Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 277 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:12 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 24 de abril de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación a dictámenes negativos de proposiciones con punto de acuerdo.

Del diputado Javier Filiberto Guevara González

En relación a retiro de iniciativa con proyecto de decreto.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al virus de la influenza aviar.

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se cumpla con el principio del interés superior de la niñez.

Del Presidente Consejero del Consejo Ciudadano

Por el que remite el Primer Informe Anual de Resultados del estudio e investigación para el desarrollo de medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos.

Minuta

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se crean los grupos de amistad que funcionarán durante la Sexagésima Segunda Legislatura. (Votación)

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Vivienda, que adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

Dictámenes a discusión De leyes y decretos

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio.

De las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.

Dictámenes a discusiónNegativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 6 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, 28, 28 bis y adiciona un párrafo VIII al artículo 27 y un VII al artículo 96 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 bis 32 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 23, 51 bis1 y 58 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 218 Capítulo III, Titulo Décimo Segundo de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil.

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Dictámenes a discusiónDe puntos de acuerdo

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos Estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del Adulto Mayor.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de Octubre.

De la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos Congresos Estatales, para que aprueben el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, se establezca el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícitos de gas LP en el país.

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas, revisen su legislación civil, a fin de aumentar la edad mínima para que ambos contrayentes puedan contraer matrimonio.

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que designe al Titular del Instituto Mexicano de la Juventud.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Desarrollo Integral de la Familia, constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niñas, niños y adolescentes sin compañía, que sean repatriados de los Estados Unidos de América y se promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de los Estados Unidos de América atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con cinco ciudadanos cubanos.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por conducto de la Procuraduría General de la República, solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al Gobierno de México, de los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las Islas Bermudas a Javier Villareal ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, a garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permita a los ciudadanos, el uso del espacio público con seguridad ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Gobierno y al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, brindar apoyo a los locatarios afectados por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, incorporar en su Programa Nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “Demarcaciones Prioritarias”.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, una opinión en la que se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en relación con la regularización de vivienda de las familias asentadas en el Fraccionamiento Rincón de las Flores en Reynosa, Tamaulipas.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT, Banobras, y Capufe, para eximir del cobro en la plaza 164 por la utilización del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicada en el Km. 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se solicita a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información relativa a las negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a niños expatriados.

De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones adoptar las medidas conducentes para asegurar que se brinde el debido seguimiento de atención de las quejas presentadas por los usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía móvil prestado por la compañía “Telcel” filial de “América Móvil”, el 26 de enero de 2013.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consolidar las áreas de servicio local correspondientes al Estado de Baja California.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos Estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades, a fin de aplicar programas de educación sexual a menores de edad en las escuelas del país.

De la Comisión de Asuntos Frontera Norte, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno de los Estados Unidos de América, destinar un número mayor de elementos en las garitas para agilizar los cruces fronterizos del norte del país.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, para que emprendan las acciones legislativas conducentes, con el objeto de tipificar en su legislación y, conforme a los estándares internacionales en la materia, el delito de desaparición forzada de personas.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, dé seguimiento a la atención de la recomendación 061/2011 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas Locales, para que emprendan las medidas legislativas necesarias tendientes a tipificación del delito de discriminación en su normatividad penal.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que se regularicen las concesiones de pozos con títulos vencidos en el país, otorgándoles las facilidades para adquirir nuevas concesiones y asignaciones.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua promover mediante campañas mediáticas de alta penetración, sistemas de recuperación de agua pluvial y busque intensificar sus Programas de Cultura del Agua.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno Federal, la instrumentación de acciones para atender el desabasto de agua en la Delegación Iztapalapa.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que incremente los programas de prevención de embarazos en mujeres adolescentes.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, Federal y Estatales, para que en coordinación con instituciones públicas y privadas, unan esfuerzos para que a través de caravanas de salud, intensifiquen las acciones de prevención del cáncer de mama.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, establezca un programa permanente para la detección temprana y prevención del Cáncer de Próstata.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH/SIDA, transparenten y argumenten el proceso de dictaminación de la Convocatoria Pública para la implementación de estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante VIH y el SIDA 2013.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de que se limite el uso de productos que contengan bisfenol A en el envasado de alimentos.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, evalúe, intensifique y perfeccione las campañas enfocadas a la detección temprana de la hipertensión arterial entre la población susceptible de padecer esta enfermedad.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y a los Gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, intensifiquen las acciones para la prestación de servicios de atención médica integral de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo relativos a la cancelación del registro de endosulfán en México, en cumplimiento del Convenio de Estocolmo.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobernador y a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, atiendan de forma prioritaria el problema de insuficiencia renal crónica que presentan los habitantes de la Región Oriente del Estado de Michoacán.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, difunda a través de una campaña masiva de comunicación, el uso de condón femenino y lo distribuya gratuitamente.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados manifiesta su beneplácito y respalda la candidatura de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas durante el periodo 2021-2022.

Iniciativas

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Aguayo López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 58, 63, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 231 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 25 y 149 de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Fernando Charleston Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 8o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 y adiciona los artículos 19 Bis y 19 Ter a la Ley de Migración, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 221-B a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 7o. y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 25, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis 4 a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 37 y 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 65, 66, 67 y 69 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 Constitucional, en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, a cargo de la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 153-T de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 233 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado José Luis Flores Méndez, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Consuelo Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por el diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 182-I del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 129, 130, 199 y 202 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 48 y 57 de la Ley General de Educación y 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 y 50 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35, 49, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, y suscrita por el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Segundo Transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77 Bis 31 y 77 Bis 32 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Coordinación y Control de las Instituciones de Asistencia Social y Responsables de la Tutela de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón y suscrita por la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 y adiciona un artículo 22 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 16 y 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 31 y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier López Zavala y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Población. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 43 Bis y reforma el artículo 56 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6º y 8º del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 224 y 226 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 368 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 322 y 324 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen y suscrita por el diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, para que agilice los planes y programas contemplados en el Programa Nacional Contra la Sequía, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las autoridades correspondientes, revierta la reserva de la información relacionada con la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la solución del conflicto de la Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la PGR, para que consideren la creación de una Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos contra los migrantes nacionales y extranjeros que ingresan, permanecen y se trasladan en el territorio mexicano, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, se contemple una mayor participación de los ciudadanos en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que publique un acuerdo en el DOF, que autorice la modificación a las tarifas de energía eléctrica, eliminando los meses de mayo, junio y octubre como parte del periodo de aplicación de la tarifa horario verano en periodo punta, para la industria de Baja California, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que considere llevar a cabo la actualización del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, a cargo de la diputada Ma. Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo federal, para que emita el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se diseñen mecanismos especiales para la atención de las personas con impedimentos económicos y que padecen enfermedades terminales y crónico degenerativas, en la región de tierra caliente y costa del estado de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, para que se instruya la creación e implementación de un programa especial que atienda la reducción de consumo de energía en las instalaciones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que implemente un programa de empleo temporal, ante la difícil situación del sector pesquero en la zona de tierra caliente y costa del estado de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la directora del DIF, para que emprenda un proceso de coordinación, con los sistemas estatales y municipales para el desarrollo integral de la familia, encaminado a lograr la simplificación de los procesos de adopción, a cargo de la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que esténtor la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintitrés de abril de dos mil trece, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos diputadas y diputados, a las once horas con diecisiete minutos del martes veintitrés de abril de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad realizan comentarios con relación al Orden del Día, y sobre diversos temas legislativos los diputados: desde sus respectivas curules, Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; y Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, quien responde alusiones personales; desde la tribuna, Rubén Camarillo Ortega, y José Isabel Trejo Reyes, ambos del Partido de Acción Nacional; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

A las once horas con cuarenta y siete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos sesenta y nueve diputadas y diputados.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva:

• En relación a dictámenes negativos de proposiciones con punto de acuerdo. De conformidad con el artículo ciento ochenta, numeral dos, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

• En relación a modificación de turno de proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el Plan Nacional de Desarrollo dos mil trece-dos mil dieciocho se considere el aprovechamiento sustentable del agua como una estrategia de seguridad nacional, remitida el once de abril de dos mi trece. De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica y se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, y de Agua Potable y Saneamiento, para dictamen. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes de Comisiones Ordinarias. De enterado. Comuníquese.

c) De los diputados:

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Gobernación, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a establecer el diecisiete de mayo como Día Internacional contra la Homofobia, presentada el dieciséis de abril de dos mil trece.

• María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de le Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada el veintisiete de noviembre de dos mil doce.

• Celia González Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Gobernación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos ciento veintinueve de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y treinta y cinco de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada el veintisiete de noviembre de dos mil doce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

d) De la Cámara de Senadores, con la que remite Acuerdo aprobado por el que exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, incluya en las reglas de operación de los Programas para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, los criterios que permitan acceder a dichos programas a este segmento de la población asentada en zonas urbanas del país. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

e) De Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para atender de manera integral el maltrato infantil. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso, relativo a disturbios ocurridos al interior de diversos centros penitenciarios y de readaptación social. Se remite al promovente, para su conocimiento.

• Por la que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Galia Rabchinsky Krawetz y Jaime Núñez Llanas, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, e informa que el ciudadano Alfredo Merlo Juárez, ha dejado de prestar servicios en la misma. La solicitud de permiso, se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Por lo que se refiere al ciudadano que deja de prestar servicios, se remite a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Con la que envía el Informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondiente al primer bimestre de dos mil trece. Se remite a las Comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con la que remite el Primer Informe Trimestral del dos mil trece, sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del Presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con la que remite el Primer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de dos mil trece, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía. Se remite a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Salud, con el que remite el Primer Informe Trimestral dos mil trece de los Programas sujetos a Reglas de Operación, así como los informes del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en su componente de salud, correspondiente al periodo noviembre-diciembre de dos mil doce, y la información actualizada al cierre de dos mil doce, de los programas: para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, de Atención a Familias y Población Vulnerable, de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de Atención a Personas con Discapacidad, Seguro Médico para una Nueva Generación, y Sistema Integral de Calidad en Salud. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Se somete a discusión el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales, que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Julio César Moreno Rivera.

La Presidencia saluda la presencia en el Recinto del muralista Salvador Almaraz.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México; Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática; Raúl Paz Alonso, del Partido de Acción Nacional; y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.  En su oportunidad y desde su curul interviene el diputado Alfredo Zamora García, del Partido de Acción Nacional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y Roberto López González, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro los diputados: Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido de Acción Nacional; y Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México. Se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación al proyecto de decreto, a los diputados:

• José Ángel Ávila Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, en votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, en votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Ricardo Villarreal García, del Partido de Acción Nacional, en votación económica se admite a discusión, de la misma manera se acepta y se reserva para su votación nominal con la modificación aceptada por la Asamblea.

En su oportunidad, la Presidencia da la bienvenida al señor Embajador de Irlanda en México, Eamon Hickey, quien se encuentra en el Recinto en ocasión de la inauguración de la exposición “La presencia de Irlanda en la Cámara de Diputados”.

En votación nominal por trescientos cincuenta y seis votos a favor; ciento diecinueve en contra; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la modificación aceptada por la Asamblea. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad, y desde su curul, realiza moción de ilustración la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Se recibe de la Cámara de Senadores, Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos seis, siete, veintisiete, veintiocho, setenta y tres, setenta y ocho, y noventa y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones. El Presidente somete a consideración de la Asamblea modificar del Orden del Día, en votación económica se autoriza. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Derechos Humanos, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

b) De Economía, que adiciona un párrafo cuarto al artículo mil trescientos noventa y cinco del Código de Comercio.

c) Unidas de Marina y de Transportes, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos y la fracción primera del artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Puertos.

d) De Hacienda y Crédito Público, que reforma el artículo veintisiete, y deroga el artículo treinta dos de la Ley del Seguro Social.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se continúa con la discusión de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Que reforma y adiciona los artículos cincuenta y uno, sesenta y dos, ciento dieciséis, y ciento treinta y nueve de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada, Aida Fabiola Valencia Ramírez. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Mario Miguel Carrillo Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; y Gabriel Gómez Michel, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos cuarenta seis votos a favor; y cuatro abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos cincuenta y uno, sesenta y dos, ciento dieciséis, y ciento treinta y nueve de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Claudia Elena Águila Torres. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; y Minerva Castillo Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos cincuenta y cuatro votos a favor; y cuatro abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul la diputada Martha Lucía Mícher, Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria de la ciudadana Libertad Bautista, quien se desempeñaba como jefa de edecanes en la Cámara de Diputados y falleció el pasado jueves dieciocho de abril del presente año. La Presidencia obsequia dicha solicitud.

b) De Justicia, que reforma los artículos ochenta y seis, ochenta y siete, ciento treinta y tres, doscientos noventa y dos, trescientos noventa y cinco, y mil seiscientos doce, se derogan los artículos ochenta y ocho, ciento cincuenta y siete, doscientos noventa y cinco, trescientos noventa y cuatro, mil seiscientos trece, y mil seiscientos veinte del Código Civil Federal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Zuleyma Huidobro González. Sin oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cincuenta votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos ochenta y seis, ochenta y siete, ciento treinta y tres, doscientos noventa y dos, trescientos noventa y cinco, y mil seiscientos doce, se derogan los artículos ochenta y ocho, ciento cincuenta y siete, doscientos noventa y cinco, trescientos noventa y cuatro, mil seiscientos trece, y mil seiscientos veinte del Código Civil Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

c) De Deporte, que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas. Para presentar moción suspensiva interviene el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, la cual en votación nominal, por ciento ochenta y cuatro votos a favor; doscientos setenta y cinco en contra; y dos abstenciones, no se toma en consideración y se desecha. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México; Juana Bonilla Jaime, del Partido de la Revolución Democrática; Flor de María Pedraza Aguilera, del Partido de Acción Nacional; y Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión e interviene en contra del dictamen el diputado José Isabel Trejo Reyes, del Partido de Acción Nacional. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para discusión en lo particular los artículos: primero; tercero, párrafo primero; tercero, fracciones: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, y undécima; cuarto, fracciones: undécima, y decima segunda; veinte; treinta, fracciones: décima sexta, y décima octava; cincuenta, párrafo segundo; cincuenta y nueve; sesenta; ochenta, párrafo segundo; ochenta y ocho; noventa y tres; noventa y cuatro; noventa y cinco, párrafo segundo; noventa y seis; noventa y nueve; ciento quince; ciento treinta y ocho, fracción séptima, recorriéndose a la fracción octava; ciento treinta y ocho; ciento treinta y nueve, párrafo segundo; y ciento cincuenta y uno, adición de una fracción.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En votación nominal por doscientos noventa y siete votos a favor; ciento cincuenta y ocho en contra; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación de los artículos reservados a los diputados:

• Flor de María Pedraza Aguilar, del Partido de Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados primero, y tercero fracción undécima, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, y se reservan para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo reservado tercero, párrafo primero, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; para presentar propuesta de modificación al artículo reservado tercero, fracción primera, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados:

– Tercero, fracción segunda, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

– Tercero, fracción tercera, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados:

–Tercero, fracción cuarta, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

– Noventa y seis, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo reservado tercero, fracción quinta, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo reservado tercero, fracción sexta, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo reservado tercero, fracción séptima, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo reservado tercero fracción octava, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo reservado tercero, fracción novena del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo reservado tercero, fracción décima del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados cuarto, fracción décima segunda; treinta, fracciones décima sexta, y décima octava; cincuenta y nueve; y sesenta, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, y se reservan para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados:

– Cincuenta, párrafo segundo, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

– Ochenta, párrafo segundo, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados:

– Noventa y tres, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

– Noventa y cuatro, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

– Noventa y cinco, párrafo segundo del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados:

– Ciento quince, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

– Ciento treinta y ocho, fracción séptima, recorriéndose a la fracción octava, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

– Ciento treinta y ocho, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

– Ciento treinta y nueve, segundo párrafo, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

En votación nominal, por doscientos sesenta y cinco votos a favor; ciento cincuenta y nueve en contra; y dos abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos reservados, primero; tercero; veinte; treinta; cincuenta; cincuenta y nueve; sesenta; ochenta; ochenta y ocho; noventa y tres; noventa y cuatro; noventa y cinco; noventa y seis; noventa y nueve; ciento quince; ciento treinta y ocho; ciento treinta y nueve; y ciento cincuenta y uno, del proyecto de decreto, en los términos del dictamen.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que informa cambios de integrantes en Comisiones Ordinarias, Especiales y de Organismo Permanente. En votación económica se aprueba. Comuníquense.

• Por el que se exhorta a Comisión Nacional del Agua a otorgar facilidades administrativas para la regularización de concesiones no renovadas de usuarios de aguas que realicen actividades de carácter agropecuario. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados, los cambios que comuniquen los Grupos Parlamentarios en la integración de Comisiones Ordinarias, Especiales, Comités, Centros de Estudio, Grupos de Trabajo y Organismos Internacionales Permanentes, durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

En el capítulo de Agenda Política, hacen comentarios relativos al presunto uso de recursos y programas públicos en el proceso electoral en el estado de Veracruz, los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista de México; Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Serralde Martínez, del Partido de Acción Nacional; y Fernando Charleston Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.

De conformidad con el artículo cien, y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Minerva Castillo Rodríguez y suscrito por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo octavo de los Criterios para las inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• José Arturo López Candido, del Partido del Trabajo, que expide la Ley General de Economía Social y Solidaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Que reforma los artículos cuarenta y ocho, y cuarenta y nueve de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Que reforma el artículo segundo de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Que reforma el artículo setenta y uno de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Minerva Castillo Rodríguez y suscrito por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Petróleos Mexicanos, para que establezcan en la NOM-086-Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Secretaría de Energía- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial-dos mil cinco, un nuevo Artículo Transitorio en el cual se fije una nueva fecha para la distribución del Diesel de Ultra Bajo Azufre (UBA) en todo el territorio nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, para dictamen.

• Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para el fortalecimiento de la Cuenca del Río Balsas. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de Desarrollo Social para que cancele los acuerdos de la cruzada nacional contra el hambre con las empresas monopólicas en el sector alimentario. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que destine los recursos para los planes de manejo de las barrancas de la demarcación. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que establezca el diecisiete de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, para que se otorgue seguridad social a los trabajadores bajo el régimen contractual de confianza u honorarios, que prestan sus servicios profesionales a esta Soberanía. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Socorro de la Luz Quintana León, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, realice las acciones conducentes en beneficio del Parque Nacional “Barranca del Cupatitzio”. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional, para que se investigue la expedición de placas metálicas apócrifas de identificación y para que los diputados se abstengan de usarlas. Se turna a la Mesa Directiva, para su atención.

• Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que las decisiones sobre las dos líneas del Tren Suburbano, se enmarquen en un Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque de manejo integral de la Región Hídrica Texcoco-Zumpango o Anáhuac, para logar un aprovechamiento sustentable de la Cuenca. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que realice las acciones necesarias para prevenir la violencia en los espectáculos deportivos. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, relativo al caso de cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila desaparecidos en días recientes en la ciudad de Monclova, Coahuila. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María Fernanda Schroeder Verdugo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que establezca tarifas de bajo costo al cobro de energía eléctrica en Mexicali, Baja California. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Flor de María Pedraza Aguilera y suscrita por la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social, tenga disponible el tratamiento de Hormona Estimulante de Tiroides, y a la Secretaría de Salud, para que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud realice las acciones pertinentes a fin de priorizar dentro del Fondo de Gastos Catastróficos, la atención del Cáncer de Tiroides. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Seguridad Social, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que se impulsen políticas transversales a fin de atender las propuestas emitidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos dos mil trece, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, referentes a la situación de las niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango, para que den cumplimiento a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano y convoquen al Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana de La Laguna. Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

El Presidente cita para la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el día de mañana miércoles veinticuatro de abril de dos mil trece, a las once horas, y levanta a las diecinueve horas con treinta y ocho minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta. Doña Lucía Mícher.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Recordar con mucho gusto que en esta ciudad, hace seis años —el 24 de abril de 2007 precisamente— se aprobaron las reformas en el Código Penal y en la Ley de Salud para interrumpir legalmente el embarazo en la Ciudad de México, por una maternidad libre y voluntaria. Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su dicho ha quedado registrado. Doña Luisa María Alcalde, ¿con qué objeto?

La diputada Luisa María Alcalde Luján(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Con una preocupación, hace aproximadamente un mes aprobamos en la Comisión de Seguridad Social tres dictámenes que ya pasaron para ser planteados aquí en el pleno y veo que se está, no sé si eligiendo qué dictámenes votar o cuáles no, y no se ha hecho por una cuestión temporal.

Pregunto qué ha sucedido con estos dictámenes, porque me parece que son fundamentales y que deberíamos estarlos votando ya en estos días, no sé si hoy o mañana. No sé si usted tiene información sobre estos tres dictámenes y por qué no se han subido al pleno para ser votados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada. Se instruye a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios a que informe a esta Presidencia al respecto.

Sí, don Fernando Zárate.

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solo un tema de conducción. Ayer, en la sección política de discusión fue muy restringido el debate. Entiendo que el Reglamento de la Cámara de Diputados sea acotado por situaciones diversas de la realidad que han ocurrido en otras legislaturas.

Sin embargo, por un lado hacer un llamado a la propia Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que pudiera modificar y, por otro lado, en el uso de sus atribuciones, a usted como presidente y encargado de la conducción de la sesión le pediría mucha flexibilidad, porque hay muchos temas que se necesitan discutir con apertura, por supuesto que apegados a la legalidad, pero con muchísima mayor —sobre todo— flexibilidad para poder entrarle a los temas de fondo, que al momento no lo estamos pudiendo hacer.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Tomo nota, don Fernando, con mucho gusto.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Socorro Ceseñas.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Buenos días, señor presidente, son varios asuntos.

Primero, la orden del día para la sesión de este pleno. No se ha publicado, mucho menos distribuido. Segundo...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Distribúyase.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Agradezco la inmediatez de la respuesta a mi solicitud, señor presidente, lo digo con respeto, no con mofa, como usted a veces hace algunos comentarios cuando le hacemos señalamientos de la falta de respeto al Reglamento de esta Cámara de Diputados.

Segundo, que se tenga, obviamente. No es nada más que usted diga: se distribuye y ya, para que pueda ponerse a consideración del pleno y votarse.

Refleja la asistencia 320, pero no estamos los 320. Para que se considere también que la votación sea por las y los diputados presentes. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está bien.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Buenos días. Para informarle, presidente, que aquí en la Cámara no le hacen caso. Acabo de oír que usted ordena que distribuyan el orden del día, pero no ocurre tal cosa. Solicito que les exija a sus colaboradores que le hagan caso, por favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Les exijo a mis colaboradores que me hagan caso y que distribuyan, por favor, el orden del día; créanme que estoy en el entendido de que ya lo tienen en sus pantallas, pero que lo distribuyan por escrito.

Continúe la Secretaría.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes Comisiones:

Asuntos Migratorios

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a revisar el nombramiento hecho a favor del ciudadano Ardelio Vargas Fosado como comisionado del Instituto Nacional de Migración, el cual no es congruente con el espíritu de la Ley de Migración, que busca el respeto de los derechos de las y los migrantes.

Derechos Humanos

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la detención de ejidatarios de San Antonio de la Huerta, municipio de Soyopa, Sonora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a revisar el nombramiento hecho a favor del ciudadano Ardelio Vargas Fosado como comisionado del Instituto Nacional de Migración, el cual no es congruente con el espíritu de la Ley de Migración, que busca el respeto de los derechos de las y los migrantes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el siguiente dictamen:

Antecedentes

La proposición que se dictamina fue presentada el jueves 28 de febrero de 2013 al pleno de esta representación nacional por la diputada Lorenia Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión ordinaria correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3718-VIII, el jueves 28 de febrero de 2013, asignándosele el número de expediente 1394.

La Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa para estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.

En la parte expositiva de las razones que motivan el punto de acuerdo, la diputada proponente basa su solicitud en las siguientes consideraciones:

La política migratoria de México, como se lee claramente en la Ley de Migración, se sustenta en los siguientes principios: Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular pre configurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgara la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. (Presunción de inocencia). Asimismo, el Estado mexicano garantizará la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio. De igual manera, la hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional. En este orden, compartimos las preocupaciones de diferentes organizaciones defensoras de las y los migrantes que ven con alarma que una persona con carrera policial y de investigación este a cargo de un instituto que en principio busca el respeto de los derechos humanos de los migrantes, en virtud que el ciudadano Ardelio Vargas Fosada perteneció al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, como subdirector de Seguridad en el periodo 1991 a 1994, como delegado del propio centro en Chiapas y Oaxaca de 1994 a 2000 y como director de Investigación de 2000 a 2005, entre otros cargos de seguridad, y su mentalidad sin dudas es considerar que toda la persona que no cumple la ley es delincuente y comete un delito, contrario a lo que sostiene la Ley de Migración. Estimamos que debería ejercer un cargo relativo a su perfil policiaco y por esa razón se le debe reubicar a un espacio relacionado con su formación y no estar en un Instituto que en principio como lo venimos diciendo debe proteger por encima de todo los derechos humanos de las personas migrantes. El Instituto contribuye a la seguridad pública y fronteriza, pero no suple a las autoridades competentes en este tema, se debe evitar la confusión de las funciones del Instituto con autoridades de prevención y persecución de delitos, por pensar que el Instituto es un órgano de combate a los delitos que se presenten en las fronteras del país, colocando en condiciones de fragilidad a las y los migrantes, pues se verían afectados en el derecho de presunción de inocencia respecto de un hecho delictivo. Con el nombramiento extendido se envía un mensaje que contraviene la Ley de Migración en sus principios, y creemos también, como lo sostiene el sacerdote Alejandro Solalinde, quien fue designado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como ganador del Premio Nacional de los Derechos Humanos por su destacada trayectoria en la promoción y defensa de esas garantías de las personas migrantes, que el comisionado del Instituto Nacional de Migración debe ser una persona con reconocida experiencia en la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes. Abona también a esta petición, lo dispuesto en la Ley de Migración que señala que el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

De la misma manera, la proponente se hace eco de las manifestaciones de rechazo de los defensores de los derechos humanos al comisionado designado en el Instituto Nacional de Migración el ciudadano Ardelio Vargas Fosado por el presidente de la República y de los diversos principios que enarbola la Ley de Migración los cuales están contenidos en el artículo segundo de la misma destacando para el particular el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como infantes, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada, se hace necesario exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que revise el nombramiento hecho a favor de la persona mencionada y de ser procedente su cambio o remoción de dicho puesto reubicándolo a uno con su perfil derivado de sus conocimientos en la materia de seguridad.

Texto propuesto

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que revise el nombramiento hecho a favor del ciudadano Ardelio Vargas Fosado como comisionado del Instituto Nacional de Migración, el cual no es congruente con el espíritu de la Ley de Migración, que busca el respeto de los derechos humanos de las y los migrantes.

Consideraciones

La comisión dictaminadora, después de hacer un análisis de la Iniciativa en estudio, coincide con las razones y preocupaciones expuestas como motivos de la misma, en lo referente a que no se debe criminalizar al migrante por el hecho de serlo, y que el espíritu y la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Migración es que las autoridades de todos los niveles deben respetar de manera irrestricta e inexcusable los derechos humanos de toda aquella persona que se encuentre en territorio mexicano sin excepción alguna. Sin embargo, considera que la proposición de punto de acuerdo no se justifica, pues no menciona ni un solo hecho en el que el comisionado del Instituto Nacional de Migración haya atentado contra los derechos humanos de migrantes.

En ese contexto, la Cámara de Diputados no tiene ninguna razón válida para hacer un llamado al titular del Poder Ejecutivo para que revise el nombramiento del ciudadano Ardelio Vargas Fosado como comisionado del Instituto Nacional de Migración.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Asuntos Migratorios considera que no es de aceptarse el punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que revise el nombramiento hecho a favor del ciudadano Ardelio Vargas Fosado como comisionado del Instituto Nacional de Migración, y somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único.Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el quese exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a revisar el nombramiento hecho en favor del ciudadano Ardelio Vargas Fosado como comisionado del Instituto Nacional de Migración, el cual no es congruente con el espíritu de la Ley de Migración, que busca el respeto de los derechos humanos de los migrantes.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica en contra), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica en contra), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica en contra), Marino Miranda Salgado (rúbrica en contra), Lorena Méndez Denis (rúbrica en contra), María Fernanda Schroeder Verdugo.»

«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la detención de ejidatarios de San Antonio de la Huerta, municipio de Soyopa, Sonora

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV; y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El11 de abrilde 2013, el diputado Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo, relativa a la detención de ejidatarios de San Antonio de la Huerta, en el municipio de Soyopa, Sonora.

2.En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

El punto de acuerdo en comento persigue que esta Cámara de Diputados:

1. Exhorte al gobierno del estado de Sonora, a cesar el hostigamiento a las manifestaciones sociales que se están desarrollando en todo el estado.

2. Exhorte al poder Ejecutivo estatal, así como al Legislativo y Judicial a defender a los nacionales sobre los extranjeros, en la lucha de sus derechos y la construcción de la justicia social.

3. Se solidarice con los ejidatarios y líderes sociales arraigados de la comunidad San Antonio de la Huerta del municipio de Soyopa.

4. Exhorte a la Procuraduría General de Justicia a liberar a los presos, que no han cometido otro delito más que el de buscar la justicia social.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo bajo estudio se refiere a una serie de hechos suscitados en San Antonio de la Huerta, municipio de Soyopa, Sonora, en los cuales, se han visto involucrados ejidatarios junto con una empresa minera.

Para sustentar su proposición, el diputado iniciante aporta datos históricos que señalan la importancia que la minería ha tenido para Sonora en diversas etapas de la historia de México.

Aduce que las autoridades están teniendo un vergonzoso papel en contra de los ejidatarios y líderes sociales de la comunidad de San Antonio de la Huerta, toda vez que se arguye una aplicación parcial de la justicia en favor de extranjeros y en contra de los nacionales.

Señala que a los ejidatarios se les ha violentado los acuerdos por los cuales habían rentado sus tierras a favor de la empresa Minerales Libertas, SA de CV, y, ante ello, los dueños de las tierras (los ejidatarios) han reclamado el pago de lo incumplido, así como la reestructuración del contrato de arrendamiento.

Con motivo de las peticiones hechas por los ejidatarios, señala el diputado proponente, se han cometido actos de autoritarismo, pues se han detenido a cinco líderes y ejidatarios sólo por haberse propuesto [...] la construcción de un ambiente de justicia socialy que lejos de dar cumplimiento a las demandas de los peticionarios, señala el proponente, la minera demandó penalmente a líderes y ejidatarios.

Refiere que el 4 de abril de 2013, fueron detenidos 40 ejidatarios de la comunidad San Antonio de la Huerta, perteneciente al municipio de Soyopa, por la Policía Estatal Investigadora a causa de un plantón de 20 días en el acceso principal de la Minera y que, luego de manifestaciones, fueron liberados la mayoría de los ejidatarios, quedando en situación de arraigo cinco de ellos.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados da cuenta de los avances que en materia de derechos humanos ha experimentado nuestro país en los últimos años y manifiesta su convicción de que los mismos deben ser el eje central sobre el que toda actividad del Estado encuentre sustento y razón de ser.

En ese contexto, sus integrantes están ciertos de que la protección, defensa y garantía de los derechos humanos de todas y todos requiere de un Estado sólido, capaz de articular respuestas y soluciones a los problemas que se presenten y, de ahí, la colaboración de los distintos órganos y poderes del Estado es esencial para cumplir el mandato que nuestra Carta Magna impone a todos los servidores públicos conforme al artículo1o constitucional, recientemente reformado.

De esa forma, y en aras de ser congruentes con los mandatos impuestos por nuestra Constitución a cada uno de los poderes, esta Comisión de Derechos Humanos debe pronunciarse en sentido negativo frente a la proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado promovente.

Lo anterior, considerando que, conforme al principio de división y colaboración entre poderes, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de ninguna manera puede pronunciarse sobre la responsabilidad penal, administrativa o de otra índole que pudiera recaer al presente asunto. Esta faculta corresponde exclusivamente a los órganos legitimados para tal efecto quienes emitirán sus consideraciones respectivas y que deberán de ser cumplidas por los órganos competentes.

En efecto, el diputado proponte arguye violaciones a los acuerdos por los cuales los ejidatarios habían dado en arrendamiento sus tierras a la empresa Minerales Libertas, SA de CV, motivo por el cual, los propietarios de las tierras han reclamado el pago de lo incumplido y la reestructuración del contrato de arrendamiento.

Debe señalarse que contiendas como la referida deben sujetarse al marco institucional y legal en el que la figura de los tribunales civiles (y agrarios, en su caso) debe ser la instancia en la que se determine si efectivamente ha existido incumplimiento o no del contrato, para que en su caso, se finque la responsabilidad en la que pueda haberse incurrido con los correspondientes pagos omitidos y las demás cargas fiscales u económicas que pudieran devenir.

Dar la razón a alguna de las partes en el presente caso, sin haberse determinado la responsabilidad por las instancias legales correspondientes, sería prejuzgar, situación ésta que está vedada  a este cuerpo legislativo. En todo caso, debe de esperarse a que los órganos competentes en la materia determinen la responsabilidad que pudiera haberse presentado.

Por otra parte, señala el diputado iniciante que se han cometido actos autoritarios por parte de las autoridades incurriendo en ciertas preferencias hacía los extranjeros por sobre los nacionales.

Esta situación podría configurar una desigual aplicación de la ley, violentando el principio constitucional tutelado en el artículo 1o, párrafo quinto, de nuestra Constitución Federal.

Sin embargo, la determinación de una violación a un derecho humano no es facultad de este órgano legislativo, sino de los competentes para ello conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. A mayor abundamiento, de autoridades jurisdiccionales o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o del órgano equivalente a nivel local, así como de aquellas otras dependencias que realizan funciones afines especializadas (como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).

Se señala, además en la proposición el hecho ocurrido el 4 de abril de 2013 en donde fueron detenidos 40 ejidatarios por parte de la Policía Estatal. Como consecuencia de diversas manifestaciones, se refiere que fueron liberados la mayoría de los detenidos, quedando sólo cinco de ellos en situación de arraigo.

Al respecto, debe señalarse que el pasado 11 de abril de 2013, de acuerdo con datos difundidos en diversos medios de comunicación, las cinco personas en situación de arraigo quedaron en libertad. Éstas fueron  Ramsés Valenzuela y David Valenzuela, abogados de los ejidatarios; Sergio Acedo Miranda, Ramón Acedo y Manuel Ignacio Yáñez Espinoza, presidente, secretario y vocero del comisariado ejidal, respectivamente. Frente a esta situación, la petición del diputado iniciante queda sin materia.

Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos da respuesta a cada una las proposiciones específicas del diputado proponente:

Respecto de su petición de “que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Gobierno del Estado de Sonora, a cesar el hostigamiento a las manifestaciones sociales que se están desarrollando en todo el estado”. Se ha señalado que esta facultad no compete al órgano legislativo por ser incapaz jurídicamente de pronunciarse sobre el fondo de un asunto que debe de ser sometido a la jurisdicción del poder judicial.

Respecto de la petición de “que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al poder Ejecutivo Estatal, así como al Legislativo y Judicial a defender a los nacionales sobre los extranjeros, en la lucha de sus derechos y la construcción de la justicia social”. Se señala que la determinación (acreditación) de vulneración de un derecho humano (como lo sería un acto discriminatorio) no compete a este órgano legislativo.

Respecto de la petición de “que la  Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se solidarice con los ejidatarios y líderes sociales arraigados de la comunidad San Antonio de la Huerta del municipio de Soyopa”. Se señala que dichos sujetos arraigados no se encuentran más en esa situación por lo que la petición carece de materia.

Respecto de la petición de “que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Procuraduría General de Justicia a liberar a los presos que no han cometido otro delito más que el de buscar la justicia social”. Se señala que dicha potestad no es competencia de este órgano por no ser el facultado en la materia.

Finalmente y, por todos los argumentos antes expuestos, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativa a la detención de ejidatarios de San Antonio de la Huerta, municipio de Soyopa, Sonora, presentada por el diputado Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Nota:

1 Diario Tribuna del Yaqui.Nota publicada el 12 de abril de 2013, “Liberan a 5 ejidatarios”. Consultado en línea el 13/abril/2013, 17:10 horas.  Disponible en  http://tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=359176 :n1p17a&catid=3:regional&Itemid=127;

Asimismo Uniradio Noticias.Nota publicada el 11 de abril de 2013, “Liberan a ejidatarios de Soyopa; estuvieron arraigados 7 días”. Consultado en línea el 13 de abril de 2013, 17:25 horas. Disponible en http://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/articulo185401.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra, Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica en abstención), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica en abstención), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos, Vicario Portillo Martínez (rúbrica en contra), Elvia María Pérez Escalante, Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como totalmente concluidos.

RETIRO DE INICIATIVA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente me permito solicitar a usted se giren sus instrucciones al área correspondiente a efecto de que se retire la iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 140 del Código Penal Federal, misma que presenté ante el pleno de esta Cámara y fue turnada a la Comisión de Justicia para el dictamen correspondiente.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de abril de 2013.— Diputado Javier Filiberto Guevara González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tiene por retirada. Actualícense los registros.

ABASTO DE HUEVO Y CARNE DE POLLO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-8-1067 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2013.DGVP.256 suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, así como de los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al abasto de huevo y carne de pollo, así como la aplicación de medidas que correspondan para que no se cometan abusos en los precios de dichos productos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión, para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 19 de abril de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SEL/UEL/311/294/13, del 21 de febrero de 2013, permito enviar la respuesta de la Secretaría de Economía al tercer resolutivo del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, relacionado con el abasto de huevo y carne de pollo, que a la letra dice:

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, a efecto de que se garantice el abasto de huevo y carne de pollo, mediante la importación de esos productos para evitar su escasez en el mercado, en caso de que sea realmente necesario.

En archivo anexo sírvase encontrar por favor, la respuesta de la Secretaría de Economía a la Cámara de Diputados, relativa al mencionado resolutivo.

No omito mencionar que el punto de acuerdo contempla un cuarto resolutivo que advierte competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, que se transcribe a continuación:

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que se apliquen las medidas que correspondan para asegurar que no se cometan abusos en los precios de la carne de pollo y del huevo.

En lo que hace a este cuarto resolutivo, me permito comentarle que la Cámara de Diputados notificó directamente a la Procuraduría Federal del Consumidor la aprobación del punto de acuerdo, razón por la cual, el procurador federal del Consumidor envío directamente a dicha Cámara, la respuesta correspondiente al exhorto emitido a la institución a su cargo, documento que posteriormente fue enviado a la Dirección General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, para su conocimiento. En archivo anexo sírvase encontrar por favor, la respuesta que elaboró la Procuraduría Federal del Consumidor, enviada a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en fechas 26 de marzo y 4 de abril de 2013 mediante oficios OP/096/2013 y OP/0122/2013.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados únicamente el documento anexo, correspondiente a la respuesta de la Secretaría de Economía al tercer resolutivo del punto de acuerdo de mérito, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 18 de abril de 2013.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención al oficio DGPL 62-II-8-1067, del 21 de febrero de 2013, me permito enviar la respuesta de la Secretaría de Economía al Tercer resolutivo del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, relacionado con el abasto de huevo y carne de pollo, que a la letra dice:

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, a efecto de que se garantice el abasto de huevo y carne de pollo, mediante la importación de esos productos para evitar su escasez en el mercado, en caso de que sea realmente necesario.

Al respecto, esta secretaría informa respetuosamente que para afrontar los efectos derivados de la contingencia sanitaria registrada a fines de junio de 2012 en dos municipios de Jalisco, el 13 de septiembre de 2012 la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), mediante el cual se eliminan los aranceles a la importación de huevo para consumo humano, huevo para uso industrial y huevo procesado. Esta medida se mantiene vigente, por lo que actualmente la importación huevo sólo está sujeta a las regulaciones sanitarias que establece Senasica.

En el caso de pollo, el 23 de noviembre de 2012 la SE publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto que modifica la TIGIE, mediante el cual se reducen los aranceles a la importación de diversos productos. En el caso del pollo, se aplicó una reducción inmediata de 59 puntos porcentuales, a partir del 1 de enero de 2014 el arancel aplicable será 150 por ciento; a partir del 1 de enero de 2015 será 125 por ciento; a partir del 1 de enero de 2016 será 100 por ciento y a partir del 1 de enero de 2017 será 75 por ciento.

No obstante lo anterior, y derivado del reciente brote de influenza aviar registrado en Guanajuato y su colindancia con Jalisco, el cual afectó granjas de pollo de engorda, la SE está atenta a su evolución, reuniéndose con el sector productivo y con la autoridad sanitaria (Senasica), y de registrarse incidentes que afecten los niveles de abasto y precios en el mercado, de inmediato se implementarán medidas de contención de estos fenómenos para proteger a los consumidores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 18 de abril de 2013.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría Federal del Consumidor.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Distinguido Presidente:

Me refiero al oficio número DGPL 62-II-8-1068 de fecha 21 de febrero del presente año, mediante el cual comunica a esta Procuraduría la aprobación del acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que en lo que corresponde a su competencia, es el siguiente:

“...

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que se apliquen las medidas que correspondan para asegurar que no se cometan abusos en los precios de la carne de pollo y del huevo”.

Al respecto y por su digno conducto, me permito informar a la honorable Cámara de Diputados:

La Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 24, fracción 1, faculta a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor para “promover y proteger los derechos del consumidor, así como para aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores” asimismo, en la fracción XIII la Procuraduría tiene como atribución “vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor”.

En este sentido, esta Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene a bien informarle que si bien los precios de los productos considerados dentro de la canasta básica, entre ellos la carne de pollo y el huevo se establecen conforme a su oferta y demanda –a excepción del precio del gas licuado de petróleo y la gasolina–, como parte de las atribuciones conferidas a la Profeco, el suscrito al tener conocimiento de la presencia del brote del virus de influenza aviar H7N3 registrado en el estado de Guanajuato, instruyó a todas sus Unidades Administrativas a nivel nacional, el inmediato desarrollo de acciones para vigilar de manera puntual que el comportamiento comercial de los proveedores de carne de pollo y huevo, se ajuste a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de evitar la comisión de conductas o prácticas comerciales abusivas, tales como no exhibir de manera visible o no respetar los precios, condicionar o negar la venta de productos básicos en existencia y la manipulación de precios con la finalidad de incrementarlos sin que exista causa justificada, pretendiendo aprovechar el anuncio del fenómeno y el principio de libre oferta y demanda, para afectar la economía de los consumidores.

Para tal efecto, la Profeco ordenó las acciones de su Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Productos Básicos 2013, en cuyo marco se realizan acciones de monitoreo de precios y la verificación focalizada en establecimientos con venta de huevo y carne de pollo al mayoreo, menudeo y detalle, incluidos los mercados públicos, misceláneas, expendios de huevo, centros de abasto y tiendas de autoservicio del país.

Estas acciones también se han replicado a los eslabones primarios de las cadenas de consumo, a quienes se verifica en campo o bien mediante requerimientos de información, a efecto de identificar el comportamiento relacionado con el abasto y suficiencia de producto, así como la posible variación en la estructura de costos. En este sentido, la primera empresa sujeta a requerimiento de información ha sido la empresa denominada Bachoco, misma que está proporcionando información en el sentido de que tanto el abasto como los precios se mantienen estables y sin variaciones derivadas de la contingencia aviar; derivado de lo anterior, se han sostenido reuniones de trabajo con esa empresa en las que nos ha informado que la actividad sustantiva de producción tanto de carne de pollo como de huevo no se concentra en el estado de Guanajuato, estando diversificada en distintos estados del país.

No obstante a lo anterior, la Profeco continuará realizando acciones de verificación y vigilar con la aplicación de órdenes de verificación mixtas, a partir de las cuales, en un solo acto o visita, se verifica que el comportamiento comercial de los proveedores se ajuste a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en materia metrológica, que los instrumentos de medición tales como las básculas, utilizados en las transacciones comerciales cumplan con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SCFI-1994, Instrumentos de medición –instrumentos para estar de funcionamiento no automático– requisitos técnicos y metrológicos.

Derivado de estas acciones, hasta el momento la Profeco ha realizado a nivel nacional 2 mil 75 acciones para monitorear el comportamiento de precios de la carne de pollo y de huevo, 2 mil 437 verificaciones en establecimientos con venta de carne de pollo y huevo, de las cuales 457 establecimientos han sido apercibidos y emplazados a procedimiento administrativo por violaciones a la Ley, tales como:

• No acreditar documentalmente el motivo del incremento de 0.50 centavos y de 1 peso en el kilogramo de huevo, y que en algunos casos pasó de 21.90 pesos a 22.90 y de 24 a 25 pesos, entre el 13 y 20 de febrero. Destacándose que se trata de producto proveniente de Puebla y Jalisco.

• No exhibir precios de pollo de 30 a 34 pesos.

• Operar con una báscula con faltantes de hasta 500 gramos.

Como consecuencia de lo anterior, la Profeco ha aplicado sanciones a comercios en todo el país por especular o elevar injustificadamente los precios del huevo y pollo, determinando lo siguiente:

• 286 establecimientos han sido objeto de colocación de sellos de advertencia por persistir en prácticas en perjuicio de los consumidores.

• 80 establecimientos fueron sujetos de suspensión de la comercialización por no acreditar documentalmente el incremento (57 mercados y establecimientos con venta de pollo y huevo, así como 23 tiendas de autoservicio tales como: Bodega Aurrera, Chedraui, Soriana, Superama, Comercial Mexicana y 7 Eleven).

• 7 establecimientos comerciales y bodegas con venta de pollo y huevo han sido Clausurados, mismos que operan en la Central de Abastos de Toluca, en virtud de no exhibir precios o no acreditar los precios de compra en función con los precios de venta al consumidor.

• 2 mil 230 básculas han sido verificadas para asegurar la entrega de kilogramos completos por lo que paga el consumidor, realizando la inmovilización de 72 básculas por presentar diferencias de peso en perjuicio del consumidor de hasta 500 gramos.

Es importante mencionar que las acciones de verificación se están desarrollando de forma permanente incluso durante los fines de semana, tanto en la Ciudad de México y área metropolitana como al interior del país, ya sea mediante brigadas enviadas por parte de la Dirección General de Verificación y Vigilancia como por las propias Delegaciones y Subdelegaciones de la Profeco.

Particularmente el sábado 2 y domingo 3 de marzo intensificó la verificación en tiendas de autoservicio y de conveniencia, en las que se verifican el comportamiento comercial en la venta de pollo, huevo e incluso pescados y mariscos con motivo de la temporada de cuaresma, la práctica consistente en la comparación de precios que en su caso realicen los autoservicios, además de aspectos metrológicos relativos al correcto funcionamiento de básculas

Es importante mencionar que las acciones de verificación en materia de pollo y huevo han sido reforzadas, a través del envió de brigadas a diversos estados del país, tal es el caso de: Baja California, Jalisco, Chiapas, Nuevo León, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco y Chihuahua.

Por otra parte la mprofeco está reforzando sus acciones de verificación mediante la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal (Sedeco), para verificar en mercados públicos, a fin de evitar que se afecten los derechos y economía de los consumidores, visitando hasta el momento:

• 5 mercados públicos de las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, lo que en suma representa,

• 59 establecimientos verificados con venta de huevo y pollo, de los cuales,

• 10 establecimientos fueron motivo de colocación de sellos de advertencia por no exhibir precios y no acreditar documentalmente el precio de compra en función del precio de venta, identificando variaciones a la alza de alrededor de un peso,

• 14 establecimientos fue impuesta la suspensión de la comercialización de producto,

• 66 básculas fueron verificadas, de las cuales 4 han sido inmovilizadas por registrar faltantes de peso de hasta 300 gramos en la venta de pollo (mercado Morelos).

Asimismo, se han girado oficios de requerimiento de información a empresas productoras y comercializadoras de carne de pollo y huevo que operan en Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Puebla, Nuevo León, Estado de México y Distrito Federal.

Cabe hacer énfasis, que como parte de las acciones de verificación y vigilancia de la Profeco, se mantiene el monitoreo permanente de precios, mismo que se difunde a la población consumidora a través de la página web de la Profeco www.profeco.gob.mx, que permite conocer los precios mínimos y máximos de carne de pollo y huevo que se registran en diversos estados del país, para una mejor decisión de compra.

Finalmente, la Profeco intensificará acciones de verificación y vigilancia en los centros de abasto y se ha exhortado públicamente a los proveedores a no incurrir en prácticas que lesionen los derechos y la economía de los consumidores, apercibidos de la imposición de sanciones y castigos ejemplares; al mismo tiempo se ha invitado a los consumidores a denunciar cualquier abuso, captando hasta el momento 130 denuncias originadas en los estado de Guanajuato, Michoacán y el Distrito Federal, por incremento de precios de pollo y huevo, así como por el uso de básculas alteradas, mismas que están siendo atendidas por las Delegaciones de la Profeco.

Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente

Doctor Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Procurador Federal del Consumidor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría Federal del Consumidor.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Distinguido Presidente:

Hago referencia al oficio número OP/096/2013, de fecha 26 de marzo de 2013, mediante el cual se informa a esa H. Cámara de Diputados las acciones competencia de esta Procuraduría, en atención al punto de acuerdo de fecha 21 de febrero del año en curso que establece lo siguiente:

“...

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que se apliquen las medidas que correspondan para asegurar que no se comentan abusos en los precios de la carne de pollo y del huevo”.

Al respecto y en alcance al oficio en cita, respetuosamente se informa adicional mente a esa H. Cámara de Diputados que con la finalidad de dar cumplimiento al objeto de la Ley Federal de Protección al Consumidor que “es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores...”; esta Procuraduría ha implementado circulares que los servidores públicos deberán observar en su actuación, así como también criterios para la imposición de sanciones, que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entre otras medidas que se llevan a cabo, buscan fortalecer las acciones tendientes a evitar el incremento en el precio del pollo y el huevo:

• Circular OP/001/2013 para las delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor en materia de verificaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2013.

Para instruir a las delegaciones y subdelegaciones, o encargados de despacho para la ejecución de acciones por las cuales la Dirección General de Verificación y Vigilancia adscrita a la Subprocuraduría de Verificación de esta Procuraduría, obtenga y reciba información inmediata respecto de las órdenes de visita y los resultados de las visitas sustanciados en la circunscripción territorial de las representaciones y con ello se encuentre en aptitud de identificar las prácticas realizadas en perjuicio de los consumidores.

• Circular OP/002/2013 por la que se dan a conocer los principios para condonar, reducir o conmutar las sanciones impuestas por los servidores públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2013.

Establece que ante las solicitudes de condonación, reducción o conmutación de sanciones, los servidores públicos que las hayan impuesto deberán negar su procedencia sólo mediante la autorización del Procurador Federal del Consumidor, como un mecanismo de control que permita fortalecer la facultad sancionadora de esta autoridad y hacer prevalecer el objeto de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

• Criterios para aplicación de la suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios, y la clausura, en el Diario Oficial de la Federación el 1 abril 2013.

Se, establecen los criterios con base en los cuales los servidores públicos competentes en esta Procuraduría actuarán en contra de hechos que puedan afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de los consumidores, o de conductas o prácticas comerciales abusivas como la manipulación de precios derivada de fenómenos naturales, meteorológicos, contingencias en materia de salud que impliquen la violación de derechos del público consumidor, o bien, cuando se acredite la comisión de infracciones particularmente graves, a tal virtud a través de los referidos criterios se buscan combatir los hechos o conductas que afecten a los consumidores.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente

Doctor Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), procurador federal del Consumidor.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a las Comisiones de Economía y de Ganadería, para su conocimiento.

CUMPLIR EL PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DE LA NIÑEZ

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio número SEDU/094/2013, mediante el cual la secretaria de Educación del Distrito Federal da respuesta al punto de acuerdo con número de oficio D.G.P.L.62-II-2-196, de fecha 13 de diciembre de 2012, signado por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de abril de 2013.— Héctor Serrano Cortés (rúbrica), Secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno.— Presente.

En atención al oficio número SG/2249/2013, de fecha 12 de febrero de 2013, a través del cual informa a esta secretaría que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo mediante el cual

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a los Ejecutivos estatales a garantizar la aplicación del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que en los programas se cumpla con el principio de interés superior de la niñez, en donde los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

1. Al respecto, le informo que a fin de atender el punto de acuerdo antes referido, mediante oficio número SEDU/DEAJ/123/2013, de fecha 1 de marzo de 2013, se hizo del conocimiento del coordinador general de Educación y la Coordinadora General de Desarrollo Educativo y Pedagógico, el punto de acuerdo en comento, exhortándolos para que al momento de desarrollar los programas sociales a cargo de esta secretaría se considere en ellos el principio del interés superior de la niñez, debiendo preponderar las satisfacción de las necesidades básicas de las niñas y niños, tales como la educación, la alimentación, salud y sano esparcimiento; a fin de que tengan un desarrollo integral.

En ese contexto, la Secretaría Educación a través de la Coordinación General del Educación se encuentra en la conformación de nuevos proyectos que continuación se detallan:

1. Piloto en 100 escuelas para mejorar el aprovechamiento escolar de las matemáticas y el español.

Objetivo: Diseñar un nuevo modelo educativo y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y el español en la primaria, a través de la participación activa de los profesores en la discusión y el análisis permanente sobre los avances metodológicos y de las disciplinas de interés.

2. Educación en nutrición para prevenir el sobrepeso y la obesidad en la población escolar.

Objetivo: Reducir los niveles de sobrepeso y obesidad en niñas y niños en educación básica, mejorando sus hábitos alimenticios y promoviendo la activación física

3. Escuelas conviviendo: Por una cultura de no violencia y buen trato en la comunidad educativa (antibullying).

Objetivo: Contribuir al mejoramiento del clima escolar y la calidad educativa, mediante acciones de prevención y atención a las problemáticas relacionadas con la violencia entre escolares, basadas en la promoción de la cultura de la no violencia y buen trato, enfoque de género, resiliencia y educación para la paz; dirigidas a los diferentes actores que integran la comunidad escolar y educativa de la ciudad de México, en el marco de equidad y derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes.

4. Portafolio vespertino.

Objetivo: Aplicar en las escuelas públicas de educación básica del tiempo completo, un portafolio de programas académicos adicionales que contribuyan a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la educación artística, las actividades físicas, recreativas o deportivas, y las TIC, con un enfoque pedagógico riguroso pero a su vez atractivo para que la población objetivo pueda desarrollar nuevas competencias y habilidades durante su formación básica.

5. Aula Digital.

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de los proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas públicas de educación básica convirtiendo el aula en una herramienta de apoyo a la labor docente que estimule nuevas prácticas pedagógicas y sea un espacio de aprendizaje relevante y riguroso para los alumnos.

6. Formación en riesgos.

Objetivo: Capacitar a los alumnos, profesores, directivos, empleados, padres de familia y brigadistas sobre las medidas de prevención, acción, rescate y auxilio aplicadas ante la ocurrencia de desastres naturales.

7. Coordinación interinstitucional para la atención, cuidado y desarrollo integral de la infancia.

Objetivo: Elevar y mantener la calidad de la educación impartida en los centros (tanto de educación inicial como preescolar) a través de la formación y capacitación continua del personal docente basadas en evaluaciones del desarrollo integral de los niños y niñas, así como de condiciones y procesos de gestión y de enseñanza, cuyos resultados serán utilizados para retroalimentación, planeación y acompañamiento al nivel de cada centro.

En esa tesitura, con los nuevos proyectos realizados por esta Secretaría se busca garantizar la aplicación del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contemplando que a través de dichos programas se cumpla con el principio de interés superior de la niñez, buscando la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo integral de las niñas y niños.

A mayor abundamiento el gobierno del Distrito Federal, consciente de que la educación es una herramienta necesaria para el desarrollo personal y profesional de los niños y jóvenes estudiantes, a través de diversos programas busca impulsar la educación.

De cumplir con la obligación de asegurar el derecho a la educación de los niños y jóvenes, mediante el Fideicomiso Educación Garantizada, ha implementado un conjunto de programas sociales que tienen como propósito, principalmente, abatir la deserción escolar y eliminar el rezago presente en un gran número de estudiantes. Dentro de los programas sociales se encuentran los siguientes:

a) Va Seguro,este programa busca asegurar contra accidentes escolares a todos los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal y residentes del Distrito Federal, así como aquellos inscritos en las estancias infantiles, Centros de Desarrollo Comunitario y Centros de Bienestar Social Urbano del Sistema Integral de la Familia (DIF-DF). Precisando que dicho seguro protege contra accidentes que ocurran mientras se encuentren realizando actividades dentro de la escuela, asistiendo o participando en algún evento organizado, programado y supervisado, viajando en grupo directamente desde o hasta donde se realicen los eventos antes descritos, siempre y cuando sea dentro de la República Mexicana.

b) Niñas y niños talento,el objetivo de este programa es asegurar que todos los niños sobresalientes que tengan entre 6 y 12 años que estudien en las escuelas públicas del Distrito Federal, tengan las facilidades para obtener una educación integral, a través de la impartición de cursos extracurriculares que coadyuven en el desarrollo y perfeccionamiento de sus habilidades artísticas, culturales, intelectuales y deportivas.

c) Educación garantizada,mediante este programa se busca garantizar que todos los niños y jóvenes de 6 a 18 años que estudien en escuelas públicas del Distrito Federal, que han sufrido la pérdida de alguno de sus padres o tutor, o que éstos se encuentren en un estado de invalidez total y permanente, otorgándoles un apoyo económico a fin de que cuenten con la posibilidad de terminar su educación a nivel primaria, secundaria y nivel medio superior o hasta cumplir los 18 años, y con ello abatir el índice de deserción escolar por falta de recursos económicos.

En virtud de las manifestaciones realizadas, solicito que con la información proporcionada, se tenga por atendido en tiempo y forma el exhorto realizado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de marzo de 2013.— Doctora Mara Nadiezhda Robles Villaseñor (rúbrica), Secretaria de Educación del DF.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen, para su conocimiento.

CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF.

Licenciado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Cámara de Diputados; Maestro Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Cámara de Senadores; Maestro Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Licenciada Ana Lilia Garza Cadena, Presidente de la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Cámara de Diputados; Licenciado Javier Lozano Alarcón, Presidente de la Comisión Ordinaria de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores; Doctor Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional de Seguridad; Maestro Mony de Swaan Addati, Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.— Presentes.

Por este conducto y en mi carácter de Presidente del Consejo Ciudadano, envío a usted el informe anual elaborado en tiempo y forma, a solicitud de los Operadores Móviles miembros de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), conformada por los principales proveedores y operadores del sector de Telecomunicaciones en México, entre los que se incluyen las empresas concesionarias de servicios de telecomunicaciones móviles: Telcel, Telefónica, Iusacell, Nextel y Unefon. El presente informe contiene los mecanismos, inversiones y trabajos implementados en materia de seguridad nacional, con el objeto de que la sociedad conozca sobre las acciones realizadas.

Este documento es el primer esfuerzo de colaboración entre los operadores móviles asociados en la Anatel y un organismo de la sociedad civil, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el trabajo integral que llevan a cabo las empresas en beneficio de la seguridad nacional y la prevención de delitos.

A petición de la Anatel, se reitera el compromiso de sus asociados para continuar trabajando en colaboración con las autoridades en pro de la seguridad nacional, y de parte del Consejo Ciudadano, manifestarle nuestra amplia colaboración para que este ejemplo de coordinación pública, privada y civil sea permanente.

Antecedentes

El 17 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el cual se reforma y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Como ha quedado señalado, se realizaron adiciones a diversos ordenamientos, entre ellas a la fracción XX del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establece:

“Realizar estudios e investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de medidas tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos. Los concesionarios podrán voluntariamente constituir una organización que tenga como fin la realización de los citados estudios e investigaciones.

”Los resultados que se obtengan se registrarán en un informe anual que se remitirá al Congreso de la Unión ya la Comisión.”

Es así que tiempo y forma los operadores móviles asociados a la Anatel, solicitaron a este Consejo Ciudadano, organismo de la sociedad civil, la elaboración del informe anual el cual contiene los mecanismos, inversiones y trabajos implementados por los operadores móviles sobre seguridad nacional, y que la sociedad conozca sobre las acciones implementadas.

Por último, a petición de la Anatel, se reitera el compromiso de sus asociados para continuar trabajando en colaboración con las autoridades en pro de la seguridad nacional. Así, pues sirva el presente informe anual en cumplimiento a la obligación de entregar a ese honorable Congreso de la Unión y al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Atentamente

Luis Werman Zaslav (rúbrica), presidente Consejero, Consejero Ciudadano.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Comunicaciones y Especial de tecnologías de la información y comunicación, para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Está publicado, solamente el encabezado y consultar si es de aprobarse. Es el relativo a los grupos de amistad.

GRUPOS DE AMISTAD QUE FUNCIONARAN DURANTE LA LXII LEGISLATURA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crean los grupos de amistad que funcionarán durante la Sexagésima Segunda Legislatura

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

I. Que los Grupos de Amistad de la Cámara de Diputados con los Congresos de otras naciones son un mecanismo complementario de la diplomacia parlamentaria que tienen por objetivo incentivar el contacto entre parlamentos y contribuir a la definición de las agendas binacionales en materia de diálogo político, intercambio económico y cultural, así como en torno al conocimiento de prácticas parlamentarias en Estados de distintas regiones geográficas;

II. Que los Grupos de Amistad, contribuyen al acercamiento entre los parlamentarios mexicanos y los de otras naciones en la definición de posturas comunes sobre la agenda internacional que pueden ser llevadas ante las Asambleas Parlamentarias Internacionales de las que nuestro país forma parte;

III. Que el artículo 46, numeral quinto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Pleno propondrá constituir Grupos de Amistad para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas y que su vigencia estará ligada a la de la Legislatura en que se conformaron pudiendo, desde luego, ser establecidos nuevamente para cada Legislatura;

IV. Que, para este efecto, de la Junta de Coordinación Política recibió de la Comisión de Relaciones Exteriores una propuesta de integración de Grupos de Amistad previamente consensada al seno de la referida Comisión la cual fue analizada, valorada y ratificada por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios;

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta de

Acuerdo

Primero: Se constituyen los Grupos de Amistad de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que se detallan en el presente acuerdo.

Segundo: Los Grupos de Amistad que se integren con 14 diputados, se conformarán de la siguiente manera:

1. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 6 integrantes;

2. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 3 integrantes;

3. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 3 integrantes;

4. Grupo Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, 1 integrante; y

5. 1 integrante de alguno de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y del Partido Nueva Alianza;

Tercero:Los Grupos de Amistad que se integren con 10 diputados, se conformarán de la siguiente manera:

1. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 4 integrantes;

2. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 2 integrantes;

3. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 2 integrantes;

4. Grupo Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, 1 integrante; y

5. 1 integrante de alguno de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y del Partido Nueva Alianza.

Cuarto:Los Grupos de Amistad que se integren con 6 diputados, se conformarán de la siguiente manera:

1. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 3 integrantes;

2. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 1 integrante;

3. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 1 integrante;

4. Grupo Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, 1 integrante;

Quinto: Cada Grupo de Amistad contará con un Presidente, según la distribución que se expresa en el punto séptimo de este acuerdo.

Sexto: Los Grupos de Amistad funcionarán por el término de la LXII Legislatura.

Séptimo:Durante la LXII Legislatura funcionaránlos Grupos de Amistad relacionados a continuación y cuyas presidencias corresponden a las diputadas y diputados pertenecientes a los Grupos Parlamentarios que a continuación se indican:

Octavo:Los Grupos de Amistad que cuenten con 14 integrantes tendrán hasta 3 vicepresidencias distribuidas conforme a lo siguiente:

1. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 1 vicepresidente

2. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 1 vicepresidente;

3. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 1 vicepresidente;

Noveno:Los Grupos de Amistad que cuenten con 10 integrantes tendrán hasta 2 vicepresidencias distribuidas conforme a lo siguiente:

1. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 1 vicepresidente cuando presida algún otro Grupo Parlamentario;

2. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 1 vicepresidente cuando presida algún otro de los Grupos Parlamentarios;

3. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 1 vicepresidente cuando presida algún otro de los Grupos Parlamentarios;

Décimo:Los Grupos de Amistad que cuenten con 6 integrantes tendrán 1 vicepresidencias distribuidas conforma a lo siguiente:

1. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 1 vicepresidente cuando no presida el Grupo;

2. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 1 vicepresidente cuando recaiga la presidencia en un integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;

Décimo primero: Los Grupos Parlamentarios deberán comunicar a la Junta de Coordinación Política los nombres de los integrantes que les correspondan en cada Grupo de Amistad, así como los nombres de los encargados de ocupar las Vicepresidencias que les correspondan en los términos de este acuerdo, a efecto de que ésta los ponga a consideración del Pleno o los comunique para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;  Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del  Partido de la Revolución Democrática; Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica). Coordinadora del Grupo Parlamentario de  Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Vivienda, que adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para incluir en la ley el concepto de cobranza social, a cargo de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de las propuesta mencionada, esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 así como los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 82, numeral 1, 85, 157, fracción I, 158, fracción IV, 162 y 174 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de este ordenamiento, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Metodología

1. En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

2. En el capítulo correspondiente a “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

3. En el capítulo de “Consideraciones”, la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

1. Antecedentes

Primero. En la sesión plenaria celebrada por la Cámara de Diputados el 19 de diciembre de 2012, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para incluir en la ley el concepto de cobranza social.

Segundo. En la sesión plenaria celebrada por la Cámara de Diputados el 7 de febrero de 2013, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, perteneciente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, volvió a presentar en sus términos la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, con el propósito de incluir en la ley el concepto de cobranza social.

Tercero. En las respectivas fechas, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó las iniciativas para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Vivienda.

De acuerdo a los antecedentes mencionados la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fundó la iniciativa en comento en los motivos que se describen a continuación.

2. Contenido

La iniciativa que origina el presente dictamen tiene como propósito modernizar la estructura operativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en adelante Infonavit), con la finalidad de satisfacer las necesidades de vivienda y los créditos de ésta, a favor de los trabajadores. Busca dejar en la Ley del Instituto el modelo de cobranza social que ya existe en la práctica y que con la reforma, se garantizará a los trabajadores esquemas justos y dignos cuando se vean en la necesidad de replantear sus créditos de vivienda, logrando con ello, alcanzar el precepto constitucional que establece el concepto de tener una vivienda digna y decorosa.

Asimismo, define a la cobranza social, como el modelo de acciones, productos y servicios que ofrece el Infonavit, para mantener un proceso de cobranza más sano y revertir la tendencia del índice de cartera vencida, en caso de que el acreditado vea una afectación en sus ingresos.

De acuerdo con lo anterior es que ésta honorable Comisión de Vivienda, hace las siguientes:

3. Consideraciones

Primera. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es un organismo de carácter social, que por medio de un mandato constitucional tiene por objeto la administración del Fondo Nacional de Vivienda con la finalidad de que se puedan otorgar crédito a los trabajadores derechohabientes.

Desde su origen, el Infonavit ha apoyado a más de seis millones de trabajadores a generar su patrimonio a través de la adquisición de vivienda, siendo el actor más importante del mercado, con 76 por ciento de participación en cuanto a la cartera de crédito se refiere. Por medio de la labor que realiza como hipotecaria social, se ha consolidado como uno de los principales fondos complementarios para el retiro de los trabajadores en el país, con 24 por ciento de participación del mercado de los fondos de retiro.

En la última década para satisfacer la demanda de vivienda que tiene el país, se han implementado una serie de acciones, productos y servicios por parte del Infonavit, que requieren establecerse en la legislación en la materia para hacerlas valer, con el propósito de que tengan permanencia, garantía y seguridad jurídica en beneficio de la solidez financiera del Infonavit y por ende, de cada trabajador que se vea en la necesidad de replantear su crédito hipotecario.

Segunda. A este conjunto de acciones y servicios que el Infonavit ofrece, se le ha dado el nombre de “Modelo de Cobranza Social”, con el objetivo de apoyar a los trabajadores que en algún momento de la historia de su crédito, se ven imposibilitados de seguir pagando con puntualidad las hipotecas contratadas, ya sea por pérdida involuntaria de su empleo, paro técnico o simplemente por la disminución de sus ingresos.

Al definir a la cobranza social, como el modelo de acciones, productos y servicios que ofrece el Infonavit, para mantener un proceso de cobranza más sano y revertir la tendencia del índice de cartera vencida, en caso de que el acreditado vea una afectación en sus ingresos al proponer su introducción dentro del marco normativo, se regula por un lado los intereses del mercado, y por otra parte, se garantizan las razones del Estado, que tiene como propósito generar condiciones de bienestar para los trabajadores. Asimismo, se reforzaría el carácter social del Infonavit, en una economía de mercado en el que se debe garantizar un equilibrio entre los acreditados y sus distintas problemáticas de pago, con los intereses de quienes facilitan la adquisición de una vivienda con un plan hipotecario.

Tercera. Tomando en cuenta que este modelo ya existe en la práctica y es empleado por el Infonavit, y se ha demostrado que al mantener una cartera rentable, se pueden ofrecer más oportunidades de vivienda para sus trabajadores derechohabientes, adherir el artículo en estudio garantiza la aplicación constante y segura del modelo de cobranza social, dotando la certeza jurídica que implica formar parte de algún cuerpo normativo; significa también, poner a la vanguardia la Ley del Infonavit en el modelo económico que impera en el país.

El nuevo modelo de cobranza social, en pocas palabras, se traduce en una alternativa para administrar de mejor forma la cartera de créditos hipotecarios, manteniendo la viabilidad financiera del ahorro del trabajador y atendiendo su capacidad de pago al mismo tiempo.

Cuarta. Si bien, a lo largo del presente dictamen, esta Comisión de Vivienda ha compartido la idea de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik de elevar a rango de ley una práctica común en el Infonavit, debemos establecer que es pertinente modificar la redacción del artículo en estudio para que el Consejo de Administración del Instituto sea quien apruebe los esquemas de cobranza social e incentivos a los acreditados cumplidos así como los esquemas de apoyo a los acreditados con voluntad de pago, por tratarse de políticas de crédito, lo anterior con fundamento en el artículo 16, fracciones II y IX, de la Ley del Infonavit, que a la letra establecen:

Artículo 16. El Consejo de Administración, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

II. Resolver sobre las operaciones del instituto, excepto aquéllas que por su importancia, a juicio de alguno de los sectores o del director general, ameriten acuerdo expreso de la asamblea general;....

IX. Proponer para su aprobación a la asamblea general las políticas de crédito y aprobar las reglas para su otorgamiento, así como la normatividad en materia de control interno;

A propuesta del director general, aprobar los castigos y quebrantos derivados de los créditos, las políticas de riesgos, así como las de adquisición de bienes y prestación de servicios, y cualquiera otra que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Instituto;

Con base en las fracciones plasmadas en las líneas que anteceden del artículo 16 de la Ley del Instituto es necesario establecer que dicho órgano de gobierno tenga la facultad de decisión sobre la implementación de este nuevo modelo para poder garantizar la viabilidad de las políticas de aplicación sin menoscabar el patrimonio de los trabajadores derechohabientes ya que una buena administración del Fondo Nacional de la Vivienda se traduce en más y mejores oportunidades para la adquisición de créditos para los trabajadores.

Quinta. Asimismo esta comisión dictaminadora por técnica legislativa estima necesario ubicar el precepto legal en un artículo 71, en lugar de colocarlo en un artículo 51 Bis 7 como señala la propuesta de la legisladora.

En el ordenamiento jurídico mexicano el contenido de cada ley tiene un orden lógico que otorga claridad al texto de la misma y facilita la identificación de cada una de sus normas dentro de la estructura del texto normativo. Este orden presenta coherencia entre el texto y su título, así como entre la estructura del texto normativo y cada una de sus divisiones. Así es que las leyes se organizan sobre la base de un orden metodológico que facilita el entendimiento de la norma.

A la organización que adquiere el conjunto de ideas o pensamientos que constituyen el contenido se le llama estructura. El objeto de la estructura es hacer fácilmente accesible el conocimiento del contenido de la ley y de las normas en ellas contenidas. Una buena estructura permite construir un índice de la ley, mediante el cual el lector, puede encontrar rápidamente la norma o el grupo de normas que necesita.

Si bien, la Ley del Infonavit en su estructura no cuenta con un capitulado como tal, es fácilmente perceptible su estructura de acuerdo a la ubicación del articulado de la ley, el cual en un principio contiene todas las disposiciones generales en cuanto al carácter del Instituto; enseguida, cuenta con la composición de sus órganos de gobierno y las facultades de los mismos; le siguen todas las normas relativas a las obligaciones patronales y las aportaciones, así como la administración de las mismas, y los mecanismos de otorgamiento de créditos para los derechohabientes y la administración de los recursos.

Al buscar incorporar un artículo relativo a la “cobranza social” como un mecanismo que garantiza el patrimonio de los trabajadores, ofreciéndoles todas las alternativas para que cubran su crédito de vivienda bajo condiciones que tomen en consideración su situación económica que realiza el Infonavit, en un artículo 71, tiene como consecuencia buscar la armonización con el texto vigente de la Ley, ya que, los últimos artículos de esta versan sobre la administración y naturaleza de los recursos con los que cuenta el Infonavit.

En cambio, el artículo 51 Bis y sus subsecuentes regulan el procedimiento para llevar a cabo las subastas de adjudicación de viviendas, por lo que consideramos que la posición más indicada para incorporar al Modelo de Cobranza Social en el texto de la Ley tendrá que ser en un artículo 71.

Sexta. Que se suprime el texto final del artículo que se propone adicionar, referente a que el esquema de cobranza social: “deberá contribuir a fomentar una cultura de pago, reconocimiento a acreditados cumplidos y esquemas de apoyo a los acreditados con voluntad de pago, entre otros”, en virtud de que el término “voluntad de pago” es subjetivo y, por lo tanto, genera incertidumbre jurídica. Porque puede haber voluntad de liquidar el monto adeudado, pero ello no necesariamente conduce a la materialización del mismo y esto puede ser aprovechado dolosamente, lo cual afectaría los recursos del fondo.

Por otra parte, se estima que el citado texto es innecesario ya que “fomentar una cultura de pago, reconocimiento a acreditados cumplidos y esquemas de apoyo a los acreditados con voluntad de pago”, son, justamente, los elementos que debe tomar en cuenta el consejo de administración del Instituto, para emitir los lineamientos en materia de cobranza social.

Séptima. El impacto del beneficio social que busca esta propuesta, es hoy en día muy amplio y además tiende a crecer, por lo que es de vital importancia impulsar y aprobar la propuesta planteada en el presente dictamen para garantizar una mejor ley que ayude a los financiamientos de vivienda para los trabajadores mexicanos.

Según cifras plasmadas en el Plan Financiero 2013-2017 del Infonavit se estima que 21 de cada 100 mexicanos vive en una casa financiada por el Infonavit, siendo esta cifra la más alta en la historia del instituto. También debemos considerar que según datos de la Comisión Nacional de Vivienda, el sector de la construcción en México muestra una dinámica de crecimiento, superior a la de la economía nacional, creciendo en promedio un 5 por ciento anual. Siendo el Infonavit quien otorga el mayor número de créditos en México para la adquisición de estas nuevas casas, 69 de cada 100 créditos son otorgados por el Infonavit sin coparticipación financiera de otra institución.

De ese 69 por ciento, resultan con mayor beneficio los trabajadores con menores recursos, ya que el 63 por ciento de los créditos otorgados, aproximadamente, se han destinado a derechohabientes que ganan menos de siete mil doscientos ochenta y cuatro pesos mensuales, es decir, ingresos por debajo de los 4 salarios mínimos.

Otra estadística relevante a considerar es el hecho de que, el tipo de producción de vivienda relacionado con el acceso a créditos y capacidad de pago de la población se distribuye de la siguiente manera: 10 por ciento con capacidad de pago y 30 por ciento es población derechohabiente; entre 10 y 20 por ciento no es derechohabiente aunque tiene capacidad de pago; el resto de la población no es derechohabiente y tampoco cuenta con capacidad de pago.

Por otra parte, debido al cambio demográfico que ha experimentado nuestro país en recientes años, se estima que se requieren al año, cerca de quinientos cincuenta y dos mil créditos para satisfacer la demanda de vivienda. Si cruzamos datos, el Infonavit puede cubrir hasta el 90 por ciento de esa demanda, fortaleciéndose, y garantizando a los trabajadores mejores condiciones crediticias vía un modelo de cobranza social implementado en la ley.

Octava. La prioridad del Infonavit es el bienestar de los trabajadores y sus familias; con su quehacer cotidiano busca incrementar su patrimonio ya sea resolviendo una necesidad habitacional o generando un ahorro para el retiro teniendo en cuenta que la cobranza social: gestión de la cobranza en Infonavit se basa en el principio de “siempre que exista voluntad de pago, habrá una solución”.

En conclusión, la Comisión de Vivienda tiene como propósito dejar plasmado en el cuerpo normativo del Infonavit el modelo de cobranza social, el cual ya existía en la práctica y que, con su implementación, tendremos la posibilidad de garantizar a los trabajadores esquemas justos y dignos cuando se vean en la necesidad de replantear sus créditos de vivienda, logrando con ello, alcanzar el precepto constitucional de bienestar social.

Por lo expuesto y fundado, ésta Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión somete a la aprobación del pleno, el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores

Artículo Único. Se adiciona un artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 71. Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en su subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto promoverá la búsqueda de soluciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por el Consejo de Administración.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Vivienda, diputados: Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica en abstención), José Alejandro Llanas Alba, Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Tomás López Landeros, Abel Guerra Garza (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica en abstención), Lazara Nelly González Aguilar, José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica en abstención), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica en abstención), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica en abstención), Noé Barrueta Barón, Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Cesario Padilla Navarro (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Brasil Alberto Acosta Peña, Josefina Salinas Pérez, Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez, Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados, se cumple así con la declaratoria de publicidad.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen.

Al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El 9 de abril de 2013 la diputada Miriam Cárdenas Cantú, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos para su dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa bajo estudio pretende reglamentar la nueva facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivada de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, relativa a la investigación de violaciones graves a éstos, así como también el proceso relativo a la comparecencia, ante la Cámara de Senadores (o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquélla) de los funcionarios que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les formule.

La diputada iniciante, para sustentar su propuesta, argumenta, entre otras cosas, que:

La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, por sus importantes alcances en beneficio de quienes habitamos este país, constituye sin duda, la reestructura más relevante que se haya realizado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el México contemporáneo.

Con la modificación citada se fortaleció a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en diversos aspectos y, de entre ellos, resulta conveniente destacar dos: el traslado a este organismo nacional de la facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos que, en origen, el constituyente de 1917 encomendó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y  la nueva facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de solicitar la comparecencia ante el Senado de la República o, en sus recesos, ante la Comisión Permanente, de los servidores públicos que se nieguen a aceptar sus recomendaciones o bien, que se nieguen a cumplirlas.

Cabe mencionar que ambas facultades fueron ejercidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a escasos meses de la entrada en vigor de la citada reforma constitucional; esto nos lleva a considerar que su reglamentación legal sea una situación que resulta importante acometer, a fin de dar plena efectividad a dicha reforma.

III. Consideraciones generales de la Comisión de Derechos Humanos y análisis específico de las propuestas contenidas en la iniciativa

La necesidad de armonizar la ley secundaria con el texto de la Constitución General de la República, en materia de derechos humanos, en atención a la reforma constitucional vigente desde junio de 2011.

Los derechos humanos se constituyen en la piedra angular en que debe sustentarse el quehacer de todo el aparato estatal; son la razón o fundamento de cualquier Estado que se ostente como democrático y de derecho.

En este sentido, el Estado democrático, social y de derecho debe proteger y garantizar los derechos humanos para todas las personas, por lo que le es imperativo asumir (como diría Ronald Dworkin) los derechos en serio.

Como órgano representante de la voluntad popular y en un ejercicio de coherencia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, se estima que corresponde al Congreso de la Unión legislar  sobre las normas secundarias que posibiliten garantizar el ejercicio y pleno goce de los derechos humanos tutelados en nuestra constitución y máxime cuando se está ante la presencia de nuevas bases fundamentales que re- articulan el quehacer de un organismo autónomo y fortalecen su actuación.

Esa re-articulación fue advertida por la anterior Legislatura, razón por la cual se trasladó a la CNDH la facultad originaria que se había concedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar las violaciones graves a derechos humanos (antes garantías individuales).

Además, para reforzar el papel de tutela de los derechos inherentes al ser humano y que se materializa a través de las recomendaciones que emite la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se otorgó a la misma una nueva facultad consistente en solicitar la comparecencia ante el Senado de la República o, en sus recesos, ante la Comisión Permanente, de los servidores públicos que se nieguen a aceptar sus recomendaciones o bien, que se nieguen a cumplirlas.

Esta nueva facultad respeta el principio de la división de poderes clásico y, al mismo tiempo, permite que las recomendaciones hechas por el ombudsman nacional no sean simples letras al viento, sino un recurso con capacidad instrumental para efectivizar la tutela de los derechos humanos; esto viene a fortalecer la actuación de la Comisión Nacional.

Es de destacar que existe ya una omisión legislativa de más de un año para desarrollar en la ley secundaria, la reforma constitucional que en junio de 2011 experimentó nuestra Constitución. En efecto, el “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, señaló en su artículo octavo transitorio lo siguiente:

“Octavo. El Congreso de la Unión adecuará la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.”

En lo que respecta a la CNDH, el artículo 102, Apartado B, experimentó modificaciones, por un lado, reformas a los párrafos segundo y tercero y, por otro, la adición de un nuevo párrafo quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los anteriores en su orden.

Para efectos del presente dictamen, las nuevas competencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentran previstas en el párrafo segundo y décimo primero del apartado B del artículo 102, Constitucional, mismos que a la letra indican:

“Artículo 102.-

A. ...

...

...

...

...

...

B. ...

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no  vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligad o a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones  emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar,  motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión  Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante  dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa

...

...

...

...

...

...

...

...

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá  investigar hechos que constituyan violaciones  graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.”

En aras de no incurrir más en la omisión legislativa en la que ya nos encontramos inmersos, resulta apremiante adecuar la legislación secundaria (la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) a la reforma constitucional en comento.

Análisis del contenido específico de la iniciativa

Una vez demostrada la necesidad de armonizar la ley secundaria con el texto constitucional, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pasa el estudio de fondo de la iniciativa planteada por la diputada iniciante.

Así, la propuesta de modificación a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea: “reformar la fracción X del artículo 15; derogar el párrafo tercero y sus incisos, del artículo 46; adicionar un título VII denominado “Del ejercicio de la facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos”, así como un título VIII, denominado “Del procedimiento para la comparecencia de los servidores públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones”.

El primer artículo que se propone modificar es el 15, en su fracción X. Este artículo regula las facultades y obligaciones que le corresponden al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La propuesta planteada por la diputada iniciante consiste en reformar la actual fracción X, para quedar de la siguiente manera:

Texto vigente

Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I a IX. ...

X. Solicitar, en los términos del artículo 46 de esta Ley, a la Cámara de Senadores o en sus recesos,  a la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables, para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XI a XII. ...

Propuesta planteada 

Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I a IX. ...

X. Solicitar, en los términos previstos por esta ley, a la Cámara de Senadores o en sus recesos, a la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XI a XII. ...

Como se advierte, se suprime de este artículo el reenvío al artículo 46 de la misma ley, toda vez que, en el contexto general de la propuesta, se definen, en un nuevo título específico, las disposiciones que habrán de regular la comparecencia de servidores públicos en los casos señalados.

Para que la reforma constitucional de referencia tenga efectividad, es necesario determinar en la legislación secundaria la instancia que ha de ejercer la  facultad para solicitar las comparecencias, siendo ésta una de las más importantes que se han otorgado a la CNDH y toda vez que implica relaciones de colaboración con el órgano legislativo –nacional o local, según el caso-, resulta conveniente que sea el titular de tal dependencia quien se encuentre facultado para ejercer esta nueva facultad precisando claramente las normas que habrá de observar.

Se considera que la propuesta planteada es congruente con el marco general de reformas y adiciones contenido en la iniciativa, así como compatible con las funciones que ya realiza el titular de la CNDH y entre las que se encuentran funciones de índole netamente constitucional, como la de presentar acciones de inconstitucionalidad.

En este contexto, la facultad constitucional de la CNDH de solicitar al Senado (o a la Comisión Permanente en los recesos de aquél) o a las legislaturas de los Estados, la comparecencia de servidores públicos que no cumplan o se nieguen a aceptar las recomendaciones de la CNDH, debe de ser ejercida por el presidente de dicha dependencia, en los términos que claramente debe definir la propia ley que la rige.

La siguiente propuesta planteada por la diputada iniciante consiste en derogar el párrafo tercero, y sus incisos, del artículo 46. Este artículo regula las recomendaciones que puede hacer la CNDH, así como sus alcances, implicaciones, el procedimiento a seguirse para notificar de las mismas a las autoridades sobre las que verse la recomendación y, muy importante, el tramite a seguirse cuando dichas recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas (esto último, resultado de una reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de junio de 2012).

La propuesta de la diputada es derogar el párrafo tercero, junto con sus incisos, que prevé el trámite a seguirse cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas. Cabe precisar que al mismo tiempo que deroga esta disposición, la diputada propone crear un Título VIII a la Ley de la CNDH, mismo que se denomina  “Del procedimiento para la comparecencia de los servidores públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones”.

En este Título VIII se traslada el trámite a seguirse para cuando los servidores públicos se nieguen a aceptar o a cumplir las recomendaciones de la CNDH y en dicho título, se desarrolla más ampliamente tal facultad del Ombudsman Nacional. Dado que la propuesta de derogar el párrafo tercero del artículo 46 y la creación de un título VIII a la Ley de la CNDH se encuentran estrechamente relacionados, se analizan conjuntamente.

El párrafo tercero del artículo 46, con sus incisos, que se propone derogar indica:

“Artículo 46. ...

...

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:

a) La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

b) La Comisión Nacional determinará, previa consulta con los órganos legislativos referidos en el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos del siguiente inciso.

c) Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el inciso que antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.

d) Si persiste la negativa, la Comisión Nacional podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.”

El título VIII propuesto por la diputada iniciante (“Del procedimiento para la comparecencia de los servidores públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones”) se compone de un capítulo único con dos artículos, el 82 y el 83, mismos que se reproducen y se analizan párrafo por párrafo.

Después del análisis realizado, se considera pertinente la propuesta de derogar el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sus incisos, trasladando sus contenidos a un nuevo Título VIII en el que son incluidos junto con otras disposiciones que regulan el procedimiento para la comparecencia de los servidores públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones.

Finalmente, la diputada iniciante propone adicionar un Título VII denominado “Del Ejercicio de la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos”. Dicho título consta de un capítulo único integrado por cinco artículos. Al igual que en el caso anterior se presenta un análisis de cada artículo.

Por los argumentos expuestos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, coincide con las propuestas planteadas por la diputa iniciante, en este sentido, somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único. Se reforma la fracción X del artículo 15; se deroga el párrafo tercero, y sus incisos, del artículo 46; se adiciona el Título VII denominado Del Ejercicio de la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos, así como el Título VIII, denominado Del Procedimiento para la Comparecencia de los Servidores Públicos que no acepten o se nieguen a Cumplir las Recomendaciones; todos ellos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 15. El presidente de la comisión nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. a IX. ...

X. Solicitar, en los términos previstos por esta ley a la Cámara de Senadores o en sus recesos, a la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

XI.a XII. ...

Artículo 46. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.

En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Título VIIDel Ejercicio de la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos

Capitulo Único

Artículo 77. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo solicite el Ejecutivo federal por conducto de la Consejería Jurídica de la Presidencia, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

Corresponde al presidente de la comisión nacional la facultad de decidir, mediante acuerdo fundado y motivado, si ha lugar o no a ejercer la facultad de investigación. La determinación será informada al Consejo Consultivo y, de inmediato, al ente legitimado que haya instado su ejercicio.

Artículo 78. Serán aplicables al ejercicio de la facultad de investigación a que se refiere este capítulo, en lo general, las reglas previstas en el Título III de esta ley, relativas al procedimiento ante la comisión nacional, así como, en lo conducente, las contenidas en su reglamento.

Artículo 79. Una vez acordado el inicio de la investigación, dicha determinación deberá ponerse en conocimiento de las autoridades presuntamente responsables a través del medio de comunicación más ágil posible.

En la misma comunicación, la comisión nacional les solicitará un informe respecto de los actos u omisiones que se hayan determinado en el acuerdo de inicio de la investigación o de aquellos hechos íntimamente relacionados con aquellos que motivaron su ejercicio. Dicho informe lo deberán presentar, por los medios que sean conveniente, en un plazo máximo de siete días naturales contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, considerando que se trata de una facultad extraordinaria. En situaciones urgentes, el presidente podrá reducir dicho término hasta por el plazo que estime conveniente en razón de la gravedad del asunto.

Artículo 80. Todas las autoridades están obligadas a enviar la información que les sea requerida en el curso de la investigación, aun la reservada o confidencial. Los servidores públicos de la Comisión Nacional están obligados a tratar la información que con tal carácter sea recibida guardando la más estricta confidencialidad.

El presidente de la comisión nacional estará facultado para citar a todos los servidores públicos que considere deban comparecer ante la misma, a fin de esclarecer los hechos que originaron el inicio de la investigación, incluyendo a Secretarios de Estado, a los gobernadores de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes estarán obligados a comparecer de manera personal, protestar decir verdad, y responder a todos los cuestionamientos que les sean realizados.

Artículo 81. En las recomendaciones que se emitan con motivo del ejercicio de la facultad de investigación, la comisión nacional podrá presentar denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados o ante las legislaturas de los estados, según corresponda. Las Cámaras de Diputados y de Senadores o las legislaturas estatales deberán dar curso de inmediato a la solicitud, y determinar a la brevedad, respecto de la sustanciación del procedimiento.

En caso de que una recomendación emitida en ejercicio de esta facultad no sea aceptada o cumplida, la comparecencia a que se refiere el Título VIII se hará invariablemente ante el pleno de la Cámara de Senadores.

Título VIIIDel Procedimiento para la Comparecencia de los Servidores Públicos que no acepten o se nieguen a Cumplir las Recomendaciones

Capitulo Único

Artículo 82. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, la autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa.

Asimismo, la autoridad o el servidor público quedará obligado a comparecer personalmente, en cuanto sea citado, ante la Cámara de Senadores o, en sus recesos, ante la Comisión Permanente, salvo el caso a que se refiere el artículo 81, a efecto de explicar el motivo de su negativa

La comparecencia versará única y exclusivamente sobre los motivos de la negativa de aceptar la recomendación o a dar cumplimiento a aquéllas aceptadas y se extenderá el tiempo que sea necesario para agotar el tema

Una vez concluida la sesión, se turnará al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos copia de los documentos que hayan sido entregados por las autoridades.

Artículo 83. La comisión nacional determinará, previa consulta con la Cámara de Senadores, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o a cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos.

Las autoridades o servidores públicos a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el párrafo que antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.

Si persiste la negativa, la comisión nacional hará del conocimiento público dicha circunstancia y podrá denunciar ante el Ministerio Público o ante la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables, procediendo conforme a lo dispuesto en el Título IV, Capítulo II de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Dworkin, Ronald. Los derechos en serio.EditorialAriel. Traducción de Marta Guastavino. Barcelona, 2009.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz para fundamentar el dictamen, don Carlos Fernando Angulo Parra.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Muchas gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, me toca ahora el honor de presentar ante ustedes este proyecto de reforma de ley, derivada de la reforma constitucional de 2011, respecto de las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Quiero centrarme un poquito en el tema, haciendo un poquito de remembranza. Debemos de tomar en cuenta que México dio un salto cuántico respecto de su estructura como Estado mexicano, a raíz de la reforma del artículo 1o. constitucional en el año de 2011, ¿en qué consistió ese salto cuántico? Consistió en que México asume, independientemente de posturas soberanas, la postura esencial que debe de tomar el Estado mexicano para la conducción de todo su quehacer cotidiano: el respeto de los derechos humanos en todos los niveles. No nada más los consagrados en la Constitución, sino los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en donde México es parte, inclusive, derechos humanos que aún se encuentran en desarrollo de identificación. Es una situación extraordinaria en la que México ha entrado.

Ahora bien, México hizo una reforma constitucional, con su Constituyente Permanente, poniendo los tratados internacionales en esta materia al mismo nivel que la propia Constitución, por lo que se le da una relevancia especial a los derechos humanos.

Ahora bien, los derechos humanos ahora deben constituir la base para toda la actividad del Estado, pues son el fundamento de toda democracia y de una vida social civilizada.

Como México va hacia delante en este aspecto, la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados ha puesto a su consideración el dictamen para reformar la ley que regula a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que le otorga una facultad que antes tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era cuando había una violación grave de derechos humanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía la facultad de investigar esta violación. Ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos adquiere esta facultad.

La iniciativa bajo estudio pretende reglamentar esta nueva facultad, relativa a esta investigación, así como el proceso relativo a la comparecencia ante la Cámara de Senadores de los funcionarios que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones de la propia CNDH.

Esta última facultad permite que las recomendaciones hechas por el ombudsman nacional se conviertan en un recurso con capacidad instrumental para hacer efectiva la tutela de los derechos humanos, fortaleciendo así la actuación de la comisión.

Como se puede observar, compañeras diputadas y compañeros diputados, dicha iniciativa responde a la necesidad de armonizar la ley secundaria con el texto de nuestra Constitución, después de estas reformas de junio de 2011.

Como órgano representante de la voluntad popular y en un ejercicio de coherencia con la reforma constitucional antes referida, se afirma que corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre las normas secundarias que posibiliten garantizar el pleno reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos humanos tutelados en nuestra Constitución. Éste es un primer paso de un largo camino que nosotros como legisladores vamos a continuar para fortalecer ese compromiso del Estado mexicano y ese compromiso que todos los mexicanos tenemos del respeto de los derechos humanos.

Comprometidos con reconocer y garantizar de manera plena los derechos humanos, todo individuo debe asumir ese compromiso en México ante la comunidad internacional, por lo que la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados los insta a votar a favor del presente dictamen.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional va a presentar una pequeña reserva, relacionada con un balance entre el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y el órgano consultivo de la misma, que lo presentaremos más tarde a su consideración. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Señora presidenta, muchas gracias.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted diputado. Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el uso de la voz para fijar la posición de su grupo el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, compañeras diputadas y compañeros diputados, salvaguardar los derechos humanos es una obligación ineludible del Estado mexicano. Para que lo logre, nuestro trabajo es asegurarnos de que todas las reglamentaciones se encuentren en armonía con las reformas constitucionales que emanan desde el Poder Legislativo.

En este sentido, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, porque las reformas propuestas otorgan mayor certidumbre jurídica en la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para velar por el respeto de los derechos de las mexicanas y de los mexicanos.

En ese tenor, y con la firme convicción de que los derechos humanos deben consolidarse como un pilar fundamental en todos los ámbitos de nuestra República, sabemos que al aprobarse el presente dictamen estaremos consolidando el cauce legal a lo establecido en la reforma constitucional de 2011 en esta materia.

Además de su profundo sentido legal y humano, el presente dictamen resulta indispensable para no incurrir más en una omisión legislativa, como quedó establecido en el octavo transitorio de la reforma de junio de 2011, en la que se fijó el plazo de un año para la reglamentación y armonización correspondiente.

Coincidimos plenamente con las posiciones que destacan la importancia de otorgar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la atribución de investigación de violaciones graves a los derechos humanos. Asimismo coincidimos que esta facultad representa una condición necesaria, más no suficiente para garantizar el carácter vinculante de una ley.

Por ello, en el pleno de la Comisión de Derechos Humanos discutimos y aprobamos también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda asumir la potestad para presentar denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados o ante las Legislaturas de los estados, derivada de las recomendaciones que se emitan con motivo del ejercicio de la facultad de investigación.

De lo anterior, y con plena conciencia de que el proceso vinculante de las leyes radica no solo en otorgar facultades para la investigación de las causas y el señalamiento de los responsables de una violación, sostenemos que se requiere también de una consecuencia jurídica y una sanción.

En otras palabras, la fuerza vinculante de las leyes radica en que todos los elementos de existencia, validez y sanción estén establecidos en la misma y sean aplicables. De ahí la trascendencia del dictamen a discusión que establece el juicio político, toda vez que estaríamos garantizando que derivado de una investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual se compruebe una violación grave a los derechos humanos, exista una consecuencia jurídica y una sanción efectiva.

De la misma manera, las y los integrantes de esta comisión aprobamos a través de este dictamen que la comparecencia de los servidores públicos sea de manera personal, a fin de esclarecer los hechos que originaron alguna investigación, dotándole con esto la oportunidad de responder a todos los cuestionamientos que le sean realizados y no por escrito, como en un principio se planteaba.

En virtud de lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor, porque estamos seguros que con esta reforma daremos un paso sin precedentes en el objetivo de garantizar y salvaguardar de manera efectiva los derechos humanos.

Compañeras y compañeros legisladores, dar certidumbre a los mexicanos debe ser la prioridad ineludible de nuestra labor. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos seguros de que solo con la construcción democrática que transforme las instituciones del país podremos recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno.

Con nuestro voto a favor respondemos a una de las exigencias de la sociedad civil y de la ciudadanía para la protección de los derechos humanos en nuestro país, para que esta protección sea de manera efectiva y se logre alcanzar el sentido de justicia que fortalezca la cohesión social. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros legisladores, el Partido del Trabajo aprueba y acepta las reformas a la ley que regula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esta ley deriva —como ya señalaron mis compañeros— de la reforma constitucional de 2011. Es un avance importante el que se está dando con esta reforma, por cuanto se le dota de más herramientas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar violaciones graves y, en el caso de emitir recomendaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrán que comparecer cuando no acepten las recomendaciones los funcionarios responsables.

Sin embargo, es mucho todavía el camino que falta por recorrer, hay una exigencia de los organismos no gubernamentales y de la misma sociedad civil de modificar todo el estatuto de la Comisión Nacional de los Derechos Humaos y las funciones del mismo ombudsman nacional.

Los reclamos vienen y sería necesario, no solamente reformar la ley, sino la propia Constitución, de que no pueden ser precisamente revisadas a la luz de la óptica de los derechos humanos las sentencias judiciales. Nada que esté en el ámbito judicial puede ser en su momento revisado por limitación constitucional. Queda fuera del ámbito competencial del ombudsman revisar las sentencias o cualquier resolución del Poder Judicial federal o local.

Muchas de las violaciones a los derechos humanos precisamente tienen lugar en este ámbito; violaciones no solamente de los que pueden ser procesados o los que son indiciados en un proceso de los sentenciados y de las mismas víctimas del delito. Y con esa trabazón, ese amarre tan impresionante que existe en la Constitución no se les puede atender en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Hago un llamado desde esta alta tribuna para que precisamente, en esta corriente de ajustarnos a los instrumentos internacionales y a raíz de la reforma al 1o. constitucional en 2011, y para estar en total armonía con los mismos instrumentos internacionales, a que reformemos la Constitución y nuevamente la ley para que las resoluciones, decisiones y sentencias judiciales puedan ser objeto de revisión o en su momento recomendación, pues ni siquiera son obligatorias, son recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, presidenta; compañeras y compañeros diputados, los derechos humanos se han convertido en los últimos años en referente permanente de la opinión pública nacional y de la actividad de la sociedad civil organizada y ha encontrado en la causa de la defensa y promoción de los mismos un espacio incluyente y plural para la expresión y canalización de las demandas sociales, derivado de la generación de una cultura por el respeto, importancia y trascendencia que tiene en la vida de todo ser humano.

La incorporación de México a la dinámica internacional de los derechos humanos se dio desde la implementación del sistema de tutela no jurisdiccional de los derechos fundamentales, con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1990 que tiene su origen precisamente en la figura del ombudsman sueco del año de 1809.

Hacer una descripción pormenorizada de todos los ámbitos en los que son cotidianamente violados los derechos humanos en México nos llevaría muchísimas páginas.

Creemos, sin embargo, que debemos ser especialmente acuciosos en el ámbito de la realidad, la cual ya tiene encendidas todas las alarmas por la gravedad de las violaciones y su persistencia.

Así la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, por sus importantes alcances en beneficio de quienes habitamos este país, constituye sin duda la reestructura más relevante que se haya realizado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en éste nuestro México contemporáneo.

De ésta destacan grandes aciertos, como la eliminación de la facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos como competencia de la Suprema Corte, facultad reconocida por el Constituyente de 1917 y la nueva facultad que se le otorga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de solicitar la comparecencia ante el Senado de la República a los servidores públicos que se nieguen a aceptar sus recomendaciones o que se nieguen a su cumplimiento.

Sin duda alguna se trata de una reforma que abarca diversos y distintos temas y aspectos relativos a la concepción y la tutela de los derechos humanos en México; sin embargo, sin las modificaciones a la ley secundaria en esta materia, tal y como las que se proponen en la presente iniciativa, esta importante reforma constitucional se encontraría inacabada.

El presente dictamen busca regular las nuevas atribuciones de la comisión nacional, realizando las modificaciones necesarias a la ley secundaria a través del fortalecimiento de la propia comisión, en su papel de autoridad máxima para la tutela y defensa de los derechos inherentes al ser humano relativos a la investigación de violaciones graves a éstos, así como también el proceso relativo a la comparecencia ante la Cámara de Senadores o, en su caso, ante la Comisión Permanente de los servidores públicos que no acepten o se nieguen a cumplir las recomendaciones. Por ello, la necesidad de la reglamentación legal de estas nuevas facultades también se justifica en el hecho de que ambas prerrogativas fueron ejercidas por esta comisión.

Los integrantes del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano nos pronunciamos a favor del dictamen de esta iniciativa que hoy se discute, tal y como siempre lo haremos cuando a través de las medidas propuestas se busque la protección, la defensa de la población en general.

Sin embargo, debemos mencionar que erradicar las profundas deficiencias que el Estado mexicano presenta en la tutela de los derechos forma parte de una tarea que corresponde hacer tanto a los jueces, legisladores, integrantes de los poderes ejecutivos, por supuesto comisiones de derechos humanos y a la sociedad civil en su conjunto.

En suma, compañeras y compañeros, reitero que este dictamen pretende armonizar la ley secundaria con el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a la reforma constitucional vigente desde el mes de junio del 2011.

Por ello, en conciencia y en congruencia, reitero que la fracción de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz la diputada Martha Edith Vital Vera.

La diputada Martha Edith Vital Vera:Gracias. Con su venia, señora presidenta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución noble, así lo precisa el objeto de protección que tutela, en pocas palabras: la comisión resguarda la dignidad del ser humano. Es el único competente en nuestro orden jurídico mexicano para detener el abuso o injusticias provenientes del Estado en contra de los ciudadanos.

Por lo anterior, cualquier proyecto tendiente a fortalecer el mejor cumplimiento de las labores constitucionales y legales de la comisión es siempre bienvenido; no obstante, el análisis correspondiente debe ser muy agudo para no crear procesos o competencias huecos, que en lugar de procurar los derechos fundamentales los minimicen, desalentando a los titulares de los derechos subjetivos, por apreciar que la queja entablada no haya sido útil o duerma el sueño de los justos.

Por lo anterior, agradan las ideas plasmadas en el dictamen que tenemos en discusión, el cual primordialmente respeta la tradición del ombudsman y/o defensores del pueblo; es decir, una institución proveniente de modo indirecto del Estado, con carácter autónomo, con fortaleza moral y sin facultades coercitivas o vinculatorias para hacer cumplir sus determinaciones.

En este contexto, la eficacia de las instituciones no proviene de una coercitividad, como sí acontece en los órganos del Poder Judicial, sino del respaldo de la opinión pública gestada a razón de la autoridad moral.

Por lo cual, debe tenerse en consideración que el dictamen lo que propone no es la coercitividad radical pura y dura, sino un medio competencial asignado a la comisión para que quien viole el régimen humano, que debe ser una autoridad pública, acuda —en ánimo de la rendición de cuentas— ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y atendiendo la representación federal constituida en esta colegisladora, se pueda someter a examen las razones de la alteración de los derechos humanos o derechos fundamentales.

El fin es que sin ánimo coercitivo la comisión no solamente devele la violación e incluso emita su resolución no vinculatoria, sino requerirle al Senado o a la Comisión Permanente, si es que el procedimiento se lleva a cabo fuera de los periodos ordinarios de sesiones, o a las Legislaturas de las entidades federativas o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, citar al funcionario para que éste explique las razones por la cuales se niega a cumplir la recomendación de la comisión.

Como se aprecia el trámite, la comisión no vulnera su tradición de no coercitividad simplemente se le asigna una competencia más, a través de la cual su presión genera la intervención de la Cámara correspondiente para obligar al sujeto activo de la violación.

Creemos que la realidad propia de la administración pública mexicana, e incluso la operatividad de otras instituciones de otros poderes, hacen necesaria una medida como la de este tipo, pues hasta este momento las autoridades bien pueden hacer caso omiso a las recomendaciones.

Ahora, con esta reforma propuesta se esperará que los cumplimientos respectivos a las comisiones aumenten, proporcionando así un respeto mayor e incluso, por qué no, llegar a pensar que absoluto a los derechos humanos.

Por estas razones, y para que nuestro sistema de derecho sea más completo, eficaz y se vele siempre por la protección de la persona, es que la bancada del Partido Verde Ecologista de México dará su voto a favor en el presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada Miriam Cárdenas Cantú.

La diputada Miriam Cárdenas Cantú:Muy buenos días. Con el permiso de la Mesa Directiva. Señoras diputadas y señores diputados, hoy acudo ante ustedes para dar cuenta del dictamen que la Comisión de Derechos Humanos ha tenido a bien aprobar y que recae en la iniciativa que la suscrita dirigió a esta soberanía, con el propósito de desarrollar en la ley secundaria uno de los mandatos constitucionales que la reforma del 10 de junio de 2011 instruyó.

El grupo parlamentario al que pertenezco, el Revolucionario Institucional, está convencido de que debe existir el ánimo de contribuir, desde el ámbito legislativo, al fortalecimiento del organismo defensor de los derechos humanos en el país.

Nuestro sistema jurídico nacional, a partir de la reforma constitucional de 2011, coloca el respeto a la dignidad de la persona como eje y centro del que parten y al que deben confluir todas las decisiones del Estado. Define además un marco jurídico interpretativo para la protección y defensa de los derechos humanos.

Entre las importantes reformas realizadas se encuentran aquellas por las cuales se otorgó a la CNDH la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos, así como las medidas tendentes al fortalecimiento de las recomendaciones que emita.

En este contexto, la renovación del marco constitucional de la comisión hizo necesaria la adecuación de las normas secundarias que regulan su actuación, a fin de determinar las bases a partir de las cuales podrá operar sus nuevas atribuciones.

Respecto de la facultad de investigación, ésta estaba atribuida desde el texto original de la Constitución de 1917 al más alto tribunal del país, y a decir del maestro Jorge Carpizo, la supresión de la facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar las violaciones graves a las garantías individuales se decidió trasladar a otro organismo y el legislador en ese momento no encontró otro mejor que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es conveniente señalar que si bien esa facultad debe ejercerse por regla general en los casos en que se inste por los órganos legitimados, existe un margen de decisión que corresponde al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien deberá motivar, en su caso, las razones por las cuales determina procedente o improcedente el ejercicio de dicha facultad.

Ahora bien, por lo que se refiere a la regulación del procedimiento que debe regir la atribución de investigación, se reafirma en el dictamen que se aplicarán las reglas generales que en la ley en vigor y en el Reglamento de la CNDH se prevén actualmente.

En lo que respecta a cuestiones específicas, éstas son reguladas en el decreto que se presenta a consideración de esta asamblea y se precisa la obligación de que las autoridades tendrán de enviar toda la información que la comisión les requiera durante una investigación, aún la que tenga el carácter de reservada o confidencial, en contrapartida, se prevé la obligación de los servidores de la Comisión Nacional de tratarla bajo la más estricta confidencialidad.

Todo lo anterior se contempla al adicionar a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un nuevo título el cual, de acuerdo con la estructura de la ley en vigor, le correspondería ser el número séptimo.

También dentro del cuerpo del decreto se prevé la facultad del presidente de la comisión para citar a cualquier servidor público cuya presencia sea necesaria para esclarecer los hechos que originaron la investigación.

Asimismo se establece que uno de los resultados de la facultad de investigación podrá ser la solicitud del incoamiento del juicio político contra el servidor público responsable, porque la demostración de una violación grave a los derechos humanos exige que se finquen responsabilidades políticas.

Respecto al segundo rubro que toca esta iniciativa, y que tiene que ver con regular lo referente a la comparecencia de funcionarios ante el Senado cuando no acepten o no cumplan las recomendaciones, o resulten responsables de violaciones graves, el decreto propuesto plantea definir las reglas a que se sujetará dicha comparecencia, así como las sanciones administrativas que podrán resultar en caso de que la negativa de aceptar la recomendación sea reiterativa.

Esta propuesta viene a desarrollar una reciente reforma a la ley secundaria en la que se prevé precisamente el procedimiento ante la omisión reiterada de las recomendaciones de la CNDH por parte de una autoridad.

Si bien las recomendaciones no son vinculatorias per se queda claro que el proceso previsto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución federal no puede tomarse a la ligera.

Estos son, señoras y señores legisladores, los puntos torales contenidos en el dictamen que hoy se presenta a su consideración y mi grupo parlamentario avala, porque hoy tenemos la oportunidad de dotar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de un renovado marco jurídico que propicie mayor efectividad a sus tareas. Es cuanto. Gracias por su atención.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión los siguientes artículos: artículo 15 y artículo 77, por el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, de la fracción parlamentaria del PAN.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El diputado Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (desde la curul): A favor.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): A favor.

El diputado Alberto Díaz Trujillo(desde la curul): A favor.

La diputada Claudia Delgadillo González(desde la curul): A favor.

La diputada Juana Bonilla Jaime(desde la curul): A favor.

La diputada Gabriela Eugenia Cortés Talamantes(desde la curul): A favor.

El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo(desde la curul): A favor.

El diputado José Martín López Cisneros(desde la curul): A favor.

El diputado José Ignacio Duarte Murillo(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 389 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 389 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, para referirse a los artículos 15 y 77 reservados.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:Gracias, presidenta. El motivo de la reserva es muy sencillo, compañeras diputadas y compañeros diputados, antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano colegiado del poder de la Unión, tenía la facultad de investigación de las violaciones graves a las garantías individuales, ahora derechos humanos.

Esta facultad ahora se pasa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero es una facultad que ejerce exclusivamente su presidente; es una carga muy fuerte para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ser ejercida sin ningún tipo de balance o un tipo de socialización previa, previo análisis de un órgano que ya existe dentro de la estructura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es el Consejo Consultivo.

El Consejo Consultivo es un órgano deliberativo de la comisión que está fungiendo como una especie de conciencia, de alma; una especie de asesoría constante de balance de las actuaciones del presidente y de la comisión, como tal.

Se propone modificar el segundo párrafo y adicionar el párrafo del artículo 77 de esta iniciativa para agregarle dos párrafos; primero, para eliminarle un párrafo que dice: La determinación será informada al Consejo Consultivo y de inmediato al ente legitimado que haya instalado su ejercicio.

En lugar de hacer ese informe, se sustituye con esto: Cuando se ejerza la facultad para tal efecto, el presidente deberá convocar a sesión del Consejo Consultivo para notificar a los integrantes del mismo que tendrán 30 días naturales siguientes a la notificación para emitir la opinión correspondiente a que diera lugar.

En el caso del ejercicio de la facultad de investigación por parte del Consejo Consultivo a solicitud de alguno de sus integrantes, se pondrá a consideración en sesión del Consejo convocada para tal efecto y se tomará la determinación en el mismo término señalado previamente.

Es decir, es la forma en que se procesaría esta facultad que quedaría inmersa en la fracción XIII del artículo 15, que al respecto diría: Ejercer la facultad —la facultad del presidente de la Comisión— ejercer la facultad de investigación por hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, previa opinión no vinculante del Consejo Consultivo, emitida por la mayoría de sus integrantes en los términos señalados en el capítulo correspondiente de la presente ley.

Con esto, compañeras y compañeros, tendríamos ese balance necesario para esta facultad ejercida por una sola persona; creo que sería muy prudente que adoptáramos esta reforma propuesta, esta enmienda propuesta al dictamen y de esa manera tendríamos un balance necesario, viéndonos como Cámara de Diputados ejerciendo de una manera muy responsable la facultad que nos compete como Cámara de balancear estas estructuras de poder en México. Les agradezco mucho su atención. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones a los artículos presentados por el diputado Carlos Fernando Angulo Parra.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se desecha. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en sus términos de los artículos 15 y 77, reservados previamente.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 15 y 77, en términos del dictamen.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 406 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados los artículos por 406 votos en los términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

CODIGO DE COMERCIO

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio

Honorable Asamblea:

La Comisión de Economía correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 95, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

1.En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 18 de octubre de 2012, el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1414 Bis 7 del Código de Comercio.

2.El ciudadano presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Contenido y objeto de la iniciativa

La iniciativa pretende reformar el Código de Comercio con los objetivos siguientes:

• Establecer la obligación del actor de demostrar fehacientemente que se realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias, y

• Asentar el resultado de la misma en su escrito inicial de demanda a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado. Obligar al juez a realizar la notificación correspondiente.

Consideraciones

El 27 de agosto de 2009, se establece el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), siendo consecuencia de reformar el Código del Comercio. El RUG es una sección del Registro Público de Comercio, a cargo de la Secretaría de Economía (SE), en el cual las personas podrán inscribir todo tipo de Garantías Mobiliarias, privilegios especiales,  derechos de retención sobre bienes muebles para garantizar cualquier crédito y su finalidad es potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, pequeñas y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía.

Las características del Registro Único de Garantías Mobiliarias son las siguientes:

• Es una herramienta para el acceso al crédito, que estimula la penetración en sectores que hasta ahora no habían sido atendidos.

• Brinda a los acreedores mayor certeza jurídica, permitiendo la identificación eficiente de los bienes otorgados en garantía y la prioridad entre acreedores.

• Permite abonar a la transparencia de las transacciones, evitando asimetrías de información, y

• Permite agilizar el procedimiento registral, convirtiéndolo en digital (antes en papel y en ventanilla), reduciendo tiempos (antes el promedio nacional ascendía a 17 días) y costos (antes el promedio nacional del monto de derechos ascendía a 2% sobre el monto del crédito).

En el RUG también están establecidas las diversas operaciones que pueden realizarse en el marco de la garantía mobiliaria, tales como:

• Aviso preventivo

• Inscripción de garantía mobiliaria

• Modificación de registro

• Transmisión de garantía mobiliaria

• Rectificación por error

• Renovación de vigencia

• Cancelación de la Garantía Mobiliaria

• Anotación de resoluciones de instancias de autoridad

• Consulta y solicitud de certificación

En consecuencia presentar el RUG como un registro permite mayor seguridad y certeza jurídica de los derechos de crédito que recaían sobre los bienes muebles, facilitando una mayor publicidad de dichas garantías. Empero, en análisis de los preceptos que regulan el RUG, uno de los problemas que se presentan es cuando no existe un dispositivo legal que establezca la obligación de consultarlo tanto para los gobernados como las autoridades jurisdiccionales. Con ello, el principal momento de conflicto es en el momento en que se elabora una demanda donde se reclama el pago del crédito y se desconoce la existencia de los derechos de terceros. El conflicto se agrava cuando ya existe sentencia y comienza el pago del crédito, dicha situación llevará a futuros juicios de amparo donde además del objeto de la garantía, también se le podría exigir al juzgador el pago de daños y perjuicios por la omisión de su derecho en el proceso, ya que no se toma en cuenta el registro que un acreedor inscribió con el fin de hacerlo oponible a terceros.

Así, la importancia de la protección hace oponible frente a terceros las garantías mobiliarias desde el momento de su inscripción además de que permite definir la antelación entre acreedores: primero en registro primero en derecho.

Con lo anteriormente expuesto se puede decir que existe una necesidad de fortalecimiento del RUG, en cuanto a establecer de forma obligatoria el registro por parte de los acreedores, instituciones financieras de una garantía mueble en el RUG, para que dicha consulta esté disponible en el sitio y cuando se presente o exista otro acreedor él tenga la información de las posibles garantías muebles anteriormente ya registradas. Consecuentemente se evitarían posibles daños a terceros. En estos términos se plasmarían las características y funciones del RUG, como la disposición de información, identificación de los bienes muebles logrando así mayor transparencia de las transacciones y mayor certidumbre jurídica.

En conclusión, los integrantes de esta Comisión de economía coinciden con el promovente en la propuesta presentada la iniciativa, ya que la inscripción ayuda a saber si el bien está o no libre de gravámenes o anotaciones preventivas y ahora no se podrá saber si los tiene o no si no es obligatorio en un procedimiento.

De igual forma esta dictaminadora reconoce que la función principal del juzgador es procurar la administración de justicia y reducir el riesgo de los individuos de ser perjudicados en este caso en los procedimientos de ejecución de garantías mobiliarias y de la probable violación al derecho de audiencia de un tercer interesado.

Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Economía consideramos que para que la reforma tenga mayores efectos en todos los procedimientos a que se refiere el Titulo Tercero de este ordenamiento y no solamente en el procedimiento de ejecución de prendas sin desplazamiento de posesión o en el fideicomiso de garantía; es decir que vaya al procedimiento ejecutivo mercantil que regula éste y otros mas, derivados de un derecho personal consignado en un título de crédito; por lo que el texto propuesto por el promovente se traslada al artículo 1395 del mismo ordenamiento.

Con el análisis descrito arriba, los integrantes de esta Comisión de Economía consideran que puede aprobarse la citada iniciativa, por lo que presenta lo siguiente:

Acuerdo

Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 1414 bis 7 del Código de Comercio, por lo que somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio

Único. Se adiciona al artículo 1395 con un párrafo cuarto recorriéndose los actuales párrafos cuarto y quinto a ser, quinto y sexto párrafos del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1395. ...

I. A V. ...

...

...

En caso de bienes muebles, el actor deberá demostrar fehacientemente que realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias, y establecer en su escrito inicial de demanda el resultado de la misma. Lo anterior a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado. En su caso, el juez deberá realizar la notificación correspondiente.

...

...

Transitorios

Único.El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Economía, diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica en abstención), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Para fundamentar el dictamen tiene la palabra el diputado Juan Carlos Uribe Padilla, por cinco minutos.

El diputado Juan Carlos Uribe Padilla:Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para posicionar el dictamen de la Comisión de Economía a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio.

Como sabemos, el 27 de agosto de 2009 se creó el Registro Único de Garantías Mobiliarias, mejor conocido como RUG, el cual es una sección del Registro Público de Comercio que opera en línea y cuyo propósito es que las personas inscriban todo tipo de garantías mobiliarias, privilegios especiales y derechos de retención sobre bienes muebles para garantizar cualquier crédito que se otorga.

Esta herramienta ha contribuido a detonar más y mejores financiamientos para las micro, pequeñas y medianas empresas del país, ya que se ha convertido en un instrumento que brinda certeza jurídica en el sector financiero y el cual ha facilitado los trámites entre las empresas que requieren créditos y las instituciones públicas y privadas que los ofrecen.

Inicialmente la propuesta adicionaba el artículo 1414 Bis-7; sin embargo, los integrantes de la Comisión de Economía consideramos que para que la reforma tenga mayores efectos en todos los procedimientos a que se refiere el título tercero de este ordenamiento, y no solamente en el procedimiento de ejecución de prendas sin desplazamiento de posición, o en el fideicomiso de garantía, es decir, que vaya al procedimiento ejecutivo mercantil —que se regule éste y otros más— derivado de un derecho personal consignado en un título de crédito, por lo que el texto propuesto se traslada al artículo 1395 del mismo ordenamiento.

El párrafo que se adiciona versa de la siguiente manera: En caso de bienes muebles el actor deberá demostrar fehacientemente que realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG, y establecer en su escrito inicial de demanda el resultado de la misma.

Lo anterior, a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado. En su caso el juez deberá realizar las notificaciones correspondientes.

Con esta reforma, además de que se fortalecerá aún más la figura del Registro Único de Garantías como elemento de seguridad jurídica, reducirá el riesgo de los individuos en ser perjudicados en los procedimientos de ejecución de garantías mobiliarias, y de la probable violación al derecho de audiencia de un tercero interesado que también tenga, obviamente, el derecho sobre el bien de que se trata, evitando así el inicio de nuevos juicios.

En estos términos se plasmarían las características y funciones del Registro Único de Garantías como la disposición de información e identificación de los bienes muebles, logrando así mayor transparencia de las transacciones y mayor certidumbre jurídica.

Por lo anteriormente expuesto y a nombre de los integrantes de la comisión, me permito solicitar al pleno de esta soberanía su apoyo para la aprobación del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Para fijar posturas por los grupos parlamentarios, tiene en primer lugar la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con su permiso, diputada presidenta; señoras y señores diputados, en Nueva Alianza mantenemos un firme compromiso con las y los mexicanos.

Nuestra participación legislativa no solo ha estado enfocada a la promoción y salvaguarda de los derechos humanos o al establecimiento de una economía en equilibrio con el medio ambiente y de carácter sostenible, también se ha enfocado a promover la expansión económica y la generación de empleos. Este compromiso es el que refrendamos hoy, al otorgar nuestro voto a favor de la inclusión al Código de Comercio que estamos discutiendo.

El sistema legislativo mexicano en materia mercantil ha estado experimentando una serie de cambios importantes en los años recientes, con el propósito de homologar sus normas con los estándares comerciales internacionales y fortalecer la posición de México, como una de las economías más atractivas para la inversión nacional y extranjera.

En ese sentido se ha regulado para que los empresarios mexicanos puedan acceder a fondos de financiamiento que impulsen el crecimiento de las micro, pequeña y mediana empresa, generando las condiciones para que se puedan registrar en garantía alguna parte de sus bienes, con el fin de avalar el pago del préstamo en mejores condiciones, estimulando la inversión, el empleo, el crecimiento y la competitividad de la economía.

Tal es el caso del Registro Único de Garantías Mobiliarias, a cargo de la Secretaría de Economía e instaurado a partir de la reforma al Código de Comercio, realizada el 27 de agosto de 2009.

Dicha labor legislativa ha generado una serie de mecanismos, instrumentos y procedimientos que agilizan y mejoran el nivel de certeza en los procesos para acceder a los fondos de los mercados de capital, permitiendo la identificación eficiente de los bienes otorgados en garantía y la prioridad ante los acreedores.

Con el establecimiento del registro único los acreedores obtuvieron un mayor nivel de confianza y seguridad respecto a los bienes que les son dados en garantía, al poder consultar si estos se encuentran libres de gravamen o cualquier otra garantía, incluso registrarlos para salvaguardar sus derechos, como es el de la prioridad y el de acreedores.

Sin embargo, dicha reforma se encontraba incompleta, pues si bien estableció la existencia de un registro público, no contenía un componente de consulta obligatoria, necesaria y complementaria que salvaguardara a terceros sus derechos oponibles o de audiencia; peor aún, subsistía en sus términos la posibilidad de exigir a juzgadores, ante la ejecución de sentencias dictadas en una eventual demanda, el pago de daños y perjuicios por la omisión de derechos en el proceso.

Considerando tales circunstancias, y legislando de manera preventiva, el dictamen que hoy la Comisión de Economía propone a esta soberanía fortalece el uso multicitado del registro, haciendo obligatoria su consulta tanto a los gobernados como a las autoridades jurisdiccionales, así como la inclusión de sus resultados en los escritos iniciales de la demanda que se promuevan en el marco de los procedimientos ejecutivos mercantiles.

Además, con esta disposición se garantiza el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado, pues en caso de actualizarse este supuesto, el juzgador deberá realizar la notificación correspondiente, evitando en lo posible futuros juicios de amparo por la omisión de derechos de terceros.

Honorables diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza al emitir su voto a favor lo hace bajo la consideración de que esta mejora legislativa fortalece la certeza que debe brindársele a cualquier persona física o moral de que sus derechos y bienes se encuentran garantizados, que se legisla evitando posibles daños a terceros, y que se hace a favor de mejores condiciones económicas que deriven en una mejor calidad de vida para los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras, compañeros legisladores, la economía en México presenta condiciones que merecen la implementación de medidas urgentes. Alrededor de 54 millones de personas viven en pobreza; es decir, el 48 por ciento de los habitantes del país. Asimismo, de 1992 a 2010, la pobreza alimentaria solo se ha podido reducir en un 2.6 por ciento, al pasar de 21.6 por ciento del total de los mexicanos a 18.8 por ciento.

El crecimiento esperado del producto interno bruto para este año es del 3.5 por ciento, muy por debajo de la demanda de empleos que los ciudadanos exigen. Como consecuencia, el comercio informal se traduce como la única opción de sustento para miles de mexicanos, por lo que genera 2 millones 800 mil empleos.

Del mismo modo, se han gastado entre 1970 y 2012 900 mil millones de pesos para atender la situación de pobreza y superar el rezago social; sin embargo, el fenómeno no ha disminuido, al contrario se ha expandido, con lo que queda claro que los programas clientelares basados en efectos y no en causas significan y han significado un rotundo fracaso.

Es por lo expuesto que resulta de suma importancia el fortalecimiento de aquellos mecanismos que funcionan en nuestro país, como fuentes de empleo, tal es el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 99 por ciento de las compañías mexicanas.

La lucha de las Mipymes contra las grandes empresas no es tarea sencilla, siendo uno de los principales obstáculos que enfrentan dentro de la competencia la participación en el mercado crediticio.

Resulta lamentable que tan solo el 1.6 de dichos negocios se ha visto favorecido con un financiamiento, así en el 2011 se otorgó crédito únicamente a 77 mil de los 4.9 millones de Mipymes que existen en México.

Es por lo previamente argumentado que consideramos de suma importancia el Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG, el cual surge en el 2009 con la finalidad de potenciar el uso de bienes muebles como garantías para las micro, pequeñas y medianas empresas, y puedan obtener el financiamiento en mejores condiciones.

Con base en lo anterior, estamos de acuerdo con el propósito del dictamen, ya que busca fortalecer el RUG estableciendo de forma obligatoria el registro de una garantía-mueble por parte de los acreedores, con el afán de que la información esté disponible para otros solicitantes, al determinar que los actores deberán demostrar fehacientemente la realización de una consulta, estableciendo en su escrito inicial de demanda el resultado de la misma. Se permitirá garantizar con ello el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado, otorgando mayor certeza jurídica a los registros de bienes muebles.

Si bien consideramos que la modificación resulta buena para impulsar el crecimiento de las Mipymes, consideramos aun así que no es suficiente; si en realidad se desea que las empresas obtengan un financiamiento en mejores condiciones que permita el estímulo a la inversión, el crecimiento y la competitividad en el sector económico es necesaria la eliminación de los monopolios.

Mientras en México tres bancos acaparan el 61.4 del mercado, las audiencias televisivas tienen una concentración del 68 por ciento, la telefonía fija del 81.4 por ciento, la telefonía móvil del 74 por ciento, el comercio al menudeo del 54 por ciento, la producción del cemento de 49 por ciento, la industria cervecera del 62 por ciento y la de harina de maíz industrializada del 93 por ciento, ninguna medida tendrá un verdadero impacto en la prosperidad del país y en el beneficio de consumidores.

¿Cuánto tiempo más esperaremos para hacer frente a los causantes del enorme rezago que permea en el país?

Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy estoy aquí posicionando el punto de vista del Partido Verde Ecologista de México a la reforma de mérito.

El poder incluir en el artículo 1395 del Código de Comercio la necesidad de inscribir las garantías mobiliarias, y de su consulta previa, en una demanda de juicio ejecutivo mercantil, que dígase de paso también suple a otros procedimientos especiales que el Código de Comercio determina, como es la ejecución de la prenda sin desplazamiento de posesión y el fideicomiso de garantía, es una acertada reforma.

Esto tiene que ver no solo con la aplicación de los créditos y el movimiento económico que necesitan las micro, pequeñas y medianas empresas, tiene que ver con la garantía de legalidad jurídica, con la seguridad jurídica de las personas.

Los que alguna vez hemos litigado sabemos que cuando se trata de garantías inmobiliarias recurrimos al Registro Público de la Propiedad, hacemos una búsqueda de bienes y ahí sabemos en qué calidad el actor está presentando su demanda; es decir, si se encuentra en un primero, segundo o tercer grado, a comparación de otros acreedores.

Pero, ¿qué sucede cuando nos presentamos o cuando se presenta una demanda y la garantía es inmobiliaria? Al final del día vienen apareciendo tercerías excluyentes de dominio o tercerías excluyentes de preferencia, que hacen que los juicios se vuelvan largos, tediosos, tardados y que la aplicación de la justicia no se dé de manera expedita.

La reforma de mérito permite que al inscribir las micro, pequeñas, medianas empresas, aquellas que otorguen créditos pequeños sobre garantías de carácter mueble, como puede ser maquinaria, como puede ser equipo de construcción, como puede ser un sinnúmero de diversos bienes, agilizar el crédito y dar una garantía de seguridad a quien va a acreditar a una persona.

Con esto, al presentar la demanda va en pleno conocimiento del grado de prelación que tiene en la aplicación del crédito y con ello nos evitamos dilaciones procesales, nos evitamos tercerías, nos evitamos juicios de amparo, que en lugar de darle agilidad a la justicia hacen que ésta se retrase.

Por eso el Partido Verde Ecologista de México el día de hoy está a favor de la reforma que se presenta y votaremos favor de la misma. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, la finalidad del Registro Único de Garantías, creado en el año de 2009, es potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, pequeñas y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, estimulando la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía.

La propuesta que hoy en día se presenta es reforzar esas atribuciones, al establecer la obligación del actor de demostrar fehacientemente que se realizó una consulta al Registro Único de Garantías Mobiliarias. Al respecto, con el objeto de avanzar en un esquema simplificado de los procedimientos y de reducción de trámites y costos para los particulares, se estima pertinente impulsar la mejora regulatoria en el ámbito comercial y con ésta, facilitar las actividades legales para los particulares.

Al asentar el resultado de la misma en su escrito inicial de demanda, a fin de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado, se fortalece aún más el RUG, al brindar a los acreedores mayor certeza jurídica, permitiendo la identificación eficiente de los bienes otorgados en garantía y la prioridad entre acreedores.

Con la incorporación de hacer obligatorio que el juez realice la notificación correspondiente se abona así a la transparencia de las transacciones, evitando asimetrías de información.

Con la implementación de las características señaladas anteriormente, el registro se desvincula de uno de los problemas que presenta cuando no existe un dispositivo legal que establezca la obligación de consultarlo, tanto para los gobernados como las autoridades jurisdiccionales, subsanando el conflicto en el momento en que se elabora una demanda donde se reclama el pago del crédito y se desconoce la existencia de los derechos de terceros.

Es así que el Grupo Parlamentario del PRD saludamos que se incorporen los preceptos anteriores, porque conocemos la existencia de la necesidad de fortalecimiento del Registro Único de Garantías.

Con lo anterior se evitarían posibles daños a terceros. En estos términos se plasmarían las características y funciones del Registro Único de Garantías, como la disposición de información, identificación de los bienes muebles, logrando así mayor transparencia de las transacciones y mayor certidumbre jurídica. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Sotomayor, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez:Con su venia, presidenta. Me llena de felicidad el poder ver que hemos logrado consensuar a las diversas fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados para votar a favor este dictamen, que amablemente nos presenta la Comisión de Economía.

Quiero dar las gracias a la Presidencia y a todos los integrantes de la misma, por el dictamen a favor que hoy estamos votando.

Este dictamen tiene por objeto poner un requisito adicional, el cual va a ser muy sencillo de cumplir, el cual no va a traer ningún gasto adicional de la persona que presente la demanda, amén de que un tercero perjudicado, un probable tercero interesado tenga, número uno, un probable derecho de audiencia, o número dos, nos evitemos de juicios posteriores, que ya no haya esta acción pauliana, este juicio en el que tenga que demostrar alguien que el bien con el cual se querían cobrar respecto de la demanda perdida, ahora ya desde un inicio nos estemos ahorrando este segundo juicio.

En un principio la iniciativa se presentó para modificar el artículo 1414 Bis 7. Fue la comisión quien a petición de algunos diputados solicitó que se hiciera de manera más amplia esta obligación, pasándose del 1414 Bis 7 al 1395 del Código de Comercio; cambio que aplaudo, cambio con el que estamos de acuerdo en Acción Nacional, porque estamos garantizando no solamente a las garantías prendarias, sino a todas las personas que tienen este tipo de inmuebles registrados en el Registro Único de Garantías Mobiliarias, este beneficio que se está dando en el dictamen que hoy se presenta.

Es por eso que les pido su voto a favor de esta iniciativa, en nombre de un servidor y de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último, tiene la palabra el diputado Fernando Zamora Morales, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hay un cambio, es el diputado Salvador Romero Valencia, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Salvador Romero Valencia:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el comercio es la locomotora fundamental de la actividad económica de México; sin una actividad comercial fortalecida no es posible tener un sector primario y un sector industrial pujante. En México la actividad comercial ha demostrado ser una gran generadora de empleos.

Por ello, como condición indispensable para potenciar el desarrollo económico del país necesitamos dotar a los actores económicos del andamiaje jurídico indispensable para tener certeza jurídica en los actos de comercio para que las transacciones comerciales estén reguladas y protegidas por la ley.

Eso, compañeras diputadas y compañeros diputados, implica necesariamente liberar a la norma jurídica de lagunas y de vacíos, que precisamente son las que propician la falta de certeza jurídica y prácticas fraudulentas que tanto daño le hacen a la economía del país.

El Grupo Parlamentario del PRI otorga su posición a favor del presente dictamen, toda vez que perfecciona la norma jurídica y les da la seguridad a todos los actores de que realicen actos de comercio en un marco óptimo y adecuado. No olvidemos que la actividad comercial constituye la materia principal del derecho mercantil mexicano.

Como legisladores estamos obligados a proveer a los actores económicos de un marco jurídico suficiente y eficaz para que regule las operaciones de aquellos que hacen del comercio su actividad de subsistencia. De esta manera, al aprobar la norma que aquí nos ocupa, se contribuirá a modernizar el juicio ejecutivo mercantil, adecuándolo a las necesidades y a la realidad actual de México.

El dictamen, al reformar el Código de Comercio, busca obligar al actor a que acredite que consultó la existencia de gravámenes en el Registro Único de Garantías Mobiliarias y asiente el resultado de dicha búsqueda en el escrito inicial de la demanda, con la finalidad de garantizar el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado.

Dicha reforma procesal cobra especial importancia, pues le da continuidad y le da utilidad al Registro Único de Garantías Mobiliarias, gracias al cual hoy es posible inscribir éstas y acceder a crédito. Millones de micro, pequeños y medianos empresarios no cuentan con garantías inmobiliarias para acceder a un crédito. La importancia de esta reforma es que le da certeza jurídica a las partes para que los micro, pequeños y medianos empresarios puedan obtener un crédito con el cual incrementen su actividad comercial y generen fuentes de trabajo, que tanto demandan los mexicanos.

Al aprobar esta reforma habrá una identificación eficiente de los bienes otorgados en garantía y se establecerá adecuadamente la prelación de los acreedores para evitar los fraudes que tanto dañan a los actores en el proceso comercial. Se va a poder determinar fácilmente si existe de esta manera un derecho preferente de un tercero perjudicado.

Compañeras y compañeros legisladores, tenemos la obligación de proporcionar al juzgador, al Poder Judicial, las herramientas necesarias que le permitan resolver las controversias en actos de comercio de manera ágil, eficiente y expedita, y de esta manera impulsaremos el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. No habiendo más oradores registrados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Esta Presidencia saluda la presencia de estudiantes y profesores de la licenciatura en derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Invitados por la diputada Delvim Fabiola Barcenas Nieves. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul). A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Presidenta, se emitieron a favor 423 votos, 8 abstenciones, 0 en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 423 votos el proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 1395 del Código de Comercio. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Permítame, diputado, permítame un momento, por favor. ¿Con qué objeto, diputado Sotomayor?

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez(desde la curul): Presidenta, quiero hacer un exhorto muy respetuoso a los jóvenes que se encuentran en estos momentos en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México para que permitan el libre acceso de las autoridades de esta universidad, amén de que los trabajos de la misma se puedan llevar con la cotidianeidad que todos queremos.

Pidiéndoles de manera respetuosa que al finalizar esto, puedan reunirse con el rector José Narro, como él ya lo ha solicitado, pero una vez que hayan dejado que los trabajos naturales de la universidad se puedan llevar a cabo.

Y solicitar lo mismo para los estudiantes que están ahora tomando las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Está registrada su solicitud.

LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS - LEY DE PUERTOS

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:El siguiente punto del orden día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Marina y Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada la minuta con proyecto de decreto  que  reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80,  157, numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados las Comisiones de Marina y Transportes  someten a consideración de esta soberanía el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 27 de abril de 2010 por la Cámara de senadores del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, presentada por el senador Marco Tulio Munive Temoltzin.

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, turnó la Iniciativa mencionada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

3. En la sesión ordinaria del 5 de octubre de 2010, la Mesa Directiva del Senado de la República autorizó la petición de ampliación de turno, solicitada por la Comisión de Marina, para que el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, quedara en las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

4. El 22 de febrero de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó a estas comisiones la minuta proyecto de decreto que reforma, diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.

5. Las Comisiones de Marina y de Transportes valoraron la minuta presentada, y como resultado de los consensos alcanzados en las diversas reuniones celebradas, se formula el presente dictamen que recoge el espíritu del debate y las expresiones de los legisladores para perfeccionar la minuta, ratificando en sus términos la motivación y fundamentación de la Colegisladora.

Consideraciones

Primera. Las Comisiones que dictaminan, reconocen que las reformas que se pretenden realizar a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos, se encuentran enfocadas a describir con mas precisión, aspectos concernientes a la figura del Pilotaje o Practicaje, considerada como una de las instituciones más antiguas del derecho Marítimo y que actualmente se constituye como un servicio público de seguridad a la navegación en las jurisdicciones portuarias.

Asimismo, por su importancia, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos considera al pilotaje o practicaje como un servicio de interés público y coadyuvante en la preservación de la seguridad, soberanía e independencia nacionales, por lo que estas Comisiones recalcan la importancia de la prestación de dicho servicio, que el mismo se encuentra previsto en el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese precepto se establece expresamente que para desempeñarse como capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y en general, todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana, lo mismo para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo, se requiere que sean mexicanos por nacimiento.

Segunda. Por la naturaleza del servicio que prestan, los pilotos o prácticos de puerto además de que deben ser mexicanos por nacimiento, deberán contar con título profesional sobre la materia, acreditar ante autoridad marítima su experiencia en años de navegación y mando en embarcaciones de más de cinco mil toneladas de registro bruto y obtener previas prácticas y exámenes respectivos, el certificado de competencia que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Debido a la importancia que tiene el servicio de pilotaje o practicaje, se crea la necesidad de definir claramente dicho concepto y que éste quede previsto en las leyes correspondientes, no pasando por alto que en el reglamento respectivo, se desarrollen en forma clara los conceptos inherentes a esta actividad y a sus modalidades, como lo son las maniobras de pilotaje y zonas de pilotaje.

Tercera. En consecuencia de lo anterior, se deben promover reformas y adiciones a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos que ajusten el marco jurídico a la realidad dominante, para contribuir al fortalecimiento de la actividad de pilotaje o practicaje, por lo que estas comisiones consideran que a efecto de realizar reformas que resulten congruentes y que no invadan las competencias entre los distintos Poderes de la Unión es necesario realizar modificaciones al Proyecto de Decreto a estudio y que se detallan en el siguiente apartado.

Cuarta. En la minuta se propone introducir en el artículo 2 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, los conceptos “maniobras” y “zonas de pilotaje”, manifestando que el artículo en comento debe contener conceptos de carácter general, y el pilotaje es uno de ellos y al desarrollar este concepto se utiliza la palabra “maniobras” en lugar de “maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque” en los puertos y zonas de pilotaje como concepto general que incluye los lugares en que el piloto de puerto presta su servicio, dando lugar a que en el reglamento respectivo se profundice en las definiciones de ambos términos, lo cual genera una laguna ,así mismo se propone eliminar las palabras “eminentemente intelectual” y “de forma directa y sin intermediarios”  debido a que el trabajo del Piloto de puerto además de utilizar la experiencia y los conocimientos, es un trabajo físico donde el piloto tiene que salir y de quedar el texto como tal no correspondería a la realidad que se desarrolla en los puertos; sin dejar de hacer notar que el práctico es un apoyo para el Capitán del barco al introducir las embarcaciones a puerto por otro lado estas Comisiones que dictaminan, consideran conveniente se agreguen las acciones de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque, porque son las propias del pilotaje y no deben quedar fuera de la definición de este servicio portuario, siendo importante señalar con toda precisión y claridad en qué consiste el realizar maniobras con las embarcaciones a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje. Además, se propone agregar la palabra “practicaje”, para que exista uniformidad en toda la Ley y esté acorde con lo que establece el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  para quedar como sigue:

“Artículo 2. ...

I. a XIII. ...

XIV. Pilotaje o practicaje es la actividad  que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje.”

Quinta. Respecto a la modificación del primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, las Comisiones que dictaminan, estamos de acuerdo con el contenido de la reforma, ya que está en el mismo tenor con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece “los servicios de practicaje”, sólo agregamos la palabra “correspondiente” para especificar o determinar el reglamento aplicable.

En el párrafo segundo del artículo en comento, se propone agregar las palabras “arribe o zarpe”, que son las acciones que realiza una embarcación cuando llega o sale de un puerto, y además de lo anterior establecer la obligación, de toda embarcación, de utilizar los servicios de los pilotos de puerto, que la reforma del Senado estaba dejando fuera.

Asimismo, en el párrafo cuarto del mismo artículo se propone agregar las “áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables”, ya que en este artículo se deben establecer todas las áreas que son idóneas para que se realice el servicio de pilotaje y no dejar ninguna fuera, como lo pretendía la colegisladora, además de eliminar la palabra “operación” y” reglamento de operación” para que sea expresado con claridad las reglas de pilotaje conocidas en todos los puertos.

Igualmente, en el párrafo quinto del precepto citado, estas comisiones proponen agregar en el aspecto de la seguridad, a la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente marino, ya que es necesario establecer con toda precisión, la protección de estas materias que son prioritarias, como lo son la vida humana y el medio ambiente marino.

Con relación a la adición de un párrafo sexto en el artículo en mención, se considera que es adecuada la propuesta. Pero se propone  se le agregue la palabra “practicaje” para que todo el texto de la reforma sea uniforme y coincidente con el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de “exceptuado los periodos en que el estado del tiempo, las marejadas o corrientes y la saturación del puerto impidan prestar ininterrumpidamente el servicio de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado por causas de interés público o cuando así lo determine la autoridad competente”lo anterior fundamentado en que por razones de seguridad es imposible meter un barco a puerto cuando existe un mal tiempo;  por lo que este articulo se propone quedar como sigue:

Artículo 55. El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público. La Secretaría determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento correspondiente, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico.

El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un puerto o zona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten.

...

La Secretaría determinará, con base en los criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos, zonas de pilotaje, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, en las cuales sea obligatoria la utilización del servicio de pilotaje, mismo que será prestado en la forma que prevenga el Reglamento correspondiente y las reglas de operación de pilotaje de cada puerto. Asimismo, la Secretaría estará facultada de acuerdo a dichos criterios, a establecer en el reglamento de operación de pilotaje de cada puerto, los supuestos mediante los cuales se exima de la obligatoriedad del servicio de pilotaje.

En el ámbito de sus atribuciones y responsabilidad, corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, así como la protección del ambiente marino.

El servicio público de pilotaje o practicaje se prestara en forma continua, permanente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día, exceptuado los periodos en que el estado del tiempo, las marejadas o corrientes y la saturación del puerto impidan prestar ininterrumpidamente el servicio de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado por causas de interés público o cuando así lo determine la autoridad competente.

Sexta. En lo referente al artículo 56 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, las Comisiones que dictaminan proponemos una adición en lo relativo a que el servicio de pilotaje debe estar regulado por ambas leyes (Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Ley de Puertos); toda vez que el pilotaje principalmente se da o se presta a las embarcaciones en los puertos. Por otro lado, en relación a las consultas que realice la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se debe contar no solo con la opinión de los pilotos sino de todas las demás partes involucradas en la operación de los puertos, puesto que con la participación únicamente de los pilotos sería una opinión incompleta, por lo que se propone quedar como sigue:

Artículo 56. En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el reglamento correspondiente y las reglas de operación de pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, contendrán los elementos mínimos que establezcan el Reglamento de la presente Ley y la Ley de Puertos. El servicio público de pilotaje se considera como un servicio profesional. La Secretaría deberá valorar las consultas técnicas que le formulen a los pilotos o prácticos de puerto y a todas las partes interesadas en la operación de cada puerto.

Séptima. En cuanto al penúltimo párrafo del artículo 57, se propone que continúe como está en el texto vigente, y no el propuesto por el  Senado ya que es apropiado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente programas de certificación, y por el contrario, la certificación de calidad de los programas compete a otro tipo de organismos, y no a dicha Secretaría.

Además, se considera que debe permanecer en el texto vigente el último párrafo de este artículo, ya que de su contenido se desprende que garantiza la imparcialidad de los pilotos de puerto, y la propuesta del Senado lo eliminaba.

Octava. Respecto a la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, que el Senado proponía reformar para eliminar el servicio de pilotaje, se propone permanezca como está en la ley vigente, en razón de que el pilotaje es un servicio público fundamental que debe estar señalado en la Ley de Puertos porque este servicio principalmente se da en los puertos, aún cuando su reglamentación se aplique en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Además, estas Comisiones proponen que se agregue un segundo párrafo a la fracción I de este numeral, para confirmar el argumento anterior de que el pilotaje esté regulado por ambos ordenamientos, y que sea del tenor siguiente:

Artículo 44.

...

I. ...

El servicio de pilotaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamentos aplicables.

II. y III. ...

Novena. Por las razones expuestas y fundamentadas, y para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de estas Comisiones someten a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos

Artículo Primero. Se reforman los artículos 8, fracción VI; 55, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto; 56; 57, fracciones III y IV, y se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 2; un párrafo sexto al artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 2. ....

I. a XIII. ...

XIV. Pilotaje o practicaje: Es la actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje.

XV. Zona de Pilotaje: Los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables, delimitadas y aquellas en que se determine como obligatorio el Pilotaje.

Artículo 8. ...

I. a V. ...

VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de comunicación por agua, así como certificados de competencia, en los términos de esta Ley; vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso;

VII. a XXII. ...

Artículo 55. El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público. La Secretaría determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento correspondiente, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico.

El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un puerto o zona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin estar obligadas, lo soliciten.

...

La Secretaría determinará, con base en los criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos, zonas de pilotaje , áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables en las cuales sea obligatoria la utilización del servicio de pilotaje, mismo que será prestado en la forma que prevenga el Reglamento correspondiente y las reglas de pilotaje de cada puerto. Asimismo, la Secretaría estará facultada de acuerdo a dichos criterios, a establecer  las reglas de pilotaje de cada puerto, los supuestos mediante los cuales se exima de la obligatoriedad del servicio de pilotaje.

En el ámbito de sus atribuciones y responsabilidad, corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar decisiones técnicas tendientes a la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, así como la protección del ambiente marino.

El servicio público de pilotaje o practicaje se prestará en forma continua, permanente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día, exceptuado los periodos en que el estado del tiempo, las marejadas o corrientes y la saturación del puerto impidan prestar ininterrumpidamente el servicio de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado por causas de interés público o cuando así lo determine la autoridad competente.

Artículo 56. En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el Reglamento correspondiente y las reglas de pilotaje de cada puerto que expida la Secretaría, contendrán los elementos mínimos que establezcan el Reglamento de la presente ley y la Ley de Puertos. El servicio público de pilotaje se considera como un servicio profesional. La Secretaría deberá valorar las consultas técnicas que le formulen a los pilotos o prácticos de puerto y a todas las partes interesadas en la operación de cada puerto.

Artículo 57. ...

I. y II. ...

III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de pilotaje para el puerto respectivo y zona de pilotaje, expedido por la Secretaría; y

IV. Realizar prácticas obligatorias en el puerto  y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio.

...

...

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 44, de la Ley de Puertos, para quedar como sigue:

Artículo 44. ...

...

I....

El servicio de pilotaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Reglamentos aplicables.

II. y III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto, se llevarán a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.

La Comisión de Marina, diputados: José Soto Martínez (rúbrica), presidente; Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), secretarios; Roy Argel Gómez Olguín, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Máximo Othón Zayas, Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, Rafael González R. (rúbrica), Uriel Flores Aguayo (rúbrica).

La Comisión de Transportes, diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Orrtuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Martín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Para fundamentar el dictamen, tiene la palabra el diputado Raúl Santos Galván Villanueva por las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, adelante con la exposición del dictamen.

El diputado Raúl Santos Galván Villanueva:Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, así como la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.

La importancia del servicio de pilotaje o practicaje radica en que es un servicio de interés público que incide en la seguridad nacional por el valor estratégico que tienen las instalaciones portuarias y las vías navegables para la economía nacional.

Es por eso que el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que para desempeñar los servicios de practicaje se requiere ser mexicano por nacimiento.

La legislación prevé que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con las vías generales de comunicación por agua y puertos, así como los servicios portuarios para su eficiente operación y funcionamiento; por tanto, resulta de interés público y responsabilidad del Estado que en dichos espacios se cumpla con las condiciones de seguridad, protegiendo el bienestar de las personas, el medio ambiente, las embarcaciones y la infraestructura portuaria.

Tal interés público y responsabilidad la cumple el Estado mediante la intervención de las dependencias que integran su organización pública o mediante el auxilio de particulares permisionados para tal efecto, como lo es el piloto o práctico de puerto, quien satisface la citada necesidad de seguridad.

Hoy en día el pilotaje es una actividad que realiza un marino mercante profesional, con certificado de competencia otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con experiencia en el puerto donde realiza sus actividades.

La Ley de Puertos, que hace referencia a conceptos mercantiles, permite la prestación de servicios portuarios a embarcaciones por conducto de sociedades mercantiles denominadas Administraciones Portuarias Integrales. Dicha ley equipara al pilotaje como uno más de los servicios portuarios y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos considera a dicha actividad como lo que realmente es, un servicio portuario de interés público.

Las reformas que se proponen tienen por objeto enriquecer con precisiones que fortalezcan la naturaleza pública del servicio de pilotaje y su ámbito de competencia; las comisiones dictaminadoras consideramos conveniente proponer una redacción que dé mayor claridad al espíritu de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, para dar uniformidad a toda la ley y, sobre todo, se armonice con lo que establece el artículo 32 constitucional, que prevé los servicios de practicaje.

Consistentes con una sana técnica legislativa, las comisiones dictaminadoras adicionan el concepto de zona de pilotaje, debido a que esta expresión se encuentra contenida en diversos artículos de la Ley de Navegación, por lo que se estimó necesario y válido incluir el área geográfica de responsabilidaden en la cual se desarrolla la actividad de pilotaje, para seguridad de la navegación, así como los espacios donde este servicio es obligatorio.

Las reformas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y a la Ley de Puertos que se proponen ante este honorable pleno, se encuentran enfocadas a describir con más precisión aspectos concernientes a la figura del piloto de puerto, considerada como una de las instituciones más antiguas del derecho marítimo y que actualmente se constituye como un servicio público de seguridad a la navegación en las jurisdicciones portuarias.

Aunado a lo anterior, el servicio que prestan los pilotos de puerto, que deben de ser mexicanos por nacimiento y marinos mercantes profesionales debidamente certificados, incide en la seguridad nacional, pues un accidente provocado por una mala maniobra podría bloquear el puerto por tiempo indefinido, con severas consecuencias para la economía nacional y el comercio internacional.

Es por ello que el marco normativo que rige este servicio tan importante debe de ser actualizado para que responda mejor al espíritu y a la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De aquí la importancia de estas reformas que dan sustento jurídico a la actividad de pilotaje.

Aprovecho para hacer un reconocimiento muy merecido a la labor de mis compañeros legisladores de todos los partidos, integrantes de las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, por su dedicación en el análisis, discusión y propuesta para dictaminar en sentido positivo el presente dictamen. Su trabajo y entusiasmo han sido un elemento fundamental para fortalecer la seguridad marítima del país.

En mérito de las razones expuestas, solicitamos su voto para que sea aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo, cuarto y quinto del artículo 55; primer párrafo del artículo 56; fracción III del 57; se adiciona la fracción XV del artículo 2; el párrafo sexto al artículo 57, todos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Para fijar postura por su grupo parlamentario, tiene la palabra el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Soto Martínez:Con el permiso de la Presidencia. Antes que nada, quiero agradecer a las diputadas y diputados integrantes de las comisiones de Transportes y de Marina, por haber sacado este dictamen por unanimidad. Como presidente de la Comisión de Marina les agradezco profundamente el hecho.

En los últimos años, los puertos mexicanos han destacado por su elevado crecimiento en el volumen de mercancías manejadas por la diversificación de las actividades y como áreas de oportunidad para nuevas inversiones y generación de empleo, ante la insoslayable condición por la que atraviesa el país.

La actividad portuaria genera un poco más de un tercio del total de las cargas comerciales del país, ya que la mayor parte del volumen de las exportaciones se centra en industrias como la química, petroquímica, energía eléctrica, metalúrgica, minera, cemento, pesca, turismo náutico y de cruceros, embalse, actividades logísticas y de almacenamiento, entre otras.

El sistema portuario nacional desempeña un papel fundamental para el crecimiento de la economía mexicana, ya que además de vincular los mercados mundiales, constituye una importante fuente de valor de ventajas competitivas en los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido que el país cuente con una oferta suficiente para atender la demanda de servicios portuarios por parte de la industria exportadora, el comercio interno y, en general, por el aparato productivo nacional.

A la fecha, nuestro país cuenta con puertos que compiten, por su eficiencia, en la operación de contenedores con puertos líderes en el mundo, y muestra avances importantes en la operación de otros tipos de carga.

De acuerdo al informe Situación actual del Sistema Portuario Nacional, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al cierre del 2006, el impacto del subsector marítimo portuario en el producto interno bruto de la economía mexicana fue de 13.7 mil millones de pesos, de los cuales 9.2 fueron originados por actividades portuarias y 4.5 por servicios de transporte por agua.

Cabe destacar que en este mismo año el número de empleos generados fue alrededor de 150 mil y de estos, 57 directos y 100 mil indirectos. Además de lo anterior mencionado, el fortalecimiento de este sector se debe en gran medida a la figura del pilotaje, practicaje que con esta reforma se fortalece. A esta figura se le considera como una de las instituciones más antiguas del derecho marino, que ha  permitido la constitución de un servicio de seguridad enfocado a la navegación en jurisdicciones portuarias.

Para la prestación de este servicio se requiere de una serie de requisitos para el desarrollo de dicha actividad, entre los que destacan: ser mexicano de nacimiento, contar con título sobre la materia y acreditar un expediente ante las autoridades marítimas.

Si ajustamos el marco jurídico a la realidad dominante mediante la inclusión de conceptos de carácter general, estaríamos constituyendo el fortalecimiento y unificación del pilotaje o practicaje, así como la incorporación de los espacios para la realización de dicho servicio.

Pareciera que las reformas que se abordan en el presente dictamen solo son de tipo tácticas; sin embargo, no lo son, su trascendencia repercute de manera directa en el fortalecimiento y desarrollo de la actividad portuaria en nuestro país, al priorizar aspectos relacionados con la vida humana y el medio ambiente.

Derivado de lo anterior, los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen para dotar de herramientas al servicio público de pilotaje y practicaje, ya que es necesario que los pilotos de los puertos tengan certeza jurídica, especialmente porque al desempeñar sus labores garantizan la vida humana, la integridad de las embarcaciones y el ambiente marino. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar a nombre de su grupo parlamentario, la diputada María de Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Verde Ecologista.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito:Con su venia diputada presidenta. En la historia del derecho marítimo, la figura del piloto es considerada como una de las más antiguas; el piloto o práctico de puerto tiene la responsabilidad de orientar al capitán en las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque de una embarcación en los puertos marítimos.

Los pilotos deben de tomar decisiones técnicas para que en el arribo al puerto de las embarcaciones sean respetadas las normas aplicables en materia de seguridad en la navegación y preservación de la vida humana en el mar, así como la prevención de la contaminación marina.

En virtud de que toda embarcación mayor que arribe o zarpe de un puerto está obligada a utilizar el servicio de pilotaje, éste es un servicio de carácter público, pues el Estado tiene la obligación de garantizar y preservar la seguridad de las embarcaciones e instalaciones portuarias.

Así pues, el servicio que prestan los pilotos de puertos es una actividad fundamental en la preservación de la seguridad y la soberanía  nacional, así ha sido considerada incluso desde la promulgación de nuestra Constitución Política. Con esa finalidad, más adelante se determinó que para representar el cargo de capitán de puerto y prestar los servicios de pilotaje o practicaje es necesario ser mexicano por nacimiento.

El piloto de puerto sirve al interés público al guiar a las naves para garantizar que sus maniobras sean de seguridad para preservar la vida de sus tripulantes y conservar limpias las aguas del mar. Lo hace en atención de lo que demanda la nación, por ello está obligado a desempeñar su labor con eficacia y profesionalismo.

El servicio de pilotaje, por ser un servicio público, solo debe de ser autorizado a quien cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. La designación de nuevos pilotos de puerto requiere que exista un mecanismo transparente para seleccionar a quienes aspiren a ocupar dichos cargos.

Derivado de lo anterior, es evidente que las maniobras de pilotaje necesitan ser reguladas para brindar certeza jurídica a quienes requieren de la prestación del servicio y para garantizar que éste se realice de forma segura y eficiente.

En este sentido, el dictamen realiza las precisiones necesarias a la ley en referencia al concepto de pilotos de puerto, dado que actualmente solo se menciona a los pilotos lo cual puede dar pie a confusiones, además se amplía el concepto de servicios de practicaje o de pilotaje, con el fin de armonizarlo con lo dispuesto en el artículo 32 constitucional en lo que se refiere a esta actividad.

Para garantizar la continuidad operativa del servicio de pilotaje el dictamen establece que éste se prestará en forma continua, permanente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las 24 horas del día. Asimismo se establece la obligatoriedad de realizar prácticas en el puerto y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio, en aras de impulsar la certificación de la calidad del mismo.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos positiva la aprobación del decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y se reforma la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, pues con ello se pretende crear un sistema portuario con transporte marítimo eficiente, oportuno y seguro, así estaríamos contribuyendo a dinamizar una actividad productiva de gran relevancia para el país, como es el caso de la actividad portuaria. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último, tiene la palabra el diputado Francisco Grajales Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Francisco Grajales Palacios:Con la venia de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del dictamen que aquí nos ocupa, toda vez que como lo han señalado acertadamente los proponentes de la iniciativa, la figura de pilotaje o practicaje es una de las profesiones más antiguas del derecho marítimo y que actualmente constituye un servicio público de seguridad a la navegación en las jurisdicciones portuarias.

La falta de una adecuada definición sobre esta actividad generaba que se encontrara en un estado de ambigüedad el término; por lo tanto, es adecuado y oportuno el conceptualizar esta figura, así como el establecer una adecuada definición de las zonas de pilotaje, con lo que se evitará que se tengan dudas sobre los diferentes lugares en los que se lleva a cabo la práctica de esa actividad.

El practicaje que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico piloto de puerto, consiste en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marítimo, la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en la zona de pilotaje.

Mientras que las zonas de pilotaje serán los puertos, terminales, terminales costa afuera, marinas, instalaciones portuarias, canales de navegación, áreas de fondeo, áreas de seguridad y vías navegables delimitadas y aquellas que se determinen como obligatorio el pilotaje.

Debido a la importancia que tiene el servicio de pilotaje o practicaje se establecen dos medidas fundamentales para la profesionalización de quienes desarrollen esta actividad; una, que es dotar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la facultad de otorgar certificados de competencia, y otra consiste en la obligación a cargo de los pilotos de puerto de realizar prácticas en el puerto y zona de pilotaje donde aspira a prestar el servicio.

Creemos que al establecer en la Ley de Navegación las modalidades bajo las cuales se prestará el servicio público de pilotaje o practicaje, se habrá dado un paso importante en la descripción de las obligaciones que sobre este particular tienen las autoridades portuarias, por lo que se evitará la discrecionalidad por parte de los servidores públicos, afianzándose así los derechos de los usuarios de los puertos.

Finalmente, y toda vez que el pilotaje es un servicio público fundamental que debe estar señalado en la Ley de Puertos, porque este servicio principalmente se da en dichas instalaciones, es que consideramos acertado que en el dictamen se confirme el argumento anterior de que el pilotaje está regulado, tanto por este ordenamiento como por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Compañeras y compañeros legisladores, la actividad del pilotaje o practicaje es una pieza importante en el ámbito marino; sin embargo, es poco conocida su práctica. Con las presentes reformas que se plantean en el presente dictamen reafirmamos no solo nuestro interés por valorar adecuadamente dicha actividad, sino por mejorar aquellos ordenamientos que inciden favorablemente en el desarrollo económico, el progreso y la seguridad de nuestro país. De ahí, pues, nuestro voto favorable para este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (desde la curul): A favor.

La diputada María Celia Urciel Castañeda(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señora presidenta, se emitieron 434 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

DISCULPA PUBLICA A LAS EMPLEADAS DOMESTICAS

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputada Malú Mícher?

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Quiero manifestar, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, que si bien desde esta tribuna solicitamos una disculpa pública del señor Daniel Bisogno, por las expresiones que utilizó en contra de las empleadas del hogar, hay que reconocer que el señor lo ha hecho, ha pedido una disculpa pública, ha tomado su taller de capacitación o lo tomará con el Conapred y por ello, sí bien tuvimos que exigir una disculpa pública, también hay que congratularnos por lo que ha hecho el señor y que ojalá no se vuelva a repetir por ninguna persona en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Queda registrado su comentario.

EXHORTO A LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATALES A PROMOVER Y PRIVILEGIAR EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LA DIGNIFICACION DEL ADULTO MAYOR

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Vamos a pasar a dictámenes a discusión de proposiciones con punto de acuerdo. Ya que están publicados en la Gaceta Parlamentaría, que consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se autoriza.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a promover y privilegiar en el ámbito de sus competencias la dignificación del adulto mayor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo, presentado por la Diputada Federal María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, de la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de este Honorable Pleno, el presente Dictamen.

I. Antecedentes

El punto de acuerdo que se dictamina fue presentado al pleno el 20 de noviembre de 2012 por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Una vez que la Mesa Directiva constató que el punto de acuerdo fue publicado en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria y cumplidos los requisitos para ser admitida la proposición, la turnó a la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, de la LXII Legislatura para los efectos conducentes.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

A continuación se cita textualmente el contenido de la proposición con punto de acuerdo:

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a establecer medidas para promover y privilegiar la dignidad de los adultos mayores, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI.

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción IL y numeral 2, fracción L del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente al Ejecutivo federal y Ejecutivos estatales que establezcan las medidas necesarias a fin de promover y privilegiar la dignificación del adulto mayor, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La vertiginosa dinámica social nos ha obligado como nación, y por mandato constitucional que establece que todos somos iguales ante la ley y consagra el derecho de acceso a una vida digna; a realizar un adecuado ejercicio de observancia sobre las necesidades especificas de toda nuestra población que la compone, requerimientos que no sólo atiendan diferencias derivadas del género, sino también de la pluralidad que se motiva resultado de distintas formas de pensar, expresarse, relacionarse e incluso de aquellas surgidas por la edad.

Es así que tenemos requerimientos específicos de carácter políticos, sociales, de servicios, económicos, culturales, entre otros; que deben de atender y responder a sectores de la población identificados y claramente diversos en su composición, finalmente es en la tolerancia hacia la diversidad donde radica la fortaleza y solidez de cualquier sociedad.

Sólo por mencionar algunos rubros específicos de la población como niños, jóvenes, mujeres, hombres, de cuidad o zonas rurales, padres de familia, solteros, con preferencias diferentes, en edad laboral, estudiantes, asalariados, de la economía informal, jefas o jefes de familia, con capacidades diferentes y también, y no menos importantes, adultos mayores; son la/pluralidad que compone nuestra sociedad y que como tal debemos de asumir el compromiso y la capacidad de proveer los satisfactores necesarios para desarrollarse en plenitud en las mejores condiciones posibles y favorables.

En nuestro país, desafortunadamente como sociedad no hemos solventado deudas históricas con muchos de estos sectores que no hemos atendido del todo. En especial con los adultos mayores tenemos todavía muchos rezagos en materia de atención, procuración, integración en distintos ámbitos, e incluso en procesos de dignificación en sus condiciones de vida y reconocimiento a sus capacidades.

Además, junto a esto tenemos aspectos coyunturales que agravan aún más la precariedad a la que se enfrenta esta población, por ejemplo: nuestros servicios de salud no garantizan la atención integral que necesita este sector en respuesta a patologías propias de su edad, como tampoco con los estándares de atención profesional y personalizada que ameritan; o que el Estado en sus tres niveles de gobierno no les provee de los espacios o estancias establecidas exclusivamente para su atención.

La situación se torna alarmante si observamos la tendencia en nuestro país de un marcado envejecimiento en su población, que pronostica que para el año 2030 habrá más adultos mayores que menores de 15 años y para 2050 habrá más del doble de la cantidad de adultos mayores de 60 años que hoy tenemos; es decir un 30 por ciento del total de nuestra población estará en este segmento poblacional.

Aunado a lo anterior y según datos estadísticos, de cada 100 hogares en nuestro territorio, 27 tienen al menos una persona de 60 años o más, existen cerca de 11 millones de adultos mayores, es decir 11 de cada 100 mexicanos tienen al menos 60 años y al día cerca de 850 habitantes llegan a esta edad y por ende cada año tenemos cerca de 306 mil nuevos adultos mayores.

Asimismo, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores “tres millones de adultos mayores se hallan dentro de la población económicamente activa, pero de éstos, cerca de dos millones trabajan en el sector informal; sin sueldo fijo, sin seguro ni prestaciones, y sólo uno de cada cinco recibe una pensión”.

Además de este total, las cifras muestran que aproximadamente siete millones de adultos mayores se encuentran en condición de pobreza, aproximadamente un millón de esta población se encuentra en condiciones de pobreza y marginación extrema y poco más de millón y medio de este total, presenta alguna discapacidad que los excluye todavía más.

Cabe señalar que del total de las personas de 60 años y más 12 por ciento viven solas, el 70 por ciento de estos mexicanos tiene prevalencia de cuadros de diabetes mellitus no insulinodependiente que le implican ingresos hospitalarios y atención médica especializada focalizada, el 80 por ciento ha sufrido alguna manifestación de violencia en cualquiera de sus formas donde cerca del 60 por ciento de estas expresiones violentas provienen de sus familiares principalmente de sus hijos o nietos, y finalmente, el 90 por ciento de las personas adultas mayores en nuestro país sufren discriminación por su edad.

Concretamente, tenemos que reconocer no solo como legisladores sino como sociedad en su conjunto, que los adultos mayores en México viven en una comunidad que los vuelve invisibles, que los excluye y que los asume como si estuvieran fuera de contexto y ajenos a ella.

A los adultos mayores sin importar su condición o clase en nuestro territorio, se les niegan sus derechos básicos establecidos internacionalmente como:

• El derecho a ser tratado en todo con dignidad y respeto.

• El derecho a participar enteramente y libremente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar, desarrollo y futuro.

• El derecho al acceso a condiciones dignas de vida con el disfrute de un estándar adecuado, incluyendo rubros como la alimentación, vivienda, vestimenta y esparcimiento.

• El derecho a la no discriminación por cuestiones de edad u otro estatus, en todos los aspectos de la vida, incluyendo el acceso al ámbito laboral, acceso a vivienda, cuidado, atención, prevención y procuración de su salud y el goce de servicios sociales básicos.

• El derecho a altos estándares de servicios profesionales y especializados médicos de salud.

• El derecho de protección institucional ante cualquier rechazo o cualquier tipo de abuso físico o mental.

• El derecho a la cobertura integral de seguridad social, asistencia y protección.

• El derecho al disfrute y acceso a una amplia y activa participación en todos los aspectos de su desarrollo ‘tanto social, económico, político y cultural de la sociedad y entorno al que pertenecen.

Desde esta soberanía, debemos de asumir que en nuestro país los adultos mayores son sometidos, sufren o experimentan situaciones graves de segregación y rechazo del núcleo familiar, despojo de sus bienes patrimoniales, intimidación y amenaza física, psicológica y emocional, pobreza, exclusión y aislamiento social, discriminación general, violencia en todas sus expresiones, explotación y abuso en todas sus formas.

Tienen un acceso nulo o en el mejor de los casos limitado a servicios sociales, de procuración y seguimiento a su salud; carecen de espacios públicos destinados a ellos, de estancias gratuitas auspiciadas por el gobierno y un marco adecuado que les provea información, protección y asistencia legal, y también de amplios instrumentos legales e institucionales que castiguen los principales tipos de maltrato que sufren y que entre otros son:

• Un maltrato físico repetitivo enfocado en causarles dolor o lesiones visibles de poca, mediana o prolongada permanencia.

• Coerción física mediante el uso o no de fuerza y la restricción de su libertad de movimiento.

• Un maltrato psicológico y emocional con acciones o actitudes que les producen sufrimiento y daño reiterativo.

• Abuso económico o material que los somete a explotación de sus recursos en forma ilícita o a la utilización, disposición o disfrute de terceros sin su autorización de sus bienes o propiedades.

• Abuso sexual que los obliga a mantener contacto sexual no consentido de cualquier tipo con otra persona.

• Y finalmente, al descuido y negligencia consciente e intencional que les niega o los excluye de la atención a su persona y alcance de la satisfacción de sus necesidades especificas.

En resumen, estamos permitiendo la permanencia y el desarrollo de- una sociedad cada vez más insensible ante su población adulta mayor; que carece de instituciones, acciones, políticas y programas exclusivos y necesarios para brindarles una atención integral y no solo de subsistencia, que no prevén medidas de sensibilización y respeto a sus demandas, problemas y requerimientos específicos para su desarrollo e incluso desplazamiento físico. Carecemos de los mecanismos y protocolos institucionales, incluso en nuestras dependencias gubernamentales, que les faciliten su inserción amplia en la dinámica política, social, económica, laboral, educativa y cultura, sólo por mencionar algunas. Y sobre todo carecemos de los instrumentos necesarios y mínimamente indispensables para proteger sus derechos.

Necesitamos urgentemente desde nuestras instituciones y en corresponsabilidad con la sociedad, el construir específicamente para los adultos mayores en nuestro país protocolos de convivencia civilizada en el marco del respeto irrestricto, de la solidaridad consecuente, y de una amplia cobertura de protección, promoción y reconocimiento social. Finalmente esta soberanía debe de impulsar la elaboración de protocolos, políticas, estrategias y acciones afirmativas que privilegien el respaldo comunitario a este sector en especial, posicionándolos en el lugar aventajado que su experiencia intergeneracional, sus conocimientos de vida y la sabiduría que los años de vida les provee.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a los gobiernos de todas las entidades federativas a crear, aplicar, mantener y promover protocolos para la protección de los derechos, el respeto a su integridad, la protección a su dignidad, autonomía, pensamiento y la eliminación de todas formas de discriminación contra los adultos mayores; que deberán de ser de observancia general y obligatoria en la elaboración y ejecución de políticas públicas, programas sociales y servicios de atención a este sector especifico de la población.

Artículo Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instalar en todas las entidades federativas estancias gratuitas para la atención del adulto mayor, que brinden atención médica-geriátrica básica de primera instancia, protección, apoyo, orientación jurídica y defensa contra la discriminación, maltrato, explotación o abandono y promoción de sus derechos.

Artículo tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a establecer en los sistemas de atención, servicios y centros de salud federales, estatales y municipales; la obligatoriedad por parte del personal médico de reportar toda señal física de maltrato en los adultos mayores; creando los mecanismos interinstitucionales para proceder a la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de noviembre del 2012. Diputada María del Rocío Corona Nakamura

III. Solicitud de modificación

Con fecha tres de diciembre de dos mil doce, la diputada María del Rocío Corona Nakamura, mediante oficio sin número, solicitó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a la Subcomisión de Atención a personas Adultas Mayores, la modificación de los puntos de acuerdo contenidos en la proposición, agrupándolos en uno solo para quedar como sigue:

Se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor.

Dicha comunicación, fue recibida en la Coordinación de la Subcomisión de Atención a personas Adultas Mayores, en la misma fecha.

IV. Consideraciones

Todo lo antes descrito fue considerado, estudiado y valorado por los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en sesión ordinaria, celebrada el _ de diciembre de 2012, y luego de proceder a su discusión fue votada en sentido positivo, por considerar que es muy necesario, importante y trascendente que se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor, motivo por el cual se aprobó la proposición con un solo punto acuerdo que modifica lo inicialmente propuesto y que a la letra diga: Se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor.

Por lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente

V. Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos estatales, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor.

Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro, Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión el punto de acuerdo. Por la comisión tiene la palabra la diputada Elvia María Pérez Escalante, por tres minutos, para fundamentar el dictamen.

La diputada Elvia María Pérez Escalante:Buenas tardes, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados; honorable asamblea, es un honor subir a tribuna para hablar en nombre de un sector de la población que ha permanecido olvidado, y muchas veces abandonado del interés de la sociedad, de las autoridades, y en ocasiones de sus familiares: los adultos mayores.

Después de estudiar, valorar y analizar el punto de acuerdo presentado por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2012, y luego de proceder a su discusión fue votada en sentido positivo, por considerar que es muy necesario, importante y trascendente que se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor, por lo cual se aprobó la proposición.

Es necesario que al adulto mayor se le dignifique por la sociedad, pero sobre todo por las autoridades, que tienen la responsabilidad de reconocerles no solamente sus garantías individuales, sus derechos humanos, sus prerrogativas y privilegios, sino la esencia de su dignidad; es decir, infundir en ellos el respeto y estima que deben de tenerse a sí mismos y el respeto que todos les debemos.

Tenemos la obligación de reconocer y tolerar las diferencias que existen en nuestros adultos mayores, ya que ellos los hacen valiosos confirmando en forma fehaciente su integración a la sociedad. Merecen recibir del Estado, la sociedad y sus familias igualdad de trato de oportunidades y derechos.

En nuestro país hay casi 11 millones de adultos mayores; si tomamos en cuenta que la esperanza de vida de la población mexicana en el 2009 fue un promedio de 75.3 años, para el 2050 la esperanza de vida se estima que será de 81.3 años; entonces, tenemos más adultos mayores que viven más años y demandan una intervención del Estado más decidida, por lo que es necesario establecer una serie de acciones para ampliar la cobertura de una protección, promoción y reconocimiento social, impulsando la elaboración de protocolos, políticas y estrategias afirmativas que privilegien el respaldo comunitario para que tengan atención especial. La geriatría, la gerontología, la gerontología psiquiátrica, deben ser ciencias al servicio del adulto mayor.

En este sentido, el Ejecutivo federal y los estatales son quienes deben fortalecer estos aspectos en la política pública, en los programas existentes y en otros programas que deberán ser diseñados.

Por ello, esta Cámara de Diputados fortaleció en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013, por un monto de 23 mil 772 millones 297 mil 990 pesos, para brindarles mayores recursos con el programa Pensión para Adultos Mayores de 65 Años y Más.

Pero sobre todo para aquellos más desprotegidos que ahora estarán contemplados en el proyecto del gobierno de la República, cumpliendo así un compromiso de campaña de nuestro presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, quien señaló entre sus primeras 13 decisiones para la reactivación del desarrollo económico y social del país que México es un país en deuda con sus adultos mayores.

Lo que somos como nación se lo debemos a las generaciones que nos antecedieron. Es tiempo de reconocer esa contribución. Por eso, nosotros en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables votamos a favor de esta proposición. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Para hablar por su grupo parlamentario tiene la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del grupo de Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza reconoce la importancia que tiene el dictamen de este punto de acuerdo para la protección de los derechos humanos de los adultos mayores, quienes además de ser un grupo vulnerable, su proporción con respecto a la población total va en aumento.

El Inegi reportó en 2007 que 8 de cada 100 habitantes de nuestro país contaban con 60 años o más; que entre 2005 y 2007 el número de adultos mayores pasó de 7.9 a 8.5 millones, por lo que su tasa de crecimiento anual en este periodo fue de 3.47, mientras que la población total del país creció en 0.88 por ciento.

Cabe destacar que en este momento contamos con un mayor porcentaje de población joven; sin embargo, para el 2050 el 30 por ciento de la población total contará con 60 años o más. Estas cifras son reveladoras de la importancia que desde hace años tomó esta población, no solo para el diseño de políticas públicas de corte social, sino también para la actualización de la legislación a la que se acogen y para el análisis de los recursos económicos que deberán destinarse para su atención.

Es de prioridad nacional establecer medidas que promuevan y privilegien la dignidad de nuestros adultos mayores. Ello no solo es digno de civilidad y responsabilidad con nuestra labor, sino también es una señal de una nación de avanzada.

Garanticemos que las personas de la tercera edad tengan una vida digna; pongamos las medidas necesarias para evitar su explotación, maltrato físico o mental. Desde nuestras trincheras hagamos lo propio para que vivan tranquilos y en espacios adecuados a sus necesidades. Demos seguimiento a la salud, alimentación, vivienda, empleo digno, esparcimiento y atención de los adultos mayores.

Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los ejecutivos estatales para que en el ámbito de sus competencias se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor, porque estamos seguros que apoyará y promoverá el respeto, solidaridad y reconocimiento social hacia ellos, al mismo tiempo que su experiencia, talento y sabiduría, deben de ser plenamente aprovechados y valorados por la sociedad.

Desde el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, exhortamos a todas las fuerzas políticas aquí representadas a que unamos fuerzas y seamos sensibles  ante este tema que es de vital importancia para todos y todas las mexicanas. Es cuanto, señora presidenta y gracias por su atención

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. No se encuentra en el salón, entonces tiene la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Quiero saludar a invitados del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Frente Juvenil Revolucionario de Guanajuato, originarios de los municipios de Cueramaro, Huinamaro, Pénjamo, Celaya y Abasolo.

A dos grupos, alumnos de la escuela primaria, de tercero, Colegio Agnés Concha, procedentes de San Luis Potosí, invitados por el diputado Enrique Flores Flores. Bienvenidos.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Con su permiso, presidenta; compañeras y compañeros diputados, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde, es para nosotros muy satisfactorio que este punto de acuerdo por fin haya llegado a esta tribuna, no solamente apoyamos las disposiciones que presentó la diputada Rocío Corona —a la cual felicitamos— sino que también estamos familiarizados con el tema del adulto mayor.

El día de hoy el adulto mayor necesita de seguridad social; es decir, necesitamos garantizar la economía de ellos, necesitamos garantizar el apoyo hacia su salud, pero lo más importante, necesitamos también garantizar el cuidado personal de cada adulto mayor que vive en nuestro país.

El día de hoy, no solamente valdría la pena preguntarnos qué programas o qué políticas públicas tenemos a favor de ellos, hoy necesitamos también pensar que no es suficiente con los centros recreativos que existen; hoy lo que se requiere es tener esa vinculación directa con ellos, necesitamos tomarlos en cuenta para que nos ayuden también en la prevención de la violencia, del delito, con las experiencias personales que han tenido ellos a lo largo de su vida y que podemos buscar una participación directa para ellos, mediante los apoyos que se pueden presentar en los municipios o en los estados y en la federación.

Este punto de acuerdo habla de que busquemos fortalecer no solamente los programas, sino esa vinculación que necesitamos entre los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores para rescatar los valores que en muchas comunidades, municipios y estados hemos ido perdiendo poco a poco.

El día de hoy estamos a favor de este punto para que podamos juntos hacernos una pregunta que haría aquí en esta asamblea, ¿cuántos geriatras, por ejemplo, trabajan en la función pública y atienden directamente a nuestros adultos mayores?

Si tenemos hospitales del niño y la mujer, si tenemos hospitales que ayudan y apoyan a las personas con discapacidad, por qué no pensar, como lo marca este punto de acuerdo, en el protocolo de poder fortalecer el apoyo a la salud directa de ellos.

Hagamos que este acuerdo llegue hasta el último rincón de nuestro país, que llegue a cada municipio esta propuesta que se está presentando el día de hoy aquí; es momento de poder pensar en el pasado para que revirtamos los errores que se cometieron y que no nos extraviemos en el futuro.

En el Partido Verde estamos seguros y conscientes de una cosa, compañeros, que con el adulto mayor vamos a poder reconstruir a México dentro de sus valores, desde una familia hasta una nación entera. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Quiero saludar la presencia del grupo de jóvenes de Acción Juvenil de Guanajuato, invitados por la diputada Beatriz Yamamoto. Bienvenidos.

También saludo la presencia de estudiantes de la Preparatoria Sur de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Bienvenidos. Adelante, diputada.

La diputada Lorena Méndez Denis:Muy buenas tardes, presidenta de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas, diputados, buenas tardes. El envejecimiento es uno de los retos demográficos más importantes a los que se enfrenta México; uno de los desafíos consiste en una adecuada atención a las personas adultas mayores y así mejorar considerablemente su vida, los adultos mayores forman parte de los grupos vulnerables debido a su situación de riesgo social, derivado de factores propios de su ambiente doméstico y comunitario.

Se considera que los adultos mayores experimentan vulnerabilidad, dado que muchos de ellos se encuentran en estado de dependencia económica, no cuentan con una definición de roles y muchas veces son excluidos de la toma de decisiones en el ámbito familiar.

De acuerdo a las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 del Inegi, en México existen 10,055,079 personas que cumplieron 60 años o más; sin embargo, la proyección para el año 2050, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, es que la cifra se ubicará en 33,800,000, es decir, pasará del 9.2 por ciento actual, al 27 por ciento del total de la población.

De la población mayor de 60 años, 4,679,538 son hombres y 5,375,841 mujeres, lo que indica también una feminización de la vejez.

Otro dato interesante lo representa el que en nuestro país 4,050,256 hogares están encabezados por un adulto mayor, mientras que 2,196,823 mujeres adultas mayores son jefas de familia. Las entidades con mayor número de personas adultas mayores son el Distrito Federal, con un 1,003,648, y Veracruz, con 798,557. En todo el país viven 18,475 personas que han cumplido 100 años o más de edad.

Conforme a la Encuesta Nacional del Empleo y Seguridad Social levantada en el año 2009, solo una cuarta parte de los adultos mayores se encuentra pensionado. Por sexo este porcentaje es casi dos veces mayor en los varones que en las mujeres. Más de la mitad de los pensionados son por jubilación, el 33.6 por ciento es por retiro o vejez y solo el 5.7 por ciento es pensionado por accidente o enfermedad de trabajo.

En las mujeres, el 47.9 por ciento están pensionadas por viudez; 31 por ciento por jubilación y 14.1 por retiro o vejez.

Desafortunadamente existe una violación latente a los derechos de las personas adultas mayores, pues el gobierno a través de sus instancias correspondientes, como la Secretaría de Desarrollo Social, no ha tenido la iniciativa de crear políticas públicas enfocadas a este sector, e incluso vigilar que no se violen las garantías de esta población, lo cual es muy común.

Cabe señalar que del total de las personas de 60 años y más, el 12 por ciento viven solas y el 80 por ciento ha sufrido alguna manifestación de violencia en cualquiera de sus formas, donde cerca del 60 por ciento de estas expresiones violentas provienen de sus familiares, principalmente de sus hijos o nietos, y finalmente, el 90 por ciento de las personas adultas mayores en nuestro país sufren discriminación por edad.

Ahora bien, el dictamen pretende exhortar al Ejecutivo federal y los Ejecutivos estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias se promueva y vigile la dignificación del adulto mayor.

La obligación del Estado en relación con las personas adultas mayores debe ser la misma que se tiene con la niñez y la juventud, en el sentido de crear las condiciones para que alcancen su desarrollo integral y mejoren su calidad de vida, privilegiando su dignificación. De esta manera, uno de los objetivos primordiales para atender a la población en edad avanzada es la seguridad y el bienestar, que cuenten con el cuidado necesario, cuidando que al menos se evite la violación de sus derechos en razón de la vejez.

Se debe apoyar a los adultos mayores de ahora, que fueron los jóvenes que ayer sacaron al país adelante; ellos forjaron el México de hoy con sus avances y sus transformaciones, tuvieron en su momento la fuerza laboral y la etapa productiva en su periodo que refleja el impacto de la realidad de hoy.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.

ESCLARECER LOS HECHOS EN QUE FALLECIO EL CONNACIONAL MENOR DE EDAD JOSE ANTONIO ELENA RODRIGUEZ, EN LA LINEA DE LA FRONTERA DE NOGALES, SONORA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar en el ámbito de sus atribuciones acciones para esclarecer los hechos en que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez, en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de octubre

Honorable Asamblea:

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Relaciones Exteriores a la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de octubre, presentada por el diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 numeral 1, 85, 157 fracción I, 176 fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

1. El 18 de octubre de 2012, el diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora el pasado 10 de octubre.

2. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Relaciones Exteriores para su análisis y dictamen.

Contenido

El proponente, solicita que se exhorte a las Secretarías de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales Sonora, el pasado 10 de octubre.

Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la información pública disponible al momento de su dictaminen, alimentación e información remitida por las autoridades vinculadas a este tema.

Consideraciones

El proponente señala que el pasado 10 de octubre ocurrió un lamentable asesinato en la ciudad de Nogales, Sonora, de un joven de 16 años de nombre José Antonio Elena Rodríguez que falleció en el lado del territorio nacional de la frontera, tras haber recibidos disparos de arma de fuego por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.

Asimismo, menciona que recientes investigaciones indican que el menor, junto con otros jóvenes, habían cruzado de manera ilegal la franja fronteriza para internarse en el país vecino y al ser descubiertos por los agentes norteamericanos, emprendieron su huida a territorio mexicano desde donde comenzaron a lanzar piedras a los agentes, los cuales respondieron el ataque abriendo fuego contra dicho grupo de jóvenes, causando la muerte del mencionado menor.

Condena el uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio por parte del agente de la patrulla fronteriza del vecino país. Los casos de esta naturaleza, en especial por su recurrencia, han generado el rechazo de la sociedad mexicana y de todos los poderes y fuerzas políticas del país.

En consecuencia, considera necesario tener plena claridad sobre lo ocurrido ese día, así como las políticas y acciones concretas emprendidas por el Gobierno de Estados Unidos para atender este serio problema bilateral, fortaleciendo así, las acciones conjuntas entre ambos países dedicados a la prevención de la violencia en la región fronteriza para estar en condiciones de evitar y en su caso, atender oportunamente situaciones de esta naturaleza.

Por último, estima imperativo que las autoridades competentes tanto mexicanas como estadounidenses realicen una investigación oportuna y transparente hasta sus últimas consecuencias, brindando la asesoría jurídica y asistencia consular que resulte necesaria a los familiares de la víctima.

Al respecto, las comisiones dictaminadoras aprecian oportuno puntualizar que la Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, emitió el jueves 11 de octubre de 2012, el comunicado número 287, mediante el que condena enérgicamente el gobierno de México un nuevo incidente de violencia fronteriza ocurrido en Nogales y en él que señala las acciones emprendidas, mismo que a continuación se transcribe:

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresa la enérgica condena del gobierno de México por el incidente ocurrido el miércoles 10 de octubre en la línea fronteriza entre Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona. De acuerdo a la información disponible, oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizaron disparos de arma de fuego hacia territorio nacional que ocasionaron el fallecimiento de un menor de edad de nacionalidad mexicana.

El uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Los casos de esta naturaleza, en especial por su recurrencia, han generado el rechazo de la sociedad mexicana y de todos los poderes y fuerzas políticas del país. Resulta fundamental tener plena claridad sobre lo ocurrido, así como sobre las políticas y acciones concretas emprendidas por el Gobierno de Estados Unidos para atender este serio problema bilateral.

El Consulado General de México en Nogales remitió de inmediato una comunicación oficial a las autoridades estadounidenses solicitando una investigación exhaustiva, oportuna y transparente, que sea llevada hasta sus últimas consecuencias y derive en todas las sanciones que correspondan. Esta misma exigencia fue transmitida por canales diplomáticos. El gobierno de México permanecerá atento a la información y conclusiones que presenten las autoridades estadounidenses. Al mismo tiempo, las autoridades estatales y federales mexicanas de procuración de justicia han iniciado investigaciones para deslindar las responsabilidades que resulten en sus respectivas jurisdicciones.

La SRE ha instruido al Consulado General de México en Nogales a brindar a los familiares del connacional fallecido toda la asistencia consular y asesoría jurídica necesaria.

El gobierno de México reitera su compromiso de continuar trabajando con el gobierno de Estados Unidos para garantizar la plena implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza, a fin de prevenir y responder ante situaciones de esta naturaleza”

Asimismo, el martes 13 de noviembre se recibió un informe completo de las acciones llevadas a cabo por la cancillería, entre las que se incluyen la asignación de un abogado a los familiares de la víctima, la coordinación con diversas autoridades en el desarrollo de las investigaciones y los trámites correspondientes de las oficinas consulares mexicanas ante las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos.

Las comisiones que dictaminan, también consideran que el Senado de la República ha emitido un punto de acuerdo de naturaleza similar al presente en la misma materia en los días recientes.

Por lo anterior, los integrantes de estas comisiones consideran que es oportuno mantenerse informadas sobre la realización de las acciones de seguimiento que se requieren para esclarecer y sancionar, a quien resulte responsable de este hecho, por lo que aprecian adecuado aprobar el presente punto de acuerdo con las modificaciones correspondientes, además de externar el repudio de esta honorable Cámara de Diputados a este tipo de hechos que agravian de manera irreparable a nuestros connacionales y que no contribuyen a una relación internacional estable y justa con los Estados Unidos de América.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Relaciones Exteriores, consideran que la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen es de aprobarse con las modificaciones apuntadas, por lo que somete a la consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que realicen las acciones y el seguimiento necesario, inclusive en instancias internacionales, para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora el pasado 10 de octubre y remitan a esta soberanía un informe de los resultados de dicho seguimiento.

Segundo. La Cámara de Diputados condena el asesinato del menor mexicano José Antonio Elena Rodríguez, ocurrido en la frontera de la ciudad de Nogales, Sonora con Estados Unidos de América el pasado 10 de octubre, y externa sus condolencias a la familia de la víctima, esperando que las investigaciones en curso permitan sancionar debidamente a los responsables de este lamentable hecho

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de noviembre de 2012.

La Comisión de Justicia, diputados: Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas, Alejandro Carbajal González, Margarita Elena Tapia Fonllem, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú, Armando Cordova Díaz (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes, Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel, (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba, María Fernanda Romero Lozano, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales, Andrés de la Rosa Anaya.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Cordova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Agustín Barrios Gómez (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos, David Cuauhtémoc Galinda Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Carla Alicia Padfilla Ramos (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Crystal tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión el punto. Para fundamentar el dictamen, tiene la palabra la diputada Claudia Delgadillo González, por tres minutos. ¿Se encuentra la diputada? ¿Se encuentra la diputada Claudia Delgadillo González? Tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. José Antonio Elena Rodríguez, adolescente de 16 años murió baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América; su cuerpo quedó tirado en Nogales, Sonora, el 10 de octubre de 2012. La excusa de los agentes que le dispararon es que actuaron en defensa propia, para protegerse de ataques con piedras.

¿Acaso —si ése hubiese sido el caso— podríamos comparar una piedra con una bala? La realidad es que la fuerza fronteriza estadounidense contra mexicanos se ha vuelto constante y debe ser una realidad inaceptable.

A lo largo de la línea fronteriza se han presentado otros incidentes de la misma dimensión. El pasado 3 de septiembre sucedió el mismo atropello con el ciudadano Guillermo Arévalo Pedraza, en Nuevo Laredo. En la frontera Brownsville-Matamoros sucedió con Juan Pablo Pérez Santillán. Y en Ciudad Juárez, con Sergio Adrián Hernández Güereca.

No podemos dejar de lado el caso en discusión, además de presionar para poner un alto definitivo a este tipo de acontecimientos. Debemos alzar la voz ante este tipo de sucesos. El gobierno federal debe mostrar mayor interés y eficacia para exigir a las autoridades estadounidenses que se aplique todo el peso de la ley contra los agentes de la Patrulla Fronteriza que resulten responsables.

Desde aquí exigimos una investigación total, completa y justa para sancionar a los responsables. No podemos permitir que nuestra gente continúe perdiendo la vida por el abuso de la Patrulla Fronteriza.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano exigimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realicen las acciones y el seguimiento necesario para aclarar los hechos que lamentablemente se dieron el pasado 10 de octubre de 2012, donde José Antonio Elena Rodríguez perdió la vida.

De la misma manera, para que se garantice el apoyo de la familia de la víctima, tanto a nivel legal, como económico, hasta encontrar a los responsables de esta tragedia. Muchas gracias a todos por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Cuauhtémoc Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado:Con su permiso, señora presidenta. Honorable asamblea, me dirijo a todas y todos ustedes con el objetivo de generar conciencia de lo que sucede en la frontera de México con los Estados Unidos de América.

Un servidor fue quien presentó la solicitud de este punto de acuerdo para generar las acciones necesarias en donde se pudiese exhortar a las autoridades mexicanas para que realizaran los trámites conducentes y agilizaran todo el trámite legal, que se le diera todo en apoyo del joven menor de edad afectado y acaecido en la frontera de Nogales.

Como ya lo comentó el diputado Durazo —quien me antecedió— no es un caso aislado, no es el primero que se presenta en la frontera de Estados Unidos de América con México y no es el primero que se presenta en la frontera de Sonora con Arizona.

Es por ello que más allá de impulsar y de agradecer el apoyo de este punto de acuerdo el día de hoy, y de mencionar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional con mucho sentido humano se solidariza con ésta y otras situaciones que las familias de connacionales han sufrido, que han perdido la vida en manos de autoridades de los Estados Unidos de América, que es tiempo de que esta Cámara de Diputados y que el Congreso de la Unión en general haga una reflexión, y que replanteemos la necesidad de generar acuerdos internacionales, de formular la firma de tratados que puedan cubrir el vacío legal que se presenta ante este tipo de sucesos.

Que en el marco de la próxima visita del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, a nuestro país, pongamos en la agenda de discusión nacional, solicitemos al Ejecutivo federal que incluya en esa agenda el atender el vacío legal que surge cuando autoridades del gobierno de los Estados Unidos de América, cuando autoridades de las patrullas fronterizas y del Departamento de Migración abusan del poder, hacen que los mexicanos caigan heridos o que pierdan la vida ante ellos y lamentablemente hasta el día de hoy no se puede ejercer la justicia como lo esperábamos.

Tan es así que hasta el día de hoy los familiares del joven —adolescente menor de edad— fallecido aún no han podido recibir justicia, a pesar de que se le ha brindado la asistencia legal primaria, pero no se ha hecho la justicia que se esperaba y hasta hoy ningún culpable ha sido detenido. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, por el Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidenta. Nogales, frontera por donde el joven José Antonio Elena Rodríguez quisiera a su suelo volver, pero ya no podrá, porque perdió su vida. Fueron 11 balazos y al menos ocho por la espalda, disparadas por agentes de la Patrulla Fronteriza de Arizona, según la autopsia realizada por especialistas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora, misma que fue realizada el 11 de octubre de 2012.

Las sonorenses y los sonorenses, así como las mexicanas y los mexicanos, no podemos permitir abusos contra nuestros connacionales. Nogales, Sonora, tiene historia y merece respuestas. Ya el 27 de agosto de 1918 las nogalenses y los nogalenses demostraron a Estados Unidos de América que no les permitirían pasar por encima de ellos.

Sabemos que hoy las cosas no pueden ser iguales, que debemos regirnos por el estado de derecho. Esto obliga que las diferencias se resuelvan hablando, no a balazos; es decir, en los tribunales, pues nadie debe hacerse justicia por su propia mano.

El joven José Antonio Elena Rodríguez merecía un juicio justo, donde se le considerara inocente hasta que se le comprobara su culpa. Cualquier país del primer mundo lo sabe. Esperamos que el ataque en su contra no haya sido por causas raciales, pues es inadmisible que en pleno siglo XXI siga vigente esa discriminación.

La muerte de José Antonio se suma a muchas más, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene documentadas desde 2006 la muerte de 20 connacionales en las cuales estuvo involucrada la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América, donde se utilizó el uso excesivo de la fuerza; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil atribuyen 20 muertes, tan solo en 2011 y 2012 a la Patrulla Fronteriza.

En el PRD no queremos que solo sea una muerte que se suma a las estadísticas, pues lo fundamental es que representa una vida que se resta en la población juvenil de nuestro país y no olvidemos como muchos otros jóvenes enfrentan historias de dolor en México.

Exigimos que se aplique la ley y se haga justicia, como se merece, porque la sentencia fue muy superior al supuesto daño que estaba ocasionando, que desde luego no aceptamos que haya sido así, sin un juicio previo, sin el debido proceso y sin respetar el interés superior del menor.

Pretender justificar el uso de balas contra piedras, es legitimar el uso excesivo de la fuerza y la desproporción en la respuesta por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza, lo cual es inaceptable.

Esperamos que este pleno se pronuncie a favor de este exhorto. Sabemos que no podremos recuperar esas vidas, pero lo mínimo es lograr que se castigue a los culpables, con ello coadyuvaremos para que nuestros connacionales y sus familias logren lo que los seres humanos llamamos justicia. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último, tiene la palabra la diputada Flor Ayala, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Saludamos la presencia del presidente municipal Juan Carlos Zarco Cruz y el cabildo del municipio de Omitlán de Juárez, invitados por el diputado José Alberto Rodríguez Calderón. Bienvenidos.

La diputada Flor Ayala Robles Linares:Con su permiso, presidenta; compañeros y compañeras, el pasado 10 de octubre, en Nogales, Sonora, la familia Elena Rodríguez vivió un día trágico, vivió un día de horror, al saber y al ver que su hijo José Antonio era asesinado a balazos afuera de las puertas de su domicilio.

José Antonio Elena, como muchos jóvenes, como muchos mexicanos, trata de poder pasar hacia Estados Unidos de América. En sus fallidos y múltiples intentos ese joven de 15 años sufrió una de las peores acciones que el cuerpo de Estados Unidos de América, que la famosa Patrulla Fronteriza ha hecho en nuestro estado a José Antonio Elena, al tirar piedras y burlarse —desde territorio mexicano y a unos cuantos pasos de su casa— tira piedras hacia Estados Unidos de América como si fuera el bateador más experimentado que existe en la historia del país, creyendo la Patrulla Fronteriza que esas piedras afectan su seguridad nacional.

Por esas piedras José Antonio Elena fue muerto de ocho balazos. De ocho. No uno, no dos, no tratando de esquivar, no tratando de asustar. Son ocho balazos que recibió; fueron cinco en la espalda.

¿Cómo es posible que nosotros, como mexicanos y mexicanas permitamos eso de nuestros jóvenes? ¿Qué pasaría si un joven estadounidense, haciendo lo mismo que hizo José Antonio, lo hiciera en nuestro país y le tirara piedras a la Patrulla Fronteriza de nuestro país, al Grupo Beta? ¿Qué haríamos? ¿Respondemos a balazos y qué haría Estados Unidos de América si México responde a balazos?

No podemos seguir agachándonos. No podemos seguir desviando la mirada ante estos hechos recurrentes en Sonora, en Baja California, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Coahuila. Es historia de todos los días las múltiples vejaciones que nuestros jóvenes y nuestros niños pasan en las fronteras.

El tema de José Antonio Elena no puede quedar impune y exigimos a las autoridades mexicanas que exijan a Estados Unidos de América y que detengan esa masacre que nos están haciendo todos los días a los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.

Lea la Secretaría el siguiente punto de acuerdo a discusión.

EXHORTO A DIVERSOS CONGRESOS ESTATALES A APROBAR EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 25 Y 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos estatales a aprobar el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

A la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del Apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión del 30 de enero de 2013 por los Diputados Ricardo Cantú Garza y Adolfo Orive Bellinger, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 162, 167, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión efectuó el estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento conforme a los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria del 30 de enero de 2013 de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los diputados Ricardo Cantú Garza y Adolfo Orive Bellinger presentaron la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del Apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Por oficio número D.G.P.L. 62-II-3-405 del 30 de enero de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión turnó la proposición con punto de acuerdo de referencia a la Comisión de Competitividad para su dictamen.

3. La Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En el apartado de consideraciones y antecedentes de la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del Apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,se señala que ésta tiene como sustento los razonamientos que se indican enseguida:

1. El 13 de diciembre de 2012 la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la que se introduce en la norma suprema el concepto de competitividad al señalar que por ésta se entenderá al “conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.

2. Al 24 de enero de 2013 solamente 7 Congresos locales (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, estado de México, Nayarit y Zacatecas), habían aprobado la minuta referida.

3. Si bien el artículo 135 constitucional no señala plazos para que los Congresos de las entidades federativas se pronuncien a favor o en contra de las reformas constitucionales puestas a su consideración por el Congreso de la Unión, es imperioso que lo hagan respecto a la minuta en comento pues le urge al país contar con el marco jurídico que regule al tema de la competitividad. Para así sentar las bases que conduzcan a la economía mexicana a salir del estancamiento en el que se haya desde hace ya tres décadas.

En vista de lo anterior, los diputados que promueven la proposición con punto de acuerdo solicitan se exhorte respetuosamente a los restantes 24 congresos locales a efecto de que aprueben el proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos:

Primero. Que la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del Apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Que la proposición con punto de acuerdo en análisis plantea exhortar respetuosamente a 22 de los 31 congresos locales para que den su visto bueno respecto del proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Que la Comisión de Competitividad comparte el planteamiento de los diputados que formulan la proposición con punto de acuerdo en el sentido de que “la competitividad es un tema que ha cobrado enorme relevancia a nivel mundial pues de ella depende en gran medida la posibilidad de los países para generar crecimiento económico. En el caso de México los retos que enfrentamos en esta materia son enormes e impostergables, muestra de ello es que el Reporte Global sobre la Competitividad 2012-2013 del Foro Económico Global nos ubica en el lugar 53 de 144 países”.

Cuarto. Que esta comisión dictaminadora concuerda con lo señalado en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo respecto a que “si bien el artículo 135 constitucional no señala plazos para que los congresos de las entidades federativas se pronuncien a favor o en contra de las reformas constitucionales puestas a su consideración por el Congreso de la Unión, es imperioso que lo hagan respecto a la minuta en comento pues le urge al país contar con el marco jurídico que regule al tema de la competitividad. Para así sentar las bases que conduzcan a la economía mexicana a salir del estancamiento en el que se haya desde hace ya tres décadas”.

Quinto. Que toda vez que la Comisión de Competitividad coincide con lo formulado en la proposición con punto de acuerdo, es de aprobarse la misma en términos de lo señalado en el resolutivo único de este dictamen.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reunida en sesión plenaria el 6 de febrero de 2013, a las 17 horas, en el salón de protocolos del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, aprueba la proposición con punto de acuerdo para quedar como sigue:

Proposición con Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión extiende un exhorto, en pleno respeto al principio de soberanía, a los Congresos de las entidades federativas de: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán para que en uso de sus atribuciones constitucionales y en vista de la importancia del asunto para el desarrollo económico del país, aprueben el proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así se acordó y voto en sesión plenaria de la  Comisión de Competitividad realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2013.

La Comisión de Competitividad, diputados: Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), presidente; Cecilia González Gómez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla, José Ángel González Serna (rúbrica), Domitilo Posadas Hernández (rúbrica), Armando Contreras Ceballos, secretarios; Irazema González Martínez Olivares, Juan Manuel Diez Francos (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales, José Noel Pérez de Alba, Fernando Charleston Hernández, Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal, José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Juan Carlos Muñoz Márquez, Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Uriel Flores Aguayo, María Guadalupe Moctezuma Oviedo.»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión el punto. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidenta. Este punto de acuerdo es parte de 40 puntos aproximadamente que se han venido rezagando, de comisiones, por diferentes actividades legislativas en esta Cámara.

Este punto de acuerdo es relevante por lo siguiente: el día 13 de diciembre del año pasado, esta Cámara de Diputados votó una reforma constitucional que introduce el concepto de competitividad en los artículos 25 y 26 de nuestra Carta Magna. Esta reforma fue planteada en su tiempo por el senador y ahora diputado Eloy Cantú Segovia, y fue votada en esta Cámara.

Sin embargo, lo que se pone de manifiesto en este punto de acuerdo, con todo y que fue aprobado por la comisión el día 6 de febrero, es el doble tratamiento que tienen ciertas iniciativas de reforma constitucional. Esta reforma se aprobó el 13 de diciembre y lo que está diciendo este punto de acuerdo es que a febrero solamente siete Legislaturas de los estados habían aprobado esta reforma constitucional.

Sin embargo, la reforma educativa, que fue aprobada el 19 de diciembre, recibió todo el impulso, toda la línea y fue aprobada fast track por el Constituyente Permanente. Y todavía se viven los saldos de esa reforma, porque por ejemplo en Guerrero, la Legislatura local, el Congreso, producto de esa aprobación, ha tenido que estar a salto de mata, estar casi operando en la clandestinidad por el problema social que se detonó con el magisterio.

Lo que aquí se denuncia es que esta reforma —que fue antes— todavía no ha concluido su trámite constitucional.

Le preguntaría a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que informen cuál es el estatus de esta reforma, si ya recibió el número de Legislaturas suficientes y qué restaría para concluir, porque cuando nos quejamos o criticamos los privilegios legislativos, estos se dan en todos lados, porque ésta es una iniciativa del diputado Cantú que no ha concluido su trámite constitucional.

Por eso nosotros estamos de acuerdo en hacer este punto de acuerdo, no obstante que ya pudieran haber más Legislaturas de los estados que lo hayan aprobado, porque no se puede tener este doble rasero, este doble rasero producto del pacto contra México, que hemos denunciado desde esta tribuna y que nos parece que, en congruencia, quienes se duelen, quienes se quejan, quienes piden el cese inmediato de Rosario Robles, de los delegados, en congruencia deberían romper ya este pacto, que le ha causado más daño que beneficio al país.

Por eso hacemos un llamado y pedimos que la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Presidencia informen cuál es el estatus de esta reforma, porque fue la primera reforma constitucional que se aprobó, antes que la educativa, y no ha merecido un trato equivalente y es un concepto importante para el desarrollo del país el tema de la competitividad. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. En unos momentos informaremos lo que nos comenten en Servicios Parlamentarios del estatus en los diferentes Congresos.

Tiene la palabra el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Quiero saludar la presencia, en el marco de la semana nacional de seguridad social, de distinguidos legisladores, legisladoras y ministros de América Latina y Europa, invitados por la Comisión de Seguridad Social.

Está presente el diputado José Saraiva, vicepresidente del Congreso de Brasil y ex ministro de Salud con el presidente Lula da Silva; el ministro Francisco Bernales Errazuriz, de la embajada de Chile; la diputada Elibeth Venegas Villalobos, de la República de Costa Rica; el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, del Centro Interamericano de Seguridad Social de Argentina; el doctor Ramón Huapaya Raygada, gerente de E-Salud de la República del Perú; el doctor Augusto Iglesias Palau, subsecretario de Previsión Social de la República de Chile; el doctor Rubén Torres, de la Organización Panamericana de la Salud en Washington; el doctor Alberto Lautman, de la Escuela Nacional Superior de Seguridad Social de París, Francia.

A quienes agradecemos su participación en la semana nacional de la seguridad social: Mano con mano, por una seguridad social para todos. Bienvenidos.

Adelante, diputado.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta:Gracias, diputada presidenta. No se fundamentó, pero de lo que se trata aquí es de exhortar precisamente a las entidades federativas, a los gobiernos de los estados de la República a que incluyan el término competitividad para poder hacer lo que el diputado Berdeja está esperando.

Aunque el término competitividad no tiene un significado aceptado universalmente —eso hay que reconocerlo— lo que siempre viene a la mente es la capacidad que tiene un ente para destacar entre sus semejantes en la consecución de sus objetivos. Eso es lo que se viene siempre a la mente.

Así, la competitividad puede referirse a empresas o a países e incluso a regiones o entidades geopolíticas; en el caso de las empresas, por lo regular se acepta que las más competitivas son aquellas que se desempeñan mejor en el ámbito de los mercados en los que participan, y casi siempre el desempeño se mide en función de su obtención, ya sea de ganancias o de cobertura de mercado.

Así, la competitividad de una empresa es determinada por una amplia gama de factores, entre los que predominan su tamaño, su productividad y sus costos de producción. Empresas de diferentes tamaños usan diferentes tecnologías y, por tanto, experimentan diferentes condiciones de productividad.

La experiencia económica nos dice que a mayor tamaño se usan tecnologías con mayor intensidad en el uso de capital y menor empleo de trabajadores, lo que puede significar mayor productividad y menores costos unitarios de producción en principio. Pero la experiencia también nos dice que a mayor tamaño, mayor la tendencia de la empresa a desplazar a sus competidoras del mercado e instalarse como un monopolio que pudiera tener un mejor desempeño en los mercados internacionales, pero que sin duda contribuirá a la generación de altos niveles de desempleo local y de ganancias incontroladas, que no reconocen nacionalidad.

En cuanto a las entidades, la competitividad es un proceso de generación y difusión de competencias que depende en buena medida de las capacidades que ofrece el territorio para facilitar las actividades económicas; es decir, se refiere a generar en el espacio un entorno físico, tecnológico, social, ambiental e institucional, propicio para traer y desarrollar actividades económicas generadoras de riqueza, de empleo y de bienestar social. Esto implica que los actores económicos, sociales, gubernamentales y políticos del ámbito local, actuando de manera asociada, pueden cumplir un papel importante para movilizar o atraer la inversión.

En el Grupo Parlamentario del PRD estamos por una economía que genere empleo productivo bien remunerado, en un entorno socioeconómico donde el mercado interno se fortalezca y en donde la competitividad se identifique, no solamente con la generación de ganancias extraordinarias y altas participaciones de algunas empresas en los mercados internacionales, sino que se generen las posibilidades en todo el territorio nacional para que esto pueda lograrse de manera natural y consistente.

En resumen, en el Grupo Parlamentario del PRD reconocemos la gran importancia que la competitividad representa para el desarrollo en general, por lo que votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias compañeras, compañeros diputados; compañera presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Antes quiero saludar la presencia de los Grupos Juveniles PAN Puebla, provenientes de diferentes universidades de la ciudad de Puebla, como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla, la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Irlandesa, invitados por el diputado federal Néstor Octavio Gordillo Castillo. Bienvenidos.

Adelante, diputado.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, la minuta aprobada por esta LXII Legislatura el pasado 11 de diciembre, para reformar el artículo 25, en sus párrafos primero y último, así como el artículo 26, en su párrafo primero y tercero del apartado A, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, continuó su trámite para que los Congresos estatales den su venia para realizar las modificaciones a la Constitución, como lo solicita la ley.

El dictamen avalado de manera unánime busca establecer en nuestra Carta Magna el concepto de competitividad y la realización de las modificaciones que permitan a nuestro país instrumentar las políticas públicas necesarias para atender estos desafíos. En la realidad nacional esto se traduce en la generación de empleos con calidad y cantidad suficientes que permitan avanzar en el bienestar social de los mexicanos.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sabemos de la urgencia de millones de mexicanos para que desde los diversos ámbitos de gobierno se trabaje en la solución de los problemas que los aquejan y que se traducen en incertidumbre en los múltiples aspectos de la vida.

La minuta enviada a los Congresos estatales persigue la definición de políticas de impulso y fomento a sectores y regiones, aprovechando de la mejor manera las ventajas y las oportunidades, las cuales solo podrán ser alcanzadas si mantenemos los instrumentos jurídicos que lo hagan posible en el menor tiempo posible.

Estas reformas obligarán al gobierno federal a conformar una agenda de política pública que implemente las condiciones que permitan la competitividad y se traducirán en la conformación respectiva de un sistema recaudatorio, educativo, de comunicaciones, energético, laboral y de estado de derecho, entre los principales que requiere nuestro país.

Estimados compañeras y compañeros, el avance nacional requiere de la constante adecuación de nuestras leyes y de la implementación de éstas a la realidad social, por lo que resulta indispensable que el esfuerzo que se ha realizado en el Congreso de la Unión se vea refrendado por los integrantes de la federación.

La solicitud obedece a que luego de este proceso también debemos dar tiempo al gobierno y a sus dependencias para hacer efectiva la reforma en el menor tiempo posible, la cual esperamos sea implementada en el próximo año.

Es por eso que damos nuestro voto a favor de extender un exhorto en pleno respeto al principio de soberanía a los Congresos de las entidades federativas señalados en el resolutivo del punto de acuerdo, para que en uso de sus atribuciones y en vista de la importancia del asunto para el desarrollo económico del país, se definan sobre el proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del Apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidenta, por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.

Dé lectura al siguiente punto de acuerdo, por favor, secretaria.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER EL DIA NACIONAL DE LA GASTRONOMIA MEXICANA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, se establezca el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana

Honorable Asamblea

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Secretaría de Turismo se establezca el segundo sábado de marzo como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, presentada por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; fracción IV; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presente a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. Con fecha 28 de febrero de 2013 en Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Secretaría de Turismo, se establezca el segundo sábado de marzo como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, presentada por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y ordenando su turno a la Comisión de Turismo, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

2. Con fecha 1 de marzo de 2013 la Comisión de Turismo recibió el expediente número 1393, que contiene la Proposición con punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Secretaría de Turismo, se establezca el segundo sábado de marzo como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana para elaboración de dictamen.

3.Con fecha 5 de marzo de 2013, la Comisión de Turismo se reunió en su primera Sesión Extraordinaria para analizar, discutir y en su caso aprobar a la Proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal, para que a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Secretaría de Turismo, se establezca el segundo sábado de marzo como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

Contenido de la Proposición:

La gastronomía mexicana se ha ido enriqueciendo a lo largo del tiempo y en la actualidad es considerada como una de las más variadas y originales del mundo, esto gracias a la biodiversidad de su medio natural y a la creatividad de los pueblos que la han desarrollado.

La historia de la gastronomía mexicana se remonta aproximadamente a 10.000 años; a la época en que, se estima, fue domesticado el maíz para convertirse en el cultivo que posteriormente sería la base alimentaria de las culturas mesoamericanas.

Fue durante la época prehispánica donde aparece un mosaico de muchas culturas muy distintas entre sí que al encontrarse en un entorno natural con distintos recursos, idearon su propia manera de aprovecharlos para alimentarse.

Durante tres siglos la gastronomía fue influenciada fuertemente por España; fue a partir de la Independencia de México que la gastronomía mexicana fue consolidando las características que hoy la identifican.

En la última década del siglo XX se ha desarrollado un movimiento gastronómico conocido como “alta cocina mexicana” que ha permitido que los chefs y sommeliers expresen su creatividad y destaquen a nivel internacional.

El acto de cocinar en México es considerado una de las actividades más importantes, cumple funciones sociales y rituales, porque es un motivo que une a las familias.

La gastronomía mexicana ha tomado tal importancia que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) publicó un libro denominado “Comida, cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas” que destaca esta actividad en la cultura mexicana.

Surge, además, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana (CCGM) que es una Organización de la Sociedad Civil. Éste propone, como fin esencial, la preservación, rescate, salvaguardia y promoción de usos, costumbres, productos, prácticas culturales y saberes que constituyen el tronco común que define a la cocina tradicional mexicana, siendo un agente coadyuvante en la conservación del patrimonio gastronómico, así como en la protección de la soberanía alimentaria de México.

No debemos dejar de lado las estadísticas que la industria restaurantera en México representa, por mencionar algunos datos y de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 428 mil establecimientos de alimentos y bebidas a nivel nacional, entre torerías, loncherías, juglerías, taquerías, antojarías, cafeterías, restaurantes de comida rápida y los restaurantes de servicio completo.

En 2011, el crecimiento del sector fue de 3.7% con ventas cercanas a los $182,992 millones de pesos. De igual manera, representó el 1.4% del PIB y el 13% del PIB turístico; la industria restaurantera es el segundo mayor empleador y primero en autoempleo a nivel nacional.

La cocina mexicana y los hábitos alimentarios se podrían definir como un sistema cultural que rebasa con mucho a los aspectos meramente nutricionales, alimenticios o gastronómicos, ya que se involucra en aspectos de religiosidad, rituales y tradiciones de siglos atrás, incluso milenios, que continúan vigentes en pleno siglo XXI.

El turismo de gastronómico ha ganado cada vez más atención en los últimos años. Los viajeros son atraídos por productos locales y muchos destinos se han centrado en el desarrollo de los mismos y el marketing como consecuencia se ha adecuado a ellos.

La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que muchos de los miles de millones turistas de todo el mundo están volviendo a destinos conocidos para disfrutar platillos y recetas probados con anterioridad, o viajar más lejos en busca de cocina nueva y especial; la gastronomía se ha convertido en una parte central de la experiencia de turismo.

Por otro lado, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, durante su Quinta Reunión Ordinaria que se llevó a cabo en la Ciudad de Nairobi, Kenia, del 15 al 19 de noviembre del 2010, inscribió a la Cocina Tradicional de México en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Reconocimiento que hasta ese entonces únicamente detentaba la cocina francesa.

La inquietud por dar reconocimiento a la cocina mexicana de todo el país fue el motivo para dar paso a las primeras acciones por parte de algunos periodistas, entre ellos Víctor Hugo Rodríguez y Alfonso Valdés, así como el fotógrafo Virro Borja, en 2005; quienes decidieron reunir en las inmediaciones del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, a algunos chefs para la primera foto en su género hasta ese momento: un recuerdo gráfico de un sector sumamente importante para la cultura de nuestro país. El resultado fue la apertura de un panorama de opciones para las personas dedicadas a la industria gastronómica.

La pronunciación de la gastronomía mexicana como patrimonio intangible de la humanidad, realizada por la UNESCO en noviembre del 2010, fue el marco ideal que fortaleció la noción dentro del sector de que esta iniciativa debía tener mayor difusión y promoción a lo largo y ancho del país, lo cual se ha reflejado al romper, año con año, el record Guinness del mayor número de chefs fotografiados en el 2008, fecha de la primera fotografía a los Chefs de México.

La propuesta de instituir el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana el segundo sábado de marzo responde a las cifras emitidas por la Canirac de ventas promedio en el 2011; de la misma forma, concretar las actividades entre los gobiernos y la sociedad, para establecerlo como parte de las festividades de nuestro país, que enriquezca el acervo cultural de la nación. Y que mejor ocasión para comenzar que hacerlo en un sitio tan emblemático de nuestro país como lo es el Ángel de la Independencia.

Consideraciones de la Comisión Dictaminadora

Sin duda alguna, México es un país con una extraordinaria riqueza gastronómica; cada Estado, cada región y cada pueblo de nuestra República ofrecen distintos picores, dulzuras, espesores, temperaturas, olores, sabores y colores lo que permite ofertar una gran variedad de platillos que poseen una configuración gastronómica propia.

Tal es la importancia que ha adquirido el tema gastronómico en nuestro país, que el pasado 16 de noviembre de 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró a la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La Secretaría de Turismo estableció en su publicación “Turismo Gastronómico”, que las tendencias actuales del turismo buscan ofrecer una relación más estrecha y directa con las comunidades que se visitan. En este tenor, la gastronomía es un factor determinante, ya que proporciona al viajero la oportunidad de conocer y experimentar los destinos turísticos del país, a través de sus comidas y bebidas.

La gastronomía mexicana se distingue no solo por su sabor, sino porque representa la preservación, rescate, salvaguardia y promoción de usos, costumbres, productos, prácticas culturales y saberes que constituyen la esencia del pueblo mexicano que entre otros incluyen ritos, celebraciones, etc., propiciados por un sinfín de motivos, como lo son: fechas específicas que coinciden con fiestas cívicas o culturales de importancia local y/o nacional, de temporada o porque representan alguna técnica artesanal o conocimiento ancestral que se ha preservado a través del tiempo.

Es así, que el llamado turismo gastronómico ha ido creciendo y se ha convertido en uno de los principales atractivos y promotores que tiene México en materia turística tanto a nivel local como internacional, lo que ha incidido en el establecimiento de 18 rutas como: “La ruta del vino y el acuario del mundo”, “La ruta de los 1000 sabores del mole”, etc., que se destacan por su riqueza no solo gastronómica sino por su bagaje cultural que redunda en el incremento del empleo y por tanto en la calidad de vida de las regiones en que se desarrollan.

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), estableció que en el año 2012 la industria gastronómica fue la segunda rama económica en la generación de empleos y la primera en autoempleo, aportando el 1.5% del PIB y el 13% del PIB turístico, lo que represento un valor estimado de $200 mil millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto ésta Comisión de Turismo está de acuerdo con el planteamiento general esbozado en el Punto de Acuerdo, pero considera conveniente realizar algunas precisiones mediante el consenso de los distintos actores involucrados en la gastronomía, ya que para definir una fecha de tan importante trascendencia como sería el “Día Nacional de la Gastronomía Mexicana”, es necesario consultar y/o consensar con autoridades como la Secretaría de Turismo (SECTUR), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Conservatorio Gastronómico de México, los sectores social y privado relacionados con la industria gastronómica entre otros.

Derivado de esto y con el objetivo de que la fecha elegida potencie la gran gama de nuestra riqueza gastronómica, se acordó por mayoría de votos que en la Proposición con punto de Acuerdo se omita el segundo sábado de marzo para la celebración del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana y que la SECTUR y CONACULTA establezcan la fecha más idónea para su celebración, quedando la Proposición con Punto de Acuerdo de la siguiente manera:

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Turismo somete a la consideración de la Honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, se establezca una fecha como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

Segundo. Que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo en sus respectivos ámbitos de competencia en conjunto con el gremio gastronómico, se encarguen de la organización, difusión y coordinación de los festejos y las actividades a nivel nacional e internacional que se deriven de la designación de una fecha como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

México, DF, a 5 de marzo de 2013.

La Comisión de Turismo, diputados: Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Rafael González Reséndiz (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Roman Quian Alcocer, Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo, José Luis Valle Magaña (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante, Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Raúl Paz Alonzo, Mayra Karina Robles Aguirre, William Renán Sosa Altamira, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Laura Barrera Fortoul (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Socorro de la Luz Quinta León (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión el punto. Tiene la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el turismo para México —como lo sabemos muy bien— es de vital importancia en el mantenimiento de la economía nacional, puesto que es una de las principales fuerzas y fuentes de ingresos con los que cuenta México en cuestión de empleos.

Ya la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados estableció que en el año 2012 la industria gastronómica fue la segunda rama económica en la generación de empleos y la primera en autoempleo, aportando el 1.5 del producto interno bruto y el 13 por ciento del producto interno bruto turístico, lo que representó un ingreso por alrededor de 200 mil millones de pesos.

Por la dependencia que tenemos hacia este sector, debe ser intensamente promovido para su constante crecimiento y competitividad, y así fortalecer el factor del desarrollo continuo.

A través de los años recientes la industria ha experimentado sus fluctuosas altas y bajas, diversificándose y ajustándose a las circunstancias naturales de su entorno y de las demandas del mercado.

Hoy gracias a nuestra favorable situación geográfica podemos sentirnos orgullosos de que nuestra industria turística se traduce en una de las experiencias más ricas del mundo, en cuanto a gastronomía se refiere y del cual nos vemos favorecidos, debido a la gran actividad que consecuentemente conlleva.

El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la Unesco, durante su quinta reunión ordinaria que se llevó a cabo en la ciudad de Nairobi, en Kenia, del 15 al 19 de noviembre de 2010, inscribió a la cocina tradicional de México en la lista representativa del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, reconocimiento que hasta ese entonces únicamente detentaba la cocina francesa.

México debe ser un país líder en la actividad turística; sin embargo, existe aún un vacío normativo en el sector, ya que no se ha publicado el Reglamento General de Turismo, el cual está en espera desde el sexenio anterior, cuando se realizó el exhorto para emitir y publicar dicha ley. A la fecha eso no se ha realizado.

Para seguir protegiendo, fomentando y promocionando nuestra industria turística nacional, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen para establecer una fecha como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, en razón, además, de que se debe establecer una planeación estratégica y bien delimitada que abarque y potencialice los mercados turísticos a favor de nuestro México.

Felicito a la compañera de la Comisión de Turismo, la diputada Elizabeth Vargas, por haber sido tan insistente y tan luchona en este punto, en este dictamen, que por fin el día de hoy llega aquí a esta alta tribuna. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último, tiene la palabra el diputado Rodolfo Dorador, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán:Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, decirles a los grupos parlamentarios de todas las fuerzas políticas que agradecemos mucho por la parte de nuestra compañera Elizabeth Vargas, que fue la proponente del punto de acuerdo, la posibilidad de hacerlo realidad el día de hoy.

A nombre de ella y, por supuesto, del grupo parlamentario y de la Comisión de Turismo que presido, creemos que es importante hacer algunos comentarios al respecto.

La gastronomía mexicana se ha ido enriqueciendo a lo largo del tiempo y en la actualidad es considerada como una de las mas variadas y originales del mundo. Esto gracias a la biodiversidad de su medio natural y a la creatividad de los pueblos que la han desarrollado.

En la última década del siglo XX se ha desarrollado un movimiento gastronómico, conocido como alta cocina mexicana, que ha permitido que los chefs y sommeliers expresen su creatividad y destaquen a nivel internacional.

El acto de cocinar en México es considerado una de las actividades más importantes, cumple funciones sociales y rituales, porque es un motivo que une también a las familias mexicanas.

La gastronomía mexicana ha tomado tal importancia que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, publicó un libro denominado Comida cultural y modernidad en México, perspectivas antropológicas e históricas que destaca esta actividad en la cultura mexicana.

Surge además el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que es una organización de la sociedad civil que propone como fin esencial la preservación, rescate, salvaguarda y promoción de usos, costumbres, productos, prácticas culturales y sabores, que constituyen un tronco común que define a la cocina tradicional mexicana, siendo un agente coadyuvante en la conservación del patrimonio gastronómico, así como la protección de la soberanía alimentaria de México, y está por demás decir que es parte también de la actividad turística que México ofrece al mundo.

No debemos dejar de lado la estadística que la industria restaurantera en México representa. Por mencionar algunos datos, y de acuerdo con cifras del Inegi, existen 428 mil establecimientos de alimentos y bebidas a nivel nacional, que son un soporte de la economía.

La cocina mexicana y los hábitos alimentarios se podrían definir como un sistema cultural que rebasa con mucho a los aspectos meramente nutricionales, alimenticios o gastronómicos.

La pronunciación de la gastronomía mexicana, como patrimonio intangible de la humanidad, realizado por la Unesco, en noviembre de 2010, fue el marco ideal que fortaleció la noción de que este segmento debe tener un mayor apoyo, difusión y promoción a lo largo y ancho del país.

Por todo ello se considera pertinente exhortar al Ejecutivo federal para que, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y, por supuesto, la Secretaría de Turismo, y con el consenso del sector social y privado relacionado con la industria gastronómica se establezca una fecha como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, asimismo para que se encarguen de la organización, difusión y coordinación de los festejos y las actividades a nivel nacional e internacional que se deriven de la designación de esta fecha.

Por todo ello esperamos su voto a favor. Agradezco mucho al diputado que me antecedió, José Luis Valle Magaña, por haber hecho expresión puntual de que es nuestra compañera Elizabeth Vargas quien propuso a la comisión este punto y que todos se sumaron a él. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidenta, por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.

Dé lectura al siguiente punto de acuerdo, por favor.

EXHORTO A LA SECRETARIA DE ENERGIA A TOMAR MEDIDAS PARA ERRADICAR LA EXTRACCION, EL MANEJO Y LA DISTRIBUCION ILICITOS DE GAS LP EN EL PAIS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para erradicar la extracción, el manejo y la distribución ilícitos de gas LP en el país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

En sesión celebrada por la Comisión Permanente en fecha 30 de enero de 2013, se presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, Sener, a tomar medidas para erradicar la extracción, el manejo y la distribución ilícitos de gas LP en el país, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la proposición

La proposición que suscriben los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, tiene por objeto que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Energía a tomar las medidas necesarias para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícita de gas licuado de petróleo.

En la exposición de motivos los diputados promoventes destacan la situación del robo de combustibles en el país. Al respecto señalan que actualmente en México existe una cifra considerable de tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), las cuales, representan, entre otras cosas, pérdidas millonarias, ocurrencia de graves accidentes y además, un riesgo latente para la vida de los habitantes.

A decir de los diputados, se debe considerar este problema como un tema prioritario en virtud de que diariamente se comercializan alrededor de 2 mil 500 litros de gas LP de origen clandestino, los cuales se transportan y distribuyen de manera ilegal en el centro del país en los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, México y Distrito Federal.

Asimismo señalan que se ha denunciado en los últimos tres años que la industria en México ha observado el surgimiento de una red ilegal de distribución de gas LP robado, que opera con autotanques que ostentan una gran variedad de marcas, esto ha provocado que proliferen sin obstáculo alguno pipas clonadas, robadas o de empresas fantasma, que venden el gas a precios inferiores a los del mercado, dejando cuantiosas ganancias para los grupos delictivos.

En virtud de lo anterior los diputados Ricardo Monreal y Ricardo Mejía someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía a tomar las medidas necesarias para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícita de gas LP en el país”

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la proposición en comento, los integrantes de la Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Como se describió en el apartado anterior, la proposición en análisis aborda el tema de la extracción, manejo y distribución ilícita de gas LP, al respecto la que dictamina reconoce la magnitud de la problemática toda vez que el tema de robo de combustibles ha sido motivo de preocupación de diversos legisladores que así lo han expuesto ante el pleno de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión.

Bajo esta premisa, la Comisión de Energía comparte el interés y la inquietud de los legisladores promoventes en cuanto a la necesidad de hacer frente al mercado ilícito de combustibles, en virtud de afectar un área estratégica en el desarrollo y la soberanía de toda nación como lo es, el sector energético.

Segunda. Mediante el punto de acuerdo de la proposición en comento, los diputados Ricardo Monreal y Ricardo Mejía plantean que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Energía a tomar las medidas necesarias para erradicar el mercado ilícito de gas LP.

En relación con el tema central de la propuesta de los promoventes, respecto del mercado ilícito de combustibles, en sesión celebrada en la Cámara de Diputados en fecha 6 de febrero, la Presidencia de la Mesa Directiva turno para conocimiento de la Comisión de Energía copia de oficio SEL/UEL/311/149/13 de fecha 1 de febrero de 2013 de la Secretaría de Gobernación con el que remite copia del similar número DGPPVCI/0170/13 de fecha 28 de enero de 2013 de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta a puntos de acuerdo aprobados por el H. Congreso de la Unión, referentes a fortalecer las acciones para reducir el robo de combustibles.

A continuación se transcribe textualmente la respuesta de la Procuraduría General de la República:

1. La Procuraduría General de la República, ha desarrollado acciones de coordinación interinstitucional para el combate al robo, adulteración, transporte y comercialización ilícita de combustibles con la participación de las dependencias y entidades competentes en el ámbito federal, entre las que destacan Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Petróleos Mexicanos, entre otras.

2. La Procuraduría General de la República con la participación de sus delegaciones en diversas entidades federativas, ha celebrado diversas reuniones de trabajo con autoridades estatales para atender la problemática relacionada con el robo de hidrocarburos.

3. Los resultados de las acciones emprendidas arrojan a la fecha los siguientes resultados:

Tercera. En continuidad con el tema que nos ocupa, de acuerdo con información de Petróleos Mexicanos –disponible en su sitio electrónico– con el propósito de reducir el robo de hidrocarburos que se presenta, principalmente, en tramos de la Red Nacional de Ductos, mediante la colocación de dispositivos intrusivos denominados tomas clandestinas, y al interior de algunos de sus centros de trabajo, Pemex ha continuado ejecutando su Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito.

Al respecto, la paraestatal ha reconocido que el robo de hidrocarburos continúa presentándose en la Red Nacional de Ductos, debido a que los sistemas están tomados, prácticamente, por bandas del crimen organizado, asociadas a grupos fuertemente armados.

Entre las acciones llevadas a cabo para desalentar el robo de petrolíferos al interior de sus centros de trabajo, Pemex realiza auditorías técnico operativas y con ellas, se verifica la correcta aplicación de los procedimientos operativos, de medición y de manejo de productos, con el propósito de disminuir en las instalaciones los puntos vulnerables, susceptibles de actividades ilícitas. Por lo que toca a la extracción ilícita de combustibles en los sistemas de ductos, Pemex cuenta con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía Federal para fortalecer la vigilancia de los derechos de vía.

Cuarta. De lo anterior se desprende que para el combate del mercado ilícito de combustibles, el gobierno federal ha emprendido con la participación interinstitucional de diversas y dependencias y entidades, entre ellas, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría General de la República, diversas acciones dirigidas a combatir las diferentes etapas de la cadena del mercado ilícito de combustibles tales como: la extracción, adulteración, transporte y comercialización ilícita.

Por otra parte, al reconocer Petróleos Mexicanos que la ejecución de estas prácticas ilícitas continúan presentándose y que han sido de la autoría del crimen organizado, se dificulta el panorama para combatir este delito.

En conclusión, los integrantes de la Comisión de Energía han resuelto respaldar la propuesta de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja en términos de exhortar a diversas instancias del Gobierno Federal a fortalecer las acciones de la actual Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito en las diferentes etapas involucradas en la cadena de mercado ilícito de combustibles tales como: extracción, almacenamiento, adulteración, manejo, transportación, distribución y comercialización en el país. De esta manera no se limita a un tipo de combustible como lo es el gas LP.

Por los razonamientos expuestos, la Comisión de Energía de la honorable Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente

IV. Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de: Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y Policía Federal a fortalecer las acciones de la actual Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito en las diferentes etapas que forman parte de la cadena de mercado ilícito de combustibles; extracción, almacenamiento, adulteración, manejo, transportación, distribución y comercialización en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero de 2013.

La Comisión de Energía, diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda, Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), German Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión el punto de acuerdo. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidenta. Las tomas clandestinas en los ductos de Pemex son un problema que aqueja a todo el país, trayendo no solo mermas económicas, sino graves accidentes que pueden desembocar incluso en pérdidas humanas.

De acuerdo con datos presentados por la paraestatal, se comercializan alrededor de 2 mil 500 litros de gas LP diariamente por cada tanque ilegal, lo cual en el agregado resulta un volumen muy significativo.

Tan solo en el centro del país, en Hidalgo, Morelos, Puebla, estado de México y Distrito Federal, 600 mil litros de gas LP se transportan y distribuyen de manera ilegal de forma mensual, ocasionando que el 5 por ciento de dicho energético sea de procedencia dudosa.

Aun cuando la Procuraduría General de la República ha presentado un informe en el que se expone el desarrollo de acciones de coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Secretaría de la Función Pública, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con Pemex para combatir el robo de combustibles, la realidad es que los operativos han sido insuficientes para resolver el problema.

Basándonos en cifras de la PGR, de 2001 a 2012 se observa un incremento de 1,026 a 1,511 averiguaciones previas, así como un aumento de 293 a 613 detenidos; sin embargo, los vicios de fondo siguen presentes, el mercado ilícito sigue operando.

Los esfuerzos de Pemex, a través de la estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito también han sido insuficientes, reconociendo la propia paraestatal que el robo de hidrocarburos continúa presentándose en la red nacional de ductos.

Es con base en lo expuesto que celebramos la aprobación al punto de acuerdo presentado por Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente, para terminar con un problema que aqueja en lo más profundo las finanzas de un sector estratégico para el pleno desarrollo del país.

Consideramos que la clave del éxito radicará en el fortalecimiento de las acciones de la actual estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito, a través de la unión de esfuerzos interinstitucionales entre Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal. Solo trabajando de manera conjunta podremos hacer frente a un mal que tanto ha perjudicado a la economía de México.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro:Con su venia, señora presidenta. Posicionamiento del PRD sobre este punto de acuerdo que nos ocupa, en el siguiente sentido. Es difícil entender que se requiere un exhorto ante la falta de actuación adecuada de vigilancia y regulación del traslado, almacenamiento y venta al público de gas LP por parte de la Secretaría de Energía. Es importante recalcar que no solo es una violación a los ordenamientos relativos a la protección en la comercialización, sino que es un robo de los recursos del Estado.

Hay que recordar solamente el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en donde se establece que es la Secretaría de Energía la encargada de supervisar el cumplimiento con prioridad en la seguridad energética, así como ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo e hidrocarburos.

La Secretaría de Energía ha implementado normas oficiales con los que los vehículos autorizados deben contar con un dispositivo electrónico, así es que se deben de incrementar los operativos y coordinarlos con diversas entidades a través de la Dirección General de Gas LP para el control de los vehículos distribuidores del hidrocarburo e inmovilizar a aquellos que no cuenten con el permiso correspondiente; sin embargo, este tipo de acciones solo pone un control sobre los que están operando con toda legalidad, no así sobre aquellos que lo están haciendo de manera ilegal.

Es de mencionar así mismo que las fugas que se ocasionan por ordeña de ductos de gas también provocan que Pemex incurra en erogaciones de capital no presupuestado para la transformación y poder arreglarlas, lo que merma los recursos limitados y designados a rubros específicos.

La paraestatal ha contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de los convenios de colaboración vigentes con la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina para la vigilancia de las instalaciones y apoyo de los celajes de los ductos, manteniendo colaboración con los gobiernos de los estados, así como la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Energía.

Entre enero y diciembre de 2012 se identificaron y clausuraron 1,620 tomas clandestinas, cifra 22 por ciento mayor a las 1,324 acumuladas durante 2011, evitándose con ello los riesgos que este tipo de ilícitos pueden llegar a ocasionar, tanto en el abasto nacional de petrolíferos como a las comunidades aledañas a las instalaciones de Pemex, de llegarse a generar una fuga o un incendio.

Concluiría diciendo que la mayor preocupación no solo es el robo de estos materiales propiedad del Estado, sino que las mismas han causado también ya accidentes que han costado vidas humanas. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidenta, por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.

EXHORTO A LOS CONGRESOS LOCALES A REVISAR SU LEGISLACION CIVIL A FIN DE AUMENTAR LA EDAD MINIMA DE AMBOSINTERESADOS PARA CONTRAER MATRIMONIO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a revisar su legislación civil a fin de aumentar la edad mínima de ambos interesados para contraer matrimonio

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 7 de febrero de 2013, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno una proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de los estados de la federación, para que en el ámbito de sus respectivas competencias revisen su legislación civil, con el fin de aumentar la edad mínima de las y los jóvenes para contraer matrimonio.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, mediante número de expediente 1229.

3. A partir del 7 de febrero de 2013, con fundamento en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la proposición fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

4. En sesión celebrada el 12 de febrero de 2013, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno una proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de los estados de la federación, para que en el ámbito de sus respectivas competencias revisen su legislación civil, para elevar a 18 años la edad mínima para que ambos contrayentes puedan celebrar matrimonio.

5. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, mediante número de expediente 1252.

6. A partir del 13 de febrero de 2013, con fundamento en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la proposición fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

II. Contenido de las proposiciones

La diputada Verónica Juárez Piña, en su proposición presentada el 7 de febrero del presente, busca que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a los congresos locales para que revisen la legislación civil en materia de matrimonio y éstos aumenten la edad mínima para contraer matrimonio.

Lo anterior atiende a la necesidad de dar respuesta a la conmemoración del Día Internacional de la Niña decretado por la Organización de las Naciones Unidas para el 11 de octubre de 2012 y que tuvo como eje temático “Terminar con el Matrimonio Infantil”. Adicionalmente la proposición de la diputada promovente pretende contrarrestar una difícil realidad en la que viven las niñas en México que contraen matrimonio siendo menores de edad, ya que manifiesta la diputada que el matrimonio infantil puede acarrear separación de la familia y amigos, la interrupción de su educación, la reducción de oportunidades, trabajos forzados, esclavitud, prostitución, violencia contra las víctimas, se pone en peligro su salud física y mental, además de propiciar embarazos prematuros.

La diputada Verónica Juárez señala que de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) sólo 113 países, de los 193 estados miembros, prohíben el matrimonio infantil, y que en México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2010 existían un total de 434 mil niños y adolescentes casados o en unión libre.

La diputada señala que en el Distrito Federal, en el artículo 148 del Código Civil, se prevé que la edad mínima para contraer matrimonio de ambos cónyuges es de 18 años y que sólo con consentimiento del padre, madre o tutor se podrá contraer cuando hayan cumplido 16 años. Sin embargo, establece también que bajo ningún caso podrán contraer matrimonio los menores de 14 años. La diputada enuncia algunas entidades federativas en las que se ha aumentado la edad para contraer matrimonio como el Distrito Federal y por otro lado enuncia algunos que prevén una edad menor como Coahuila y Chiapas. Es por lo anterior, que exhorta a los congresos locales a que revisen su legislación civil y aumenten la edad para contraer matrimonio.

En la proposición de fecha de 13 de febrero de 2013 que también presentó la diputada Verónica Juárez, busca de igual manera que se exhorte a los congresos locales para que revisen su legislación civil y aumenten la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años para ambos cónyuges.

La diputada Verónica Juárez menciona en su segunda proposición que el matrimonio crea vínculos, establece una serie de obligaciones, derechos y mandatos respecto a los roles de género, y que en las mujeres se traduce en relaciones de poder desiguales. La diputada menciona que el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, exhortó al Estado mexicano para que aumente a 18 años la edad mínima para casarse, pero menciona que a la fecha algunas entidades federativas no han acatado este señalamiento.

III. Proceso de análisis

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 en la que declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los desafíos que enfrentan las niñas y promover el cumplimiento de sus derechos humanos, así como crear conciencia de las realidades que enfrentan éstas en todo el mundo.

En su primera celebración del Día Internacional de la Niña 2012, el tema central se denominó Terminar con el Matrimonio Infantil. El matrimonio infantil ha sido referido como una violación fundamental de los derechos humanos que afecta todos los aspectos de la vida de la niña. Se ha expresado que el matrimonio en la infancia deniega a las niñas su infancia, interrumpe su educación, limita sus oportunidades, aumenta el riesgo de violencia y abuso, pone en peligro su salud y por lo tanto constituye un obstáculo para la consecución de casi todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el desarrollo saludable de las comunidades.

En el marco de la primera conmemoración del Día Internacional de la Niña, surgió la “Declaratoria conjunta: Día Internacional de la Niña 2010 Directores Ejecutivos del Unicef y el UNFPA y Directora de ONU Mujeres”, donde exhortan a los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y al sector privado, a sumar esfuerzos con el fin de que se promulguen leyes para aumentar a 18 años la edad mínima para que las niñas puedan para contraer matrimonio y concienciar a la opinión pública sobre el matrimonio en la infancia como una violación de los derechos humanos de las niñas.

Según la propia declaratoria, alrededor de 1 de cada 3 mujeres de entre 20 a 24 años se casaron antes de cumplir los 18 años, y una tercera parte contrajo matrimonio antes de cumplir los 15. Asimismo, señala que en los países en desarrollo, 90 por ciento de las madres adolescentes de 15 a 19 años están casadas, y las complicaciones relacionadas con el embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes de este grupo de edad.

Las niñas que cuentan con bajos niveles de escolaridad tienen más probabilidades de contraer matrimonio a muy edad temprana, a diferencia de las niñas que han recibido un nivel más alto de estudios, por lo que la educación se convierte en una de las mejores estrategias no sólo para combatir el matrimonio en la infancia, sino para mejorar su calidad de vida. Lo anterior, coincide con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) donde señala que las mujeres que viven en 20 por ciento de los hogares más pobres muestran una mayor tendencia a contraer matrimonio a una edad más temprana que las que viven en los hogares más prósperos.

En México, según datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, actualmente 2 de cada 10 jóvenes entre 12 y 29 años de edad viven con su pareja. De estos, 65.1 por ciento son mujeres. A nivel estatal, del total de los jóvenes que actualmente vive con su pareja, la mayor proporción se encuentra en Campeche con 28.9 por ciento. La misma encuesta señala que el embarazo es una de las tres principales razones por las que las parejas jóvenes han decidido casarse. De igual manera señala que 38.2 por ciento de las mujeres de 15 a 29 años reporta haber estado embarazada.

En nuestro país, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad para legislar en materia civil, en particular en cuanto al matrimonio, es una facultad reservada a los estados. De acuerdo a las legislaciones estatales se tiene que los estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, la edad mínima para contraer matrimonio en mujeres es de 16 años; mientras que en Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, estado de México, Michoacán, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, es de 14 años.

Según datos del Inegi, 434 mil niños y adolescentes se encuentran casados o en unión libre, de los cuales más de 32 mil se encuentran en los 12 y 14 años de edad, mientras que alrededor de 402 mil oscilan en edades de 15 a 17 años de edad, asimismo señala que más de 240 mil menores de 18 años se han enfrentado por lo menos a una disolución de su matrimonio como consecuencia de su incapacidad para sobrellevar este tipo de responsabilidades.

Por otro lado, datos del Censo de Población y Vivienda 2010, señalan que los estados en los que se encuentra la tasa más alta de fecundidad en adolescentes en una edad entre 15 a 19 años son: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas, mismos que permiten el matrimonio prematuro entre jóvenes en edades que oscilan entre 14 años en caso de las mujeres.

Con base en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala que el registro y regulación del procedimiento de los actos del estado civil, entre ellos el matrimonio, son de competencia legislativa de las respectivas entidades federativas, así como a lo establecido en la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, ratificado por el Estado mexicano y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 1983, la cual determina que la edad mínima para contraer matrimonio es competencia exclusiva de los estados.

Se considera que evitar el matrimonio en la infancia es útil para proteger los derechos de las niñas y ayuda a reducir los riesgos de violencia, embarazo precoz, y trunque en la vida académica, profesional y personal de las niñas.

Fuentes bibliográficas

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Código Civil de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

• Encuesta Nacional de Juventud 2010, del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

• Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

• Declaratoria conjunta: Día Internacional de la Niña 2010 Directores Ejecutivos del Unicef y el UNFPA y Directora de ONU Mujeres.

• Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios.

IV. Consideraciones

Con base en las opiniones recabadas, y el análisis propio de la Comisión de Juventud, se llegó a lo siguiente:

Derivado de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales es importante considerar que la determinación de la edad mínima para contraer matrimonio queda bajo competencia exclusiva de los estados y de los congresos locales, por lo tanto la modificación de la misma queda sujeta a lo señalado por las distintas legislaciones locales.

En este sentido, en relación con los puntos de acuerdo presentados por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, esta comisión exhorta de manera respetuosa a los congresos locales, analizar los argumentos anteriormente expuestos con fin de considerar la edad mínima para contraer matrimonio.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Juventud, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, revisen su legislación civil, con el fin de aumentar la edad mínima para que ambos contrayentes puedan celebrar matrimonio.

Notas:

1. Organización de las Naciones Unidas,” Mensaje del secretario general en el Día Intencional de la Niña 2012” http://www.un.org/es/ events/girlchild/2012/sgmessage.shtml (Consultado el 21 de febrero de 2013)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de marzo de 2013.

La Comisión de Juventud, diputados: José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz, Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Gilberto Antonio Hirata Chico, Zuleyma Huidobro González, María Teresa Jiménez Esquivel, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Jorge Salgado Parra, Heberto Neblina Vega (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Está a discusión el punto de acuerdo. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señora presidenta. En nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano quiero compartirles que hubo un debate al interior para ver nuestro posicionamiento respecto a este tema de incrementar la edad mínima de los jóvenes para contraer matrimonio, debido a que los que venimos de zonas rurales hemos visto con mucha tristeza cómo los padres están obligando a las niñas a casarse o las dan en venta.

Ése es un asunto muy delicado y está permitiendo ahorita, con la normativa que hay, que los jóvenes nada más con la anuencia del papá estén atándose a tan muy corta edad. Ése es un tema que considero que hay que reflexionarlo, porque también estaríamos atentando contra los usos y costumbres, que es un tema también bastante polémico en los estados del sur-sureste.

Por esa razón, nosotros estamos valorando nuestra votación respecto a este tema. Mi muy particular punto de vista es que sí debemos legislar para que nuestros jóvenes no se estén casando a tan pronta edad.

Es un tema más de fondo; considero que hay que revisar más porqué es que los jóvenes están yéndose tan jóvenes al matrimonio y cuánto puede ayudar que modifiquemos la edad y cuánto puede retribuir o contribuir el tema en las comunidades indígenas.

Por esa razón, nosotros vamos a dar un voto libre; van a haber compañeros que van a estar votando a favor, otros van a votar en contra; sin embargo, es más revisar las oportunidades que pueden tener las mujeres, las jovencitas, porque lamentablemente hemos visto casos en donde niñas de 14 años ya están embarazadas y las obligan a casarse.

Quería compartir con ustedes que no es fácil tomar la decisión; sin embargo, sí hago un llamado a la reflexión, porque estamos perjudicando mucho a nuestras niñas, sobre todo de las comunidades rurales. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. No se encuentra. Tiene la palabra el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga:Muy buenas tardes. Espero tener las palabras adecuadas para poder expresar y transmitir la importancia de este exhorto y poderlos convencer de él.

México hoy en día tiene el mayor número de jóvenes en su historia. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, nuestro país cuenta con un total de 36.2 millones de personas jóvenes, entre 18 y 29 años de edad, que esto representa la tercera parte de la población de este país.

Como es del conocimiento de esta soberanía, la instancia encargada de atender a los jóvenes se llama Instituto Mexicano de la Juventud, que fomenta condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad y no discriminación.

El instituto es el encargado de definir esta política nacional de juventud, que permite incorporar a estos 36.2 millones de personas al desarrollo de este país. En pocas palabras, el instituto es la principal institución encargada de impulsar las acciones para mejorar la calidad de vida de los jóvenes de México; sin embargo, a más de 120 días de entrar en funciones la nueva administración federal no ha designado aún al titular del Instituto Mexicano de la Juventud.

El día de hoy, frente a la renuncia del ex director del Instituto Mexicano de la Juventud, dicha institución no cuenta con director general que encamine los trabajos y los esfuerzos del instituto. Asimismo cabe resaltar que en la agenda del Pacto por México no queda en claro la agenda de los jóvenes, por lo cual nos hace entender que para el presidente no es prioridad.

Además, la controvertida Rosario Robles no ha prestado atención a los trámites de esta comisión para abrir un diálogo sobre la sectorización del Instituto de la Juventud a la Secretaría a su cargo, al considerarlo erróneamente como un grupo vulnerable. Y no vamos a permitir que los jóvenes en México sean relegados y desatendidos por el gobierno federal.

Cabe destacar solo un par de cifras: uno de cada 10 jóvenes dice participar en una organización civil; el 33 por ciento de los jóvenes entre 15 y 19 años han iniciado su vida sexual; el 48 por ciento de las mujeres entre 18 y 29 años han estado embarazadas; el 16 por ciento de los jóvenes fuman actualmente. Estas cifras son alarmantes.

Consciente de que las y los jóvenes son un factor esencial para la construcción del proyecto de nación, que va más allá de las ideologías, de los colores, de los partidos o de los intereses particulares y para el correcto funcionamiento del Instituto Mexicano de la Juventud se requiere que a la brevedad se designe titular de esta dependencia y que además cubra el perfil preferentemente con el instituto y los fines que persigue; es decir, una joven o un joven mexicano que conozca los problemas a los que actualmente se enfrentan los jóvenes mexicanos.

Honorable asamblea, con base en la fracción I del artículo 6 y el artículo 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables al Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración el punto de acuerdo siguiente:

Único. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar a la brevedad al director del Instituto Mexicano de la Juventud, con base en lo anteriormente expuesto y preferentemente con el perfil citado, para beneficio de todos los jóvenes de México. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Verónica Juárez, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, mi posicionamiento, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, es en relación al punto de acuerdo para exhortar a los Congresos locales para revisar su legislación civil, a fin de aumentar la edad mínima de ambos interesados para contraer matrimonio.

Es bien sabido que el matrimonio infantil acarrea trabajos forzados, esclavitud, prostitución, violencia contra las mujeres y pone en peligro su salud física y mental, así como embarazos prematuros.

Datos de la ONU indican que en los países en desarrollo el 90 por ciento de las madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad están casadas y que las complicaciones propias del embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes en ese rango de edad.

En México la atención de partos es la sexta causa de muerte entre la población de 10 a 14 años, lo que permite identificar un importante problema de salud pública: el embarazo adolescente.

Las niñas con bajos niveles de escolaridad tienen más posibilidades de contraer matrimonio a una edad temprana y se ha demostrado que el matrimonio en la infancia prácticamente significa el fin de la educación de las niñas, ya que deben asumir otras responsabilidades, como la del cuidado y manutención del hogar y de los hijos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2010, un total de 434 mil niños, niñas y adolescentes se encuentran casados o en unión libre, de ellos más de 32 mil tendrían entre 12 y 14 años, mientras que alrededor de 402 mil fluctuaban en edades de entre 15 a 17 años.

Esta situación va en contra de la Convención de los Derechos de los Niños aprobado por la ONU, por lo cual resulta urgente que los estados lleven a cabo reformas a sus códigos civiles o familiares para impedir uniones de este tipo.

Reconocemos que en algunos estados se ha legislado sobre el tema, como es el Distrito Federal, que en su artículo 148 del Código Civil establece que ambos contrayentes sean mayores de edad y una dispensa para los menores de edad siempre que ambos hayan cumplido 16 años, para lo cual se requiere el consentimiento del padre, madre o tutor, señalando que en ningún caso se otorgará a menores de 14 años.

En otros estados, como Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, la edad establecida para contraer matrimonio es de 16 años para ambos cónyuges.

Ahora bien, con los cambios que se están dando en la sociedad, es imposible ignorar lo evidente, pues la sociedad exige que el derecho evolucione y se mantenga a la vanguardia de otras naciones y retome el ejemplo de las entidades federativas con mayor avance en nuestro país; por ello, nosotros y nosotras como legisladores, no podemos pasar por alto estos cambios en beneficio del pueblo de México, particularmente de las niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen, para exhortar a los Congresos de las entidades federativas y a la Asamblea del Distrito Federal. Lo tomaríamos como ejemplo para que en el ámbito de sus respectivas competencias revisen su legislación civil, con el fin de aumentar la edad mínima, para que ambos contrayentes puedan celebrar matrimonio. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Rocío Corona Nakamura, por el Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, desempleo, marginación, violencia, explotación, pocas opciones educativas, nula orientación en el cuidado de su salud, integridad, desarrollo, en el ejercicio pleno de sus derechos; limitada participación política, escasos espacios de expresión y alta vulnerabilidad a condiciones de riesgo son algunas situaciones que enfrenta nuestra juventud y de las que parece que no hay ninguna salida.

Los jóvenes constituyen poco más de 20 millones del total de la población en México, y según datos estadísticos cerca del 40 por ciento del total de este rubro vive en situación de pobreza, alta marginación y elevada exclusión social. Reflejo de esto es el hecho de que un 25 por ciento de la población joven de entre 20 y 25 años son jefes o jefas de hogares y cerca del 15 por ciento de los partos en el país se da en  mujeres adolescentes de entre 15 y 18 años de edad, o cerca del 35 por ciento de estos acontecimientos a nivel nacional registrados se dan en mujeres de entre 15 y 20 años de edad.

En el Grupo Parlamentario del PRI tenemos claro que la población adolescente y joven del país es punto de incidencia de las peores y más desfavorables condiciones que inhiben un desarrollo incluyente y sostenido, por eso apoyaremos todos los esfuerzos que busquen retirar la etiqueta a los jóvenes de minoría y sector vulnerable, para ofrecerles el alcance y disfrute de oportunidades reales de desarrollo que favorezcan su acceso pleno a educación, empleo, vivienda y seguridad social, tan solo por mencionar algunas de las más representativas y elementales que deberían tener de manera permanente.

No olvidemos que es en la etapa de juventud cuando el individuo debe asumir y definir lo que desea hacer sobre su condición de vida. No solo necesitan aprender en este proceso, sino también asumir la condición de éste.

No queremos más jóvenes que el día de mañana crezcan vencidos y no convencidos de su destino, y sobre todo, con la posibilidad de lograr lo deseable y no conformarse con la obtención de lo posible; por eso el PRI expresa su apoyo y voto a favor para que el dictamen que presenta a su consideración la Comisión de Juventud sea aprobado.

Coincidimos en la necesidad de exhortar a los Congresos locales a revisar su legislación civil, a fin de aumentar a 18 años la edad mínima de ambos interesados para contraer matrimonio, de ponerle fin —como lo expresa el cuerpo del dictamen— al matrimonio infantil, por representar una difícil realidad en la que viven las niñas en México, que contraen matrimonio siendo menores de edad, ya que puede acarrear separación de la familia y amigos, la interrupción de su educación, la reducción de oportunidades, trabajos forzados, esclavitud, prostitución, violencia contra las víctimas; se pone en peligro su salud física y mental, además de propiciar embarazos prematuros.

Evitar el matrimonio en la infancia es útil para proteger los derechos de las niñas y ayuda a reducir los riesgos de violencia, embarazo precoz y trunque en la vida académica, profesional y personal de las niñas. Este esfuerzo legal requiere nuestro apoyo incondicional. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidenta, por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que...

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada secretaria, permítame.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, esta Presidencia informa que ha recibido de parte de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía de esta Legislatura, debidamente fundado y requisitado, un dictamen que tiene que ver con reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal.

Ante la eminencia del cierre de periodo, es que esta Presidencia pregunta a la asamblea...

El diputado Rubén Camarillo Ortega(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado Camarillo.

El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): Presidente, antes de que usted siga, quiero hacer una moción suspensiva del propio trámite.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si quiere presentar moción suspensiva...

El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): Es eso lo que quiero impugnar.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Quiere impugnar el trámite, quiere usted el uso de la palabra. Nada más que me permitiría, nada más para darle un poco de orden y saber todos de qué estamos hablando, primero permítame preguntar a la asamblea si me autoriza modificar el orden del día.

El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): En eso consiste la impugnación.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Eso es lo que quiere impugnar? A ver, le doy el uso de la palabra.

El diputado Rubén Camarillo Ortega: Compañeras y compañeros, ya me da miedo a mí cada vez que regresa el presidente de la Mesa, cuando alguno de los vicepresidentes está presidiendo y de pronto regresa el presidente de la Mesa Directiva es porque algo traen entre manos, y les voy a decir... sé que no les gusta, compañeros, pues es que las mañas legislativas, que se les da muy bien, hay que denunciarlas aquí en tribuna, es lo que vengo a hacer. Ustedes están tratando de hacer su trabajo y yo estoy tratando de hacer el mío, tranquilos, no pasa nada. Déjenme decirles lo que les tengo que decir, no pasa nada.

Aquí lo que se está pretendiendo, una vez más, es pasar por encima de la legalidad aquí en la Cámara de Diputados, si ésa es la costumbre que se quiere implantar, pues simple y sencillamente le pediría al presidente de la Mesa Directiva cuando menos avisen que ahí va otra bola rápida. Lo que se está pretendiendo, otra vez, es modificar el orden del día, modificar el orden del día para incluir una modificación sumamente complicada y grave sobre la Ley de Minería, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal.

Si a ustedes, compañeros y compañeras del PRI, les agrada esta situación, es porque ustedes justamente lo están secundando.

Nosotros, que somos la oposición, por supuesto que no nos gusta que hagan esto. Y si a eso ustedes le suman que para poder hacer la modificación del orden del día se tiene que pasar, de acuerdo al 64, fracción I, del Reglamento por una petición que provenga de la Junta de Coordinación Política, trámite que se está obviando, presidente, me parece que es una falta adicional. Y lo que está aquí promoviendo, señor presidente de la Mesa Directiva, es que de aquí en adelante la ingobernabilidad en la Cámara se siga dando.

Les quiero comentar a mis compañeros de la izquierda, estoy sorprendido, ustedes que han sido insistentes, una y otra vez en que se respete la legalidad de la Cámara, cómo es posible que de pronto ustedes accedan a firmar un dictamen —algunos, no todos, algunos— que primero no tuvo quórum.

Las comisiones, pasaron 30 minutos, como dice el Reglamento, y no tenían quórum. Esperaron una hora y 15 minutos para traer de uno por uno a los diputados para que firmaran un dictamen tan serio, como es esta modificación a la Ley Minera, a la Ley Federal de Derechos y a la Ley de Coordinación Fiscal.

Esto, simple y sencillamente tiene un nombre, se llama ultraje legislativo y los responsables aquí están enfrente. Otra vez es el coordinador de los diputados del PRI.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Camarillo.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, don Ricardo Monreal, lo escucho.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Para pedirle el uso de la palabra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si le di el uso de la palabra al diputado Camarillo, se la doy a usted también.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, sí es un hecho grave la alteración del orden del día, sobre todo el ingresar este tipo de asuntos de manera precipitada, torpe, apresurada.

He sido muchas veces parlamentario junto con muchos de ustedes y en pocas ocasiones he visto tal falta de pulcritud. En pocas ocasiones he sido testigo de tal desaseo legislativo y parlamentario.

Esta Cámara de Diputados se ha rebajado a ser menos que una oficialía de partes, menos, porque tenemos en el orden del día leyes qué discutir, dictámenes qué discutir, como la del Seguro Social.

Estoy enterado que ahora al Congreso Mexicano lo ha sustituido este poder omnímodo, denominado Pacto por México, que no es otra cosa sino la restauración del viejo supremo poder conservador de 1836, que no era responsable sino ante Dios nada más; el Pacto por México es eso, está por encima de todos ustedes, está por encima de todo el Poder Legislativo.

Hoy —les anuncio— el Pacto por México ha sacado el dictamen de la Ley del Seguro Social y aquí está en primera lectura leído. Por qué no discutimos en la propia Comisión de Seguridad Social que retire el dictamen. Háganlo con pulcritud. Si el Pacto por México ya decidió sacar el dictamen de la Ley del Seguro Social, que está leído en primera lectura, al menos háganlo con pulcritud. ¿Por qué es más poderoso el Pacto por México que todos nosotros?

Me resisto a ser parte de la comparsa, no lo acepto, no lo admito, lo rechazo; por eso me parece muy grave que todos consientan o un gran porcentaje consienta que nos vean como unos miserables, innecesarios, un poder subordinado, supeditado, ignorante.

Porque les pregunto a todos —en este momento nos están entregando hace un minuto un dictamen con casi 50 páginas que contienen disposiciones a modificar de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal— ¿quién lo ha leído? ¿Cómo lo van a aprobar? ¿Cómo es que admitimos que esto esté sucintándose en la Cámara de Diputados?

Incluso, les hago un llamado a los propios legisladores del PRI...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señor diputado, le ruego concluir.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Concluyo, presidente, y gracias porque el tema que estamos discutiendo me gustaría que lo debatiéramos con seriedad, con responsabilidad. No quiero ser parte de esta vergonzosa Cámara legislativa, me resisto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ruego que concluya, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Por dignidad no puedo admitirlo. Por eso les pido que rectifiquen, no sean esclavos de este grupo selecto del Pacto por México, no sean esclavos de intereses mezquinos que están hundiendo al país. Sigan chiflando, chiveros, sigan chiflando.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Vamos a preguntar —permítanme un segundo— si no se modifica el orden del día este debate no tendría sentido. Pregunte la Secretaría a la asamblea, en términos del 22 de la Ley, del 143 del Reglamento, si autoriza a esta Presidencia modificar el orden del día.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza modificar el orden del día e incorporarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, esta Presidencia no autoriza la modificación del orden del día.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 15:11 horas):Se levanta la sesión  y se cita para la que tendrá verificativo el día de mañana, a partir de las 11 horas.

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