, con contratos gubernamentales millonarios o —como es en este caso— con estímulos económicos.

Por lo anterior, la presente reserva pretende modificar el artículo 115, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 115. Las personas físicas y morales, así como las agrupaciones inscritas en el Renade y participantes en el Sinade, que hubieren contribuido al desarrollo de la cultura física y el deporte nacional, podrán obtener reconocimiento por parte de la Conade, así como en su caso estímulos en dinero o en especie, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Francisco Coronato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza.

Tiene ahora la palabra el diputado Coronato, para presentar su reserva al artículo 138.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, la siguiente reserva es al artículo 138, con base en la siguiente exposición de motivos.

El fenómeno de la violencia en los eventos deportivos ha sido tema que ha preocupado y ocupado a diversos países del mundo. Nuestro país no ha quedado exento de esta problemática, muchos han sido los actos violentos que se han generado tanto en recintos deportivos como en el exterior de los mismos cuyo resultado en ocasiones han sido daños irreparables, creándose con ello un grave peligro para directivos, deportistas, organizadores y público en general.

En este sentido, estamos conscientes de la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico que permita establecer las herramientas legales, que ayuden a prevenir y erradicar la violencia en los eventos deportivos; sin embargo, es de manifestar que dichos preceptos deben ser acordes a otras disposiciones legales, así como respetar en todo momento los derechos consagrados establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen del proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte que se presenta a la consideración de esta Cámara de Diputados, en su artículo 138 debo señalar está plagado de irregularidad, por lo que concierne a la prevención de la violencia en el deporte.

Es de manifestar que se invaden esferas jurídicas de otros ordenamientos legales, como es el Código Penal y el Código Civil, atribuyéndose en el mismo ordenamiento a la Conade facultades inclusive de Ministerio Público y de órgano jurisdiccional, toda vez que en dicho precepto establece de manera enunciativa y no limitativa actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte, bajo las siguientes fracciones que están en el propio dictamen.

El artículo en mención pretende sancionar a espectadores y organizadores o cualquier otro involucrado que participe en eventos deportivos en riñas, peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos o sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, por lo que es de resaltar que la realización de estas conductas encaminadas a violentar los bienes jurídicos tutelados por la norma ya se encuentran tipificados en el Código Penal, tanto federal como estatales, en su caso.

De tal manera que se propone modificar el artículo 138, suprimiendo este exceso de facultades respecto de sancionar inclusive la colocación de pancartas o leyendas en transportes, lo cual sin duda es una función y facultad de una autoridad administrativa. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Francisco Coronato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza.

El mismo diputado Coronato Rodríguez, presentará su reserva al artículo 139, párrafo segundo.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Gracias, señor presidente; compañeras y compañeros, debo de señalar que el deporte es también un fenómeno abordable desde la perspectiva sociológica y comunicacional, por los códigos que contiene una disciplina, así como su difusión, promoción, publicidad agregada, pero sobre todo, aquellos símbolos construidos a partir de la mediatización del deporte, es decir, el espectáculo deportivo.

Las audiencias potenciales de deportes en México son un gran negocio debido a la capacidad de penetración de los medios y sobre todo por la venta de publicidad. No es casual que incluso el mercadeo político aproveche las oportunidades de presentar su producto durante las trasmisiones de espectáculos deportivos, como apoyo del núcleo del mensaje deportivo; es decir, el propio juego, la mercadotecnia desarrolla discursos para crear oportunidades de venta y motivos de consumo. Es parte del juego de la publicidad, pero es indudable que en ocasiones se exceden.

En repetidos momentos se escucha o se leen términos como escuadras, duelos a muerte, batalla campal, entre otros. De esta forma, se hace un reforzamiento apologético de la violencia y se hace pasar por elementos consustanciales del deporte.

La práctica deportiva profesional insertada en un entramado complejo de comunicación, no debe perder su objetivo principal, que es el de entretener y de promover la práctica deportiva con fines libertadores del cuerpo, de la consciencia humana, así como de la salud pública.

La modificación del mensaje, la modificación del medio, de las representaciones simbólicas y si el deporte es una parte formativa integral del ser humano, su mediatización para presentarlo como espectáculo debe ser edificante. De esta forma los medios se convierten en un actor más, en un jugador, desde la banca intangible de la radiodifusión, el periodismo impreso o digital deben procurar que su desempeño mejore el ambiente social y sobre todo en el deporte que le ha aportado cuantiosos beneficios.

Por todo esto, consideramos pertinente modificar el lenguaje en lo que se refiere a los espectáculos deportivos, no con el afán de la censura previa, pero sí en el énfasis de la responsabilidad social de los comunicadores y los concesionarios.

En tal virtud, sometemos a su consideración la modificación al artículo 138, fracción VII, adicionando la VIII del mismo precepto para quedar en los siguientes términos:

Artículo 138, fracción VII. La trasmisión de cualquier contenido en los medios electrónicos, impresos o radio difundidos, que genere o contribuya a generar un clima hostil en los espectáculos deportivos.

Fracción VIII. Las que establezca la presente ley, su reglamento, el código de conducta de cada disciplina y demás ordenamientos aplicables. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva del diputado Coronato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. Se rechaza.

La reserva al artículo 151 ha sido retirada. En consecuencia, voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos...

La Vicepresidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Le falta una reserva.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Cuál? ¿No es la que presentó ahorita?

La Vicepresidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:No, presentó el 138.

El Presidente diputado José González Morfín: Es que yo tenía 115, 138 y 139. Ya presentó tres, pero adelante, diputado.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Gracias, señor presidente. Finalmente, compañeras y compañeros, presento la reserva al artículo 139 de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El desarrollo del deporte en la vida social tiene riqueza de matices en el tiempo y en sus formas, pero sin duda es una manifestación de la potencia humana y de su inquebrantable espíritu. La mercantilización de la vida cotidiana ha vaciado de contenido o reconfigurado todas las relaciones sociales y los canales por los que éstas se abren paso, desde la forma como interactúan las familias, hasta la construcción de afinidades con el resto de la comunidad.

El deporte no ha quedado excluido de esta nueva geometría del poder y la masificación del espectáculo ha traído consigo fenómenos de violencia en los inmuebles donde se desarrolla esta actividad.

La responsabilidad del Estado es lograr un desarrollo armónico del espectáculo deportivo y en especial al abordar el tema de la violencia, que ha sido un problema parcialmente atendido y en consecuencia, se ha escalado a dimensiones preocupantes, que es necesario contar con especialistas en el tema.

Lo anterior indica que la violencia es un fenómeno complejo, un ámbito borroso de conocimiento que requiere para comprenderla y asignarle un significado, la incorporación de perspectivas multidisciplinarias que nos permitan enriquecer las políticas públicas.

Las instituciones de educación superior son semilleros de conocimiento, creadoras de contenidos valiosos y, sobre todo, poseedoras de métodos innovadores en todos los campos.

Debemos considerar necesaria la intervención de la sociología del deporte, la comunicación organizacional y política, la psicología social, entre otras, como campos de conocimiento necesarios para entender al deporte y la violencia para erradicarla con inteligencia.

La minuta que estamos abordando contempla la existencia de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte. Podemos asegurar que sus integrantes serán mujeres y hombres comprometidos con el deporte. Sumado a esta gran experiencia de los directivos de organismos deportivos, debería contarse siempre también con la voz de la academia.

Por ello proponemos que su integración a esta comisión sea una realidad, cuya misión específica sea la de garantizar la integridad física y psicológica de los asistentes y participantes de los espectáculos deportivos.

Por ello, compañeras y compañeros, la propuesta es precisamente la de incorporar dentro de la comisión que establece este artículo 139 de la minuta, a las instituciones educativas públicas de nivel superior. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta al artículo 139, segundo párrafo, presentada por el diputado Francisco Coronato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia, se rechaza.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 1o., 3o., 4o., 20, 30, 50, 59, 60, 80, 88, 93, 94, 95, 96, 99, 115, 138, 139 y 151, todos en los términos del dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados, en los términos del dictamen.

(Votación)

El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se han emitido 265 votos a favor, 2 abstenciones y 159 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobados los artículos reservados. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Ruego a la Secretaría dar cuenta con algunas comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

CAMBIOS EN COMISIONES

La Secretaria diputada Tanya  Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, las siguientes integraciones, solicitadas por el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Organismo Permanente del Parlamento Latinoamericano

Alta: Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez

Alta: Diputado José Francisco Coronato Rodríguez

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, 23 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Comisión Especial de Programas Sociales

Baja: Diputada Claudia Delgadillo González (Secretaria)

Alta: Diputado José Alejandro Montano Guzmán (Secretario)

Baja: Diputada Petra Barrera Barrera (integrante)

Alta: Diputada Claudia Delgadillo González (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, 23 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario PRI.

Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Baja: Diputado Juan Manuel Diez Francos (Secretario)

Alta: Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (Secretario)

Comisión de Competitividad

Baja: Diputado Juan Manuel Diez Francos (integrante)

Alta: Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (integrante)

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Baja: Diputado Juan Manuel Diez Francos (integrante)

Alta: Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, 23 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado. Comuníquense.

EXHORTO A LA CONAGUA A OTORGAR FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA REGULACION DE CONCESIONES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto:De la «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Conagua a otorgar facilidades administrativas para la regularización de concesiones no renovadas de usuarios de aguas que realicen actividades de carácter agropecuario

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscriben diversos diputados integrantes de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, en virtud de la situación climatológica anormal que padece la Nación, se otorguen facilidades administrativas para la regularización de concesiones de agua para uso agrícola que se encuentren vencidas y para que se emita una suspensión en la ejecución de cancelaciones de concesiones de agua para uso agrícola.

Palacio en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica p.a), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado. Comuníquense.

PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR CAMBIOS QUE COMUNICAN LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN LA INTEGRACION DE COMISIONES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De la «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, comités, de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

I. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

II. Que el artículo 34, numeral 1, inciso b), del citado ordenamiento, establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de acuerdo.

III. Que conforme a lo establecido en el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, compete a la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno la integración de las comisiones ordinarias, especiales, comités, centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes.

IV. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 44, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los coordinadores de los grupos parlamentarios podrán solicitar a la Junta de Coordinación política la sustitución temporal o definitiva de los integrantes de las comisiones y demás órganos legislativos de las y los diputados que formen parte de sus grupos.

V. Que en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 239 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Gaceta Parlamentaria es el instrumento idóneo para informar a la Asamblea de las sustituciones de integrantes de comisiones y demás órganos legislativos que los coordinadores de los grupos parlamentarios soliciten a la Junta de Coordinación Política.

VI. Que conforme a lo establecido en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva es el facultado para dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deban recaer a las solicitudes de sustitución de integrantes de las comisiones y demás órganos legislativos, por lo que tiene la atribución de instruir a la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados la publicación en la Gaceta Parlamentaria de las sustituciones solicitadas por los coordinadores de los grupos parlamentarios.

VII. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 36, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Junta de Coordinación Política es responsable de velar por el cumplimiento de las decisiones que se adopten y, por lo tanto, es responsable de velar por la efectividad de las sustituciones que determinen los coordinadores de los grupos parlamentarios respecto de los integrantes de las comisiones y demás órganos legislativos.

VIII. Que las comisiones y  demás órganos legislativos continúan desempeñando sus funciones durante los recesos de la Cámara, por lo que es fundamental que entren en vigor las sustituciones de sus miembros en cuanto sean solicitados por los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Por lo antes expuesto, la Junta de Coordinación política adopta el siguiente

Acuerdo

Primero.Se autoriza al Presidente de la Junta de Coordinación Política para que durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, pueda solicitar al presidente de la Mesa Directiva que instruya la publicación en la Gaceta Parlamentaria de las designaciones y las sustituciones que los coordinadores de los grupos parlamentarios soliciten respecto a la integración de comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes.

Segundo. Las sustituciones o designaciones surtirán sus efectos formales a partir del día de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado. Comuníquense.

PRESUNTO USO DE RECURSOS Y PROGRAMAS PUBLICOS EN EL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día son los comentarios relativos al presunto uso de recursos y programas públicos en el proceso electoral en el estado de Veracruz.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Ruego a todos su comprensión para poder desahogar este punto del orden del día, que ayer quedó comprometido.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:La que con lobos anda, a aullar se enseña. Dice el proverbio mexicano.

Hoy Rosario Robles, recomendada de Carlos Salinas, le cambiará el nombre a las despensas que se reparten para traficar con la necesidad de la gente. Ahora se llamarán paquetes alimenticios, que incluirán productos chatarra, en vez de hacer una campaña para orientar al pueblo a que se alimente bien.

Miren, diputados, que andan tan contentos porque toquemos estos temas aquí, no cabe duda que la propuesta de Enrique Peña Nieto, de la Cruzada contra el Hambre, es una burla siniestra. Estamos convencidos de que el hambre no se combate con colectas, teletones, donativos de empresa ni con kilos de ayuda o redondeos, muchos menos con cruzadas y pactos.

No nos tragamos el cuento del gobierno federal de pretender engañar a los mexicanos, haciéndoles creer que la Cruzada Nacional contra el Hambre es una política social de avanzada, cuando en realidad lo que se hace desde el gobierno, desde la Presidencia de la República, desde el pacto contra México, es profundizar el sufrimiento, la pobreza y el hambre de los mexicanos, como lo ha advertido el movimiento de regeneración nacional y el PT.

El hambre se combate combinando el crecimiento económico, la producción industrial para el consumo nacional, los créditos, los programas sociales, el empleo permanente, el aumento de salarios mínimos, el freno a la alza de precios, el financiamiento a los pequeños agricultores, la compra de alimentos a pequeños productores, en fin, con un proyecto alternativo de nación, como el que ofreció Andrés Manuel López Obrador en la reciente campaña presidencial.

Hemos sostenido y sostenemos que la única política económica del régimen, de su representante, de Enrique Peña Nieto, es la entrega a los extranjeros de la renta petrolera y el aumento al IVA.

No leen ustedes, porque si leyeran el pacto contra México sabrían que no hay ninguna propuesta de crecimiento económico ahí, es nada más entregar la riqueza nacional. Y obviamente el régimen de corrupción y opresión que vivimos desde hace 30 años ha generado una fábrica de pobres. Así han mantenido y pretenden mantener el control político. Es el viejo truco de primero te pongo de rodillas por hambre y luego con tarjetas Soriana, con Monex, te compro el voto, o de a tiro a billetazos, como lo hizo Enrique Peña Nieto en la reciente campaña presidencial.

Obviamente esto lo hacen, porque no todo se lo resuelve la publicidad ni la propaganda. Pero obviamente eso no es todo, ante la magnitud y complejidad revelada en la operación política de los programas sociales, que se hizo pública en el proceso electoral del estado de Veracruz, me hizo recordar el régimen de partido de Estado y no solo por sus actores principales, ya no digamos a nivel nacional —Carlos Salinas de Gortari, que es el jefe del que es presidente de la República— sino obviamente también los actores locales, porque he de decirlo, Fidel Herrera Beltrán, Miguel Ángel Yunes Linares, los dos eran los secretarios de Acción Electoral en el fraude electoral de 88. A ver si es cierto que no saben hacer lo que están haciendo en Veracruz.

La única alternancia desde el gobierno que ha habido a nivel federal es la disputa por los pobres entre el PAN y el PRI, y ésta tuvo que ver con la capacidad y estilo de operación territorial de ambos.

Miren, como ejemplo y botón una muestra. Es necesario recordar que el PAN amplió Progresa, Oportunidades, en las zonas urbanas en 2003 y a través de un proceso de densificación reforzó la filiación en las zonas urbanas. Oportunidades pasó casi automáticamente al Seguro Popular.

El PAN, ante la falta de una red de gestores populares —como los que tiene el PRI— recurrió, cuando menos en el sur de Veracruz, a una consultora formada ex profeso para dirigir, controlar y condicionar la gestión de programas sociales federales. La consultora se llama Edsegovi, con domicilio en Cosoleacaque, y trabaja desde antes que se pasara al PRI con Gerardo Buganza, antiguo militante del PRI, actual secretario de Gobernación del PRI en el gobierno de Veracruz, quien parece ser un agente doble que habría apoyado a las candidaturas del PRI en Acayucan y del PAN en San Andrés Tuxtla, en las elecciones de 2012. Aquí los diputados representantes de esos distritos podrían dar testimonio.

La forma de operar era a través de organizaciones sociales, con gestores comunitarios, que recibían de los funcionarios federales un código que permite filtrar y aprobar las solicitudes de quienes acordaban apoyar a los candidatos que Edsegovi proponía.

Los videos de Boca del Río permiten conocer con detalle la forma en que cuando menos cuatro estructuras políticas presionarán a los beneficiarios de los programas sociales federales para votar por los candidatos del PRI.

El acoso político institucional se ejercerá por sección, por manzana, por cuadra y por familia, con precisión y a través de los enlaces municipales y de los vocales de oportunidades.

Eso ya lo vimos, ya lo sabemos y no sería trágico si en el estado de Veracruz no hubiera tanta necesidad generada por este régimen, que día a día se incrementa.

En ese contexto, el ya famoso no te preocupes, Rosario, aguanta, es la actitud de la respuesta de la impunidad, de la complicidad, del encubrimiento, más de lo mismo, similar que se destituye a los funcionarios sorprendidos y dejar que se calme el ambiente político para continuar con las prácticas de corrupción y compra de conciencias.

El asunto Veracruz-Oportunidades no es menor, compañeros, estamos construyendo —ustedes sobre todo— una sociedad cínica, desvergonzada, que tolera y se hace cómplice de la corrupción.

Se usa y se abusa de las necesidades básicas de las mujeres, ancianos y niños, hombres, mujeres, que ante la carencia, ante el hambre prostituyen su voluntad ciudadana y satisfacen las ansias de poder de una clase política degenerada, que aprovecha la función pública para el lucro personal. Eso es lo que representa el PRIAN.

Más allá del juicio político que se propone y que obviamente la fracción del PT va a apoyar, más allá de que la justicia actuara por la vía penal ante las denuncias que ya se han ejecutado, nosotros lo que esperaríamos es de que los que apoyan el pacto contra México rectifiquen y lo rompan, para no seguir empobreciendo al pueblo de México.

Miren, ustedes se dan cuenta, Monsiváis hubiera recogido estas perlas recientemente publicadas en unas declaraciones de un diputado Acción Nacional: con la excusa del Pacto por México nos hemos entregado mucho al gobierno actual y no hemos sido una buena oposición democrática.

Ése es un papel importante, es un papel de equilibrio, de contrapeso y no lo estamos haciendo, hacemos el de comparsas. Y eso es lo que hemos estado diciendo fundamentalmente aquí, tienen que reivindicar su papel opositor y oponernos a estas propuestas.

Como necesito hacer una propuesta con responsabilidad política, por ser representante de una oposición que busca el rescate del país, propongo a nombre del PT y de un movimiento muy amplio que hay en el país, acciones específicas para reorientar la política electoral.

1. Transparentar la ejecución de programas sociales en las 14 entidades en las que se celebren elecciones estatales. Cada programa, cada beneficiario, proyecto o apoyo otorgado debe ser público.

2. Los gobiernos de los estados y los municipios deben desvincular la ejecución de programas sociales, con la identidad de las campañas del Partido Revolucionario Institucional, transparentando la ejecución de programas locales y publicitando padrones de beneficiarios.

3. El Instituto Electoral Federal, en uso de sus atribuciones en radio y televisión —ahorita culmino, presidente— implemente un monitoreo en medios en las 14 entidades con elecciones locales, evaluando la desvinculación de publicidad gubernamental con campañas políticas, así como la publicidad encubierta, además de implementar una campaña que fortalezca la participación ciudadana y fomente la libre emisión del voto y la denuncia de actos de compra y coacción por parte de partidos y candidatos; transparentar y hacer públicos los convenios de cooperación....

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Voy a concluir, si dejan de interrumpir en la asamblea.

Las dependencias con las entidades federativas, en la transferencia de recursos y ejecución de programas.

Publicar el padrón de beneficiarios de los programas sociales involucrados, especificando la gestoría de grupos y organizaciones sociales para marcar la gestión corporativo clientelar. Y sobre todo, iniciar procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos...

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Estoy culminando. Involucrados en el caso Veracruz y en aquellas entidades donde existan denuncias por uso indebido de programas sociales y recursos públicos.

Los delegados estatales deberían ser ratificados por este Congreso, en lugar de estar gritando tiempo, para tratar de impedir que se discuta en esta Cámara lo que ocurre.

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Concluyo, presidente, si ordena la sesión para poder concluir.

El Presidente diputado José González Morfín: Es que está totalmente rebasado en el tiempo que le corresponde.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Por lo anterior, se propone que la Junta de Coordinación Política apruebe la Comisión Especial encargada de que no se desvíen recursos públicos en los procesos electorales locales del 2013.

Miren, si vieran qué patético es el Revolucionario Institucional, si vieran sus electores a estos diputados, que cuando uno habla de la corrupción que representan se ponen como se ponen ustedes, sería vergonzoso para este país. Las Cámaras los deberían tomar.

El Presidente diputado José González Morfín: Concluya con su intervención, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Porque ustedes representan la cara de Peña Nieto, que es la cara del cinismo, de la corrupción. Es todo.

El Presidente diputado José González Morfín: Solo para que quede perfectamente claro, porque me están solicitando el uso de la voz. Quisiera, si me permiten dar lectura al artículo 101.

Dice: la agenda política se integrará hasta por dos temas de interés general y solo tendrán una finalidad deliberativa. Un integrante de cada grupo, en orden creciente, de acuerdo a su representatividad en la Cámara podrá fijar su postura. El coordinador de cada grupo parlamentario será quien inscriba un orador para la ronda de posicionamientos de cada asunto. Si el orador no se encuentra en el salón de sesiones en el momento en que el presidente lo anuncia, perderá su turno.

Lo digo porque en fijación de posturas tampoco proceden las preguntas. Entonces, vamos a concluir con lo que es la agenda política, exactamente en los términos del Reglamento.

Tiene el uso de la voz el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, no te preocupes Rosario, esa expresión es muestra de cinismo en estado puro.

Por ello, en buena medida asistimos a uno de los ya consabidos desencuentros electorales entre el PRI y el PAN, por el uso y abuso partidista de los recursos gubernamentales, pero el PAN tiene oportunidad con esta lucha de resarcir algunas de sus desviaciones.

PRI y PAN han hecho de la política social una y otra vez un asunto de elecciones y no de Estado. Un juego de complicidades, en el que ambos partidos juegan en ocasiones el papel de víctimas y en ocasiones el papel de victimarios. PRI y PAN son partidos hermanados en la cultura política que les da sustento, y que es la del abuso político y la manipulación de los sectores más débiles de la sociedad.

¿A qué vienen estos raund de sombra, si en lo fundamental ayer y hoy —como lo demuestra la conducta en esta Cámara de ambos partidos— sus manos se alzan al unísono para aprobar iniciativas al vapor, sin análisis ni discusión, pleito entre bandidos a la hora de elecciones municipales, estatales o federales, esgrime retórica en los medios de comunicación y en esta tribuna, pero que no pone en riesgo el cordón umbilical que los une a la hora de aprobar leyes y decisiones en contra del interés social?

El fondo del asunto es muy sencillo, y lo expresa un dicho de mi natal Sonora: a la hora de la verdad, el PAN y el PRI son mapaches de la misma loma; por una parte el PAN se inconforma ante este evidente abuso priista, pero no olvidemos que es el mismo PAN que ha legitimado el gobierno de Peña Nieto, a través de sus participaciones en el llamado Pacto por México.

No olvidemos que el arribo de Peña Nieto a la Presidencia de la República se dio precisamente como consecuencia de actos ilegales, como el que hoy denuncia el PAN en Veracruz, puestos en marcha durante la campaña electoral de 2012 por los gobiernos estatales priistas, que incluyen a este mismo gobierno de Veracruz.

Es lamentable el cinismo del presidente Peña, de sumir como una cuestión anecdótica las denuncias contra la manipulación de los problemas de los programas sociales. Lo ocurrido en Veracruz no surgió de la nada ni es lamentablemente un caso aislado, sino una constante que viene desde la misma campaña electoral en la que fue candidato y que resultó en su elección desaseada e ilegítima que todos recordamos.

Múltiples fueron las irregularidades y opacidades políticas y financieras que caracterizaron el arribo a la Presidencia del PRI. El PAN lo sabe, pero decidió hacerlo a un lado para participar en la legitimación política del gobierno a través del Pacto por México, un pacto en el que sus integrantes —el PAN incluido— han declarado que no se verá afectado por las cuestiones electorales de coyuntura.

Ello, deben saberlo, significó darle al gobierno del PRI luz verde para que hiciera en materia electoral lo que le diera la gana, sin que ello afectara a su agenda de legitimización mediática y retórica, sustentada hoy por hoy en el Pacto por México.

Ahora bien, si se trata de ir en serio, busque el PAN iniciar el proceso de recuperación de su talante democrático abandonado desde hace años y que tantos y evidentes costos tienen en lo político para la vida interna panista y para su relación con la sociedad mexicana.

Si tal fuera el caso, el PAN debe abordar entonces el tema de la falta de la democracia en la disputa por el poder político en México y hacerlo con decisión y firmeza, alejado de la actitud de comparsa que ha caracterizado su actuación en esta Cámara, en la que una y otra vez ha votado a favor de las iniciativas priistas, ahondando su crisis de identidad y su proceso de recuperación interna.

No se puede legitimar en lo esencial al gobierno acríticamente y cuestionar su proceder abusivo e ilegal en los procesos electorales, como en Veracruz. ¿Acaso cree el PAN en la existencia del llamado nuevo PRI? ¿Acaso cree que un gobierno electo con todo el instrumental de la vieja y anquilosada antidemocracia mexicana va a proceder de forma distinta una vez en el poder? Por supuesto que no.

Respetuosamente les digo: no se engañen, compañeros diputados del PAN, en la esencia de la cultura política del PRI inalterada e inalterable, está la simbiosis con el aparato de la administración pública de los gobiernos a su cargo, sean estos municipales, estatales o federal. Ésa desviación ha llegado con nuevos bríos impulsada por la impunidad, dada la ausencia de costos legales para quienes la practicaron en la elección de 2012 en su camino al poder.

¿Creen acaso que el Pacto por México y los abusos en las elecciones veracruzanas tienen objetivos distintos y se mueven en carriles separados? Por supuesto que no. Ambas iniciativas se dirigen al mismo propósito de reconstruir a través del fortalecimiento del presidencialismo priísta, la hegemonía política nacional perdida por 12 años y a ese propósito han contribuido ustedes mismos con sus votos en esta Cámara.

No permitan, compañeros diputados del PAN, que el velo creado por la incuestionada continuidad de la cultura política del Sí, señor presidente en los 12 años pasados de ejercicio de poder panista se convierte en una camisa de fuerza que les impida voltear hacia sus orígenes de agrupación política surgida para impulsar la democratización en México.

Éste es el tema que aquí en realidad está en discusión, tiene que ver con la identidad política e ideológica, tiene que ver con la congruencia y la ética, tiene que ver con la finalidad a los orígenes, tiene que ver con los compromisos hechos ante el electorado en la pasada campaña electoral.

Este escándalo merece el cese de la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, y si no, el juicio político, pues como siempre suele ocurrir en estos casos, echando el bulto sobre los eslabones más débiles de la cadena, ha echado el bulto sobre los eslabones más débiles de la cadena de complicidades.

Si los funcionarios recién removidos no tenían el perfil adecuado para el desempeño de sus responsabilidades, ¿por qué entonces fueron designados? Ahí hay una responsabilidad intransferible de la señora Rosario Robles; se requiere su renuncia, se requieren nuevos requisitos para los funcionarios responsables de la operación de los programas sociales y se requiere una revisión integral al sistema del servicio civil de carrera.

En Movimiento Ciudadano vamos a apoyar al PAN en este reclamo, pero esperamos, por el bien del país y de su indispensable democratización, que no se trate de un mero exabrupto retórico, que se diluya posteriormente al calor de reuniones y decisiones cupulares.

El reclamo de ponerle fin al fraude electoral es amplio y se extiende por todo el país, pero demanda congruencia y firmeza de quienes enarbolen la bandera. Bienvenido sea el PAN en esta lucha, si es su propósito sincero. Muchas gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Nabor Ochoa López:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, un diputado inició su intervención con un dicho ofensivo para la secretaria de Desarrollo Social. A ese diputado le queda como anillo al dedo otro dicho que dice: El ladrón cree que todos son de su condición.

Los integrantes de la fracción del Partido Verde, venimos a manifestar el respaldo a la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en cuanto a que se investiguen los presuntos actos ilícitos derivados de la utilización de programas sociales con fines electorales y también que se castigue a los responsables.

No podemos pedir menos. No podemos pedir menos, porque precisamente por lucrar con la pobreza, hoy el 54 por ciento de niños y adolescentes en México viven en la pobreza; porque precisamente por aprovecharse partidistamente de la gente necesitada, en el sexenio de Felipe Calderón aumentó la pobreza en 15 millones de pobres. Son un total, en estos momentos, de 52 millones de pobres y de esos, 28 en pobreza patrimonial y 12 en pobreza extrema.

Por eso debemos poner un hasta aquí a ese tipo de perversidades que han obstaculizado construir un país más justo, con mejores condiciones de vida para todos. Pero no lo vamos a hacer si partimos de actitudes cínicas y algunas completamente hipócritas, porque ¿cómo es posible —díganme ustedes— que si cada año aumentamos el presupuesto a los programas sociales, cada año está aumentando la pobreza?

No podemos tampoco ser como muchos, que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Hoy demandan la destitución de la secretaria de Sedesol y del gobernador de Veracruz.

¿Quién es Rosario Robles? Rosario Robles es una mujer formada en la izquierda mexicana, ex dirigente nacional del PRD, fundadora; ex jefa de gobierno del Distrito Federal y, sobre todo, mujer sin partido. Una mujer sin partido.

Vámonos al pasado reciente. Vean ustedes nada más qué incongruencias de la vida. En el sexenio de Felipe Calderón hubo tres secretarios de Desarrollo Social, los tres con un común denominador, y ese fue su identificación partidista con el presidente de la República, militantes distinguidos del PAN.

Hoy también el PAN viene y pide perfiles alejados de la operación político partidista. Suena muy bien. Vamos entrándole al tema. Qué lástima que no se le entró antes al tema.

Vamos modificando la Ley de Desarrollo Social; y sabemos que un diputado del PRD trae por ahí una propuesta interesante. Vamos modificando, vamos estableciendo los requisitos en el reglamento interno de la Sedesol y entonces sí pongámonos a pedir ese esquema de calidad de ética de perfil.

Porque ahora que se toca el tema de Veracruz, que es muy interesante tocar el tema de Veracruz, si vamos, si queremos un perfil alejado de partidos, nada más díganme quién era el delegado de Sedesol, que salió ahora en enero de este año: Abel Cuevas Melo, ex diputado federal, ex funcionario de la presidencia de la República y ahorita candidato a presidente municipal de Xalapa.

¿Quién es Miguel Ángel Yunes Márquez? Nada menos que ex diputado local, ex alcalde de Boca del Río, ex coordinador estatal de Oportunidades —por cierto hay unos videos ahí muy interesantes— y ahora candidato a alcalde de Boca del Río.

Pero la joya, no de la corona, la joya de la inconsciencia, es solicitar que se suspendan las altas y bajas del padrón de beneficiarios de los programas sociales y de salud. Por favor, ¿quién de ustedes habrá de acompañarnos con los adultos mayores para decirles que porque hay elecciones, que porque no hay el perfil de los delegados que ustedes quieren, no vamos a poder entregarles su apoyo mensual o bimensual?

¿Cómo le vamos a decir a la madre de familia que vive de esos programas sociales, que con esos programas sociales comen ellas y sus hijos, cómo les vamos a decir que por capricho de unos cuantos —que están cómodamente instalados en sus cubículos y en sus curules y ganando muy buenos ingresos— a petición de todos ellos, que se pare el alta de beneficiarios?

Ahora también decirles, compañeros, que además de pedir la destitución como condición, también se dice que, de no hacerlo, van a romper con el pacto. Qué lástima para aquéllos que todavía no entienden que este país debe alejarse ya de los pleitos estériles, de las reyertas, de los conflictos. Qué lástima, porque aquellos que más nos necesitan, siguen esperando que nos pongamos de acuerdo.

La política es un arte, una profesión muy noble. Lamentablemente la política también tiene sus lados oscuros y en ocasiones tiene un lado miserable. ¿Cómo es posible que aquí hayan venido compañeros a solazarse, a exigir, a motivar que se rompa con el Pacto por México, cuando el Pacto por México es el camino que nos puede llevar a construir el país que nos demanda esa gente que está esperando resultados de esta Cámara, señores? ¿Cómo es posible?

Pero entendemos a algunos de ustedes; gracias a que sigue habiendo pobres, porque de ahí viven, por eso siguen haciendo política y por eso no quieren que se acabe la pobreza.

Por eso el día de hoy, si de veras quieren que le entremos al tema, compañeros de todas las fracciones, vamos entrándole al tema de los requisitos para delegados, para secretarios de desarrollo social del gobierno del D.F., de los estados y también de los municipios. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Uriel Flores Aguayo:Con el permiso de la Presidencia. Vengo a expresar la postura oficial del Partido de la Revolución Democrática, en su Consejo Nacional y en sus grupos parlamentarios, en el sentido de suscribir la solicitud de juicio político a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y al gobernador del estado de Veracruz, y también la denuncia que se ha hecho en la Procuraduría General de la República para que se investiguen los hechos denunciados, que constan en una serie de videos que son del dominio público.

Estamos ante un hecho aparentemente local, que ha ocurrido en el estado de Veracruz, pero que tiene un impacto nacional, como damos cuenta el día de hoy al estarlo tratando, precisamente en este momento, en este ámbito.

Son hechos graves. Hay que ser objetivos y hay que ser serios en su tratamiento. Lo peor que podemos hacer o que se podría hacer es minimizarlos, es pretender ocultarlos, no reconocerlos o tratarlos con eufemismos o con cinismo: como tú lo hacías, de qué te quejas, yo también lo hago. Esa es la República del cinismo a la que nos están invitando.

Peor aún, el aguanta Rosario, que se va a volver de esas frases emblemáticas de los sexenios. ¿Aguanta qué? No estamos ante una crítica o una opinión o una duda, estamos ante una denuncia, ante un cuestionamiento de fondo.

Lo que hay que hacer, o te separas del cargo voluntariamente para que se haga la investigación o renuncias al cargo, o te despiden del cargo, pero no se puede decir por parte de Peña Nieto: aguanta Rosario. Nos parece de lo más desafortunado, y habría que aceptarlo en esos términos.

Estamos también —hay que decirlo— por parte del PRD, ante un tema de interés general. No se trata de apoyar a un partido político, en este caso al PAN, tampoco se trata porque ése ha sido un maniqueísmo vulgar que se ha aplicado en Veracruz, de apoyar a un personaje o de apoyar a una familia. No se trata de esto tampoco. Eso oculta, eso oscurece. No estamos en esa idea nosotros. Estamos estrictamente hablando de hechos, nos estamos refiriendo a hechos concretos, sobre los cuales se tiene que responder.

Para nosotros lo sano, lo democrático es reconocerlo. Así dice la publicidad de Sedesol, de la cruzada, exactamente así dice, de la Cruzada Contra el Hambre. La manera de iniciar el combate al hambre, es reconocer que hay hambre. Esa es la publicidad de la Sedesol, actualmente.

Entonces, hay que reconocer el problema, hay que allanarse; en vez de inventar pretextos de disimular, de obstruir en esa vieja cultura política, lo que hay que hacer es allanarse. Abran las investigaciones, realícense las inspecciones, los peritajes, adelante, ponerse a la disposición de las autoridades competentes para que se haga la investigación, investigar y también deslindar responsabilidades.

Planteamos nosotros que nuestro país está urgido de que las entidades federativas dejen de ser estados bananeros, como nos parece encuadra perfectamente el estado de Veracruz, mi estado; sin embargo, desde el ámbito local, nosotros pensamos que la crisis que se ha abierto es una oportunidad para el propio gobierno del estado de Veracruz, de dejar atrás el pasado y reorientar el rumbo político de Veracruz, porque hemos estado en un ambiente muy regresivo desde el punto de vista político.

Este caso que nos ocupa, este asunto que se ha denunciado gravísimo, abre una crisis política que tiene varias aplicaciones o varios impactos; por un lado exhibe al PRI local y a funcionarios estatales. La pregunta es si el PRI nacional va a avalar, va a aceptar, va a tolerar y va a estimular, está de acuerdo con este tipo de conductas. Ésa es la pregunta, por eso pasa del ámbito local al ámbito nacional y luego se les regresa también del ámbito nacional al ámbito estatal. Tiene una relación dialéctica y los funcionarios estatales siguen resistiendo el no separarse.

Correctamente Sedesol separa a cinco funcionarios, el delegado se hace a un lado. Pero en el caso de Veracruz no, nadie de los funcionarios aludidos. Al menos que lo nieguen, al menos que planteen que fueron suplantados, que es un montaje, que es una máscara, que es un actor, pero si son ellos, si empiezan por reconocerlo o medio reconocerlo tienen que separarse del cargo.

Se ha salido con algo realmente curioso, que es mandar al secretario de Finanzas de Veracruz a que comparezca al Congreso local, sin que ningún diputado ni siquiera un diputado palero lo pida, pero ésa es la salida, que comparezca en un lugar donde nadie lo está denunciando, nadie lo está pidiendo y nadie lo quiere, y una vez que instrumentaron la comparecencia en el Congreso se dan cuenta que no existe la Comisión de Hacienda del estado, porque la titular está de licencia porque es candidata en un municipio y hasta mayo lo podrán recibir para que comparezca.

Ese tipo de salidas son absurdas, son incorrectas y no se deberían de tolerar, y obviamente ha dañado a Sedesol, porque cuestiona la política social, cuestiona los programas sociales.

Hace poco compareció la secretaria y le habíamos planteado precisamente el tema, qué mecanismos, qué seguimiento, qué control, y evidentemente no se tomó ninguno o está tan laxo todo, que todo se puede hacer. Pero ha golpeado fuertemente la credibilidad de Sedesol, de la titular en su imagen, en los propósitos de honradez, de transparencia y de blindaje electoral. Eso nos parece también muy delicado, porque nosotros hemos estado muy preocupados, se lo planteamos a la titular, que la Cruzada Nacional contra el Hambre no se fuera a convertir en una cruzada nacional por los votos, y lamentablemente el caso Veracruz pone en evidencia esto.

Entonces, la PGR tiene que actuar, hay denuncias al respecto, a la Presidencia de la República le han estado haciendo ya solicitudes formales públicas, tiene que tomar medidas.

En el caso nuestro local, Veracruz tiene que recuperar mucho de un espíritu libertario democrático. Nos ha ido mal últimamente, tumbaron la coalición opositora, se ha humillado de manera muy lamentable al PRD, se le ha ofendido, se le ha faltado al respeto al PRD en un abuso de poder, al PRD de Veracruz, utilizando a las instituciones, al tribunal estatal y, en general, se ha vivido un ambiente regresivo contra la libertad de expresión y contra los partidos opositores y las reglas básicas de la convivencia democrática.

Hay que reclamar para Veracruz que se cumplan las reglas básicas de la democracia, citemos autores: Sartori, Bobbio, Bovero, Robert Dahl. Hay reglas, es universal, o hay libertad de expresión o hay libertad para elegir o hay elecciones libres imparciales o hay pluralidad o se recibe trato igual y existe un Estado de derecho, o no puede decírsele a eso democracia. Se le puede decir cualquier cosa, pero no democracia. Se le puede decir Estado bananero pero no un Estado libre donde valga la pena vivir.

Así que pedimos justicia en este caso y respeto a las normas básicas de la convivencia en nuestro estado y en particular a la oposición y al PRD. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Víctor Serralde Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Víctor Serralde Martínez:Muy buenas noches. Con la venia, presidente. Compañeros diputados, antes de referirme de fondo a los hechos de Veracruz, que hoy generan la atención de todos los mexicanos, quiero decirles que soy un hombre educado en el respeto a las instituciones.

Cuando Peña Nieto vino a esta alta tribuna y juró respetar la Constitución y hacerla valer, entendí que dejó de ser Enrique Peña Nieto y se convirtió en el presidente de los mexicanos.

No fue fácil darle crédito a un hombre que accedió al poder con graves cuestionamientos de prácticas antidemocráticas, llevadas a cabo a lo largo de su campaña. Ahí está el caso Monex, que hoy nos sigue ocupando en esta tribuna, hoy en las manos de un presidente de una comisión especial, que todos los diputados tuvimos que defender para que fuera de oposición y no para que quedara en las manos de un diputado famoso por el uso de charolas.

Ahí está el caso Soriana y, por supuesto, fue cuestionada esa campaña con la que llegó a gobernar este país el presidente Peña Nieto, por aquel hecho de una avioneta que despegó de Veracruz, que llevaba a bordo al tesorero de la Secretaría de Finanzas con 25 millones, presuntamente para comprar los tamales para la feria de Tlacotalpan.

Ya desde ahí el gobierno del estado de Veracruz daba graves dolores de cabeza al entonces candidato Enrique Peña Nieto y hoy presidente de los mexicanos.

Quiero decirles que no fue fácil, a partir de la toma de posesión del presidente Peña Nieto, que dentro de mi grupo parlamentario procesáramos acompañar al PRI y al PRD en iniciativas propuestas por la Presidencia de la República; fue así como se configuró el Pacto por México, que no es sino el encuentro de las buenas voluntades de todos y cada uno de los actores políticos de este país para darle a México un rumbo certero y un mejor futuro a sus ciudadanos.

No fue fácil aprobar la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones, cuando en Veracruz veíamos cosas que nos empezaban a sorprender. No se reflejaba en Veracruz la misma disposición que en la mesa del pacto. Aquí hay fotografías que denuncian una campaña mediática, Oportunidades ahora es para todos.

Quisiera, desde esta tribuna, que Rosario Robles contestara con qué partida presupuestal pagó esta campaña mediática, Oportunidades ahora es para todos.

Cientos de espectaculares en el estado de Veracruz —y mis compañeros diputados veracruzanos no me dejarán mentir— fueron contratados para exhibir esta campaña mediática. Miles de bardas fueron pintadas en los municipios principalmente gobernados por el PRI.

Casualmente, la orden para pintarlas salió de la Secretaría de Gobierno del estado de Veracruz. En esas mismas bardas donde hoy dice: Oportunidades ahora es para todos, en esas mismas bardas hoy se hace campaña para los aspirantes a diputados y alcaldes del Partido Revolucionario Institucional y son hechos que están acreditados ante notario público y que serán próximamente denunciados ante las instituciones encargadas de impartir justicia.

Las cosas no marchaban bien en Veracruz, mientras aquí respaldábamos al presidente Peña Nieto, con ese discurso de transformar y mover a México, cuando en Veracruz se ordenaba que todas y cada una de las credenciales con las que cobran sus recursos bancarizados los beneficiarios del programa Oportunidades —como aquí se demuestra— se les adhiriera una calcomanía del programa Adelante, del gobierno del estado de Veracruz, encima del logotipo Vivir mejor, que venía originalmente en esas credenciales.

Las cosas no iban bien en Veracruz, cuando se señalaban graves cuestionamientos de la intervención del gobierno del estado en la vida interna de los partidos políticos. Fue un escándalo nacional la intervención del gobierno del estado en la vida interna del PRD.

Hoy lo digo con profundo pesar, el PRD en Veracruz difícilmente acciona después de la intromisión a la que fueron sometidos.

Fue difícil acompañar al presidente Peña Nieto en estas reformas que desde esta Cámara de Diputados aprobamos con grandes diferendos, cuando en los medios se dice que el principal operador de la campaña del PRI en Veracruz volverá a ser un ex gobernador: Fidel Herrera Beltrán.

Cuando Fidel Herrera Beltrán dice —en las grabaciones que se han exhibido ante los medios— que fue invitado a formar parte del gabinete diplomático del presidente Peña Nieto.

No porque fuera militante del PRI, sino porque en la primer página del Reforma, hace unos días, un narcotraficante detenido en Estados Unidos de América acusa de haberle entregado 12 millones de pesos para pagar su campaña en el 2006, a cambio de abrirle el Estado a un grupo de delincuencia organizada. No lo dice Víctor Serralde, lo dice el diario Reforma y la investigación la lleva la DEA en Estados Unidos de América.

Quiero decirles que hace unos días se presentó una denuncia por parte de un diputado federal, en donde se aportaron testimonios, videos y audios o grabaciones en donde muchos funcionarios del gobierno del estado de Veracruz se reúnen periódicamente; durante cinco meses que duraron esas grabaciones, se reúnen periódicamente cada semana para darle evaluación y seguimiento a la estrategia montada y orquestada por estos funcionarios para utilizar los programas sociales, en beneficio de un partido político, específicamente el PRI.

La página www.ladronesdelecciones.mx da testimonio de todas y cada una de estas grabaciones, y de todos esos elementos probatorios aportados en la denuncia presentada.

Ahí se señala al secretario de Finanzas del gobierno del estado de Veracruz, como el enlace del gobernador Javier Duarte de Ochoa, para operar con los recursos del estado; ahí se señala al ex secretario de Salud, quien dice paradójicamente, casualmente, que las sillas de ruedas son para el PRI, son para los que votan por el PRI; ahí se puede escuchar una serie de audios, en donde los funcionarios, como Pablo Anaya, como Salvador Manzur, como el propio aspirante a candidato a la alcaldía de Boca del Río, señalan que el hambre es oro molido.

Lo paradójico de todo esto es que al día de hoy ni Javier Duarte ni ninguno de los involucrados ha desmentido ni las grabaciones ni el video, sino por el contrario, aceptaron que sí son, pero que no constituyen pruebas suficientes para ser sancionados.

Lo paradójico de todo esto es que en medio de la soberbia se diga que se puede pedir el juicio político, pero que no se nos concederá a los diputados; es decir, quien dijo estas palabras piensa que tiene autoridad sobre esta Cámara de Diputados, la misma autoridad que ejerce sobre el Congreso del Estado de Veracruz.

Allá en Veracruz —termino, presidente— allá en Veracruz basta una solicitud del gobernador para que los diputados reciban, sin haberlo solicitado, al secretario de Finanzas del estado.

Me pregunto, si en esta alta tribuna la solicitud del presidente Peña Nieto obligaría a los diputados a recibir a quien no hemos invitado a comparecer.

Quiero decirles a ustedes que estamos ante una grave afectación al sistema democrático de este país. No se trata de Veracruz, se trata de México. No se trata del PAN ni del PRI, se trata de los mexicanos. No se trata, simple y sencillamente de programas sociales, se trata de todos los problemas más graves que padecen este país, empezando con el hambre.

Quiero decirles, compañeros, que no estamos dispuestos a que por haber rebasado el límite de tiempo en esta tribuna se nos calle la voz. Hablaremos en defensa de quien necesita que los diputados sean congruentes y salgan a defender lo que el PRI no les dio durante 70 años de autoritarismo. Estamos dispuestos a defender a quien tiene hambre para que no sea utilizado ni como botín ni como moneda de cambio. Viva la democracia. Viva Acción Nacional y que se acaben las prácticas corruptas del PRI, que no quiere cambiar.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la voz el diputado Fernando Charleston Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Fernando Charleston Hernández:Con su venia, señor presidente. Congruencia. Compañeros y compañeras diputadas, quiero dividir mi intervención en tres etapas; la primera, para dirigirme a todas las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión y en especial a mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional.

Hemos avanzado en grandes reformas, en grandes acuerdos, que deberán de traducirse en respuesta para miles y miles de familias que quieren un cambio para ellos y para sus hijos. No lo hemos hecho solos, lo hemos hecho en compañía de diputados de la derecha y de la izquierda, de diputados del PAN, que no quieren ser presas de unos cuantos, y lo hemos hecho también a favor y con la venía de la izquierda, esa izquierda propositiva, esa izquierda con la que compartimos muchos temas, que el día de hoy estamos haciendo realidad aquí en México. Muchos temas que la gente lo pide.

No caigamos en provocaciones, amigas y amigos del PRI, esto que pasa en una entidad de nuestro país pasará seguramente en las otras 13 entidades donde habrá elecciones. Nadie gana cuando se paraliza el país. Nadie gana cuando se paralizan las ideas; y eso, amigas y amigos, nos tiene que quedar muy claro a todos.

Sigamos avanzando; sigamos avanzando en las reformas que quiere la ciudadanía, y lo haremos, seguramente lo haremos todos juntos: la izquierda, la derecha y el PRI y sus aliados.

Tenemos que venir aquí, amigas y amigos diputados del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de Nueva Alianza, con la firme convicción de que estamos haciendo y realizando los cambios que el país necesita, y lo hacemos juntos. Así es, pues, que tenemos que avanzar en éste y en muchos temas. Nadie gana cuando se polariza el país.

En segundo término, quiero dirigirme a todo Veracruz; a mis paisanos veracruzanos. En Veracruz estamos acostumbrados que en cada proceso electoral existen muchos tipos de descalificaciones, todas ellas, muchas de ellas con dolo. Estamos acostumbrados, pero también sabemos que estamos avanzando a pasos acelerados. Lo hacemos en un Congreso local que tiene clara convicción y con un gobierno también que va de la mano con lo que pide y lo que quiere la gente.

Así vamos a seguir avanzando en Veracruz, con esa convicción; así lo harán mis amigos diputados veracruzanos y estoy seguro que también lo quieren los diputados veracruzanos de las otras fuerzas políticas. Lo he platicado con ellos, no solamente con los de la izquierda, con los de la derecha también, que se han acercado conmigo y me han dicho que quieren realmente sacar adelante, tanto a su partido como a mi estado. Bienvenidas, bienvenidas esas propuestas, señoras y señores diputados.

En tercer lugar, quiero dirigirme al pueblo de México. Estén tranquilos, amigos y amigas mexicanos, en México seguimos avanzando adelante para cambiar la realidad de miles y millones de familias. El presidente de la República está haciendo frente a grandes y graves problemas que aquejan a millones de familias mexicanas: el hambre, que existe en nuestro país.

La disposición del gobierno de la República, con el apoyo de su partido, del Partido Revolucionario Institucional, es que la política social sea ejercida conforme la ley lo dispone, sobre todo y con mayor congruencia, para atender a quienes menos tienen.

Como lo dispone la ley, el gobierno habrá de acatar escrupulosamente sus obligaciones, sujetando a todos los funcionarios en su ámbito de competencia al ejercicio debido de las funciones públicas, lo mismo que exige a los distintos niveles de gobierno, como también a la conducta responsable de los partidos.

Amigas y amigos diputados, los procesos electorales tienen su propia dinámica, su propio debate, inclusive su propia confrontación de ideas, pero no deben de descarrillar el proceso de las reformas que aquí, todos juntos, estamos logrando. Somos representantes de la sociedad y tenemos un solo mandato: no atender intereses particulares, por muy legítimos que ellos sean, de algunos partidos políticos.

México se está moviendo hacia adelante. Así lo seguiremos haciendo, porque estamos convencidos de que México reclama acuerdos de sus fuerzas políticas para seguir adelante en este camino de transformación. Es cuanto, señor presidente.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Concluida la ronda de oradores, informo a la asamblea que en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 19:38 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 24 de abril, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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