*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 25 de abril de 2013, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 25 de abril de 2013 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 7° de la Ley de Nacionalidad, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la PGR, para que consideren la creación de una fiscalía especializada en atención de delitos cometidos contra los migrantes nacionales y extranjeros que ingresan, permanecen y se trasladan en el territorio mexicano, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Justicia y Asuntos Migratorios, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, se contemple una mayor participación de los ciudadanos en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que publique un acuerdo en el DOF, que autorice la modificación a las tarifas de energía eléctrica, eliminando los meses de mayo, junio y octubre como parte del periodo de aplicación de la tarifa horario verano en periodo punta, para la industria de Baja California, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que considere llevar a cabo la actualización del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, a cargo de la diputada Ma. Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Ejecutivo federal, para que emita el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen y a la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, para opinión.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se diseñen mecanismos especiales para la atención de las personas con impedimentos económicos y que padecen enfermedades terminales y crónico degenerativas, en la región de tierra caliente y costa del estado de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, para que se instruya la creación e implementación de un programa especial que atienda la reducción de consumo de energía en las instalaciones de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, para que implemente un programa de empleo temporal, ante la difícil situación del sector pesquero en la zona de tierra caliente y costa del estado de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Pesca, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora del DIF, para que emprenda un proceso de coordinación, con los sistemas estatales y municipales para el desarrollo integral de la familia, encaminado a lograr la simplificación de los procesos de adopción, a cargo de la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos y poderes ejecutivos de las entidades federativas, emprendan acciones para el reconocimiento del Grafiti artístico, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT y de la Comisión Federal de Competencia, realicen un estudio de las rutas aéreas y se apliquen medidas que permitan condiciones que reduzcan las tarifas en los servicios de aviación, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, para que extiendan dicho programa a trece de los municipios más pobres del estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que considere a las cooperativas de productores y de consumidores de bienes y/o servicios como parte de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que ordene la creación del programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial, a cargo de la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, para que en coordinación con la PGR y el comisionado de Seguridad Pública de la Segob, garanticen la seguridad de los aspirantes a los distintos cargos de elección popular en los próximos comicios programados, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, a fin de que se implemente un programa de difusión, orientación, y en su caso, capacitación a los productores de agave, con el objeto de que puedan cumplimentar lo dispuesto en la NOM-006-SCFI-2012, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo para conocer las condiciones y causas bajo las cuales se ordenó el cobro del Repuve, a fin de determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Congreso del estado de Chihuahua, para que discuta y en su caso apruebe la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen y a la Comisión Especial de Lucha contra Trata de Personas, para opinión.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, para que implemente una campaña, a fin de que los mexicanos en el exterior participen en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo, a cargo de la diputada Angelina Carreño Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que instituya el 25 de marzo como Día Nacional de los Pueblos Afromexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, adquiera unidades médicas móviles suficientes y otorgue en comodato a los estados, las unidades necesarias para realizar campañas de prevención contra enfermedades, en zonas de alta marginación y de difícil acceso, a cargo del diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que reconsidere el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros del país, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conago, para que se hagan las modificaciones necesarias en materia de tránsito y vialidad, estableciendo como obligatorio el uso de cascos y chalecos estampados con el número de placas, a los conductores de motocicletas, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de los estados, para que armonicen su legislación, a fin de que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo legal, bajo las casuales previstas en sus códigos penales, suscrito por las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

27. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la incorporación en las zonas metropolitana número 21 y 23 a los municipios de Chapala y La Barca, respectivamente y se les otorguen recursos del Fondo Metropolitano autorizado en el PEF 2013, suscrito por las diputadas Patricia Elena Retamoza Vega y María Angélica Magaña Zepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.»

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Antonio Cuéllar Steffan, diputado del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la improcedencia del amparo en contra de los resultados que arrojen los concursos de oposición para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del servicio docente.

Exposición de Motivos

Uno de los derechos sociales que en su desenvolvimiento, respeto y eficacia, mayores alcances tiene para el pleno desarrollo de la persona, es sin duda alguna el derecho a la educación, consagrado en el artículo 3 constitucional, mismo que, por su naturaleza precisamente de derecho de carácter social, le corresponde al estado la obligación de velar por su materialización y garantía.

Es entonces el Estado mexicano, a través del ejercicio de facultades concurrentes a favor de la federación, entidades federativas, Distrito Federal y municipios, que delinea y desarrolla la normativa y las políticas públicas indispensables para darle contorno a su obligación constitucional de proveer a los gobernados del derecho a la educación, al menos por lo que hace a la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

En esa tarea, el Estado mexicano se ciñe bajo los principios que el mismo texto constitucional establece en materia educativa, tales como la laicidad (guiado bajo criterios basados en los resultados del progreso científico), su carácter democrático (entendido como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo), y nacional, que contribuya a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuo.

Además, en el segundo párrafo del artículo 3, se menciona que “la educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”. Es decir, se establecen con rango constitucional una serie de objetivos a los que las autoridades educativas deben dirigirse para no sólo actualizar el referido derecho a la educación, sino para hacer de éste una herramienta para la consecución de otros grandes fines sociales.

Ahora bien, de acuerdo a la fracción III del artículo 3 constitucional a que nos venimos refiriendo, todo este entramado de principios que rigen y subyacen a toda la actividad estatal en su encomienda constitucional de tutelar y garantizar el derecho a la educación, debe ir acompañado de planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, con aplicación en toda la república, mismos que le corresponde delinear de manera exclusiva al Ejecutivo federal, con la opinión de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, así como de sectores sociales involucrados en la educación.

Estos planes y programas educativos son el eje por el cual se desarrolla gran parte de la actividad educativa, pues es a través de ellos que se articula la currícula escolar que conformará a su vez el diseño institucional para la implementación de reglamentaciones y acciones concretas para el desarrollo de acción educativa y por ende, el mejoramiento de la calidad de la educación.

Enfoques, objetivos, asignaturas, mapa curricular, campos de formación, prioridades, son sólo algunos de los rubros que contienen dichos planes y programas diseñados por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para darle plena eficacia a los principios rectores de la materia educativa.

De ahí radica la trascendencia de estos planes y programas educativos diseñados por el estado, pues ellos son la expresión concreta de las obligaciones que desde la Constitución le vienen dadas a la autoridad educativa, así como de las políticas públicas y reglamentaciones creadas e implementadas en consonancia con las reglas, principios y valores constitucionales en la materia.

En éste importante esquema de diseño de una parte esencial del sistema educativo, no podría omitirse el papel que desempeña el ejecutor último y más importante de las políticas y normas creadas en materia educativa: el docente.

Como se ha mencionado, los planes y programas educativos creados e implementados por el Ejecutivo federal en concurrencia con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, van ciertamente dirigidos a hacer operativo todo el sistema educativo de acuerdo a parámetros establecidos constitucionalmente. Y en esa empresa, es al docente al que se le otorga la gran responsabilidad para llevar a cabo la ejecución práctica y concreta, de cara al alumnado y a la sociedad, de dichos planes y programas.

Esto es, la labor del docente es la que hace operativa en última instancia el constructo político-administrativo en materia educativa; son sus aptitudes, conocimientos, capacidades y profesionalismo los que en gran medida determinan la calidad de la educación. Por tanto, se dice que el trabajo del docente es condición necesaria, aunque no suficiente, para hablar de buena o mala calidad de la educación.

Por ello, dentro de la lógica y sentido jurídico del contenido normativo del artículo 3 constitucional, piedra angular del derecho a la educación, el constituyente permanente, dentro del proceso de reforma constitucional que derivó en el nuevo texto constitucional del artículo 3, publicado mediante decreto de reforma el 26 de febrero de 2013 en Diario Oficial de la Federación, estimó necesario consagrar expresamente a la evaluación como una obligación más que debe regir también la actividad estatal dentro del diseño del sistema educativo.

Así, tomando en consideración que el desempeño, la formación, capacitación y actualización del docente es un elemento vital para la cabal ejecución de las medidas emprendidas por la autoridad educativa desde los niveles de diseño curricular, el constituyente dio cuenta de la importancia que cobra la evaluación del personal docente, misma que se estimó debe ser parte de los planes y programas implementados por el estado, en cuanto forma parte de una construcción previa a la labor práctica desempeñada propiamente en el aula.

De esta manera, con la reforma en materia de educación de 2013, se creó el llamado Servicio Profesional Docente, adicionando un extracto a la fracción III del artículo 3 constitucional, para regular la forma en que se substanciará el ingreso al servicio docente, así como la promoción de los mismos a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el estado.

La forma adoptada por el constituyente para llevar a cabo dicha evaluación del personal docente, determinante para su ingreso, así como aquella llevada a cabo para los docentes ya en ejercicio que busquen acceder a puestos de dirección o supervisión, es a través de concursos de oposición, mismos que tienen también como finalidad incentivar el desarrollo profesional del maestro.

Entonces, la reforma constitucional de referencia combate frontalmente vicios que aquejan al sistema educativo y que permean en su eficiencia y eficacia, tales como el paternalismo, la corrupción, la compra de plazas, el favoritismo, el charrismo sindical, etcétera, en tanto ahora son criterios objetivos y transparentes como la idoneidad y capacidad para desempeñar la labor docente los únicos factores que determinen el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del personal docente.

Dentro del deficiente engranaje que ha caracterizado a nuestro sistema educativo, elevar a rango constitucional la obligación de llevar a cabo concursos de oposición para los docentes, viene a significar, conjuntamente con la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un compromiso del Estado mexicano para mejorar los niveles de calidad de la educación, profesionalizando el sistema de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del servicio docente.

El giro que se le da al sistema educativo por medio de la creación con rango constitucional de este mecanismo de ingreso, reconocimiento, promoción y permanencia a favor del profesorado de educación básica y media superior, al profesionalizar el servicio docente no sólo crea un clima de certidumbre y sana competencia entre los maestros, sino que a corto y mediano plazo reditúa en el mejoramiento de los niveles de educación del educando, como en el beneficio de la sociedad en su conjunto.

Los concursos de oposición que implementa la reforma como mecanismo de evaluación docente, permiten la contratación y promoción de los profesionales mejor calificados para el ejercicio docente, gracias a la valoración constante del desempeño del maestro, así como incentiva la actualización y desarrollo de éste, reconociendo y premiando los esfuerzos y la constancia en el desenvolvimiento del servicio.

Por estas circunstancias, la legislación secundaria que regule los referidos concursos de oposición, para ir en consonancia con el objeto de la reforma constitucional, debe garantizar que ellos serán mecanismos guiados por procedimientos que fortalezcan la transparencia y la imparcialidad en la selección del profesorado, y que combatan y erradiquen prácticas discrecionales en el otorgamiento de plazas para los docentes.

Este esquema de profesionalización docente, arropado bajo los procedimientos de evaluación y competencia, exige para su plena operatividad y eficacia que los concursos de oposición sean una instancia definitiva que brinde seguridad al sistema, y por ende a la sociedad, de que sus resultados no serán sujetos a la revisión de algún órgano no especializado en la evolución del personal docente.

Si bien se acepta que los resultados de los concursos son actos de autoridad en amplios términos, susceptibles -en principio- de ser impugnables en su constitucionalidad ante los juzgados federales a través del juicio de amparo; así como más en específico, también son actos administrativos que en un primer plano no escaparían a la esfera de conocimiento de los tribunales administrativos, es deseable que dada su naturaleza y fines, cuenten con la definitividad necesaria que haga que el desarrollo escalonado y progresivo del servicio profesional docente siga su curso, sin verse interrumpido por dilaciones procesales en sede judicial o administrativa.

Por ese hecho, se propone que, en aras de la agilización de los mecanismos para la evaluación del profesional docente, tanto en el ingreso, reconocimiento, promoción y permanencia, los resultados que arrojen los concursos de oposición cuenten con la calidad de definitivos e inatacables. Para ese cometido se busca prohibir de manera expresa la posibilidad de acudir ante la justicia federal para solicitar la protección de amparo, erigiendo esta adición como una causal más de improcedencia de dicho medio de control constitucional.

Es en beneficio del desarrollo y consolidación del nuevo diseño del servicio profesional docente, visto como vehículo para el mejoramiento de la calidad de la educación, que se busca con esta reforma no entorpecer con barreras judiciales al mecanismo instituido constitucionalmente para evaluar al profesorado de educación básica y media superior, prohibiendo para ello de manera expresa la posibilidad de impugnar los resultados de los concursos de oposición para el ingreso, reconocimiento, promoción y permanencia del servicio docente.

Texto vigente

(Artículo tercero constitucional, fracción III)

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la república. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

Texto Propuesto

(Artículo tercero constitucional, fracción III)

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la república. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

Los resultados que arrojen los concursos de oposición a que se refiere el párrafo anterior, serán inatacables y en su contra no procederá el juicio de amparo.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se reforma el artículo tercero, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe expresamente la impugnación vía amparo de los resultados que arrojen los concursos de oposición para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del servicio docente, para quedar como sigue:

“Artículo 3o. (...)

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la república. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

Los resultados que arrojen los concursos de oposición a que se refiere el párrafo anterior, serán inatacables y en su contra no procederá el juicio de amparo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.— Diputado Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Antonio Cuéllar Steffan, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, por la cual se establece la existencia de órganos reguladores autónomos dentro de la estructura de la administración pública federal, pero separados funcional y jerárquicamente de la esfera de los organismos centralizados y paraestatales.

Exposición de Motivos

La importancia que en los últimos años han cobrado los órganos reguladores, dentro de un marco de desincorporación de sectores públicos y la creación de industrias con empresas dominantes es un hecho insoslayable, que se vuelve cada vez más patente en la medida en que el Estado, como pasa en el caso mexicano, mantiene una política económica mixta, en la cual coexisten tanto una visión de mercado abierta a la participación del capital privado en áreas relevantes, así como un marco constitucional y legal que obliga a conservar la rectoría estatal en dichas áreas bien delimitadas del desarrollo económico, a través precisamente de su regulación institucional.

La rectoría económica del Estado, expresada en la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica, así como también en la función regulatoria en beneficio del interés general nacional, tiene su sustento en el mandato constitucional previsto en su artículo 25. Dicho precepto constitucional mandata la concurrencia de los sectores público, privado y social en el desarrollo económico nacional, subyaciendo en dicha actividad la responsabilidad social, la cual se garantiza gracias a la creación de instituciones públicas especializadas, autónomas y técnicamente aptas para precisamente generar las mejores condiciones de participación de los distintos sectores económicos, así como para vigilar el respeto al marco normativo correspondiente por parte de los entes públicos y privados sujetos a regulación.

Frente a ello, la presente iniciativa busca reafirmar la naturaleza de los órganos reguladores como parte del marco institucional de la administración pública federal, como instancias que atienden áreas relevantes de la economía nacional, y que por la especialización técnica de las funciones que desempeñan sus órganos de gobierno, así como la objetividad que requieren sus decisiones, requieren contar con altos niveles de autonomía respecto al poder político, a fin de dotar de certeza, seguridad y confiabilidad tanto a la sociedad receptora del servicio, como a las entidades reguladas.

La autonomía que se le exige a un órgano regulador, no es aquella que signifique su aislamiento de la estructura de la administración pública, es decir, una autonomía orgánica, sino una que logre desvincular a éstos entes de presiones políticas o de su captura por parte de los grupos económicos de interés, y que mejore con ello su eficiencia técnica, la profesionalización del personal, así como la objetividad, eficiencia y transparencia en la toma de decisiones.

Por ese hecho, la autonomía de los órganos reguladores, para considerarla inscrita dentro de los estándares democráticos modernos, debe estar sujeta a un sistema de rendición de cuentas, el cual exige a su vez que exista de forma necesaria una relación estrecha con los órganos democráticamente legitimados para llevar a cabo esa tarea de control, sin que ello menoscabe la autonomía del órgano. Tal y como acontece con la Auditoría Superior de la Federación, que no obstante la autonomía técnica y de gestión con la que goza para llevar a cabo la fiscalización de la cuenta pública, se encuentra incorporada a la estructura de un poder democráticamente representativo como lo es la Cámara de Diputados.

Por tanto, en esta propuesta se parte de que toda función del Estado, así sea de índole técnico, como es el caso de la ejercida por los órganos reguladores, debe encontrar no sólo sustento jurídico, sino además legitimación democrática. En ese sentido, nuestro sistema constitucional le ha asignado al Poder Ejecutivo la tarea de conducir la labor administrativa, conformando una compleja estructura funcional para darle cause a la variada gama de ramas que comprende esa función esencial del Estado democrático contemporáneo.

En ese sentido, los órganos reguladores, dada su función eminentemente administrativa, deben mantener una relación jerárquica respecto a la cabeza del Poder Ejecutivo, únicamente en cuanto a la aprobación de su presupuesto y dentro del esquema organizacional general de la administración pública federal; así mismo, en un sistema de controles del poder, también deben conservar un constante diálogo con el Poder Legislativo, respecto a los informes y comparecencias que sus integrantes deban rendir ante el Congreso, así como con ambos poderes de manera conjunta y coordinada, en lo referente al proceso de designación y ratificación de su órgano colegiado de gobierno.

El marco regulatorio autónomo con rango constitucional que ahora se propone establecer, da cuenta de aquellos sectores económicos que desafortunadamente se han venido topando con sendos obstáculos institucionales para cumplir con su finalidad estatal (vaguedades y ambigüedades legales, autonomía indefinida del órgano, fenómeno de la “doble ventanilla”), así como también se ocupa atender una realidad social, cultural y económica que ha ubicado a los grandes consorcios económicos como actores fundamentales para implementación y operatividad de tecnologías novedosas que no sólo conciernen al ámbito del mercado, sino que han cobrado la calidad de condiciones necesarias para el ejercicio de derechos fundamentales, tales como el de acceso a la información y la libertad de expresión.

Es entonces la impostergable tarea de superar y atender dicho estado de cosas que ha venido minando el desarrollo económico nacional, que con el presente proyecto legislativo se pretende conciliar la relación entre dos actores esenciales en la consecución de dicho objeto: por un lado el Estado, en su faceta administrativa, la cual le exige cumplir con su indelegable obligación de conducir y regular la actividad económica nacional; y del otro lado, los órganos regulados, es decir, aquellos entes fundamentalmente de carácter privado a los que el Estado les ha concesionado ciertas áreas prioritarias para su explotación y prestación del servicio, pero que requieren de ciertas condiciones jurídicas e institucionales para invertir con certeza y seguridad los recursos técnicos y económicos a su alcance.

En lo que se refiere a la naturaleza jurídica y organización de los órganos reguladores, a diferencia de otras propuestas que se han presentado en legislaturas pasadas, ya sea para reafirmarlos dentro de la estructura de la administración pública centralizada, o para ubicarlos como un ente descentralizado, o inclusive, para convertirlos en órganos constitucionales autónomos situados fuera de la esfera de cualquier Poder de la Unión , la presente iniciativa tiene como objetivo rediseñar institucionalmente la organización de la administración pública federal, a efecto de que sea desde el mismo marco constitucional donde se distinga la naturaleza especial de los órganos reguladores autónomos respecto de aquella que caracteriza a la tradicional tipología bicéfala de la organización de la administración pública, sentando para ello los principios y reglas básicas de organización y funcionamiento de aquellos órganos autónomos, y dejando en claro que la especialización técnica y la profesionalización propias de la materia sujeta a regulación, se erigen como los elementos medulares y las notas distintivas que hacen necesaria ésta reingeniería constitucional.

La configuración constitucional básica de estos órganos como técnicamente autónomos, y por ende, desincorporados jerárquica y funcionalmente de la injerencia de los órganos centralizados (así como también de las entidades paraestatales), al igual que la participación coordinada del Poder Ejecutivo y del Senado de la República en el proceso de designación de los miembros de los órganos de gobierno, otorgará mayor certidumbre a los órganos regulados y sobre todo, a la sociedad en su conjunto, de que las decisiones de éstos entes esenciales para el desarrollo de la vida económica del país serán producto de un ejercicio ponderado, científicamente razonado, imparcial y transparente, así como también democráticamente responsable, de cara a la ciudadanía.

Certidumbre y seguridad que son complicadas de alcanzar en la medida en que un órgano de la administración pública con funciones constitucionalmente delineadas, como es el caso de la función regulatoria (artículo 25 antes citado) se encuentra en constante definición en el ámbito legal, reglamentario y jurisprudencial, en cuanto a su relación jerárquica con la Administración Pública centralizada (Poder Ejecutivo) e incluso respecto al Poder Legislativo en cuanto a la legitimidad de los procedimientos de nombramiento de los miembros de sus órganos de gobierno.

Prueba de lo anterior, es que en cada uno de los numerosos casos litigiosos que se han presentado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales se controvierten las facultades de los órganos regulatorios, el máximo tribunal de nuestro país, bajo el riesgo de extralimitarse en sus facultades interpretativas, se ha topado con una enorme complejidad para darle contorno a la regulación legal de órganos como la Cofetel o la Cofeco, fundamentalmente en cuanto al alcance de sus facultades sancionatorias y su relación jerárquica respecto a la Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Economía, respectivamente.

Además, con la presente reforma se busca aminorar los posibles efectos arbitrarios que han provocado la existencia de figuras como las “cláusulas habilitantes”, definidas así jurisprudencialmente, las cuales han permitido que fundamentalmente los órganos de la administración pública se arroguen la facultad de legislar materialmente sobre actividades novedosas que rebasan los estrechos límites de la estructura y funcionamiento que la administración pública. Tal es el caso del ya mencionado conflicto que se ha propiciado por la doble (o triple) regulación que tanto legal, jurisprudencial y reglamentariamente que se le ha dado a áreas como las telecomunicaciones y la competencia económica.

Esta indefinición clara de los órganos reguladores ha creado una categoría sui generisdentro de la organización de la administración pública, sin sustento legal firme, que más que fortalecer al órgano, lo ha colocado en una situación de vulnerabilidad ante los poderes político y económicos, pues a través de recursos legales los “sujetos regulados” han entorpecido la efectividad del marco regulador y propiciado con ello la creación, conservación y extensión de fenómenos y prácticas negativas tales como la corrupción, la doble ventanilla, la politización de los órganos de gobierno, entre otras dificultades de no menor impacto perjudicial para el desarrollo económico.

Frente a ello, la presente iniciativa de reforma que ahora se somete a la consideración de esa soberanía parlamentaria, busca brindarle sustento constitucional a ésta realidad emergente dentro del diseño institucional de la administración pública federal en México, evitando con ello la ambigüedad y vaguedad que impera en el marco normativo en materia de órganos regulatorios del Estado.

La previsiones constitucionales que se proponen abonarían adicionalmente en dotarle de congruencia y sistematicidad a otras reformas que han impactado en la organización y naturaleza de los ciertos órganos reguladores, como aquellas de publicación reciente que reformaron los artículos 76, fracción II, 78, fracción VII, y 89, fracción III, de la Constitución General, por las cuales se incorporó la participación conjunta y coordinada del Senado de la República y el Ejecutivo federal en el proceso de designación de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica.

Esto en la inteligencia mientras los órganos reguladores se encuentren concebidos como desconcentrados de las secretarías de Estado, esto es, como pertenecientes a la administración pública centralizada, carecerá de justificación jurídica la intervención del Poder Legislativo en el nombramiento de sus funcionarios, haciendo poco consistente la naturaleza jurídica que se les brinda a dichos organismos con un mal diseñado sistema de controles orgánicos a través del proceso de nombramiento de los funcionarios de los órganos colegiados de gobierno.

Situación que quedará salvada al blindar la autonomía de los órganos reguladores y desincorporarlos de la esfera de la administración pública centralizada, superando el déficit democrático de aquellos órganos autónomos, y al mismo tiempo haciendo políticamente responsables a dos órganos representativos por medio de su participación coordinada en su proceso de integración.

En ese sentido, con ésta propuesta se fortalece la autonomía de los órganos reguladores a través de un procedimiento indirectamente democrático para la conformación de sus respectivos órganos colegiados de gobierno, sin que ello signifique una invasión del Poder Legislativo en la esfera del Poder Ejecutivo, en su calidad de superior jerárquico, para designar y remover libremente a los funcionarios de los órganos directivos de la administración centralizada.

De igual modo, la autonomía especial que constitucionalmente se le pretende reconocer a los órganos reguladores, se separa de aquella con la que cuentan ciertos sectores paraestatales y, en específico, los organismos descentralizados, en tanto a aquellos se les reconoce una alta especialización técnica en ciertas áreas del desarrollo económico, sin que ello implique su desvinculación de la administración pública federal, mientras que una empresa descentralizada, su autonomía está dada, entre otros factores, por la personalidad jurídica que cuentan respecto al Poder Ejecutivo, elemento que no necesariamente puede tener un órgano regulador autónomo como el que ahora se presenta, en tanto dicha calidad en nada abona a su objeto principal, es decir, la especialización técnica.

Se concede que son varios los puntos de confluencia entre un organismo descentralizado y un órgano regulador como el que en la presente iniciativa se presenta (como sería su pertenencia a la estructura formal de la administración pública, así como su control y vigilancia por parte de la administración pública central, así sea de manera indirecta y mediata) sin embargo, como ha quedado esbozado en esta exposición de motivos, las áreas de la administración pública susceptibles de ser sujetas a regulación, por sus características e impacto económico, han demandado un tipo de normatividad especial, creando precisamente entidades sui generis sin sustento constitucional perfectamente definido.

Por tal motivo, la actual propuesta se pronuncia por ser receptiva a la realidad social y económica imperante, así como a los distintos esfuerzos jurisprudenciales y doctrinales creados para darle cabida a los órganos reguladores dentro de las grandes funciones estatales, que sin dejar de lado su naturaleza netamente administrativa y paralela a la tradicional organización administrativa federal que desde la asunción del estado social de derecho se ha vertebrado, han puesto de relieve el papel excepcional de estas áreas para el desarrollo económico nacional.

Ahora bien, la virtud de la presente reforma estriba medularmente en delinear la autonomía de los órganos reguladores por medio de principios rectores de su organización y funcionamiento, lo que le permitirá al legislador ordinario, y en casos litigiosos excepcionales, al juzgador, delimitar de manera más nítida el fundamento y razón jurídica de la existencia de este tipo de entidades, y partir de ese entendimiento, desarrollar con mejores instrumentos la respectiva labor normativa e interpretativa que definirá sus competencias específicas en cada materia.

La propuesta establece que serán los criterios de especialización técnica y profesionalización, los elementos centrales que determinen el trabajo del Congreso de la Unión al momento de legislar sobre la organización y competencias específicas de los órganos reguladores, prescribiendo con ello la creación de espacios normativos ambiguos que abonen a la duplicidad de funciones y la subordinación jerárquica respecto de las Secretarías de Estado correspondientes a cada ramo.

Esto es, la Constitución, en su calidad de fundamento de validez de todo el orden jurídico, vendría ahora a ordenar al legislador ordinario de forma expresa que lleve a cabo un reparto funcional de competencias entre órganos reguladores y centralizados, atendiendo principalmente a la especialización técnica y profesionalización que la función constitucional reguladora exige al primero.

Es decir, si la misma creación del órgano regulador encuentra su fundamento en dicho mandato constitucional, el legislador sólo podría actuar en aquellos espacios que no vulneraran la autonomía técnica y especialización propia de estos entes; así como el juzgador verá circunscrita su labor jurisdiccional en garantizar el respeto de dicha calidad técnica y autónoma del órgano consagrada constitucionalmente, sin la posibilidad de determinar a través de su facultad jurisprudencial, jerarquías orgánicas ni competencias específicas del órgano.

Otra serie de principios democráticos que gravitan en torno a la autonomía técnica, la especialización y la profesionalización del órgano rector, y que son parte de la iniciativa hoy propuesta, son por supuesto los de eficiencia (toma de decisiones rápida y de calidad, necesaria para la agilización que requiere la labor de un órgano técnico y donde se encuentran involucrados grandes intereses económicos y sociales); certeza (ausencia de dudas sobre qué órgano es el competente para resolver, sobre el alcance de sus facultades, etcétera); especialidad (aplicar la norma menos general, atendiendo a la especificidad del ramo administrativo sujeto a regulación); imparcialidad (tanto en su aspecto positivo como la valoración objetiva, armónica y moderada de los intereses en juego; así como en su aspecto negativo, en cuanto a que la Administración Pública valore los intereses públicos sin sufrir desviaciones por intereses personales del agente, políticos, o intereses de grupos de presión o públicos o privados); transparencia (las decisiones y la información a cargo del órgano sean públicas, abiertas; está inserta dentro de un sistema de rendición de cuentas); colegialidad (la adopción de decisiones de forma colectiva, plural, sin que pueda imperar el criterio de un integrante sin previa deliberación conjunta).

En ese mismo sentido, la reforma también establece obligaciones tanto para el Poder Ejecutivo, así como al Senado de la República, para que en el proceso de designación de  los integrantes de los órganos de gobierno de los entes reguladores autónomos se respeten los principios de profesionalismo,  continuidad y estabilidad en el cargo.

Estos principios implican que el procedimiento de designación y ratificación de los comisionados se llevará a cabo bajo criterios técnicos y no políticos, evaluando al funcionario por su experiencia y conocimientos en la materia regulada, y no así por su identificación con un grupo de interés.

Del igual manera, se insertan las garantías de continuidad y estabilidad en el cargo de los comisionados, mismas que redituaran en la autonomía de sus decisiones, al no estar sujetos sus altos mandos a procesos de destitución arbitrarios, así como también les permitirá contar con la posibilidad de ser reelegidos si su trabajo responde a los otros grandes principios que rigen el funcionamiento del órgano.

Todos estos principios claramente se constituyen como garantías institucionales para la sociedad y para las partes sujetas a regulación, de que el órgano regulador estará investido de genuina autonomía respecto a los poderes político y económico, contribuyendo con ello tanto en la mejora de la calidad de la regulación, así como en la eficiencia económica deseada.

En razón de lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 90 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la existencia de órganos reguladores autónomos dentro de la estructura de la administración pública federal, pero separados funcional y jerárquicamente de la esfera de los órganos centralizados y paraestatales, para quedar:

Artículo 90.La administración pública federal será centralizada y paraestatal. La ley orgánica que expida el Congreso distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y de los órganos reguladores autónomos, así como la intervención del Ejecutivo federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales, los órganos reguladores autónomos y el Ejecutivo federal, o entre aquellos y las secretarías de Estado.

Los órganos reguladores autónomos serán las instancias técnicas de la administración pública federal especializadas en regular, supervisar y promover el buen funcionamiento de los prestadores de servicios en áreas estratégicas y prioritarias para el desarrollo nacional.

Los órganos reguladores autónomos gozarán de autonomía técnica, operativa, de gasto, de gestión y decisión. En la organización y ejercicio de sus funciones se regirán bajo los principios de eficiencia, certeza, especialidad, imparcialidad, continuidad, transparencia y colegialidad. En los procesos para nombramiento de los integrantes de sus órganos de gobierno, se respetaran los principios de estabilidad y profesionalismo.

El órgano de gobierno de cada ente regulador se conformará por siete comisionados designados por el Ejecutivo federal y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, y en los recesos de éste, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Las leyes que expida el Congreso de la Unión definirán y distribuirán las competencias específicas que les correspondan a cada órgano regulador autónomo, atendiendo a la especialización técnica y profesionalización que exija la rama de la administración pública sujeta a regulación, sin que pueda existir duplicidad de funciones ni subordinación jerárquica o pertenencia respecto a las secretarías de Estado.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.— Diputado Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE NACIONALIDAD

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley de Nacionalidad, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

El sistema jurídico se integra por el conjunto de mensajes emitidos en las diferentes normas, las cuales buscan lograr la certeza a través de una comunicación fluida, accesible, clara y precisa; tratando de evitar lagunas, contradicciones y redundancias.

Por lo anterior la presente iniciativa tiene por objeto adecuar la Ley de Nacionalidad para evitar la contradicción con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 30, inciso A), numeral I, que señala: “Son mexicanos por nacimiento: Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres”. La contradicción se debe a que en el artículo 7o. de la ley que se pretende modificar establece que: “Salvo prueba en contrario, se presume que el niño expósito hallado en territorio nacional ha nacido en éste y que es hijo de padre y madre mexicanos”.

Otro aspecto importante a considerar es que esta contradicción puede en algunos casos ahondar el problema del sub registro de la población infantil cuyos padres son inmigrantes ilegales en territorio mexicano, ya que en los hechos en una gran cantidad de registros civiles se niega el registro de nacimiento a los menores cuyos padres no pueden comprobar su situación migratoria.

II. Argumentos que la sustenten

Aunque el artículo 29 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias establece que “todos los hijos de los trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un nombre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad”; y que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 30 inciso A) numeral I que señala: “Son mexicanos por nacimiento: Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres”.

En México, las y los extranjeros con una situación migratoria irregular todavía enfrentan dificultades para registrar a sus hijos al nacer; se dan casos todavía en que los oficiales o jueces del Registro Civil exigen como requisito para realizar la inscripción de esos nacimientos, la documentación que garantice la estancia legal del padre extranjero. A pesar de que actualmente, el artículo 9 de la Ley de Migración señala que “Los jueces u oficiales del Registro Civil no podrán negar a los migrantes, independientemente de su situación migratoria, la autorización de los actos del estado civil ni la expedición de las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte”.

Parece que la causa principal de ese incumplimiento por parte de tales funcionarios es el desconocimiento de la norma federal mencionada. Otra interpretación es que muchas veces los funcionarios del Registro Civil no entienden que se trata de un derecho que pertenece a las niñas y niños, y que los padres son sólo intermediarios de su ejercicio; es decir, que los menores de edad acceden a este derecho, porque no puede ser de otra manera, a través de la gestión de sus padres. En efecto, se confunde con un derecho de los padres y, por tanto, consideran legítimo restringir prerrogativas en función de la irregularidad de su estancia.

Como se ha visto, otro aspecto importante a considerar es que esta contradicción profundiza el problema del sub registro de la población infantil cuyos padres son inmigrantes ilegales en territorio mexicano. México es el quinto país con mayor número de sub registro poblacional de América Latina, de acuerdo a las cifras de La infancia cuenta en México 2011 (libro de datos) Red por los Derechos de la infancia en México; el porcentaje de niñas y niños menores de un año no registrados era del 19.20%.

La importancia del problema del sub registro poblacional reside en que imposibilita ejercer el derecho humano al nombre, ya que este derecho se materializa en el acta de nacimiento que es el instrumento de vinculación entre las instituciones públicas y privadas y las personas. Poder ejercer el derecho al nombre nos otorga la ciudadanía que es el centro de la vida pública y permite el acceso y el pleno ejercicio a otros derechos como los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; sin embargo sólo se es ciudadano si el Estado reconoce la personalidad jurídica, en este caso a través del acta de nacimiento.

Es por eso que el problema del sub registro poblacional trae consigo una importante serie de consecuencias en la vida de quienes lo padecen porque al no ser reconocidos por el Estado, no existen como personas jurídicas y por tanto tampoco existe un reconocimiento por parte de este de sus problemas y en consecuencia no se implementan las acciones necesarias para solucionarlos.

Para enfrentar este problema, la Organización de Estados Americanos (OEA) planteó, en 2008, el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y el Derecho a la Identidad, cuya misión es la de “Asegurar para el año 2015, la universalidad, accesibilidad y de ser posible gratuidad del registro del nacimiento, a través del cual se asegura el derecho a la identidad, con énfasis en las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad”. Cabe mencionar que el Estado mexicano fue uno de los principales colaboradores en la estructuración de este programa.

Una de las principales resoluciones establecidas en el programa fue la siguiente:

“3. Alentar a los Estados Miembros a que continúen adoptando medidas orientadas a asegurar el pleno reconocimiento del derecho a la identidad, enfatizando que la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar que la persona no cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”

Para alcanzar esta meta se fijaron algunas acciones concretas entre las que destacan como sustento de la presente iniciativa las que a continuación se enlistan:

“Acciones concretas

1. Universalización y accesibilidad del Registro Civil y el Derecho a la Identidad

a. Los Estados garantizarán el acceso, sin discriminación, de todas las personas al registro.

...

c. Los Estados asegurarán el registro del nacimiento de todos los nacidos en su territorio nacional, independientemente del estatus migratorio de los padres del menor, de conformidad con la legislación de cada Estado.

2. Fortalecimiento de las políticas, las instituciones públicas y la legislación

a. Los Estados formularán y ejecutarán políticas, normas y otras medidas destinadas a eliminar prácticas de racismo, discriminación e intolerancia de sus sistemas de registro civil.”

Es por lo anterior que la presente iniciativa pretende eliminar la contradicción existente entre lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Nacionalidad, lo que a su vez representa un paso más en la lucha contra el sub registro poblacional en México.

III. Fundamento legal

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Asamblea la Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 7o. de la Ley de Nacionalidad

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 7o de la Ley de Nacionalidad

V. Ordenamientos a modificar

Ley de Nacionalidad.

VI. Texto normativo propuesto

...

Artículo 7o.Salvo prueba en contrario, se presume que el niño expósito hallado en territorio nacional ha nacido en éste y en consecuencia, es mexicano.

VII. Artículos transitorios

Artículo Primero. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.El Ejecutivo federal dispondrá que el texto integro de la exposición de motivos y el cuerpo normativo del presente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas radicados en los estados y el Distrito Federal y ordenara su difusión en sus comunidades.

Artículo Tercero.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de abril de 2013.— Diputada Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

MIGRANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE INGRESAN, PERMANECEN Y SE TRASLADAN EN EL TERRITORIO MEXICANO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la PGR a considerar la creación de una fiscalía especializada en atención de delitos cometidos contra migrantes nacionales y extranjeros en territorio mexicano, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI

Rodimiro Barrera Estrada, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es de marcada evidencia que derivado del artículo 1o. de la Convención Americana de los Derechos Humanos, suscrita en noviembre de 1969 por el Estado mexicano en la conferencia especializada interamericana en San José de Costa Rica, la actualización de nuestra norma suprema cobra vigencia a través de su reforma al artículo primero constitucional, elevando a la supremacía el respeto irrestricto de los derechos humanos y estableciendo de facto, la obligatoriedad del control de convencionalidad estipulado en el párrafo segundo del citado precepto.

Asimismo a través de lo establecido en el párrafo tercero del artículo precitado, la reforma constitucional estipula el carácter obligatorio para todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, indicando además la responsabilidad del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Dado que el artículo 2o. del también llamado Pacto de San José, que a la letra estipula “si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1o. no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”, además en el artículo 5o. de la convención citada establece que “ toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,  toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

La nueva Ley de Migración en su artículo 2o. sostiene como uno de los principios en los que debe sustentarse la política migratoria del estado mexicano, el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, sin distingo alguno.

Prosiguiendo con este orden de ideas, es factible señalar que sin lugar a dudas, con la nueva Ley de Migración y la reforma al artículo 1o. constitucional se presenta un gran avance en los ordenamientos jurídicos para la protección y salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes, lo que de manera histórica ha exigido el Estado Mexicano a través de la cancillería al gobierno de los Estados Unidos de América y que nos obliga en el contexto actual, a aplicar el conocido adagio que reza “el buen juez por su casa empieza”.

Es de trascendencia considerar y hacer visible la situación que  actualmente padecen los indocumentados, tomando en cuenta que el fenómeno migratorio en México se ha multiplicado y adquirido una complejidad mayor, rebasando inclusive los límites como tema de seguridad nacional, para convertirse en una industria del secuestro, maltrato, abuso y masacre de migrantes, con una ruta marcada de corrupción, por lo que resulta  indispensable la atención a este sector, a través de políticas públicas que tengan como fin a disminuir la incidencia de los delitos hacía el sector de migrantes.

Aún cuando la responsabilidad mayor recae sobre el Instituto Nacional de Migración, del cual se hace indispensable su renovación a una instancia moderna, eficiente, en este sentido, es necesario la participación de los tres órdenes de gobierno, para evitar los constantes ilícitos que se cometen en sus personas, por ello es necesario que la política migratoria del Estado mexicano, sea una política con visión de derechos humanos, que garantice el acceso de los indocumentados a la justicia.

Sólo por citar un dato “las migraciones masivas no comenzaron en este siglo, se calcula que entre 1846 y 1930 dejaron Europa unos 52 millones de personas de las cuales el 72 por ciento viajó a Estados Unidos, 21por ciento a América Latina y 1 por ciento a Australia, tal sólo por citar ejemplos generales de esta forma los flujos migratorios encuentran justificación en las necesidades del humano y la búsqueda por satisfacer a las mismas”.

“Setenta años después, las Naciones Unidas estiman que hay 191 millones de migrantes internacionales, incrementándose paulatinamente, en información reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se indica que en el siglo XXI, en lo particular en el año 2007, la migración permanente en los países desarrollados aumentó a una tasa anual aproximada del 10 por ciento”.

En la actualidad emigrar ya no es una opción sino un destino fatal para millones de personas, en México la delincuencia se ha apoderado de la migración de indocumentados, de las rutas de polleros, de los medios de transporte y desde luego del secuestro de migrantes, por lo que es urgente prevenir, atacar y reducir los delitos que se comenten en contra de los migrantes, y que mejor que con la creación de una Fiscalía que atienda esta problemática,  para revertir la incidencia delictual, haciendo posible que los migrantes tengan acceso a la justicia, y en consecuencia lograr que les sean respetados sus derechos humanos.

Por lo que el suscrito somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal y a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especializada en delitos cometidos contra los migrantes, con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros que ingresan, permanecen y se trasladan durante el territorio mexicano.

Notas:

1 J. Carpizo y D. Valadez, El voto de los maxicanos en el extranjero,Instituto de Investigaciones Jurídicas, segunda edición, México 1999, página 44.

2 Ídem.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.— Diputados: Rodimiro Barrera Estrada, Leobardo Alcalá Padilla (rúbricas).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Asuntos Migratorios, para dictamen.

REGLAS DE OPERACION DEL FONDO METROPOLITANO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la SHCP mayor participación de los ciudadanos en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, se contemple una mayor participación de los ciudadanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para la adecuada operación de diversos programas sociales así como de fondos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se expide por parte de la administración pública federal, las denominadas Reglas de Operación, que detallan la manera como dichos programas deben ejecutarse.

A partir del Presupuesto de Egresos de 2006 se asignaron recursos para el fondo metropolitano del Valle de México, en el ejercicio de 2007, adicionalmente, se canalizaron recursos a las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey. Sucesivamente, y derivado del crecimiento de los municipios y su urbanización, se han venido incorporando nuevas zonas hasta llegar a las 47 zonas que existen actualmente.

Para el PEF de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de abril de 2012, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, mismas que se siguen aplicando para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2013, ya que de conformidad con el artículo Primero Transitorio, se establece: “Las presentes reglas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se continuarán aplicando en los subsecuentes ejercicios fiscales, en lo que no se opongan a las disposiciones y normativas aplicables.” Luego entonces dichas reglas se aplican para el presente ejercicio fiscal al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.

En el actual ejercicio fiscal, se previó en el anexo 19. Programas del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, lo relativo a los fondos metropolitanos. En dicho anexo se contemplan 47 zonas metropolitanas en todo el país.

Una zona metropolitana es el “conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración.” (Reglas de Operación del Fondo Metropolitano.)

Para el logro de dicho fin, se establecieron las reglas de operación del Fondo Metropolitano, es el encargado de financiar la ejecución de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquellos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución, los cuales: a) demuestren ser viables y sustentables, b) orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio, c) impulsen la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; d) coadyuven a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, y e) incentiven la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

En las citadas reglas se establece que las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en las que se delimitara cada zona metropolitana que reciba recursos del Fondo Metropolitano, constituirán un consejo para el desarrollo metropolitano, que tendrá carácter estatal, donde las entidades federativas determinaran los mecanismos de participación de los municipios y un fideicomiso de administración e inversión, conforme a las disposiciones federales y locales aplicables.

El Consejo para el Desarrollo Metropolitano será un órgano colegiado que tendrá por objeto definir los objetivos, prioridades, políticas y estrategias para el desarrollo de cada zona metropolitana; será una instancia de interés público y beneficio social, que apoyará la planeación, promoción y gestión del desarrollo metropolitano y regional, y contribuirá a una adecuada coordinación intergubernamental para la ejecución de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, dirigidas a resolver de manera oportuna, eficaz, eficiente y estratégica, aspectos prioritarios para el desarrollo de las zonas metropolitanas, a través de los gobiernos locales competentes a los que se destinarán los recursos del Fondo Metropolitano.

Las Reglas de Operación señalan que las facultades del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, son las tendientes a eficientar los trabajos relacionados con las zonas metropolitanas, hacer transparente su operación y tomando en cuenta la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía.

Se indica que el Consejo para el Desarrollo Metropolitano se integre por funcionarios del máximo nivel posible para un adecuado funcionamiento y toma de decisiones, pero al mismo tiempo establece en el artículo 33 que “podrán participar todas las instancias del ámbito público, social y privado que se relacionen con la materia del objeto y funciones del consejo, tales como la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, las comisiones competentes del congreso local respectivo, las asociaciones o colegios de académicos, científicos, profesionistas, empresarios o ciudadanos, cuyos conocimientos y experiencia contribuyan a la eficaz y eficiente atención de los asuntos que se relacionen con el mismo.”

El Consejo de Desarrollo Metropolitano, se integrará, como mínimo, por los siguientes representantes o su equivalente, quienes tendrán el nivel de subsecretario o equivalente.

De las Entidades federativas:

a) Gobernador, quien presidirá el consejo;

b) Secretaría de Gobierno;

c) Secretaría de Hacienda;

d) Secretaría de Planeación y Desarrollo;

e) Secretaría de Desarrollo Metropolitano;

f) Secretaría de Desarrollo Social;

g) Secretaría de Medio Ambiente;

h) Secretaría de Obras; y

i) Comité Estatal para la Planeación del Desarrollo.

Del ámbito Federal:

j) Secretaría de Desarrollo Social (Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio); k) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Subsecretarías competentes).

Con lo anterior se concluye que, se hace presente la falta de representación directa de la ciudadanía en dicho consejo, para lo cual se hace la presente propuesta:

Con la finalidad de contribuir con la transparencia en la asignación de apoyos del Fondo Metropolitano, vigilancia del cumplimiento de los objetivos del proyecto y la rendición de cuentas, se debe incluir en el consejo a cinco ciudadanos destacados de cada uno de los municipios o demarcaciones territoriales que comprendan la respectiva zona metropolitana.

La elección de dichos ciudadanos será conforme a las propuestas que se presenten para tal fin siempre y cuando cuenten con conocimientos de la zona en cuestión, y sean habitantes de cada municipio y no tengan ningún cargo de dirigentes en algún partido político.

Con base en lo anterior se realiza la presente propuesta, que tiene como finalidad incorporar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del Consejo para el Desarrollo Metropolitano.

Por lo expuesto, se propone a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en la elaboración de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2013, se incorpore la participación de cinco ciudadanos de cada municipio o demarcación territorial de la zona metropolitana respectiva del Consejo para el Desarrollo Metropolitano.

Segundo. De la misma forma, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que elabore y publique cuanto antes las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.— Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

TARIFA HORARIO VERANO EN PERIODO PUNTA, PARA LA INDUSTRIA DE BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a publicar en el DOF un acuerdo que autorice modificar las tarifas de electricidad con la eliminación de mayo, junio y octubre como parte del lapso de aplicación de la cuota de horario de verano en periodo punta para la industria de Baja California, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que suscriben, David Pérez Tejada Padilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y los diputados por el Estado Libre y Soberano de Baja California: Adán David Ruíz Gutiérrez, Ana Lilia Garza Cadena, Andrés de la Rosa Anaya, Jaime Bonilla Valdez, Jaime Chris López Alvarado, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, María Carmen López Segura, María Fernanda Schroeder Verdugo, Mayra Karina Robles Aguirre, Miguel Alfonso Vildósola Lacarra, Ricardo Medina Fierro, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez; integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1 fracción II, y numeral 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

• Marco conceptual

Las tarifas eléctricas aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son un elemento importante del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mismo que ha evolucionado hasta formar un sistema integrado por regiones geográficas independientes, para lograr incrementar la capacidad de producción de energía eléctrica, así como para utilizar mayor tensión en las transmisiones y unificar la frecuencia 60 hertz (Hz).

Con relación a la regionalización del SEN, el país está integrado por siete zonas: centro, occidente, noroeste, norteste, sur-sureste, Baja California, Baja California Sur. Cabe destacar que tanto Baja California, como Baja California Sur, son las únicas regiones que no están interconectadas con la red nacional. No obstante, en lo relativo a Baja California, se encuentra interconectada al sistema eléctrico de la región occidental de Estados Unidos de América, situación que permite realizar operaciones de importación y exportación de energía.

Regionalizar las tarifas eléctricas es una necesidad que deriva de la naturaleza y circunstancias en que se da la producción, transmisión y consumo de la energía eléctrica, en las diversas regiones, climas, y momentos de demanda de energía eléctrica.

CFE utiliza una variedad de equipos en sus centrales con uso de diversos combustibles (fósiles, no fósiles, y de fuente renovable) así como tecnologías y sistemas para producir y transmitir la energía eléctrica, la cual, por su naturaleza, no puede almacenarse. En la producción de la energía eléctrica inciden factores económicos, sociales, climáticos, físicos, en consecuencia el costo de producción varía con base en la región en que se produce y consume, el clima en que se genera el consumo, y la intensidad o demanda de energía eléctrica.

La situación anterior es reconocida en la implementación de los periodos estacionarios (verano y no verano) y empleo de tarifas eléctricas horarias, aplicables a cada región que conforma el SEN.

Las tarifas eléctricas tienen tres funciones: financieras, económicas, y de política social. La función financiera, permite asegurar los costos de explotación e inversión. La función económica, permite promover la eficiencia del consumo de la energía e influir en el perfil de la demanda. La función político social se refiere a que la energía eléctrica en México representa un instrumento de gran peso en la económica y sociedad mexicana, forma parte de un servicio público y por lo tanto en la configuración de las tarifas eléctricas debe ser utilizadas como una herramienta para apoyar la competitividad de la industria mexicana y mejorar la distribución del ingreso.

Con fundamento en las tres funciones de las tarifas eléctricas, tenemos la razón de ser de la estructura tarifaria horaria:

El costo del kilowatt por hora no es igual, varía en cada hora, día, semana, con base en los requerimientos de la demanda, región en la que se genera la demanda, por lo cual el precio de la energía eléctrica represente la venta de una curva de carga. Se regula de conformidad con la oferta a la demanda de energía eléctrica.

CFE en su estructura tarifaria busca cumplir con los siguientes requisitos:

Neutralidad: lo que comprende que las tarifas eléctricas deben dar igual tratamiento para los usuarios ante costos iguales en su producción y distribución para CFE.

Costo marginal: consiste en que las tarifas debe reflejar un mayor costo cuando efectivamente el usuario use una unidad adicional de energía eléctrica en sus actividades industriales, en consecuencia el costo marginal debe reflejar un cambio efectivo en la estructura del consumo.

La estructura tarifaria presenta varias clasificaciones una ella es la tarifa general para la industria, la cual se divide la forma siguiente:

• Generales en media tensión (industrial): O-M, H-M y H-MC.

• Media tensión con cargos fijos: OMF, H-MF y H-MCF.

• Generales en alta tensión: HS, HS-L, HT y HT-L.

• Alta tensión con cargos fijos: HSF, HS-LF, HTF y HT-LF.

• Respaldo en media tensión: HM-R, HM-RF y HM-RM.

• Respaldo en alta tensión: HS-R, HS-RF, HS-RM, HT-R, HT-RF y HT-RM.

• Servicio interrumpible: I-15 e I-30.

Adicionalmente a lo anterior, la estructura tarifaria refleja las normas mexicanas en lo relativo a reserva de planeación (6 por ciento) sobre el total de su capacidad enviar una señal tarifaria de contenido económico, para regular la demanda de energía eléctrica en determinadas horas, a fin de conservar un margen de reserva, así como prever los mantenimientos necesarios a las instalaciones de CFE y los productores independientes de energía.

Esta señal tarifaria se logra mediante el establecimiento de los horarios pico, semipico y base.

Tarifa horaria general servicio de alta tensión. Es esta tarifa horaria, donde se aplica e impacta el periodo pico por consumo de energía eléctrica en la industria mexicana, durante el verano.

Las reglas que conforman la aplicación de esta tarifa horaria están contenidas en los diversos acuerdos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Planteamiento

Es importante mencionar que aunque se han realizado diversas modificaciones a las tarifas eléctricas que contienen reducciones de 50 y 15 por ciento en la facturación incremental por demanda y energía de punta, respectivamente, para los usuarios de las tarifas horarias en alta tensión que incrementen su demanda y consumo de energía en el periodo de punta, a partir de enero de 2012 Baja California, sin razón alguna no fue incluida en tales beneficios.

Efectivamente, si bien la base de horario punta en verano es reflejar los costos marginales de producción, así como regular la demanda para conservar el margen de reserva de planeación, es el caso que derivado de un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Baja California, encontramos serias discrepancias, las cuales no justifican el establecimiento de cuadros del horario punta, asimismo la división de CFE en Baja California, proporcionó información de carácter oficial donde nos presenta los más recientes datos estadísticos: la reserva de planeación fue de 19.47 por ciento (misma que se compone por el rubro de decrementos que fue de 1.65 por ciento, contingencia 11.6 por ciento, regulación 1.11 por ciento y clima 5.10 por ciento).

Sobre el particular tenemos dos anotaciones, en primer lugar la norma nacional es de 6 por ciento, y la referencia de la norma internacional que aplica el sistema eléctrico del oeste de Estados Unidos de América, es de 15 por ciento.

No obstante, esta reserva de planeación tan alta en 2010 y 2011, tenemos información oficial que los datos duros de la demanda en Baja California sólo rebasó la línea de la reserva algunos días en los meses de julio, agosto y septiembre, siendo importante notar que la disminución de la reserva en varias ocasiones está motivada por una disminución en la oferta por mantenimientos importantes.

Asimismo tenemos indicadores en los que el periodo de 2010-2012, sólo una hora se alcanzó la demanda a la máxima capacidad con base en la curva de duración de la carga, además durante los meses de mayo, junio y octubre, la demanda máxima está muy por debajo de la capacidad instalada incluyendo la reserva de planeación.

Por lo que se refiere a las importaciones que CFE realiza para cubrir demandas de energía, resulta que el costo de importación de energía es significativamente menor a los precios de venta a los industriales de Baja California, en dichos periodos punta (46 dólares estadounidenses promedio en 2011, sin incluir porteo, contra 166 dólares estadounidenses precio tarifa a usuario industrial Baja California).

También es importante considerar que es procedente incorporar en la Estructura de las Tarifas Eléctricas, situaciones político sociales y ecológicas, como lo es que Baja California y en especial Mexicali y Valle de Mexicali, son líderes productores a nivel nacional de energía geotérmica, asimismo apuntala el hecho de representar el cuarto país a nivel mundial en potencia de generación instalada, según informe preparado por la Comisión Reguladora de Energía, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en 2011, situación que a la fecha no es reconocida dentro de la estructura de tarifas.

Que es parte de la política del Partido Verde Ecologista de México, apoyar el crecimiento de la industria, el uso de energías limpias, disminuir los impactos ambientales, promover el crecimiento verde y la lucha contra el cambio climático, así como el desarrollo de energías renovables, la promoción del ahorro de energía y potenciar la industria nacional.

Por lo cual y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, no obstante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la información y elementos suficientes, no se ha emitido un acuerdo que autorice la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, modificando la tarifa eléctrica aplicable a Baja California, eliminando el periodo punta en los meses de mayo, junio y octubre, por lo cual conforme a lo expuesto me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que lo antes posible, publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, eliminando los meses de mayo, junio y octubre como parte del periodo de aplicación de la tarifa horario de verano en periodo punta para la industria de Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.— Diputados: David Pérez Tejada Padilla, Adán David Ruíz Gutiérrez, Ana Lilia Garza Cadena, Jaime Bonilla Valdez, Jaime Chris López Alvarado, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, María Carmen López Segura, María Fernanda Schroeder Verdugo, Mayra Karina Robles Aguirre, Miguel Alfonso Vildósola Lacarra, Ricardo Medina Fierro, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez  (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

REGLAMENTO DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a considerar la actualización del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, a cargo de la diputada María Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del PRI

María Leticia Mendoza Curiel, diputada federal, integrante de la LXII Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a actualizar el reglamento de asociaciones de padres de familia en el marco de la reforma educativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La última reforma constitucional en materia educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, constituye indudablemente un gran avance en el camino de los cambios estructurales que se requieren para aspirar a una mejor generación de mexicanos y un mejor país.

Las nuevas disposiciones establecidas en dicha reforma, obligan a replantear una gran diversidad de temas que han quedado pendientes en la agenda educativa y que requieren de modificaciones en los ordenamientos normativos correspondientes para hacer realidad el objetivo de alcanzar una mayor calidad en la educación.

Es indudable que la Ley General de Educación tendrá que ser reformada en todos los aspectos necesarios que coadyuven a lograr los objetivos planteados en la reforma constitucional. Al respecto, los principios jurídicos que rigen el comportamiento de los actores involucrados en la educación básica, deberán ser parte de los cambios esenciales a realizarse en las leyes secundarias establecidas para ello.

Uno de los actores implicados en la educación de los niños que cursan el nivel básico, son sin duda, los padres de familia o tutores cuya colaboración constituye un pilar fundamental para alcanzar las metas planteadas en cualquier reforma educativa que se desee implementar en una nación. Su participación activa en las decisiones que buscan mejorar el desempeño de los educandos, resulta de vital importancia en el marco de una participación social que involucre a las autoridades educativas, maestros, padres de familia o tutores y alumnos; además de los actores que integran el entorno de la comunidad escolar.

La aportación de los padres de familia en la tarea educativa es una de las prioridades establecidas recientemente por la propia Organización de Estados para la Cooperación Económica (OCDE) en materia educativa, al sugerir a las autoridades escolares de los Estados miembros, mayores esfuerzos para construir redes que promuevan la comunicación entre la escuela y los padres de familia por el bien de los estudiantes (OECD, 2012: Education Today 2013: The OECD Perspective).

En México, los dispositivos vigentes para que los padres de familia puedan colaborar con las autoridades educativas al interior de los planteles escolares son los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) y las Asociaciones de Padres de Familia (APF); las últimas constituyen el vínculo más directo de las escuelas con el entorno familiar de los estudiantes.

La integración y funcionamiento de los CEPS quedaron establecidos con el Acuerdo 535 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Junio de 2010, pero las Asociaciones de Padres de Familia aún operan con un marco normativo bastante obsoleto cuyo Reglamento data del 31 de marzo de 1980, el cual fue publicado el 2 de abril del mismo año en el Diario Oficial de la Federación con una única reforma publicada el 16 de octubre de 1981. Las reformas que se han llevado a cabo en la Ley General de Educación, el nuevo Acuerdo 535 y la reciente reforma constitucional en materia educativa han rezagado en gran magnitud al reglamento que rige el funcionamiento de las APF, y con ello, el surgimiento de muchos problemas por la falta de su adecuación a las transformaciones en la política educativa nacional.

Por un lado, la mayoría de las APF en México han mantenido una actitud pasiva al participar sólo en las asambleas convocadas, generalmente por el director del plantel, y no por iniciativa de los propios miembros de las asociaciones o por integrantes de las mesas directivas. Además, raramente realizan reuniones de trabajo para planear y discutir los asuntos que competen a la calidad de la educación y otros de similar relevancia, ya que generalmente se asiste a reuniones de trabajo convocadas por las autoridades educativas del plantel escolar para tratar como asunto principal el financiamiento a las necesidades de infraestructura y mantenimiento de las instalaciones escolares.

Por otro lado, existe una inconformidad generalizada de los padres de familia por la falta de transparencia sobre las actividades que realizan las APF al interior del plantel escolar y el manejo de los recursos financieros obtenidos por la vía de las cuotas voluntarias y/o cooperativas escolares. La falta de regulación en estos aspectos ha generado una gran opacidad sobre la operatividad que realizan los miembros de estas asociaciones y el destino real de las aportaciones en dinero o especie por parte de los padres de familia.

Así las cosas, para fomentar una participación más activa de las APF, se requiere de un fortalecimiento de los vínculos de trabajo de estas asociaciones con los CEPS de acuerdo con algunos lineamientos del Acuerdo 535. La comunicación armoniosa entre estas dos asociaciones relevantes en materia de participación social al interior de los planteles escolares, resulta fundamental para que se concrete una reforma educativa en beneficio de la educación de calidad en México, tal y como lo establece el Art. Quinto transitorio del Decreto publicado el 26 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación:

Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente:

I. y II. ...

III. Las adecuaciones al marco jurídico para:

a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

El fortalecimiento del trabajo coordinado entre las APF y los CEPS en el reglamento de las APF, propiciaría mejores condiciones de participación social, y con ello, auguraría una mayor efectividad en la implementación de políticas públicas enfocadas a mejorar la calidad de la educación, asegurar una alimentación saludable y nutritiva y rescatar la formación de los valores, tal y como lo establecen, el párrafo tercero; el párrafo segundo y la fracción II inciso c) del Art. 3° Constitucional y; el Quinto transitorio fracción III, inciso c), que a la letra señalan:

Párrafo tercero:

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Párrafo segundo y fracción II inciso c):

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

Quinto transitorio fracción III, inciso c):

Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente:

III. Las adecuaciones al marco jurídico para:

c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

Lo anterior significa que el reglamento de APF deberá reflejar un trabajo colaborativo y estrecho entre las propias APF y los CEPS, especificando las atribuciones -tanto de los miembros como de las mesas directivas de las APF- que les permita realizar actividades orientadas a la consecución de los objetivos de la reforma educativa dando prioridad a la calidad de la educación, la formación de valores y la alimentación sana y nutritiva.

Las actividades que realizan las mesas directivas de las APF y el manejo de los recursos financieros constituyen otro de los ejes por clarificar en el reglamento de dichas asociaciones. Uno de los problemas más recurrentes que se han suscitado como resultado de las demandas de los padres de familia en todo el país, corresponde a los constantes abusos relacionados con las “cuotas voluntarias” y las “cooperativas escolares”. Los altos cobros injustificados, los métodos coercitivos para realizarlos, la deplorable calidad de los servicios que prestan las cooperativas, especialmente cuando se trata de alimentos y la falta de transparencia, constituyen las denuncias principales ante diferentes instancias de gobierno y medios de comunicación.

Las deficiencias en infraestructura en muchos planteles escolares y la falta de mecanismos para transparentar los ingresos obtenidos ha dado pie para que, en muchos casos, los directores de los planteles escolares de escuelas públicas, consideren estos recursos como su “caja chica” con la complacencia de las mesas directivas de la asociaciones de padres de familia para financiar inversiones en infraestructura física, comprar materiales y accesorios, y otros usos discrecionales de los que nunca se informa o se rinde cuentas. Por ello, algunos de estos directivos llegan al extremo de condicionar las inscripciones o entrega de boletas escolares a cambio del pago de dichas cuotas, violando así el precepto constitucional en su Art. 3° fracción IV, que a la letra dice:

Artículo 3o.

IV “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;”.

La falta de información en las escuelas de educación básica en todo el país sobre la operatividad interna de las APF, la cantidad que recaudan por cuotas escolares y el uso que le dan a los recursos financieros, imposibilitan estimar con precisión el tamaño del problema. El 4 de octubre de 2009, el periódico “El Universal” realizó una denuncia pública sobre la red de intereses que propiciaba desviación de fondos de las asociaciones de padres de familia; en él destacaba que “en las escuelas públicas de educación básica en México cada año se recaudan más de 17 mil millones de pesos a través de “cuotas voluntarias”, comedores y tiendas o cooperativas, los cuales son manejados en su gran mayoría con discrecionalidad en beneficio personal o incluso hurtados por directores de planteles o integrantes de asociaciones de padres de familia”.

A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guanajuato bajo el expediente de queja 345/06-S emitió una recomendación al Secretario de Educación de la entidad para implementar mecanismos y acciones tendientes a evitar situaciones irregulares provocadas por las llamadas “cuotas voluntarias”. El argumento central de dicha recomendación fueron las denuncias constantes de los padres de familia al ser condicionados o amenazados de no entregarles boletas de calificaciones o no inscribirlos en el siguiente ciclo escolar con el fin de utilizar dichas cuotas en beneficio de los planteles escolares pero, el propio organismo reiteró que tal función le correspondía en forma primigenia al Estado.

En efecto, la inversión en infraestructura y el mantenimiento físico de las escuelas públicas de educación básica es una de las atribuciones inherentes a la función del Estado, razón por la cual se agregó el Párrafo Tercero al Art. 3° Constitucional, en el Decreto de reforma publicado el 26 de febrero de 2013, y que a la letra dice:

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.”

En este sentido, la reforma constitucional al Art. 3° resuelve en parte, lo que se planteó en la iniciativa de reforma de la Ley General de Educación presentada el 23 de noviembre de 2004 en esta H. Cámara de Diputados (Gaceta Parlamentaria 1632-I) en la que revelaba que la falta de claridad en la normatividad generaba situaciones de fraude y engaño al condicionar el servicio educativo público a cambio de realizar mejoras en los planteles escolares con lo recaudado de las cuotas voluntarias, exponiendo como ejemplo el caso de Guanajuato donde se presentaron más de 100 casos documentados en ese mismo año.

Esta misma problemática derivada de las “cuotas escolares” también ha sido ampliamente analizada y discutida a través de diferentes puntos de acuerdo en el Senado de la República, como el del Senador Adrián Rivera Pérez (publicado en la Gaceta del 6 de marzo de 2012), Diputado Balfre Vargas Cortez (publicado en la Gaceta el 23 de junio de 2010), Dictámenes a discusión por la Segunda Comisión (publicados en la Gaceta el 14 de julio de 2010 y 29 de julio de 2009) y el Senador Tomás Torres Mercado (publicado el 22 de Agosto de 2012) entre los más recientes.

Al respecto, la reforma al Art. 3° Constitucional viene a fortalecer a la Ley General de Educación que en su art. 67, fracción III referente al objeto que tienen las Asociaciones de Padres de Familia, en el cual se establece:

III. Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar;

Lo anterior significa que las autoridades escolares, por ningún motivo podrán obligar o ejercer presión alguna para que los fondos recaudados de los padres de familia a través de las “cuotas voluntarias” sean utilizados para las prioridades que los directores discrecionalmente decidan, cuando las propias APF cuentan con su propio plan de actividades con objetivos de trabajo específicos que también requieren financiamiento.

Por ello, es necesario establecer claramente en el reglamento citado, que las autoridades escolares, en este caso los directores de los planteles escolares o quien ejerza esa función, en ningún momento podrán condicionar o utilizar métodos coercitivos en el uso de las cooperaciones en numerario y de bienes y servicios propiedad de las asociaciones de padres de familia para construcción de infraestructura o para mejoras de las instalaciones escolares.

Lo anterior debe fortalecerse con el tema de la transparencia en el uso de estos recursos por parte de las APF, cuya regulación también se encuentra ausente en el propio Reglamento de las APF. El establecimiento de la obligatoriedad de transparentar los recursos, los mecanismos para llevarla a cabo y el establecimiento de un sistema de sanciones, son indispensables en la norma reglamentaria para disminuir en gran medida los abusos que hasta ahora han sido reclamados por los padres de familia al inicio de cada ciclo escolar.

Además de lo anterior, es importante integrar como parte de los derechos de los miembros de las APF el de conocer por parte de los directores de los planteles escolares, información relacionada con las cooperativas y comedores escolares como la contratación de proveedores, la calidad y precio de los productos ofrecidos, especialmente cuando se trata de alimentos y el uso de los recursos obtenidos; así como toda la información necesaria para al registro de la APF ante las autoridades educativas estatales y federales.

Como parte de los mecanismos para crear la cultura de la transparencia en las APF, también resulta indispensable establecer en el reglamento correspondiente, las responsabilidades de cada uno de los integrantes de las mesas directivas (presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales); con ello, se fortalecen de manera colateral las actividades de planeación y el desempeño de sus funciones, al generarse planes de trabajo e informes de actividades y financieros, así como acciones de coordinación con las autoridades escolares en las áreas prioritarias de la políticas educativa nacional que pueden atender de manera coordinada con los organismos escolares designados para fomentar la participación social como los CEPS.

Finalmente, para llevar a cabo una actualización integral del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, se propone reubicar en el mismo reglamento, las atribuciones de las asociaciones de la educación para adultos y adecuar la terminología del tipo de asociaciones que los representan. Al respecto, el Reglamento vigente generaliza las asociaciones de padres de familia incluyendo a los centros de educación para los adultos; sin embargo la normatividad del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) no establece esta figura de participación social; la representación más cercana que menciona es la llamada “figura solidaria”, la diferencia es que ésta no refiere a padres o tutores sino asesores. Por ello, se propone integrar en el reglamento a las “figuras solidarias” en sustitución de los padres de familia o tutores con derechos para constituir asociaciones pero con las atribuciones que se establecen en el Capítulo Sexto para el caso de las Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria, cuyo objetivo principal es igual que el del INEA: disminuir el rezago educativo.

Por todo lo anterior, es indudable que el Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia requiere de una actualización profunda que tome en cuenta las reformas realizadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en La Ley General de Educación (todavía Ley Federal de Educación en el reglamento de APF) y los lineamientos del Acuerdo 535.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputado, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Educación Pública para que, en el marco de la reforma educativa, se considere llevar a cabo la actualización del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia como parte de las modificaciones a los diferentes ordenamientos normativos en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2013.— Diputados: María Leticia Mendoza Curiel, Leobardo Alcalá Padilla (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, a cargo de la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Leticia López Landero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir el reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

El 14 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la entrada en vigor de dicha norma significó un avance histórico en la lucha a favor de la libertad y la dignidad del hombre y la mujer.

Con ella, se han abierto grandes expectativas en el combate de delito de trata de personas, el cual es un grave problema social que lamentablemente forma parte de la realidad cotidiana de nuestra sociedad. Pero lo más grave es que es un crimen que lastima lo más valioso de cualquier sociedad, a las personas, sin importar edad o condición social, o cualquier otra situación, daña a todos por igual.

La trata de personas tiene como raíz y consecuencia otra serie de delitos o condiciones a los cuales está asociada; problemas como la desintegración familiar, violencia, impunidad, pobreza, acoso, bullying, corrupción, adicciones, inseguridad, desempleo y bajo nivel educativo, entre otras. O delitos tales como la delincuencia organizada, el secuestro, narcotráfico, feminicidios, cobro por derecho de piso, extorsión, prostitución, piratería, entre otros.

Existen criminales sin escrúpulos que se dedican a secuestrar, a robar, a esclavizar jóvenes y a niños, a mujeres. Criminales que los arrebatan del seno de sus familias, a través de la violencia o del engaño; que las obligan a prostituirse, a trabajar, a pedir dinero en las calles; a soportar golpes y constantes amenazas y maltratos.

Las víctimas de trata se localizan en un escenario poco favorable para ejercer sus derechos, generalmente este tipo de delitos se comete en un contexto de impunidad y de cierta tolerancia social, por tanto, rara vez se castiga. Las víctimas no conocen sus derechos, o se encuentran amenazadas, ya que en muchos casos son rehenes de la delincuencia organizada. La trata de personas es uno de los delitos que más ofende a la sociedad y que más daña a la dignidad humana, y debe ser combatido con todo el poder del Estado.

En nuestro país el problema es serio, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), y el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, México está catalogado como fuente, tránsito, y destino para la trata de personas para los propósitos de la explotación sexual comercial y del trabajo forzado. Siendo los grupos más vulnerables a ser víctimas de este delito las mujeres, los niños, las personas indígenas, y los migrantes indocumentados.

En México, se estima que cada año 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual, 85 mil son usados en actos de pornografía y en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual.

En el mismo sentido, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el 50 por ciento de las víctimas de trata son niños y niñas; a quienes arrebatan del seno de sus familias, para ser traficados y explotados sexual y laboralmente, principalmente. Tan sólo en el país el turismo sexual infantil ha tenido un alza en ciudades como Acapulco y Cancún, y en zonas fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez.

En las fronteras el delito se agrava, los migrantes que ingresan a territorio mexicano son presa fácil de las redes de organizaciones criminales, por ello, no resulta extraño que las víctimas tratadas en el país sean extranjeras, provenientes de América Central, particularmente Guatemala, Honduras, y El Salvador, y su destino sea el comercio sexual, en países como Estados Unidos, Canadá, e incluso Europa en menor medida.

De acuerdo con el diagnóstico (Human Trafficking Assesment Tool) realizado por la American Bar Association (ABA), en México, se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas sexual y laboral.

Desde 2007, el país cuenta con un marco jurídico en materia de trata de personas, pero a pesar de ello y de ser una de las naciones que ha firmado todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en la materia, hay en el país sólo cuatro personas sentenciadas en el fuero federal por este delito y 9 en el fuero común.

En junio del 2012, se actualiza el marco jurídico vigente a la fecha, se crea la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a efecto de hacer cumplir el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, señala que en el país todo individuo gozará de las garantías que la misma otorga, y prohíbe la esclavitud, salvaguardando la dignidad humana como valor intrínseco e inalienable de todo ser humano. Estableciendo atribuciones para los gobiernos municipales y estatales, un esquema de corresponsabilidad, enfoque de perspectiva de género, y pleno respeto a los derechos humanos.

Dicha Ley abrogó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial el 27 de noviembre de 2007. Con esta nueva ley tenemos un marco jurídico para combatir más eficazmente la trata de personas.

En dicha ley se establece que la Federación, los estados y los municipios, el Distrito Federal, están obligados a coordinarse para prevenir la trata. Y por tratarse de una ley de carácter general, las autoridades de todos los niveles de Gobierno estamos obligadas a atenderla.

Los Ministerios Públicos y los policías deben actuar de oficio contra este delito. No es necesario de que haya una denuncia, el solo hecho de conocer la existencia de esta conducta, obliga a los policías y a Ministerios Públicos a investigarla y, dado el caso, a sancionarla.

Además, la ley define con mucha amplitud, en qué consiste la trata de personas. Define en qué consiste el tipo delictivo, sus diversas modalidades y cómo debe sancionarse.

Asimismo, se establecen sanciones, también, a quienes contraten espacios en periódicos o en páginas de Internet para publicar anuncios que promuevan la trata de personas. Se regula la reparación del daño a las víctimas, de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva.

Se instituyen competencias para coordinar a las autoridades en materia de protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

En suma, con esta ley, contamos con una legislación moderna y sólida para combatir este grave flagelo. Los legisladores atendieron el justo reclamo de miles de personas desde la sociedad, que exigían una legislación estricta en esta materia. Esta ley cierra lagunas legales que, por supuesto, eran aprovechadas por los delincuentes para actuar en franca impunidad.

Sin embargo, la operación de la nueva ley se ha visto limitada en función de que su reglamento aún no ha sido emitido, aún cuando se estableció en el cuarto transitorio del decreto que el Ejecutivo Federal contaría con 90 días a partir de su publicación para emitir el Reglamento de la misma. Dicho plazo se cumplió desde el pasado 2012, sin que a la fecha exista dicho reglamento.

Lo anterior, implica un desfase de 298 días sin reglamento de la ley en comento, ignorando lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de la ley.

Dicha situación genera incertidumbre jurídica no podemos darnos el lujo de permitir. Se debe subsanar esta situación, ya que quien padece la trata de personas es víctima de una verdadera esclavitud que debemos combatir con toda firmeza.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que en el ámbito de sus atribuciones y en cumplimiento del mandato expreso del artículo cuarto transitorio del decreto de Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, emita el Reglamento correspondiente a dicha ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.— Diputada Leticia López Landero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen y a la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, para opinión.

ENFERMEDADES TERMINALES Y CRONICO DEGENERATIVAS, EN LA REGION DE TIERRA CALIENTE Y COSTA DEL ESTADO DE MICHOACAN

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar por la Secretaría de Salud medios especiales para atender a personas que presentan impedimentos económicos y enfermedades terminales y crónico-degenerativas en la región de Tierra Caliente y costa de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI

Rodimiro Barrera Estrada, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1o., 2o. y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción II, 80, 81, 84, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo “por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se diseñen mecanismos especiales para la atención de las personas con impedimentos económicos y que padecen enfermedades terminales y crónico degenerativas, habitantes de la región de Tierra Caliente y Costa del estado de Michoacan”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La prevención y atención de enfermedades es un derecho de todos los que habitamos el Estado Mexicano, pero ¿cómo lograr su cobertura total, esa es la pregunta? si no se está asegurado por el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, se tienen pocas alternativas, y si bien es cierto que en los últimos años se han hecho importantes esfuerzos, para lograr la cobertura total en cuanto a la seguridad social con la implementación del Seguro Popular, no fue suficiente, además de que dicho seguro en la mayoría de los hospitales y clínicas no cuentan con la infraestructura necesaria, equipos, personal especializado y medicamentos, aunado a que la mayoría de las clínicas están muy distantes de los centros de población.

Claro está, que el cuasi seguro popular en la mayoría de los casos cobran por el servicio, lo cual resulta totalmente contradictorio con el objetivo principal para el cual fue creado, “ atender a las familias de escasos recursos y personas que trabajan por cuenta propia tenga la seguridad que cuando se enfermen no tendrán que preocuparse de cómo pagar la atención médica ni los medicamentos”.

Como puede apreciarse y verse en el contexto actual de nuestra Nación, la cobertura total en materia de seguridad social, es por demás ficticia, tal y como se nos trató de hacernos creer a partir de la alternancia en el poder, lo cierto es que no se ha dado cumplimiento a lo mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo cuarto establece que “... toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Ante este panorama poco alentador, tiene aparejado un problema quizá, todavía mayor como lo es el panorama epidemiológico que a nivel nacional ha dejado atrás las enfermedades transmisibles agudas, para dar paso a la predominancia de las llamadas enfermedades crónicas degenerativas. Las cuales tienen graves efectos en quienes las padecen, pues van mermando su salud en ocasiones de manera casi imperceptible, pero si no son atendidas de manera debida, pueden concluir fácilmente en la muerte del paciente.

Dentro de las diferentes enfermedades crónicas degenerativas, una de las más gravosas para los pacientes y sus familias, es la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), que puede tener su origen en la diabetes y la hipertensión arterial, enfermedades que tienen como característica el avance silencioso, en razón de que los pacientes no la perciban, hasta que el daño a los riñones sea irreversible, por lo que es necesario un tratamiento de diálisis y hemodiálisis, ante la falta de donadores de riñón, y de servicios médicos cerca de los centros de población y comunidades más cercanas.

En el caso de Michoacán, dada su orografía, las distancias que existe en la mayoría de las poblaciones cercanas a los centros, clínicas u hospitales, que brindan el servicio de salud pública, es de por lo menos cuatro horas de recorrido por vía terrestre, en razón de que estos centros de salud, por lo general se encuentran en las capitales de los estados.

Además la mayoría de sus derechohabientes son de escasos recursos, y debido a que el tratamiento de diálisis y hemodiálisis, consiste en un mínimo de tres sesiones semanales, es por demás inverosímil y oneroso cumplir con el tratamiento, en razón de que el costo estimado por la atención de un paciente con Insuficiencia Renal Crónica (IRC), ronda alrededor de cuatro mil quinientos pesos en moneda nacional, acorde a los estudios realizados por la Facultad de Medicina de la UNAM, sin considerar los medicamentos que son complementarios al tratamiento mencionado o a los otros padecimientos que pudieran presentar los pacientes, lo cual conlleva a gastos mensuales de por lo menos quince mil pesos en moneda nacional, sin considerar los gastos de alimentación y traslados, que por cierto tienen que realizarse para dos personas al menos, pues después de una sesión de hemodiálisis el paciente no puede abandonar la clínica por sus propios medios, por lo cual los costos para la atención de estas enfermedades son mayores a los veinte mil pesos en moneda nacional.

Además de lo anterior se recomienda estar un tiempo en reposo, en virtud de que es habitual la sensación de cansancio durante unas horas, y al tenerse que trasladar en más de tres ocasiones a la semana a los hospitales donde se les da la atención, les ocasionan un desgaste emocional, físico y sobre todo económico, que trae como consecuencia que los tratamientos en muchas ocasiones no se lleven a cabo debidamente.

No obstante que esta problemática se presenta a nivel nacional, acorde a la tasa de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este problema representa para los habitantes de la región de tierra caliente y costa del estado de Michoacán, en tal sentido acorde a la última información publicada por el INEGI, respecto del año de dos mil once, el nivel de casos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en el estado de Michoacán ha crecido, representando un total de once mil novecientas veinte muertes, sin contar otras enfermedades que requieren de especialidad, tales como enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos y enfermedades del hígado, entre otras que también han tenido un crecimiento del 30% anual en los casos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC).

Tabla de mortalidad del estado de Michoacan del año 2011

Principales causas: Defunciones

Total: 590,693.00

Enfermedades del corazón a: 105,710.00

Enfermedades isquémicas del corazón: 71,072.00

Diabetes mellitus: 80,788.00

Tumores malignos: 71,350.00

Accidentes: 36,694.00

De tráfico de vehículos de motor: 16,612.00

Enfermedades del hígado: 32,728.00

Enfermedad alcohólica del hígado: 12,162.00

Enfermedades cerebrovasculares: 31,235.00

Agresiones: 27,213.00

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 18,487.00

Influenza y neumonía: 15,034.00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal b: 14,825.00

Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal: 6,626.00

Insuficiencia renal: 11,920.00

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: 9,527.00

Desnutrición y otras deficiencias nutricionales: 7,977.00

Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma: 5,718.00

Lesiones autoinfligidas intencionalmente: 5,481.00

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana: 5,043.00

Septicemia: 3,978.00

Anemias: 3,455.00

Enfermedades infecciosas intestinales: 3,379.00

Síndrome de dependencia del alcohol: 2,487.00

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte: 11,297.00

Las demás causas: 86,367.00

Fuente: Inegi.

Si desea obtener más información acerca de las principales causas de mortalidad por entidad federativa, edad y sexo, se sugiere consultar el tabulado Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido, donde podrá generar de manera dinámica la combinación de variables de su preferencia, con datos de periodos anteriores.

Como puede apreciarse es urgente la atención de este sector de la población, de recibir atención especializada para los enfermos de Insuficiencia Renal en sus comunidades, en razón de que de acuerdo al presupuesto 2013, no se destinó recurso para la construcción de algún centro o centros de especialidades que queden estratégicamente cerca de los centros de población y sus alrededores en donde se está presentando dicha incidencia.

Por lo antes expuesto y afecto de que se dé cumplimiento a lo mandatado por el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud que pueden establecerse entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73”...(sic) de nuestra Ley Fundamental el cual prevé que el Congreso de la Unión, tiene la facultad de “ dictar leyes... sobre salubridad general de la República”... (sic), para lo cual existe un Consejo de Salubridad General que dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país, sometemos a consideración de esta soberanía, con el carácter la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se diseñen mecanismos especiales para la atención de las personas con impedimentos económicos y que padecen enfermedades terminales y crónico degenerativas, en la región de tierra caliente y costa del estado de Michoacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.— Diputados: Rodimiro Barrera Estrada, Leobardo Alcalá Padilla (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

PROGRAMA ESPECIAL QUE ATIENDA LA REDUCCION DE CONSUMO DE ENERGIA EN LAS INSTALACIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a instruir la creación e implantación de un programa especial que atienda la reducción de consumo de energía en las instalaciones de esta soberanía, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN

Erick Marte Rivera Villanueva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a destinar recursos del presupuesto asignado a esta H. Cámara de Diputados a efecto de crear e implementar un programa de ahorro, eficiencia energética y utilización de energías renovables en las instalaciones a cargo de la Secretaria General, al tenor de las siguientes consideraciones:

Actualmente la energía eléctrica se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Sin ella, no alcanzaríamos a imaginar los niveles de progreso que nuestro planeta ha alcanzado.

La energía eléctrica que utilizamos, está sujeta a distintos procesos de generación, transformación, transmisión y distribución, unos naturales y menos costosos, otros sumamente complicados y caros. Así pues, no es lo mismo generar electricidad mediante combustibles fósiles que con energía solar o nuclear, o transmitir la electricidad generada por pequeños sistemas eólicos y/o fotovoltaicos que la producida en las grandes hidroeléctricas, que debe ser llevada a cientos de kilómetros de distancia y a muy altos voltajes.

En México utilizamos energía eléctrica de 110 voltios en nuestros hogares, en la industria y otras actividades se emplean, hasta 220 voltios, e incluso voltajes superiores para mover maquinaria y grandes equipos. En países europeos lo normal es el uso de 220 voltios para todos los aparatos eléctricos del hogar.

Es importante señalar que la energía eléctrica se mide en Watts-hora. El Watt es una unidad de potencia y equivale a un Joule por segundo. Para efectos prácticos, en nuestra factura de consumo de energía eléctrica se nos cobra por la cantidad de kilowatts-hora (kWh) que hayamos consumido durante un periodo determinado (generalmente, dos meses).

Algunas equivalencias nos muestran pueden ser que un kilowatt-hora equivale a la energía que consumen:

• Un foco de 100 watts encendido durante diez horas

• 10 focos de 100 watts encendidos durante una hora

• Una plancha utilizada durante una hora

• Un televisor encendido durante veinte horas

• Un refrigerador pequeño en un día

• Una computadora utilizada un poco más de 6 horas y media

En nuestro país, los edificios públicos son altos consumidores de energía eléctrica

Por ejemplo; en el caso de la H. Cámara de Diputados durante 2012 consumió 10, 817, 258 KWHy gasto más $ 20, 284, 379. 42 de pesos en Energía Eléctrica

México cuenta con el potencial para generar energía eléctrica sustentable, y ser autosuficiente, además de exportarla. Las condiciones atmosféricas y geográficas para generar electricidad aprovechando el viento es de alrededor de 40 mil megawatts, equivalentes a la energía eléctrica que produce la CFE.

Es importante mencionar, que dentro de la generación de energía eléctrica la quema de combustibles fósiles impacta directamente en el medio ambiente, lo que ha ocasionado fenómenos como el efecto invernadero y el cambio climático por el aumento de la retención de calor y, por consecuencia, la temperatura global del planeta.

Podríamos decir, de una forma muy simplificada, que el efecto invernadero lo que hace es provocar que le energía que llega a la Tierra sea “devuelta” más lentamente, por lo que es “mantenida” más tiempo junto a la superficie y así se mantiene la elevación de temperatura.

En el último siglo la concentración de anhídrido carbónico y otros gases invernadero en la atmósfera ha ido creciendo constantemente debido a la actividad humana:

• A comienzos de siglo por la quema de grandes masas de vegetación para ampliar las tierras de cultivo

• En los últimos decenios, por el uso masivo de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural, para obtener energía y por los procesos industriales.

La concentración media de dióxido de carbono se ha incrementado desde unas 275 ppm antes de la revolución industrial, a 315 ppm cuando se empezaron a usar las primeras estaciones de medida exactas en 1958, hasta 361 ppm en el 2000.

Los niveles de metano se han doblado en los últimos 100 años. En 1800 la concentración era de aproximadamente o.8 ppmv y en el 2000 era de 17. Ppmv.

El Cambio Climático, se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

De acuerdo a los científicos que han analizado este fenómeno, cada vez tendremos climas más extremosos y fenómenos climáticos más intensos. En general, los veranos serán más cálidos y los patrones de las lluvias se modificarán, dando lugar a lluvias más intensas en algunas partes y lluvias menos frecuentes en otras, aumentando así las sequías.

Los estudiosos del fenómeno han concluido que el cambio climático es producto, principalmente, de la actividad humana. El uso intensivo de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gasolinas, diesel, gas natural y los combustibles derivados del petróleo) y la quema y pérdida de bosques son dos de las principales fuentes de este problema.

Las anomalías del clima experimentadas en el último siglo, o por vivirse en las próximas décadas, podrían incluir alteraciones en las formas en como actualmente experimentamos la variación interanual e interdecadal del clima. Eventos de El Niño más frecuentes o intensos, huracanes de mayor magnitud, ondas cálidas o frías más pronunciadas son algunas de las formas como la atmósfera podría manifestar las alteraciones climáticas resultado de la actividad humana.

Para ello, nuestro país ha implementado la eficiencia energética, que busca reducir las emisiones de gases efecto invernadero.

En México se busca aplicar la eficiencia en tres sectores primordiales:

• Iniciativa del sector público.

• Programas del consumidor final.

• Desarrollo de capacitación.

El objetivo es ahorrar energía y dinero, en efecto si consumimos menos energía será más barato y gastaremos menos.

México está comprometido con la eficiencia energética; Eficiencia Energética: una opción viable y rentable.

A partir de compromisos adquiridos por México, se implementaron los mecanismos:

• “Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía” 2008.

• Creación de la “Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía” 2008.

• El “Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía” 2009.

La transición energética busca diversificar el portafolio energético y promover la eficiencia y sustentabilidad energética.

México está desarrollando otras fuentes de energía y eficiencia energética para hacer frente a la seguridad energética y la concientización del clima global.

A raíz de esta creciente preocupación en la reducción de consumo de energía eléctrica en nuestro país, y de los esfuerzos por hacerle frente a estos fenómenos energéticos, considero conveniente que este Poder Legislativo, participe de los esfuerzos que como país se están implementando. Por ello propongo se implementen acciones concretas como la adquisición de equipos y programas basados en energías renovables, que nos ayuden a una mayor eficiencia energética en la H. Cámara de Diputados. Esta proposición tiene como objetivo, aquellos cambios que resulten viables para lograr una reducción de la cantidad de energía utilizada, para un mismo nivel de actividad, ya que ello, además de ahorrar energía, disminuirá el impacto ambiental.

Estas medidas podrían enfocarse en:

• Reducir el consumo de los edificios, mediante equipos de bajo consumo energético o rehabilitándolos según criterios de eficiencia energética.

• Disminuir el consumo de los procesos productivos en los centros de actividad industrial, a través de nuevas tecnologías de alta eficiencia energética.

Los edificios demandan energía dependiendo de aspectos como la envolvente, los cerramientos, la orientación y su ocupación. Esa demanda de energía es satisfecha a través de equipos e instalaciones que operan con un rendimiento energético determinado. Del cociente entre la demanda y el rendimiento se obtiene el consumo energético del edificio.

Existen numerosas acciones que permiten reducir el consumo de los edificios, como usar equipos de bajo consumo energético para conseguir ahorros de hasta el 80%;

Garantizar que los nuevos edificios tengan el menor consumo energético posible con la instalación de aislamiento o de vidrio dobles, elementos de protección solar;

Rehabilitar los edificiossegún criterios de eficiencia energética, incorporando vidrios dobles en ventanas, aislamientos en cerramientos, elementos para reducir la radiación solar;

Realizar una adecuada gestión energética, y un correcto mantenimiento, uso del edificio mantenido y las instalaciones eficientes.

En virtud de lo anteriormente señalado, exhorto a la Junta de Coordinación Política, a designar una partida presupuestal, con la finalidad de implementar los criterios de eficiencia energética convenientes, en todos los edificios que comprenden la Cámara de Diputados, con la finalidad de ahorrar energía y recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado de forma urgente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a destinar recursos del presupuesto asignado a esta H. Cámara de Diputados e instruya a la creación e implementación de un programa especial que atienda la reducción de consumo de energía mediante eficiencia energética en las instalaciones en la Cámara de Diputados que genere el ahorro de energía y recursos públicos, y de igual manera la disminución del impacto ambiental.

Dado en la ciudad de México, recinto legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.— Diputado Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL SECTOR PESQUERO EN LA ZONA DE TIERRA CALIENTE Y COSTA DEL ESTADO DE MICHOACAN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar un programa de empleo temporal por la difícil situación del sector pesquero en la zona de Tierra Caliente y costa de Michoacán, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI

Rodimiro Barrera Estrada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o., 2o. y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones II, III, IV, V y VI, 80, 81, 84, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que implemente un programa de empleo temporal, ante la difícil situación  del sector pesquero en la zona de Tierra Caliente y costa de Michoacán, y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que implante un programa de restauración de los ecosistemas afectados, en esta zona de Michoacán, al tenor de las siguientes consideraciones:

De acuerdo al informe del panorama económico 2008-2018, elaborado por diversas universidades públicas y privadas del país de las cuales se destacan el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Universidad de Sinaloa, más otras once universidades que se integraron en el 2009 al proyecto denominado Agroprospecta, que surgió por la necesidad de tener un análisis y prospectiva que sirviera de herramienta para la toma de decisiones de política pública de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) formándose tomas de unidades representativas de producción (URP), con la finalidad de hacer proyecciones de mediano y largo plazo para la generación de análisis económicos de política pública de manera objetiva y oportuna respecto a los mercados agroalimentarios de México, como son los cultivos básicos (arroz, frijol, trigo y sorgo), cultivos intensivos (pepino y tomate), frutas templadas (durazno, manzana y nogal), frutas tropicales (aguacate y limón mexicano), industriales (café y caña de azúcar), bovinos para la producción de leche y carne, caprinos, ovinos, porcinos, acuacultura (camarón cultivo, tilapia y trucha), y la pesca.

Agroprospecta señala que el sector pesquero de nuestro país, año tras año está empeorando, “en razón de que en el año 2009, 12 de las 20 unidades representativas de producción analizadas (60 por ciento) enfrentan una situación económica favorable y 3 desfavorables (15 por ciento). Bajo el escenario económico considerado, para el año 2018, la situación económica empeora, manteniéndose 12 URP en situación económica favorable (60 por ciento) y pasa a 5 el número en situación económica desfavorable (25 por ciento).

En lo referente a liquidez, para el año 2018, 11 URP tienen baja probabilidad de enfrentar flujo en efectivo negativo (menor o igual al 25 por ciento), esta probabilidad es media (más del 25 por ciento y menor o igual al 50 por ciento) para URP y alta (más de 50 por ciento de probabilidad) para las 7 URP restantes.

Finalmente, en cuanto a la probabilidad de descapitalización, para 14 URP es baja, para 1 media y para 5 alta. Esto significa que el sector pesquero por lo que se refiere al desarrollo de esta actividad por lo menos hasta el año 2018, no se estará en posibilidades de obtener recursos acuíferos suficientes, que son el sustento de muchas familias que se dedican a la pesca.

En este sentido la Comisión de Pesca de Michoacán, coincide de manera general con Agroprospecta, dando a conocer la problemática pesquera de la presa Adolfo López Mateos “El Infiernillo”, en el cual si bien es cierto que se han implementado programas y proyectos que han sido financiados por la Comisión de Pesca de Michoacán y la Sagarpa, no ha sido suficiente para contrarrestar el desempleo que es ocasionado por el descuido y deterioro del sector pesquero, no sólo en Michoacàn, sino a nivel nacional.

La presa Adolfo López Mateos “El Infiernillo”, se localiza entre Michoacán y Guerrero, y fue construida en el año de 1962, por la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la cual se abastece de los ríos Balsas, Tepalcatepec, Cupatitzio, Márquez, Huetamo, Tacámbaro, Cutzamala, San Antonio y Zicuirán.

La presa El Infiernillo, en sus inicios tuvo como objetivos la generación de energía eléctrica, el aprovechamiento para el riego, y aunque no fue considerada para la producción pesquera desde hace más de dos décadas se ha podido desarrollar esta actividad de manera importante.

Actualmente, la referida actividad en la presa El Infiernillo, la realizan 2 mil 500 pescadores legalmente constituidos en Michoacán integrados en 36 organizaciones, mientras que por Guerrero existen 12 organizaciones con 500 pescadores, lo que da un total de 48 organizaciones y 3 mil pescadores, sin embargo es importante considerar que existen aproximadamente mil 500 pescadores que no están legalmente constituidos, además, de otros tantos que se dedican al fileteo y acopio de los productos pesqueros.

Esto demuestra la gran importancia económica y social que representa la actividad pesquera, no sólo  en esta región, que por cierto es una de las  principales fuentes de empleo, para los municipios ribereños de Arteaga, Churumuco, La Huacana, y Múgica por Michoacán, y el municipio de Coahuayutla de Guerrero. Sino que es de importancia para todo el país, debido a que se han obtenido niveles únicos de producción, principalmente de tilapia llegando a alcanzar en 1987, una producción de 23 mil 841 toneladas anuales; sin embargo, de la década de los noventas a la fecha su producción promedio ha venido decreciendo de manera alarmante, hasta llegar de 10 mil a 8 mil toneladas anuales, esto representa el 63 por ciento de pérdida de producción, lo que refleja la urgente necesidad de establecer acciones a corto, mediano y largo plazo, que contribuyan a reactivar la actividad pesquera de la zona.

Por lo que es evidente que este decremento en la producción pesquera de la zona que contempla, por cierto, otras serie de pescados como son la carpa, el bagre, y el pez diablo, principalmente, ha ocasionado que el empleo en la zona haya decaído casi en su totalidad, por lo que es de extrema urgencia u obvia resolución apoyar a este sector de la población que se encuentra en una situación más que complicada.

No omito en señalar que se han realizado algunas acciones para contrarrestar esta problemática, entre las cuales se destacan:

• La difusión de la Norma 027 (concientizar a los pescadores de la zona para lograr una explotaciòn responsable)

• La colocación de anuncios en las zonas de reproducción natural de la tilapia, establecidas en la norma 027

• El apoyo a las labores de inspección y vigilancia en la presa El Infiernillo

Pero no ha sido suficiente, en razón de que la problemática de la disminución de la producción del sector  pesquero, obedece a diversos problemas como:

• La falta de un programa permanente de inspección y vigilancia

• Gran número de pescadores libres;

• Falta de alternativas para disminuir el esfuerzo pesquero;

• Falta de infraestructura para dar valor agregado al producto para el beneficio directo de los pescadores;

• Falta de apoyo a la comercialización

• Falta de equipamiento pesquero;

• El desconocimiento de la información, obligaciones y derechos, por parte de las organizaciones, y

• La contaminación de los lagos, ríos, costas, lagunas y puertos.

Sólo por citar un ejemplo de la contaminación que se ha venido generando, está el puerto de Lázaro Cárdenas, en el cual la Comisión Federal de Electricidad utiliza como patio de carbón y depósito de cenizas el río Balsas, mientras que en los muelles de carga de carbón se sigue arrojando carbón al lecho del río.

En este sentido ha habido diversas empresas como Mittal, antes Sicartsa, Sadcom, que de forma permanente contaminan el puerto de Lázaro Cárdenas, y por consecuencia los demás ecosistemas del agua.

Además de lo anterior, ha habido diversos derrames significativos en el puerto de Lázaro Cárdenas, como el caso del Buque Tanque Betula, que en el año de 1993 fue el más grande acontecimiento ecológico, habiéndose derramado más de 9 mil toneladas de ácido sulfúrico, ocasionando daños irreversibles al medio ambiente, aunado a una gran cantidad de derrames derivados de hidrocarburos, como son chapopote, combustóleo y diesel de sus buque-tanques, como el caso del Tolteca, el cual atracó en el muelle de metales y minerales, vertiendo miles de galones de combustóleo, lo que provocó la mortandad de aves y especies marinas y serias afectaciones a redes, motores y embarcaciones.

Otro hecho lamentable fue el encallamiento del buque Maerks en el año 2007, el cual ocasionó destrozos de varios arrecifes naturales.

Como puede apreciarse, los anteriores acontecimientos han ocasionado daños ambientales irreversibles, tanto en la flora y fauna. En consecuencia, cada día que pasa es más complicada la actividad pesquera, en razón de que se tienen que realizar recorridos muy distantes para poder obtener cantidades de especies comerciales suficientes, que son el sustento de los pescadores y de sus familias, lo que ocasiona que el costo y operación vayan en aumento, y que las ganancias vayan disminuyendo, al grado de que muchos pescadores están quedando sin recursos para poder realizar esta actividad.

Como base en lo anterior, puede verse que la problemática el sector pesquero del estado de Michoacán, está inmerso en un contexto de pobreza, de marginación y de falta de oportunidades. Sólo por citar un dato, en esta región ribereña del país el nivel educativo es bajo, en razón que el  44 por ciento de los pescadores no fueron a la escuela, el 25 por ciento no tienen primaria terminada, apenas el 20 por ciento terminaron la primaria, el 4 por ciento no tiene secundaria, y sólo el 4 por ciento la termina, mientras que el 2 por ciento termina la preparatoria, por lo que ante este escenario y la disminución de la producción pesquera, por la falta de acciones solventes por parte de las autoridades, esta actividad ha caído en el abandono de esta actividad, alcanzando un déficit del 80 por ciento.

Por ello es que se propone un programa de empleo temporal, para poder apoyar a los pescadores y familias dedicadas a actividades de este sector en la zona de Tierra Caliente y la costa de Michoacán, que por la falta de inversión y capacitación principalmente  se ha descuidado esta actividad, provocando que el desempleo vaya creciendo año con año, a tal grado que muchos pescadores han tenido que desertar de este trabajo.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta legislatura la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que implemente un programa de empleo temporal, ante la difícil situación  del sector pesquero en la zona de Tierra Caliente y la costa de Michoacán.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que implemente un programa de restauración de los ecosistemas afectados, en dicha zona de Michoacán.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.— Diputado Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

SIMPLIFICACION DE LOS PROCESOS DE ADOPCION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora del DIF a emprender un proceso de coordinación con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia estatales y los municipales encaminado a simplificar los procesos de adopción, a cargo de la diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea puntos de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El año pasado conmemoramos un aniversario más de la Convención de los Derechos del Niño misma que fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Organización de las Naciones Unidas, a través de su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989.

Este instrumento recogió el interés de los líderes de las naciones del mundo por poner atención en los niños, como un grupo especial que requiere de máxima protección.

A través de la suscripción de este instrumento, y con su ratificación en 1990, México refrendó su compromiso con los derechos de las niñas y niños.

En el preámbulo de la Convención se reconoce que “el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.

Los artículos 20 y 21 se aborda específicamente el tema de a adopción:

Artículo 20

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados parte garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Artículo 21

Los Estados parte que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.

En un esfuerzo para fortalecer la normatividad a favor del derecho a crecer en el seno de una familia, el 21 de febrero pasado, esta Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto para reformar el artículo 391 y derogar del 402 a 410 del Código Civil Federal, para eliminar la modalidad de adopción simple y garantizar al adoptado su incorporación absoluta a la familia, con los mismos derechos y deberes que un hijo consanguíneo.

Es ampliamente conocido que en nuestro país existe un importante problema que obstaculiza la realización del derecho a crecer en una familia de un gran número de niñas y niños que, por circunstancias adversas, se ven privados de ella: el prolongado tiempo que implica el proceso de adopción.

Por ejemplo, de acuerdo con Manuel Alcocer Heredia, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, de acuerdo con una nota periodística del año 2012, el proceso puede tardar entre ocho meses y hasta más de cinco años.

De acuerdo con datos expuestos en el proyecto de decreto antes referido, de acuerdo con estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en México, más de 29 mil niños, niñas y adolescentes viven en casas cunas y casas hogar, y se proyecta que para 2050 serán alrededor de 33 mil.

Se calcula que actualmente existen 34 mil niños en espera de ser adoptados.

Como se menciona en el estudio del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Marco jurídico estatal referente a la figura de la adopción, “actualmente, en la legislación mexicana la figura de la adopción se encuentra establecida en el Código Civil Federal y en los códigos civiles estatales y leyes familiares, lo que genera que puedan encontrarse algunas variantes en la regulación de la misma figura. Asimismo, los aspectos concretos de las adopciones se encuentran, en algunos casos, en los Códigos de Procedimientos Civiles Estatales y en los Reglamentos de Adopción de Menores de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de cada entidad estatal”.

En consideración de esta realidad y de la urgencia de atender la problemática que afecta a las niñas y niños en posibilidad de ser adoptados y a las familias que buscan adoptar, es pertinente formular un atento exhorto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para que, como cabeza institucional, con base en la función que le confiere el artículo 9, fracción XIV, de la Ley de Asistencia Social, como coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, de “supervisar y coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de menores”, y en armonía con las funciones que se señalan en su Estatuto Orgánico, artículo 2, fracciones IV y XXX, para promover el desarrollo de la familia y de la comunidad y de coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes, respectivamente; emprenda un proceso de coordinación con los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, para la simplificación de los procesos de adopción.

Preocupa especialmente la problemática de los bebés recién nacidos.

Es una trágica paradoja la oposición entre la realidad que enfrentan las familias en proceso de adopción y la realidad del abandono infantil.

Aunque no se cuenta con información sistematizada acerca de cuántos bebés son abandonados en nuestro país y en qué condiciones, hay testimonios de personas involucradas en el tema y numerosas fuentes hemerográficas, que perfilan un panorama que, por las características que comporta, resulta muy preocupante.

De acuerdo con declaraciones realizadas el año pasado por Carlos Modesto Toriz Jarquín, director del Programa de Acogimiento en la Ciudad de México de la organización Aldeas Infantiles SOS, el abandono de niños y niñas en México crece debido a la pobreza y a las “nuevas cadenas de violencia”; refirió que de 2008 a mayo de 2012, se documentaron 30 mil casos de menores privados de cuidados parentales.

Los testimonios que ofrece la prensa dan cuenta de numerosos casos de bebés, de horas y días de nacidos, abandonados en la vía pública, en botes de basura, en iglesias, en rellenos sanitarios, en hoteles; bebés que son encontrados sufriendo hipotermia, paros cardiacos, asfixia, infecciones causadas por la falta de cuidados neonatales; desnudos, envueltos en chamarras, cobijas, en cajas de zapatos o en bolsas de plástico.

El daño psicológico y emocional que sufren éstos bebés es incuantificable.

Entendemos que dependiendo del lugar donde suceden los abandonos, conforme al marco normativo aplicable, estos eventos dan lugar investigaciones de carácter penal o administrativo, que implican la imposibilidad de proveer a los bebés abandonados la oportunidad inmediata de ser candidatos para la adopción, razón por la que hablamos de una situación contradictoria. Por un parte, tenemos la auténtica, lícita y profundamente humana necesidad de procreación, y por otra, la necesidad de los cuidados familiares que urgen los bebés abandonados, dejados en la más absoluta y completa indefensión y vulnerabilidad; en oposición una de otra, las barreras legales o administrativas que imposibilitan acercar unos a otros.

Es por esta razón, que se estima preciso emprender una revisión de los procedimientos, dispositivos y mecanismos que serían necesarios par agilizar los procedimientos que permitan que las familias en proceso de adopción puedan acoger, en el menor tiempo posible, a los bebés abandonados.

Es preciso considerar que en la medida en que los niños y niñas, especialmente los bebés de hasta 18 meses de edad, en condiciones de ser adoptados logren, en un tiempo razonable, incorporarse al seno de una familia, se alcanza el doble beneficio de ahorrar a las instituciones los recursos invertidos en los gastos de manutención del tiempo que permanecen custodia y, más importante aún, el de potenciar los beneficios de una integración exitosa para ellos y sus nuevas familias.

Consideremos que los bebés que aún no aprenden a hablar, seamos nosotros, los legisladores, la voz de ellos; que ellos ya hablarán en el futuro por nosotros. Fomentemos la adopción, que tanta falta nos hace como país.

En consideración de lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que emprenda un proceso de coordinación, con los Sistemas Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, encaminado a lograr la simplificación de los procesos de adopción, con el fin de abreviar el tiempo de espera entre su inicio y su conclusión.

Segundo. En atención del principio del interés superior de la infancia y de la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentran los menores abandonados, se solicita la revisión y adecuación de los mecanismos existentes y, en su caso, la implementación de medios de colaboración con las Fiscalías estatales e instituciones públicas, con el objetivo de facilitar la adopción de niñas y niños abandonados de hasta 18 meses de edad.

Notas:

1 http://www.novenet.com.mx/seccion.php?id=267311&sec=3&d=24&m=10&y=2012

2 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/6bc5ee9e737adc876bed38b816f31a4d

3 Localizan a madre de la bebe abandonada en templo.- El Observador

elobservador.mx/.../28331-localizan-a-madre-de-la-bebe-abandonada-en...

Actualizan datos bebé abandonada.- Televisa.com

www.televisaregional.com/.../Actualizan-datos-bebe-abandonada-2032851...

Rescatan a bebé abandonado en San Ángel Inn.-Azteca Noticias

Rescata policía a bebé abandonado en la delegación Iztacalco.- La Crónica de Hoy

Barrendero encuentra a bebé abandonado en la Escandón - Miguel ...

www.eluniversaldf.mx/home/nota57761.html

Bebé abandonado sobrevive en Iztapalapa - Nota - Seguridad ...

www.aztecanoticias.com.mx/.../bebe-abandonado-sobrevive-en-iztapalap...

Rescatan a bebé abandonado en hotel - El Universal

www.eluniversal.com.mx/notas/857202.html

Con los dientes le habrían cortado el cordón umbilical a bebé ...

www.lineadirectaportal.com/?noticia=124439

Bebe abandonado en vía pública asistido por elementos ... - policía df

policiaciudaddemexico.blogspot.com/.../bebe-abandonado-en-via-public...

Bebé, abandonado en hormiguero - El Piñero de la Cuenca

www.elpinerodelacuenca.com.mx › Inicio › Policiaca

Encuentran bebé abandonado |Grupo Mi Radio

www.grupomiradio.mx/portal/?p=69561

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.— Diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez.»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

GRAFITI ARTISTICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos y a los Poderes Ejecutivos locales a emprender acciones para el reconocimiento del grafiti artístico, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a los congresos y Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a emprender acciones para el reconocimiento del grafiti artístico, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los fenómenos de descomposición social, desintegración familiar y erosión institucional que nuestro país ha padecido en años recientes, han generado un ambiente adverso para la el desarrollo y promoción de la adolescencia y la juventud.

Más de 40 por ciento de los jóvenes mexicanos de entre 12 y 29 años de edad sufren de condiciones de pobreza extrema, alta marginación y exclusión social.

En algunos casos, los espacios que proveen la familia y la escuela, se convierten en ambientes hostiles, donde adolescentes y jóvenes padecen desatención, abuso o maltrato. Por su parte, las instituciones gubernamentales, no han logrado aún constituirse como un referente de oportunidad y desenvolvimiento para este sector de la población.

Es importante entender bajo este contexto, la emergencia de formas de expresión social como el grafiti.

El grafiti es una expresión juvenil que tuvo su aparición en el mundo desde la década de los setenta, con fuerte influencia en nuestro país, y que cobra auge en momentos de crisis económicas o agudización de contradicciones económicas y sociales. Materialmente, consiste en una pinta o inscripción de símbolos, textos o dibujos, realizados con aerosol, a brocha o pincel, con pintura líquida, crayón, plumón o cualquier substancia u objeto que deje marca; realizados generalmente sobre mobiliario urbano.

La necesidad de los jóvenes de manifestar su presencia, su individualidad y sus expectativas, su inquietud por participar activamente en la colectividad, sus ideas políticas y sociales, encuentra cauce en estas formas de expresión.

Ciertamente, existen opiniones antagónicas respecto del grafiti. Por una parte, conforme la tendencia prevaleciente desde los orígenes de esta práctica, están quienes opinan que estas manifestaciones constituyen un fenómeno siempre indeseable, derivado de actos vandálicos, que se realizan con una actitud destructiva y que debe suprimirse a toda costa.

Por otra parte, en años más recientes emerge el reconocimiento de la validez de las inquietudes que animan la expresión callejera y su apreciación como una forma de expresión cultural. En este sentido, se empezó a reconocer el valor artístico de estas piezas, realizadas con un gran sentido de urbanidad, en equilibrio y respeto con el medio circundante, que deleitan a quienes las admiran y visten el paisaje.

A este respecto es útil establecer una distinción entre lo que debe ser considerado como un delito, y lo que puede considerarse como una expresión artística.

Esencialmente el criterio de diferenciación lo constituyen las condiciones bajo las cuales se realiza, siendo el atributo más importante, el permiso de los propietarios de los inmuebles sujetos a intervención.

Hablamos de un delito cuando la obra se realiza sin consentimiento o en contra de él, lesionando con ello el derecho de terceros o atentando contra el patrimonio de la sociedad, usualmente para realizar manifestaciones ofensivas o con la intención de infligir un daño patrimonial o moral.

Por el contrario, cuando el propietario del inmueble, otorga su consentimiento para la realización del proyecto, podemos hablar de grafiti artístico.

A partir de esta diferencia, es evidente que aquéllas conductas constitutivas de delitos deben desalentarse y sancionarse conforme a la ley.

Con estas consideraciones, buscamos poner de relieve, por una parte, la existencia de una evidente necesidad y derecho de expresión de los adolescentes y jóvenes en nuestro país, y por otra, la utilidad social de la discusión del paradigma tradicional, para fomentar una posición más abierta y responsable en la que podamos dar posibilidades para el cauce de estas inquietudes.

Es necesario reconocer la genuina validez de la expresión juvenil y la exploración de posibles adecuaciones a los marcos regulatorios para reglamentar aquéllas obras que se realicen con respeto a la propiedad ajena y pública; asimismo, se estima conveniente abrir más espacios al desarrollo de las aptitudes artísticas de los jóvenes que practican el grafiti conforme a este principio y otorgarles reconocimiento social y estímulo como creadores.

La legislación que encuadra estas actividades en los estados de la República es heterogénea; hay pocos estados que brindan reconocimiento al grafiti artístico y a sus creadores con una reglamentación específica.

Consideramos que éste es un debate importante pendiente. Es necesario propiciar una reflexión para entender la existencia de una amplia gama de expresiones culturales cumplen con una importantísima función social y que no lesionan el patrimonio social, sino por el contrario, lo enriquecen.

Valga la pena hacer una pausa para contextualizar este debate, que al parecer, sigue dominado por una visión poco comprensiva hacia la juventud.

En general, tendemos a seguir considerando los temas que afectan a los jóvenes bajo cartabones rígidos, con esquemas sancionatorios, restrictivos y prohibitivos.

Son necesarios mayores esfuerzos sociales e institucionales: flexibilidad, comprensión, tiempo y una gran creatividad, para ofrecer sistemas de canalización, prevención y orientación, en esté y todos los ámbitos de desenvolvimiento de la adolescencia y la juventud.

Un sociedad moderna, consciente de su papel en el mundo global, con una visión cosmopolita, que aspira a constituirse plenamente incluyente, requiere ensanchar sus márgenes de juicio, con criterios más amplios, desde los que pueda ofrecer soluciones adecuadas para sus jóvenes, formuladas en consideración de su perspectiva y no desde el particular punto de vista adulto.

Los jóvenes son una parte esencial de la modernidad y evolución de toda sociedad. Quienes formamos parte del gobierno y de los espacios de deliberación, debemos mantenernos atentos del cambio social y sostener la capacidad aprehender estas realidades, y sobre todo de proveer las condiciones propicias para conjugar los objetivos para la convivencia armónica de la sociedad y los requerimientos para el pleno desarrollo de la personalidad de cada uno de los individuos que la conforman.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Con pleno reconocimiento de la libertad y soberanía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, se exhorta respetuosamente a

1. Los congresos de las entidades federativas a incorporar en sus agendas de discusión la formulación de esquemas de reconocimiento y fomento del grafiti artístico, en clara diferenciación de actos constitutivos de delitos; y

2. A los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a emprender acciones para apoyar, difundir eintegrar el grafiti artístico en sus programas de difusión cultural, como una expresión de arte urbano.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

TARIFAS EN LOS SERVICIOS DE AVIACION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SCT y la Comisión Federal de Competencia un estudio de las rutas aéreas y aplicar medidas que permitan condiciones para reducir las tarifas en los servicios de aviación, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Humberto Armando Prieto Herrera, diputado a la LXII legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Competencia, para que realicen un estudio de las rutas aéreas y se apliquen medidas que permitan condiciones de competencia que reduzcan las tarifas en los servicios de aviación, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La aviación es un medio de transporte muy importante para nuestro país, ya que a través de éste, los usuarios pueden recorrer largas distancias en poco tiempo, así como también permite el traslado de mercancías u objetos de poco volumen, que por su valor, fragilidad o importancia requieren de su utilización.

México cuenta con una extensa red aeroportuaria que le da cabida a las aerolíneas y que atienden la demanda de la sociedad, tan sólo cabe destacar que se tienen registrados 76 Aeropuertos, de los cuales 12 otorgan servicio nacional y 64 internacional, además de 1,387 aeródromos  los cuales se ubican a lo largo y ancho del país.

En la prestación del servicio público de transporte aéreo nacional regular, se cuenta con 6 aerolíneas que prestan sus servicios en los diferentes Aeropuertos y aeródromos en el país, siendo el caso de: Grupo Aeroméxico, Interjet, Volaris, Aeromar, Viva Aerobus, y Magnicharters.

Es importante señalar que las aerolíneas atienden la demanda que se genera, producto del desarrollo y crecimiento regional de cada entidad. Sin embargo, hay líneas aéreas que son las únicas que proporcionan el servicio de transportación en ciertos aeropuertos, y ofrecen tarifas demasiado altas que se hacen inaccesibles para los usuarios que requieren de estos servicios.

Como referencia ante esta situación, es preciso señalar el caso de los servicios de transportación aérea que se tienen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto de Ciudad Victoria, en el que una sola línea aérea presta el servicio, y las tarifas que oferta son demasiado altas comparadas con las de otros destinos más lejanos, en donde existen condiciones de competencia.

Otro ejemplo es el que se presenta en los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto de la Ciudad del Carmen en el Estado de Campeche, en donde dos aerolíneas prestan los servicios y las tarifas son más altas si las comparamos con las que se ofrecen en destinos más lejanos como es el caso de de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Cancún en el Estado de Quintana Roo.

Es una realidad que las tarifas altas en los servicios de transportación aérea  inhiben la actividad y se vuelven discriminatorias para la mayoría de la sociedad y en este caso sólo son accesibles para un estrato social selecto de usuarios.

No se puede seguir con una política de falta de competencia en los servicios de transportación aérea, vale la pena señalar que la Ley de Aviación Civil (LAC) establece que la explotación, uso o aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, es de jurisdicción federal, y en consecuencia se requiere de concesión que otorgue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la prestación del servicio público de transporte aéreo nacional regular.

El artículo 42 de la LAC establece que los concesionarios o permisionarios fijarán libremente las tarifas por los servicios que presten, en términos que permitan la prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Las tarifas internacionales se aprobarán por la Secretaría de conformidad con lo que, en su caso, se establezca en los tratados.

Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en vigor y estarán permanentemente a disposición de los usuarios.

La Secretaría podrá negar el registro de las tarifas fijadas por los concesionarios o permisionarios, si las mismas implican prácticas depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios o permisionarios, y podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con el objeto de fomentar la sana competencia.

Asimismo, el artículo 43 de la LAC establece que cuando la Secretaría, por sí o a petición de la parte afectada, considere que no existe competencia efectiva entre los diferentes concesionarios o permisionarios, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en su caso, la Secretaría establezca bases de regulación tarifaria. Dicha regulación se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

En la regulación, la Secretaría tiene la facultad de establecer tarifas específicas para la prestación de los servicios, así como mecanismos de ajuste y periodos de vigencia.

Los concesionarios y permisionarios sujetos a tal regulación podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita opinión sobre la aplicación y subsistencia de tales condiciones.

Con base en lo anteriormente señalado, es urgente que se realice por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Comisión Federal de Competencia un estudio de las rutas aéreas y se tomen medidas que permitan que las tarifas que se ofertan sean accesibles para los usuarios cuando no existan condiciones de competencia o existan distorsiones de mercado que afecten los servicios de transportación aérea.

Acción Nacional se ha caracterizado por ser un impulsor y promotor de la aviación nacional en el país, ya que considera que esta actividad es determinante debido a que permite la conectividad y con ello el desarrollo económico y social de las regiones. En este sentido, es prioritario que las tarifas que se cobran por los servicios de transportación aérea sean accesibles para que cada vez más ciudadanos tengan acceso a estos.

Por lo que se solicita a todos los partidos a que voten a favor de esta proposición, a fin de atender esta demanda ciudadana a la que se suma Acción Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Competencia, para que realicen un estudio de las rutas aéreas y se apliquen medidas que permitan condiciones de competencia que reduzcan las tarifas en los servicios de aviación.

Notas:

1 Aeropuerto: Aeródromo civil de servicio público que cuenta con las instalaciones y servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves (donde se prestan servicios de transporte aéreo comercial regular). Fuente SCT.

2 Aeródromo: Área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación. Fuente SCT.

3 Cifras del Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 2012.

4 El servicio público de transporte aéreo nacional regular es de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, está sujeto a concesión y a las rutas nacionales, los itinerarios y las frecuencias fijos, así como a las tarifas registradas y a los horarios autorizados. Reglamento de la Ley de Aviación Civil.

Palacio Legislativo, a 22 de abril de 2013.— Diputado Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

PROGRAMA A TRECE DE LOS MUNICIPIOS MAS POBRES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre a extender el programa a trece de los municipios más pobres de Chihuahua, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Crystal Tovar Aragón, diputada federal en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 22 de enero del año en curso, la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que establecen el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, con base en una serie de tratados y convenios internacionales en los que México forma parte, así como en distintas leyes de nuestro marco normativo nacional.

El decreto publicado determina que la “Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social, con la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales”.

La Cruzada contra el Hambre está orientada a la población en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presenta carencia de acceso a la alimentación, para el cumplimiento de sus objetivos se establecen cinco metas principales a saber:

• Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada;

• Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez;

• Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;

• Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y

• Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

El mismo decreto determina que la Cruzada contra el Hambre se implementará en una primera etapa, en cuatrocientos municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación, sin perjuicio de que su implementación se extienda a otros municipios del país conforme lo determine la Comisión Intersecretarial, que para el caso del Estado de Chihuahua, se incluyó únicamente a cinco municipios que son: Juárez, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Chihuahua y Morelos, sin que en su totalidad cumplan con los criterios establecidos para ser considerados como de urgente atención.

Lo cual propició que se excluyeran sin ninguna razón, a trece municipios chihuahuenses con los más altos porcentajes de población en situación de pobreza, pobreza extrema, sin acceso a la alimentación y población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), resultados del 2010.

Según el Coneval, los resultados de la Medición de la Pobreza 2010, para el caso de Chihuahua, arrojan por ejemplo, que el municipio de Chihuahua tiene tan solo el 2% de su población en situación de pobreza extrema y Juárez el 4.8%; mientras que municipios como Batopilas tiene población en pobreza extrema en razón del 55.4%; Maguarichi el 47% y Guazapares el 40.5, sin que estén incluidos en la Cruzada contra el Hambre implementada por la Secretaría de Desarrollo Social. Datos que se muestran de manera más amplia en la tabla siguiente:

Como se puede observar, los cinco municipios seleccionados por la Secretaría de Desarrollo Social para formar parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, si bien tienen algún tipo de pobreza, no cumplen con todos los criterios e indicadores establecidos en el mismo decreto que le dieron origen, ni tampoco son los más necesitados, por lo que se hace necesario incluir a los municipios de Chihuahua que realmente lo requieren para erradicar el hambre.

La erradicación del hambre y la pobreza no se van a resolver con la imposición de criterios o decisiones políticas, sino con un apego absoluto a la realidad y a las necesidades de los municipios. Al respecto, el CONEVAL ha sido muy preciso en cuanto a las cifras y porcentajes de la población chihuahuense que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad ante el hambre y la pobreza.

Es por ello que se propone exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, para que dicho programa se amplíe hacia los municipios de Ascensión, Balleza, Batopilas, Carichí, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Manuel Benavides, Moris, Nonoava, Ocampo, Urique y Uruachi, por tratarse de municipios que tienen al menos, el 64% de su población en situación pobreza; el 13% como mínimo de su población en pobreza extrema; en el mejor de los casos con tan solo el 40% de su población con acceso a la alimentación; y con el menos el 35.8% de su población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su aprobación, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, para que se incluyan en dicho programa, a trece de los municipios de Chihuahua con mayores índices de pobreza, pobreza extrema, escaso acceso a la alimentación y con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, como son: Ascensión, Balleza, Batopilas, Carichí, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Manuel Benavides, Moris, Nonoava, Ocampo, Urique y Uruachi.

Nota:

1 Fuente: datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Medición Municipal de la Pobreza 2010, http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Informacion-por-Municipio.a spx

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de abril de 2013.— Diputada Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar las cooperativas de productores y de consumidores de bienes o servicios como parte de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracciones II, III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerada de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como señala la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, la estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre tiene como objetivo, citando el artículo 1 de los lineamientos de organización y funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, “regular la organización y funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, como una instancia ciudadana, participativa, amplia, incluyente y plural, en la que convergen los sectores público, privado y social, con el objeto de generar a través del diálogo, acuerdos, para fortalecer, complementar y, en su caso, mejorar las líneas de acción y cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada contra el Hambre”.

Con lo anterior, el gobierno federal cumple con el propósito de incorporar el sector privado, sin embargo, no prioriza la calidad de alimentación para los mexicanos que se encuentran en pobreza alimentaria, el convenio con trasnacionales productores de alimentos chatarra y refrescos, ofrecen tanto productos dañinos como saludables, como los yogures Greek de Nestlé y curiosamente Nestlé es parte de este convenio, así como, Pepsico y Quaker; otra cuestión son los refrescos. Coca-Cola y Pepsico controlan cerca de 40 por ciento del mercado mundial de bebidas gaseosas, y como consecuencia es la obesidad entrada de alimentos chatarra a una población que puede caer en problemas de obesidad con las peores consecuencias metabólicas.

Por todo lo anterior, “no queremos que excluyan a productores mexicanos, de organización social con principios de solidaridad y principalmente productores cien por cierto mexicanos y de calidad nutricional, un ejemplo, es la cooperativa Alimentos Nutrientes de Amaranto Quali, la Sociedad Cooperativa Productores de Amaranto Huautli, entre otras, por lo tanto, es necesario integrar las cooperativas en la Cruzada Nacional contra el Hambre, la inclusión de las sociedades cooperativas de productores de bienes o servicios y las cooperativas de consumidores de bienes o servicios, por la contribución que tiene con la sociedad mexicana, la alimentación de calidad y la organización que representa el movimiento cooperativo. Estas sociedades cooperativas, además de distribuir sus productos de calidad nutricional, contribuyen a fortalecer la economía de los pueblos de regiones marginadas, donde generan empleo al producir y procesar en industrias regionales el producto, por lo tanto el beneficio, es nutricional y económico mejorando directamente las condiciones de vida de los productores agrícolas.

Hasta ahora no se han visto iniciativas para que los 7.4 millones de mexicanos incluidos en la Cruzada tengan en su mesa maíz, frijol, amaranto y hortalizas o que promuevan la lactancia materna, por lo tanto exponemos, que la cooperativa productores de bienes o servicios contribuyen en un trabajo en común para la producción de bienes o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos. Así mismo destacamos el objetivo de las cooperativas de producción las cuales tienen por objeto actividades no económicas y persiguen fines desinteresados: culturales, sociales, políticos, deportivos, etcétera, en tanto que el objeto de las cooperativas siempre será una actividad económica. Aunque se sostenga que la cooperativa no tiene fines de lucro, lo cierto es que actúa en el campo económico: en la producción, la transformación o comercialización de bienes.

Las cooperativas de consumo no son empresa del gobierno federal como es Liconsa; sin embargo, contribuyen a la responsabilidad social. Por otro lado, las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda; así mismo contribuyen a la alimentación y nutrición de las familias mexicanas, mejorar su calidad de vida, apoyar a su desarrollo físico y mental y generar el crecimiento del capital humano que necesitamos para el desarrollo de un país sano.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a considerar a las cooperativas de productores de bienes o servicios y las cooperativas de consumidores de bienes o servicios como parte de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 25 de abril de 2013.— Diputados: José Arturo López Candido, Rosa Elia Romero Guzmán, Araceli Torres Flores, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, José Humberto Vega Vázquez, María del Carmen Martínez Santillán, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Loretta Ortiz Ahlf (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

COMISION ESPECIAL PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DEL NATALICIO DE OCTAVIO PAZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Octavio Paz es el mexicano más universal del siglo XX. Su obra poética y ensayística lo hizo acreedor a los más diversos e importantes reconocimientos, entre los cuales destaca el premio Nobel de Literatura en 1990.

El próximo 31 de marzo de 2014, se cumple el centenario del natalicio del poeta. En función de ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera que es una obligación cívica hacer un reconocimiento a quien puso el nombre de México en el lugar más alto de la cultura, además de ser un pensador que enriqueció el debate nacional desde una posición democrática y liberal plenamente congruente.

Consideramos ineludible que la Cámara de Diputados se sume a los festejos que el centenario del natalicio del maestro Paz suscitará en México y el mundo. La dimensión del personaje amerita, sin lugar a dudas, la creación de una comisión especial que organice las actividades conmemorativas.

La misma decisión de crear la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz, constituirá la primera acción fundamental de la Cámara de Diputados para rendir homenaje al poeta.

¿Por qué la Cámara de Diputados tendría que celebrar de manera activa el centenario del Nobel de Literatura mexicano?

Octavio Paz es el poeta e intelectual mexicano más universal de los tiempos modernos. Fue un hombre con una conciencia lúcida de su tiempo y, en particular, del tiempo mexicano. Su poesía reflejó siempre una comprensión luminosa de nuestro país, desde sus raíces, para, a partir de ella, hacer una aportación apreciable a la cultura. Como escritor, fue un crítico tenaz del dogmatismo que nunca rehuyó la polémica. Fue además, un gran impulsor de publicaciones y proyectos culturales que siguen siendo referencia para las generaciones actuales.

Cuando se le otorgó a Octavio Paz el premio Nobel de Literatura en 1990, el poeta declaró: “El premio Nobel no es un pasaporte a la inmortalidad. La relativa inmortalidad de las obras literarias y artísticas la da la calidad.” Esta sencilla declaración permite advertir el carácter del poeta mexicano más reconocido a escala mundial. Para Octavio Paz, lo decisivo no era obtener la gloria, sino la claridad, la luz y la libertad.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, resulta de la mayor importancia no sólo recordar a Octavio Paz, sino, a través de su memoria y, en homenaje a su vida luminosa, recuperar su perspectiva de un México democrático, ajeno a la violencia y plenamente afirmado en su cultura, como parte de las grandes culturas del mundo.

A nivel mundial, Octavio Paz es referente de la poesía más profunda y capaz de abrir el mundo. Pero también encontramos en la obra de Paz un modelo de prosa poética y de investigación rigurosa, como en Sor Juana Inés de la Cruz o las Trampas de la Fe, un libro extraordinario dedicado al conocimiento de la vida y la escritura de la gran poeta mexicana.

La obra crítica del maestro Paz es, hasta la fecha, reconocida como parte fundamental del debate de las ideas políticas de los últimos cincuenta años. La evolución del pensamiento político social de Octavio Paz le permitió formular una concepción clara del mundo y de México. El Laberinto de la Soledad, El Ogro Filantrópico o Tiempo Nublado son ensayos fundamentales que apuntan a la conformación de una sociedad de libertades, culta y democrática. Los debates que Paz sostuvo con intelectuales y políticos de México y de todo el mundo, en torno a la libertad, los extremos ideológicos y el papel transformador de la poesía, son un ejemplo de inteligencia y pasión crítica.

Es por todo ello que la Cámara de Diputados no puede quedarse al margen de la celebración de los cien años del nacimiento del Nobel de Literatura mexicano. La creación de la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz es indispensable para estar a la altura de las circunstancias.

En virtud de lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz.

Segundo. El objeto de la comisión especial será definir y organizar actividades como: ediciones especiales, encuentros de poetas, coloquios de intelectuales, difusión masiva, lecturas públicas, exposiciones artísticas, y demás similares, en torno a la vida y obra de Octavio Paz.

Tercero. La comisión especial estará integrada por doce diputadas y diputados, de todos los grupos parlamentarios, con un presidente y tres secretarios. La Junta de Coordinación Política determinará la integración correspondiente.

Cuarto. La comisión especial contará con los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.

Quinto. La comisión especial tendrá vigencia desde la aprobación de su creación, hasta el final de la LXII Legislatura, debiendo entregar un informe final de actividades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION A MENORES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DELINCUENCIAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ordenar la creación del programa nacional de atención de menores víctimas de la violencia delictiva, a cargo de la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del PRI

Honorable asamblea, la que suscribe, María del Rocío García Olmedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de vuestra soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, ordene la creación del programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“los niños reflejan los proyectos de vida y no pueden, ni deben truncarse por la violencia criminal”

El objetivo de este punto de acuerdo tiene como finalidad impulsar la creación del programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial, que coordine a las instituciones de seguridad y justicia para que los niños, niñas y jóvenes involucrados en situaciones de violencia criminal reciban un trato digno y atención especializada, pues al ser víctimas de agresión física y psicológica, requieren el respaldo del Estado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que forman parte integral de la misma, recogen un amplio margen protector de los derechos humanos de los menores y de las víctimas del delito.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. establece claramente la obligación de garantizar en todo momento el interés superior de la niñez, así como salvaguardar el derecho que niños y niñas tienen para crecer en un ambiente de sano esparcimiento, tal y como textualmente se transcribe a continuación:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

La resolución 44/25 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, en su artículo 39 expresa: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.

Como es bien sabido, la presencia de violencia y la cruel acción de los grupos criminales en algunos estados de la república, resultado de la declaración de “guerra” que formuló el gobierno federal anterior, ha afectado directamente a las niñas y  los niños y a las y los jóvenes; muchas de las veces,  privándolos de su derecho a la vida o a vivir con tranquilidad porque han visto a sus familiares  perder la vida violentamente sin importar si se trataba de personas inocentes.

Este sector tan vulnerable merece nuestro respaldo incondicional, requiere de unir esfuerzos, y sumar acciones a fin de que el actuar de los delincuentes no continúe afectando injustamente el futuro de tantos niños, niñas y adolescentes. Además, de apoyar a quienes han caído en la delincuencia y se han visto forzados a participar en actos criminales, ya que es bien es cierto que uno de los objetivos de los criminales es reclutar a jóvenes, incluso siendo niños o niñas, para actividades de consumo o venta de sustancias ilegales, por ello el objetivo que pretende este punto de acuerdo, es la protección de las niñas, los niños y adolescentes que se encuentran en este supuesto, para que también reciban atención especializada y sean rehabilitados.

Hablar de niñas, niños y adolescentes, es hablar de desarrollo, de futuro, de esperanza, y por lo mismo también es hablar de su protección. Todos las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser felices, a vivir protegidos y con oportunidades para desarrollarse de forma sana, con libertad y dignidad; es por eso que debemos sentar las bases para otorgar una protección efectiva en el día a día en sus casas, en el día a día en sus escuelas, en el día a día en la comunidad donde viven y también en el día a día en las circunstancias especiales e incluso en situaciones extremas, a ser tratados como niñas, niños y jóvenes.

Todos y todas, en esta legislatura sabemos, que sociedad y gobierno, autoridades y organizaciones, podemos trabajar de manera eficaz y coordinada con una visión integral, que incluya, sin duda el amor hacia nuestras niñas, niños y adolescentes, y enfrentemos la adversidad que hoy muchos niños, niñas y adolescentes en México viven, con eficacia y con inteligencia.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), una coalición de organizaciones civiles, estima que entre diciembre de 2006 y fines de 2011 han muerto alrededor de mil 500 niños por hechos violentos derivados de la lucha contra el narcotráfico.

Los datos de la organización se basan en recuentos hemerográficos ante la falta de datos oficiales precisos sobre los menores. Se señala también, que durante 2011 se contabilizaron 418 muertes de niños, un 40 por ciento más que en 2010 que registró 174 muertes.

El impacto de la violencia tiene muchas expresiones: víctimas fatales, heridos, niños temerosos y aquellos que han sido utilizados y explotados por el crimen organizado.

La democracia no solamente es la vía más efectiva para generar la justicia social, también es cierto, que el ejercicio democrático, es el prisma más poderoso para visualizar con claridad, que la vigencia de los derechos humanos, no es, una concesión de la autoridad sino que se construye día a día, por la sociedad y por las autoridades, cada quien con su papel y aportando a la causa. Esta construcción implica diálogo y voluntad.

Las y los menores han enfrentado en los últimos años en México un riesgo creciente en distintas zonas del país donde se libra una lucha contra el crimen organizado, lo cual ha llevado a organizaciones nacionales e internacionales a manifestar su preocupación y pedir al Estado mexicano proteger a niños y adolescentes.

La participación efectiva y comprometida en este esfuerzo por parte de organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en México ha demostrado que sí es posible el diálogo democrático, respetuoso, pero, sobre todo, efectivo.

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho a ser protegidos en cualquier escenario y, ciertamente, el Estado mexicano, no sólo tiene la obligación constitucional de garantizar este derecho, sino que cuenta con la capacidad institucional para hacerlo. Y al no existir en México protocolos integrales para la seguridad de la niñez en el contexto de las acciones violentas contra el narcotráfico, es importante la creación del programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial que deberá también considerar lo señalado por la Convención sobre los Derechos del Niño; así como por los Convenios de Ginebra, los protocolos facultativos que éstos expresan para estos casos; así como por las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU, todos relativos a casos como el que hoy viven niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia delincuencial.

De ahí que es importante manifestar que en el mes de febrero de 2011, el entonces titular del Poder Ejecutivo federal firmó un acuerdo para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada, que desde entonces no reportó ningún avance al objetivo dado a conocer discursivamente en esa misma fecha y cuyo objetivo era “Refrendar a la niñez como población sujeta de derechos y en particular garantizar dichos derechos” y el objeto de este acuerdo señalaba “coordinar a las instituciones encargadas de la seguridad y justicia para que la niñez involucrada en situaciones de violencia criminal reciba un trato digno y atención especializada” (Boletín Informativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, número 265, 2-III-2012)

Incluso, paralelamente se definió elaborar protocolos derivados del propio acuerdo para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada que prevén atender a la infancia en tres momentos: durante el operativo, durante el proceso judicial y para la restitución de sus derechos (Boletín Informativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, número 265, 2-III-2012). Con lo cual –señala la misma fuente- se establecía una cadena de protección integral para niños, niñas y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada.

De ahí que para dar cumplimiento a este objetivo previsto en el Acuerdo mencionado, se hace necesario implementar un programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial, que garantice su cumplimiento y que además de incorporar a las Instituciones mencionadas, se amplíe a todas aquellas instancias gubernamentales que desarrollen acciones de política pública dirigida a niños, niñas y adolescentes para una debida coordinación interinstitucional.

Con el establecimiento del programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial tanto el Poder Legislativo como el Judicial y las instituciones competentes del Poder Ejecutivo, establecerán esa “cadena de protección integral para niños, niñas y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada” y con ello cumplir con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ésta Constitución establece. (...) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. (...).

En el mismo contexto es necesario prohibir explícitamente, el reclutamiento forzado de niños y niñas menores de 18 años por parte de grupos armados.

Proteger los derechos de los niños y jóvenes, incluye también reconocer el papel de la sociedad civil y organizada en esta tarea; el nuestro, como representantes de la sociedad que confió en nosotros al darnos su voto, y fundamentalmente, hacerlo posible.

De ahí que este punto de acuerdo, es solo un paso,  asumirlo como tal; como uno de los primeros pasos, para garantizar los derechos de la infancia. No debemos mostrarnos indiferentes al sufrimiento de los cientos o miles de niñas y niños que han presenciado la muerte violenta de sus padres y que hoy viven en la orfandad y expuestos Es por ello que es necesario elaborar e instrumentar un programa especial que proporcione ayuda a los menores no solo en los casos de trauma psicológico, sino que les ayude a lidiar con la violencia cotidiana. En este contexto, reitero mi compromiso con la niñez y adolescencia para colocar sus derechos e intereses como un tema de prioridad en esta legislatura.

De ahí el objeto de este punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a la instrumentación de un programa especializado que instituya los servicios que requieran los menores de edad y que sean víctimas de hechos delictivos, a fin de que reciban de forma inmediata atención médica, psicológica, jurídica y orientación especializada y, en su caso, un lugar seguro donde vivir y desarrollarse en plena tranquilidad, de manera que estén en posibilidad de recibir un trato digno y se puedan proteger sus derechos e integridad cuando se vean involucrados en una situación de violencia como víctimas o victimarios.

Es importante destacar que este punto de acuerdo responde además, a las acciones, para que los y las  menores de edad tengan un país seguro donde puedan crecer sanos y tranquilos, de ahí la importancia de actuar para impedir que se siga lastimando y victimizando a la sociedad.

La violencia es un tema que compete a todos. Los niños, niñas y adolescentes  que han estado expuestos a la violencia deben recibir la protección desde el momento de su primer contacto con las autoridades o fuerzas del orden público, continuando a lo largo de procesos de procuración e impartición de justicia, y concluyendo con la efectiva restitución de sus derechos.

Por lo expuesto y con las facultades que me conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o., numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, ordene la creación del programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial, con base en el acuerdo para la atención de niñas, niños y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada.

Segundo. En un marco de coordinación, los estados de la República Mexicana, a través de los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales estatales, impulsarán las acciones de política pública que logren el objetivo planteado para la instrumentación del “programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.— Diputada María del Rocío García Olmedo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

SEGURIDAD DE LOS ASPIRANTES A LOS DISTINTOS CARGOS DE ELECCION POPULAR EN LOS PROXIMOS COMICIOS PROGRAMADOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a garantizar en coordinación con la PGR y el comisionado de Seguridad Pública de la Segob la integridad física de los aspirantes a los cargos de elección popular en los próximos comicios, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6 fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con exhorto al gobierno del estado de Chihuahua para que, en corresponsabilidad con las autoridades federales, garanticen la seguridad de los aspirantes a los distintos cargos de elección popular en los próximos comicios programados para celebrarse el domingo 7 de julio de 2013.

Para Acción Nacional, la democracia como sistema de vida y de gobierno se funda en la igualdad esencial de todos los seres humanos, es la forma superior de legitimación del poder político y el sistema óptimo para respetar la dignidad humana.

Para que la coyuntura política de nuestro país se desarrolle con normalidad y eficiencia, es necesario garantizar la adecuada protección para aquellos candidatos que han sido electos en sus respectivos partidos, para velar por los intereses de la sociedad dentro del correcto ejercicio de la acción política, es decir, por el debido desarrollo del proceso democrático apegado siempre y en todo momento al principio de legalidad.

El derecho a la oposición política descansa en el reconocimiento de la legitimidad de las divergencias de opinión; supone la previa aceptación del pluralismo de las ideas, como un reflejo de la heterogeneidad de la estructura social. Admitir la oposición es admitir la relatividad de las soluciones políticas y aceptar y tolerar que un ideal, por generoso y persuasivo que sea deba ser humanizado, ya que la justificación de la oposición se funda en el espíritu de tolerancia, ligado en la historia al reconocimiento del valor de la persona humana.

En el presente año, se celebrarán 14 procesos electorales en distintas entidades federativas de la República Mexicana para distintos cargos de elección popular; por lo que garantizar la seguridad tanto en el desarrollo de los comicios, como de los candidatos debe ser una prioridad para los gobiernos locales, así como para el federal.

Las elecciones estatales de Chihuahua de 2013 se llevarán a cabo el domingo 7 de julio de 2013, y en ellas serán renovados los siguientes cargos de elección popular: 67 ayuntamientos, compuestos por un Presidente Municipal y regidores, electos para un periodo de tres años no reelegibles para el periodo inmediato; 67 Síndicos, encargados de la fiscalización de los Ayuntamientos; 33 Diputados al Congreso del Estado, 22 electos por mayoría relativa en cada uno de los Distrito Electorales y 11 electos por el principio de representación proporcional.

Chihuahua es uno de los estados en donde la seguridad de los candidatos representa una preocupación especial, ya que ocupa el tercer lugar en asesinatos de alcaldes en el país; por lo que se requieren esfuerzos en conjunto por parte del gobierno estatal con el federal, a efecto de garantizar una adecuada protección de los mismos y en consecuencia, velar por el adecuado desarrollo del Estado de Derecho como legítima expresión de la voluntad popular.

De acuerdo con lo expuesto por el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Mario Vázquez Robles en donde lanzó un enérgico llamado a la Fiscalía General del estado, por el asesinato de Francisco David Carrasco Carnero, de 52 años de edad, el pasado 22 de febrero quien fuera ejecutado en el puente “El Pajarito” del municipio de Julimes, en donde afirmó que:  “Es una falacia que el problema de la inseguridad esté resuelto en Chihuahua, como lo asegura el gobernador César Duarte y el Fiscal General, Calos Manuel Salas, no está resuelto y está muy lejos de estarlo”.

Asimismo en una encuesta realizada en esta ciudad, por alumnos de la Escuela de Negocios y Humanidades del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua, en coordinación con la organización ciudadana Observatorio Ciudadano del Delito y la COPARMEX local, al cuestionar a la sociedad sobre las acciones que la autoridad  debe aplicar para atenuar el problema de inseguridad, el 27% de los encuestados urgió a abatir el problema de la corrupción; el 23% contestó que lo necesario es mayor atención a víctimas, y un 16 por ciento espera una vinculación más fuerte entre comunidad y Gobierno.

Por lo tanto, el Gobierno del estado debe dejar a un lado su retórica falaz y realice las acciones pertinentes para asegurar la paz a los chihuahuenses. De esta manera, es nuestra responsabilidad como legisladores evitar la reproducción de la violencia social ante la falta de voluntad política para establecer un terreno que propicie en igualdad de condiciones, el correcto ejercicio de los procesos electorales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.Exhorto al gobierno del estado de Chihuahua para que, en coordinación con la Procuraduría General de la República y el Comisionado de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, garanticen la seguridad de los aspirantes a los distintos cargos de elección popular en los próximos comicios programados a celebrarse el domingo 7 de julio de 2013 en ese estado.

Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

PROGRAMA DE DIFUSION, ORIENTACION, Y EN SU CASO, CAPACITACION A LOS PRODUCTORES DE AGAVE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a implantar un programa de difusión, orientación y, en su caso, capacitación de los productores de agave para que puedan cumplir la NOM-006-SCFI-2012, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Sergio Armando Chávez Dávalos, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de esta LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, elevo ante esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Con fecha 11 de febrero de la presenta anualidad, entró en vigor la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, con la que dejó sin efecto la anterior publicada en el año 2005.

Como es observable en su denominación, esta norma se refiere a la denominación de origen “Tequila”, pronunciada y protegida por el estado mexicano de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial.

La vigilancia de su observación y consecuente aplicación es responsabilidad, en el ámbito de sus propias facultades y obligaciones, de la Secretaria de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor

Establece las características y especificaciones que deben cumplir todos los integrantes de la cadena productiva, industrial y comercial del Tequila.

En consecuencia, se aplica a todos los procesos y actividades relacionados con el abasto de agave de la especie tequilana weber variedad azul, la producción, envase, comercialización, información y prácticas comerciales vinculadas a la bebida alcohólica destilada denominada Tequila, conforme a las especificaciones de esta NOM. Dicha bebida se encuentra sujeta al proceso que más adelante se detalla, con agave de la especie tequilana weber variedad azul, cultivado en las entidades federativas y municipios señalados en la declaración.

Asimismo, establece las especificaciones técnicas y requisitos jurídicos a cumplir para proteger a la denominación de origen “Tequila” de conformidad con la Declaración General de Protección a la denominación de origen “Tequila” vigente, la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones legales relacionadas vigentes.

De ahí que, el productor de tequila deberá obtener de la Dirección General de Normas la autorización para producir Tequila y/o Tequila 100%, de conformidad con el trámite inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios, misma que estará sujeta al cumplimiento de la presente NOM y demás normatividad aplicable.

En general, con esta norma, se pretende que la industria tequilera defina y aplique un sistema de plantación estratégica, dando certeza a la cadena al estar la obligación de mantener el registro de hectáreas sembradas y disponibles.

Entre las obligaciones definidas en la norma, entre otras, están las de:

• Realizar el registro de agave en el primer año de plantación;

• Elaborar el reporte semestral de los cultivos de agave azul, y

• Inscribirse al padrón actualizado de productores, envasadores y comercializadores que operan en la denominación de Origen Tequila.

En consecuencia, la norma contempla al estado de Jalisco y los municipios relacionados en los estados de Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas, es decir se incluye las aproximadamente 85 mil hectáreas cultivadas con agave en el país.

Sin embargo, al menos, entre los 17 mil 500 agaveros que registra el Consejo Regulador del Tequila, en el Estado de Jalisco, no hay información clara y oportuna sobre las disposiciones de esta nueva norma.

Lamentablemente, no hubo, antes de la vigencia, ni hay a la fecha, difusión sobre las obligaciones a los que ya están sujetos los productores y en consecuencia, de origen, hay un incumplimiento de la Norma, y lo más grave, no se están dando los objetivos y metas de producción y de productividad que impulsaron esta modificación a la normatividad relativa.

Tal ausencia de apoyo institucional, ha provocado que los productores no estén logrando la obligada renovación de conformidad a lo ya establecido en la Norma en comento.

Aun más, el artículo cuarto transitorio de la citada Norma, señala que “La presente norma oficial mexicana, una vez que entre en vigor, dejará sin efectos cualquier acto administrativo de carácter general como circulares, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, o cualquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, así como cualquier resolución administrativa u oficio, que contravengan a la presente norma.”

Esto es grave ya que si se llega a dar el caso de que algún productor cuente con alguna resolución administrativa, quedó sin efecto, con las potenciales afectaciones que lo anterior conlleva.

En consecuencia es de suma urgencia implementar un programa de difusión, orientación y en su caso capacitación, de manera directa a los productores de agave, a fin de que se esté en posibilidad de cumplimentar obligaciones y acceder a los beneficios previstos, todo a favor de la cadena agave-tequila y de un autentico sistema de planeación de producción y de industrialización.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados elevo ante esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Envíese atento y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez y Martínez, a fin de que, por conducto de la delegaciones de la Sagarpa en las entidades federativas citadas en el cuerpo del presente, se implemente de manera urgente un programa de difusión, orientación, y en su caso, capacitación necesaria, de manera directa a los productores de agave, a fin de que estos estén en posibilidad de cumplimentar lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.— Diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

COBRO DEL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo para conocer las condiciones y las causas por las cuales se ordenó el cobro del Repuve, a fin de determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Fernando Angulo Parra, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

Que el primero de septiembre de 2004 se público la Ley del Registro Público Vehicular cuyo objeto es establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. El Registro Público Vehicular es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos.

De la misma manera el 5 de diciembre de 2007 se publicó el reglamento de esta ley a fin de poderla operar a partir del 4 de marzo de 2008. El 3 de marzo de 2008 se publicaron también en el Diario Oficial de la Federación los Procedimientos de Operación para sujetos Obligados que establece el reglamento.

Que de acuerdo al artículo 6 de la Ley del Registro Público Vehicular es un trámite gratuito ya que a la letra dice:

Artículo 6. El Registro Público Vehicular tiene por objeto la identificación y control vehicular; en la que consten las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como brindar servicios de información al público.

La federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, utilizarán el Registro con el fin de compartir e intercambiar información disponible sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos y, en general, cualquier operación relacionada con los vehículos mencionados.

La inscripción de vehículos, la presentación de avisos y las consultas en el Registro serán gratuitos.

Los trámites que se realicen ante las entidades federativas se sujetarán a lo que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

En el mismo orden de ideas la Ley del Registro Público Vehicular en sus artículos 19 y 21 establece que:

Artículo 19. Estarán exceptuados de acreditar la inscripción en el Registro quienes realicen trámites inmediatos de ingreso respecto de la importación de un vehículo extranjero, el cual invariablemente deberá cumplir con el pago de los impuestos correspondientes y demás requisitos legales.

Artículo 21. Las autoridades fiscales exigirán la inscripción en el Registro como requisito previo para cualquier trámite relativo al pago de los impuestos federales relacionados con vehículos. Para tal efecto, en los convenios que las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebren con la federación, se establecerán los mecanismos que garanticen que en la recaudación de dicho impuesto federal será requisito, entre otros, la inscripción de los vehículos en el Registro.

Es el caso que a la fecha en los estados fronterizos se está cobrando el Registro Público Vehicular (Repuve) en un precio que va desde los 54 hasta los 80 dólares, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y en todo el país en los vehículos nuevos en un promedio de 300 pesos, por medio de Banjército, sin que medie autorización alguna, ni que conste en la Ley de Ingresos de la Federación o los estados, así como tampoco en la Ley Federal de Derechos, por lo que no ha sido autorizado este cobro por ninguna de las Cámaras o congresos estatales, lo que lo hace un cobro ilegal e injustificado.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Solicitamos se cree un grupo de trabajo para realizar las investigaciones y las reuniones pertinentes con el Ejecutivo federal, la Secretaría de Gobernación, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a las autoridades relacionadas con Registro Público Vehicular, con la finalidad de conocer las condiciones y causas bajo las cuales se ordenó y se está cobrando el Registro Público Vehicular, así como para asegurar la determinación de los responsables de estos actos injustificados y que se inicien a la brevedad las investigaciones judiciales para determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputado Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Chihuahua a discutir y, en su caso, aprobar la Ley para prevenir, atender, combatir y sancionar la Trata de Personas del estado, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Crystal Tovar Aragón, diputada federal en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La trata de personas, es considerada por la Organización de las Naciones Unidas como la esclavitud del siglo XXI, ya que vulnera en forma directa la dignidad y la libertad de las personas.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también llamado Protocolo de Palermo, define la trata de personas como: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

En el mundo existen 12.3 millones de personas víctimas de trata, de los cuales más de la mitad son mujeres y niñas. Según estimaciones, la explotación de estas personas genera, anualmente, ganancias cercanas a los 32 mil millones de dólares para los tratantes, lo que coloca a esta actividad comercial ilícita en el tercer lugar entre las más lucrativas del mundo para el crimen organizado, después del tráfico de armas y del tráfico de estupefacientes.

Para Chihuahua, por su ubicación geográfica, siendo un lugar de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes; y donde se encuentran instaladas gran cantidad de empresas maquiladoras, y además por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, migrantes, personas de la tercera edad, entre otras, contextos que ponen a la población en situación de de riesgo ante el delito de la trata de personas.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, identificó en Ciudad Juárez una vulnerabilidad particular, propia de las zonas maquiladoras, donde las empresas prefieren emplear a mujeres jóvenes y menores de edad, a fin de poder explotarlas laboralmente con mayor facilidad.

Además, según organizaciones de la sociedad civil, consideran que de 2008 a la fecha, por lo menos se han detectado 40 casos de mujeres desaparecidas y asesinadas, los que podrían estar ligados a la trata de personas, consideran que en Ciudad Juárez hay por lo menos 30 casos, mientras que en la ciudad de Chihuahua se presume la existencia de al menos unos 10 casos de feminicidios que podrían estar ligados a la comisión de ese delito.

De acuerdo a su competencia el 17 de mayo de 2011, diputadas y diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de Estado de Chihuahua presentaron una iniciativa de decreto a fin de crear la Ley para prevenir, atender, combatir y sancionar la Trata de Personas del estado de Chihuahua, que a la fecha no ha sido aprobada.

A nivel federal, el 14 de junio del 2012 fue promulgada la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y dicha ley en su artículo décimo transitorio establece que los Congresos de los Estados, procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la ley en mención.

En busca de lograr soluciones efectivas contra al crimen de la trata de personas en el Estado, el 17 de noviembre del 2012, el gobernador constitucional de Chihuahua envío una iniciativa con carácter de decreto, la cual fue aprobada el 31 de enero del 2013, en la que se establecen reformas y adiciones en diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para llevar a cabo programas de desarrollo y acciones de asistencia social; así como de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para la creación de la Unidad Especializada para la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; además reformas a la Ley Estatal de Salud, para brindar atención médica de calidad a las víctimas del delito de trata; y adiciones a la Ley Estatal de Educación, para prevenir la comisión de delitos en materia de trata; así como se derogan y reforman disposiciones del Código Penal del Estado y se realizan adiciones al Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; además se crea el Fondo Estatal de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Todo lo anterior es un avance para contribuir en la prevención y atención de los delitos relativos a la trata de personas, sin embargo al ser el Estado competente para prevenir, investigar, procesar y sancionar los delitos de trata de personas, cuando no se trate de delitos de competencia Federal, es necesario que exista una Ley Estatal en Materia de Trata de Personas, para contar con un ordenamiento legal local, que coadyuve en la regularización jurídica, con la finalidad atender de manera integral el crimen de la trata de personas, así como para garantizar y mejorar la efectiva atención a las víctimas de estos delitos y de sus familias.

Además, es necesario armonizar la legislación local, para hacer compatibles las disposiciones estatales con las reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos (10 de junio de 2011) donde se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el  Estado Mexicano sea parte, lo que conlleva a ampliar las fuentes y los principios que deben observarse en la creación y aplicación de la ley. Todo esto con la finalidad de evitar conflicto o contradicción normativa, lagunas legislativas o la falta de observancia y aplicación de la norma.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su aprobación, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de Chihuahua, para que se discuta y en su caso se apruebe la Ley para prevenir, atender, combatir y sancionar la Trata de Personas del Estado de Chihuahua, presentada el 17 de mayo de 2011, y se armonice con base en lo establecido en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de Chihuahua para que revise y en su caso armonice toda su legislación estatal en materia de derechos humanos y trata de personas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputada Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen y a la Comisión Especial de Lucha contra Trata de Personas, para opinión.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a implantar una campaña para que los mexicanos en el exterior participen en la formación del Plan Nacional de Desarrollo, a cargo de la diputada Angelina Carreño Mijares, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta a la honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La situación actual del país refiere que más de 30 millones de personas de origen mexicano radican en el exterior. De ellos, la mayoría se encuentra en Estados Unidos de América. Estos connacionales tienen que enfrentar diversos obstáculos para poder acceder a servicios básicos en sus comunidades de origen, de manera fundamental a quienes radican en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se intenta la apertura de una cuenta bancaria, o enfrentan una emergencia médica o incluso tienen complicaciones ante nuestras propias representaciones consulares ya que los mexicanos que se localizan en el exterior –ya sea de forma regular o indocumentada– muchas veces no cuentan con ningún documento que les ayude a los trámites en las comunidades de origen.

De acuerdo con el índice de intensidad migratoria, que publica el Conapo, en 2010 se registraron en el país 4 entidades con muy alto grado de migración (Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Nayarit); 10 con nivel alto (Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, Durango, Aguascalientes, Oaxaca, Morelos, Colima, Jalisco y Querétaro); 8 con nivel medio (Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Baja California, Veracruz, Sonora, Tamaulipas y Sinaloa); 2 con nivel bajo (Coahuila y estado de México) y 8 con nivel muy bajo (Chiapas, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán, Distrito Federal, Quintana Roo, Campeche y Tabasco).

Esos datos nos refieren que todo el país se encuentra envuelto en la dimensión del fenómeno migratorio; ello, sin contar la migración de otras naciones del mundo, principalmente de Centroamérica que se internan por el sur del país para llegar a Estados Unidos, principalmente.

En la actualidad, vivimos un momento histórico para la relación de ambos países, la oportunidad de acceder a una reforma migratoria ha otorgado una luz importante para nuestros paisanos en Estados Unidos, presentándose esto en contraposición a lo que se ha vivido en los años recientes con una oleada de legislaciones antiinmigrantes las cuales no solo afectan a quienes carecen de documentos si no a toda la comunidad hispana radicada en Estados Unidos.

Ante ello, desde esta soberanía hemos recalcado que no debemos escatimar en la necesidad de respaldar cualquier esfuerzo que garantice la irrestricta necesidad de proteger a nuestros connacionales que hoy se encuentran en mayor vulnerabilidad en comparación de los últimos años; pero también, ante una oportunidad política irrepetible heredada de la fortaleza social y política que han demostrado los inmigrantes en los Estados Unidos. Para nuestro país, la migración ha dejado de ser un tema del orden secundario para ocupar un amplio espacio de atención en los distintos órdenes de gobierno, hoy en día hemos visto incrementar de manera diversa las vertientes derivadas de la movilidad humana y por ello la corresponsabilidad de los gobiernos de Estados Unidos y México como naciones involucradas en la partida, tránsito, destino y retorno de migrantes, debe darse de forma coordinada y cooperativa.

Hay temas muy sensibles que los legisladores tenemos que abordar con una mayor madurez y razonamiento político para que se conviertan en auténticas soluciones para los millones de mexicanos que radican en el exterior.

La LXII Legislatura ha dado un paso muy relevante al diversificar la atención del estudio y legislación en la materia migratoria al formar comisiones ordinarias para los temas de migración, asuntos fronterizos norte, asuntos fronterizos sur y población; las cuales, aunadas a la Comisión de Relaciones Exteriores tendrán que definir estrategias conjuntas para la eficacia en las legislaciones pendientes que atender dentro del espectro migratorio de México y de nuestros connacionales en el exterior.

Precisamente en la Comisión de Relaciones Exteriores se han formado grupos de trabajo, entre los que destaca el de protección de los derechos de los mexicanos en el exterior. Este órgano legislativo ha sido presentado y aprobado por el pleno de la comisión y, derivado de su propia naturaleza ha definido una línea de acción que conlleve al estudio y proposición de alternativas que beneficien a la población emigrante mexicana. Temas como las remesas, el envío y la transferencia de recursos, los derechos humanos, la seguridad fronteriza, el comercio y los derechos políticos de los mexicanos en el exterior entre otros están siendo revisados por quienes integramos esta subcomisión a fin de que esta LXII Legislatura pueda alcanzar los acuerdos pendientes heredados de al menos cinco legislaturas atrás.

Hoy, la realidad migratoria mexicana no puede ni debe obviarse, además de la posibilidad de alcanzar una reforma migratoria en Estados Unidos, México debe responder y dar muestra de su preocupación e interés por salvaguardar los derechos sociales, humanos y políticos de cualquier mexicano independientemente de donde este se encuentre y de cuál sea su estatus migratorio.

Por ello tenemos que dar muestra de que estamos preparados para asumir la corresponsabilidad de una eventual reforma migratoria en nuestro vecino del norte y por eso hoy tenemos una oportunidad de mostrar que el actual gobierno ha abierto todos los espacios y escucha a todas las voces para la integración del Plan Nacional de Desarrollo.

De acuerdo con la Constitución, el artículo 26 reza así:

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo, al que se sujetaran obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administración deberán regir la acción del gobierno. El Ejecutivo federal debe promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

La convocatoria ha sido amplia y reconocemos el carácter plural e integrador de esta iniciativa del Ejecutivo federal para que todo México construya el plan que moverá e impulsará a México al desarrollo pleno. Por ello resulta importante que tengamos una especial atención en el sector migrante y en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos.

Ante ello, propongo a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar una notificación urgente a todas las embajadas, representaciones diplomáticas y consulados de México en el exterior para que difundan la campaña de participación e integración de propuestas para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo de tal manera que nuestros connacionales puedan aportar sus proposiciones en este importante documento.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al secretario técnico del Plan Nacional de Desarrollo a incorporar una sección especial de “derechos de los mexicanos en el exterior” en el apartado de relaciones internacionales del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se incluyan los derechos sociales, civiles, humanos, y la promoción de los derechos políticos de nuestros connacionales en el exterior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputada Angelina Carreño Mijares (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

DIA NACIONAL DE LOS PUEBLOS AFROMEXICANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instituir el 25 de marzo como Día Nacional de los Pueblos Afromexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Delfina Elizabeth Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de la Comisión Permanente de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo federal a instituir el 25 de marzo como Día Nacional del Pueblo Afromexicano.

Consideraciones

La población afrodescendiente que habita en México se encuentra ubicada principalmente en la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Puebla, Colima, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro y el Distrito Federal. Los registros estadísticos nacionales no contienen ninguna cifra relativa al número de habitantes afromexicanos en el país. La población afrodescendiente arribó a México durante la época de la Colonia, entre 1519 y 1640, como consecuencia de un declive demográfico de la población indígena y la necesidad, por parte de los residentes españoles, de sustituir la mano de obra. Los negros poseían vigorosidad y fortaleza física evidentemente, no se les consideraba como personas con derechos, eran esclavos sin ningún tipo de privilegio. La proporción entre varones y mujeres esclavos trasladados fue la mitad de hombres y mitad mujeres, éstas tenían menor precio, pues la fuerza física masculina propia para trabajos pesados era lo que se cotizaba en el mercado esclavista. El hombre negro fue destinado a realizar una mano de obra gratuita y la mujer entró como regalía. Para el siglo XVII, esta población ya se había hecho presente de manera significativa en la mezcla racial de la Nueva España. No obstante, a partir de este momento comenzó a construirse el estereotipo de la inferioridad negra, promovido por un lado, por la literatura universal, la filosofía y la religión e incorporado plenamente en las diversas formas que adoptan las relaciones sociales y culturales que los afromexicanos establecen con su entorno.

La condición de esclavitud que se caracterizó por la explotación, la perdida de su lengua original y la imposición de nuevas conductas morales y religiosas provocó que algunos los negros huyeran a lugares alejados para formar pueblos cimarrones. Con la abolición de la esclavitud y la consumación de la Independencia en 1821, los afrodescendientes cambiaron su estilo de vida y optaron por quedarse al encontrar en las costas nacionales similitudes climáticas con sus pueblos de procedencia.

Históricamente las comunidades negras han sufrido la  discriminación racial. Desde las épocas del esclavismo hasta nuestras fechas,  los afromexicanos han sufrido la invisibilidad institucional, en discusiones del siglo XVII se discutía  cosas tan absurdas como si los negros tenían o no alma.

Desde su llegada forzada a América, nunca se les reconoció un territorio, nunca se les reconoció una cultura propia, nunca se les reconoció una lengua propia, incluso los nombres personales y los apellidos de familia fueron cambiados.

El  afromexicanismos pasó a ser  la cultura mas despreciada, despreciado por los europeos esclavizantes que los trataron peor que a animales, despreciados por los indígenas que los vieron como extraños en estas tierras y despreciados por los mestizos que  los veían solo como fuerza de trabajo.

Toda esta carga histórica de desprecio, de humillación, de esclavismo y de racismo, ha impactado en la forma de pensar de las propias comunidades negras, al grado de que entre ellos mismos se ha fomentado una baja autoestima y autodiscriminación.

Es claro que para la historiografía y para la historia oficial no existe el pueblo afrodescendiente o afromexicano, por lo que el mayor reconocimiento de su presencia se encuentra en la autoafirmación, que deviene de la revitalización de sus costumbres y tradiciones.

Los pueblos negros reclaman su inclusión en la historia, la cultura, la organización social, la economía y la participación política en este país a través de su reconocimiento jurídico, ya que son integrantes y conformadores y conformadores de la nación en su calidad de tercera raíz.

Sin embargo existe una “invisibilidad” alrededor de estos pueblos desde la independencia,  prueba de esto, se puede encontrar la falta de datos estadísticos para dicha población, el rezago y la marginación que viven estos pueblos en México, se explica también por la falta de una política pública orientada a atacar su problemática y a ofrecerles alternativas para su desarrollo regional.  Aunado a ello se encuentra el fenómeno de discriminación que cotidianamente viven.

La memoria histórica del sufrimiento del otro y de las injusticias cometidas por el hombre a sus semejantes, son parte de las preocupaciones contemporáneas que nos permiten recuperar y mantener presente la lucha del ser humano por la realización de un orden racional justo y con plena garantía del respeto a sus derechos en cuanto seres humanos.

Una forma más del olvido estructural, lo representa el hecho de que en las reglas de operación de los programas de asistencia pública y de los proyectos de desarrollo y apoyo comunitario que otorga el gobierno mexicano, no aparecen las palabras: “afromexicano”, “afrodescendiente” o “negro”, por lo que dichos apoyos son negados, en muchas ocasiones, a aquellas personas de las comunidades afrodescendientes, quienes optan por conseguir un beneficio de esa naturaleza y terminan siendo víctimas de una discriminación también estructural al ser considerados como extranjeros en su propio país.

Algunas razones a considerar:

• Los esclavos afromexicanos traídos a lo que hoy es México tuvieron una gran influencia en la vida económica de la colonia y, desde luego, en el mestizaje. Según algunos estudios, el comercio de esclavos afrodescendientes duró aproximadamente 400 años y el número de los que llegaron a América se calcula entre 30 y 40 millones.

• La preexistencia o su asentamiento en México previo a la formación de nuestra nación como país independiente. Es un hecho que los esclavos afrodescendientes fueron conducidos por la fuerza al territorio que ahora es nuestro país y se mezclaron con el resto de las etnias que lo poblaban, pero desde la Independencia a nuestros días ha sido ignorada su aportación a la construcción del Estado mexicano, con excepción tal vez, aunque no de manera explícita, del carácter pluricultural del país en la reforma constitucional de 1992.

• Su contribución a la economía. El continente americano y México en lo particular no serían lo que son sin la contribución de los pueblos afromexicanos al desarrollo económico de las naciones.

• Conformación de la multiculturalidad mexicana. Nuestra nación no está conformada por una sola cultura y, la cultura africana desde la colonia a nuestros días ha jugado un papel importante en la definición de lo que es el mexicano. El dato cultural es importante porque el ser humano necesita de la historia y de la memoria para construir su identidad.

• Violación histórica de derechos humanos y culturales. La violación a los derechos humanos de los afromexicanos y las violaciones a su dignidad han sido una constante histórica en México. Se trata de pueblos y personas marginadas de los beneficios del sistema social. La esclavitud en el pasado despersonalizó al afromexicano convirtiéndolo en cosa. Hoy en día la violación a los derechos humanos de estos pueblos, entre otras razones, porque se les niega el reconocimiento jurídico y con él, el derecho a la autodeterminación y al desarrollo colectivo e individual.

• El genocidio africano y la disolución de la identidad. Pocos pueblos en la historia de México han sufrido lo que los pueblos africanos. Aunque el origen de la esclavitud fue mercantilista ello no significa que no implicara un genocidio en contra de los pueblos africanos.

• Participación en la historia de México. Al incorporarse forzadamente la raíz africana a nuestra nación, además de promoverse el crecimiento de las fuerzas productivas se ha enriquecido la pluralidad de los bienes culturales del país: lenguas criollas, tradiciones orales, religiones sincréticas, entre otros aportes. Bien se puede decir, que la tercera raíz de nuestra identidad está visible en ellos.

Instituir el día 25 de marzo como el Día Nacional del Pueblo Afromexicano es una forma de reconocimiento, el inicio del reconocimiento federal al que estas comunidades aspiran desde hace ya muchos años. Sería también una forma de reivindicación, de hacer un reconocimiento, de saldar la deuda histórica que tiene la nación con estos pueblos, que sin lugar a dudas, existen y están presentes a lo largo y ancho de nuestro país, muchos marginados y siendo discriminados, aun por el propio gobierno.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. En el marco de la división de poderes, esta Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal instituir el 25 de marzo como Día Nacional de los Pueblos Afromexicanos.

Segundo.Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a que en uso de sus atribuciones adopten las medidas conducentes para promocionar el 25 de marzo como el Día Nacional del Pueblos Afromexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

CAMPAÑAS DE PREVENCION CONTRA ENFERMEDADES EN ZONAS DE ALTA MARGINACION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a adquirir unidades médicas móviles suficientes y otorgar en comodato a los estados las necesarias para realizar campañas preventivas de enfermedades en zonas de alta marginación y difícil acceso, a cargo del diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Héctor García García, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente nuestro país mantiene altos niveles de pobreza, debido a las condiciones precarias tanto alimentarias, sanitarias, habitacionales, condiciones ambientales negativas, etcétera.

La desigualdad social genera que las personas con menores recursos sean los que tengan mayor dificultad para acceder a la salud, ya que si no es por servicios de salud gratuitos estatales no pueden utilizar otros.

La salud pública en México tiene graves carencias como hospitales y centros médicos en zonas de alta marginalidad o difícil acceso y por ende grandes problemas para acceder a los servicios de salud, como consecuencia no tienen acceso a insumos médicos, a una infraestructura adecuada, ni a profesionales de la medicina que puedan salvarles la vida.

La pobreza acorta la expectativa de vida de niños, mujeres, ancianos, hombres y jóvenes, así como disminuye notablemente la calidad de la misma. Para el gobierno federal y los locales debe ser una prioridad la salud pública en todo su aspecto preventivo.

En 2007 se puso en marcha el programa Caravanas de la Salud, con intervenciones de prevención y cuidados médicos focalizados en los principales problemas de salud a través de unidades médicas móviles, y a través de un enfoque intercultural para responder a las necesidades de la población mayoritariamente indígena.

El programa Caravanas de la Salud como estrategia federal, constituyó uno de los principales esfuerzos de la política de salud del gobierno de México, para consolidar la cobertura universal de los servicios de salud, fortalecer la portabilidad de los derechos a la salud, la transversalidad de los servicios entre instituciones y, fundamentalmente, garantizar la oferta de servicios de salud en las zonas de alta marginalidad.

El funcionamiento del mismo, a través de sus principales ejes rectores, proporciona servicios de promoción, prevención, atención médica y odontológica, en localidades pertenecientes a ciertas micro regiones cuyas características de ubicación geográfica y sociodemográficas, impiden o dificultan a la población que habita en las mismas, el acceso real a la red de servicios de salud, mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles, que trabajan de forma complementaria, auxiliados con otros medios de transporte de personal en salud y el apoyo de unidades médicas fijas ubicadas en las rutas de atención ambulatoria.

En los últimos años, la atención médica de la población que habita en los 125 municipios y localidades con menor índice de desarrollo humano (IDH), de conformidad con el catálogo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como en localidades con alta y muy alta marginación, a pesar de los grandes esfuerzos, ha sido insuficiente y limitada.

De acuerdo al sexto informe de gobierno de la Secretaría de Salud, la cobertura actual de ese programa era de poco más de 21 mil localidades ubicadas en mil siete municipios del país con 3.8 millones de personas beneficiadas. Entre 2007 y mayo de 2012 se habían incorporado mil 448 unidades médicas móviles, con las cuales se otorgaron seis millones 894 mil 423 atenciones tan solo en el primer semestre de 2012, lo que representó 16.3 por ciento más que en el mismo periodo de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que las entidades federativas cuenten con unidades médicas móviles de forma permanente, las cuales sean otorgadas en comodato por el gobierno federal. El beneficio que se generará será mayúsculo, ya que se podrá cubrir con ejes importantes del Plan Nacional de Desarrollo como es la prevención en la salud y generar una cobertura universal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Salud para que adquiera unidades médicas móviles suficientes y otorgue en comodato a los estados las unidades necesarias para realizar campañas de prevención contra enfermedades en zonas de alta marginación y de difícil acceso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputado Héctor García García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

PROCESO DE DESINCORPORACION DE LOS INGENIOS AZUCAREROS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros del país, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscribimos, diputados del estado de Morelos de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 23 de julio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la federación, diversos inmuebles que forman parte de nueve unidades industriales denominadas ingenios azucareros, ubicados en los estados de Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, y se autoriza su enajenación a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes”, iniciando un procedimiento plagado de imprecisiones por la premura de la pretendida licitación, dada la proximidad entre dicho acuerdo y la terminación del mandato presidencial 2006–2012, por lo que en su momento se argumentó que se tendría que reponer el proceso.

Cabe recordar que 27 ingenios azucareros fueron expropiados mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 y 10 de septiembre de 2001 por causa de utilidad pública a favor de la nación, sin que la totalidad de dichos ingenios haya sido vuelta a enajenar dentro del plazo de año y medio que se preveía para tal efecto.

El gobernador constitucional del estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, ha manifestado que cuenta con el respaldo del Congreso del Estado de Morelos para, de conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales, lograr que el gobierno estatal participe en el proceso de desincorporación. En este sentido, la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, encabezada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, aprobó un punto de acuerdo en donde se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que tome en consideración el interés legítimo de los morelenses para la adquisición y usufructo de los ingenios azucareros Casasano La Abeja y Emiliano Zapata, ubicados en el territorio de la entidad. Lo anterior, para efectos del procedimiento que se siga para su desincorporación del patrimonio de la federación y su subsecuente enajenación.

Esta solicitud crea la oportunidad de reconocer la importancia que tiene el ramo azucarero para nuestra entidad, no sólo como un producto necesario para la alimentación, sino frente al potencial que tiene en la transición energética. Esta actividad económica, que debe realizarse con un manejo integral de los esquilmos del cultivo y los subproductos de la zafra para la restitución de suelos, integra regionalmente a la entidad y a la sociedad, y cuenta con varias cadenas de producción relacionadas con el producto, no sólo en Morelos, sino en todas las entidades en donde se lleva a cabo esta importantísima actividad.

Los abajofirmantes buscamos, mediante esta proposición, reconocer el derecho de la sociedad, y principalmente de nuestros campesinos y agricultores organizados en cooperativas o en asociaciones de productores que históricamente han vivido de y para el cultivo de la caña de azúcar y su transformación, para que de manera solidaria, junto con el Ejecutivo estatal, participen de manera preferente en el proceso de desincorporación en curso a cargo del Ejecutivo federal, a fin de que se constituyan en los principales beneficiarios de la enajenación a título gratuito u oneroso y del usufructo de los ingenios correspondientes.

Por lo tanto, exhortamos al Ejecutivo federal a reconsiderar la desincorporación de los ingenios del país y en particular de los ingenios Casasano La Abeja y Emiliano Zapata que se encuentran en el estado de Morelos, a fin de que se considere de manera preferente al gobierno del estado para que participe en la adquisición, enajenación a título gratuito u oneroso y usufructo de los ingenios.

De conformidad con lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en la desincorporación de los ingenios azucareros Casasano La Abeja y Emiliano Zapata, se considere de manera preferente la propuesta del Ejecutivo estatal de Morelos de participar en el proceso de enajenación a título gratuito u oneroso, así como de todos los gobiernos estatales en donde se encuentren ingenios azucareros y que hayan mostrado el mismo interés de participar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputados: Javier Orihuela García, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Andrés Eloy Martínez Rojas, Víctor Raymundo Nájera Medina, Gisela Raquel Mota Ocampo, Maricela Velázquez Sánchez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

CONDUCTORES DE MOTOCICLETAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conago a realizar en materia de tránsito y vialidad las modificaciones conducentes a establecer como obligatorio para motociclistas el uso de cascos y chalecos estampados con el número de placa, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito Leobardo Alcalá Padilla, diputado de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción I, numeral 1, del artículo 6, numeral 3 del artículo 62 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores, para hacer las modificaciones necesarias en materia de tránsito y vialidad, estableciendo como obligatorio, por medidas de seguridad e identificación el uso de cascos y chalecos estampados con el numero de placas, a los conductores de vehículos automotores (motocicletas).

Consideraciones

El vertiginoso crecimiento de nuestras ciudades así como el número de habitantes y del parque vehicular para su desplazamiento, constituyen una constante en el desarrollo demográfico en México. Lo anterior se ha convertido en un asunto de interés público y de observancia general, porque es de relevancia la solución del inconveniente y porque causa perjuicios a la colectividad.

La problemática principal, es el hecho que ha venido en aumento la cifra de población y como consecuencia inmediata la mancha urbana se agudizado, lo anterior nos obliga a buscar soluciones reales que se traduzcan en la reducción de tiempos de traslado; es decir, la reducción de tiempos al volante, para así beneficiar a la población directamente ahorrando el tiempo que invierten en sus traslados.

Aunado a la creciente en la población, el incremento de vehículos automotores; entre ellos las motocicletas, que últimamente  han crecido en gran proporción y se ha convertido este hecho en un problema de seguridad pública en las calles y avenidas del Área Metropolitana. Por lo anterior, hoy hago un llamado con el ánimo de mejorar las condiciones de seguridad de los conductores de este tipo de vehículos, concretamente se propone establecer disposiciones dentro de los Reglamentos de Tránsito de los Estados, para que el uso de motocicletas sea seguro y responsable, además y con ello la conformación de un sistema de seguridad que garantice el tránsito adecuado tanto de personas como de vehículos. Un ejemplo real de este tipo de medidas de seguridad es el uso del casco ya que con este mecanismo se puede preservar la vida cuando se suscita un accidente grave en el que el conductor de este tipo de vehículos se ve afectado. Otra medida, eficiente a mi parecer, es adoptar el uso obligatorio de un chaleco de material resistente a la abrasión y que adicionalmente en la parte posterior se muestre la matricula o placa del vehículo automotor, para una correcta y expedita identificación del conductor.

Con la medida anterior se busca dotar al tránsito peatonal y de vehículos de seguridad vial una visualización asertiva en cuanto el conductor de dicho vehículo para un sano uso del espacio público y una correcta interrelación entre los peatones y los usuarios de vehículos automotores.

La sanción aplicable a los motociclistas por circular sin el uso del aditamento en comento será de una multa equivalente a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Cabe señalar que para hacer efectiva la correcta aplicación de la normatividad  de la materia, las autoridades administrativas de los Estados y en el Distrito Federal competentes para imponer las sanciones cuando se infrinjan las disposiciones de transito serán  la Secretaria de Transportes y Vialidad y de Seguridad Publica de cada Estado.

Punto de Acuerdo

Único.Por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores, para hacer las modificaciones necesarias en materia de tránsito y vialidad, estableciendo como obligatorio, por medidas de seguridad e identificación el uso de cascos y chalecos estampados con el número de placas, a los conductores de vehículos automotores (motocicletas).

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputado Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

 INTERRUPCION DEL EMBARAZO LEGAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a armonizar su normativa para que se tenga acceso a la interrupción del embarazo legal por las causales previstas en sus códigos penales, suscrita por las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, diputadas a la LXII Legislatura Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Mícher Camarena, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62, párrafo 2, 65, párrafo 4, y 79, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, constituye un hecho histórico y un parte aguas en el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Desde su regulación, el 24 de abril de 2007, hasta la fecha se ha practicado un promedio de 100 mil procedimientos en condiciones dignas, seguras e higiénicas, que han contribuido al ejercicio libre e informado de los derechos sexuales y reproductivos de esas mujeres.

Consideramos que la aprobación de las emblemáticas reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal son ejemplo de un ejercicio de armonización legislativa congruente con el principio pro persona , incluido en el artículo primero constitucional, a partir de la reforma en materia de derechos humanos en 2010, así como con el principio de progresividad que busca ampliar los márgenes de la estandarización de los derechos humanos.

Desde la Cámara de Diputados trabajamos para que este ejercicio se replique en el resto de las entidades del país, con el objetivo de acabar con el agravio comparado que generan las legislaciones locales, que no sólo impiden el goce del derecho a la maternidad libre y voluntaria, sino que criminalizan la decisión de las mujeres de elegir libremente sobre sus cuerpo y su vida. Nos inquieta la tendencia creciente en el número de procesos penales y encarcelamientos contra mujeres que interrumpen su embarazo por diversas razones. Según el Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE), en 2007 se documentaron 62 casos, pero entre 2009 y 2011 sumaron 679.

Es alarmante observar que en esos dos años se elevó en 163.8 por ciento el número de mujeres denunciadas por haber abortado, a partir de la aprobación en varios estados de las reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción.

El GIRE ha denunciado que decenas de mujeres están sujetas a procesos penales por abortar. En la mayoría de los casos se trata de personas de escasos recursos económicos y de información, particularmente de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Por lo anterior, y en el marco de la despenalización de la ILE, también hacemos patente nuestra preocupación por las legislaciones restrictivas en 18 entidades del país que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y contravienen el principio de laicidad del Estado.

En el PRD tenemos la convicción de que la ley y los derechos no se negocian, por lo que hacemos un llamado a los gobiernos estatales para que respeten y cumplan las obligaciones internacionales y tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso de mujeres y niñas a sus derechos. Entre estas medidas destacamos la revocación de leyes que penalizan el aborto y criminalizan a mujeres que han tenido un aborto o intentado tenerlo.

En el quincuagésimo segundo periodo de sesiones, el Comité de la CEDAW expresó su preocupación por los casos de mujeres a las que se ha negado el acceso al aborto legal, incluso cuando cumplen los criterios legales restrictivos. Estas mujeres han sido reportadas a las autoridades judiciales por los proveedores de cuidados médicos y trabajadores sociales, generando que sean privadas de su libertad y condenadas a largas penas de prisión.

En la actualidad, la norma oficial 046 señala que las mujeres y las niñas víctimas de la violencia familiar y sexual, dentro y fuera del hogar, cuentan formalmente con el derecho a recibir atención médica y psicológica de manera gratuita en todo el sistema de salud. Esta norma mandata a todas las instituciones de salud otorgar asistencia y tratamientos especiales a quienes hayan sufrido violencia sexual. Es obligatorio que proporcionen tratamientos de profilaxis para VIH/sida, enfermedades de trasmisión sexual, anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo en caso de violación, con pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos.

En el marco del sexto aniversario de la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 Semanas de Gestación en el Distrito Federal (ILE), recordamos también a las autoridades del sector salud de todos los niveles de gobierno que tienen una asignatura pendiente con el cumplimiento de la NOM-046-SSA2-2005, y de la que el GIRE ha hecho la siguiente afirmación: “A pesar de existir la obligación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (SNS) de ofrecerla en un plazo no mayor a 120 horas”, sólo 15 de los 32 estados la proporcionan, entre ellos Durango, Guerrero, Zacatecas y el Distrito Federal.

Por todo lo anterior, desde esta tribuna exhorto a las autoridades a cumplir la recomendación que el Comité de la CEDAW emitió al Estado mexicano y que se conjuga en los siguientes puntos de acuerdo que someto a la consideración de esta asamblea con carácter de urgente y obvia resolución.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos estatales para que en el ámbito de sus atribuciones aseguren el acceso a servicios seguros de salud a las mujeres de sus entidades a las que se les interrumpa el embarazo por cualquier motivo legal.

Segundo. Que las autoridades estatales de salud garanticen el adecuado establecimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, particularmente el acceso de píldoras contraceptivas de emergencia, aborto y atención médica de enfermedades transmitidas sexualmente y el VIH/sida para las mujeres víctimas de violación.

Tercero. Se exhorta a las legislaturas estatales a revisar y armonizar las leyes relativas a la interrupción del embarazo y eliminen los obstáculos que impiden a las mujeres el ejercicio de su derecho a la maternidad voluntaria, a la luz del artículo 1o . constitucional y el principio pro persona.En particular a que especifiquen la autoridad responsable de dar certeza jurídica y seguimiento a los procedimientos de aborto legal previstos en los códigos penales de cada estado.

Cuarto.Se exhorta a las secretarias y secretarios de Salud de los estados a que prevengan a los proveedores de salud del sector público y privado, así como al personal de las áreas de trabajo social, a que se abstengan de criminalizar a las mujeres que acceden a un aborto, en virtud de que las reformas a las constituciones locales no han abrogado los motivos para la interrupción legal del embarazo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputadas: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS AGRESIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María de Jesús Huerta Rea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento y en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala lo siguiente:

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratifica que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluyendo la prerrogativa de buscar, recibir y difundir información. De igual forma se desprende que, nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

Por lo anterior, para que exista una sociedad democrática debe preceder una prensa libre, pluralista e independiente.

Así lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración de Windhoek (Namibia, 1991).

En nuestro marco jurídico, el derecho a la libre expresión 2 se encuentra consagrado en el artículo 6o., primer párrafo, de la Constitución, que a la letra dice:

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Asimismo el artículo 7o. del ordenamiento de referencia reconoce como inviolable la libertad de escribir y publicar documentos sobre cualquier materia, siempre y cuando que no atenten contra la vida privada, la moral y la paz pública, por lo que ninguna ley o autoridad podrán imponer censura previa.

Estas disposiciones determinan el marco normativo a partir del cual se reconoce y garantiza el desarrollo de las actividades periodísticas, así como de aquellas que realizan los medios de comunicación en su tarea de difusión de información.

Sin embargo, para nadie es un secreto que esos derechos son violentados en todas las latitudes del mundo y, por supuesto, nuestro México no es la excepción.

Al ejercer esta labor, los periodistas ponen en riesgo su vida, e inclusive, en múltiples ocasiones deben huir del país para resguardar su integridad y la de sus familiares, por ello estamos frente a una vulneración infame a los derechos humanos.

Christof Heyns, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sostiene que los periodistas [...] están siendo asesinados en números alarmantes por actores estatales y no estatales. Otros periodistas han sido intimidados para que se autocensuren de manera que éstos se encuentran en una situación vulnerable y su integridad física y su vida pueden verse amenazadas [...].

Añade que los periodistas deben hacer frente no sólo a los intentos de censura o de ejercer influencia en su labor sino también [...] a peligros físicos como el fuego cruzado, las amenazas, las agresiones o los intentos de agresión, los secuestros, la desaparición forzosa, e incluso la muerte.

Estoy convencida de que los periodistas merecen especial atención no sólo por sus actos de heroísmo ante el peligro, sino también por la importancia del papel social que desempeñan porque la libertad de expresión, como ha observado el relator especial, es también un derecho colectivo de la sociedad en su conjunto.

Según datos del Instituto Internacional de la Prensa (IIP) con sede en Viena, 2012 fue un año negro para los reporteros, 132 murieron en el ejercicio de su profesión, de ellos 25 en América Latina y el Caribe.

De acuerdo con ese instituto [...] los países tradicionalmente peligrosos para los periodistas, son: Pakistán, Somalia, Filipinas, Honduras, México y Brasil.

En América latina nuestro país encabezó la lista con siete reporteros asesinados, seguido por Brasil con cinco, Perú con cuatro, Colombia y Honduras con tres cada uno y Ecuador con uno.

Otros datos revelan la gravedad de las agresiones que sufren periodistas en nuestro país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2000 a noviembre de 2012, recibió 807 quejas por agravios a periodistas y, desde 2005, ha registrado 82 homicidios y 18 desapariciones de comunicadores. Además en los últimos cinco años, ha investigado 28 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación.

Este Organismo Nacional ha expresado su preocupación por las agresiones a los comunicadores, que además de violentar sus derechos humanos, vulneran el derecho de la población a estar debidamente informada.

Asimismo, considera de alto riesgo la labor que realizan los periodistas y comunicadores, en razón del incremento de las quejas y la gravedad de los ataques perpetrados en su contra.

Tan sólo del 1 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2012, la CNDH conoció de 658 quejas de comunicadores por violaciones a los derechos de seguridad jurídica, de libertad, legalidad, a la integridad y seguridad personal, a la propiedad y a la posesión e informa que las cinco entidades en las que se ha dado el mayor número de agravios a periodistas en este periodo fueron el Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México.

Ante estos datos, no podemos negar que las agresiones a periodistas y medios de comunicación son problemas que deben atenderse integralmente, a partir del diseño y desarrollo de medidas efectivas que les posibiliten el ejercicio de sus actividades en un marco de garantía y respeto.

En ese contexto, considero que desde ésta, la máxima tribuna de la nación, podemos contribuir a la solución de esos problemas, no sólo elaborando el andamiaje jurídico para la protección de los periodistas y medios de información, sino también, como representantes de los ciudadanos, dando seguimiento a cada agresión que aquéllos sufran y que sea denunciada ante las autoridades.

Con base en lo anteriormente expuesto , acudo a esta tribuna para patentizar mi compromiso y respaldo con  los periodistas de nuestro país, porque estamos convencidos que cualquier atentado que éstos sufran lesiona gravemente sus derechos humanos, rompe con esquemas de garantía y daña profundamente la confianza ciudadana en su gobierno. De igual manera reitero nuestro respaldo al trabajo que realizan los medios de comunicación.

Es menester señalar que en la LXI y LXII Legislatura en la Cámara de Diputados existió la Comisión para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas, con carácter especial.

En el caso de la Cámara de Senadores, se constituyeron 5 comisiones especiales para funcionar durante la LXII y LXIII Legislaturas entre las cuales, sí se incluyó una para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, misma que fue instalada el pasado 7 de febrero del año en curso.

Considerando la viabilidad de estos antecedentes y por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía la aprobación los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables; determine la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la comisión especial de referencia será emprender lo que se deriva de su denominación.

Tercero. La comisión especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, esta comisión especial contará con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones. De igual forma este órgano legislativo podrá allegarse de la información que considere pertinente; así como reunirse, cuando lo considere necesario, con las autoridades de los tres niveles de gobierno responsables, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Quinta. La duración de los trabajos que realice esta comisión especial será hasta el 31 de agosto de  2015 y por la importancia del tema no será rotatoria.

Notas:

1 Decisión 48/432, de 20 de diciembre de 1993,  siguiendo la recomendación adoptada durante la 26 sesión de la Conferencia General de la UNESCO en una resolución de 1991 sobre la Promoción de la libertad de prensa en el mundo.

2 Mensaje conjunto  del secretario general de las Naciones Unidas, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Directora General de la UNESCO en el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2012. Disponible en la siguiente liga: http://www.un.org/es/events/pressfreedomday/

3 Presentado el 10 de abril de 2012.

4 El 15 de enero de 2007  la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Legislatura, publicó en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. A su vez, en la Sexagésima Primera Legislatura, el 10 de diciembre de 2009, se publicó en el órgano de difusión parlamentario un acuerdo por el que se crearon diversas comisiones especiales, entre ellas, una para dar seguimiento también a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

5 Mediante acuerdo publicado el 16 de octubre de 2012.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputada María de Jesús Huerta Rea (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

ZONAS METROPOLITANA NUMERO 21 Y 23 A LOS MUNICIPIOS DE CHAPALA Y LA BARCA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la incorporación en las zonas metropolitana número 21 y 23 a los municipios de Chapala y Jalisco, respectivamente, y que se les otorguen recursos del Fondo Metropolitano autorizado en el PEF de 2013, suscrita por las diputadas Patricia Elena Retamoza Vega y María Angélica Magaña Zepeda, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, Patricia Elena Retamoza Vega y Angélica Magaña Zepeda, diputadas por el estado de Jalisco e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país vive las consecuencias de un crecimiento acelerado y desorganizado de los centros urbanos de población, implicando la necesidad de regular el desarrollo de ciudades y metrópolis en alarmante expansión.

En México más de la mitad de la población habita en zonas metropolitanas, que se integran por dos o más municipios, mismos que tienen que coordinar esfuerzos para establecer una planeación común, para resolver problemas en materia de asentamientos humanos, infraestructura y desarrollo urbano, agua potable, transporte y seguridad públicos, entre otros. Los problemas de las entidades se han agudizado y hecho cada vez más complejos como producto de esta conurbación.

Conforme a datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en nuestro país existen 56 zonas metropolitanas y 60 conurbaciones; de estas, 14 cuentan con un promedio de 750 mil habitantes, 32 entre 100 mil y 500 mil habitantes y 9 tienen una población mayor de un millón.

Lo anterior da un total de 57 millones de habitantes, lo que representa 53 por ciento de la población del país. Las 55 zonas metropolitanas están integradas por 309 municipios, que a su vez están ubicados en 29 de las 32 entidades del país. 3 de cada 4 de estos asentamientos son precarios, lo que conlleva a que 7 de cada 10 habitantes sean marginados.

Es de destacar que la población de estos asentamientos genera cerca de 70 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional pero; asimismo, también genera 66 por ciento de los desechos sólidos de todo México.

Hoy, a 32 años de la expedición de la primera legislación marco en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos desgraciadamente necesitamos reconocer que existen graves problemas, incongruencias, contradicciones y dificultades tanto en la leyes, reglamentos, decretos programas y en actos administrativos relacionados en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.

El artículo 115 constitucional instruye que, “cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad geográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con arreglo a la ley federal de la materia”.

Las áreas metropolitanas (o zonas conurbadas) dejan entonces de ser espacios en los que los niveles de gobierno puedan actuar en forma separada. De igual manera, la Constitución ordena que sean reguladas en forma conjunta.

La Ley General de Asentamientos Humanos dedica el capítulo tercero a las conurbaciones. Así, existe no sólo la obligación constitucional de regular conjuntamente las zonas conurbadas, sino además la instancia en la que ha de tener lugar de debate y han de adoptarse decisiones negociadas y obligatorias para todas las autoridades involucradas.

No obstante estos mandatos, la falta de recursos económicos no permite atender las necesidades de su población, imposibilitado la prestación de servicios y desarrollo.

En diciembre de 2005 se publicó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. Dicho presupuesto aprobaba la inclusión de fondo metropolitano, en el ramo 23, con un monto de mil millones de pesos. Para el desarrollo de acciones en infraestructura en áreas conurbanas de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Dicho decreto otorgaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público administrar dichos recursos corresponsabilizando a los gobiernos del estado de México y Distrito Federal. Estos aportaron una cantidad igual para el referido fondo. Para el Ejercicio Fiscal de 2013, se autorizaron 8 mil 616 millones 58 mil 106 pesos; para la zona metropolitana numero 21 de Guadalajara, Jalisco, la cantidad de 882 millones 112 mil 123 pesos, y para la zona metropolitana numero 21 de Ocotlán, Jalisco, 29 millones 62 mil 999 pesos.

La creación de tal fondo constituyó un acierto, pero no tomó en cuenta la existencia de otras 54 zonas metropolitanas. En razón de ello, se requiere incluir a otras zonas que se beneficien de dicho fondo, con la finalidad de avanzar en la equidad y proporcionalidad en la asignación de recursos fiscales, y con ello se requiere incluir a otras zonas que se beneficien de dicho fondo, con la finalidad de avanzar en la equidad y proporcionalidad en la asignación de recursos fiscales, y con ello reiniciar un proceso de construcción de una política metropolitana gubernamental, priorizando la atención de las distintas necesidades existentes en las metrópolis mexicanas.

Como es del conocimiento, existen otras zonas en el país con características similares a la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) que enfrentan los mismos rezagos, tal es el caso de las zonas metropolitanas de Guadalajara y Ocotlán, en el estado de Jalisco, y específicamente los municipios de Chápala y La Barca enfrentan los mismos rezagos, retos de los demás municipios que integran las zonas metropolitanas de Guadalajara y Ocotlán, Jalisco, requieren condiciones de igualdad y equidad de su población, para ser considerados, incorporados e incluidos como beneficiarios del Fondo Metropolitano de dichas zonas. Lo anterior es cuestión prioritaria para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, habido de que también cuenta con instrumentos legales e instancias de cooperación y colaboración en el ámbito de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales para la atención y solución de asuntos prioritarios de carácter metropolitano, y más aun por su situación geográfica.

Sin duda los municipios de Chápala y La Barca deben ser considerados en el Fondo Metropolitano de las zonas metropolitanas numero 21 (Guadalajara, Jalisco) y 23 (Ocotlán, Jalisco), especialmente bajo el criterio metodológico de municipios que integran zonas metropolitanas definidas por política urbana, utilizadas por el Conapo, con la finalidad de mejorar los niveles de bienestar de sus habitantes y que coadyuve a la solución de las problemáticas metropolitanas específicas de las ciudades en mención.

El municipio de Chápala se localiza al sur de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 43 kilómetros sobre la carretera Guadalajara-La Barca, y colinda al norte con el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, exactamente en la delegación de Atotonilquillo, con la población de Atequiza que pertenece al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos donde justamente se forma un continuo urbano de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, el municipio de La Barca está a 140 kilómetros de Guadalajara, se encuentra al sur del municipio de Jamay y al este con el municipio de Ayotlán.

Chapala está a 40 minutos de Guadalajara y está conectada por una red carretera que le comunica a todo el país a saber: autopista México vía corta, México vía Morelia, Guadalajara- Manzanillo, Barra de Navidad y Nogales; y el aeropuerto se encuentra a escasos 20 minutos.

Así también es importante mencionar el índice de desarrollo humano emitido por el Conapo, donde los municipios de Chapala y La Barca ocupan el 21o. y 15o. lugares en el estado de Jalisco y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su censo de población de 2010 manifiestan que tienen una población: Chapala de 48 mil 839 habitantes, y La Barca 64 mil 269 habitantes. Además de una población de más de 10 mil habitantes extranjeros que viven en la población de Ajijic, durante 6 meses del año, y una población turística flotante de aproximadamente unos 5 mil visitantes de fin de semana que provienen de la zona metropolitana de Guadalajara, y que también demandan una serie de servicios.

En consecuencia, se propone que los recursos del fondo en cuestión se distribuyan en forma proporcional y equitativa, para su ejercicio en un ámbito de colaboración, coordinación y corresponsabilidad y, por otra parte, es necesario avanzar legislando en materia de zonas metropolitanas y dar una mayor importancia de las zonas conurbadas y a las características particulares y su relevancia para la planeación y políticas urbanas, a fin de que superen problemas y rezagos sociales tan propios de estas zonas.

Por lo expuesto, estamos convencidas de la necesidad de someter a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que se incorpore e incluya en las zonas metropolitanas numero 21 (Guadalajara, Jalisco) al municipio de Chapala, y a la zona metropolitana numero 23 (Ocotlán, Jalisco) al municipio de La Barca, Jalisco, y para que a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, se les otorguen recursos del Fondo Metropolitano autorizados a las zonas metropolitanas numero 21 (Guadalajara, Jalisco), y a la zona metropolitana numero 23 (Ocotlán, Jalisco), para que sean beneficiarios de dicho fondo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.— Diputadas: Patricia Elena Retamoza Vega, Angélica Magaña Zepeda (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.