Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Cuando son las 12 del día con 12 minutos y es cumpleaños de Petra Barrera y de la compañera Ortega —no les digo cuántos, 25, se ve de 24, diputada— le ruego a la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 279 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 12:13 horas): Y por lo tanto, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Lunes 29 de abril de 2013

Lectura del acta de zla sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación a dictámenes negativos de proposiciones con punto de acuerdo.

En relación a modificación de turno de iniciativa.

De la Junta de Coordinación Política

De diputados

En relación a retiro de iniciativas y proposiciones.

Del Banco de México

Con el que remite el informe sobre el ejercicio del presupuesto de gasto corriente e inversión en activos fijos y de inversión en activo circulante, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, y los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2011 y 2012.

De la Secretaría de Gobernación

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las acciones implementadas de barrido contra la tuberculosis y brucelosis bovina en municipios del estado de Michoacán.

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso, relativo al Proyecto La Ensenada en el área natural protegida Yum Balam.

Del Congreso del Estado de Puebla

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso, en materia de deuda pública.

Iniciativa de senador

Que reforma la fracción XIX del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que se adiciona la fracción IX del artículo 2o. de la Ley de Planeación. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para los efectos de lo dispuesto de la fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, en materia de arraigo, y el artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de 2008.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 32, inciso d) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado “De las Sanciones”, de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

De la Comisión de Población, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 82 de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Martín Enrique Torres Lara, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Estonia, en la Ciudad de Tampico, con Circunscripción Consular en el estado de Tamaulipas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Enrique de la Fuente Quinzaños, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia, en la Ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al Ciudadano Miguel Ángel Marín Solís, para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados le confieren los Gobiernos de las Repúblicas Federativa de Brasil, de Chile y de El Salvador.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Flores González, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Galia Rabchinsky Krawetz y Jaime Núñez Llanas, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Verónica Sagrario Delgado Rosales y Lizzette Maily Corzo Trejo, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, y de la República de Corea, en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gabriela Paola Herrera Lizarde, Paloma Sánchez Hernández y Jesús Alejandro Arrona Saldaña, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y Nueva Zelanda en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Heleodoro Escobedo Mesa, Diego Escalante de Icaza, Dana Gabriela Rodríguez Rodríguez y Paola Vanessa Ramírez Moreno, puedan prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América y de Brasil, en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Cristina Rojas Olguín, Braulio Arturo Torres Rodas, Gabriela Ortega Trujillo, Leonardo Daniel Aguilar Morán, Cynthia Esther Cárdenas Ruiz de Chávez, Sergio Salazar Soto, Alejandro Olvera Moya, Sagra Margarita Clorio Jessel y Edgar Sánchez López, puedan prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América, de Brasil y de Australia, en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Diana Carolina Carmona Collado, Guillermo González Soto, Claudia Adriana Arias Valencia, Mariana Bush Rodríguez, José Roberto Guerrero Gallardo, Carla Rita Valverde Millones, Said Hawayek Figueroa, Manlio Alberto Lozano Casillas y José Arturo Garduño Teliz, y puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de Australia, en México, y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en el de Canadá en San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Nohemí Lira Albarrán, pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Cintia Olivia Enciso Arauzo e Iris Eunice Martínez Robles, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Dictámenes a discusiónDe leyes y decretos

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o., 9o. 37, 65 y 66; y adiciona los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Dictámenes a discusiónNegativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 6 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, 28, 28 bis y adiciona un párrafo VIII al artículo 27 y un VII al artículo 96 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 bis 32 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 23, 51 bis1 y 58 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 218 Capítulo III, Titulo Décimo Segundo de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXVIII al artículo 3 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que establece las bases de coordinación y ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 118 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

De la Comisión de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 10 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide el Código de Justicia Agraria y abroga la Ley Agraria.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desechan ocho Iniciativas con proyecto de decreto en materia de Letras de Oro e inscripciones de honor.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desechan dos Iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desechan cuatro Iniciativas con proyecto de decreto que reforman el Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 263 y 268 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que desechan Iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De la Comisión de Competitividad, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Dictámenes a discusiónDe puntos de acuerdo

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que designe al Titular del Instituto Mexicano de la Juventud.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Desarrollo Integral de la Familia, constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niñas, niños y adolescentes sin compañía, que sean repatriados de los Estados Unidos de América y se promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de los Estados Unidos de América atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con cinco ciudadanos cubanos.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por conducto de la Procuraduría General de la República, solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al Gobierno de México, de los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las Islas Bermudas a Javier Villareal ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, a garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permita a los ciudadanos, el uso del espacio público con seguridad ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Gobierno y al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, brindar apoyo a los locatarios afectados por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, incorporar en su Programa Nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “Demarcaciones Prioritarias”.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, una opinión en la que se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en relación con la regularización de vivienda de las familias asentadas en el Fraccionamiento Rincón de las Flores en Reynosa, Tamaulipas.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT, BANOBRAS, y CAPUFE, para eximir del cobro en la plaza 164 por la utilización del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicada en el Km. 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se solicita a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información relativa a las negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a niños expatriados.

De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones adoptar las medidas conducentes para asegurar que se brinde el debido seguimiento de atención de las quejas presentadas por los usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía móvil prestado por la compañía “Telcel” filial de “América Móvil”, el 26 de enero de 2013.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consolidar las áreas de servicio local correspondientes al Estado de Baja California.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos Estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades, a fin de aplicar programas de educación sexual a menores de edad en las escuelas del país.

De la Comisión de Asuntos Frontera Norte, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno de los Estados Unidos de América, destinar un número mayor de elementos en las garitas para agilizar los cruces fronterizos del norte del país.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, para que emprendan las acciones legislativas conducentes, con el objeto de tipificar en su legislación y, conforme a los estándares internacionales en la materia, el delito de desaparición forzada de personas.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, dé seguimiento a la atención de la recomendación 061/2011 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas Locales, para que emprendan las medidas legislativas necesarias tendientes a tipificación del delito de discriminación en su normatividad penal.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que se regularicen las concesiones de pozos con títulos vencidos en el país, otorgándoles las facilidades para adquirir nuevas concesiones y asignaciones.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua promover mediante campañas mediáticas de alta penetración, sistemas de recuperación de agua pluvial y busque intensificar sus Programas de Cultura del Agua.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno Federal, la instrumentación de acciones para atender el desabasto de agua en la Delegación Iztapalapa.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que incremente los programas de prevención de embarazos en mujeres adolescentes.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, Federal y Estatales, para que en coordinación con instituciones públicas y privadas, unan esfuerzos para que a través de caravanas de salud, intensifiquen las acciones de prevención del cáncer de mama.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, establezca un programa permanente para la detección temprana y prevención del Cáncer de Próstata.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH/Sida, transparenten y argumenten el proceso de dictaminación de la Convocatoria Pública para la implementación de estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante VIH y el Sida 2013.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de que se limite el uso de productos que contengan bisfenol A en el envasado de alimentos.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, evalúe, intensifique y perfeccione las campañas enfocadas a la detección temprana de la hipertensión arterial entre la población susceptible de padecer esta enfermedad.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y a los Gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, intensifiquen las acciones para la prestación de servicios de atención médica integral de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo relativos a la cancelación del registro de endosulfán en México, en cumplimiento del Convenio de Estocolmo.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobernador y a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, atiendan de forma prioritaria el problema de insuficiencia renal crónica que presentan los habitantes de la Región Oriente del Estado de Michoacán.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, difunda a través de una campaña masiva de comunicación, el uso de condón femenino y lo distribuya gratuitamente.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados manifiesta su beneplácito y respalda la candidatura de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas durante el periodo 2021-2022.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Tlaxcala a respetar y promover la libertad de expresión y garantizar los derechos y la independencia de los periodistas.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, y a las autoridades competentes, para que se incluya en la Guía Completa de la Nuevas Medidas de Seguridad en los Aeropuertos, la facultad para que el pasajero recupere aquellos productos que le sean confiscados.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la PGJDF, así como a las autoridades aeroportuarias, para que fortalezcan las medidas de seguridad, respecto del equipaje de los pasajeros, en el AICM.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SCT, para que renueve la NOM-012-SCT-2-2008, a efecto de reducir el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se otorguen apoyo a los productores de caña de azúcar para la adquisición de fertilizantes.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a través del Senasica implemente cercos sanitarios a efecto de controlar el daño que puede provocar la roya en los cultivos del café en el país.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa, para que a través del Senasica, declare la zona centro del estado de Sinaloa, como zona de baja prevalencia ante la plaga de la mosca de la fruta.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa, previa opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía emita la cuota y tarifa energética de estimulo a la productividad y competitividad del sistema-producto manzana en los términos que ordena la Ley de Energía para el Campo.

De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, integre en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de movilidad sustentable.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, para que en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se incorporen programas, estrategias y acciones específicas dirigidas a la atención de las niñas, niños y adolescentes.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobiernos Federal, de las entidades federativas y del DF, para que vigilen y supervisen el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez, y a sus congresos a legislar en la materia.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que firme y ratifique el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los Congresos Locales, a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se incorporen programas, estrategias y acciones específicas dirigidas a la atención de las niñas, niños y adolescentes.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo para requerir a Pemex Refinación que imponga penas a los franquiciatarios que incumplan con las obligaciones que la Normatividad les impone y aplique un Programa de Revisión de las Estaciones de Servicio para evitar incumplimiento al Marco Normativo.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Director General de Pemex, para que a través de su Órgano Interno de Control, se haga público el status de la investigación llevada en contra de Mexicana de Lubricantes, y se presenten las denuncias correspondientes.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a Pemex, a intensificar las acciones implementadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaria de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que implementen una campaña nacional sobre la disposición final de focos ahorradores; y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, a expedir una Norma Oficial Mexicana que regule la disposición final de los mismos.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General y al Consejo de Administración de Pemex, hacer públicos el Acuerdo CA-083/2011, el Acta de la Sesión Pública Extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Pemex y el Convenio Sindical 10614, signado entre la paraestatal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Director General de Pemex, a garantizar el mantenimiento integral de sus instalaciones y ductos.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de Pemex y de la PGR, agilizar las investigaciones sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, sucedida el pasado 18 de Septiembre de 2012.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo relativos a los ataques y difamaciones contra la comunidad Judía Mexicana.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo relativo a las solicitudes, los permisos o las licencias otorgados o en trámite para operar salas de juegos y sorteos en sitios considerados Monumentos Históricos, Artísticos o Arqueológicos, así como los próximos a Centros Educativos, Públicos o Privados.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo, relativos a los Humedales de Tláhuac, DF

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor, realicen las acciones pertinentes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores "Dendroctonus Mexicanus", así como "IPS Lecontei", que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal del estado de Chihuahua.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Segob y a la Semarnat, para que se realicen acciones de reforestación, para la recuperación del daño causado al ecosistema y población de la Huasteca Potosina, derivada de los incendios forestales ocurridos el mes de marzo de 2013.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Profepa informar a esta Soberanía si existe alguna denuncia o algún procedimiento abierto respecto a posibles afectaciones al ambiente en las minas de Texcoco.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat informe a esta Soberanía si existen procedimientos abiertos sobre el cumplimiento de las manifestaciones de impacto ambiental de las obras de la Subestación Eléctrica Cacaluta SF6 BCO.1 y Magueyitos SF6 BCOS 1 y 2.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se recomienda a la Cámara de Diputados a través de la supervisión, seguimiento y control de su Junta de Coordinación Política y del Comité de Administración, asumir el compromiso de evaluar su régimen normativo y así cumplir con el artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Poder Ejecutivo federal y al Poder Judicial de la Federación informar a esta Soberanía si se han emitido los manuales de sistemas de manejo ambiental que refiere el artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del DF, analizar y proponer soluciones para mejorar el desempeño del heroico cuerpo de bomberos.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Asuntos Frontera Sur Sureste, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a que a través de sus consulados en los Estados Unidos de América, realice una campaña de difusión que informe a la población mexicana residente en aquél país, sobre los beneficios que se tienen al registrar a sus hijos en las oficinas consulares.

Iniciativas

Que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 109 Ter a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Aguayo López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Francisco Alberto Zepeda González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 58, 63, 64 y 74 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 231 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Fernando Charleston Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 8o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 y adiciona los artículos 19 Bis y 19 Ter a la Ley de Migración, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 221-B a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 7o. y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 25, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 51 Bis 4 a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 37 y 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 65, 66, 67 y 69 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Leticia Mendoza Curiel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 153-T de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 233 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado José Luis Flores Méndez, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Consuelo Argüelles Loya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por el diputado José Alejandro Montano Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 182-I del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 129, 130, 199 y 202 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jorge Salgado Parra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 48 y 57 de la Ley General de Educación y 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Defensor de los Derechos del Menor, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 y 50 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 35, 49, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, y suscrita por el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Josefina García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Segundo Transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77 Bis 31 y 77 Bis 32 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Coordinación y Control de las Instituciones de Asistencia Social y Responsables de la Tutela de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón y suscrita por la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 22 y adiciona un artículo 22 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 16 y 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 31 y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier López Zavala y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Población. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 43 Bis y reforma el artículo 56 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6o. y 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Carreón Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 224 y 226 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 368 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 322 y 324 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen y suscrita por el diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1374 y 1412 Bis, y adiciona un artículo 1374 Bis al Código de Comercio, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. y 8o. de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo de la diputada Arely Madrid Tovilla y suscrita por el diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 5-Ter a la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada Mayra Karina Robles Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.a (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 263, 264 y 265 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Roberto López González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Comedores Públicos, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 7o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Impuesto Federal sobre la Producción de Energía Eléctrica proveniente de Fuentes Renovables, y reforma el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra y suscrita por la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, para que agilice los planes y programas contemplados en el Programa Nacional Contra la Sequía, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las autoridades correspondientes, revierta la reserva de la información relacionada con la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la solución del conflicto de la Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se incluyan los programas suficientes para dar cobertura en el apoyo de becas a niños y jóvenes, y éstos puedan culminar con los estudios de secundaria y preparatoria a nivel nacional, a cargo del diputado Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, incorpore políticas públicas integrales que instrumenten, impulsen y desarrollen programas a favor del servicio ferroviario de pasajeros, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Infonavit, para que transparente la información relativa a los ingresos anuales de vivienda, las reservas para riesgos preventivos, así como la información financiera relacionada con la cartera en prórroga, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la SHCP, a emprender las acciones necesarias a fin de solucionar la problemática de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, a cargo de la diputada José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta Jefe de Gobierno del DF, para que se realicen las adecuaciones pertinentes para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en todo el sistema de transporte público, en especial el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que emita el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la elección de un Congreso Constituyente que defina el contenido de una Constitución de la Ciudad de México, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad de la Segob, se consideren diversas medidas con objeto de mejorar el mantenimiento de la red carretera federal y disminuir los accidentes carreteros, a cargo del diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efeméride

Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Campeche como estado libre y soberano de la República Mexicana, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión de la asamblea el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinticinco de abril de dos mil trece, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos ocho diputadas y diputados, a las once horas con trece minutos del jueves veinticinco de abril de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre el Orden del Día, el Acta de la Sesión anterior, y diversos temas legislativos los diputados: Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Partido Acción Nacional, por la que solicita se retire de la Comisión de Justicia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento dieciocho del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada el veinte de diciembre de dos mil doce.

• María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita se retire de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, inicie las gestiones necesarias, a fin de que la zona natural conocida como Barranca de Huentitán de Oblatos, ubicada en el estado de Jalisco, sea declarada Patrimonio Natural por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, presentada el doce de marzo de dos mil trece.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De los diputados: Víctor Emanuel Díaz Palacios, y Blas Ramón Rubio Lara, ambos del Partido Revolucionario Institucional, oficios por los que comunican la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. De enterado. Comuníquense.

c) Del Gobierno del estado de Chihuahua, con las que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Gobernación:

• Tres, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

• Con la que remite la información relativa a las contrataciones por honorarios celebradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al Primer Trimestre de dos mil trece. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

e) De la Cámara de Senadores:

• Con las que se remiten Iniciativas con proyectos de decreto:

– Que reforma la fracción quinta del artículo ciento setenta y seis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora Graciela Ortiz González, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y de la Ley General de Turismo, presentada por el senador Óscar Román Rosas González, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Rabindranath Salazar Solorio, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo, para dictamen.

• Con la que se remiten Minutas con proyectos de decreto:

– Que adiciona un segundo párrafo al artículo ochenta y siete Bis dos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se adicionan las fracciones: décima, vigésima sexta, y cuadragésima séptima del artículo tres de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

– Que reforma el artículo primero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo primero de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

– Que adiciona el artículo trescientos diez Bis y reforma los artículos cuatrocientos veinte, cuatrocientos veintiuno, cuatrocientos veintiuno Bis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que adiciona el artículo dos de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

– Que reforma el artículo cinco de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

– Que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley General de Bienes Nacionales, para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A las once horas con treinta minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veintitrés diputadas y diputados.

Se da cuenta de la Minuta que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley General de Bienes Nacionales. En votación económica se autoriza dispensar de todos los trámites, y someterla a discusión y votación de inmediato. El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura al artículo diecinueve, fracción segunda, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, modificado por la Cámara de Senadores. En votación nominal por cuatrocientos veinticinco votos a favor; y una abstención se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley General de Bienes Nacionales. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes de la Comisiones:

a) De Derechos Humanos, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal.

b) De Educación Pública y Servicios Educativos:

• Que reforma los artículos tercero, cuarto, noveno, treinta y siete, sesenta y cinco, y sesenta y seis; y adiciona los artículos doce, y trece de la Ley General de Educación.

• Que reforma y adiciona los artículos séptimo, doce, y catorce de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

c) De Fomento Cooperativo y Economía Social, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

d) De Energía, que adiciona el inciso c) a la fracción segunda del artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

e) Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud que se ha cumplido con el trámite de Declaratoria de Publicidad, en votación económica se autoriza la discusión y votación de inmediato del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Derechos Humanos, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y del Código Penal Federal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Vicario Portillo Martínez, de Partido de la Revolución Democrática; Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional; y Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro del dictamen los diputados: Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Partido Acción Nacional; y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Sin más oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos cincuenta y uno votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Se someten a discusión los dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Hacienda y Crédito Público, que reforma el artículo veintisiete y deroga el artículo treinta y dos de la Ley del Seguro Social. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Jorge Herrera Delgado. Para presentar moción suspensiva interviene el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Partido Acción Nacional, en votación económica se desecha. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; Jhonatan Jardines Fraire, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional; y Regina Vázquez Saut, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra del dictamen el diputado José Arturo Salinas Garza, del Partido Acción Nacional; y en pro las diputadas: Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; y Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano. El Presidente informa a la Asamblea que se ha reservado para discusión en lo particular la fracción sexta del artículo veintisiete, del proyecto de decreto. En votación nominal por trescientos treinta y seis votos a favor; ciento quince en contra; y trece abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

Se concede el uso de la palabra a los diputados:

• David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar propuesta de modificación al artículo reservado veintisiete fracción sexta, del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, y queda en los términos del dictamen.

• Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de adición de tres artículos transitorios. En votación económica se admiten, y de la misma forma se acepta que formen parte del dictamen.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos treinta y un votos a favor; noventa y uno en contra; y veinte abstenciones, se aprueba en lo particular el artículo veintisiete, fracción sexta, en términos del dictamen; así como la adición de tres artículos transitorios aceptada por la Asamblea. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo veintisiete y deroga el artículo treinta y dos de la Ley del Seguro Social. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

b) De Vivienda, que adiciona el artículo setenta y uno a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Se concede el uso de la palabra para fundamentar y presentar una propuesta de modificación al dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León. En votación económica se admite a discusión y se acepta. Para fijar postura de su grupo parlamentario interviene el diputado Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Ciudadano; y para presentar propuesta de modificación al dictamen la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática, que en votación económica se desecha. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cincuenta votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona el artículo setenta y uno a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) De Fomento Cooperativo y Economía Social, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional; y Luis Olvera Correa, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos cincuenta y cuatro votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

d) Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, y de la Ley de Coordinación Fiscal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Adolfo Bonilla Gómez. Para presentar moción suspensiva interviene el diputado Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional, la cual en votación económica se desecha. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Judith Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México; Trinidad Secundino Morales Vargas, del Partido de la Revolución Democrática; Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional; y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra del dictamen el diputado Rubén Camarillo Ortega, del Partido Acción Nacional; y en pro el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: veintisiete Bis, párrafo primero, de la Ley Minera; segundo, párrafo segundo y cuarto; y cuarenta y siete Bis, de la Ley Coordinación Fiscal; y Primero Transitorio, del proyecto de decreto. En votación nominal por trescientos cincuenta y nueve votos a favor; setenta y siete en contra; y diecinueve abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

Se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación de los artículos reservados a los diputados:

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados:

– Veintisiete Bis, párrafo primero, de la Ley Minera, en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

– Segundo, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• José Arturo López Candido, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, párrafo cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarenta y siete Bis, de la Ley de Coordinación Fiscal, en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México, dejó por escrito, su propuesta de modificación al artículo Primero Transitorio, del proyecto de decreto, en votación económica se admite a discusión, y de la misma manera se autoriza que forme parte del dictamen.

Desde su curul, la diputada Amalia Dolores García Medina hace moción de ilustración. El Presidente hace aclaraciones.

En votación nominal se aprueban en lo particular los artículos reservados veintisiete Bis de la Ley Minera; segundo, y cuarenta y siete de la Ley de Coordinación Fiscal, en términos del dictamen; y el artículo Primero Transitorio, con la modificación aceptada por la Asamblea, del proyecto de decreto, por trescientos cuarenta y un votos a favor; sesenta y ocho en contra; y dieciséis abstenciones. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, y de la Ley de Coordinación Fiscal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa a la Asamblea que el siguiente punto del Orden del Día es la discusión de la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos sexto, séptimo, veintisiete, veintiocho, setenta y tres, setenta y ocho, noventa y cuatro, y ciento cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones, devuelta por la Cámara de Senadores, con modificaciones. Se concede el uso de la palabra para ilustrar a la asamblea respecto de este trámite al diputado Julio César Moreno Rivera. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro del proyecto de decreto los diputados: Purificación Carpinteyro Calderón, Fernando Belaunzarán Méndez, ambos del Partido de la Revolución Democrática; e interviene en contra el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo. Sin más oradores registrados, el Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para discusión en lo particular los artículos: sexto, y veintiocho, del proyecto de decreto. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados por cuatrocientos nueve votos a favor; treinta y dos en contra; y dos abstenciones.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a los diputados:

• Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el artículo sexto, párrafo primero, reservado del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el artículo sexto, párrafo primero, reservado del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, en relación con el artículo veintiocho, párrafo décimo sexto, reservado del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los artículos veintiocho, párrafo décimo noveno, fracción sexta; y veintiocho, párrafo vigésimo segundo, fracción tercera, reservados del proyecto de decreto, en votación económica no se admiten a discusión, y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para presentar en relación con el artículo veintiocho, párrafo décimo noveno, fracción séptima, reservado del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

La Secretaría da lectura a la propuesta de modificación al artículo veintiocho, párrafo décimo noveno, fracción séptima, reservado del proyecto de decreto presentada por el diputado Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional. En votación económica se admite a discusión, de la misma manera se autoriza que forme parte del dictamen.

• Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el artículo veintiocho, párrafo décimo noveno, fracción séptima, reservado del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación a la Minuta los diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; y Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

• Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el artículo veintiocho, reservado del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano en relación con el artículo veintiocho, párrafo vigésimo segundo, fracción séptima, reservado del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

En votación nominal por trescientos noventa y tres votos a favor; cuarenta y seis en contra; y tres abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos sexto, en términos del dictamen; y veintiocho, con la modificación aceptada por la Asamblea, del proyecto de decreto. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos sexto, séptimo, veintisiete, veintiocho, setenta y tres, setenta y ocho, noventa y cuatro, y ciento cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones. Se devuelve a la Cámara de Senadores, para los efectos del apartado E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con el artículo cien, y ciento dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo noventa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Alfa Eliana González Magallanes, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo séptimo de la Ley de Nacionalidad. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Rodimiro Barrera Estrada, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Procuraduría General de la República para que consideren la creación de una Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos contra los migrantes nacionales y extranjeros que ingresan, permanecen y se trasladan en el territorio mexicano. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se contemple una mayor participación de los ciudadanos en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil trece. Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

• David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que publique un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que autorice la modificación a las tarifas de energía eléctrica, eliminando los meses de mayo, junio y octubre como parte del periodo de aplicación de la tarifa horario verano en periodo punta, para la industria de Baja California. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• María Leticia Mendoza Curiel, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que considere llevar a cabo la actualización del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Leticia López Landero, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta Ejecutivo Federal para que emita el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, y a la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas, para opinión.

• Rodimiro Barrera Estrada, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se diseñen mecanismos especiales para la atención de las personas con impedimentos económicos y que padecen enfermedades terminales y crónico degenerativas, en la región de tierra caliente y costa del estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Erick Marte Rivera Villanueva, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía para que se instruya la creación e implementación de un programa especial que atienda la reducción de consumo de energía en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Rodimiro Barrera Estrada, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que implemente un programa de empleo temporal, ante la difícil situación del sector pesquero en la zona de tierra caliente y costa del estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Directora del Desarrollo Integral de la Familia para que emprenda un proceso de coordinación con los sistemas estatales y municipales para el desarrollo integral de la familia, encaminado a lograr la simplificación de los procesos de adopción. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los congresos y poderes ejecutivos de las entidades federativas a emprender acciones para el reconocimiento del grafiti artístico. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Humberto Armando Prieto Herrera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Competencia, realicen un estudio de las rutas aéreas y se apliquen medidas que permitan condiciones que reduzcan las tarifas en los servicios de aviación. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, para que extiendan dicho programa a trece de los municipios más pobres del estado de Chihuahua. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que considere a las cooperativas de productores y de consumidores de bienes y/o servicios como parte de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• María del Rocío García Olmedo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que ordene la creación del Programa Nacional de Atención a Menores Víctimas de la Violencia Delincuencial. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Chihuahua para que, en coordinación con la Procuraduría General de la República y el Comisionado de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, garanticen la seguridad de los aspirantes a los distintos cargos de elección popular en los próximos comicios programados. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Sergio Armando Chávez Dávalos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que se implemente un programa de difusión, orientación y, en su caso, capacitación a los productores de agave, con el objeto de que puedan cumplimentar lo dispuesto en la NOM-006-scfi-2012. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita la creación de un Grupo de Trabajo para conocer las condiciones y causas bajo las cuales se ordenó el cobro del REPUVE, a fin de determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta Congreso del estado de Chihuahua para que discuta y, en su caso, apruebe la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del estado de Chihuahua. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, y a la Comisión de Lucha Contra la Trata de Personas, para opinión.

• Angelina Carreño Mijares, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que implemente una campaña a fin de que los mexicanos en el exterior participen en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que instituya el veinticinco de marzo como Día Nacional de los Pueblos Afromexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

· Héctor García García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, adquiera unidades médicas móviles suficientes y otorgue en comodato a los estados, las unidades necesarias para realizar campañas de prevención contra enfermedades en zonas de alta marginación y de difícil acceso. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que reconsidere el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros del país. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores para que se hagan las modificaciones necesarias en materia de tránsito y vialidad, estableciendo como obligatorio el uso de cascos y chalecos estampados con el número de placas, a los conductores de motocicletas. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Aleida Alavez Ruiz y Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los congresos de los estados para que armonicen su legislación, a fin de que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo legal, bajo las causales previstas en sus códigos penales. Se turna a la Comisión de Equidad y Género, para dictamen.

• María de Jesús Huerta Rea, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Patricia Elena Retamoza Vega y María Angélica Magaña Zepeda, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la incorporación en las zonas metropolitana número veintiuno, y veintitrés a los municipios de Chapala y Jalisco, respectivamente, y se les otorguen recursos del Fondo Metropolitano autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil trece. Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para dictamen.

El Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día lunes veintinueve de abril de dos mil trece, a las doce horas, y levanta a las dieciocho horas con treinta y un minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Agricultura y Sistemas de Riego

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para que se implementen los mecanismos necesarios para la atención de las comunidades de los estados de Sonora y Sinaloa afectadas por las heladas ocurridas en fechas recientes.

Pesca

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la instauración de acciones para prevenir y combatir la pesca ilegal del pepino de mar.

Relaciones Exteriores

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar negociaciones bilaterales para establecer un instrumento internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Guatemala, sobre la regulación y cooperación regionales en materia de cuerpos de agua y sistemas hídricos transfronterizos referentes al río Usumacinta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para que se implementen los mecanismos necesarios para la atención de las comunidades de los estados de Sonora y Sinaloa afectadas por las heladas ocurridas en fechas recientes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sagarpa y a la Conagua, para que implementen los mecanismos necesarios para la atención de la comunidades del estado de Sonora y norte de Sinaloa, afectadas por las heladas ocurridas los días 13 y 14 de enero del 2013, propuesta por el diputado Cuauhtémoc Galindo, Integrante del Grupo Parlamentario del PAN, el pasado 30 de enero del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego le corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 30 de enero de 2013, el diputado Cuauhtémoc Galindo, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Sagarpa y a la Conagua, para que implementen los mecanismos necesarios para la atención de la comunidades del estado de Sonora y norte de Sinaloa, afectadas por las heladas ocurridas los días 13 y 14 de enero del 2013.

El 30 de enero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, mediante número de oficio: DGPL. 62-II-3-404 y número de expediente 1180 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición antes mencionada.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos las siguientes:

Consideraciones

Que el cambio climático es un fenómeno que ha provocado que los desastres naturales y las contingencias climatológicas en nuestro país, se hayan convertido en circunstancias no sólo desastrosas, sino cotidianas. Circunstancias que además, provocan que las condiciones de vida de millones de mexicanos sea cada vez más adversas e incluso, que la situación de alto riesgo de mortalidad se incremente por el simple hecho de no tener recursos para hacer frente a los fuertes cambios ambientales.

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 37 señala, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales.

En el párrafo segundo de la misma ley, indica que dentro del presupuesto de egresos se deberán de prever asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, sumadas a las disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 por ciento del gasto total programable.

Que en los Presupuestos de Egresos de la Federación, desde 2003 a 2010, se contempla, el Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas y que es operado por reglas de operación, como lo considera la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Que se coincide con el promovente, al señalar que los daños causados a los Estado de Sinaloa y Sonora por los eventos climáticos en el pasado mes de enero, pusieron en indefensión a la población, ante los cambios de temperatura drástica y que como consecuencia provocaron daños severos a la producción agropecuaria, como es el caso de diversos cultivos como lo son el frijol, maíz, garbanzo, papa, calabaza, tomate, tomatillo, sandía, melón y diversas hortalizas.

Que Conagua, el pasado 6 de febrero del año en curso, emite Comunicado de Prensa No. 049-13 en la que establece la autorización del suministro emergente para resiembra de cultivos dañados por las contingencias en Sinaloa y en reunión con el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, convocada por el Gobierno de Sinaloa, se acordó que, como apoyo extraordinario, la Conagua perforará pozos profundos y extraerá agua con equipos de bombeo, con lo que tendrá el volumen suficiente para el riego de 25 mil hectáreas resembradas, y para el resto, enviará el volumen de agua proveniente de los embalses.

Que el pasado 24 de enero del año en curso, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de Emergencia por la presencia de helada severa del 11 al 15 de enero de 2013, en 10 municipios del estado de Sonora.

Que el pasado 29 de enero del presente año, el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de Emergencia por la presencia de helada severa del 15 al 17 de enero de 2013, en 4 municipios del estado de Sinaloa.

Que el pasado 6 de febrero de este año, publico en el Diario Oficial de la Federación, la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la declaratoria de desastre natural perturbador en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la Helada Atípica y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno meteorológico a los activos productivos elegibles de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajos ingresos, que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola y pesquero, establecidos en los municipios de Ahome, Angostura, Choix, El Fuerte, Guasave, Navolato, Salvador Alvarado y Sinaloa del estado de Sinaloa.

Que el pasado 13 de febrero del 2013, publico en el Diario Oficial de la Federación, la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la declaratoria de desastre natural perturbador en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la Helada y en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno meteorológico a los activos productivos elegibles de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajos ingresos, que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola y pesquero, establecidos en los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Altar, Arivechi, Arizpe, Atil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Granados, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huépac, Huatabampo, Imuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Nogales, Navojoa, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Yécora y Villa Pesqueira del estado de Sonora.

En ambos acuerdos se establecen las acciones encaminadas para atender el componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos desastres naturales perturbador en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, el cual se expide con el fin de ejercer los recursos con cargo al presupuesto del año fiscal 2013.

De lo anterior se desprende que las autoridades correspondientes implementaron acciones, que en su momento el diputado promovente solicitó a través de su Proposición con Punto de Acuerdo, con lo cual se atiende la proposición en comento.

Que el diputado promovente, presentó en tiempo y forma su preocupación sobre las heladas en el norte de los estados de Sinaloa y Sonora. Que esta Comisión se mantuvo atenta a que se firmaran los respectivos convenios con dichos estados para la asignación de los recursos correspondientes. Que la Sagarpa actuó con toda celeridad como ya se menciono en el cuerpo del presente dictamen y por lo tanto esta Comisión considera que ha quedado sin materia la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que pretendía exhortar a la Sagarpa y a la Conagua, para que implementen los mecanismos necesarios para la atención de las comunidades del estado de Sonora y norte de Sinaloa, afectadas por las heladas ocurridas los días 13 y 14 de enero del 2013

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión, tenemos a bien poner a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo para que se implementen los mecanismos necesarios para la atención de las comunidades del estado de Sonora y Sinaloa afectadas por las heladas ocurridas en fechas recientes, presentada por el diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de enero de 2013.

Segundo.Archívese el presente expediente como total y definitivamente concluido

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados: José Antonio Rojo García de Alba, presidente (rúbrica), Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Cario Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Juan Bueno Torio, Leslie Pantoja Rodríguez (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Larsa (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.»

«Dictamen de la Comisión de Pesca, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la instauración de acciones para prevenir y combatir la pesca ilegal del pepino de mar

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca fue turnada, para estudio y dictamen, el expediente número 1554 mediante oficio D.G.P.L. 62-II-4-547, que contiene proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emprender acciones para prevenir y combatir la pesca ilegal del pepino de mar, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 19 de marzo de 2013.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 85, 157 fracción I, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

1. Con fecha 19 de marzo de 2013, el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emprender acciones para prevenir y combatir la pesca ilegal del pepino de mar.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca.

3. Tomando como base los elementos de información disponibles, así como la propuesta citada, la Comisión de Pesca se abocó al estudio y análisis para cumplir con el mandato del pleno de esta Cámara de Diputados con base en las siguientes

Consideraciones

I. El diputado proponente expone que las holoturias, conocidas comúnmente como “pepinos de mar”, son animales marinos que pertenecen a la familia de los equinodermos y cuya pesca en México comenzó a finales de la década de 1980. Aunque estos animales son inofensivos y se enfrentan a relativamente pocos depredadores, hay uno de ellos, el hombre, que puede acabar con su existencia. Y que por ello es que pese a que en México el pepino de mar es escasamente aprovechado, éste es un ingrediente esencial en la preparación de diferentes platillos de la gastronomía de algunos países de Asia, se le reconocen también propiedades medicinales para tratar dolores y malestares musculares, estomacales y respiratorios e incluso recientemente se ha descubierto que algunas especies poseen una molécula que puede ser utilizada para combatir tumores cancerígenos de hígado, mama y pulmón. Asimismo, las culturas orientales mantienen la creencia de que su consumo produce efectos afrodisiacos, aunque de esto último no exista evidencia científica.

Explica que debido a lo anterior el mercado asiático, principalmente el chino, demanda anualmente grandes cantidades de este equinodermo y aunque su exportación representa un negocio importante por su alta cotización (pues ya procesado el pepino de mar alcanza un costo de hasta 220 dólares por kilogramo) su sobreexplotación puede generar problemas de equilibrio en los ecosistemas de que se extrae.

Informa también que el pepino de mar cumple una importante función ecológica de renovación y limpieza de los sedimentos del fondo del mar, dado que estos organismos se alimentan de ellos y luego del proceso digestivo los regresan limpios al suelo marino. Esta característica convierte al pepino de mar y sus excrementos, en eficaces defensores de la vida de los arrecifes coralinos puesto que reducen el impacto que en el desarrollo de los corales tiene la acidificación de los océanos provocada por los seres humanos.

Por esto, señala que si bien la pesquería del pepino de mar es una de las más rentables y valuadas en el mundo, no podemos dejar de señalar que ésta es también una de las que produce efectos más negativos en términos ecológicos, pues si no se lleva a cabo con responsabilidad, en poco tiempo puede derivar en la extinción de la especie, presente en la Tierra desde hace más de 400 millones de años.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura las reservas de pepino de mar en todo el mundo están siendo sometidas a una intensa presión pesquera, por lo cual esta especie enfrenta una situación cada día más difícil.

En el país la pesquería del pepino de mar representa una fuente importante de ingresos para muchas familias de pescadores de la península de Yucatán no obstante que la temporada de pesca dure solamente entre 35 y 40 días. Los pescadores ponen en riesgo su vida para extraer pepino de las profundidades del mar con escasa capacitación y equipo de buceo insuficiente ya que, con ello pueden obtener ingresos cercanos a 3 mil pesos diarios.

Es una realidad que los comercializadores del producto ejercen presión para que la extracción de pepino de mar deje de ser considerada pesca de fomento y se explote de manera comercial, lo que, hipotéticamente, aumentaría la cantidad que podría extraerse cada año. En el pasado 2012 se extrajeron 860 toneladas que, por cierto, resultaron insuficientes para satisfacer la gran demanda que tiene el producto. El que una especie se explote comercialmente o no, lo determina la cantidad de biomasa de la misma existente por cada kilómetro cuadrado y según la opinión de algunos expertos la cantidad de biomasa existente en los mares tanto del estado de Yucatán como de Campeche no permitiría que se aumente de modo significativo la cantidad que se permite extraer. Pese a ello, según lo reportó la prensa, fueron sólo trámites administrativos los que retrasaron para este año el cambio de modalidad en la pesca de pepino de mar.

El diputado proponente señala que aun cuando la industria del cultivo de pepino de mar está creciendo, a nivel mundial la actividad extractiva sigue siendo preponderante, en gran medida debido a que la acuacultura implica un costo, el cual reduciría los rendimientos de la explotación del pepino. En México poner en marcha una red de granjas dedicadas al cultivo de pepino de mar sería una posible solución para ayudar a resolver el problema de la sobreexplotación.

Recalca que en la práctica, más allá del hecho de que se permita o no la captura de pepino de mar o que su pesca sea considerada comercial o de fomento, el peor enemigo de la supervivencia de estos organismos es la pesca ilegal y el contrabando que ésta genera porque al extraerse fuera de temporada se inhibe la reproducción de sus poblaciones.

Se estima que en México cada año se extraen ilegalmente entre 4 mil y 5 mil toneladas de pepino mar, lo cual quintuplica la cantidad legalmente permitida y pone en grave riesgo a la especie. Señala que para que el contrabando funcione es necesario no sólo un grupo de pescadores que extraigan el producto y luego lo entreguen a los contrabandistas sino también una red de complicidades y corrupción que haga posible que el producto llegue a su destino final y ésta incluye tanto a las autoridades portuarias como a las autoridades aduanales.

II. La comisión dictaminadora respecto del primer exhorto que propone el diputado Escobar y Vega señala que el aprovechamiento del recurso pepino de mar presente en aguas marinas de la península de Yucatán ha sido con base en información científica generada por el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) durante el periodo 2009-2012. Debido a que no se contaba con la ficha de este recurso en la Carta Nacional Pesquera su aprovechamiento fue a través de permisos de pesca de fomento, asociados a un protocolo de investigación para estimar la distribución y abundancia de las principales especies aprovechables en la península de Yucatán. Estas prospecciones permitieron obtener suficiente información para establecer puntos de referencia que determinaron la factibilidad del aprovechamiento comercial de estas especies.

En relación al segundo punto de acuerdo que propone, se comenta que el año pasado fue publicada la ficha técnica del recurso pepino de mar en la Carta Nacional Pesquera (DOF 24/08/2012) donde señalan los puntos de referencia para abrir la pesca comercial indicando no autorizar la captura cuando la biomasa en una zona de pesca sea inferior a 3,000t y no autorizar la captura cuando la biomasa por kilómetro cuadrado sea inferior a las 10t.

Después de la temporada de pesca 2012 el Inapesca realizó una evaluación de las poblaciones de pepino de mar en la plataforma continental de Yucatán, los resultados fueron presentados el 29 de enero de 2013, esta evaluación mostró que las poblaciones de pepino de mar susceptibles de aprovechamiento no cumplían con los puntos de referencia establecidos por lo que con base en el dictamen técnico del Inapesca denominado Fundamento para el establecimiento del periodo de veda de todas las especies de pepino de mar que ocurren frente a las costas de la Península de Yucatán y Mar Caribe, el 14 de febrero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el establecimiento de veda permanente para la pesca de pepino de mar en las aguas marinas de jurisdicción federal localizadas frente a la costa de la Península de Yucatán.

El 26 de marzo de 2013, el Inapesca presentó la opinión técnica sobre el estatus de las poblaciones de pepino de mar en la plataforma continental de Yucatán durante el primer trimestre del 2013, en el que se señala que el pepino de mar café de Yucatán es susceptible de aprovechamiento comercial en tres de las cuatro zonas en las que se dividió el estudio. El Inapesca autorizó cuotas de captura para cada zona, con lo cual no se pone en riesgo la sustentabilidad del recurso. Debido a lo anterior el Inapesca publicó el dictamen técnico denominado Fundamento Técnico para modificar la veda de pepino de mar en la Península de Yucatán en el que se recomienda la apertura de la temporada de captura frente a las costas del estado de Yucatán, a partir del 8 de abril de 2013 y establecer nuevamente la veda a partir del 15 de mayo de 2013, hasta nuevo aviso. Las zonas susceptibles de aprovechamiento son:

• Zona I: de la frontera entre Campeche y Yucatán hasta Chuburná.

• Zona III: de San Crisanto al faro de Yalkubul; y

• Zona IV: del faro de Yalkubul hasta la frontera entre Yucatán y Quintana Roo.

Sobre el exhorto a introducir y desarrollar en el país el cultivo del pepino de mar, se señala que esta es una de las acciones de investigación contempladas en el Programa de Ordenamiento de la Pesquería, de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Finalmente, sobre el tercer punto de acuerdo que propone el diputado Escobar y Vega respecto a exhortar a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Marina, así como al procurador federal de Protección al Ambiente, a intensificar las acciones de inspección y vigilancia durante el periodo de veda del pepino de mar para evitar la pesca ilegal de éste, se encontró que esta acción ya está contemplada entre las estrategias por desarrollar durante la temporada de pesca 2013 y es también uno de los ejes por desarrollar en el Programa de Ordenamiento Pesquero de este recurso.

Con base en los antecedentes y consideraciones mencionados, esta Comisión de Pesca somete a la atención de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la instauración de acciones para prevenir y combatir la pesca ilegal del pepino de mar, presentada por el diputado Arturo Escobar y Vega del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Pesca, diputados: Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete, María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quián Alcocer (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Nabor Ochoa López, Salvador Ortiz García (rúbrica), Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano.»

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Asuntos Frontera Sur-Sureste, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar negociaciones bilaterales para establecer un instrumento internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Guatemala, sobre la regulación y cooperación regionales en materia de cuerpos de agua y sistemas hídricos transfronterizos referentes al río Usumacinta

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Asuntos Frontera Sur-Sureste, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (en adelante SRE) a iniciar negociaciones bilaterales para establecer un instrumento internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Guatemala sobre la regulación y cooperación regionales en materia de cuerpos de agua y sistemas hídricos transfronterizos referentes al río Usumacinta, presentada por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados

Antecedentes

1. En sesión del pleno del día 9 de abril de 2013, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

2. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Asuntos Frontera Sur-Sureste para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido

Propone que se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar negociaciones bilaterales para establecer un instrumento internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Guatemala sobre la regulación y cooperación regionales en materia de cuerpos de agua y sistemas hídricos transfronterizos referentes al río Usumacinta.

Metodología

Las comisiones realizaron el análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, la normatividad y tratados internacionales vigentes, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictaminación.

Consideraciones:

Primera. La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez en su exposición de motivos destaca las siguientes consideraciones:

Menciona que los cuerpos de agua adquieren su status transfronterizo cuando atraviesan límites internacionalmente establecidos entre territorios de dos o más países y los sistemas hidrográficos son aquellos en que las aguas abarcan un río principal desde su nacimiento hasta su desembocadura.

En este sentido, indica que el río Usumacinta, tiene la característica de que lo compartimos con nuestro vecino país de Guatemala, este río es el sexto más largo de Latinoamérica proveniente de las partes altas de El Quiché en la República de Guatemala, avanza con gran cauce hacia el sureste de nuestro País adentrándose en el estado de Tabasco en donde hace vínculo con otro gran río que es el Grijalva. Finalmente, este desemboca en el Golfo de México y cuenta en su totalidad con una longitud de mil 100 kilómetros de largo.

Por lo anterior, considera necesario establecer un instrumento internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Guatemala sobre la regulación y cooperación regionales en materia de cuerpos de agua y sistemas hídricos transfronterizos referentes al río Usumacinta.

Segunda. Al respecto, las Comisiones aprecian oportuno puntualizar lo siguiente:

1. Existen mecanismos de coordinación en materia de Límites y Aguas entre México y Guatemala desde el siglo XIX.

2. En 1961 se creó la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, como consecuencia inmediata de las recomendaciones de la reunión internacional de ingenieros de México y de Guatemala llevada a cabo del 20 al 24 de febrero de 1961.

Así, la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala fue creada por Canje de Notas Diplomáticas fechadas el 9 de noviembre y 21 de diciembre de 1961, quedando formalmente instalada ello de agosto de 1962, mediante el Acta de inauguración celebrada en la Ciudad de Tapachula, Chiapas.

Por otra parte, el Tratado para fortalecer la Comisión Internacional de Límites y Aguas firmado el 17 de julio de 1990, fue aprobado por el honorable Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1991.

El 5 de marzo del año 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio de dicho tratado, con lo cual ha entrado en vigor en los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, el 27 de septiembre del año 2002, se publicó en el Diario Oficial de Guatemala el Decreto Número 54-2002, que aprobó el Tratado, mismo que ha entrado en vigor en la República de Guatemala.

En este sentido, la Comisión de Límites y Aguas con Guatemala, tiene un funcionamiento permanente y, en el Capítulo IX. De las Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 2009, se establece:

Artículo 51.

Corresponde a la Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize (se subrayan los más destacados):

I. Cumplir con las políticas, lineamientos y disposiciones que le hagan llegar las unidades administrativas, jerárquicamente superiores, competentes en la materia;

II. Asegurar el cumplimento de los tratados internacionales celebrados por México relacionados con los límites internacionales yaguas transfronterizas;

III. Participar en las negociaciones diplomáticas para la firma de acuerdos internacionales sobre la materia, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría;

IV. Atender los asuntos de límites yaguas internacionales en la frontera entre México y Guatemala, y entre México y Belice;

V. Contribuir, en coordinación con otras dependencias y entidades federales o estatales que tengan atribuciones en estas materias, en la operación y mantenimiento de estaciones hidrométricas y otras obras internacionales a cargo del gobierno de México en las fronteras con Guatemala y con Belice;

VI. Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las labores de los servidores públicos adscritos a la Sección Mexicana;

VII. Llevar a cabo el control y actualización de los expedientes y documentos relativos a las actividades que desempeñen;

VIII. Participar en los asuntos de medio ambiente en las fronteras entre México y Guatemala y entre México y Belice, en coordinación con otras dependencias y entidades federales o estatales que tengan atribuciones en esta materia, y

IX. Ejercer las demás atribuciones que las disposiciones legales confieran a la Secretaría, que sean afines a las señaladas en las fracciones anteriores o que le encomiende el Secretario.

Conclusiones

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Asuntos Frontera Sur-Sureste en base en las consideraciones que anteceden, estiman innecesaria la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen al existir ya un organismo internacional para atender la materia de aguas transfronterizas con Guatemala, por lo que se somete a la consideración del Pleno los siguientes:

Resolutivos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Asuntos Frontera Sur Sureste, diputados: Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica), presidente; Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Patricia Guadalupe Peña Recio (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica en abstención), Teresa de Jesús Mojica Morga, secretarios; Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, Eva Diego Cruz (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica).

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado (rúbrica), Fernando Zarate Salgado, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, Juan Pablo Adame Alemán, Agustín Barrios Gómez (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz, Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Honorable asamblea...

PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR

El diputado Fernando Rodríguez Doval(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Don Fernando Rodríguez Doval, ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Rodríguez Doval (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para mostrar nuestra indignación, a nombre del Partido Acción Nacional, por lo que pudimos ver ayer en varios medios de comunicación, relacionado con el procurador federal del Consumidor y el trato preferencial que le dio a su hija. Eso nos parece algo muy grave y no queremos dejar pasar la oportunidad de mencionarlo, porque estamos en un país donde todos somos iguales ante la ley y nadie, sea hijo de quien sea o hija de quien sea, debe tener ningún tipo de privilegio. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Rodríguez Doval, sus dichos han quedado consignados en el Diario de los Debates. Lo felicitamos a usted también, porque también es su cumpleaños.

Doña Lizbeth, ¿con qué objeto?

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero(desde la curul): Sí, presidente, para sumarme a los comentarios de mi compañero Fernando Doval. De ser posible, ojalá y la Junta de Coordinación Política tome este asunto en sus manos y pidan la aplicación de la Ley Federal de Servidores Públicos, en donde finalmente se indican varios artículos a las sanciones directas, como funcionario público, a que se tiene que hacer acreedor, por el trato directo de favoritismo hacia una familiar directa en el ejercicio de funciones públicas. Ésta es una situación muy grave, que ojalá y no quede nada más como un comentario o nota, sino que la Junta de Coordinación Política haga suyo el asunto, lo pueda meter a la agenda y se inicien investigaciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De acuerdo, diputada. Continúe la Secretaría.

REGINA MARTINEZ

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputado? Ya se le vino a usted la idea. Adelante. Lo escucho con un enorme respeto. Sonido.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Qué bueno que tenga respeto, porque lo que le quiero solicitar a la Presidencia es si puede proponerle al pleno que guardemos un minuto de silencio, porque estamos conmemorando el asesinato de una periodista que radicaba en Xalapa, Regina Martínez, es un tema de carácter nacional.

A un año de que todavía no hay claridad —es más, no se creen las versiones oficiales que el gobierno de Veracruz ha dado— consideramos que en esta Cámara sería muy importante que guardáramos un minuto de silencio en su memoria y, en ese minuto de silencio, expresemos nuestra indignación, porque a este año no tengamos claridad sobre el asesinato y que las versiones que se han dado sobre su asesinato sean no reconocidas por el gremio periodístico y por miles de veracruzanos y connacionales, que estas versiones...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ya lo escuchamos, diputado. ¿Diputado, con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Para el minuto de silencio, por favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame, porque alguien más quiere hablar y también lo tengo que escuchar. ¿Alguien más?

Esta Presidencia le pide a la asamblea que guardemos un minuto de silencio por Regina, una muy apreciable y destacada reportera corresponsal en Veracruz de un medio por demás también importante, que es la revista Proceso. Más allá de las apreciaciones del diputado Manuel Huerta, por su memoria es que guardamos el minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Continúe la Secretaría.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado, ¿con qué objeto? Lo escuchamos.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa (desde la curul): Presidente, el pasado 22 de octubre esta honorable asamblea autorizó la conformación de un grupo de trabajo para darle seguimiento y tratar de ayudar en la conciliación entre los normalistas en Michoacán y el gobierno del estado.

Le pediría —si es posible— que este mismo grupo le pudiera dar seguimiento, ya que el problema se reanudó y no sería conveniente dejar que esto pasara hasta que llegara a las condiciones que está viviendo Guerrero.

Presidente, es una petición, ojalá que sea este grupo, si no es posible la conformación de uno diferente. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí. Exhortamos a los compañeros que tienen ese encargo, a que cumplan con su misión.

Continúe la Secretaría.

MODIFICACION DE TURNO DE INICIATIVA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, de la siguiente:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o. y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 16 de abril de 2013.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.”

México, DF, a 29 de abril de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente.»

Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

Continúe la Secretaría.

CAMBIOS EN COMISIONES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, las siguientes integraciones, solicitadas por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, en la Comisión Especial de Fortalecimiento a la Educación Superior y la Capacitación para Impulsar el Desarrollo y la competitividad.

1. Diputada Eva Diego Cruz, secretaria2. Diputada Roxana Luna Porquillo, integrante3. Diputado José Luis Muñoz Soria, integrante.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 24 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villlarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, las siguientes integraciones, solicitadas por la diputada María Sanjuana Cerda Franco,  coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en la Comisión Especial de Fortalecimiento a la Educación Superior y la Capacitación para Impulsar el Desarrollo y la competitividad.

1. Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, integrante.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 24 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villlarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comité: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Baja: Diputada María Teresa Jiménez Esquivel (integrante)

Alta: Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (integrante)

Comité: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Baja: Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (secretario)

Alta: Diputada María Teresa Jiménez Esquivel (secretaria).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 24 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villlarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

Comisión: Energía

Baja: Diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (secretario)

Alta: Diputado Rubén Camarillo Ortega (secretario)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 24 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villlarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Están publicados, diputado. Pregunte si son de aprobarse.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense.Continúe la Secretaría.

RETIRO DE INICIATIVAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Por medio de la presente y de conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a usted sean retiradas las siguientes iniciativas propuestas por una servidora.

Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año

• Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 15 de noviembre de 2012.

• Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales turnada a la Comisión de Gobernación, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 13 de diciembre de 2012.

Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 14 de febrero de 2013.

• Proyecto de decreto que reforma los artículos 74 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, y publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 9 de abril de 2013.

• Proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías publicada en el Gaceta Parlamentaria de fecha 23 de abril de 2013.

Agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 25 de abril de 2013.— Diputada Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros.

RETIRO DE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en la fracción VII del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar su amable intervención a efecto de que gire sus instrucciones a quien corresponda a para que se retire el punto de acuerdo presentado por la suscrita el pasado 5 de marzo del presente, consistente en exhortar a la administración pública federal a firmar y dar continuidad, por las dependencias competentes, al procedimiento correspondiente, para que el Estado mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el cual fue turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.— Diputada Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente, solicito atentamente a la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados que realice el procedimiento necesario para retirar una proposición con punto de acuerdo presentada por su servidor, lo anterior de conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La proposición que solicito sea retirada es la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para que ejecuten acción inmediata e implementen un plan emergente para prevenir y mitigar los efectos dañinos a las telecomunicaciones, así como a la generación y distribución de energía eléctrica, derivados de la actividad solar intensa (eyección de masa coronal, CME).

Sin otro particular, agradezco su atención y aprovecho para enviarle atentos saludos.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 25 de abril de 2013.— Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros.Continúe.

BANCO DE MEXICO

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Banco de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Atención: Francisco Arroyo Vieyra

Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Con el objeto de dar cumplimiento a lo indicado en la Ley del Banco de México en su Artículo 50, nos permitimos enviar a usted copia del dictamen de los Estados Financieros del Banco de México al 31 de diciembre de 2012 Y 2011.

Para su información los Estados Financieros mencionados en el párrafo anterior, fueron aprobados por la Junta de Gobierno del propio Banco de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción X, y 40 de la Ley y el Reglamento Interior del Banco de México, respectivamente.

También, adjuntamos el informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión en Activos Fijos y de Inversión en Activo Circulante, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Sin otro particular, le reiteramos nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, 25 de abril de 2013.— Contador público certificado José Antonio Quesada Palacios (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, para su conocimiento.

ACCIONES DE BARRIDO CONTRA LA TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS BOVINA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-1405, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.2 5/2013, suscrito por el licenciado Francisco Olvera Acevedo, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar las acciones de barrido contra la tuberculosis y brucelosis bovina, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y F. J. Múgica del estado de Michoacán.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/517/13 del 5 de abril de 2013, por el que nos remite punto de acuerdo aprobado durante la sesión ordinaria del día de 4 de abril, mediante el cual exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que implemente a la brevedad las acciones de barrido con la tuberculosis y brucelosis bovina, atención a cuarentenas e indemnización de reactores en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y F.J. Múgica del estado de Michoacán, con el objeto de impulsar medidas efectivas y acciones sanitarias para evitar daños a la ganadería estatal, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Sobre el particular adjuntamos a la presente información con las observaciones y comentarios que sobre el tema nos hizo llegar el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), mediante Oficio No. BOO.05.02.-02981 del 12 de abril de 2013, con el cual se da respuesta a la información requerida.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 22 de abril de 2013.— Licenciado Francisco Olvera Acevedo (rúbrica). director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Sagarpa.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero Héctor René García Quiñones, coordinador general de Enlace Sectorial.— Presente.

Me refiero a su solicitud de comentarios relacionados con el punto de acuerdo aprobado de urgente y obvia resolución ordinaria, durante la sesión ordinaria del día 4 de abril del 2013, presentada por el diputado del PRI Salvador Ortiz García Quiñones, que contiene el siguiente resolutivo:

“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Sagarpa a través del Servicio Nacional de Sanidad,  Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para que implemente a la brevedad las acciones de barrido contra la Tuberculosis y Brucelosis bovina, atención de cuarentenas e indemnización de rectores a los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y F.J. Múgica del estado de Michoacán, con el objeto de impulsar medidas efectivas y acciones sanitarias para evitar daños a la ganadería estatal.”

Sobre el particular y de conformidad con la consulta realizada al área técnica y operativa de este Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Dirección General de Sanidad Animal), me permito señalar lo siguiente:

La región conformada por los municipios Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y F.J. Múgica del estado de Michoacán, tiene un censo de 6,330 hatos con 201,730 cabezas, con avance de pruebas de barrido del 32.2%, donde el Municipio de de Tepalcatepec ya fue probado en su totalidad, asimismo se ha iniciando el barrido en Buenavista, por parte del programa de Prevención y Manejo de Riesgo 2013, se cuenta con un presupuesto de recursos federales de 19,664,999,00 pesos para la acción de pruebas de tuberculina, manejo de cuarentenas y pago para la despoblación de hatos infect5ados y 5,200,000.00 pesos para la campaña contra brucelosis en los animales, para la entidad.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de abril de 2013.— Maestra Maricela Lecuona González (rúbrica), Directora General Jurídica.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Ganadería, para su conocimiento.

PROYECTO LA ENSENADA, EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA YUM BALAM

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.62-II-8-0700, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines proceden s, copia del similar número 1.110/B/C/ 11226/2013, suscrito por el licenciado Antonio Eduardo del Valle Torres, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al proyecto La Ensenada, localizado dentro del área natural protegida denomina Yum Balam.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/UEL/311/010/13, del 4 de enero del 2013, signado por el anterior titular de esa Unidad de Enlace, hoy a su cargo, por el que hizo de conocimiento de la entonces Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos de esta dependencia del Ejecutivo federal, que mediante diverso número D.G.P.L.62-II-8-0700 (del cual se sirvió remitir copia para los fines procedentes), el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la esa directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, comunicó a la Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo aprobado por el pleno de dicho órgano legislativo en sesión celebrada el día 3 de enero del año en curso, mismo que a continuación se transcribe:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretaría de la Reforma Agraria, por lo que hace al ordenamiento territorial que incumbe al proyecto, y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a negar la autorización del proyecto La Ensenada, con clave 23QR2012TD073, por ser inviable, ya que no cumple con los objetivos planteados para el área de protección de flora y fauna Yum Balam; no promueve la preservación, no representa un desarrollo turístico sustentable, y no se trata de turismo de bajo impacto. Además incidiría directamente en los ecosistemas de manglar y en las poblaciones de las especies enlistadas bajo categorías de riesgo, se descargarían contaminantes a los ecosistemas marinos, provocaría la intrusión salina en el acuífero, crearía un nuevo centro poblacional, pondrían en riesgo la pesca de la que dependen los pobladores de la región, entre otros. Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al comisionado nacional de Aéreas Naturales Protegidas, a publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Manejo para el Área Natural Protegida de Yum Balam.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que por oficio número 40545, del 30 de enero de 2013, la Dirección General Adjunta B, adscrita a esta Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitó a la Dirección General de Desarrollo Territorial que informara si en el ámbito de sus atribuciones había recibido alguna solicitud relacionada con el proyecto La Ensenada, localizado dentro del área natural protegida denominada Yum Balam, del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, así como el estatus en que se encontraba y, en caso de tenerla en trámite, considerara en su respuesta la manifestaciones vertidas en el punto de acuerdo que nos ocupa.

Derivado de lo anterior, le informo que por diverso número 314.- DGDT/0050/2013 del 7, de febrero del 2013 (se adjunta en copia simple para mayor referencia), el director general de Desarrollo Territorial otorgó contestación al requerimiento formulado, del cual se destaca lo que a continuación textualmente se transcribe (el subrayado es propio):

Es oportuno comentarle, que en primera instancia el asunto se sujeta a la tención del artículo 115 constitucional, fracción V, inciso d) sobre la facultad de los municipios para autorizar, controlar y vigilar la utilizaci6n del suelo en sus jurisdicciones territoriales; e inciso f) sobre otorgar licencias y permisos para construcciones.

Asimismo, con la información que nos envió, se desprende que dadas las características del proyecto La Ensenada, a cargo de la empresa Península Maya Developments, SA de CV, a través de sus apoderados legales los ciudadanos Álvaro Gustavo Ortega Lorenzana y Alejandro Canales Reygadas, fue requerida por parte de la Semarnat, la manifestación de impacto ambiental (MIA-Regional) con clave de registro número MIA-23QR2012TD073, y con fecha de ingreso del 5 de septiembre de 2012.

En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) confiere a la Semarnat lo siguiente: La Secretaría podrá solicitar, dentro del procedimiento de evaluación y en los términos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la opinión técnica de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal, cuando por el tipo de obra o actividad así se requiera. Dicha facultad no fue requerida a esta Dirección General de la misma forma que tampoco se nos convocó durante el proceso de consulta pública del proyecto mencionado, que tuvo lugar del 25 de septiembre al 26 de octubre de 2012.

Situación que le comunico al tener la Secretaría de Gobernación la atribución de conducir las relaciones del Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, en términos de la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Licenciado Antonio Eduardo del Valle Torres (rúbrica), titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Emmanuel Néquiz Castro, Director General Adjunto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.— Presente.

En atención a su oficio número 1.110/B/C 00 40545/2013, de fecha del 30 de enero de 2013, el que solicita a esta Dirección General informar sobre la recepción y status en su caso, de cualquier trámite relacionado con la autorización del proyecto La Ensenada, localizado dentro del área natural protegida Yum Balam, del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, le comunico lo siguiente:

Al respecto, me permito comentarle que a esta Dirección General de Desarrollo Territorial no ha sido turnada, ninguna solicitud oficial respecto a la opinión técnica para efectos de autorización del proyecto La Ensenada.Esto de acuerdo con la información que remite, donde hace referencia al punto de acuerdo que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta los titulares de las Secretaría de la Reforma Agraria y a la Secretaría del Medio Ambiente, a negar la autorización del proyecto en comento.

Es oportuno comentarle que en primera instancia el asunto se sujeta a la atención del artículo 115 constitucional, fracción V, inciso d) sobre la facultad de los municipios para autorizar; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; e inciso f) sobre otorgar licencias y permisos para construcciones. Asimismo, con la información que nos envío, se desprende que dadas las características del proyecto La Ensenada, a cargo de la empresa Península Maya Developments, SA de CV, a través de sus apoderados legales los ciudadanos Álvaro Gustavo Ortega Lorenzana y Alejandro Canales Reygadas, fue requerida por parte de la Semarnat, la manifestación de impacto ambiental (MIA-Regional) con clave de registro número MIA-23QR2012TD073, y con fecha de ingreso del 5 de septiembre de 2012.

En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) confiere a la Semarnat lo siguiente: La Secretaria podrá solicitar, dentro del procedimiento de evaluación y en los términos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la opinión técnica de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal, cuando por el tipo de obra o actividad así se requiera. Dicha facultad, no fue requerida a esta Dirección General, de la misma forma que tampoco se nos convocó durante el proceso de consulta pública del proyecto mencionado, que tuvo lugar del 25 de septiembre al 26 de octubre de 2012.

No obstante lo anterior, hago de su conocimiento que desde luego nos mantendremos atentos a cualquier posible requerimiento relacionado con el asunto en comento, en tanto se lleve a cabo el proceso de transición de incorporación a la Sedatu y se determine el área correspondiente que en su caso deba dar seguimiento de acuerdo al Reglamento Interior que en su caso se apruebe. Asimismo, se sugiere turnar también esta solicitud al Registro Agrario Nacional para las consideraciones que se estimen convenientes por tratarse de un asunto que involucra el tema de propiedad ejidal.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de febrero de 2013.— Maestro José Luis Escalera Morfín (rúbrica), director general de Desarrollo Territorial.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente, para su conocimiento.

CONGRESO DE PUEBLA, DEUDA PUBLICA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 79, fracción XVI, 113, 114 y 122, fracción III, de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Puebla; 116 fracción VII, y 123 fracción XV y 199, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 48 fracción XV del Reglamento Interior del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; en atención a su oficio número D.G.P.L.62-II-7-386, de fecha treinta de enero del presente año, por acuerdo mediante el cual, exhortan a las legislaturas de los estados, a que realicen auditorías en materia de deuda pública y contratación de obligaciones de pago, de conformidad con el marco jurídico que establece. Se hace del conocimiento al Congreso de la Unión y a las instancias pertinentes, que dicha solicitud ya se lleva a la práctica por el órgano de fiscalización superior del estado, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, tal como se advierte en el artículo 23, fracciones XII y XIX, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla que a la letra señala:

“Ar tículo 23. Para la fiscalización superior, la Auditoría Superior tendrá las atribuciones siguientes:

... XII. Fiscalizar la deuda públicaen cuanto a su aprobación, contratación, registro, renegociación, administración, destino y pago para verificar el estricto apego a las bases, disposiciones legales, reglamentarias y presupuestarias aplicables.

XIX. Tener acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, conforme a la legislación aplicable, cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, manejo, administración, control, resguardo, custodia, ejercicio y aplicación de recursos, fondos, bienes o valores públicos municipales, estatales o, en su caso, federales y deuda pública, estando obligado a mantener la misma reserva o secrecía, hasta en tanto no se derive de su revisión, el fincamiento de responsabilidades;”

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle mi más distinguida consideración.

Atentamente

Puebla, Puebla, a 12 de marzo de 2013.— Diputado Jesús Salvador Zaldívar Benavides (rúbrica), Presidente de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Puebla.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente, para su conocimiento.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XIX del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva del honorable Senado de la República.— Presente

Martín Orozco Sandoval, senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1 , fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XIX del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Ante los vertiginosos cambios en la economía de nuestro país y paralelamente a la apertura comercial que se ha estado observando durante las últimas décadas, las empresas mexicanas se ven involucradas cada vez más en operaciones de comercio exterior, particularmente en la importación de mercancías que destinan para su venta en el territorio nacional.

Uno de los requisitos que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que los contribuyentes deduzcan las mercancías de importación está supeditado a que dichas mercancías se hayan importado legalmente al país y, por ende, se cuente con el pedimento de importación correspondiente en el año de calendario en el que se pretenda efectuar dicha deducción, de tal forma que las compras de importación de un ejercicio que no alcancen a ser importadas antes del 31 de diciembre, sólo podrán ser deducidas en el siguiente ejercicio, no obstante que el ingreso que les es inherente ya haya sido percibido y acumulado fiscalmente en el ejercicio que termina.

Tal es el caso de cualquier contribuyente que cerca del final de un ejercicio recibe un anticipo de su cliente por las mercancías de importación que ha de entregar en el siguiente año, y no tiene la posibilidad de deducir el costo de ventas de dichas mercancías de conformidad con el artículo 45-A de la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta, precisamente por tratarse de mercancías de importación, y cuyos requisitos para poder deducirlas es que las mismas se hayan importado legalmente al país y, por consecuencia, cuenten con el pedimento de importación, con fecha del ejercicio en el que pretendan deducirse, lo cual es a todas luces imposible.

Desde hace años, la política fiscal en nuestro país se ha basado en el desarrollo de líneas de acción enfocadas a generar crecimiento económico a través de la reinversión, siendo esto último bien visto por la mayoría de las empresas que actualmente existen; por lo que una forma sencilla y segura de reinvertir sus flujos es reduciendo los plazos de pago a sus proveedores y en muchos casos anticipándoles cantidades a cuenta de pedidos próximos. De esta forma las empresas obtienen mejores precios y aumentan su competitividad en un mercado globalizado.

Es por ello que ante los cambios descritos, nos encontramos en la imperiosa necesidad de responder a través de la modificación del artículo 31, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para reconocer que el anticipo de un ingreso que está relacionado con mercancías de importación, de lugar al reconocimiento del costo de ventas a que da derecho el 45-A de la misma ley, sin que la no existencia momentánea del pedimento de importación y de los requisitos legales aplicables, suponga una limitante que impacte negativamente en la economía del contribuyente que recibe el anticipo, ya que si sólo acumula como ingreso fiscal dicho anticipo sin restarle la deducción correspondiente (el costo del producto), pagará un Impuesto Sobre la Renta irreal y no sobre la capacidad contributiva o base gravable que le correspondería.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.Se reforma la fracción XIX del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. a XVIII.

XIX. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. Tratándose únicamente de la documentación comprobatoria a que se refiere el primer párrafo de la fracción III, ésta se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Respecto de la documentación comprobatoria de las retenciones y de los pagos a que se refieren las fracciones V y VII de este artículo, respectivamente, los mismos se realicen en los plazos que al efecto establecen las disposiciones fiscales, y la documentación comprobatoria se obtenga en dicha fecha. Tratándose de las declaraciones informativas a que se refiere el artículo 86 de esta ley, éstas se deberán presentar en los plazos que al efecto establece dicho artículo y contar a partir de esa fecha con la documentación comprobatoria correspondiente. Además, la fecha de expedición de la documentación comprobatoria de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción. También se podrá cumplir con el requisito a que hace referencia la fracción XV de este artículo, a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración anual.

...

...

XX. a XXIII.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF,  a 23 de abril de 2013.— Senador Martín Orozco Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Atentamente

México, DF, a 2 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 1 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 1. ..

..

...

I. a VI. ...

VII. La protección contra la publicidad engañosa, abusiva o que muestre estereotipos sexistas, de degradantes o peyorativos sobre las mujeres, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contraprácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

VIII. a X. ......

Artículo 32. ..

...

Se entiende por información o publicidad que muestre estereotipos sexistas, degradantes, peyorativos sobre las mujeres, aquella que presente hechos, acciones, símbolos o expresiones que atribuyan o asocien características denigrantes, de exclusión, de sumisión, de racismo, de burla, de animadversión o cualquier otra forma de discriminación hacia el género femenino.

......

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 2 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma la fracción XL, y se adiciona una nueva fracción XLI, recorriendo la actual al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único.Se reforma la fracción XL, y se adiciona una nueva fracción XLI, recorriendo la actual al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis....

l.a XXXIX....

XL.Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente;

XLI.Elaborar y aplicar en coordinación con las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Relaciones Exteriores, las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático.

XLII.Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY DE PLANEACION

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 2o. de la Ley de Planeación.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona la fracción IX del artículo 2o. de la Ley de Planeación.

Artículo Único.Se adiciona la fracción IX del artículo 2o. de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 2o.La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

I.a VI....

VII.La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo;

VIII.La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales, y

IX.La promoción de políticas y estrategias que contemplen el crecimiento sustentable, así como el fomento a la ciencia, la innovación tecnológica, criterios de eficiencia energética y tecnologías limpias, como medios para generar un uso responsable de los recursos naturales y del cuidado del medio ambiente.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE VIVIENDA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda

Artículo Único. Se reforman el tercer párrafo del artículo 1; la fracción II del Apartado A y la fracción VII del Apartado B del Artículo 17; la fracción VII del artículo 22; la fracción XI del artículo 33 y el artículo 46; y se adicionan las fracciones X, XI y XII al artículo 6; dos nuevas fracciones XII y XIII al artículo 38, recorriéndose la actual XII para ser XIV, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

...

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más, equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.

Artículo 6. ...

I. a VII. ...

VIII. Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional;

IX. Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias;

X. Establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental e interestatal en las zonas urbanas para hacer viable la convivencia en esos espacios que exhiben la diversidad social, política y cultural de la nación;

XI. Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de las diversas regiones del país, principalmente las situadas en zonas en alta y muy alta marginación, de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de ‘Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la finalidad del mejoramiento continúo de sus viviendas e infraestructura pública, y

XII. Vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación, que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para atender el direccionamiento de los programas federales, estatales y municipales en materia de vivienda.

Artículo 17. ...

A. ...

I. y II. ...

III. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.

IV. a VI. ...

B. ...

I. a VI. ...

VII. Coordinar acciones en materia de suelo y vivienda con otros municipios, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de -los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.

Artículo 22. ...

I. a VI. ...

VII. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

VIII. ...

...

Artículo 33. ...

I. a X. ...

XI. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

...

...

...

Artículo 38. ...

I. a X. ...

XI.Facilitar mecanismos de información y elaboración de estudios sobre las necesidades, inventario, modalidades y características de la vivienda;

XII. Impulsar estrategias incluyentes para incrementar el impacto social de los recursos fiscales, con el objetivo de promover programas de vivienda a partir de la planeación para el desarrollo regional y la ordenación urbana y territorial;

XIII. Promover mecanismos de coordinación y planeación que permitan identificar las prioridades comunes para la región y conjuntar recursos para financiar proyectos que detonen los programas de vivienda y del desarrollo regional, y

XIV. La realización de las demás acciones tendientes a cumplir con los fines previstos en esa Ley.

...

Artículo 46. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, las organizaciones de los sectores social y privado, así como las instituciones de educación superior y de investigación, proporcionarán la información correspondiente en el marco de los acuerdos y convenios que al efecto se celebren con la Comisión, en la que se deberá tomar en cuenta las prioridades comunes para la región y la conjunción de recursos para financiar proyectos que detonen el desarrollo de la vivienda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente;senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único.Se adiciona un último párrafo al artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 17....

...

Quienes en su calidad de integrantes del consejo consultivo deseen ser ratificados para un segundo periodo, deberán manifestar su interés por escrito al Senado de la República o, en su caso, a la Comisión Permanente, a efecto de ser considerados en los mismos términos de los demás participantes. Dicha manifestación de interés deberá presentarse antes de que concluya el periodo de inscripción de candidaturas que haya determinado la convocatoria respectiva.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los articulos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan los articulos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 180.

1. y 2. ...

3. En todos los casos, al solicitar un trámite registral, el interesado deberá asentar su firma y huellas dactilares en el formato respectivo. El instituto deberá preguntar al ciudadano, si es o no donador de órganos, y si desea incluir su grupo sanguíneo, debidamente acreditado mediante un examen de laboratorio vigente.

4. a 7. ...

Artículo 184.

1. ...

a) a e) ...

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización;

g) Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía del solicitante, y

h) El grupo sanguíneo, cuando lo solicite el ciudadano.

2. y 3. ...

Artículo 200.

1. ...

a) a g) ...

h) Clave de registro;

i) Clave Única del Registro de Población;

j) Grupo Sanguíneo, cuando lo solicite el ciudadano, y

k) La manifestación de ser donador de órganos.

2. a 4. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal Electoral, en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá modificar el sistema de información y datos del Registro Federal de Electores, así como los formatos de la credencial para votar, para que en la emisión de nuevas credenciales, se asiente el tipo de sangre, siempre y cuando haya sido debidamente acreditado mediante un examen de laboratorio vigente, así como la calidad de donador o no donador de órganos, durante el proceso de registro, de acuerdo con los plazos y requisitos que la ley y los reglamentos respectivos establecen.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Artículo Único. Se adicionan y reforman los artículos 77, 78, 79, 81, 82, 83, fracciones I, II y III; 83 Bis, fracciones I y II; 83 Ter, fracciones I, II y III; 83 Quáter, fracciones I, II y III; 84, 84 Bis, 85, 85 Bis, 86, 87 y 90, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 77. Serán sancionados con ciento ochenta a trescientos sesenta días multa:

I. a IV. ...

...

Artículo 78. ...

El arma recogida por no llevar el interesado la licencia, será devuelta previo el pago de cincuenta a cien días multa y la exhibición de la licencia. El plazo para exhibir la licencia será de treinta días.

Para los efectos de la multa antes mencionada, se turnará la infracción, a la brevedad, a la autoridad fiscal federal correspondiente.

Artículo 79. Cuando se asegure o recoja un arma en términos del artículo anterior, el funcionario que lo realice deberá informarlo a su inmediato superior, quien lo hará del conocimiento del Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables, para los efectos que procedan. Si no se dan los informes citados, el responsable deberá cubrir el importe de cincuenta a cien días multa.

...

Artículo 81.Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

...

Artículo 82.Se impondrá de uno a seis años de prisión y de ciento ochenta a setecientos veinte días multa, a quienes transmitan la propiedad de un arma sin el permiso correspondiente.

...

Artículo 83.Al que sin permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I.Con prisión de tres meses a un año y de cincuenta a ciento ochenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II. Con prisión de tres a diez años y de ciento ochenta a trescientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los inci50s a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III.Con prisión de cuatro a quince años y de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

...

...

Artículo 83 Bis.Al que sin permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionará:

I.Con dos a nueve años y de cien a setecientos veinte días multa, si las armas están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11 de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de cincuenta a ciento ochenta días multa; y

II.Con prisión de cinco a treinta años y de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa, si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

...

...

Artículo 83 Ter.Al que sin permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I.Con prisión de tres meses a un año y de cincuenta a ciento ochenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II.Con prisión de uno a siete años y de cien qtrescientos los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III.Con prisión de dos a doce años y de ciento ochenta a setecientos veinte días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quáter.Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:

I.Con prisión de uno a cuatro años y de cien a ciento ochenta días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y

II.Con prisión de dos a seis años y de cien a trescientos sesenta días multa, si son para las armas comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 84.Se impondrá de cinco a treinta años y de cien a setecientos veinte días multa:

I.a III. ...

Artículo 84 Bis.Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrán de tres a diez años de prisión.

Al residente en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola arma de las referidas en el párrafo anterior, únicamente se le impondrá sanción administrativa de doscientos a trescientos sesenta días multa, y se le recogerá el arma previa expedición del recibo correspondiente. Cuando la persona a quien se le haya recogido el arma salga del país, se le devolverá el arma previa entrega del recibo correspondiente.

Artículo 85.Se impondrá de dos a diez años de prisión y de cien a setecientos veinte días multa a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar procedencia legal de los mismos.

Artículo 85 Bis.Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de trescientos sesenta a setecientos veinte días multa:

I.a III. ...

Artículo 86.Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de cincuenta a trescientos sesenta días multa, a quienes sin el permiso respectivo:

I.Compren explosivos, y

II.Transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos aludidos en esta Ley.

La pena de prisión prevista por este artículo se aumentará al doble cuando el transporte al que se refiere la fracción II sea de las armas señaladas en los incisos a) o b) del artículo 11 de esta Ley.

Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley, excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de cinco a treinta años de prisión y de cien a setecientos veinte días multa.

Artículo 87. Se impondrá de un mes a dos años de prisión y cincuenta a ciento ochenta días de multa, a quienes:

I.a IV....

Artículo 90.Las demás infracciones a la presente ley o su reglamento, no expresamente previstas, podrán sancionarse con la pena de cincuenta a setecientos veinte días multa.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las autoridades federales en el ámbito de su competencia, y particularmente las Secretarías de Gobernación, y de Defensa Nacional, llevarán a cabo las campañas necesarias y permanentes para registrar las armas de fuego que posean lícitamente los ciudadanos.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud.

Artículo Único.Se reforma el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 341 Bis.La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o progenitoras, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema. Nacional de Salud al respecto.

..

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY DE VIVIENDA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Vivienda.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden al artículo 71 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Articulo 71....

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.

..

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

LEY GENERAL DE POBLACION

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población.

Artículo Único.Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 84. ...

Asimismo, la secretaría vigilará que en los lugares destinados para la recepción de mexicanos repatriados, se respeten los siguientes derechos y se cumpla con los acuerdos internacionales en la materia:

I.Acceder a comunicación telefónica;

II.Recibir agua y alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención legal, psicológica y médica;

III.Ser informado respecto de los diversos programas y apoyos que puede recibir;

IV.No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir el reconocimiento de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

V.Ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia en México;

VI.Que se cuente con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente;

VII.Que se cuente con espacios separados para niñas, niños y adolescentes repatriados no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada;

VIII.Que en las instalaciones se evite el hacinamiento, y

IX.Recibir un trato digno y humano.

Para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una adecuada recepción.

Transitorios

Primero.Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento con las disposiciones en materia de recepción de repatriados, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL - LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Primero.Se reforma la fracción II al artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 64. ...

I. ...

II.Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil;

II Bis. a IV. ...

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 28.Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.

Artículo Tercero.Se reforma la fracción II, y se adiciona una fracción III, recorriéndose la actual en su orden, del artículo 94 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 94. ...

I. ...

II.Ayuda en especie por seis meses para lactancia y capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida;

III.Durante el periodo de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para efectuar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia; y

IV.Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado por el Consejo Técnico.

Artículo Cuarto.Se reforma la fracción II y se adiciona una fracción III, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 39. ...

I. ...

II. A la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, exista incapacidad física o laboral para amamantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses con posterioridad al nacimiento, y se entregará a la madre o, a falta de ésta, a la persona encargada de alimentarlo;

III.Durante el periodo de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia; y

IV.Con cargo al seguro de salud, una canastilla de maternidad, al nacer el hijo, cuyo costo será señalado periódicamente por el instituto, mediante acuerdo de la Junta Directiva.

Artículo Quinto.Se reforma el artículo 28, numeral C, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 28.Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de

A.y B. ...

C.Capacitar y fomentar la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.

D. a J. ...

Artículo Sexto.Se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 11.Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se concede un plazo de trescientos sesenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que entren en vigor estas modificaciones, para que las empresas, instituciones, dependencias y, en general, todos los obligados conforme a este decreto efectúen las adecuaciones físicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley correspondiente.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Atentamente

México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXX Bis al artículo 5; se adiciona una fracción III Bis al artículo 7; se adiciona una fracción IV Bis al artículo 9; se adiciona el artículo 17 Bis; se reforman las fracciones VIII y IX y se adiciona una fracción X al artículo 19; se adicionan los artículos 29 Bis y 98 Bis; se reforma las fracciones XXIII y XXIV del artículo 106 y se recorre la subsecuente; de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

I. a XXX. ...

XXX Bis. Residuos Electrónicos: son aquellos productos usados, caducos, retirados del comercio, o desechados, manufacturados por las industrias de la electrónica o de tecnologías de la información, que requieren de corriente eléctrica o campos electromagnéticos para su operación o funcionamiento, y cuya vida útil haya terminado, incluyendo los aditamentos, accesorios, periféricos, consumibles y subconjuntos que los componen al momento de ser desechados;

XXXI. a XLV. ...

Artículo 7. ...

I. a III. ...

III Bis. Expedir normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos electrónicos, así como registrar los planes de manejo nacionales para esos residuos;

IV.a  XXVI....

Artículo 9. ...

I. a IV. ...

IV Bis. Autorizar y llevar el control de las instalaciones para el manejo integral de los residuos electrónicos a que se refiere el artículo 19, fracción VII, de la presente Ley;

V. a XXI. ...

...

...

Artículo 17 Bis. Los residuos electrónicos, con excepción de los peligrosos, se sujetarán a planes de manejo de aplicación nacional que contendrán los elementos previstos en el artículo 29 Bis.

Dichos planes se presentarán ante la Secretaría para su registro y ante las entidades federativas para su conocimiento y para que en base a los mismos, se emitan las autorizaciones; permisos y licencias que correspondan al manejo, sujetándose a las disposiciones jurídicas de las entidades federativas.

El reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, coa-procesamiento, incineración y disposición final de los residuos electrónicos, deberá llevarse a cabo en las instalaciones autorizadas por las entidades federativas, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 19. ...

I. a VII. ...

VIII . Residuos electrónicos como computadoras personales de escritorio y sus accesorios; computadoras personales portátiles y sus accesorios; equipos de telecomunicación; teléfonos celulares; monitores y televisores con tubos de rayos catódicos; pantallas y televisores de cristal líquido y plasma; reproductores de audio y video; equipos de impresión, incluyendo impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales, al final de su vida útil así como los demás que se establezcan en las normas oficiales mexicanas correspondientes;

IX. Residuos de la industria automotriz, provenientes de la fabricación de vehículos automotores, así como su estructura de soporte, carrocerías y demás partes, que al concluir su vida útil, por sus características requieran un manejo específico, y

X. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral.

Artículo 29 Bis. Los planes de manejo de los residuos a que se refiere el artículo 19 fracción VIII de esta Ley deberán contener:

I. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar;

II. Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las acciones que éstos deben realizar para devolver los residuos a los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, según corresponda;

III. Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores;

IV. Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución;

V.Los mecanismos y las medidas necesarias para que los equipos sean regresados a centros autorizados al final de su vida útil, para su aprovechamiento o disposición final. Para tal fin, los proveedores, comercializadores y distribuidores podrán entregar bonos que garanticen descuentos y bonificaciones para compra o reemplazo de equipos, y

VI.Los procedimientos para la destrucción de la información almacenada en los equipos electrónicos, se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En la formulación de los planes de manejo, se evitará establecer barreras técnicas innecesarias al comercio o un trato discriminatorio que afecte su comercialización.

Artículo 98 Bis.Los residuos electrónicos, que no estén clasificados como peligrosos, deberán ser enviados para su disposición final a instalaciones autorizadas por las entidades federativas.

La importación de residuos electrónicos para fines de aprovechamiento, valorización o co-procesamiento en territorio nacional se realizará de conformidad con lo señalado en los tratados internacionales aplicables y la presente Ley.

Tratándose de las importaciones temporales a que se refiere el artículo 108 de la Ley Aduanera, que realicen las empresas con un Programa Autorizado por la Secretaría de Economía al amparo del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, y que además cuenten con autorización de la misma Dependencia para realizar procesos tales como reparación, reacondicionamiento o remanufactura, se sujetarán a los lineamientos que establezca dicha Secretaría mediante reglas de carácter general, así como a los planes de manejo que estas empresas deberán presentar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 BIS de la presente Ley.

Queda prohibida la importación de residuos electrónicos para su disposición final o incineración en territorio mexicano.

Artículo 106. ...

I. a XXII. ...

XXIII.Incumplir con las medidas de protección ambiental, tratándose de transporte de residuos Peligrosos;

XXIV.No registrar ante la Secretaría los planes de manejo a que se refiere el artículo 17 Bis, y

XXV.Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos de esta Ley.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los sujetos obligados a formular y ejecutar los planes de manejo de residuos electrónicos contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para presentar y registrar dichos planes ante la Secretaría.

Tercero.La federación y los estados implementarán las acciones y mecanismos de coordinación que se consideren pertinentes, para atender el pasivo de los residuos electrónicos históricos y huérfanos generados antes de la entrada en vigor del presente decreto, sujetándose a las disposiciones y asignaciones presupuestarias así como a la estructura de programas presupuestarios del Poder Ejecutivo.

Para efectos de este artículo transitorio, se entenderá como Residuos Electrónicos Históricos aquellos residuos electrónicos usados, caducos, desechados o comercializados, que no han sido sujetos a los planes de manejo.

Los Residuos Electrónicos Huérfanos serán aquellos cuyo fabricante no se puede identificar, se desconoce o ha salido del mercado.

Cuarto.La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizará la participación social sobre la valoración y aprovechamiento de los residuos electrónicos en los órganos de consulta que tenga establecidos.

Quinto.En el caso de las Reglas de carácter general referidas en el artículo 98 BIS para las empresas con un Programa Autorizado por la Secretaría de Economía al amparo del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, y que además cuenten con autorización de la misma Dependencia para realizar procesos tales como reparación, reacondicionamiento o remanufactura y que realicen importaciones temporales a que se refiere el artículo 108 de la Ley Aduanera, dichas reglas deberán expedirse de conformidad con los planes de manejo señalados en el artículo 29 BIS de la presente Ley.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, en virtud de la inminente conclusión del periodo de sesiones, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones registradas en el orden del día de hoy se turnan, sin excepción, a las comisiones correspondientes, publicándose los trámites en la Gaceta Parlamentaria.

Si algún diputado desea que ésta sea retirada, deberá atender el mecanismo dispuesto en los artículos 77 y 79 del mismo ordenamiento.

Sigamos con publicidad.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ARRAIGO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y el artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

VOLUMEN II

LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE VIOLENCIA ESCOLAR

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV; y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente:

Dictamen

Al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1.El 2 de octubre de 2012 la diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. La iniciativa en cuestión fue suscrita por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera y la diputada Amira Griselda Gómez Tueme.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen correspondiente.

2.El 20 de noviembre de 2012 la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 49 de la Ley general de Educación.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen correspondiente.

3.El 11 de diciembre de 2012 la diputada Marina Garay Cabada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen correspondiente.

II. Contenido de las iniciativas

1. Iniciativa presentada por la diputada María del Rocío Corona Nakamura y firmada por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Amira Griselda Gómez Tueme.

En la exposición de motivos de esta iniciativa se destaca que:

[...] se ha venido presentando un fenómeno que, por su cada vez mayor incidencia, y por el daño que ocasiona en sus víctimas, se visualiza como un serio obstáculo para el proceso educativo de niñas, niños y adolescentes del país. El bullying es la denominación que se le ha dado al abuso y maltrato que sufren los niños y jóvenes escolares de parte de sus compañeros de escuela [...]

Para referir sobre dicha problemática, la iniciante presenta datos sobre acoso escolar en nuestro país, fundamentalmente en el nivel básico e indica que:

[...] el maltrato que los abusadores infieren a sus compañeros es de forma y gravedad variable. Se trata de humillaciones que incluyen agresiones físicas, verbales, sicológicas, exclusión social y hasta acoso electrónico, y va desde poner apodos, insultar, golpear, injuriar, excluir, ridiculizar, esconder cosas, rechazar, ignorar, robar, amenazar, romper sus cosas, tocamientos erotizados, insultos sexuales, amenazas con arma de fuego, y otros hostigamientos [...] 

En ese contexto, plantea la diputada Corona Nakamura que la iniciativa que presenta tiene como objetivo introducir al texto de la Ley General de Educación disposiciones para que  [...] las autoridades educativas del país, federales y locales, se coordinen para garantizar la seguridad y convivencia escolar así como para prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar [...]; incluir como obligación de los padres de familia la de [...] promover desde el hogar la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar [...]; que en cada escuela pública de educación básica [...]se establezcan medidas para la divulgación de la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar, [...] así como para prevenir y controlar la violencia y el acoso escolarcomo condición para [...] una formación escolar equitativa [...].

Para cumplir esos objetivos, se propone adicionar los artículos 14, fracción XIII, 66 fracción VI, 69 inciso ñ), 70 inciso m), capítulo III, sección 1, denominada Disposiciones generales y sección 2 denominada De la seguridad y convivencia escolar , ésta última de los artículos 36 A al 36 W y 75 fracción XVI de la Ley General de Educación [...]

2. Iniciativa presentada por la diputada María Isabel Ortiz Mantilla.

En la exposición de las causas que motivan la presentación de su iniciativa, la iniciante señala que:

[...] el carácter agresivo y violento de la interacción que se da entre los estudiantes dentro de las escuelas se ha constituido en un tema prioritario en la agenda pública [...] El bullying (palabra inglesa) es el equivalente de acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar o violencia escolar y se refiere a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado [...]como [...] distintos tipos de insultos, apodos y sobrenombres; golpes, agresiones directas, robos; amenazas, rumores y la exclusión o el aislamiento social. De hecho, recientemente ha aumentado de manera importante el llamado bullying cibernético [...]

Apunta también que:

[...] estas prácticas responden a patrones culturales de dominio-sumisión que emergen entre iguales y en espacios institucionalizados de estrecha convivencia cotidiana [...] Una aportación esencial del informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias de México, es la identificación de un conjunto de aspectos significativamente asociados con las manifestaciones de violencia, entre los cuales destacan aspectos personales [como ] el género [...] los hombres participan y son víctimas de violencia en mayor medida que las mujeres [...] En los varones, son más evidentes y frecuentes las agresiones físicas y verbales [...] en cambio, las mujeres utilizan, especialmente, otras formas de agresión verbal como la burla [...].

Para referir sobre porcentajes de conductas de intolerancia, exclusión y violencia en los planteles escolares, la iniciante ofrece datos que indican, entre otras cosas, que:

A [...].54 por ciento de los estudiantes [...].no les gustaría tener como compañeros en la escuela a enfermos de sida; otro 52.8 por ciento les desagradaría compartir clases con personas no heterosexuales; el 51.1 por ciento desaprueba trabajar con alumnos con capacidades diferentes; otro 38.3 por ciento con jóvenes que tengan ideas políticas diferentes; mientras que el 35.1 por ciento con jóvenes que tengan una religión diferente [...]

Ante esas situaciones, propone la diputada Ortiz Mantilla adicionar y reformar los artículos 33 y 49 de la Ley General de Educación con el objeto de [...] establecer que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen e implementen programas y acciones para prevenir, detectar, atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes, que incluyan a todos los agentes involucrados en el entorno escolar, a fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia.

3. Iniciativa presentada por la diputada Marina Garay Cabada.

En su iniciativa, la diputada iniciante señala que:

[...] la población escolar se encuentra expuesta a situaciones de violencia y acoso escolar [...] constantemente nos enteramos de actos de violencia, maltrato físico, acoso o conductas intimidatorias en las escuelas, que trasciendan los muros escolares debido al uso de la Internet, lo cual potencializa su daño [...] El acoso escolar es la denominación genérica que se le ha dado al abuso y maltrato que sufren las niñas, los niños y jóvenes escolares de parte de sus compañeros de escuela, que pueden llegar a constituir un delito,(sic) pero que esencialmente es susceptible de prevención y corrección en el ambiente escolar con la participación comprometida de la comunidad [...] las peores prácticas agresivas, intencionales y recurrentes generan entre los educandos daños que pueden ser irreversibles, motivando en muchas ocasiones el abandono de los estudios, la apatía, la exclusión social o inclusive el suicidio de los afectados [...] La violencia, acoso escolar y discriminación no son problemas menores[ya que] pueden tener severas implicaciones y degenerarse en la primodelincuencia [...]

En ese contexto, se señala que el Estado deberá velar por una educación libre de violencia, acoso escolar o discriminación [...]facultando a la autoridad educativa federal para formular [...]  programas contra la violencia, el acoso escolar y cualquier forma de discriminación o intolerancia que afecte la integridad o la dignidad de la persona [...]  que se denominará Programa para una Educación Libre de Violencia, Acoso Escolar y Discriminación [...]

También, busca facultar a las asociaciones de padres de familia, para participar en la elaboración de los programas de difusión de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes orientados a prevenir y corregir cualquier práctica de violencia, acoso escolar o discriminación que lesione la dignidad o la integridad personal de los educandos.

En suma, para tales propósitos se propone reformar los artículos 6º, 49 y  69, inicio j), así como adicionar al artículo 7o la fracción XVII; al artículo 12 la fracción XIV (recorriendo la anterior al XV), la fracción XVI al artículo 33; la fracción VI al artículo 67 y el inciso n al artículo 70), todos de la Ley General de Educación.

III. Competencia para legislar en la materia

La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión está facultada para legislar en la presente materia conforme lo dispone el artículo 73 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra indica:

El Congreso tiene facultad:

I. a XXIV. ...

XXV.Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3º de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y la aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad... 

XXVI a XXIX-O. ...

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.

...

IV. Metodología

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos elaboró el presente dictamen a partir de un método analítico-deductivo que le posibilitó identificar los aspectos generales contenidos en cada iniciativa y que resultan coincidentes en ellas, tales como la materia a la que aluden, las problemáticas que refieren y las propuestas que plantean.

En ese contexto, la metodología empleada consistió en identificar en cada iniciativa los aspectos esenciales que subyacen en las mismas, para luego, precisar sobre sus particularidades.

Bajo ese esquema de análisis y revisión exhaustivo de las propuestas planteadas en las iniciativas señaladas con antelación, se emite el presente dictamen en sentido positivo y en el que se retoman aspectos y consideraciones que las diputadas iniciantes han planteado en sus respectivas iniciativas.

De tal forma, esta Comisión considera que la propuesta de fondo planteada por las diputadas es plenamente coincidente y que las mismas pueden ser abordadas en un sólo dictamen, tal como lo permite el artículo 81 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En esa tesitura, se toma como base en la elaboración de este documento, el proyecto de decreto propuesto por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, con algunas modificaciones de forma, toda vez que en el mismo se incluyen las propuestas planteadas en las demás iniciativas y se contiene un amplio catálogo de disposiciones tendientes a lograr una plena eficacia del derecho tutelado, en este caso, el interés superior del menor.

V. Consideraciones de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

1. El acoso, la violencia y la discriminación escolar. Conductas que laceran la dignidad humana e inhiben los fines de la educación.

El capital más rico del que puede disponer un país es su población, y de entre ella, son las niñas, los niños y adolescentes en quienes se depositan las aspiraciones que todo nación desea alcanzar.

Por esta razón, la atención que les ofrezca el Estado para desarrollar sus capacidades, cuidando siempre de su integridad física y psicológica, es sin lugar a dudas, una de las mayores prioridades y responsabilidades a su cargo.

Pues bien, atendiendo al interés superior del menor y de los avances que en materia de derechos humanos se han dado a nivel nacional e internacional, ciertas prácticas que en el pasado eran consideradas como “normales” hoy se despojan de ese “velo de ignorancia” y dejan entrever conductas que lesionan seriamente la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes, lacerando su dignidad humana.

Nos referimos al acoso (violencia) escolar, más conocido por la expresión inglesa “bullying”, que constituye un grave problema educativo sobre el que poco se ha regulado en nuestro ordenamiento jurídico nacional.

El acoso escolar se refiere a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Es una forma característica y extrema de violencia escolar, una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor somete a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha señalado que el acoso escolar implica procesos de intimidación y victimización entre iguales, es decir, entre compañeros y compañeras de aula o del centro escolar.  Se caracteriza por:

– Ser una forma de comportamiento violento, intencional, dañino y persistente, que se puede ejercer durante semanas o incluso meses, y supone una presión hacia las víctimas que las deja en situación de completa indefensión.

– Normalmente ocurre entre dos (o más) iguales; la semejanza más común reside en la edad. A pesar de esta coincidencia, debe existir un desequilibrio entre los participantes (de poder), con el fin de que, a través del abuso, se domine e intimide al otro.

– Son actos negativos generalmente deliberados, reiterados, persistentes y sistemáticos. Se trata de actos que pocas veces son denunciados, pues en la mayoría de los casos el agredido no puede defenderse y se generan en él muchos sentimientos encontrados que le impiden pedir ayuda.

– Puede o no haber daños físicos, pero siempre hay un daño emocional.

Asimismo, el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos del niño ha señalado:

“Violencia entre niños. Se trata de la violencia física, psicológica y sexual, a menudo con intimidación, ejercida por unos niños contra otros, frecuentemente por grupos de niños, que no sólo daña la integridad y el bienestar físicos y psicológicos del niño de forma inmediata sino que suele afectar gravemente a su desarrollo, su educación y su integración social a medio y largo plazo.”

De ello que esta conducta persistente sea especialmente peligrosa tratándose de los niños, niñas y adolescentes, pues en los mismos, el especial desarrollo físico y psicológico por el que atraviesan hace que estas conductas ofensivas penetren con mucha mayor facilidad y afecten su normal desarrollo psicosocial en comparación con cualquier otro sector de la población.

Los cambios propios de la edad (hormonales y psicológicos), la necesidad de interacción, la presencia de afecciones relacionadas con la “sociabilización”, entre muchas otras cosas, son circunstancias que inciden directamente en la persona y los efectos que conductas como el acoso escolar ocasionan pueden llegar incluso a provocar conductas suicidas.

El acoso escolar se manifiesta a través de comportamientos como los insultos, apodos, sobrenombres, golpes, agresiones directas, robos, amenazas, rumores,  la exclusión o el aislamiento social. Hoy, por el uso de la tecnología, se han manifestado otras formas de acoso o violencia a través del empleo de llamadas telefónicas y la publicación de información personal en páginas web, blogs y redes sociales.

Los daños que dichas conductas pueden ocasionar son muy variados y ciertamente dependerán de las circunstancia de cada persona. Así, las repercusiones derivadas del acoso escolar muchas veces motivan el abandono de los estudios, causan apatía, baja autoestima, estrés social, ansiedad, depresión, trastornos psicológicos o, incluso, como se ha comentado, conductas que llevan al suicidio.

La naturaleza humana es tan contradictoria que sólo cuando se enfrenta a los más graves crímenes, toma conciencia de la necesidad de realizar cambios que modifiquen la situación, así fue como nacieron los mecanismos e instrumentos de  derechos humanos tras las grandes guerras mundiales y, desgraciadamente, así es como hasta ahora sucede en el tema que nos ocupa.

Hemos sido testigos de casos en los que la vida de niñas, niños y adolescentes ha sido el precio de la negativa de ver más allá de lo evidente, tan sólo por citar algunos ejemplos, tenemos el reciente y conocido caso de un menor de tan sólo siete años de edad que en el Estado de Jalisco perdió la vida, se ha dicho como resultado de los abusos de los que fue víctima por parte de alumnos de grados superiores que le ocasionaron fatales problemas pulmonares.

Otro caso, no menos impactante, es el de una adolescente canadiense que fue acosada vía electrónica hasta el extremo de que tomara la fatídica decisión de quitarse la vida para “escapar” de esa pesadilla en la que se encontraba inmersa.

El reconocimiento de los derechos humanos, consustanciales a nuestra dignidad humana, como comentamos con antelación, han permitido develar la cruda realidad que existe tras estas conductas ofensivas.

Durante mucho tiempo se pensó que era algo “normal” la existencia de acosadores y acosados dentro de la escuela, por lo que había que atravesar esa etapa con paciencia y resignación. Nada más equivocado, porque la dignidad humana es una y la misma a lo largo de nuestra vida.

De tal forma, al hablar de derechos humanos se reconoce que existieron y aún existen, múltiples formas en las que la condición humana puede ser ultrajada y, precisamente, el acoso escolar es una de ellas.

Entonces, esa forma de vulneración de la dignidad humana es, a todas luces, incompatible con el principio del interés superior del menor y, por tanto,  de ningún modo puede ser tolerada por el Estado, mucho menos, por algunos padres y profesores que aún hoy consideran el acoso escolar como algo “normal”.

Por el contrario, la escuela debe de ser un espacio de formación ética, moral, emocional y cognitiva que forme hombres y mujeres aptos para la vida; personas con las capacidades necesarias para alcanzar sus anhelos y aspiraciones, a partir del libre desarrollo de su personalidad. Así es que toda forma de violencia debe de ser erradicada.

Entonces, coincidimos con lo expresado por las iniciantes en el sentido de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o., refiere que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, la que imparta el estado, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano [...] El que los procesos educativos deban basarse en principios como el de tolerancia, implica la adquisición de competencias o habilidades sociales que faciliten la comunicación y el diálogo, ponerse en el lugar del otro y asumir las diferencias como un hecho normal en una sociedad compleja y diversa, pues ser tolerante, tolerar las manifestaciones legítimas de los otros, es también objeto de aprendizaje [...]

De tal forma entonces, el acoso, la violencia y la discriminación escolar son conductas que lastiman los derechos fundamentales de los menores y, trastocan los fines y propósitos de la educación.

2. Algunos datos y cifras sobre el acoso, violencia y discriminación escolar en México.

a. De la primera Encuesta Nacional Exclusión, Tolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Nivel Medio Superior

De acuerdo con esta encuesta que se realizó a 13,104 estudiantes con edades de entre 15 a 19 años, que cursan estudios en los subsistemas federales, estatales y autónomos:

[...] 44.6% de los hombres ha insultado a otro compañero, 40.4% lo ha ignorado,  39.3% ha puesto apodos, 26.9% ha escondido cosas y 14.9% ha golpeado a otro compañero. En el caso de las mujeres, 26.2% ha insultado, 43.5% ha ignorado, 18.5% ha puesto apodos, 16.4% ha escondido cosas y  6.6% ha golpeado a otra compañera o compañero.

En contrapartida, a 44.3% de los hombres los han insultado, a 41.4% les han puesto apodos ofensivos, a 42.3% los han ignorado, a 38.2% le han escondido sus cosas y a 17.4% le han robado sus cosas. En el caso de las mujeres, a  23% las han insultada, a 20.7% les han puesto apodos ofensivos, a 41.4% las han ignorado, a 26.7% les han escondidos sus cosas y a 15.5% les han robado otras compañeras [...].

La encuesta permite conocer también que:

[...]  56.9% de los alumnos se sintió muy criticado en su casa, a 58.5% le es difícil hacer amigos, 62.9% se asusta con facilidad, 65.6% se pone nervioso cuando los mayores les dicen algo, 72% se siente nervioso y 84.9% se pone nervioso por muchas cosas.[Así mismo en la encuesta se determina que] el porcentaje de alumnos que afirma que con sus padres no se lleva bien es 61. 8%; 58.6 afirma que sus padres les presta atención cuando les hablan; 49.9% les cuentan sus problemas, 47.8% les habla de lo que piensan sin sentirse mal, 45.5% les demuestran afecto con facilidad, 36.7% les cree lo que les dicen, 37.2% saben cómo se sienten sin preguntárselo y 36.7%les expresa sus verdaderos sentimientos e intentan comprender su punto de vista [...]

b. Encuesta de Mitofsky (2012)

Este estudio realizado a 500 ciudadanos distribuidos en el territorio nacional, arrojó los siguientes resultados:

[...] A la pregunta de ¿qué tan frecuente considera que es actualmente el Bullying en las escuelas de nuestro país? 87.3% respondió que lo considera muy frecuente. Al preguntar si durante su vida estudiantil llegaron a padecer algún tipo de maltrato por parte de sus compañeros, 71% declaró no haber sido víctima, mientras que 29% manifestó haber padecido abusos en su contra. De acuerdo a quienes padecieron este tipo de agravios, 75% menciona que lo vivió cuando estudiaba en la primaria, 44% en el transcurso de la secundaria, 8% en la preparatoria y  3% a nivel licenciatura. Esto refleja que en la medida que se avanza en los niveles escolares la exposición al acoso escolar es menor.

En esta misma encuesta, al preguntar sobre el tipo de abusos al que se enfrentaron durante su vida escolar, tener un apodo fue lo más común obteniendo 67% de las menciones, sufrir burlas por algún defecto físico 50%, que le escondieran sus pertenencias registro 47% y la violencia física 44%, destacando los hombres en los apodos y los golpes, mientras que las mujeres declaran haber padecido mayores abusos en burlas y que les escondieran o quitarán sus cosas.

Al comparar como ha ido cambiando esta práctica en las escuelas a través del tiempo, 79% de los encuestados consideró que este problema ha aumentado en comparación a cuando eran niños, para el 11% se mantiene igual y 8% opina que ha disminuido. En el caso de las mujeres es mayor la proporción de ellas que perciben un aumento (84%).

Considerando los datos que muestran las encuestas señaladas, así como aquellos otros que refieren en sus iniciativas las promoventes, es claro que existe un grave problema en nuestro país que debe enfrentarse a partir de un marco de legalidad que imponga límites a todas aquellas conductas que lastiman y vulneran la dignidad de las personas y, que les impide desarrollarse y crecer de acuerdo a las finalidades que persigue el sistema educativo nacional.

3. Las propuestas específicas contenidas en las iniciativas objeto de dictamen.

Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, han tenido a bien elaborar el presente dictamen en sentido positivo, con el objeto de que las propuestas planteadas en las tres iniciativas pasen a ser parte del derecho positivo mexicano y, por ende, se constituyan en una obligación jurídica que permita paliar los efectos que el flagelo del acoso, la violencia y la discriminación escolar tienen para la niñez y la adolescencia en particular y, para toda la sociedad, en general.

En tal virtud y como se mencionó en el rubro de metodología, se consideró  conveniente para la elaboración de este dictamen tomar como base el proyecto de decreto propuesto por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, con algunas modificaciones de forma en atención a las propuestas de las diputadas Ortiz Mantilla y Garay Cabada, conforme se menciona a continuación.

En la iniciativa de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla se  propone, por una parte, adicionar una fracción XVI al artículo 33 para el efecto de establecer que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen e implementen programas y acciones para prevenir, detectar, atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes, que incluyan a todos los agentes involucrados en el entorno escolar, a fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia. Por otra parte se propone reformar  el primer párrafo del artículo 49 de la Ley General de Educación, a fin de incluir como  principio del proceso educativo el de la tolerancia. Lo anterior, en los términos siguientes:

 “ Artículo 33. ...

I. a XV. ...

XVI. Desarrollar e implementar programas y acciones para prevenir, detectar y atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes, que incluyan a todos (sic) las personas involucradas en el entorno escolar, a fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia.

El proceso educativo se basará en los principios de libertad, responsabilidad y tolerancia que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

...

En el caso de la iniciativa de la diputada Marina Garay Cabada, se propone reformar de la Ley General de Educación los artículos 6º, 49 y 69, inciso j), así como adicionar al artículo 7o la fracción XVII; al artículo 12 la fracción XIV recorriéndose la anterior al XV; al artículo 33 la fracción XVI; al artículo 67 la fracción VI y al artículo 70 el inciso n).

En ese contexto, se plantea incluir en el artículo 6º que el estado velará por una educación libre de violencia, acoso escolar o discriminación y que para ello,  garantizará que los planes educativos cuenten con acceso a los servicios de salud mental necesarios.

En el artículo 7º, se incluyen como fines de la educación, además de los ya señalados en el mismo artículo:

Artículo 7°.  ...

I a XVI. ...

XVII.  Fomentar la tolerancia y el respeto mutuo como base de la dignidad humana, para prevenir toda forma de violencia, acoso escolar así como cualquier forma de discriminación.

Se propone establecer, además, atribuciones a la autoridad educativa federal, en el artículo 12, fracción XIV para quedar:

Artículo 12. ...

I a XIII. ...

XIV. Formular programas contra la violencia, el acoso escolar y cualquier forma de discriminación o intolerancia que afecte la integridad y la dignidad de la persona, que en cada nivel escolar se denominará Programa para una Educación Libre de Violencia, Acoso Escolar y Discriminación. Este Programa será normado por la autoridad educativa y aplicado al nivel de cada centro escolar, bajo la responsabilidad del director de de cada plantel y en él se normará el uso de tecnologías que no provea el propio centro educativo

[...]

En el artículo 33, se establece que para cumplir con los fines de la educación, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes:

Artículo 33. ...

I a XV. ...

XVI. Realizarán programas de difusión de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes orientados a la prevención de la violencia, acoso escolar o cualquier actividad física, emocional o tecnológica que denigre a la persona, estableciendo en los reglamentos escolares las medidas necesarias para su atención y solución, sin demérito de otras medidas civiles o penales que la gravedad de las faltas ameriten.

En lo tocante a la reforma propuesta al artículo 49, se señala que:

El proceso educativo se basará en los principios de libertad, responsabilidad y derecho a una educación libre de violencia, acoso escolar o discriminación que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual forma se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

Se establece, también que  las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto, además de los señalados en el artículo 67:

[...]

VI. Participar en la elaboración de los programas de difusión de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes orientados a prevenir y corregir cualquier práctica de violencia, acoso escolar o discriminación que lesione la dignidad o la integridad personal de los educandos.”

En el artículo 69, se reforma el inciso j) con el propósito de que el Consejo Escolar de Participación Social lleve a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil, la emergencia escolar y la prevención de cualquier actividad lesiva a la integridad o dignidad de las personas, a efecto de erradicar cualquier práctica de violencia, acoso escolar o discriminación.

Se establece, además, (artículo 70) que el Consejo Municipal de Participación Social gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local

[...]

n) La realización de las campañas de difusión orientadas a la prevención de cualquier conducta lesiva a la integridad o dignidad de los educandos, a efecto de erradicar las prácticas de violencia, acoso escolar o discriminación.

[...]

Como señala la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, como legisladores es necesario reconocer que la violencia, el bullying o el maltrato escolar son fenómenos complejos que emergen en el contexto de la convivencia y, por tanto, se enmarcan en las normas, rutinas, procesos, sistemas de interacción e intercambio, subjetividades y pautas culturales propias de cada institución escolar. Entonces, el fenómeno debe de ser tratado por múltiples sectores: el familiar, el educativo, el social, etcétera.

Con las propuestas planteadas en el presente dictamen, el aspecto jurídico da una respuesta a este fenómeno y en él se busca integrar a los sectores social y familiar para que también sean parte de la solución.

Ahora bien, una vez vistas las propuestas contenidas en las iniciativas presentadas por las diputadas María Isabel Ortiz Mantilla y Marina Garay Cabada, han de abordarse las planteadas en la propuesta que presenta la diputada María del Rocío Corona Nakamura quien plantea las adiciones siguientes: la fracción XIII al artículo 14, recorriéndose la actual en su orden; la fracción VI al artículo 66; el inciso ñ) al artículo 69; el inciso m) al artículo 70, recorriéndose la actual en su orden; la fracción XVII al artículo 75; una sección 1 denominada “Disposiciones Generales”, que comprende del artículo 32 al 36, y una sección 2 denominada “De la seguridad y convivencia escolar”, que se propone incluya del artículo 36 A al 36 Q,  ambas al Capítulo III de la Ley General de Educación.

En lo tocante al artículo14, se adiciona una fracción XIII para quedar, de acuerdo con la iniciante, de la siguiente manera:

Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

De la I. a la XI.

XII. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares;

XIII. Garantizar la seguridad y convivencia escolar así como prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar; y

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

Al respecto, se advierte que en esta reforma se encuentran contenidas diversas propuestas de las presentadas en las restantes iniciativas en lo tocante  a la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir y controlar la violencia  e, incluso, se considera que resulta ser más adecuada su ubicación al hacerse expresamente referencia en este artículo a las “facultades concurrentes de la federación y las entidades federativas”. No obstante, se estima conveniente incluir en la redacción de la fracción que se adiciona la referencia a la discriminación escolar que refiere la diputada Marina Garay en su iniciativa, así como incluir las acciones correctivas.

En el artículo 66, se pretende incluir la siguiente adición:

...Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

De la I. a la V.

VI. Promover desde el hogar la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar y participar en las actividades programadas para prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar.

Con esta adición se busca involucrar a los padres de familia como parte de la solución para hacer frente a la problemática del acoso escolar.

Es sabido que el problema del acoso escolar requiere de soluciones transversales, mismas que no se limitan al Estado sino que deben ser incluidos otros tantos agentes para que las soluciones sean efectivas. En este sentido, se considera conveniente la propuesta planteada.

Por su parte, la propuesta de adición de un inciso ñ) al artículo 69 es la siguiente:

...

Este consejo:

Del a) al n)

ñ) Propondrá medidas para la divulgación de la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar, así como para prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar, y

o) En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

...

En esta propuesta de adición, se suma a las facultades del Consejo Escolar de Participación social la de proponer medidas para la divulgación de la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar, así como para prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar, propuesta semejante a la planteada por la diputada Marina Garay; únicamente, en sintonía con lo propuesto por ella, se incluye lo referente a la discriminación escolar y por cuestiones de técnica legislativa se adecua la presentación del texto de este artículo.

En lo que respecta al artículo 70, se adiciona una fracción m), recorriéndose la actual, para quedar de la siguiente manera:

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local:

Del a) al l)

m) El apoyo para garantizar la seguridad y convivencia de los alumnos fuera de las escuelas y su participación en las actividades para la prevención y control de la violencia y el acoso escolar, y

n) En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

......

La propuesta busca que el Consejo Municipal de Participación Social gestione ante el Ayuntamiento y ante la autoridad educativa local, el apoyo para garantizar la seguridad y convivencia de los alumnos fuera de las escuelas y, su participación en las actividades para la prevención y control de la violencia y el acoso escolar. Propuesta similar a la planteada por la diputada Marina Garay y que consideramos viable.

Siguiendo las consideraciones anteriores, para propósitos de las reformas a los artículos 33 y 49, se retoman las propuestas de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla y Marina Garay Cabada, para integrarse en una sola propuesta, que incluya, para el caso del artículo 33 lo relativo a los programas y acciones en la materia y, en lo relativo al artículo 49, se complementan ambas propuestas para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

I. a XV. ...

XVI. Desarrollar e implementar programas y acciones para prevenir, detectar y atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes, que incluyan a todas las personas involucradas en el entorno escolar, a fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia, para lo que se establecerán en los reglamentos escolares las medidas necesarias para su atención y solución.

XVII. Realizarán programas de difusión de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes orientados a la prevención, detección y atención del acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes.

Artículo 49.El proceso educativo se basará en los principios de libertad, responsabilidad, tolerancia y derecho a una educación libre de violencia, acoso escolar o discriminación,que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

En lo tocante al capítulo III, se especifica sobre la determinación de dos secciones. La sección 1 se denominará “Disposiciones Generales” y en ella quedarán  comprendidos los artículos del 32 al 36 vigentes. En lo que respecta a la Sección 2, que se propone denominar “De la seguridad y convivencia escolar”, se incluirán los artículos del 36A al 36Q, que se propone adicionar conforme a lo siguiente:

Artículo 36 A. La protección de los alumnos contra la violencia y el acoso  escolar es condición para una formación escolar equitativa.

Artículo 36 B. Las autoridades educativas, consejos técnicos y padres de familia, en su respectiva área de competencia, promoverán la cultura de convivencia, respeto y tolerancia entre los integrantes de la comunidad educativa, y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el centro educativo de que se trate.

Artículo 36 C. Es obligación de las autoridades educativas salvaguardar la integridad física y psicológica de los educandos dentro de los planteles educativos. Cuando sea necesario, los directores y maestros podrán solicitar a las autoridades municipales y estatales competentes en materia de seguridad pública, tomen las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los educandos en los alrededores de los planteles educativos.

Artículo 36 D. Los centros escolares estarán obligados a guardar reserva sobre la información de que se disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del alumno o de cualquier integrante de la comunidad escolar, particularmente aquella que pudiera dar ocasión a la burla o escarnio.

Artículo 36 E. Cualquier persona deberá comunicar a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos para cualquier integrante de la comunidad escolar.

Artículo 36 F. Cuando no se respeten los derechos de algún miembro de la comunidad escolar, la autoridad educativa adoptará las medidas que procedan, conforme a lo dispuesto en los reglamentos vigentes.

Artículo 36 G. Cualquier integrante de la comunidad escolar tiene derecho a que se le procure una debida armonización en caso de conflicto generado en el ambiente educativo.

Artículo 36 H. Cuando se detecten conductas de indisciplina escolar que se consideren anómalas o extraordinarias en razón de las circunstancias del alumno, se le deberá procurar atención por especialistas de la salud, del sector público o privado.

Artículo 36 I. Las autoridades educativas deberán emitir las reglas de conducta dirigidas a crear una cultura de convivencia en la comunidad escolar, las cuales estarán dotadas de un carácter educativo, socializador y recuperador con el fin de inculcar el respeto como componente básico de las relaciones entre todos los miembros de la comunidad escolar, estableciendo la metodología y estrategias de atención a través de las cuales se harán cumplir dichas normas, a efecto de evitar prácticas que generen violencia en las instituciones escolares.

Cada centro educativo emitirá su reglamento interno con base en las reglas de conducta dictadas por la autoridad educativa correspondiente.

Artículo 36 J. Todos los integrantes de la comunidad escolar, deben colaborar y acatar las reglas de conducta vigentes en su centro escolar y participar en actividades que fomenten los valores de convivencia, respeto y tolerancia.

Artículo 36 K. Las autoridades educativas tomarán las medidas pertinentes para la difusión de las reglas de conducta que al efecto emita, para garantizar su conocimiento y cumplimiento por parte de toda la comunidad educativa.

Artículo 36 L. Al aplicarse medidas disciplinarias para preservar la seguridad y convivencia escolar, deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

I. Las correcciones se aplicarán conforme a lo establecido en los reglamentos vigentes;

II. Las medidas disciplinarias serán proporcionales a la conducta que se le atribuya al alumno;

III. Las circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, así como la reincidencia en el actuar de éste si la hubiere, y

IV. Cuando un alumno incurra en indisciplina escolar, el hecho deberá hacerse del conocimiento del padre o tutor, así como la medida correctiva que vaya a aplicarse.

Artículo 36 M. Las medidas disciplinarias emitidas por las autoridades educativas serán aplicables cuando la indisciplina escolar se cometa en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Mientras los educandos permanezcan dentro de la institución educativa, de autobuses escolares o transporte alquilado por el centro educativo correspondiente;

II. Mientras participen en actividades escolares, y

III. Estando fuera del centro educativo en actividades extraescolares.

Artículo 36 N. Los integrantes de la comunidad escolar deberán colaborar para crear y mantener un ambiente de convivencia armónica y aprendizaje libre de amenazas y violencia, e informarán a sus maestros o directores sobre cualquier acto de indisciplina de que tengan conocimiento.

Artículo 36 Ñ. Cuando se presenten situaciones de conflicto escolar, la dirección del centro de que se trate intervendrá para proteger la integridad física y mental de los alumnos, procurará armonizar la relación entre ellos y, en su caso, derivará a los involucrados a un especialista, para solucionar el conflicto.

Artículo 36 O. La violencia y el acoso escolar serán considerados como indisciplinas, sobre las cuales las autoridades educativas deben dictar las medidas necesarias para su prevención y control, sin menoscabo de la aplicación de otras disposiciones legales.

Artículo 36 P. Es violencia o acoso escolar, el hostigamiento e intimidación entre estudiantes, y se puede presentar de las siguientes formas:

I. Físico: empujones, golpes o lesiones;

II. Verbal: insultos  y menosprecio que se realice por un estudiante a otro, de manera pública o privada;

III. Psicológico: persecución, intimidación, sometimiento, chantaje, manipulación o amenazas, incluidas las gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales;

IV. Exclusión social: el estudiante víctima es notoriamente excluido y aislado de la convivencia escolar;

V. Sexual: podrá manifestarse mediante comentarios de índole sexual, ya sea de forma verbal o escrita, miradas o señas que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual, y

VI. Cibernético: por medios electrónicos como Internet, páginas web, redes sociales, blogs, correo electrónico, mensajes de teléfono celular o videograbaciones.

Artículo 36 Q. Para que exista acoso o violencia escolar se requiere que se presente alguna de las siguientes condiciones:

I. Se trate de una acción agresiva e intencional;

II. Se produzca en forma reiterada, entendiéndose la agresión dada en dos o más ocasiones por un mismo victimario aunque se trate de distintas víctimas; para el caso del acoso previsto en las fracciones V y VI del artículo que antecede, así como cuando se trate del maltrato físico manifestado mediante golpes o lesiones, bastará con que se presenten una sola vez para que se tenga como presumible el acoso;

III. Exista desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, aun siendo estudiantes ambos, a causa de condiciones físicas, psicológicas o emocionales de la víctima, y

IV. Provoque en la víctima daño emocional, psicológico o físico.

Artículo 36 R. La autoridad educativa tiene la obligación de derivar hacia un especialista los casos de violencia y acoso escolar que se presenten en un centro educativo.

Cuando por el tipo o la gravedad del hecho constitutivo de violencia escolar no se logre armonizar la relación entre el generador del acoso y la víctima, se buscará trasladar al primero a otro centro escolar.

Independientemente de las medidas señaladas en los párrafos anteriores, cuando el presunto acosador realice actos tipificados como delito, se procederá conforme a las leyes en materia de menores infractores o penales, según sea el caso.

Artículo 36 S. La autoridad escolar tiene la obligación de aplicar las medidas disciplinarias correspondientes cuando sea manifiesta o comprobada una conducta considerada como acoso o violencia escolar en los términos de esta ley.

Artículo 36 T. Cuando lo solicite el padre o tutor de la víctima de acoso o violencia escolar y un especialista así lo recomiende, podrá trasladarse a dicho alumno a otra institución educativa, para efecto de que pueda desarrollarse en un ambiente escolar adecuado.

En cualquier caso que amerite el traslado de un alumno a diverso centro escolar, tal circunstancia deberá ser previamente notificada tanto al alumno como al padre o tutor. Al preparar la reinscripción del alumno en diverso plantel escolar, se procurará tomar las medidas necesarias para evitar que éste pierda el ciclo escolar.

Artículo 36 U. Las escuelas deberán generar actividades de capacitación u orientación al personal docente y de apoyo, para la prevención y atención del acoso y la violencia escolar.

Artículo 36 V. Las escuelas deben registrar en el expediente de cada alumno los reportes levantados por conductas especificadas en esta sección.

De los reportes señalados en el párrafo anterior deberá enterarse de forma inmediata y constante al padre o tutor del alumno que corresponda.

Artículo 36 W. Las escuelas deberán presentar un informe semestral a las autoridades educativas respecto a los incidentes de acoso y violencia escolar, a efecto de que exista una estadística que arroje la incidencia, los avances o retrocesos en relación con el tema.

Por lo que cabe a este artículo, existen propuestas  que no se consideraron  de manera general, ya que algunas están contenidas en las propopuestas arriba citadas; las cuestiones relacionadas con la promoción de la cultura de convivencia están plasmadas ya en los artículos 2º, 7º y 8º de la ley objeto de la presente reforma, por lo que no es necesario repetirlas; respecto a la obligación de las escuelas de reservar información se encuentra establecida en el artículo 6º Constitucional y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que también se ha eliminado de esta propuesta. Asimismo, es preciso señalar que se cambió el orden de los artículos con el fin de que haya mayor claridad respecto a los conceptos de violencia escolar e indisciplina. Respecto a la obligación precisa para las escuelas de entregar un informe semestral sobre casos de violencia, se elimina con la finalidad de no sumar más dispersión a la labor de enseñanza que realizan los maestros.

De acuerdo a lo anterior, debido a la pertinencia del articulado, se decidió añadir al artículo 36 las siguientes once fracciones, en atención a los comentarios que a continuación se enumeran:

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración de ésta Soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar

Único. Se reforman  los artículos 14, fracción XIII, recorriéndose en su orden la actual; 49, primer párrafo; 69, inciso n); 70, incisos l) y m) y se recorre el subsecuente; 75, fracciones XV y XVI, se adicionan  las fracciones XVI y XVII al artículo 33;  un inciso ñ) al artículo 69; una fracción XVII al artículo 75; se crean la  Sección 1, denominada Disposiciones Generales, que comprende los artículo 32 a 36 y la Sección 2 denominada De la Seguridad Escolar, que comprende los artículo 36A al 36K, del Capítulo Tercero, De la Equidad en la Educación, todos de la Ley  General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

I. a XII.  ...

XIII. Garantizar la seguridad y convivencia escolar, así como prevenir, controlar y corregir la violencia, el acoso y la discriminación escolar; y

...

...

Capítulo IIIDe la Equidad en la Educación

Sección I. Disposiciones generales

Artículo 32. ...

Artículo 33. ...

I. a XV. ...

XVI. Desarrollar e implementar programas y acciones para prevenir, detectar y atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes, que incluyan a todas las personas involucradas en el entorno escolar, a fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia, para lo que se establecerán en los reglamentos escolares las medidas necesarias para su atención y solución.

XVII. Realizarán programas de difusión de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes orientados a la prevención, detección y atención del acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes.

Sección 2. De la seguridad escolar

Artículo 36 A. La protección de los alumnos contra la violencia, en cualquier tipo de sus manifestaciones, es condición para una formación escolar equitativa.

Artículo 36 B. Es obligación de las autoridades educativas salvaguardar la integridad física y psicológica de los educandos dentro de los planteles educativos y, en su caso, solicitar a las autoridades correspondientes la protección que garantice la seguridad de los educandos en los alrededores de los planteles educativos.

Artículo 36 C. La violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, será considerada como indisciplina. Es violencia escolar el hostigamiento e intimidación entre estudiantes, y se puede presentar de las siguientes formas:

I. Física: empujones, golpes o lesiones;

II. Verbal: insultos, discriminación y menosprecio que se realice por un estudiante a otro, de manera pública o privada;

III. Psicológica: persecución, intimidación, sometimiento, chantaje, manipulación o amenazas, incluidas las gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales;

IV. Exclusión social: el estudiante víctima es notoriamente excluido y aislado de la convivencia escolar;

V. Sexual: podrá manifestarse mediante comentarios de índole sexual, ya sea de forma verbal o escrita, miradas o señas que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual, y

VI. Cibernética: por medios electrónicos como Internet, páginas web, redes sociales, blogs, correo electrónico, mensajes de teléfono celular o videograbaciones.

Artículo 36 D. Para que exista acoso o violencia escolar se requiere que se presente alguna de las siguientes condiciones:

I. Se trate de una acción agresiva e intencional;

II. Se produzca en forma reiterada, entendiéndose la agresión dada en dos o más ocasiones por un mismo victimario aunque se trate de distintas víctimas; para el caso del acoso previsto en las fracciones V y VI del artículo que antecede, así como cuando se trate del maltrato físico manifestado mediante golpes o lesiones, bastará con que se presenten una sola vez para que se tenga como presumible el acoso;

III. Exista desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, aun siendo estudiantes ambos, a causa de condiciones físicas, psicológicas o emocionales de la víctima, y

IV. Provoque en la víctima daño emocional, psicológico o físico.

Artículo 36 E. Cuando maestros y directivos detecten alumnos con conductas de indisciplina escolar que consideren anómalas o extraordinarias en razón de sus circunstancias, deberán canalizarlos a los servicios de salud correspondientes.

Artículo 36 F. Las autoridades educativas locales deberán emitir las reglas de conducta dirigidas a crear una cultura de convivencia en la comunidad escolar y a inculcar el respeto y la tolerancia como componentes básicos de las relaciones entre todos los miembros de la comunidad escolar.

Cada centro educativo emitirá su reglamento interno con base en las reglas de conducta dictadas por la autoridad educativa correspondiente.

Artículo 36 G. Al aplicarse medidas disciplinarias para preservar la seguridad y convivencia escolar, habrá de tomarse en cuenta lo siguiente:

I. Deberán ser armónicas con el principio del interés superior del menor;

II. Se aplicarán conforme a lo establecido en los reglamentos vigentes;

III. Serán proporcionales a la conducta que se atribuya al alumno;

IV. Las circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, así como la reincidencia en el actuar de éste si la hubiere, y

V. Cuando un alumno incurra en indisciplina escolar, el hecho deberá hacerse del conocimiento del padre o tutor, así como la medida correctiva que vaya a aplicarse.   

Artículo 36 H. Las medidas disciplinarias emitidas por las autoridades educativas serán aplicables cuando la indisciplina escolar se cometa en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Mientras los educandos permanezcan dentro de la institución educativa, de autobuses escolares o transporte alquilado por el centro educativo correspondiente;

II. Mientras participen en actividades escolares, y

III. Estando fuera del centro educativo en actividades extraescolares.

Artículo 36 I. Cuando lo solicite el padre o tutor de la víctima de violencia y un especialista así lo recomiende, podrá trasladarse a dicho alumno a otra institución educativa, para efecto de que pueda desarrollarse en un ambiente escolar adecuado.

En cualquier caso que amerite el traslado de un alumno a diverso centro escolar, tal circunstancia deberá ser previamente notificada tanto al alumno como al padre o tutor. Al preparar la reinscripción del alumno en diverso plantel escolar, se procurará tomar las medidas necesarias para evitar que éste pierda el ciclo escolar.

Artículo 36 J. Las autoridades educativas, en sus diferentes niveles de competencia, deberán generar actividades de capacitación u orientación al personal docente y de apoyo, para la prevención y atención de la violencia escolar.

Artículo 36 K. Las escuelas deben registrar en el expediente de cada alumno los reportes levantados por conductas especificadas en esta sección.

De los reportes señalados en el párrafo anterior deberá enterarse de forma inmediata al padre o tutor del alumno que corresponda.

Artículo 49.El proceso educativo se basará en los principios de libertad, responsabilidad, tolerancia y derecho a una educación libre de violencia, acoso escolar o discriminación,que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

...

Artículo 66. ...

I. a V. ...

VI. Promover desde el hogar la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar y participar en las actividades programadas para prevenir,  controlar y corregir la violencia y el acoso escolar.

Artículo 69. ..

..

...

a) a m) ...

n) Respaldará las labores cotidianas de la escuela;

ñ) Propondrá medidas para la divulgación de la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar, así como para prevenir y controlar la violencia, el acoso y la discriminación escolar, y

o) ......

Artículo 70...

...

a) a k) ...

l) Procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública;

m) El apoyo para garantizar la seguridad y convivencia de los alumnos fuera de las escuelas y su participación en las actividades para la prevención y control de la violencia y el acoso escolar, y

n) En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

..

...

Artículo 75....

I. a XIV. ...

XV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XVI. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y

XVII. Incumplir las disposiciones de prevención y control de la violencia y el acoso escolar que deriven de la aplicación de la presente ley.

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas locales deberán adecuar, conforme a las prevenciones contenidas en este decreto, las disposiciones normativas locales en materia de prevención y control de la violencia, el acoso y la discriminación escolar, a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero.Las autoridades educativas federal y locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, establecerán los instrumentos y mecanismos necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 Mendoza Estrada, María Teresa. La violencia en la escuela: bullies y víctimas. Trillas, México, 2011. Pág. 9.

2 Citado en: Alpízar Ramírez, Graciela. Acercamiento al fenómeno del acoso escolar (bullying). En: Revista de Derechos Humanos, No. 9, año IX, septiembre de 2011. Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Distrito Federal.

3 Véase: Cobo y Romeo, Paloma. Bullying en México. Conducta violenta en niños y adolescentes.Quarzo, México, 2008; Unicef. Informe Nacional sobre violencia de género en la educación básica en México. México, 2009. Consultado el 15/03/2013, disponible en:

http://www.unicef.org/lac/Estudio_violencia_genero_educacion_bas ica_Part1.pdf

4 Comité de los Derechos del Niño. Observación general No 13 (2011). Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. CRC/C/GC/13. Párrafo 27.

5 Primera encuesta nacional “Exclusión, intolerancia y violencia en escuelas públicas de educación media superior. Secretaria de Educación Pública. Abril, 2008.

6 Encuesta: El Bullying: Violencia escolar. Consulta Mitofsky. Septiembre 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de abril de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE FOMENTO DE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto que reforma el artículo 32, inciso d), de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos,y deDerechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 32 de laLey para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, 84, 85, 86, 158, 167, 173, 174, 176, 177, 182, 185 y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 5 de marzo de 2013, el diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que por la que se reforman los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 32 de laLey para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativosy deDerechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

El iniciante expresa que, dentro de esos avances tecnológicos se encuentran las telecomunicaciones, las cuales sin lugar a dudas le han dado un giro de 180 grados a las relaciones humanas.

Refiere que hoy alrededor de 11 millones de jóvenes mexicanos tienen acceso a las nuevas tecnologías de información con servicio de Internet: computadoras, teléfonos celulares, dispositivos móviles y tabletas.

Señala que con estas nuevas tecnologías se abre una puerta hacia el desarrollo y mejores oportunidades, empero éstas tecnologías a la sombra de la supervisión de los padres y de la poca o nula orientación de los maestros, pueden derivar en conductas terribles que hoy en día son una realidad en nuestro país.

Advierte que, primero fue el ciberbulliyng, luego la transmisión de peleas por Internet. Hoy uno de los mayores riesgos para un adolescente en línea es ser víctima del sexting. Esta conducta ha proliferado con preferencia entre los adolescentes y jóvenes, que han encontrado en el texteo una manera más fácil de comunicarse o de establecer una relación con una persona del mismo sexo o del sexo opuesto. Esta nueva forma de interrelación incluye la modalidad llamada sexting.

Señala que la Alianza por la Seguridad en Internet (ASI) estima que en México, 8 por ciento de los jóvenes de secundaria ha enviado imágenes propias, desnudos, semidesnudos, a conocidos o extraños a través de un teléfono celular o una computadora. Y casi cuatro millones de jóvenes conocen a alguien que ha enviado imágenes de sexting. La empresa mexicana Mattica coloca a México en primer lugar de envíos de sexting en América Latina.

Menciona que la falta de una legislación sobre los contenidos en Internet, el desconocimiento de las implicaciones que puede tener el hecho de autoexponerse, así como la carencia de una educación desde la escuela y el hogar para limitar el acceso al ciberespacio, hacen de los menores blancos perfectos para redes de trata de personas, lenocinio, turismo sexual, sexting y pedofilia.

En este sentido, define el sexting como un fenómeno de reciente surgimiento que consiste en el envío o recepción de imágenes o videos personales de índole sexual a través de celulares o Internet o algún otro medio electrónico, que está aumentando de manera alarmante.

Asimismo, señala que las implicaciones del sexting son diversas, partiendo de actos con fines lascivos que desencadenan conductas que ridiculizan, humillan, y degradan, algunas veces acompañadas con violencia física. Estas acciones pueden considerarse ilegales ya que están relacionadas con los delitos contra la intimidad y la libertad sexual así como los relacionados con la pornografía infantil, por lo tanto es necesario instruir a los padres de familia, docentes y alumnos dentro y fuera del ámbito escolar respecto al sexting, evitando convertirse en víctimas, delincuentes o simples observadores.

Afirma que a nivel europeo se está avanzando en la regulación de situaciones como sexting , grooming y la pornografía infantil virtual. Así en el convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, vigente en España desde el 1 de diciembre de 2010, se regulan estos fenómenos que tienen lugar en el contexto de las TIC.

En algunos países están dando pasos en la regulación expresa del sexting. Así en Estados Unidos, se han presentado recientemente proyectos de ley prohibiendo expresamente a los menores de 12 a 17 años la transmisión electrónica de fotografías donde se muestren ellos mismos u otros adolescentes en una actividad sexual o en estado de desnudez sexual explícita.

Finalmente, aduce que en México se carece de un marco jurídico idóneo para responder a la complejidad de un fenómeno de esta naturaleza; es menester prevenir y combatir el sexting.

Asimismo, se propone reformar el artículo 32, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativosy deDerechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

III. Consideraciones

Tras el análisis detallado de la propuesta y coincidir en términos generales con los argumentos expuestos en la iniciativa referida en el presente proyecto de dictamen, estas Comisiones dictaminadoras estimamos procedente la reforma planteada, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Primera. De las recientes reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión, el artículo 1o. indica en el párrafo primero, que en el país “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

En el segundo párrafo se establece quelas normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución General de la República y a los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Por otro lado, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Segunda. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Este precepto enuncia el principio de supremacía constitucional por el medio del cual se establece que la Constitución es la Ley Suprema de toda la Unión y es la cúspide de todo orden jurídico; señalando de igual forma a los tratados celebrados entre Estado o Estados y organismos internacionales.

Resulta claro que con la reforma recién aprobada al artículo 1o. constitucional, la jerarquía de los Tratados Internacionales es de igual condición al de la Constitución. La incorporación de los tratados al derecho interno se da generalmente de manera automática, es decir, no se requiere un acto de producción normativa interna, ya que una vez ratificado por el Senado y celebrado por el Presidente, crean derechos y obligaciones de las partes que celebren el tratado.

En este tenor, los suscritos, integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos,y deDerechos de la Niñez, coincidimos en que es necesario ajustar el marco vigente en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de adecuarlo a los instrumentos y convenios internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado, mediante los cuales se establecen un marco de principios y obligaciones relativos a la garantía de los derechos de los niños y de las niñas.

Entre los diversos instrumentos internacionales que ha suscrito y ratificado el estado mexicano, los cuales establecen el marco de principios y obligaciones relativos al principio del interés superior de la niñez, se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Particularmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas y los niños, a saber, el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen.

De ahí que la Convención de los Derechos del Niño, establece en sus artículos 3, 4, 17 y 19, lo siguiente:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2.Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Artículo 4

Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 17

Los Estados parte reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados parte

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

Artículo 19

1.Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2.Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Tercera.En ese sentido, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala en el artículo 3o.: “La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad”.

Más adelante establece, en el artículo 3o.: los principios rectores de la protección son el interés superior de la infancia, la no discriminación por ninguna razón, ni circunstancia, y la igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

Por otro lado, el artículo 4o. dispone que en concordancia con el interés superior de la infancia los ordenamientos aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, sobre la base de gozar de su derecho a la igualdad en todas sus formas, garantizado por las autoridades.

Cuarta. Con fundamento en el artículo en su artículo 8 de la Ley General de Educación establece que el criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

Además, considera que a la par “contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.

Quinta.Hoyla figura llamada bullyingaparece como una de las diferentes conductas que pueden resultar perjudiciales para las niñas, niños y adolescentes en el uso de internet, ya que en muchos casos esta amenaza viene de otros compañeros que pueden llegar a enviar mensajes, fotos o videos al menor acosado, sobre todo mensajes desagradables en la red en general con imágenes desagradables o hirientes referidas a la víctima es la forma más habitual de acoso.

Así, tenemos que esta problemática ha sido abordada por especialistas desde diferentes ópticas. Así, en el artículo “Bullying: acoso escolar. La violencia entre iguales. Problemática real en adolescentes”, publicado en la revista Acta Pediátrica de México, volumen 29, número 4, de julio-agosto de 2008, cuyos autores son los doctores Arturo Loredo-Abdalá, Arturo Perea-Martínez y la doctora Gloria Elena López-Navarrete, adscritos al Instituto Nacional de Pediatría, se señala:

(...) Desde hace unas tres décadas, la comunidad escolar y médica ha puesto atención en una forma de violencia que tiene algunas peculiaridades en su génesis y expresión y que ocurre generalmente en individuos que viven la etapa temprana o intermedia de su adolescencia. Se distingue como una forma de agresión crónica y recurrente ejercida por uno o varios jóvenes sobre otro u otros, lo que involucra irremediablemente el ambiente en que se da la relación entre los actores. Esta manifestación de acoso y violencia entre “iguales” en el ambiente escolar, ha sido denominado por los noreuropeos como el bullying y por los orientales como ijime; se refiere a la violencia entre menores de edad con repercusiones biopsicosociales que merecen su análisis y descripción.

Al exponer las consecuencias del fenómeno se afirma:

Independientemente de las formas como son atormentadas las víctimas, los resultados tienen impacto en cualquiera de las áreas de su salud. Incluso las consecuencias van más allá de lo esperado, pues no sólo las víctimas sino también los observadores y el propio agresor terminan siendo dañados por el fenómeno. Al respecto, se ha observado que entre las características que distinguen a todos los actores del fenómeno hay una historia común:

1) Exposición crónica a patrones de convivencia violentos: Tanto el agresor como la víctima, viven en ambientes de hostilidad familiar, escolar, incluso en el área de recreación y deporte.

2) La diversidad de expresión está determinada por las características propias del individuo y de los ambientes (personas y sitios) en los que se desenvuelve.

3) Al final, todos los involucrados, víctimas y agresores, tienen mayor riesgo de sufrir síntomas depresivos e ideación suicida, pasando por trastornos del sueño, enuresis, dolor abdominal, cefalea, malestar general, ansiedad, baja autoestima, sensación de rechazo social, aislamiento, marginación y en general una autopercepción de minusvalía, física, social y hasta económica.

Los efectos negativos no son exclusivos del individuo y de su familia. Suelen extenderse hasta otros ambientes y contextos aún sin ser parte del fenómeno. Estas consecuencias en el ámbito escolar, suelen producir mayores índices de trastornos afectivos y de conducta en los estudiantes y en su entorno:

a) Escolares. Ansiedad, ausentismo, menor rendimiento académico, abandono escolar, generación de agresores y de víctimas-agresores.

b) Ambiente escolar. Inseguridad, desintegración, insalubridad, violencia y circunstancias que favorecen la réplica del fenómeno.

Sexta. Por lo que se refiere a la reforma de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, los suscritos, integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos,y deDerechos de la Niñez, coincidimos que resulta inviable en virtud de que la propia fracción VI del artículo 7o. de la norma vigente hace referencia a que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares deberán promover la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, entiéndase cualquier violencia y a través de cualquier medio.

En este sentido, las fracciones XV y XVI del citado artículo 7o., ya disponen algunas actividades que el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares llevan a cabo, tales como las de difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos o realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.

De la misma manera, el texto vigente del tercer párrafo del artículo 30 de la citada ley, señala: “Las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles”.

Séptima. Por lo que hace a la propuesta de reformar el artículo 32, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,las y los suscritos integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativosy deDerechos de la Niñez resultan oportuna y viable en virtud de que con ello la norma se armoniza en consonancia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y del interés superior de la niñez, y refuerza la tarea prevista que tiene encomendada la Secretaria de Educación Pública de impulsar la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la no discriminación y de la convivencia sin violencia, en particular como lo refiere la propuesta de la convivencia sin violencia tanto física, psicológica o emocional, incluyendo aquella que se manifiesta a través de los medios electrónicos, como el cyberbullying y el sexting.

En ese sentido, las y los suscritos integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativosy deDerechos de la Niñez coincidimos con la propuesta porque es mucho más clara, en virtud de que se pone mayor énfasis a las diversas modalidades de la violencia, para considerarla como “las conductas que se cometan a través de la violencia física, psicológica o emocional, así como aquella que se manifiesta por cualquier medio electrónico, que se pueda llevar a cabo entre los alumnos”, originada con el desarrollo de la telefonía celular más que con Internet y popularmente conocida como Cyberbullying y sexting .

Octava. Por ello, los integrantes de las comisiones unidas estamos de acuerdo únicamente en aprobar la propuesta de reformar el artículo 32, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no así con la reforma a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, por las razones expuestas.

Finalmente, estas comisiones consideran necesario hacer modificaciones a la propuesta de los iniciantes, ya que por cuestiones de técnica legislativa, la legislación secundaria no debe contener un lenguaje que no se encuentra incluido en nuestro idioma, so pena de establecer situaciones que serían contrarias a la ley.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Derechos de la Niñez, proponen a esta Honorable Asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente Proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Educación, para efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizadas las Iniciativas materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 32, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia

Artículo Único. Se reforma el artículo 32, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 32. ...

A. a C. ...

D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la no discriminación y de la convivencia sin violencia física, psicológica o emocional, incluyendo aquella que se manifiesta a través de los medios electrónicos

E. a G. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica).

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Mirna Velázquez López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE SANCIONES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del capítulo VI, “De las sanciones”, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82 numeral 1, 85, 157, 158, numeral 1, fracción IV, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó el Acuerdo relativo a los Dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el Pleno de la LXI Legislatura, por el cual se devuelve a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y a la de Cultura y Cinematografía, el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del capítulo VI, denominado “De las sanciones”, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

2. Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, en los términos de lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitaron a la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender el asunto turnado, mediante el oficio número CCC/LXII del 14 de diciembre de 2012.

La Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0710 expediente 7402 LXI Legislatura, resuelve y autoriza la prórroga, encontrándose el asunto turnado en plazo vigente para su dictamen.

3. Con fecha catorce de septiembre del dos mil once, la diputada Kenia López Rabadán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en nombre y representación de los diputados que firmaron la Iniciativa, en su carácter de diputada integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado “De las Sanciones”, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

4. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía mediante el expediente número 3991.

5. Las Comisiones Unidas dieron trámite de recibo e iniciaron el análisis de la Iniciativa en comento.

II. Descripción de la Iniciativa

La diputada Kenia López Rabadán comienza su exposición de motivos planteando la necesidad de que los delitos tipificados en los que se señalen sanciones pecuniarias se basen en días multa, a fin de establecer parámetros atemporales mediante montos que se fijen a partir de días multa de acuerdo con el salario mínimo.

Asimismo, se estableció que toda vez que el patrimonio cultural representa formas visibles de nuestra cultura, se tiene la responsabilidad de asegurar su protección pues representan un conducto para vincular a la gente con su historia.

En tal orden de ideas, el Congreso de la Unión expidió en 1968 la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, que en el año de 1972 fue abrogada por la expedición de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que, en su artículo segundo, otorga la calidad de utilidad pública a la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

Por lo antepuesto, el Poder Legislativo ha realizado diversas propuestas de reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos respecto del Capítulo de Sanciones con la finalidad de actualizar este apartado y alcanzar a la realidad nacional y modificando las conductas tipificadas; al respecto se han elaborado más de 15 proyectos, sin éxito.

En la Iniciativa en comento se señala que el Estado mexicano forma parte de diversos instrumentos internacionales como la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la que se reconoce la obligación de los Estados parte de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio.

Asimismo, dicha Convención se estableció con el objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces, revalorizando el patrimonio cultural y natural situado en el territorio de cada país, por lo que los Estados Parte procurarán adoptar las medidas jurídicas para proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio.

En adición a lo anterior, derivado de las Recomendaciones emitidas por la Conferencia General de la UNESCO, en la vigésima reunión celebrada en París durante octubre y noviembre de 1978, el Estado mexicano se obligó a prevenir y combatir, mediante los instrumentos que considere adecuados, la falsificación de bienes culturales, los robos, las excavaciones ilícitas, los actos de vandalismo y el empleo de falsificaciones, por lo que los Estados Miembros deberían, cuando la situación lo requiera, reforzar o crear servicios específicamente encargados de la prevención y la represión de esas infracciones.

De acuerdo con la Iniciante, las reformas propuestas pretenden dar cumplimiento a diversos acuerdos contraídos por la suscripción de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático y la Convención sobre Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, Exportación y la Transferencia de Propiedades Ilícitas de Bienes Culturales, que entró en vigor en México el 4 de enero de 1973.

De esta manera, propone adicionar un artículo 51 Bis con el propósito de sancionar conductas en contra del patrimonio sumergido, un artículo 53 Bis en el que se establece la sanción para quien altere o falsifique una obra considerada monumento artístico, un artículo 53 Ter que sancione a quien, conociendo que un bien no es de la autoría de un artista determinado, realice actos tendientes a dictaminarlo como si fueran de la creación del artista o le atribuya la autoría y un artículo 53 Quarter para establecer la sanción correspondiente a quien importe bienes culturales sin la autorización correspondiente.

Finalmente y de acuerdo con las consideraciones expuestas por la diputada Kenia López Rabadán, la Iniciativa contiene el Proyecto de Decreto que reforma los artículos 47 al 53 y 55, y se adicionan los artículos 51 Bis, 53 Bis, 53 Ter y 53 Quarter a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Primero: Se reforman los artículos 47 al 53 y 55 de la Ley Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

Artículo 47. Al que por cualquier medio realice trabajos materiales de exploración arqueológica, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de cien a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice, financie o prepare los trabajos descritos en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 48. Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Si los delitos previstos en esta Ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 49. Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice, financie o prepare los actos descritos en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Al que con fines de lucro transporte o exhiba un monumento arqueológico mueble, sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de uno a seis años y multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Artículo 50. Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico sin el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Artículo 51. Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento histórico o artístico mueble o sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de tres a ocho años y multa de mil a tres mil días de Salario Mínimo General vigente para el Distrito Federal.

Artículo 52. Al que intencionalmente y por cualquier medio, dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de cinco a doceaños y multa hasta por el valor del daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica sin autorización del instituto y dañe o destruya un monumento arqueológico, se le impondrá prisión de cinco a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Artículo 53. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Artículo 55. Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo Segundo: Se adicionan los artículos 51 Bis, 53 Bis, 53 Ter y 53 Quarter a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

Artículo 51 Bis. Al que por cualquier medio realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales a fin de descubrir o rescatar patrimonio cultural subacuático, a que se refiere el artículo 28 Ter, sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Artículo 53 Bis. Al que falsifique o altere obra declarada monumento artístico, se le impondrá prisión de cinco a quince años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que conociendo de la falsificación o alteración de obra declarada monumento artístico, realice actos tendientes a dictaminarlos como originales o a la comercialización de las falsificaciones o alteraciones, se le impondrá prisión de cinco a quince años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice, financie o prepare los actos descritos en los dos párrafos anteriores, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

La misma sanción se aplicará a quien con ánimo de obtener un beneficio, le atribuya a un bien el carácter de monumento arqueológico.

Artículo 53 Ter. Al que conociendo que un bien no es de la autoría de un artista cuya obra se encuentra declarada monumento artístico, realice actos tendientes a dictaminarlos como si fueran de la creación del artista o le atribuya la autoría al artista o a la comercialización de la obra, se le impondrá prisión de cinco a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice, financie o prepare los actos descritos en el párrafo inmediato anterior, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 53 Quarter. Al que importe bienes culturales considerados como patrimonio cultural artístico, histórico, arqueológico o paleontológico por el país de origen, sin que dichos bienes se hayan declarado libres de toda oposición por parte de las autoridades competentes del Estado de origen, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

El bien cultural importado ilícitamente será incautado y se pondrá a disposición del país de origen

III. Consideraciones generales

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía comprendemos las inquietudes de la diputada Iniciante, Kenia López Rabadán y coincidimos en la necesidad de actualizar las multas establecidas en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, asimismo, reconocemos que el Patrimonio Cultural de México representa la herencia colectiva y el capital social no renovable del país, por lo que consideramos que su conservación es responsabilidad tanto de autoridades como de los ciudadanos, buscando mediante esta coordinación asegurar el disfrute de los sitios patrimoniales por las futuras generaciones.

El patrimonio de la sociedad mexicana se constituye por sus bienes inmateriales y materiales, los primeros de vigencia atemporal y de significado particular para la sociedad mexicana desde el punto de vista de sus creencias, su tradición y su identidad; los bienes materiales por su parte gozan de un valor arqueológico, histórico o artístico, que los hace merecedores de protección y conservación. Si bien comprendemos que la preservación del patrimonio cultural no presupone únicamente disposiciones jurídicas legislativas, consideramos que éstas influyen en la persuasión al cuidado del patrimonio cultural y desincentivan la comisión de los delitos que refieren a la materia.

Es por esto que consideramos que el marco jurídico que salvaguarda el patrimonio cultural de México debe sujetarse a actualización, y ser de carácter abarcador y comprensivo, incluyente de las obras y testimonios de todas las épocas de nuestra historia, además de las creaciones y los vestigios humanos que revisten un interés científico y contribuyen al conocimiento de la historia de México.

De igual manera somos consientes de que la materia de Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es de naturaleza cambiante, y en virtud de que dicha Ley fue creada en 1972 y su modificación más reciente ocurrió en 1986, reconocemos que es imperante reformar la normatividad en materia de sanciones a los delitos cometidos contra los bienes protegidos por el ordenamiento.

Los Integrantes de las Codictaminadoras comprendemos que son muy diversos los peligros que corren los bienes patrimonio cultural de México, como el robo, el saqueo, el vandalismo y la exportación no autorizada de bienes muebles, ya sea para efectos de tráfico ilícito o bien para colecciones personales.

En este orden de ideas y con la visión de conservación del patrimonio cultural, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, coincidimos con las propuestas de la diputada López Rabadán de fijar multas cuyos montos sean determinados a partir de días de salario mínimo; en el mismo sentido, coincidimos con la Legisladora en la necesidad de aumentar los años de prisión que ameriten las infracciones cometidas en contra de la Ley en comento, ya que el texto vigente contempla diez años de prisión y cincuenta mil pesos como la pena y la multa más altas, respectivamente.

IV. Consideraciones particulares

Por otra parte consideramos pertinente proponer ciertas modificaciones al Proyecto de Decreto contenido en la Iniciativa de la diputada López Rabadán, para efecto de aclarar y sintetizar la redacción, homologar los términos de las sanciones y respetar el texto vigente del resto de la Ley que se pretende reformar, las propuestas de reforma contenidas en el presente Dictamen se detallan a continuación:

Artículo 47

La modificación que proponemos hace referencia a “conductas descritas” en el párrafo primero, que propiamente es el tipo penal y no así el término de “trabajos” utilizado en la Iniciativa; asimismo se elimina la “preparación”, ya que escapa al género de conductas de un actor intelectual, que son las sancionadas por el párrafo segundo.

Artículo 49

La Iniciativa elimina del primer párrafo las conductas de transporte, exhibición y reproducción de bienes, para contenerlas en un párrafo tercero con una multa menor a la establecida tanto en la propuesta como en el texto vigente, lo que resulta contrario a la intensión del proyecto, por lo que se restituye el texto vigente y se agregan al ámbito de protección los bienes históricos y artísticos muebles.

En el caso del tercer párrafo contenido en la Iniciativa, respecto de las sanciones correspondientes a los actores intelectuales, se realizan la misma modificación descrita en el artículo 47.

Artículo 50 y 51

Se consideran adecuados la redacción y el contenido de los numerales 50 y 51 previstos por la Iniciativa en dictamen.

Artículo 51 Bis

La adición de un artículo 51 Bis propuesto por la Iniciante no es procedente en razón de que regula la sanción correspondiente a los daños que pudieran realizarse respecto del Patrimonio Cultural subacuático, mismo que no se encuentra regulado mediante el texto vigente de la Ley, sino que figura como una de las propuestas de adición presentadas en la presente Legislatura, misma que una vez aprobada podrá ser sujeto de regulación.

Artículo 52

Dado que en el segundo párrafo del precepto se especifica el procedimiento a seguir en el caso de que el daño causado a los bienes que se busca proteger no sea intencional, se considera redundante señalar en el primer párrafo que la afectación al bien es una conducta intencional, asimismo la Iniciativa omite la actualización de la sanción, por lo que ésta se contiene en el Proyecto del presente Dictamen.

Respecto del nuevo tercer párrafo propuesto por la Iniciativa, éste reproduce de manera general el texto del primer párrafo del artículo 47, por lo que se considera redundante y se propone eliminarlo.

Artículo 53

El artículo 53 sanciona la extracción ilegal de un bien protegido, por lo que respetando y atendiendo el loable espíritu de la Iniciativa, se propone agregar la sanción correspondiente al actor intelectual del delito a que se hace referencia.

Artículos 53 Bis y 53 Ter

Se consideran adecuados la redacción y contenido de los numerales 53 Bis y 53 Ter previstos por la Iniciativa en dictamen.

Artículo 53 Quáter

En el caso de la propuesta de un nuevo artículo 53 Quarter se modifica la conducta a sancionar, ya que la importación es un régimen legal de introducción de mercancías, de manera que lo que se busca tipificar es la introducción de un bien extranjero protegido cuando no se cuente con el permiso de la autoridad competente del Estado de origen.

Finalmente, consideramos que la aprobación del Proyecto de Decreto contenido en el presente Dictamen da cumplimiento a las diversas obligaciones contraídas a través de la suscripción de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático y la Convención sobre Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, Exportación y la Transferencia de Propiedades Ilícitas de Bienes Culturales, así como las Recomendaciones emitidas por la Conferencia General de la UNESCO por las que el Estado mexicano se obligó a prevenir y combatir, mediante los instrumentos que considere adecuados, la falsificación de bienes culturales para combatir los robos, las excavaciones ilícitas, los actos de vandalismo y el empleo de falsificaciones.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía proponen a esta Honorable Asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente Proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este Dictamen, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y Cultura y Cinematografía sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del capítulo vi, denominado “De las sanciones”, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones

Artículo Único: Se reforman los artículos 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53 y 55, y se adiciona el artículos 53 Bis de la Ley Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para quedar como sigue:

Artículo 47. Al que por cualquier medio realice trabajos materiales de exploración arqueológica, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de cien a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente arrtículo, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 48. Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Si los delitos previstos en esta Ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 49. Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico , histórico o artístico mueble , quecomercie con él, oque lo trasporte, exhiba o reproduzca, sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 50. Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico histórico o artístico mueble, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Artículo 51. Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con apego a la Ley, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de Salario Mínimo General vigente para el Distrito Federal.

Artículo 52. Al que por cualquier medio,dañe , altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de cinco a doceaños , multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal y el cargo del costo de la reparacióndel daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

Artículo 53. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 53 Bis. Al que introduzca al territorio nacional bienes culturales considerados como patrimonio cultural artístico, histórico, arqueológico o paleontológico por el país de origen, sin que cuenten con el permiso correspondiente por parte de las autoridades competentes del Estado de origen, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

El bien de que se trate será incautado y se pondrá a disposición del país de origen.

Artículo 55. Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal,la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González, Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González, Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente, Alberto Días Trujillo, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar, Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farias (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Raquel Jiménez Cerillo (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Juana Bonilla Jaime, Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, José Martín López Cisneros (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María Beatriz Zavala Peniche.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción I; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 2010, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta soberanía de la Minuta proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de  Energía”.

3. Mediante comunicado número D.G.P.L. 62-II-8-0194, de fecha 24 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó a esta Comisión de Energía que el plazo reglamentario para dictaminar la minuta en comento comenzó a contabilizarse a partir del 29 de octubre de 2012; toda vez que se trata de un asunto correspondiente a la LXI Legislatura y que permanece vigente para ser resuelto por esta LXII Legislatura.

II. Contenido y objeto de la minuta

A través de la minuta proyecto de decreto se pretende que la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento sustentable de la Energía consolide en el Presupuesto de Egresos de la Federación las provisiones del sector público tendientes a promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal se utilice energía renovable, de acuerdo con las características geográficas, posibilidades técnicas y viabilidad económica en cada una de ellos.

De esa forma se propone adicionar una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 24. ...

...

I. a VI. ...

VII. Promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la administración pública federal se utilice energía renovable, de acuerdo con las características geográficas, posibilidades técnicas y viabilidad económica en cada una de ellos.

Las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores señalaron como argumentos para sustentar el dictamen respectivo los siguientes:

Estas comisiones dictaminadoras coinciden en que la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, representa un instrumento jurídico adecuado para impulsar en México el uso de energías alternativas a los hidrocarburos y otros energéticos que además de escasos y costosos, resultan altamente dañinos al medio ambiente.

En efecto, como se menciona en la exposición de motivos de la iniciativa bajo estudio y dictamen, México depende en más del 90 por ciento de recursos fósiles para la generación de energía. Esta fue una de las razones por las que, como parte de la Reforma Energética de 2008, el Congreso de la Unión aprobó la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Asimismo, es de reconocerse que México cuenta con un potencial importante en materia de energías renovables, como son la eólica, la solar, la maremotriz y otras y que éstas no han sido desarrolladas ni aprovechadas de manera suficiente.

En este sentido, resulta pertinente que las dependencias de la administración pública federal utilicen en sus inmuebles dichas energías, en la medida de las características de cada uno de ellos, de su ubicación y de las posibilidades técnicas y financieras.

Si bien la iniciativa de los senadores Herrera y Toledo busca que en la ley se introduzca que en la estrategia para el aprovechamiento de las energías renovables se establezca expresa y únicamente el uso de energía eléctrica generada por radiación solar, a juicio de estas comisiones esta disposición resulta limitativa de otras opciones.

Es necesario tener presente que la energía de procedencia de la radiación solar, así como las demás conocidas como renovables dependen de factores no controlables técnicamente, como son las condiciones climáticas. En el caso particular, de la radiación solar existen regiones en donde no sería suficiente para convertirla en energía eléctrica, además de que aun existen dificultades de carácter tecnológico y de viabilidad económica que no la hacen rentable.

Estas comisiones consideran que el uso de energías renovables puede ser una alternativa en diversos lugares y, en especial, en algunas instalaciones gubernamentales. Sin embargo, advierten que la utilización de dichas energías no debe representar ningún obstáculo para la prestación de los servicios o la oferta de bienes y productos que le están encomendadas a la administración pública federal.

De esta manera, estas comisiones al coincidir en la pertinencia de avanzar en la transición energética y que para ello el gobierno federal utilice energías renovables, también expresan que no es conveniente que la estrategia de referencia tome como única fuente para esos propósitos la radiación solar, sino que en cada sitio debe usarse la tecnología más apropiada tanto por la disposición del recurso como por su viabilidad económica.

En consecuencia, estas comisiones al estudiar la exposición de motivos y el contenido de la fracción que se pretende introducir en el artículo 24 de la multicitada Ley, consideran que es necesario reformular su redacción para que en lugar de que se establezca en la estrategia la obligación gubernamental de usar la radiación solar como fuente energética de los inmuebles públicos, la administración pública promueva el uso de las energías renovables de acuerdo con las características geográficas, disponibilidades técnicas y viabilidad económica.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la minuta, los integrantes de esta Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de esta Comisión de Energía son coincidentes con la colegisladora en la relevancia que tiene promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la administración pública federal se utilicen energías renovables, toda vez que resulta indiscutible que nuestro país tiene un gran potencial en esa materia y su mejor aprovechamiento refleja diversos beneficios como reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir proporcionalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, debe resaltarse que dichos aspectos constituyeron algunas de las razones por las que se realizaron diversas modificaciones a nuestro marco regulatorio en materia de energía hacia finales del 2008.

Segunda. Una de las reformas en el sector energético consistió en la publicación de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE). Esta Ley tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar la electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Así mismo, esta ley establece la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (ENTEASE), además de los instrumentos para el financiamiento de la transición energética.

De acuerdo con el artículo 22 de la ley arriba citada, la ENTEASE funge como un mecanismo para impulsar políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.

Tercera. Asimismo, con el fin de ejercer con eficiencia los recursos del sector público, evitando su dispersión, en el artículo 24 de la LAERFTE, se prevé que la ENTEASE comprenderá los mecanismos presupuestarios para asegurar la congruencia y consistencia de las acciones destinadas a promover el aprovechamiento de las tecnologías limpias y energías renovables, así como el ahorro y el uso óptimo de toda clase de energía.

Conforme a la misma disposición, la ENTEASE consolidará en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal que corresponda las provisiones necesarias de los recursos del sector público, tendientes a:

I. Promover e incentivar el uso y la aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia y el ahorro de energía;

II. Promover y difundir el uso y la aplicación de tecnologías limpias en todas las actividades productivas y en el uso doméstico;

III. Promover la diversificación de fuentes primarias de energía, incrementando la oferta de las fuentes de energía renovable;

IV. Establecer un programa de normalización para la eficiencia energética;

V. Promover y difundir medidas para la eficiencia energética, así como el ahorro de energía;

VI. Proponer las medidas necesarias para que la población tenga acceso a información confiable, oportuna y de fácil consulta en relación con el consumo energético de los equipos, aparatos y vehículos que requieren del suministro de energía para su funcionamiento, y

VII. Proponer la creación de fondos y fideicomisos que tengan por objeto apoyar la investigación, promoción y aprovechamiento de investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable.

De esa forma, el PEF correspondiente al ejercicio fiscal de 2013 prevé en su anexo 14, en relación con la fracción XIII de su artículo 3, el presupuesto consolidado de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en los siguientes términos:

Cuarta.La redacción propuesta en la minuta para la fracción VII que se pretende adicionar al artículo 24 de la LAERFTE, se hace en los términos siguientes:

VII. Promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal se utilice energía renovable, de acuerdo con las características geográficas, posibilidades técnicas y viabilidad económica en cada una de ellos.”

Al analizar la redacción transcrita y propuesta por la minuta, esta Comisión de Energía estima necesario precisar que las fracciones contenidas en el citado artículo 24 de la LAERFTE, comprenden los aspectos que deberán reflejarse como recursos consolidados en la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se considera que no se generan gastos adicionales a los previstos sino que la modificación planteada implica únicamente la consolidación en el PEF de los recursos públicos tendientes a promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal se utilice energía renovable, lo cual permitirá reflejar y tener identificados en un solo apartado o anexo del PEF dichos recursos.

De igual forma, lo anterior facilitará que los recursos previstos en la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía para promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal se utilice energía renovable, se ejerzan conforme a los principios de honestidad, legalidad, productividad, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, transparencia gubernamental y máxima publicidad, previstos en el artículo 28 de la LAERFTE.

No se omite señalar que con fecha 23 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; por lo cual, el artículo 24 de la ley citada contiene actualmente siete fracciones. Así las cosas, al aprobarse en sus términos la minuta que se dictamina, esta Comisión de Energía aprueba adicionar la fracción propuesta en la minuta como fracción VIII del artículo 24 de la LAERFTE.

Se debe aclarar que la modificación anterior, no implica en modo alguno la devolución de la minuta a la cámara de origen sino que, al tratarse solo de un ajuste a efecto de respetar la sintaxis y estructura del artículo que se reforma, se debe enviar al Ejecutivo federal para los efectos del Apartado A del artículo 72 constitucional.

Quinta. Finalmente, se debe resaltar que la aprobación de la reforma que se dictamina complementa en la ejecución otras acciones que contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, como es la utilización de eficiente de la energía que ya se realizan en el ámbito de la administración pública federal, como consecuencia de la aplicación de las normas contenidas en la Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

En la citada ley, en su artículo 7, fracción II, considera incluir en el programa nacional para el aprovechamiento sustentable de la energía al menos, estrategias, objetivos, acciones y metas tendientes a elaborar y ejecutar programas permanentes a través de las dependencias y entidades de la administración pública federal para el aprovechamiento sustentable de la energía en sus bienes muebles e inmuebles y aplicar criterios de aprovechamiento sustentable de la energía en las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que contraten.

En el artículo 8 último párrafo, del Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, encomienda a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la publicación cada dos años, en el Diario Oficial de la Federación, de los lineamientos para la elaboración y ejecución de los programas permanentes de las dependencias y entidades de la administración pública federal para el aprovechamiento sustentable de la energía, contemplados en la fracción II del artículo 7 de la ley.

De esa forma, el 21 de abril de 2010 y 13 de agosto de 2012, se han publicado en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de eficiencia energética para la administración pública federal, los cuales son de son de aplicación obligatoria para todos los inmuebles, instalaciones y flotas vehiculares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, con el fin de hacer un uso eficiente de la energía y aplicar criterios de aprovechamiento sustentable de la energía, en las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que contrate.

Así las cosas, en atención a las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman viable el planteamiento previsto en la minuta y, por tanto, la aprueban en sus términos.

Por lo expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Único. Se adiciona una fracción VIII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 24. ...

...

I. a V. ...

VI. Proponer las medidas necesarias para que la población tenga acceso a información confiable, oportuna y de fácil consulta en relación con el consumo energético de los equipos, aparatos y vehículos que requieren del suministro de energía para su funcionamiento;

VII. Proponer la creación de fondos y fideicomisos que tengan por objeto apoyar la investigación, promoción y aprovechamiento de investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable, y

VIII. Promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la administración pública federal se utilice energía renovable, de acuerdo con las características geográficas, posibilidades técnicas y viabilidad económica en cada una de ellos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Energía, diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

LEY DE MIGRACION

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Población, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Población de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción I; 81, 82, 157, numeral 1; 158 numeral 1, fracción IV; y 167 numeral IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le fue turnada la minuta con proyecto de decreto que se adiciona una fracción XXVII al artículo 3, y se recorren los subsiguientes, y se reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley de Migración, para los efectos de lo dispuesto en la fracción a) del artículo 72 constitucional.

Los suscritos, legisladores integrantes de la Comisión de Población, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la minuta de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el presente dictamen.

La Comisión de Población somete a la consideración  de los integrantes de esta honorable asamblea el presente

Dictamen en sentido positivo a la  minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción  XXVII al artículo 3, y se reforma el artículo 25 de la Ley de Migración,con base en la siguiente:

Metodología

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 176, numeral 1, fracción 1, la comisión desarrolló su trabajo de análisis y dictamen de la proposición de la minuta en comento, conforme al método que a continuación se describe:

En el apartado A. “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto de minuta y de los trabajos previos de la comisión.

En el apartado B. “Contenido y objeto de la minuta”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio.

En el apartado C. “Consideraciones de la comisión dictaminadora”, las y los integrantes de esta Comisión de Población expresan argumentos de valoración del proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:

A) Antecedentes

I. En sesión ordinaria del 13 de diciembre 2011, los senadores Francisco Herrera León, Carlos Jiménez Macías, Adolfo Toledo Infanzón, Ramiro Hernández García, María Elena Orantes López y Antelmo Alvarado García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPRI), y Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Jesús Garibay García, Julio César Aguirre Méndez, Arturo Herviz Reyes y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (GPPRD) LXI Legislatura presentaron al pleno del Senado la oniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley de Migración.

II. En la misma sesión, el presidente de la Mesa Directiva turnó la citada iniciativa a las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, para su estudio y elaboración del dictamen respectivo.

III. En sesión ordinaria con fecha 25 de abril de 2012 fue aprobado el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, Primera, se aprobó por 75 votos por el pro, cero en contra y cero abstenciones, con las modificaciones propuestas a la iniciativa por senadores, integrando al dictamen una fracción XXVII al artículo 3, y la reforma de un artículo transitorio,y en la misma fecha la minuta fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

IV. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 26 de abril de 2012, se dio cuenta con la minuta que remitió la Cámara de Senadores. En esta misma fecha, mediante oficio D.G.P.L-2P2A.-6260 de fecha 25 de abril de 2012. Se turnó a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su estudio y dictamen correspondiente, el expediente completo de la minuta remitido por el Senado de la República se returnó a la Comisión de Población para su estudio y dictamen; expediente de decreto por el que se adiciona una fracción  XXVII al artículo 3, y se reforma el artículo 25 de la Ley de Migración.

V. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 16 de octubre de 2012, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y aprobado por el pleno de esta soberanía, se crearon cuatro comisiones de la extinta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, quedando así conformada la Comisión de Población, para el estudio y dictamen de la minuta en comento toda vez que se trata de un asunto correspondiente a la LXI Legislatura y que permanece vigente para ser resuelto por esta LXII Legislatura, así como de todas los asuntos que le turne la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

B) Contenido y objeto de la minuta

I. En la minuta se considera que la Ley de Migración exige una profunda reforma administrativa, organizacional y conceptual del Instituto Nacional de Migración, con el fin de garantizar una actuación conforme a lo que se plantea en la Ley, así como con en la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos de los migrantes.

II. Asimismo, plantea que se atenderá el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno, con un enfoque que facilita y simplifica la regularización migratoria, privilegiando la dignidad de los migrantes.

III. Considera que de acuerdo con opiniones de las organizaciones de la sociedad civil; el instituto requiere adoptar un sistema o carrera de formación institucional, donde se reformen los procesos internos del INM en el terrero operativo, y se incorporen protocolos y manuales basados en estándares internacionales de respeto de derechos humanos y la profesionalización y evaluación del personal que lo integre.

IV. Señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, coincide en que el INM requiere de una reforma institucionalpara garantizar una actuación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos: Es fundamental que se garantice el perfil y profesionalización y capacitación permanente de los servidores públicos con un enfoque de derechos humanos y que existan mecanismos efectivos de supervisión del personal.

V . Se considera que el Instituto Nacional de Migración, en sus carácter de órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y de conformidad con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, debe contar y operar un sistema integral de profesionalización de sus servidores públicos, que incluya además, los procedimientos de reclutamiento, contratación y evaluación del desempeño.

VI. La minuta de mérito contiene una aproximación diagnóstica sobre los recursos humanos del INM, en la que se muestra que tres cuartas partes de la plantilla laboral (6 mil 044) corresponden a personal operativo y el resto está conformado por mandos medios superiores.

VII. Plantea que en el caso de los mandos medios y superiores (mil 477) poco más de la mitad (53.36 por ciento) no cuenta con una formación académica que les permita sustentar y desarrollar adecuadamente sus funciones, mientras que con respecto al personal operativo que funge como Agente Federal de Migración, es necesario ser Técnico Superior Universitario o Pasante de Licenciatura y no se requiere experiencia en el INM.

VIII. Es una necesidad imperiosa la implantación del Servicio Profesional de Carrera Migratoria en el Instituto, pues se requiere impulsar programas de formación y capacitación para el personal operativo que constituye el sector que interactúa de forma directa con los migrantes,por lo que será fundamental y estratégica la atención a este segmento laboral.

IX. Con el propósito de consolidar la incorporación del SPCM en la Ley de Migración, además de la reforma al artículo 25, se consideró conveniente modificar el texto, específicamente se adicionó una nueva fracción al artículo 3, para insertar y explicitar la definición del Sistema en el conjunto de conceptos que comprende, de esta manera la propuesta planteada en la minuta se presenta de la forma siguiente:

Artículo 3.Para efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a XXVI. ...

XXVII. Servicio Profesional de Carrera Migratoria: al mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y desarrollo de los servidores públicos con cargos de confianza del Instituto.

XXVIII. a XXXI...

Artículo 25. Los servidores públicos del instituto para su ingreso, desarrollo y permanencia deberán cursar y aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización, incluyendo normatividad en materia migratoria y derechos humanos impartidos a través del Servicio Profesional de Carrera Migratoria,posterior a contar con la certificación a que hace

Para la eficiencia y eficacia de la gestión migratoria,los procedimientos para la selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia y promoción de los servidores públicos del Instituto, así como los relativos a la organización y funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, serán establecidos en el Reglamento de esta Ley.

Una vez revisada la minuta, los integrantes de esta Comisión de Población que dictamina la minuta, considera junto con la colegisladora que dicho proyecto de adicción y reforma a la Ley de Migración es procedente, y fundan el presente dictamen en las siguientes

C. Consideraciones de la comisión dictaminadora

Primera.México es parte de los instrumentos internacionales de defensa de derechos humanos de la ONU, incluyendo la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Migrantes Trabajadores y Miembros de sus Familias, de la que derivó la Ley de Migración vigente desde 2011.

De esta manera la comisión dictaminadora coincide con la propuesta de los senadores, ya que de los argumentos que señalaron en la minuta se orientan a cumplir con la legislación vigente y los convenios y tratados internacionales de los que México forma parte en cuanto a mantener personal profesional y capacitado para la función de migración.

Segunda.Los integrantes de la comisión coinciden con el planteamiento y preocupación expresados por los senadores proponentes respecto a la necesidad y conveniencia de que en la Ley de Migración se establezcan disposiciones para establecer el Servicio Profesional de Carrera Migratoria en el Instituto Nacional de Migración con el fin de realizar las funciones con la calidad y transparencia para la vigilancia del tránsito de las personas por el territorio nacional.

Tercera.Se considera pertinente reformar la ley, con los fines de que se impartan programas de formación, capacitación y profesionalización, incluyendo, el ingreso del personal, el desarrollo y la permanencia de los propios funcionarios del Instituto Nacional de Migración, aunado a la certificación que ya está contemplada en el artículo 23 de la propia Ley de Migración.

Cuarta.La propuesta constituye un importante avance del Servicio Profesional de Carrera, que le da la profesionalización al Instituto Nacional de Migración, y garantiza la atención a los migrantes, con un trato de respeto, conforme al espíritu de la propia Ley de Migración, un trato profesional que les garantice su respeto y protección a todos sus derechos humanos.

Quinta.Esta comisión coincide en que la reforma propuesta permitirá que los servidores públicos en el Instituto Nacional de Migración tengan cada vez una mayor profesionalización, una mayor calidad, que puedan seleccionarse en el paso del tiempo con respecto a su desempeño, con respecto a la concepción del empleado en la perspectiva de los derechos humanos, de los derechos civiles.

Sexta.El dictamen resuelve instituir el Servicio Profesional de Carrera Migratoria, al que define como un mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y desarrollo de los servidores públicos con cargos de confianza del instituto.

Asimismo se establece que el personal del servicio profesional mencionado deberá cursar y aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización, incluyendo normatividad en materia migratoria y derechos humanos impartidos a través del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, así como contar con la certificación respectiva.

Séptima.Consideramos que esta adición y reforma jurídica es de avanzada, que asegura el cumplimiento de los principios constitucionales de respeto a los individuos a que se refiere el artículo 1o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que determina que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Octava.En el mismo sentido, consideramos que el servicio de carrera deberá organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para tener cada vez mejor calidad en los servidores públicos. Se entiende que debe de preservarse el nivel de confianza de los servidores, y procurar que se observen los beneficios que para él prevé la ley.

Novena.El Congreso tiene facultad conforme al artículo 73, fracción XVI para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la república.

Décima.Los integrantes de la Comisión de Población consideran procedente aprobar en sentido positivo la minutadel Senado en sus terminos, pues consideramos que la falta de perfiles adecuados en este cuerpo tan importante de personas que se encargan del tema migratorio y que ha generado no solamente corrupción, sino también el maltrato a los derechos humanos de los migrantes, que por miles pasan por nuestro país, requiere de la profesionalización y certificación, que con las adecuaciones se integran a la Ley de Migración.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del artículo 72, incisos A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Población, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración.

Único.Se adiciona una fracción XXVII al artículo 3 y se reforma el artículo 25, de la Ley de Migración,para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a XXVI. ...

XXVII. Servicio Profesional de Carrera Migratoria: al mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y desarrollo de los servidores públicos con cargos de confianza del instituto.

XXVIII. a XXXI...

Artículo 25. Los servidores públicos del instituto para su ingreso, desarrollo y permanencia deberán cursar y aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización, incluyendo normatividad en materia migratoria y derechos humanos impartidos a través del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, posteriora contar con la certificación a que hace referencia el artículo 23 de esta Ley.

Para la eficiencia y eficacia de la gestión migratoria,los procedimientos para la selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia y promoción de los servidores públicos del instituto, así como los relativos a la organización y funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera Migratoria,serán establecidos en el reglamento de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Dentro de un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la vigencia de este decreto, el Ejecutivo federal publicará las modificaciones que sean necesarias.

Notas:

1. Ver: Portal de Obligaciones de Transparencia. Apartado IV: Remuneración mensual.

http://portal transparencia.gob.mx/pot/remuneración Mensual/remuneración Mensual.do?method=buscar&_idDependencia=04111

2. Pronunciamiento público realizado el 28 de mayo de 2011 por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh); Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana (DPMH); Centro de Análisis e Investigación Fundar; I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim).

3. Informe sobre la situación general de los derechos migrantes y sus familias. Elaborado en ocasión de la visita a México del señor comisionado Felipe González, Relator Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México, julio de 2011, p. 62.

Salón de acuerdos de la Comisión de Población, Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 23 de abril de 2013.

La Comisión de Población, diputados: Javier López Zavala (rúbrica), Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), Juana Bonilla Jaime, Rodrigo Chávez Contreras, Carlos Alberto García González, Marco Antonio González Valdez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto Ruíz Moronatti (rúbrica), Araceli Torres Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 5, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 157, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo para su resolución de la Comisión Dictaminadora. . .

II. En el capítulo referido al “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta Comisión Dictaminadora.

I. Antecedentes

1. En la sesión de fecha de seis de febrero de dos mil trece, el diputado Tomás Torres Mercado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal, como a continuación se describe:

“Único.Se adiciona al Código Penal Federal un artículo 215 Bis para quedar como a continuación se propone:

“Artículo 215 Bis. Se equipara al abuso de autoridad Y se sancionará con 3 días hasta 3 años de prisión, y multa hasta de 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, ó retenga documentación, ó condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Justicia.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa tiene por objeto adicionar el artículo 215 Bis al Código Penal Federal para equiparar como delito de abuso de autoridad, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, o retenga documentación, o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie, estableciendo una sanción de 3 días hasta 3 años de .prisión y multa hasta de 300 días de salario mínimo vigente el Distrito Federal, a quien cometa dicho delito.

III. Consideraciones

La Comisión de Justicia analizo y valoro la iniciativa en comento mediante la evaluación de los argumentos integrados en ella, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y en la jurisprudencia dictada por el Poder Judicial Federal en relación con el tema que nos ocupa.

Primero. El Manual de Organización General de la Secretaría de Educación pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes treinta de noviembre de dos mil doce, ordenamiento que regula las funciones de las unidades administrativas Y órganos desconcentrados que constituidos en la Secretaría de Educación Pública, en su apartado /1 Marco Jurídico enuncia, entre otras normas, a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, \a Ley General de Educación Y al Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia como principales normas jurídicas que regulan \a función educativa.

Por lo tanto no existe disposición que contrarié o que prevea lo propuesto en \a iniciativa de merito.

Segundo. Como se desprende de la iniciativa con proyecto de decreto que nos ocupa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción IV de su Artículo tercero determina la gratuidad de la educación.

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

...

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.

...

Tercero. De igual forma reitera el artículo 3o., contenido en el Capítulo 1: Disposiciones Generales de la Ley General de Educación que a la letra dice:

“Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley. “

Cuarto. En el mismo orden de ideas el Artículo 65, contenido en el Capítulo VI: De la Participación Social en la Educación, Sección 1. De los padres de familia del ordenamiento referido en la consideración que antecede a la letra dice:

“Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

.........

III. Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos;

IV. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social a que se refiere este capítulo;

.........”

Respecto a las asociaciones de padres de familia y su objeto, y con el propósito de redimensionar el carácter voluntario de aportaciones en dinero o en especie se esquematiza lo siguiente:

“Ley General De Educación

Capítulo VII: De la Participación Social en la Educación

Sección 1. De los padres de familia

Artículo 67. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

...

II. Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles;

III. Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar;

IV. Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores, e

...

...

La organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades de los establecimientos escolares, se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale.”

Siendo así una responsabilidad conjunta la que autoridades educativas y las asociaciones de padres de familia contraen con la comunidad escolar en lo referente a la toma de decisiones y manejo de recursos en dinero o especie alcanzados bajo la figura de aportaciones voluntarias prevista en el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia.

Quinto. Las asociaciones de padres de familia a que se refiere la fracción IV del Artículo 65 de la Ley General de Educación se rigen, organizan y funcionan conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, el cual en la fracción III del artículo 6 contenido en el Capítulo Primero: Objeto y atribuciones declara como atribución de las asociaciones de padres de familia para el cumplimiento de su objeto “Reunir fondos con aportaciones voluntarias de sus miembros para los fines propios de las asociaciones”; y en último párrafo del mismo numeral versa que “Las atribuciones que anteceden se ejercerán en forma coordinada con los directores de las escuelas o con las autoridades escolares y educativas competentes y requerirán de su acuerdo expreso para toda actividad que se comprenda entre las funciones y responsabilidades exclusivas que las citadas autoridades tienen a su cargo.”

Igualmente en la fracción 111 del Artículo 24 contenido en el Capítulo Cuarto: Funcionamiento del Reglamento en comento se puntualiza que “Acordar y proponer las aportaciones voluntarias en numerario, bienes y servicios de los asociados” es asunto del que conocerán en asambleas de

las asociaciones de padres de familia de las escuelas, así como los consejos de las asociaciones estatales y el del Distrito Federal.

Sexto. El tipo penal o tipificación es en Derecho Penal, la descripción precisa de la acción u omisión considerada como delito y a la que se le asigna una pena o sanción. Derivada del principio de legalidad “todo lo que no está prohibido está permitido”, tipificar los delitos es obligación de Estado, y facultad reservada exclusivamente al Poder Legislativo. Cada uno de los delitos que se pretenden castigar debe ser tipificado; es decir, descrito con precisión, ya que si la conducta no se ajusta exactamente al tipo penal no puede considerarse delito.

La adición del artículo 215 Bis al Código Penal Federal permite el ejercicio pleno del derecho a la educación, mayor equidad educativa e igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, sancionando a quienes soliciten contraprestaciones económicas en dinero o en especie por prestar este servicio.

Elevar la conducta que motiva esta iniciativa a tipo penal, traerá como consecuencia la reflexión de los posibles sujetos activos, al existir una medida coercitiva para quien cometa este delito, y se abstengan de llevarlo a cabo.

Séptimo. El Capítulo Tercero: Abuso de Autoridad en su artículo 215, fracción III del Código Penal Federal describe como abuso de autoridad de los servidores públicos el retardo o negativa a los particulares de la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud y lo sanciona en el penúltimo párrafo, y a la letra dice:

“Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:

...

...

III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud;

...

...

...

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII.

...”

Dicho lo anterior, esta Comisión tiene por buenos los argumentos plasmados y considera viable la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal equiparando y sancionando la conducta motivo de la misma con el delito de abuso de autoridad.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia someten a la consideración del Pleno el siguiente:

Decreto que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal

Único. Se adiciona al Código Penal Federal un artículo 215 Bis para quedar como sigue:

Artículo 215 Bis.Se equipara al abuso de autoridad y se sancionará con multa de uno a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticinco de abril de dos mil trece.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia, Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Armando Córdova Díaz (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Andrés de la Rosa Anaya, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Fernando Zárate Salgado.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 6103, que contiene la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Esta comisión ordinaria, en ejercicio de la facultad del Congreso de la Unión, prevista en el Artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, inciso e), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 1; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

I. Antecedentes legislativos

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 12 de marzo de 2008, el senador Silvano Aureoles Conejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Segundo.En esa misma fecha, la Mesa Directiva dictó trámite a la iniciativa, turnándola a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.

Tercero. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 1 de diciembre de 2011, las comisiones unidas dictaminadoras presentaron al pleno senatorial el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, mismo que fue aprobado por 66 votos a favor.

Cuarto. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 6 de diciembre de 2011, se recibió la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para los efectos de lo dispuesto en el inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto. En misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta en comento a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen correspondientes, dictamen que fue remitido a la propia Mesa Directiva en la LXI Legislatura.

Sexto. Mediante oficio D.G.P.L. 62-II-8-0372 de fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura, en cumplimiento del punto primero del acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva y que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, devolvió a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, copia del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Séptimo. El 20 de diciembre de 2012, la Comisión de Medio Ambiente solicitó prórroga para dictaminar la minuta que nos ocupa, cuya autorización fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de fecha 4 de enero de 2013, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

II. Contenido de la minuta

El presente dictamen tiene por objeto atender la minuta proyecto de decreto del Senado de la República, en la cual se considera procedente reformar el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), para ampliar el ámbito de aplicación de dicho precepto, a la implementación de un plan de manejo para las baterías que contengan alguno de los elementos descritos en la propuesta, a saber: litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc, en virtud de que son los elementos más utilizados en las baterías comerciales, cuyo alto volumen de consumo –y consecuente desecho- producen efectos perjudiciales en el medio ambiente y los recursos naturales.

El texto propuesto por la Cámara de Senadores a la letra señala:

Artículo 31. Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente:

I. a IV. ...

V. Pilas o baterías eléctricas que contengan litio, niquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc;

VI. a XV. ...

...

Cuadro comparativo

Una vez analizada la propuesta del Senado de la República, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, expresamos las siguientes:

En la Minuta de referencia, la colegisladora señala que en México se comercializan cada año aproximadamente 600 millones de pilas y baterías primarias, lo que representa un consumo anual promedio de 6 pilas por habitante, sin considerar las que vienen incluidas en los aparatos nuevos. Asimismo, señala que el mercado informal en México, al paso de los años, ha elevado su presencia para la venta de productos, llegando a representar alrededor de 50 por ciento del total de pilas vendidas, lo que conlleva una excesiva generación de residuos con una vida útil corta derivada de su mala calidad; razones por las cuales, establecer mecanismos y especificaciones para el adecuado manejo de este tipo de residuos se vuelve crucial.

Asimismo, manifiesta en este contexto, la colegisladora considera que una de las acciones tendentes a revertir tan alarmante situación, es la implementación de un plan de manejo adecuado de estos residuos, el cual incluya la recolección, manejo y disposición final de las baterías que contengan alguno de los elementos descritos en la propuesta: litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc; ello, en virtud de que son los elementos más utilizados en la elaboración de las pilas y baterías comerciales.

Señala también, que la obligación de formular y ejecutar los planes de manejo para las pilas y baterías antes mencionadas, no constituye una nueva carga para los productores, importadores, exportadores y distribuidores de las mismas, sino que se trata de una responsabilidad asumida en el marco del principio de responsabilidad compartida establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como de la internacionalización de costos a que se refiere el principio de “Quien contamina paga”, consagrado en la “Declaración de Río”. Adicionalmente, no debe olvidarse que existen estímulos fiscales para aquellas empresas que realicen acciones que favorezcan y eviten daños al ambiente.

Finalmente, la colegisladora recomienda que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las reformas oportunas a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece las características, el proceso de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos, a fin de incluir las baterías y las pilas descritas en la propuesta de reforma, evitando así la interpretación subjetiva de los preceptos legales aplicables.

Visto lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, plantea las siguientes:

III. Consideraciones

Es importante observar que según un estudio del Instituto Nacional de Ecología, se estima que el consumo de pilas y baterías primarias (no recargables) en el mercado formal nacional, se incrementó en 13 veces durante el periodo 1996-2007, ya que pasó de alrededor de 2 mil 500 toneladas en 1996, a cerca de 32 mil 900 toneladas en 2007. El incremento también es notorio en términos del consumo per cápita, que pasó de 5.2 pilas por habitante en 1996, a 12.6 pilas por habitante en 2007. Estas cifras reflejan un alza considerable a pesar de que las estimaciones no incluyen el número de pilas contenidas en aparatos electrónicos importados, ni el de pilas recargables, debido a la falta de series estadísticas históricas confiables.

La información anterior adquiere singular relevancia al considerar que estas las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que un alto porcentaje de residuos sólidos urbanos se disponen en tiraderos a cielo abierto; así, en 2009, de las 38 mil 325.0 toneladas de residuos sólidos urbanos generadas en México, 10 mil 725.0 fueron dispuestas finalmente en sitios no controlados, agravando así los problemas de contaminación derivados de la inadecuada disposición final de pilas y baterías, pues no debemos olvidar que éstas son causantes de 93 por ciento del mercurio en la basura doméstica, así como 47 por ciento del zinc, 48 por ciento del cadmio, el 22 por ciento del níquel, etcétera.

Al ser desechadas, las pilas se oxidan por la descomposición de sus elementos y de la materia orgánica que las circunda, lo que provoca daños a la carcaza o envoltura y, por consiguiente, la liberación de sus componentes tóxicos al ambiente, a los suelos cercanos y a los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.

Otras causas de considerable importancia que contribuyen a la liberación de esos componentes son los incendios de los basureros o la quema intencional de basura, lo cual representa un aporte significativo de esos contaminantes al aire.

Para esclarecer un poco más el tema, a continuación se describen los principales efectos de los componentes de los residuos motivo del presente dictamen, según el Instituto Nacional de Ecología:

Mercurio

El mercurio es un contaminante local y global por excelencia, la química ambiental correspondiente a este metal tóxico es muy compleja. Dadas sus propiedades, se evapora a temperatura ambiente y sus átomos viajan lejos; al ser depositado en los cuerpos de agua se transforma en mercurio orgánico (metil-mercurio) por mecanismos aeróbicos o anaeróbicos, es así como se contaminan, entre otros, los peces y mariscos. Otra forma de ingreso de mercurio es por inhalación de los vapores emitidos por el mercurio en su forma metálica en ambientes cerrados.

El metil-mercurio puede atravesar la placenta, acumularse y provocar daño en el cerebro y en los tejidos de los neonatos, quienes son especialmente sensibles a esta sustancia. También puede existir exposición al mercurio a través de la leche materna; en este caso, los efectos pueden provocar problemas de desarrollo, retrasos en el andar, en el habla o mental, falta de coordinación, ceguera y convulsiones. En adultos, la exposición constante a través de la ingesta de alimentos contaminados, pescados por lo general, puede provocar cambios de personalidad, pérdida de visión, memoria o coordinación, sordera o problemas en los riñones y pulmones.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera al metil-mercurio y sus compuestos como posiblemente carcinogénico en seres humanos.

Cadmio

Una vía importante de contaminación es la ingesta de agua contaminada y de alimentos que contienen cadmio; casi todo alimento tiene cadmio en bajos niveles (los niveles más altos se encuentran en mariscos, hígado y riñones); también fumar duplica los niveles de cadmio en el organismo.

En el nivel doméstico, las baterías usadas en los teléfonos inalámbricos son una fuente importante de cadmio debido a que tienen una envoltura relativamente frágil.

Respirar cadmio en altas dosis produce graves lesiones en los pulmones, y cuando se ingiere generalmente se acumula en los riñones. Cuando se expone un individuo a altas dosis puede causar su muerte. Adicionalmente, la IARC considera el cadmio y sus compuestos como carcinogénicos para los humanos.

El cadmio que se emite al ambiente se disuelve parcialmente en el agua, pero no se degrada, por lo que las plantas, peces y otros animales asimilan este metal, que puede permanecer en el organismo durante largo tiempo y puede acumularse después de años de exposición a bajos niveles.

Níquel

Las aportaciones de níquel al ambiente en México corresponden al uso de baterías de nueva tecnología de Ni_Cd y Ni_MH que aparecieron en el mercado a finales de la década de 1990. El efecto adverso más común de exposición al níquel en seres humanos es una reacción alérgica. Entre el 10 y 15 por ciento de la población es sensible a él. Con menor frecuencia, algunas personas que son sensibles a este metal sufren ataques de asma luego de periodos de exposición. La ingesta de agua con altos niveles de este elemento ocasiona dolores de estómago y efectos adversos en la sangre y los riñones.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) ha determinado que es razonable predecir que el níquel metálico es carcinogénico y que sus compuestos son sustancias reconocidas como carcinogénicas. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha determinado que algunos compuestos de níquel son carcinogénicos para seres humanos.

Manganeso

Dado que el mayor volumen consumido de pilas son alcalinas y C-Zn (aproximadamente el 76 por ciento del consumo total de pilas y baterías), el óxido de manganeso contenido en ellas es el contaminante que en mayor volumen se ha liberado al medio ambiente en las últimas cuatro décadas. Respecto de los efectos adversos ocasionados en la salud humana por esta sustancia, diversos estudios sugieren efectos neurológicos serios por exposición oral al manganeso. Por ejemplo, un estudio hecho por la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que en 1981 se notificó una intoxicación en una comunidad de Japón debido a que cerca de un pozo de agua se enterraron aproximadamente 400 piezas de pilas a una distancia aproximada de dos metros, lo cual provocó 16 casos de envenenamiento, tres fueron fatales (incluyendo un suicidio); los niveles de manganeso detectados en el agua de ese pozo fueron de 14 miligramos por litro, mientras que en otros dos pozos los niveles alcanzaron 8 y 11 miligramos por litro. Los sujetos de la comunidad exhibieron desórdenes de tipo psicológico y neurológico asociados a la intoxicación por manganeso. La autopsia reveló altos niveles de dicho metal y de zinc en sus órganos.

Sin embargo, en otro estudio sobre este elemento reportado por la Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés) hace referencia al mismo caso, pero menciona que hay otros aspectos que sugieren que existieron otros factores, además del manganeso, que pudieron haber contribuido a la intoxicación referida. Por las razones antes mencionadas, se aclara que la información científica presentada a continuación se refiere específicamente a los efectos del manganeso en términos generales y no estrictamente a los compuestos de manganeso presentes en el ambiente a consecuencia de la inadecuada disposición de pilas: la exposición a niveles de manganeso muy altos durante largo tiempo ocasiona perturbaciones mentales y emocionales, y provoca movimientos lentos y faltos de coordinación. Esta combinación de síntomas constituye una enfermedad llamada «manganismo» que afecta a la parte del cerebro que ayuda a controlar los movimientos.

Litio

Considerando que la tecnología de baterías Ion-Li es la más eficiente disponible en el mercado, se espera un aumento relativamente alto de este elemento y sus compuestos en el ambiente (en caso de no iniciar programas de recolección y reciclado de este tipo de baterías).

Los síntomas por intoxicaciones agudas de litio son fallas respiratorias, depresión del miocardio, edema pulmonar y estupor profundo. Dado que el litio es usado también en medicamentos, resulta ser de alta toxicidad cuando se ha administrado erróneamente; también se ha usado en casos de suicidio, lo que da como resultado efectos negativos serios al sistema nervioso, provocando anorexia, nausea, movimientos musculares involuntarios, apatía, confusión mental, visión borrosa, temblores, estado de coma e incluso la muerte.

Dada su baja absorción, el litio puede lixiviarse fácilmente a los mantos acuíferos, por lo que se ha encontrado en pequeñas cantidades en diferentes especies de peces. El litio no es volátil y, por lo tanto, este metal y sus compuestos se encuentran en el aire en forma particulada, por lo que pueden regresar a la superficie a través de deposición húmeda o seca; el litio no se encuentra de manera natural en el aire.

Zinc

El zinc forma parte de los elementos que constituyen al organismo humano; sin embargo, el ingreso de altas dosis de este elemento podría afectar la salud y la productividad de los suelos, lo que puede resultar por practicar una inadecuada disposición de estos residuos. Los diferentes tipos de electrolitos ácidos o alcalinos (cloruro de amonio/zinc, hidróxido de sodio/potasio) contenidos en pilas y baterías, pueden representar un riesgo para la salud ya que pueden ocasionar quemaduras e irritaciones en la piel y también afectar los suelos.

Plomo

Algunos efectos del envenenamiento por plomo sobre la salud son anemia, tensión arterial alta, daños a la formación de células de la sangre, enfermedades de los riñones, daños del cerebro, daños de los nervios, menor fecundidad, nacimientos prematuros, abortos espontáneos, entre otros.

Lo anteriormente expuesto, deja de manifiesto el incremento de la demanda y uso de las pilas y baterías, y que la inadecuada disposición final de ellas, por sus componentes, son un riesgo no sólo por el equilibrio ecológico sino también para la salud de los seres humanos, por lo que resulta urgente la aplicación de instrumentos de política que permitan el adecuado manejo de estos bienes potencialmente riesgosos para el medio ambiente, los ecosistemas y los humanos.

No obstante, después de analizar la minuta objeto del presente dictamen, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estima pertinente observar una aplicación más amplia del criterio de precaución, proclamado en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en virtud de que, en efecto, la enorme generación de residuos y uso de pilas que al concluir su vida útil poseen características que las pueden ubicar dentro de la categoría de residuos peligrosos o como residuos de manejo especial y que, sin embargo, terminan en rellenos sanitarios donde quedan expuestas y sin control de las reacciones químicas de sus componentes, afectando los mantos acuíferos, además de generar contaminación del suelo y el aire, entre otros efectos dañinos colaterales.

El Principio 15 de la Declaración de Río, referido en el párrafo anterior, señala el deber de los estados parte, de aplicar ampliamente el criterio de precaución, previendo que: “Cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”

En estricta congruencia, coincidimos con el Senado de la República en el reconocimiento de la imperiosa necesidad de establecer los mecanismos y especificaciones conducentes al adecuado manejo de este tipo de residuos; sin embargo, con la aplicación de la reforma al artículo 31, en los términos planteados por la Cámara de origen, se podría suponer que las pilas al ser consideradas en su gestión como cualquier residuo peligroso, traería como consecuencia diversos problemas para lograr una gestión adecuada y practica, en especial a los consumidores.

En realidad, la propuesta legislativa pretende, además de regular el problema de contaminación generado por la descomposición química de los residuos de las pilas referidas en párrafos anteriores, dar cumplimiento a un deber del Estado mexicano, asumido en el concierto de las naciones a través del instrumento denominado: Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuya Proclamación de Principios se sustenta, entre otros, en el considerando internacional de que “Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del Sistema Ambiental y de desarrollo mundial”, “los estados deben procurar fomentar la internacionalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, tomando en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.”

De tal manera, quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consideramos pertinente modificar el proyecto de decreto propuesto por el Senado de la República, sustituyendo la propuesta de reforma al artículo 31 de la LGPGIR, con la adición de una fracción IX al artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, estableciendo que las pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, quedan clasificadas como residuos de manejo especial, y recorriendo la actual fracción IX para que pase a ser fracción X del propio artículo 19.

Se trata de regular la implementación de un plan de manejo de residuos de manejo especial que comprenda, entre otros, los residuos de las pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, en virtud de que son los elementos más utilizados en este tipo de producto comercial, cuyo alto volumen de consumo y consecuente desecho producen graves efectos en perjuicio del medio ambiente y los recursos naturales.

Asimismo, reformar la fracción I del artículo 7 de la LGPGIR, para facultar a la federación para elaborar los programas regionales o locales para la prevención y gestión integral de los residuos de manejo especial, y coordinar su instrumentación con las entidades federativas.

En consecuencia, reformar la fracción I del artículo 9 de la propia LGPGIR, para incorporar en ella la facultad a las entidades federativas, para instrumentar, en coordinación con la federación, los programas regionales o locales para la prevención y gestión integral de los residuos de manejo especial.

De igual manera, se propone reformar las fracciones II y III del mismo artículo 9, para establecer que las atribuciones de las entidades federativas previstas en dichas fracciones, se ejerzan con la debida observancia de los programas regionales o locales para la prevención y gestión integral de los residuos de manejo especial, y para que la facultad de la entidades federativas para la expedición de los ordenamientos a que se refiere la fracción II, no sea sólo en materia de manejo de residuos de manejo especial.

Esta comisión dictaminadora propone reformar el artículo 26 de la LGPGIR, con objeto de que la atribución de las entidades federativas y los municipios para la elaboración e instrumentación de los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos, se refiera a los residuos sólidos urbanos.

Por último, esta comisión dictaminadora considera importante el señalar la necesidad de que las pilas sean sujetas a planes de manejo a través de la adición de una nueva fracción IV, del artículo 28 de la ley.

Por lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben el presente dictamen, someten a la consideración de esta honorable asamblea, y para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Único. Se reforman la fracción I del artículo 7; las fracciones I, II y III del artículo 9, y el primer párrafo del artículo 26, y se adiciona una fracción IX al artículo 19, recorriendo la actual fracción IX para que pase a ser fracción X del mismo artículo; una fracción IV del artículo 28, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo 7....

I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuosasí como elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos , el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especialy el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades federativas y municipios, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. a XXVI. ... .

Artículo 9....

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal, así como elaborar de manera coordinada con la federación los programas en materia de residuos de manejo especial, acordes al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Expedir conforme a sus respectivas atribuciones, y de acuerdo con las disposiciones de esta ley, en coordinación con la federación y de conformidad con el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados,los ordenamientos jurídicos que permitan darle cumplimiento conforme a sus circunstancias particulares, en materia de manejo de residuos de manejo especial, así como de prevención de la contaminación de sitios con dichos residuos y su remediación;

III. Autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial, e identificar los que dentro de su territorio puedan estar sujetos a planes de manejo, en coordinación con la federación y de conformidad con el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados;

IV. a XXI. ...

...

...

Artículo 19. ...

I. a VIII. ...

IX. Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

X. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral.

Artículo 26. Las entidades federativas y los municipios, enel ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con la federación,deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad con esta ley, con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables. Dichos programas deberán contener al menos lo siguiente:

I. a VI. ...

A rtículo 28. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de pilas y baterías eléctricas que sean considerados como residuos de manejo especial en la norma oficial mexicana correspondiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizará las modificaciones necesarias en la Norma Oficial Mexicana correspondiente y demás disposiciones que considere aplicables a fin de adecuarlas al contenido del presente decreto, en un plazo no mayor de 180 días posteriores a la entrada en vigor.

Notas:

1. Gavilán Arturo, Et. al., Las pilas en México: Un diagnóstico ambiental (informe, marzo de 2009), Instituto Nacional de Ecología, México, 2009.

Disponible en:     http://www.ine.gob.mx/descargas/sqre/pilas_diag_amb.pdf Consulta realizada el 29 de enero de 2013.

2. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, México de un Vistazo, 2010, INEGI, México, 2010. Disponible en

http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/pro ductos/integracion/pais/mexvista/2010/mex_2010.pdf.  Consulta realizada el 24 de enero de 2013.

3. Castro J. y Diaz M., La Contaminación por pilas y baterías en México, Instituto Nacional de Ecología. Disponible en: http://www2. ine.gob.mx/publicaciones/libros/438/cap5.html. Consulta realizada el 20 de enero de 2013.

4. Idem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 82 de la Ley General de Protección Civil

Honorable Asamblea:

I. Antecedentes:

• El 27 de febrero de 2013 el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa que reforma los artículos 2o. y 82 de la Ley General de Protección Civil.

• Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Protección Civil el 28 de febrero de 2013.

II. Objeto y contenido de la iniciativa

Actualmente la Ley General de Protección Civil no incorpora de manera explicita los fenómenos espaciales como posibles causantes de lesiones a la integridad física de las personas. Mediante la incorporación a la Ley General de Protección Civil de elementos y conceptos relacionados a la perturbación y posibles desastres causados por fenómenos astronómicos como meteoritos, asteroides y tormentas solares entre otros, se intenta generar un marco jurídico que facilite a las distintas instancias de protección civil prever y atender los efectos nocivos de dichas perturbaciones.

En los últimos años núcleos de científicos y agencias gubernamentales, especialmente en los países más desarrollados, han manifestado su preocupación por los efectos nocivos potenciales que tienen los fenómenos espaciales en la integridad de las personas y en general en el orden social. Como consecuencia, algunos de estos países han adecuado sus marcos jurídicos e instituciones de protección civil de manera que contemplen conceptos e instrumentos específicos orientados a estos fenómenos.

En México la afectación por estos fenómenos, aunque proco probable, es real y no debe ser minimizada.

Estos acontecimientos, denominados “fenómenos astronómicos” en la iniciativa en cuestión, son agentes perturbadores que se generan por la constante actividad del espacio exterior y que al interactuar con la Tierra pueden ocasionar fenómenos destructivos, poniendo en riesgo la vida humana o alterando el orden natural y social.

Como los fenómenos astronómicos que representan un mayor riesgo estan las tormentas solares, las erupciones solares, los meteoritos, los meteoroides y los bólidos.

La reciente preocupación mundial por este tipo de fenómenos y sus consecuencias se debe a la probabilidad de que afecten la interacción humana y generen mayores catastrofes que en el pasado, dado que ahora existe mayor infraestrutura susceptible de ser afectada (como las diversas redes de comunicaciones).

Esta mayor atención tambien se debe a que ahora existen más y mejores medios para que ubicar y medir el peligro potencial de estos fenómenos.

Algunas de las afectaciones inmediatas que pudieran darse como consecuencia de estos fenómenos son:

•Posible incremento de la accidentalidad aérea. Afectación del tráfico aéreo y la posible necesidad de elaborar protocolos para aterrizajes de emergencia.

•Posible incremento de la accidentalidad de tráfico rodado y de medios de transporte por rieles (trenes, tranvías, pero también metros en grandes ciudades) por fallo de semáforos y señalizaciones eléctricas.

•Posible desencadenamiento de distintos incendios de tipo eléctrico.

•Posible fallo general del suministro eléctrico industrial. Posible desencadenamiento de accidentes industriales, en refinerías, plantas químicas, etcétera.

•Posible fallo general del suministro eléctrico a domicilios: falla desde la iluminación eléctrica hasta la alimentación de los enchufes donde van los frigoríficos, las cocinas eléctricas, el microondas, el modem para internet, la radio, computadoras, televisión.

•Posible corte del suministro de agua potable por encima de la segunda planta de edificios al fallar el bombeo. En plantas bajas el suministro prexistente en red continuaría por puro efecto de la presión y la gravedad.

•Posible caída inmediata de las redes de telefonía celular.

•Probable afectación a sistemas bancarios como los de cajeros automáticos, posible desaparición de hecho de bases de datos electrónicas bancarias, financieras o tributarias.

•Afectaciones directas a la población civil en caso de caída de meteoritos de tamaño considerable. Afectacion en estrucutura urbana como residencias, hospitales, edificios públicos, etcétera.

•Probable agotamiento de las reservas diesel de emergencia de las centrales nucleares, en el supuesto de que el propio evento solar no haya generado ya otros incidentes por afectación de transformadores o sistemas.

•Posible agotamiento de las reservas diesel de emergencia de los hospitales, únicamente dotadas, por lo general, de autonomía para unos pocos días. A partir de ese momento posible.

•Posible colapso de los servicios de alcantarillados y tratamiento de residuos en grandes ciudades.

•Posible salida de aguas fecales a superficie a partir de las 72 horas en algunas grandes ciudades, desencadenando nuevos riesgos asociados para la salud pública.

•Posible cese del servicio público de recogida de basura. La creciente acumulación de basuras no hará sino redundar en un riesgo acumulativo para la salud pública conforme vayan pasando las semanas y servir de yesca muy combustible para nuevos incendios fortuitos.

•Probable fallo de gasoductos y líneas de distribución del suministro de gas.

•Posibles problemas de seguridad pública, partiendo de la propia dificultad de coordinar fuerzas de seguridad y cuerpos de asistencia sin teléfonos ni medios eléctricos.

•Posibles fallos de seguridad en prisiones lo que agrava la inseguridad. Cierres eléctricos, cámaras de seguridad, y otros dispositivos al agotarse las reservas diesel.

•Probable agotamiento progresivo de la reserva de alimentos y agua en residencias de adultos mayores, sanatorios, centros de internamiento de menores y albergues, dado el amplio número de personas a las que deben atender.

Texto de la iniciativa:

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, fracción XVI, 82; y se adiciona la fracción XXVII, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 2, todos de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XV. ...

XVI. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada;

XVII. a XXVI. ...

XXVII. Fenómeno astronómico: Agente perturbador que se genera por la constante actividad del espacio exterior y que al interactuar con la Tierra ocasiona fenómenos destructivos, poniendo en riesgo la vida humana, causando muerte o alteración al orden natural y social de la vida en la Tierra, en esta clasificación encontramos: las tormentas solares, erupciones solares, los meteoritos, meteoroides y bólidos.

XXVIII. a LX. ...

Artículo 82. El gobierno federal, con la participación de las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez publicado el presente decreto, la Secretaria de Gobernación, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), procederá a incluir en el Atlas Nacional de Riesgos la categoría de Riesgos Astronómicos, basados en la información astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Tercero. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Centro Nacional de Prevención de Desastres Cenapred en conjunto con la Coordinación General de Protección Civil, definirán y emitirán los lineamientos y mecanismos para el establecimiento de un Protocolo de Seguridad, en caso de eventuales Riesgos Astronómicos, previstos por lo expuesto en dicho decreto.

III. Consideraciones

Esta comisión considera que para la modernización del Sistema Nacional de Protección Civil es necesario que tanto el marco jurídico como las instituciones estén actualizados en tanto se desarrollan nuevas tecnológicas para la identificación, medición y previsión de viejos y nuevos riesgos sobre la población.

Coincidimos en que los fenómenos astronómicos, sin duda, representan un riesgo latente sobre la población, por lo que su conocimiento, catalogación, análisis y monitoreo constante son acciones necesarias que nuestro sistema de protección civil debe incorporar a su normatividad e instituciones encargadas.

Como está documentado por la evidencia y distintas opiniones científicas, los fenómenos espaciales son proclives a causar daños severos a la población y a los sistemas de comunicación e información dado que las sociedades modernas cuentan, como nunca antes, con tecnologías e infraestructuras especialmente vulnerables a los fenómenos astronómicos.

La manifiesta preocupación de varios núcleos de la comunidad científica internacional ha tenido eco en distintos gobiernos que, como los casos de los de Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y España, han adaptado, en distinto grado, sus respectivas normativas y sistemas de protección civil para incluir los riesgos provocados por los fenómenos espaciales.

Para el caso de México, la incorporación de todos estos nuevos elementos en la normatividad vigente implica necesariamente adecuar las herramientas legales y estrategias, tanto de la Coordinación General de Protección Civil como del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Coincidimos con la iniciativa en la importancia definición de nuevos lineamientos y para las contingencias provocadas por eventos astronómicos.

Sin embargo, es necesario también tomar en cuenta la opinión de quienes operan estas medidas, la Coordinación General de Protección Civil, la cuál, si bien está de acuerdo en lo general el objetivo de la iniciativa, difiere en la manera en la que está redactada y propone una redacción alternativa.

De manera textual, la Coordinación General propone lo siguiente:

“Aunque se está de acuerdo en principio con la propuesta, se sugiere que la definición de fenómeno astronómico sea revisada y mejorada con la colaboración de la AEM y, fundamentalmente, estamos de acuerdo en que se supriman los artículos Segundo y Tercero Transitorios, en razón de que establecen obligaciones a cargo de esta Coordinación Nacional de Protección Civil y del Centro Nacional de Prevención de Desastres que son de imposible cumplimiento por carecer de los elementos técnicos y los recursos humanos, materiales y financieros para ello.

La definición de fenómeno astronómico propuesta es, por tanto, incorrecta (Artículo 2, fracción XXVII). Se sugiere ser más específico, mencionando únicamente las tormentas magnéticas solares y los meteoritos, y no explicitar las posibles consecuencias de dichos fenómenos. Para esta fracción se sugiere la siguiente redacción: “Fenómeno astronómico: Agente perturbador que se genera por la actividad del espacio exterior y que al interactuar con la Tierra ocasiona fenómenos destructivos, como pueden ser tormentas magnéticas solares y meteoritos”.

Por lo anterior, es opinión de esta comisión dictaminar en sentido positivo la iniciativa presentada por el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, añadiendo las modificaciones propuestas por la Secretaría de Gobernación, con el objeto de dotar a las leyes que regulan las instancias de protección civil con conceptos que contemplen a los diversos fenómenos espaciales como riesgos para la población de nuestro país.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Protección Civil de la LXII Legislatura someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 82 de la Ley General de Protección Civil

Por lo que en este dictamen, se reforman los artículos 2, fracción XVI, 82; y se adiciona la fracción XXVII, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 2, todos de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a XV. ...

XVI. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada;

XVII. a XXVI. ...

XXVII. Fenómeno astronómico: Agente perturbador que se genera por la actividad del espacio exterior y que al interactuar con la Tierra ocasiona fenómenos destructivos, como pueden ser tormentas magnéticas solares y meteoritos.

XXVIII. a LXI. ...

Artículo 82. El gobierno federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintitres de abril de dos mil trece.

La Comisión de Protección Civil, diputados:Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), presidente; David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas, Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Tomás López Landero, Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), Cristina Ruíz Sandoval (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 19 de diciembre de 2012, fue presentada la iniciativa que reforma los artículos 218 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

2. El 19 de diciembre de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la Iniciativa de mérito y ordenó su turno a la Comisión de Gobernación.

3. La Comisión de Gobernación dio trámite de recibo e inició el análisis de la Iniciativa en comento.

II. Descripción de la iniciativa

La diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, comienza su exposición de motivos señalando que la legislación en materia de representación política del sector indígena en las legislaturas es una añeja demanda. Por eso, con la iniciativa, la diputada pretende alcanzar un mayor número de legisladores representantes de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión.

Menciona que en nuestro país existen 68 pueblos indígenas, cuya población estimada por el XII Censo General de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) del año 2010 asciende a cerca de 15 millones de habitantes, el 13.35 por ciento de la población total nacional. Y es de importancia salvaguardar sus derechos, siendo uno de ellos el contar con una adecuada representación política al interior del Congreso de la Unión.

En el mismo sentido, señala que los derechos contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, instrumento de derecho internacional suscrito y ratificado por el Estado mexicano en el año de 1991, que establecen derechos para estos pueblos, han producido un impulso jurídico y político en materia de derechos indígenas.

Menciona la diputada que la redistritación electoral de los 300 distritos electorales uninominales del año 2005, realizada por el Instituto Federal Electoral, agrupó de manera geográfica a los municipios con un alto porcentaje de población indígena, obteniendo 28 distritos electorales con una alta población indígena, y se encuentran distribuidos en 11 estados de la República. Sin embargo, esto no se tradujo en mayor presencia de representantes indígenas en el Legislativo federal en las elecciones de 2006, 2009 y 2012 y señala que esto se debe a la escasa postulación de candidatos indígenas por parte de los partidos políticos nacionales.

De acuerdo con las consideraciones expuestas por la diputada Alfa Eliana González Magallanes del grupo parlamentario del PRD, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se presenta el proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el párrafo III del artículo 218, y el párrafo I del artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el fin de establecer condiciones de equidad y justicia, y con ello contribuir a la consolidación de la democracia; para quedar como sigue:

Decreto por el que se modifica y adiciona el párrafo III del artículo 218, el párrafo I del artículo 220, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 218.

...

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades, promoverán la paridad de género y la participación de los pueblos indígenas en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

...

Artículo 220.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada y, una correspondiente a los pueblos indígenas, considerando en todo momento la conciencia de identidad indígena para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

VII. Artículos transitorios

Artículo Primero. El presente ordenamiento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal dispondrá que el texto integro de la exposición de motivos y el cuerpo normativo del presente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas radicados en los estados y el Distrito Federal y ordenara su difusión en sus comunidades.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

III. Consideraciones

1.La composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas fue reconocido en el texto constitucional en la reforma de 1992.En efecto a través del contenido consagrado en el artículo segundo constitucional, con sus posteriores adiciones en el 2011, se consolidaron las bases constitucionales para reconocer los derechos colectivos de los indígenas y fomentar su participación en todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural del país.

De igual manera el marco internacional de protección y reconocimiento a los derechos indígenas existe en diversos tratados y convenios que nuestro país ha firmado, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de dicho organismo internacional el 27 de junio de 1989, ratificado por México el 5 de septiembre de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1991; la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas o Lingüísticas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación Racial, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 1965, aprobada por el Senado de la República el 6 de diciembre de 1973, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1974; o la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007.

Este marco, cuya integración a nuestro sistema jurídico se consólido en la reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011, complementa el reconocimiento igualitario de un sistema de derechos que demanda operatividad efectiva a través de la legislación secundaria.

2. En razón de lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el inciso B del artículo 2o. constitucional, la federación, los estados y los municipios asumen una serie de compromisos “para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.

Esta determinación constitucional se debe armonizar con la representatividad y el principio democrático a los que hace alusión el numeral 40 de la Ley Fundamental, esto es garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación en el marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

Siendo un derecho de las comunidades indígenas la participación y representatividad en el sistema federal democrático, resulta una obligación por parte de los partidos políticos en tanto entidades de interés público cuyo fin es “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo”, materializar dicho derecho a través de los mecanismos idóneos.

Por lo anterior, la Comisión de Gobernación coincide con la proponente en la necesidad de que la legislación federal en materia electoral disponga de manera explícita la obligación de los partidos políticos de procurar la participación de los pueblos indígenas en la vida políticadel país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Esta comisión también considera que si bien la iniciativa de referencia utiliza la palabra “promover” es pertinente mantener el verbo actual de la ley de “procurar”, toda vez que si bien pueden usarse como sinónimos, la redacción actual ha permitido una interpretación más sólida por parte de la autoridad electoral en relación a la equidad y cuota de género, como es el caso de la Jurisprudencia 16/2012 visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, páginas 19 y 20.

De igual forma, esta comisión considera oportuno precisar que los cargos de representación popular son ejercidos por ciudadanos o personas físicas, no así por colectivos o personas morales, por lo que se estima viable agregar a la reforma que a los ciudadanos integrantes de los pueblos indígenasse impulsará para la participación política nacional.

En esa tesitura, el presente dictamen es en sentido positivo en lo referente a la reforma del numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Texto original

Artículo 218.

1. y 2. ...

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades, y procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

4. ...

Texto propuesto

Artículo 218.

1. y 2. ...

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades, y procurarán la paridad de género, así como la participación de los ciudadanos integrantes de los pueblos indígenasen la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

4. ...

3. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión de Gobernación no considera adecuada la reforma propuesta por la Iniciativa del artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por las razones que se exponen a continuación.

La Comisión de Gobernación es consciente de la necesidad de fortalecer la participación de las comunidades indígenas en los órganos legislativos a través de la oportunidad real y efectiva de acceder a cargos de elección popular. Dicho fortalecimiento puede darse a través de acciones afirmativas, entendidas como “remedio para incluir a los grupos de minorías en una determinada estructura social, sirviendo de equilibrio y redistribución de oportunidades entre géneros, razas, etnias, etcétera, por medio de un trato preferencial que implique el aumento de presencia de algún grupo minoritario en una determinada posición, lo cual implica eliminar patrones y tradiciones de segregación y jerarquía, para abrir oportunidades a esas minorías que de modo sistemático les han sido cerradas”.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció y desarrollo el contenido constitucional normativo de este tipo de acciones afirmativas en la sentencia SUP-JDC-488/2009. En dicha sentencia se estableció de manera clara que los partidos políticos, como instrumentos para fomentar la participación de los ciudadanos en la vida política del país y para acceder a cargos de lección popular son elementos sustanciales para garantizar los dichos derechos y los que deriven de acciones afirmativas que determinen los propios partidos, como fue el caso del Partido de la Revolución Democrática, que contempló una acción afirmativa indígena en el artículo 2o., apartado 3, inciso g), de sus estatutos, garantizando un mínimo de candidatos a los cargos de elección popular que tengan la calidad de indígena, proporcional al porcentaje de población indígena en el ámbito que corresponda.

Es importante recalcar sin embargo que la Sentencia se referió exclusivamente a la realización de un derecho derivado de una acción afirmativa establecido por la propia entidad política en el ámbito de su autonomía reglamentaria, sin prejuzgar dicha acción afirmativa como necesaría, idónea o única en relación a la obligación constitucional de promover la participación de comunidades indígenas en materia de representación política.

En efecto, si bien la acción afirmativa indígena es una forma de promover la participación de las comunidades indígenas, su aplicación debe sujetarse al test de proporcionalidad, necesidad e ideoneidad, en relación a los objetivos previstos en la Constitución. Lo anterior toda vez que la acción afirmativa es un acto de discriminación positiva en tanto limita la oportundidad de individuos no indígenas a fin de atemperar una inequidad presente y real. En otras palabras “cuando se considera en un caso específico por cuestiones de equidad, dar un poco más a alguno (justicia conmutativa) debe también considerarse el impacto que tendrá esta repartición en relación con la comunidad (justicia distributiva), además porque la misma naturaleza de la actividad hace que esa decisión se constituya en referente normativo para casos posteriores”.

Al respecto si bien es cierto que la población indígena de nuestro país se encuentra distribuida a lo largo del territorio Nacional, también lo es que su distribución es variable en cada circunscripción y distrito electoral, por lo que resultaría inequitativo asignar una regla general respecto a la forma de integración de los segmentos de las listas de candidaturas de representación proporcional en los términos que lo propone la iniciativa.

En efecto, la medida que propone la iniciativa resultaría desproporcionada en relación a los objetivos de fomentar la representación de las comunidades indígenas en los cargos de elección popular en nuestros sistema federal, pudiendo generar en varios casos una sobrerepresentación, generando una inequidad mayor a la que se pretende atemperar, por lo que el presente dictamen no acepta la reforma propuesta por la iniciativa al artículo 220 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4. Por las razones expuestas los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación coinciden en que los partidos políticos deben promover la participación de las comunidades indígenas a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, de conformidad a lo que establezca cade ente político en el ámbito de sus facultades normativas reglamentarias, fomentando la equidad y la participación de acuerdo a las circunstancias particulares de cada distrito y circunscripción electoral, y con apego a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente

Decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único. Se reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 218.

1. y 2. ...

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades, y procurarán la paridad de género , así como la participación de los ciudadanos integrantes de los pueblos indígenasen la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

4. ...

Transitorio

Único. El presente ordenamiento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Narváez, José Ramón, “Derechos indígenas y candidaturas plurinominales.- Acción afirmativa indígena en la selección de candidatos por el principio de representación proporcional”, Cuaderno 29,Serie Comentarios a la Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, TEPJF, 2010, página 62.

2 Ibídem, página 44.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

PERMISO PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Martín Enrique Torres Lara para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Estonia en Tampico, con circunscripción consular en Tamaulipas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 18 de abril del año en curso por la Cámara de Diputados se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Martín Enrique Torres Lara pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Estonia, en la ciudad de Tampico, con circunscripción consular en el estado de Tamaulipas, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen el expediente relativo.

Consideraciones

a) De la revisión del expediente se desprende que el peticionario acredito su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento; la residencia en la circunscripción consular, con la constancia de residencia y el nombramiento, con la nota formulada por la Embajada de Estonia, en México.

b) Que los servicios que el propio interesado prestará como consular honorario de la República de Estonia, en la Ciudad de Tampico, con circunscripción consular en el estado de Tamaulipas, serán de carácter estrictamente consular; y

c) La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción IV del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Martín Enrique Torres Lara para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Estonia, en la ciudad de Tampico, con circunscripción consular en el estado de Tamaulipas.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México, DF, abril de 2013.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Jaime Chris López Alvarado, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Simón Valanci Buzali, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Enrique de la Fuente Quinzaños para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en Veracruz de Ignacio de la Llave

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Honorable Asamblea , el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 2 de abril del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el Ciudadano Enrique de la Fuente Quinzaños, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la Ciudad de Veracruz, con Circunscripción Consular en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que el peticionario acreditó su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento; la residencia en la circunscripción consular, con la constancia de residencia y el nombramiento, con la nota formulada por la Embajada de Finlandia, en México.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción IV, del Apartado C) del artículo 37 Constitucional, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.Se concede permiso al ciudadano Enrique de la Fuente Quinzaños, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la Ciudad de Veracruz, con Circunscripción Consular en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a    de abril de  2013.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Jaime Chris López Alvarado, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Simón Valanci Buzali, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Marín Solís para aceptar y usar condecoraciones que le confieren en diferentes grados los gobiernos de las Repúblicas Federativa de Brasil, de Chile y de El Salvador

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión del doce de marzo de dos mil trece, la Cámara de Diputados dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Marín Solís para que pueda aceptar y usar las condecoraciones que en diversos grados le otorgan los gobiernos de las Repúblicas Federativa de Brasil, de Chile y de El Salvador, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen.

Consideraciones

1. Que de la revisión del expediente se desprende que el peticionario acreditó su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

2. Que al aprobarse la minuta remitida por la colegisladora, no implica la sumisión a otros gobiernos en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad nacional por aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros.

3. Que las condecoraciones, de acuerdo al análisis del expediente, son otorgadas por la voluntad y beneplácito de los gobiernos extranjeros en virtud de la trayectoria profesional o labores excepcionales del nominado.

4. Que la condecoración medalla Mariscal Hermes-Aplicación y Estudio de plata dorada y respectivo pasador con una corona, conferida por el gobierno de la República Federativa de Brasil, es otorgada en virtud de la trayectoria académica del nominado.

5. Que la condecoración Medalla Minerva, conferida por el gobierno de la República de Chile, es otorgada en virtud de la trayectoria académica del nominado.

6. Que la condecoración Medalla Antorcha a la Excelencia Académica, conferida por el gobierno de El Salvador, es otorgada en virtud de la trayectoria académica del nominado.

Por lo anterior expuesto, la Comisión de Gobernación considera cumplidos los requisitos constitucionales y legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, apartado C) fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Decreto

Artículo Único.Se concede permiso para que el ciudadano Miguel Ángel Marín Solís, pueda aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados le confieren los gobiernos de las Repúblicas Federativa de Brasil, de Chile y de El Salvador.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica en abstención), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Flores González para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Cuba

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión del doce de marzo del año en curso, la Cámara de Diputados dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Ricardo Flores González para que pueda aceptar y usar la condecoración medalla “Fraternidad Combativa” que le confiere el gobierno de la República de Cuba, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen.

Consideraciones

1.Que de la revisión del expediente se desprende que el peticionario acreditó su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

2.Que al aprobarse la minuta remitida por la colegisladora, no implica la  sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad nacional por aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros.

3.Que la condecoración, de acuerdo al análisis de los expedientes de los ciudadanos mencionados, es otorgada por la voluntad y beneplácito del gobierno extranjero en virtud de la trayectoria profesional o labores excepcionales del nominado.

4.Que la condecoración medalla “Fraternidad Combativa”, conferida por el gobierno de la República de Cuba, es otorgada en virtud de la trayectoria académica del nominado a través del Acuerdo número 4896 del Consejo de Estado de la República de Cuba.

Por lo expuesto, la Comisión de Gobernación considera cumplidos los requisitos constitucionales y legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, apartado C) fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Ricardo Flores González, pueda aceptar y usar la condecoración medalla “Fraternidad Combativa” que le confiere el gobierno de la República de Cuba.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Galia Rabchinsky Krawetz y Jaime Núñez Llana para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el veintitrés del abril del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Galia Rabchinsky Krawetz y Jaime Núñez Llanas puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 Constitucional, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Galia Rabchinsky Krawetz, para prestar servicios como Asistente de Gestión Financiera en  la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo.Se concede permiso al ciudadano Jaime Núñez Llanas, para prestar servicios como Mecánico-Pintor en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Verónica Sagrario Delgado Rosales y Lizzette Maily Corzo Trejo para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de la República de Corea en México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 28 de febrero del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Verónica Sagrario Delgado Rosales y Lizzette Maily Corzo Trejo puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de la República de Corea en México, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 Constitucional, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Verónica Sagrario Delgado Rosales, para prestar servicios como Secretaria Administrativa en  la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Lizzette Maily Corzo Trejo, para prestar servicios como Asistente del Embajador, en la Embajada de la República de Corea en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gabriela Paola Herrera Lizarde, Paloma Sánchez Hernández y Jesús Alejandro Arrona Saldaña para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y Nueva Zelanda en México, y en el Consulado General del primero en Matamoros, Tamaulipas

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el día 5 de marzo del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Gabriela Paola Herrera Lizarde, Paloma Sánchez Hernández y Jesús Alejandro Arrona Saldaña, para que puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las Embajadas de los Estados Unidos de América y Nueva Zelanda, en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del Acta de Nacimiento.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C) del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Paola Herrera Lizarde, para prestar servicios como Asistente de Administración, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana ciudadana Paloma Sánchez Hernández, para prestar servicios como Asesora Política y Traductora, en la Embajada de Nueva Zelanda, en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Jesús Alejandro Arrona Saldaña, para prestar servicios como Asistente Administrativo, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 6 de marzo de 2013.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Jaime Chris López Alvarado, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Simón Valanci Buzali, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Heleodoro Escobedo Mesa, Diego Escalante de Icaza, Dana Gabriela Rodríguez Rodríguez y Paola Vanessa Ramírez Moreno para prestar servicios en las embajadas de Estados Unidos de América y de Brasil en México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VII, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 12 de marzo del año en curso por la Cámara de Diputados se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Heleodoro Escobedo Meza, Diego Escalante de Icaza, Dana Gabriela Rodríguez Rodríguez y Paola Vanessa Ramírez Moreno puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Brasil, en México; y se turnó a la suscrita comisión, para dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Heleodoro Escobedo Meza para prestar servicios como asistente administrativo/chofer en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Diego Escalante de Icaza para prestar servicios como asistente de investigación de antecedentes en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Dana Gabriela Rodríguez Rodríguez para prestar servicios como asistente de donaciones en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Paola Vanessa Ramírez Moreno para prestar servicios como auxiliar administrativa en la Embajada de Brasil en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. México, DF, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Jaime Chris López Alvarado, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Simón Valanci Buzali, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Cristina Rojas Olguín, Braulio Arturo Torres Rodas, Gabriela Ortega Trujillo, Leonardo Daniel Aguilar Morán, Cynthia Esther Cárdenas Ruiz de Chávez, Sergio Salazar Soto, Alejandro Olvera Moya, Sagra Margarita Clorio Jessel y Édgar Sánchez López para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, de Brasil y de Australia en México

Honorable Asamblea:          

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 19 de marzo del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los Ciudadanos Claudia Cristina Rojas Olguín, Braulio Arturo Torres Rodas, Gabriela Ortega Trujillo, Leonardo Daniel Aguilar Morán, Cyntia Esther Cárdenas Ruíz de Chávez, Sergio Salazar Soto, Alejandro Olvera Moya, Sagra Margarita Clorio Jessel y Edgar Sánchez López,  puedan prestar sus servicios de carácter administrativo en las Embajadas de los Estados Unidos de América, de Brasil y de Australia, en México, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 Constitucional, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso a la ciudadana Claudia Cristina Rojas Olguín para prestar servicios como especialista en Propiedad Intelectual en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo.Se concede permiso al ciudadano Braulio Arturo Torres Rodas para prestar servicios como asistente de cómputo en el Departamento de Agricultura en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero.Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Ortega Trujillo para prestar servicios como asistente administrativo en el Departamento de Agricultura en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto.Se concede permiso al ciudadano Leonardo Daniel Aguilar Morán para prestar servicios como coordinador de Logística y Soporte en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Quinto.Se concede permiso a la ciudadana Cyntia Esther Cárdenas Ruíz de Chávez para prestar servicios como especialista en Manejo de Proyectos en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Sexto.Se concede permiso al ciudadano Sergio Salazar Soto para prestar servicios como investigador en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Séptimo.Se concede permiso al ciudadano Alejandro Olvera Moya para prestar servicios como auxiliar técnico en la Embajada de Brasil en México.

Artículo Octavo.Se concede permiso a la ciudadana Sagra Margarita Clorio Jessel para prestar servicios como gerente de Negocios en la Embajada de Australia en México.

Artículo Noveno.Se concede permiso al ciudadano Édgar Sánchez López para prestar servicios como gerente de Educación en la Embajada de Australia en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, abril de 2013.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Jaime Chris López Alvarado, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Simón Valanci Buzali, Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Diana Carolina Carmona Collado, Guillermo González Soto, Claudia Adriana Arias Valencia, Mariana Bush Rodríguez, José Roberto Guerrero Gallardo, Carla Rita Valverde Millones, Said Hawayek Figueroa, Manlio Alberto Lozano Casillas y José Arturo Garduño Teliz para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Australia en México, así como en los Consulados Generales del primero en Tijuana, Baja California, y de Canadá en San Pedro Garza García, Nuevo León

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el dos de abril de del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, de fechas 20 y 27 de marzo, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Diana Carolina Carmona Collado, Guillermo González Soto, Claudia Adriana Arias Valencia, Mariana Bush Rodríguez, José Roberto Guerrero Gallardo, Carla Rita Valverde Millones, Said Hawayek Figueroa, Manlio Alberto Lozano Casillas y José Arturo Garduño Teliz, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de Australia en México y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en el de Canadá en San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

Para el caso de la solicitud de la ciudadana Carla Rita Valverde Millones, la peticionaria acreditó su nacionalidad mexicana mediante la Carta de Naturalización expedida a su favor el diecisiete de enero de dos mil dos por la Secretaria de Relaciones Exteriores.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 Constitucional, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Diana Carolina Carmona Collado, para prestar servicios como Asistente de Servicios Consulares en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Guillermo González Soto, para prestar servicios como Asistente Legal del Asesor Legal Residente FSN-11 en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Adriana Arias Valencia, para prestar servicios como Asistente de Programa en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Mariana Bush Rodríguez, para prestar servicios como Recepcionista y Asistente de Programa en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Quinto.Se concede permiso al ciudadano José Roberto Guerrero Gallardo, para prestar servicios como Oficial de Seguridad en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Sexto.Se concede permiso a la ciudadana Carla Rita Valverde Millones, para prestar servicios como Asistente de Inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Séptimo.Se concede permiso al ciudadano Said Hawayek Figueroa, para prestar servicios como Gerente de Negocios en la Embajada de Australia en México.

Artículo Octavo.Se concede permiso al ciudadano Manlio Alberto Lozano Casillas, para prestar servicios como Operador de Comunicaciones / Ayudante de mensajería en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano José Arturo Garduño Teliz, para prestar servicios como Gerente Regional en el Consulado de Canadá en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Nohemí Lira Albarrán para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 9 de abril del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Nohemí Lira Albarrán pueda prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que la peticionaria acreditó su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 Constitucional, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Decreto

Artículo Único. Se concede permiso la ciudadana Nohemí Lira Albarrán, para prestar servicios como Especialista en Reducción de la Demanda de Droga en  la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Cintia Olivia Enciso Arauzo e Iris Eunice Martínez Robles para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada del diecisiete de abril del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Cintia Olivia Enciso Arauzo e Iris Eunice Martínez puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que las peticionarias acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 Constitucional, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Cintia Olivia Enciso Arauzo, para prestar servicios como Auxiliar Contable en  la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Iris Eunice Martínez Robles, para prestar servicios como Operadora de Teléfono en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple declaratoria de publicidad.

Honorable asamblea, en virtud del inminente cierre del periodo ordinario de sesiones y en virtud de que se ha cumplido también con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes de las comisiones, a excepción de la reforma constitucional, esto es, estamos hablando de las comisiones y de leyes reglamentarias que tienen que ver con dictámenes signados por los plenos de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y Derechos de la Niñez; Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía; de Energía; de Población; de Justicia; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Protección Civil y de Gobernación, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que se pongan a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que los dictámenes antes mencionados se pongan a discusión y a votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se autoriza.

LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE VIOLENCIA ESCOLAR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar.*

El dictamen está a discusión y para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene el uso de la voz la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, como bien saben ustedes, el bullying o acoso escolar se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin una razón clara, adoptadas por uno o más estudiantes en contra de uno o varios compañeros.

Este fenómeno no distingue raza, religión, posición social, por lo que cualquier estudiante está expuesto a padecerlo en cualquier momento, ya que actualmente no se cuentan con los mecanismos legales para contrarrestar dicho problema que aqueja a la sociedad a nivel mundial.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones e incluso la muerte.

El maltrato o violencia infantil también suelen ser definidas como toda conducta de acción u omisión, basada en la concepción de superioridad y/o en el ejercicio abusivo del poder, que tiene como objeto producir un daño físico, psicológico o sexual, emocional, generándose ya sea, en primer término, en el seno familiar, en la escuela o en el medio social que se desarrolle el menor de edad.

El maltrato a los menores es una enfermedad social que no reconoce fronteras, presente en todos los sectores y clases sociales, que afectan el desarrollo armónico, íntegro y adecuado de un menor, comprometiendo su educación y consecuentemente su desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en riesgo su socialización y, por tanto, su conformación personal, social y profesional.

De acuerdo a un estudio realizado por el secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños, en el año 2007, en México, el 65 por ciento de niñas y niños en edad escolar han declarado haberlo sufrido. Esto quiere decir que 7 de cada 10 niños y jóvenes han sufrido bullying en alguna etapa de su vida escolar. Hoy en día el 50 por ciento de los suicidios entre jóvenes están relacionados a este fenómeno preocupante.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), revela que nuestro país se encuentra en el primer sitio a escala internacional, en cuanto al número de casos de acoso escolar en nivel de secundaria.

El estudio denominado El bullying o acoso escolar, refiere que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero.

El brote de violencia en las escuelas puede condicionar una infracción futura, pues sabemos que el bullying es la antesala del pandillerismo y la delincuencia, ya que el maltrato infantil impacta, no solo en la calidad de vida del individuo, sino también en su desarrollo social, sin considerar los daños físicos que puedan llegar a ser permanentes.

Sin lugar a dudas, el fenómeno del bullying en nuestro país ha alcanzado cifras alarmantes, que ha hecho que diversos sectores de la sociedad fijen su atención en atender la violencia en los centros escolares.

Por esta razón, los diputados de Movimiento Ciudadano no seremos la excepción y votaremos a favor del presente dictamen para combatir el acoso, la violencia y la discriminación escolar, que lacera la dignidad humana y obstaculiza la educación.

De igual forma, coincidimos con que es una tarea que incluye a los tres órdenes de gobierno, desde sus respectivas competencias, para que desarrollen o implementen programas y acciones para prevenir, detectar, atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes, así como se incluya a todos los agentes involucrados en el entorno escolar e institucional, a fin de impulsar el desarrollo a una educación libre de violencia. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz Héctor Hugo Roblero Gordillo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen en sentido positivo que sobre tres iniciativas de compañeras legisladoras elaboró la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, sobre acoso, violencia y discriminación escolar, serán apoyadas por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Ello deriva de que se pretende que las propuestas planteadas formen parte de nuestra legislación y se conviertan en una obligación jurídica que permita paliar los efectos del flagelo que representa el acoso, la violencia, la discriminación y la discriminación escolar.

Nuestro grupo parlamentario piensa que la Comisión de Educación ha elaborado un dictamen en el que se aglutinan las tres iniciativas presentadas, de tal manera que se ha logrado obtener un dictamen vigoroso y completo sobre el tema en comento.

El desarrollo e implementación de programas y acciones para prevenir, detener y atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico o psicológico entre y hacia estudiantes, incluyendo a todas las personas involucradas en el entorno escolar, tendrá como resultado una educación libre de violencia que a su vez redundará en que los educandos estudien en un entorno adecuado.

Consideramos que con la asunción de las medidas señaladas en el dictamen en párrafos anteriores el proceso educativo tendrá principios de libertad, responsabilidad, tolerancia y derecho a una educación libre de los flagelos aludidos en el proemio de este documento. En mérito de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen citado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Judit Magdalena Guerrero López, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López:Con su venia, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López: El bullying infantil en nuestro país se ha convertido en un flagelo médico, social y legal, que debe ser prevenido y atendido con responsabilidad por el Estado mexicano y por sus instituciones, particularmente las pertenecientes a los sectores educativos y de salud. Ha adquirido este fenómeno una dimensión de resultados dramáticos para la niñez mexicana y que, contrario a su magnitud, no se han tomado las medidas estratégicas racionalmente adecuadas para combatirlo.

Según datos oficiales, en México el 10 por ciento de una comunidad pediátrica es víctima de alguna forma de maltrato. Pero lo grave del asunto, solamente un niño de cada 100 que sufre maltrato es atendido de manera profesional, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Pediatría.

Las principales formas de maltrato infantil en México de consecuencias devastadoras para la niñez y la sociedad son las siguientes: el maltrato físico, el abuso sexual, el maltrato psicológico, niños en situación de calle, maltrato laboral y maltrato étnico.

Para la prevención y atención del bullying infantil en la actualidad, no solamente se requiere actualizar el compromiso del Estado mexicano, modernizar la normatividad para abordarlo con racionalidad jurídica, sino también avanzar en la creación de una agencia nacional profesional de carácter multidisciplinario, que atienda y procese dicho problema. De lo contrario, estaríamos incumpliendo con la protección de los derechos básicos y fundamentales de los niños en México, y esto a todas luces es irresponsable.

Los principales efectos del bullying infantil son los siguientes: daño a la integridad física, altera los derechos, la libertad y la dignidad de las personas, promueve la violencia, propicia bajo rendimiento escolar en los niños, incrementa la deserción escolar, orilla al suicidio, destruye el tejido de la sociedad, entre muchos efectos traumáticos.

Indudablemente la más dolorosa de las complicaciones de la depresión y el bullying es el suicidio, fenómeno que en los últimos años ha sido foco de atención y que se ha convertido en un problema de salud pública en el grupo de niños y adolescentes. Los índices de mortalidad por esta causa se están incrementando paulatinamente.

Por otra parte, el Internet actualmente ha cambiado al mundo y es uno de los elementos más importantes y necesarios dentro de los medios de comunicación. Asimismo, de igual manera ha mejorado las comunicaciones, facilitando las relaciones sociales en la información de manera tan extraordinaria que se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestras vidas, lo cual es fácilmente accesible para todas las personas.

Por otro lado, los menores, que representan el grupo más vulnerable dentro de los usuarios de la red, son víctimas potenciales de innumerables actividades como el ciberbullying, pornografía, prostitución infantil, pederastia, chantajes sexuales o amenazas y tienen fácil acceso a contenidos de violencia, racismo, discriminación, que pueden afectar negativamente a su desarrollo físico, mental, espiritual y social.

Si bien es cierto que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los niños y las niñas a buscar y difundir información e ideas de todo tipo, también establece su derecho a ser protegidos contra la información y material perjudicial para su bienestar, así como contra cualquier injerencia arbitraria o legal en su vida privada, su familia, domicilio, correspondencia y cualquier ataque a su honra y reputación.

En el Partido Verde creemos que es necesario concientizar, reflexionar, prevenir y evitar el bullying y el ciberbullying en el entorno escolar, con el fin de erradicar esta práctica violenta y los daños que se generan en la vida psicosocial de los niños. De igual manera, estamos a favor de establecer estrategias de prevención infantil contra abusos.

Necesitamos actuar a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes para evitar que estos fenómenos continúen afectando a nuestros estudiantes, por lo tanto, creemos que es necesario establecer medidas efectivas para prevenir y atender el acoso escolar. Con el objetivo de impulsar el derecho a una educación libre de violencia y respaldamos a plenitud estos dictámenes. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. En razón de que no hay artículos reservados, voy a pedir a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en relaciones internacionales de la Universidad La Salle, que hoy nos acompañan aquí en la sesión.

También a un grupo de estudiantes de la Preparatoria 3, incorporada a la Universidad Autónoma Estatal de Hidalgo. Bienvenidos todos a la sesión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz:

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (desde la curul): A favor.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (desde la curul): A favor.

La diputada María Rebeca Terán Guevara (desde la curul): A favor.

El diputado Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): A favor.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (desde la curul): A favor.

La diputada María de las Nieves García Fernández (desde la curul): A favor.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (desde la curul): A favor.

La diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (desde la curul): A favor.

La diputada Petra Barrera Barrera (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): A favor.

La diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas (desde la curul): A favor

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se emitieron a favor 438, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE FOMENTO DE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 32, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia.*

Para fundamentar el dictamen por las comisiones tiene el uso de la voz la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy pongo a su consideración el siguiente dictamen que exterioriza ante ustedes tanto la Comisión de los Derechos de la Niñez como la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Esta iniciativa fue propuesta el pasado 5 de marzo, por el diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, con quienes los integrantes de ambas comisiones compartimos una serie de preocupaciones que manifestaban en los considerandos. Entre éstas compartimos que, si bien es cierto que las nuevas tecnologías han abierto una puerta hacia el desarrollo y mejores oportunidades, también es cierto que las nuevas tecnologías —a la sombra de la supervisión de los padres y de la poca o nula orientación de los maestros— pueden derivar en conductas terribles, que hoy en día son una realidad en nuestro país.

Primero, ha sido a través de lo que se conoce entre los niños, niñas y adolescentes como el ciberbullying y luego la transmisión de peleas por Internet. Hoy, uno de los mayores riesgos para un adolescente en línea es ser víctima también de sexting. Esta conducta ha proliferado con preferencia entre los adolescentes y jóvenes, que han encontrado en él una manera más fácil de comunicarse o de establecer una relación con una persona del mismo sexo o del sexo opuesto.

Esta nueva forma de interrelación incluye la llamada entre ellos y ellas sexting, que consiste en el envío o recepción de imágenes o videos personales de índole sexual, a través de celulares o Internet o algún otro medio electrónico, que está en aumento de manera alarmante.

En ese sentido, los integrantes de ambas comisiones coincidimos en reformar el artículo 32 en el inciso D de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que se considera que se armoniza en consonancia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y del interés superior de la niñez y refuerza la tarea prevista que tiene encomendada la Secretaría de Educación Pública, de impulsar la enseñanza y respeto de los derechos humanos, en especial la de no discriminación y de la convivencia sin violencia, tanto física, psicológica o emocional, incluyendo aquella que se manifieste a través de los medios electrónicos.

En ese sentido, el decreto por el que se reforma el artículo 32, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia, quedaría de la forma siguiente:

Artículo 32, inciso D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la no discriminación y de la convivencia sin violencia —aumentando lo que sigue— física, psicológica o emocional, incluyendo aquella que se manifiesta a través de los medios electrónicos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular, en razón de que se trata de un solo artículo.

En consecuencia, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Trabajo, tiene el uso de la voz el diputado Héctor Hugo Roblero.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la cantidad de denuncias hoy conocidas relacionadas al abuso infantil en nuestro país se estimaron en 231 mil casos hasta finales de 2011. Ciertamente en lo que va entre el 2012 y lo que llevamos hasta la fecha, el número de casos es impreciso, pero la tendencia sigue en aumento.

Ante ello, las autoridades en materia de seguridad pública y de derechos humanos, principalmente, han determinado ejercer acciones más contundentes contra quienes ejerzan algún tipo de violencia contra los niños. De esta forma, acciones contra el bullying y la prostitución infantil han comenzado a ser los gallardetes que dan frente a la lucha contra cualquier tipo de maltrato infantil.

En este caso, fenómenos altamente desintegradores del entorno social son los que de manera común se dan a conocer por uno de los principales medios de comunicación, el Internet.

En días recientes, a través de este medio, nos hemos enterado que en diversos estados de la República se publican videos de peleas callejeras, principalmente de alumnos y alumnas siendo los protagonistas.

Es una pena, pero este tipo de conductas son reprobables, y sin embargo, la costumbre por seguir contribuyendo a la visualización de estos materiales informáticos está generando una condición de costumbre en muchos sectores de nuestra sociedad, sobre todo en quienes permean de forma inmediata. Nos referimos a nuestros niños y jóvenes, quienes aún se encuentran en una etapa de maduración.

Otro tipo de fenómeno es el sexting, éste conocido principalmente por la reproducción masiva de medios audiovisuales que exhiben escenas de desnudez o actos sexuales entre niños y adolescentes primordialmente.

El sexting, como los demás fenómenos, suele traer como consecuencia diversos trastornos de conducta entre los jóvenes, e incluso trastornos afectivos, sobre todo porque en su núcleo social inmediato se encuentran relacionados a una estrecha relación entre integrantes de la misma comunidad escolar y de actividades propias de su edad.

Compañeras y compañeros diputados, es un hecho imprescindible el que podamos apoyar para que la presente reforma sea una realidad y nos otorgue mayor certidumbre en la protección de los derechos de los niños, a través del fortalecimiento de los marcos legales institucionales. De esta manera, estamos totalmente convencidos que brindaremos las alternativas suficientes para que el actuar de las políticas sociales del Estado puedan ser encauzadas para proteger los derechos de los niños y adolescentes.

Con estas medidas lograremos avanzar hacia la obtención de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, principalmente en la parte conducente a los medios electrónicos informativos; se logrará contribuir al fortalecimiento del respeto irrestricto de los derechos humanos y a la obtención de una convivencia sin violencia física, psicológica o emocional.

Por las consideraciones antes expuestas, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Muy buenas tardes. Éste es un posicionamiento relativo al dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Derechos de la Niñez, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, dando con esto una muestra clara de la unidad y el compromiso que representa Movimiento Ciudadano ante nuestra República mexicana, muy preocupados sobre todo por este compromiso, con un tema de vanguardia por el que suscriben ambos compañeros.

La protección integral es un derecho que corresponde a todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna. El Estado debe crear las condiciones necesarias para cumplir con el principio del interés superior de la niñez; sin embargo, hoy vivimos en una sociedad de alta tecnología que está en constante evolución, donde los menores de edad están expuestos a los avances tecnológicos, a información, en donde las telecomunicaciones juegan un papel principal, empero estas tecnologías, a la sombra de la supervisión de los padres y de la poca o nula orientación de los maestros, pueden derivar en conductas terribles que hoy en día son una realidad muy triste en nuestro país.

Primero fue el ciberbullying, luego la transmisión de peleas por Internet, hoy uno de los mayores riesgos para un adolescente o niño en línea es ser víctima del sexting; es decir, los adolescentes encuentran en esta práctica una manera de abrir la sensualidad y la sexualidad al terreno de lo público, muy lamentable y muy preocupante para todos nosotros.

Es menester, como legisladores, reconocer la problemática e incorporar mecanismos de prevención, sobre todo de estrategias y programas que atiendan a los jóvenes que presentan proclividad a generar violencia hacia sus compañeros en medios electrónicos, beneficiando no solo a la población escolar, sino a toda la comunidad con prácticas encaminadas a ofrecer alternativas de solución frente a los problemas de mayor recurrencia, específicamente en el ámbito escolar.

La falta de una legislación sobre los contenidos en Internet, el desconocimiento de las implicaciones que puede tener el hecho de autoexponerse, así como la carencia de una educación desde la escuela y el hogar para eliminar el acceso al ciberespacio hacen de los menores blancos perfectos para redes de trata de personas, lenocinio, turismo sexual, sexting —del tema que hoy estamos mencionando— y pedofilia.

Por ello, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos a favor del presente dictamen. Comprometidos con la niñez, en Movimiento Ciudadanos somos quienes más iniciativas a favor de nuestro país hemos presentado, por este gran compromiso que tenemos, precisamente, con los niños y los adolescentes de nuestro México.

Por ello, los exhorto a un llamado de conciencia sobre la necesidad de erradicar este tipo de violencias, este tipo de conductas que ridiculizan, humillan y degradan a la dignidad y a la condición humana. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Voy a pedir a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: A los alumnos de preparatoria del Colegio Oxford, de Celaya, Guanajuato, que hoy nos acompañan aquí, invitados por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano (desde la curul): A favor.

La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio Barba Mariscal (desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Hurtado Gallegos (desde la curul): A favor.

El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (desde la curul): A favor.

El diputado J. Pilar Moreno Montoya (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Armando Córdova Díaz (desde la curul): A favor.

La diputada Jessica Salazar Trejo (desde la curul): A favor.

El diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 440 votos a favor y 0 votos en contra, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 32, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento a la convivencia sin violencia. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, EN MATERIA DE SANCIONES

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado De las sanciones, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.*

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, tiene el uso de la voz la diputada Sonia Rincón Chanona.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza se manifiesta a favor del presente dictamen que reforma los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 55, y se adiciona el artículo 53 Bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.

Tenemos la obligación de lograr la protección de nuestro patrimonio cultural, ya que no solo representa el conducto que vincula a la gente con su historia, sino que también representa una importante fuente de riqueza para los habitantes de la nación; en este contexto, surge la necesidad de tomar medidas para preservar y proteger los bienes muebles o inmuebles declarados zonas o monumentos arqueológicos, artísticos o históricos.

México forma parte de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual se estableció con el objeto de garantizar una protección y conservación eficaz.

Resulta imprescindible adoptar las medidas jurídicas para proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar nuestro patrimonio cultural. Las recomendaciones emitidas por la Conferencia General de la UNESCO, en la vigésima reunión celebrada en París, durante octubre y noviembre de 1978, donde el Estado mexicano se obligó a prevenir y combatir, mediante los instrumentos que considere adecuados, la falsificación de bienes culturales, los robos, las excavaciones ilícitas, los actos vandálicos y el empleo de falsificaciones, por lo que los Estados miembros deberían —cuando la situación lo requiera— reforzar o crear servicios específicamente encargados de la prevención y la represión de esas infracciones.

Por lo tanto, al reformar y adicionar diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado De las Sanciones, de la citada ley, fijando montos de días de multa de acuerdo con el salario mínimo, se logra establecer parámetros atemporales, de manera tal que se actualiza este tema de acuerdo con la realidad nacional.

Al actualizar el marco jurídico que salvaguarda el patrimonio cultural de nuestro país brindamos protección al mismo, conscientes de que no solo se requiere de medidas legislativas para preservarlo, sino del trabajo conjunto de la sociedad y gobierno.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos nuestro deber como legisladores el fomento de la protección de los monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Votaremos a favor del presente dictamen, porque sabemos de la necesidad de dotar de mecanismos de ley efectivos para preservar nuestro patrimonio cultural. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Si me permiten, saludamos con mucho gusto a un grupo de alumnos universitarios del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Zacatecas, invitados por el diputado Adolfo Bonilla Gómez. Bienvenidos a esta sesión y a la Cámara de Diputados.

También a un grupo de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social; a un grupo de estudiantes de la Universidad Privada del Estado de México (UPEM), plantel Tecámac. Bienvenidos todos a la sesión. Adelante, diputado.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Gracias, diputado. Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, que se ha elevado al pleno de esta soberanía, acerca de la necesidad de imponer sanciones pecuniarias, además de prisión para quienes lleven a cabo por cualquier medio trabajos materiales de exploración arqueológica en monumentos o en zonas arqueológicas, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, merecen el apoyo solidario del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, derivado de que es de sobra conocido que bajo el argumento de realizar investigaciones, lo que en realidad sucede es el encubrimiento de saqueo de las zonas arqueológicas efectuadas por personas sin escrúpulos que afectan el patrimonio cultural de la nación.

Ha habido hechos que la opinión pública conoce, pero que las autoridades del ramo no han sancionado en debida forma, principalmente por la falta de instrumentos jurídicos adecuados en las circunstancias. Por ello es atendible la propuesta para legislar sobre la materia, de tal manera que se inhiba este tipo de actos que deterioran el patrimonio nacional.

Sobre la materia señalada, la promovente propone actualizar las sanciones y las penas carcelarias para que los riesgos de robo, saqueo, vandalismo y la exportación ilegal de bienes nacionales, que resultan indispensables para detener este tráfico de bienes propiedad de la nación, sean legislados puntualmente.

El Grupo Parlamentario del Partido del trabajo se solidariza con la iniciativa presentada por nuestra compañera legisladora, que documentó con precisión para sustentar su propuesta. En mérito de lo expuesto, nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen aludido en el proemio de este documento. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. Las zonas arqueológicas de México pueden dar evidencia clara de nuestros antepasados. En cada una de las entidades federativas se encuentran iglesias, construcciones civiles, arte sacro, esculturas, pintura, música y costumbres que hablan de la influencia española-indígena que distingue a nuestro país en todo el mundo.

Entre los lugares de mayor importancia, y con un gran desarrollo cultural prehispánico en nuestro país, están Palenque, Monte Albán, Chichén-Itzá, el Tajín y las pirámides de Teotihuacan con sus dos grandiosas construcciones dedicadas al sol y a la luna en el estado de México.

Es responsabilidad, tanto de las autoridades como de los ciudadanos, el identificar, proteger, conservar y rehabilitar todos los sitios que son patrimonio cultural y natural de nuestro país.

Según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, existen 182 zonas arqueológicas abiertas al público en el país. En 2012, la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros fue de 6 millones 967 mil 166.

En la actualidad, México ocupa el quinto lugar mundial en número de espacios considerados como patrimonio universal; es uno de los países con mayor riqueza en ese ámbito, según la lista elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

El objetivo de la iniciativa consiste en dotar de mejores instrumentos jurídicos a la Ley Federal de Monumentos, con la intención de proteger de manera más efectiva el patrimonio cultural de la nación.

Para ello se pretende reformar y adicionar distintos artículos del Capítulo VI, con el propósito de actualizar sanciones para quienes incurran en conductas tipificadas como delitos, en consonancia con los convenios internacionales suscritos por nuestro país en materia de protección, conservación, rehabilitación y transmisión de los bienes culturales que ocupan nuestro espacio territorial.

La obligación del Estado de proteger estos bienes se vuelve imperativa, toda vez que muchos de ellos ya forman parte del llamado patrimonio de la humanidad y, por lo mismo, sujetos a las recomendaciones y directrices emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. De esta forma, el proyecto aumenta montos y tiempos en las sanciones aplicables, ya sea a la exploración arqueológica, al traslado de dominio, a la posesión, apoderamiento, destrucción o introducción al país de bienes arqueológicos, históricos y artísticos.

Asimismo y en plena congruencia con la actualización jurídica de la ley, los cambios particularizan los delitos cometidos por las propias autoridades encargadas de resguardar los recursos culturales.

México es una nación que valora y defiende su patrimonio cultural; gente de todo el planeta llega a nuestro país para admirarse ante nuestro pasado prehispánico y colonial; nuestros museos se encuentran repletos de ejemplos del esplendor de las culturas que existían en este territorio antes de la llegada de los españoles y nuestras calles y plazas exponen las impresionantes edificaciones heredados de las épocas de la conquista y la colonización.

El dictamen que hoy discutimos constituye un acontecimiento verdaderamente inédito, en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de generar y aprobar cambios normativos que fomenten prácticas jurídicas eficaces que promuevan la protección de nuestros bienes culturales.

La creciente explotación comercial con fines de venta, alentada por la disponibilidad de tecnología de punta, que facilita el descubrimiento y acceso de esos bienes, requiere de normas más rigurosas y criterios rectores uniformes que impiden el creciente saqueo.

Las piezas arqueológicas e históricas que sustraen indebidamente, se comercializan en casas de subastas prestigiosas de las grandes metrópolis, que enseguida organizan ventas millonarias.

La insuficiencia de las legislaciones y los derechos de soberanía de los estados permiten a los saqueadores y a las autoridades coludidas continuar con esas actividades y explotar artefactos y bienes con propósitos puramente comerciales, en total desprecio por la pérdida que ocasionan a la ciencia, a la historia y a la humanidad.

México, gracias a nuestro pasado histórico, prehispánico y colonial, presume la existencia de riquezas culturales formidables que deben de ser rescatadas y protegidas.

El dictamen no solo describe las bondades y la importancia de aprobar la iniciativa en comento, sino que además establece adecuaciones que la vuelven más eficiente en su implementación.

Por lo anterior y en virtud de las bondades que supone para la salvaguarda y protección de una parte importante de nuestro patrimonio cultural tradicionalmente olvidado es que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Finalmente, tiene el uso de la palabra la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca.

La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca:Con su permiso, señor presidente. A nombre de la Comisión de Cultura y de Educación Pública, que para este dictamen trabajamos en comisiones unidas, vengo a presentar el posicionamiento sobre el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.

El patrimonio histórico cultural está constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones, tangibles e intangibles, construidas por sociedades pasadas resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de ideas y de material se constituyen en factores que identifican y diferencian a cada región.

Desafortunadamente la dinámica de la actividad humana nos lleva a la transformación, al deterioro, a la destrucción de los recursos históricos culturales.

En ocasiones también el interés económico de maximizar los beneficios resulta más importante que la adopción de medidas concretas de salvaguarda de los diversos componentes que integran el patrimonio de la humanidad.

Por este motivo, la UNESCO contribuye a proteger el patrimonio histórico universal mediante diversos instrumentos internacionales, de los cuales México forma parte y en los que se reconoce la obligación de los Estados para identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio.

Nuestro país cuenta con una larga lista de bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico arqueológico y etnográfico que integran nuestro patrimonio, y del cual también forman parte documental y bibliográfico las zonas arqueológicas, los sitios naturales con valor artístico o antropológico, así como el patrimonio subacuático.

México y su vasto territorio albergan monumentos históricos y sitios arqueológicos, que por su valor, constituyen un preciado tesoro para nuestra nación, cuya protección y preservación deben ser de sumo interés pues resultan fundamentales para la conservación y el fortalecimiento de las creencias, las tradiciones y la identidad de nuestro pueblo.

El saqueo y la dispersión del patrimonio cultural e histórico es un problema realmente serio al que a lo largo del tiempo nos hemos enfrentado. Alrededor del mundo se ha venido registrando un sensible aumento en los casos de saqueo y destrucción del patrimonio cultural de la humanidad, lo cual denota que desafortunadamente el tráfico de bienes culturales resulta una actividad muy lucrativa.

Para erradicar las actividades que atentan contra el patrimonio histórico universal es necesario trabajar en una intensa labor normativa para el reforzamiento del derecho de la cultura, con lo que se pretende dar respuesta inmediata a este flagelo.

Así pues, este dictamen va encaminado a reforzar el entramado legal destinado a la regulación, protección y conservación del patrimonio histórico, labor que por su importancia se ha convertido ya en una tarea de carácter universal.

Por lo anterior, la Comisión de Cultura, de Educación Pública y por supuesto, mi grupo parlamentario, estamos a favor de este proyecto, porque consideramos que endurecer las sanciones para quienes atenten en contra de nuestro patrimonio histórico es un paso muy significativo para brindar a éste la protección que se requiere, garantizando con ello que las próximas generaciones puedan seguir gozando de nuestro patrimonio. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Al no haber artículos reservados, voy a pedir a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Se emitieron 439 votos a favor, 0 en abstención y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado De las Sanciones, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.*

Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la voz el diputado Javier Orihuela García.

El diputado Javier Orihuela García:Compañeras y compañeros, en la Comisión de Energía hemos estado discutiendo la necesidad de que nuestro país transite lo más rápidamente posible hacia el uso y el aprovechamiento de las energías renovables; México es un país tan rico en ellas, que es un disparate no aprovecharlas, por eso hoy nos congratulamos por la resolución que hemos tomado aquí en esta Comisión de Energía y que ponemos a disposición de este pleno.

Compañeros y compañeras, México cuenta con un gran potencial en materia de recursos energéticos renovables; uno de los criterios adoptados por los integrantes de la Comisión de Energía es buscar que se incentive la participación de las energías renovables y se fortalezcan las capacidades técnicas para el desarrollo de proyectos de ahorro de energía y de energías renovables en los sectores público y privado.

Una de las múltiples ventajas de las energías es reducir el impacto al medio ambiente. Para lograrlo es necesario promover la generación limpia, como la que se basa en fuentes renovables.

Las energías renovables, según la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, son aquellas fuentes que reciben fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles en forma continua o periódica, tales como el viento, la radiación solar en todas su formas, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales, la energía oceánica en sus distintas formas como la mareomotriz, la maremotérmica de las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal, el calor de los yacimientos geotérmicos, los bioenergéticos, en fin, una gran gama de energías que tenemos en nuestro país, compañeros.

En el caso de la minuta que hoy tratamos, la Comisión de Energía destaca la relevancia de promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la administración pública federal se utilicen energías renovables, toda vez que resulta indiscutible que su aprovechamiento conlleva diversos beneficios, como la reducción de la dependencia con respecto de los combustibles fósiles y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con el fin de ejercer con eficiencia los recursos del sector público, evitando su dispersión, en el artículo 24 de la ley se prevé que la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía comprenderá los mecanismos presupuestarios para asegurar la congruencia y consistencia de las acciones destinadas a promover el aprovechamiento de las tecnologías limpias y energías renovables, así como el ahorro y el uso óptimo de toda clase de energía.

Por lo anteriormente expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el proyecto de decreto que reforma la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en su artículo 24, a fin de que la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía consolide en el Presupuesto de Egresos de la Federación las provisiones del sector público tendientes a promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la administración pública federal se utilice energía renovable, de acuerdo con las características geográficas, posibilidades técnicas y viabilidad económica en cada una de ellas.

Esta reforma representa un esfuerzo para impulsar el uso de energías alternativas que habrán de sustituir a los hidrocarburos, esperemos que en un corto tiempo, por lo que como integrantes de la misma y en representación de la Comisión de Energía, solicito a todos y todas ustedes, compañeras y compañeros, su voto favorable para que esto sea aprobado.

Hacemos un llamado a la Junta de Coordinación Política y al Comité de Administración, para que ojalá sea la Cámara de Diputados la que ponga el ejemplo a nivel nacional de que sí es posible disminuir la profunda huella de carbono que la Cámara de Diputados ejerce en este pequeñito territorio, sustituyendo este tipo de energía no renovable por renovable. Por su atención, compañeros y compañeras, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza tiene el uso de la voz la diputada Dora María Talamante Lemas.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor de presente dictamen, pues consideramos pertinente que las dependencias de la administración pública federal utilicen en sus inmuebles energías renovables, en la medida de las características de cada uno ellos, de su ubicación y de sus posibilidades técnicas y financieras.

Las energías renovables son aquellas que producen electricidad a partir del sol, el viento y el agua. Son fuentes inagotables, pero que todavía presentan grandes dificultades de almacenamiento y son menos eficientes ya que las instalaciones tienen poca potencia y el costo de producción es elevado.

Actualmente la producción de estas energías está aumentando, pero aún se encuentra por debajo de las expectativas. México cuenta con un potencial importante en materia de energías renovables, como son la eólica, la solar, la mareomotriz, y otras han sido desarrolladas y no aprovechadas de manera suficiente.

El primer bimestre del 2012, México contaba con una capacidad efectiva instalada para la generación de energía eléctrica de 64 mil 312 megawatts, de los cuales 14 mil 357 provinieron de fuentes renovables de energía eólica, solar, hidráulica, geotérmica y de biomasa, lo que representa el 22.3 por ciento del total de la capacidad instalada.

De acuerdo con estimaciones de ProMéxico, en datos de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, se considera que para el 2025 la capacidad instalada para la generación de electricidad, a partir de las energías renovables, se incremente en 18 mil 716 megawatts, de los cuales se estima que las fuentes de energía eólica e hidráulica tendrá la mayor participación, con un 60.2 por ciento y 24.3 por ciento, respectivamente.

Este pronóstico incluye las modalidades del servicio público, autoabastecimiento y generación distribuida. La utilización y el aprovechamiento de las energías renovables reflejan diversos beneficios, como reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir proporcionalmente la emisión de gases de efecto invernadero.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos a favor de la eficiente utilización y aprovechamiento de las energías renovables. La aprobación del presente dictamen traería consigo la responsabilidad de la administración pública federal de poner en marcha las labores necesarias para que sus inmuebles puedan empezar a usar las ya mencionadas energías renovables, en pro del cuidado del medio ambiente y fortalecimiento de la transición energética del país.

Por lo anterior, las diputadas y diputados de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, ya que consideramos importante que las dependencias federales den el ejemplo utilizando energías renovables, lo cual reflejaría un avance importante hacia la obtención de un desarrollo sustentable integral dentro del país. Por su atención, gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, con la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con su venia, diputado presidente. En el primer bimestre del 2012, México contaba con una capacidad efectiva instalada para la generación de energía eléctrica de 64 mil 312 megawatts, de los cuales 14 mil 357 provinieron de fuentes renovables de energía, como la eólica, la solar, hidráulica, geotérmica y de biomasa, lo que representa el 22.3 por ciento del total de la capacidad instalada.

Actualmente, nuestro país cuenta con 204 centrales en operación y construcción para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables. Oaxaca y Veracruz son los estados con mayor número de proyectos eólicos y de biomasa respetivamente.

La Comisión Reguladora de Energía ha otorgado —hasta la fecha— 124 permisos para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, sumando un total de 4 mil 179.4 megawatts de capacidad instalada, lo que representa el 14.4 por ciento del total de capacidad autorizada a los permisionarios de la Comisión Reguladora de Energía, de los cuales, el 43.6 por ciento ya está en operación y el restante está proyectado que entre en operación en los 3 próximos años.

Se estima que para el año 2035 el porcentaje de participación de energía renovable se incremente considerablemente a nivel mundial.

Rusia, China y Brasil son algunos de los países que actualmente generan cada vez más electricidad a través del uso de energías renovables; en el caso de Brasil, en el 2012, el 75 por ciento de la electricidad producida provino de estas fuentes. Se prevé que dentro de 20 años alcancen el 84 por ciento de la participación.

Para el caso de México, actualmente generamos poco más del 10 por ciento de la electricidad a partir de energías renovables, muy por debajo del promedio mundial y con efectos más dañinos, tomando en cuenta que somos un país con un elevado nivel de población y con ello los costos relacionados con medio ambiente en términos absolutos nos ponen en una situación que sin duda requiere ser atendida.

El dictamen de la minuta que hoy se presenta busca agregar una fracción al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, con el propósito de que en la Estrategia para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía se establezca el uso de energía renovable generada a partir de radiación solar en los bienes inmuebles de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

El Partido del Trabajo considera necesario impulsar en México el uso de las energías alternativas a los hidrocarburos y otros energéticos pesados, que además de escasos y costosos resultan altamente contaminantes.

Es de reconocerse que México cuenta con un potencial importante en materia de energías renovables, como son la eólica, la solar, la mareomotriz y otras tantas que no han sido desarrolladas ni aprovechadas de manera eficiente. Esto debido a que no existe una intención de los usuarios de exigir la posibilidad de que existan ofertas de energías renovables accesibles y a costos accesibles.

En ese sentido, resulta pertinente que las dependencias de la administración pública federal utilicen en sus inmuebles dichas energías en la medida de las características de cada uno de ellos, de su ubicación y de las posibilidades técnicas y financieras, y con ello incentivar el consumo de este tipo de energías entre la población y las empresas. Evidentemente, es de tomarse en cuenta que la energía de procedencia de la radiación solar, así como los demás conocidos como renovables dependen de factores no controlables técnicamente como son las condiciones climáticas.

En el caso particular de la radiación solar, existen regiones en donde no sería suficiente para convertirla a energía eléctrica, además de que aun existen dificultades de carácter tecnológico y de viabilidad económica que no la hacen rentable. Aun así, buscar la manera de combinar el uso sería sin duda un avance en el logro de alcanzar la meta impuesta de alcanzar la transición energética.

Esperemos que realmente se lleven a cabo las medidas necesarias para apoyar esa adición a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética en el gobierno federal, y no se quede solo en una buena idea ecológica.

Reconozcamos y recordemos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se redujo en 90 por ciento los recursos asignados al Fondo para la Transición Energética, lo que en un principio parece un abandono a este compromiso que tenemos con la sociedad y con el medio ambiente. Reconocemos el impulso y el buen ánimo que se vive al interior de la comisión, y nos alegra que se apoye por unanimidad este tipo de proyectos.

Por nuestra parte, hay que decir que el Partido del Trabajo seguirá apoyando las iniciativas relacionadas con el uso responsable de los recursos naturales con sus responsables votaciones. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, del 2000 al 2011 el consumo de energía en México ha crecido en promedio anual en 2.08 por ciento, mientras que la producción de energía primaria ha disminuido tan solo el 0.3 por ciento al año.

En lo que se refiere al petróleo, después de alcanzar una producción máxima en el 2004, ésta ha declinado hasta ubicarse en 2.5 millones de barriles diarios. Como consecuencia de seguir con las tendencias observadas hasta el momento, México se convertirá en el 2020 en un país estructuralmente deficitario en el ramo energético.

Es por eso que resulta menester la aplicación de medidas que consideren los problemas de fondo que enfrenta este importante sector, con el afán de transitar a un desarrollo óptimo de los productos energéticos de nuestro país.

Derivado de lo anterior, consideramos que la implementación en inmuebles de las dependencias y organismos públicos de energías renovables resulta, no solo necesaria, sino urgente e impostergable.

Nuestro país presenta un enorme potencial, aún no explotado, en materia de este tipo de energías. Resulta claro que solo a través de ellas se podrá romper con la enorme dependencia de combustibles fósiles, por lo que la implementación de energías de esta clase no se puede limitar al ámbito público, es necesario el desarrollo del mismo esquema dentro de la iniciativa privada.

Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá incentivar el uso y la aplicación de fuentes primarias de energía que permitan explotar las características geográficas, las posibilidades técnicas y la viabilidad económica de cada región. No obstante, si bien el dictamen presenta un primer avance rescatable, consideramos que esto no es suficiente. El Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que la implementación de reformas que no contemplan una visión integral del problema traerá como resultado un impacto de manera marginal.

Lo que México requiere son políticas que fomenten, tanto en el gobierno como en la sociedad civil, acciones que busquen la transición a un desarrollo sostenible; solo así se alcanzará un equilibrio que logre la satisfacción, tanto de las necesidades económicas y sociales, como la diversidad cultural y del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.

Por lo anteriormente expuesto, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, ruego a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, tenemos 440 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

LEY DE MIGRACION

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración.*

Tiene la palabra por cinco minutos para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Javier López Zavala.

El diputado Javier López Zavala:Muchas gracias, presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, vengo a fundamentar, a nombre de la Comisión de Población, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción, la XXVII, al artículo 3, y se reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley de Migración para crear el servicio profesional de carrera migratoria en el Instituto Nacional de Migración.

Los integrantes de la comisión presentamos a la consideración del pleno el dictamen que se suma a las minutas que el Senado de la República ha turnado a esta Cámara de Diputados, que representa un esfuerzo del Poder Legislativo para dotar de mejor capacitación y especialización al personal que se encarga de una función tan sensible, como es la protección de la población que transita por nuestro país, bajo esquemas de respeto para los que arriesgan su vida con un deseo de encontrar mejores condiciones de vida en otro lugar distinto fuera de su país o en otra entidad abandonando a su familia.

Cerca de 400 mil indocumentados centroamericanos cruzan cada año el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos de América y en el trayecto sufren con frecuencia vejaciones, maltratos, humillaciones, discriminaciones, violaciones, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones; por ello se vuelve tan crucial profesionalizar al personal del Instituto Nacional de Migración.

Las y los migrantes enfrentan una gran inseguridad al tránsito por nuestro país, enfrentando serios problemas. Los organismos internacionales públicos y sociales han realizado una serie de recomendaciones a nuestro país, a fin de garantizar la seguridad de los migrantes y de aquellos que tienen que permanecer en nuestro país, estancados por falta de recursos o por enfermedad que no les permiten seguir su camino.

Esto aunado a la violación constante de derechos humanos y un déficit de atención por parte de las autoridades migratorias en el país, por varias circunstancias operativas y de preparación que deben realizar y tener el personal encargado de estas funciones en el Instituto Nacional de Migración, situación que requiere modificarse.

Cada día más es indispensable que México mejore su preparación de los funcionarios y personal público encargado de estas responsabilidades, porque en los últimos años nos hemos convertido en uno de los países del mundo con más asesinatos de distintos grupos migratorios.

Para mejorar la atención a la población migrante, este Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011; sin embargo, no se consideró en éste el establecimiento del servicio profesional de carrera migratoria, como instrumento para mantener la calidad funcional del personal encargado de esta actividad sumamente delicada, para dirigirse a personas marginadas, en pobreza, que requiere que el Instituto Nacional de Migración tenga mejores sistemas y personal adecuado.

Que —por otra parte— había quedado pendiente desde tiempo atrás, limitado por las carencias de un marco jurídico que le permitieran atacar las situaciones inerciales, costumbres, hábitos y acciones viciadas del personal.

Hoy, por las condiciones económicas y sociales, existe un gran flujo de tránsito de personal al interior de nuestro país. Son los grupos del crimen organizado y mafias compenetradas en las rutas de traslado quienes ejercen un cerco sobre las personas, mujeres, hombres y niños que se trasladan para buscar mejores oportunidades de vida con el sueño americano.

En este contexto, en este momento el Instituto no cuenta oficialmente con un instrumento que prepare a su personal, que lo capacite y evalúe su desempeño, con el objetivo de garantizar la transparencia de su actividad.

Las modificaciones al artículo 3 y 25, que hoy presentamos, han sido objeto de atención de diversos grupos parlamentarios en la colegisladora, quienes con un sentido de responsabilidad legislativa y atendiendo la problemática que genera la ausencia de un mecanismo que permita la capacitación y la profesionalización de los servicios públicos del Instituto Nacional de Migración, que ya cuenta con una ley que protege los derechos denominados de la tercera generación, contempla su marco legal, servicio profesional de carrera migratoria, para darle certeza funcional y transparencia a sus actividades.

Como se manifiesta en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en su artículo 2, el sistema de servicio profesional de carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.

El espíritu de este precepto en el marco del servicio profesional de carrera migratoria del Instituto Nacional de Migración, se retomará de manera fundamental en la concepción para el personal de esa institución, cuidando las características específicas que tiene la función de los servidores públicos encargados del proceso de migración en el país y de acuerdo con el marco legal establecido en la ley y la reforma que se establece a esta figura.

Destacamos entonces, en esta comisión, que la propuesta atiende al problema de capacitación y especialización para el personal en servicio y de aquel que desea ingresar a este instituto.

Así, con la propuesta contenida en el dictamen, se establece la competencia para llevar a cabo la regularización de este proceso. La ley en comento que reglamentará la acción de la federación en la materia.

Asimismo los responsables de la realización directamente de esas funciones de migración tendrán la oportunidad de prepararse en los casos de los que están en el instituto también, y lo mismo para los de nuevo ingreso, consiguiendo el perfil adecuado para el desarrollo de las responsabilidades y el cumplimiento de las mismas cuando desempeñen sus acciones correspondientes.

De esta manera se propone la ley de creación del servicio profesional de carrera migratoria, y su operación estará a cargo del Instituto Nacional de Migración, quien establecerá las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo dentro del reglamento correspondiente, instrumento que fortalece el proceso de migración institucional, de conformidad con las principales recomendaciones internacionales a las que debemos de dar pleno cumplimiento, promoviendo en el instituto mecanismos para mejorar el desempeño y sus atribuciones.

Por ello, solicitamos al pleno considere votar a favor esta propuesta de establecer el servicio profesional de carrera migratoria, cumpliendo así con la nación, y los legisladores con nuestro deber de crear instrumentos encaminados a la protección y la defensa de quienes buscan mejores niveles de bienestar transitando por nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para fijar posicionamiento por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Araceli Torres Flores.

La diputada Araceli Torres Flores:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la Comisión de Población somete al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que busca reformar los artículos 3 y 25 de Ley de Migración.

Esta reforma proviene de la Cámara de Senadores, en su carácter de minuta, con el objeto de fortalecer las tareas de formación y capacitación de los agentes migratorios que presentan su revisión al Instituto Nacional de Migración.

En los años recientes se ha hecho patente la necesidad de fortalecer las instituciones que llevan a cabo tareas de control migratorio en nuestro país. Se han ventilado una serie de abusos y vejaciones que sufren los migrantes centroamericanos en su paso por México con destino a los Estados Unidos de América.

En diversos foros, México ha exigido un trato digno para los compatriotas que buscan un futuro más promisorio en el país vecino del norte, y con justa razón se nos ha exigido dar un trato humanitario a los migrantes de otros países que cruzan el territorio nacional. Es en este tenor que se busca modificar las disposiciones de la Ley de Migración.

Esta reforma también es producto de una serie de estudios hechos por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que resaltan la necesidad de modernizar las tareas del instituto.

Como atinadamente se señala en el dictamen, esta reforma permitirá instrumentar un servicio profesional y una serie de medidas de carácter administrativo donde se reformen los procesos internos del Instituto Nacional de Migración en el terreno operativo y se incorporen protocolos y manuales, basados en estándares internacionales de respeto de los derechos humanos, profesionalización y evaluación del proceso que lo integra.

Uno de los elementos claves de la reforma es que tiene que ver con garantizar el perfil, profesionalización y capacitación permanente de los servidores públicos, con un enfoque de derechos humanos y que existan mecanismos efectivos de supervisión del personal; es por ello que la Comisión de Población de esta Cámara de Diputados coincide con los razonamientos de los motivos de la colegisladora al haber aprobado la reforma que analizamos.

No podemos permitir que se sigan presentando hechos lamentables, como fue el caso de la matanza de San Fernando, en Tamaulipas, donde fueron cobardemente asesinados 72 migrantes centroamericanos.

Es preciso que los agentes migratorios puedan cumplir con las tareas que tienen asignadas, las cuales deben estar estrictamente apegadas a derecho y a las convenciones tratadas en materia de derechos humanos. Por las consideraciones aquí señaladas, votaremos a favor los presentes dictámenes. Es cuanto, diputado presidente.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz el diputado Rodrigo Chávez Contreras.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras:Con su venia, diputada presidenta. Presento ante este pleno posicionamiento a favor del proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración, a través del cual se pretende incorporar el servicio profesional de carrera migratorio, como un mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades para los aspirantes a ser servidores públicos del Instituto Nacional de Migración.

Contar con funcionarios públicos profesionales para atender los asuntos migratorios resulta una prioridad, sobre todo al considerar que el pasado 9 de abril, que se anunció que en lo que va de la actual administración se han cesado e iniciado averiguaciones previas contra un centenar de funcionarios de distintos niveles del Instituto Nacional de Migración, por su presunta participación en actos de corrupción y delitos.

Ante estas circunstancias, es indispensable reconocer que el fenómeno migratorio en nuestro país no ha sido atendido correctamente por la autoridad, incluso han sido las mismas autoridades del Instituto Nacional de Migración las implicadas en el atropello y abusos de migrantes.

México es un país firmante de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Migrantes, Trabajadores y Miembros de sus Familias. En ese compromiso, como nación, es fundamental garantizar el respeto de los derechos humanos de este sector de la sociedad. Así que de aprobarse estas reformas legislativas contaremos con un perfil más adecuado para la ocupación de cargos de servidores públicos, con la capacitación permanente en enfoque de derechos humanos dentro del Instituto de Migración, y consolidaremos una propuesta de combate a la corrupción a través de la implementación del servicio profesional de carrera migratoria, mejorando la calidad del servicio público.

Los integrantes de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen. No obstante, advertimos que para la eficiencia y la eficacia de la gestión migratoria, los procedimientos para la selección, ingreso, capacitación, actualización y permanencia de los servidores públicos de puestos de confianza del Instituto Nacional de Migración deben ser transparentes y honestos en su aplicación por parte de los titulares y altos mandos de las dependencias. Solo así se garantiza la igualdad de oportunidades a los aspirantes a dichos cargos. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz la diputada Juana Bonilla Jaime.

La diputada Juana Bonilla Jaime:Con su venia, señora presidenta. Uno de los problemas que ha acaecido en territorio mexicano y que se agravó en el último sexenio es el de la migración de cientos de hermanos centroamericanos, que ante la necesidad y la búsqueda de un mejor porvenir hombres y mujeres del centro del continente emprenden una aventura, con el afán de llegar a los Estados Unidos de América y acceder al tan hipotético sueño americano. No obstante, el sueño se convierte en pesadilla en muchas ocasiones.

Durante su trayecto y paso por territorio mexicano, los migrantes enfrentan un sinnúmero de vicisitudes que ponen en riesgo su vida, entre esas calamidades encontramos las climáticas, económicas y de transporte, pero la más grave es la de enfrentar a la del propio ser humano. Enfrentan a la delincuencia organizada, que en su afán de hacerse de recursos, tanto económicos como humanos, extorsionan a nuestros amigos centroamericanos, a fin de que familiares de ellos paguen rescate por liberarlos, y esto en el mejor de los casos, ya que hay organizaciones delincuenciales que con el afán de agrandar sus filas los secuestran para integrarlos a sus propias organizaciones y si éstos se niegan, los asesinan.

Otro problema importante es la corrupción al interior de las instancias gubernamentales, policías municipales y estatales. Autoridades de Migración se encargan de extorsionar a los propios migrantes, con la consigna de que si no les proporcionan dinero serán remitidos y puestos a disposición de las autoridades competentes. Esto ya se convirtió en un jugoso negocio.

En razón de lo anterior, en el contenido de la reforma se integra el concepto de servicio profesional de carrera migratoria, el cual se entenderá como el mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y desarrollo de los servidores públicos con cargos de confianza en el instituto.

Es urgente impulsar la creación del servicio profesional de carrera migratoria como primer paso para mitigar la problemática que aqueja al país en materia migratoria. Los beneficios de la implementación de un servicio profesional de carrera migratoria serían la profesionalización del funcionario en materia migratoria; mejorar la eficacia e impulsar la honestidad, así como igualar oportunidades y méritos para ingresar, desarrollarse y permanecer en el instituto; mejorar el trato hacia los migrantes en pleno respeto a sus garantías individuales; transparentar el proceso de selección, que incluye pruebas de confianza de ingreso y de permanencia.

Luego entonces, la reforma que se pone a consideración de este pleno es solamente el inicio de las medidas que se necesitan para la transformación que requiere el Instituto Nacional de Migración.

En el Grupo Parlamentario del PRD estamos comprometidos en abonar a las reformas necesarias que lleven consigo un beneficio social. Nuestro grupo tiene la plena convicción de generar consensos en pro de la ciudadanía. Nuestro pacto es con la ciudadanía, es con la sociedad; por eso este dictamen lo votaremos a favor. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada Norma Ponce.

La diputada Norma Ponce Orozco:Honorable asamblea, la seguridad y la protección de los migrantes es un problema que no ha sido resuelto en nuestro país; heredado y agravado por administraciones anteriores, ha generado que quienes están en tránsito por nuestro territorio sufran de extorsiones, sean víctimas de redes de trata, de secuestradores y hasta víctimas de homicidios, incentivados por su condición de vulnerabilidad y la irregularidad de su internación legal al país para tratar de llegar a los Estados Unidos de América.

Víctimas a veces de un sistema en el que desafortunadamente no solo participa el crimen organizado, sino también autoridades, tanto federales como locales, que inciden en prácticas delictivas por diversos motivos.

En el tema de migración ha cobrado mayor importancia el enfoque de protección de los derechos fundamentales, ya que el acercamiento judicialista o policiaco no ha rendido los resultados esperados para la resolución de los problemas humanitarios que implica el tránsito de personas de un país o región a otra.

Es en el sentido expuesto, que la idea de autoridad debe evolucionar de acuerdo a las circunstancias, por lo que es cada vez más frecuente que se abran espacios para la formación, capacitación y profesionalización permanente de los servidores públicos para formar una administración pública moderna, eficiente, eficaz, objetiva y responsable.

Es en ese sentido del dictamen que hoy se presenta a discusión, de generar un cambio en la estructura administrativa, organizacional y conceptual del Instituto Nacional de Migración, buscando que los servidores públicos que integran esta institución se conduzcan de acuerdo a las leyes, a la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos de los migrantes.

El personal del Instituto Nacional de Migración requiere una sensibilidad especial, que asimile a México como país de origen, tránsito, destino y retorno, con un enfoque humano, conciliador, respetuoso y facilitador, que permita la regularización de la situación migratoria, preservando siempre la dignidad de los migrantes y el respeto a sus derechos fundamentales.

Esta iniciativa confluye con opiniones vertidas por diversas organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y observatorios internacionales en la materia, sobre la necesidad de que el instituto cuente con un sistema profesional de carrera institucional, donde se incorporen protocolos y manuales basados en estándares internacionales de respeto de derechos humanos y la profesionalización y evaluación del personal que lo integra.

Garantizar el perfil en la profesionalización y la capacitación permanente de los servidores públicos, con una perspectiva de derechos fundamentales aparejada con la existencia de mecanismos efectivos de supervisión de personal es necesario en cualquier orden de la vida en sociedad. Pero resulta más urgente cuando se trata de autoridades que entran en contacto con grupos vulnerables, cuyos derechos han sido violentados regular y sistemáticamente.

Inclusive, esta reforma planteada consiste también en la armonización del instituto con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, pues este organismo se trata de un órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, por lo que por mandato de la legislación referida debe contar e instrumentar un sistema integral de profesionalización de sus servidores públicos que incluye, además, los procedimientos de reclutamiento, contratación y evaluación del desempeño.

En el Partido Revolucionario Institucional estamos siempre convencidos de que la capacitación, la formación permanente y la profesionalización de nuestros servidores públicos son necesidades inaplazables para generar un sistema más virtuoso y humano, por lo cual, votaremos a favor del dictamen que ahora se pone a nuestra consideración, muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Se emitieron 434 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 434 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal.*

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, para fijar posicionamiento de su grupo.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, el dictamen de la Comisión de Justicia que se somete a discusión el día de hoy se establece para tipificar como delito de abuso de autoridad a quien impida el ingreso, retenga documentación o condicione la permanencia de un alumno a cambio de una contraprestación económica o en especie, y sancionarlo de tres días hasta tres años de prisión, y la multa hasta de 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

En el artículo 3o. constitucional se establecen los principios de la educación pública, la cual debe ser obligatoria, laica y gratuita. Estos principios jurídicos delinean el derecho humano de la educación que asiste a nuestras niñas, niños y jóvenes de nuestro país, derecho que debe garantizar el Estado mexicano y los tres ámbitos de gobierno, de acuerdo a la concurrencia y de facultades para brindar el servicio educativo.

La educación es un asunto central de la agenda nacional. Todos los actores políticos, sociales y económicos coinciden en la primacía de la educación para lograr mejores niveles de bienestar colectivo e individual. También ponen especial atención en la calidad de la educación, como un modelo que permita a los educandos recibir los conocimientos de manera adecuada, pertinente y oportuna, considerando que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe incidir en la competencia y habilidades de nuestros estudiantes.

En este marco, es preciso reconocer que hasta hoy las asociaciones de padres de familia convienen en establecer aportaciones voluntarias para la adquisición de los insumos básicos de higiene y limpieza que las autoridades educativas no proporcionan a las escuelas.

De igual forma, es preciso aclarar que las cuotas escolares y su administración no es responsabilidad de las maestras y de los maestros, sino de las propias asociaciones de padres de familia, mismas que están reguladas por las autoridades mediante reglamento.

No podemos negar que la precariedad con la que funcionan la mayoría de las escuelas públicas del país está estrechamente vinculada con la falta de compromiso para otorgar el financiamiento público educativo en 8 por ciento del producto interno bruto, como lo establece la ley, como tampoco podemos eludir el hecho de que la omisión de las autoridades educativas, que por años han provocado el deterioro y abandono de miles de escuelas públicas en todo el país.

Para Nueva Alianza, la educación es una tarea de todos; la reforma al sistema educativo en marcha es una oportunidad para corregir deficiencias, inequidades y rezagos.

Rechazamos tajantemente cualquier acción tendiente a limitar el libre ejercicio del derecho de la educación pública. Pero igualmente consideramos indispensable que con la misma contundencia debemos exigir el cumplimiento de la obligación del Estado de certificar que en cada plantel educativo se reciban los recursos económicos necesarios para la contratación del personal de limpieza y secretarial, la reparación de servicios sanitarios, hidráulicos, de electricidad, la pintura e impermeabilización de aulas y el pago de servicios de luz, agua y otros servicios, así como la adquisición de gises, escobas, trapeadores, cloro, etcétera y demás elementos necesarios para garantizar ambientes escolares, seguros y saludables.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará en contra del dictamen, porque rechazamos el intento de criminalizar a los docentes y padres de familia; rechazamos las propuestas dirigidas a un sector específico, cuando el problema va más allá de esta situación.

Compañeras y compañeros legisladores, en lugar de este intento de exhibir a los trabajadores de la educación, los convocamos a definir los mecanismos a través de los cuales debemos sancionar también a las autoridades, que por omisión, negligencia o premeditación no ministren a las escuelas los recursos necesarios para su sostenimiento y eficiente operación, o no ejerza de manera racional, transparente y eficiente los recursos públicos destinados a la prestación de los servicios educativos.

El costo de atender esta obligación es apenas del 10.7 por ciento del gasto corriente del presupuesto educativo. Aproximadamente alrededor de 2 centésimas de punto porcentual del gasto programable. No es cuestión de suficiencia presupuestaria, sino de responsabilidad y eficaz administración. Repito, no podemos permitir se criminalicen a los educadores y a los padres de familia. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz, la diputada Zuleyma Huidobro González.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidenta. El pasado 13 de diciembre, durante la discusión que se llevó a cabo en esta honorable asamblea de la iniciativa que reformaba y adicionaba diversas disposiciones constitucionales en materia educativa, Movimiento Ciudadano, en voz del diputado Ricardo Mejía Berdeja, hizo notar la inconveniencia de aprobar apresuradamente el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales en algunos de los artículos de la misma, en específico al quinto transitorio en su fracción III, inciso A).

En aquella ocasión, el diputado Mejía señalaba que al aceptarse el contenido que enunciaba, en dicho artículo se establecían las condiciones para constitucionalizar el cobro de cuotas escolares. De hecho, durante el proceso de aprobación la diputada Luisa María Alcalde, argumentó en una reserva al quinto transitorio la pretensión inverosímil de pretender abrir la puerta legal para oficializar la solicitud de cuotas a padres de familia.

Días después, el 19 de diciembre, y luego de un procedimiento parlamentario extrañamente expedito —por decir lo menos— se discutió la minuta que devolvió el Senado de la República. Durante su discusión en lo general de nueva cuenta salieron a la luz objeciones que desestimaban la procedencia de aprobar una iniciativa educativa que facilitaba la posibilidad de legitimar la generalización de las cuotas escolares.

Esta discusión adquirió un matiz y un tono cada vez más absurdo y contradictorio, pues precisamente los miembros del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista fueron quienes defendieron con mayor ahínco y firmeza los cambios constitucionales, siendo que poco tiempo atrás, durante la pasada campaña electoral federal, se habían constituido como los principales promotores y baluartes de un total de gratuidad de la educación en México.

Pero el asunto de las cuotas escolares no es un necio debate, ni una visión contumaz, ni tampoco una estructura mental surgida de las academias Vázquez, como se ha señalado en esta asamblea. Es un asunto relevante que, más allá de las disputas partidistas, cobra enorme significancia cotidiana para una amplia esfera de la sociedad mexicana.

Resulta evidente que la educación que imparte el Estado en México es gratuita. El problema radica en otro orden de ideas, que resulta independientemente de las bondades que pudieran tener los cambios que se llevaron a efecto en nuestra norma máxima. Lo único cierto es que en este momento existe una redacción constitucional que pondera a la ambigüedad en esta temática.

La consigna de fortalecer la autonomía de gestión de escuelas resulta imprecisa, y por lo mismo sujeta a una interpretación discrecional de ciertos grupos o actores, y con ello la posibilidad de otorgarle un carácter de obligatoriedad a las llamadas cuotas voluntarias en las escuelas.

Sin embargo, esta ambigüedad jurídica, que solamente es en perjuicio de la población, de los educandos y sus familias, la quieren hoy subsanar gracias a la iniciativa que estamos discutiendo, iniciativa presentada con toda prontitud al inicio de ese segundo periodo ordinario de sesiones, lo que hace dudar de la inexistencia de casualidades afortunadas.

Originalmente la adición propuesta al Código Penal Federal presentada enunciaba una sanción de tres días a tres años de prisión. No obstante, el dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia, en el entendido de que no todo se puede penalizar, solo se sanciona con una multa administrativa a quien en el ejercicio de sus funciones de autoridad escolar condicione el ingreso y la permanencia o retenga la documentación de los alumnos a cambio de una contraprestación económica.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del presente dictamen, porque esta adición viene de alguna forma a atenuar por otra vía legal los excesos que se generaron al aprobar irreflexivamente el cuerpo de los cambios constitucionales en materia de educación, porque hoy los diputados del Partido Verde quieren lavar culpas, porque esta multa no terminará con el cobro de las cuotas escolares, inclusive las va a aumentar. Dudo mucho que los padres de familia en nuestro sistema procesal vayan a presentar una denuncia en contra de la autoridad escolar para que solo lo multen.

¿Cuánto tiempo va a pasar para que este proceso se desahogue? Tal vez pase mucho tiempo para que un certificado sea entregado. Esto solo provocará más injusticias de las que ya existen en nuestro país, pero al tiempo.

En un país con tantas carencias, en donde la pobreza y el desamparo institucional se extienden por todo el territorio de la nación, donde la educación que imparte el Estado resulta insuficiente e insatisfactoria, donde las condiciones materiales del proceso educativo son escasas y deplorables, donde la solicitud de cuotas escolares es una práctica recurrente y evidente, donde muchas veces los padres de familia se ven impedidos a solucionar estos requerimientos inmorales e inconstitucionales, donde el abuso de las autoridades escolares resulta escandaloso, no solo por condicionar la educación, sino por exhibir a los alumnos y padres que no pueden solventar las imposiciones, pulverizando con ello su integridad emocional, su dignidad como personas y sus mínimos derechos humanos.

Todo individuo tiene derecho a recibir educación —dice la Constitución— y ésta deberá de ser gratuita. De ninguna manera convenida y restringida.

Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para alumnos, maestros y padres de familia, tal como reza el quinto transitorio, solo es un largo eufemismo para señalar la procedencia de las cuotas escolares.

Ojalá que esta experiencia parlamentaria nos señale las rutas de la prudencia y la sensatez y no los meandros de la confusión y desolación jurídica; ello abonaría en la tarea comunitaria de desterrar todo acento de soberbia y arrogancia. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputada. Por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz el diputado Ricardo Astudillo Suárez.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Con su permiso, presidenta. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Me parece que ese es un punto de partida para el dictamen que hoy estamos discutiendo y deliberando.

La propuesta en concreto es no criminalizar absolutamente a ningún funcionario; la propuesta es un inicio a lo que podemos implementar como legisladores y que tenga uno de los fines, me parece que más satisfactorios de todo nuestro país, que a ningún niño, que a ningún joven, de cualquier nivel que sea su educación, se le restrinja la entrada, el acceso, la retención de documentos o la oportunidad de poder continuar, terminar su vida de educación y profesional.

Lo que estamos planteando y que es muy concreto, es al revés —me parece— de lo que aquí se expuso. Estamos alentando y estamos a favor de las aportaciones en suma de los padres de familia, de las organizaciones, de los jóvenes, que podamos fortalecer lo que tiene que ver con la infraestructura, que por supuesto lo reconocemos y aquí mismo lo discutimos en la reforma educativa que aprobamos.

Hay un problema en México serio, sí, por supuesto. Los que hemos estado recorriendo —como muchos de ustedes— nuestros distritos, los municipios a lo largo y ancho de nuestro país conocemos las necesidades, sabemos que se organizan en faenas de trabajo para poder garantizar servicios básicos en las escuelas, como son las letrinas, útiles escolares, salones, ventanas, seguridad dentro de las mismas, transporte a todos aquellos alumnos que tienen que caminar algunos kilómetros para llegar a sus escuelas y que nosotros no los desalentemos, sino que todo lo contrario, sumemos esfuerzos, compañeras y compañeros, diputados. Es el momento de unirnos como fuerzas políticas y que busquemos tener un fin que sea común para la educación de los niños y de los jóvenes de México.

Hemos hablado en esta tribuna de que depende de lo que nosotros podamos aportar, en lo que autorizamos en esta asamblea y que se vea reflejado en la realidad. Lo que hoy se está planteando simplemente no es criminalizar a ningún funcionario, es sí prohibir lo que acabamos de mencionar en el Código Penal Federal: que no exista ningún plantel, ningún municipio, ninguna comunidad, por más alejada que se encuentre de sus propias capitales, en donde se pueda restringir la educación gratuita, uno de los derechos —nos parece en nuestro grupo— de los más importantes que tenemos en nuestro país y que tenemos que hacer valer como legisladores, el hecho de que podamos tener propuestas concretas por las que muchas familias, muchos niños, muchos jóvenes no se sientan discriminados por el hecho de que no puedan aportar una cuota. Pero si sí lo pueden hacer, todo lo contrario, es el momento de sumar, es el momento de ayudar a todos aquellos que no lo pueden hacer.

Me ha tocado estar en diferentes escuelas en nuestro distrito —en este tercer cargo que ocupo de elección popular— y me he dado cuenta de que en muchos padres de familia, muchos jóvenes y niños sí existe el compañerismo y sí ayudan y apoyan a aquel que menos tiene.

Me ha tocado ver a padres de familia que se ofrecen a proporcionar la mano de obra en lo que llaman las faenas o jornadas de trabajo de apoyo para la infraestructura escolar, que sabemos que es un problema que tenemos que resolver poco a poco.

Los invito a que reflexionemos, a que sumemos este esfuerzo y que podamos empezar a afianzar, en lo que tiene que ver con sí sancionar a cualquier persona, cualquier institución, cualquier funcionario que pudiese presentar alguna anomalía.

Existen diferentes tipos de sanciones, por supuesto. Lo que estamos proponiendo es una sanción pecuniaria, no estamos tratando de criminalizar ni de sancionar con cárcel, como aquí se mencionó. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en el uso de la voz la diputada Margarita Tapia Fonllem.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem:Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Con su permiso, señora presidenta. Creo que todas y todos los legisladores de todos los partidos políticos estamos de acuerdo con la gratuidad de la educación.

El Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen, porque estamos a favor de la gratuidad, del carácter universal y del carácter laico de la educación en México.

Creo que si hubiéramos tenido tiempo para dar la discusión de esta propuesta del Partido Verde, del diputado Tomás Torres Mercado, en el seno de la Comisión de Justicia, habríamos tenido oportunidad de intercambiar puntos de vista, de convencernos y de adoptar las medidas más adecuadas. De hecho —habría que decirlo— en el proceso de discusión acelerado que se dio, la penalización de cárcel fue eliminada del dictamen. Hoy estamos hablando de que hay que defender la gratuidad de la educación, y en eso no podemos ir en contra.

En nuestro país la educación pública se desarrolla —y lo sabemos— sobre todo en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias en condiciones a veces lamentables, en condiciones de precariedad.

El compromiso que tenemos como legisladores y también el compromiso que tiene el Estado mexicano, es que con la reciente reforma educativa se puedan solventar esos problemas que existen en nuestra educación.

Nuestros niños merecen una educación con calidad, una educación digna, una educación que brinde respeto a sus derechos humanos, pero también los maestros merecen esas condiciones adecuadas para el desarrollo de su labor. A veces las condiciones precarias en que se encuentran los planteles educativos han llevado a la práctica de cobro de cuotas.

En la discusión se dice: bueno, pero esto no ocurre en todos lados. Pero ocurre, y no podemos permitir que ni un solo servidor público cobre por los servicios que son gratuitos en nuestro país.

Por esa razón, el dictamen que hoy nos ocupa establece una multa de 1 a 300 días del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, si es que el servidor público condiciona la entrada del niño o de la joven o del joven, por no haber cubierto esta supuesta cuota escolar.

Creo que el dictamen, la propuesta que se hizo, que se hace en este dictamen, de sancionar a aquellos servidores públicos que están violando la gratuidad de la educación, es correcto; creo que debemos en este debate, en esta discusión que estamos dando, refrendar nuestro compromiso para luchar porque exista un mayor presupuesto para el campo educativo para que verdaderamente estemos brindando las condiciones para que la calidad educativa pueda ser mejor y para que nuestros niños, y nuestras niñas y nuestros maestros desarrollen la actividad educativa en buenas condiciones.

No quiero dejar pasar que este tema tan importante debió de haber sido discutido en el seno de la comisión, porque si no hacemos la discusión en las comisiones ordinarias que tenemos en esta Cámara de Diputados, es doblemente difícil que nos pongamos de acuerdo.

El PRD entonces votará a favor por la defensa de la gratuidad de la educación y por evitar la práctica de algunos servidores públicos para enriquecerse o para hacer acciones de poder en beneficio personal. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias diputada. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz el diputado Gerardo Hernández Tapia.

El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia:Con el permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, la educación es un derecho humano cuya gratuidad está fuera de toda duda, máxime que esta cualidad se encuentra prevista de manera precisa en la fracción IV del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala a la letra que: Toda la educación que el Estado imparta será gratuita.

La iniciativa que ahora se pone a nuestra consideración va más allá de la simple proyección del texto constitucional hacia sus leyes reglamentarias, sino que establece una sanción dirigida a quien en el ejercicio de sus funciones de autoridad escolar impida el ingreso o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del Estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básicos o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas, en dinero o en especie, estableciendo una sanción de tres días hasta tres años de prisión y multa hasta de 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien cometa dicho delito.

Lo anterior cobra especial relevancia toda vez que, aunque reconocemos que existen muchos directores y profesores que acuden honestamente a los padres de familia, a fin de solicitar su colaboración en el mantenimiento de los planteles escolares, rubro en el que el propio gobierno federal ha reconocido graves rezagos, también los hay que se han valido de esta necesidad apremiante para presionar de tal modo a los padres, llegando al exceso de prohibir o restringir la entrada de los alumnos a las escuelas, violentando con ello un principio básico sobre el que descansa el sistema educativo nacional.

La conducta desplegada en este sentido por los directores y maestros violenta, no solo el espíritu de nuestra Carta Magna, sino que es contrario a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley General de Educación, el cual señala a la letra que es un derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, el colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos.

Pero no solo eso, también transgrede lo establecido en el artículo 67 de la propia ley de la materia, el cual dispone que las asociaciones de los padres de familia tendrán por objeto colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles, participar en la aplicación de las cooperaciones, numerarios, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar, y proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores.

Nótese que la ley ve la participación de los padres de familia y las organizaciones que los representan en el mejoramiento de los planteles como una prerrogativa, pero no como un imperativo que ante el incumplimiento traiga aparejada sanción alguna, por lo que es arbitrario tomar a los alumnos como rehenes frente a la imposibilidad o la negativa llana para cooperar con dinero o en especie en este rubro.

Derivado de lo anterior, los diputados del PRI compartimos el razonamiento asentado en el dictamen, por medio del cual se establece que la adición propuesta al artículo 215 Bis del Código Penal Federal, tendiente de equiparar con el abuso de autoridad la negativa o el retardo en el otorgamiento de un servicio público, como lo es la educación, ya que esto permitirá el ejercicio pleno del derecho a la educación, mayor equidad educativa e igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos, sancionando a quienes soliciten contraprestaciones económicas en dinero o en especie por prestar este servicio.

Elevar la conducta que motiva esta iniciativa a tipo penal traerá como consecuencia la reflexión de los posibles sujetos activos, al existir una medida coercitiva para quien cometa este delito, y procurar se abstenga de llevarlo a cabo. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para discusión en lo general y en lo particular, los siguientes diputados: diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, en contra; diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD, en pro; diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, en contra, y diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México, en pro, cerrando así la lista de discusión de este dictamen.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Monral Ávila, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores, es grave lo que se está haciendo. Quiero hacerlo con la mayor seriedad posible, como siempre intento hacerlo, porque lo que intenta la mayoría al aprobar esta ley, este artículo 215 Bis al Código Penal Federal es verdaderamente inusitado, absurdo; es una ley draconiana.

¿Ustedes saben quién era Dracón? Dracón fue el primer legislador de la antigua Grecia, que vivía a finales del siglo VII antes de Cristo y que recibió como encargo redactar el primer código criminal griego; redactó leyes muy duras, terminó exiliado. Nunca se resolvió el problema del país. Por eso le llamamos a ésta una ley draconiana.

¿Quién piensa que se va a resolver el cobro de cuotas en las escuelas con una ley tan absurda? Les pregunto a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD, a los del PT, ¿creen que es correcto esto que están haciendo?

Primero, en la Constitución, en el quinto transitorio establecen la posibilidad de cobrar cuotas en la Constitución y luego en la ley reglamentaria, Código Penal, establecen una sanción a los maestros que se atrevan a cobrar cuotas, ¿saben cuál es la sanción que les aplican a los maestros que se atreven a cobrar cuotas? Lo equiparan al delito de abuso de autoridad y el delito de abuso de autoridad se castiga hasta con ocho años de prisión, además de la inhabilitación y la suspensión del cargo de maestro.

¿Cómo hay gente que esté pensando en que esto se va a resolver así? De verdad, diputados, ¿no vale la pena que hagamos un alto y digamos: no aprobemos esa ley draconiana?

Al maestro de la sierra, al maestro de la montaña, al que no hemos escuchado, hoy lo vamos a criminalizar.

¿Tiempo? Tiempo deberías tener para escuchar los argumentos contra esta ley que quieren aprobar. Es grave, es grave señores diputados, no puede pasar de noche.

Miren, los que saben derecho penal, los abogados y hasta los estudiantes de derecho, saben que la pena es un juicio de valor ético social, de carácter público, que recae sobre el delincuente por haber cometido una infracción jurídica. La pena, en consecuencia, tiene un acento negativo; por ello, siempre implicará un carácter de mal.

¿Eso es lo que quieren hacer con los maestros? ¿Con las maestras? ¿No les parece un exceso? Primero, aprueban la Constitución en el artículo quinto transitorio y ahora pretenden la mayoría aprobar una ley draconiana.

Estoy dispuesto a debatirlo, con toda seriedad. No estoy descalificando a nadie, es un argumento jurídico penal. La filosofía del derecho en materia penal está orientada a evitar una conducta antijurídica, que pone en riesgo la convivencia social de los ciudadanos.

Díganme, los maestros que están cobrando cuotas, en los que nosotros estamos en contra, ahora los vas a criminalizar con ocho años de prisión, equiparando el delito abuso de autoridad y además a correrlos, a suspenderlos y a privarlos de su encargo, agravada una situación, que no podrán tener un cargo porque quedarán inhabilitados por ocho años.

¿Eso es lo que quieren? ¿No les parece que la pradera está muy seca para seguir incendiándola? ¿No les parece grave lo que está sucediendo? Me parece de verdad, reflexiónenlo. Ojalá y esta Cámara se permitiera el debate de bis a bis, cara a cara, porque lo único que hacemos es monólogos y posiciones individuales de cada uno.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la palabra, por la fracción parlamentaria del PRD, en pro, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: ¿Algún diputado me pidió la palabra? ¿No? ¿Quién me pidió la palabra? ¿No? Sí me piden la palabra, con muchos gusto les contesto. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No quieren? ¿No?

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, diputada presidenta. Pues yo sí vengo a tomar el guante, yo sí vengo a debatir, porque aquí me parece que lo que tenemos que hacer es informar a la sociedad, no desinformar.

El artículo 3o., fracción IV, no podría ser más inequívoco, dice: Toda la educación que imparta el Estado será gratuita. No dice nada más, no se presta a ninguna interpretación, etcétera. Creo que cualquier estudiante de derecho, del primer año, sabe que la presunción de intenciones malsanas entre los redactores de una legislación no pueden ir contra lo que dice de manera categórica y contundente el artículo 3o.

Las cuotas escolares en las escuelas eran anticonstitucionales antes de la reforma educativa, y seguirán siendo anticonstitucionales después de la reforma educativa. Decir lo contrario es mentir de manera desvergonzada. Pero además, lo único que va a cambiar —y es lo que estamos haciendo ahora— es que ahora quien viole la Constitución no tendrá impunidad. No habrá impunidad para quien viole la Constitución.

No es para el maestro rural o para la maestra rural, no, es para los directivos que secuestren los papeles de los niños y no suelten esos papeles, que van a impedir que ellos sigan, se formen, pasen a secundaria o puedan hacer su vida profesional, porque no han pagado una cuota que es inconstitucional; entonces, lo que estamos haciendo es eso.

Además, no hay pena de cárcel, a nadie lo van a llevar a una prisión de alta seguridad, es una multa de 1 a 300 días, porque no queremos impunidad para quien atente contra el derecho a los niños a seguir estudiando.

Quiero decir que hay que hacerle más caso a los votos que a las palabras. Ahora sí que de lengua me como un taco. Pueden decir, pueden hablar lo que quieran en contra de los monopolios, pero si votan a favor de los intereses de los monopolios, están con los monopolios; pueden decir lo que quieran acerca de la educación y en contra de la burocracia sindical, etcétera, pero si están votando a favor de que siga siendo mediocre la educación pública, entonces, están ahí sus intereses.

Quiero decir una cosa, a nadie más afecta una educación pública mediocre y de baja calidad que a los más desposeídos, a las clases más desposeídas, que no tienen la posibilidad de tener educación privada, y la única posibilidad es la educación pública, que necesitamos fuerte, que necesitamos vigorosa, que necesitamos de alta calidad.

Entonces, lo que está muriendo aquí es un mito; el mito de que viene la privatización de la educación con la reforma educativa, fue un mito. A los padres de familia se les engañaba diciendo: en septiembre les van a cobrar a sus hijos, lo hacían así para generar un problema social, precisamente para echarle fuego a la pradera, que efectivamente está seca. Esto es echarle agua a los cerillos de quienes están prendiendo la pradera seca, porque estamos diciendo: no solo tienen derecho a la educación pública y gratuita, no solo tienen derecho a la gratuidad, sino que además, si te están condicionando el pago para darte tus papeles eso es una sanción. Quien viole la Constitución y quien quiera violar la educación pública pagará una sanción.

No entiendo, de verdad que no entiendo que aquellos que defienden y que dicen defender la educación gratuita, estén en contra de que haya una multa. La verdad es que es de 1 a 300 días de salario mínimo. Perdón, nada que ver con las reformas draconianas de la Roma Imperial, totalmente lo contrario.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Diputado, ¿me permite una pregunta?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Sí, por supuesto que acepto una pregunta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido, por favor, a la curul del diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Diputado, con todo respeto, usted dice que solo es una sanción de 1 a 300 días a quien viole esa disposición. ¿Es así?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Sí, así es.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): ¿Nada más eso? ¿No establece ninguna sanción de tipo penal?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: De cárcel no.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Pues es un ignorante, diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: No. Lea la Gaceta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): ¿Por qué? Déjeme decirle, déjeme decirle, estoy en el uso de la palabra. ¿Sabe el contenido del artículo 215 Bis que se está discutiendo? ¿Lo conoce? ¿Lo puede leer? ¿Lo puede redactar? ¿Lo puede decir?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Pídale a la Secretaría que lo lea.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): No. Usted. Se lo estoy pidiendo a usted, porque la primera expresión, y ése es el problema de no permitir la discusión. Mire usted, lo que usted quiere aprobar dice: Se equipara. Se equipara al abuso de autoridad. Ése es un delito, diputado. Léalo, por favor, léalo.

¿Sabe usted, diputado, que el abuso de autoridad en los términos de la fracción I, V, X y XII, se establece una sanción de uno a ocho años de prisión? ¿Sabe usted también —le pregunto— que también tiene por disposición el que el desempeño se prive al maestro o a la persona que lo haga? También la sanción es que no podrían aceptar nombramientos, estarán inhabilitados por ocho años o más, ¿sí sabía usted qué está penalmente sancionado?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Miren, la verdad es que no sabía que el diputado que me hace la pregunta —el diputado Monreal— es defensor de aquellos que secuestran los papeles de los niños y les impiden seguir estudiando a cambio de esto.

Está bien, está bien. Qué bueno que se preocupe de todos, incluso de aquellos directores que secuestran los documentos de los niños. Qué bueno. Hay que preocuparse por todo.

A quien está defendiendo es a esa casta de gente aventajada, que quiere aprovecharse de la necesidad de la gente a seguir estudiando.

Ahora bien, le voy a leer...

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Está respondiendo pregunta, diputado Tomás, ¿nos permite tantito?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Puedo leer. Dice lo que estamos aquí aprobando.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado, permítame. Sonido en la curul del diputado Tomás. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Tomás Torres Mercado(desde la curul): Señora presidenta, creo que hay una confusión. Además de que la educación sirve, entre otras cosas, apoya para leer, para aprender a leer.

Para ilustrar a la asamblea y con la finalidad de que no se quede una confusión, le ruego a usted ordene a la Secretaría dé lectura al texto del artículo 215 Bis, al texto íntegro del 215 Bis.

Se observará que en momento alguno, en ninguna parte del texto se aborda pena de prisión. Se habla de equiparación al abuso de autoridad, pero es solo una sanción pecuniaria de 1 a 300 días, como lo está haciendo el orador.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se solicita a la Secretaría dé lectura al artículo en mención. Gracias. Lea el artículo por favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta, le pido que me dé la palabra posteriormente para alusiones personales.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Artículo 215-Bis. Se equipara al abuso de autoridad y se sancionará con multa de uno a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Diputado, fue una pregunta lo anterior, no es debate, no hay alusiones.

Termine, diputado, por favor concluya su participación. Hay más diputados anotados para la discusión de este tema.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Debatan. A ver si es cierto. Deme la palabra.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Contesté, por supuesto, la pregunta que se me hizo explícitamente y quiero decir que sí está perfectamente tipificado para aquel director que secuestre los papeles de un niño por no haber dado una contraprestación económica, para ellos procederá una multa de 1 a 300 días de salario mínimo. Está clarísimo.

El tipo penal está ahí, no se pueden buscar otras cosas. Ahora sí que es buscarle tres pies al gato al asunto de esto.

Simplemente decir que con esto queda claro, no debe de haber cuotas. Les estamos dando un mensaje a los padres de familia: si te están condicionando la entrega de los documentos a cambio de que tú pagues una contraprestación económica, es un delito y acúsalo para que tengan multa, porque lo que se tiene que cumplir es la Constitución, y la gratuidad es una cuestión inequívoca, es una cuestión contundente y es una situación que todos tenemos que respaldar.

La educación pública es gratuita y lo vamos a demostrar con votos, más que con palabras, con votos. Si queremos que haya impunidad para los que secuestran los papeles de los niños, o queremos que tengan una sanción para defender la gratuidad de la educación. Éste es el dilema que está en esta votación. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En contra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.

No hay alusiones, diputados, respondió a una pegunta, es todo. Ya tuvo la palabra usted para dar posicionamiento en contra, diputado. Continúe el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con esta enmienda al Código Penal están pretendiendo expiar sus culpas, limpiarse la cara de la constitucionalización en el artículo quinto transitorio, fracción III, inciso a), que establece las cuotas escolares.

Dice el artículo quinto transitorio, fracción III, inciso a): Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones para que alumnos, madres, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

Ahí abrieron la puerta en la Constitución al cobro de cuotas escolares y ahora quieren, en el Código Penal, sancionar lo que abrieron con la Constitución.

Como bien decía el diputado Ricardo Monreal Ávila, en este artículo 215 Bis del Código Penal, están equiparando al abuso de autoridad y en consecuencia, todas las sanciones que tienen que ver con este tipo penal serán para aquellos que —haciendo interpretación de este transitorio constitucional— cobren cuotas escolares. Eso es lo absurdo. Además de ello también van a aplicar la multa.

No quieren enfrentar las cosas como son y esta reforma que promueve el Partido Verde y apoyan los neo priistas del Pacto por México, tiene que ver precisamente con una manera de responder al incendio social que han estado provocando en varios estados del país, particularmente en el estado de Guerrero.

Este quinto transitorio es una de las causas de esta insurrección magisterial en el estado de Guerrero y es producto de la gran irresponsabilidad con la que se aprueban las reformas constitucionales.

Hoy ya es un escándalo nacional la venta de las playas y la venta de propiedades en las fronteras. Ése es el tamaño de la irreflexión. Por eso vamos a actuar en congruencia, nosotros nos opusimos a la reforma constitucional que establece el cobro de cuotas escolares, por eso no se puede criminalizar lo que ustedes mismos abrieron en la ley y por eso hay que ser congruentes y no venir a hacerle aquí al palero del PRI y a recibir aplausos del PRI.

Me recuerda muy bien a lo que decía Milán Kundera, a propósito de quienes hoy se regodean de ser pactistas: ser absolutamente moderno es ser un ingenioso aliado de sus sepultureros.

El PRI y el pacto van por la izquierda y hay quienes se ponen de tapete para que pasen por encima de ellos. Nosotros no vamos a actuar así y no vamos a criminalizar lo que abrieron ustedes en la Constitución en ese transitorio. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro, el diputado Tomás Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado:Gracias, presidenta. En la formación personal —no será el caso solo de quien les habla— he respetado, reconozco, tengo gratitud perenne por la fortaleza de instituciones y de personas. Para mí, como para muchos, la maestra o el maestro han significado un apostolado de libertades. De abandonar la montaña, de aprender a leer, de hacer legítima la aspiración de la familia de uno, de la superación personal y de su entorno social.

Por eso diré que respeto el posicionamiento de Nueva Alianza y de Movimiento Ciudadano, puedo compartirlo. Lo que no comparto es algo que es básico para trascender a ese derecho humano fundamental del artículo 3o.: saber leer; saber leer un dictamen obliga a enterarnos de lo que es materia del debate.

No establece la adición al 225 Bis, en ninguna parte de su texto, pena corporal. Un tipo penal se compone con la descripción de una conducta y una penalidad. Pero en el centro, compañeros, y lo digo: el eje del debate es —lo dijo Belaunzarán, lo dijo la compañera del PRD— el eje es que el 3o. constitucional establece la educación gratuita, y mienten quien dice que el quinto transitorio legitimara imponer las cuotas. Las prohíbe. La interpretación es tajante. Es absoluta. No condicionar —escúchese bien— la permanencia de los niños, el acceso de los niños y de las niñas, y el secuestro, en efecto, de su documentación a cambio de una cuota obligatoria impuesta.

Por eso el Grupo Parlamentario del Partido Verde evidentemente votará a favor, porque la educación pública gratuita —de donde venimos la mayoría— debe saldar una deuda histórica: de un 6 por ciento de la población de niños que no asisten a la escuela, de 6 a 14 años, un 7 por ciento que es analfabeta y que son mayores de 15 años.

Vayamos, refrendemos el compromiso compartido de hacer del derecho a la educación, el derecho humano más democrático y más liberador del ser humano. Gracias por su atención.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Para rectificación de hechos tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Monreal, hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Miren, ciudadanos diputados y diputadas. Sé que aquí hay buenos abogados, juristas, incluso, reconozco con toda seriedad que el abogado Tomás Torres es buen abogado. Pero hoy ha hecho malabares para explicar lo que él sabe que no es así. Incluso, él es experto en materia penal, él es especialista en materia penal.

No solo eso, por eso lo aludo, porque me gustaría hacer un debate y que él también me aludiera, porque esto es muy serio, de verdad.

No lo estoy descalificando ni a él ni a nadie, pero miren, si pueden lean el contenido de la exposición de motivos del propio dictamen que estamos discutiendo. Les voy a decir hasta la página, vean la página 47 —como en la escuela, pasen a la página 47— y en la página 47 del Anexo 4, dice: elevar la conducta que motivó que esta iniciativa a tipo penal —a tipo penal— traerá como consecuencia la reflexión de los posibles sujetos activos, al existir una medida coercitiva para quien cometa este delito. No es pues una sanción meramente administrativa.

Luego dice adelante, en el séptimo punto de la exposición de motivos, el capítulo tercero, abuso de autoridad. En su artículo 215, fracción III del Código Penal Federal describe como abuso de autoridad de los servidores públicos el retardo o negativa a los particulares de la prestación de este servicio, que tengan la obligación de otorgarles o impida la presentación.

Señores diputados, abogados, juristas, estudiantes de derecho, aficionados al derecho, gente con sentido común. El hecho de que diga el 215 Bis se equipara al abuso de autoridad, es obvio que se trate de establecer una sanción contra los maestros por ese delito de abuso de autoridad y que a partir de que lo aprueben, los maestros que cobren cuotas serán sometidos por esta ley por abuso de autoridad, porque esta Ley lo está equiparando a abuso de autoridad.

No necesariamente tiene que repetir la sanción, eso es de técnica jurídica, de técnica legislativa, de técnica jurídica penal.

Sí, por favor. Pregúnteme, diputada.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (desde la curul): Quisiera hacer una pregunta a la presidenta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: No quiere preguntar la diputada. Les digo, es un error lo que están cometiendo, diputados de la mayoría, es un grave error; es una ley draconiana, está criminalizando a los maestros; se establece un tipo penal, una sanción penal aparte de la sanción administrativa.

No cometan más errores, votemos en contra de este artículo 215 Bis, por el amor de Dios. No sigan cometiendo atropellos a la legislación.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sí, diputada. Sonido, por favor. ¿Es para rectificación de hechos?

La diputada María Sanjuana Cerda Franco(desde la curul): Así es, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Ya la tengo anotada, diputada.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (desde la curul): Gracias. Primero, quiero expresar el respeto para todos y cada uno...

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En tribuna, por favor. Gracias. Para rectificación de hechos, en el uso de la voz la diputada María Sanjuana Cerda Franco.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, presidenta. Gracias, compañeras y compañeros. Primero, quiero expresar el absoluto y total respeto a todos y cada uno de ustedes, y expresarles también que no para validar algo tenemos que descalificar a todos; creo que todos los que estamos aquí sabemos leer, por lo tanto, nadie puede dudar de lo que aquí estamos haciendo.

Coincidimos en el espíritu de esto, pero también tenemos que ver que en el contenido de la iniciativa, en su exposición de motivos, textualmente lo dice: La iniciativa tiene por objeto adicionar el artículo 215 Bis al Código Penal Federal, para equiparar como delito de abuso de autoridad. Es decir, lo estamos remitiendo a una sanción.

No estamos validando que se coaccione a alguien porque no paga cuotas. No se equivoquen. No distorsionen, con el único afán de cumplir un compromiso de campaña. Aquí hay un compromiso de campaña, como lo hubo antes cuando se penalizó otra cosa, se pretendió penalizar otra cosa.

Los maestros y las maestras de México estamos comprometidos con la educación pública gratuita y laica, pero no se vale que en esta tribuna descalifiquemos para sacar adelante una propuesta de campaña.

¿Por qué no reconocer que se cometió un error al fundamentarlo así como abuso de autoridad, porque lo están remitiendo a una penalización? Por favor, es de humanos rectificar. Qué cuesta rectificar y poner una...

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Perdón, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Huerta?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidenta, para rectificación de hechos.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Por lo tanto, les pido, respetuosamente, a todos y a todas, y principalmente a las diputadas maestras y maestros, cuidemos esto. Sí sabemos leer. Sí sabemos leer y que no vengan con una bandera queriendo justificar un lema de campaña, a distorsionar una información.

No soy abogada, soy maestra y no estoy defendiendo que se cobren cuotas, estoy defendiendo que se escriba como debe de ser, para que se lea correctamente. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En el uso de la voz la diputada Alfa González Magallanes, para una propuesta de modificación.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes:Con su permiso, presidenta. Se trata de presentar una reserva precisamente en el párrafo tercero. ¿Qué es lo que se busca con esta reserva? Que al momento de la aplicación de la ley no se suscite un debate como el que tenemos ahora, que no haya un debate innecesario y que no se preste a ningún tipo de interpretación, sino que exista simplemente una aplicación de la norma, para lo que proponemos que el texto sea el siguiente:

Artículo 215. Se sancionará con multa de uno a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del Estado, en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie.

Entonces, lo que estamos proponiendo, básicamente, es eliminar las dos palabras que iniciaron este debate o que suscitan este debate, que se quitaran. Gracias, presidenta.

«Propuesta de reserva y solicitud de modificación

Quienes suscribimos, diputados de la LXII Legislatura en el Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente reserva del dictamen con proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal, el cual fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara, el presente 29 de abril de 2013.

Párrafo tercero, del artículo 39.

Dice:

Artículo 215 Bis. Se equipara al abuso de autoridad y se sancionará con multa de uno a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie.

Debe decir:

Artículo 215 Bis.Se sancionará con multa de uno a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de  contraprestaciones económicas en dinero o en especie.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2013.— Suscribe, diputado Tomás Torres Mercado (rúbrica), diputada Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 215 Bis.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se acepta la modificación leída por la diputada, al artículo 215 Bis. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidenta, por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobada la modificación.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: No hay mociones sobre mociones, diputado. Ya estamos en las votaciones. Ya tuvo su oportunidad.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por la asamblea.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señora presidenta, se emitieron 380 votos a favor, 12 abstenciones, 50 en contra.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 380 votos el proyecto de decreto que adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.*

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno:Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El presente dictamen tiene por objeto atender esta minuta que nos fue enviada del Senado, pero haciendo algunas modificaciones, ya no al artículo 31, sino a otra parte del articulado de esta importante ley, con la intención de generar una serie de elementos que nos permitan establecer como residuos de manejo especial aquellas pilas que contienen litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc, en virtud de que son los elementos más utilizados en las baterías comerciales y cuyo alto volumen de consumo y consecuente deshecho producen efectos perjudiciales en el medio ambiente y los recursos naturales.

Es importante observar que según distintos estudios, particularmente uno del Instituto Nacional de Ecología, se estima que el consumo de pilas y baterías primas no recargables en el mercado formal nacional se incrementó en 13 veces durante el periodo 1996-2007, y que pasó de alrededor de 2 mil 500 toneladas, en el 96, a cerca de 32 mil 900 toneladas, en el 2007.

El incremento también es notorio en términos del consumo per cápita, que pasó de 5.2 pilas por habitante, en el 96, a 12.6 pilas por habitante, en 2007. Estas cifras reflejan un alza considerable, a pesar de que las estimaciones no incluyen el número de pilas contenidas en aparatos electrónicos importados ni el de pilas recargables, debido a la falta de series estadísticas históricas confiables.

Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que un alto porcentaje de residuos sólidos urbanos se disponen en tiraderos a cielo abierto, se habla en promedio en 2009 de 38 mil 325 toneladas de residuos sólidos urbanos que en México fueron dispuestas en sitios no controlados, agravando esto los problemas de contaminación derivados de la inadecuada disposición final de pilas y baterías, pues no debemos olvidar que éstas son causantes de 93 por ciento del mercurio en la basura doméstica, así como de 47 por ciento de zinc, 48 por ciento de cadmio, 22 por ciento de niquel, etcétera.

Al ser desechadas las pilas se oxidan por la descomposición de sus elementos y esto provoca daños a la carcasa o envoltura, por lo consiguiente se permite la liberación de sus componentes tóxicos al ambiente, a los suelos cercanos y a los cuerpos de aguas superficiales o subterráneas.

Otras causas de considerable importancia, que contribuyen a la liberación de estos componentes son los incendios en los basureros o la quema intencional de basura, lo cual representa reportes significativos de estos contaminantes al aire libre.

Quiero enunciarles algunas de las afectaciones a la salud, más allá de las afectaciones al medio ambiente que generan estos contenidos. El mercurio al mezclarse con el agua genera metilmercurio. Esto puede atravesar la placenta, acumularse y provocar daño en el cerebro y en los tejidos de los neonatos, también puede permitir que a través de la leche materna se generen problemas en el desarrollo, retrasos al andar, en el habla o mental, falta de coordinación, ceguera y hasta convulsiones en los bebés.

El cadmio, que también es una vía importante de contaminación, a través de la ingesta de agua contaminada y de alimentos que contienen cadmio, genera al respirarlo en altas dosis graves lesiones en los pulmones y cuando se ingiere, generalmente se acumula en los riñones.

El níquel, que es también una de las aportaciones que realizan algunas de estas pilas que se desechan de manera inadecuada, genera y se ha determinado que tiene elementos cancerígenos para seres humanos.

El manganeso llega a producir una enfermedad llamada manganismo, que afecta parte del cerebro que ayuda a controlar los movimientos. El litio puede llegar a generar síntomas por intoxicaciones agudas en enfermedades respiratorias, depresión del miocardio, edema pulmonar y estupor profundo.

Así me puedo seguir leyendo toda la serie de componentes que generan una afectación a la salud, específicamente en cuanto al contenido de pilas, y hay quienes se han atrevido a sostener que las pilas no son dañinas, que deben de ser tratadas como un residuo sólido urbano que llega lamentablemente en la mayor parte de los casos a tiraderos a cielo abierto.

Me pregunto si una pila se puede tratar como una hoja de papel que se pueda tirar a cualquier cesto de la basura; definitivamente una pila no va a generar el daño que genera una hoja ¿verdad? Pero hay quienes así se han atrevido a sostenerlo, debido a que también hay algunos estudios que dicen que las pilas pueden ser tratadas como un residuo sólido urbano, siempre y cuando estén sujetas a un proceso de disposición final adecuada, que es lo que lamentablemente en nuestro país no existe.

Es por ello que determinamos la necesidad de establecer un plan de manejo a las pilas, las cuales ahora serán tratadas como residuo de manejo especial y también consideramos importante pasar —termino, presidenta— a las pilas no solamente como residuo especial, sino también a un término de competencia de la federación; es decir, ahora tendremos que establecer elementos de coordinación entre municipios, estados y federación para atender la problemática de las pilas.

Concluyo diciendo: La vida es muy peligrosa, pareciera que las pilas también. Pero lo peligroso no son las personas que hacen el mal —y a final de cuentas creo que las pilas tampoco— lo peligroso son las personas que se sientan a ver lo que pasa y nunca intervienen para evitar que lo malo suceda. Eso lamentablemente es lo que está sucediendo con muchos de los generadores y productores de este residuo, se han sentado por años a ver qué es lo que pasa sin intervenir en formar parte de una solución.

Esperamos que todos ustedes decidan no ser uno más de los que se sienta a ver qué es lo que pasa y nos ayuden a intervenir en una solución efectiva en el tema de las pilas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para fijación de postura por la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, en el uso de la voz el diputado Fernando Bribiesca Sahagún.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la contaminación generada por desechar pilas de forma inadecuada es un grave problema que afronta México año tras año.

Por ello el gobierno, sumando esfuerzos a través de las diversas iniciativas, ha implementado una serie de acciones que comprenden ubicar contenedores especiales y organizar programas de reciclaje; sin embargo, estas acciones no han sido suficientes debido a los precarios resultados que se han tenido con respecto a su convocatoria.

Es preciso saber que en México se comercializan cada año aproximadamente 600 millones de pilas y baterías primarias, lo que representa un consumo anual promedio de seis pilas por habitante, sin considerar las que vienen incluidas en los aparatos nuevos.

Además del incremento en el consumo de estos productos, debemos agregar el descuido con el que tratamos los desechos de pilas y baterías primarias cuando los ciclos de carga de éstas se terminan. La falta de una cultura y políticas eficaces en el manejo de los residuos sólidos ha provocado que cuando el dispositivo es desechado en cualquier lugar, genera una grave contaminación derivada por la descomposición de sus elementos.

Compañeras y compañeros legisladores, con nuestro voto a favor del dictamen obligaremos a que las autoridades de los tres niveles, de manera coordinada, formulen, conduzcan y evalúen el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial.

Con ello, las pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc, estarán sujetas a un plan de manejo especial debido a los efectos perjudiciales que ocasionan al medio ambiente y los recursos naturales.

Las modificaciones a la ley obligarán a la elaboración e instrumentación de los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos, en cuanto a aquellos que se generan en las zonas urbanas.

Considero importante mencionar que lo establecido en las nuevas disposiciones no constituye una carga adicional para los productores, importadores, exportadores y distribuidores de pilas o baterías, sino que se trata de una responsabilidad asumida en el marco del principio de corresponsabilidad, establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como de la internacionalización de costos a que se refiere el principio de que quien contamina paga, consagrado en la Declaración de Río.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, comprometidos con el desarrollo sostenible, votaremos a favor de esta propuesta, ya que permitirá un mejor trato y destino final de estos residuos, evitando un perjuicio mayor al medio ambiente. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en el uso de la voz la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, la implementación de las políticas públicas que favorezcan un medio ambiente sano deben de ser una prioridad en la agenda de los países, en razón de las obligaciones internacionales que han adquirido los Estados

El desarrollo sustentable ha cobrado una enorme importancia en el entorno mundial y los organismos multilaterales han señalado la necesidad de que los gobiernos implementen medidas efectivas para el control y manejo de los residuos. Este es el tema que da origen al dictamen que estamos analizando, el cual propone reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En concreto, se busca modificar una serie de disposiciones de dicha ley para que las entidades federativas tengan la obligación de elaborar, en coordinación con el Ejecutivo federal, planes y programas de manejo integral de los residuos.

Asimismo se establece en el artículo relativo al manejo de residuos de manejo especial, las pilas y baterías que contienen materiales peligrosos como son litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas.

Con esta disposición las entidades federativas y el propio gobierno federal deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que este tipo de pilas y baterías sean desechados sin poner en riesgo al medio ambiente.

Estas modificaciones permitirán que nuestro país avance en dos aspectos relevantes; primero, regular el problema de la contaminación generado por la descomposición química de los residuos de las pila referidas en los párrafos anteriores, y dar cumplimiento a lo que el Estado mexicano tiene asumido en concierto con otras naciones a través del instrumento denominado Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Los datos de tipo estadístico no admiten duda de la necesidad de implementar un esfuerzo coordinado entre el gobierno federal y las entidades federativas.

De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Ecología, se estima que el consumo de pilas y baterías primarias no recargables en el mercado formal nacional, se incrementó en 13 veces durante el periodo 1996-2007, ya que pasó de alrededor de 2 mil 500 toneladas en 1996, a cerca de 32 mil 900 toneladas en 2007.

El propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha dado a conocer que un elevado porcentaje de residuos sólidos urbanos se disponen en tiraderos a cielo abierto. Así en 2009, de las 38 mil 325 toneladas de residuo sólidos urbanos generadas en México, 10 mil 725 fueron dispuestas finalmente en sitios no controlados.

Este tipo de hechos incrementa los problemas de contaminación derivados de la inadecuada disposición final de las referidas pilas y baterías, cuyos residuos tóxicos ponen en riesgo el equilibrio ecológico y la salud pública.

Por ello, los legisladores del Partido del Trabajo consideramos que el dictamen en comento es positivo y votaremos a favor del mismo. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señora presidenta. Quiero insistir en esta tribuna que es un error criminalizar a los maestros; primero hacemos la propuesta en la Constitución y luego nos queremos lavar las manos. Cuánta incongruencia hay.

En el tema que me toca hacer el posicionamiento a nombre de Movimiento Ciudadano, estaremos votando a favor de este dictamen, ya que desde el 2008 el hoy diputado Silvano Aureoles lo llevó al Senado y con mucha irresponsabilidad no se había atendido.

Por eso felicito a la presidenta de la Comisión del Medio Ambiente, porque ha demostrado mucho interés, mucha capacidad para sacar adelante estos dictámenes y es una de las comisiones con mayor productividad. Desarrollar una conciencia ambiental en el mundo es una tarea titánica de gobiernos y gobernados. No se puede ser indiferente ante una problemática que día con día deteriora el universo.

El uso irracional de las pilas y baterías, así como la irresponsabilidad con la que los habitantes nos conducimos al desechar toneladas de estos productos a cielo abierto generará, en un tiempo no muy lejano y para las nuevas generaciones, la alteración y mutación de las especies.

No es un tema menor. Tan solo imaginémonos la vida que se está gestando en los grandes basureros, en donde confluyen por una parte la fauna nociva, como ratones, cucarachas, gusanos, etcétera, y por otra, las radiaciones que producen este tipo de residuos sólidos. ¿Acaso no es preocupante pensar en una especie extraña, cuando en México se consumen alrededor de 10 millones de pilas y baterías desechables?

A pesar de que solo representan el 0.05 por ciento del total de los residuos sólidos urbanos que se generan en el país, muchos terminan en la basura o en tiraderos a cielo abierto, o cuando el mercado informal ha elevado su presencia, llegando a representar alrededor del 50 por ciento del total de pilas vendidas.

Este tipo de productos contiene sustancias químicas como el mercurio, que daña no solo nuestros recursos naturales, sino también la salud de los mexicanos y —como ya lo había expuesto la diputada presidenta de la Comisión del Medio Ambiente— por supuesto que trae problemas para la salud y es momento de tomar decisiones para cuidar nuestro ambiente.

Una pila del mercado formal puede tener una duración de entre 4 y 10 veces más que una pila del mercado informal, por lo que el fomento de este tipo de tecnologías pudiera significar una reducción de alrededor del 20 por ciento en la generación de pilas de residuo en el país.

En Estados Unidos de América se ha prohibido la venta de pilas con mercurio, y en la Unión Europea se han establecido límites para el mercurio y el cadmio. Una de las medidas de regulación más significativas a nivel internacional es la de regular las pilas de botón, estableciendo límites de 2 a 2.5 por ciento de mercurio para cada gramo de pila. El problema con el mercurio es que puede provocar daños irreversibles en el cerebro de los recién nacidos. También el cadmio —como ya se mencionó— puede ocasionar daños severos a pulmones, riñones, hígado, aparato digestivo y próstata.

Nuestro grupo parlamentario —como ya lo decía— va a votar a favor de este dictamen, y que desde aquí externamos nuestro acompañamiento, nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad con todos los maestros de este país, que han hecho maravillas a pesar de lo poco que tienen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputada. En el uso de la voz, por la fracción parlamentaria del PRD, la diputada Milkdret Marina Verde Avendaño.

La diputada Milkdret Marina Verde Avendaño:Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados, cada año se estima —según cálculos presentados por el Instituto Nacional de Ecología, en el informe: Las pilas en México— un diagnóstico ambiental en el que se comercializan en México más de 32 mil toneladas de pilas primarias no recargables. Esto sin cuantificar el consumo de pilas secundarias recargables. Los metales utilizados en estas pilas varían de forma considerable, incluyen desde mercurio, plomo, cadmio, cobre, zinc, manganeso y litio.

En México, el actual marco legal no ha fomentado un manejo adecuado de pilas y baterías, por lo que se termina desechándolas en cualquier lugar, desde un tiradero municipal, que además no llenan los requisitos estipulados en la normatividad ambiental que los regula, como suele ser el caso de la mayoría de los municipios, aumentando el riesgo si están cerca de un ecosistema frágil, de un cuerpo de agua, o si se emiten al aire sus componente tóxicos a través de la quema de basura.

Por ello, se considera que la eliminación de los residuos derivados de estos productos es fuente de contaminación atmosférica en el caso de incineración, y de contaminación del suelo y del agua en caso de vertido o enterramiento.

Una normativa adecuada debe permitir reducir la contaminación del ambiente por estos residuos. Además su reciclado ha de permitir recuperar miles de toneladas de metales y, en particular, metales preciosos como el níquel, el cobalto y la plata.

Esta situación lleva años de ser discutida. Por ejemplo, un artículo publicado en el 2004, en la Gaceta Ecológica número 72 del Instituto Nacional de Ecología, señala que actualmente no se conoce ningún estudio que evalúe el impacto ambiental ocasionado por la utilización y el manejo inadecuado de pilas y baterías en México.

Se sabe que varios componentes usados en su fabricación son tóxicos y, por tanto, la contaminación ambiental y los riesgos de afectar la salud y los ecosistemas dependen de la forma, lugar y volumen en que se han dispuesto o tratado este tipo de residuos.

Como se señala en el dictamen de la minuta en discusión, existen evidencias de toxicidad potencial de litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo y zinc, lo cual para surtir efecto se requiere que dichas sustancias alcancen concentraciones en el ambiente a los que se pueden exponer los seres vivos, en general suficientes para producir efectos adversos.

Es decir, se requiere dejar de considerar los residuos de las pilas y baterías generados como un problema menor para la salud humana y el ambiente; es urgente bajo un enfoque de precaución y prevención impulsar una política nacional ordenada integral sobre el tema.

Al respecto, desde fines del pasado siglo XX, los países desarrollados han impulsado diversas estrategias para la gestión y manejo ambientalmente adecuado de las pilas y baterías a lo largo de su ciclo, en especial se ha avanzado al establecer límites más estrictos en el contenido de metales pesados de las pilas y baterías, al establecer metas de acopio y reciclaje para las pilas, así como el fomentar la responsabilidad compartida de los productores, importadores, comercializadores, exportadores, consumidores; empresas de servicio de manejo de residuos y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para lograr que el manejo integral de las pilas a lo largo de su ciclo de vida sea ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y económicamente factible.

Ejemplos de regulación para una gestión integral de pilas existen en países como Estados Unidos de América o en la Unión Europea, integrantes todos ellos de la OCDE, de la que México también forma parte.

Hasta la fecha en México se ha sido menos eficiente. Por ejemplo, en el antes citado informe del Instituto Nacional de Ecología se señala que es necesario desarrollar en el país un programa integral de manejo ambientalmente sustentable de pilas, que en particular contenga tres elementos fundamentales; primero, desarrollar instrumentos de normatividad para que en México se comercialicen pilas con un contenido de mercurio y cadmio por debajo de los límites máximos permisibles establecidos en las regulaciones de países desarrollados y también para que se prohíba la comercialización de pilas de óxido de mercurio; establecer el co-etiquetado obligatorio, a fin de indicar los niveles de metales contenidos en las pilas, y fomentar programas de acopio y reciclado para recuperar metales y otros materiales; desarrollar programas de difusión para consumidores, comercializadores, organizaciones no gubernamentales y funcionarios de gobierno, que promuevan la responsabilidad compartida en el manejo adecuado de las pilas a lo largo de su ciclo de vida.

Creemos que con las reformas que se proponen en el proyecto de dictamen de esta minuta estamos dando los primeros pasos que son necesarios para lograr estas propuestas, ya que conforme a la correspondiente norma oficial mexicana se realizan planes de manejo de las pilas, como residuos de manejo especial, en donde la federación, las entidades federativas y los municipios compartirán responsabilidades para lograr una disposición segura de las pilas, con el objeto de garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y contribuir al desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de estos residuos.

Además, se promueve el lograr la responsabilidad compartida de las empresas responsables de la oferta de pilas, los propios consumidores y, en general, de todos aquellos agentes que participen en el ciclo de vida de las pilas eléctricas, que se busca sean corresponsables del acopio, tratamiento y reciclado, además de la eliminación ecológica de estos materiales al final de su vida útil.

Por lo anterior, daremos nuestro voto a favor de este dictamen al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Protección y Gestión Integral de Residuos.

Termino, no sin antes comentar que esta iniciativa fue propuesta por nuestro hoy coordinador Silvano Aureoles, en el Senado, por lo tanto, gracias. Es cuanto.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Patricia Lugo Barriga:Gracias, diputada presidenta. Diputadas y diputados compañeros, la exposición prolongada a un contaminante puede reducir en varios años la esperanza de vida de un ser humano. La contaminación es un factor de riesgo para la salud de las personas, llegando a producir enfermedades y otros trastornos.

En la ciudad existen dos tipos de contaminación, los más importantes son la atmosférica, causada principalmente por el transporte y el manejo de residuos; en los municipios pequeños el principal problema es el manejo de los residuos.

Según la Organización Mundial de la Salud, la mortandad ha aumentado a causa de la contaminación ambiental. En México, el manejo de los residuos sólidos urbanos es insuficiente e inadecuado; es insuficiente, porque en la mayoría de los municipios no se cuenta con la infraestructura para llevar el servicio de recolección y disposición final de los residuos; es inadecuado, porque existen deficiencias y limitaciones en la prestación del servicio y su aprovechamiento es escaso, comparado con países de igual o menor economía.

El número de rellenos sanitarios en nuestro país es escaso y la mayoría de los municipios dispone de tiraderos a suelo abierto, lo que produce contaminación del medio ambiente y riesgos para la salud humana. Las cifras oficiales del Inegi indican que un alto porcentaje de residuos sólidos urbanos se disponen en tiraderos a cielo abierto.

Así, en 2009, de las 38 mil 325 toneladas de residuos sólidos urbanos, generados en México, 10 mil 725 fueron dispuestas finalmente en sitios no controlados, agravándose los problemas de contaminación derivados de la inadecuada disposición final de pilas y baterías.

No debemos olvidar que éstas son las causantes del 93 por ciento del mercurio en la basura doméstica, así como el 47 por ciento del zinc, 48 por ciento del cadmio y el 22 por ciento del níquel, por ejemplo. Así, la exposición a los elementos provoca su rotura y liberación de componentes tóxicos.

Otras causas de considerable importancia que contribuyen a la liberación de esos componentes son los incendios de dichos basureros o la quema intencional de basura, lo que representan aportes significativos de esos contaminantes al aire.

El incremento de la demanda y uso de pilas y baterías y la inadecuada disposición final de ellas, por sus componentes, son un riesgo, por lo que resulta urgente la aplicación de instrumentos de política que permitan el adecuado manejo de éstos, potencialmente riesgosos para el medio ambiente, los ecosistemas y, por supuesto, los humanos.

Esta propuesta legislativa pretende que además de regularse el problema de contaminación, generado por la descomposición química de los residuos de las pilas, se dé cumplimiento a un deber del Estado mexicano, asumido en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo cuya proclamación de principios se sustenta, entre otros, en el considerando internacional de que los Estados deben procurar fomentar la internacionalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, tomando en cuenta el criterio de que el que contamina debe en principio cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.

De tal manera que quienes integramos el Grupo Parlamentario del PAN consideramos pertinente modificar el proyecto de decreto propuesto por el Senado de la República, sustituyendo la propuesta de reforma al artículo 31 con la adición de una fracción IX al artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, estableciendo que las pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, queden clasificadas como residuos de manejo especial. Y recorriendo la actual fracción IX, para que pase a ser fracción X del propio artículo 19.

Se trata de regular la implementación de un plan de manejo de residuos de manejo especial que comprenda, entre otros, los residuos de las pilas, que —como ya dije— permiten generación de energía en las mismas, en virtud de que son los elementos más utilizados en este tipo de producto comercial, cuyo alto volumen de consumo y consecuente desecho producen graves efectos en perjuicio del medio ambiente y los recursos naturales.

Como vemos, las soluciones a corto plazo son el fortalecimiento de las instituciones de gobierno, al otorgarle las herramientas necesarias; es decir, las facultades y atribuciones que permitan el manejo y coordinación de programas de desarrollo institucional que mejoren los procesos administrativos y la capacitación del personal técnico operativo encargado del manejo de los residuos de manejo especial.

Sin embargo, aun falta mucho por hacer respecto del manejo de éstos en múltiples acepciones, ya que además debemos concientizar a la ciudadanía involucrándola en los diferentes programas del gobierno federal o local, para que desde los hogares se inicie la separación de la basura y que se acuda a los diversos centros de acopio, facilitando así la labor de las instituciones.

Por tanto, los invito a apoyar esta reforma, en aras del fortalecimiento a la cultura de protección al medio ambiente para bien de nuestras generaciones futuras. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Por último, tiene la palabra el diputado José Luis Cruz Flores Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Luis Cruz Flores Gómez:Gracias, presidenta, con su permiso. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que resulta oportuno y necesario para México legislar en la implementación de un plan de manejo adecuado de residuos, el cual incluya la recolección, manejo y disposición final de las baterías que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc en beneficio de la salud de la población y de la conservación del medio ambiente.

Como ha sido señalado en el dictamen que nos ocupa y argumentado ampliamente por nuestra colegisladora, en nuestro país se comercializan cada año aproximadamente 600 millones de pilas y baterías, lo que representa un consumo anual promedio de seis pilas por habitante, sin considerar las que vienen incluidas ya en los aparatos nuevos.

Además, en el mercado informal la venta de estos productos se ha elevado, llegando a representar alrededor del 50 por ciento del total de pilas vendidas, lo que trae consigo una excesiva generación de residuos por una vida útil corta, derivada de su mala calidad, lo que nos lleva a tomar medidas urgentes para poner fin a esta problemática, ya que la mayor parte de estos residuos se disponen en tiraderos a cielo abierto, agravando los problemas de contaminación, derivados de la inadecuada disposición final de pilas y baterías, pues éstas son causantes del 93 por ciento del mercurio en la basura doméstica, así como el 47 por ciento del zinc, 48 por ciento del cadmio y el 22 por ciento del níquel.

Bajo el anterior orden de ideas es menester combinar la responsabilidad social de los productores, importadores, exportadores, distribuidores y, desde luego, consumidores de pilas con acciones institucionales firmes y decididas, derivadas de una legislación moderna y comprometida con la ecología y el desarrollo sustentable, al tiempo que impulsemos una cultura entre la sociedad que promueve el adecuado manejo de residuos tóxicos en los hogares mexicanos.

Es importante hacer conciencia de que al ser desechadas las pilas se oxidan por la descomposición de sus elementos y de la materia orgánica que las conforman, lo que provoca daños a la envoltura y por consiguiente la liberación de sus componentes tóxicos al ambiente, a los suelos cercanos y a los cuerpos de agua superficiales y subterráneos.

Por otro lado, debemos agregar que la liberación de esos componentes tóxicos se ve incrementada con los incendios de los basureros, lo cual representa un aporte significativo de contaminantes que dañan severamente a la salud, particularmente de los grupos más vulnerables.

Finalmente, es menester precisar la importancia de que los municipios y los estados del país, de manera conjunta con la federación, tomen conciencia de la gravedad de los hechos, a efecto de instrumentar las medidas necesarias tendientes a disminuir esta fuente de contaminación.

En este sentido y con profunda convicción de cuidar el medio ambiente y los recursos naturales de México, particularmente sus tierras y mantos acuíferos, nuestro voto será favorable para las reformas que nos han sido planteadas. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y no habiéndose reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz, por favor, diputados.

El diputado José Luis Valle Magaña (desde la curul): A favor.

La diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (desde la curul): A favor.

El diputado Hugo Jarquín (desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio León Mendívil (desde la curul): A favor.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla (desde la curul): A favor.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Presidenta, le informo que se emitieron 400 votos a favor, 3 abstenciones y 0 votos en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 400 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 82 de la Ley General de Protección Civil.*

Para fundamentar el dictamen tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Compañera diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar el dictamen que votó la semana pasada por unanimidad la Comisión de Protección Civil, mediante el cual se propone modificar los artículos 2 y 82 de la Ley de Protección Civil.

A pesar de que dicha ley tiene apenas un año de haber sido publicada, la Comisión de Protección Civil estimó pertinente incluir los fenómenos astronómicos propuestos por el científico diputado Eloy Martínez, pues habían sido omitidos en la redacción original. Es una modificación pequeña, pero no obstante relevante.

La iniciativa tiene varias particularidades; en primer lugar, fue presentada por un diputado del PRD; fue modificada a propuesta de la fracción parlamentaria del PRI, recogiendo elementos de la comunidad científica nacional a través de la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, y fue aprobada en una comisión presidida por Movimiento Ciudadano.

Los integrantes de la comisión estimamos por unanimidad que los fenómenos astronómicos representan un riesgo para la población, por lo que su conocimiento, análisis y monitoreo son acciones necesarias que nuestro sistema de protección civil debe incorporar. Existe evidencia de que los fenómenos espaciales son proclives a causar daños severos a la población y a los sistemas de comunicación e información y dado que ahora se cuenta —como nunca antes— con tecnologías e infraestructuras especialmente vulnerables a los fenómenos astronómicos.

La preocupación de la comunidad científica internacional ha tenido eco en distintos gobiernos que, como en los casos de Estados Unidos de América, Reino Unido, Rusia y España, han adaptado en distintos grados sus respectivos sistemas de protección civil para incluir los riesgos provocados por los fenómenos espaciales.

Por ello la comisión valoró el planteamiento de la iniciativa respecto a la importancia de definir nuevos lineamientos para las contingencias provocadas por eventos astronómicos.

En el proceso se incorporaron —como mencionaba— valiosas opiniones de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así como de la comunidad científica nacional. Se propone que la redacción final quede de la siguiente manera:

Para definir los fenómenos astronómicos se establece que son —entrecomillado— agentes perturbadores que se generan por la actividad del espacio exterior y que al interactuar con la Tierra ocasionan fenómenos destructivos, como pueden ser tormentas magnéticas, solares y meteoritos.

En virtud de estos razonamientos, solicitamos a ustedes su apoyo para sacar adelante esta iniciativa. Muchas gracias a todos por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Para fijar postura de su grupo parlamentario, tiene la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en pleno siglo XXI los avances tecnológicos, las nuevas categorías de trabajo y el incesante desarrollo del conocimiento humano son clara muestra de que los tiempos han cambiado. Asimismo las manifestaciones de la naturaleza son diferentes en el mundo y con ellas nuestras sociedades deben de adaptarse.

Nuestra responsabilidad es ajustar el marco legal a la realidad, y a los mexicanos y las mexicanas al tiempo que estamos viviendo. De ahí la importancia del dictamen de la Comisión de Protección Civil que hoy está a discusión.

La Ley General de Protección Civil no ha incorporado de manera explícita los fenómenos espaciales o astronómicos como posibles causantes de lesiones a la integridad física de las personas. Esto ocasiona que nuestros sistemas de prevención de desastres no estén listos para cualquier eventualidad de ese tipo.

Los hechos recientes en distintas partes del mundo, pero sobre todo en Rusia, resultan un serio llamado de atención, que no debiera ser soslayado por el Estado mexicano.

Mediante la incorporación a la Ley de Protección Civil de elementos y conceptos relacionados a la perturbación y posibles desastres causados por fenómenos astronómicos como meteoritos, asteroides y tormentas solares, se genera, en el marco jurídico que ayuda a las distintas instancias de protección civil, a prever y atender los aspectos nocivos de ese tipo de desastres naturales.

La incorporación de todos estos nuevos elementos en la normatividad vigente implica necesariamente adecuar las herramientas legales de estrategias, tanto de la Coordinación General de Protección Civil, como del Centro Nacional de Prevención de Desastres para responder asertivamente a las necesidades de prevención de la población.

Los fenómenos espaciales y astronómicos se generan por la constante actividad del espacio exterior, que al interactuar con la Tierra ocasionan eventos destructivos y ponen en riesgo la vida humana y pueden alterar el orden natural y social. Estos sin duda representan un riesgo latente para la población, por lo que su conocimiento, catalogación, análisis y monitoreo constante, son acciones necesarias que nuestro sistema de protección civil debe incorporar a su normatividad.

Es por estas razones que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos a favor del presente proyecto de dictamen que reforma los artículos 2 y 82 de la Ley General de Protección Civil, para definir y catalogar específicamente los fenómenos astronómicos como un desastre natural. Con ello obligaremos al Estado mexicano a considerar todas las medidas necesarias para la prevención de los efectos negativos de este tipo de tragedias.

Compañeras y compañeros legisladores, ajustar el marco legal a las realidades naturales debe ser prioridad del Estado mexicano; la prevención es un aspecto toral de las políticas en materia de protección civil, ya que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es cuanto, diputada presidenta; muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en meses recientes nos enteramos de la magnitud de desastres que es capaz de producir un fenómeno meteorológico de tipo astronómico.

En los Montes Urales, zona de Rusia, en la región de Cheliábinsk, se vivieron momentos intensos después de observar la caída de fragmentos de un meteorito que afectaría a cerca de mil personas. Daños materiales y lastimaduras en las personas fueron los resultados dejados por este tipo de materiales celestes que se ocasionaron por el impacto de múltiples fragmentos al paso por la órbita terrestre en su caída en esta parte de Rusia.

Por otro lado, como ejemplo, debemos hacer notar que en nuestro país uno de los eventos más representativos de esta naturaleza fue vivido en los límites de Veracruz y Puebla, en los alrededores de diversos municipios de la sierra nororiental del mismo estado, dejándose avistar por cientos de pobladores de Teziutlán, San Juan Acateno y Hueytamalco. Dicho evento meteorológico afortunadamente no causó estragos a las comunidades ni dejó a su paso daños que lamentar. No obstante, las autoridades de protección civil permanecen constantemente alertas ante cualquier repetición de este tipo, previniendo la seguridad de los habitantes, principalmente hasta donde dé alcance.

Hay que decirlo: ningún gobierno en el planeta tiene la capacidad de predecir con exactitud cuál será la magnitud de los daños que puedan ocasionar este tipo de fenómenos debido a la movilidad dinámica del contexto de la vida diaria en la que se desarrolla cualquier sociedad.

Lo que hoy se nos presenta en este dictamen tiene mucha razón de ser, pues se trata de contemplar con mayor amplitud el tipo de desastres que pudieran darse en condiciones semejantes a las que acabamos de describir.

Las inclusiones previstas en este dictamen a la Ley General de Protección Civil, en los términos de desastre y de fenómeno astronómico, a aquellos provenientes del espacio exterior y a los agentes perturbadores que se generan por la actividad del espacio exterior y que al interactuar con la Tierra ocasionan fenómenos destructivos como pueden ser tormentas magnéticas, solares y meteoritos.

Estamos seguros que con estas nuevas disposiciones, para los efectos de prevención de desastres y de protección civil, las autoridades en la materia sobre todo, así como instituciones educativas y científicas, tendrán mayores elementos para trabajar en beneficio de la sociedad mexicana y de fortalecer las políticas de prevención en materia de cooperación internacional.

Por las consideraciones antes expuestas, el Grupo Parlamentario del PT votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. No se encuentra la diputada.

Tiene ahora la palabra el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas:Muy buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta; compañeros integrantes de la LXII Legislatura. Antes de dar la argumentación que tenemos preparada, quiero agradecer precisamente a la Comisión de Protección Civil, a los integrantes de la misma, por haber valorado la importancia de este riesgo, que no por provenir del espacio y parecer ajeno a la vida cotidiana, nos exenta de las graves consecuencias de ignorarlo. Muchísimas gracias.

En los últimos años hemos sido testigos de enormes cambios climáticos, atmosféricos y meteorológicos que ha sufrido nuestro planeta a consecuencia de la actividad humana y de fenómenos fuera de él, como es la actividad espacial, mismos que nos obligan a pensar en que nuevos riesgos amenazan la estabilidad y el orden de la vida en nuestro planeta, que somos vulnerables a que desastres de enormes magnitudes, en los cuales no se ha profundizado un análisis y estudio para su prevención, provoquen muertes y destrucción masiva, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo.

A reserva de lo que puedan opinar muchos acerca de que esas cosas no pasan o que ocurren con poca frecuencia, o que ocurren una vez en cientos de años, estos fenómenos pueden ocurrir en la actualidad, como ya ha sido descrito de manera muy oportuna por mis compañeros diputados, quienes me antecedieron. La realidad es que debemos de estar atentos ante eventuales fenómenos, y es que según especialistas y centros de investigación no estamos preparados ante tales situaciones.

¿A qué nos referimos cuando mencionamos este tipo de fenómenos? Estos acontecimientos son los denominados fenómenos espaciales, que son aquellos agentes perturbadores —como ya se ha explicado— que se generan por la constante actividad del espacio exterior y que al interactuar con nuestro planeta —sabemos que formamos parte del espacio— ocasionan fenómenos destructivos, poniendo en riesgo a la vida humana, causando muerte o alternación al orden natural y social de la vida en la Tierra, y es así como podemos clasificar, por ejemplo, a las amenazadoras tormentas solares, las erupciones solares, los meteoritos, los meteoroides o los bólidos.

Cabe señalar que estos fenómenos son reales, y más allá de que son muy poco probables, este tipo de sucesos y fenómenos existen y son peligrosos. Estas afectaciones en nuestro planeta por asteroides serían graves, ya que al impactar con él ocasionarían daños al medio ambiente, tanto o más que un tsunami, tornados, huracanes, entre otros, como vimos en una pequeña muestra en la región de Rusia, lamentablemente, hace algunos meses.

Las rocas espaciales del tamaño de una montaña podrían incluso —en potencia— impactar contra la Tierra, provocando efectos a nivel global y puede que incluso se confunda con una explosión nuclear de origen terrestre, lo cual nos lleva a otro problema, porque podría ser esto interpretado como el inicio de una conflagración nuclear.

Este tipo de impactos son poco frecuentes, pero ya han sucedido antes; en consecuencia, los telescopios modernos han comenzado a rastrear el cielo en busca de algún peligro celeste que pudiera dar señales de estar aproximándose. Por ejemplo, en junio pasado fue descubierto un asteroide de unos 100 metros de diámetro y en febrero también algún asteroide pasó rozando incluso la órbita de los satélites geoestacionarios, poniendo en riesgo también el funcionamiento de los mismos.

Aunado a ello, existe otro riesgo latente que ya hemos referido, en cuanto a afectaciones a los sistemas de energía eléctrica y por el cual quizá deberíamos poner más atención a este punto. Esto se debe a los efectos de las eyecciones de masa coronal, consecuencia de la intensa actividad solar, que no es otra cosa más que partículas cargadas, nubes de partículas cargadas eléctricamente que pueden afectar el campo magnético de nuestro planeta.

Éste es un fenómeno que se repite cada 11 años, el aumento de la actividad solar, y que puede producir diversos efectos sobre nuestro planeta. Entre los más dañinos podemos destacar los problemas en las operaciones de satélites.

Imagínense los satélites quedando sin funcionamiento, lo que significaría en nuestra época; en las señales de onda corta de radio, que también afecta las comunicaciones y, en general, en las telecomunicaciones. Es un punto muy importante y por el cual México se encuentra muy vulnerable en las redes eléctricas que podrían verse colapsadas.

Regiones enteras de nuestro país sin energía eléctrica, colapsadas por una inusual actividad del sol, lo cual desde luego tendría implicaciones muy graves, y es que la alerta nos ha llegado precisamente de la Agencia Espacial Norteamericana, NASA, que en 2013 ha anunciado en este año que va a llegar a una etapa de su ciclo natural, el cual se puede prolongar con intensa actividad durante otros dos años más.

Incluso ya empieza a generalizarse la advertencia en los Estados Unidos de América, donde el Congreso de ese país hizo un llamamiento a sus ciudadanos sobre la necesidad de prepararse ante este fenómeno. El objetivo es desarrollar un plan de emergencia, de cara a una posible catástrofe debido a una tormenta solar.

Podemos decir que en México no existe este tipo de protocolos referentes para prevenir este tipo de desastres. Este mismo año se ha generado un debate bastante amplio entre la comunidad sobre el desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a descubrir, detectar y monitorear los objetos peligrosos en el espacio y la creciente actividad solar.

Por tal motivo, y finalmente, hemos creído prudente incluir dentro de la Ley General de Protección Civil y en el Mapa Nacional de Riesgos la categoría de riesgos espaciales para que, como lo han hecho en los Estados Unidos de América y Parlamentos europeos, tomemos cartas en este asunto tan relevante para la seguridad de nuestra población y hacer conciencia acerca de que el resguardo y la integridad de México es una cosa primordial.

Les invito a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último, tiene la palabra la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, desde los tiempos más lejanos la humanidad se ha preocupado sobremanera en comprender lo que ocurre en el espacio exterior y a pesar de los notables avances que se han tenido sobre el particular, sobre todo durante los últimos 60 años, lo cierto es que mientras más nos adentramos en el conocimiento del cosmos, más interrogantes se presentan.

A pesar lo que hasta ahora avanzado, que nos da una visión todavía muy pobre sobre el espacio, lo cierto es que gracias a los diversos estudios que se han realizado, así como el avance de las tecnologías, hoy podemos mantener un seguimiento constante de los fenómenos astronómicos, lo que nos ha permitido, primero, tener la conciencia de que existen fenómenos que pudieran ser generadores de algún riesgo inminente a la población o a lo largo del mundo, y segundo, tomar medidas para prevenirlos y actuar en caso de su presencia.

No podemos olvidar que el día 15 de febrero, en los Montes Urales, Rusia, se presentó la caída de un meteorito, viéndose afectada la sociedad e infraestructura de ese país, fenómeno que aunque inusual, su ocurrencia es algo que está presente y sus consecuencias pueden afectar gravemente cualquier parte del planeta. Obviamente nuestro país no está exento de la presencia de algún fenómeno astronómico que revista estas características, siendo de señalarse que tales sucesos no se limitan a la caída de meteoritos, sino que también existen las tormentas solares, así como la caída de basura espacial, entre otros.

Este tipo de hechos al hacerse presentes señalan grandes daños, provocan afectaciones en infraestructura y daños a la sociedad, generando que se vea alterada la forma de vida de todas las personas que habitan en él.

Las reformas que hoy tenemos a nuestra consideración están encaminadas a prever situaciones, como las descritas en el dictamen que nos ocupa, el cual resulta oportuno ya que estamos a un buen tiempo de emprender acciones de prevención, que nos encaminen a poder actuar de forma correcta, en caso de presentarse algún fenómeno astronómico.

La presente reforma conseguirá que se tenga más atención en la observación de nuestro espacio exterior, por lo que deberá fomentarse la investigación en este rubro, máxime que contamos con instituciones calificadas para ello, entre las que se encuentran el Instituto de Astronomía de la UNAM, el Observatorio Astronómico Nacional, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana.

Estar al pendiente de los hechos que se generan en el espacio no es una actividad ociosa ni materia de ciencia ficción, el cine o la literatura, pues del conocimiento que tengamos de nuestro entorno dependerá nuestro bienestar y forma de vida que llevamos.

Por tal motivo, la presente reforma no solo da un avance en la seguridad y prevención, sino que da la pauta a seguir llevando a cabo la investigación y seguimiento de los fenómenos astronómicos, de ahí nuestro voto favorable para este dictamen. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados y no habiéndose reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 402 votos en pro, 1 abstención y 0 en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 402 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 82 de la Ley General de Protección Civil. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

Por la comisión, para fundamentar el dictamen, tiene la palabra la diputada Alfa Eliana González Magallanes, hasta por cinco minutos.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes:Con su permiso, presidenta. Procuraré ser breve. Quiero agradecer, en primer término, a la Comisión de Gobernación por su apertura para dictaminar a favor de las demandas de los pueblos indígenas, lo cual se verá reflejado en la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 218, numeral 3.

En nuestro país existen 68 pueblos indígenas cuya población estimada por el XII Censo General de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística del año 2010 asciende a cerca de 15 millones de habitantes, el 13.35 por ciento de la población total nacional; es de importancia salvaguardar sus derechos, siendo uno de ellos el contar con una representación política al interior del Congreso de la Unión.

Pareciera que esta reforma es un pequeño paso, pero las grandes transformaciones se consiguen en muchas ocasiones de esta forma. Así como la lucha que hemos dado las mujeres para ser reconocidas en los espacios de representación —que por derecho nos corresponden— no ha sido de la noche a la mañana, sino a través de un proceso de concientización para transformar un problema cultural, hoy avanzamos reconociendo el derecho de las comunidades indígenas a la participación y representatividad en el sistema democrático mediante la obligación de los partidos políticos, en tanto a entidades de interés público de materializar dicho derecho a través de los mecanismos idóneos.

Es por ello que la Comisión de Gobernación coincidió en que los partidos políticos deben promover la participación de las comunidades indígenas a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, de conformidad a lo que establezca cada ente político, en el ámbito de sus facultades normativas, reglamentarias, fomentando la equidad y la participación, de acuerdo a las circunstancias particulares de cada distrito y circunscripción electoral, y con apego a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 218.

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán, en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género, así como la participación de los ciudadanos integrantes de los pueblos indígenas en la vida del país, a través de postulaciones a cargo de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Para fijar la postura de su grupo parlamentario sobre este dictamen, tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:No cabe duda que el Poder Legislativo no se quiere poner a la altura de los reclamos del pueblo de México. Éste es un tema de verdad estratégico, y nos apena cómo la Comisión de Gobernación le dio tratamiento a esta iniciativa.

Los diputados del Bronx, allá, del PRI, los que están gritando, no cabe duda que no tienen capacidad de subir a esta tribuna a desmentir lo que estamos diciendo, y seguramente les dan cuerda ahí sus coordinadores para estar tratando de distraer lo que queremos decir. Allá ustedes.

El pueblo de México obviamente tiene una opinión en particular de quien los representa, de su presidente, de Enrique Peña Nieto, y sin duda que refleja lo que ustedes son: el Bronx de San Lázaro.

Miren, decía que no está a la altura, porque obviamente esta reforma realmente lo menos que puede uno decir es que es abstracta, no dice cómo ni cuándo ni dónde vamos a lograr que los partidos políticos garanticen en términos, etcétera, la participación de los ciudadanos integrantes de los pueblos indígenas. Le recortaron la iniciativa a la propia proponente, que tenía alguna alternativa al respecto.

Pero a mí de lo que me interesa hablar es del racismo que priva en el Poder Ejecutivo federal y en el Poder Legislativo, que representan sobre todo los componentes del pacto contra México y sus aliados.

¿Por qué decimos eso? Porque miren, hoy justamente el comisionado nos manda un documento a los que somos miembros de la Comisión para la Concordia y Pacificación, Cocopa, y ahí mismo hablan en los objetivos globales de incorporar a la Constitución los derechos indígenas contenidos en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, etcétera. Ahí nos hablan de que pueden tener representaciones políticas en cargos de elección popular, aplicar sus sistemas normativos en la elección de sus autoridades, regulación y solución de sus conflictos internos, respetando las garantías individuales, etcétera.

Más allá de lo que esté declarado en ese documento, que sin duda lo vamos a estar debatiendo en próximos días —y no nos extraña el desinterés del Ejército Zapatista, representante de muchos pueblos indígenas y de muchos mexicanos, de no querer establecer diálogo con el Legislativo ni con el Ejecutivo— lo que nos preocupa es que no exista la sensibilidad y, en particular, de este Poder Legislativo, que al día de hoy no nos ha dado a conocer convocatoria alguna para la instalación de la Comisión Bicamaral, que como parte de los partidos, muchos estamos exigiendo que ya se instale esta comisión.

¿Será porque a Peña Nieto no le interesa —como no le interesó a las anteriores administraciones— cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar? y evidentemente es lo que ha alejado del diálogo a este sector tan importante en el proceso de transición que debe de vivir este país hacia la democracia, que todavía no ha existido en México y que lo hemos estado viendo en recientes eventos en el estado de Veracruz, y que todos aquí han estado conmocionados de cómo nada más a partir de las trampas quieren hacerse del poder y tener sojuzgada a la población.

Miren, para decirlo claramente, al día de hoy tan solo la clase política gobernante en el estado de México acumula una riqueza de 2 mil millones de dólares; sí estamos hablando de Montiel y sus muchachos. Mientras que en 30 años en el poder que dejó Carlos Salinas y que todavía sigue dirigiendo, ha dejado 7 millones de pobres, 2 y medio en extrema pobreza, y muchos sin duda en la población indígena.

Hoy más que nunca se observa el agravamiento de la crisis económica. Si bien nos va —y eso dicen ustedes— creceremos 2.5 por ciento de la economía y se requiere un 6 por ciento. Necesitamos un millón de empleos, y con todo y su pacto contra México, si bien nos va 300 mil empleos, y eso ya con toda la venta de garaje que Peña Nieto fue a hacer a China; ofreció la mano de obra y toda las reformas que ustedes han estado aprobando en detrimento de la población de México. Obviamente que así, evidentemente, no se resuelven los problemas del país.

Como ustedes están legislando están agravando los problemas del país y nada más basta ver la televisión para ver la reacción de los profesores de cómo son afectados con las políticas que ustedes están haciendo.

Evidentemente con sus gritos, señores diputados, todos los del PRI que están allá atrás, no hacen más que confirmar el espíritu racista del señoritingo que es Enrique Peña Nieto. Por más trampas que hayan hecho y evidentemente digan que gobiernan Chiapas, no queda duda que es a partir de la defraudación electoral y de burlar a la población indígena de este país. Estamos indignados de diputados como ustedes.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Para fijar postura por su grupo parlamentario, tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, la iniciativa presentada por la compañera diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD, para alcanzar un mayor número de legisladores representantes de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión, marca un paso más en la consecución de los derechos humanos en México.

Quienes votamos en favor del proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el numeral 3 del artículo 218, y el párrafo uno del artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo hicimos con la idea de hacer realidad el mandato del artículo 1o. constitucional, que prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Sin embargo, a pesar de ello y a pesar de la existencia de 68 pueblos indígenas en México —es decir el 13.35 por ciento de la población total nacional— tal precepto es quebrantado de forma cotidiana y hasta estructural en casi todos los ámbitos del acontecer nacional.

Larga ha sido la lucha por los derechos de nuestros pueblos originarios; esa lucha ha permitido avances y resultado de ella es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, instrumento de derecho internacional suscrito y ratificado por el Estado mexicano en el año de 1991, que establece derechos para estos pueblos y ha producido un impulso jurídico y político en materia de derechos indígenas.

En el caso que nos ocupa, es un hecho que la redistritación de los 300 distritos electorales uninominales realizada en el año 2005 por el Instituto Federal Electoral no se tradujo ni en mayor igualdad, ni en mayor presencia o, por lo menos, paritariamente equitativa de representantes indígenas en el Legislativo federal.

El artículo 1o. de la Carta Magna establece que todo individuo gozará de las garantías que ella otorga, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que la misma establece; es en este principio que se fundamenta la tesis integracionalista cuya pretensión es la integración de los grupos étnicos a la nación. Sin considerar que el auténtico espíritu de justicia y equidad debe basarse en el reconocimiento y el respeto del derecho a la diferencia cultural.

En este escenario, el espíritu de la iniciativa presentada pretende corregir desigualdades históricas de las que hemos sido sujetos y objeto los pueblos y comunidades indígenas y originarias.

El concepto de democracia que tenemos que construir debe incluir, además de la democracia política, la democracia económica, la democracia social, la democracia étnica, la democracia informativa, la democracia simbólica, la democracia, porque la democracia es un instrumento al servicio de finalidades colectivas sostenibles.

Bienvenida la reforma que obliga a los partidos políticos a promover y garantizar la igualdad de oportunidad, a procurar la paridad de género y la participación de los pueblos indígenas en la vida política del país a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

Bienvenida la disposición que establece la obligatoriedad de incluir en las listas de representación proporcional, en cada uno de sus segmentos, dos candidaturas de género distinto, de manera alternada y correspondiente a los pueblos indígenas.

Derivado de lo anterior, en el grupo parlamentario votamos a favor del presente dictamen, con la plena convicción de que tanto mujeres como hombres indígenas formamos parte de este México.

Por lo tanto, estaremos dando un voto a favor para que estos pueblos sigan siendo reconocidos en sus derechos y que no sea porque un tribunal lo designe. Muchas gracias, señoras.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Adán David Ruiz Gutiérrez:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la reforma constitucional en materia indígena, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, reformó los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115, por el cual se reconoció la cultura y los derechos indígenas. Dicha enmienda representó un gran avance en la construcción del sistema democrático que rige al país, así como una nueva relación con los pueblos indígenas y la sociedad.

El Censo de Población y Vivienda del año 2010 establece que más de 16 millones de personas son consideradas indígenas, por lo que se requiere seguir fortaleciendo los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, promoviendo estrategias y mecanismos tendientes al cumplimiento de los derechos reconocidos en la Carta Magna.

Con base en el primer párrafo del apartado B del artículo 2o., el Estado se obliga a establecer las políticas e instituciones para eliminar cualquier práctica discriminatoria hacia los indígenas.

El reconocimiento constitucional de las diferencias culturales actualiza el principio de igualdad de las personas ante la ley. La aspiración de eliminar los privilegios y neutralizar la aplicación de la ley será real cuando en la práctica se considere a todos como iguales.

Al obligarse el Estado a combatir toda forma de discriminación, en particular respecto de los indígenas, se coloca en una situación inédita: niega la homogeneidad cultural. Desde esta perspectiva, el Estado es promotor y garante de la pluriculturalidad del país, por lo que para que la igualdad se logre se tienen que tomar en cuenta las características culturales de los indígenas en las relaciones jurídicas, sociales y políticas.

Al tenor de lo anterior, es necesario seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos indígenas, por ello los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la iniciativa que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los partidos políticos promuevan y garanticen la participación de los ciudadanos integrantes de los pueblos indígenas en la vida política del país, a través de las postulaciones a cargos de elección en el Congreso de la Unión, tanto en la mayoría relativa como representación proporcional.

Con esta reforma se fortalecerá la participación de los integrantes de las comunidades indígenas en los cargos de elección y, en su caso, ser parte integrante de los órganos legislativos para que, mediante su propia voz, lleven ante el Congreso de la Unión acciones tendientes para hacer efectivos y reales sus derechos.

De esta manera, se materializa lo establecido en la fracción I, párrafo segundo, del artículo 41 de la Carta Magna, el cual señala que los partidos políticos como entidades de interés público tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, en este caso de la representación proporcional del sector indígena. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por tratarse de un dictamen de un solo artículo y no haber reservas, agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Se emitieron 425 votos a favor, 6 abstenciones y 0 en contra.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 425 votos el proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado José González Morfín

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión de 12 dictámenes con proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios; para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros, y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas.*

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, están a discusión en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra ni tampoco tengo conocimiento de que se haya reservado alguno de los dictámenes para votarse en lo particular, en consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los proyectos de decreto...

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un segundo. Sonido en la curul del diputado Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Gracias, presidente. Es que en la comisión hubimos representantes de partido que en el caso de las condecoraciones votamos en abstención y no así en el caso del permiso para el trabajo, igual en el caso del establecimiento de consulados. Si pudiera haber una diferenciación para votarlos así, porque si nos van a obligar a votar todo en abstención.

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir que me ayuden a separar los dictámenes que tienen condecoración, son 13 y 14 si no mal no recuerdo. Son el de Miguel Ángel Marín Solís, el que está en el número 13; el de Ricardo Flores González, que está en el lugar número 14, todos los demás o son permisos para trabajar en las embajadas o justamente permisos para que desempeñen el cargo de cónsul honorario.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Asimismo pediríamos que el 11 lo separara, que es el del otro de los cónsules.

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia no tiene inconveniente en hacer dos votaciones. Vamos a votar conjuntamente todos los demás, y en una segunda votación votaremos el que se encuentra en el lugar número 11, el que se encuentra en el lugar número 13 y el que se encuentra en el lugar número 14. Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos de cada uno de los proyectos de decreto, separando los mencionados por el presidente.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación. De viva voz, el diputado Villarreal García.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se emitieron 419 a favor, 6 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados por 419 votos los decretos por los que se concede permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas. Pasan al Senado y al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

PERMISO PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO - PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACION

El Presidente diputado José González Morfín: Vamos ahora a votar —también nominalmente— los dictámenes que se encuentran en los lugares 11, por el que se concede permiso a Martín Enrique Torres, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de Estonia en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y los dos por los que se concede permiso a Miguel Ángel Marín para aceptar y usar una condecoración, y a Ricardo Flores González igualmente.*

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo...

El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. Sonido en la curul del diputado Ricardo Monreal. ¿Desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal para referirse a estos dictámenes.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Es que está un poco aburrida la sesión, ciudadano presidente. Señor presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras, hago uso de la tribuna porque el tema a discutir que están próximos a votar, es precisamente la autorización del Congreso para el uso de condecoraciones o permisos para trabajar con gobiernos extranjeros o ser representantes honorarios de gobiernos extranjeros, y como ustedes acaban de votar la semana pasada que se suprimiera esta facultad, la acaban de cercenar con nuestro voto en contra, quise al menos recordar que esta facultad —que ahora estamos ejerciendo— en el próximo periodo de sesiones no la habrá.

Es una pena, porque todo el periodo de sesiones el Congreso retrocedió: el fuero, la declaración de procedencia, este tema de la autorización de condecoraciones y de permisos ustedes han votado para que se restrinja, se elimine de las facultades que ejercemos hasta ahora. Es probable que sea el último día y el último acto que ustedes votan las condecoraciones y los permisos, una regresión del Poder Legislativo.

A partir de la votación que la mayoría de ustedes hizo, será el Ejecutivo solamente el que autorice estas condecoraciones o autorice que trabajen mexicanos en gobiernos extranjeros. Han ustedes claudicado de una facultad de más de 100 años, desde 1857, y por eso vale la pena recordárselos, y recordarles que nosotros, en Movimiento Ciudadano, por congruencia votamos en contra.

Por esa razón, hoy, presidente, nos abstendremos en el último acto que tendrá el Congreso en estas facultades que ustedes se han autocercenado. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. No habiendo otra intervención solicitada, ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los tres proyectos de decreto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos mencionados por el presidente.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se emitieron a favor 375, 46 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados en lo general y en lo particular por 375 votos los proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario, y para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros. Pasan al Senado y al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción I; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 16 de abril de 2013, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta soberanía de la minuta proyecto de decreto que adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Contenido y objeto de la minuta:

A través de la minuta proyecto de decreto se pretende reformar el artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, con la finalidad de establecer un criterio adicional para distinguir a la energía hidráulica como fuente renovable de energía. Así, se plantea considerar como nuevo criterio la densidad de potencia, entendida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse lleno, cuando aquella sea superior a 10 watts/metro cuadrado.

De esa forma se propone adicionar un inciso c) a la fracción II del artículo 1o.de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

“ Artículo 1o. ...

...

I....

II....

a). ...

b). ...

c).Su densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, sea superior a 10 watts/m2.

III. a IV....”

Los argumentos tanto de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para sustentar el dictamen respectivo, así como los incluidos en la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a la minuta que se dictamina, coincidieron en los aspectos siguientes:

– Se debe aprovechar al máximo el potencial de energías renovables con que cuenta nuestro país.

–  Se debe disminuir y evitar el impacto ambiental, económico y social en el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica.

– Los actuales indicadores previstos en el artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética no son suficientes para determinar el beneficio potencial de un proyecto de generación de energía eléctrica.

– Se debe incluir en nuestra legislación indicadores que ya se permiten en instrumentos internacionales.

– Se debe incluir en nuestra legislación el indicador de densidad de potencia, el cual se refiere al flujo de energía que puede aprovecharse de una determinada unidad de volumen, superficie o masa. Indicador que ya es referente en la evaluación de proyectos de generación de electricidad a partir de fuente eólica, solar o hidroeléctrica.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la minuta, los integrantes de esta Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes:

III. Consideraciones:

Primera.Los integrantes de esta Comisión de Energía coinciden con colegisladora, en el sentido de incrementar el aprovechamiento de nuestras fuentes renovables de energía. Para ello, se estima conveniente mejorar constantemente la estructura jurídica que regula dichas fuentes renovables a fin de aprovechar al máximo el potencial que tiene nuestro país en esa materia.

Segunda.La minuta que se dictamina, como se ha indicado más arriba, pretende modificar el ámbito de aplicación de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, al adicionar un criterio para distinguir a la energía hidráulica como fuente renovable de energía; y así, considerar también la densidad de potencia, entendida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse.

Tercera.Actualmente, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, reconoce y regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar la electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Para el efecto, considera, como fuente de energía renovable, entre otras, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales.

A partir de la reciente reforma al artículo 1o. de la referida ley, publicada el 12 de enero de 2012, se excluye de su objeto algunas fuentes para generar electricidad, entre las cuales se encuentra la regulación de la energía hidráulica de fuentes con capacidad de generar más de 30 megawatts, excepto en dos casos, a saber:

a) Cuando se utilice un almacenamiento menor a 50 mil m3 de agua o se trate de un embalse con superficie menor a 1 hectárea y no se rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua; y,

b) Cuando se trate de un embalse ya existente, aún de capacidad mayor, que sea apto para generar electricidad.

Es decir, conforme a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, se tienen previstos como criterios para distinguir a la energía hidráulica como fuente de generación de electricidad renovables, la capacidad de generación no mayor a 30 megawatts; el volumen de almacenamiento menor a 50 mil m3; la superficie del embalse menor a 1 hectárea –sin rebasar el volumen de almacenamiento- y la preexistencia del embalse –no obstante que rebase la capacidad de generación-.

Cuarta. Se considera que el volumen de almacenamiento de una represa o el área de embalse no son suficientes para definir el beneficio potencial de un proyecto de generación hidráulca. Esto es así, ya que si la capacidad de generación es reducida, la afectación provocada por la superficie inundada es muy grande.

El factor que se introduce en la reforma de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética que aquí se dictamina, es un criterio utilizado en las metodologías aplicadas en la certificación de proyectos de generación de energía hidráulica como proyectos de desarrollo limpio, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Se trata de la densidad de potencia. Este factor es una mejor referencia, pues refleja el uso óptimo de los recursos y permite distinguir los proyectos que pueden tener un menor impacto ambiental, comparado con los beneficios por la generación de energía eléctrica.

El factor densidad de potencia, entonces, se define como el resultado de dividir la capacidad de generación instalada entre el área del embalse lleno.

Quinta.Los integrantes de esta Comisión de Energía estiman necesario precisar que nuestro país es parte de ese instrumento jurídico internacional, ya que ha firmado y ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático así como el Protocolo de Kyoto. Estos documentos se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1993 y el 24 de noviembre de 2000, respectivamente.

El Protocolo de Kyoto, que entró en vigor el 16 de febrero de 2005, en su artículo 12 establece el llamado Mecanismo para un Desarrollo Limpio con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo a lograr un desarrollo sostenible, así como ayudar a los países desarrollados a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

En el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio se han establecido determinados criterios para considerar como proyectos de desarrollo limpio a los basados en la generación de energía eléctrica hidráulica, a partir de considerar los límites de densidad de potencia de esos proyectos; es decir, se evalúan los límites de su capacidad de generación instalada dividida por la superficie inundada para ser estimados como proyectos de desarrollo limpio.

En los límites de densidad de potencia (watts/metro cuadrado) indicados en la referida metodología se establecen tres hipótesis:

a) Hidroeléctricas con densidad de potencia inferior o igual a 4 watts/metro cuadrado, no se estima como viable para ser proyecto de desarrollo limpio.

b) Hidroeléctricas con densidad de potencia superior a 4 watts/metro cuadrado e inferior a 10 watts/metro cuadrado con un factor de emisión condicionado, puede ser estimado como viable para ser proyecto de desarrollo limpio.

c) Hidroeléctricas con densidad de potencia superior a 10 watts/metro cuadrado, se estima como viable para ser proyecto de desarrollo limpio.

Este último criterio, es el que se ha considerado para ser inserto en el artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a fin de permitir que la energía eléctrica producida a partir de recursos hídricos con una densidad de potencia superior a 10 watts/metro cuadrado sea considerada como fuente renovable de energía y, por lo tanto, se considere del ámbito de aplicación de la citada ley y acorde con los criterios utilizado a partir de la implementación de los instrumentos jurídicos internacionales de los que nuestro país forma parte.

El beneficio de la reforma aquí dictaminada es indudable. Como antes se mencionó, se aprovechan mejor los recursos utilizados en la generación de energía limpia, con lo cual se contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Así las cosas y en atención a las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman viable el planteamiento previsto en la minuta y, por tanto, la aprueban en sus términos.

Por lo anteriormente expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Único. Se adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

“ Artículo 1o. ...

...

I. ...

II. ...

a) ...

b) ...

c) Su densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, sea superior a 10 watts/m .

III. a IV. ...”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Thresholds and criteria for the elegibility of hydroelectric power plants with reservoirs as CDM project activities.UNFCCC/CCNUCC. CDM-Executive Board. Report EB23. Annex 5. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://cdm.unfccc.int/EB/023/eb23_repan5.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de abril de 2013.

La Comisión de Energía, diputados:Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda, Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier  (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta, Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la voz el diputado Javier Treviño Cantú.

El diputado Javier Treviño Cantú:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el presente dictamen que se someterá a votación aprueba la minuta con proyecto de decreto en la que se pretende establecer una definición adicional para distinguir la energía hidráulica como fuente renovable de energía, a través de la implementación del nuevo criterio de densidad de potencia, entendida como la relación entre capacidad de generación y superficie de embalse lleno, cuando aquella sea superior a 10 watts sobre metro cuadrado.

Este factor es un criterio utilizado en las metodologías aplicadas en la certificación de proyectos de generación de energía hidráulica, como mecanismo de desarrollo limpio. Se puede definir como el resultado de dividir la capacidad de generación instalada entre el área de embalse lleno, con él se refleja el uso óptimo de los recursos y permite distinguir los proyectos que pueden tener un menor impacto ambiental comparado con los beneficios por la generación de energía eléctrica.

Este indicador tiene su origen en las metodologías y criterios emitidos por la Junta del Mecanismo de Desarrollo Limpio, perteneciente a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, por ello se estima adecuado que la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energía homologue criterios y se adhiera a los parámetros empleados por la comunidad internacional.

Actualmente, esta ley reconoce y regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables, y las tecnologías limpias para generar la electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, por lo que se consideran como fuente de energía renovable, entre otras, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales.

Conforme al texto actual de la ley, se tienen previstos como criterios para distinguir a la energía hidráulica como fuente de generación de electricidad renovables, la capacidad de generación no mayor a 30 megawatts, el volumen de almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos, la superficie del embalse menor a una hectárea sin rebasar el volumen de almacenamiento y la preexistencia del embalse, no obstante que rebase la capacidad de generación.

Se considera que el volumen de almacenamiento de una represa o el área de embalse no son suficientes para definir el beneficio potencial de un proyecto de generación hidráulica, por ello la inclusión del nuevo indicador que se propone permitiría aprovechar la energía hidroeléctrica proveniente de embalses mayores a los que en este momento dicha ley prevé, generando un impacto positivo en la reducción de emisiones de efecto invernadero y que de otra manera se limitarían al desarrollo de proyectos hidroeléctricos con una capacidad de 30 megawatts, que en ocasiones por la economía de escala de estos proyectos resultarían económicamente inviables bajo las condiciones de la normativa actual.

Con la implementación de este criterio se podrá aprovechar al máximo el potencial de energías renovables con las que cuenta el país, asimismo se ayudaría a disminuir el impacto ambiental maximizando el beneficio económico y social del desarrollo en los proyectos de generación de energía.

Por ello, es necesario reconocer como energías renovables aquellas centrales de generación hidroeléctrica que tienen una densidad de potencia mayor de 10 watts sobre metro cuadrado, tomando como indicador el concepto de densidad de potencia. Ello para optimizar la referencias en la regulación de proyectos energéticos hidráulicos considerados renovables y que sean los de menor impacto ambiental.

Estamos de acuerdo en la aprobación de la reforma propuesta, toda vez que anexar la excepción de mérito a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética permitiría cumplir con el objeto planteado dentro del mismo, consistente en el aprovechamiento de energías renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, y establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética, lo cual va estrechamente ligado al objetivo del Protocolo de Kioto, el cual se basa en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Asimismo se considera que con dicha reforma se podrían desarrollar programas que ayudarían a dar viabilidad económica a proyectos de energía renovable alineados con la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

El beneficio de la presente reforma es indudable; con su aprobación se aprovecharán mejor los recursos utilizados en la generación de energía limpia, contribuyendo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

La Comisión de Energía ha votado a favor del presente dictamen para adicionar este inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la mencionada ley. Con ello se reafirma el compromiso de los diputados de esta Legislatura con las energías limpias y a favor de prevenir y combatir los efectos nocivos del cambio climático que podría afectar a nuestro país. Nuestro compromiso es con energías limpias, renovables y que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz el diputado Juan Luis Martínez Martínez.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras, compañeros, en 1982; es decir, hace 30 años, México era autosuficiente en todo el sistema energético, eléctrico y petrolero. En petroquímica y sus derivados nuestro país ocupaba el quinto lugar mundial, mientras que al día de hoy se posiciona en el lugar 64.

La producción en millones de barriles de 1974 ascendía a 72 mil 500; sin embargo, en el 2006 descendió a 15 mil 514. La disminución de 25 mil 250 millones de barriles se debió a la pérdida del petróleo originada por la caída de presión que han sufrido los principales yacimientos.

Ante las cifras mencionadas, resulta evidente que es necesaria la implementación de mecanismos que permitan obtener energía de nuevas fuentes, con el afán de romper la enorme dependencia de petróleo e hidrocarburos existentes en la actualidad. Entre los objetivos que se deben perseguir se encuentran: el aprovechamiento máximo del potencial de energías renovables con que cuenta el país y la disminución del impacto ambiental en el desarrollo de proyectos de generación de electricidad.

El dictamen que hoy compete propone reformar el artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para establecer un requisito adicional que permita distinguir a la energía hidráulica como fuente renovable de energía.

Con base en esto, se plantea considerar como nuevo criterio la densidad de potencia, entendida como la relación entre la capacidad de generación y superficie del embalse lleno, cuando aquella sea superior a 10 watts por metro cuadrado.

Lo anterior resulta un avance importante, ya que los actuales lineamientos solo comprenden el volumen de almacenamiento de una represa y el área de retención, lo cual resulta insuficiente para definir el beneficio potencial de un proyecto de generación hidráulica.

Existen tres hipótesis dentro de la metodología por las que se puede evaluar la densidad de potencia; la primera, responde a hidroeléctricas con densidad, igual o menor a 4 watts por metro cuadrado; la segunda, a aquellas que se encuentran en un intervalo entre 4 y 10 watts por metro cuadrado, y la última, a la que se presentan con una mayor a 10 watts por metro cuadrado. Cabe mencionar que solo el último caso cuenta con la viabilidad necesaria para ser considerado un proyecto de desarrollo limpio, por lo que estamos de acuerdo con que sea éste el criterio el utilizado por el presente dictamen.

No obstante, vale la pena mencionar que el cambio implementado resulta necesario, pero no suficiente para responder a las demandas del país; si en realidad deseamos obtener cambios trascendentales, es urgente la implementación de medidas integrales que tiendan a un verdadero desarrollo sostenible.

En la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano consideramos que debe existir un equilibrio eficiente entre el desarrollo económico y el medio ambiente, que permita mitigar aquellas acciones que han degenerado en conductas que dañan a nuestro ecosistema.

Tomemos conciencia de que el cambio climático es un tema que no puede ser postergado por más tiempo, la problemática del medio ambiente debe ser parte fundamental en el contenido de cualquier política pública. Solo a través de medidas gubernamentales que involucren al sector económico, político y social y de medio ambiente podremos transitar a un equilibrio donde los recursos que se consuman hoy no comprometan a los del mañana.

Aprovecho esta máxima tribuna del país para hacer un exhorto a todos los gobiernos estatales y federales a no criminalizar a los maestros. Nosotros sabemos de su ardua labor que hacen sobre todo en las comunidades indígenas. Los movimientos no se dan por ocurrencia, sino es porque este país se está cayendo a pedazos con el desempleo, la inseguridad y la desatención brutal hacia las comunidades indígenas. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados. México ya decidió transformarse en un país más limpio en lo que tiene que ver con las energías renovables.

Contar con fuentes alternas, modernas, que nos ayuden no solamente a tener un mejor ambiente con los recursos naturales, sino que también nos ayuden a desarrollar y detonar el crecimiento económico y apoyar a ir quitando ese rezago y marginación social en las comunidades más alejadas de nuestro país, me parece que ése es el verdadero compromiso que tenemos que ligar entre un verdadero desarrollo sustentable, que cuente con el apoyo a lo más importante que tenemos en México y que es su gente; la gente que está esperando allá afuera el que podamos tomar decisiones aquí, en esta asamblea, aterrizándolas a lo que tiene que ver con su bienestar.

En esta propuesta sin duda es importantísimo el hecho de que se distinga la energía hidráulica como una energía alterna; es decir, que si se generan más de 10 watts, se pueda utilizar la potencia de densidad como un instrumento de medición.

Es un acierto el poder votar a favor esta reforma a la Ley de Energías Renovables en su artículo 1o., y que podamos formar ese criterio importantísimo en el ámbito de la diferenciación de las energías.

No solamente con estas decisiones estamos cumpliendo, respetando y, por supuesto, atendiendo el Protocolo de Kioto, protocolo que México suscribió y que ha sido uno de los países que han dado la cara a favor de nuestro medio ambiente, con los diferentes compromisos que hemos marcado y que nos hemos comprometido en el ámbito internacional.

Podríamos incluso ser un ejemplo para otros países que no lo han hecho y que están muy alejados de la realidad en lo que fue dicho protocolo.

En la Comisión de Energía, quiero comentarles que estamos trabajando, estamos organizados en subcomisiones, en grupos de trabajo, para poder proponer y estar listos al documento que será, sin duda, uno de los más importantes, me refiero al proyecto de la reforma energética.

Quiero hacer un reconocimiento al PRD, que ha trabajado en diferentes foros, en el que han utilizado como medio de comunicación lo más importante: la participación ciudadana y la participación de los expertos.

El acuerdo que tenemos en nuestro grupo, y que es parte del proyecto de nuestro coordinador, es seguir también con ese concepto; es decir, que dentro del Partido Verde también propondremos este tipo de participación, que nos parece de lo más acertado.

Tenemos que buscar los mecanismos para poder estar a la par de grandes países como Alemania, por ejemplo, países que nos llevan la delantera en todo lo que tiene que ver con las energías renovables, pero países que ya quisieran tener la situación geográfica que hoy tenemos y los recursos naturales con los cuales podemos contar, y que con ellos podemos dar una apertura certera a la inversión, podemos dar una apertura y un crecimiento a la economía de los mexicanos y podemos tener un ambiente amigable con el medio ambiente.

Compañeras y compañeros, estaremos trabajando, legislando, a favor de lo más importante que tenemos: las nuevas generaciones. Heredar un país con oportunidades, con logros ambientales, pero sin duda —algo muy relevante— un país que podamos aspirar a ser un México verde, un México sustentable y un México que nos enorgullezca a todos los que hoy formamos parte de esta Legislatura, en el que el tema del medio ambiente lo tomamos en serio. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Presidente, hay 420 votos a favor, 4 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 420 votos el proyecto de decreto que adiciona el inciso c) a la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

VOLUMEN III

LEY SOBRE LA CELEBRACION DE TRATADOS

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

A petición del Grupo Parlamentario del PRD, cuatro de los dictámenes serán votados por separado: de la Comisión de Salud, los que están en los lugares segundo, cuarto y sexto, y el de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en el lugar décimo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, le fue turnada una iniciativa que reforma los artículos 4 y 6 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, presentada por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo.

Con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto por los artículos 80, fracción II, 81, numeral 1, 85, 157, fracción I, 176, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y, una vez analizado el contenido del proyecto en comento, la Comisión de Relaciones Exteriores, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen con los siguientes apartados:

Antecedentes

1. El 12 de marzo de 2013, los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa para reformar los artículos 4 y 6 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

2. En la misma fecha fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido

Los iniciantes proponen reformar los artículos 4 y 6 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados para incluir en la redacción el concepto de “acuerdos interinstitucionales” en el segundo párrafo del artículo 40, con el propósito de que los mismos sean aprobados por el Senado de la República y deban ser publicados en el Diario Oficial de la Federación para ser obligatorios.

Metodología

La Comisión realiza el análisis y valoración de la iniciativa en comento mediante la valoración de los argumentos planteados en la exposición de motivos, asimismo, tuvo en cuenta el proceso legislativo actual por el que se expide una nueva Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados y que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, aprobada por el pleno del Senado de la República el 13 de abril de 2010 y por el pleno de la honorable Cámara de Diputados el 26 de abril de 2012 y devuelto en la misma fecha a la Cámara de Senadores para los efectos del Apartado E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (aprobación de las modificaciones).

Consideraciones

Primera.La Comisión de Relaciones Exteriores es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con la fundamentación legal expuesta en el proemio de este dictamen.

Segunda. Entre las consideraciones planteadas por los iniciantes en la exposición de motivos, destacan las siguientes:

Mencionan que la iniciativa tiene como fin lograr una mayor participación del Senado en el control de la política exterior, desarrollada por el Ejecutivo federal.

Asimismo, que la propuesta consiste en que los acuerdos interinstitucionales sean aprobados por parte del Senado de la misma forma que ocurre para los tratados conforme a lo dispuesto por el artículo 76, fracción I de la Constitución y, que esta iniciativa se encuentra correlacionada con otra que modifica dicha fracción de la Constitución Política para tal efecto.

Por consiguiente, se pretende reformar dichos dispositivos, para incluir en la redacción el concepto de acuerdos interinstitucionales.

Tercera.La Comisión considera que la propuesta objeto del presente dictamen resultaría jurídicamente inviable, toda vez que el párrafo segundo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos no ha sido reformado y actualmente sólo hace alusión a: “los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba” y no a los referidos acuerdos interinstitucionales.

Por otra parte, se destaca que actualmente se encuentra en proceso legislativo, una nueva Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, aprobada por el pleno del Senado de la República el 13 de abril de 2010 y por el pleno de la honorable Cámara de Diputados el 26 de abril de 2012 y devuelto en la misma fecha a la Cámara de Senadores para los efectos del Apartado E) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (aprobación de las reservas).

Por lo anterior, resultaría improcedente la reforma contenida en esta iniciativa al no haberse realizado previamente la constitucional. Además, resultaría nugatorio dictaminar favorablemente esta iniciativa al estar por concluirse el proceso legislativo de una nueva Ley que abroga la que ahora se pretende modificar.

Conclusiones

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores con base en las argumentaciones y reflexiones anteriormente expuestas, someten a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes:

Resolutivos

Primero. Se desecha la iniciativa por la que se reforman los artículos 4 y 6 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado (rúbrica), Fernando Zarate Salgado, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica),, Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), maría Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martin de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

LEY DE ACCION SOCIAL PARA LA PROMOCION Y PREVENCION CONTRA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD POBLACIONAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 primer párrafo, 85, 157, fracción I, 158, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente:

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 18 de diciembre de 2012, los diputados Alejandra López Noriega, Isaías Cortés Berumen y José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y Dictamen correspondiente.

3. Con fecha 3 de enero de 2013 por Acuerdo de la Mesa Directiva, se autoriza prorroga para que se dictamine dicha iniciativa.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto crear un ordenamiento jurídico que tenga por objeto promover la construcción de acciones de política pública integral y sistemática, en concordancia con las finalidades del derecho a la protección de la salud, en materia de acción social para la promoción y prevención contra el sobrepeso y la obesidad de la población mexicana. Establecer que corresponderá al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, entre otros puntos, presidir el Consejo Nacional para la Coordinación de la Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional, así como incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio que corresponda, el uno por ciento del presupuesto del ramo de salud, para la instrumentación de los programas y estrategias que determine el Consejo. El Consejo estará integrado por los Secretarios de Salud y de Educación Pública, los titulares de los servicios de salud, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, el Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el Director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, los presidentes nacionales de las principales empresas productoras de alimentos, y por tres ciudadanos designados por el Consejo de Salubridad General. Establecer que el Consejo, en coordinación con los gobiernos estatales y del Distrito Federal, promoverá que las acciones contra el sobrepeso y la obesidad no generen discriminación ni estigmatización de las personas afectadas por la obesidad o sobrepeso.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La OMS define el sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.

Según el mismo organismo mundial, el índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).

La definición de la OMS es la siguiente:

• Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.

• Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad.

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla a título indicativo porque es posible que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes personas.

La OMS en su página de Internet, presenta los siguientes datos sobre el sobrepeso y la obesidad:

• El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

• En 2008 se estimaban 1400 millones de adultos de 20 y más años tenían sobrepeso. De esta cifra, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos.

• En general, más de una de cada 10 personas de la población adulta mundial eran obesas.

• En 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 millones.

• En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor número de defunciones que la insuficiencia ponderal. Por ejemplo, el 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que la insuficiencia ponderal (estos países incluyen a todos los de ingresos altos y la mayoría de los de ingresos medianos).

Tercera. La iniciativa en comento, duplica preceptos que actualmente se encuentran previstos en las siguientes leyes generales o federales:

Ley General de Desarrollo Social en los artículos:

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

...

V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil;

Artículo 21. La distribución de los fondos de aportaciones federales y de los ramos generales relativos a los programas sociales de educación, salud, alimentación, infraestructura social y generación de empleos productivos y mejoramiento del ingreso se hará con criterios de equidad y transparencia, conforme a la normatividad aplicable.

Ley de Asistencia Social:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a) Desnutrición;

...

Ley General de Salud:

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

...

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

...

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

...

Artículo 6o. El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas;

...

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y minusválidos, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez;

...

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

...

IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

Artículo 114. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal.

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado.

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población;

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo;

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.

Por otra parte se han emitido las siguientes Normas Oficiales Mexicanas sobre el tema:

NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. La cual tiene por objetivo: Establecer los criterios para vigilar el estado de nutrición, crecimiento y desarrollo de la población de menores de un año, uno a cuatro años, cinco a nueve años y diez a diecinueve años.

NOM-008-SSA3-2010, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Cuyo objetivo es: establecer los criterios sanitarios para regular el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.

NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. Con el siguiente objetivo: establece los criterios que deben seguirse para orientar a la población en materia de alimentación.

Adicional a lo anterior se suscribió el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia para el Sobrepeso y la Obesidad, el cuál fue convocado por el Gobierno Federal y firmado por 15 dependencias públicas y organismos cupulares nacionales empresariales que tienen que ver con los alimentos o bebidas no alcohólicas, la producción agrícola, industrialización, comercialización, venta y consumo de alimentos; las instituciones académicas nacionales de mayor desarrollo en el tema de nutrición, actividad física, aspectos sociales y económicos del tema; la representación municipal nacional en salud, así como organismos sociales representantes nacionales de las profesiones de la salud, sindicatos y a la sociedad civil organizada para el tema.

Cuarta. De igual forma, resulta importante destacar la coordinación interinstitucional existente entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y los Gobiernos de las Entidades Federativas, con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, a efecto de formular, proponer y desarrollar programas de educación para la salud, que  prevengan la obesidad y promuevan el deporte.

Por lo cual es procedente señalar que la iniciativa que nos ocupa, pretende adicionar disposiciones que ya se encuentran contenidas de manera genérica en las Leyes antes expuestas, así como en diversos instrumentos normativos.

Bajo estas consideraciones, la Comisión de Salud da cuenta que los objetivos de la presente iniciativa analizada no son viables.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Resolutivo

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Acción Social para la Promoción y Prevención contra el Sobrepeso y la Obesidad Poblacional, presentada por los diputados Alejandra López Noriega, Isaías Cortés Berumen y José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido

Notas:

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 23, 51 Bis 1 y 58 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 28 de febrero de 2013, la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos los artículos 6o., 23, 51 Bis 1 y 58 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto incorporar la perspectiva de género en la programación y planificación de los servicios médicos y de salud. Considerar dentro de los objetivos del sistema nacional de salud, proporcionar servicios de salud a toda la población sin discriminación alguna, incorporando el enfoque de género y el acceso en igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres bajo un esquema de universalidad, eficiencia, confidencialidad, privacidad y solidaridad, así como brindar servicios de asistencia social a las mujeres en condición de vulnerabilidad y discapacitados. Considerar como servicio básico de salud el referente a la salud sexual y reproductiva, asimismo, establecer que los usuarios tendrán derecho a recibir información y orientación en la materia. Se establece la facultad de la comunidad de participar en los servicios de salud de los sectores público, social y privado, en la incorporación de la transversalidad del enfoque integral de la igualdad de género, para erradicar todas las inequidades que se presenten en la atención a la salud.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Con relación a la reforma propuesta al artículo 6 fracción I, en el texto vigente se puede leer lo siguiente:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas;

La propuesta pretende incorporar “sin discriminación alguna” e “incorporando el enfoque de género y el acceso en igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres bajo un esquema de universalidad, eficiencia, confidencialidad, privacidad y solidaridad”.

En la frase toda la población se incluyen todos y cada uno de los mexicanos e incluir la frase sin discriminación alguna, resulta innecesario, por otro lado, incluir el concepto de enfoque de género en una ley general es inapropiado, además en la redacción actual del artículo se incluyen tanto hombres como mujeres. No se debe perder de vista que el espíritu del artículo es enumerar los objetivos del sistema nacional de salud y en la redacción actual no hace distinción alguna.

Por su parte, la reforma de la fracción III del mismo artículo pretende incluir a los servicios de asistencia social, a mujeres en condición de vulnerabilidad y cambiar la palabra minusválidos por discapacitados, con relación a la primera adición es de señalar que el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social en su Fracción II señala lo siguiente:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. ...

II. Las mujeres:

a) En estado de gestación o lactancia y las madres adolescentes;

b) En situación de maltrato o abandono; y

c) En situación de explotación, incluyendo la sexual.

Como se observa la asistencia social a mujeres vulnerables, ya se encuentra contemplada en la Ley respectiva (asistencia social), por lo que se considera innecesaria su inclusión en el artículo 6 de la Ley General de Salud. Por lo que hace a la segunda parte de la reforma a esta fracción, es importante señalar que esta reforma ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación y forma parte de la ley vigente.

Tercera. La reforma que se pretende realizar del artículo 23 de la Ley General de Salud pretende que el texto vigente el cual señala:

Para los efectos de esta ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

Sea sustituido por el siguiente:

Para los efectos de esta ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo sin distinción de género con respeto y tolerancia a sus preferencias y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

Consideramos que la redacción actual no hace ninguna distinción de género ni preferencias, por lo que incluir la reforma propuesta no modificaría en lo absoluto el sentido actual del artículo ya que al hacer mención de “acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general”, incluye a todos los mexicanos sin distinción alguna.

Cuarta. La adición de una fracción XII al artículo 27 de la Ley General de Salud que pretende incluir a la salud reproductiva y sexual, sin embargo esta ya está contemplada en las fracciones I, II, IV y V, las cuales se enumeran a continuación:

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;

IV. La atención materno-infantil;

V. La planificación familiar;

Quinta. Por otra parte, la reforma del artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud que pretende agregar la salud sexual y salud reproductiva, a la actual redacción que señala lo siguiente:

Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.

Los miembros de esta comisión, consideramos que el texto vigente es lo bastante general y entendible, y creemos innecesario particularizarlo con la adición propuesta, ya que el actualmente contempla la salud en general, de la cual forma parte la salud reproductiva y sexual.

Sexta. Por último, la reforma de adición de una fracción VIII al Artículo 58 de la misma Ley, que se pretende diga lo siguiente:

VIII. En la incorporación de la transversalidad del enfoque integral de la igualdad de género, para erradicar todas las inequidades que se presenten en la atención a la salud.

Con relación a esta adición se debe señalar que las fracciones V, VI y VII que señalan lo siguiente:

V. Formulación de sugerencias para mejorar los servicios de salud;

VI. Información a las autoridades competentes de las irregularidades o deficiencias que se adviertan en la prestación de servicios de salud; y

VII. Otras actividades que coadyuven a la protección de la salud.

Ya contemplan lo que se pretende incorporar, sin perder de vista la Generalidad de la Ley, ya que ésta no excluye a ninguno de los géneros en los preceptos en ella vertidos.

Ante estas consideraciones, la Comisión de Salud toma a bien que esta Iniciativa no sea viable, ya que la reforma propuesta, se enfoca en temas particulares y las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos los artículos 6o., 23, 51 Bis 1 y 58 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, presentada por la diputada María del Roció Corona Nakamura del Partido Revolucionario Institucional, expediente número1289.

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; y 85; del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. El 21 de febrero de 2013, la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Transportes, para su dictamen correspondiente, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

3. Durante las dos primeras semanas de marzo de 2013, se llevó a cabo la investigación documental para allegarse de los elementos necesarios a efecto de elaborar el dictamen respectivo.

4. Durante las dos últimas semanas de marzo de 2013, se convocó a quienes estuvieran interesados en esta iniciativa, a enviar los comentarios respectivos.

5. El 16 de abril de 2013 se presentó, por parte de la Subcomisión de Transporte Carretero de Carga, el proyecto de dictamen al pleno de la Comisión de Transportes para su análisis y aprobación en su caso.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa plantea una reforma a los artículos 17, 35, 36 y una adición de los artículos 50A, 50B, 50C, 50D y 50E a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo Primero. Se adiciona una fracción X al artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Artículo 17. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. a IX.

X. El titular de la concesión o permiso omita cumplir o permita a sus conductores el incumplimiento ya sea de manera intencional o no intencional con los máximos de velocidad, peso, capacidad y dimensiones establecidos por la secretaría.

Artículo Segundo . Se reforma el párrafo segundo del artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Artículo 35. Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir con la verificación técnica de su condiciones físicas y mecánicas y obtener la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y términos que la secretaría establezca en la norma oficial mexicana respectiva.

Las empresas que cuenten con los elementos técnicos conforme a la norma oficial mexicana respectiva, podrán ellas mismas realizar la verificación técnica de sus vehículos; solicitando de manera inmediata y obligatoria, la posterior aprobación de la secretaria.

Artículo Tercero. Se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Artículo 36. Los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán obtener y, en su caso, renovar, la licencia federal que expida la secretaría, en los términos que establezca el reglamento respectivo. Quedan exceptuados de esta disposición los conductores de vehículos a los que se refieren los artículos 40 y 44.

El interesado deberá aprobar los cursos de capacitación y actualización de conocimientos teóricos y prácticos con vehículos o simuladores que se establezcan en el reglamento respectivo.

Los permisionarios están obligados a vigilar y constatar que los conductores de sus vehículos cuentan con la licencia federal vigente.

La secretaría llevará un registro de las licencias que otorgue.

Los conductores de vehículos que transitan en los caminos y puentes, deberán portar la licencia vigente que exijan las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo se abstendrán de conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas de abuso o rebasar los máximos de velocidad, de peso, capacidad y dimensiones establecidos por la secretaría.

El reglamento respectivo establecerá las causas de suspensión o cancelación de las licencias federales, así como las disposiciones relativas al tránsito.

Artículo Cuarto. Se adicionan los artículos 50A, 50B, 50C, 50D y 50E a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Artículo 50 A. Queda estrictamente prohibida la circulación de unidades de autotransporte de carga de dos o más articulaciones, remolques, semirremolques o ejes de carga y arrastre.

Artículo 50 B. Queda estrictamente prohibida la circulación de las unidades de autotransporte con un peso de carga mayor a 30 toneladas, con o sin elemento de arrastre.

Artículo 50 C. No habrá ninguna expedición, reconocimiento, aval o aprobación por parte de la secretaría de permisos que autorizan llevar temporalmente peso adicional al máximo permitido conforme a lo establecido en esta ley.

Artículo 50 D. Los conductores de unidades de autotransporte de carga están obligados a detener su circulación si las condiciones de visibilidad son mínimas y si las condiciones climáticas son desfavorables y reducen la capacidad de operación y control de las unidades; deteniendo su marcha y estacionándose en un lugar seguro hasta que las condiciones mejoren.

Artículo 50 E. Es obligación de todas las unidades de autotransporte de carga, contar con su comprobante-ticket de peso para poder circular.

La secretaría será la única responsable y facultada de verificar y emitir comprobantes-tickets de peso y dimensiones de las unidades de autotransporte de carga.

La emisión de los comprobantes-tickets de verificación de peso y dimensiones que emita la secretaría será únicamente en las básculas de verificación que ella opere y en ellos se detallará: fecha, hora, matrícula de la unidad, nombre del operador, tipo de carga, origen-destino y nombre del verificador responsable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

1. Con relación a la propuesta del artículo 17, se precisa que esta conducta debe sancionarse solamente cuando la conducta tenga carácter doloso, dada la severidad de la consecuencia, de no ser así, se estarían revocando los permisos correspondientes en todos los casos.

Asimismo, no es viable referir a la “concesión”, dado que el contenido se refiere al servicio de autotransporte federal o de transporte privado, y éstos requieren de permiso, más no de concesión.

2. El Reglamento de Peso y Dimensiones ya describe las sanciones económicas por el incumplimiento a las disposiciones del mismo.

3. Respecto al proyecto de reforma al párrafo segundo del artículo 35, se considera que ésta no es clara en su redacción ni en sus alcances, toda vez que se tendrá que considerar lo que establece la Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento, que señala la forma de verificación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas.

4. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha autorizado unidades de verificación a diversas empresas para que se autorregulen, mismas que al realizar sus verificaciones están obligadas a informar a la secretaría sobre el resultado de este proceso a través de un sistema informático diseñado para este efecto.

5. Respecto de la reforma al artículo 36, la propuesta pretende hacer imputable la responsabilidad al conductor por hechos relacionados con el peso, capacidad y dimensiones; no obstante que el artículo 10 del Reglamento de Peso y Dimensiones contempla que el usuario del autotransporte de carga y el autotransportista serán corresponsables en esta materia.

6. Por lo que hace a la propuesta de adicionar el artículo 50 A, se considera que la adición contiene inconsistencias, porque omite considerar lo siguiente:

• El Reglamento y Norma de Peso y Dimensiones vigentes, permite la circulación de los camiones doblemente articulados en carretas tipo ET, A y B y restringe su circulación por caminos C y D.

• Existen configuraciones vehiculares de carga que tiene 2 o más ejes que están conformadas así desde su fabricación, su uso es práctica internacional. Sin considerar los vehículos utilizados para cargas extraordinarias, que pueden tener 3 o más ejes.

7. Respecto del artículo 50 B, lo adecuado es establecer un peso bruto vehicular máximo por tipo de vehículo y camino, en lugar de establecer un límite a la carga. Toda vez que las descargas y esfuerzos que soporta la infraestructura son consecuencia de la suma del peso vehicular y el peso de lo que se transporta.

8. Por lo que hace a la propuesta del artículo 50 C, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal vigente, en su artículo 50, establece que tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial por cada viaje que otorgue la secretaría.

9. Asimismo se considera que los términos propuestos en el artículo 50 D, son bastantes subjetivos. Adicionalmente el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal ya contempla disposiciones por visibilidad durante el tránsito.

10. Por lo que hace a la propuesta de adición del artículo 50 E, se hace notar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no tiene facultades para realizar esta función, toda vez que le corresponde la verificación y no el pesaje, por lo que la propuesta implicaría reformar artículos de diversas disposiciones normativas.

Conclusiones

Estimamos que las disposiciones que se pretenden adicionar, ya están reguladas en el Reglamento de peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte federal y en la norma NOM-012-SCT-2-2008, la cual establece los pesos y dimensiones permitidos, las combinaciones vehiculares y la forma en que se evaluará el peso de las unidades, a través de centros fijos autorizados tomando en consideración que la secretaría actualmente cuenta con centros fijos sólo en algunos tramos carreteros, lo que propició que este servicio de pesaje se concesionara a particulares para aumentar la cobertura de que los vehículos al circular en carreteras se adapten a los pesos establecidos mismo que también se determina a través del peso que se señala en la carta de porte, por lo cual está superado el hecho de que sea la propia secretaría la que realice esta labor.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Transportes de esta Cámara de Diputados correspondiente a la LXII Legislatura, someten a la consideración del pleno de esta asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.

La Comisión de Transportes, diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez.»

LEY DE AVIACION CIVIL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil, presentado por el diputado Gerardo del Mazo Morales del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Expediente 0003.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  39, numerales 1 y 2,  y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 9 de noviembre de 2010, el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, sometió a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa que nos ocupa a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio  DGPL 61-II-1-0778.

3. El 30 de marzo de 2011, la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobó dictamen con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil.

4. El 27 de abril de 2011, la Comisión de Transportes presentó al pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, el dictamen correspondiente, mismo que fue aprobado por 349 votos en pro, 15 en contra y 8 abstenciones.

5. El 28 de abril de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales, el expediente con la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil.

6. En sesión de fecha 29 de abril de 2011, la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta de la Minuta correspondiente, turnándola a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.

7. Con fecha 13 de julio de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, Segunda para que se dictamine la iniciativa.

8. Con fecha (sic) de abril de 2012, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXI Legislatura, aprobaron el acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil y devolviéndose a la Cámara de Diputados en términos de lo dispuesto por la fracción D del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9. Con fecha 24 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, remitió a la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, que desecha Proyecto de Decreto por el que se reformaba y adicionaba los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil, por lo que devolvió el expediente respectivo.

10. Con fecha 4 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional, dictando trámite “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”.

11. En reunión de la Comisión de Transportes, celebrada el 11 de diciembre de 2012, se aprobó el programa para desahogar los asuntos en cartera.

12. Durante las dos primeras semanas de enero de 2013, se llevó a cabo la investigación documental para allegarse de los elementos necesarios a efecto de elaborar el dictamen respectivo.

13. Durante las dos últimas semanas de enero de 2013, se convocó a quienes estuvieran interesados en esta iniciativa, a enviar los comentarios respectivos.

14. Con fecha 19 de febrero de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar a la Subcomisión de Transporte Aéreo, para la elaboración del predictamen correspondiente, la presente iniciativa.

15. Con fecha 26 de febrero de 2013, se solicitó prórroga a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.

16. Con fecha 1 de marzo de 2013, la Mesa Directiva, autorizó prórroga.

Descripción de la iniciativa

Artículo Único. Se reforman las fracciones I y V del artículo 7, así como el primer párrafo del artículo 17 y se adiciona una fracción VI al artículo 6, recorriéndose las demás fracciones en su orden a la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. a V. ...

VI. Elaborar un plan semestral de verificación de cumplimiento estricto de los mecanismos de seguridad de los aeropuertos;

...

Artículo 7. ...

...

...

I. Vigilar y verificar permanentemente que los concesionarios, permisionarios, operadores de aeronaves y prestadores de servicios a la navegación aérea, cumplan de manera precisa con lo dispuesto en esta ley, su Reglamento, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables;

II. a IV. ...

V. Vigilar que con estricto cumplimiento se cumplan los protocolos de seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas;

VI. y VII. ...

Artículo 17. En la prestación de los servicios de transporte aéreo se deberán adoptar medidas necesarias de acuerdo a las leyes y normas correspondientes para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

La Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos tienen objetos diferentes, toda vez que mientras la primera de ellas tiene por objeto regular la explotación, el uso o aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, respecto de la prestación y desarrollo de los servicios de transporte aéreo civil y de Estado, la Ley de Aeropuertos tiene por objeto regular la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles.

En ese sentido, partiendo del fin que persigue la minuta al adicionar una fracción VI al artículo 6 de la Ley de Aviación Civil –elaborar un plan semestral de verificación de cumplimiento estricto de los mecanismos de seguridad en los aeropuertos– se considera que dicho ordenamiento legal no representa ser el instrumento idóneo para ello, dado que su objeto no es regular la operación de los aeropuertos. No obstante lo anterior, aún en el supuesto de considerar viable el proyecto legislativo, existen otras razones de derecho que hacen a la minuta en estudio improcedente, como a continuación se expone:

1. Invade el ámbito de competencia del Ejecutivo federal, ya que en los términos del artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes federales, por lo que es en el ámbito administrativo y no en el legislativo, donde se debe determinar la periodicidad con que se programarán y realizarán las verificaciones a los aeropuertos.

2. La autoridad aeroportuaria ya tiene prevista la atribución de llevar a cabo verificaciones, en términos de lo dispuesto en los artículos 6, 78 y 79 de la Ley de Aeropuertos. En efecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene la atribución de otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de dicho ordenamiento legal y verificar su cumplimiento de conformidad con los programas que para tal efecto se establezcan.

En efecto, el artículo 6 del citado ordenamiento dispone, de manera textual, que la Secretaría, como “autoridad aeroportuaria, tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:

• Planear, formular y establecer las políticas y programas para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional, de acuerdo a las necesidades del país, así como propiciar la adecuada operación de la aviación civil;

• Otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación o revocación;

• Establecer las normas básicas de seguridad en los aeródromos civiles;

• Vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar aeródromos civiles;

• Imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento a lo previsto en esta ley.

Asimismo, el artículo 78 de la citada Ley de Aeropuertos prevé que la Secretaría verificará el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables de conformidad con los programas que para tal efecto se establezcan y que los concesionarios o permisionarios y, en su caso los prestadores de servicios, estarán obligados a permitir el acceso a los verificadores de la Secretaría a sus instalaciones, a transportarlos en sus equipos para que realicen la verificación en términos de la presente Ley y, en general, a otorgarles todas las facilidades para estos fines, así como a proporcionar a la misma los informes con los datos que permitan conocer la construcción, administración, operación y explotación de los aeródromos civiles, y demás servicios relacionados.

Por otra parte, el proyecto legislativo propone reformar la fracción I del artículo 7 de la Ley de Aviación Civil, en los términos siguientes:

Artículo 7. ...

I. Vigilar y verificar permanentemente que los concesionarios, permisionarios, operadores de aeronaves y los prestadores de servicios a la navegación aérea, cumplan de manera precisa con lo dispuesto en esta ley, su Reglamento, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables”.

A este respecto, también se considera que la referida reforma es innecesaria y redundante, porque el cumplimiento de las leyes o de cualquier disposición jurídica, implica que sea de manera precisa, de lo contrario no habría tal cumplimiento.

3, En cuanto a la modificación a la fracción V del artículo 7 de la Ley de Aviación Civil, el proyecto propone:

Artículo 7. ...

Los comandantes regionales tendrán a su cargo las comandancias de aeropuerto, que expresamente les sean determinadas por la propia Dirección General de Aeronáutica Civil, los cuales ejercerán las atribuciones que a continuación se mencionan:

V. Vigilar que con estricto cumplimiento se cumplan los protocolos de seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas:

Sobre el particular, se advierte que la mencionada reforma es improcedente, debido a que no precisa a qué “protocolos de seguridad y eficiencia” se refiere y tampoco señala en que disposición de nuestro orden jurídico se sustenta la exigibilidad de cumplimiento de dichos “protocolos”.

Además, la referida reforma es innecesaria, porque la fracción I del citado artículo 7 de la Ley de Aviación Civil, ya dispone que los comandantes regionales vigilarán y verificarán permanentemente que los concesionarios, permisionarios, operadores de aeronaves y los prestadores de servicios a la navegación aérea, cumplan con lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil, el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Finalmente, el proyecto legislativo propone la modificación al párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Aviación Civil:

Artículo 17. En la prestación de los servicios de transporte aéreo se deberán adoptar las medidas necesarias de acuerdo a las leyes y normas correspondientes para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros.

Dicha modificación también se considera innecesaria, en razón de que la fracción I del artículo 7 de la Ley de Aviación Civil ya dispone que los concesionarios y permisionarios, operadores de aeronaves y los prestadores de servicios a la navegación aérea, deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil, su reglamento, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

Por otra parte, la Comisión de Transportes que suscribe comparte totalmente los criterios con los que la Cámara de Senadores elaboró la minuta en estudio, por lo que los transcribe en sus términos.

La adición de una nueva fracción VI al artículo 6 de la Ley de Aviación materia de la minuta a estudio, de aprobarse en esos términos por esta Soberanía, invadiría el ámbito competencial de la Ley de Aeropuertos, además de que derivado del análisis del enunciado normativo que se contiene en la fracción que se pretende adicionar, se aprecia que la misma es una disposición administrativa, ya que señala la obligación para la autoridad aeronáutica de que en una periodicidad determinada, realice un plan de verificación de cumplimiento “estricto” de los mecanismos de seguridad de los aeropuertos, sin que se definan los alcances de lo “estricto” que será el cumplimiento.

De acuerdo a lo argumentado en el párrafo que antecede, las comisiones dictaminadoras del Senado de la República estiman que dicha adición no tiene cabida en la Ley de Aviación Civil, ya que de aprobarse dicha modificación a esa ley, se estaría cometiendo una invasión competencial de leyes y de atribuciones de los Poderes de la Unión, ya que constitucionalmente, el Poder que tiene conferida la prerrogativa y obligación de emitir normas de carácter administrativo, para hacer posible la observancia y materialización de los efectos jurídicos de las leyes federales, es el Poder Ejecutivo federal, de conformidad a lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, se hace hincapié en el hecho de que las Leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos, así como en sus respectivos Reglamentos, así como en la Ley del Procedimientos Administrativo y en la Ley de Vías Generales de Comunicación, estás dos últimas, de aplicación supletoria a dichas leyes, prevén en diversos de sus artículos, disposiciones relacionadas con la seguridad que debe imperar en la prestación del servicio de transporte aéreo, así como con el funcionamiento de las instalaciones o áreas y la operación de los servicios relacionados con los mismos o de aquellos que son conexos y que se prestan en los aeródromos civiles, incluyendo la periodicidad y las modalidades de sus verificaciones, por lo que se estima que no resulta necesaria ni procedente, la reiteración contenida en una nueva fracción VI que se pretende incluir en el artículo 6 de la Ley de Aviación Civil, por lo que se desecha dicha reforma, por ser improcedente.

La minuta con proyecto de decreto a estudio, plantea en segundo término, reformar las fracciones I y V del artículo 7 de la Ley de Aviación Civil, haciendo notar que actualmente la fracción I, que se pretende reformar, señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejercerá la autoridad aeronáutica en los aeropuertos, helipuertos y aeródromos en general a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por conducto de los comandantes regionales y de los comandantes de aeropuerto.

A los comandantes regionales les corresponde en primer término, vigilar y verificar permanentemente que los concesionarios, permisionarios, operadores de aeronaves y los prestadores de servicios a la navegación aérea, cumplan con lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil, en su Reglamento, en las normas oficiales mexicanas y en las demás disposiciones aplicables.

La modificación que se propone aplicar al enunciado normativo contenido en la fracción I del artículo 7, consiste en insertar a la mitad del citado enunciado, la frase “de manera precisa”

A este respecto, los integrantes de las comisiones dictaminadoras del Senado, consideran que la frase que se pretende insertar a dicho enunciado, es redundante, toda vez que todas las disposiciones que se contienen en las leyes, son normas impero-atributivas, es decir imponen deberes y derechos, por lo que el enunciado normativo de la fracción actual que se pretende reformar, prevé una disposición sustancial relacionada con las atribuciones de los comandantes regionales, por lo que se entiende que la ley obliga a un determinado hacer, en este caso, a que se vigile y se verifique que los concesionarios, permisionarios, operadores de aeronaves y prestadores de servicios relacionados con el servicio de transporte aéreo, cumplan con lo dispuesto en la ley de la materia y demás ordenamientos relacionados con la misma y el cumplimiento a cabalidad de las leyes por parte de los sujetos obligados, por ende, resulta obligatorio para todos los destinatarios de la norma y no está sujeta a condición o a cumplimiento parcial, por lo que se estima que la reforma que se propone aplicar a la fracción I del artículo 7, no enriquece la disposición normativa, ni ayuda a clarificar su contenido, ni lo actualiza, por lo que no resulta procedente reformar la fracción I del artículo 7 de la Ley de Aviación Civil.

Por lo que hace a la pretensión de reformar la fracción V del artículo 7 de la Ley de Aviación Civil, cabe primero mencionar que actualmente el enunciado normativo que se contiene en la mencionada fracción, señala que les corresponde a los Comandantes Regionales vigilar la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas, dicha disposición resulta clara y concisa, pero en la Minuta con proyecto a estudio, modifican dicho enunciado y le insertan la frase “que con estricto cumplimiento se cumplan (sic) los protocolos de” para que quede de la siguiente manera “V. Vigilar que con estricto cumplimiento se cumplan los protocolos de seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas”, con dicha redacción se genera una demasía o redundancia viciosa de palabras, por lo que la reforma que se propone aplicar a la fracción V del artículo 7 de la Ley de Aviación Civil resulta improcedente.

La minuta con proyecto de decreto a estudio, plantea aplicar una reforma al primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, actualmente dicho precepto se encuentra contenido en la Sección Primera, referente a las generalidades del Capítulo IV denominado “Del Servicio de Transporte Aéreo” y señala que en la prestación de los servicios de transporte aéreo se deben de adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros, por lo que dichos servicios deben de prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio.

La modificación que se plantea consiste en insertar en el primer párrafo del artículo 17, la frase “de acuerdo a las leyes y normas correspondientes”, para que dicho párrafo quede en los siguientes términos: “Artículo 17. En la prestación de los servicios de transporte aéreo se deberán adoptar medidas necesarias de acuerdo a las leyes y normas correspondientes para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros.”

Sobre dicha reforma, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras del Senado de la República consideran que la misma resulta innecesaria, ya que dicha fracción pertenece a una ley que cuenta con una estructura formal integra, por lo que se entiende que todas las disposiciones que la misma prevé, deben de estar de acuerdo a la misma ley y a las normas que correspondan que también deben ser acordes con la ley de la materia.

De igual forma, con la inserción de la frase que ha quedado señalada, se genera una reiteración con los artículos 4 y 7 de la misma Ley de Aviación Civil, ya que el citado artículo 4, señala que la navegación civil en el espacio aéreo sobre territorio nacional, se rige por lo previsto en la Ley de la materia (Aviación Civil), por los tratados y, a falta de disposición expresa, se aplicarán la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y los Códigos de Comercio, Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y Federal de Procedimientos Civiles.

Asimismo, la fracción I del artículo 7 de la Ley de Aviación Civil, señala que a los Comandantes Regionales les corresponde vigilar y verificar permanentemente que los concesionarios, permisionarios, operadores de aeronaves y los prestadores de servicios a la navegación aérea, cumplan con lo dispuesto en la Ley de la materia, el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, las normas oficiales mexicanas y con las demás disposiciones aplicables.

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos que anteceden del presente considerando, los Integrantes de las Comisiones Dictaminadoras del Senado de la República consideran que no es procedente reformar el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Aviación Civil en los términos de la minuta con proyecto de decreto a estudio.

Por último, estas comisiones dictaminadoras del Senado de la República, no coinciden con las consideraciones vertidas por la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por lo que se resuelve desechar en su totalidad, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil y que fue remitida a esta soberanía el 28 de abril de 2011, como ha quedado detallado y justificado en los considerandos vertidos por las Comisiones Dictaminadoras del Senado de la República que se contienen en el presente dictamen.

Conclusiones

La reforma propuesta al artículo 6 de la Ley de Aviación Civil, carece de una adecuada ubicación legal, pues existe la Ley de Aeropuertos, que en su caso, es donde se ubicaría la regulación normativa que nos ocupa; sin embargo y apegado al dictamen del Senado, la materia de verificación semestral de los mecanismos de seguridad, constituyen un plano de regulación que debe ser abordada en una Reglamentación y no necesariamente en la Ley, pues la verificación si bien debe consignarse en una ley, la periodicidad de su verificación es materia reglamentaria.

La adición de la frase “de manera precisa” a la fracción III, del artículo 7 de la Ley de Aviación Civil, efectivamente resulta innecesaria, pues la atribución de vigilar y verificar que los concesionarios, permisionarios, operadores y prestadores de servicios a la navegación aérea, cumplan con lo dispuesto (–de manera precisa– es la frase que pretende adicionarse) en esta ley, su reglamento, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, es suficiente, pues independientemente de que la adición que se pretende incluya la frase “de manera precisa”, no implica de forma alguna que el cumplimiento sea impreciso, incompleto o parcial, pues en todo caso la verificación debe hacerse con la intención de establecer el acatamiento cabal, completo, preciso de las disposiciones legales y reglamentarias de la materia.

La misma suerte corre la adición que se pretende efectuar a la fracción V del artículo 7, de la Ley de Aviación Civil, pues la adición propone incluir en la descripción normativa la frase “que con estricto cumplimiento se cumplan los protocolos” de seguridad, sobre el particular vierto los siguientes comentarios:

Independientemente que la redacción no es adecuada, ya que la frase “vigilar que con estricto cumplimiento se cumplan...” es un pleonasmo, la frase anterior no produce un cambio significativo o de aplicación distinto, por lo que al reforma es innecesaria.

Finalmente, por lo que hace a la propuesta de reforma al artículo 17 mediante la adición de la frase “de acuerdo a las leyes y normas correspondiente” la inserción resulta innecesaria, pues en la prestación del servicio, las medidas de seguridad que se adoptan tanto en la aeronave como en la prestación del servicio, necesariamente derivan o de una ley o de una norma, independientemente que el dispositivo legal lo señale o no.

En mérito de lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura, somete a la consideración de la honorable asamblea, los siguientes:

Acuerdos

Primero. Se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil, remitida por la Cámara de Senadores el 24 de abril de 2012.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.

La Comisión de Transportes, diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica en abstención), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez.»

LEY DE MIGRACION

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXVIII al artículo 3 de la Ley de Migración

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 4069 que contiene iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 3 de la Ley de Migración, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el 4 de julio de 2012, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sesión ordinaria correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio legislativo de la LXI Legislatura.

En esa misma fecha, la presidencia de la Comisión Permanente turnó la referida iniciativa a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

El día 30 de octubre de 2012 la presidencia de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, modificó el trámite dictado a dicha iniciativa y la turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

El propósito de la iniciativa es agregar en una fracción, que sería XXVIII en el artículo 3 de la Ley de Migración, el concepto “Trabajador Migratorio” y la definición del mismo.

Al respecto, entre las razones que motivan la iniciativa, el diputado proponente señala, con razón, que a pesar de que desde mayo de 2011 entró en vigor en México la Ley de Migración, que tiene entre sus propósitos que ningún extranjero en México sea considerado delincuente por su condición migrante, así como la protección, respeto y garantía de sus derechos humanos, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas han hecho señalamientos en el sentido de que estos propósitos, por diversas causas, no se han visto cristalizados en la práctica.

Señala entre estas causas el hecho de que la ley, y ningún otro ordenamiento de nuestro orden jurídico, consideren la categoría de Trabajador Migratorio, y por ende, en muchos casos no se reconozca de manera plena los derechos que corresponden a las personas en esta condición, a pesar de la obligación en este sentido contraída por México como estado parte de la Convención Internacional de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

En función de lo anterior, el proponente considera necesario incorporar este concepto en la Ley de Migración, con objeto de conferir reconocimiento legal a la condición de trabajador migratorio en México, y propone el siguiente proyecto de decreto:

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide con el diputado proponente en que la Ley de Migración representa un avance importante, aunque insuficiente e ineficaz en muchos aspectos, en la de protección, respeto y garantía de los derechos humanos ante el estado de indefensión en que se encuentran los trabajadores migrantes en su tránsito o estadía en el territorio nacional.

Se coincide también, en que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, ratificado por México el 8 de marzo de 1999, uno de los siete básicos que forman el sistema de tratados de derechos humanos de la GNU, confiere obligaciones a nuestro país en lo que hace al reconocimiento de los trabajadores migratorios, que deben ser incorporados en la legislación nacional. Sin embargo, es claro que el sólo hecho de incorporar el concepto y su definición en la Ley de Migración, no significa “homologar” la legislación nacional con la convención, como asegura el proponente.

Esto es así porque la convención tiene por objeto establecer normas mínimas a favor de los trabajadores migratorios y a sus familiares, independientemente de su condición migratoria, para evitar que sean explotados y sufran violaciones en sus derechos humanos, que no se resuelve con el hecho de adoptar la adición propuesta, porque con ello no se armoniza, como se asegura, la legislación con los compromisos internacionales asumidos, en virtud de que el artículo 3 de la Ley de Migración está subordinado al contenido del conjunto de la ley, por lo que no tiene pertinencia en sí mismo, ya que inicia planteando: “Para efectos de la presente ley se entenderá por:” para enseguida enumerar 30 fracciones con la definición de otros tantos conceptos que es importante establecer porque el lector se encontrará con ellos en el texto y es pretensión del legislador que su interpretación no dé lugar a ambigüedades. No es el caso del concepto Trabajador Migratorio, que incorporado en los términos propuestos, sólo generaría confusiones legales.

Lo que el diputado proponente pretende sólo se lograría incorporando a la Ley de Migración uno o varios ordenamientos que permitieran normar el trabajo del migrante en suelo nacional -lo que tendría que ser tomando en cuenta nuestra Constitución y los tratados internacionales en la materia que México ha suscrito-; pero tal situación sólo se satisfaría con otra iniciativa que retomara estas preocupaciones.

Esta comisión dictaminadora, en coincidencia con el proponente, considera necesario y acuerda por unanimidad presentar en el actual periodo de sesiones una iniciativa que incorpore a la Ley de Migración y a otros ordenamientos legales, aspectos normativos relacionados con el concepto de Trabajador Migratorio, en armonía con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como de otros tratados y convenios internacionales sobre la materia, que México ha suscrito.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Asuntos Migratorios, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 3 de la Ley de Migración, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en la LXI Legislatura.

Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de febrero de 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 a 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176 a 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, en sentido negativo, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de establecer el padrón nacional de beneficiarios de desarrollo social y la base nacional de datos de desarrollo social.

Metodología

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 176, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el método del presente dictamen será el siguiente:

A) Antecedentes.

B) Contenido del proyecto de decreto.

C)Consideraciones de la comisión dictaminadora.

A) Antecedentes

I.En la sesión ordinaria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados de fecha 20 de septiembre de 2012, María Beatriz Zavala Peniche, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, en nombre propio, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de establecer el padrón nacional de beneficiarios de desarrollo social y la base nacional de datos de desarrollo social.

II. En la misma sesión, el presidente de la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

III. En fecha 25 de octubre de 2012 mediante el oficio número DGPL 62-II-6-0021, de fecha 20 de septiembre del año próximo pasado, se remite el expediente número 173, que contiene la citada iniciativa, a la Comisión de Desarrollo Social.

B) Contenido del proyecto de decreto

I. la proponente expresa que el objetivo de esta iniciativa con proyecto de decreto es crear el padrón nacional de beneficiarios de desarrollo social y la base nacional de datos de desarrollo social de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, para fortalecer la transparencia de la información acerca de los recursos que reciben los beneficiarios y los programas sociales por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal.

II. Asimismo, considera que debe ser incluida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el cuerpo legal específico de la materia, la tipificación de infracciones al usar indebidamente los programas sociales con fines de promoción electoral y sus correspondientes sanciones. El artículo 347 del mismo tipifica las acciones que constituyen infracciones a la legislación electoral y en el artículo 354 se establecen las sanciones a esas conductas.

III. Propone reformar el artículo 27, adicionar las fracciones X y XI al artículo 5, así como los artículos 23 Bis, 28 Bis todos de la ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por

I. a IX. ...

X. Padrón Nacional de Beneficiarios de Desarrollo Social es la relación oficial de los beneficiarios federales, estatales y municipales de los programas de Desarrollo Social.

XI. La Base Nacional de Datos de Desarrollo Social es el instrumento! público que contiene la información relativa a los programas federales, estatales y municipales de Desarrollo Social.

Artículo 23 Bis. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, las de las entidades federativas y los municipios que tengan bajo su cargo la ejecución de programas o acciones de desarrollo social deberán sujetarse a lo siguiente:

Los convenios de coordinación serán instrumentos de convergencia de las políticas, programas y acciones de desarrollo social.

En el caso de los programas y acciones que no se ejecute de manera coordinada, las dependencias o entidades ejecutoras pondrán a disposición de los otros ámbitos de gobierno la información relativa a los programas y acciones a realizar en su ámbito territorial, a fin de ser incorpora os al Padrón Nacional de Beneficiarios y a la Base Nacional de Datos de Desarrollo Social.

Cuando exista coincidencia en la población objetivo, el tipo d apoyo o la naturaleza de los programas que ejecuten dos o los tres ámbitos de gobierno, deberá establecerse la forma de evitar duplicidades vía los Convenios o Acuerdos de Coordinación.

Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad, eficacia y transparencia de los programas de desarrollo social el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo y Social, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias integrarán el Padrón Nacional de Beneficiarios de Desarrollo Social y la Base Nacional de Datos de Desarrollo Social.

El Padrón Nacional de Beneficiarios de Desarrollo Social y la Base Nacional de Datos de Desarrollo Social contendrán

I. La información georreferenciada de los beneficiarios de los programas sociales federales, estatales y municipales;

II. Las prestaciones sociales;

III. El presupuesto por programa;

IV. Las reglas de operación, cuando sea el caso;

V. Indicadores de resultados y de desempeño de los programas sociales federales, estatales y municipales.

Toda la información se procesará en plataformas tecnológicas compatibles que permitan convenir la interconsulta de la información.

Artículo 28 Bis. Se prohíbe la utilización de la base de datos nacional y de los padrones de beneficiarios con fines político electorales, comerciales o de cualquier índole distinta a su objeto y fines señalados en la ley. Su uso indebido será sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de las demás nomas vigentes aplicables.”

C) Consideraciones de la comisión dictaminadora

Primera. Se considera inviable insertar las denominaciones “Patrón Nacional de Beneficiarios de Desarrollo Social” y “Base Nacional de Datos de Desarrollo Social” al artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social” en razón de los siguiente motivos:

En fecha 12 de enero de 2006, se público en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales, el cual en su artículo primero establece:

Artículo 1. Se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales como una herramienta de información análisis de cobertura nacional, que integrará de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente respecto de los Programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de sus objetos, metas, indicadores, unidades responsables, prioridades y beneficiarios de los mismos.

Por su parte, el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Junio de 2011, señala que el Sistema en comento, integra los Padrones de los programas de la Administración Pública Federal y con el mismo se hace accesible la identificación de beneficiarios por cobertura geográfica y por esquemas distributivos,así como el año en que las personas físicas y morales fungen como beneficiarios y su permanencia en los Programas, entre otros aspectos.

El manual en cita, dispone a la dependencia encargada de conjuntar toda la información relativa a los Padrones de Beneficiarios de los distintos programas de la Administración Pública Federal, así como su forma de operación.

Eneste orden de ideas, se concluye que actualmente ya existe un Sistema Integral de Información de Beneficiarios cuyo ámbito de aplicación es la Administra ión Pública Federal, el cual contiene la identificación de beneficiarios por cobertura geográfica y por esquemas distributivos así como los objetivos, metas e indicadores de los programas, entre otra información y resaltando estas últimas, en virtud de que las mismas, e proponen formen parte de la información que integra el Padrón Nacional de Beneficiarios la Base Nacional de Datos de Desarrollo Social, señaladas en las fracciones I y V de la reforma al artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social.

En esta tesitura, por cuanto hace a las fracciones II, III y IV del artículo anterior, se señala lo siguiente;

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012, establece en el artículo 1o. lo siguiente:

Artículo 1. El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2013, así como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos legales y en este Presupuesto de Egresos.

...

En razón de lo anterior, en este último ordenamiento se establece el presupuesto aprobado a los distintos programas de desarrollo social.

Respecto a la evaluación de la política de desarrollo social, el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, dispone:

Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.

La evaluación señalada en el párrafo anterior, se realiza anualmente y sus resultados se publican en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora bien, la ley citada señala en el artículo 26 lo que a la letra se inserta:

Artículo 26. El gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación,así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales.

Las respectivas reglas de operación señaladas en el párrafo anterior, prevén el beneficio, prestación o aportación que se otorga al beneficiario, en su correspondiente programa.

Por todo lo descrito se colige que la información que se pretende integre tanto el Padrón de Beneficiarios de Desarrollo Social y la Base de Datos de Desarrollo Social, descrita en la propuesta de reforma al artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, ya está normada por sus respectivas leyes reglamentarias, citadas en el cuerpo del presente dictamen y contenidas en sus correspondientes instancias.

Como último punto, y no menos importante, se recalca que al ser la mis información, la que se pretende contenga el Padrón de Beneficiarios de Desarrollo Social y la Base de Datos de Desarrollo Social, se ocasionaría una innecesaria duplicidad de información, de igual forma la presente reforma en comento no señala la instancia que se encargara de llevar a cabo esta compilación de información así como su forma de operar.

Tercero. La Secretaría de Desarrollo Social considera que a la iniciativa no indica los siguientes puntos:

I. La propuesta debe precisar las características que tanto el Padrón como la Base Nacional deberán contener, tomando como ejemplo los proyectos similares que se han realizado desde la sociedad civil, organismos internacionales y el mismo gobierno federal, a fin de mejorar la creación y el manejo de dichas bases de datos.

II.Sobre la adición de las fracciones X y XI al artículo 5 que definen los conceptos de Padrón Nacional de Beneficiarios de Desarrollo Social y la Base Nacional de Datos de Desarrollo Social, es conveniente establecer en estas definiciones propuestas que se considera por programa, política y beneficiario de desarrollo social, para identificar d manera precisa la información que el Padrón y la Base contendrán. Se sugiere revisar las definiciones de estos conceptos que el Coneval ha desarrollado.

III. Se considera improcedente la reforma consistente en adicionar el artículo 23 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, el cual dispone que las dependencia y entidades de la administración pública federal, las de las entidades federativas y los municipios que tengan bajo su cargo la ejecución de programas o acciones de desarrollo social deberán sujetarse a convenios de coordinación los cuales serán instrumentos de convergencia de las políticas, programas y acciones de desarrollo social cuyo objetivo principal es evita la duplicidad en la población objetivo, el tipo de apoyo o la naturaleza de los programas, que ejecuten dos o los tres ámbitos de gobierno en razón de los siguientes motivos:

IV. Es impreciso cuando se menciona que: en el caso de los programas y acciones que no se ejecuten de manera coordinada, las dependencias o entidades ejecutoras podrán a disposición de los otros ámbitos de gobierno la información relativa los programas y acciones a realizar en su ámbito territorial, a fin de ser incorporadas al Padrón Nacional de Beneficiarios y a la Base Nacional de Datos de Desarrollo Social, lo cual o es claro por qué establece que solo en los casos de falta de coordinación, las autoridades deben compartir la información de los programas sociales y registrarla en ambas bases de datos, lo cual es inconveniente puesto que el objetivo del proyecto de decreto que se dictamina es tener una base datos de información fehaciente y actualizada de todos los programas que se están implementado, independientemente de que los programas y políticas de desarrollo social cuenten con convenios de coordinación, por otro lado estoconlleva a no espetar el ámbito de decisión de las entidades federativas, por lo que se considera excesiva la propuesta además de que se contrapone por lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social.

V. Sobre la adición del artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, referente a estipular que los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de integrar tanto el Padrón Nacional de Beneficiario, como la Base Nacional de Datos, así como estipular las características generales de ambos no establece claramente cuál de los actores mencionados tendrá la responsabilidad de concentrar y sistematizar la información que se recopilará, ya que esto permitiría homogeneidad en la información, construcción y acceso de ambas bases.

Asimismo, se sugiere que se establezcan periodos obligatorios de actualización de la información. Debe considerarse que las características de ambas bases n son de naturaleza similar, por lo que se sugiere que en la Ley se describa el contenido e cada uno de los instrumentos de manera separada.

Por su parte el solicitar que toda la información sea georreferenciada. No se considera pertinente, ya que la recopilación de este tipo de información es de mayor complejidad y costo, por lo que sería difícil para los municipios generarla y recopilarla.

Cuarto.La propuesta tendría impacto en el erario público, al pretender que toda la información que se desprenda del padrón y la base nacional de datos, se procesará en plataformas tecnológicas compatibles que permitan convenir la interconsulta de la información y su implementación puede implicar el destinar recursos a la construcción y el manejo de ambas bases, principalmente para recopilación de información; soporte técnico; capacitación de personal y actualización constante de la información por lo anterior, se sugiere que la iniciativa incluya un análisis del posible impacto presupuestal, para integrar y mantener dichas bases de datos.

Acuerdos

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social a fin de establecer el Padrón Nacional de Beneficiarios de Desarrollo Social y la Base Nacional de Datos de Desarrollo Social, presentada por la diputada María Beatriz Zavala Peniche, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo.Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: Fernando Charleston Hernández (rúbrica), presidente; Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica en contra), Alejandra López Noriega (rúbrica en contra), Raúl Paz Alonzo, Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica en abstención), María Fernanda Romero Lozano (rúbrica en contra), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica en contra), Laura Barrera Fortuol (rúbrica), Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Isaías Cortés Berumen, Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa, Marco Antonio González Valdez (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba, Josefina Salinas Pérez (rúbrica en contra), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica en contra).»

LEY QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que establece las Bases de Coordinación y Ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39,45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de tos Estados Unidos Mexicanos; 176 a 180, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantesde esta honorable Asamblea el presente

Dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Establece las Bases de Coordinación y Ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Metodología

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 176, numeral 1, fracción 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el método del presente dictamen será el siguiente:

A) Antecedentes.

B) Contenido del proyecto de decreto.

C) Consideraciones de la comisión dictaminadora.

A) Antecedentes

I. En sesión ordinaria de la honorable Cámara de Diputados, la diputada Leonor Romero Sevilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Establece las Bases de Coordinación y Ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

II. La Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, mediante oficio D.G.P.L., 62-11-6-0042 de fecha 2 de octubre, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 302 con la iniciativa propuesta.

III. Con estos antecedentes, la Comisión de Desarrollo Social, realizó el estudio y análisis de los planteamientos deja iniciativa a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

B) Contenido de la iniciativa

I. La diputada Leonor Romero Sevilla, propone en su Iniciativa elevar a rengo la Ley el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

II. La iniciativa denominada “Ley que establece las Bases de Coordinación y Ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades”, tiene por objeto: Garantizar que todo mexicano tenga sus necesidades más apremiantes satisfechas y fortalecer las capacidades humanas para que todos puedan se participes en el proceso de desarrollo económico y formen parte integral de la sociedad.

III. Para que se cumplan tales objeticos, la diputada Romero Sevilla propone mediante la creación de la Ley en mención, dar continuidad a los apoyos federales, promover la eficiencia y evitar la duplicidad de acciones, fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno de y reducir la discrecionalidad del Programa Oportunidades.

IV. Aunado a esto, manifiesta en la exposición de motivos que la cobertura del Programa Oportunidades representa un ingreso para tres de cada 10 familias y en México es el Programa Social más exitoso de la Política Social y referente internacional en países de África, Asia, Centroamérica y el Caribe.

V. La diputada proponente sugiere que la Coordinación Nacional del Programa sea un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goce de autonomía técnica, operativa y administrativa, en lugar de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, con autonomía técnica como lo disponen el decreto de creación y sus reformas posteriores.

VI. Plantea que para el ejercicio de sus atribuciones, la Coordinación Nacional Se integrará, como sucede actualmente, por un Consejo Técnico, un Coordinador Naciona1 y un Comité Técnico; sin embargo, en su propuesta, el Consejo será presidido por el Coordinador Nacional.

VII. Manifiesta que la Coordinación Institucional y la Vinculación de Acciones, tiene como propósito contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, procurando potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, propiciar la complementariedad y reducir gastos administrativos.

VIII. Respecto a la designación del coordinador nacional, propone dos opciones para el nombramiento del coordinador:

Primera, que será nombrado por el Ejecutivo federal y que la Cámara de Diputados podrá objetar dicho nombramiento por mayoría, y cuando ésta se encuentre en receso, la objeción podrá realizarla la Comisión Permanente. En todo caso, la Cámara de Diputados tendrá hasta treinta días para resolver sobre la objeción o no; vencido el plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento realizado por el Ejecutivo federal.

Segunda, el coordinador nacional será propuesto por el Ejecutivo federal y ratificado por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

IX. Por lo que se refiere a los artículos transitorios, propone en el segundo que el Titular del Poder Ejecutivo federal expedirá el Reglamento, lineamientos y demás disposiciones reglamentarias de esta Ley, en un plazo no mayor a180 días naturales a partir de la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

C) Consideraciones de la comisión dictaminadora

Esta comisión dictaminadora comparte con la diputada proponente su opinión en el sentido de que el Programa Desarrollo Humano Oportunidades ha obtenido innegables logros en cuanto a su impacto positivo en materia de alimentación, educación y saluden amplios sectores de la población en situación de pobreza, sin que ello signifique que se han satisfecho a plenitud los objetivos y metas del Programa, y somete a consideración del Pleno de la Comisión de Desarrollo Social, las siguientes consideraciones.

Primera. La iniciativa de Ley duplica disposiciones de Orden Jurídico Nacional como la Ley General de Desarrollo Social, las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación.

Los motivos por los que la iniciativa duplica disposiciones son los que a continuación se enmarcan.

1. La iniciativa expone en su articulado diversos aspectos de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades vigentes para el Ejercicio Fiscal 2013, varios de ellos no compatibles con el contenido y alcances de una Ley.

2. La iniciativa se duplicará con varios temas que ya están contemplados en la Ley General de Desarrollo Social y en el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado el 8 de agosto de 1997, así como en las Reglas de Operación del Programa en comento.

3. Es innecesaria su aprobación, ya que existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, que atienden la situación que se pretende resolver; o bien de acuerdo al criterio de la diputada proponente hay razón que permita afirmar lo innecesario de la propuesta.

4. El proyecto de decreto que expide la Ley que establece las Bases de Coordinación y Ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, establece como principal trasformación que la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades sea un Órgano Descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que goce de autonomía técnica, operativa y administrativa. Sin embargo, el articulado de la iniciativa no refleja el propósito que el Título de la Ley sugiere: Bases de Coordinación, en virtud de que predomina en éste la ejecución del programa bajo la responsabilidad de las instancias federales, como actualmente opera, citando marginalmente la participación y corresponsabilidad de los gobiernos locales, no obstante el reconocimiento explícito de que los servicios de educación y salud que brinda Oportunidades dependen de los gobiernos de las Entidades Federativas.

Segunda. La pretensión de fondo contenida en la iniciativa es convertir en Ley, como la propia Exposición de Motivos lo expresa, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; así como fortalecer la transparencia mediante la expedición de la Ley General.

1. La argumentación contradice el propósito central del Programa al que se hace referencia en la Exposición de Motivos de la PROPIA Iniciativa, la legisladora manifiesta que el Programa Oportunidades puede estar sujeto a coyunturas políticas como ha sucedido con otras Políticas Sociales orientadas al combate a la pobreza en nuestro país. Sin embargo la propuesta no se considera pertinente, en virtud de que la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 19 establece que son prioritarios y de interés público: Los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad, categorías socioeconómicas en las que se encuentra la población objetivo y beneficiaria de Oportunidades. Se describen desproporcionadamente los logros del programa, en vez de caracterizar la problemática referente a la Coordinación Interinstitucional e intergubernamental, objeto de regulación.

2. Se pasa por alto argumentar sobre la propuesta de transformación jurídica de la Coordinación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, de ser Organismo desconcentrado a un organismo descentralizado. La legisladora menciona que: salvo algunas excepciones, se ha caracterizado por contar con poca solidez institucional, que ha estado a coyunturas políticas que generalmente no han contado una visión de Estado de largo plazo, en donde se ha contado con certeza de acceso a los recursos para ejecutar políticas y acciones que ha mostrado una falta de procesos claros y estructuras de ejecución, que han carecido de mecanismos formales y sistemáticos de transparencia y rendición de cuentas; al respecto se menciona que la Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 1 que: La presente Leu es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto. I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al Desarrollo Social.

3. La Ley General de Desarrollo Social, establece el derecho a la información de los Programas de Desarrollo Social por parte de los beneficiarios, acceso a sus Reglas de Operación, recursos y cobertura; así mismo, el de recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus lineamientos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, fracciones I y V de la Ley General de Desarrollo Social. Aunado a esto, por Ley, los municipios, Gobiernos de las Entidades Federativas y el Gobierno Federal deben hacer del conocimiento público cada año sus Programas Operativos de Desarrollo Social, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación del Presupuesto de Egresos respectivo, como lo señala el artículo 16, Ley General de Desarrollo Social.

4. Respecto al tema de la transparencia en la operación del Programa de Oportunidades y al señalamiento de las obligaciones, del Gobierno de establecer las instituciones responsables del Desarrollo Social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece en su artículo 12, fracción III, inciso a) y Fracción XI, que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto, entre otros aspectos: Fracción III. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: a) Realizar auditorías del desempeño de los  programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía de los mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales, económicas y en su caso, regionales del país durante el periodo que se evalúe. Fracción XI: Fiscalizar los recursos públicos federales que las entidades fiscalizadas de la Federación, hayan otorgado con caro a su presupuesto a entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal municipios, fondos, mandatos o, cualquier otra figura análoga, persona físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado.

Tercera. Respecto a la perspectiva de análisis de la comisión dictaminadora, se considera que la propuesta de convenir en Ley el Programa Federal para garantizar acciones gubernamentales que den continuidad, se argumenta que.

1. Tal argumento carece de solidez, ya que el programa ha ido creciendo anualmente en financiamiento y cobertura; de conformidad con los artículos 18 y 20 de la Ley General de Desarrollo Social a continuación citado.

“Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.”

Asimismo, en su artículo 20 la Ley citada, dispone que el Presupuesto Federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del Producto Interno Bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al gobierno federal.

Ambos dispositivos tienen por objeto poner a salvo de decisiones tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo la Política Social y a los programas que la conforman, evitando que pudieran afectar el monto de sus apoyos presupuestarios. Por lo cual, desde la propia Ley General de Desarrollo Social se establecen normas que brindan seguridad a la Política Social y sus componentes.

Cuarta. La propia legisladora reconoce en su argumentación la existencia de un marco jurídico sobre el Programa Oportunidades cuando señala que: existen varios instrumentos jurídicos para definir para cada actor las facultades, el ámbito de acción, y la obligatoriedad del ejercicio de determinadas funciones.

1. En virtud de lo anterior, la propuesta de elevar a rango de Ley el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, se considera innecesaria, sobre el particular se menciona además de la Ley General de Desarrollo Social y la Reglas de Operación del Programa Oportunidades, éste cuenta con un Decreto de creación el cual establece en sus artículos 1 y 2 lo siguiente:

Artículo 1o. La Coordinadora Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, con autonomía técnica, al que en lo sucesivo se identificará es este ordenamiento como la coordinación.

Artículo2o. La coordinación tendrá por objeto formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución del programa especial que se denominará Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en lo sucesivo el programa. Este último promoverá, en el marco de la política social del Gobierno Federal, estrategias y acciones intersectoriales para la educación, la salud, la alimentación, así como para la coordinación con otros programas sociales que fomenten el empleo, el ingreso y el ahorro de las familias en situación de pobreza extrema, a efecto de impulsar y fortalecer sus capacidades y potencialidades, elevar su nivel de vida, generar oportunidades y propiciar su incorporación al desarrollo integral.

Quinta. La iniciativa señala que su objetivo es establecer las Bases de Coordinación y Ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, lo que le ubica en el ámbito de temas operativos y, por ende, de carácter administrativo, mismos que no son materia de una Ley, y se deben ver reflejados en reglamentos; para ello existen las Reglas de Operación de los diversos programas sociales, y es recomendable evitar duplicidades y complejidad en el orden Normativo la Política Social.

1. De acuerdo con lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en su Título Cuarto referente a las Reglas de Operación para los Programas, el artículo 29 señala que los programas que deberán sujetarse a Reglas de Operación y el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría, podrá incluir otros programas que, por razones de su impacto social, deban sujetarse a reglas de operación.

2. En el artículo 30 del decreto antes mencionado, se estipula que las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas sujetos a Reglas de operación deberán observar las disposiciones para asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.

3. Para vigilar el correcto funcionamiento del Programa también se cuenta con el Sistema Integral de Información de Padrones y Programas Gubernamentales, el cual es una herramienta de información y análisis de cobertura nacional, que integra de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente respecto de los Programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de sus objetos, metas, indicadores, unidades responsables, prioridades y beneficiarios de los mismos.

Sexto. La iniciativa no justifica por qué el nombramiento del Coordinador Nacional que nombra o propone el Ejecutivo ser objetado o no por la Cámara de Diputados.

1. Esta comisión dictaminadora considera que la razón por la cual tratándose de organismos como Instituto Federal de Acceso a la Información (IFA), La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) han sido constituidos como órganos autónomos, y el nombramiento de sus directores o comisionados sujeto a aprobación o no ratificación por parte del Senado, es darle la independencia necesaria que contribuya a la imparcialidad de sus actuaciones y decisiones, para que no se vean sujetas en el cumplimiento de sus funciones a la influencia o determinaciones por parte del Ejecutivo.

2. Tratándose de la Coordinación del Programa Oportunidades, cuya función sustantiva es hacer que opere adecuadamente el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, no tiene funciones que requieran de la imparcialidad; más aún, el transformar en Ley el Decreto que fundamenta la creación del Programa tiene básicamente el objetivo de sustraerlo a decisiones administrativas del Ejecutivo que puedan modificar su permanencia un enfoque. Así pues, el argumento expuesto por la proponente busca dar seguridad a los beneficiarios del programa, pero nada tiene que ver con la imparcialidad en el desempeño de sus funciones como podría ser el caso de otras funciones como dictaminar sobre información, evaluar programas, emitir alguna recomendación al propio Poder Ejecutivo o emitir resoluciones en su materia; la coordinación no es un organismo cuya función sea emitir resoluciones.

Séptima. Por otra parte, se considera que la propuesta es incompleta en lo referido al nombramiento del coordinador, ya que no señala los requisitos para desempeñar el cargo, la duración del mismo, las causales de remoción, entre otras disposiciones que se deberían observar.

Octava. En cuanto a la ratificación que pudiera hacerse del coordinador nacional por la mayoría de los miembros presentes en la Cámara de Diputados, hay un planteamiento erróneo, pues los nombramientos o ratificaciones que hacen los órganos del Congreso de la unión son por las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión en la que se delibera el asunto, no por mayoría simple, por ser considerada una función de control ejercida por el Poder Legislativo.

Novena. En la iniciativa en comento se señalan las siguientes implicaciones operativas y técnicas:

1. Artículo 1. Señala que: La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana, y tiene por objeto establecer las bases de coordinación y ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Sin embargo, no se señala en ningún artículo transitorio que se derogue el mandatado en la Ley General de Desarrollo Social, en las Reglas de Operación del Programa y en su Decreto de creación.

2. Artículo2: Se debe alinear al objetivo del programa del 2012 y a la población objetivo, que no hablan de pobreza extrema. Tener muy presente que el sujeto de esta Ley es la Coordinación nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y no el Programa como tal.

3. Artículo. 3, fracción II: La fracción establece el término de corresponsabilidad, sin embargo, el artículo. 61 de la Ley General de Desarrolle Social mandata que: El Gobierno Federal, los de las entidades federativas y los municipales garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la sociedad a participar de manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social.

4. Se propone la integralidad de acciones de educación, salud y alimentación con les programas de desarrolle regional y comunitario, no obstante cabe señalar que la Ley General de Desarrollo Social considera como uno de sus principios la integralidad que se define como la articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Social.

5. En este orden de ideas, es conveniente mencionar le establecido en el artículo 25 del proyecto en comento, que se refieren también a criterios de elegibilidad. Este precepto puntualiza que el Programa de Desarrolle Humano Oportunidades, le dará cobertura nacional a las localidades donde existan condiciones de accesibilidad y capacidad de atención de los servicios de salud, así como accesibilidad y capacidad de atención a los servicios de educación, lo cual se considera que no procede, ya que es importante tomar en cuenta que se pretende que este programa no solamente proporcione incentivos para la educación y la salud, sino también para la nutrición, tal como viene funcionando, por lo que limitar el criterio de atención a la accesibilidad y capacidad de atención de los servicios de salud y educación dejaría desprotegida a población de de extrema pobreza, que en muchas ocasiones se encuentra viviendo en áreas de difícil acceso.

6. El requisito de corresponsabilidad a que se refiere la fracción V del artículo 30 se simplifica y suprime lo establecido por las Reglas de Operación del Programa 2013. Es decir que desaparece el siguiente requisito: cumplir esta corresponsabilidad a los integrante la familia beneficiaria que presenten, en la unidad de salud a la que están asignados, un certificado médico expedido por el sector salud que haga constar que padecen de algún tipo de discapacidad psicomotriz, auditiva o visual severa que impida su asistencia a las acciones de comunicación, lo que es una forma de obligar a la población objetivo a cuidar la salud, que es uno de los propósitos de este programa.

Los artículos 37 y 38 son contradictorios, toda vez que por una parte el artículo 37 faculta a la Coordinación nacional para que establezca las disposiciones y mecanismos adecuados para garantizar la atención oportuna y eficaz de las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias que respecto a los apoyos del programa presenten los beneficiarios, en tanto que el artículo 38 establece que las quejas y denuncias vinculadas con la operación del programa serán canalizadas a las instancias competentes, sin especificar quien se encargará de esto.

Posteriormente el segundo párrafo del artículo 38 faculta nuevamente a la Coordinación Nacional para que participe con apego a los lineamientos y criterios que determine la Secretaría de la Función Pública, despliegue las acciones tendientes a garantizar la atención oportuna y eficiente de las quejas, denuncias, inconformidades, peticiones o sugerencias que presenten las familias beneficiarias y la ciudadanía en general. En suma, no se considera pertinente elevar a rango de Ley el Programa Oportunidades, ya que al ser el principal programa de combate a la pobreza es imprescindible que esté inserto en objetivos de las dependencias que operan la política de desarrollo social operada.

7. Asimismo, es importante que se mantenga la posibilidad de que puedan realizarse cambios al diseño u operación de1 programa en tiempos flexibles que no afecten la entrega de los mismos. En este aspecto, es importante resaltar que si bien el Programa puede modificar partes su diseño y operación año con año, estas modificaciones se dan en aras de buscar una mejor atención de su población atendida y además se llevan a cabo bajo mecanismos que aseguran la objetividad de su operación como se explica a continuación: El Comité Técnico del programa está integrado por funcionarios de las Secretarías de Desarrollo social, Educación, Hacienda y Crédito Público, Salud y el IMSS, es la instancia normativa del programa y cuenta con un reglamento para su funcionamiento.

8. los elementos que se proponen en esta iniciativa también están considerados en el decreto de creación del programa y en las reglas de operación del mismo. De acuerdo al artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las Secretarías están obligadas a presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los proyectos de reglas de operación de sus programas a más tardar el 21 de noviembre de cada año fiscal. Los cambios propuestos pueden ser el resultado de recomendaciones de las evaluaciones que se llevan a cabo al programa o simplemente la detección de áreas de mejora por parte de las distintas áreas de la coordinación.

Décima:La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública opinó que debido a que ya existe la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, la propuesta de elevarlo a rango de ley no generaría impacto presupuestario en el entendido de que se le transferirán desde la Sedesol los recursos humanos y materiales con que actualmente opera.

Décima Primera. La Secretaría de Desarrollo Social, opinó en sentido negativo la iniciativa propuesta, y al ser desechada no impactaría negativamente, en virtud de que el programa en comento, cuenta con el marco jurídico y programático que regula la operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, así como las instancias institucionales y sociales responsables de fiscalizar y vigilar que los recursos públicos orientados al Programa se ejerzan de manera responsable y transparente.

1. La propuesta impactaría en el erario público, ya que la promovente sugiere potenciar los efectos del Programa [de Desarrollo Humano Oportunidades] mediante la entrega de otros apoyos monetarios que establezca el gobierno federal para la población beneficiaria del Programa, así como un apoyo para adultos mayores con objeto de que puedan vivir en condiciones dignas, lo cual no se considera financieramente viable.

2. Además, la iniciativa omite atender lo establecido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Capítulo III, artículo 42, fracción II, en cuanto a justificar las nuevas propuestas programáticas, señalando: las correspondientes opciones de fuentes de recursos para llevarlas a cabo.

Décima Segunda. La iniciativa no deroga el decreto vigente, lo que haría continuar su vigencia.

Por los argumentos antes mencionados, y con la finalidad de que no se dupliquen las acciones de las instituciones y dependencias ya existentes, y se respete lo establecido por las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de abril del año en curso dictaminar en sentido negativo la iniciativa de la diputada proponente mediante el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Establece las Bases de Coordinación y Ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, presentada por la diputada Leonor Romero Sevilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados: Fernando Charleston Hernández (rúbrica), presidente; Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica en contra), Alejandra López Noriega (rúbrica en contra), Raúl Paz Alonzo, Uriel Flores Aguayo (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo (rúbrica), José Arturo López Cándido (rúbrica en contra), secretarios; María Fernanda Romero Lozano (rúbrica en abstención), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica en contra), Laura Barrera Fortuol (rúbrica), Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Isaías Cortés Berumen, Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Marco Antonio González Valdez (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba, Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica).»

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capitulo XIV al Título Décimo, artículos 224 Bis y 224 Ter al Código Penal Federal, presentada por la diputada María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e), f y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 85, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

I. Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes”se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado de “Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de las propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

II. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la honorable Cámara de Diputados, correspondiente al día cuatro de octubre de dos mil doce se presentó la iniciativa de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la cual propone se adicione un Capitulo XIV al Titulo Decimo, artículos 224 Bis y 224 Ter al Código Penal Federal, como a continuación se describe:

“Del Código Penal Federal

Título DécimoDelitos Cometidos por Servidores Públicos

Capítulo XIVViolación de derechos humanos

Artículo 224 Bis. Al servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión viole los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y Leyes Federales, y que atente contra la vida, libertad, integridad física o patrimonial de las personas, se le impondrá de seis a diez años de prisión, de trescientos hasta seiscientos días multa y destitución e inhabilitación de seis a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público.

Artículo 224 Ter. Al servidor público que organice, dirija, patrocine o incite a otros servidores para cometer el delito de violación de Derechos Humanos o encubra a quienes lo cometieron, se les aplicará la pena de tres a cinco años de prisión, de ciento cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres a cinco años para desempeñar ‘otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo Segundo. Se adiciona un numeral 37 a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Del Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 194. ....

I. ...

De 1. a 36. ...

37. Violación de derechos humanos, previsto en el artículo 224 Bis.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

2. En dicha sesión Ordinaria, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa para su análisis y dictaminación correspondiente a la Comisión de Justicia.

3. En la sesión plenaria de la Comisión de Justicia, celebrada el día diez de abril de dos mil trece, se aprobó en sentido negativo por mayoría de los presentes el proyecto de dictamen de la iniciativa en referencia.

III. Contenido de la iniciativa y su análisis

Los derechos humanos, entendidos como el conjunto de libertades, facultades, instituciones y principios básicos con los que cuenta el ser humano por su simple condición natural de existir (ello desde un enfoque iusnaturalista), han sido una exigencia constante desde la formación de las primeras sociedades organizadas y de la aparición de la autoridad formalmente establecida hasta nuestros días; la cual tenido su mayor esplendor en el derecho internacional moderno a través de instrumentos como la Declaración de los Derechos Humanos, la cual prevé:

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social ya elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.

En ese sentido, el derecho internacional en esta materia, ha influido a efecto de que, los países del orbe hagan su reconocimiento efectivo, ello al validar dentro de su derecho positivo interno, los mecanismos de instrumentación, protección y garantía de los derechos humanos, sin que los Estados Unidos Mexicanos sean la excepción, pues dicha tendencia ha quedado mostrada con la reforma constitucional realiza en fecha 6 de junio de 2011, mediante la cual se modificó la denominación del capítulo primero del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de quedar como “De los derechos humanos y su garantías”, con lo que se amplió la gama de protección por parte de la Carta Magna, a aquellos derechos humanos que no están reconocidos implícitamente por la propia Constitución, como lo es el caso de las garantías individuales.

Lo anterior, ha sido el reconocimiento por parte del Estado mexicano, de que los derechos humanos sobrepasan el derecho positivo interno y nacional, para dar paso al acatamiento de diversos tratados y resoluciones internacionales, ello derivado de la exigencia de la comunidad internacional y de la sociedad mexicana, que día a día, piden mayores libertades que deben ser reconocidas, protegidas, garantizadas y respetadas por los órganos del Estado, a efecto de evitar el retorno a épocas autoritarias que han surgido en diversos períodos de la historia del país y que se han apartado de los principios de libertad, igualdad, respeto y dignidad de la persona humana.

Si bien es cierto que el Estado mexicano ha avanzado en garantizar y proteger los derechos humanos de sus habitantes, menos verdadero resulta el hecho de que aún falta implantar los procedimientos que tiendan a hacer efectiva dicha protección, ‘no sólo en el ámbito administrativo, sino sancionando penal mente a aquellos funcionarios públicos que han cometido o encubierto la violación a los derechos humanos.

La violación a los derechos humanos se ha convertido en una actividad constante por parte de los órganos de gobierno del Estado mexicano, principalmente de aquellos encargados de la seguridad pública, motivo por el cual se deben implantar los procedimientos que tiendan a castigar este tipo de acciones con la finalidad de evitar su surgimiento y crecimiento con lo que se lleve a cabo la protección más amplia de los referidos derechos humanos.

Es verdad que ante la violación de derechos humanos se han creado organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como su correspondiente ley, con diversas finalidades, entre las. que destaca la protección de los derechos humanos, sin embargo, el procedimiento administrativo que prevé la Ley Federal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, poco ha servido para sancionar de manera efectiva a los servidores públicos que han realizado actos tendientes a trastocar los derechos humanos, pues si bien, se emiten las correspondientes recomendaciones, las mismas no gozan de un carácter coercitivo, tal y como lo dispone el artículo 46 de la ley en comento, al disponer “la recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá...”.

Lo anterior lleva a concluir, que el único efecto de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, terminan en un regaño público como lo fue el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, quien en 2007 fue violada y asesinada por militares en la sierra de Zongolica, Veracruz; tema que se resolvió con la complicidad de diversas autoridades, incluida la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las cuales es un cinismo abyecto determinaron que el fallecimiento de la indígena se debió a un problema digestivo de úlcera gástrica.

Ante tales circunstancias y derivado de la constante transgresión de los derechos humanos, se han realizado diversas reformas legales, verbigracia, las modificaciones realizadas en junio de 2011, a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que se prevén la protección, por parte del juicio de amparo, no sólo de las garantías individuales, sino que contempla ampliar su espectro de acción a los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, otorgando de esa manera a nuestro juicio constitucional su carácter humanista, retomado de los diversos criterios dictados por organismos de justicia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son de carácter obligatorio para toda la nación conforme los dispone el artículo 133 de la Carta Magna.

No obstante la existencia de mecanismos de protección de los derechos humanos que actualmente existen en el país, los mismos no han adquirido un efecto sancionador pleno que tienda prevenir y castigar aquellas conductas que transgredan los derechos humanos, por lo que el objetivo de .la presente iniciativa, lo es tipificar dentro del Código Penal Federal, específica mente en el capítulo correspondiente a los delitos cometidos por los servidores públicos, la violación a los Derechos humanos como una conducta antijurídica, culpable y punible, lo anterior, como un delito autónomo que tendrá vida jurídica propia independientemente de la existencia de otros delitos que pudieran cometerse o de la existencia de sendos procedimientos administrativos ante la Comisión de Derechos Humanos o judiciales ante los juzgados de distrito en materia de amparo, los cuales puedan llevarse de forma simultánea, sin que la acción de uno pueda interferir durante el trámite, procedimiento y resolución de cada uno de ellos, aunque sus resoluciones puedan ser diferentes dado los caracteres de autonomía e independencia, tanto de las materias de que se trata como de los órganos jurisdiccionales que resuelven.

Por lo que en ese contexto, incluir la violación de derechos humanos como delito, implica un gran espectro de conductas posibles que pueden constituir una transgresión a los mismos, lo que en si mismo saturaría de trabajo a las agencias del Ministerio Público federal pertenecientes a la Procuraduría General de la República, motivo por el cual en el presente proyecto de reforma se acota el universo de las violaciones a los derechos humanos, a efecto de que sólo sean constitutivas de delito aquellas que atenten contra la vida, la integridad física o patrimonial de las personas, ello por considerar que son estas tres esferas las que con más gravedad lesionan la dignidad humana.

Derivado de lo anterior, y a efecto de seguir haciendo efectiva la protección de los derechos humanos, además de incluirlo como un delito autónomo, la presente iniciativa también pretende que dicho delito sea incluido dentro del catálogo de delitos graves que prevé el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, ello con la doble finalidad siguiente:

A) La preventiva: a efecto de que, los servidores públicos, previo a la comisión de la conducta delictiva de violación de derechos humanos, tome en cuenta las medidas, conductas y acciones dispuestas con anticipación, con el fin de evitar o impedir que se presente su conducta delictiva que puedan dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas del ilícito en comento, ello al hacerse sabedor de que la conducta, antijurídica, culpable y punible, es considerada como grave y que, su procedimiento penal tendrá que llevarse a cabo con la medida de prisión preventiva.

B) La no reincidencia: diversos estudios de criminología han demostrado, que los mayores niveles de reincidencia criminal se presentan en las conductas delictivas catalogadas penalmente como no graves, motivo por el cual, al contemplar el delito de violación de derechos humanos como grave, se pretende que, aquellos servidores públicos que cometieron la conducta antijurídica, se encuentren dentro de los porcentajes mínimos de reincidencia, lo que implica la reducción de las violaciones a los Derechos Humanos por parte de los servidores públicos.

III. Consideraciones

Primero. Que como parte del estudio y análisis de la iniciativa en la cual propone se adicione un Capitulo XIV al Titulo Decimo, así como los artículos 224 Bis y 224 Ter al Código Penal Federal, y con el fin de allegarse de elementos suficientes para atender el mandato de la Mesa Directiva, se analizó y valoró los argumentos del autor.

Segundo. Atendiendo a la exposición de motivos de la proponente de la iniciativa en cuestión, se desprende que no fue tomado en cuenta que el Derecho Penal comprende dos partes: la general referente a la ley, al delito, a las penas en general y medidas de seguridad, y la parte especial, que se ocupa de los delitos en particular y de sus penas respectivas, así mismo, no se valoró que la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 14, 16, párrafo tercero; 23, y demás artículos, consagran las garantías a los derechos humanos. Ahora bien ya que si bien es cierto que los menciona en su exposición de motivos, no se hace una interpretación adecuada,

Artículo 1. Párrafo cuarto. “Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Artículo 14. Párrafo tercero. “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.”

Artículo 16. Párrafo tercero “No podrá librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.”

Artículo 23. “Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene..,”

Tercero. Atendiendo a los principios generales del derecho, así como, los principios fundamentales de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, se han hecho modificaciones al Código Penal Federal, en donde se han plasmado las sanciones por delitos cometidos por los servidores públicos, Estableciendo como categoría de funcionario o empleado de confianza a las personas que se desempeñen como servidores públicos, así como los que se desempeñen un cargo o comisión de cualquier naturaleza de la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos centralizados, etc., por lo que se determino y se plasmo en el Código Penal Federal en su artículo 213 que “..la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.”

Por lo que ha quedado de manifiesto claramente que los delitos cometidos por los servidores públicos serán castigadas con severidad ya que estas aumentaran hasta en una mitad y además, se impondrá destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público tal y como lo expresa el precepto establecido en el artículo 213-Bis del Código Penal Federal.

Artículo 213-Bis “Cuando los delitos a que se refiere los artículos 215, 219 y 222 del presente Código, sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación policiaca, aduanera o migratoria, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad y, además, se impondrá destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.”

Cuarto. Asimismo, no se contemplo la diferenciación de los delitos de daño de los de peligro, se hace referencia a la afectación que sufre el bien jurídico tutelado o el riesgo en que se puso a éste. En algunos casos, el objeto jurídico es dañado como consecuencia de la conducta típica del sujeto activo. Esta afectación destruye o menoscaba el bien jurídico tutelado y, por tanto, el reproche penal es de mayor intensidad. En otros casos, la conducta del agente no llega a dañar el bien jurídico, sino que lo pone en peligro o riesgo de ser dañado, por lo que, la ley considera necesaria una sanción, pues el sujeto activo denota un riesgo o peligro y el sujeto pasivo es colocado ante un posible riesgo de ser afectado en el bien jurídico que se trate.

Ahora bien, En el Código Penal Federal, en su Título Tercero de Aplicación de las Sanciones, en su Capítulo I de Reglas Generales, en sus artículos 51 y 52 establecen que dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente, así como, penas en proporción a las previstas para el delito intencional consumado, la punibilidad aplicable es, para todos los efectos legales la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mínimo y máximo; así también, el juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justa y procedente dentro de los límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito, la calidad y condición especifica de la victima u ofendido y el grado de culpabilidad del agente, tal y como lo marcan las fracciones del artículo 52 del Código en cuestión.

Artículo 51. Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente; particularmente cuando se trate de indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos y comunidades a los que pertenezcan.

En los casos de los artículos 60, fracción VI, 61, 63, 64, 64-Bis y 65 y en cualesquiera otros en que este Código disponga penas en proporción a las previstas para el delito intencional consumado, la punibilidad aplicable es, para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mínimo y máximo de la pena prevista para aquél. Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres días.

Artículo 52. El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito la calidad y condición específica de la víctima u ofendido el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta:

I. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto

II. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;

III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado;

IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito;

V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir.

Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;

VI. El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y

VII. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

Quinto. Por lo anterior expuesto y fundado, esta Comisión de Justicia determina, que el proyecto no tomo en cuenta los principios fundamentales de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, así mismo, no se consideró que ya existe en .el Código Penal Federal un apartado especial, donde se tipifican los delitos cometidos por los servidores públicos, así como las sanciones que se incrementan por los hechos delictivos cometidos por estos mismos; aunado a esto, no se contemplo la magnitud o el grado del delito, mismos que no fueron tomados en cuenta por la proponente, asociado a esto, la iniciativa no contemplo la diferenciación de los delitos de daño de los de peligro, no hace referencia a la afectación que sufre el bien jurídico tutelado o el riesgo en que se puso a éste.

Asimismo, no se atendió que los bienes jurídicos salvaguardados, así como las repercusiones en la vida social, varían en proporción a la trascendencia y necesidad de que permanezcan incólumes; la aplicación de las sanciones se deben tomar en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución del delito, así como las peculiaridades del delincuente, es decir, que” se debe de analizar tanto la gravedad del ilícito como el grado de culpabilidad del agente, también lo es que ello no implica que deba ser sancionado bajo ópticas diferentes, una por el grado de culpabilidad del sentenciado y, la otra, por la gravedad del ilícito cometido, ya que para imponer una sanción justa y adecuada al delito consumado, el tribunal debe examinar ambas cuestiones, no como aspectos autónomos, sino complementarios, pues el juzgador, al momento de aplicar las sanciones al reo, de acuerdo con el ordinal señalado (artículo 52 CPF), debe realizar un estudio integral dé todas y cada una de las circunstancias que rodearon el evento delictivo, para lo cual se atenderá a la gravedad del ilícito, misma que obtiene analizando la magnitud del daño causado al bien jurídico o el peligro al que hubiese sido expuesto, tal y como lo establece la jurisprudencia y no como lo generaliza la propuesta de la proponente:

[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVII, Marzo de 2003; Pág. 1571

Penas, aplicación de las, en función de la gravedad del delito y la culpabilidad del sujeto activo. Interpretación de los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal.

Atendiendo a los bienes jurídicos salvaguardados, así como a las repercusiones en la vida social que emanan de su lesión o amenaza, las penalidades que el legislador tuvo a bien fijar para quien cometa cada ilícito, varían en proporción a la trascendencia de dichos bienes jurídicos protegidos, así como a la importancia y necesidad de que permanezcan incólumes, por lo que la gravedad de un delito se encuentra determinada por el legislador al fijar las penas a imponer, ya que precisó qué delitos deben ser considerados como graves “por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad” (artículo 194 del ordenamiento adjetivo penal federal); de manera que debe decirse que en todo delito, grave o no, el legislador estableció un parámetro que parte de una pena mínima a una máxima, lo que es acorde con el principio de adecuada individualización de la pena; congruente con ello, no es válido afirmar que por el solo hecho de cometer un delito grave se debe sancionar a una persona severamente (o al menos con una penalidad superior a la mínima), pues de ser así, no tendría objeto que el legislador hubiese fijado la posibilidad de sancionar con penalidad mínima; de ahí que si bien conforme a lo dispuesto por los artículos 51 v 52 del Código Penal Federal, para la aplicación de las sanciones se deben tomar en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución del delito, así como las peculiares del delincuente, es decir, que se debe analizar tanto la gravedad del ilícito como el “grado de culpabilidad” del agente, también lo es que ello no implica que deba ser sancionado bajo dos ópticas diferentes, una por el grado de culpabilidad del sentenciado y, la otra, por la gravedad del ilícito cometido, ya que para imponer una sanción justa y adecuada al delito consumado, el tribunal debe examinar ambas cuestiones, no como aspectos autónomos, sino complementarios, pues el juzgador, al momento de aplicar la sanción al reo, de acuerdo con el ordinal señalado (artículo 52), debe realizar un estudio integral de todas y cada una de las circunstancias que rodearon al evento delictivo, para lo cual se atenderá a la gravedad del ilícito, misma que se obtiene analizando la magnitud del daño causado al bien jurídico o el peligro al que hubiese sido expuesto; la naturaleza de las acciones u omisiones y los medios empleados para ejecutarlas; las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión de los hechos realizados; la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; la edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y económicas del activo, así como los motivos que le impulsaron a delinquir; la pertenencia, en su caso, a un grupo étnico indígena, sus usos y costumbres; el comportamiento posterior del acusado en relación con el delito cometido; las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, en cuanto sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma (artículo 52, fracciones I a la VII, del ordenamiento sustantivo penal federal); estos factores, esenciales para una adecuada individualización de la pena, son, además, determinantes para fijar el grado de culpabilidad del activo (verbigracia, la cantidad y especie de narcóticos poseídos es determinante para fincar el peligro a que se expuso la salud pública, que es el bien jurídico tutelado en los delitos contra la salud y, por ende, para fincar el grado de culpabilidad del poseedor); es obvio que para una idónea individualización de la pena es necesario adminicular todos estos factores; por tanto, para una correcta individualización de la pena, el juzgador debe analizar todas y cada una de las circunstancias que se han señalado líneas arriba, de las cuales obtendrá el grado de culpabilidad que presenta el reo, en el cual se incluyen tanto las circunstancias peculiares del delincuente (grado de culpabilidad) como la gravedad del ilícito que se cometió.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia la consideración de esta honorable Asamblea los siguientes:

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un Capítulo XIV al Título Décimo, artículos 224 Bis y 224 Ter al Código Penal Federal, presentada por la diputada María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril del año 2013.

La Comisión de Justicia, diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Armando Córdova Díaz (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, Andrés de la Rosa Anaya, José Antonio Rojo García de Alba, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Tomás Torres Mercado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales, Fernando Zárate Salgado (rúbrica).»

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 118 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa que reforma el artículo 118 del Código Penal Federal, presentada por el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e), D y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción II, 81 numeral 2, 85,157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado de “Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de las propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

1. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de la Honorable Cámara de Diputados, correspondiente al día cuatro de octubre de dos mil doce se presentó la iniciativa del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la cual propone se reforme el artículo 118 del Código Penal Federal.

2. En dicha sesión Ordinaria, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa para su análisis y dictaminación correspondiente a la Comisión de Justicia.

3. La iniciativa de referencia, materia del presente dictamen, plantea lo siguiente:

“Decreto que reforma el artículo 118 del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 118 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 118. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho delictivo, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Cuando se hubiese dictado sentencia en un proceso y aparezca que existe otro en relación con la misma persona y por los mismos hechos considerados en aquél, concluirá el segundo proceso mediante resolución que dictará de oficio la autoridad que esté conociendo. Si existen dos sentencias sobre los mismos hechos, se extinguirán los efectos de la dictada en segundo término.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. “

4. En la sesión plenaria de la Comisión de Justicia, celebrada el diez de abril de dos mil trece, se aprobó en sentido negativo por mayoría de los presentes el proyecto de dictamen de la iniciativa en referencia.

II. Contenido de la iniciativa y su análisis

La presente iniciativa pretende Cambiar la palabra “delito” por “hecho delictivo”.

En su exposición de motivos, la iniciativa de referencia señala lo siguiente:

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa en el artículo 23, in media res, lo siguiente:

Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.

La redacción y la sintaxis son determinantes para transmitir de modo exitoso la idea pretendida. En el caso del párrafo transcrito, la idea, de acuerdo con su modo textual, implica exclusivamente el derecho de un culpable a no volver a ser juzgado por un mismo delito, aunque en lo fáctico no haya identidad en las partes ni en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Como ejemplo podemos decir lo siguiente:

El sentenciado de modo ejecutoriado por el delito equis no podrá volver a ser juzgado aunque cometa delitos equis en lo subsecuente, pues se trata “del mismo delito”.

Lo anterior resulta impropio y en el mundo fáctico procesal no es así; sin embargo, la redacción textual del artícul023 conlleva a esta idea errónea.

Individualización de la pena, recalificación de conductas. Violatoria de garantías.

b) De conformidad con el principio de prohibición de la doble valoración de los factores de determinación de la pena, según el cual no pueden atenderse nuevamente por el juzgador al efectuar la individualización de la pena las circunstancias o elementos del delito en general que forman parte de la descripción típica en particular, por haber sido ya tomados en cuenta por el legislador al efectuar la individualización legal al fijar el marco punitivo entre el mínimo y el máximo de las sanciones a imponer, es evidente que si el juzgador al momento de individualizar la pena utiliza como elementos de soporte del ejercicio de tal facultad jurisdiccional al hacer el razonamiento respectivo el señalamiento de conductas por parte del justiciable que han sido ya determinadas como elementos del tipo penal del delito que se le imputa, ello implica una recalificación de conducta, al hacerse un doble reproche respecto de una misma determinaciónque, en consecuencia, resulta ilegal y violatoria del principioconsignado en el apotegma non bis in idem, reconocido en el artículo 23 constitucional.

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito.

Amparo directo 294/95. Alan Paul Reyes Flores, 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García.

Amparo directo 306/95. José Sánchez González, 28 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Díaz Pérez.

Amparo directo 411/95. Alfredo Ramírez Anguiano, 12 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Díaz Pérez.

Amparo directo 495/95. Alberto Bautista García, 30 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Díaz Pérez.

Amparo directo 503/95. Armando Suárez Cruz, 30 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García.

Nota: Por ejecutoria de fecha 6 de abril de 2005, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 9/2005-PS en que participó el presente criterio.

El criterio transcrito reconoce el principio non bis in ídem; Al respecto puede someterse a consideración la siguiente referencia:

Novena época; registro: 185616; instancia: tribunales colegiados de circuito; jurisprudencia; fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XVI, octubre de 2002; materias: constitucional, penal; tesis XX1I1.30. J/4; página 1301.

c) Vagancia y mal vivencia. El artículo 190 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, al prever para la configuración del cuerpo del delito que el activo tenga malos antecedentes comprobados por los archivos judiciales, transgrede las garantías de seguridad jurídica y libertad personal que tutela el principio non bis in idem, contenido en el artículo 23 constitucional.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución federal, que prevé el principio penal non bis in idem, entendido como los hechos o actos de un individuo que fueron sometidos a un juicio criminalque concluyó con sentencia ejecutoriada, con independencia de que haya sido condenado o absuelto, ya no podrán ser materia de otro juicio criminal, debiéndose entender por sentencia ejecutoriada la institución procesal que busca la firmeza de las resoluciones judiciales, y que lleva implícitas las garantías de seguridad jurídica y libertad personal del acusado, dado que impide un doble procesamiento por la comisión de un mismo delito. Por consiguiente, si el artículo 190 del Código Penal del Estado de Aguascalientes prevé para la configuración del cuerpo del delito de vagancia y mal vivencia, entre otros elementos, la circunstancia de que el inculpado tenga malos antecedentes comprobados por los archivos judiciales, cuando tales antecedentes derivan de resoluciones firmes en que se estableció la culpabilidad o inocencia del acusado implica sin duda que se está tomando como base para la configuración de dicho evento delictivo un archivo judicial donde ya fue juzgado, con lo que se violan en perjuicio del inculpado las garantías de seguridad jurídica y libertad personal que tutela el principio penal non bís ín ídem, contenido en el indicado precepto constitucional, conforme al cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.

Amparo en revisión 173/2002, 10 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Lucila Castelán Rueda. Secretario: Rafael Andrade Bujanda.

Amparo en revisión 184/2002, 11 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. Secretaria: Gloria Yolanda de la Paz Amézquita.

Amparo en revisión 225/2002, 11 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. Secretaria: Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez.

Amparo en revisión 188/2002, 8 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle Alvarez. Secretaria: Indira Ang Armas.

Amparo en revisión 192/2002, 8 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle Alvarez. Secretaria: Indira Ang Armas.

d) Por último, puede referenciarse, ya en la décima época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que pretendemos en esta iniciativa:

Décima época; 1a. Sala; SJF y su Gaceta; libro 11, noviembre de 2011, tomo 1; pág. 211; registro 160

Secuestro exprés. El precepto 163 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, que prevé ese delito, no conculca el numeral 23 de la Constitución.

El delito de “secuestro exprés” exige la demostración del diverso de privación de la libertad, con la diferencia específica de que éste tenga como propósito la comisión de robo o extorsión, con independencia de que estos últimos se verifiquen en toda su extensión. La trasgresión del principio non bis in idem, garantizado en el artículo 23 de la Constitución federal, se actualiza cuando el Estado juzga dos veces a una persona con motivo de los mismos hechos delictivos, lo que no sucede por el hecho de que el tipo de “secuestro exprés” aluda a los delitos de robo y extorsión, pues lejos de que esto se traduzca en una doble pena, el indicado precepto del Código Penal para el Distrito Federal señala con claridad que para el caso de ese delito no se aplicará sanción alguna por los delitos de robo o extorsión.

Amparo directo en revisión 1399/2011, 24 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Horacio Nicolás Ruiz Palma.

e) Argumentación. En fechas recientes, en la LXII Legislatura, la bancada del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa cuya finalidad era transformar la redacción del artículo 23 constitucional para suprimir la idea de que nadie puede ser juzgado en dos ocasiones por el mismo delito, circunstancia que, como se evidenció en aquella ocasión, era incorrecta, pues la gente puede ser juzgada varias ocasiones por tipos penales iguales, pero nunca por los mismos hechos delictivos: veamos, un ladrón puede ser juzgado varias veces por robo, pero nunca, de acuerdo con el orden jurídico, podrá juzgarse a la misma personas dos veces por el mismo robo.

Creemos que la corrección del orden jurídico no se agotó con el inicio de la iniciativa de reforma constitucional, o como esperamos con la correspondiente modificación, pues en disposiciones ordinarias hay las mismas inconsistencias.

Sistemáticamente, el orden jurídico no es pleno, pues todavía se hallan inconsistencia entre las normas.

f) Por lo anterior solicitamos a través de la presente iniciativa comenzar el proceso legislativo ordinario para cambiar la redacción del artículo 118 del Código Penal Federal, el cual a la letra expresa:

Artículo 118. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Cuando se hubiese dictado sentencia en un proceso y aparezca que existe otro en relación con la misma persona y por los mismos hechos considerados en aquél, concluirá el segundo proceso mediante resolución que dictará de oficio la autoridad que esté conociendo. Si existen dos sentencias sobre los mismos hechos, se extinguirán los efectos de la dictada en segundo término.

En la ley secundaria se aprecia el mismo error sistemático que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante que el capítulo se denomine “Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos”

Por lo anterior pugnamos por reconocer en el texto, en lugar de la frase “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito” la de Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho delictivo.

En virtud de lo anteriormente expresado, la Comisión dictaminadora manifiesta las siguientes

III. Consideraciones

Primera.- Esta comisión como parte del estudio y análisis de la iniciativa en la que se propone se reforme el artículo 118 del Código Penal Federal, y con el fin de allegarse de elementos suficientes para atender el mandato de la Mesa Directiva, analizó y valoro los argumentos del diputado proponente.

Segundo.- En el inciso a), se transcribe el precepto del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la que, el proponente interpreta el artículo en cuestión, mismo que ejemplifica en la siguiente forma:

“El sentenciado de modo ejecutoriado por el delito equis no podrá volver a ser juzgado aunque cometa delitos equis en lo subsecuente, pues se trata “del mismo delito”.

“lo anterior resulta impropio y en el mundo fáctico procesal no es así; sin embargo, la redacción textual del artículo 23 conlleva a esta idea errónea.”

“Individualización de la pena, recalificación de conductas. Violatoria de garantías.”

En el caso expuesto en el inciso a), se dilucida, que la redacción y la sintaxis del artículo 23 Constitucional son determinantes para transmitir de modo exitoso la idea pretendida, ya que la concepción implica exclusivamente el derecho de un culpable a no volver a ser juzgado por un mismo delito, atendiendo que el concepto de “delito” para efectos del artículo en cuestión no debe entenderse referido a la clasificación legal de la conducta, en un tipo penal determinado, sino a los propios hechos en que se hizo consistir el ilícito, en virtud que los supuestos se refieren que los mismos hechos, independientemente de su clasificación legal, no pueden ser llevados nuevamente a proceso; dicho criterio se funda en la:

Tesis Aislada con registro No 164 299; (TA); 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. Y su gaceta; Tomo XXXII, Julio de 2010; Página 1993., que a la letra dice:

El concepto de delito a que se refiere el principio contenido en el artículo 23 de la Constitución federal, se refiere a los hechos en que se hace consistir el ilícito y no a la clasificación legal de la conducta en un tipo penal determinado.

El artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, dice; ““.Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. ..”. Ahora bien, el concepto de delito para los efectos de ese artículo no debe entenderse referido a la clasificación legal de la conducta, en un tipo penal determinado, sino a los propios hechos en que se hizo consistir el ilícito; pues de entenderse de la primera forma, se llegaría al absurdo, por ejemplo, de una persona juzgada por un delito de homicidio no podría ser juzgada después por otro homicidio que cometiera con posterioridad, mientras que el segundo de los supuestos se refiere a que los mismos hechos, independientemente de su clasificación legal, no pueden ser llevados nuevamente a proceso, caso en el que si se transgrede el principio contenido en el precepto constitucional aludido.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

Delito.En el derecho penal es la acción o la omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción criminal. La acción o la omisión deben ser típicas, ello es, conformarse a una descripción de la conducta delictiva hecha previamente por la ley (tipicidad).

Esta descripción es el tipo, medio de que el derecho se vale, en la parte especial de los códigos penales o en leyes penales independientes, para individualizar las conductas punibles. Los tipos son predominantemente descriptivos, y comprenden sus descripciones contenidos tanto objetivos como subjetivos. Entre los elementos objetivos del tipo destacan: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, los medios o modalidades del delito, el resultado y los elementos normativos. Se comprenden como elementos subjetivos del tipo, distintos del dolo y de la culpa, los elementos subjetivos específicos como las intensiones o ánimos especiales del agente.

El Código Penal Federal en su artículo 7 establece que “delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales” asimismo en su artículo 8 dice claramente que “Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente” y el artículo 9 nos dice quien obra dolosamente y quien culposamente” ahora bien el Código en cuestión no habla que el hecho delictivo o delictuoso sea un acto u omisión, ya que la expresión rara vez empleada por la ley penal mexicana, debe tenerse esencialmente como sinónima de delito, esto es, del hecho en el cual se reúnen los caracteres que, según la ley, hacen parecer la responsabilidad criminal

“Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.

El delito es:

I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que. se han realizado todos sus elementos constitutivos;

II. Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y

III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal.”

Artículo 8o.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.

Artículo 9o.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y Comisión de Justicia

Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.”

Hecho delictivo o delictuoso. La expresión rara vez empleada por la ley penal mexicana, debe tenerse esencialmente como sinónima de delito, esto es, del hecho en el cual se reúnen los caracteres que, según la ley, hacen parecer la responsabilidad criminal. Cabria considerar, enseguida, el hecho delictuoso o delictivo no ya como equivalente de delito, sino de entuerto, o de injusto, según se acostumbra verter al español de voz alemana significativa de la acción u omisión típica y antijurídica concretamente realizada, y por cuya perpetración corresponde dirigir a su autor el reproche de culpabilidad. Todavía podrá tenérsele sólo como sinónimo del hecho típico, o mejor, del hecho conforme a la descripción que de él hace la ley, en su parte especial y que solo podrá realmente constituir delito, si la conducta humana desplegada es, además, antijurídica y culpable.

Hecho jurídico. suceso que el ordenamiento jurídico toma en cuenta y al que otorga efectos jurídicos. En una primera acepción es equivalente a supuesto jurídico o hipótesis normativa; la estructura de cualquier norma jurídica puede ser reducida al siguiente esquema:

“Si Aes, debe ser B (es decir, al que mate deben aplicársele de ocho a veinte años de prisión).” En el ejemplo anterior, A es el supuesto normativo o hipótesis jurídica’. Dicho supuesto es un evento típico y debe ser seguido de las consecuencias que la norma señala. Así, cuando realmente una persona haya matado, debe aplicársele verdaderamente una sanción de ocho a veinte años de prisión.

Asimismo, la constitución en su artículo 19 párrafo quinto establece que: “Tcao proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.”

Tercero. Con respecto al inciso b) y c), se aclara en primer término que, la Jurisprudencia se define como la interpretación que hacen los tribunales competentes al aplicar la ley a los supuestos en conflicto que se someten a su conocimiento. En México, la jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley, firme y reiterada, de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, y por los Tribunales Colegiados de Circuito. La jurisprudencia así como la tesis aisladas tienen por objeto orientar a los jueces en la resolución de múltiples cuestiones jurídicas supliendo las lagunas y deficiencias del sistema jurídico positivo.

En segundo término, queda demostrado en el inciso c) donde la jurisprudencia citada determina que, el artículo 190 del Código Penal del Estado de Aguascalientes prevé para la configuración del cuerpo del delito de vagancia y mal vivencia, entre otros elementos, la circunstancia del inculpado tenga malos antecedentes comprobados por los archivos judiciales, cuando tales antecedentes derivan de resoluciones firmes en que se estableció la culpabilidad o la inocencia del acusado, implica sin lugar a duda, que se está tomando como base para la configuración de dicho evento delictivo un archivo judicial donde ya fue juzgado, con lo que se violan en perjuicio del inculpado las garantías de seguridad jurídica y libertad personal que tutela el principio penal non bis in idem, contenido en el artículo 23 Constitucional, conforme al cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Por lo que se concluye en este punto, que la jurisprudencia citada en el inciso b) establece el razonamiento jurídico, en el que el juzgador al momento de individualizar la pena, no puede utilizar como elementos del delito en general que forman parte de la descripción típica en particular, en virtud que ya han sido tomados en cuenta por el legislador al efectuar la individualización legal al fijar el marco punitivo entre el mínimo y el máximo de las sanciones a imponer. Ahora bien, por lo que corresponde a la jurisprudencia del inciso e), esta determina que el artículo 190 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, es violatorio a las garantías de seguridad jurídica y libertad personal que tutela el principio penal “non bis in idem” establecido en el artículo 23.constitucional.

Cuarto. En el inciso d) el proponente establece como referencia lo que pretende la iniciativa en cuestión, en virtud que la tesis aislada establece el razonamiento jurídico en el que el precepto del artículo 163 Bis del Código Penal para el Distrito Federal que prevé el delito de “secuestro exprés” no viola el principio “non bis in idem” del artículo 23 Constitucional; más sin embargo se puntualiza que el proponente, no tomo en cuenta que para llegar a dicho razonamiento, el Código Penal para el Distrito Federal se estructura con Títulos que vienen siendo el tipo y, la especie serían los capítulos, mismo orden con el que cuenta el Código Penal Federal; esto se debe a que los títulos y capítulos también forman parte del estudio dogmatico, en la que, los elementos del delito en general forman parte de la descripción típica en particular.

Quinto. En el inciso e), se hace referencia que en fechas recientes, en la LXII Legislatura, la bancada del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa cuya finalidad era transformar la redacción del artículo 23 constitucional para suprimir la idea de que nadie puede ser juzgado en dos ocasiones por el mismo delito, pero nunca por los mismos hechos delictivos: así mismo se estableció un ejemplo “un ladrón puede ser juzgado varias veces por robo, pero nunca, de acuerdo con el orden jurídico, podrá juzgarse a la misma personas dos veces por el mismo robo.” Ahora bien, atendiendo al ejemplo expuesto, el concepto de “delito” para efectos del artículo en cuestión no debe entenderse referido a la clasificación legal de la conducta, en un tipo penal determinado, sino a los propios hechos en que se hizo consistir el ilícito, en virtud que los supuestos se refieren que los mismos hechos, independientemente de su clasificación legal, no pueden ser llevados nuevamente a proceso.

Sexto. Tomando en consideración la solicitud, a través de la que se presenta la iniciativa para cambiar la redacción del artículo 118 del Código Penal Federal y en la que expresan, que la corrección del orden jurídico no se agotó con el inicio de la iniciativa de reforma constitucional, o como con la que se espera, con la correspondiente modificación, pues se menciona que en disposiciones ordinarias hay las mismas inconsistencias.

Se determina que el concepto de delito para los efectos del artículo 23 constitucional no debe entenderse referido a la clasificación legal de la conducta, en un tipo penal determinado, sino a los propios hechos en que se hizo consistir el ilícito, tal y como lo expresa la “Tesis Aislada, con registro No 164 299; (TA); 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su gaceta; Tomo XXXII, Julio de 2010; Página 1993., “

Así mismo, es de puntualizar, que la estructura del Código Penal Federal cuenta con Títulos que vienen siendo el tipo y, la especie serían los capítulos, esto se debe a que los títulos y capítulos también forman parte del estudio dogmatico, en la que, los elementos del delito en general forman parte de la descripción típica en particular, por ejemplo:

El Titulo Quinto del Código Penal Federal establece la “Extinción de la Responsabilidad Penal” esto se da en una forma globalizada, ya que de ahí se desprenden los capítulos, que expresan de una forma más puntualizada un tema en especifico.

Ahora bien, en el Titulo en cuestión, en su Capítulo IX, se puntualiza el tema en específico que a la letra dice, “Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos”. Esto quiere decir que el principio (non bis in idem) prohíbe juzgar dos veces a una persona por la comisión de un mismo hecho delictuoso.

Por lo que al interpretar el precepto del artículo 118, también se debe interpretar el Título y el Capítulo.

Derivado de lo anterior, esta Comisión determina que el proponente no incluyo y no tomo en cuenta el Titulo, el Capitulo y el artículo que constituyen el principio que requiere el estudio dogmatico, en donde se dilucidan los elementos del delito, en virtud que constituye la columna vertebral del derecho penal, dicho de otra manera, el delito existe en razón de la existencia de los elementos: conducta, tipicidad, anti juridicidad, culpabilidad, imputabilidad, punibilidad, y condicionalidad objetiva. Por lo que la reforma al artículo 118 del Código Penal Federal es improcedente, en virtud que no toma en cuenta la tesis aislada emitida por el Poder Judicial que a la letra dice “concepto de delito para los efectos del artículo 23 constitucional no debe entenderse referido a la clasificación legal de la conducta, en un tipo penal determinado, sino a los propios hechos en que se hizo consistir el ilícito”. Así mismo el ponente, plantea que el principio “non bis in idem” no se encuentra insertado en el artículo 118 del Código Penal Federal, siendo esto incorrecto, ya que el poder legislativo al concebir el articulo en mención, si tomo en cuenta la individualización de la pena, así como los elementos del delito, principio fundamental establecido en el artículo 23 constitucional.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia ponemos a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 118 del código penal federal, presentado por el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Ecologista de México.

Segundo.Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2013.

La Comisión de Justicia, diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Armando Córdova Díaz (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, Andrés de la Rosa Anaya, José Antonio Rojo García de Alba, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Tomás Torres Mercado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales, Fernando Zárate Salgado (rúbrica).»

LEY DE EXTRADICION INTERNACIONAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y elaboración del Dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, suscrita por la diputada María del Carmen Martínez Santillán, integrante del grupo parlamentario del Partid del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica  del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción II,81 numeral 2, 85,157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo Antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo para su resolución de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo Contenido de la iniciativa se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo Consideraciones se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

I. Antecedentes

1. En la sesión dé fecha de dieciocho de octubre de dos mil doce, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 14 y adiciona las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de la Ley de Extradición Internacional.

Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 14 y adiciona las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X al mismo, de la Ley de Extradición Internacional.

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 14, de la Ley de Extradición Internacional, para quedar como sigue:

Artículo 14. Ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero p r parte del Poder Ejecutivo federal, salvo que se haya cometido alguno de los delitos siguientes:

Artículo Segundo. Se adicionan las fracciones I a X al artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

I. Desaparición forzada de personas.

II. Genocidio.

III. Tortura sistemática.

IV. Terrorismo.

V. Tráfico de estupefacientes.

VI. Secuestro.

VII. Esclavitud;

VIII. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable.

IX. Crímenes de guerra, conforme lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

X. Homicidio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación e el Diario Oficial de la Federación.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Justicia.

3. En la sesión plenaria de la Comisión de Justicia, celebrada el día diez de abril e dos mil trece, se aprobó en sentido negativopor mayoría de los presentes el proyecto de dicta en de la iniciativa en referencia.

II. Contenido de la iniciativa

El derecho, como una creación del hombre, que regula su conducta externa, no puede ser estático y uniforme, sino que tiene que ser congruente con el dinamismo social, reglamentando la aparición de nuevas relaciones entre los individuos y las naciones, por lo que, la función del Derecho no se limita únicamente a regular las conductas externas de los individuos, sino también, a establecer la gama de atribuciones con las que cuentan los órganos del Estado, ello con la finalidad de evitar una extralimitación en su actuar, lo que originaría Estados totalitarios en los que la población está al servicio de los mencionados órganos y no éstos al mandato del pueblo.

En ese contexto, el actuar de las autoridades debe de constreñirse a la realización de todos aquellos actos que las propias normas jurídicas les permitan, sin trastocarlos y sin dejar al libre capricho de gobernantes, la realización de determinadas actuaciones, pues de no ser d esa manera, se generaría un estado de incertidumbre jurídica y social; y es precisamente en esta situación, en la que se encuentra la figura jurídica de la extradición dentro del sistema jurídico mexicano.

En ese orden de ideas, es indispensable contextualizar que la extradición, reviste una gran importancia en las relaciones existentes entre los diferentes Estados-nación, des e el momento en que surgen organismos y tratados internacionales, que tienden a regular las relaciones y acuerdos de cooperación mutua en diversos temas y materias, sobre todo en aquellas que tienen que ver con la comisión de diversos delitos en el territorio de determinado país, pero que el mismo se ve imposibilitado para instaurar el procedimiento sancionador en contra de quien lo cometido, por la razón de que ha abandonado el país, refugiándose en otro territorio, a efecto de evitar la sanción, motivo por el cual, ante este tipo de necesidades, surgieron los primeros acuerdos de entregar a los sujetos activos del delito, a los países que así lo requirieran.

Derivado de lo anterior, han surgido diversos tratados en materia de extradición y las leyes especializadas en dicha materia. En México desde el año de mil novecientos setenta y cuatro, se cuenta con la Ley de Extradición Internacional, misma que ha regulado el procedimiento que deben seguir los Estados requirentes a efecto de obtener la extradición de determinada persona.

Si bien es cierto, que en el derecho internacional se ha establecido la obligación de otorgar la extradición, si es que existe el correspondiente tratado, menos verdadero, resulta el hecho de que cuando se trata de nacionales del Estado requerido la entrega se torna facultativa, queda a juicio del

Estado, pero con la obligación subsidiaria, que en el caso que no se entregue, se enjuicie al nacional delincuente y comunicar el fallo al Estado requirente.

En ese sentido, es válido expresar que la extradición, en la mayor parte de lo tratados en vigor experimenta ciertas limitaciones, una de ellas, y tal vez la de mayor relevancia, es la de la nacionalidad de la persona requerida. Por regla general, la mayoría de los estados niegan la extradición de sus propios nacionales, solamente hay siete estados que se han mostrado dispuestos a acordar la extradición de sus propios nacionales, a saber: México, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Uruguay y Colombia. Los demás niegan la extradición de sus nacionales e incluso tienen disposiciones constitucionales por las que se prohíbe.

Por lo que en ese sentido, en nuestro país, tanto la teoría como la práctica han abordado el tema de la posibilidad de extraditar a un ciudadano mexicano, lo “que ha sido incorporado al sistema normativo dentro de la Ley de Extradición Internacional en su artículo 14, al establecer “que ningún mexicano podrá ser entregado a un estado extranjero, sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo”. Lo que ha permitido la extradición de varios mexicanos a otros países, principalmente a Estados Unidos de América.

De este precepto se advierte que el legislador mexicano estableció una excepción al principio de extradición internacional, tratándose de nacionales, en cuyo caso la regla general es que no procede su entrega a un Estado extranjero, pero también instauró la regla específica, el expresar que corresponde al Ejecutivo federal conceder la extradición en casos excepcionales y su juicio.

En ese sentido, la extradición es un acto de soberanía fundado en el principio d reciprocidad, los Estados parte del tratado internacional pactan una excepción a la entrega de sus nacionales, es decir, tratándose de un mexicano la regla general es que no procede su extradición, pues sólo en casos excepcionales podrá concederla el Ejecutivo federal si se cumplan los requisitos constitucionales o legales aplicables, así como a los términos y condiciones pactados en los convenios o tratados internacionales.

En otras palabras, el Ejecutivo federal tiene la facultad discrecional de otorgar la extradición de un mexicano a un Estado extranjero, en casos excepcionales debidamente justificad s, por tratarse de una excepción a la regla general que encuentra sustento en el principio de reciprocidad internacional, lo que puede caer en el uso arbitrario o caprichoso de la misma, ya que la procedencia de la extradición.

Es precisamente en el hecho de la discrecionalidad en donde estriba un problema jurídico, en razón de que el Poder Ejecutivo federal, goza de dicha facultad para entregar, a solicitud de un gobierno extranjero, a los mexicanos que hayan cometido un delito en el territorio del país requirente, lo que hace concluir que esta facultad queda a la potestad soberana del gobernante en turno cuya discrecionalidad puede estar afectada por circunstancias subjetivas o por los compromisos internacionales que puedan tenerse con el país solicitante diversos a los tratad s de extradición, lo que origina que los ciudadanos mexicanos se encuentren en un estado de i certidumbre y una violación del principio de seguridad jurídica contemplado y reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es por ello que la seguridad jurídica, entendida como la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en el de su aplicación, en el sentido de que, los habitantes conozcan las facultades, derechos y obligaciones que tiene el poder público así como el re peto de éste a los límites que las propias normas jurídicas les marcan; asimismo la garantía de seguridad jurídica que comprende las denominadas sub-garantías de legalidad, fundamentación, motivación, competencia, irretroactividad y audiencia, lo que se debe cumplir en todo acto de autoridad, incluida la extradición.

A efecto, de que el Poder Ejecutivo federal cumpla con el principio de seguridad jurídica para con todos los ciudadanos mexicanos, es por ello que el objetivo de la presente iniciativa de decreto, lo es para reformar y adicionar el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, con la finalidad de sentar las hipótesis jurídicas mediantes las cuales, la extradición de un con connacional podrá ser otorgada al país extranjero solicitante, ello con la finalidad de otorgar seguridad y certeza jurídica, es por ello que se propone adicionar diez fracciones al artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, en las que se incluyan aquellos delitos considerados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de aquellos delitos que se han considerado grave por la comunidad internacional, y los cuales serán los únicos casos en que la extradición de ciudad nos mexicanos es procedente.

Lo anterior se realiza con el propósito de que los ciudadanos mexicanos tengan la certeza. y seguridad de que, solo en las hipótesis planteadas procederá su extradición sin que la misma quede a la discrecionalidad del Ejecutivo federal, evitando así conductas arbitrarias y totalitarias que lleven a un estado de incertidumbre jurídica, que es lo que se pretende evitar desde nuestra Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

IV. Consideraciones

Primero.Derivado del análisis de la exposición de motivos de la proponente, en la que expresa que “en el hecho de la discrecionalidad en donde estriba un problema jurídico, en razón de que el Poder Ejecutivo federal, goza de dicha facultad para entregar, a solicitud de un gobierno extranjero, a los mexicanos que hayan cometido un delito en el territorio del país requirente, lo que hace concluir que esta facultad queda a la potestad soberana del gobernante en turno cuya discrecionalidad puede estar afectada por circunstancias subjetivas o por los compromisos internacionales que puedan tenerse con el país solicitante diversos a los tratado de extradición, lo que origina que los ciudadanos mexicanos se encuentren en un estado de incertidumbre y una violación del principio de seguridad jurídica contemplado y reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Se aclara que efectivamente, el precepto contenido en el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional expresa claramente que “ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo”. Ahora bien:

Segundo. Atendiendo en primera instancia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra los principios fundamentales de los derechos humanos, asimismo es de aclarar que en el artículo 119, párrafo tercero, de nuestra Carta Magna, establece claramente que “la extradiciones a requerimientos de Estados extranjeros serán tramitadas por el Ejecutivo federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales”. Asimismo, el precepto establecido en el artículo 133 del ordenamiento constitucional a la letra dice: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratado, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.

Tercero. La extradición se encuentra regulada en nuestro país por el artículo 15 de la constitución, así como la Ley de Extradición Internacional, y por tratados internacionales bilaterales en la materia.

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición d reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común, que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados n virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

Cuarto. Por lo que es de aclararse, que la jurisprudencia (Constitucional, Penal) establece que el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, no viola las garantías de legalidad y de seguridad Jurídica, derivadas de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto es innecesario que el legislador establezca cuáles son e os casos a fin de evitar el uso arbitrario o caprichoso de aquella facultad, ya que la procedencia de la extradición siempre estará condicionada al cumplimiento de los términos y condiciones pactados en el tratado internacional, así como de los requisitos constitucionales o legales aplicables. Ahora bien, es de aclararse que, en un procedimiento de extradición, se aplica, de manera complementaria el Código Federal Penal y de Procedimientos Penales.

Registro número 170321; (J); 9ª. Época; Pleno; S.C.J. y su Gaceta; Tomo XXVII, Febrero de 200: Página 5.

Extradición internacional. El artículo 14 de la ley relativa, al permitir la entrega de un mexicano a un Estado extranjero o en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo federal, no viola las garantías de legalidad y de seguridad jurídica.

El citado precepto, al establecer una excepción al principio de extradición internacional tratándose de nacionales, en cuyo caso la regla general es de que no pro de entregarlos a un Estado extranjero, no viola las garantías de legalidad y de seguridad jurídicas, derivadas de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Ejecutivo federal tiene la facultad discrecional de otorgar la extradición en casos excepcionales debidamente justificados; por tanto es innecesario que el legislador ordinario establezca cuáles son esos casos a fin de evitar el uso arbitrario o caprichoso de aquella facultad, ya que la procedencia de la extradición siempre estará condicionada al cumplimiento de los términos y condiciones pactados en el tratado internacional, así como de los requisitos constitucionales o legales aplicables, justificando la exepcionalidad de la decisión mediante la debida fundamentación y motivación.”

Quinto. Ahora bien, el artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional en su fracción V establece claramente: V. Que si el delito que se impute al reclamado es punible en su legislación hasta con la pena de muerte o alguna de las señaladas en el artículo 22 constitucional, sólo e impondrá la de prisión o cualquier otra de menor gravedad que esa legislación fije para el caso, ya sea directamente o por substitución o conmutación.

Asimismo, la jurisprudencia aclara que la fracción V de la Ley de Extradición Internacional no viola el artículo 22 constitucional, ya que establece que si el delito por el que se solicita la extradición es punible con la pena de muerte o alguna de las prohibidas por el artículo 22 de nuestra Carta Magna, acorde con las leyes de la parte requirente, la extradición no podrá concederse, a menos de que el Estado parte otorgue las seguridades suficientes de que aquéllas no se aplicarán, o que se impondrán las penas de menor gravedad que fije su legislación.

(J); 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII. Febrero de 2006. Página 5.

Extradición. La prisión vitalicia no constituye una pena inusitada de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que cuando aquélla se solicita es innecesario que el Estado requirente se comprometa a no aplicarla o a imponer una menor que fije su legislación.

De conformidad con el artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, si el delito por el que se solicita la extradición es punible con la pena de muerte o alguna de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados U idos Mexicanos,acorde con las leyes de la parte requirente, la extradición no podrá concederse, a menos de que esta parte otorgue las seguridades suficientes de que aquéllas no se aplicarán, o que se impondrán las de menor gravedad que fije su legislación. En estas condiciones, si la pena de prisión vitalicia no es de las prohibidas por el referido precepto constitucional, es evidente que en los casos en que se solicite la extradición y el delito que se impute al reclamado sea punible en la legislación del Estado solicitante hasta con pena de prisión vitalicia, es innecesario exigirle que se comprometa a no imponerla o a aplicar una menor.”

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia someten a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma I artículo 14, y las adiciones de las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de la Ley de Extradición Internacional, presentada por la diputada María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2013.

La Comisión de Justicia, diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Roció Corona Nakamura, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), José Alberto Rodríguez calderón (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Tomás Torres Mercado (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales.»

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5, fracción V, inciso C), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentada por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e), n y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción 11, 81, numeral 2, 85, 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo Antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de tumo para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo para su resolución de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo Contenido de la iniciativa se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo Consideraciones se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

1. Antecedentes

En la sesión de fecha de dieciocho de octubre de dos mil doce, los diputados Ricardo Monreal Avila y Zuleyma Huidobro González, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5, fracción V, inciso C), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, como a continuación se describe:

Decreto por el que se reforma el artículo 5, fracción V, inciso e), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Único. Se reforma el artículo 5, fracción V, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Artículo 5.Corresponde a la Procuraduría General de la República:

...

IV. Velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su competencia. En el ejercicio de esta atribución la Procuraduría General de la República deberá:

...

c) Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando la solicite en ejercicio de sus funciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Justicia.

3. En la sesión plenaria de la Comisión de Justicia, celebrada el día diez de abril de dos mil trece, se aprobó en sentido negativo por mayoría de los presentes el proyecto de dictamen de la iniciativa en referencia.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa tiene por objeto eliminar la causal de salvedad que tiene la Procuraduría General de la República para proporcionar información que le solicitara la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ejercicio de sus funciones, sin considerar poner en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas.

III. Consideraciones

Primera. El texto original vigente de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que se pretende cambiar, salvaguarda el derecho de reserva de información que tiene como atribución la Procuraduría, a continuación descrita:

Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

...

c) Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas;

Segundo. En el artículo 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, de los derechos de toda persona imputada signa: La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

Lo que determina que la procuraduría podrá, negar la información siempre que comprometa, cualquier situación de las arriba descritas.

Tercero. De acuerdo con lo que marca la ley de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos, en su artículo 69 del título IV de las autoridades y los servidores públicos, capitulo 1, Obligaciones y Colaboración, nos marca las reglas de colaboración dentro del ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones legales, que la comisión podrán celebrar convenios y acuerdos con autoridades y servidores públicos.

Cuarto. Del mismo modo la jurisprudencia (constitucional, administrativa) nos marca que la actual iniciativa recae en una posible acción inconstitucional, sin dejar de atender el precepto del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del derecho a la información aun cuando sea parte de las constancias del procedimiento, nos alude la importancia de la información reservada, sujeto a las bases y principios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuyo propósito es proteger a la sociedad y los derechos de terceros, evitando la difusión innecesaria de información.

Registro número 170722; (J); 98. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007: Página 991.

Información reservada. Excepción a la prohibición de su divulgación.

En términos de las fracciones IV Y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen información reservada. No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva.

Si es cierto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos vela por salvaguardar la integridad de las personas, esto no garantiza que al hacerlo, aun en el cumplimiento de sus funciones, no perjudique el seguimiento o proceso de una investigación en curso, tenga relevancia o no.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5, fracción V, inciso C), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentada los diputados Ricardo Monreal Avila y Zuleyma Huidobro González, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2013.

La Comisión de Justicia, diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Roció Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Tomás Torres Mercado (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales.»

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 10 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 84, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Radio y Televisión somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen por el que se desecha iniciativa que reforma los artículos 5, 10 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por la diputada Karla Daniella Villarreal Benassini, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Antecedentes

I. En sesión celebrada el 18 de julio de 2012, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, la diputada Karla Daniella Villarreal Benassini, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó iniciativa que reforma los artículos 5, 10 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión.

II. Con fecha 18 de julio de 2012, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, mediante oficio CP2R3A.- 1852 turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

III. La Mesa Directiva de la LXII Legislatura mediante oficio D.G.P.L. 62-II-8-0194 de fecha 23 de octubre del 2012, informó que por acuerdo de la misma los asuntos que no llegaron a conocer las comisiones de la LXI Legislatura, se encontrarán vigentes y los plazos reglamentarios para ser dictaminados correrán a partir del 29 de octubre de 2012, turnando a esta Comisión de Radio y Televisión la Iniciativa en estudio.

Contenido de la iniciativa

I. La iniciativa presentada por la diputada Karla Daniella Villarreal Benassini plantea que deben reformarse específicamente la fracción II del artículo 5, la fracción II del artículo 10, y la fracción I del artículo 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión.

II. La iniciativa que se analiza, tiene por objeto establecer que las transmisiones de radio y televisión deberán contribuir al cumplimiento del principio del interés superior de la niñez y adolescencia, evitando influencias nocivas o perturbadoras para su desarrollo integral. La Secretaría de Gobernación será la autoridad responsable de garantizar que las transmisiones de radio y televisión dirigidas a la población infantil propicien su desarrollo integral a partir del principio del interés superior de la niñez.

En este orden de ideas la iniciativa en estudio plantea que los artículos sean reformados en los siguientes términos:

Artículo 5o. ...

I. ...

II. Contribuir al cumplimiento del principio del interés superior de la niñez y adolescencia, evitando influencias nocivas o perturbadoras para su desarrollo integral;

III.a IV....

Artículo 10....

I....

II. Garantizarque las transmisiones de radio y televisión dirigidos a la población infantil propicien su desarrollo integral a partir del principio del interés superior de la niñez,estimulen la creatividad y la solidaridad humana, procuren la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Promuevan el interés científico, artístico y social de la niñez, al proporcionar diversión y coadyuvar a su proceso formativo.

III. a VI....

Artículo 59 Ter....

I.Propiciar su desarrollo integral, a partir del principio del interés superior de la niñez.

II. a V....

...

...

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez establecidos los antecedentes y analizada la iniciativa que nos ocupa, se llega a las siguientes:

Consideraciones

Primera. El derecho a presentar las iniciativas que se dictaminan, encuentran su fundamento en la fracción II, del artículo 71 constitucional, ya que dicho precepto establece que: “El derecho de iniciar leyes o decretos compete: a los diputados y senadores al Congreso de la Unión...”.

Segunda. Esta comisión dictaminadora en el riguroso análisis de la iniciativa en estudio no pasa por alto la importancia y relevancia que tiene respecto a la esfera jurídica de los menores, máxime que el constituyente permanente en la reforma a los párrafos sexto y séptimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011.

En dicha reforma a la Constitución, los legisladores consideraron el principio del interés superior del niño, entendiéndolo como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Tal principio, ha sido definido por diversos doctrinarios, entre ellos; Miguel Cillero, que considera al interés superior como una garantía a la que los niños tienen derecho, con fines muy particulares como lo son:

• Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño.

• Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez.

• Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos.

• Orientar a que tanto los padres como el estado en general, en sus funciones que les son relativas, tengan como objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u objetivo.

Así, el interés superior del niño indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades.

En México se han dado avances trascendentales en materia del interés superior de la niñez, derivado de los instrumentos jurídicos internacionales que nuestro Estado ha suscrito y ratificado; entre estos avances encontramos diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los artículos que se precisan a continuación:

• La reforma al los párrafos sexto y séptimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011.

• La reforma al artículo 1o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de agosto de 2001, en el que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, entre otras.

• La reforma al artículo 2o., apartado B fracciones III y VIII Constitucional, publicada en el DOF el 14 de agosto de 2001, en el sentido de dar apoyo a la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil, así como la protección a los migrantes de los pueblos indígenas mediante programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes.

• La reforma al artículo 3o. constitucional, publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2002, referente a la educación básica obligatoria, preescolar, primaria y secundaria.

• La reforma al artículo 4o. constitucional, publicada en el DOF el 7 de abril de 2000, donde se contempla otros derechos como son: alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral, respeto a su dignidad y ejercicio pleno de los derechos de los niños.

• Por último, la reforma al artículo 123 Constitucional, publicada en el DOF 31 de diciembre de 1974, en el sentido de quedar prohibidas las labores insalubres o  peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de 16 años, y queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años, y que los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de seis horas. En cuanto al trabajo extraordinario, los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajos.

Asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expresado la interpretación al concepto en comento, mediante tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Página: 265, Novena Época, Instancia: Primera Sala (No. registro 172003), que a la letra dice:

Interés superior del niño (concepto)

En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: la expresión “interés superior del niño” implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

En este sentido, la función del derecho de menores, es constituir el instrumento por el que se pueda materializar el principio de justicia en los ámbitos que infieren en el ambiente de los menores. En otras palabras, tiene como función trascendental la de asegurar y amparar el desarrollo integral del proceso evolutivo de la personalidad del menor.

El ejercicio del derecho del menor, debe de ir destinado a todos, sin realizar distinciones, pero bajo la premisa de que deben ser destinados en atención a las necesidades de cada sector poblacional, contemplando como parámetros de cumplimiento las características socioeconómicas y culturales.

Tercera.Resulta imprescindible conocer los principales antecedentes a nivel internacional en materia de derechos de los niños: Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño; Declaración de los Derechos del Niño; Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emitidos por los organismos especializados internacionales que han expuesto interés en procurar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, en todos sus aspectos.

Los instrumentos internacionales que ha suscrito México en materia de derechos humanos y relacionados con los derechos de los infantes, son:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948.

• Convención internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, del 30 de septiembre de 1921.

• Protocolo que modifica el Convenio para la Represión para la Trata de Mujeres y Niños, del 30 de septiembre de 1921, firmado el 12 de noviembre de 1947.

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en conflictos armados.

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de los niños relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

• Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y protocolo Final, del 21 de marzo de 1950.

• Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989.

• Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional.

Cuarta.En relación con la propuesta de reforma al artículo 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es pertinente mencionar que esta dictaminadora considera que debe ser analizada en concordancia con la normatividad vigente.

Por ejemplo, la Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000. Comprende una descripción completa y aplicable a los medios de comunicación masiva, dentro de los cuales se encuentran la radio y televisión, en el Titulo Tercero, Capitulo Primero, Sobre los Medios de Comunicación Masiva el Artículo 43 establece:.

“Sin perjuicio de lo previsto en la normatividad aplicable a los medios de comunicación masiva, las autoridades federales, en el ámbito de sus competencias, procurarán verificar que éstos:

A.Difundan información y materiales que sean de interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos de educación que dispone el artículo 3o. de la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.

B.Eviten la emisión de información contraria a los objetivos señalados y que sea perjudicial para su bienestar o contraria con los principios de paz, no discriminación y de respeto a todas las personas.

C.Difundan información y materiales que contribuyan a orientarlos en el ejercicio de sus derechos, les ayude a un sano desarrollo y a protegerse a sí mismos de peligros que puedan afectar a su vida o su salud.

D.Eviten la difusión o publicación de información en horarios de clasificación A, con contenidos perjudiciales para su formación, que promuevan la violencia o hagan apología del delito y la ausencia de valores.

E.Además, las autoridades vigilarán que se clasifiquen los espectáculos públicos, las películas, los programas de radio y televisión, los videos, los impresos y cualquier otra forma de comunicación o información que sea perjudicial para su bienestar o que atente contra su dignidad.”

Quinta. En relación con la reforma al artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión, se estima que va más allá de lo comprometido por México a nivel internacional, e incluso de lo señalado en el artículo 4 de nuestra Constitución Política.

En México, la libertad de expresión está garantizada por el estado y sus limitantes, están previstas en la Carta Magna y la correspondiente ley reglamentaria. Vivimos en un régimen de responsabilidades ulteriores, esto es, no existe la censura previa. Por tanto, sería imposible que el estado garantizara que no se transmitieran cualquier tipo de contenidos.

Por ello, no se considera viable esta propuesta.

Sexta. En relación con las modificaciones al artículo 59 ter, se reitera lo manifestado en la consideración cuarta.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión, sometemos a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 10 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por la diputada Karla Daniella Villarreal Benassini, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de marzo de 2013.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, diputados: Federico José González Luna Bueno (rúbrica), presidente; Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche, Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Simón Valanci Buzali, secretarios; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Isaías Cortés Berumen (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Adriana González Carrillo, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, Alejandro Carbajal González.»

CODIGO DE JUSTICIA AGRARIA - LEY AGRARIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide el Código de Justicia Agraria y abroga la Ley Agraria

Con fecha 18 de diciembre del año 2012 fue turnada a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea el Código de Justicia Agraria y abroga la Ley Agraria, a cargo de la ciudadana María del Carmen Martínez Santillán, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Reforma Agraria con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 y 157 numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. Con fecha 18 de diciembre del año 2012, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, mediante Oficio número D.G.P.L.62-II-2-207, turnó para dictamen a esta Comisión de Reforma Agraria, el Expediente Numero 1042, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que crea el Código de Justicia Agraria y abroga la Ley Agraria, a cargo de María del Carmen Martínez Santillán, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión

2. La Comisión de Reforma Agraria, integra a través de sus Secretaría Técnica las opiniones de sus diputados integrantes y entran al estudio de la iniciativa con fundamento en el cual, formula proyecto de dictamen para la consideración del pleno de las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión, para su estudio y aprobación en su caso.

3. Con fecha 6 de marzo del 2013, se reunió en pleno la Comisión de Reforma Agraria en el salón 2 ubicado en el edificio “I” del Palacio Legislativo de San Lázaro,  para conocer el proyecto de dictamen, estudiarlo, analizarlo y en su caso aprobarlo, misma que al examinar el proyecto de dictamen, además de los antecedentes que aquí se reseñan, se estudiaron de la iniciativa las siguientes motivaciones: *

* (La iniciativa con proyecto de decreto por el que crea el Código de Justicia Agraria y abroga la Ley Agraria se publicó en la Gaceta Parlamentaria, número 3664-IV, del martes 11 de diciembre de 2012)

Considerandos

Primero. Esta Comisión de Reforma Agraria coincide con la ciudadana María del Carmen Martínez Santillán, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y entiende queel motivo de su preocupación y motivo de mayor relevancia de su iniciativa, se encuentra dentro del ámbito de la justicia.

Segundo. Sin embargo esta comisión después del minucioso estudio de la propuesta considera que efectivamente:

Existe amplio consenso en que la situación del campo mexicano requiere de profundos cambios para recuperar una dinámica de crecimiento, que permita elevar el bienestar de los productores y trabajadores rurales para hacer realidad el compromiso de justicia y libertad, proporcionando certidumbre jurídica y los instrumentos para brindar una justicia expedita.

Para lo cual son necesarias normas legales en las que reine la claridad y la sencillez que exigen los hombres del campo.

La seguridad en la tenencia de la tierra es base y presupuesto de todos los instrumentos de fomento a las actividades del sector rural. Sin ella se anulan los esfuerzos de desarrollo. La inseguridad destruye expectativas, genera resentimiento y cancela potencialidades.

Notas de algunos de los aspectos fundamentalmente considerados y que hacer la modificación o legal se perderían

Actualmente la ley de la materia señala que La asamblea general, está compuesta por todos los ejidatarios del núcleo de población, y esta es el órgano supremo del ejido. Le corresponde decidir sobre las cuestiones de mayor importancia para el núcleo de población, fijando los requisitos y formalidades para su instalación y para el ejercicio de su facultad de resolución cuenta con el comisariado y el consejo de vigilancia los cuales se conciben como órganos de representación y ejecución, siendo El comisariado ejidal el responsable de la representación legal del núcleo y de la administración de sus bienes, mientras el consejo de vigilancia verifica el correcto ejercicio administrativo.

Por lo que se considera que Sería incorrecto forzar la modernización, pero también sería un error frenar el cambio que desean los propios campesinos con restricciones legales.

Tercero. La actual ley permite, que los ejidatarios adopten las formas de organización que ellos consideran más adecuadas permitiéndoles celebrar cualquier contrato que diversifique riesgos e incremente sus ingresos. No se establecen restricciones específicas en materia de asociación.

Cuarta. La actual ley mantiene el orden de protección legal a las tierras Las que se destinan al asentamiento humano son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Estas constituyen el patrimonio irreductible del núcleo de población ejidal, e incluyen la zona de urbanización y el fundo legal, Las tierras de uso común pueden disfrutarse por todos los ejidatarios. El núcleo puede también decidir aportarlas a una sociedad mercantil o civil en que participen como accionistas, con objeto de lograr una explotación más adecuada y remunerativa de estos recursos, sin lesionar la naturaleza común de dichas tierras.

Quinta. La ley de la materia ordena proteger la tierra para los ejidatarios, mientras los tribunales agrarios garantizan la legalidad. Los ejidatarios pueden involucrar el usufructo de sus tierras, más no los derechos de propiedad, como garantía, para obtener crédito, previo el cumplimiento de formalidades que respalden la seguridad de la garantía.

Sexta. La protección no estaría completa si la ley no contempla el derecho que asiste a los núcleos de población para obtener la restitución de las tierras que les fueron ilegalmente arrebatadas. Este derecho se fortalece con el respaldo del recurso de apelación ante el Tribunal Superior Agrario, en el evento de que la resolución del juez de primera instancia sea lesiva a los intereses del núcleo de población afectado.

Séptima.de la misma manera es necesaria la Procuraduría Agraria. Quien No permite que se engañe o se tome ventaja de la buena fe del campesino mexicano y los representa ante las autoridades agrarias.

En suma

En la actual ley prevalece la sencillez y la claridad en los procedimientos de justicia agraria. La Ley supletoria a la materia brinda la certeza en el análisis que hacen los Tribunales Agrarios; lo que permite la sólida formación de la jurisprudencia agraria, dejándole la operación y estructura a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

A la par las opiniones de:

La Secretaria de Desarrollo Social comenta:

La iniciativa está desactualizada, ya que con la entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cambian de nombre y atribuciones ciertas dependencias; tal es el caso de la desaparición de la Secretaria de la Función Pública y la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que sustituye a la Reforma Agraria, motivo por el que habría que esperar a las atribuciones específicas que se publiquen en los Reglamentos Interiores de las dependencias involucradas en esta iniciativa, para posteriormente se propongan cambios acordes a estas disposiciones.

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano estima innecesaria la aprobación de la iniciativa en comento, en virtud de que del análisis de la misma, se puede observar que los primeros nueve títulos de la iniciativa que expide el Código de Justicia Agraria y abroga la Ley Agraria, son idénticos a la actual Ley Agraria, con la excepción de que los artículos 17, 18 y 19 los cambian al título décimo, capítulo XXVI; por otra parte se elimina el vigente inciso b) del artículo 80; de igual manera, cambian a lo largo de la propuesta la palabra ?Ley? por ?Código?, siendo que en muchas ocasiones está mal redactado y empleado dicho cambio de palabras; así como las referencias a determinados artículos, fueron transcritos de la misma forma en las que están en la Ley Agraria sin haber tomado en cuenta que al cambiar de apartado los artículos 17, 18 y 19 se recorrerían todos los demás artículos, por lo que dichas referencias ya no corresponden a los preceptos invocados. En el mismo contexto, el título décimo de la iniciativa referente a la Justicia Agraria, la mayoría de los artículos inscritos en él, son similares, y en muchas ocasiones hasta idénticos, al Código Federal de Procedimientos Civiles; por lo que se estima innecesario integrarlos a dicho título, en virtud de que tanto el artículo 2 de la iniciativa, como de la Ley Agraria, señalan que se aplicará supletoriamente la legislación civil federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, y en su caso, mercantil, según la materia de que se trate. De igual manera, dicha iniciativa, no está actualizada respecto a los organismos a los que hace mención, ya que no se encuentran con sus nombres actuales como es el caso de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, siendo ahora el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; o bien, de la Secretaría de la Reforma Agraria, siendo ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En virtud del anterior estudio de los razonamientos lógico jurídicos así como basados en las apreciaciones se emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha en sus términos la iniciativa con proyecto de decreto que crea el Código de Justicia Agraria y abroga la Ley Agraria, a cargo de la C. María del Carmen Martínez Santillán, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión

Segundo. Para los efectos legales conducentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril del año 2013.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados: Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña, Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Eduardo Román Quian Alcocer, Luis Gómez Gómez, Lisandro Arístides Campos Córdova, José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica en abstención).»

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII numeral 2 del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a) y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 fracción II, 82 numeral 1, 84, 85 y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

l. En la sesión del 28 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII numeral 2 del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3654-III, el miércoles 28 de noviembre de 2012.

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa presentada por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas propone modificar la fracción VII numeral 2 del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de cambiar denominación a una comisión ordinaria de la Cámara de Diputados, siendo la de Atención de Grupos Vulnerables, por el nombre de Comisión de Atención a Personas o Grupos en Condición de Vulnerabilidad.

2. En tal sentido, la proponente señala en su exposición de motivos lo importante que es considerar dentro de la agenda legislativa a los grupos sociales en condiciones de desventaja.

3. Del mismo modo, la proponente señala que el concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.

4. Igualmente, expone como en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se concibe el fenómeno de la vulnerabilidad que, entre otras cosas, son circunstancias de desventaja para determinados grupos en cuanto a su desarrollo subsistencia y los coloca en una constante situación de riesgo.

5. Señalando finalmente en su exposición de motivos que el significado de la palabra “vulnerable” debe entenderse como “que puede ser herido o dañado física o moralmente”, agregando que se debe de entender que grupos vulnerables, son aquellos que pueden ser violentados por cualquier persona o acción en sus derechos fundamentales.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Se destaca de la presente iniciativa la preocupación de la diputada proponente en tomo a las condiciones de vulnerabilidad que aquejan a determinados sectores de la población y que afectan su desarrollo social, económico, cultural, etcétera.

3. No obstante lo anterior, esta dictaminadora estima conveniente no aprobar la iniciativa propuesta por las razones siguientes:

a) Planteamiento del problema y técnica legislativa

Constitucionalmente, los diputados cuentan entre sus facultades, el de presentar iniciativas, derecho que es abordado y regulado en el Reglamento de la Cámara de Diputados vigente en sus artículos 77 y 78.

En tal entendido, es pertinente citar que el artículo 78 del mencionado reglamento señala lo siguiente:

Artículo 78.

1. Los elementos indispensables de la iniciativa serán:

I. Encabezado o título de la propuesta;

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

III. Argumentos que la sustenten;

IV. Fundamento legal;

V Denominación del proyecto de ley o decreto;

VI. Ordenamientos a modificar;

VII. Texto normativo propuesto;

VIII. Artículos transitorios;

IX Lugar;

X Fecha, y

XI. Nombre y rúbrica del iniciador.

De tal precepto, resaltamos las disposiciones de las fracciones II y III del numeral l, esto es, las que señalan expresamente como elementos de las iniciativas el planteamiento de un problema y los argumentos que sustenten la misma, las cuales se refieren precisamente a lo que se busca solucionar o mejorar con la reforma propuesta y con ello, el proyecto se encuentre investido de una adecuada técnica legislativa.

Empero, de la exposición de motivos de la propuesta en comento, se desprenden únicamente consideraciones relativas a los grupos vulnerables, es decir, de la situación de riesgo a la que son propensos por tal condición (vulnerabilidad), pero no se desprenden argumentos que sustenten su objeto.

No debemos pasar por alto que para determinar la formulación de una iniciativa, es indispensable comprobar si dicho proyecto está relacionado con un problema jurídico, político, social, cultural, científico o técnico y con ello se puedan precisar las causas y efectos de un problema, para que a través de un acto legislativo se aporte su solución.

Por lo tanto no se desprende que el actual nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, represente una situación que repercuta en el funcionamiento de las tareas de la comisión mencionada, o bien, que las obstaculice o invalide.

b) Concepto de Estado de Vulnerabilidad y Grupos Vulnerables

Ahora bien, partiendo de la base que la propuesta de la diputada lo es precisamente cambiar la nomenclatura actual de la comisión, para que en su lugar sea denominada Comisión de Atención a Personas o Grupos en Condición de Vulnerabilidad,es pertinente mencionar lo siguiente:

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, la palabra, significa:

1. f. Cualidad de vulnerable.

De la definición anterior, se impone entonces consultar el significado de la palabra vulnerable, siendo el siguiente:

Vulnerable

(Dellat. vulnerabilis).

1. adj. Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente.

Expuesto lo anterior, desprendemos que vulnerabilidad, se deriva de la palabra vulnerable y que ésta, en su concepto lingüístico coincide con el concepto que, relativo a las tareas encomendadas a la comisión se le confiere como incluso lo señala la misma proponente en los términos siguientes:

“...es importante entender que el significado de la palabra “Vulnerable”; ésta se entiende como “que puede ser herido o dañado física o moralmente”, por consiguiente se debe de entender que grupos vulnerables, son aquellos que pueden ser violentados por cualquier persona o acción en sus derechos fundamentales...”

Por lo tanto, podemos concluir que el concepto de grupos vulnerables es correctamente aplicado para nombrar a la comisión, toda vez que sí es acorde a los trabajos que desarrolla la misma.

Respecto a ello, Pedroza de la Llave y Gutiérrez Rivas citan que precisamente por grupo vulnerable deberá entenderse como:

“aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas”

En otras palabras, La vulnerabilidad o estado de vulnerabilidad es la circunstancia de debilidad en la que se encuentran determinadas personas o grupos, es la circunstancia que focaliza a estos precisamente como grupos vulnerables.

Esto quiere decir, que grupo vulnerable, es un concepto real, que sí es utilizado tanto práctica como teóricamente y sí se refiere al fenómeno que da origen a las tareas delegadas a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y por tanto es correcta la utilización de dicha denominación para la comisión.

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos en los párrafos que anteceden, es que se considera desechar la presente propuesta, ya que no se encuentra justificado el objeto de la misma y por el contrario la denominación actual de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sí es acorde a la materia de los asuntos que por turno legislativo le corresponden.

Lo anterior, también tomando en cuenta que el concepto de grupos vulnerables se encuentra vigente en la práctica y dentro de la teoría para definir con precisión a qué sector va encaminado tal término y no se considera conlleve una problemática de tal magnitud que sea imprescindible cambiar la denominación de la multicitada Comisión ordinaria de Atención a Grupos Vulnerables.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura, proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1. Atienza, Manuel, citado por Rodríguez Mondragón, Reyes, “El proceso de producción Legislativa, un procedimiento de diseño institucional” en Elementos de Técnica Legislativa, de Carbornell, Miguel y Pedroza de la Llave, Susana Thalía Edit. Porrúa, 3ª  ed, México 2004, pág. 150

2. Muro Ruíz, Eliseo, “Algunos Elementos de Técnica Legislativa”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2007, pág. 61.

3. Consultado en línea en: http://lema.rae.es/drae/?val=vulnerabilidad

4. Consultado en línea en: http://lema.rae.es/drae/?val=vulnerabilidad

5. Pedroza de la Llave, Thalía y Gutiérrez Rivas, Rodrigo, “Los niños y niñas como grupo vulnerable: una perspectiva constitucional”, en “Derechos Humanos, memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional III” de Valadés, Diego y Gutiérrez Rivas, Rodrigo, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2001, págs. 103 y 104.

6 González Galván, Jorge Alberto, Hernández, María del Pilar y Sánchez-Castañeda, Alfredo, “La pluralidad de los grupos vulnerables: un enfoque interdisciplinario”, en “Derechos Humanos, memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional III”, Op. Cit. Pág. 225.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su reunión ordinaria del 24 de abril de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme, Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adicionan dos numerales al artículo 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 numeral 2 incisos a) y b) y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85, 158, 167, 176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión del 12 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la Iniciativa con Proyecto de decreto que adiciona dos numerales al artículo 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por la diputada Irazema González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa referida en los antecedentes propone que las leyes, decretos y demás documentos que se difunden en los diversos medios electrónicos con los que cuenta la Cámara de Diputados, sean publicados traducidos a las lenguas de los pueblos indígenas del país, sobre todo si alguno de estos temas, tuvieran incidencia en estas comunidades. Para ello, propone que la Cámara de Diputados, establezca con especialistas en la materia, las bases de traducción o interpretación de lo publicado.

2. Su objetivo es actualizar las leyes, normas, reglamentos y acuerdos que garanticen que la leyes e información que emanan de esta representación, sea conocida por todos y cada uno los mexicanos, fortaleciendo con ello, los derechos etnolingüísticas de las comunidades indígenas y por lo tanto respetando la pluriculturalidad de Estado mexicano.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa prevista, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Corresponde a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias conocer, analizar y dictaminar las iniciativas que le han sido turnadas, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, numeral 2, incisos a) y b) y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 80, 82, 84, 85, 158, 167, 176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. A más de 200 años del surgimiento de México como Estado-nación, los pueblos indígenas no se han integrado totalmente al proyecto de nación, lo que lleva a pensar que, las formas para entender la organización, la cultura y sus hábitos económicos, deben tratarse no con una visión integracionista como se trató en los años posteriores a la Revolución Mexicana, sino reconociendo las particularidades que caracterizan a cada región indígena.

4. El planteamiento hecho por la iniciativa, en el ánimo de reconocer los derechos de estos pueblos, mediante la traducción de los marcos legales que constantemente se actualizan en esta representación, no necesariamente garantiza el fortalecimiento de sus derechos etnolingüísticos, ni el respeto a la pluriculturalidad del Estado mexicano.

5. Los integrantes de esta comisión consideramos loable la propuesta presentada en la iniciativa que aquí se resuelve; sin embargo, advertimos la conveniencia der promover la participación de los pueblos indígenas y la sociedad en general, en el contexto del reconocimiento de una realidad en tiempo y espacio diferente de nuestra nación, enmarcadas en una gran reforma del Estado, que reconozca el derecho de los pueblos indígenas a decidir en cuanto a su organización social y tomar en cuenta las implicaciones de nuevas leyes, que directamente afectan a sus comunidades.

6. Al respecto, esta dictaminadora considera que, si bien es cierto que el desconocimiento sobre determinados aspectos de la vida de los pueblos indígenas, entre los órganos de administración y gobierno, repercute en la creación de leyes y en la manera en que se aplican, también es cierto que se deben buscar los recursos específicos para establecer los lazos de comunicación que facilitarían su inclusión en los temas que a nivel nacional, involucran a sus comunidades.

7. Por otra parte, debemos tomar en cuenta las implicaciones que tendría la adquisición de infraestructura para contar con la participación de traductores e intérpretes para las más de 50 lenguas de las comunidades indígenas del país, que impactaría considerablemente el presupuesto asignado, ya que se requiere disponer de recursos financieros, humanos y materiales. Es una realidad que la estructura actual de la Cámara de Diputados no cuenta con estos medios y procurarlo requeriría de un aparato burocrático que rompería con el Acuerdo de austeridad y racionalidad de los recursos, adoptado por esta Cámara, a través del Comité de Administración.

8. Por último, es indispensable considerar que el Estado, en sus distintos niveles y ámbitos, debe consultar y consensuar con los pueblos indígenas, todos aquellos asuntos que les, atañen, como la manera de informarles respecto a los acuerdos y resoluciones que emanan del Congreso, mediante los procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, a fin de no generar una controversia con sus usos y costumbres.

Por todo lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la LXII Legislatura, proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del PRI, suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Segundo.Archívese el expediente como asunto totalmente y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su reunión ordinaria del 24 de abril de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García.»

LETRAS DE ORO E INSCRIPCIONES DE HONOR

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desechan ocho iniciativas con proyecto de decreto en materia de letras de oro e inscripciones de honor

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la LXI Legislatura, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, párrafo 2, inciso b) y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 157, numeral 1, fracción 1 y 158, numeral 1, fracción IV y 262 del Reglamento de la Cámara de diputados; así como por los artículos 5 y Segundo Transitorio del decreto por el que se expiden los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, exponernos a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen de conformidad con lo siguiente:

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de diputados, realizada el jueves 13 de septiembre de 2012, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados dio cuenta de la Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda “Congreso de Anáhuac de 1813”, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados, número 3602-I, el jueves 13 de septiembre de 2012.

2. En la sesión ordinaria de la Cámara de diputados, realizada el martes 16 de octubre de 2012, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados dio cuenta de la Iniciativa con proyecto de decreto, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Tratados de Teoloyucan de 1914”, a cargo del diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del Pro. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados, número 3625-II, del martes 16 de octubre de 2012.

3. En la sesión ordinaria de la Cámara de diputados, realizada el jueves 25 de octubre de 2012, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Guadalupe Posada, a cargo del diputado Pilar Moreno Montoya, del Grupo Parlamentario del Pro. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Iniciativa 60/052.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados, número 3632-II, del jueves 25 de octubre de 2012.

4. En la sesión ordinaria de la Cámara de diputados, realizada el martes de diciembre de 2012, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Rita Pérez de Moreno, a cargo del diputado José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del Pro. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Iniciativa 60/132.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados, número 3669-VII, del martes 18 de diciembre de 2012.

5. En la sesión ordinaria de la Cámara de diputados, realizada el jueves 28 de febrero de 2013: el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto, para 5 c! inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “Sentimientos de la Nación”, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Pro. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados, número 3718- VII, del jueves 28 de febrero de 2013

6. En la sesión ordinaria de la Cámara de diputados, realizada el jueves 28 de febrero de 2013, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados dio cuenta de la Iniciativa que reforma el artículo 28 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el fin de nombrar al Salón de CI Sesiones “Sentimientos de la Nación”, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados, número 3718- VII, del jueves 28 de febrero de 2013.

7. En la sesión ordinaria de la Cámara de diputados, realizada el jueves 28 de febrero de 2013, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados dio cuenta de la Iniciativa con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Manuel Gómez Morín, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN, suscrita por diversos integrantes del Grupo referido. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados, número 3718-VII, del jueves 28 de febrero de 2013.

8. En la sesión ordinaria de la Cámara de diputados, realizada el 5 de marzo de 2013, el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados dio cuenta de la Iniciativa con proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Vasconcelos, a cargo de Arturo Escobar y Vega, y suscrita por Gabriela Medrano Galindo y Enrique Aubry de Castro Palomino, diputados del Grupo Parlamentario del PVEM. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de diputados, número 3721- VI, del martes 5 de marzo de 2013.

9. El 24 de diciembre de 2010 se publicó el Reglamento de la Cámara de diputados, cuya vigencia comenzó a partir del 1 de enero de 2011.

10. El artículo 262 del Reglamento establece que:

1. La Cámara podrá realizar inscripciones dentro del Recinto, en los espacios adecuados para tal fin, conforme a los criterios para las inscripciones de honor en el recinto de la Cámara de diputados que emita la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Para ello, deberá presentarse iniciativa en los términos de este Reglamento.

11. Los artículos décimo y décimo primero transitorios del decreto publicado el 24 de diciembre de 2010 señalan 10 siguiente:

Décimo. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tendrá seis meses a partir de la entrada en vigor del presente reglamento, para establecer los Criterios para Inscripciones de Honor en el Recinto de la Cámara de diputados, a que se refiere el artículo 262 de este Reglamento.

Décimo Primero. El término para dictaminar las iniciativas en materia de inscripciones de honor que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias haya recibido a partir del 1 de septiembre de 2009, no correrá sino hasta que entren en vigor los Criterios para Inscripciones de Honor en la Cámara de diputados.

12. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aprobó en su reunión ordinaria del día 28 de junio de 2011, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expiden los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de diputados.

13. El dictamen fue puesto a consideración del pleno para su discusión y votación en la sesión ordinaria del día jueves 29 de septiembre de 2011, donde se aprobó por mayoría.

14. El lunes 3 de octubre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de diputados.

15. El artículo segundo transitorio del decreto por el que se expiden los criterios, señala que:

La comisión podrá, a través de un dictamen, atender todas las iniciativas pendientes de resolución en materia de Letras de Oro, que no alcancen el consenso de sus integrantes para ser aprobadas.

Contenido de las iniciativas

De acuerdo con la exposición de motivos de cada iniciativa, a continuación se destaca 10 más relevante de su contenido, en el mismo orden que la relación señalada en los Antecedentes de este dictamen.

1. Letras de Oro, Congreso de Anáhuac de 1813:En el año 2013 se cumplirán doscientos años de la promulgación de los Sentimientos de la Nación, de la instalación del Congreso de Anáhuac, así como del acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, sancionada en el Palacio Nacional de Chi1pancingo, el 6 de noviembre de 1813. En estos tres acontecimientos, eslabonados en un periodo histórico común, se plasma el basamento constitucional del nuevo Estado mexicano; se constituye el primer parlamento libre de la América septentrional, se proclama la separación de la Nueva España con respecto al imperio español, imponiendo el principio de la soberanía popular estipulando que ésta dimana del pueblo y que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, deben estar divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlo; por ello, el Congreso de

Anáhuac sienta las bases ideológicas del constitucionalismo y los cimientos políticos del Estado mexicano.

La iniciativa retoma demandas de diversas organizaciones de historiadores, académicos, sociedad civil y de la misma clase política del estado de Guerrero que solicitan a las autoridades locales y federales hacer cumplir su compromiso con la historia nacional.

2. Letras de Oro, Tratados de Teoloyucan de 1914: Según el Códice Mendocino, se infiere la existencia de Teoloyucan desde que Itzcóatllogra la conquista del reino Tepaneca que abarcaba los pueblos de Tlacopan, Azcapotzalco, Teocalhuayac, Cuahguacan, Tecpan, Cuautit1an, Atlacuihuayan, Mixcoac, Coyohuacan y Cuauhiximalla, debido a su cercanía con Cuautitlán.

El 13 de agosto de 1914, en Teoloyucan, estado de México, se firmaron históricos tratados que llevan el nombre del lugar y en los cuales se establecieron las condiciones de rendición. Fueron firmados sobre la salpicadera de un automóvil y sus firmantes fueron: en nombre del Ejército Constitucionalista los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco; en representación del Ejército Federal, Gustavo Salas, y en representación de la Armada Nacional, el vicealmirante Othón Pompeyo Blanco. De ese modo, con la firma de los Tratados de Teoloyucan se cerraría una etapa de la Revolución Mexicana e iniciaría una nueva que derivaría en la Constitución Política de 1917.

3. Letras de Oro, José Guadalupe Posada: Desde los primeros años de aprendizaje, su mentor lo introdujo en el ámbito del periodismo y de la prensa gráfica como dibujante. Las primeras caricaturas las publicó en el periódico El Jicote, en 1871, cuando apenas contaba con 19 años.

Posada creía en la universalidad del grabado, no en el grabado como expresión de una determinada causa. Hizo del grabado la representación de un país y una cultura gráfica nacional. Contó como nadie la trágica historia de la condición humana. Sufrió los ataques del gobierno porfirista, que vio en su obra las huellas de lo pisoteado por él y sus colaboradores, pagando muy caro oficiar con su arte en los altares de la cultura pre y revolucionaria. Su arte era para las masas y no apto para los intereses gubernamentales, lo que le acarreó grandes sinsabores; clausuraron en varias ocasiones sus lugares de trabajo.

Sus grabados van más allá de lo caricaturesco: tienen un valor estético y filosófico, pues tienen significado y dieron vida a acontecimientos. Tuvieron un realismo mágico y en muchas ocasiones más intangibles que reales, pero su obra no deja de ser maravillosa, no por poder hacer un grabado sino por el contenido sustancioso con que los dotó.

4. Letras de Oro, Rita Pérez de Moreno: Doña María Rita de la Trinidad Pérez Jiménez, destacada heroína del movimiento independentista mexicano, nació en una población de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el año de 1779 y murió el 27 de agosto de 1861. Participó en la insurgencia durante la Guerra de Independencia de México.

Don Pedro Moreno, su esposo, y Doña Rita eran ricos hacendados que sin tener la necesidad económica, lucharon por la libertad de la patria y decidieron incorporarse a las filas de José María Morelos, quien le dio el nombramiento de Coronel Insurgente a Don Pedro en 1814 a través del General Manuel Muñiz. El 19 de agosto de 1817 durante el ataque de los realistas al Fuerte del Sombrero, Doña Rita y sus hijos fueron hechos prisioneros. Su esposo logró huir. Una de sus hijas fue prisionera para servicio de la monarquía española; además, vio morir a su hijo de 15 años cuando combatía a las tropas realistas. Esta mujer, madre, esposa y revolucionaria fue extraordinaria y valiente, al grado de exponer su vida y las de sus hijos por nuestro país, dejando un vestigio muy importante y significativo en la historia de México; se sobrepuso a la adversidad de las circunstancias y a las debilidades. Doña Rita Pérez es la segunda mujer en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, con Irene Robledo.

5. Letras de Oro, Sentimientos de la Nación: La instalación del Congreso de Anáhuac, también conocido como de Constituyente de Chilpancingo o Apatzingán, dado el ambular errante que tuvieron sus integrantes que los obligó a sesionar de pueblo en pueblo, producto de la lucha insurgente que en ese momento se desarrollaba.

Este Constituyente fue convocado en junio de 1813 por general José María Morelos y Pavón, y se constituyó finalmente en Chilpancingo, el 14 de septiembre, por tres diputados propietarios: José María Liceaga, Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco y tres suplentes: José María de Cos, Carlos María Bustamante, Andrés Quintana Roo. Posteriormente se incorporaron José Murguía por Oaxaca y José María Herrera por Tecpan.

Los Sentimientos de la Nación es un magnífico documento que plasmó el ideario y espíritu libertario de don José María Morelos y Pavón, pero sobre todo la expresión más pura de las causas por las que luchaban los insurgentes frente a los realistas, siendo su vigencia perenne. Por esa razón, los diputados constituyentes decidieron unánimemente dar a Morelos el cargo de Generalísimo; sin embargo, éste no aceptó tal nombramiento y pidió ser llamado “Siervo de la Nación, porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías”.

6. Inscripción de Honor, salón de sesiones “Sentimientos de la Nación”:De todo el complejo arquitectónico del Palacio Legislativo, el más emblemático e importante es el Salón de Sesiones. Su belleza la dan las dos imponentes banderas nacionales que de izquierda a derecha y viceversa, se enlazan con un moño tricolor bajo la expresión: “la patria es primero”, frase célebre de don Vicente Guerrero. Sin perder de vista el apotegma de don Benito Juárez: “entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”. Por esa razón, se puede establecer que es en el Salón de Sesiones donde la mayoría de los mexicanos, en voz de sus representantes, expresan su sentir acerca de los grandes y graves problemas nacionales. Históricamente así ha sido; sin embargo, nadie ha reparado en reconocer que el espacio donde yace la máxima Tribuna del país es donde se hacen presentes los nuevos “Sentimientos de la Nación”, tal y como sucedió en septiembre de 1823 en la víspera del Congreso de Anáhuac, cuando el general José María Morelos y Pavón expresó en un manifiesto de 23 puntos, los anhelos más profundos del pueblo mexicano del siglo XIX.

7. Letras de Oro, Manuel Gómez Morín: Manuel Gómez Morín destacó por su inteligencia y creatividad, lo que le llevó a ocupar cargos de alta responsabilidad en la administración pública. En su primera juventud perteneció a lo que después se conocería como Los Siete Sabios, grupo selecto que gozó de elevado prestigio por la inteligencia de quienes lo integraban. Así, en 1933 tras la publicación de la Ley Orgánica de la Universidad, por la que se le otorgaba autonomía, pero por la que también se le recortaban al mínimo los subsidios gubernamentales, Manuel Gómez Morín recibe a la Universidad Nacional en crisis económica y académica. En tan sólo un año logra ordenar los planes académicos y conseguir fuentes alternas de financiamiento que permitieron la subsistencia de la máxima casa de estudios y la defensa de su autonomía y de la libertad de cátedra.

En el campo de la política, las contribuciones de Manuel Gómez Morín son invaluables, porque no sólo trabajó en la fundación en 1939 de la primera opción política que representaba una auténtica alternativa al partido oficial ­el Partido Acción Nacional-, sino que le apuesta a una forma distinta de hacer política: una política centrada en el ser humano y en la construcción de ciudadanía, en la participación cívica constructiva y opuesta al corporativismo entonces en boga en el mundo entero.

8. Letras de Oro, José Vasconcelos: Desde la rectoría universitaria, Vasconcelos concibió la reorganización del antiguo Ministerio de Educación y más tarde fue nombrado por Álvaro Obregón como el primer titular de la Secretaría de Educación Pública, institución que el mismo Vasconcelos forjó, y desde ahí, libró batallas en muchos frentes: las misiones culturales y el impulso del arte y la cultura indígena, la construcción de escuelas y el apoyo al muralismo mexicano, la organización de bibliotecas en todo el país y el ejército de jóvenes alfabetizadores, las escuelas de arte para obreros, las conferencias en las fábricas, los conciertos al aire libre y la edición de un buen número de libros y revistas. Nada más importante hizo Vasconcelos como secretario de Educación Pública, que acercar el arte y la cultura a gente que antes no tenía acceso a ella.

Como intelectual, en los albores del siglo XX, Vasconcelos ejerció una crítica severa en contra de las instituciones educativas y culturales del Porfiriato, inspiradas en el positivismo de Comte y Spencer, por considerar que estas reproducían una visión filosófica determinista y mecanicista de la sociedad.

El gran sueño de Vasconcelos, era que todos los mexicanos tuvieran las mismas oportunidades de acceder a los libros, de leer a los clásicos, de hacer de la lectura una práctica cotidiana y una fuente de riqueza espiritual. Para Vasconcelos, en las letras se hallaba el germen de la imaginación y de la capacidad de entender y transformar al mundo.

Vasconcelos, además fue uno de los grandes constructores de la identidad y la conciencia nacionales, y puso toda su pasión y talento al servicio la regeneración de la patria y de América entera. Para este ilustre personaje, la base de la mexicanidad estaba en sentir la cultura mestiza, por eso pretendió hacer de Latinoamérica el centro de una gran síntesis humana. Otra de las grandes contribuciones a la cultura mexicana, fue el impulso que dio a la antropología y al medio natural del país como objeto de estudio.

El maestro de América fue un gran mexicano que amó profundamente a su patria, y la defendió aún a costa del sacrificio, de la cárcel o el destierro, se encuentra la idea de que la política debía ser pensada como ética y como sabiduría, y que ésta resultaba inútil si no servía para alentar la construcción de una sociedad fundada en la justicia.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En términos generales las iniciativas motivo del presente dictamen, cumplen con los elementos indispensables que señala el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de diputados, para su presentación.

3. Con las primeras inscripciones en el Muro de Honor -julio de 1823- se inició la tradición de plasmar con letras de oro los nombres de personajes distinguidos de nuestro país, sin reglas bajo las cuales se aprobaran dichos reconocimientos, pues la intención de aquellos legisladores fue rendir un homenaje sólo a quienes con su obra y vida habían contribuido al nacimiento de nuestro país, como un Estado soberano e independiente.

4. Es una realidad que desde la aprobación de las primeras inscripciones hasta la más reciente, no existieron normas o algún reglamento específico que señalara los requisitos que debían contener las propuestas para las inscripciones con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de diputados, de nombres, leyendas o apotegmas. Asimismo, tampoco han existido criterios definidos para aceptar o rechazar alguna inscripción. Por tal motivo, cualquier decisión y argumento en un sentido o en otro, podía resultar controversial; no obstante que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tiene facultad plena para resolver al respecto, de acuerdo a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

5. Por lo anterior, resulta significativo mencionar que por primera vez en la historia del Congreso Mexicano, la LXI Legislatura, a través de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias haya emitido normas mínimas, bajo las cuales se dictaminaran este tipo de propuestas y plasmar la práctica parlamentaria de más de ciento cincuenta años, en un ordenamiento vigente.

6. Una innovación que se aprecia en los Criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados es que señalan expresamente la posibilidad para que los reconocimientos u homenajes inscritos, se realicen no sólo en el Salón de Sesiones, en el lugar que hasta ahora se ha considerado como único para este tipo de tributos, sino también en otros espacios del Recinto, como el patio central o en los salones donde habitualmente se reúnen las comisiones.

7. Otro elemento a considerar por esta dictaminadora es el contenido de los artículos 3 y 5 de los Criterios, que a la letra señalan:

Artículo 3. Las Inscripciones de Honor en la Cámara de diputados serán procedentes cuando tengan el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno, previo dictamen que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presente debidamente fundado y motivado.

Artículo 5. La Comisión resolverá sobre las propuestas de Inscripción presentadas valorando los méritos, virtudes, grado de eminencia, aportaciones y servicios a la patria o a la humanidad; sujetándose a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez universal.

8. No sobra decir que, estas disposiciones forman la columna vertebral de la regulación citada, porque en ellas se incorporan requisitos elementales para dictaminar las propuestas presentadas en esta materia, sea en sentido positivo o negativo, como son: una votación de dos tercios en el Pleno, es decir, 333 diputados y diputadas de un universo de 500; así como los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia que ahora deben caracterizar este tipo de decisiones, por parte de la Cámara de Diputados, a fin de evitar cualquier duda o controversia, respecto a las resoluciones que emita.

9. Respecto a las iniciativas atendidas en el presente dictamen, ésta dictaminadora considera que todas y cada una tienen diversos méritos dignos de ser reconocidos, como se demuestra ampliamente en el apartado de Antecedentes, producto de la argumentación de sus autores. Asimismo, las aportaciones y trayectoria de los personajes sugeridos, leyendas, apotegmas y hechos que se proponen reconocer, podrían inscribirse en alguno de los espacios del Recinto que se destinen para tal fin, puesto que como ya se apuntó, los Criterios para las Inscripciones de Honor permiten esa posibilidad y sin duda, en cada propuesta se advierten sucesos trascendentes en la vida política, cívica y social de nuestro país, merecedores de ser distinguidos por esta Cámara; sin embargo, las actuales reglas advierten claramente los requisitos ineludibles para que alguna propuesta pueda ser considerada a tal reconocimiento y es a éstos a los que se sujeta la decisión de esta comisión.

10. Cabe decir también, que no escapa al conocimiento de esta dictaminadora el hecho de que tres de las propuestas presentadas redundan en reconocer, a través de inscripciones y una medalla, la obra de uno de los más grandes próceres mexicanos de nuestra historia: José María Morelos y Pavón. Estas propuestas se refieren al Congreso de Anáhuac y a los Sentimientos de la Nación. Al respecto, estimamos oportuno precisar lo siguiente:

• El mural “Las Constituciones de México”, ubicado en el vestíbulo del salón de sesiones, elaborado por el maestro Adolfo Mexiac, originario de Michoacán, es una de las obras con mayores referencias expresas de corte histórico que se ubican al interior del Recinto Legislativo de San Lázaro. En uno de sus costados relata el movimiento de Independencia de México, donde destacan figuras como la de José María Morelos y Pavón y Miguel Hidalgo.

• El mural Pluralismo político, del maestro guanajuatense José Chávez Morado, que se encuentra en el frontispicio del Recinto Legislativo, cuya imagen representa el ícono más elaborado y distintivo de la Cámara de Diputados, tiene en la parte inferior la imagen de rostros que simbolizan los de aquéllos próceres participantes en las luchas sociales y armadas que se han desarrollado en la historia de nuestro país, como es el caso del ilustre María Morelos y Pavón.

• En el edificio H, primer nivel, de esta Cámara, se encuentra un salón llamado Libertadores, donde se encuentran los retratos de grandes libertadores latinoamericanos como Bolívar, José Martí, Hidalgo y Morelos. En dicha representación pictórica, se trata de “actualizar los ideales libertarios que deben guiar la vida legislativa a través de la presencia gráfica de estos héroes latinoamericanos de todos los tiempos”.

• El Recinto de la Cámara de Diputados también alberga dieciséis bustos de próceres mexicanos, cuyas imágenes evocan los complejos procesos históricos de nuestro país, que constituyen las bases de creación y consolidación del Poder Legislativo Mexicano. Seis de estas obras se encuentran ubicadas en el patio central, con la efigie de José María Morelos, Francisco Zarco, Benito Juárez, entre otros.

• En el Muro de Honor de la Cámara de Diputados se encuentra inscrito con letras de oro el nombre de José María Morelos (1823) y Constituyentes de Apatzingán (2008).

• Recientemente, durante la LXI Legislatura y para continuar con la tradición de reconocimiento plástico en esta soberanía, fue inaugurado en el vestíbulo del edificio E, en distintas etapas, el mural “La historia del pueblo mexicano, a través de su vida constitucional”, del maestro Guillermo Ceniceros, quien dijo que su intención fue realizar una síntesis de la historia de México, así como metáforas que acopian elementos históricos y plasmar en imagen las etapas más importantes del desarrollo del Congreso mexicano, mostrando los rostros de quienes participaron activamente en cada una de ellas.

11. Por lo que hace a la iniciativa del diputado Manuel Añorve, este órgano dictaminador considera que de acuerdo con los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, colocar el nombre de “Sentimientos de la Nación” al salón de sesiones implica la realización de una “inscripción de honor”, por lo que su colocación requeriría de un decreto aprobado por las dos terceras partes de los integrantes de esta Cámara y no de una reforma al reglamento, como lo sugiere el iniciador.

12. Además de lo anterior, el artículo tercero de los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados establece que para dictaminar las propuestas en materia de letras de oro e inscripciones de honor, es necesario contar con el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados. De tal suerte que cualquier propuesta debe, como requisito ineludible, reunir el mayor consenso posible, pues se trata de un homenaje que se rinde a nombre de la Cámara como institución pública, representante de la sociedad mexicana. Por tal razón, las iniciativas materia de la presente resolución, no dictaminan en sentido aprobatorio; es decir que, después de diversas deliberaciones entre los integrantes de esta comisión, concluirnos que ninguna de ellas cuenta con el consenso necesario para presentarla a la consideración del pleno y sería un despropósito exponerlas en otro sentido para su votación.

13. Una consideración adicional es el hecho de que este periodo ordinario está por concluir y que de no resolverse por ésta dictaminadora las iniciativas de referencia, vencerán durante el periodo de receso; por ello, preferirnos emitir un dictamen negativo que resuelva de manera definitiva tales asuntos.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presentamos a la consideración del pleno de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero.Se desechan las siguientes iniciativas:

1. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda Congreso de Anáhuac de 1813, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, el jueves 13 de septiembre de 2012.

2. Iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda Tratados de Teoloyucan de 1914, presentada por el diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del PRI, el martes 16 de octubre de 2012.

3. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Guadalupe Posada, a cargo del diputado J. Pilar Moreno Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI, el jueves 25 de octubre de 2012.

4. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Rita Pérez de Moreno, a cargo del diputado José Noel Pérez de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI, el martes 18 de diciembre de 2012.

5. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el t; p. Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda Sentimientos de la Nación, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, jueves 28 de febrero de 2013.

6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el fin de nombrar al salón de sesiones Sentimientos de la Nación, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, el jueves 28 de febrero de 2013.

7. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Manuel Gómez Morín, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN, suscrita por diversos integrantes del Grupo referido, el jueves 28 de febrero de 2013.

8. Iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Vasconcelos, a cargo de Arturo Escobar y Vega, y suscrita por Gabriela Medrano Galindo y Enrique Aubry de Castro Palomino, diputados del Grupo Parlamentario del PVEM, el 27 de marzo de 2012.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente y definitivamente concluidos.

Notas:

1 Decreto del Congreso Mexicano aprobado bajo el título “Declaración de honor de los primeros héroes libertadores de la nación y los que los siguieron”.

2 Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se expiden los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3351-11, martes 20 de septiembre de 2011.

3 Historia y Vida de la Cámara de Diputados. Palacio Legislativo de San Lázaro. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LVIII Legislatura. México, febrero 2003.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su reunión ordinaria el 24 de abril de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, incisos a) y b), y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85, 158, 167, 176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión del 25 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa enunciada en el apartado de Antecedentes, propone establecer que las diputadas y los diputados participen en la integración de los órganos de la Cámara con el principio de igualdad. Al efecto, los órganos responsables y los grupos parlamentarios garantizarán que las propuestas para la integración de las comisiones de trabajo legislativo y parlamentario reflejen en lo posible, la proporcionalidad de género en la composición de la Cámara, además de la representatividad de los grupos parlamentarios.

Menciona la iniciativa que según cifras de un análisis realizado en las 32 entidades federativas del país, reflejan la nula o escasa participación de la mujer, en cuanto al acceso a los cargos públicos de primer nivel en las diferentes dependencias gubernamentales.

En la actualidad, la Cámara de Diputados en la Legislatura LXII está integrada por 316 hombres y 184 mujeres, lo que representa 63 y 37 por ciento, y un aumento en el número de legisladoras en comparación con la legislatura anterior. A nivel mundial, sólo en 24 países las mujeres conforman el 30 por ciento o más de sus congresos.

Dice la iniciativa que, con los resultados de las elecciones de julio del 2012, la LXII Legislatura, cuenta ya con el mayor número de mujeres desde el origen de esta Cámara, con casi 37 por ciento del total de sus integrantes.

Su objetivo es adicionar un párrafo 4 al artículo 43, y se recorren los demás párrafos para quedar como sigue:

Artículo 43.

1. y 2.

3. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulara las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones;

4. En términos del artículo 4o. de la Constitución, las diputadas y los diputados participan en la integración de los órganos de la Cámara con el principio de igualdad. Al efecto, los órganos responsables y los grupos parlamentarios garantizarán que la propuesta para la integración de las comisiones de trabajo legislativo y parlamentario reflejen en lo posible la proporcionalidad de género en la composición de la Cámara, además de la representatividad de los grupos parlamentarios.

Consideraciones

La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la presente iniciativa, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias corresponde el conocer, analizar y dictaminar las iniciativas turnadas, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, numeral 2, incisos a) y b), y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 80, 82, 84, 85, 158, 167, 176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Al respecto, esta dictaminadora toma en cuenta que el planteamiento de la iniciativa en cuanto a la igualdad de género, es por el momento improbable, ya que la actual conformación de la Cámara no permite igualar los géneros en su representación para cada órgano legislativo y parlamentario, dadas las cifras de participación de éstos.

Por otro lado, debemos considerar que no obstante la existencia de normas como la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la materia que ocupa a la iniciativa aquí dictaminada, implica patrones de conducta social que en nuestro devenir histórico han determinado la actividad de los géneros.

Por último, consideramos que las comisiones legislativas y demás órganos internos de la Cámara de Diputados empiezan a reflejar la proporcionalidad de género en su composición.

Por todo lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

Segundo.Archívese el expediente como asunto totalmente y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su Reunión ordinaria, el miércoles 24 de abril de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme, Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desechan dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen las iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a), y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión del 11 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 48, y adiciona un artículo 52 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Lourdes Adriana López Moreno (PVEM) y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3625, el martes 16 de octubre de 2012.

3. En la sesión del 26 de febrero de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por la diputada Merilyn Gómez Pozos (MC) y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

4. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentarias año XVI, número 3716-VIII, martes 26 de febrero de 2013.

Contenido de las iniciativas

1. La iniciativa presentada por la diputada Lourdes Adriana López Moreno propone crear una Unidad de Servicios Ambientales con el objetivo de establecer las estrategias institucionales que incorporen criterios ambientales al funcionamiento de la Cámara de Diputados.

2. De igual forma, la iniciativa contempla adicionar un inciso f al artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de “formular e implementar el sistema de manejo ambiental”, refiriéndose al programa instaurado con el mismo nombre durante la LX Legislatura.

3. Bajo el mismo principio de desempeño ambiental, con la iniciativa se busca incorporar un artículo 52 bis, en donde a la Unidad de Servicios Ambientales de la Cámara de Diputados, propuesta dentro de la iniciativa, se le defina como el órgano técnico responsable de la instalación del sistema de manejo ambiental. Así, se plantea que sea un coordinador nombrado bajo los términos que se establecen en el Estatuto del Servicio de Carrera quien esté a cargo de la Unidad.

4. Por otro lado, dentro de la iniciativa propuesta por la diputada Merilyn Gómez Pozos se busca disminuir la cantidad de papel utilizado en la Gaceta Parlamentaria, optando por no guardar versiones impresas en el acervo, modificando el artículo 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

5. Asimismo, la iniciativa deroga el numeral 4 del mismo artículo anteriormente citado, en donde se especifica que los días de sesión habrá ejemplares de la Gaceta en el salón de sesiones, disponibles para los diputados y diputadas que lo soliciten.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Resulta trascendental destacar que las propuestas presentadas por ambas iniciadoras buscan contribuir a la mejora del medio ambiente, reduciendo el uso de recursos materiales en la honorable Cámara de Diputados. Por ello, esta dictaminadora reconoce la relevancia del tema de las iniciativas presentadas en la LXII Legislatura.

3. Es importante mencionar que de acuerdo con artículo 176, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, es facultad de las comisiones dictaminadoras contar con reportes de investigación, que contribuyan a enriquecer su labor resolutiva. Por ello, el día 6 de febrero de 2013, se pidió al Comité de Administración la información necesaria respecto al manejo de recursos materiales de esta Cámara, con el objetivo de evaluar la necesidad planteada por la diputada Lourdes Adriana López Moreno, no habiendo contestación al día de hoy.

4. Asimismo, uno de los objetivos fundamentales de la creación del Reglamento de la Cámara de Diputados es hacer más eficiente a esta institución, disminuyendo el uso de recursos materiales para su funcionamiento, como se expresa en la exposición de motivos del dictamen que expidió el Reglamento de la Cámara de Diputados, presentado el 15 de diciembre de 2010 en el pleno, “creemos firmemente que para ello hace falta además de la agilización de sus procesos la incorporación de los elementos tecnológicos que permitan ciclos eficientes, eficaces y sustentables, en armonía con el medio ambiente y que den lugar a acciones positivas como el ahorro de energía, la disminución de los costos, la eliminación de desechos y, en general, todos aquellos elementos que lleven a esta Cámara a ejercer sus acciones con procesos inteligentes, limpios, eficientes y a bajo costo”.

5. Por tanto, esta dictaminadora estima conveniente no aprobar esta iniciativa, puesto que considera que la creación del Comité Interno de Sistemas de Manejo Ambiental resultará en un gasto operativo adicional, utilizando más recursos materiales para su funcionamiento.

6. Por lo que se refiere a la iniciativa iniciada por la diputada Merilyn Gómez Pozos, se recurrió a la información de las oficinas de Crónica Parlamentaria, encontrando que la Secretaría de Servicios Parlamentarios ha hecho esfuerzos para que en promedio solo se impriman 80 gacetas durante los días de sesión y se guarde una copia en el acervo de la Cámara, habiendo disminuido considerablemente la emisión de papel con estos fines en los últimos años, objetivo fundamental por lo que se creó el Reglamento de la Cámara de Diputados.

7. Así pues, esta dictaminadora estima conveniente no aprobar esta iniciativa, puesto que aunado a lo expresado en el párrafo anterior, en el artículo 6, numeral 1, fracción XIV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se indica que es un derecho de los diputados el tener acceso a todos los documentos y medios de información disponibles en la Cámara, por lo que esta dictaminadora considera que no es posible el negar que existan Gacetas disponibles para los diputados y diputadas que las soliciten.

8. En este sentido, resulta evidente que las iniciativas, motivo del presente dictamen, fueron superadas por la reforma descrita y han quedado sin materia.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desechan las siguientes iniciativas:

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 48, y adiciona un artículo 52 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Lourdes Adriana López Moreno (PVEM).

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por la diputada Merilyn Gómez Pozos (MC).

Segundo.Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su reunión ordinaria del 24 del mes de abril de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desechan cuatro iniciativas con proyecto de decreto que reforman el Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

Los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la LXI Legislatura, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, párrafo 2, inciso b) y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, numeral 1, fracción JI, 82, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, exponernos a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen de conformidad con lo siguiente:

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el martes 2 de octubre de 2012, el diputado presidente de la Mesa Directiva, dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM. Asimismo determinó que se turnara a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 3615-II, del martes 2 de octubre de 2012.

2. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el martes 13 de noviembre de 2012, el diputado Presidente de la Mesa Directiva, dio cuenta de la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 80. y 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 3644-II, del martes 13 de noviembre de 2012.

3. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el miércoles 8 de noviembre de 2012, el diputado presidente de la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 3654-III, del miércoles 28 de noviembre de 2012.

4. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el jueves 20 de diciembre de 2012, el diputado Presidente de la Mesa Directiva, dio J cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 80 .. .1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Rubén Camarilla Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 3671-VI, del jueves 20 de diciembre de 2012.

Contenido de las iniciativas

1. La iniciativa presentada por el diputado Felipe Arturo Camarena, pretende considerar como obligación de los diputados y diputadas, permanecer en las sesiones y reuniones del pleno, de los órganos directivos y de las comisiones o comités a los que pertenezca. Prever que durante la sesión, el quórum se verificará constantemente, en horas indeterminadas, independientemente de si hay o no votaciones nominales; asimismo, iniciada la sesión, ésta podrá suspenderse si se llegare a comprobar falta de quórum en alguna de las verificaciones que lleve a cabo el presidente, o en una votación nominal.

2. Propone el diputado Felipe Arturo Camarena García establecer que los presidentes de cada una de las comisiones no podrán celebrar ninguna reunión al mismo tiempo que las del pleno de la Cámara de Diputados. No se incluirán dentro de esta prohibición las que se lleven a cabo con miras al asentimiento de algún dictamen de ley catalogada como preferente; tampoco todas aquéllas realizadas con el objeto de conseguir la discusión y o aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación o a la Ley de Ingresos de la Federación; asimismo, siempre que la Junta de Coordinación Política lo autorice, previa petición del presidente del grupo colegiado respectivo, podrá, de modo excepcional, aceptar la coincidencia de horarios de las sesiones de comisión y del pleno.

3. El diputado Rubén Camarillo Ortega propone en su iniciativa, incluir entre las obligaciones de los diputados que durante el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se conduzcan con transparencia en la gestión de recursos para el apoyo de proyectos o partidas presupuestales no contenidas en el proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo federal; establecer la prohibición de solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona dinero, objetos o cualquier donación, cargo o comisión para sí o para terceros, en caso de incurrir en esta falta, se dará vista al Ministerio Público de la Federación para que realice las investigaciones correspondientes a afecto de que determine el ejercicio de la acción penal.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa prevista, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Corresponde a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias conocer, analizar y dictaminar las iniciativas motivo del presente dictamen, que le fueron turnadas, conforme a lo dispuesto por los artículos 40, numeral 2, incisos a) y b) y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 80, 82, 84, 85, 158, 167, 176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. Cada una de las iniciativas a las que se refiere el cuerpo de este dictamen, presenta para cada caso específico, diversas consideraciones que fueron contempladas por la dictaminadora. Cabe aclarar que por tratarse de propuestas vinculadas con las obligaciones de los diputados y diputadas, se decidió agruparlas en este dictamen, en atención a lo dispuesto por el artículo 81, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

4. En la iniciativa que reforma el artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados, busca que los legisladores dediquen atención casi exclusiva al trabajo desarrollado en el Pleno los días de sesiones, al proponer la permanencia obligatoria de estos en el curso de los trabajos plenarios. Resulta evidente que tal disposición no les permitiría, en caso de ser necesario, asistir a las reuniones de las comisiones legislativas a las que pertenecen o a realizar otras actividades que tiene que ver con su encargo, como encomiendas de sus grupos parlamentarios, atención de ciudadanos y despacho de diversos asuntos desde sus oficinas. Si bien es cierto, que los diputados Presidentes de las comisiones legislativas, no pueden convocar a reuniones de trabajo, los días y horas que se tienen programadas reuniones de Pleno, en algunas ocasiones y de manera extraordinaria, se requiere trabajar en estas por la importancia de los temas de análisis en ellas.

5. Asimismo, y derivado de la representatividad de los ciudadanos conferida a los legisladores, tienen la encomienda de ser la voz de los distritos en los que fueron electos o a los cuales representan. Por ello, de manera constante acuden a reuniones con instancias gubernamentales para realizar gestiones en favor de sus representados. Es una realidad que en muchos casos, tienen que empatar su agenda con la de los funcionarios públicos que acuden a visitar, aun cuando haya sesiones de pleno.

6. Por lo que toca a la iniciativa que propone exceptuar de la prohibición de llevar a cabo reuniones de las comisiones al mismo tiempo que el Pleno, cuando las primeras discutan iniciativas preferentes o el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, esta dictaminadora estima que la preocupación planteada por la propuesta, ya se encuentra contenida en el propio Reglamento (artículo 212), es decir que materialmente no existe impedimento para que las comisiones, cuya materia de dictamen sea apremiante resolver, se reúnan con previa autorización de la Junta de Coordinación Política. Si se analiza desde el punto de vista operativo, anualmente son pocas las reuniones que las comisiones celebran en materias referidas y de aceptarse la propuesta, cada legislador tendría que presentar una justificación ante la Mesa Directiva anexando el registro de asistencia inicial y final. En cambio, si se aplican los preceptos vigentes del Reglamento, la celebración de una reunión de Comisión, en igual tiempo que una sesión del Pleno, con la autorización de la Junta, justifica en solo dos documentos la inasistencia de los diputados y diputadas a la sesión (información que remite la Presidencia de la Comisión a la Mesa Directiva, artículo 150, numeral 1, fracción IX).

7. A fin de comprender mejor el motivo de los preceptos vigentes, vale señalar lo siguiente: Uno de los principales objetivos planteados en el Reglamento de la Cámara de Diputados fue: “Contribuir a mejorar y dinamizar el trabajo legislativo dentro de la Cámara de Diputados.”

8. Asimismo, en su construcción se reconocieron los conflictos ocasionados por la coincidencia entre las sesiones del pleno y las reuniones de las comisiones: “Uno de los principales problemas del Congreso es y ha sido la asistencia. El propio texto constitucional establece en los artículos 62, 63 y 64, disposiciones para fomentar la asistencia e incluso establece consecuencias con la finalidad de disuadir el ausentismo; para perfeccionar tales instrumentos en este título se regulan la forma de registrar las asistencias, las causas para justificar las inasistencias y las formas para hacerlo, con la finalidad de determinar consecuencias.” Con estas normas, ahora los diputados y diputadas deben justificar y acreditar fehacientemente el motivo de su inasistencia a una sesión del pleno o de alguna comisión.

9. Otro objetivo fundamental del Reglamento fue fortalecer la labor de las comisiones, puesto que de ellas emana el trabajo sustantivo de la Cámara (análisis y creación de normas que habrán de pasar a la consideración del Pleno), y constituyen una herramienta básica de control y evaluación hacia el Poder Ejecutivo. De ahí que el pase de asistencia inicial y final sea un mecanismo regulado en el apartado de las comisiones (artículo 192), no así en el Pleno, donde se pretendió fomentar el debate de las iniciativas dictaminadas por las comisiones, así como la deliberación de asuntos de interés general y nacional. Además, se establecieron supuestos precisos de justificaciones y sanciones para quienes no cumplan con asistencia regular a las reuniones (artículos 193, 194 y 195).

Con relación al tema, a continuación referirnos otra parte de la argumentación que la comisión presentara en el proyecto de expedición del Reglamento de la Cámara de Diputados:

El objetivo es propiciar el fortalecimiento y consolidación de estos entes como órganos legislativos reconocidos, eficientes y ágiles que nutran de temas al pleno y cumplan con su misión auxiliar sin que en el proceso interfieran con el ritmo que la asamblea plenaria tiene.

Mención especial merece el mecanismo establecido para auspiciar la concurrencia al trabajo en comisiones que consiste en una programación de las sesiones de las comisiones ordinarias que se haría conjuntamente entre estas y la Conferencia para evitar el empalme de sesiones, sumado a medidas como el descuento de dieta por la acumulación de 3 inasistencias injustificadas en un semestre y la baja automática del diputado en estas representaciones por acumular 4 inasistencias sin justificar en un semestre.

10. Por lo anterior, reconocernos que otra forma de fomentar el debate, la permanencia y la atención de los asuntos más importantes en el pleno de la Cámara fue incorporar la siguiente disposición: “durante la sesión, el quórum sólo se verificará mediante las votaciones nominales” (Artículo 46, numeral 2). De tal suerte que los legisladores tuvieran la posibilidad de atender otros asuntos inherentes a su función, desde sus oficinas y reincorporarse al trabajo del Pleno, en el momento de la discusión de dictámenes o asuntos que requieran deliberación de la Asamblea.

11. En lo que concierne a la iniciativa presentada por el Dip. Rubén Camarillo Ortega, consideramos que los supuestos en ella planteados ya se encuentran contenidos en el propio Reglamento vigente. Para ilustrar la afirmación, es pertinente citar siguiente texto:

Artículo 8.

Serán obligaciones de los diputados y diputadas.

...

V. Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera del Recinto, con el decoro y dignidad que corresponden a su investidura;

VI. Informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos;

VII. Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que desempeñan, así como ostentarse con el carácter de legislador en toda clase de asuntos o negocios privados;

...

XIII. Renunciar a obtener, por la realización de actividades inherentes a su cargo o su impacto, beneficios económicos o en especie para:

a) Sí, su cónyuge, concubina o concubino;

b) Parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado;

c) Terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios, o

d) Socios o empresas de las que el diputado o diputada formen o hayan formado parte.

12. En concordancia con 10 anterior, la preocupación contenida en la iniciativa, tiene que ver directamente con la actividad del cabildeo, que se realiza en todo tiempo en el interior de la Cámara de Diputados, pero particularmente en la época de discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

13. En este sentido, es conveniente señalar que el Capítulo III del Título VI, del Reglamento prevé lo siguiente:

Artículo 263.

1. Por cabildeo se entenderá toda actividad que se haga ante cualquier diputado, diputada, órgano o autoridad de la Cámara, en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros.

...

Artículo 265.

1. Los diputados y diputadas, así como el personal de apoyo de la Cámara, se abstendrán de hacer recomendaciones que equivalgan a un cabildeo, cuando obtengan beneficio económico o en especie para sí o su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios.

14. Posterior al análisis detallado de las propuestas, así como de los argumentos expuestos en las iniciativas referidas en el presente dictamen, esta comisión dictaminadora estima que no son procedentes las reformas planteadas, pues su aprobación conllevaría, en algunos casos, redundar en supuestos ya regulados y, en otros, desvirtuaría los objetivos centrales por los que fue construido el Reglamento de la Cámara de Diputados.

15. Además de las razones señaladas, estimamos oportuno promover, desde el espacio en el que desempeñemos nuestra función, la aplicación puntual de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento, pues así podremos continuar con la transformación del quehacer legislativo que inició hace algunos años, pero también, nos permitirá apreciar con claridad, cuáles son los ajustes que requiere nuestra norma interna.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presentamos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desechan las siguientes iniciativas:

1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM, el martes 2 de octubre de 2012.

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 80. y 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM, el martes 13 de noviembre de 2012.

3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM, el miércoles 28 de noviembre de 2012.

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada por el diputado Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN, el jueves 20 de diciembre de 2012.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente y definitivamente concluidos.

Notas:

1 “Las comisiones, sólo de manera extraordinaria y con el permiso de la Junta, podrán reunirse durante las sesiones del pleno. En caso de que se presente una votación en el pleno, se decretará un receso en la reunión de la comisión, en tanto los integrantes acuden a votar.” Artículo 212 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

2 Proyecto de decreto que expide el Reglamento de la Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3162-VI, miércoles 15 de diciembre de 2010.

3 Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme, Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica en contra), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica en contra).»

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a) y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, fracción II, 82 numeral 1,84, 85 y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión del 18 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada María del Carmen Martínez Santillán del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3605, el martes 18 de septiembre de 2012.

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa presentada por la diputada María del Carmen Martínez Santillán propone regular el tema relativo a las audiencias públicas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de fomentar la participación ciudadana en comisiones y que el derecho de los ciudadanos no se quede en una mera facultad.

2. En tal sentido, la proponente señala que el objeto de su iniciativa al regular las audiencias públicas es contribuir al mejoramiento de la calidad y a la cabal fundamentación de las decisiones que adopte el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Del mismo modo, la proponente señala que el propósito de contar con una audiencia pública es facilitar el diálogo entre los participantes y que las mismas estimulan la celebración previa, coetánea y posterior de múltiples debates que alimentan su proceso preparatorio y contribuyen a una mejor calidad de participación cívica de los distintos participantes.

4. Igualmente refiere que con su iniciativa, se pretende fortalecer el proceso de democratización, apoyando iniciativas que promuevan un mejor nivel de gobernabilidad e institucionalidad democrática en el ámbito nacional, señalando además de que las audiencias públicas pueden permitir que los legisladores escuchen y comprendan la diversidad de prioridades de una población, en pro de mejorar el marco legislativo.

5. Señala asimismo, que una vez institucionalizado este mecanismo de participación ciudadana, su convocatoria puede ser obligatoria bajo determinantes circunstancias y la falta de celebración de estas puede ser causa de nulidad de la decisión aprobada por alguna de las Cámaras del Congreso.

6. Sumado a ello, expone que la Audiencia Pública permitirá a los ciudadanos comprender cuáles son los puntos comunes de opinión generalizada y observen como sus legisladores construyen sus propuestas a partir de ellos y, por su parte, a las autoridades (sic) les permitirá entrar en contacto con un mayor flujo informativo y las autoridades legislativas (sic) no sean influenciadas exclusivamente por las opiniones sesgadas de algunos sectores, custodiando la protección de lo colectivo frente a lo sectorial o individual.

7. De tal manera puntualiza que la propuesta es la implementación de un mecanismo de participación ciudadano de audiencias públicas que ayuden enormemente a los legisladores, principalmente por las razones siguientes:

A). Frente a la versión inicial de un proyecto normativo, las contribuciones del público se ordena a partir del texto y la estructura propuesta evitando así el agobio informativo inconducente;

B). Las opiniones de los participantes pueden contribuir con textos alternativos al articulado o a la fundamentación de las propuestas para expresar sus perspectivas, colaborando de este modo con la tarea normativa de los legisladores.

Acotando que este tipo de mecanismos permiten que los legisladores aprendan sobre la opinión de la gente a partir de los proyectos específicos, evitando demoras causadas por el exceso de información.

8. Finalmente, es dable mencionar que la diputada proponente en su iniciativa, expone un marco teórico sobre las audiencias públicas, proporcionado su clasificación, sus condiciones generales, sus reglas generales aplicables, su procedimiento y el desarrollo de las mismas.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Por otra parte, es dable destacar la presente iniciativa presentada por su proponente, toda vez que de la misma se desprende como objeto primordial la inclusión de la ciudadanía a la labor legislativa y reforzar el compromiso que en todo momento deben observar los legisladores con la sociedad en la toma de decisiones para reformar nuestro orden normativo, ya sea el fundamental o el secundario.

3. No obstante lo anterior, esta dictaminadora estima conveniente no aprobar tal iniciativa por las razones siguientes:

De acuerdo a Atienza, el desarrollo de las leyes se puede dividir en tres fases (prelegislativa, legislativa y postlegislativa), por lo que respecta a la primera de ellas, es decir, la prelegislativa, se define como un proceso previo para el establecimiento de prioridades en la agenda legislativa y de análisis sobre la necesidad de diseñar instituciones formales, modificar las existentes o dotar a aquellas instituciones informales del carácter de formal.

En tal sentido resulta importante plantear correctamente el problema, que en el caso debe entenderse en definir qué es lo que se busca solucionar o mejorar con la reforma propuesta.

Esto es, el hecho de modificar las normas jurídicas implica determinar la necesidad de su actualización, nos refiere Muro Ruíz, que el fin de modificar el contenido de un ordenamiento jurídico, en uno o varios artículos lo es para introducirle innovaciones o adecuarlo a la realidad socia1.

Sentado lo anterior, y de acuerdo a lo expuesto en el cuerpo del presente dictamen, se desprende que el planteamiento del problema en la propuesta en comento, es que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos no cuenta con disposiciones relativas a regular las audiencias públicas en el proceso legislativo.

Sin embargo, es dable señalar que la ley anteriormente citada, sí contempla la celebración de las audiencias públicas, de tal forma que en su artículo 93 establece lo siguiente:

“Artículo 93.

1. Las reuniones de las comisiones podrán ser públicas, cuando así lo acuerden sus integrantes. También podrán celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o las personas que las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto de que se trate.”

Circunstancia que incluso la proponente alude en su exposición de motivos, al señalar “... Es cierto que en algunos temas, el Congreso de la Unión convoca a audiencias públicas sobre ciertos temas generales...”

De lo anterior, queda de manifiesto, que la ley en cita, sí contempla en primer lugar que se puedan celebrar audiencias públicas, y en segundo lugar, que el objeto de las mismas lo es “aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto que se trate”.

No pasa inadvertido para esta comisión dictaminadora, que si bien es cierto, no existe en la mencionada Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, disposiciones que regulen a las citadas audiencias públicas, también es cierto que el Reglamento de la Cámara de Diputados, vigente desde diciembre de 2010, sí prevé disposiciones relativas a la audiencia pública, objeto de la propuesta en comento.

En este orden de ideas, es en el Reglamento de la Cámara de Diputados, en la Sección Décima Segunda denominada “Proceso de Dictamen”, donde se previene lo relativo a las audiencias públicas.

El artículo 176, numeral 1, fracción III, señala que en el proceso de dictamen la comisión podrá obtener un reporte de opinión pública.

Por su parte, el artículo 177, numeral 2, dispone:

“2. La comisión por mayoría absoluta podrá acordar la realización de audiencias públicas o reuniones, en las que consulte:

I. La opinión de los especialistas en la materia;

II. A los grupos interesados, si los hubiere;

III. A los titulares de las entidades de la administración pública paraestatal, a las organizaciones, grupos, ciudadanos y a los titulares o representantes legales de las empresas de particulares que detenten una concesión del Estado;

IV A las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras del tema que se discuta, y

V Las opiniones de los ciudadanos.”

Igualmente, los artículos 178 y 179 en sus respectivos numerales 1 previenen lo siguiente:

“Artículo 178.

1. Para la realización de las audiencias públicas las comisiones acordarán por mayoría absoluta el programa y las fechas en las que se podrá participar en el proceso de opinión ante ellas, que se divulgarán a través de los medios de información de la Cámara.

Artículo 179.

1. Las audiencias por regla general serán públicas, siempre que las condiciones físicas, técnicas y de seguridad así lo permitan; quienes concurran a ellas deberán guardar la consideración y respeto hacia los demás, bajo el aviso de que el incumplimiento de lo anterior dará lugar a su exclusión en este proceso por parte de quien presida la Reunión.”

Asimismo, es dable mencionar que a su vez, el Reglamento de la Cámara de Senadores contempla lo siguiente:

“Artículo 129

1. La Junta Directiva tiene las atribuciones siguientes:

I. Presentar, para su aprobación, el proyecto de programa de trabajo anual de la comisión;

II: Elaborar el proyecto de calendario anual de reuniones ordinarias de la comisión;

III. Determinar el carácter público o privado de las reuniones;

IV. Proponer la integración de subcomisiones o grupos de trabajo para la elaboración de predictámenes o de proyectos de informes o resoluciones, para atender asuntos específicos;

V. Establecer, para el desahogo de asuntos de su competencia, la coordinación necesaria con otras comisiones y comités del Senado o de la Cámara de Diputados;

VI. Promover la realización de estudios e investigaciones, especialmente de carácter histórico, doctrinario y de derecho comparado, en los asuntos competencia de cada comisión;

VII. Proponer consultas y audiencias, públicas o privadas, con autoridades gubernamentales, especialistas, representativos de organizaciones sociales y ciudadanos en general, relacionados con las materias de cada comisión;

VIII. Formular el proyecto de Orden del Día para las reuniones de la comisión, y acordar el trámite a los asuntos programados; y

IX. Preparar los informes de gestión presupuestal y anual de actividades de la comisión, así como la memoria final de sus labores.

Artículo 133

1. En tanto órganos colegiados, las comisiones tienen las atribuciones siguientes:

I. Aprobar su Programa de Trabajo;

II. Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico;

III. Autorizar el calendario anual de reuniones ordinarias;

IV. Acordar la integración de subcomisiones o grupos de trabajo;

V. Realizar consultas yaudiencias, en sede legislativa o fuera de ella, relacionadas con las materias de su competencia;

VI. Aprobar el Orden del Día de las reuniones y ratificar, en su caso, el trámite a los asuntos programados;

VII. Autorizar, en lo procedente, los informes que presentan la Junta Directiva, las subcomisiones o los grupos de trabajo;

VIII. Solicitar información y documentos en términos del artículo 97 de la Ley;

IX Realizar reuniones de trabajo con servidores públicos, en los términos de la Constitución y la Ley, para ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que les competen;

X Emitir opiniones que se les solicitan en las materias de su competencia;

XI. Presentar al Pleno informe anual o final de actividades, por conducto del Presidente de la Mesa y, en su caso, los reportes específicos que se les solicitan; el informe se publica en la Gaceta yen la página de Internet del Senado; y

XII. Las demás que se derivan de la Ley, este Reglamento y otras disposiciones aplicables.

2. Los informes de actividades incluyen, por lo menos: la relación ordenada de asuntos turnados, los trabajos realizados, la documentación generada y el estado en que se encuentran; el cumplimiento del programa de trabajo; actas de las reuniones de trabajo celebradas; viajes realizados y objetivos alcanzados; y la información administrativa y presupuestal que corresponda.

3. La comisión que requiere información de otra, la solicita directamente a través de su Junta Directiva. Igualmente atiende las peticiones de otras comisiones o de senadores relacionadas con asuntos de su competencia. En ambos casos se considera el estado que guardan los asuntos de que se trata.

Artículo 184

1. En el proceso de dictaminar las comisiones pueden convocar a audiencias públicas o reuniones con el fin de escuchar al autor o autores de la iniciativa a especialistas en la materia representantes de organizaciones y grupos interesados así como a ciudadanos.

2. De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos.

Esto es, el propio Reglamento de la Cámara de Senadores vigente, también contempla la circunstancia de celebrar audiencias públicas durante el proceso de dictaminación de las iniciativas presentadas por los legisladores.

Derivado de ello, se tiene que, en la ley propuesta a adicionar artículos, ya se contempla el hecho de celebrar audiencias con la ciudadanía a efecto de tomar en cuenta su opinión durante el proceso legislativo, siendo en los respectivos reglamentos de la Cámara de Diputados y Senadores, donde se establece en forma más específica las circunstancias que deberán permear para la celebración de éstas.

Por lo tanto, es que se considera desechar la presente propuesta, ya que de lo contrario, en caso de regular lo concerniente a las audiencias públicas, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contribuirá a crear lo que en técnica legislativa se conoce como normas redundantes.

Esto es, se prescriben en éstas las mismas soluciones para los mismos casos, lo cual invariablemente conduciría a una innecesaria superabundancia de normas, haciendo más difícil su manejo.

Sumado a todo lo anterior, en la propia propuesta de la diputada iniciante se refiere que respecto a la audiencia pública no existe, por cierto, un modelo acabado y universalmente aceptado. Cada Congreso federal o Parlamento ha de encontrar en el camino cuál debe ser la forma y el contenido de sus procedimientos, y entre ellos el que corresponde a las audiencias públicas.

Por otra parte, deberá ponderarse si el establecer que en los trabajos de dictaminación de las comisiones se fijen obligatoriamente audiencias públicas para cada propuesta realmente contribuirá a un eficaz trabajo legislativo.

Ello en virtud de que, en el caso de celebrarse este tipo de audiencias, puede inferir en el rezago del proceso legislativo, ya que los tiempos se alargarían para celebrar las sesiones de las comisiones, y el hecho de abrir un debate a la ciudadanía en general, no garantiza la calidad de las aportaciones para el mismo y por ende para generar un ordenamiento jurídico bien estructurado en sus principios e integrado por normas correctamente formuladas.

Y por el contrario, como ha quedado asentado en el presente, si existen disposiciones que, en aras de permear de calidad el trabajo legislativo, abre la posibilidad de conocer opiniones de personas que sí estén involucradas en los diversos temas y/o de especialistas o instituciones en la materia, lo que sí contribuye a generar un marco normativo eficaz y de calidad.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura, proponernos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada María del Carmen Martínez Santillán.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1. Atienza, Manuel, citado por Rodríguez Mondragón, Reyes, “El proceso de producción Legislativa, un procedimiento de diseño institucional”en Elementos de Técnica Legislativa, de Carbonell, Miguel y Pedroza de la Llave, Susana Thalía Edit. Porrúa, 3ª ed, México 2004, pág. 149.

2. Ibídem, pág. 150.

3. ldem.

4. Muro Ruíz, Eliseo, “Algunos Elementos de Técnica Legislativa”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2007, pág. 121.

5. Bulygin, Eugenio, “Teoría y Técnica de la Legislación” en “Elementos de Técnica Legislativa”, op. cit., pág. 9l.

6. Idem.

7. Sáinz Moreno, Fernando, citado por López Olvera, Miguel Alejandro en “Elementos de Técnica Legislativa”, op. cit., pág. 183.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su reunión ordinaria del día 24 de abril de 2013.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 263 y 268 de la Ley del Seguro Social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión fue turnada para dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 263 y 268 de la Ley del Seguro Social, presentada en ejercicio de sus facultades constitucionales por el diputado Rodolfo Lara Lagunas (PRD).

La Comisión de Seguridad Social que suscribe este dictamen, con fundamento en lo establecido en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 fracción II, 82 numeral 1, 85, 157 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos y aplicables de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen, con los siguientes apartados: antecedentes, contenido de la iniciativa, consideraciones, conclusiones y acuerdo.

En cumplimiento del turno realizado por la Presidencia de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Social, emite los siguientes apartados:

Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, celebrada el 23 de noviembre de 2011, el C. Dip. Rodolfo Lara Lagunas (PRD) presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 263 y 268 de la Ley del Seguro Social. En la misma sesión, La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

En fecha 24 de noviembre de 2011, con base en el artículo 183, numeral I, del Reglamento de la H. Cámara de Diputados; la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa a que hace referencia este dictamen; misma que fue concedida el día 5 de diciembre de 2011.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa que se analiza propone que las sesiones del consejo técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social sean transmitidas por televisión en aras de promover el acceso a la información como parte medular de la transparencia en la toma de decisiones, ya que, como menciona el promovente, tales decisiones impactan directamente a más de 54 millones de derechohabientes.

Por otra parte, la iniciativa tiene la intención de restaurar la atribución de responsabilidad directa del Director General, la cual fue suprimida en la reforma del 2009; aunado a esto se pretende hacer reciproco el derecho de veto en las resoluciones, esta vez a favor del Consejo Técnico, de esta manera los consejeros no tendrán impedimentos legales para aprobar las decisiones que estén en contraposición del bien colectivo, y de igual forma se les impute la responsabilidad directa en su actuar, para que en los casos de desavenencias, los afectados puedan ejercer contra ellos las acciones legales pertinentes.

Cuadro comparativo del texto vigente con la iniciativa propuesta por el diputado Rodolfo Lara Lagunas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para el debido cumplimiento del presente decreto en materia de transmisiones por televisión y en vivo de las reuniones del consejo técnico, el instituto deberá celebrar los convenios necesarios con las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal. Estas dependencias y entidades deberán a su vez dar todo el apoyo al instituto para concretar tales convenios.

Consideraciones de la comisión

Primera.Los medios de comunicación, además de ser el puente entre la autoridad y los ciudadanos, fungen como inspectores al servicio de éstos últimos, su labor se enfoca a inspeccionar los diferentes campos de acción de la autoridad, con la finalidad de identificar aquellas que afectan directamente la voluntad popular, o que van en contra del interés colectivo, y de esta forma hacen del conocimiento de los ciudadanos cuando han detectado procederes anómalos de la autoridad. Por otra parte, todo hecho o información tiene que pasar por un proceso en el cual sea constatable en grado y forma, esto para alcanzar la condición de verdadero, así que dicho proceso tiene que realizarse por quienes revisan u observan, y es de fundamental importancia que esta tarea no sea inherente a los medios de comunicación, si no que en esta dinámica sea participe la sociedad mexicana para poder lograr una efectiva expansión de la información.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es mencionada como ejemplo de apertura a la información, refiriendo que esto ha implicado para los ministros el establecimiento de mejores fundamentos en sus resoluciones, responsabilizarse de sus posicionamientos política, social y legalmente; así como ayudar a difundir la cultura jurídica. De igual manera se ha hecho lo propio con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Poder Legislativo Federal que realizan la transmisión de los trabajos del pleno y sus comisiones.

En la actualidad, es necesario que las acciones de los gobiernos correspondan a necesidades de la gente y, a través de una buena planeación, cumplan las metas propuestas. Informar acerca de las fases que integran la planificación, así como la comprobación de las acciones realizadas y de los recursos económicos empleados, da pie a que las metas propuestas se lleven a buen fin.

Mundialmente se considera que un gobierno es democrático en forma plena cuando transparentan sus acciones y realizan a cabalidad un ejercicio sistémico de rendición de cuentas. Los elementos fundamentales de estas prácticas son la responsabilidad de los servidores públicos; el acceso de la sociedad a toda la información gubernamental, y la posibilidad de que los responsables del manejo de los recursos públicos sean sujetos de sanción en los casos de incumplimiento o existencia de irregularidades.

Para facultar un pleno ejercicio en la transparencia y la rendición de cuentas, es imperante contar con un marco jurídico e institucional propicio. Bajo esa premisa fue que en años pasados se comenzó a dar los primeros pasos para establecer las bases legislativas correspondientes a las exigencias de la sociedad. De esta manera es que fue creada la Auditoría Superior de la Federación en el año 2000, como órgano de la Cámara de Diputados, dotada de autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones y organización interna. La ASF tiene la facultad de promover denuncias penales ante las autoridades competentes cuando se acredita el mal uso de los fondos públicos y se identifica a los presuntos responsables.

El promovente refiere la labor que ha hecho de la Auditoria Superior de la Federación, específicamente en las cuentas públicas 2008 y 2009 del IMSS, y evidencia la presencia de contratos irregulares a favor de particulares respecto a la subrogación de guarderías, así como de visitas de inspecciones no realizadas por el instituto en una cantidad considerable de este tipo de guarderías, incluyendo la infame guardería ABC; por otra parte se reportan daños y perjuicios al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales por licitaciones realizadas con empresas no aptas, en especifico se menciona el caso de Tata Consultancy Services de México, SA de CV.

Subsecuentemente, en 2002 el acceso a la información se consolida con la emisión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta norma garantiza a toda persona acceder a la información de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Finalmente, teniendo presente que el artículo sexto constitucional consagra el Derecho Humano a la información pública como un derecho fundamental de los mexicanos, discurrimos que es preponderante que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social acceda a la apertura de sus reuniones, con el uso de transmisión televisiva, para que de esta forma queden bajo el escrutinio del público en general los resolutivos que emanan de éstas.

Sin embargo, se tiene presente la posibilidad de que en algunas situaciones extraordinarias el instituto requiera de confidencialidad en el manejo de su información, consideración que está contemplada en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en ambos artículos son mencionados los casos en que la información adquiere la naturaleza de reservada y confidencial. En ese respecto, el Diputado promovente, en la reforma del artículo 263, prevé estas situaciones y menciona que para exentar esta información al acceso público es necesario fundar y motivar por escrito la reserva de la reunión y que sólo se exhibirá en apego al artículo 22 de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Segunda.No puede hablarse de transparencia dejando de lado el tema de la corrupción. Es bien sabido que la corrupción tiene un impacto negativo en lo concerniente a la inversión pública en áreas estratégicas, repercutiendo incisivamente en la agudización de la pobreza y la marginación; por ello, es innegable que los índices de corrupción ejercen una importante influencia en el desarrollo político, económico y social de un país. Cuando la sociedad percibe falta de honestidad por parte de los servidores públicos se ve afectada la relación entre el gobernante y sus gobernados, y se disipa la voluntad de participación en los espacios del ámbito democrático.

Es lastimera la posición en la que se ubica nuestro país de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), 100 de 183, con una calificación de 3.0 en una escala donde 0 es la mayor percepción de corrupción y 10 la menor percepción de corrupción. Para fortalecer la democracia es necesario identificar todos aquellos puntos susceptibles de corrupción y tomar las medidas que permitan mejorar la vida política y económica.

En el análisis que hace el diputado promovente menciona que en general la administración pública federal se resiste a instrumentar la apertura a la información, por lo que reina la secrecía, el misterio, que abre el camino a la duda, ilegalidad y la corrupción. Por lo que urge romper este monopolio de la falta de transparencia, empezando por los espacios que inciden de manera directa en el mundo de los derechos sociales.

Esta comisión considera que una actitud responsable del IMSS debe incluir la divulgación del contenido de las reuniones del Consejo Técnico para desaparecer la asimetría predominante en el acceso a la información con todas sus trabas burocráticas, para poner a disposición de la ciudadanía la información que debe ser pública, y de esta forma las resoluciones acordadas queden fuera de toda opacidad y suspicacias. Es así como se fortalecen el funcionamiento de las instituciones y el Estado de derecho; se propicia el desarrollo de la cultura de la transparencia y, en la misma magnitud, se estimula la participación de los derechohabientes para exigir que se cumplan los programas de gobierno.

Tercera:El autor de la iniciativa propone facultar al Consejo Técnico con el derecho de veto sobre las resoluciones del Director General para que de esta manera se equilibré la responsabilidad en la toma de decisiones, ya que actualmente, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento interno del Instituto, en el artículo 66 se describen las atribuciones del Director General, y en la fracción VII refiere a la facultad de vetar los acuerdos del Consejo Técnico cuando impliquen inobservancia a la Ley, a sus reglamentos o no se ajusten a las políticas institucionales. Consideramos con visto bueno este punto, ya que la vocación de la totalidad de los integrantes del Consejo Técnico debe ser el servicio y su objetivo el mejoramiento del nivel de vida de los derechohabientes, independientemente de la responsabilidad que desempeñen.

Por lo tocante a las atribuciones del director general, el promovente reitera que las resoluciones que sean generadas deben estar respaldadas por la responsabilidad directa de quien las autorice, de forma que no pueda eximirse de las consecuencias ulteriores y por lo que tendrá que responder de acuerdo a lo que está fundamentado en el segundo párrafo del artículo 272 de la Ley del IMSS. Finalmente, el autor fundamenta lo anterior haciendo referencia a las obligaciones que tiene la autoridad para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos plasmado en el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional.

Cuarta.Solicitada en su oportunidad por la Comisión de Seguridad Social la opinión al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, éste responde, en su parte medular, en los siguientes términos: “Debe de tenerse presente que el artículo 45 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que durante el desarrollo de las sesiones, sólo deberán estar presentes los miembros del Consejo Técnico, el Secretario del Consejo, así como personal de apoyo de éste último y, en su caso, los servidores públicos del Instituto que requiera el propio Cuerpo Colegiado. Como puede apreciarse a través de las normas reglamentarias del Instituto se establece que el órgano toma decisiones en forma reservada, por lo que trasmitir la sesión por televisión implicaría un cambio radical en su operación, que podría no resultar conveniente para la operación del Consejo. Si bien en la exposición de motivos el diputado iniciante expone los casos del Canal Judicial y del Canal del Congreso, debe de tomarse en cuenta que estos son órganos con naturaleza distinta al Consejo Técnico del IMSS. En el caso del Canal de Televisión del Congreso, este se ocupa de difundir el trabajo de los legisladores, no sólo en cumplimiento al principio de transparencia, sino que se busca que los representados conozcan el trabajo de sus representantes. Así mismo, los grupos políticos representados en las Cámaras del Poder Legislativo pueden manifestar formalmente y de manera pública su posición sobre un determinado asunto; manifestaciones que son esenciales en un sistema democrático, para que los ciudadanos conozcan la posición política de los diversos grupos representados en la Asamblea Legislativa con respecto a la actuación de los órganos del Estado en especial del Ejecutivo, y a su vez esto sirva como una referencia para orientar en el futuro sus preferencias. Es de destacar que los canales parlamentarios en todo el mundo buscan acercar la deliberación a los destinatarios más importantes que son los ciudadanos. Como puede apreciarse la publicidad en el Poder Legislativo tiene por objeto democratizar la toma de decisiones. En el caso del Consejo Técnico del IMSS de acuerdo con lo establecido por el artículo 263 de la Ley del Seguro Social es un órgano de gobierno y administración que no requiere difundir sus deliberaciones para generar opinión pública, la transparencia en este ámbito busca establecer un control democrático mas no democratizar su operación, por lo que trasmitir las sesiones del Consejo Técnico no puede tener los mismos objetivos.

Quinta: Sin embargo, y considerando que en su debida oportunidad la transmisión en vivo de las sesiones del Consejo Técnico tendrán que darse en beneficio de la transparencia con que el gobierno y sus dependencias deben actuar en respeto a sus gobernados, el costo excesivo que en este momento representa transmitir en vivo en televisión pública las mencionadas sesiones del Consejo Técnico, la Comisión de Seguridad Social considera que prioritariamente debe atenderse el problema real y vigente de la falta de recursos para la atención de los gastos de los seguros de enfermedades y maternidad, y de guarderías y servicios sociales, y mantener el mecanismos hasta hoy vigente de que los acuerdos que tome dicho cuerpo colegiado sean publicados en el Diario Oficial de la Federación, cubre por lo pronto los requerimientos de informar a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la sociedad en general de sus determinaciones para el cumplimiento de las prestaciones que otorga a los trabajadores y sus familias a las que le obliga la ley.

Conclusiones

Por lo expuesto y propiamente fundado, la comisión que dictamina concluye que no es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 263 y 268 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 263 y 268 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentada por el ciudadano diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión Rodolfo Lara Lagunas el 23 de noviembre de 2011.

Segundo.Archívese este asunto como totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Seguridad Social, a 2 de abril de 2013.

La Comisión de Seguridad Social, diputados:Javier Salinas Narváez (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán, Gloria Bautista Cuevas, María Sanjuana Cerda Franco, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Araceli Torres Flores (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo, Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Agustín Miguel Alonso Raya, Mario Alberto Dávila Delgado, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, María Elena Cano Ayala.»

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las Leyes del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura fue turnada para estudio y dictamen correspondiente la iniciativa referida.

Esta dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente iniciativa con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XLIX, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción II, 157, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que esta comisión procedió a elaborar el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. El 25 de septiembre de 2012, el diputado Carlos Alberto García González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Segundo. El mismo 25 de septiembre de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

Primero.La iniciativa en estudio propone reformar la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por cuanto hace a la propuesta de reforma de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, modifica el artículo 1o. donde refiere que las comisiones Federal de Competencia, Federal de Telecomunicaciones, y Reguladora de Energía, puedan diseñar sus propios sistemas de servicio profesional de carrera, priorizando la transparencia y el acceso a la información.

Segundo. Respecto a la propuesta de reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; adiciona un artículo 8o. Bis, el cual prevé que las referidas comisiones deberán hacer pública la siguiente información:

a) Declaración patrimonial de los mandos de forma bianual.

b) Asistencias de los mandos.

c) Argumentos o elementos bajo los cuales adopten determinado sentido en las resoluciones que se consideren en términos de sus propias legislaciones de mayor complejidad o relevancia.

d) Los motivos y elementos que justifiquen un incremento en el sueldo de funcionarios a su cargo, dentro de su servicio civil de carrera.

e) Los vínculos familiares o de negocios con sociedades mercantiles;

Todo ello mediante un documento redactado de la manera más sencilla a la comprensión de las personas no familiarizadas con sus funciones.

III. Consideraciones

Primera.En relación con la propuesta de reforma de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, donde prevé que las comisiones Federal de Competencia, Federal de Telecomunicaciones, y Reguladora de Energía, puedan diseñar sus propios sistemas de servicio profesional de carrera, priorizando la transparencia y el acceso a la información; a efecto de realizar un mejor análisis del presente asunto, esta dictaminadora estudia la naturaleza jurídica de los órganos mencionados en la iniciativa del diputado proponente, de tal forma tenemos que

La Comisión Federal de Competencia (CFC) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que cuenta con autonomía técnica y operativa. La CFC fue creada en 1993 y es la autoridad encargada de prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Por su parte, “la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, en conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 1995 y derivado de las reformas a la Ley Federal de Radio Televisión”.

Finalmente, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, cuya visión es la de “Seguir siendo una institución reconocida como: autónoma, transparente y eficiente que logra un equilibrio armónico entre usuarios y permisionarios y que contribuye al desarrollo de un mercado energético competitivo, en beneficio de la sociedad.” y que su misión consiste en “regular de manera transparente, imparcial y eficiente las industrias del gas, de los refinados, derivados de hidrocarburos y de electricidad, generando certidumbre que aliente la inversión productiva, fomentando una sana competencia, propiciando una adecuada cobertura y atendiendo a la confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, a precios competitivos, en beneficio de los usuarios”.

Segunda.De lo anterior, se advierte que las tres comisiones comparten la característica de ser órganos regulatorios, desconcentrados de la administración pública federal.

Por ende, debe considerarse que en términos del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado cuentan con órganos administrativos desconcentrados que les están jerárquicamente subordinados y poseen facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Así, la CFC es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, la Cofetel de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la CRE de la Secretaría de Energía.

Cuestión que cobra relevancia, toda vez que la propuesta planteada por el diputado deviene inviable, debido a que el objeto de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal consiste en establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y que el artículo 3o., fracción VII de la referida ley, señala que se entiende por dependencia a las secretarias de Estado, incluyendo a sus órganos desconcentrados, departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

En ese orden de ideas, si se dispone que los referidos órganos regulatorios diseñen su propio sistema de servicio profesional de carrera, se atentaría en contra del objeto de la norma, así como de la organización administrativa; pues como lo refiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los órganos desconcentrados están jerárquicamente subordinados a las Secretarías de Estado y sólo poseen facultades especificas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial determinado.

Por lo que resulta aplicable de manera directa a la Cofetel y, por analogía, al resto de comisiones que se analizan en el presente dictamen el criterio jurisprudencial sostenido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su cuyo rubro se intitula “Comisión Federal de Telecomunicaciones. Su naturaleza de órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero con autonomía técnica y operativa, exige que su dependencia y subordinación jerárquica se limiten a las facultades no reservadas a su competencia directa y exclusiva asignada por el Congreso de la Unión”. En la que esencialmente se refiere que Comisión Federal de Telecomunicaciones constituye un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sujeto a la relación jerárquica que implica el poder de mando y subordinación del superior en el orden administrativo, conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Que el Congreso de la Unión delegó en favor de la Comisión Federal de Telecomunicaciones diversas atribuciones como órgano administrativo encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, otorgándole autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, así como para dictar sus resoluciones, debe entenderse que la Comisión en el ejercicio de tales funciones exclusivas no está sujeta a una relación de jerarquía en razón de la competencia otorgada en forma directa por una norma con rango de ley.

Por consiguiente, a diferencia de otros órganos administrativos desconcentrados, cuyo origen y competencia (indirecta) se deben al Poder Ejecutivo federal, la Comisión Federal de Telecomunicaciones cuenta con atribuciones autónomas que significan distribución de competencias directas que se le atribuyen por mandato de ley, por lo que su dependencia y subordinación jerárquica como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se limitan a las facultades que no le han sido reservadas a su competencia exclusiva.

De lo que se colige que la referida autonomía técnica, operativa y de gestión estriba en el ejercicio de sus atribuciones que les fueron conferidas por mandato de la ley que las creó como órganos regulatorios; lo que no implica ni una excepción al principio de subordinación jerárquica ni una independencia absoluta de la Secretaria de la que se desconcentran; pues no se les otorgaron facultades para efectuar el diseño de su servicio profesional de carrera; toda vez que ésta es una característica inherente a la subordinación que poseen respecto de la dependencia; la cual, en todo momento debe constreñirse a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; pues como se refiere en su artículo 2o., el Sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad; cuya operación estará a cargo de la respectiva dependencia de la Administración Pública Federal, con dirección de la Secretaría de la Función Pública y titularidad del Poder Ejecutivo, ello en pro de ejercer los principios rectores de la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.

Tercera.Aunado a lo anterior, en términos del artículo 3o. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la regulación de los órganos desconcentrados se encuentra incluida al hacerse referencia de las dependencias en su Fracción VII; si se excluyen como sujetos de dicha norma a las Cofetel, CFC y CRE; al poseer estas la naturaleza de órganos desconcentrados, ello implicaría que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal pierda generalidad (principio esencial en toda norma jurídica); pues haría distinción (donde no la hay) entre órganos con misma naturaleza jurídica, lo que devendría inconstitucional.

Cuarta.Respecto a la propuesta de reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la que adiciona un artículo 8o. Bis previendo que las referidas comisiones deberán hacer pública la información relativa a

a) La declaración patrimonial de sus mandos de forma bianual.

b) Asistencias de mandos.

c) Argumentos o elementos bajo los cuales adopten determinado sentido en las resoluciones que se consideren en términos de sus propias legislaciones de mayor complejidad o relevancia.

d) Los motivos y elementos que justifiquen un incremento en el sueldo de funcionarios a su cargo, dentro de su servicio civil de carrera.

e) Los vínculos familiares o de negocios; todo ello mediante un documento redactado de la manera más sencilla a la comprensión de las personas no familiarizadas con sus funciones.

Se toma en consideración para resolver el presente asunto que:

La información que propone el autor sea publicada por parte de los tres órganos reguladores, puede en todo caso ser solicitada con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente.

Cuestión que se afirma dado que el artículo 3o. fracción XIV, inciso a), de la ley arriba mencionada, prevé como sujeto obligado a la administración pública federal, en el entendido de que las dependencias incluyen a los órganos administrativos desconcentrados (naturaleza jurídica que comparten las Cofetel, CFC y CRE), lo que significa que éstos órganos reguladores ya se encuentran contemplados por la norma.

Asimismo, el artículo 7o. del mismo ordenamiento, ya prevé que (con excepción de la información reservada o confidencial) los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, diversa información relacionada con la estructura, atribuciones y funcionamiento de las dependencias de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por otra parte, nuevamente cobra vigencia la inviabilidad antes referida en el sentido de que si se hace mención de obligaciones únicamente para los órganos reguladores en estudio, la norma perdería su característica esencial y constitucionalmente prevista de generalidad.

Quinta.Al margen de lo anterior, este órgano dictaminador advierte las siguientes imprecisiones en la redacción en el artículo segundo del proyecto de decreto propuesto por el diputado:

a) Propone que los “mandos” de los órganos publiquen, en caso de existir, su relación o vínculos familiares con sociedades mercantiles, no obstante, se advierte que el proponente pretende que los “mandos” de los órganos no actúen o no resuelvan en los casos en los que se pueda presentar un interés en conflicto, lo cual ya está previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; en ella se señalan estos casos en los que el servidor público deberá excusarse o abstenerse y, establece las sanciones correspondientes en caso de violar la norma.

b) Otra consideración a este respecto es que por temas de seguridad, no es recomendable hacer pública este tipo de información, ya que al momento de crearse una norma o, modificarse alguna ya existente, en todo momento deberá contemplarse la seguridad y el bienestar de los sujetos a los que impactará dicho ordenamiento.

c) Además plantea el autor que los mandos publiquen su declaración patrimonial de manera “bianual”, lo cual contraviene de manera directa a lo dispuesto en el artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el cual señala: “La publicación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público”.

d) El proponente pretende dar transparencia al desempeño de los órganos reguladores, un eje principal de esta idea, argumenta, es el hacer públicas las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios, para que se pueda dar seguimiento a las variaciones en su patrimonio (si es que existiera), empero nunca aclara quien podrá dar seguimiento a esto; esta dictaminadora no omite decir que es una actividad específica y reglamentada que realiza la Secretaria de la Función Pública, lo anterior de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Sexta.Por otra parte, es de considerar, que el diputado autor también sustenta su propuesta en decir que la presente iniciativa ayudará a inhibir:

1. Que las empresas privadas se lleven al talento profesional de los órganos reguladores, o

2. Que los servidores públicos que desempeñan funciones en los órganos reguladores no quieran emigrar a empresas del sector regulado en busca de un mejor ingreso.

Argumentos ambos, que terminan siendo solo supuestos del proponente, toda vez que no vienen acompañados de datos estadísticos que apoyen sus dichos.

Séptima.Finalmente, debe referirse que en las disposiciones transitorias de la iniciativa, se advierten dos errores, el primero radica en que en su artículo segundo, se expresa: “Los órganos reguladores emitirán su reglamento interior dentro de los 120 días siguientes a la publicación del decreto”; no obstante, los órganos desconcentrados no están facultados para emitir reglamento interior; toda vez que ésta recae en el titular del Ejecutivo o en su defecto las dependencias; cuestión que tiene sustento en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y es acorde con el criterio jurisprudencial emitido por el pleno del más alto tribunal de la nación cuyo rubro refiere “Órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo federal. Tanto el Congreso de la Unión como el presidente de la República están facultados para crearlos”.

Del referido criterio se desprende que conforme al artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Unión expedir la ley orgánica en la que se distribuyan los negocios del orden administrativo entre las Secretarías de Estado, como órganos dependientes inmediatos del Ejecutivo Federal. Asimismo, en dicha ley orgánica el legislador ordinario reconoció la facultad de auto-organización del Ejecutivo en la atribución establecida en su favor de distribuir los asuntos al interior de sus dependencias mediante la expedición de reglamentos interiores desde la Ley de Secretarías de Estado de diciembre de 1935, facultad prevista actualmente en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, autorizando el numeral 19 de la propia Ley, a los titulares de cada Secretaría para expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas.

El segundo error radica en que sólo se emiten disposiciones transitorias por cuanto hace al artículo segundo del proyecto de decreto.

En virtud de lo anterior, se propone el siguiente

IV. Proyecto de Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental.

Segundo .Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Véase http://www.cfc.gob.mx/index.php/cfc-quienes-somos

2 Véase http://www.cft.gob.mx:8080/portal/informacion-general/

3 Véase http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=11

4 Jurisprudencia P./J.98/2010 de la novena época, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de septiembre de 2010, página 945: “Comisión Federal de Telecomunicaciones. Su naturaleza de órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero con autonomía técnica y operativa, exige que su dependencia y subordinación jerárquica se limiten a las facultades no reservadas a su competencia directa y exclusiva asignada por el Congreso de la Unión”.

5 Jurisprudencia P./J.49/2007 de la novena época, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, de diciembre de 2007, página 1080: “Órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo federal. Tanto el Congreso de la Unión como el presidente de la República están facultados para crearlos”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2013.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Areli Madrid Tovilla (rúbrica), presidenta; Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Juan Manuel Diez Francos, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Verónica García Reyes, Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú, secretarios; Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Rodimiro Barrera Estrada, Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla, José Antonio Hurtado Gallegos, Alfonso Inzunza Montoya, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Jorge Terán Juárez, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Miguel Alonso Vildosola Lacarra, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles.»

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa que reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Esta dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente iniciativa con fundamento en los  artículos 39, numeral 2, fracción XLIX, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que esta comisión procedió a elaborar el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero.El 18 de julio de 2012, la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Segundo. El mismo 18 de Julio de 2012, la vicepresidencia de la Comisión Permanente del Poder Legislativo federal turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

Único.La iniciativa en estudio propone como obligación de los servidores públicos, el abstenerse de realizar cualquier práctica discriminatoria que tenga por objeto el impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de un derecho.

Para lo cual adiciona una fracción VII recorriendo el resto de las fracciones del artículo 8o. y modifica los artículos 13 y 45 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

III. Consideraciones

Primera.En primer término, debe reconocerse la labor de la diputada proponente al pugnar por una tarea legislativa tendiente a eliminar toda forma de discriminación, en especial la relativa al ejercicio de la función pública; toda vez que la discriminación es un grave problema que vulnera el derecho fundamental de igualdad de las personas, el cual se agudiza cuando es cometido por los servidores públicos; ya que éstos tienen el deber de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica discriminatoria y de tomar todas las medidas necesarias para su eliminación; pues el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre todas las personas.

No obstante, la reforma propone hipótesis ya contempladas en el sistema jurídico mexicano, como se explicará enseguida.

Segunda.Esta comisión dictaminadora discurre trascendental para el análisis del presente asunto, considerar en términos generales el contenido de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación; de la que se desprende esencialmente lo siguiente:

a) Tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y promover la igualdad de oportunidades y de trato entre las personas; asimismo, establece que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualad de las personas sea real y efectiva, por lo que impone la obligación a los poderes públicos federales de eliminar los obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan a las personas su pleno desarrollo y participación en la vida política, económica, cultural y social del país.

b) Establece que cada una de las autoridades y los órganos públicos federales deberán adoptar las medidas conforme a la disposición de los recursos que les fueren asignados, para que toda persona goce, sin discriminación alguna de los derechos y libertades consagrados en el sistema jurídico mexicano y los tratados internacionales.

c) Define a la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; considerando como conductas discriminatorias susceptibles de ser perpetradas tanto por particulares como por servidores públicos las siguientes:

I.Impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos para la permanencia en los centros educativos, en los términos de las disposiciones aplicables;

II.Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de subordinación;

III.Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo;

IV.Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales;

V.Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional;

VI.Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas;

VII.Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios;

VIII.Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole;

IX.Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables;

X.Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de bienes de cualquier otro tipo;

XI.Impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia;

XII.Impedir que se les escuche en todo procedimiento judicial o administrativo en que se vean involucrados, incluyendo a las niñas y los niños en los casos que la ley así lo disponga, así como negar la asistencia de intérpretes en procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las normas aplicables;

XIII.Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana;

XIV.Impedir la libre elección de cónyuge o pareja;

XV.Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación;

XVI.Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas no atenten contra el orden público;

XVII.Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten servicio en las fuerzas armadas o que estén internadas en instituciones de salud o asistencia;

XVIII.Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que sean establecidos por las leyes nacionales e instrumentos jurídicos internacionales aplicables;

XIX.Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable, especialmente de las niñas y los niños;

XX.Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la ley así lo disponga;

XXI.Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios de atención médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea;

XXII.Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos;

XXIII.Explotar o dar un trato abusivo o degradante;

XXIV.Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales;

XXV.Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables;

XXVI.Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para el aprovechamiento, administración o usufructo de recursos naturales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable;

XXVII.Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la exclusión;

XXVIII.Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, y

d) Crea al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica y de gestión; de igual manera, para dictar las resoluciones a los procedimientos de reclamación o queja, estableciendo que no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.

e)En el ámbito procesal se estipula que toda persona podrá denunciar presuntas conductas discriminatorias y presentar ante el Conapred reclamaciones o quejas respecto a dichas conductas, ya sea directamente o por medio de su representante; ante lo cual el consejo brindará asesoría respecto a los derechos que les asisten y los medios para hacerlos valer y, en su caso, orientará en la defensa de los citados derechos ante las instancias correspondientes, en los términos establecidos en su Estatuto Orgánico.

f) Prevé en su artículo 58 a la reclamación como el procedimiento que se sigue ante el Conapred por conductas presuntamente discriminatorias cometidas por los servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; arguyendo que si el particular que considere haber sido discriminado por actos de autoridades o servidores públicos en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas que acudan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y admitiere ésta su queja, el Conapred estará impedido para conocer del asunto.

g) Contempla a la conciliación como un medio para avenir a las partes involucradas en una reclamación a través de alguna de las soluciones que presente el conciliador. En ese tenor, establece que en caso de que el servidor público no acepte la conciliación, o de que las partes no lleguen a acuerdo alguno, el Conapred hará de su conocimiento que investigará los hechos motivo de la reclamación e impondrá, en su caso, las medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación previstas en la misma; y, que el Consejo promoverá el fincamiento de las responsabilidades que resulten de la aplicación de otros ordenamientos.

h) Ordena que  si al concluir la investigación, no se comprobó que las autoridades federales o servidores públicos hayan cometido las conductas discriminatorias imputadas, el Consejo dictará la resolución por acuerdo de no discriminación; pero si se resolviere que las autoridades federales denunciadas cometieron alguna conducta discriminatoria, formulará la correspondiente resolución por disposición, en la cual se señalarán algunas de las siguientes medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación:

I.La impartición, a las personas o a las instituciones que sean objeto de una resolución por disposición dictada por el Conapred, de cursos o seminarios que promuevan la igualdad de oportunidades;

II.La fijación de carteles en cualquier establecimiento de quienes incumplan alguna disposición de la ley, en los que se promueva la modificación de conductas discriminatorias;

III.La presencia del personal del Conapred para promover y verificar la adopción de medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación en cualquier establecimiento de quienes sean objeto de una resolución por disposición, por el tiempo que disponga el organismo;

IV.La publicación íntegra de la resolución por disposición emitida en el órgano de difusión del Consejo; y

V.La publicación o difusión de una síntesis de la resolución por disposición en los medios impresos o electrónicos de comunicación.

Tercera.De lo anterior, es dable concluir que la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, contiene un marco regulatorio en materia sustantiva y procesal para la prevención y erradicación de la discriminación, ya entre particulares o con motivo de las relaciones de supra a subordinación entre servidores públicos federales y gobernados.

En el tema sustantivo se instruye a los órganos de gobierno y servidores públicos a combatir la discriminación con los recursos financieros a su alcance.

Por cuanto hace al aspecto procesal y sancionatorio, prevé a la reclamación como un medio para determinar la existencia de un acto discriminatorio por parte de un servidor público. Asimismo, en términos del artículo 72 de la ley en comento, en caso de que el servidor público no acepte la conciliación o que las partes no lleguen a un acuerdo, el Conapred investigará los hechos motivo de la reclamación y en su caso impondrá las medidas administrativas a que haya lugar para prevenir y eliminar la discriminación; aunado a que el Consejo promoverá el fincamiento de las responsabilidades que resulten de la aplicación de otros ordenamientos.

Cuarta.Por su parte, el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, contempla un listado enunciativo, más no limitativo de las obligaciones que se imponen a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

Atento a lo anterior, en su fracción XXIV dicha ley establece la obligación de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

Con base en lo anterior, se deduce que, para que un servidor público sea sancionado administrativamente (previo procedimiento) no es necesario que la obligación que se considere incumplida se encuentre expresamente contenida en el listado del artículo 8° de la ley de mérito; pues la referida fracción XXIV nos remite tácitamente a otras disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que contengas obligaciones relacionadas con el servició público.

Por ende, resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación, mediante la Tesis Aislada cuyo rubro refiere a “responsabilidades administrativas de los servidores públicos. La fracción XXIV del artículo 8 de la ley federal relativa, al ser una norma de remisión tácita, no viola la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal. .

En ese criterio se refiere que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al señalar en la fracción XXIV que los servidores públicos tendrán la obligación de “abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público”, el término “incumplimiento de cualquier disposición legal” como elemento normativo de dicho tipo sancionatorio, se alude a una conducta que se realiza en forma contraria a las normas que regulan el servicio encomendado y que impiden el correcto ejercicio de la administración pública y, por tanto para determinar si se actualiza tal hipótesis normativa es menester recurrir a la legislación federal, reglamento, decreto, circular o norma de carácter general que regule el cúmulo de obligaciones o atribuciones inherentes al cargo.

La mencionada hipótesis es una norma de “remisión tácita”, en virtud de que al aludir a las atribuciones y facultades del servidor público, implica que tenga que acudirse a las leyes que rigen su actuación, sin que sea necesario que las obligaciones de los servidores públicos se encuentren contenidas en leyes formales y materiales para que sirvan de base para determinar una causa de responsabilidad administrativa, en atención a que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece las obligaciones de éstos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan. Por tanto, la mencionada fracción cumple con los elementos básicos de la conducta antijurídica y describe de manera clara, precisa y exacta, cuál es la acción u omisión sancionable –la inobservancia del cúmulo de obligaciones que rigen al servicio público y que conoce el funcionario desde que toma protesta en el cargo–, por lo que sí se describe la conducta sancionatoria, dado que se proporcionan las bases jurídicas sustanciales y formales sobre las que descansa la falta administrativa, de manera que no hay menoscabo al principio de exacta aplicación de la ley.

En la relatadas condiciones, la propuesta planteada por la diputada (consistente en el abstenerse de realizar cualquier práctica discriminatoria que tenga por objeto el impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de un derecho), ya está contemplada en nuestro derecho positivo vigente de manera tácita como una obligación a cargo de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones; dado que la fracción XXIV del artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, hace una remisión tácita, que en la especie nos lleva a la aplicación de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (en especifico la regulación relativa a los servidores públicos).

Aunado a lo anterior, el artículo 72 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, establece que el Conapred promoverá el fincamiento de las responsabilidades que resulten de la aplicación de otros ordenamientos derivados de la actuación discriminatoria por parte de un servidor público.

Quinta.Con base en lo antes expuesto, esta dictaminadora considera que la propuesta de reforma de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (consistente en establecer como obligación a cargo de los servidores públicos el abstenerse de realizar cualquier práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de un derecho), ya se encuentra prevista en el sistema jurídico federal vigente en nuestro país.

Afirmándose lo anterior, toda vez que ante un caso concreto de probable discriminación por parte de un servidor público con el objeto de impedir el reconocimiento o ejercicio de un derecho de un gobernado, resulta procedente hacer una interpretación sistémica del artículo 8o., fracción XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con  la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación; pues el primer dispositivo mencionado, permite por remisión tácita aplicar la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación; la cual es una ley especial que regula de manera más amplia el tópico.

Así, en el caso de que un servidor público federal cometa un acto discriminatorio en los términos establecidos por la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, será susceptible de ser sujeto a la aplicación del procedimiento establecido por el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en su caso, ser sancionado en los términos prescrito en la misma.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el respeto a los derechos humanos y en específico al de igualdad (que implica la no discriminación) por parte de los servidores públicos, se encuentra previsto por el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En virtud de lo anterior, se propone el siguiente:

IV. Proyecto de acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Segundo .Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Nota:

1 Tesis Aislada I.7o.A.49 A de la Décima Época, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro XII. Septiembre de 2012. Tomo 3. Página 1684; cuyo rubro refiere “responsabilidades administrativas de los servidores públicos. La fracción XXIV del artículo 8 de la ley federal relativa, al ser una norma de remisión tácita, no viola la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2013.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Areli Madrid Tovilla (rúbrica), presidenta; Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Juan Manuel Diez Francos, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Verónica García Reyes, Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú, secretarios; Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Rodimiro Barrera Estrada, Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alberto Coronado Quintanilla, José Antonio Hurtado Gallegos, Alfonso Inzunza Montoya, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Jorge Terán Juárez, Javier Salinas Narváez, Martha Leticia Sosa Govea, Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), Miguel Alonso Vildosola Lacarra (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que desechan iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, es competente para analizar y resolver este asunto de conformidad con lo que establecen los artículos 39, numeral 2, Fracción XLIX y 45, Numeral 6, Incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, Numeral 1, Fracción II; 157, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por lo que somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 11 de julio de 2012 ante la Comisión Permanente, la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 69 –E de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En adelante la iniciativa Sánchez 1.

Segundo.En sesión celebrada el 25 de julio de 2012 ante la Comisión Permanente, la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 69-E de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En adelante iniciativa Sánchez 2.

I. Contenido de las iniciativas

Primero. Respecto a la iniciativa Sánchez 1, es de señalar que la misma establece dentro de las atribuciones de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (en lo sucesivo Cofemer), la de promover entre los estados y municipios del país, un sistema de apertura rápida de empresas, que permita obtener los permisos federales estatales y municipales para iniciar un negocio, en un plazo de 72 horas.

Segundo. Por cuanto hace a la iniciativa Sánchez 2, es de señalar: establece dentro de las atribuciones de la Cofemer, la de someter a consulta pública los programas de mejora regulatoria de la administración pública federal, para que los particulares aporten comentarios y sugerencias previos a su aprobación o con posterioridad a ella, para lo cual, deberán publicarse los programas de mejora regulatoria por un periodo de 15 días, una vez concluidos se dispondrá de 30 días para procesar dicha información y evaluar la incorporación de los comentarios, el mismo seguimiento se llevara cuando se trate de la aplicación de programas.

III. Consideraciones

Primera. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6o., 72 y 73 fracción XXIX-O de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está facultada para realizar el estudio, análisis y dictamen de la iniciativa por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Segunda. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción está facultada para realizar el estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con fundamento en los artículos 67, 80, 81, 82, 85,157, 158 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Tercera. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados, considera conveniente por economía legislativa dictaminar en un solo instrumento, las iniciativas de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por tratarse de reformas y adiciones a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Relativas al mismo tema.

Cuarta. Respecto a la iniciativa Sánchez 1 se esgrimen las siguientes consideraciones:

La iniciativa en estudio propone facultar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para promover entre los estados y municipios del país el establecimiento de un sistema de apertura rápida de empresas que permita obtener los permisos federales, estatales y municipales para iniciar un negocio en máximo 72 horas.

Prevé que tratándose de la emisión de los permisos federales, los mismos se sujetarán a los lineamientos establecidos por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo.

Resulta indispensable tomar en cuenta que:

...En México, la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo del año 2000 creó a la Cofemer con el mandato de llevar a cabo el proceso de mejora regulatoria de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, contando con autonomía técnica y operativa. Bajo este mandato, la Cofemer revisa y emite opinión sobre las propuestas de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio que envían las dependencias.

Ésta y otras funciones realizadas por la Cofemer, en cumplimiento de sus atribuciones establecidas en el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y que están alineadas a los elementos de capacidad institucional arriba señalados, colocan a México entre los cinco primeros países miembros de la OCDE mejor evaluados en su capacidad institucional para administrar el proceso de reforma regulatoria, sólo detrás del Reino Unido, Holanda y Alemania”

La Cofemer realizó un diagnóstico sobre los trámites, requisitos y plazos de mayor impacto en el establecimiento e inicio de operaciones de las empresas. Con base en ese diagnóstico, propuso al Ejecutivo federal el acuerdo que establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

Que el 28 de enero de 2002, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación; por el que se establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), el cual entró en vigor el 1 de marzo de 2002.

El objeto de dicho acuerdo consiste en establecer un sistema de apertura rápida de empresas en 685 giros o clases de actividades agropecuarias, industriales, de comercio y servicios, agrupados de conformidad con la Clasificación Mexicana de Actividades Productivas de 1999 que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las cuales son consideradas de bajo riesgo público y susceptibles de ser desarrolladas principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, el acuerdo señala que las empresas que se acojan al sistema de apertura rápida deberán desarrollar actividades económicas consideradas de bajo riesgo público que, de conformidad con la legislación federal, no requieran una autorización o permiso previo, el otorgamiento de una concesión, ni un monto de inversión específico definido por la ley especial aplicable, y que no representan un riesgo por sus implicaciones para la salud, el medio ambiente y la seguridad, entre otros.

En su artículo quinto transitorio, el acuerdo indica que la Cofemer deberá dar a conocer el SARE en su sitio de internet. Las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal que cuenten con sitios de internet deberán establecer ligas con el de esa Comisión para difundir dicho sistema. Las unidades administrativas de las dependencias y organismos descentralizados que apliquen trámites, deberán tener a disposición del público, la información que al respecto se dé a conocer en los sitios de internet citados.

Al respecto es de destacase el alcance legal que tienen dichos acuerdos, lo anterior sostenido por el Poder Judicial de la federación, mediante las siguientes tesis aisladas y jurisprudenciales, siguientes:

Reglas generales administrativas expedidas por los secretarios de Estado en uso de una facultad autorizada por el Congreso de la Unión. Diferencias con los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes dictadas por el presidente de la República.

De lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad del presidente de la República para emitir reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, refrendados por el secretario de Estado o jefe del departamento administrativo a que el asunto corresponda, se infiere que tienen un contenido específico que los diferencia de las reglas generales administrativas, pues estas últimas son cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública; mientras que los reglamentos constituyen un conjunto de normas de carácter general para dar cumplimiento a las leyes; los decretos administrativos formalizan la expresión jurídica de la voluntad del Ejecutivo en ejercicio de sus funciones, sobre casos concretos de los negocios públicos; las órdenes constituyen mandamientos del superior que deben ser obedecidas, ejecutadas y cumplidas por los inferiores jerárquicos y los acuerdos administrativos constituyen decisiones del titular del Poder Ejecutivo federal dirigidas a los órganos subordinados, cuyos efectos se producen dentro de la propia estructura interna, que no atañen a los particulares o a otros sujetos de derecho que no tengan carácter de funcionarios o trabajadores al servicio del Estado.

Presidente de la República. La facultad para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, comprende, además de la expedición de reglamentos, la emisión de acuerdos y decretos, así como la realización de todos aquellos actos que sean necesarios para ese fin.

La facultad que el artículo 89, fracción I, constitucional establece en favor del presidente de la República de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, puede válidamente ejercerse, tanto mediante la expedición de un conjunto de normas constitutivas de un ordenamiento en el que se desarrollan las disposiciones de la ley, como por medio del dictado de una norma particular requerida por una situación determinada para la mejor realización de los fines del cuerpo legal, es decir, que esa facultad comprende la atribución de expedir reglamentos, así como la emisión de decretos, acuerdos y todos aquellos actos que sean necesarios para la exacta observancia de las leyes en materia administrativa, sin que estos últimos deban confundirse con reglamentos, ya que no tienen por objeto desarrollar y detallar, mediante reglas generales, impersonales y abstractas, las normas contenidas en la ley para hacer posible y práctica su aplicación, que es la característica que distingue a los reglamentos.

Reglas generales administrativas expedidas por los secretarios de Estado en uso de una facultad autorizada por el Congreso de la Unión. Diferencias con los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes dictadas por el presidente de la República.

De lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad del presidente de la República para emitir reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, refrendados por el secretario de Estado o jefe del departamento administrativo a que el asunto corresponda, se infiere que tienen un contenido específico que los diferencia de las reglas generales administrativas, pues estas últimas son cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública; mientras que los reglamentos constituyen un conjunto de normas de carácter general para dar cumplimiento a las leyes; los decretos administrativos formalizan la expresión jurídica de la voluntad del Ejecutivo en ejercicio de sus funciones, sobre casos concretos de los negocios públicos; las órdenes constituyen mandamientos del superior que deben ser obedecidas, ejecutadas y cumplidas por los inferiores jerárquicos y los acuerdos administrativos constituyen decisiones del titular del Poder Ejecutivo federal dirigidas a los órganos subordinados, cuyos efectos se producen dentro de la propia estructura interna, que no atañen a los particulares o a otros sujetos de derecho que no tengan carácter de funcionarios o trabajadores al servicio del Estado.

Por lo cual se considera innecesario incorporar a rango legal una disposición contemplada en un acuerdo emitido por el titular del Ejecutivo a través del diario oficial de la federación.

Por otro lado la iniciativa generaliza la apertura rápida de empresas sin poner en consideración que existen giros en que debe tenerse mayor atención derivado del tiempo para analizar lo que lo hace imposible e inviable atendiendo el interés público; verbigracia, como pudieran ser entre muchas otras, las cajas de ahorro, las autorizaciones y concesiones del Estado.

Por lo anterior la propia Cofemer ha tenido en consideración para el esquema de apertura rápida exclusivamente a las empresas que se consideran de bajo riesgo.

Es de precisar que los estados y municipios tienen la facultad de expedir sus propias normas para que una empresa opere en su territorio por lo cual derivado de su autonomía la Cofemer solo emite opiniones al respecto por lo anterior la federación y las entidades federativas deberán únicamente coordinar esfuerzos.

La iniciativa propone que al elevarla a rango legal le estaría brindando a la Cofemer su permanencia constitucional y para que con ello el Congreso de la Unión anualmente dote de recursos a la Secretaria de Economía y a la Cofemer para continuar promoviendo su desarrollo.

Sin embargo dicha propuesta no viene acompañada del estudio de impacto presupuestal requerido, que brindaría un contexto menos subjetivo de la propuesta.

“Desde el año 2002, la Cofemer ha promovido ante gobiernos estatales y municipales la adopción de los Sistemas de Apertura Rápida de Empresas, los cuales son un programa de simplificación, reingeniería y modernización administrativa de los trámites municipales involucrados en el establecimiento e inicio de operaciones de una empresa de bajo riesgo, con las siguientes características:

1. Ventanilla única one stop shop.

2. Identificación de grados de riesgo por actividad económica desregulado a lo mínimo posible a las de bajo o nulo.

3. Fomento único de solicitud y sostenimiento de un análisis costo-beneficio a las formalidades exigidas en el trámite.

4. Resolución máxima (72 horas).

5. Adecuación a la normatividad y operación municipal para el establecimiento formal del SARE.

6. Verificaciones posteriores a la autorización de inicio de operaciones (en lugar de antes de dicha autorización).”

Según en su portal de internet dentro de las funciones de la Cofemer entre otras está la de:

 “Brinda asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a las entidades federativas y municipios del país, misma que consiste en promover leyes de mejora regulatoria locales, adecuaciones a reglamentos y bandos locales, sistemas de apertura rápida de empresas y consejos estatales y municipales de mejora regulatoria.”

Se considera adecuado atender al reporte sobre indicadores de resultados de los sistemas de administración regulatoria el cuál evalúa su organización en términos de instituciones, herramientas y políticas regulatorias.

Como ya se cito anteriormente según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que en 2009 publicó

“...La simplificación de procedimientos y la reducción de permisos y requisitos a través del establecimiento de ventanillas únicas, es una de las mejores prácticas observadas en países miembros de la OCDE como parte de su estrategia de simplificación administrativa para facilitar el establecimiento de empresas y mejorar el ambiente de negocios y la competitividad nacional. Así, México, junto con Bélgica, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Corea del Sur, Holanda, Portugal, Suecia y el Reino Unido, destacan por haber Implementado programas de este tipo, tanto a nivel nacional como a nivel local”.

QUINTA En relación con la iniciativa Sánchez 2; es de señalar que ésta se considera inviable, toda vez que no existe una fuerza vinculatoria en la iniciativa respecto de las opiniones de los particulares y autoridad administrativa.

Dentro del cuerpo de la iniciativa, se advierten errores ortográficos que a continuación se citan:

Artículo 69-E. “...

IV Bis. Someter a consulta pública los Programa de mejora (Sic ) Regulatoria de Administración Pública Federal, a efecto de que los particulares puedan aportar comentarios, sugerencias u observaciones. Esta consulta podrá hacerse previamente a su aprobación y después de su aplicación.

Para efectos de la consulta pública señalada en esta fracción, la Comisión deberá publicar los programas de mejora regulatoria por un período de 15 días y, una vez que el período de consulta finalice, tendrá 30 días para procesar la información y evaluar la incorporación de los comentarios. En caso de que la consulta pública se haga de la aplicación del programa se seguirá el mismos procedimiento. (Sic)

Dicha hipótesis normativa pierde coercitividad al ser redactada en sus términos; toda vez que el verbo “podrá” refiere una facultad potestativa que puede o no ser llevada a cabo, lo que genera que no se cumpla con la teleología de la propuesta.

Al hablar de consulta pública es importante precisar uno de sus conceptos:

“Puede constituir una de las instituciones más valiosas para lograr la expansión de la democracia, en tanto que extiende la posibilidad de que los ciudadanos participen en ciertas decisiones políticas y hagan saber sus aspiraciones y necesidades que reclaman ser satisfechas por el Estado”...

Dicha consulta popular encuentra su fundamento constitucional en el artículo 73 fracción XXIX Q, amén de dejar pendiente su proceso de creación y la posterior implementación de su ley secundaria, que derivado de su importancia tendría un mayor impacto en el tema referido, con lo cual dicha adición en la iniciativa resulta poco trascendental en comparación con la necesidad de legislar la ley reglamentaria en materia de iniciativa popular.

En el contexto de la iniciativa, la diputada Sánchez, argumenta que algunos de los Estados de la Republica Mexicana, ya han adoptado en sus legislaciones, como política pública en materia de mejora regulatoria, la participación ciudadana en las legislaturas de los estados y cita la ley de mejora regulatoria del estado de Guanajuato y sus municipios, lo cual nos parece inadecuado, toda vez que dicha ley señala:

“El Poder Ejecutivo contara con un Consejo de asesoría y consulta en materia de mejora regulatoria”...

“El Consejo estará integrado por representantes que pertenezcan a los sectores social, económico, y académico, y por los municipios”...

En el artículo 9 Bis, establece que el Consejo estará integrado por dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, representantes del congreso local y poder judicial y hasta cuatro representantes del de los sectores, económico y académico, vinculados con la metería de mejora regulatoria.

Con lo anterior se deduce que la ley antes citada va orientada en un sentido diferente al que la autora de la iniciativa pretende comunicar ya que no se puede considerar como un grupo de ciudadanos en pleno uso del derecho de participación directa, sino como un ejercicio de participación indirecta en el que se recurre de nuevo a un principio de representación contrario al espíritu de la consulta pública.

Si bien es cierto que en las disposiciones legales de ámbito local citadas por la autora, se atiende a la participación ciudadana dentro de la esfera de mejora regulatoria, para efectos de estar acorde o tener una congruencia respecto de las leyes locales, y el ámbito federal, se considera necesario contar con una ley reglamentaria del articulo 73 fracción XXIX Q, a efecto de reglamentar la participación ciudadana en materia de mejora regulatoria.

Se considera que independientemente de lo anterior y desde el punto de vista del ámbito de aplicación de la ley, la citada iniciativa al establecer la adición de la fracción IV bis en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su Artículo 69-E; atenta contra la representatividad que establece en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 1°, 20 de la Ley de Planeación, ya que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no se constriñe a la forma que establece la norma suprema en su Artículo 26 Párrafo tercero en concordancia con la Ley de Planeación en relación a la consulta pública, siendo este el medio idóneo para incorporar dicho derecho.

Sexta. En virtud de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que suscriben el presente dictamen, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a este pleno los siguientes

Acuerdos

Primero.Se desechan las iniciativas, por la que se reforma el articulo 69-E de La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como la iniciativa que adiciona una fracción IV BIS al artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Véase: http://www.cofemer.gob.mx/contenido. 15 de febrero de 2013 16:06 pm.

2 Ídem.

3 Ídem.

4 El subrayado es nuestro para resaltar el contexto.

5 Diccionario Jurídico Mexicano IIJ-UNAM.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2013.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputados:Areli Madrid Tovilla (rúbrica), presidenta; Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Juan Manuel Diez Francos, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Verónica García Reyes, Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú, secretarios; Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Rodimiro Barrera Estrada, Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla, José Antonio Hurtado Gallegos, Alfonso Inzunza Montoya, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Jorge Terán Juárez, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Miguel Alonso Vildósola Lacarra (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Competitividad, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Honorable Asamblea:

La Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 162, 176, 177 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente:

Dictamen:

1. Antecedentes:

1. El 14 de marzo de 2013, el diputado Blas Ramón Rubio Lara del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña Y Mediana Empresa.

2. Por oficio número D.G.P.L. 62-11-6-0515, del 14 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión turnó a la Comisión de Competitividad, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión, la Iniciativa del Diputado Blas Ramón Rubio Lara.

3. La Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fue convocada en términos de ley para el análisis de la iniciativa antes referida, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:

II. Contenido y Objeto de la Iniciativa de Ley:

En la exposición de motivos de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña Y Mediana Empresa, se señala que la misma tiene varios propósitos a saber:

“Busca darle a esas más de 5 millones de empresas del país un mayor apoyo, en cuanto a su participación en las adquisiciones, contratación de servicios y realización de obra pública ... también proponemos, que gradualmente se destinen año con año hasta alcanzar un mínimo de 35% de los recursos a los diferentes programas de fomento,.. para promover el desarrollo de la competitividad de las Mipymes, que favorezcan a las comunidades rurales ... otro aspecto de este noble proyecto, es la creación del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes ... “,

En otros términos, se plantea modificar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, conforme a lo siguiente:

1) Se adiciona un párrafo segundo al artículo 5 de la ley para establecer que el 35% del Fondo Pyme se destine a Mipymes del sector rural;

2) Se modifica la fracción IX del artículo 10 de la ley para incrementar del 35% al 50% el porcentaje de compras públicas y adquisiciones a las Mipymes, y

3) Se crea un capítulo sexto mediante el que se constituye al Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes.

III. Consideraciones:

Primero. Que la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, es competente para dictaminar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña Y Mediana Empresa.

Segundo. Que por lo que respecta al primero de los propósitos de la iniciativa de referencia, adicionar un párrafo segundo al artículo 5 de la ley para establecer que el 35% del Fondo Pyme se destine a Mipymes del sector rural, los integrantes de la Comisión de Competitividad consideran que tal medida es inviable pues ya existen programas sobre la materia, tal y como se señala en la parte de consideraciones de la iniciativa donde se afirma que “reconocernos la existencia de programas rurales como el FAPPA, el Promusag o jóvenes emprendedores ... “. Programas, que no sobra decirlo, cuentan con cuantiosos recursos pues el Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) tiene para 2013 un presupuesto del orden de los 947 millones de pesos y el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) un monto de 1,100 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, a consideración de los integrantes de la Comisión de Competitividad es inviable la propuesta en análisis pues más que el criterio sectorial, el criterio que debe prevalecer en la asignación de recursos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) tiene que ser apoyar la viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de éstas. Sin que esto de modo alguno signifique que no se tenga en cuenta el aspecto sectorial en la asignación de recursos del Fondo Pyme.

Tercero. Que por cuanto hace al planteamiento relativo a modificar la fracción IX del artículo 10 de la ley para incrementar de 35% al 50% el porcentaje de compras públicas y adquisiciones a Mipymes, es de señalarse que conforme al Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Economía:

“Les compras por parte del Gobierno Federal a Mipymes han alcanzado desde enero de 2009 [año en el que inició el programa] a julio de 2012 un monto por 205,658 millones de pesos ... para 2012 la meta de compras a Mipymes es de 87,953 millones de pesos ... con datos al 11 de julio de 2012 se le han adjudicado a las Mipymes contrataciones por un monto de 31,191 millones de pesos.:”,

A este respecto es necesario citar lo que establece el primer párrafo del artículo 134 constitucional, que a la letra señala “los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, las municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Las compras públicas a Mipymes deben entonces de observar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En tal sentido, los integrantes de la Comisión de Competitividad consideran improcedente la propuesta de incrementar el porcentaje de compras a Mipymes pues por su escala de producción, en muchas ocasiones no garantizan las condiciones que satisfagan los principios constitucionales en materia del ejercicio del gasto. Por lo que una reforma en tal sentido ocasionaría que la administración pública contravenga los principios de eficiencia, eficacia y economía.

Cuarto. Que por lo que se refiere a la creación de un capítulo sexto referente al Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes, es de apuntarse que el planteamiento es de desecharse por adolecer de técnica legislativa en varias de sus disposiciones, como son:

1. Señala que el Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes será autónomo, sin definir sus alcances (autonomía normativa, financiera y administrativa);

2. No se definen con claridad sus funciones pues solamente se señala que emitirá opinión, a solicitud del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para orientar en la planeación, el desarrollo y aplicación de los programas; y

3. Contraviene el criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de órganos autónomos, que se reproduce más adelante y que señala que:

Época: Novena Época Registro: 170238 Instancia: Pleno

Tipo Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: Tomo XXVII, Febrero de 2008

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 12/2008

Pag.1871

[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Febrero de 2008;

Pág. 1871

Órganos constitucionales autónomos. Sus características.

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; e) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Pleno

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes:

Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y alga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez.

El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LXII Legislatura, reunida en sesión plenaria el 23 de abril de 2013, a las 16 horas, en el salón F del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, considera que no es de aprobarse la iniciativa en análisis, por lo que se somete a consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes:

IV. Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña Y Mediana Empresa, presentada por el Diputado Blas Ramón Rubio Lara el día 14 de marzo de 2013.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.

La Comisión de Competitividad, diputados: Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), presidente; Cecilia González Gómez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla, José Ángel González Serna (rúbrica), Domitilo Posadas Hernández (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), secretarios; Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Juan Manuel Diez Francos, Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Fernando Charleston Hernández (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia, Luis Alfredo Murguía Lardizábal (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Gerardo Peña Avilés, Mario Sánchez Ruiz, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Uriel Flores Aguayo, Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de las Leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y Orgánica de la Procuraduría General de la República

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Justicia les fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Con fundamento en los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la minuta en comento, estas Comisiones someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Metodología

Las Comisiones de Defensa Nacional y de Justicia, encargadas del análisis y dictamen de la minuta citada, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “ Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “ Contenido de la minuta”, se hace una descripción de la misma y se resumen los objetivos, motivos y alcances de las propuestas.

En las “Consideraciones”, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las reformas y adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes:

LXI Legislatura

En sesión del Senado de la República de fecha 27 de abril de 2010, los senadores Eugenio Govea Arcos y Luis Maldonado Venegas del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSP) y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En esa misma fecha, dicha Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, para su estudio y dictamen.

En sesión de fecha 26 de abril del 2011, el Senado de la República aprobó el Proyecto de decreto correspondiente, por 74 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones. En esa misma fecha la Mesa Directiva acordó remitir la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados para efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sesión de fecha 27 de abril del 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar la minuta correspondiente a las Comisiones de Defensa Nacional y de Justicia, para su estudio y dictamen.

LXII Legislatura

Con fecha 23 de octubre de 2012 la Mesa Directiva turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Justicia para su estudio y dictamen.

Estas Comisiones realizaron diversos trabajos para el análisis de la minuta de mérito con el fin de estar en condiciones de elaborar un proyecto de dictamen y discutirlo, mismo que en este acto se somete a consideración de esta Soberanía, en los términos que aquí se expresan.

Contenido de la minuta:

La minuta en estudio corresponde a la Iniciativa presentada durante la LXI Legislatura del Senado de la República, por los Senadores Eugenio Govea Arcos y Luis Maldonado Venegas del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, en fecha 28 de abril de 2010 y aprobada por la Colegisladora en abril de 2011, con diversas modificaciones respecto a la propuesta original.

Las reformas aprobadas por la Colegisladora pretenden establecer expresamente la posibilidad jurídica para que los Agentes del Ministerio Público puedan portar un arma, conforme a la licencia oficial colectiva que le sea otorgada a la institución de procuración de justicia.

Los legisladores fundamentan su propuesta en el crecimiento de los índices delictivos y de violencia que se vive en el país, incluyéndose entre sus víctimas a Agentes del Ministerio Publico de los órdenes federal y estatal, funcionarios municipales, jueces e integrantes de instituciones policiales de los tres ámbitos de gobierno.

Se sostiene en la minuta que México es uno de los pocos países en el que los servidores públicos del ámbito de la procuración de justicia no pueden portar armas, no obstante que el artículo 162 del Código Penal Federal con relación al delito de “portación de armas prohibidas” señala en su parte final que “Los funcionarios y Agentes de la autoridad pueden llevar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo.”, siendo claro que los Agentes del Ministerio Público de la Federación, como del Fuero Común son servidores públicos ó funcionarios y “Agentes de la autoridad”, y por mandato Constitucional están al mando de las fuerzas policiales.

En este sentido, se señala en la minuta que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento señalan de manera general que podrá otorgarse la licencia para portación de armas a los “servidores públicos” que así la requieran para el ejercicio de sus funciones.

Al respecto, la Colegisladora expresa que no es sostenible que los servidores públicos del ámbito de procuración de justicia, encargados de la persecución de los delitos, no cuenten con autorización para portar armas en el ejercicio de sus funciones, encontrándose vulnerables ante cualquier agresión por parte de los delincuentes.

Por los razonamientos expresados, la Colegisladora concluyó que es viable que los Agentes del Ministerio Público de la Federación y del Fuero Común puedan ser sujetos de autorización para portar un arma de fuego ya que por sus atribuciones, facultades y obligaciones se encuentran expuestos a una agresión física, en virtud de lo cual el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó reformas y adiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica.

Objetivos de las reformas aprobadas por la Colegisladora a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos:

•Establecer expresamente en la Ley la posibilidad jurídica para que los Agentes del Ministerio Público puedan portar un arma, conforme a la licencia oficial colectiva que le sea otorgada a la institución de procuración de justicia (artículos 24, tercer párrafo y 29, fracción I, inciso B).

• Facultar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal1 para ser el conducto para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional la expedición de licencia oficial colectiva (artículo 29, fracción I, Inciso B, subinciso b).

• Dar atribución a los titulares de las instituciones de procuración de justicia, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para expedir las credenciales las cuales durante su vigencia se asimilarán a licencias individuales (artículo 29, fracción I, Inciso B, subinciso c).

• Autorizar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para recibir, conjuntamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, por parte de los titulares de las licencias colectivas un informe de las armas en su poder (artículo 29, fracción I, Inciso C).

• Facultar a la Secretaría de Seguridad Pública, para la expedición, suspensión y cancelación de licencias oficiales individuales de portación a los Empleados Federales, así como para la suspensión y cancelación de credenciales de identificación que expidan los responsables de las instituciones de procuración de justicia, al amparo de una licencia colectiva (artículo 32).

Otras que serán tratadas puntualmente en el apartado de consideraciones.

Objetivo de la adición de una fracción XVII a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

Establecer como una obligación de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los Agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente de los oficiales ministeriales y peritos, el mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, así como hacer uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio (Artículo 63, fracción XVII).

Consideraciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 fracción III, 37 y 40 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, corresponde su aplicación a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras autoridades.

En virtud de lo anterior, las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Justicia, como instancias legislativas de la Cámara de Diputados son competentes para atender la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en virtud de que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 39 numeral 3, establece que las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación.

En ejercicio de dichas facultades, las Comisiones Dictaminadoras emiten las siguientes Consideraciones

Primera. Estas Comisiones comparten la preocupación de la Colegisladora, respecto a las condiciones de inseguridad que se viven en diversas entidades federativas, que afectan tanto a la sociedad, así como a diversas autoridades vinculadas de manera directa o indirecta a la seguridad y procuración de justicia.

Sin embargo, sin demeritar la propuesta de la Colegisladora, en el presente dictamen se hacen diversos razonamientos que se expondrán más adelante, por los cuales se determina que las reformas en los términos propuestos son inviables e innecesarias, entre éstos destaca que con la redacción propuesta se abre la posibilidad de armar a un número importante de funcionarios públicos federales y estatales adscritos a las instituciones de procuración de justicia, incluyendo a quienes  no tienen funciones operativas en materia de seguridad pública; además de que en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente, existe la posibilidad jurídica para la portación de arma a los Agentes del Ministerio Público, mediante licencias oficiales individuales, que se expedirán mediante la opinión de las autoridades competentes y para el cumplimiento de las funciones  encomendadas que ameriten su uso.

Segunda.Estas Comisiones Dictaminadoras identifican diversas limitaciones a la propuesta, que de aprobarse la minuta la podrían hacer inoperante, entre otros aspectos se estima que establecer que las licencias colectivas podrán expedirse a las instituciones de procuración de justicia y policiales, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) puede generar interpretaciones contrarias al objetivo de la minuta.

Al respecto, es de observarse que la Ley General citada determina que se entenderá por Instituciones de Procuración de Justicia, a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél; con lo cual se abre la posibilidad de que no sólo los Agentes del Ministerio Público puedan contar con licencia de portación, sino que también el personal de servicios periciales y demás auxiliares, tendrían la posibilidad de portar armas.

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá:

I. a VIII. ...

IX. Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público,los servicios periciales y demás auxiliares de aquél;

X. a XVI. ...

Con lo anterior, el universo de funcionarios a quienes pudiera autorizarse la portación de armas se incrementaría de manera importante, lo cual limitaría la observancia de los procedimientos y mecanismos de control de armas, lo cual pudiera vulnerar las condiciones de seguridad en diversas entidades federativas

Cabe señalar, que la remisión al concepto de instituciones de procuración de justicia y policiales, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no formaba parte de la Iniciativa original.

Para tener una idea respecto del universo de funcionarios a los cuales pudiera otorgarse la portación de arma, se consultó el “Informe de Rendición de Cuentas, Segunda Etapa, 1º de enero al 30 de junio de 2012”, publicado de la Procuraduría General de la República2, en donde en el numeral 5.3 Plantilla de Personal, se establece que el número de elementos ministeriales a esa fecha es de 2,988 y de personal pericial 1,433.

Complementariamente, en el “Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2012, Conjunto de Agencias del Ministerio Público”, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía3, se señala que el total de Agentes del Ministerio Público Local, asciende a 7, 095, el número de peritos a 1,782 y el personal de apoyo a 6,048.

A partir de lo anterior podemos afirmar que la aprobación, en los términos de la minuta, pudiera dar posibilidad a un número aproximado de 19,346 personas armadas en las calles, lo cual no necesariamente podría contribuir al mejoramiento de la seguridad.

Asimismo, debe valorarse que de aprobarse la minuta podría generar una escalada de solicitudes de licencias y la consecuente proliferación de armas en manos de otros funcionarios y autoridades federales y estatales, vinculadas directa o indirectamente a los ámbitos de procuración y administración de justicia, o incluso funcionarios de áreas administrativas que crean justificada la necesidad de portación de las mismas, lo cual además del peligro que implicaría para ellos mismos e incluso para la sociedad, podría limitar las funciones de control y supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de que esto no generaría ningún impacto en el mejoramiento de las condiciones de seguridad.

Al respecto, estudios estadísticos muestran consistentemente que los países con mayor laxitud en el porte de armas, tienen mayores índices de homicidio y, por el contrario, tienen una baja tasa de homicidios, si hay pocas armas de fuego.

Tercera. Estas Comisiones tienen presente que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es el instrumento jurídico que regula en el territorio nacional la posesión y portación de armas de fuego, las actividades comerciales e industriales que se realizan con armas, municiones, explosivos, artificios y sustancias químicas, incluyendo la importación, exportación, transportación y almacenamiento de todo tipo de material regulado.

En su artículo 29, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se refiere a las licencias oficiales de portación de armas, las cuales podrán ser colectivas o individuales.

La fracción I del artículo 29, dispone que las licencias colectivas podrán expedirse a las dependencias oficiales y organismos públicos federales a cuyo cargo se encuentran las instalaciones estratégicas del país, a partir de lo cual los titulares de las mismas expedirán credenciales foliadas de identificación personal, que contendrán los datos de la licencia colectiva y se renovarán semestralmente.

La fracción II del mismo artículo señala que las licencias individuales se expedirán a quienes desempeñen cargos o empleos en la Federación o en las Entidades Federativas, que para el cumplimiento de sus obligaciones requieran en opinión de la autoridad competente, la portación de arma.

Como puede observarse, conforme a la fracción II del artículo 29, las autoridades federales y estatales, tienen la posibilidad jurídica de incorporar a los funcionarios que por sus actividades requieran la portación de arma.

Por otra parte, cabe destacar que la fracción III del referido artículo 29, dispone que los servidores públicos a que se refiere este artículo deberán cumplir, además, con los requisitos establecidos en los cinco primeros incisos de la fracción I del artículo 26 para el trámite de la licencia,  los cuales a la letra señalan:

Artículo 26.Las licencias particulares para la portación de armas serán individuales para personas físicas, o colectivas para las morales, y podrán expedirse cuando se cumplan los requisitos siguientes:

I. En el caso de personas físicas:

A. Tener un modo honesto de vivir;

B. Haber cumplido, los obligados, con el Servicio Militar Nacional;

C. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas;

D. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas;

E. No consumir drogas, enervantes o psicotrópicos, y

F. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas por:

[...]

Dicha posibilidad, se materializa conforme a lo establecido en los artículos 23 y 28 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que a la letra expresan:

Artículo 23. Las licencias oficiales individuales serán expedidas exclusivamente por la Secretaría de Gobernación, a quienes desempeñen cargos o empleos de la Federación o del Distrito y Territorios Federales y que requieran portar armas para el ejercicio de sus funciones. Las peticiones serán formuladas por los Oficiales Mayores de las Secretarías, Departamentos de Estado, de los Gobiernos de los Territorios y, en su caso, por los Subprocuradores de la República y del Distrito y Territorios Federales, respectivamente.

En estas licencias se asentarán los datos que fije la Secretaría de Gobernación.

Artículo 28. Las licencias oficiales y las que se gestionen para empleos o cargos de los Estados o de los Municipios, se expedirán previa petición de la autoridad de quien dependa el interesado; en las colectivas, se acompañará, además, constancia o certificado de que el personal para el que se pretende la licencia, figura en nóminas de pago.

Asimismo, deberán cumplir los mecanismos de control y supervisión que disponga la Secretaría de la Defensa Nacional, como es el caso de la inspección del armamento.

Adicionalmente, cabe señalar también que el último párrafo del artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dispone que las armas de uso exclusivo, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, respecto de lo cual el Poder Judicial de la Federación se manifestó, a través de la siguiente tesis:

Delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea por agente del Ministerio Público Federal en funciones, cuando no se configura.

El delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por la fracción I del artículo 83, en relación con el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no se configura si al momento de la detención, el quejoso traía consigo un arma calibre nueve milímetros que le fue asegurada, atento el cargo que ostentaba, como agente del Ministerio Público Federalen funciones, en virtud de que siendo éste un delito de peligro y el bien jurídicamente tutelado la seguridad pública, ésta no se ve amenazada porque el arma que portaba era para lograr el desempeño de su encargo;razón suficiente para concluir que no se actualiza el peligro en contra del conglomerado social con la portación del arma referida y menos se lesiona el bien jurídico tutelado por el tipo penal en estudio, atento las funciones que desempeña como persecutor de los delitos; revistiendo especial importancia el que no se encontró al agraviado en posesión de otras armas de alto poder, para estar en aptitud de establecer que la finalidad, al traer consigo el armamento, hubiese sido invalidar las facultades del Ejército o de las Fuerzas Armadas, amén de que según la propia credencial que lo identifica como agente del Ministerio Público Federal, se le permite la portación de armas.

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

Tesis: XIX. 2o. 29 P. Registro No. 198023. Novena Época.

En razón de lo anterior, se puede concluir que la portación de armas a los Agentes del Ministerio Público de la Federación, de las Entidades Federativas y el Distrito Federal es legalmente posible, atendiendo exclusivamente a sus funciones operativas, lo cual deberá ser definido a través de los titulares de las Procuradurías de la Federación, de los Estados y el Distrito Federal, conforme al marco jurídico vigente y a través de los procedimientos y mecanismos de control dispuestos por la Secretaría de la Defensa Nacional, en virtud de lo cual resultan innecesarias las reformas y adición planteados en la minuta.

Cuarta. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que al Ministerio Público le corresponde la investigación de los delitos, con el auxilio de las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de Ministerio Público, en el ejercicio de esta función. Asimismo se atribuye al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal ante los tribunales.

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública define la conformación de las Instituciones de Procuración de Justicia y de las Instituciones Policiales de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá:

...

IX. Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público,los servicios periciales y demás auxiliares de aquél;

X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;

Conforme a lo anterior, se puede observar la diferenciación jurídica establecida en la (LGSNSP), donde los Agentes del Ministerio Público no realizan funciones policiales, además de que cuentan con el apoyo del personal operativo de las respectivas procuradurías para su seguridad e incluso pueden solicitar el apoyo de otras instituciones policiales.

El Ministerio Público del Fuero Federal o Común tiene, entre otras atribuciones, la persecución de los delitos, en la averiguación previa y, durante el proceso, la representación judicial, la vigilancia de la legalidad, la promoción de una sana administración de justicia, la denuncia inmediata de las leyes contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, de las Constituciones de las Entidades Federativas, así como la intervención en materia  civil, mercantil y amparo.

En suma, podemos concluir que no todos los Agentes del Ministerio Público tienen funciones operativas que pudieran poner en riesgo su seguridad, por lo que la posible autorización para la portación de un arma debe ser estrictamente valorada por los titulares de la Procuraduría General de la República, de las Procuradurías General de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, así como por la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual es jurídicamente viable en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Como se desprende de las atribuciones antes señaladas los Agentes del Ministerio Público tienen funciones sustantivas dentro de los procedimientos legales, siendo los elementos policiales quienes realizan propiamente las tareas operativas.

En relación con lo expuesto, en el análisis y resolución del presente dictamen es fundamental tener presente la naturaleza de la ocupación y función sustantiva del  Ministerio Público, claramente definida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes citado, así como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las correlativas de los Estados y el Distrito Federal, y diferenciarla de las instituciones policiales, que actuarán bajo su mando y conducción en la investigación de los delitos, cuya función es eminentemente operativa.

Si bien, conforme a los argumentos de la Consideración Tercera, estas Comisiones valoran que los Agentes del Ministerio Público ya tienen la posibilidad jurídica para obtener una licencia de portación de arma, esto no debe entenderse como un derecho inherente a su cargo, pues la posible autorización debe quedar sujeta a las funciones operativas de los mismos, conforme a los acuerdos y disposiciones de los titulares de las Procuradurías, así como a los procedimientos y mecanismos de control que disponga la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, estas Comisiones estiman importante el contar con procedimientos e instrumentos eficaces, por parte de las Procuradurías y la Secretaría de la Defensa Nacional para vigilar y controlar el uso responsable de las armas, antes de avanzar en la posible flexibilización para la portación y uso de las mismas.

Aunado a lo anterior, estas Comisiones hacen notar que el Código Federal de Procedimientos Penales establece en su artículo 2, fracción V, como competencia del Ministerio Público Federal, el solicitar el apoyo de la policía para brindar protección a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, Agentes del Ministerio Público y de la policía y, en general, de todos los sujetos que intervengan en el procedimiento, en los casos en que exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal.

La medida descrita en dicha disposición constituye un mecanismo adicional para garantizar la seguridad de los Agentes del Ministerio Público, de otras autoridades, así como particulares que intervienen en algún procedimiento legal, a través de las instituciones policiales que cuentan con la preparación y capacitación en materia de seguridad y, como parte de esta, en el manejo de las armas.

Asimismo, es importante tener en cuenta que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de naturaleza especial, contiene el marco regulatorio en materia de portación de armas de fuego por lo que es elemental hacer una interpretación sistemática de las normas jurídicas aplicables en dicha materia, a partir de ésta.

Quinta. Con fecha 2 de enero de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Las cuales son punto de referencia para el análisis de la presente Minuta debido a que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública Federal, transfiriendo sus funciones a la Secretaría de Gobernación.

En este sentido, las reformas a la estructura de la Administración Pública Federal impactan directamente a los propósitos de la minuta en estudio, toda vez que en ésta se pretende a través de diversas disposiciones otorgar facultades a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, tales como:

• En el inciso b), apartado B, fracción I del artículo 29, se señala que la Secretaría de Seguridad Pública será el conducto para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, la expedición de la licencia oficial colectiva a las instituciones de procuración de justicia y policiales.

• En el artículo 32, se señala que corresponderá a la Secretaría de Seguridad Pública, la suspensión y cancelación de licencias oficiales individuales de portación de armas a los empleados federales.

Asimismo, en el párrafo segundo de este artículo se expresa que la Secretaría de Seguridad Pública suspenderá y cancelará las credenciales de identificación que expidan los responsables de las instituciones de procuración de justicia.

Conforme a lo anterior, las propuestas de la minuta son inviables y pierden validez.

Sexta. Otra limitante para la aprobación de la minuta se ubica en la reforma al párrafo tercero del artículo 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, donde se propone precisar la portación de armas a los Agentes del Ministerio Público Federal y de las entidades federativas y las instituciones policiales.

Al respecto, estas Comisiones valoran que, en sentido estricto, dicha redacción no contempla la naturaleza política del Distrito Federal, toda vez que conforme a los artículos 43, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Distrito Federal mantiene una condición político administrativa diferente a la de un Estado.

Esta diferenciación política se puede observar en diversos ordenamientos que le otorgan atribuciones al Distrito Federal en materia de seguridad, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, penúltimo párrafo del artículo 21 que dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios.

Asimismo, en el artículo 3o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se señala que las autoridades de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, en sus ámbitos de competencia, tendrán la intervención que esta Ley y su Reglamento señalan.

En congruencia con las disposiciones citadas, el artículo 1º de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la misma es reglamentaría del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.

Conclusiones

La aprobación de las reformas abre la posibilidad de autorizar la portación a un número importante de funcionarios, incluyendo a quienes no tienen funciones operativas en materia de seguridad pública.

La fracción II del artículo 29 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya establece la posibilidad jurídica para autorizar la licencia oficial individual de portación de arma, a quiénes desempeñen cargos o empleos en la Federación, en las entidades federativas y el Distrito Federal, que para el cumplimiento de sus obligaciones la requieran, en opinión de la autoridad competente.

La minuta contempla dar atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública, la cual desapareció recientemente.

La minuta no toma en cuenta la naturaleza jurídica del Distrito Federal, pues se refiere solo a los Agentes del Ministerio Público de la Federación y de las entidades federativas.

La portación de arma no constituye una garantía de seguridad ni para las personas ni las autoridades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados y las diputadas integrantes de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Justicia:

Acuerdan

Primero.Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, recibida por esta Cámara de Diputados en sesión de fecha 27 de abril de 2011.

Segundo. Devuélvase a la Cámara de Senadores, para los efectos a que se refiere el artículo 72, inciso D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Defensa Nacional, diputados: Jorge Mendoza Garza (rúbrica), presidente; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Manuel Manríquez González, secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba (rúbrica), Heberto Neblina Vega (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez (rúbrica).

La Comisión de Justicia, diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Armando Córdova Díaz (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Tomás Torres Mercado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales, Fernando Zárate Salgado.»

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, remitida el 24 de abril de 2012.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 81, 84, 85, 157, 176, 177, 190 y 191 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Rural somete a la consideración de sus integrantes el presente Dictamen, el cual se realizó a partir del siguiente:

Método

En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 176, numeral 1 fracción 1, del reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Rural encargada del análisis y Dictamen de la minuta antes citada, elaboró su trabajo conforme al procedimiento descrito a continuación:

I. En el apartado de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, la recepción y turno para Dictamen y las acciones realizadas por esta Comisión Dictaminadora.

II. En el apartado “Contenido de la minuta ”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio, se hace breve referencia de los argumentos vertidos por la Cámara de senadores, en su calidad de Cámara de Origen.

III. En el apartado “Consideraciones ”, se expresan los argumentos de valoración de la minuta.

IV. En la sección denominada “Conclusiones” se manifiestan los motivos que sustentan el sentido de su resolución.

V. Por último, se presenta el Proyecto de acuerdo que resuelve el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII, al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de productos básicos y estratégicos.

Antecedentes

I. Con fecha 20 de marzo de 2012, los senadores Dante Delgado, Luís Walton Aburto, Francisco Alcibíades García Lizardi, Ericel Gómez Nucamendi y Eugenio Govea Arcos, todos integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dictó el siguiente trámite: “Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos”

III. Las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, sometieron a consideración de sus integrantes el Proyecto de Dictamen de la citada Iniciativa, resultando aprobada en sus términos por lo que se dio curso a su proceso legislativo ante el pleno.

IV. El 19 de abril de 2012 se aprobó por 84 votos en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII, al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y pasó a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. En sesión de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, celebrada el 24 de abril de 2012, se dio cuenta con oficio del Senado de la República, con el que remiten la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para dictamen.

VI. La Comisión de Desarrollo Rural de la LXI Legislatura, presentó en su orden del día de la Trigésima-Cuarta Reunión Ordinaria, el Proyecto de Dictamen a la minuta antes referida; sin embargo, no se contó con quórum legal por lo que se procedió a archivar para una resolución posterior.

VII. Con fecha 11 de diciembre de 2012, la Comisión de Desarrollo Rural, con fundamento en el artículo 183, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados solicitó prórroga a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con la finalidad de ampliar el plazo para la formulación del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

VIII. Por acuerdo de la Mesa Directiva y en atención a la solicitud presentada por la Comisión de Desarrollo Rural, se autorizó prórroga para dictaminar la precitada Iniciativa, el 19 de diciembre de 2012.

IX.El 8 de febrero de 2013, se publicó en Gaceta Parlamentaria el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXII Legislatura, el cual alberga los objetivos que amparan el trabajo en el seno de este Órgano Colegiado, uno de ellos es “...atender en tiempo y forma los asuntos turnados a la Comisión por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados...”

Contenido de la minuta

1. La minuta, materia de este análisis y estudio, tiene por objeto incluir en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a la miel de abeja a efecto de que se considere como producto básico y estratégico en la alimentación de la población.

2. Los senadores iniciantes afirman que la importancia que representa la inclusión de la miel como alimento básico y estratégico, es de gran importancia social, ya que es una actividad principalmente familiar, generando empleos, ingresos y valor agregado.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Colegisladora, en su carácter de Cámara de Origen, aprobó una modificación en el texto original del artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mediante la adición de la fracción XII para quedar como sigue:

Artículo único.Se adiciona al artículo 179 de la Ley de desarrollo Rural Sustentable una fracción XII.

Artículo 179. Se consideran productos básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas-producto correspondientes, los siguientes:

I. a XI...

XII. Miel de abeja

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3. En atención a la modificación legislativa que plantean los senadores, se aprecia que la incorporación de la miel de abeja, como producto básico y estratégico, se sustenta en la importancia económica que representa la actividad productiva y de los valores nutricionales que este producto alimenticio contiene y por ello, se plantea la necesidad de calificarlos como básicos y estratégicos.

Consideraciones

Primera. La Comisión de Desarrollo Rural, en su calidad de Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la minuta, con el objeto de valorar su contenido y a su vez deliberar e integrar el presente Dictamen.

Segunda. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada el 7 de diciembre de 2001, definió como “ productos básicos y estratégicos” aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales.

Tercera. No obstante que la minuta en comento ha destacado la importancia económica que representa la producción de la miel de abeja, adicionalmente a los altos valores nutritivos y de los múltiples beneficios que representa a la salud su consumo, no se deduce de manera contundente que estos alimentos formen parte de la dieta de la mayoría de la población en general, esto es, un hogar mexicano promedio que no cuenta con recursos para ingerir una dieta balanceada, es más probable que se prescinda del producto mencionado, que de productos como el maíz, frijol, huevo o la leche.

Cuarta. De conformidad con lo que dispone el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el maíz, la caña de azúcar, el frijol, el trigo, el arroz, el sorgo, el café, el huevo, la leche, la carne de bovinos, porcinos, aves y el pescado, son considerados como productos básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial con la participación del Consejo Mexicano y los Comités Sistemas-Producto correspondientes.

Quinta. Por otra parte, no se identifica de manera clara y contundente que el Comité Sistema-Producto de miel de abeja, haya agotado el mecanismo previsto en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tal como lo estableció el Poder Legislativo Federal a través de dicho ordenamiento.

Conclusiones

Primera. Esta Comisión de Desarrollo Rural estima innecesaria la inclusión de la miel de abeja como producto básico y estratégico en la alimentación de la población, en el tenor de lo preceptuado en los artículos 17, 18, 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en donde se establecen la creación, integración y funciones del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, así como de los Consejos Estatales, Municipales y Distritales, los cuales son instancias de participación e interlocución de todos los actores de la sociedad que tienen injerencia en el sector rural. Cabe señalar que en la integración del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, participan Organizaciones Nacionales del Sector Social, Organizaciones Nacionales del Sector Privado, Instituciones de Educación e Investigación, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, así como 88 Sistemas Producto, de los cuales uno de ellos es el Apícola, por lo que se concluye que los intereses del Sistema Producto están ampliamente representados.

Segunda. Por otra parte, de conformidad con lo que disponen los artículos 149 y 150 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se advierte que los intereses de los sistemas producto, están ampliamente representados al Interior del Consejo Mexicano, los cuales tienen por objeto entre otros, actuar como mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores económicos que forman parte de las cadenas productivas.

Tercera. En ese sentido, esta Comisión de Desarrollo Rural considera que la aprobación de la minuta en los términos en los que fue presentada, incurriría en un grave contrasentido, toda vez que el Poder Legislativo Federal estableció que mediante las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria la Comisión Intersecretarial con la participación del Consejo Mexicano y los Comités Sistemas-Producto correspondientes, por lo tanto incluir como producto básico y estratégico a la miel de abeja por la vía solicitada no resulta jurídicamente procedente.

Cuarta. Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que establece que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable es la instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural, entre los que se encuentran los Comités Sistema-Producto, se conmina a los interesados en que la miel de abeja sea calificada como alimento básico y estratégico, lo realicen a través de las instancias facultadas para tal efecto, de conformidad con la normatividad aplicable.

Quinta. En razón de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora ha entrado al análisis de fondo del asunto, valorando los argumentos que sustentan el dictamen, se determina que no resulta procedente jurídicamente su aprobación.

En merito de lo antes expuesto, los Diputados que integran la Comisión de Desarrollo Rural de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, tenemos a bien expedir el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII, al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de productos básicos y estratégicos.

Segundo. Infórmese a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, que la minuta ha sido dictaminada en sentido negativo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero de 2013.

Diputados:Víctor Serralde Martínez (rúbrica), Presidente; Noé Barrueta Barón (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Cesario Padilla Navarro (rúbrica), Diana K. Velázquez Ramírez, Luis M. Ramírez Romero (rúbrica), Alfredo Zamora García (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica en contra), Sebastián A. de la Rosa Peláez (rúbrica en contra), Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Josefina García Hernández (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Lázara N. González Aguilar (rúbrica), Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Javier López Zavala (rúbrica), Víctor M. Manríquez González, Juan Luís Martínez Martínez, Andrés E. Martínez Rojas, Mario R. Méndez Martínez, Héctor Narcia Álvarez, César R. Navarro de Alba, José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), José N. Pérez de Alba (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Amílcar A. Villafuerte Trujillo, Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez.»

«Voto particular del diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del PRD, con relación al dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, respecto de la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

El suscrito, diputado federal Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Secretario de la Comisión de Desarrollo Rural de la H. Cámara de Diputados, de la  LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren  los artículos 90, 91 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar por este medio un voto particular , con relación al dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Rural, respecto de la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a efecto de que se considere la miel de abeja como producto básico y estratégico, remitida para su dictamen el 24 de abril de 2012.

Lo anterior en base a las cuestiones y valoraciones que seguidamente se indican:

Antecedentes:

I. Con fecha 20 de marzo de 2012, los senadores Dante Delgado, Luis Walton Aburto, Francisco Alcibíades García Lizardi, Ericel Gómez Nucamendi y Eugenio Govea Arcos, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

II. El 19 de abril de 2012 se aprobó por 84 votos en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; y pasó a la Cámara de Diputados para los afectos del apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. En sesión de la Cámara de Diputados  de la LXI Legislatura, celebrada el 24 de abril de 2012, se dio cuenta en oficio del Senado de la República, con el que remiten la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XII al artículo  179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a efecto de que se considere la miel de abeja como producto básico y estratégico, la cual fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para Dictamen.

IV. La Comisión de Desarrollo Rural de la LXI Legislatura, presentó en su orden del día de la trigésima-cuarta reunión ordinaria, el proyecto de dictamen a la minuta antes referida; sin embargo, no se contó con quórum legal, por lo que se procedió a archivar para una resolución posterior.

V. Con fecha 11 de diciembre de 2012, la Comisión de Desarrollo Rural, con fundamento en el artículo 183, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó prórroga  a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con la finalidad de ampliar el plazo para la formulación del dictamen correspondiente.

VI. Por acuerdo de la Mesa Directiva y en atención de la solicitud presentada por la Comisión de Desarrollo Rural, se autorizó prórroga para dictaminar la precitada iniciativa, el 19 de diciembre de 2012.

VII. El 27 de febrero de 2013, la Dictaminadora se reunió para analizar y emitir su dictamen,  llegando a un  acuerdo mayoritario de desechar  la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XII al artículo  179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a efecto de que se considere la miel de abeja como producto básico y estratégico.

El dictamen negativo de la Comisión de Desarrollo Rural, se emitió sin el estudio de fondo del planteamiento de la Minuta, sin las valoraciones jurídicas apropiadas, y retomando literalmente in extenso dictámenes de legislaturas anteriores sobre propuestas supuestamente similares,  pero en realidad diferentes al caso de considerar a la miel como producto básico y estratégico en la alimentación de los mexicanos, como lo probamos más abajo y lo cual motiva mi voto particular al respecto.

Consideraciones y motivación

Los estudiosos y cultivadores de la apicultura, coinciden en que  desde los tiempos más remotos  de la humanidad, el hombre  utilizó el producto de las abejas con diferentes propósitos: básicamente  como alimento, pero también con fines medicinales.

“En Sudamérica, la apicultura se cultivaba por los Mayas desde antes de la llegada de los españoles; sin embargo, la  abeja que se trabaja hoy en la apicultura, es la conocida como la Apis mellifera proveniente de Europa.

Es muy probable que la abeja común europea haya sido introducida a la Nueva España entre 1760 y 1770 (Labougle, 1991), pese a que no existen documentos históricos que indiquen una fecha precisa (Labougle y Zozaya, 1986). Crane (1999) menciona diversas fuentes que sugieren la posibilidad de que dicha introducción pudiera haber ocurrido con anterioridad.” (Información publicada en un artículo del Sistema Producto Miel).

La propuesta de considerar la miel de abeja como producto básico y estratégico en la Ley de desarrollo Rural Sustentable, se apoya en la gran importancia económica, social y alimentaria que este producto tiene en la sociedad mexicana.

De acuerdo con el padrón de la Sagarpa, existen en el país 41 mil productores en todo el país dedicados a la apicultura, concentrándose la mayor producción en Yucatán, Campeche, Veracruz, Chiapas y Guerrero.

El inventario apícola está compuesto por cerca de 1.9 millones de colmenas. La producción anual promedio de miel, superó las 56.5 mil toneladas en el periodo 2000 a 2010. Durante este período, México exportó un promedio de 25.2 mil toneladas de miel al año, manteniéndose como el tercer exportador mundial; es decir, del total de la miel producida, se exporta principalmente a Alemania, el 44%, quedando el resto para consumo nacional.

En el 2010 las exportaciones permitieron el ingreso de divisas por el orden de los 85.6 millones de dólares;  el valor total de la producción anual se calcula  en  alrededor de dos mil millones de pesos.

Asimismo, los datos más recientes publicados por  la Organización Nacional  de Apicultores y la Sagarpa, señalan que la industria apícola  genera 100 mil empleos directos en el sector (trabajadores de las plantas envasadoras, ayudantes de apicultores, acopiadores, administrativos de exportadoras) y 500 mil indirectos (transportistas, tramitadores, promotores, investigadores e industriales de derivados de los productos de la colmena, entre otros).http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2013B057.aspx)

Desde el punto de vista de su  importancia en la alimentación, la miel de abeja es un alimento energético, ya que provee al organismo de carbohidratos complejos que liberan energía conforme se necesita, además de calcio, hierro y vitaminas que complementan la nutrición de las personas. Hay estudios que señalan a la miel de abeja como una fuente importante de vitamina B y de vitamina C. Contiene además, todos los minerales que son esenciales para la salud: hierro, fósforo, aluminio y magnesio. De aquí la muy común recomendación médica  de suplir el azúcar por miel de abeja en nuestros alimentos diarios.

Como es bien sabido, en la apicultura se produce, además de la miel, polen, jalea real, propóleo y cera. Todos productos con propiedades importantes para la alimentación y la salud humana.

A la jalea real se le atribuyen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antivirales. La cera posee muchas propiedades que la hacen adecuada para fines terapéuticos y cosméticos. El propóleo es una sustancia compleja, de origen vegetal, que preparan las abejas a partir de la recolección de resinas producidas en algunas plantas,  las que luego son mezcladas con polen, cera y secreciones glandulares. Es un producto complejo, de su estudio se han detectado más de 250 elementos constitutivos y unos 50 principios biológicamente activos, lo que explica su gran cantidad de propiedades.

Un aspecto poco visible de la apicultura pero de la mayor relevancia, es  el papel que juegan las abejas en la agricultura, al coadyuvar en los procesos de  polinización de las plantas y conservación de la biodiversidad. Organismos internacionales coinciden en afirmar que la polinización por abejas genera un impacto económico en la actividad agrícola que representa de 10 a 30 veces el valor de los productos de la colmena.

En la Minuta en cuestión, los Senadores promoventes, señalan atinadamente que: “Ahora bien, por lo que se refiere al valor económico de la polinización, en el año 2005 alcanzó la cantidad de 2,295 millones de pesos, lo que calculado el valor económico mundial, por el servicio de dicha polinización, alcanza la cantidad de 153,000 millones de euros. Tomando en consideración el valor económico de la polinización en nuestro país, estamos hablando del 10% del valor total de la producción agrícola.

Entre las cosechas que dependen de la polinización podemos señalar que hay una gran variedad de frutos y de semillero y entre los primeros se encuentra la manzana, el aguacate, el pepino, la zarzamora, la uva, el mango, el melón, el durazno, la pera, la ciruela, la fresa y la sandía y en el segundo grupo la alfalfa, el espárrago, el brócoli, coles de Bruselas, la col, la zanahoria, el algodón, la cebolla, el rábano, la calabaza y la canola.”

Fundamentos jurídicos

El establecimiento de los productos básicos y estratégicos en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tiene la finalidad esencial de cumplir con mandatos constitucionales y principios rectores en la seguridad y soberanía alimentaria de los mexicanos, tal como se mandata en el artículo 4º. Constitucional, tercer párrafo: “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado la garantizará”.

Asimismo lo establece el último párrafo de la fracción XX, del artículo 27º. Constitucional: “El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.

En el mismo sentido se define la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuando dice:

De la Seguridad y Soberanía Alimentaria.

“Artículo 178. El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional”

¿Y que  son  los alimentos básicos y estratégicos? En el art. 3º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en la fracción XXIII, los define de la siguiente manera:

Artículo 3o. ... “XXIII. Productos Básicos y Estratégicos.  Aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población  en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural,  u objetivos estratégicos nacionales.”

La propuesta de que la apicultura es un producto básico y estratégico se sostiene en demasía por el valor económico, social y alimentario que representa para la sociedad mexicana, según lo  hemos expuesto ampliamente en la parte considerativa; y además, se respalda en la Constitución y en la ley, pues es a todas luces un producto  agropecuario cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural,a saber: amplias regiones del Sur-Sureste del país donde la apicultura no solo es un producto que aporta ingresos importantes a las familias indígenas y campesinas de esas regiones, sino que además juega un importante papel en la alimentación y en la cultura de la medicina tradicional.

Es por ello que adicionar a la Ley de desarrollo Rural  Sustentable una   fracción XII, a efecto de que se considere legalmente la miel de abeja como producto básico y estratégico, es cumplir con el mandato constitucional de garantizar a toda persona una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; así como cumplir también con el mandato de que “el desarrollo rural integral tiene como uno de sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.

Fue así como en su momento, el Poder Legislativo Federal incluyó en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los siguientes productos básicos y estratégicos: el maíz, la caña de azúcar, el frijol, el trigo, el arroz, el sorgo, el café, el huevo, la leche, la carne de bovinos, porcinos, aves, y el pescado.

En este voto particular abogamos a favor de que también la miel de abeja sea considerada  como producto básico y estratégico, agregando una fracción XII a la LEY.

No compartimos el Acuerdo negativo que sobre la Minuta del Senado aprobó la mayoría de la Comisión de Desarrollo Rural, porque no hay una valoración ponderada ni un razonamiento lógico y de fondo sobre  el papel esencial que juega la apicultura en la sociedad mexicana; sus supuestas “Conclusiones” para rechazar la Minuta, se limitan a copiar literalmente y letra por letra, los argumentos que se usaron en otras legislaturas para rechazar propuestas de diputados sobre la naranja, cacao y plátano.

En las “Conclusiones” primera y segunda del dictamen de la Comisión, se invocan preceptos de la Ley de Desarrollo rural Sustentable, no relacionados con la materia de la Minuta, como es el caso de los artículos 17, 18, 24 y 25 de la Ley, que se refieren al  Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y a la integración de Sistemas Producto, organismos   establecidos en la Ley como consultivos, sin  facultad legal ninguna para determinar los productos básicos y estratégicos.

En la “Conclusión” tercera del dictamen de la Comisión, ésta le quita al Congreso de la Unión, la facultad de legislar sobre productos básicos y estratégicos cuando dice: “En este sentido, esta Comisión de Desarrollo Rural considera que la aprobación de la Minuta en los términos en los que fue presentada, incurriría en un grave contrasentido, toda vez que el Poder Legislativo Federal estableció que mediante las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria la Comisión Intersecretarial con la participación del Consejo Mexicano y los Comités Sistema-Producto correspondientes, por lo tanto incluir como producto básico y estratégico a la miel de abeja por la vía solicitada no resulta jurídicamente procedente.”

Al margen de la falta de estructura lógica del párrafo anterior, es verdad que el Legislativo estableció, en el Artículo 179, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, esas facultades a la Comisión Intersecretarial y al Consejo Mexicano; lo que no es cierto es que por ese hecho, el Congreso de la Unión renuncie a legislar sobre esta materia, y ahora se considere “un grave contrasentido” y “no jurídicamente procedente”,   que el Senado envíe una Minuta a la Cámara de Diputados para adicionar una fracción a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable .

Igualmente, vamos a citar in extensola “Conclusión” Cuarta del dictamen de la Comisión, para ilustrar por qué no  podemos compartir el voto mayoritario.

“Cuarta. Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de desarrollo Rural Sustentable que establece que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable es la instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural, entre los que se encuentran los comités sistema- producto, se conmina a los interesados en que la miel de abeja sea calificada como alimento básico y estratégico, lo realicen a través de las instancias facultadas para tal efecto, de conformidad con la normatividad aplicable.”

Así, con la mayor candidez, la mayoría de los diputados de la Comisión de Desarrollo Rural conminan, nada menos que  ¡¡al Senado de la Republica!!  a que tramiten su minuta con una instancia consultiva del Ejecutivo, como lo es el Consejo Mexicano, pues, a su consideración, hacerlo ante la Cámara de Diputados como lo mandata la Constitución y la ley,  “no resulta jurídicamente procedente”.

Conclusión:

Atento a lo anterior,  someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente voto particular para la aprobación por esta Soberanía,  de la Minuta del Senado a fin de que se adicione al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, una fracción XII a efecto de incluir la miel de abeja como producto básico y estratégico dentro de la alimentación de la población mexicana.

Artículo Único.Se adiciona al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable una fracción XII para quedar como sigue:

“ Artículo 179. Se consideran productos básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto correspondientes, los siguientes:

I. a XI...

XII. Miel de abeja”.

Diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica).»

VOLUMEN IV

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, fracción I; 81, numeral 1; 82, numeral 1; 84, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del honorable pleno de este órgano legislativo, el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero.En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 24 de abril de 2003, la senadora Verónica Velasco Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite, turnando la iniciativa a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.

Tercero.En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, efectuada el 2 de diciembre de 2004, el dictamen sobre la iniciativa presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez, quedó de primera lectura.

Cuarto. Mediante oficio de fecha 28 de noviembre de 2006, el senador presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, la devolución del dictamen para conocer sus términos y opinar al respecto.

Quinto.En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el 14 de diciembre de 2006, se acordó devolver a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Asuntos Legislativos, Primera, con carácter de proyecto, el dictamen que el 2 de diciembre de 2004 se presentó en primera lectura.

Sexto.En sesión de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Asuntos Legislativos, Primera, celebrada el 27 de marzo de 2012, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Séptimo.En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 17 de abril de 2012, se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Octavo.En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 19 de abril de 2012, se dio cuenta al pleno con la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Noveno.En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó trámite a la minuta señalada en el antecedente quinto, en los siguientes términos: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Del análisis de la minuta  proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señalamos el siguiente

II. Contenido de la minuta

Los senadores consideran que el progreso del país depende en gran medida del desarrollo de las obras de infraestructura y de la realización de las actividades productivas más importantes.

Señalan que dichas obras y actividades tienen repercusiones que, en ocasiones, llegan a trastocar negativamente a los medios de producción o al balance de los ecosistemas limitando los servicios ambientales.

Refieren que la necesidad de prevenir o mitigar el impacto ambiental de las obras y actividades que presentan esas características en México, empezó a cobrar importancia a partir de la década de los sesentas, concluyendo que los conceptos de evaluación y de manifestación de impacto ambiental se incorporaron por vez primera en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Ambiente, de 1982. Después, se han mantenido con las adecuaciones pertinentes, estableciéndose en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) de 1988 y 1996, como instrumentos de carácter preventivo de la política ambiental.

Transcriben el concepto legal de la evaluación de impacto ambiental previsto en el artículo 28 de la LGEEPA; Artículo que desarrolla el procedimiento evaluatorio de impacto ambiental, enunciando las obras y actividades sujetas a autorización bajo determinadas condiciones e incorporando los mecanismos de la ya existente consulta pública.

Según la colegisladora, la consulta pública prevista en el artículo 34 de la ley objeto de este dictamen, es un instrumento que observa severas limitaciones, ya que en el texto legal, vigente, opera a petición de parte por persona perteneciente a la comunidad en la que se habrá de desarrollarse la obra o actividad de que se trate.

Además, señalan que la fracción III del mismo artículo 34, permite a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la organización discrecional de una reunión pública de información.

Las supuestas limitaciones señaladas por la colegisladora, pueden, según ésta, generar transgresiones al derecho de todas las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como al derecho de acceso a la información.

Apuntan que la autoridad ambiental reconoce las deficiencias que se tienen en materia de participación social, a pesar de contar con diversos instrumentos que permiten intervenir a los particulares en la toma de decisiones relativas a la gestión ambiental.

Subrayan que el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, reconoce que aún falta mucho para que la participación social penetre y se mantenga dentro del proceso de toma de decisiones en la materia.

Sostienen que el derecho de acceder a la información ambiental, así como el de garantizar la participación social en la toma de decisiones, son medios eficaces para el ejercicio de los derechos constitucionales citados.

En congruencia con lo anterior, señalan que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se estableció el objetivo de “garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país” y “asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos...”.

Previa la celebración de una serie de reuniones en torno a un acuerdo de diversas dependencias del Ejecutivo federal, la colegisladora convino en realizar una serie de modificaciones al proyecto de decreto propuesto originalmente en la iniciativa presentada por la senadora Verónica Velasco Rodríguez.

Destacan que las propuestas legislativas a diversas disposiciones del proyecto, revisten gran importancia, porque:

• Distinguen con claridad el mecanismo de consulta pública, de la reunión pública de información;

• Permiten a toda persona su participación en el proceso de consulta pública, y

• Establecen criterios de distinción para que sólo en cierto tipo de obras o actividades, sea obligatorio llevar a cabo las reuniones públicas de información, si algún ciudadano la solicita.

Analizado el contenido de la minuta proyecto de decreto objeto del presente dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, planteamos las siguientes:

III. Consideraciones

Quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconocemos inviable la reforma al artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, propuesta por la colegisladora, por las razones y consideraciones que a continuación se exponen.

El artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, textualmente establece quela evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Semarnat establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la secretaría.

Enseguida prevé en doce fracciones, algunas de las obras y actividades referidas, para finalmente, en la fracción XIII, señalar las obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

El penúltimo párrafo del artículo 28, ordena queel reglamento de la presente ley,determinará las obras o actividades a que se refiere este artículo, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente,y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en este ordenamiento.

El párrafo final del mismo numeral, consigna que para los efectos a que se refiere la fracción XIII del propio artículo 28,la Semarnat notificará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, Una vez recibida la documentación de los interesados,así como la modalidad y el plazo para hacerlo.Transcurrido el plazo señalado, sin que la Secretaría emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.

Por su parte el artículo 29, señala que los efectos negativos que,pudieran causar las obras o actividades de competencia federal que no requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a que se refiere la presente sección, estarán sujetas en lo conducente a las disposiciones de la misma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, la legislación sobre recursos naturales que resulte aplicable, así como a través de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que conforme a dicha normatividad se requiera.

El artículo 30, por su parte, dispone que para obtener la autorización en materia de impacto ambiental, los interesados deberán presentar a la Semarnat una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente.

Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el reglamento de la presente ley.

El artículo 31 prevé que la realización de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XII del artículo 28, requerirán la presentación de un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, cuando:

I. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades;

II. Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por la Secretaría en los términos del artículo siguiente, o

III. Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los términos de la presente sección.

En los casos anteriores la secretaría, una vez analizado el informe preventivo, determinará, en un plazo no mayor de veinte días, si se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental en alguna de las modalidades previstas en el reglamento de la presente Ley, o si se está en alguno de los supuestos señalados.

La secretaría publicará en su Gaceta Ecológica, el listado de los informes preventivos que le sean presentados en los términos de este artículo, los cuales estarán a disposición del público.

Artículo 32. En el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio incluyan obras o actividades de las señaladas en el artículo 28 de esta ley , las autoridades competentes de los estados, el Distrito Federal o los municipios, podrán presentar dichos planes o programas a la secretaría, con el propósito de que ésta emita la autorización que en materia de impacto ambiental corresponda, respecto del conjunto de obras o actividades que se prevean realizar en un área determinada, en los términos previstos en el artículo 31 de esta ley.

Artículo 33. Tratándose de las obras y actividades a que se refieren las fracciones IV, VIII, IX y XI del artículo 28, la secretaría notificará a los gobiernos estatales y municipales o del Distrito Federal, según corresponda, que ha recibido la manifestación de impacto ambiental respectiva, a fin de que éstos manifiesten lo que a su derecho convenga.

La autorización que expida la secretaría, no obligará en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias.

Las disposiciones señaladas, correspondientes a los artículos del 28 al 33 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dejan muy en claro los pasos a seguir dentro del procedimiento de evaluación del impacto ambiental.

Expuesto lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señalamos:

Coincidimos con los senadores en la consideración de que el progreso del país, depende en gran medida del desarrollo de las obras de infraestructura y de la realización de las actividades productivas más importantes.

Reconocemos en parte su señalamiento de que dichas obras y actividades tienen repercusiones que, en ocasiones, llegan a trastocar negativamente a los medios de producción o al balance de los ecosistemas limitando los servicios ambientales, aunque no necesariamente se da esta situación con la mayoría de las obras de infraestructura y las principales actividades productivas del país.

Reconocemos ciertas las referencias a la necesidad de prevenir o mitigar el impacto ambiental de las obras y actividades en México, así como su importancia a partir de la década de los sesentas, cuando los conceptos de evaluación y de manifestación de impacto ambiental se incorporaron por vez primera en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Ambiente, de 1982, y después, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) de 1988 y 1996, como instrumentos de carácter preventivo de la política ambiental.

Estimamos pertinente la transcripción del concepto legal de la evaluación de impacto ambiental previsto en el artículo 28 de la LGEEPA; artículo que desarrolla el procedimiento evaluatorio de impacto ambiental, enunciando las obras y actividades sujetas a autorización bajo determinadas condiciones e incorporando los mecanismos de la consulta pública.

No coincidimos con la colegisladora, en que la consulta pública prevista en el artículo 34 de la ley objeto de este dictamen, es un instrumento que observa severas limitaciones, ya que opera a petición de parte por persona perteneciente a la comunidad en la que se habrá de desarrollar la obra o actividad sujeta a evaluación de impacto ambiental.

Consideramos que el hecho de que la consulta pública opere a petición de parte, no impide cumplir con el objeto para el que fue creada; Además, es inaceptable el señalamiento de la colegisladora en el sentido de que la fracción III del mismo artículo 34, permite a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la organización discrecional de una reunión pública de información.

Lo anterior lo estimamos inexacto, pues la organización de la reunión pública de información a cargo de la secretaría, no es discrecional, es decir, la secretaría no la celebra libremente, sino cuando, como lo mandata la norma, se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el reglamento de la propia ley, aunque no es argumento de la Cámara de Senadores, la norma prevé que la secretaría, en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar una reunión pública de información en la que el promotor explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate.

Quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estamos en desacuerdo con que las obras de infraestructura y las actividades productivas, según la colegisladora, pueden generar transgresiones al derecho de todas las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como al derecho de acceso a la información.

Por el contrario, consideramos que con el cumplimiento de la ley vigente, las supuestas limitaciones también pueden no generar las transgresiones referidas. Además, en sentido estricto, el cumplimiento con la observancia y aplicación de las normas vigentes, alcanzando los fines del derecho, es un medio para reconocer su eficacia y, en consecuencia, el carácter de ser una norma de derecho positivo.

En conclusión, la transgresión a los derechos humanos a que se refiere la iniciadora, no se genera por el cumplimiento de la ley vigente, sino por la falta de cumplimiento por el Estado mexicano en su conjunto, con la obligación de adoptar todas las medidas necesarias, incluso las de carácter legislativo, que les imponen los tratados internacionales de los que formamos parte, para alcanzar los objetivos previstos en el instrumento internacional.

Aceptamos que la autoridad ambiental reconoce las deficiencias que se tienen en materia de participación social, a pesar de contar con diversos instrumentos que permiten intervenir a los particulares en la toma de decisiones relativas a la gestión ambiental. Sin embargo, consideramos que el reconocimiento de las deficiencias en materia de participación social, no es propio ni exclusivo de la autoridad que lo señala, máxime si se considera la existencia de diversos instrumentos que permiten la intervención de los particulares en la toma de las decisiones relacionadas con la gestión ambiental.

Si bien debemos reconocer el problema que representa la necesidad de actualizar nuestra legislación en la materia, también es necesario generar políticas, programas y acciones tendentes a crear conciencia sobre el derecho de todas las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como sobre el derecho de acceso a la información.

Por ello, estimamos que la solución al problema que se plantea, no es la implantación de modificaciones legislativas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, porque con ese criterio, estaríamos modificando todo el marco jurídico nacional, en aras de asegurar o garantizar la participación ciudadana en un país en el que gran parte de sus habitantes se resisten a darse cuenta, de los derechos y obligaciones que conlleva el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Coincidimos en que el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, reconozca que aún falta mucho para que la participación social penetre y se mantenga dentro del proceso de toma de decisiones en la materia; sin embargo, esto viene a confirmar nuestra posición respecto a la falta de una cultura de concienciación de la población sobre los derechos y obligaciones que conlleva el ejercicio pleno de los derechos humanos, incluidos el derecho de todas las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como el derecho de acceso a la información.

Respetamos la posición del Senado, en cuanto a sostener que el derecho de acceder a la información ambiental, así como al de garantizar la participación social en la toma de decisiones, son medios eficaces para el ejercicio de los derechos constitucionales citados. También sostenemos con la Colegisladora, que el derecho de acceder a la información pública gubernamental, en todas las materias, y en general, el de participar efectivamente en la toma de decisiones, así como  ejercer y exigir el cumplimiento de los derechos de los mexicanos, son medios que producen el efecto de fortalecer un estado de derecho.

Consideramos imperiosa la necesidad de garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país, y asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los mexicanos. Es un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, y es una aspiración legítima del pueblo de México, cuya consecución depende de la voluntad de los mexicanos para darse en conciencia la moralidad e integridad que les permita acceder a las oportunidades de participación plena en todas esferas de la vida nacional.

Consideramos que el mecanismo de consulta pública y la reunión pública de información se distinguen e identifican con claridad meridiana en el texto vigente del artículo 34 de la ley vigente.

La ley vigente establece que desde el momento en que la secretaría recibe una manifestación de impacto ambiental e integra el expediente, pone la manifestación de impacto ambiental a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona. Si bien esta disposición, en sus términos, ya representa una consulta pública, la Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta pública.

En cuanto a los criterios de distinción para que sólo en cierto tipo de obras o actividades, sea obligatorio llevar a cabo las reuniones públicas de información, si algún ciudadano la solicita, estimamos se incurre en una contradicción más del proyecto de la colegisladora.

En efecto, el párrafo primero de la fracción I del artículo 34, cuya reforma promueve el Senado, señala que cualquier ciudadano podrá solicitar que se lleve a cabo una reunión pública de información cuando se trate de obras y actividades comprendidas en las fracciones I, II, IV, VIII, IX y X del artículo 28 de la ley.

Por su parte, el párrafo quinto de la misma fracción, plantea que la realización de la reunión pública de información de las obras y actividades contenidas en las fracciones III, V, VI, VII, XI, XII y XIII del artículo 28, será determinada por la secretaría con base en la solicitud e información que presente el solicitante de la reunión.

Estas propuestas legislativas, no corresponden precisamente al principio general de derecho que supuestamente las orienta.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de la fracción D) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, enviada por el Senado de la República el 17 de abril de 2012.

Segundo.Túrnese a la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto en la fracción D) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere al último de los asuntos, devuélvase al Senado, para los efectos del inciso D del artículo 72 constitucional.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, 28 y 28 Bis, y adiciona los párrafos VIII al 27 y VII al 96 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

En sesión celebrada el 7 de febrero de 2013, el diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para el análisis y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la iniciativa

Mejorar las condiciones de salud de la población Indígena, implica ofrecer servicios efectivos, seguros, sensibles a la multiculturalidad nacional y que respondan a las expectativas de los usuarios.

La interculturalidad es una de las innovaciones más trascendentes en el área de salud, toda vez que incorpora en la planeación y oferta de los servicios, el concepto y las implicaciones de la diversidad cultural y en el caso de los pueblos indígenas, el reconocimiento de elementos sustantivos de su identidad, como el idioma y la medicina tradicional, incorporando el conocimiento de ésta última como un objetivo del sistema nacional de salud y a la nutrición indígena como materia de salubridad general.

La salud intercultural significa el ejercicio activo de valores compartidos de respeto, comprensión, paciencia y adecuación de los actores sociales involucrados en las actividades médicas y sanitarias. Significa el reconocimiento y la aceptación de la legitimidad del modelo de salud y enfermedad del paciente, considerando el contexto cultural del cual este modelo emerge, el cual a su vez es congruente con las explicaciones aprendidas en su grupo social.

Tan sólo, por citar algunos ejemplos, para los indígenas el tema de la salud va ligada al concepto de comunidad y como tal, se les ha solicitado añadir el concepto comunidad en el artículo 23 debido a que en las comunidades indígenas, la salud del individuo está vinculada a la salud de su comunidad, por lo que el concepto de Comunidad presenta una visión de colectividad.

Es la plena discriminación por ser indio, por no hablar el español, por no saber de medicina científica, por emplear su medicina ritual y herbolaria, por no saber comportarse en los centros de salud y hospitales. Es que en ese sentido la ha añadido al artículo 27 un párrafo VIII donde se incluyan las prácticas medicinales de la medicina intercultural, es decir su medicina ritual y herbolaria que por años han practicado.

En el mismo sentido se ha solicitado ser incorporado dentro del cuadro básico y el catálogo de insumos, las plantas tradicionales así como otros conocimientos de la medicina tradicional, esto en el artículo 28 de la ley en comento.

Se hace necesario erradicar el desencuentro y la asimetría entre enfermos y doctores, para ello solicitamos mediante esta iniciativa la incorporación de los médicos tradicionales o interculturales, que una vez comprobados sus conocimientos mediante cursos de capacitación reconocidos por centros legalmente expedidos y registrados por las autoridades competentes.

Por tanto, se promueven reformas de los artículos de la Ley General de Salud siguientes:

Artículo 23. Para los efectos de esta ley, se entiende por servicios de salud todas las acciones realizadas en beneficio del individuo, la comunidad, y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a

I. a VII. ...

VIII La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud incluyendo los de la medicina intercultural.

Artículo 28. Para los efectos del artículo anterior, habrá un cuadro básico de insumos, que incluirán elementos curativos de la medicina intercultural para el primer nivel de atención médica y un catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel, que contendrán elementos curativos de la medicina intercultural, elaborados por el Consejo de Salubridad General y los representantes de las comunidades indígenas, a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del sistema nacional de salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración: La Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo federal.

Artículo 28 Bis. Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son

1. Médicos;

2. Homeópatas;

3. Cirujanos dentistas;

4. Médicos veterinarios, en el área de su competencia; y

5. Licenciados en enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría de Salud.

6. Médicos tradicionales o interculturales.

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social, de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la secretaría.

Para el caso de los médicos interculturales cursos de capacitación legalmente expedidos y registrados por las autoridades competentes.

Artículo 96. La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan

I. a VI. ...

VII. Investigación en medicina intercultural.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Según la OMS, la medicina intercultural o también llamada tradicional es la suma completa de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar trastornos físicos o mentales.

La medicina tradicional que ha sido adoptada por otras poblaciones (distintas de su cultura de origen) suele denominarse medicina alternativa o complementaria.

Tercera. Según análisis realizado por la OMS, referente a la medicina intercultural o tradicional:

1. Problemas

Algunas comunidades llevan miles de años utilizando la medicina tradicional. Cuando las prácticas de la medicina tradicional son adoptadas por nuevas poblaciones, pueden producirse problemas.

2. Diversidad internacional. Las prácticas propias de la medicina tradicional han sido traspuestas a distintas culturas y regiones sin que al mismo tiempo se elaboraran normas y métodos internacionales para evaluarlas.

3. Políticas y reglamentación nacionales. No hay muchos países que cuenten con una política nacional en la materia. La heterogeneidad en las definiciones y clasificaciones de las terapias de la medicina tradicional hace que resulte difícil regular los productos procedentes de esta medicina. Según el país de que se trate, un producto herbario podría ser definido como alimento, suplemento alimentario o medicamento herbario. Esta disparidad en la reglamentación que los distintos países aplican influye en el acceso a los productos y su distribución a escala internacional.

4. Seguridad, eficacia y calidad. Son escasos los datos resultantes de ensayos científicos destinados a evaluar la seguridad y eficacia de los productos y las prácticas de la medicina tradicional. Aunque hay datos demostrativos de que la acupuntura, algunos medicamentos herbarios y ciertas terapias manuales (por ejemplo, el masaje) son eficaces para tratar determinadas enfermedades, se precisan más estudios de productos y prácticas. Los requisitos y métodos para esas investigaciones y evaluaciones son complejos. Por ejemplo, puede resultar difícil evaluar la calidad de productos herbarios acabados. Su seguridad, eficacia y calidad depende de la calidad de las materias de origen (que pueden ser centenares) y del modo en que esos elementos son manipulados en los procesos de producción.

5. Saber y sostenibilidad. Las materias para elaborar productos herbarios se obtienen a partir de poblaciones vegetales silvestres o de plantas medicinales cultivadas. El creciente mercado de productos herbarios podría conducir a un exceso de recolección de plantas y amenazar así la diversidad biológica. Una praxis deficiente de cultivo y recolección podría saldarse con la extinción de especies vegetales amenazadas y la destrucción de recursos naturales. Para perpetuar la medicina tradicional se requiere un esfuerzo para preservar tanto las poblaciones de plantas como el conocimiento sobre sus usos con fines medicinales.

6. Seguridad del paciente y utilización. Mucha gente piensa que los medicamentos son seguros (o inofensivos) porque son herbarios (naturales) o tradicionales. Sin embargo, las medicinas y prácticas tradicionales pueden provocar reacciones dañinas o adversas cuando el producto o tratamiento en cuestión es de mala calidad, se toma de forma inadecuada o se simultánea con otros medicamentos. Es importante que los pacientes conozcan mejor los procedimientos de utilización segura y que los dispensadores de medicinas tradicionales o de otra índole estén más formados y haya más colaboración y comunicación entre ellos.

Cuarta. La Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural nació en agosto de 2002 en el contexto al reconocimiento a la diversidad cultural de nuestras poblaciones mestizas e indígenas y ante la emergencia de nuevos paradigmas en la definición de los programas de atención a la salud; ha venido impulsando un modelo intercultural para posicionar en la oferta de servicios institucionales, una visión acorde con las expectativas de la sociedad y de los pueblos indígenas en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos, la perspectiva de género y una visión innovadora y ampliada respecto al tema de interculturalidad en salud, con el fin de incidir en la resolución institucional de las problemáticas en estos temas y la definición de una política respecto a la medicina tradicional mexicana, las denominadas medicinas complementarias, presentes en las preferencias de la sociedad y la oferta de servicios.

Con el apoyo de las unidades administrativas de nivel central y los Servicios Estatales de Salud, se ha concretado, no sin dificultad, la incorporación del enfoque intercultural en el marco normativo, la operación de los programas de salud, la capacitación del personal directivo, operativo y en formación en las escuelas de ciencias de la salud, la adecuación en la infraestructura física de las unidades de salud con la inclusión de las cartillas de acupuntura humana, medicina tradicional y homeopatía para el Sistema Nacional de Salud y en los programas de promoción de la salud, vete sano y regresa sano, enfermedades transmitidas pro vector, adicciones y salud reproductiva.

Con una apertura cautelosa, ética y profesional, se han elaborado y definido los programas de Medicina Tradicional Indígena, Salud Intercultural, Medicinas Complementarias, Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas, además de diferentes documentos y modelos de carácter teórico, normativo y de difusión, con los aportes y experiencias de instituciones como el CDI y el IMSS Oportunidades, además de contar con la experiencia de un amplio grupo de connotados expertos e investigadores de diferentes centros de educación superior en el país y de representantes de organizaciones de sociedad civil, con los que se ha venido fortaleciendo la relación institucional. Cabe mencionar que esta apertura respetuosa se manifestó con los aportes y participación civil en el foro nacional de consulta ciudadana realizado el 26 de abril de 2007 en la Ciudad de México, siendo uno de los más numerosos y representativos de ésta participación social

Quinta.Actualmente, conforme al marco jurídico sanitario vigente en la Ley General de Salud en su artículo 6o. contempla que “el sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas;

Sexta. Así como en el artículo 93. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de enseñanza continua en materia de salud.

De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena. Los programas de prestación de la salud, de atención primaria que se desarrollan en comunidades indígenas, deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre sus derechos humanos.

Séptima. La presente iniciativa duplica disposiciones que actualmente se encuentran contenidas en la Ley General de Salud, así como en diversos instrumentos normativos.

Por ello es procedente señalar que la iniciativa que nos ocupa, pretende adicionar disposiciones que ya se encuentran contenidas de manera genérica en la Ley General de Salud, resultando innecesaria, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la implantación de la misma, así como en diversos instrumentos normativos.

1. La presente iniciativa duplica reformas que ya se encuentran contenidas en la Ley General de Salud.

* En el artículo 6o. contempla que Sistema Nacional de Salud tendrá como uno de sus objetivos “promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas”.

* En el artículo 93 establece que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena. Los programas de prestación de la Salud de atención primaria que se desarrollan en comunidades indígenas, deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud.

2. La heterogeneidad en las definiciones y clasificaciones de las terapias de la medicina tradicional o intercultural hace que resulte difícil regular los productos procedentes de esta medicina (cuadro básico de insumos). Además según la región de que se trate, un producto herbario podría ser definido como alimento, suplemento alimentario o medicamento herbario.

3. Por otra parte, el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud establece que sólo están facultados para prescribir medicamentos los profesionales que cuenten con cédula profesional expedida por las autoridades competentes. Actualmente dichas autoridades no cuentan con planes de estudio para la formación de este tipo de profesionales, ni con un registro autorizado.

Conforme a estas consideraciones, la Comisión de Salud da cuenta que los objetivos de la reforma y adición propuestas en la iniciativa analizada no son viables.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, 28 y 28 Bis, y adiciona un párrafo VIII al 27 y uno VII al 96 de la Ley General de Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 Bis 32 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157 fracción I y 158 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente:

Dictamen

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 16 de enero de 2013, el diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 77 bis 32 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

3. Con fecha 21 de febrero de 2013 por Acuerdo de la Mesa Directiva, se autoriza prorroga para que se dictamine dicha Iniciativa.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto crear en los estados y en el Distrito Federal, un comité que vigile la debida aplicación de los recursos que reciben, facultado para pedir información en la materia a las autoridades de control y supervisión interna, transparentar la información que consideren necesaria conforme a las disposiciones legales y proponer al titular de estos gobiernos los correctivos. Las autoridades deberán entregar la información solicitada por este comité en un plazo máximo de tres días hábiles, salvo que la autoridad respectiva solicite y justifique un término mayor. Dicho comité se integrará con dos representantes del gobierno de la entidad federativa, que deberán ser el secretario de salud y desarrollo social o equivalentes, dos diputados del poder legislativo local, dos especialistas en la materia, tres beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y dos representantes sindicales de los trabajadores pertenecientes a este sistema. Los cargos en el comité serán honoríficos y durarán cuatro años, no pudiendo ser reelectos para el periodo inmediato siguiente y será presidido de manera rotativa por periodos semestrales por un representante correspondiente a cada uno de los sectores, con excepción de los especialistas. Establecer que el comité se reunirá mínimamente una vez al mes.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El monto presupuestado para el Seguro Popular en el PEF 2013 es de $66,791,938,639, lo presupuestado en el PEF 2012 fue $64,402,458,192, un incremento en términos nominales de $2,389,480,447 (4%).

Transferencias por estado

La última cifra publicada de transferencias por estado es el Ejercicio 2011.

Beneficiarios por estado 2012

La siguiente tabla muestra el número de afiliados por entidad federativa al cierre del ejercicio 2012.

Estado                                      Beneficiarios

Aguascalientes                                   505,235

Baja California                                1,150,023

Baja California Sur                            205,226

Campeche                                          477,046

Coahuila                                             686,263

Colima                                                299,036

Chiapas                                           3,414,767

Chihuahua                                       1,235,429

Distrito Federal                               2,480,090

Durango                                             731,202

Guanajuato                                      3,113,394

Guerrero                                          2,223,470

Hidalgo                                           1,580,326

Jalisco                                              2,772,886

México                                            6,612,349

Michoacán                                       2,357,439

Morelos                                              961,830

Nayarit                                               639,166

Nuevo León                                    1,153,896

Oaxaca                                            2,634,749

Puebla                                             3,141,164

Querétaro                                           850,437

Quintana Roo                                     604,751

San Luis Potos                              1,433,095

Sinaloa                                            1,101,119

Sonora                                                858,320

Tabasco                                           1,555,838

Tamaulipas                                      1,384,364

Tlaxcala                                              855,136

Veracruz                                          4,113,017

Yucatán                                              931,743

Zacatecas                                           845,205

Total Nacional                               52,908,011

Fuente: Tabla construida con datos de fichas de filiación cierre 2012. (http://seguro-popular.gob.mx/index.php?option=com_content& view=article&id=552&Itemid=481)

Tercera. En su argumentación el promovente de la presente iniciativa señala:

 “El Seguro Popular, desde su origen ha sido cuestionado por sus costos, sin que haya incidido de manera profunda en la disminución de las desigualdades y un efectivo disfrute del derecho humano a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional. Son insistentes las denuncias sobre el desvío de los recursos asignados a las entidades federativas, la falta de personal y equipo médico, así como de medicamentos; igualmente se ha argumentado sobre la dilución de las responsabilidades, fragmentación y privatización del sistema nacional de salud, carencia de un sistema confiable para su valuación, carencias en infraestructura, entre otros.

Sin embargo, el propósito de la presente iniciativa no es cuestionar la existencia misma del Seguro Popular, sino procurar la consecución de sus fines, con todas las limitaciones de éstos, mediante la transparente y eficiente aplicación de los recursos que se le destinan. De manera que hasta el último peso se aplique a este servicio de salud que tiene como sujetos de beneficio a las personas de más bajos recursos. Es inadmisible, que se omita una legal aplicación de recursos destinados a los sectores más pobres.

A este respecto en los últimos meses, ha habido denuncias sobre el desvío de los recursos que reciben las entidades federativas para el Seguro Popular, se habla de estados como Tabasco y Guerrero, de algo que indudablemente es sólo la punta del iceberg; esto nos debe llevar a considerar que los mecanismos de control de estos dineros no son suficientes. La vigilancia a cargo del mismo gobierno local en turno carece de imparcialidad, como demuestran los desvíos de cita; por lo que hace a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sus mecanismos de control son insuficientes y tardados, las nuevas facultades en la materia de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la futura Comisión Nacional Anticorrupción, están aún en ciernes y son a todas luces limitadas.

Por tanto, urge crear otros mecanismos adicionales, que con simultaneidad a la aplicación de los recursos, estén verificando su aplicación, bajo el principio de inmediatez y transparencia.”

Cuarta. El artículo que se pretende reformar, en su redacción actual señala lo siguiente:

Artículo 77 Bis 32.- El control y supervisión del manejo de los recursos federales a que se refiere este Título quedará a cargo de las autoridades siguientes, en las etapas que se indican:

I.Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a los estados y al Distrito Federal, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;

II.Recibidos los recursos federales por los estados y el Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos de los estados.

La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones, ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos recursos.

III. La fiscalización de las cuentas públicas de los estados y el Distrito Federal, será efectuada por el Congreso Local que corresponda, por conducto de su órgano de fiscalización conforme a sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias y entidades del Ejecutivo Local aplicaron dichos recursos para los fines previstos en esta Ley, y

IV.La Auditoría Superior de la Federación al fiscalizar la Cuenta Pública Federal, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales, y por lo que hace a la ejecución de los recursos a que se refiere este Título, la misma se realizará en términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Cuando las autoridades estatales que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión conozcan que los recursos federales señalados no han sido aplicados a los fines que señala la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública en forma inmediata.

Por su parte, cuando el órgano de fiscalización de un Congreso Local detecte que los recursos federales señalados no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales que deriven de afectaciones a la Hacienda Pública Federal, a las aportaciones estatales y del núcleo familiar en que, en su caso, incurran las autoridades locales exclusivamente por motivo de la desviación de los recursos para fines distintos a los previstos en esta Ley, serán sancionadas en los términos de la legislación federal, por las autoridades federales, en tanto que en los demás casos dichas responsabilidades serán sancionadas y aplicadas por las autoridades locales con base en sus propias leyes.

En la iniciativa que se presenta, se pretende la creación de comités que vigilen la aplicación de los recursos del Sistema de Protección Social de Salud, sin embargo, en el texto vigente del artículo 77 Bis 32, ya se contemplan disposiciones en materia de transparencia, control y supervisión del manejo de los recursos del Sistema de Protección Social de Salud, por lo tanto, en caso de aprobarse la iniciativa, se daría origen a duplicidad de funciones con otras instancias encargadas de auditar el manejo de los recursos, así mismo la creación de los comités, no garantiza necesariamente los resultados esperados, aunado a que en la integración de los mismos se contempla la inclusión de actores relacionados directamente con el ejercicio de los recursos del Sistema, lo que podría originar conflicto de interés.

Ante estas consideraciones, la Comisión de Salud toma a bien que esta Iniciativa no sea viable, ya que la reforma propuesta, duplicaría normas que ya se contemplan en la redacción actual.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Primero. Se desecha Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 77 bis 32 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 218, capítulo III, título décimo segundo, de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 58, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 26 de febrero de 2013, Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 218 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para el análisis y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la iniciativa

El alcoholismo es un problema social fuertemente arraigado en el país y en un universo amplio a escala mundial.

Los problemas causados por el abuso en el consumo de bebidas embriagantes se manifiestan en la pérdida de capacidades, en la degradación del estado de salud, en conductas antisociales y en el incremento de los índices de accidentes y muertes.

Existe una preocupación permanente y creciente por el incremento en el uso de sustancias adictivas, como el caso del alcohol, convirtiéndose ya en materia de salud pública.

En términos generales es importante señalar que en nuestro país se estima que existen más de 2 millones 600 mil personas, en el rango de edad de 12 a 45 años, que no cuentan con medios para acceder a un tratamiento médico contra la adicción al alcohol.

Estas cifras alarmantes han generado que se tomen medidas preventivas contra el abuso en el consumo de alcohol y así resarcir sus efectos.

Las medidas que se han adoptado consisten en la aplicación de leyes más duras y normas más acordes con la realidad actual. Nuestro país, siendo una nación vulnerable al consumo de bebidas alcohólicas, tiene el deber moral de perfeccionar la legislación vigente como medida precautoria.

México a través de su legislación debe ajustarse a la resolución de 2010 de la Asamblea Mundial de la Salud, aplicando estrategias que reduzcan el uso en exceso del alcohol y así fortalecer el sistema de salud, como respuesta a los problemas generados por esta adicción.

Por tanto y en atención de lo anterior, la presente iniciativa pretende reformar el primer párrafo del artículo 218 capítulo III, título décimo segundo, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 218. Toda bebida alcohólica deberá ostentar en los envases alguna de las siguientes leyendas: “bebe con moderación”, “el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”, “si tomas, no manejes”, “prohibida su venta a menores de edad”, escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.

La Secretaría de Salud, en su caso, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual podrán establecerse otras leyendas precautorias, así como las disposiciones para su aplicación y utilización.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud se considera éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y, en muchos casos, mortal. La combinación de diversos factores, fisiológicos, psicológicos y genéticos, provoca que ésta se haga presente. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo que deviene en la muerte de quien la padece.

Esta enfermedad es un problema de salud pública, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional Para las Adicciones, pues el abuso y la dependencia del alcohol son los principales problemas de adicción en México.

El alcohol es un depresivo que hace más lento el funcionamiento del sistema nervioso central y bloquea algunos de los mensajes que intentan llegar al cerebro. Esto altera las percepciones, las emociones, los movimientos, la vista y el oído de una persona.

Tercera. La carga atribuible al alcohol es en gran medida evitable, y existen abundantes datos demostrativos de la eficacia, e incluso de la rentabilidad, de diferentes estrategias e intervenciones para reducir los daños relacionados con su consumo.

Cuarta. Las leyendas que se pretenden adicionar como “bebe con moderación” y “si tomas, no manejes” ya se encuentran contempladas actualmente en el marco normativo regulado en el artículo. 218 de la Ley General de Salud con la leyenda: “el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud”.

Quinta. Según la Organización Mundial de la Salud, el concepto deuso nocivo del alcohol abarca diversos aspectos del fenómeno de la bebida. Uno es el volumen ingerido a lo largo del tiempo: de todos los factores pronóstico de muchas enfermedades crónicas que guardan relación con la bebida, el más directo es la cantidad total de alcohol consumida a lo largo de varios años. Entre otros factores del mismo tipo están las características del consumo, en particular: el hecho de beber, ocasional o regularmente, hasta la intoxicación; el contexto en el que se bebe, que puede elevar el riesgo de traumatismos intencionados o no intencionados y de transmisión de ciertas enfermedades infecciosas; y la calidad de la bebida alcohólica o su contaminación con sustancias tóxicas como el metanol.

Sexta. Las leyendas precautorias que se pretenden adicionar perderían el objetivo principal que es el de señalar los riesgos al consumo de estos productoscon el objetivo de que se modifique y se empiece a considerar la posibilidad de dejar de consumir bebidas alcohólicas, como lo sería la leyenda que se pretende adicionar “prohibida su venta a menores de edad” (ya que ésta no es una medida precautoria).

La Comisión de Salud reconoce la importante necesidad de legislar en dicha materia, apoyando la creación de mecanismos de atención y prevención para la reducción del problema del consumo del alcohol en México.

Por lo expuesto es procedente señalar que la iniciativa que nos ocupa desde una perspectiva estrictamente jurídica es inviable.

Los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 218 capítulo III, título décimo segundo, de la Ley General de Salud.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona el inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 167, numeral 4, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de:

I. Metodología

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turnos para dictamen de la iniciativa que originó el proceso.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, considerandos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en fecha 23 de octubre de 2008, la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social. (LX Legislatura.)

2. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en uso de sus facultades, y mediante oficio número DGPL-60-II-5-2074, instruyó el turno de la Iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio y dictamen. (LX Legislatura.)

3. El dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables fue presentado de primera lectura el 10 de marzo de 2009. (LX Legislatura.)

4. El dictamen a discusión fue presentado el 31 de marzo de 2009. El proyecto de decreto fue aprobado por 327 votos. Pasó a la Cámara de Senadores para los efectos del Apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LX Legislatura.)

5. La minuta fue recibida en la Cámara de Senadores el 1 de abril de 2009. Turnada a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera. (LX Legislatura.)

6. El dictamen de primera lectura fue presentado el 5 de marzo de 2013. (LXII Legislatura.)

7. El dictamen a discusión fue presentado el 07 de marzo de 2013. El proyecto de decreto no fue aprobado por 79 votos. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXII Legislatura.)

8. En sesión celebrada el 12 de marzo de 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la recepción de la minuta y la turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. (LXII Legislatura.)

9. La Presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el 19 de marzo de 2013, turnó a la Subcomisión de Atención a Víctimas de Violencia Familiar, Discriminación, Marginación y Trata de Personas, el expediente de la minuta para la elaboración de un predictamen con fundamento en el artículo 152 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXII Legislatura, procedió a la elaboración del presente dictamen.

III. Contenido de la minuta

1. La iniciativa que originó el proceso proponía adicionar un inciso m) a la fracción I del artículo 4; un segundo párrafo a la fracción X del artículo 12; y un segundo párrafo al inciso d) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, para incluir como sujetos preferentes de la asistencia social, a las niñas y adolescentes embarazadas producto de una violación y que no cuenten con el apoyo familiar o permanezcan en riesgo de violencia y abuso sexual. Asimismo, que la atención integral para estos casos deberá realizarse en establecimientos especializados dispuestos por el organismo coordinador del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

2. Esta soberanía encontró que en la Ley de Asistencia Social ya se encuentra previsto, en la fracción X del artículo 12, el otorgamiento de asistencia social a menores en situación de vulnerabilidad, por lo que el concepto de vulnerabilidad ya incluye a las niñas embarazadas como consecuencia de una violación o abuso sexual, por lo que se consideró innecesaria la reforma de un segundo párrafo a la fracción X del artículo 12 y un segundo párrafo al inciso d) del artículo 28 de la Ley Asistencia Social.

Por lo anterior, la Cámara de Diputados únicamente  aprobó el decreto de  adición de un inciso m) Embarazo como consecuencia de una violación, a la fracción primera del artículo 4 de la ley en comento.

3. Entre las consideraciones de la Cámara de Senadores para desechar la Minuta encontramos que es impreciso establecer como sujetos de asistencia social a “niñas y adolescentes que resulten embarazadas por medio de una violación”, pues se limita el alcance y atención de las menores de edad embarazadas a sólo aquellas que además viven esa condición como consecuencia de una violación, por lo que la propuesta va en contra de la generalidad de la ley.

4. La colegisladora consideró importante destacar que ya el artículo 4o., fracción II, inciso a) señala como sujetos de asistencia social a las adolescentes en situación de embarazo en su enfoque más amplio, sin ningún elemento adicional como la edad, lo que se traduce en un precepto más amplio y protector.

5. El Senado de la República resolvió proponer desechar por completo, previsto en el Apartado D del artículo 72 de la Constitución, del proyecto de decreto por el que se consideraría como sujetos de la asistencia social a las mujeres menores de edad que se encuentren embarazadas como consecuencia de una violación.

IV. Consideraciones

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la minuta, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:

Primera. Esta comisión coincide con la idea de eliminar las graves consecuencias que genera la forma más brutal de violencia en contra de menores y adolescentes, que es la violación sexual y sus consecuencias.

Segunda. La comisión dictaminadora manifiesta su compromiso de velar por la atención a menores víctimas de violación o abuso sexual mediante programas gubernamentales y políticas públicas que brinden apoyo específico para la atención integral de menores embarazadas como producto de una agresión sexual.

Tercera. Las diputadas y diputados de la comisión encuentran contradictorios los argumentos de la colegisladora, ya que el pasado 7 de marzo aprobó incluir dentro de la Ley de Asistencia Social una ampliación a las previsiones de preferencia para el derecho a la asistencia social en beneficio de las mujeres, reformando el mencionado artículo 4º. Sin restar importancia a este importante proyecto de ley, nace la interrogante de por qué no ampliar también las previsiones de preferencia en beneficio de las niñas, personas que no hayan cumplido los doce años de edad, y adolescentes, personas de doce años y antes de los dieciocho años de edad.

La iniciativa que originó el dictamen aprobado en el Pleno del Senado fue  presentada en la LXI Legislatura por los entonces senadores Carlos Lozano de la Torre y Fernando Castro Trenti.

Cuarta. La Ley de Asistencia Social data del 2 de septiembre de 2004 y únicamente cuenta con un par de reformas (A. 10.1; A. 12.1 y 12.12)  a pesar de numerosos proyectos que han pretendido modificar el artículo 4o. donde se establece quienes son las personas sujetos de la asistencia social.

Quinta. Las y los integrantes de la comisión tomaron en consideración dictaminar en sentido negativo, ante la opinión enviada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de ir en contra de la propuesta con base en el argumento que las niñas y adolescentes, en especial aquellas que se encuentran en situación de riesgo, se encuentran protegidas por el artículo 4, fracción I: Todas las niñas, niños y adolescentes, la cual relaciona con la fracción II, inciso a) las mujeres y con la fracción VIII: víctimas de la comisión de delitos.

Sexta. La iniciativa fue presentada hace cinco años y en ese tiempo se ha modificado la realidad. Al respecto, cabe señalar que el DIF hoy en día cuenta con un programa de atención para las jóvenes embarazadas, como lo indica la  opinión enviada por el sistema, por lo que considera innecesaria la propuesta, ya que para las víctimas de una violación se ha diseñado un programa especial de atención.

Séptima. En este orden de ideas, la opinión general de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables es el de emitir el presente dictamen en sentido negativo y se determinó procedente proponer al pleno de la Cámara de Diputados desecharla y el archivo del expediente como asunto resuelto y totalmente concluido.

V. Resolutivos

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Segundo. Archívese el expediente como asunto resuelto y totalmente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de abril de 2013.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea, Josefina Salinas Pérez, secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego a la Secretaría tomar la votación de los dictámenes que se encuentran en los lugares segundo, cuarto, sexto y décimo, también en votación económica.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos concluidos.

LEYES Y REGLAMENTOS QUE PERMITAN A LOS CIUDADANOS EL USO SEGURO DEL ESPACIO PUBLICO ANTE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE DESPLAZAMIENTO

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, tenemos ahora en el orden del día los dictámenes con punto de acuerdo. Quiero informar a la asamblea que los dictámenes que se encuentran del lugar 18 al 66 no hay ningún orador registrado. Asimismo los dictámenes que se encuentran en los lugares 5, 6 y 7, según me informan. Los demás dictámenes que están en el orden del día del 1 al 4 y del 8 al 17, tienen oradores registrados; serán enlistados en el orden del día de la sesión de mañana.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades del gobierno local a garantizar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos que permita a los ciudadanos el uso seguro del espacio público ante las diferentes modalidades de desplazamiento

Honorable Asamblea

A la Comisión del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal a garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permitan a los ciudadanos el uso del espacio público con seguridad ante los diferentes modalidades de desplazamiento; propuesta presentada por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 167, numeral 4, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión del Distrito habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha del 21 de febrero el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, presentó la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

II. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión del Distrito Federal la proposición en comento para su análisis y dictamen.

III. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:

Contenido de la propuesta

1. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina toma en cuenta la resolución número 64/255, de marzo de 2010, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en que se proclamó el periodo 2011-2020 como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo general de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo. Allí se recomienda a los gobiernos aumentar las actividades preventivas en los planos nacional, regional y mundial.

2. En el documento presentado por la ONU destaca que cada año cerca de 1.3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito –más de 3000 defunciones diarias en el mundo– y más de la mitad de ellas no viajaban en automóvil. Además entre 20 millones y 50 millones de personas más sufrieron traumatismos no mortales provocados por accidentes de tránsito.

Considerando que:

1. De acuerdo con este planteamiento de alcance global, de no adoptarse medidas inmediatas y eficaces las tasas de defunción por accidentes vehiculares en México podría en el corto plazo superar las tasas ascendentes de mortalidad de enfermedades como la diabetes o cáncer.

2. En el contexto de la Ciudad de México, es importante destacar que los accidentes viales ocurridos recientemente, son muestra fehaciente de que el problema de inseguridad y poca cultura vial continúa en ascenso.

3. Las estadísticas destacan que un gran número de los accidentes ocurridos en la Ciudad de México están relacionados con distintos factores como el que no se respeta la prioridad al peatón y las señales de tránsito; además las malas condiciones físicas del terrero y de la unidad automotor.

Sin embargo, la constante sigue siendo la falta de una cultura vial que impera en los operadores de transporte público, vehículos particulares, peatones y usuarios de transporte no motorizado como los ciclistas. De acuerdo con informes publicados por el Centro Nacional de Prevención de Accidentes, 80 por ciento de los atropellamientos de personas se da por errores o distracciones del conductor.

4. De igual manera, las personas que habitamos en la zona metropolitana del Valle de México nos enfrentamos cotidianamente a diversas situaciones derivadas de un problema mayor de movilidad, ya que de acuerdo con la Encuesta Origen-Destino 2007 elaborada por la Secretaría de Transporte y Vialidad, cada día hábil se efectúan alrededor de 22 millones de viajes en la zona metropolitana del valle de México, de los cuales 58.4 por ciento (12 millones 760 mil) es al Distrito Federal.

5. Por lo que corresponde particularmente al transporte en bicicleta, estudios de la organización no gubernamental Ctsembarq México destacan que en 2011 realizaron 2 millones 53 mil 244 viajes en el Distrito Federal en ese medio de transporte. Lo anterior guarda especial relación con estadísticas publicadas por la Secretaría de Salud Federal en el segundo informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2012, tan sólo en un año (2009 a 2010), el número de accidentes que involucraron a usuarios de bicicletas en la capital pasó de 521 a 706.

6. En 2010, el número de personas fallecidas por atropellamiento fue de 775 en el Distrito Federal, de acuerdo con el segundo Informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2012. Actualmente, en el Distrito Federal, 2 de cada 5 accidentes con personas atropelladas ocurren en ejes viales.

7. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que sólo en 2011 se registraron 16 mil 466 accidentes viales en la Ciudad de México. De éstos, mil 30 casos fueron por atropellamiento. En este sentido es importante considerar la necesidad de infraestructura que permita a los usuarios que se desplazan en la ciudad contar con una señalización adecuada que permita informar y proteger la integridad de las personas que transitan en los diferentes ejes e intersecciones de la ciudad

8. Con base en estadísticas publicadas por la Secretaría de Seguridad Publica del Distrito Federal en 2011 se tuvo conocimiento de 172 percances en donde estuvieron involucradas unidades de transporte público. El problema se agudizó en 2012 y el número de accidentes se incrementó a 384.

9. La falta de infraestructura exclusiva para usuarios de transporte no motorizado es una de las causas de estos accidentes. Hoy se ven obligados a utilizar carriles destinados al transporte público incrementando el riesgo de accidente o atropellamiento. Por ello se requiere la intervención de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, y del Medio Ambiente para que dentro sus facultades generen políticas de planeación urbana y la aplicación de programas de educación vial con un enfoque sustentables

10. De acuerdo con información de la organización civil Desarrollo y Movilidad México, citada por el diputado proponente, la falta de infraestructura peatonal origina la mayoría de los percances viales, lo cual se suma a deficiencias en el transporte público. Dicha organización sostiene que el primer lugar en vulnerabilidad vial lo ocupa el peatón, seguido de automovilistas, motociclistas y ciclistas.

11. Es necesario hacer un llamado a las Secretarías de Transporte y Vialidad, y de Seguridad Pública para que se aplique con estricto arreglo a derecho el Reglamento de Tránsito Metropolitano, de igual forma realicen acciones destinadas a garantizar la seguridad de los peatones y ciclistas, que conduzcan a la creación de políticas y programas que deriven en mejorar la utilización de las vías y de los diferentes medios de transporte cuyo principio sea el salvaguardar la vida al usuario, fomentando una cultura de educación vial, cortesía urbana y prevención de accidentes.

12. Aunado a las estadísticas aquí presentadas y con base en el segundo Informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2.012, de la Secretaría de Salud federal, el problema de seguridad y movilidad se ha agudizado en los últimos años debido al crecimiento exponencial del parque vehicular correspondiente a unidades de transporte público, principalmente microbuses y taxis que circulan en el Distrito Federal.

13. Actualmente, el problema de la movilidad requiere primordial atención; resulta impostergable generar y consolidar programas integrales de gobierno que coadyuven, sin menoscabo de los derechos y las libertades de los ciudadanos, a establecer las bases para asegurar una cordial convivencia en las diversas vialidades del Distrito Federal, garantizando la seguridad de las personas en el uso del espacio público ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

14. La Comisión del Distrito Federal, hace suyas las preocupaciones del diputado Fujiwara y comparte la opinión de enviar un atento exhorto a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, a generar medidas de infraestructura y garantizar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos que permita a los ciudadanos transitar, caminar y montar en bicicleta con seguridad, así como para mejorar la calidad del transporte público y el acceso a él.

15. Para una mayor claridad, congruencia y comprensión para las autoridades a quienes se dirige el exhorto planteado por el diputado proponente, se invierte e orden del cuarto punto petitorio para ser el primero.

Por lo anteriormente expuesto y con las consideraciones realizadas, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal resuelven: es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, con las modificaciones señaladas en el considerando décimo quinto del presente dictamen.

En tal virtud, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal a garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permita a los ciudadanos, el uso del espacio público con seguridad ante las diferentes modalidades de desplazamiento

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducta de su Mesa Directiva, respetuosamente exhorta:

Primero. Al jefe de Gobierno del Distrito Federal a generar un Programa integral de Movilidad y una normatividad acorde para el Distrito Federal.

Segundo. A las Secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda, a crear medidas de infraestructura que permitan a los ciudadanos transitar, caminar y montar en bicicleta con seguridad, así como a generar políticas de planeación urbana y aplicar programas de educación vial con enfoque sustentable.

Tercera. A la Secretaría de Transporte y Vialidad, a establecer medidas que mejoren la calidad del transporte público y el acceso a él; y a fortalecer los requisitos legales y de capacitación para operar cualquier unidad de transporte público en el Distrito Federal.

Cuarto. A la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a garantizar con estricto arreglo a derecho el cumplimiento de las leyes y los reglamentos que permita a los ciudadanos el uso del espacio público e seguridad ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.— Firman el presente dictamen:

La Comisión del Distrito Federal, diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa, María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan, Adolfo Orive Bellinger (rúbrica).»

APOYO A LOS LOCATARIOS AFECTADOS POR EL INCENDIO DE LA NAVE MAYOR DEL MERCADO DE LA MERCED

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al jefe del gobierno local, al secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza a apoyar a los locatarios afectados por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El 14 de marzo de 2013, la diputada Laura Barrera Fortoul, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal; al secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza, a brindar el apoyo a los locatarios por el incendio de la nave mayor del mercado de la Merced.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo en que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal; al secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza, a brindar el apoyo a los locatarios por el incendio de la nave mayor del mercado de la Merced, se señala que ésta tiene como sustento los razonamientos que se indican a continuación:

Que en la madrugada del miércoles 27 de febrero de 2013, un sobrecalentamiento en el tendido eléctrico de la nave mayor del mercado de la Merced desató un incendio, debido a las conexiones irregulares, conocidas como diablitos, y arrasó con el 70% de dicho inmueble, según determinaron peritos de la Procuraduría Ge al de Justicia del Distrito Federal.

La legisladora Laura Barrera indica que el incendio, que no dejo víctimas mortales ni lesionados, quemó más de mil locales comerciales, distribuidos en el área de siete mil metros cuadrados en que se ubica este centro de abasto, en la delegación Venustiano Carranza.

Expone además que los conductores de 20 unidades de bomberos que arribaron a la zona para la atención del siniestro, tuvieron problemas para el acceso, debido a los obstáculos que presentan los locales improvisados que rodean el centro de abasto.

Que en su momento, el jefe de Gobierno, aseguró a los medios de comunicación, que su administración apoyaría a los locatarios afectados y que se buscarán medidas enérgicas de mitigación para evitar futuros incidentes.

Asimismo, que el secretario de Gobierno del Distrito Federal declaró ante los medios de comunicación que se impulsará el reordenamiento comercial en la vía pública que rodea dicho mercado.

Por su parte, el jefe delegacional en Venustiano Carranza ofreció negociar con la Aseguradora AXXA, contratada por el gobierno capitalino para asumir el costo de los daños en la estructura del mercado y la mercancía perdida por los comerciantes.

Pero que a la fecha esto no se ha visto cristalizado o se ha dado una solución en concreto sobre la indemnización a los locatarios de la nave mayor del Mercado de la Merced.

La legisladora hace énfasis en que a efecto de apuntalar la urgencia de brindar de apoyo y emprender acciones de reordenamiento en la zona, es preciso subrayar la importancia del centro de abasto de la Merced dada en función del volumen de las operaciones comerciales que a diario se realizan, su valor como referente comercial histórico y como expresión cultural.

La promovente señala que no es la primera vez que el centro de abasto se ve afectado gravemente por una conflagración como la del pasado 27 de febrero; recordando los hechos acaecidos en diciembre de 1988, cuando explotó un puesto de fuegos artificiales, causando la destrucción de dos terceras partes de la nave principal del mercado y la muerte de 61 personas.

Refiere además que los problemas de tránsito que generan los puestos semifijos en los alrededores implican también riesgos de seguridad peatonal y vehicular de importancia.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos

Primero. Que la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal; al secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza, a brindar el apoyo a los locatarios por el incendio en la nave mayor del mercado de la Merced.

Segundo. La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, con la información proporcionada por la comitiva de locatarios del mercado de la Merced que fue atendida el pasado 5 de marzo de 2013, por un grupo plural de diputados federales de la Comisión del Distrito Federal, así como con la información pública disponible al momento de su dictaminen.

Tercero. La Comisión del Distrito Federal considera que en situaciones extraordinarias y de emergencia, los servidores públicos estamos obligados a brindar una atención inmediata a la población afectada. Que requiere precisamente de apoyos extraordinarios para poder afrontar y paliar la situación, que les permita sortear la situación; en lo que de manera coordinada las autoridades instrumentan una estrategia definitiva.

Por anteriormente expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, resuelve: es de aprobarse en sus términos, la proposición con punto de cuerdo presentada por diputados de los distintos grupos parlamentarios, por lo que somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Dictamen por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal; al secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza a brindar apoyo a los locatarios afectados por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced

Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal; al secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza, a brindar el apoyo comprometido a los locatarios por el incendio en la nave mayor del mercado de la Merced.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las autoridades antes mencionadas a dar una amplia difusión ante la ciudadanía de os resultados de las acciones que en este sentido se tomen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.— Firman el presente dictamen:

La Comisión del Distrito Federal, diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa, María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan, Adolfo Orive Bellinger (rúbrica).»

COMISION INTERSECRETARIAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a incorporar en su programa nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “demarcaciones prioritarias”

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 5 de marzo de 2013, el diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo solicitando que se exhorte a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a incorporar en su Programa Nacional las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “demarcaciones prioritarias”.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su correspondiente análisis y dictamen.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La proposición materia del presente dictamen plantea:

I. A principios de febrero de este año, el presidente de México presentó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual, dice su objetivo: el cual integra los esfuerzos de diversas áreas del gobierno federal para la consecución de los objetivos más relevantes: Promover y fortalecer el desarrollo y participación de las y los jóvenes como agentes de transformación social; realizar intervenciones socio-urbanas para mejorar las pautas de convivencia, la identidad y la cohesión comunitaria; promover la implantación de estrategias para el desarrollo de proyectos socio-productivos, que impulsen alternativas y oportunidades de desarrollo en aquellos grupos en condiciones de vulnerabilidad social; ampliar los espacios, procesos mecanismos para que la sociedad civil organizada participe en las políticas públicas de prevención social de las violencias y la delincuencia y en las intervenciones comunitarias.

El programa pretende atender de manera prioritaria un conjunto de 57 municipios del país, entre ellos dos delegaciones del Distrito Federal, debido a que estos son los que presentan las mayores “...tasas delictivas y condiciones que constituyen factores de riesgo para el surgimiento o permanencia de distintos tipos de violencia”. El segundo nivel de atención lo cubren un total de 100 municipios en los cuales se plantea un seguimiento coordinado entre los estados y la federación; el tercer nivel lo constituyen un total de 251 demarcaciones, que son los municipios beneficiados con el Subsidio en Seguridad Pública para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. El cuarto nivel de atención lo constituyen el resto de tos municipios y demarcaciones territoriales del país.

II. En el caso de las dos delegaciones que son atendidas como parte del programa en el Distrito Federal, es menester realizar las siguientes consideraciones, porque en efecto, se trata de las dos entidades más pobladas de la Ciudad de México y, por ende, las que presentan una mayor probabilidad de incidencia delictiva atendiendo a números brutos. Pero, haciendo un análisis más pormenorizado de las situaciones de violencia e inseguridad en la ciudad se observan algunas discrepancias con relación a considerar a estas dos delegaciones como las que presentan los estados más críticos. Considerando la estadística aportada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el mes de enero se pueden tomar las siguientes consideraciones:

a) En cuanto al total de delitos de alto y bajo impacto social la delegación Iztapalapa es la que reporta más delitos, con 2,339, un promedio de 75.5 delitos diarios; sin embargo, no es Gustavo A. Madero la que se encuentra en segundo lugar sino la delegación Cuauhtémoc, el centro de la ciudad, en donde se cometen 2,254 delitos, 72.5 delitos diarios en total, casi el promedio diario de Iztapalapa, que tiene una población tres veces mayor. Gustavo A. Madero se ubica en tercer lugar con un total de 1,762 delitos, un promedio diario de 56.8.

Cómo se puede observar, la incidencia delictiva muestra que delegaciones como Cuauhtémoc muestran un escenario más complicado que las dos beneficiarias del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Esto sin considerar que las delegaciones que mostraron un incremento de la incidencia delictiva en enero fueron Xochimilco (13.3); Azcapotzalco (10.5) y Gustavo A. Madero (9.6).

b) Considerando la tasa delictiva por cada 10 mil habitantes, las delegaciones con mayor incidencia de delitos son Cuauhtémoc (44.9), Benito Juárez (25.3), Miguel Hidalgo (23.1) y Venustiano Carranza (19.8); todas estas delegaciones se encuentran por encima del promedio de incidencia del Distrito Federal que es de 16. 1 delitos diarios por cada 10 mil habitantes. De acuerdo con esta estadística, Iztapalapa se ubica hasta el doceavo lugar considerando la tasa más afta (Cuauhtémoc).

(http://pgjdf.gob.mx/images/Estadisticas/0113.pdf)

Los que muestra la estadística, es que la situación de incidencia delictiva en el Distrito Federal es muy diversa; la tasa delictiva depende más, creemos nosotros, de la posición geográfica y económica que de la población total de cada una de las delegaciones.

3. En materia de incidencia delictiva el Distrito Federal muestra indicadores más positivos, que otras entidades de la República, producto de la una acertada política en materia de prevención del delito y seguridad pública, que es muy recomendable se reproducir en otras entidades federativas pero además fortalecer en el propio Distrito Federal.

De acuerdo con cifras de los primeros ocho meses de 2012, en el Distrito Federal se iniciaron un promedio de mil 362 averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes comportamiento en esta materia es el siguiente:

• En la comisión del delito de homicidio doloso, el DF registró 5.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, ubicándonos en el lugar vigésimo tercero a nivel nacional, por debajo de la tasa nacional que es de 12.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.

• Se registraron 22 robos a vivienda con violencia, por cada 100 mil viviendas habitadas. Este comportamiento posiciona al Distrito Federal en el lugar decimoséptimo en el país, por debajo de la tasa nacional que es de 31 robos.

• Por lo que respecta al delito de violación, fueron registradas 6 violaciones por cada 100 mil habitantes, que nos ubica en el lugar vigésimo primero a nivel nacional, también por debajo de la tasa nacional que es de 8 violaciones.

• En cuanto al robo de vehículos, el Distrito Federal se encuentra en el lugar decimoséptimo, con una tasa de 297 vehículos robados por cada 100 mil vehículos en circulación, por debajo de la tasa nacional que es de 427 robos.

• Cabe destacar, que de 2010 a 2011 la tasa porcentual del delito de secuestro disminuyó 0.68 por cada 100 mil habitantes. A nivel nacional, de enero a agosto de 2012, nos encontramos en el lugar vigésimo con 0.43 secuestros por cada 100 mil habitantes, incluso por debajo de la tasa nacional que es de 0.72 secuestros.

• Asimismo, por lo que hace a los 7 delitos de alto impacto (7 delitos homologables a nivel nacional) en el 2012 (enero-agosto), se registraron 204 delitos por cada 100 mil personas, presentando una notable disminución en este concepto en los últimos 6 años, con una tasa de crecimiento promedio anual de -4.0 por ciento mientras que a nivel nacional la tasa de crecimiento promedio anual es de 6.4 por ciento.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos

1. Se loman en cuenta el exhorto a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social, la Violencia y la Delincuencia a incorporar en su Programa Nacional las d legaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “demarcaciones prioritarias”

2. La Comisión del Distrito Federal comparte el planteamiento vertido en el inciso razonamientos de la proposición con punto de acuerdo en tratamiento, en el sentido de que “...no es Gustavo A. Madero la que se encuentra en segundo lugar sino la delegación Cuauhtémoc, el centro de la ciudad, en donde se cometen 2,254 delitos, 72.5 delitos diarios en total, casi el promedio diario de Iztapalapa, que tiene una población tres veces mayor. Gustavo A. Madero se ubica en tercer lugar con un total de 1,762 delitos, un promedio diario de 56.8. Cómo se puede observar, la incidencia delictiva muestra que delegaciones como Cuauhtémoc muestran un escenario más complicado que las dos beneficiarias del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.

3. Esta comisión dictaminadora concuerda con lo señalado en el inciso b) de la proposición con punto de acuerdo respecto a que “considerando la tasa delictiva por cada 10 mil habitantes, las delegaciones con mayor incidencia de delitos son Cuauhtémoc (44.9), Benito Juárez (25.3), Miguel Hidalgo (23.1) y Venustiano Carranza (19.8); toda estas delegaciones se encuentran por encima del promedio de incidencia del Distrito Federal que es de 16. 1 delitos diarios por cada 10 mil habitantes. De acuerdo con esta estadística, Iztapalapa se ubica hasta el doceavo lugar considerando la tasa más alta”,

4. La comisión que dictamina comparte lo formulado en la proposición con punto de acuerdo con el fin de enriquecer el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia; por lo tanto sus integrantes proponen aprobar el punto de acuerdo en términos de lo señalado en el resolutivo único del presente dictamen.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados somete al pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, incorporar en su programa nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “demarcaciones prioritarias”

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, a través de su Mesa Directiva, exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a incorporar en el Programa Nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza en calidad de “demarcaciones prioritarias”.

La Comisión del Distrito Federal, diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa, María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan, Adolfo Orive Bellinger (rúbrica).»

DELITO DE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados a emprender las acciones conducentes a tipificar en su normativa y conforme a los estándares internacionales en la materia el delito de desaparición forzada de personas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El 9 de abril de 2013, la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una proposición con punto de acuerdo en la que solicita se exhorte a las legislaturas locales a emprender acciones para tipificar conforme a los estándares internacionales en la materia, el delito de desaparición forzada de personas.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La finalidad del punto de acuerdo que se dictamina, es que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a las Legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana, para que emprendan las acciones legislativas conducentes, con el objeto de tipificar en su legislación y, conforme a los estándares internacionales en la materia, el delito de desaparición forzada de personas.

III. Consideraciones de la promovente

La promovente destaca que recientemente fue reformada la Constitución federal para colocar como tema central de todo el engranaje estatal, a los derechos humanos, con lo que se inauguró una nueva etapa en el país.

Asimismo, señala la diputada Cárdenas Cantú que México ha demostrado su compromiso de respetar, proteger, promover y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos, porque así lo reflejan, entre otras acciones, la reforma constitucional en comento, los criterios de nuestro máximo tribunal en lo que hace al control de convencionalidad, la expedición de la Ley General de Víctimas y el cumplimiento progresivo de las observaciones, recomendaciones o sentencias emitidas por organismos internacionales.

La diputada promovente sostiene que aun con todos los avances en la matera, aún existen retos por superar y, uno de éstos, es la inclusión en el sistema normativo de algunas de las entidades federativas, del delito de desaparición forzada de personas. Asimismo, considera que algunas entidades federativas en donde ya existe ese tipo penal, deben adecuar su tipificación a los estándares internacionales en la materia.

En su exposición, la diputada indica que la desaparición forzada de personas es una realidad que nos lastima. Una realidad en la que familias enteras sufren por desconocer el paradero de sus seres queridos. Madres, padres, hijos e hijas, hermanos, hermanas, amigos y amigas viven con incertidumbre por la ausencia de hombres y mujeres que un día desaparecieron. Además, a ese sufrimiento hay que sumar que las familias deben enfrentar problemas civiles, laborales, administrativos y penales.

De igual forma destaca que la problemática reviste la mayor importancia, porque la persona desaparecida carece de un status jurídico que impide considerarle, para ciertos trámites y acciones legales, como viva o, en su caso, muerta y, por tanto, en lo que hace al ejercicio que de sus derechos podrían hacer sus familiares legítimamente habilitados (por ejemplo pensión alimenticia, indemnizaciones o ser beneficiarios de ciertos derechos), los mismos se encuentran imposibilitados jurídicamente para ejercer acción alguna. Y concluye que no se puede dejar a un lado el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación.

La diputada promovente señala que los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se reunieron con miembros de sociedad civil organizada, quienes buscan unir esfuerzos para coadyuvar en la búsqueda de sus desaparecidos; en donde las víctimas de desaparecidos les expresaron el calvario que han vivido, no sólo por el dolor que les imprime la desgracia que les aqueja, sino por la tramitología y burocracia de las dependencias públicas, cuyas respuestas han sido invariablemente promesas incumplidas, apatía, desinterés, incredulidad y omisión.

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Esta comisión dictaminadora coincide con la diputada promovente en que efectivamente, en los últimos años, se han dado importantes avances en materia de derechos humanos en nuestro país, sin embargo, están pendientes algunas adecuaciones en la normativa local en materia de desaparecidos, particularmente, en lo que toca a la armonización de la misma con los parámetros determinados en diversos tratados internacionales que forman parte ya de nuestro andamiaje jurídico en la materia; de manera que de adecuarse a ellos, se avanzaría en la construcción de un sistema de protección efectivo de los derechos humanos.

En este sentido, esta comisión destaca el respaldo para este punto de acuerdo en las recomendaciones formuladas por la Organización de las Naciones Unidas que, en su informe relativo a la Misión realizada en México con motivo de las desapariciones forzadas o involuntarias (2012), en las que el grupo de trabajo que elaboró dicho informe recomienda que:

...se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Dicha ley general debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo; crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida con la participación de los familiares de las víctimas; establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada tenga pleno acceso a este registro; permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada; asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos; y garantizar el derecho a la reparación integral. El grupo de trabajo recomienda garantizar la armonización de la definición de desaparición forzada en la legislación penal con lo establecido en la Declaración y otros instrumentos internacionales relevantes.

Aunado a lo anterior, esta comisión coincide con lo que en su exposición la diputada promovente destaca: “que México forma parte de diversos instrumentos internacionales en los que se prevé la desaparición forzada de personas y que, conforme a nuestra norma suprema y diversos criterios jurisprudenciales, sus disposiciones constituyen obligaciones vinculantes e irrenunciables frente a las que tiene que dar cuenta.”

Como bien lo señala la promovente, los principales instrumentos a nivel internacional en la materia son la Declaración sobre la protección a todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y es en esta última, en la que se define la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, señalándose en ese documento que cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Por lo que hace al sistema regional de protección de los derechos humanos, la desaparición forzada se prevé en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En esta convención se le define (artículo II) como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

De la misma manera que los instrumentos señalados anteriormente, en el interamericano se determina la obligación del Estado de adoptar medidas internas para tipificar como delito a esta figura.

Ahora bien, esta comisión es consciente de los avances que en materia de interpretación ha realizado nuestro máximo tribunal en lo que se refiere al control de convencionalidad y las obligaciones que trae aparejadas, en concreto, la máxima protección del ser humano a la luz del derecho interno y externo.

El valor de los instrumentos jurídicos internacionales es de pleno derecho y constituye, por lo tanto, una obligación ineludible para todas las autoridades del Estado Mexicano en sus distintos órdenes de gobierno.

Por si fuera poco, el tema de la desaparición forzada resulta tan preocupante para la comunidad internacional en su conjunto, que existen diversas sentencias en la materia emitidas por tribunales internacionales, como tal es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre la desaparición forzada.

Por otra parte, en lo que se refiere a nuestro derecho interno, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son soft law, recomendaciones potestativas u otra forma jurídica alternativa que carezca de carácter vinculante para el Estado mexicano. Por el contrario, las Sentencias de la Corte Interamericana en las que México sea parte, son obligatorias para todos los servidores públicos en todos los órdenes y, por tanto, deben ser cumplidas a cabalidad. Así ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otra parte, en su exposición la diputada promovente señala que al momento de la redacción de su proposición, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, no han legislado en materia de desaparición forzada, con base en los parámetros internacionales.

Asimismo, precisa que existen entidades federativas que ya cuentan con un tipo penal, por lo que, en esos casos, lo que se solicita es que lo adecuen a esos parámetros, toda vez que, de un análisis de derecho comparado se desprende que algunas entidades federativas en las que se prevé el delito de desaparición forzada incurren, considerando el derecho internacional de los derechos humanos, en una distorsión de la figura, al incluir en sus tipos penales elementos ajenos al mismo, como es el caso del estado de Oaxaca. De igual forma se señala que Aguascalientes, a pesar de que prevé la figura, ésta se circunscribe estrictamente a los servidores públicos, cuando en el derecho internacional de los derechos humanos se reconoce que puede ser cometido el delito por particulares bajo el auspicio, connivencia u omisión manifiesta de actuar de parte del Estado.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos respalda la propuesta de la diputada Miriam Cárdenas Cantú y somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana, para que emprendan las medidas legislativas conducentes para tipificar en su legislación, en los casos en que no lo hayan hecho, el delito de desaparición forzada de personas y para que, en aquellos estados en donde el delito se prevé, realicen, en su caso, adecuaciones  con el objeto de que el tipo penal correspondiente guarde armonía con los estándares internacionales en la materia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

RECOMENDACION NUMERO 061/2011, EMITIDA POR LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento a la observancia de la recomendación número 061/2011, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El 4 de abril de 2013, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en  lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral II, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo en la que solicita que se exhorte a la Secretaría de Gobernación a que haga uso de sus facultades a efecto de generar las condiciones que permitan el cumplimiento de la recomendación 061/2011 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La finalidad del punto de acuerdo planteado por el proponente, es que esta Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Gobernación para que genere las condiciones que permitan el cumplimiento de la recomendación 061/2011 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH.

Su pretensión la motiva en los antecedentes y las consideraciones siguientes:

A. Antecedentes

1. El diputado Medina Filigrana relata que a consecuencia de las inundaciones que afectaron al estado de Tabasco en octubre y noviembre de 2007, se iniciaron una serie de trabajos de construcción que tuvieron consecuencias perjudiciales para amplias zonas rurales y asientos de pueblos indígenas en aquella entidad.

2. El proponente señala que como consecuencia de los trabajos de reconstrucción derivados de las inundaciones mencionadas en el punto anterior, durante los meses de septiembre de 2010 a enero de 2011, la CNDH inició la integración de 51 expedientes que tuvieron su origen en la interposición de diversas quejas presentadas por habitantes de distintas comunidades de aquel estado. Asimismo, agrega que a esos expedientes se fueron agregando otras quejas interpuestas hasta julio de 2011.

3. Citando a la CNDH, el diputado indica que 5 mil 710 personas de distintas comunidades de Tabasco fueron afectadas por actos atribuibles a servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, del gobierno de Tabasco y de los ayuntamientos de los municipios de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca de la entidad referida.

4. El legislador señala que como resultado de las labores emprendidas por la CNDH para dar seguimiento a las quejas interpuestas por los habitantes de Tabasco, este organismo emitió la recomendación 061/2011 de fecha 10 de noviembre de 2011, en la cual, se formulan diversas recomendaciones a distintas autoridades, entre ellas, al director general de la Conagua, al gobernador constitucional de Tabasco, así como a los miembros de los ayuntamientos de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca, todos municipios de Tabasco.

Entre las principales recomendaciones que transcribe el proponente, destacan las siguientes: implementación de acciones para reparar los daños a personas que hayan sufrido afectaciones con motivo de las omisiones incurridas antes, durante y después a los hechos señalados por las víctimas; elaboración de un registro de víctimas que permita identificarlas y determinar el tipo de reparación que se deba  proporcionar; implementación de un plan de contingencias; diseño y realización de campañas de difusión sobre zonas de alto riesgo de inundación en el estado de Tabasco; conclusión de las obras hidráulicas en tiempo y forma; realización de estudios y trabajos en los afluentes de ríos que escurren libremente en la entidad y desarrollo de un sistema hídrico de protección en los mismos; implementación de medidas para informar a la población que pueda ser impactada por el desarrollo de obras de infraestructura hidráulica; realización de cursos de capacitación y formación en materia de derechos humanos, así como de conocimiento, manejo y observancia de la legislación administrativa aplicable y otros relacionados con la materia de protección civil, y establecimiento de un seguro contra daños por inundaciones en zonas de alto riesgo en el estado de Tabasco, entre otras.

5. El legislador Medina Filigrana hace mención que la recomendación 061/2011 no ha sido cumplida, lo cual ocasiona que persista “...un grave problema social en la zona que va en detrimento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que habitan en la misma...”

B. Consideraciones

1. En su opinión, el proponente considera que es: “...de vital importancia la intervención de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, a efecto de coadyuvar en la mediación y en la suma de voluntades de las diversas instancias de los tres niveles –Sic- de gobierno que han sido señaladas en la recomendación, con objeto de poder otorgar una atención y una solución integral a tan lamentable problemática...

2. El diputado Medina Filigrana fundamenta su proposición  en los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

A. La Comisión de Derechos Humanos manifiesta su rechazo hacia la falta de  aceptación o cumplimiento de las recomendaciones que emitan los organismos protectores de los derechos humanos por parte de las autoridades a quienes se les formulen, no obstante su carácter de no vinculatorias,  cuando tal proceder redunde en la prolongación de violaciones a los derechos fundamentales de las personas.

B. Mencionado lo anterior, corresponde ahora analizar la proposición planteada.

El punto de acuerdo propuesto tiene como finalidad que el pleno de esta soberanía exhorte a la Secretaría de Gobernación para que genere las condiciones que posibiliten el cumplimiento de la recomendación 061/2011 emitida por la CNDH a un conjunto de autoridades distintas a la instancia que se pretende exhortar.

Bajo esa tesitura, y del análisis de la propuesta del acuerdo presentado, debe señalarse que, a juicio de esta dictaminadora, resulta procedente. Lo anterior con base en las razones siguientes:

1. Un principio que rige la actuación de los entes públicos es el referente al de legalidad, en razón del cual, las autoridades deben ceñir su actividad a la realización de aquellas atribuciones que la ley les confiere.  En este sentido, el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, concede a la Secretaría de Gobernación la facultad de:

Artículo 27. ...

I. a X. ...

XI. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto.(el subrayado es nuestro)

XII a XLIII. ...

...

...

De la lectura del texto legal que se acaba de citar, se desprende que la Secretaría de Gobernación, Segob, sí cuenta con atribuciones para dar seguimiento a las recomendaciones que emitan los organismos competentes en materia de derechos humanos y, si bien, la Cámara de Senadores o, en sus recesos, la Comisión Permanente, o las legislaturas locales, son las competentes para llamar a comparecer a las autoridades o servidores públicos que no acepten o cumplan las recomendaciones que se les formulen, a petición de los organismos protectores de derechos humanos, -artículos 102 Apartado B de la Constitución Política y 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-, lo anterior no impide que la Segob pueda dar seguimiento a la atención de recomendaciones, coadyuvando en la mediación para su debida atención, dentro de un marco de pleno respeto a la autonomía de las instancias públicas señaladas en éstas.

2. Asimismo, del análisis de la recomendación 061/2011, se desprende que la CNDH hizo evidentes las violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, propiedad y posesión, trato digno, protección a la salud, vivienda adecuada y al desarrollo, atribuibles a servidores públicos de la Conagua, del gobierno del estado de Tabasco y de los municipios de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca, de dicha entidad federativa, en agravio de 5,710 víctimas directas y más de 130 mil víctimas potenciales.

3. Por lo que respecta al estado actual del cumplimiento de la recomendación 061/2011, la Presidencia de este órgano legislativo se puso en contacto con las Direcciones de Vinculación Interinstitucional y la de Seguimiento a Recomendaciones, ambas de la CNDH, a efecto de conocer la situación actual de las mismas, para lo cual dichas instancias informaron lo siguiente:

Por lo expuesto y con el objetivo de que se garantice la efectiva protección y defensa de los derechos humanos de las víctimas a que hace alusión la recomendación 061/2011, esta Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación del gobierno de la República, para que, en el ámbito de su competencia, dé seguimiento a la atención de la recomendación 061/2011 sobre el caso de las inundaciones ocurridas en diversas localidades del estado de Tabasco, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como para que dicté las medidas administrativas necesarias para tal efecto.

Nota:

1 Consultada en el portal electrónico de la CNDH: http://www.cndh. org.mx/sites/all/fuentes /documentos/Recomendaciones/2011/REC_ 2011_061.pdf el 11 de abril de 2013 a las 18:00 horas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel, Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

EXHORTO A LAS LEGISLATURAS LOCALES A EMPRENDER MEDIDAS TENDENTES A TIPIFICAR EN SU NORMATIVA PENAL EL DELITO DE DISCRIMINACION

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a emprender medidas tendentes a tipificar en su normativa penal el delito de discriminación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

A. El 21 de febrero de 2013, la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo en la que solicita que se exhorte [...] a los Congresos Estatales de las entidades federativas del país, a emprender las acciones legislativas necesarias a fin de armonizar su legislación en materia de no discriminación y su normatividad penal, a lo señalado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el Código Penal Federal, así como en los ordenamientos internacionales sobre el tema.

B. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La finalidad del punto de acuerdo planteado por la proponente, es que esta Cámara de Diputados exhorte, en un marco de respeto, a los congresos estatales para que emprendan las acciones legislativas necesarias tendientes a armonizar su legislación en materia de no discriminación y su normatividad penal con lo señalado en la ley en la materia, el Código Penal Federal y los instrumentos internacionales sobre el tema.

Su pretensión la motiva en los antecedentes y las consideraciones siguientes:

A. Antecedentes

1. La diputada proponente, cita que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se estableció, en el artículo 7 que: “... Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”

Asimismo, relata que esta declaración dio pie para que en distintos instrumentos internacionales se reconociera el derecho a la no discriminación, así como la obligación de los estados de garantizar el ejercicio de derechos sin discriminación por condiciones sociales o personales y, así cita, como ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 –Pacto de San José–; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; el Convenio Internacional del Trabajo número 111 –referente a discriminación en materia de empleo y ocupación–; la Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

2. Da cuenta que, merced al impulso de numerosos movimientos sociales, partidos políticos, servidoras y servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil y el Poder Legislativo, en el año 2001 se logró reformar el artículo 1o. constitucional, agregándosele una cláusula antidiscriminatoria. A la vez, refiere que dos años después fue aprobada la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, LFPED.

3. A la vez, la diputada Ugalde Alegría destaca la trascendencia de la aprobación de la tipificación del delito de discriminación, ocurrida el 30 de abril de 2012.

4. Adicionalmente, la legisladora precisa qué entidades federativas, a la fecha, cuentan con una cláusula constitucional antidiscriminatoria, así como con leyes estatales en la materia y cuáles tienen tipificado el delito de discriminación en su normativa penal local, informando los siguientes datos:

En total, a nivel –sic– estatal, existen 15 cláusulas antidiscriminatorias en las Constituciones locales. Por otro lado, hay 21 leyes –sic– antidiscriminatorias estatales”.

Por lo que hace a la regulación del delito de discriminación en los códigos sustantivos penales estatales, señala: “Se tipifica la discriminación en 15 códigos penales” adicionalmente “ código penal establece la discriminación como agravante del delito de injurias –Baja California Sur; 1 código penal la establece como parte del delito de odio, elementos semejantes al delito de discriminación –Campeche; 1 código penal establece la discriminación como calificativa del delito de homicidio y lesiones –Coahuila; 1 código penal establece la discriminación como calificativa del delito de homicidio contra la mujer –Nayarit; 1 Ley en materia de pueblos y comunidades indígenas, tífica la discriminación cultural –Oaxaca; 1 código penal considera la discriminación como elemento del delito de tortura –San Luis Potosí”.

B. Consideraciones

1. La proponente hace mención que pese a los avances que nuestro país ha tenido en la emisión de legislación que tutele el derecho de las personas a no ser discriminadas, todavía existen “...un gran número de prácticas discriminatorias que evidencian que este tema es un desafío a largo plazo”.

2. Resalta la necesidad de realizar una adecuada armonización de las normatividades estatales con los instrumentos internacionales de los que nuestro país forma parte en materia antidiscriminatoria, perfeccionando las normas específicas que la componen y reformando y derogando “aquella legislación que contiene disposiciones discriminatorias o que propicia este tipo de situaciones”.

3. Relata como la incorporación del delito de discriminación en el ámbito federal, representó un avance importante en la lucha contra esta problemática, en razón de que con la misma, la discriminación “deja de ser un postulado sin sanción, para ser un asunto de obligado cumplimiento”. En razón de ello, señala que la tipificación de la misma “se trata de una reforma novedosa que debe invitar a todos los congresos estatales a homologarla en su legislación penal, a fin de constituir un marco jurídico igualitario en el tema”. Finalmente, expone que “se hace imprescindible que las leyes estatales se armonicen igualmente con la legislación internacional y federal en este tema, a fin de que se cuente con un marco jurídico homologo que proteja, de manera igualitaria, a las personas que sufren este delito”.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

En ocasiones anteriores, este órgano legislativo se ha manifestado sobre proposiciones con punto de acuerdo similares a la que hoy nos ocupa y, en los dictámenes recayentes en éstas, se ha desaprobado enérgicamente la comisión de conductas que constituyan acciones u omisiones discriminatorias contra las personas, destacando la importancia de impulsar, en todos los órdenes de gobierno, acciones legislativas que coadyuven a la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación, así como para promover la igualdad en todas sus vertientes.

Asimismo, esta comisión ha señalado que la falta de regulación del derecho humano a la igualdad con su correlativa prohibición a la discriminación, como expresión material, contradice los principios constitucionales de no discriminación enunciados en el quinto párrafo del artículo 1o. de la ley suprema.

Por lo anterior, quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, estamos ciertos que tales omisiones legislativas no tienen cabida en un Estado democrático como el mexicano y estimamos necesario que las entidades federativas impulsen en sus correspondientes órdenes, los avances que en el plano nacional y supranacional han sido adoptados en el ámbito legislativo, tal como se enuncia a continuación:

Normatividad vigente en materia antidiscriminatoria en nuestro país

A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

A raíz de la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, la Carta Magna concede a todas las personas el disfrute de los derechos humanos reconocidos por ella, así como aquellos determinados en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte. Asimismo, determina que las normas relativas a los derechos humanos son susceptibles de ampliarse e interpretarse de la manera más favorable a las personas, lo cual posibilita que éstas puedan integrar sus contenidos mediante un sistema de reenvíos hacia otros ordenamientos, artículo 1o., párrafos primero y segundo.

Adicionalmente, nuestra ley suprema enuncia diversos derechos fundamentales que el Estado tiene obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, como es el caso del derecho a la igualdad con su correspondiente prohibición a la discriminación. También establece “... que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad...” artículo 1o., párrafo tercero.

B. Tratados Internacionales en materia de discriminación

En adición a las normas constitucionales enunciadas, nuestro país ha suscrito y ratificado diversos instrumentos supranacionales en materia de discriminación, que revisten una importancia toral ya que, como quedo asentado en el apartado anterior, nuestra Constitución reconoce también que la interpretación de los derechos humanos debe ser conforme con los mismos.

En adición a los instrumentos internacionales citados por la proponente, nuestro país es Parte también en los siguientes tratados en materia de discriminación:

- C100 Convenio sobre la Igualdad de Remuneración, Organización Internacional del Trabajo, OIT, 1951;

- C169 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, OIT, 1989;

- C182 Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, OIT, 1999;

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, - Convención de Belem Do Para, OEA, 1994;

- Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, OEA, 1999;

- Convención sobre Asilo Diplomático, OEA, 1954;

- Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, ONU, 1951;

- Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, OIT, 2011;

- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU, 2007;

- Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU, 1948;

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ONU, 1966;

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 1966;

- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, OEA, 1988;

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ONU, 1999;

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 2006;

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados, ONU, 2000;

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, ONU, 2000;

- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ONU, 1966;

- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 2008, y

- Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, ONU, 1966.

C. Ordenamientos federales que contienen disposiciones antidiscriminatorias

Además de la LFPED, en el plano federal existen otros cuerpos legales que contienen disposiciones antidiscriminatorias, entre ellas la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley de Migración, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de Víctimas, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

D. Tipificación del delito de discriminación en los planos federal y estatal

El 14 de junio de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene, entre otras reformas, la adición al Código Penal Federal de un Título Tercero Bis, denominado “Delitos contra la Dignidad de las Personas”, que contiene un Capítulo Único denominado “Discriminación”, el cual regula el tipo penal del mismo nombre en su artículo 149 Ter.

Como bien señala la proponente, a la fecha solamente 15 entidades federativas tipifican el delito de discriminación, siendo estas: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

IV. Razones por las que se aprueba parcialmente la proposición con punto de acuerdo

Esta dictaminadora, siguiendo la pauta marcada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, coincide, en lo general, con la propuesta planteada por la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría para que esta honorable soberanía realice un respetuoso exhorto a los congresos locales, con las especificaciones siguientes:

A. El 19 de diciembre de 2012, esta Comisión de Derechos Humanos aprobó un dictamen con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados exhorta a las legislaturas locales de diversas entidades para que expidan las disposiciones legales que reglamenten el derecho a la no discriminación, o en su caso, armonicen su normatividad con lo establecido en la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales y la legislación nacional en la materia. Adicionalmente, el citado dictamen, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 11 de abril de 2013.

B. En ese sentido, la propuesta de la diputada Ugalde Alegría queda sin materia en lo correspondiente a la parte del exhorto para que los congresos locales armonicen su legislación de conformidad con lo señalado en la LFPED y otros ordenamientos internacionales sobre el tema; más no así sucede, en lo referente a la parte del mismo que incita a los estados para que armonicen su normatividad penal con lo establecido en el Código Penal Federal, ya que este último llamamiento a las legislaturas locales, no ha sido materia de pronunciamiento en dictámenes anteriores aprobados por este órgano legislativo.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el presente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, en un marco de pleno respeto a la autonomía de las entidades federativas, exhorta a las legislaturas locales para que emprendan las medidas legislativas necesarias tendentes a la tipificación del delito de discriminación en su normatividad penal.

Notas:

1 Caballero Ochoa, José Luis, La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona (artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución, La reforma constitucional de derechos humanos un nuevo paradigma, México, Editorial Porrúa, 2012, página 109.

2 Consultado el 8 de abril de 2013 en el portal web del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación:http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=505 &id_opcion=650&op=650&id_opcion=651&op=651. Es importante señalar que este organismo precisa que la última actualización del dato que se analiza, fue realizada el 7 de febrero del año en curso.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

EXHORTO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A REGULARIZAR LAS CONCESIONES DE POZOS CON TITULOS VENCIDOS EN EL PAIS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a regularizar las concesiones de pozos con títulos vencidos en el país, con el otorgamiento de facilidades para adquirir nuevas concesiones y asignaciones

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal, regularice el aprovechamiento de agua, a través de la autorización de concesiones de pozos con títulos vencidos localizados en el estado de Chihuahua.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 numeral 1 y 3, 45 numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral I, fracción I; 158, numeral I fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

El día 5 de febrero de 2013, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, regularice el aprovechamiento de agua, a través de la autorización de concesiones de pozos con títulos vencidos localizados en el estado de Chihuahua.

2. Con fecha 14 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó con el Oficio número D.G.P.L. 62-II-7-414, Expediente Número 1265, la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 4 de abril del año 2013, la junta directiva de esta comisión se reunió y dentro de los asuntos del orden del día se abordó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en mención.

Recibido el  asunto, quienes integramos esta comisión, procedimos al estudio del siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En la proposición con punto de acuerdo primeramente hace alusión al artículo 27, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con respecto a que las aguas comprendidas en el territorio nacional, originariamente son propiedad de la Nación, la cual tiene el derecho de transmitirla a particulares, pudiendo obtener concesiones de explotación, lo anterior en relación al artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, en cuanto a que de conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo federal...”. Asimismo, la Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 14 Bis 5, fracción VII, establece como uno de los principios que sustentan la política hídrica nacional, que el Ejecutivo federal asegure que las concesiones y asignaciones de agua sean con base en la disponibilidad efectiva del recurso en las regiones hidrológicas y cuencas que correspondan. De la misma manera, la citada ley, en su artículo 24, establece plazos para el término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, además de disposiciones para la prórroga de las mismas, destacando que la falta de solicitud correspondiente, significará la renuncia al derecho de solicitar prórroga.

Por lo que se menciona que al respecto es importante señalar que esta disposición fue establecida a partir la de reforma a la Ley de Aguas Nacionales en 2004, y que posterior a la misma, ha sido objeto de desconocimiento o confusión por parte de numerosos usuarios del recurso hídrico de distintas entidades de la república, que al perder su derecho a la prórroga, sufren igualmente de pérdidas en sus actividades productivas agrícolas, energéticas, acuícolas, entre otras.

Se señala que el estado de Chihuahua no es la excepción y de igual forma se ha presentado esta problemática respecto al aprovechamiento del agua proveniente de pozos que demandan acciones urgentes por parte de las autoridades del agua y sobre todo del titular del Ejecutivo federal, al verse estas últimas limitadas para actuar dado que se tienen que ceñir a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.

Derivado de lo anterior, se arguye que es importante regularizar esta situación si tomamos en cuenta, por un lado, que en la entidad se ha dado la extracción ilegal de los acuíferos que perjudican a la población al no hacerse un uso eficiente del recurso hídrico conforme lo mandata la ley. Dando lugar a conflictos sociales entre los habitantes de la entidad.

Finalmente refieren que al estar en una situación de irregularidad o de falta de certeza jurídica, se expone a productores a no poder acceder a diversos apoyos gubernamentales a través del cumplimiento de requisitos de programas presupuestarios tales como Procampo, tarifa eléctrica preferencial, y otros

Con base en lo anterior, la diputada propone:

Primero.Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que mediante los instrumentos jurídicos pertinentes y las acciones necesarias para ello a través de la Conagua, se regularicen la concesiones de pozos con títulos vencidos localizados en el estado de Chihuahua, otorgándoles nuevas concesiones y asignaciones a fin de que se haga un uso eficiente del recurso hídrico conforme a la ley en la materia y a la regulación establecida según los títulos de concesión, asignación y permisos de aguas nacionales.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que dé una resolución a concesiones de pozos con títulos vencidos del estado de Chihuahua dentro de un plazo no mayor a noventa días hábiles una vez aprobada la presente proposición.

Después del análisis del contenido de las dos Proposiciones con Punto de Acuerdo, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

En el caso particular que estudia esta Comisión, es consciente del problema que se expone con antelación, pues si bien es cierto que las diversas disposiciones legales aplicables en la materia y al caso en particular con respecto de la autorización de Concesiones o asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de Aguas Nacionales, establecen los lineamientos, para su regulación, también lo es que al margen existen diversas problemáticas sociales que deben ser atendidas a la mayor brevedad posible.

En la medida en la que los títulos de concesiones de los pozos sean regulados, se motiva la generación de un sistema integral de abastecimiento del vital líquido,  primeramente al margen de la estructura jurídica, y posteriormente por los impactos sociales. Entre ellos se destaca, más no siendo el único, el evidente aumento de la  productividad en la población; así también en el desarrollo industrial permite elevar el nivel de vida de las comunidades; así como el hecho de que ocasiona indirectamente la disminución de enfermedades.

Ahora bien, la extracción ilegal de los acuíferos, deriva no solamente en una de las principales causas de contaminación de los pozos, sino que el abastecimiento del agua resulta carente de medidas de salubridad y mantenimiento que deben ejecutarse, pues al explotarse clandestinamente éstas no son consideradas por el mal uso, repercutiendo así en perjuicio de la sociedad. Debe de tomarse en consideración también, que entre los beneficios de la legal extracción y abastecimiento de agua, se disminuye exponencialmente la citada explotación clandestina y con ello, los efectos que la misma produce; asimismo al existir certeza jurídica, los productores entonces tienen la facultad de acceder a determinados programas gubernamentales, que de igual manera mejoran la economía social, lo anterior por tratarse en su mayoría de grupos vulnerables.

Esta comisión es conocedora que las concesiones han presentado un problema no sólo en Chihuahua, si no, en diversas entidades federativas.

En Chihuahua el director de Conagua, Sergio Cano Fonseca, inició un proceso donde serán clausurados todos aquellos pozos agrícolas de la entidad que se encuentren operando de forma ilegal, pues al no poseer la concesión del pozo se contribuye a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, afectando aquellos chihuahuenses que operan en forma.

Tenemos conocimiento que la actuación que se está llevando a cabo por parte de la Comisión Nacional del Agua de clausurar algunos pozos agrícolas se debe a la preocupación que existe entre los usuarios de agua agrícola de distintos puntos del estado de Chihuahua, hay pozos que se encuentran operando sin título de concesión, Se ha dialogado con los usuarios como de las demás autoridades, que han propiciado que existan estos pozos ilegales, puesto que tienen toda una infraestructura que les permite funcionar como tal.

En el ánimo de sensibilidad política esta Comisión propone modificar la petición de la diputada proponente, para que la Comisión Nacional del Agua nos informe sobre las resoluciones a concesiones de pozos con títulos vencidos, vigentes y próximos a vencer, así como el otorgar las facilidadespara adquirir nuevas concesiones y asignaciones a fin de que se haga un uso eficiente del recurso hídrico conforme a la ley en la materia y a la regulación establecida según los títulos de concesión, asignación y permisos de aguas nacionales; no solo para el estado de Chihuahua sino a nivel Federal, se amplía su alcance para todos los estados de la República Mexicana.

Por lo anterior, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión  exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que se regularicen las concesiones de pozos con títulos vencidos en el país, otorgándoles las facilidades para adquirir nuevas concesiones y asignaciones a fin de que se haga un uso eficiente del recurso hídrico conforme a la ley en la materia y a la regulación establecida según los títulos de concesión, asignación y permisos de aguas nacionales.

Segundo.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión  exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que informe el estado que guardan las concesiones vencidas, vigentes  y próximas a vencer en las entidades federativas y brinde una propuesta para  resolver la regularización de las concesiones de pozos con títulos vencidos dentro de un plazo no mayor a noventa días hábiles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil trece.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), presidente; J. Jesús Oviedo Herrera, Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Blas Ramón Rubio Lara, Jorge Terán Juárez (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino, Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica), Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica).»

EXHORTO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A PROMOVER MEDIANTE CAMPAÑAS MEDIATICAS DE GRAN PENETRACION SISTEMAS DE RECUPERACION DE AGUA PLUVIAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a promover mediante campañas mediáticas de gran penetración sistemas de recuperación de agua pluvial y a intensificar sus programas de cultura del agua

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo propuesta por el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, a fin de exhortar al director general de la Comisión Nacional del Agua para que mediante campañas promueva un sistema de recuperación de agua pluvial, asimismo, capacite a los organismos operadores para usar y promover tecnología en la recolección de agua pluvial e intensifique su “Programa de Cultura del Agua”

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 45, numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 21 de marzo de 2013, el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo relativa al Día Mundial del Agua

Segundo. El día 1 de abril de 2013, fue recibido en esta Comisión de Recursos Hidráulicos el oficio No. D.G.P.L. 62-II-6-0541 de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que turnó dicha iniciativa a esta Comisión para efecto de su dictaminación.

Tercero. Con fecha jueves 04 de abril del año 2013, se reunió la Junta Directiva de esta Comisión y dentro de los asuntos del orden del día se abordó el análisis del punto de acuerdo en mención.

Recibido el presente asunto, quienes integramos esta Comisión, procedimos al estudio del siguiente

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar solicita se someta a la consideración de este Órgano Soberano la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua para que mediante campañas promueva un sistema de recuperación de agua pluvial, asimismo, capacite a los organismos operadores para usar y promover tecnología en la recolección de agua pluvial e intensifique su “Programa de Cultura del Agua”

Basando su argumentación en que este año fue “denominado por la UNESCO: Cooperación en la Esfera del Agua y su objetivo es centrar las miradas en la cooperación para el cuidado del agua, la cual se considera crucial para la seguridad, la lucha contra la pobreza, la justicia social y la igualdad de género.”

Asimismo plantea que “utilizando datos del INEGI, pudimos calcular que la precipitación media anual entre los años 2005 y 2011, es de 813.12 milímetros por año, lo que significa, que por m2 de superficie se precipitaron anualmente 813.12 litros. Esta cantidad de la misma manera en que cayó, se evaporo o trasporto directamente al drenaje, en ocasiones causando incluso inundaciones. Este liquido podría ser recuperado para su saneamiento y en el peor de los casos para uso domestico en aéreas como baños o riego de los jardines.”

De igual manera es indispensable “... implementar mecanismos que permitan un pleno aprovechamiento del vital liquido, la recolección de aguas pluviales es un elemento básico para combatir el desabasto”. De igual forma “Debe ser prioridad para todos los gobernantes y gobernados cuidar el agua, aprovechar la que se nos regala con la lluvia y fomentar una plena educación sobre su aprovechamiento pleno”.

Con base en lo anterior, el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar propone:

Primero.La honorable Cámara de Diputados exhorta de la manera más respetuosa al Director General de la Comisión Nacional del Agua, a promover mediante campañas mediáticas de alta penetración, sistemas de recuperación de agua pluvial, a fin de que México se convierta en una sociedad ambientalmente sustentable.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta de la manera más respetuosa al Director General de la Comisión Nacional del Agua para que se capacite de manera inmediata a los organismos operadores a fin de comenzar a usar y promover la tecnología disponible para la recolección de agua pluvial, sobre todo a los de las grandes urbes.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados en uso de sus facultades exhorta de la manera más respetuosa al Director General de la Comisión Nacional del Agua a intensificar su “Programa de Cultura del Agua”, sobre todo en los lugares donde haya un alto consumo per cápita, para así tratar de concientizar a la población del efecto ecológico y social que tiene este hecho.

Después del análisis del contenido de la proposición con punto de acuerdo, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes

III. Consideraciones

Tomando en cuenta los argumentos vertidos por el diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar y aunado a ellos, que objetivo principal del programa denominado Cultura del Agua, impartido por la Comisión Nacional del Agua, es “contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales en coordinación con las entidades federativas, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable de la nación”.

Para lo anterior, se confirma el compromiso que debe de tener la Comisión Nacional del Agua, a fin de promover un sistema de recuperación de agua pluvial, para así poder disminuir la escases en la distribución del agua

Son las comisiones estatales de agua, quienes llevan a cabo actividades como la apertura y fortalecimiento de Espacios de Cultura del Agua; la realización de eventos de difusión educativos, académicos y culturales, para la construcción o fortalecimiento de la cultura del agua.

Por lo anterior, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto al director general de la Comisión Nacional del Agua, a promover mediante campañas mediáticas de alta penetración, sistemas de recuperación de agua pluvial, a fin de que México se convierta en una sociedad ambientalmente sustentable y se capacite de manera inmediata a los organismos operadores a fin de comenzar a usar y promover la tecnología disponible para la recolección de agua pluvial, sobre todo a los de las grandes urbes y busque intensificar su “Programa de Cultura del Agua”, sobre todo en los lugares donde haya un alto consumo per cápita, para así tratar de concientizar a la población del efecto ecológico y social que tiene este hecho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil trece.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), presidente; J. Jesús Oviedo Herrera, Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Blas Ramón Rubio Lara, Jorge Terán Juárez (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino, Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

ACCIONES PARA ATENDER EL DESABASTO DEL LIQUIDO EN IZTAPALAPA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno federal que instauren acciones para atender el desabasto del líquido en Iztapalapa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal y al jefe del gobierno del Distrito Federal la instauración de acciones para atender el desabasto de agua en Iztapalapa.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 157, numeral I, fracción I, 158, numeral I, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

El 12 de febrero de 2013, Carlos Augusto Morales López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal y al jefe del gobierno del Distrito Federal la instauración de acciones para atender el desabasto de agua en Iztapalapa.

2. Con fecha 19 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó con el oficio número DGPL 62-II-7-419, expediente número 1278, la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Recursos Hidráulicos para el estudio y dictamen correspondientes.

3. Con fecha jueves 4 de abril de 2013, la junta directiva de esta comisión se reunió y entre los asuntos del orden del día se abordó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en mención.

Recibido el asunto, quienes integramos esta comisión procedimos al estudio del siguiente

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En la proposición con punto de acuerdo se señala que Iztapalapa, con una población de 1 millón 815 mil habitantes, es la delegación más poblada del Distrito Federal; es el territorio más densamente poblado del país; su población es mayor que la de municipios como Ecatepec de Morelos y a las ciudades de Guadalajara, Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, o León, Guanajuato.

Asimismo, refieren que Iztapalapa recibe agua potable a través de tres tanques principales denominados La Estrella, La Caldera y Xaltepec; éstos, a su vez, reciben en conjunto un promedio 5 mil 244 litros de agua por segundo, cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los habitantes de la demarcación.

Por lo que se explica que la consecuencia directa de este bajo suministro es la presencia de un creciente déficit de agua en la delegación, ya que debieran ser suministrados al menos 7 mil litros por segundo para cubrir las necesidades elementales de sus habitantes; en estas condiciones, el actual suministro representa un déficit de 30 por ciento en relación a la necesidad de abastecimiento de agua para la delegación.

Aducen que otra fuente de suministro de agua para Iztapalapa es a través de los pozos de extracción ubicados dentro del área delegacional. Actualmente, cuenta con 78 pozos, sin embargo 15 de estos están fuera de servicio desde hace más de un año porque se han inhabilitado, por mala calidad de agua o por fallas electromecánicas en su sistema de extracción. Además de que la situación viene a agravarse porque desde octubre pasado se ha disminuido paulatinamente el suministro de agua que recibe la delegación hasta en un 50 por ciento en los tanques de La Estrella y Xaltepec. Además, a partir del 1 de febrero del presente, a raíz de una serie de trabajos de mantenimiento que se realizan al sistema Cutzamala, el suministro se disminuyó aún más, alcanzando hoy un punto crítico, que pone en riesgo la salud de la población de Iztapalapa.

Consideran que esta situación de escasez que afecta severamente las condiciones de vida de todos los habitantes de la delegación se hace más crítica para los habitantes de 59 colonias, donde se encuentran más de 100 escuelas de nivel básico, varios centros de desarrollo infantil, el hospital de la Comunidad Europea, clínicas del seguro social, el hospital pediátrico, los animales de la granja del parque Cuitláhuac y los centros de readaptación social ubicados en la demarcación territorial.

Exponen que las colonias y unidades habitacionales con falta de agua son

Consejo Agrarista, D. U. Quetzalcoatl, Z. U. E. Santa Ma. Aztahuacán, Granjas Estrella, Presidentes de México, Insurgentes, San José Aculco, Pueblo Santa María Aztahuacán, Carlos Hank González, Los Ángeles, Paraje San Juan, Jacarandas, Las Peñas, Francisco Villa, El Manto, Leyes de Reforma, Frente V, Frente VI, Frente VII, Guadalupe del Moral, Cerro de la Estrella, Renovación, Pueblo Santa Cruz Meyehualco, Ampliación Polvorilla, Mixcoatl, El Triángulo, La Magueyera 762, La Magueyera 140, M. Cañas 51, Zafiro Arboledas, Unidades habitacionales, España 50, España 505, España 505 A, Carril 19, Bilbao 102, Bilbao 487, Bellavista 14, Bellavista 520, Bellavista 75, Bellavista 81, Bellavista 225, Bellavista 64, Hidalgo 184-A, Hidalgo 824, Hidalgo 10, Hidalgo 184, Sabadel 119, Sabadel 54, Sabadel 101, Sabadel 101-A, Monzon 36, Monzón 5730, Monzón 242, San Lorenzo 74, San Lorenzo 81, San Lorenzo 75, Santa Cruz Meyehualco, total 59 colonias (sic).

Consideran también que, ante esta grave situación, el gobierno delegacional en Iztapalapa se ha visto en la imperiosa necesidad de declarar una situación de emergencia, para lo cual nos ha informado que está desplegando todo su esfuerzo para atender la demanda de agua a través de pipas; sin embargo, evidentemente, estas acciones resultan insuficientes, ya que su equipo de pipas es limitado para realizar los viajes que se necesitan; según nos informa, la autoridad delegacional realiza 450 viajes por día pero en realidad la demanda supera los 600 viajes por día, esto en una situación de racionalización máxima del líquido que se surte a cada una de las familias.

Finalmente, concluyen aludiendo a que las consecuencias de la falta del líquido pueden ser graves, ya que afectan la salud de niños y adultos, la operación de los hospitales, la operación de las escuelas y la estabilidad de los centros de readaptación social del sistema penitenciario del Distrito Federal.

Con base en lo anterior, el diputado propone:

Primero. Solicitamos al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal la instauración de acciones inmediatas para atender el desabasto de agua en Iztapalapa, situación que afecta desde hace más de un año a 80 mil familias de 59 colonias de la demarcación.

Segundo. Se solicita respetuosamente al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal que restituyan el suministro del volumen de agua del tanque Estrella y el tanque Xaltepec a un tirante de 8.5 metros diarios y la operación de los 15 pozos de extracción de agua de Iztapalapa que están parados desde hace un año.

Después del análisis del contenido de las dos proposiciones con punto de acuerdo, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos exponemos las siguientes

III. Consideraciones

En el caso particular que estudia esta comisión, es sensible ante la problemática que padecen los ciudadanos de Iztapalapa, debido al desabasto o abasto irregular del agua, los impactos son económicos, salubres, sociales y cognitivos.

Esta comisión coincide con los argumentos vertidos por el diputado proponente, en que la problemática radica en la escasez de agua, que afecta severamente las condiciones de vida de todos los habitantes de la delegación se hace más crítica para los habitantes de 59 colonias por diversos factores, entre ellos, la disminución de agua proveniente del sistema Cutzamala en el Distrito Federal, y no obstante que la citada delegación, recibe cinco mil litros cúbicos por segundo, arrastra un déficit de mil 500 litros cúbicos por segundo que mantienen sin agua a cerca de 600 mil habitantes, que reciben tandeo o pipas; ante una problemática que históricamente ha sufrido esta localidad debido a una infraestructura deficiente, el impacto social crece, pues por ello no sólo cada año mueren cinco millones de niños por deshidratación o enfermedades hidrotransmitidas, de acuerdo con Asociación Latinoamericana de Sociología Rural * sino que, además, el riesgo de que los recursos hídricos sean insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de la población, el medio ambiente y las empresas, lo que conduce, a su vez, a enfermedades, escases en hospitales, escuelas de nivel básico, atentando contra los niveles más sensibles de la sociedad. El agua es un bien público, un bien privado y un bien social; un evento de escasez de agua tiene efectos privados como repercusiones públicas, que van a afectar de diferente manera a las distintas partes interesadas.

Por lo que los integrantes de esta comisión dictaminadora aprueba exhortar a instancias gubernamentales en sus distintas esferas, y muy en especial al gobierno federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua, así como al gobierno del Distrito Federal, para que mediante políticas públicas redistribuyan la disponibilidad del vital recurso, instaurando e implantando acciones inmediatas para atender el desbasto y así garantizar la cobertura del servicio de agua potable, así como exhortarlas también a restituir el suministro del volumen de agua del tanque Estrella y el tanque Xaltepec a un tirante de 8.5 metros diarios y la operación de los 15 pozos de extracción de agua de Iztapalapa que están parados desde hace un año.

Por lo anterior, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de Agua y al gobierno del Distrito Federal para que ejecuten acciones inmediatas para atender el desabasto de agua en Iztapalapa, y se restituya el suministro del volumen de agua del tanque Estrella y el tanque Xaltepec; asimismo, se revise la operatividad de 15 pozos de extracción de agua que hace un año dejaron de funcionar.

Nota:

* Cruz García, L.; y Carreón Guillen, J. (2012, 5, 6 y 7 de septiembre). “La mediatización de la situación hídrica en Iztapalapa”, trabajo presentado en el segundo Congreso Internacional Pre-Alasru 2012 Diversidad y Contrastes en los Procesos Rurales en el Centro de México, Cuernavaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2013.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados: Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), presidente; Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Jorge Terán Juárez (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino, Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Miguel Alfonso Vildosola Lacarra (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

PROGRAMAS DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar los programas de prevención de embarazos en adolescentes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en el que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecendente

1. Con fecha 7 de febrero de 2013, el diputado Leobardo Alcalá Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Salud.

2. El 08 de febrero de 2013, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y Dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto, exhortar al Titular de la Secretaría de Salud, incremente los Programas de Prevención en Embarazos en Mujeres Adolescentes, asimismo se hagan las modificaciones pertinentes con el fin de que todos los hospitales cuenten con servicios de ginecología y obstetricia, adecuen sus áreas para la integral atención del embarazo y den cursos de prevención y atención a los adolescentes.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4°:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El embarazo no intencionado, tanto el no planificado como el no deseado, en adolescentes es un problema de salud pública común en todo el mundo. Los embarazos repetidos en este grupo también ocurren con frecuencia y están relacionados con mayores riesgos de resultados adversos para madres adolescentes y sus bebés. Las muertes relativas al embarazo y al parto representan la causa número uno de muerte en mujeres de 15 a 19 años de edad en todo el mundo. Al menos 2 millones más de mujeres jóvenes, como consecuencia del embarazo y el parto, desarrollan una enfermedad crónica o una discapacidad, que puede hacerles padecer sufrimiento de por vida, vergüenza o abandono. Las mujeres primerizas más jóvenes, físicamente inmaduras y, a menudo, con pocos recursos, tienen el mayor riesgo. Además, cada año, 2,2 a 4 millones de adolescentes recurren a un aborto no seguro. El noventa por ciento de las muertes maternas ocurre en lugares en vías de desarrollo y la mayoría se puede prevenir.

En México el número de mujeres adolescentes se incrementó de manera importante durante los últimos treinta años. En 1970 había aproximadamente 5.7 millones, para el año 2000 esta población casi se duplicó al llegar a 10.7 millones. En contraste, durante éste mismo periodo la tasa de nacimientos en madres adolescentes descendió de forma considerable, mientras que en 1970 había 58 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes, para el año de 1998 se redujo a 36 nacimientos por cada mil.

Las mujeres adolescentes, representan 19.1% de las mujeres en edad reproductiva. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica en México 2009, ENADID 2009, la edad media a la primera relación sexual de las mujeres de 15 a 49 años son los 18 años, lo que las ubica entre las mujeres expuestas al riesgo de concebir un embarazo.

El embarazo en mujeres adolescentes es prematuro en función de su desarrollo biológico, fisiológico, psicológico y social. El riesgo de tener algún problema o complicación durante el embarazo, parto o puerperio es mayor para las mujeres adolescentes, sin dejar de lado las condiciones de nutrición y salud previas al embarazo y el tipo de atención prenatal que reciben que son factores de riesgo para todas las mujeres.

Tercera. Dentro de la exposición de motivos, el promovente hace mención que el embarazo durante la adolescencia es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un embarazo de riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre y el producto, además de las secuelas psicosociales, particularmente sobre el proyecto de vida de los jóvenes.

Las principales causas de muerte materna en México son los trastornos hipertensivos del embarazo y las hemorragias durante el embarazo, el parto y puerperio. En las zonas urbanas casi la mitad de las muertes maternas se debe a complicaciones del embarazo, dentro de las que destaca la preeclampsia. El reto es mejorar el acceso, la calidad y la oportunidad de atención de parto y puerperio. Un problema que es necesario atender de manera prioritaria es el de los embarazos en adolescentes. En las instituciones públicas de salud 21% de los partos atendidos en 2005 fueron en menores de 20 y casi 7,289 ocurrieron en niñas de 10 a 14 años de edad. El riesgo de morir de las adolescentes que se embarazan es de 1.2 veces mayor que el de las embarazadas mayores de 20 años.

El indicador que a la fecha mejor refleja la magnitud de este problema en México es el porcentaje de partos en menores de 20 años en las instituciones públicas. En 2005 se registraron 1,174,209 partos en estas instituciones, 21% de los cuales correspondieron a menores de 20 años.

Por lo anterior uno de los retos es crear espacios de Medicina de 1er nivel a donde los adolescentes puedan acudir sin necesidad de un adulto para responder a las inquietudes respecto a su sexualidad.

Cuarta. La Comisión dictaminadora ve con optimismo este tipo de exhortos, al considerar de gran relevancia que otras instancias que no sean exclusivamente la Secretaría de Salud en todos sus niveles, se están sumando al interés y la atención para mantener visible y vigente el enfoque multidisciplinario de este problema de salud pública que representa en México los embarazos no planeados en la población adolescente, esto fortalece el abordaje integral con las Secretarías del Estado que están directamente relacionadas en su atención y resolución, porque involucra y vincula íntimamente a los diferentes sectores y niveles de gobierno, así como la población en su conjunto.

Es evidente que la Secretaría de Salud ha hecho y continúa realizando grandes esfuerzos para enfrenar este difícil desafío y se han obtenido grandes resultados pero aún quedan muchos retos por enfrentar, por lo que este exhorto posiciona y fortalece el interés y la atención en el desarrollo de las acciones que se requieren y, que además de la Secretaría de Salud, se adhieran a este esfuerzo las Secretarías e Institutos que puedan apoyar a la solución del problema.

Quinta. Esta Comisión considera que el Punto de Acuerdo en estudio es viable toda vez que se considera de suma importancia aumentar las acciones de prevención y atención de embarazos en mujeres adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, somete  a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, incremente los programas de prevención de embarazos en mujeres adolescentes, así mismo se hagan las modificaciones pertinentes con el fin de que todos los hospitales cuenten con servicios de ginecología y obstetricia, adecuen sus áreas para la integral atención del embarazo y den cursos de prevención y atención a los adolescentes.

Notas:

1 Adolescence: a time that matters. New York: UNICEF; 2002.

2 Olukoya, P. et al. Unsafe abortion in adolescents. International Journal of Gynecology and Obstetrics 2001; 75:137-147.

3 Bale JR, Stoll BJ, Lucas AO, Eds. Improving birth outcomes: meeting the challenge in the developing world. Washington, DC: The National Academies Press; 2003

4 Wagstaff A, Claeson M. The Millennium Development Goals for health: rising to the challenges. Washington DC: The World Bank; 2004.

5 Conapo 1998.

6 La Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo 2007 señala como edad media a la primera relación sexual los 17.4 años. La diferencia radica en que el universo de esta encuesta son las jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. De las mujeres de este grupo de edad, 15-24, que habían tenido relaciones sexuales, 20.6% las tuvo a los 15 años.

Palacio Legislativo, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

CARAVANAS DE SALUD PARA INTENSIFICAR LAS ACCIONES DE PREVENCION DEL CANCER DE MAMA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y estatales a sumar esfuerzos, en coordinación con instituciones públicas y privadas, para intensificar mediante caravanas de salud las acciones de prevención del cáncer de mama

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 12 de febrero de 2013, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Salud, federal y estatales, para que en coordinación con instituciones públicas y privadas, unan esfuerzos para que a través de caravanas de salud, intensifiquen las acciones de prevención del cáncer de mama.

2. El 13 de febrero de 2013, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y Dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto, exhortar a las Secretarías de Salud federal y estatales, para que en coordinación con instituciones públicas y privadas, unan esfuerzos, para que a través de las caravanas de salud, se intensifiquen las acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria del cáncer de mama, así como las acciones de información y asesoría para el adecuado aprovechamiento de los servicios de salud, en las zonas de difícil acceso geográfico en el país.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... Y establecera la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El cáncer de mama constituye en México desde el año 2006, la primera causa de muerte por enfermedad en la población femenina de 25 años y más. La mayoría de los casos se presentan después de los 45 años, pero hoy en día están creciendo en mujeres que lo desarrollan en edades tempranas.

De acuerdo al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en nuestro país el 90 por ciento de los casos detectados de cáncer de mama, se han en las etapas III y IV, por lo que cada 2 horas muere una mujer mexicana por este mal.

El gobierno federal en el sexenio pasado emprendió en todo el país programas específicos, así como mayores presupuestos para la atención de este padecimiento, ejemplo de ello es que actualmente existen 583 unidades con mastógrafo para la detección del cáncer de mama.

Se registraron en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 1,318,330 mastografías realizadas en mujeres de 50 a 69 años, esta cifra no incluye las realizadas fuera de este grupo como lo son las del DIF Nacional, Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros.

En el periodo 2007-2012 se triplicó la cobertura de detección con mastografía en mujeres. Desde el 2007, se garantizó el acceso a tratamiento gratuito a mujeres y hombres diagnosticados en instituciones de seguridad social y a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud.

Se incremento el número de mastógrafos, contando actualmente con 572 equipos, con una capacidad potencial de 2 millones 172 mil 500 mastografías anuales. Asimismo se implemento una estrategia de unidades móviles, contando actualmente en la Secretaría de Salud, con 43 equipos que acercan el beneficio de la detección a mujeres en localidades que carecen del servicio.

Tercera. Dentro de la exposición de motivos, el promovente hace mención que en nuestro país se registran alrededor de 14 muertes diarias a causa de cáncer de mama, es decir, aproximadamente cada 2 horas muere una mujer mexicana.

La desigualdad social influye de manera determinante en las desigualdades de salud. Las poblaciones marginadas en términos sociales, económicos y geográficos tienen mayor probabilidad de morir por algún tipo de cáncer que es prevenible, situación que puede atribuirse, entre otras causas, a la falta de un diagnóstico oportuno y a un tratamiento tardío.

La desinformación, la dispersión de la población, como las mismas carencias técnicas, que limitan dichas acciones de prevención, son factores de impiden que las mujeres de este sector, no puedan acceder a realizarse como prontitud los exámenes requeridos.

La necesidad de conjuntar esfuerzos e implementar programas para llegar a estos grupos poblacionales es urgente, para que tengan conocimiento de autocuidado, así como promover estilos de vida saludables, acercar la infraestructura diagnóstica para lograr una detección a tiempo y garantizar un tratamiento adecuado, son asuntos apremiantes.

Por lo anterior, resulta importante aumentar en zonas rurales y marginadas unidades móviles para la detección oportuna del cáncer de mama, así como de otros padecimientos, en las mujeres que viven en zonas alejadas y que no tienen acceso a los estudios necesarios para su pronta detección.

Cuarta. En México cada año se detectan alrededor de 14 mil casos de cáncer de mama, la mayoría en etapa avanzada y se registran poco más de cinco mil 200 defunciones anuales. En los últimos seis años el cáncer de mama se ha incrementado 28 por ciento y las mexicanas lo padecen 10 años antes que las mujeres de países desarrollados, afirmó el especialista de la Secretaría de Salud (Ssa), Jaime de la Garza Salazar.

Asimismo, indicó que si este tipo de cáncer, que provoca la muerte de dos mujeres cada hora, se detecta a tiempo y el tumor es menor a un centímetro, 95 por ciento de las pacientes salvarían la vida, sin embargo, la práctica de la autoexploración, que es el mejor método para detectar el mal, sigue siendo poco común. (Instituto Carlos Slim de la Salud, fecha de consulta 29 de marzo de 2013

http://www.salud.carlosslim.org/crece-38-cancer-de-mama-en-mexico-ssa/)

Por lo anterior, es que esta comisión dictaminadora, considera que el punto de acuerdo en estudio es viable, ya que se requiere incrementar los esfuerzos, estudios, programas, campañas, entre otros, para la prevención y detección del cáncer de mama, más aún en zonas rurales y/o marginadas donde en analfabetismo y el acceso a la atención médica resulta aún más escaso.

Quinta.Esta Comisión considera que el punto de acuerdo en estudio es viable toda vez que se considera de suma importancia aumentar en zonas rurales y marginadas la información y/o acceso a la detección y atención oportuna del cáncer de mama.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, somete  a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal y estatales, para que en coordinación con instituciones públicas y privadas, unan esfuerzos para que a través de las caravanas de salud, se intensifiquen las acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria del cáncer de mama, así como las acciones de información y asesoría para el adecuado aprovechamiento de los servicios de salud, en las zonas de difícil acceso geografía en el país.

Palacio Legislativo, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

PROGRAMA PERMANENTE DE DETECCION TEMPRANA Y PREVENCION DEL CANCER PROSTATICO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer un programa permanente de detección temprana y prevención del cáncer prostático

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo.

En el apartado “Contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 26 de febrero de 2013, la diputada Érika Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Salud a establecer un programa de prevención y detección temprana del cáncer de próstata.

2. El 27 de febrero de 2013, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a las Secretarías de Salud del gobierno federal para que en las metas, planeación y programas que implemente dicha dependencia en su programa sectorial de trabajo, establezca un programa permanente para la detección temprana y prevención del cáncer de próstata, incluyendo dentro del protocolo de prevención y detección los siguientes estudios:

Marcadores Tumorales.

Antígeno Prostático Específico.

Fosfatasa Ácida Prostática.

Ecografía Transrectal.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... Y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Para el sexo masculino el cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes. En todo el mundo se diagnostican unos 700 mil nuevos casos de cáncer de próstata al año, lo que representa 11.7 por ciento de los tumores masculinos. Por eso, desde años anteriores, países como Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Estado Unidos, Canadá, Sudáfrica, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Bélgica, la República Checa, España, Hong Kong, Singapur, Francia, Alemania, Suecia, Suiza y Austria han dirigido programas oficiales para el cuidado de la salud masculina.

El cáncer de próstata es la primera causa de muerte entre la población masculina. Se estima que a nivel mundial mueren más de 7 millones de hombres al año. La Organización Mundial de la Salud prevé que la cifra de nuevos casos de este tipo de cáncer alcance los 10 millones anuales en el 2015, una cifra alarmante que aún se puede moderar si se actúa a tiempo, con responsabilidad y cooperación.

En nuestro país, la tasa de mortalidad observada por este cáncer, aumentó de 7.7 a 11 muertes por cada 100 mil hombres entre el periodo comprendido de 2005 a 2011.

Según cifras oficiales, este mal cobra 6 mil muertes al año, misma que colocan al cáncer de próstata como la primera causa de muerte entre los mexicanos. Principalmente amenaza a quieres se encuentran entre la segunda y tercera etapa de sus vidas.

Tan solo en un año, en nuestro país se diagnosticaron 9 mil 650 casos. La posibilidad de desarrollar cáncer de próstata se incrementa después de los 65 años, razón por la cual es recomendable que desde los 40 se practiquen exámenes médicos para detectar tumores malignos de manera temprana e incrementar las posibilidades de curación.

Tercera. Dentro de la exposición de motivos, el promovente hace mención que se estima que en la población masculina mayores a 60 años en nuestro país, es de cuatro millones. A la mitad de este grupo poblacional hay que agregar el hecho de carecer de seguridad social, sí se considera que los pacientes con cáncer gastan el 30 por ciento de su salario en medicamentos, se puede dimensionar que el acaecimiento de una enfermedad como esta, implica una situación catastrófica en una edad en la que muchas veces se sufre ya condiciones de precariedad.

Es sabido que un diagnóstico a tiempo favorece el uso de tratamientos efectivos, incrementa las posibilidades de una curación completa y potencializa las oportunidades de que miles de hombres gocen de una vida plena.

Por desgracia, en nuestro país, la falta de información propicia el diagnóstico tardío, en etapas avanzadas, lo cual complica notoriamente las posibilidades de curación y afecta sensiblemente la economía del paciente.

Ciertamente, los métodos tradicionales de diagnóstico para este tipo de cáncer no gozan de popularidad y generan resistencias culturales que desincentivan la detección temprana. Sin embargo, gracias a los avances de la ciencia médica, hoy se dispone del método de antígeno prostático específico, cuya medición es realizada a través de un análisis de sangre siendo esta la prueba más sensible para detectar precozmente el cáncer de próstata.

Por lo anterior, es imperativo desarrollar un programa amplio para impulsar una adecuada prevención y una oportuna detección de cáncer de próstata.

Cuarta. Actualmente el cáncer de próstata es considerado el cáncer más frecuente en el hombre, y el segundo más letal, solo desplazado por el cáncer de pulmón. Sin embargo en México, así como en muchos países en desarrollo y a pesar de ser considerado un problema de salud pública, no se han desarrollado campañas y programas de detección nacionales orientadas a detectar oportunamente el cáncer en la población de riesgo y disminuir consecuentemente su mortalidad.

Desafortunadamente el cáncer de próstata es generalmente indolente, sin embargo, en los países desarrollados se logra detectar al 80 por ciento de los pacientes en etapas tempranas de la enfermedad, en México el 80 por ciento son diagnosticados en estado metastásico, en donde no se pueden realizar terapias encaminadas a la curación sino mas bien terapias encaminadas a la paliación de la enfermedad. Con el impacto e implicaciones personales, profesionales, familiares, sociales, en calidad de vida y económicas que esto implica.

Por lo anterior, esta Comisión considera de suma importancia, que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, implemente las campañas y/o programas necesarios para que se den a conocer el método de antígeno prostático específico, así como la realización del mismo tanto en zonas urbanas como rurales con el fin de generar una cultura en la sociedad de estar en una constante atención médica con el fin de prevenir y atender esta enfermedad.

Quinta. Esta comisión considera que el punto de acuerdo en estudio es viable, toda vez que actualmente no se cuenta con un programa y/o campaña que atienda la prevención o detección oportuna del cáncer de próstata, dadas las estadísticas que representa en nuestro país esta enfermedad, los integrantes de esta comisión estiman necesario el impulso de mecanismos de atención.

Un programa permanente de detección, prevención y tratamiento del cáncer de próstata instaurado por la Secretaría de Salud puede ayudar significativamente con la concienciación y detención temprana de esa enfermedad y de otras equivalentes, como el cáncer testicular.

En razón de lo expuesto, la Comisión de Salud somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Salud del gobierno federal para que en las metas, planeación y programas que implemente dicha dependencia en su programa sectorial de trabajo, establezca un programa permanente para la detección temprana y prevención del cáncer de próstata, incluyendo dentro del protocolo de prevención y detección los siguientes estudios:

– Marcadores Tumorales.

– Antígeno Prostático Específico.

– Fosfatasa Ácida Prostática.

– Ecografía Transrectal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

ESTRATEGIAS DE PREVENCION COMBINADA A FIN DE FORTALECER LA RESPUESTA ANTE EL VIH Y EL SIDA EN 2013

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH/Sida a transparentar y argumentar el proceso de dictamen de la convocatoria pública dirigida a implantar estrategias de prevención combinada a fin de fortalecer la respuesta ante el VIH y el sida en 2013

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f),  y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 11 de abril de 2013, se dio cuenta con la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH/Sida, para que transparenten y argumenten el proceso de dictaminación de la convocatoria pública para la implementación de estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante VIH/sida, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

2. Con misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido

Se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH/Sida para que transparenten el proceso de dictamen de la convocatoria pública para implementación de estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante VIH/sida, llevada a cabo por el propio Censida.

IV. Consideraciones

Primera. En pasados meses la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en conjunto con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), emitieron la Convocatoria pública para la implementación de estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante el VIH y el sida 2013.

La convocatoria y sus bases son el resultado de las recomendaciones, mejores prácticas y aprendizajes de las convocatorias públicas emitidas de 2006 a 2012. Se indica que podrán participar con sus propuestas, en las distintas categorías, organizaciones de la sociedad civil (OSC) e instancias académicas (IA), legalmente constituidas y según lo estipulado en las presentes bases. Asimismo regula la cantidad de proyectos que podrán registrar las OSC e IA interesadas, así como las restricciones de participación por categoría.

La convocatoria precisa que “se privilegiarán a aquellas propuestas basadas en evidencia científica y/o documental y con estrategias probadas y comprobadas en la prevención del VIH y el sida y otras ITS, en el marco de derechos humanos y con perspectiva de equidad de género”

En dicha convocatoria se establecieron las bases de la misma y se expresa que el monto máximo disponible para financiar el total de los proyectos es de 101 millones 700 mil pesos distribuidos en las diferentes categorías.

De tal forma, se convocó “a todas las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas con experiencia y trabajo comprobable en atención en VIH/Sida, o en las áreas que se indican en la misma convocatoria”.

El proceso de dictaminación se explica en la propia convocatoria: “El Censida conformará, por invitación, a un Comité de Revisión y Recomendación de Proyectos (Corepro), constituido por personas expertas en distintos temas relacionados con las categorías, incluyendo la equidad de género y los derechos humanos, que se constituirá como órgano colegiado para la presente convocatoria y será encargado de la revisión y recomendación al Censida de los proyectos que serán susceptibles de recibir financiamiento para su implementación. El manual de funcionamiento 2013 del Corepro se hará público a través del SMAP al cierre del registro de proyectos. El Corepro estará integrado por especialistas en los diferentes temas que abordan las diferentes categorías incluidas en las presentes bases, procedentes del ámbito académico y científico, de agencias o instancias internacionales, de instituciones gubernamentales federales y estatales, así como personal del Censida que cuenten con reconocida experiencia y conocimiento en los temas abordados en las bases de la convocatoria, así como expertos en otras áreas necesarias para la mejor calidad de las propuestas. El Corepro mantendrá los principios que se enuncian en las presentes bases. El proceso de evaluación que realizará el Corepro consiste en una primera fase, de una revisión virtual sobre el SMAP, donde cada proyecto será asignado aleatoriamente al menos a 3 revisores de diferentes sectores Lo que garantiza que cada proyecto sea revisado por tres evaluadores distintos de manera ciega”.

“La siguiente fase consiste en una reunión presencial, donde se revisarán los proyectos con calificaciones inconsistentes; cuando el promedio de las evaluaciones de cada uno de los tres revisores tenga diferencias significativas de más de 20 puntos. En esta fase se promedian las evaluaciones para dichos proyectos, se permite la revisión aleatoria de proyectos con calificaciones consistentes de cualquiera de los niveles y, finalmente, se elabora la lista de todos los proyectos recomendables para ser financiados para que Censida lleve a cabo el dictamen final. Para facilitar el proceso de evaluación, miembros del Corepro, seleccionados por el mismo Comité, preparan una presentación para el resto de la mesa, los comentarios resultantes de la revisión virtual de los proyectos que serán revisados, con ello se logra focalizar en los contenidos y comentarios con mayor eficiencia. Cabe señalar que quienes sean presentadores, tendrán tiempo suficiente para conocer los proyectos y los comentarios de quienes les evaluaron. La reunión presencial contará con tiempos diferenciados para la evaluación de cada categoría, y se invitará a la misma a miembros del Corepro con experiencia en el tema de la categoría y en las subcategorías a ser revisadas; se agruparán a los miembros por especialidad en mesas de revisión por subcategoría, cada una de las mesas revisará los proyectos con calificaciones inconsistentes (cuando el promedio de las evaluaciones de los revisores tenga una diferencia entre la más alta y la menor de más de 20 puntos, siempre y cuando las dos calificaciones más altas sean mayor o igual a 60 puntos porcentuales) para realizar una cuarta evaluación que será producto del consenso del Corepro, esta evaluación sustituirá a la evaluación más alta y se promediara con las evaluaciones obtenidas.”

“Los resultados de la dictaminación serán publicados por Censida el día 8 de abril de 2013 en la página electrónica del Censida. No se dará información respecto de los resultados del proceso de evaluación y dictaminación de manera individual ni con fines didácticos.”

Segunda. En pasados días, organizaciones civiles especializadas en sexualidad, género y lucha contra el VIH-Sida denunciaron irregularidades en el proceso de dictaminación y los resultados de la Convocatoria pública para la implementación de estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante el VIH y el sida 2013. Dichas organizaciones emitieron un boletín exigiendo a la Secretaría de Salud federal que se reasignen los recursos de la convocatoria pública de Censida 2013.

El argumento que defienden las organizaciones es que “de acuerdo con el listado de los proyectos seleccionados, publicado en la página de Internet de Censida, más de 32 millones de pesos quedarían para el trabajo y administración de tan sólo seis organizaciones cuya experiencia y trayectoria es poco comprobable o desconocida, ya que no forman parte de los dos registros más importantes de México.”

De igual manera, se dio cuenta de irregularidades en la selección de OSC seleccionadas para los proyectos. Estas irregularidades incluyen: falta de experiencia, no tener antecedentes de haber elaborado proyectos similares a los cuales concursaron y por carecer de su clave única de inscripción.

Estas y otras irregularidades ponen en duda la legalidad y transparencia del proceso de selección de la convocatoria pública de Censida, por lo que se exige la transparencia de la dictaminación.

Bajo estas consideraciones, la Comisión de Salud da cuenta que los objetivos que  fundamentan y motivan la presente Proposición con Puntos de Acuerdo son viables.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud Federal y al Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH/Sida (Censida) a transparentar y argumentar el proceso de dictaminación de la convocatoria pública para la implementación de estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante VIH y el sida 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LIMITAR EN EL ENVASADO DE ALIMENTOS EL USO DE PRODUCTOS CON BISFENOL A

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a limitar en el envasado de alimentos el uso de productos con bisfenol A

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con puntos de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con puntos de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con puntos de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

En sesión celebrada el pasado 11 de abril de 2013, la diputada Eva Diego Cruz, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios, a fin de que limite el uso de productos que contengan bisfenol A.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con puntos de acuerdos fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido

1. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que en el ámbito de su competencia emita medidas a fin de limitar el uso de productos que contengan bisfenol A en el embazado de alimentos.

2. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que manera inmediata prohíba la producción y la venta de biberones de policarbonato, así como de productos que contengan bisfenol A utilizados para la alimentación de bebes.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El bisfenol A, usualmente abreviado como BPA, es un producto químico utilizado muy comúnmente para hacer el plástico llamado policarbonato, de ahí que lo encontremos en diversos productos de uso cotidiano como envases de alimentos reciclables, recipientes y botellas de plástico, biberones, vajillas de plástico, en el recubrimiento de las latas de conserva de alimentos, entre otros usos. Considerado también un disruptor endocrino, ya que es sospechoso de producir alteraciones en la regulación hormonal.

Tercera. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP en sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentaron un informe encargado a 16 especialistas para evaluar las evidencias científicas relacionadas con los efectos de los disruptores endocrinos. Una de sus principales conclusiones es que estos compuestos químicos son una “amenaza global”, por lo que deben ser estrictamente vigilados.

Cuarta. La OMS y Naciones Unidas convocaron a diversos especialistas para estudiar este tipo de agentes, mismos que plantearon posibles vinculaciones con problemas reproductivos masculinos o femeninos (no sólo en humanos, incluso los vinculan a caídas demográficas de especies animales). También han hecho alusión a alteraciones relacionadas con el desarrollo neuronal, desórdenes inmunitarios o metabólicos, e incluso a tumores vinculados con alteraciones hormonales.

Quinta. No obstante, los señalamientos más graves fueron hechos por un equipo francés cuyos experimentos fueron publicados en la revista BMC Developmental Biology, los cuales dieron a conocer que el bisfenol A (BPA) tiene un impacto negativo en los embriones de algunos vertebrados.

Sexta. Estudios realizados por la Universidad Estatal de Washington publicado en Proceedings of the Nacional Academy of Science (PNAS), se aseguraba que el bisfenol A puede afectar al sistema reproductivo de la mujer, causando incluso daños en los cromosomas, abortos involuntarios y defectos de nacimiento.

Séptima. El grupo de población considerado con mayor exposición a BPA son los lactantes de 3 a 6 meses, quienes son alimentados con biberones de policarbonato. Debido a que las fórmulas infantiles y la leche materna son la única fuente de nutrición de esta población hasta los 4 meses. Se considera que si se expone el biberón al agua hirviendo o al calentamiento por microondas, el bisfenol-A se libera 55 veces más rápido de lo normal.

Octava. En marzo de 2010, el gobierno canadiense fue el primer país que impuso una prohibición consistente sobre la importación, venta y publicidad de biberones de policarbonato en Canadá, además de colaborar para el desarrollo y la implementación de códigos de conducta para reducir los niveles de BPA en fórmulas alimentarias infantiles para lograr un nivel bajo razonablemente posible.

Novena. Como consecuencia de los resultados de los múltiples estudios realizados, la Unión Europea prohibió en el 2011 la fabricación y venta de biberones con bisfenol A, como precaución ante los posibles daños que puede causar esta sustancia en el organismo. Por su parte en Estados Unidos de América, la Food and Drug Administration (FDA) prohibió el BPA en la fabricación de biberones y tazas para bebés, como apoyo a las medidas para reducir la exposición humana al BPA y sigue realizando investigaciones adicionales sobre sus efectos.

Bajo estas consideraciones la Comisión de Salud da cuenta que los objetivos que fundamentan y motivan la presente proposición con puntos de acuerdo son viables.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que en el ámbito de su competencia emita medidas a fin de limitar el uso de productos que contengan bisfenol A en el envasado de alimentos.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que de manera inmediata prohíba la producción y la venta de biberones de policarbonato, así como de productos que contengan bisfenol A, utilizados para la alimentación de bebes.

Palacio Legislativo, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

CAMPAÑAS CENTRADAS EN LA DETECCION TEMPRANA DE LA HIPERTENSION ARTERIAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud a evaluar, intensificar y perfeccionar las campañas centradas en la detección temprana de la hipertensión arterial entre las personas susceptibles de padecerla

Honorable asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen del punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción del punto de acuerdo en el que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 4 de abril de 2013, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud, para que evalúe, intensifique y perfeccione las campañas enfocadas a la detección temprana de la hipertensión entre la población susceptible de padecer esta enfermedad.

2. Con misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el asunto a la Comisión de Salud, para dictamen.

III. Contenido de la propuesta

Se exhorta a la Secretaría de Salud a que evalúe, intensifique y mejore las campañas de detección de hipertensión a la población de riesgo.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... Y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda.La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad con una alta prevalencia alrededor del mundo y nuestro país no escapa a esta realidad, ya que aproximadamente 30 por ciento de la población mexicana adulta padece hipertensión arterial (alrededor de 15 millones de mexicanos son hipertensos). En tan solo seis años, entre 2000 y 2006, la prevalencia de hipertensión incrementó 19.7 por ciento hasta afectar a 1 de cada 3 adultos mexicanos (31.6 por ciento). Se considera además que en 2006, 47.8 por ciento de los adultos con hipertensión no había sido diagnosticado como tal, y que únicamente 39.0 por ciento de los que ya habían sido diagnosticados recibía tratamiento.

Este padecimiento se encuentra en el séptimo lugar como causa de muerte por enfermedad única, corresponden a 18 mil 942 fallecimientos por esta causa. Sin embargo, esta enfermedad condiciona otras complicaciones, como enfermedades isquémicas del corazón o enfermedad cerebrovascular, que se encuentran en segundo y tercer lugar, respectivamente. Si tomamos en cuenta estos factores, podría aseverarse que la hipertensión arterial es un problema mucho mayor del que se asume.

Según cifras reportadas por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en 2012, la prevalencia actual de HTA en México es de 31.5 por ciento, y es más alta en adultos con obesidad (42.3 por ciento) que en adultos con índice de masa corporal (IMC) normal (18.5 por ciento), y en adultos con diabetes (65.6 por ciento) que sin esta enfermedad (27.6 por ciento). Además, durante la Ensanut 2012 se pudo observar que de 100 por ciento de adultos hipertensos, 47.3 por ciento desconocía que padecía HTA.

La tendencia de la HTA en los últimos seis años (2006- 2012) se ha mantenido estable tanto en hombres (32.4 vs 32.3 por ciento) como en mujeres (31.1 vs. 30.7 por ciento) y la proporción de individuos con diagnostico previo no aumentó en los últimos seis años, paso indispensable para lograr un control temprano a través de medidas de estilo de vida y tratamiento en la población.

Existen amplias diferencias entre las prevalencias de los grupos de mayor y menor edad, por ejemplo, en 2012 la distribución de la prevalencia de HTA fue 4.6 veces más baja en el grupo de 20 a 29 años de edad que en el grupo de 70 a 79 años.

La prevalencia de HTA varía de acuerdo con regiones, localidades y nivel socioeconómico (NSE), y esto pudo ser observado en la Ensanut 2012 donde se registró una prevalencia significativamente más alta en la región norte del país (36.4 por ciento) que en el sur (28.5 por ciento), en las localidades urbanas (31.9 por ciento) que en las rurales (29.9 por ciento), y en el NSE alto (31.1 por ciento) comparado con el bajo (29.7 por ciento).

De los adultos con HTA diagnosticada por un médico, sólo 73.6 por ciento reciben tratamiento farmacológico y menos de la mitad de estos tiene la enfermedad bajo control.

Tercera.Las complicaciones de la hipertensión se relacionan directamente con la magnitud del aumento de la tensión arterial y el tiempo de evolución. No hay duda de que, en general, el tratamiento temprano de la hipertensión arterial tiene importantes beneficios.

La hipertensión puede producir ataques cardiacos y cerebrales, y otros problemas de salud graves, tales como insuficiencia renal, ceguera, hemorragias y disfunción cerebral.

La hipertensión arterial esencial tiene un patrón hereditario que aun cuando el mecanismo exacto no se encuentra aún del todo dilucidado, sí permite reconocer con mucha frecuencia el antecedente de hipertensión arterial es uno o varios miembros de la familia.

En 90 por ciento de los casos de hipertensión arterial la causa es desconocida y a esta forma se le ha denominado “hipertensión arterial esencial”. Aquélla hipertensión arterial que tiene una causa demostrable, se le ha denominado hipertensión arterial secundaria.

La hipertensión arterial (HTA) es uno de los principales factores de riesgo para padecer enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y falla renal, que son importantes causas de mortalidad en México.

Cuarta.Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril. Todos los años se elige para esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Día Mundial de la Salud brinda una oportunidad de ámbito mundial para centrar la atención en importantes cuestiones de salud pública que afectan a la comunidad internacional. Con ocasión del Día Mundial de la Salud se lanzan programas de promoción que se prolongan largo tiempo tras el 7 de abril de cada año.

En el Día Mundial de la Salud de este año, la OMS y sus asociados abordan el problema mundial de la hipertensión arterial.

Quinta.La hipertensión es prevenible y tratable. La detección precoz es fundamental: todos los adultos deben conocer su tensión arterial. El riesgo de padecer hipertensión puede reducirse consumiendo menos sal y una dieta equilibrada, evitando el consumo nocivo de alcohol y el consumo de tabaco, y haciendo ejercicio regularmente.

Aunque afecta a uno de cada tres adultos, sigue en gran medida oculto. Mucha gente no sabe que tiene hipertensión porque no siempre produce síntomas. La consecuencia son más de nueve millones de muertes anuales, entre las que se encuentran aproximadamente la mitad de las causadas por los ataques cardíacos y cerebrales.

Aunque es fácil de diagnosticar y tratar, muchas personas carecen de acceso a servicios de salud básicos, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios.

Es imprescindible que la detección y el control de la hipertensión (mediciones, asesoramiento sanitario y tratamiento) se combinen con una reducción simultánea de otros factores de riesgo de ataques cardiacos y cerebrales, como la diabetes o el consumo de tabaco. Se trata de elementos básicos de la atención primaria en todos los países, y deben formar parte de los esfuerzos por reducir la carga cada vez mayor de enfermedades no transmisibles.

El estado, los gobiernos locales y las comunidades deben incrementar sus esfuerzos para identificar los instrumentos legales para promover la práctica de actividad física así como la ingesta de dietas con bajo contenido de sodio y grasa, y con un alto contenido de verduras, cereales de granos enteros y lácteos bajos en grasa. Simultáneamente, se debe fomentar que la industria coopere con una transformación gradual de la oferta y la demanda a través de la educación y promoción de productos más saludables.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único.Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que evalúe, intensifique y perfeccione las campañas enfocadas a la detección temprana de la hipertensión arterial entre la población susceptible de padecer esta enfermedad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

ATENCION MEDICA INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS EN EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y tanto a los gobiernos de las entidades federativas como al del Distrito Federal a intensificar las acciones para prestar servicios de atención médica integral de las enfermedades hipertensivas en el embarazo, el parto y el puerperio

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen del punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido” se exponen los objetivos y se hace una descripción del punto de acuerdo en el que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 2 de abril de 2013, la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que intensifiquen las acciones para la prestación de servicios de atención médica integral de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, el parto y el puerperio.

2. Con misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el asunto a la Comisión de Salud, para dictamen.

III. Contenido de la propuesta

Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal, al Consejo de Salubridad General y a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que intensifiquen las acciones para la prestación de servicios de atención médica integral de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, el parto y el puerperio, garantizando la atención oportuna, de calidad idónea y en condiciones de seguridad a todas las mujeres, con la finalidad de disminuir la mortalidad materna para cumplir con la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... Y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme con lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (ONU), 189 dirigentes del mundo formalizaron un trascendental acuerdo conocido como la Declaración del Milenio, comprometiéndose a sumar esfuerzos para alcanzar en 2015, ocho objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), orientados a combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer, así como crear una asociación mundial para el desarrollo. Para este propósito se establecieron por primera vez en la historia de ese organismo multilateral, metas e indicadores para la medición del grado de avance en el cumplimiento de esos objetivos.

Se basan en una alianza mundial que hace hincapié en la responsabilidad de los países en desarrollo de poner orden en sus propios asuntos, así como de sugerir a los países desarrollados apoyar esos esfuerzos. Los ODM cuentan con un apoyo político sin precedentes, manifestado en los niveles más altos de los países, de la sociedad civil y de las principales instituciones de desarrollo.

En la Declaración del Milenio también se esbozó un plan acordado por consenso en cuanto a la forma de orientar las acciones, destacando la atención en los derechos humanos, la gestión óptima de los asuntos públicos y la democracia, así como la prevención de los conflictos y la consolidación de la paz. Los países miembros adoptaron la Declaración del Milenio con la firme convicción de que el principal desafío que enfrentan las naciones del mundo es conseguir que el proceso de globalización se convierta en una fuerza positiva, teniendo presente el reto de lograr que sus beneficios se distribuyan de forma equitativa, con el fin de abatir la desigualdad económica y social que amenazan al mundo.

Con el propósito de supervisar los progresos en cuanto al cumplimiento de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados por los países y de las 21 metas que de ahí derivan, la ONU, junto con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, aprobaron 48 indicadores cuantitativos, lo cual representó un hecho de gran relevancia, pues a través de éstos sería posible medir la situación concreta en cada país y el avance paulatino hacia el 2015, año previsto para alcanzar las metas a nivel mundial.

Por otro lado, a fin de lograr que todos los países generaran los indicadores de manera estandarizada, un grupo de trabajo presidido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y copresidido por la División de Estadística de las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, elaboraron un manual que contiene hojas de metadatos para cada indicador, con la definición del mismo; el objetivo y meta a que hace referencia; la razón por la que se usa el indicador; el método de cálculo; las fuentes de datos; las referencias, incluyendo los sitios Web internacionales pertinentes; la periodicidad de las mediciones; cuestiones de género y desglose; limitaciones del indicador y organismos nacionales e internacionales que intervienen en la recolección, compilación o divulgación de los datos.

Para el cálculo de los indicadores se estableció como punto de partida 1990 y 2015 como horizonte para alcanzar las metas; cuando para el primero de esos años no se disponga de las estadísticas requeridas, la recomendación es que se utilicen los datos más cercanos a éste. De las 21 metas 11 precisan el valor que se debe alcanzar para el 2015, en tanto que 10 están plasmadas de tal manera que el propósito es el de “empezar a disminuir o mejorar”, el valor del indicador.

El progreso en el comportamiento de los indicadores a nivel mundial, es supervisado anualmente por la ONU, organismo que integra un informe global a partir de los informes que cada país presenta respecto a sus avances. Esos informes, en los dos ámbitos, sirven de base para analizar los logros y definir y acordar políticas que apoyen la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Tercera. El objetivo que nos ocupa en este punto de acuerdo es el numeral 5, que es mejorar la salud materna. Abatir la mortalidad materna es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que ha presentado mayores dificultades para su cumplimiento. A pesar de los esfuerzos que se han realizado para disminuir el número de muertes relacionadas con el periodo prenatal, el parto y el puerperio, el país está lejos de la meta comprometida, lo que ha obligado a los tres niveles de gobierno a redoblar y focalizar esfuerzos en esta problemática.

El momento del parto debería ser un momento de alegría. Sin embargo, anualmente, para más de medio millón de mujeres el embarazo y el parto terminan en la muerte y diez millones de mujeres sufren lesiones o incapacidades graves que, si no se tratan, les pueden causar sufrimientos y humillación durante toda la vida. La muerte de una madre puede ser especialmente devastadora para los niños que deja atrás, pues para ellos aumenta el riesgo de caer en la pobreza y de ser víctimas de explotación.

Especialmente el que trata en el indicador 5.1: Razón de Mortalidad Materna (RMM). Desde 1990, la Razón de Mortalidad Materna, que representa las defunciones maternas por cada 100 mil nacidos vivos estimados, se ha reducido en México en 35.5 puntos, ya que pasó de 89.0 muertes por cada 100 mil nacidos vivos a 53.5 defunciones en 2010. Aún se encuentra distante de la meta a cumplirse en los próximos 3 años, que es de 22.3.

La siguiente gráfica muestra el desempeño que ha tenido el país en su labor para aminorar la RMM. Como se aprecia, durante la década de los noventa dicho indicador exhibe una tendencia decreciente modesta, siendo a partir de 2000 cuando la tendencia a la baja se acelera.

El compromiso de México ante las Naciones Unidas para alcanzar las metas planteadas en los ODM, detonó esfuerzos para mejorar la medición del fenómeno. Debido al problema mundial en la subestimación de la mortalidad materna, en México se lleva a cabo cada año, desde 2002, un esfuerzo nacional de búsqueda intencionada de defunciones asociadas a la maternidad, la cual implica la investigación, documentación, análisis y reclasificación tanto de las muertes maternas confirmadas como de las sospechosas de encubrir una muerte materna. Con ello, cada año se documentan poco más de 100 muertes maternas que inicialmente no habían sido clasificadas como tales por problemas de registro en los certificados de defunción.

Al analizar la RMM por entidad federativa para 2010, se han detectado marcadas diferencias en las cifras que reflejan la desigualdad existente en el país en la provisión y calidad de servicios de asistencia a las mujeres embarazadas

En los estados más pobres y con una proporción mayor de población indígena (Guerrero 103.2 y Oaxaca 82.7), la RMM prácticamente triplica a la existente en los estados que registran las mejores cifras; en este sentido, destaca el caso de Nuevo León (21.2), entidad que es la única que ha logrado la meta del milenio respecto a este indicador.

La siguiente gráfica ilustra los cambios de la RMM por entidad federativa en el periodo 1990-2010. Como se observa, son contrastantes los logros que han obtenido los estados para aminorar la muerte asociada a la maternidad, no sólo por parte de los diversos gobiernos (en quien recae la responsabilidad de la provisión de los servicios de salud), sino también de la iniciativa privada y la sociedad civil.

Dicha gráfica muestra que en el periodo analizado, diez estados experimentaron elevaciones en sus RMM, entre ellos destaca Coahuila, que si bien presenta una RMM menor a la media nacional, en los últimos 20 años dicho indicador ha crecido 21.7 puntos porcentuales. Por su parte, estados como Oaxaca y Chiapas, que mantienen RMM superiores al promedio del país, han logrado en las últimas dos décadas resultados que los han llevado a tener avances superiores al observado a nivel nacional.

Cuarta. En el análisis de 2002 a 2009 se observa que la RMM por causas obstétricas indirectas casi se duplicó en los últimos cinco años. La RMM a causa de enfermedades respiratorias que complican el embarazo, parto y puerperio pasó de 0.40 en 2002 a 10.20 en 2009, por lo que las causas obstétricas indirectas ocuparon por primera vez, el primer lugar dentro de la mortalidad materna, desplazando a la enfermedad hipertensiva y a la hemorragia obstétrica al segundo y tercer lugares, respectivamente. Todo esto se debió en gran medida al problema que aquejó a los mexicanos por causa del virus de influenza H1N1.

De los 30.7 millones de mujeres en edad reproductiva que habitaban en la República Mexicana en 2010, poco más del 21 por ciento se encontraba en localidades con menos de 2,500 habitantes, lo que dificultaba la disminución consistente y sostenida de la mortalidad materna. En 2010 más de la mitad de las muertes maternas se presentaron en siete entidades: Estado de México, Veracruz, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Puebla y Oaxaca, las cuales se caracterizan por concentrar la mayor proporción de habitantes del país y varias de ellas cuentan con una población con altos y muy altos grados de marginación, así como una cantidad importante de localidades rurales aisladas.

Como se observa en la tabla previa, la primera causa de mortalidad como enfermedad única son los trastornos hipertensivos del embarazo. Es necesario atender esta situación, ya que, si se mejora la atención de estos problemas en el embarazo, la mortalidad materna disminuiría considerablemente, y por tanto, se podría alcanzar a cumplir la meta correspondiente a mortalidad materna dentro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

Los países cuyas tasas de mortalidad materna ya eran bajas en 1990 han logrado nuevos progresos, pero aún queda mucho por hacer. Para reducir esa tasa en los países más afectados, deberán destinarse más recursos encaminados a lograr que la mayoría de los partos sean atendidos por médicos, enfermeras o parteras capacitadas para prevenir, detectar y tratar las complicaciones obstétricas. Cuando se presentan problemas, las mujeres deben tener la posibilidad de llegar a tiempo a un centro médico plenamente equipado.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que intensifiquen las acciones para la prestación de servicios de atención médica integral de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, el parto y el puerperio, garantizando la atención oportuna, de calidad idónea y en condiciones de seguridad a todas las mujeres, con la finalidad de disminuir la mortalidad materna para cumplir con la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Palacio Legislativo, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

CANCELACION DEL REGISTRO DE ENDOSULFAN EN MEXICO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo relativos a la cancelación del registro de endosulfán en México, en cumplimiento del Convenio de Estocolmo

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e), y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 26 de febrero de 2013, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó Proposición con Puntos de Acuerdo, relativo a la cancelación del registro de endosulfán en México, en cumplimiento del Convenio de Estocolmo.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Proposición con Puntos de Acuerdos fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y Dictamen correspondiente.

III. Contenido

1. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud para que por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a corto plazo cancele los permisos de importación de endosulfán en México, y se inicie el procedimiento administrativo para la cancelación definitiva de las autorizaciones de uso otorgadas, antes de la Sexta Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo a celebrarse del 28 de abril al 11 de mayo del 2013, con el fin de reportar los avances en la implementación de la decisión SC-5-4 , y lograr así una mejor protección a la salud de la población y el medio ambiente en nuestro país.

2. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que desarrolle y aplique un programa para la difusión e implementación de alternativas al endosulfán que incluya opciones no químicas, considerando la decisión S-C 5/4: Programa de Trabajo sobre Endosulfán, con las recomendaciones e informes del Comité de Revisión de COPs y las experiencias de expertos y organizaciones de productores en manejo agroecológico de plagas, agricultura orgánica; así como la coordinación y participación de universidades, centros de investigación, empresas que ofrecen insumos no químico-sintéticos para el control de plagas, y grupos ciudadanos y ambientalistas, con el fin de que se establezcan apoyos para una mayor difusión y capacitación sobre estas alternativas a las organizaciones de productores en el país.

IV. Consideraciones

Primera.Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4°:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El endosulfán es un plaguicida manufacturado. Se usa para controlar una variedad de insectos en cosechas de alimentos tales como cereales, té, frutas y hortalizas y en cosechas no-comestibles como por ejemplo tabaco y algodón. También se usa como preservativo para madera. El endosulfán se vende como una mezcla de dos formas diferentes (llamadas a-y ß-endosulfán). Es un sólido de color crema a pardo en forma de cristales o de escamas.

Tercera. El Instituto Nacional de Ecología (INE) elaboró un “ Diagnóstico sobre la situación del endosulfán en México” que reúne información y consta de una revisión detallada de la situación altamente riesgosa de este plaguicida en México, incluyendo: usos actuales y toxicidad; cantidades importadas y exportadas; evaluación de la problemática en el país y estudios científicos; así como información sobre posibles sustitutos menos tóxicos y control de plagas sin agroquímicos en sus diferentes usos.

Se ha demostrado que el endosulfán es altamente tóxico en forma aguda por vías oral e inhalatoria, así como ligeramente tóxico por vía dérmica. Este compuesto afecta fuertemente el sistema nervioso y sus efectos neurotóxicos han sido observados tanto en animales en estudios agudos, subcrónicos y crónicos, como en seres humanos por exposición ocupacional o intencional. La intoxicación aguda por endosulfán puede resultar en irritabilidad, inquietud, espasmos musculares, convulsiones y muerte.

El endosulfán es lipofílico y se acumula y biomagnifica en las cadenas alimenticias; a nivel internacional ha sido detectado en alimentos lácteos, carne, pollo, aceite vegetal, cacahuates, semillas, frutas, miel, arroz y diferentes hortalizas. Y derivado de esta situación, se han encontrado residuos de este peligroso químico y sus metabolitos, en sangre humana, el cordón umbilical, placenta, leche materna y tejido adiposo en diversos países.

Cuarta. En esta materia el día 22 de mayo de 2001, México suscribió con la Comunidad Internacional el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, para la protección de la salud humana y del medioambiente de los efectos de los compuestos químicos que permanecen por largos periodos en el medioambiente, que se distribuyen ampliamente geográficamente y que se acumulan en los tejidos grasos de humanos y animales silvestres. La exposición a estos compuestos puede resultar en problemas graves de salud, como algunos cánceres, defectos de nacimiento, sistemas inmunológicos y reproductivos deficientes, entre otros, mismo que fue ratificado por el Senado de la Republica el Día 17 de octubre de 2002, el cual hasta la fecha no se ha cumplido por nuestro país.

Quinta. Dentro del los trabajos realizados en la Quinta Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo, celebrada del 25 al 29 de abril del 2011, nuestro país aprobó la decisión SC-5/3, por la que se enlistó al endosulfán de calidad técnica y sus isómeros conexos en el Anexo A del Convenio para su eliminación mundial con exenciones limitadas y específicas, para cumplir con el objetivo del Convenio que es proteger la salud y el medio ambiente.

Esta decisión SC-5/3, estuvo basada en la recomendación del Comité de Revisión de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), en la cual se pudo demostrar por un cuerpo de expertos, que el endosulfán cumple con las características de toxicidad, persistencia, bioacumulación, y transporte a grandes distancias; asimismo, se realizaron los estudios de perfil de riesgo y evaluación de riesgo donde se consideran las distintas opciones para su restricción o eliminación a nivel internacional, incluyendo las alternativas químicas y no químicas, su eficacia, accesibilidad, costos e impactos socioeconómicos.

Sexta. Empresas multinacionales químicas-farmacéuticas se comprometieron en el año 2009 a concluir con la distribución del plaguicida Endosulfán en el año 2010 y a reemplazar a este tóxico por alternativas más seguras, que hasta la fecha no se han cumplido.

Séptima. El continuar permitiendo el uso del endosulfán en México, pone al país en riesgo de convertirse en receptor creciente de este plaguicida contaminante al cerrarse su mercado en Europa, América del Norte y varios países de América del Sur, y le da a México una imagen negativa en los mercados de consumidores de productos mexicanos importados.

Octava. Actualmente existe un abanico de alternativas viables para la sustitución del endosulfán en México, como lo demuestra su prohibición en países con cultivos y climas parecidos al nuestro; ente ellas, la experiencia de alternativas al control de plagas del café, donde antes era ampliamente usado. Estas alternativas incluyen no solo sustitutos de insecticidas y acaricidas químicos y no químicos que ya ofrecen otras empresas de control de plagas, sino también un creciente número de experiencias exitosas de manejo integrado de plagas, de manejo agroecológico de plagas y de agricultura orgánica.

Bajo estas consideraciones, la Comisión de Salud da cuenta que los objetivos que fundamentan y motivan la presente Proposición con Puntos de Acuerdo son viables.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud para que por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a corto plazo cancele los permisos de importación de endosulfán en México, y se inicie el procedimiento administrativo para la cancelación definitiva de las autorizaciones de uso otorgadas, antes de la Sexta Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo a celebrarse del 28 de abril al 11 de mayo del 2013, con el fin de reportar los avances en la implementación de la decisión SC-5-4 , y lograr así una mejor protección a la salud de la población y el medio ambiente en nuestro país.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que desarrolle y aplique un programa para la difusión e implementación de alternativas al endosulfán que incluya opciones no químicas, considerando la decisión S-C 5/4: Programa de Trabajo sobre Endosulfán, con las recomendaciones e informes del Comité de Revisión de COPs y las experiencias de expertos y organizaciones de productores en manejo agroecológico de plagas, agricultura orgánica; así como la coordinación y participación de universidades, centros de investigación, empresas que ofrecen insumos no químico-sintéticos para el control de plagas, y grupos ciudadanos y ambientalistas, con el fin de que se establezcan apoyos para una mayor difusión y capacitación sobre estas alternativas a las organizaciones de productores en el país.

Palacio Legislativo, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

PROBLEMA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA QUE PRESENTAN LOS HABITANTES DE LA REGION ORIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobernador y a la Secretaría de Salud de Michoacán a atender de forma prioritaria el problema de insuficiencia renal crónica que presentan los habitantes de la región oriente del estado

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e), y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen del punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción del punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 12 de Marzo de 2013, la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador y a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, para que atiendan de forma prioritaria el problema de insuficiencia renal crónica que presentan los habitantes de la región oriente del estado de Michoacán.

2. Con misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el asunto a la Comisión de Salud, para dictamen.

III. Contenido de la propuesta

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Michoacán, que ordene, en uso de sus facultades, elaborar un estudio exhaustivo en la región oriente del estado de Michoacán, con el objeto de conocer el origen y las causas de la enfermedad de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) que presentan los habitantes; así como la construcción de un centro de salud especializado en dicha enfermedad, y de una unidad de diálisis en la región oriente del estado.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Michoacán, doctor Fausto Vallejo Figueroa, para que a través de la Secretaría de Salud del estado, y con base en el numeral I, del artículo 13, envíe unidades móviles a las localidades de la región oriente con la finalidad de informar a los habitantes de estas localidades los síntomas y el tratamiento que conlleva la enfermedad de Insuficiencia Renal Crónica (IRC).

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. A nivel mundial la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) está considerada como enfermedad  catastrófica. Así como también es “silenciosa”, que no se detecta fácilmente pues los síntomas no son evidentes y no discrimina: raza, sexo, edad ni condición social; por lo que es considerada una epidemia a nivel mundial.

Este problema muestra una tendencia al incremento de su incidencia y prevalencia, con resultados poco prometedores y costos muy elevados.

Es la décima causa de muerte general en el país, la primera de internamiento en los hospitales y la segunda con la mayor cantidad de años de vida saludable perdidos.

La IRC es el síndrome clínico que resulta de la pérdida progresiva e irreversible de la estructura y consecuentemente de la función renal. Es un padecimiento crónico, irreversible y terminal de ambos riñones en la que el organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre y la persona requiere tratamiento de sustitución de la función renal para conservar la vida, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante.

Las causas más frecuentes de la IRC son: Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Nefritis, Estrés, Inadecuada alimentación, obesidad, factores hereditarios, entre otros.

La fundación nacional del riñón (NKF) en los Estados Unidos plantea la iniciativa para mejorar la calidad de los resultados para enfermedad renal (K/DOQI), que a su vez define a la enfermedad renal crónica como el daño renal o la disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG) menor a 60mL/min/1.73m2 por 3 o más meses. Independientemente de su causa, los resultados son destrucción de masa renal con esclerosis irreversible y pérdidas de nefronas, que a su vez dan lugar a la disminución de la tasa de filtración glomerular.

La K/DOQI publicó en 2002 la clasificación de las etapas de la enfermedad renal crónica, que son:

• Etapa 1: Daño renal con TFG normal o elevada (>90ml/min/1.73m2)

• Etapa 2: Reducción leve de la TFG (60-89 mL/min/1.73 m2)

• Etapa 3: Reducción moderada de la TFG (30-59 mL/min/1.73 m2)

• Etapa 4: Reducción severa de la TFG (15-29 mL/min/1.73 m2)

• Etapa 5: Insuficiencia Renal (< 15 mL/min/1.73 m2 or dialysis)

Esta definición y clasificación de la enfermedad renal crónica permiten una mejor comunicación entre el gremio médico y facilita la intervención a distintas etapas.

Los pacientes con enfermedad renal etapas 1 a 3 usualmente no presentan síntomas. Las manifestaciones clínicas típicamente aparecen en las etapas 4 a 5.

Las medidas para los pacientes portadores de una enfermedad renal crónica deben enfocarse en lo siguiente:

• Retrasar o detener la progresión de la enfermedad renal

• Tratar las manifestaciones patológicas de la enfermedad renal

• Planificación de terapia de reemplazo a largo plazo.

La terapia de reemplazo renal es un término usado para abarcar los tratamientos de soporte de la vida para la insuficiencia renal. Como su nombre lo indica, estas medidas sustituyen las funciones que los riñones ya no realizan, e incluye: hemodiálisis, diálisis peritoneal, hemofiltración, hemodiafiltración y trasplante renal.

Las tasas de mortalidad asociadas a la hemodiálisis son llamativas e indican que la esperanza de vida de los pacientes que entran en hemodiálisis es notablemente acortada. En 2003, más de 69.000 pacientes en diálisis inscritos en el programa de enfermedad renal terminal fallecieron. La tasa de supervivencia a 5 años en pacientes con diálisis en Estados Unidos de América es aproximadamente del 35%, y 25% para pacientes con diabetes.

Tercera. En nuestro País en la pasada década se incrementó el número de pacientes con insuficiencia renal que requieren terapia sustitutiva, de 26 mil en el año 2000 a 130 mil al presente año.

De acuerdo al Estudio de Enfermedad Renal Crónica y su Atención Mediante Tratamiento Sustitutivo en México en el año 2010, para Michoacán se contemplaron 5092 casos, con una tasa de prevalencia de 1289 casos por millón de habitantes.

En el municipio de Hidalgo, que cuenta con 130,000 habitantes, aproximadamente se esperaron 155 casos en todo el municipio y de acuerdo al registro de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que se obtuvo de una encuesta realizada por la UNAM se encontraron 134 casos solo en la tenencia de San Pedro Jácuaro para la cual solo se esperaban 10 casos en los 7,500 habitantes con los que cuenta dicha comunidad

Asimismo, La Asociación de Enfermos de Riñón A.C. en el Municipio de Hidalgo describió la situación de la siguiente manera: «A principios de los años 90 se empezó a conocer de varios casos de insuficiencia renal crónica en el municipio, agudizándose a principios del año 2000, manifestándose esta enfermedad en niños de 2 a 3 años de edad principalmente y en un tiempo de 6 años de manera más crítica, ya que existen matrimonios con 2 o 3 hijos que padecen esta enfermedad, y de 3 a 4 pacientes por manzana con este padecimiento renal».

Cuarta. Los pacientes con enfermedad renal crónica generalmente progresan a enfermedad renal terminal. La tasa de progresión depende del diagnóstico subyacente, en la exitosa implementación de medidas preventivas secundarias, y en el paciente individual. El inicio oportuno de la terapia de reemplazo renal es imprescindible para evitar las complicaciones de la enfermedad renal crónica que puede conducir a una significativa morbilidad y la muerte.

El alto costo del tratamiento, puede significar la ruina de cualquier familia por lo que muchas personas no tienen los recursos necesarios para acceder al tratamiento adecuado y oportuno. Ha afectado el patrimonio de muchas familias que no cuentan con los servicios de seguridad social que los respalden y se han visto obligados a solicitar créditos de diferentes formas y ahora sufren endeudamientos imposibles de cubrir, por lo que tienen que deshacerse de sus bienes materiales.

A nivel mundial, en 2004 la prevalencia de pacientes en terapia de reemplazo renal era de aproximadamente 1 millón 800 mil pacientes, es decir, 215 pacientes por millón de habitantes; el 77% en diálisis y el 23% con un trasplante renal funcional.

La enfermedad renal crónica representa una de las enfermedades más costosas a nivel mundial en materia de tratamiento, y su costo continúa aumentando, hecho que constituye un reto económico para los sistemas de salud.

La IRC afecta de manera importante la fuerza laboral de una nación porque la participación productiva de los adultos entre 18 y 64 años que viven con la enfermedad se ve disminuida significativamente.

Un estudio holandés que siguió una cohorte por 12 meses concluyó que un gran número de pacientes con IRC queda desempleado antes de empezar la diálisis, pero que aquellos que tenían un empleo al inicio de la misma lo conservan.

Se espera que de 1990 a 2010 el costo de mantenimiento de la población en diálisis a nivel mundial incremente al menos de 200 billones de dólares a 1.1 trillón de dólares. Los costos de la diálisis varían en diferentes partes del mundo dependiendo de las condiciones locales del mercado, como la producción y distribución, la importación, la presencia o ausencia de proveedores locales y el poder de adquisición.

El costo de la hemodiálisis está determinado en gran medida por los costos fijos del espacio y el personal.

La implementación de servicios de diálisis en forma masiva representa una gran inversión de recursos económicos y humanos a corto, mediano y largo plazo para el sistema de salud. Un análisis reciente mostró que en Estados Unidos el sistema Medicare paga alrededor de 67,000 dólares por el tratamiento anual de diálisis de un paciente con IRC.

En 1998, Arredondo y colaboradores publicaron un análisis sobre costo-efectividad de las diferentes modalidades de TRR en un hospital de tercer nivel en México. Sus resultados indicaron que el costo por evento fue de 3.71, 57.95 y 8,778 dólares para la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal, respectivamente. El costo del manejo anual por paciente en hemodiálisis en centro hospitalario fue de 9,631 dólares; en diálisis peritoneal continua ambulatoria, de 5,643 dólares; y en trasplante renal, de 3,021 dólares. Con respecto a la efectividad, la sobrevida del injerto fue de 89.9% y 79.6% a uno y tres años, respectivamente; mientras que la sobrevida en los pacientes en DPCA fue de 86.2% y 66.9% a uno y tres años, respectivamente. Los autores concluyeron que la mejor intervención en términos de costo-efectividad es el trasplante renal.

El diagnóstico y tratamiento oportunos de la causa subyacente y/o la instalación de medidas preventivas secundarias es mandatorio en pacientes con enfermedad renal. Esto pudiera retrasar, o posiblemente detener, la progresión de la enfermedad.

Resulta evidente la necesidad de desarrollar prácticas médicas accesibles y eficientes, así como de crear estrategias de salud costo-efectivas que formen parte de una política pública de atención a la IRC en nuestro país, garantizando la salud y calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Michoacán, doctor Fausto Vallejo Figueroa, que ordene, en uso de sus facultades, elaborar un estudio exhaustivo en la región oriente del estado de Michoacán, con el objeto de conocer el origen y las causas de la enfermedad de Insuficiencia Renal Crónica que presentan los habitantes; así como la construcción de un centro de salud especializado en dicha enfermedad, y de una unidad de diálisis en la región oriente del estado.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Michoacán, doctor Fausto Vallejo Figueroa, para que a través de la Secretaría de Salud del estado, envíe unidades móviles a las localidades de la región oriente con la finalidad de informar a los habitantes de estas localidades los síntomas y el tratamiento que conlleva la enfermedad de Insuficiencia Renal Crónica.

Palacio Legislativo, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

CAMPAÑA MASIVA DE COMUNICACION PARA PROMOVER EL USO DE CONDON FEMENINO Y DISTRIBUIRLO GRATUITAMENTE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a difundir a través de una campaña masiva de comunicación el uso de condón femenino y distribuirlo gratuitamente

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157 fracción I y 158 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 14 de marzo de 2013, el diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Ssa, a que difunda a través de una campaña masiva de comunicación el uso del condón femenino y lo distribuya de forma gratuita a la población.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Salud a desarrollar una campaña masiva del uso del condón femenino y a su distribución gratuita.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... Y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución .

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El condón femenino es una funda transparente, blanda y resistente hecha de poliuretano, con dos anillos de plástico uno en cada extremo. El anillo del extremo cerrado se usa para facilitar la inserción y mantener el condón adherido al cuello uterino, el del extremo abierto es más ancho y permanece fuera de la vagina cubriendo los genitales de la mujer. Protege el contacto directo del pene con la vagina, evita el paso de los espermatozoides al conducto cervical, además de proteger contra las infecciones de transmisión sexual incluyendo VIH/sida.

Los condones femeninos previenen los embarazos, ya que cubren el interior de la vagina. Recogen el líquido preeyaculatorio y el semen cuando un hombre eyacula. Esto impide que el esperma ingrese en la vagina. Los embarazos no se pueden producir si los espermatozoides no fecundan los óvulos.

Ya que cubren el interior de la vagina o el ano, y evitan que ingrese el semen y el líquido preeyaculatorio, los condones reducen el riesgo de infecciones de transmisión sexual.

Como todos los métodos anticonceptivos, el condón femenino es más eficaz cuando se usa correctamente.

• Si lo usan siempre de manera correcta, anualmente sólo quedan embarazadas cinco de cada 100 mujeres.

• Si no lo usan siempre de manera correcta, anualmente quedan embarazadas 21 de cada 100 mujeres.

La eficacia también es una preocupación en lo que respecta al sexo más seguro. El condón femenino también reduce el riesgo de contraer muchas enfermedades de transmisión sexual, incluso el VIH.

El uso del condón femenino es seguro, simple y conveniente. Tanto mujeres como hombres prefieren los condones femeninos por las siguientes causas:

• Permiten a las mujeres compartir la responsabilidad de prevenir infecciones.

• Se consiguen fácilmente; se pueden comprar en farmacias y en algunos supermercados.

• Los pueden usar personas alérgicas al látex.

• Se pueden usar con lubricantes a base de agua o aceite.

• No tienen ningún efecto sobre las hormonas naturales de la mujer.

• No requieren de una receta médica.

• Permanecen en el lugar independientemente de si el hombre mantiene su erección o no.

Tercera. En su argumentación el promovente señala:

 “Este preservativo puede usarse con 6 u 8 horas de antelación a la relación sexual, lo cual lo hace más práctico, además tiene la misma función del preservativo masculino de protección, cuidado de la pareja y así evitar enfermedades de transmisión sexual (VIH, gonorrea, virus del papiloma humano (VPH) o embarazos no deseados.

Cabe mencionar que las enfermedades de transmisión sexual atacan por igual a hombres y mujeres, aunque en muchos casos los problemas de salud que provocan pueden ser más graves en las mujeres, en especial si están embarazadas, es por ello que debemos de reeducarnos en materia de salud sexual y reproductiva.

Con relación a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha calculado una incidencia de 340 millones de casos anuales de infecciones de transmisión sexual curables, en México, se estima que la mayor tasa de incidencia en infecciones es por el virus del papiloma humano, con casi 24 casos por cada 100 mil habitantes, donde 30 por ciento de los mexicanos ha padecido alguna infección de transmisión sexual (ITS) con edades de entre 18 y 30 años.

Sólo por mencionar algunas de estas enfermedades con un mayor número de infectados son la candidiasis, tricomoniasis, la vulvovaginitis, sífilis, gonorrea y clamidia, de acuerdo con cifras de los últimos estudios proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).”

Cuarta. El condón femenino, a pesar de su desarrollo y evolución, sigue siendo más costoso y más difícil de conseguir por parte de quienes desean utilizarlo. Incluso las instituciones que obsequian el condón masculino no distribuyen masivamente la opción femenina lo cual nos obliga a la concientización de la protección de la mujer en la decisión de usar preservativo aún cuando la pareja no desee hacerlo, la mujer puede usarlo con anticipación de por lo menos 8 horas previas al contacto sexual.

Este preservativo femenino representa la evolución en la forma de vida de una mujer ya que no solamente deja de usar pastillas anticonceptivas sino que evita adquirir una ITS.

Ante estas consideraciones, la Comisión de Salud toma a bien que esta proposición con punto de acuerdo sea viable, ya que se propone exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a que difunda a través de una campaña masiva de comunicación el uso del condón femenino lo que disminuirá el riesgo de embarazos no deseados así como el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a difundir a través de una campaña masiva de comunicación el uso del condón femenino y, asimismo, a distribuir masiva y gratuitamente este tipo de preservativo a la población para promover su uso.

Notas:

1 Definición en la NOM-005-SSA2-1993, De los servicios de planificación familiar

2 http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/anticoncepcion/condon-femen ino-4223.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

CANDIDATURA DE MEXICO COMO MIEMBRO NO PERMANENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS DURANTE EL PERIODO 2021-2022

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados manifiesta su beneplácito y respalda la candidatura de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas durante el periodo 2021-2022

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnada para análisis y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía manifiesta su beneplácito y respalda la candidatura de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el periodo 2020-2021, presentada por la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

1. En sesión del pleno del 21 de marzo de 2013, la diputada Adriana González Carrillo presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

2. En la referida fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordó que se turnase a la Comisión de Relaciones Exteriores, para estudio y dictamen correspondientes.

Contenido

Propone que la Cámara de Diputados manifieste su beneplácito y respalde la candidatura de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 2020-2021.

Metodología

La comisión realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictamen.

Consideraciones

Primera.La diputada Adriana González destaca en la exposición de motivos las siguientes consideraciones:

Menciona que México como miembro fundador de la ONU se ha labrado un prestigio importante a lo largo de más de 65 años de participación ininterrumpida de esta organización mundial. Sin embargo, la participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad se limitó a sólo dos periodos (1946 y 1980-1981).

Sin embargo, considera que en un mundo sumamente globalizado es difícil ubicar un asunto completamente ajeno al interés nacional y que la participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad reflejaría el lugar que ocupa el país en la distribución internacional del poder político y económico.

Apunta que esta voluntad de participar en el órgano más importante para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales reflejaría la voluntad del país de ser un actor responsable en la comunidad internacional y una nueva jerarquización de nuestros principios de política exterior.

Al respecto, la comisión concuerda con las apreciaciones de la diputada promovente en el sentido de que la participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU consolidaría un nuevo enfoque del quehacer internacional del país y evocaría una política exterior responsable, activa y comprometida.

La única observación que la comisión realiza es que el periodo para el cual la postulación de México está registrada es el 2021-2022, elección que se realizará durante el septuagésimo quinto periodo de sesiones de la ONU, en 2020. Por lo anterior se hace el ajuste pertinente en el resolutivo de este dictamen.

Conclusiones

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con base en las consideraciones que anteceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta su beneplácito y respalda la candidatura de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas durante el periodo 2021-2022.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado (rúbrica), Fernando Zárate Salgado, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinosa, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

EXHORTO AL GOBIERNO DE TLAXCALA A RESPETAR Y PROMOVER LA LIBERTAD DE EXPRESION Y GARANTIZAR LOS DERECHOS Y LA INDEPENDENCIA DE LOS PERIODISTAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Tlaxcala a respetar y promover la libertad de expresión y garantizar los derechos y la independencia de los periodistas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente

Dictamen

I. Antecedentes:

1.El 11 de abril de 2013, la diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Tlaxcala a respetar y promover la libertad de expresión y garantizar los derechos y la independencia de los periodistas.

2.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

Primero. El punto de acuerdo en comento persigue que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno de Tlaxcala a respetar y promover la libertad de expresión, así como a garantizar los derechos y la independencia de los periodistas.

Segundo. El punto de acuerdo pretende se exhorte [...] a los 13 Congresos locales de los estados en donde aún se castiga penalmente la difamación, con el objeto de que deroguen dichos tipos penales.

Tercero. Se pretende que se turne a la Comisión de Derechos Humanos el caso de la detención del director del periódico [...] e-consulta en Tlaxcala para que se hagan las investigaciones necesarias y se determine si el gobierno del estado violó las garantías individuales del periodista.

Cuarto. Se pretende se invite al Congreso de la Unión para hacer a la brevedad las adecuaciones legislativas que permitan la aplicación de la nueva facultad de atracción otorgada a la Federación para que investigue de los delitos cometidos a periodistas por su ejercicio de libertad de expresión aunque se traten de crímenes de competencia de los Estados. Asimismo, se indica que los gobiernos estatales deben hacer las adecuaciones legislativas y de política pública que hagan operable la facultad otorgada a la Federación.

III. Consideraciones de la diputada proponente

La promovente del punto de acuerdo que se dictamina, sustenta su pretensión con base en los siguientes argumentos:

1. Cita la detención de Martín Ruiz Rodríguez, director del periódico digital e-consulta ocurrida el 7 de abril de 2013 en Tlaxcala, tras la acusación por el delito de difamación en contra del Oficial Mayor del Gobierno de Tlaxcala, Ubaldo Velasco Hernández, quién se consideró agraviado por las referencias a su persona que aparecieron en la columna Señorío Tlaxcalteca.

2. La promovente señala que [...] el organismo internacional Article 19 destaca que las frases consideradas difamantes son parte del discurso considerado protegido por el derecho internacional y que su limitación sólo puede darse al superar la llamada prueba tripartita (estar en ley; ajustarse a fines legítimos del derecho internacional y tener una sanción necesaria y proporcional en un Estado democrático) y mediante un juicio donde se analicen las manifestaciones consideradas abusivas y la comprobación de un daño (responsabilidad ulterior).

3. De igual forma menciona que [...] a nivel federal los delitos en contra del honor fueron derogados en el año 2007. Además de Tlaxcala, existen 12 estados que mantienen los delitos contra el honor (difamación, calumnia y/o injuria) oponiéndose a las recomendaciones internacionales que señalan la necesidad de su eliminación.

4. Precisa la promovente que [...] el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así como las Relatorías sobre Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA has (sic) señalado puntualmente la necesidad de que México elimine los delitos contra el honor, y hacer (sic) adecuaciones a las leyes civiles que permitan la protección del derecho al honor sin que sirvan para inhibir el ejercicio del derecho de libertad de expresión.

5. Refiere también que el gobierno Mexicano en 2006, [...] creó una Fiscalía Especial en respuesta a la ola de violencia en contra de la prensa en México, posteriormente fue renombrada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en aras de generar un círculo de protección legal, procedimental y operativo que pudiera frenar el dramático aumento de violencia contra periodistas.

6. Señala que el no despenalizar la difamación, injuria y la calumnia en 13 entidades federativas, [...] no sólo significa un medio de censura sino que ha servido como pretexto para la privación ilegal de la libertad de periodistas y afectaciones a la integridad personal y limitar (sic) el libre flujo de información, necesaria en una sociedad democrática, como la ocurrida el pasado 7 de Abril con el director del periódico digital e-consulta en Tlaxcala.

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos, después de haber realizado un análisis exhaustivo de los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo sujeta a estudio, emite el presente dictamen en sentido positivo, fundada en los siguientes motivos:

A. Se aprecia del planteamiento señalado por la promovente que en el asunto que refiere, existe un conflicto derivado de la ausencia, a nivel estatal, de una legislación que sea armónica con la legislación federal y, por ende con disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que, como consecuencia, motiva la adopción de diversas interpretaciones en la aplicación de la ley, mismas que dan pauta a distorsiones o falsas visiones de aquello que está permitido por la misma y lo que no lo está.

Para explicar lo anterior, cabe partir de que la libertad de expresión es una de las más preciadas libertades del ser humano que debe garantizarse por el Estado en los términos más amplios, por lo que toda limitación a la misma debe de ser razonada, proporcional y congruente con los propósitos de un Estado democrático.

A nivel internacional ese derecho se enmarca en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (vinculante para México) que, en su artículo 19 fracciones, I y II, indica:

Artículo 19

1.Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2.Toda persona tienederecho a la libertad de expresión; este derecho comprende lalibertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección (subrayado nuestro).

En ese tenor la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su artículo 19 expresa:

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a lalibertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el deno ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. (Subrayado nuestro).

De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la OEA, de la cual México forma parte, señala que no sólo la censura previa limita el libre flujo de información, sino también responsabilidades posteriores a la expresión, como la difamación.

Así, en su 108 periodo de sesiones, realizado en octubre de 2000, la Comisión Interamericana aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que en sus artículos 10 y 11 precisa lo siguiente:

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público.La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato”atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. (Subrayado nuestro).

Como resultado de esos avances en el derecho internacional (soft law), el Estado Mexicano derogo a nivel federal los tipos penales de “difamación, calumnia e injurias”, los llamados delitos contra el honor, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007.

No obstante, aún subsisten en diversas entidades federativas aquellos tipos penales, porque no han adecuado sus marcos normativos en materia penal a la citada reforma y, sobre todo, a los avances que en materia de derechos humanos se han logrado a nivel internacional. Tal es el caso del Estado de Tlaxcala.

En ese contexto, se estima que las transgresiones a la libertad de expresión a lo largo del territorio nacional, obligan a realizar acciones para que no siga persistiendo un marco jurídico intolerante frente a una de las más preciadas libertades del hombre: la de expresión.

Así, se considera que los Estados del país que aún no han legislado para armonizar su codificación con la federal y con los instrumentos internacionales señalados en el rubro indicado, deben hacerlo en aras de garantizar la máxima protección de derechos a los gobernados.

Con base en lo anotado, cabe entonces hacer dos precisiones:

1. Efectivamente, las entidades federativas están obligadas a armonizar, dentro de su régimen interior, su legislación con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sustentado en la determinación constitucional que así lo determina.

2. Esta Comisión de Derechos Humanos condena cualquier acto que vulnere los derechos humanos de las personas, sin embargo, frente al caso que refiere la diputada promovente esta dictaminadora debe señalar que estima improcedente el exhorto al Gobernador de la referida entidad federativa porque, las autoridades que dependen del Ejecutivo actuaron atendiendo a la normatividad vigente en esa entidad.

B. Ahora bien , considerando que la promovente plantea en su proposición que se turne a la Comisión de Derechos Humanos el caso de la detención del director del periódico [...] e-consulta en Tlaxcala para que se hagan las investigaciones necesarias y se determine si el gobierno del estado violó las garantías individuales del periodista,esta Comisión de Derechos Humanos, estima conveniente señalar que no aparece determinado a cuál Comisión de Derechos Humanos se refiere la promovente, sin embargo, dada la referencia de que la intervención de esa Comisión sea para realizar las investigaciones correspondientes a la violación de derechos humanos, se infiere se trata del organismo protector de esas prerrogativas a nivel nacional, por lo que, en atención a la normatividad que regula a dicho organismo, no corresponde a la Cámara de Diputados turnarle algún asunto ya que para ello se prevé la presentación de una queja que, en este caso, debe ser presentada directamente por el director del periódico e-consulta en Tlaxcala ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por ser este el órgano competente.

Cabe señalar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con el “Programa de agravio a periodistas y defensores civiles” el cual busca proporcionar atención personalizada a los colaboradores de los medios de comunicación, con la finalidad de fortalecer la creación de un frente común en la defensa de los derechos humanos; por ello este programa tiene como principal objetivo atender las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de periodistas, procurando con ello que las autoridades se comprometan a respetar los derechos de éstos y adquirieran mayor sensibilidad ante las actividades realizadas por los periodistas.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único.Se exhorta respetosamente a los Congresos locales de las entidades federativas en donde se tipifica la difamación y otros delitos contra el honor, los deroguen e implementen las medidas legislativas para armonizar los ordenamientos locales con las prevenciones internacionales y nacionales en la materia. .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica en contra), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica en contra), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica en contra), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica en contra), René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica en abstención), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria, Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

FACULTAD PARA QUE EL PASAJERO RECUPERE LOS PRODUCTOS QUE LE SEAN CONFISCADOS EN LOS AEROPUERTOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a las autoridades competentes a incluir en la Guía Completa de las Nuevas Medidas de Seguridad en los Aeropuertos la facultad para que el pasajero recupere los productos que le sean confiscados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a las autoridades competentes a incluir en la Guía Completa de las Nuevas Medidas de Seguridad en los Aeropuertos la facultad para que el pasajero recupere los productos que le sean confiscados en los puntos de seguridad, presentada por el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, expediente 1499.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158, 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 12 de marzo de 2013, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las autoridades competentes a incluir en la Guía Completa de las Nuevas Medidas de Seguridad en los Aeropuertos la facultad para que el pasajero recupere los productos que le sean confiscados en los puntos de seguridad.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dictó trámite: “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”.

3. Con fecha 21 de marzo de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar a la Subcomisión de Transporte Aéreo, para la elaboración del predictamen correspondiente, la presente proposición con punto de acuerdo.

Derivado de lo anterior, la comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con objeto de expresar sus observaciones y comentarios sobre ella e integrar el presente dictamen.

Contenido de la propuesta con punto de acuerdo

De acuerdo con información del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, AICM, la lista de objetos prohibidos en el equipaje de mano se compone de los siguientes artículos: armas de fuego o sus réplicas, explosivos, pirotécnicos, objetos punzantes, punzocortantes, contundentes, corto contundentes, sustancias químicas, biológicas, radiológicas tóxicas y todos los líquidos en cantidades mayores de 100 ml (3.4 oz).

En la mayoría de los casos, la autoridad encargada de realizar la revisión toma el objeto prohibido y lo retiene, dado que el viajero se encuentra en una situación de desventaja, al tener que pasar a la sala de espera, debe dejar el artículo sin ninguna garantía de poder recuperarlo.

De acuerdo con la Guía Completa de las Nuevas Medidas de Seguridad  en los Aeropuertos, si el pasajero lleva consigo líquidos, geles o aerosoles mayores de 100 ml no podrá ingresar con ellos, “deberá depositarlos en los contenedores ubicados en los puntos de inspección para su destrucción, por lo que se recomienda que estos sean transportados en su equipaje documentado”.

Dado que no hay un monitoreo eficiente de la conducta de las personas encargadas de los puntos de seguridad nada garantiza que los objetos en realidad son desechados y que no terminan en manos de otros individuos.

Con este tipo de políticas se ha decidido omitir deliberadamente que el usuario de un avión es a final de cuentas un cliente y como tal, merece condiciones que le propicien un trato digno y eficiente.

Por ello se considera conveniente la creación de reglas que permitan al pasajero la posibilidad de recuperar los productos confiscados al regresar al aeropuerto o en su defecto, otorgarle al mismo la facultad de designar a un tercero que pueda hacerlo.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizo el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La presidencia de la Comisión de Transportes turnó a la Subcomisión de Transporte Aéreo y ésta, en la reunión del 11 de abril del presente año, llego a la conclusión que comparte la inquietud del legislador autor de la proposición, en el preocupante  hecho de que los usuarios del servicio de aerotransporte, continuamente sean obligados a dejar en las terminales aéreas, Aquellos productos prohibidos en el equipaje de mano de los usuarios de este importante servicio.

Opinión jurídica

Por tratarse de una medida de seguridad, la propuesta de que se incluya un procedimiento dentro de la Guía Completa de las Nuevas Medidas de Seguridad en los Aeropuertos, o bien mediante el reglamento interno que emita cada aeropuerto, para la recuperación de los bienes de consumo que normalmente los viajeros utilizan durante su estancia en viajes de placer y de negocios, se ha convertido en una exigencia social pues por este hecho, en las revisiones de equipaje de mano se ven obligados a desprenderse de objetos que además de su valor forman parte de su uso  personal.

Se estima que cuando se impida al pasajero abordar la aeronave con algún objeto o sustancia, los mismos podrían ser resguardados durante un lapso de 15 o 30 días a opción del pasajero, mediante el pago de una contraprestación por concepto de manejo y almacenaje de los objetos o sustancias; con la posibilidad de autorizar a un tercero para que este pueda recoger el objeto o sustancia materia del resguardo.

En caso de que el pasajero se abstenga de efectuar el pago correspondiente, los objetos podrán ser materia de destrucción, reciclaje o entregados a la beneficencia pública.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes se pronuncian en favor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados hace un atento exhorto al secretario de Comunicaciones y Transportes, y a las autoridades competentes a que se incluir en la Guía Completa de las Nuevas Medidas de Seguridad en los Aeropuertos la facultad para que el pasajero recupere los productos que le sean confiscados en los puntos de seguridad, debido a su catalogación como artículos prohibidos durante un vuelo, al regresar al aeropuerto, o en su defecto, otorgarle la posibilidad de designar a un tercero que pueda recoger los objetos retenidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 16 de abril de 2013.

La Comisión de Transportes, diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez.»

EXHORTO A FORTALECER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD RESPECTO AL EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS EN EL AICM

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a la PGJDF y a las autoridades aeroportuarias a fortalecer las medidas de seguridad respecto al equipaje de los pasajeros en el AICM

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como a las autoridades aeroportuarias, a fortalecer las medidas de seguridad necesarias en las aerolíneas, respecto a la seguridad del equipaje de los pasajeros, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, presentada por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, expediente 1460.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 y 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 7 de marzo de 2013, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, integrante del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal, a la SCT, a la PGJDF, así como a las autoridades aeroportuarias, a fortalecer las medidas de seguridad necesarias en las aerolíneas, respecto a la seguridad del equipaje de los pasajeros en el AICM.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite: Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen.

3. Con fecha 21 de marzo de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar a la Subcomisión de Transporte Aéreo para la elaboración del pre dictamen correspondiente, la presente proposición con punto de acuerdo.

Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Contenido de la propuesta con punto de acuerdo

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la puerta de entrada comercial y turística a nuestro país, sin lugar a duda con un papel muy importante en el desarrollo de la economía en México y definitivamente una ventana hacia el mundo.

Con un movimiento operacional de 1 millón 500 mil pasajeros nacionales y 800 mil pasajeros internacionales, así como un movimiento de 25 mil operaciones nacionales y 8 mil operaciones internacionales, cifras que corresponden tan solo a este año 2013, se encuentra entre los más concurridos de Latinoamérica y es uno de los 30 aeropuertos con más actividad en el mundo con lo que respecta a pasajeros, operaciones y cargamento.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez es el principal centro de conexión nacional e internacional de México, con vuelos diarios directos a más de 300 destinos en todo el mundo.

El robo de artículos de equipaje que documentan los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una lamentable constante. Personal que se encarga de trasladar las maletas documentadas a la bodega del avión sustraen cámaras fotográficas y de video, teléfonos celulares, joyas, artesanías, laptops, Xbox, lociones y hasta licores, entre otros muchos objetos personales.

Según lo que establece la Ley de Aviación Civil en el capitulo XII, “De la Responsabilidad por Daños”, particularmente en su sección primera, “De los Daños a Pasajeros, Equipaje y Carga”, en los artículos 61, 62, 64, 66, 67 y 69, los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte aéreo nacional, serán responsables por los daños causados a los pasajeros, a la carga y al equipaje en el transporte, será responsables del equipaje facturado desde el momento en que expida el talón correspondiente hasta que entregue el equipaje el pasajero en el punto de destino.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizo el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La Presidencia de la Comisión de Transportes turnó a la Subcomisión de Transporte Aéreo y ésta, durante la reunión del 11 de abril del presente año, llegó a la conclusión que comparte la inquietud del legislador autor de la proposición, en el preocupante  hecho de que los usuarios del servicio de aerotransporte, continuamente sean víctimas de la desaparición de sus pertenencias, ya sea pérdida total de maletas y porta equipaje, o en muchos casos, la sustracción de objetos de valor en las mismas maletas que son documentadas, para ser transportadas en la parte baja de los aviones.

La Ley de Aviación Civil, en el artículo 61 a la letra dice: Los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte aéreo nacional, serán responsables por los daños causados a los pasajeros, a la carga y al equipaje en el transporte. Y el artículo 62 de la misma Ley de Aviación Civil establece indemnización por la “destrucción o avería” del equipaje de mano y facturado, y por la “pérdida o daño del equipaje facturado” los concesionarios o permisionarios podrán pactar con los usuarios la responsabilidad, en los términos del artículo 65 de la ley citada.

Aún con las sanciones previstas en la legislación vigente, los robos, desapariciones o saqueos a los equipajes, han mostrado un crecimiento en los últimos años; las previsiones por parte de las empresas de servicios aéreos al contratar personal de confianza, son insuficientes para erradicar este problema que ha tomado dimensiones desconocidas, pues no se cuenta con información estadística de estos hechos.

Opinión jurídica

Se trata de una observación de carácter opcional, debe solicitarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que implementen las medidas necesarias a fin de resguardar adecuadamente el equipaje desde que es entregado en los mostradores de documentación y confirmación de vuelo, hasta que se entregan en la aeronave respectiva. La disuasión del delito tiene que ver con la política criminal que se implemente, no solo por las autoridades encargadas  de procurar justicia, si no de todas las dependencias y personas que tienen injerencia en derecho materia de estudio.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes se pronuncian a favor del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a las autoridades aeroportuarias a fortalecer las medidas de seguridad necesarias en las aerolíneas, respecto a la seguridad del equipaje de los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 16 de abril de 2013.

La Comisión de Transportes, diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Orrtuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Martín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez.»

RENOVAR LA NOM-012-SCT-2-2008 PARA REDUCIR EL PESO Y LAS DIMENSIONES MAXIMAS CON QUE LOS VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE PUEDEN CIRCULAR

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SCT a renovar la NOM-012-SCT-2-2008 para reducir el peso y las dimensiones máximas con que los vehículos de autotransporte pueden circular en las vías generales de comunicación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, a que renueve la NOM-012-SCT-2-2008, a efecto de reducir el peso y dimensiones máximas con los que puedan circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación, presentada por el diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, expediente número 1269.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 numeral 1, fracción VI, 81 numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158 y 167, numeral 4 y demás  aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 14 de febrero de 2013, el diputado Rafael Acosta Croda, integrante del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que renueve la NOM-012-SCT-2-2008, a efecto de reducir el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”.

3. Con fecha 21 de marzo de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar a la Subcomisión de Transporte Carretero de Carga, para la elaboración del predictamen correspondiente, la presente proposición con punto de acuerdo.

Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada proposición con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Contenido de la propuesta con punto de acuerdo

A lo largo de la historia el transporte ha sido una imperiosa dinámica en la vida de las sociedades. El transporte de personas o de mercancías debe ser regulado de tal forma que haga factible su realización en un marco de protección tanto a las personas (directa e indirectamente involucradas), a los bienes (propios y ajenos), y a los caminos (que para tal fin y otros más se construyen).

En este sentido, lamentablemente mucho han dejado que desear los resultados que arroja la legislación en esa materia. Aún y cuando su finalidad debe estar orientada a las características mencionadas, constantemente tenemos noticias de accidentes mortales ocasionados a consecuencia de la violación a la normatividad vigente; pero lo que es peor es que seguimos teniendo esas mismas noticias no obstante se acate las normatividad vigente. Y esto es así debido a que se debe de revisar, renovar y reducir el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación.

La Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008 especifica tales condiciones, sin embargo después de sus más de 4 años de vigencia ha demostrado su ineficacia, o por lo menos, ha dejado mucho que desear y cientos de familias mexicanas irremediablemente afectadas.

Incesantemente son difundidos los accidentes que ocurren en la carretera México-Toluca, como por ejemplo el ocurrido en octubre pasado en el que un tráiler, aparentemente por quedarse sin frenos, se impacto contra 8 automovilistas en la zona de Santa Fe en donde las ambulancias no se daban abasto para atender a tantas personas lesionadas, sin mencionar el caos vial originado por el cierre total de dicha arteria vehicular; o por el similar ahí acontecido apenas a finales de diciembre en donde al parecer por la misma causa un tráiler cargado con toneladas de arena se volcó generando un trauma vial inaudito.

Pero la realidad es que estos accidentes se dan en toda la república sin cesar y día con día. En mi estado, Veracruz, no hay una sola semana en que no se presenten accidentes de vehículos pesados excesivamente, en el tramo de la autopista México-Veracruz conocido como Las Cumbres de Maltrata. O que tal con los que se presentan en La Rumorosa de Baja California; o los de las Cañadas de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, o Tepic-Mazatlán, o más cerca aún, que tal los que ocurren constantemente en la México-Puebla.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud México ocupa el séptimo lugar mundial en muertes asociadas a accidentes automovilísticos, y el promedio diario de fallecidos en territorio nacional es de 55, lo que equivale a 20 mil cada año por esta situación.

Y es que no es necesariamente que un tráiler se quede sin frenos, es la imposibilidad de frenar para un vehículo de más de 22 metros de largo con doble semirremolque en la mayoría de los casos, con una carga de más de 32 toneladas de peso, desplazándose sobre una pendiente con 90 grados de inclinación, a más de 80 kilómetros por hora (Km/h), más las incidencias propias de la carretera, como oscuridad, asfalto húmedo, derrumbes, falta de señales, malas condiciones del camino originado por accidentes acontecidos con anterioridad, etcétera.

Compañeros legisladores, no podemos quedarnos ya más sin hacer nada o simulando hacer algo. Es menester reducir el peso y dimensiones máximas de los tractocamiones que transitan en las carreteras nacionales. Es impostergable reactivar el Sistema Ferroviario Mexicano pero no sólo en una parte de la república tal y como lo anunció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su toma de protesta, lo cual es loable y debemos apoyar con base en nuestra facultad como diputados federales de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación año con año: esta reactivación debe darse aunque gradualmente en todo el territorio nacional.

Bien podríamos como representantes populares empezar a revisar conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de la república la Norma Oficial Mexicana 012-SCT-2-2008 a efecto de lograr finalmente una disminución sustancial en el número de accidentes fatales que ocurren en las diversas carreteras de nuestro país, así como también ir tratando el tema de la reactivación del Sistema Ferroviario Mexicano.

Consideraciones

1. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

2. La Presidencia de la Comisión de Transportes, turnó a la Subcomisión de Transporte Carretero de Carga y ésta, durante la reunión del 11 de abril del presente año, llegó a la conclusión que comparte la inquietud del legislador autor de la proposición, en el preocupante hecho del número de accidentes, con lamentables pérdida de vidas que se presentan continuamente a lo largo y ancho de las carretas federales, muchos de ellos ocasionados por la sobrecarga de los camiones que circulan en ellas.

3. No obstante las revisiones que se han realizado de la norma de peso y dimensiones, en su definición ha prevalecido el interés particular de algunos grandes usuarios del transporte, por sobre el general del país, dejando de lado los argumentos eminentemente técnicos y de seguridad. Esta situación ha generado que en la norma vigente se autoricen pesos, en cada una de las configuraciones, muy superiores a los que se autorizan en los países con los que México tiene relaciones comerciales.

4. De acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Metrología y Normalización, el subcomité respectivo debería estar llevando a cabo los trabajos para la revisión quinquenal y, en su caso, modificación de la norma de peso y dimensiones, misma que culmina su vigencia el próximo 31 de mayo.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, se pronuncian a favor de los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno federal, para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe a esta soberanía sobre el avance de los trabajos realizados para la revisión quinquenal de la NOM-012-SCT-2-2008.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al gobierno federal, que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presente a esta soberanía un estudio comparativo respecto de los pesos y dimensiones máximas que se autorizan en los países con los que México tiene tratados o acuerdos comerciales.

Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno federal, para que en los trabajos de revisión de la NOM-012-SCT-2008, sean consideradas las opiniones y recomendaciones de expertos en la materia, avalados por las principales instituciones de educación de nuestro país, a efecto de garantizar que en los mismos prevalezcan los criterios de imparcialidad técnicos y de seguridad.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al gobierno federal, que se acredite la participación de representantes de esta soberanía en los grupos de trabajo encargados de llevar a cabo la revisión de la NOM-012-SCT-2-2008.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al gobierno federal para que, por conducto de las instancias correspondientes, se prorrogue la vigencia de la NOM-012-SCT-2-2008 actual, hasta en tanto no se concluyan los trabajos de su revisión. En el entendido de que todas las disposiciones transitorias contenidas en ella, han concluido su vigencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 16 de abril de 2013.

La Comisión de Transportes, diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez, Jorge Terán Juárez.»

APOYO A LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR A FIN DE QUE ADQUIERAN FERTILIZANTES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a otorgar de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable apoyo a los productores de caña de azúcar a fin de que adquieran fertilizantes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable, se otorguen los recursos a los productores de caña de azúcar para la adquisición de fertilizantes, presentado por la diputada Yazmín de los Ángeles Copéte Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD, el pasado 11 de abril de 2013.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 11 de abril de 2013, la diputada Yazmín de los Ángeles Copéte Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable, se otorguen los recursos a los productores de caña de azúcar para la adquisición de fertilizantes.

El 11 de abril de 2013 la Presidencia de la Cámara de Diputados, turnó mediante oficio DGPL. 62-II-4-612 y número de expediente 1758, la proposición antes mencionada para que esta Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego en uso de sus facultades legales, elabore el dictamen correspondiente.

Consideraciones

Que el gobierno federal tiene el mandato constitucional atreves del artículo 27 de nuestra Carta Magna, en su numeral XX de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Que la crisis que actualmente atraviesa la agroindustria azucarera mexicana es producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada por la entrada en competencia con edulcorantes, la especulación en los mercados internacionales y los cambios de hábitos alimenticios en la población. Ha impactado a toda la cadena productiva del sistema producto caña de azúcar.

Que el desarrollo de la industria de los fertilizantes en México está vinculado al desarrollo industrial del país, las primeras plantas que producen fertilizantes sintéticos se ubican en los primeros años de la segunda mitad del siglo XX.

En este periodo del desarrollo de la economía nacional se adoptó el modelo de sustitución de importaciones y se promovió la industrialización como motor del desarrollo del país.

La política del desarrollo industrial aplicada en México en el modelo de sustitución de importaciones, nos llevó a tener plantas productoras de fertilizantes a escala mundial y con las mejores tecnologías en capacidad instalada, para este periodo contábamos con gas natural para producir amoniaco, principal insumo para la fabricación de fertilizantes.

Con la aplicación del nuevo modelo de desarrollo económico del país en los primeros años de los años ochenta, la industria estatal de los fertilizantes se privatiza y paso a manos del capital privado, lo que llevó a que las nuevas condiciones del mercado mundial y la falta de políticas de estado provocó la disminución paulatina de la producción de fertilizantes y se incrementaron las importaciones.

Que las empresas privadas de fertilizantes son importadoras y comercializadoras, la gran industria de fertilizantes de los años setenta desapareció y México se convirtió en pocos años en un país que dependen totalmente de las importaciones en un área que debería ser estratégica.

Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación reconoció que en México se produce aproximadamente el 45 por ciento de los fertilizantes que se emplea en el campo agrícola, por lo que la demanda debe ser cubiertas por las importaciones, la compra de fertilizantes en el mercado mundial aumenta los altos costos de los insumos utilizados en su elaboración, sobre todo por el alto precio que se registra en el gas natural y sus derivados frenan la elaboración de fertilizantes.

En este sentido, la dependencia del gobierno federal subrayó que en México se tiene una capacidad instalada para generar 5.8 millones de toneladas métricas al año de fertilizantes, sin embargo sólo se elaboran aproximadamente 2 millones de toneladas métricas, por lo cual se recurre a la importación.

Pemex Petroquímica sólo produce amoniaco en Cosoleacaque, Veracruz (600 mil toneladas al año), mientras que las plantas de Salamanca y Camargo están inactivas ante la falta de la demanda del producto por parte de los industriales, en consecuencia aumentaron las importaciones de urea de países como Rusia y Ucrania.

Ante la falta de producción de fertilizantes el campo mexicano y en especial el campo cañero se ven afectados cada año en la producción, esto ha provocado que los rendimientos no aumenten y produzcamos caña de azúcar cara y que no es competitiva en el mercado mundial.

Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión, tenemos a bien poner a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que de acuerdo a la disponibilidad existente de recursos financieros del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se otorguen apoyos a los productores de caña de azúcar para la adquisición de fertilizantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Juan Bueno Torio, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Larsa (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.»

CERCOS SANITARIOS PARA CONTROLAR EL DAÑO QUE PUEDE PROVOCAR LA ROYA EN LOS CULTIVOS DEL CAFE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar por el Senasica cercos sanitarios para controlar el daño que puede provocar la roya en los cultivos del café

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través del  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, implementen cercos sanitarios para controlar el daño que la roya puede provocar en los cultivos de café en el país, a cargo del diputado. Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM, el pasado 20 de marzo del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 20 de marzo de 2013, el diputado Héctor Narcía Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senesica), implementen cercos sanitarios para controlar el daño que la roya puede provocar en los cultivos de café en el país.

El 20 de marzo de 2013 la Presidencia de la Cámara de Diputados, turnó mediante oficio DGPL. 62-II-4-549 y número de expediente 1564, la Proposición antes mencionada para que la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego en usos de sus facultades legales, elabore el dictamen correspondiente.

Consideraciones

Que la producción del cultivo del café en México, es uno de los productos agrícolas con mayor proyección a nivel nacional, dado que cuenta con un mercado internacional generando divisas importantes, por lo que cobra una relevante importancia en el sector primario; a nivel internacional ocupa el quinto lugar en producción con 4 o 5 millones de sacos por año, después de Vietnam, Brasil, Colombia e Indonesia.

Que las estadísticas del sector cafetalero señalan que en nuestro país el cafeto se cultiva principalmente en 12 entidades, Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro y Tabasco, en una superficie de 689 hectáreas.

Que coincidimos, en la preocupación de los productores dedicados a la cafeticultura, de poder contar con capacitación u orientación sobre las medidas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que afectan las plantaciones de café; bajo las circunstancias actuales y como consecuencia del cambio climático, responsable del origen de condiciones meteorológicas especiales propiciatorias de la difusión de la plaga, pues gracias a este se genera una combinación de altas temperaturas y lluvias.

Que la roya en este momento viene creando adversidades a la producción de este aromático por lo que es necesario establecer un cerco sanitario que impide una mayor diseminación de este hongo que es altamente patológico y daña seriamente las plantaciones, dado que defolia a los arboles impidiendo que el proceso natural de la fotosíntesis se lleve a cabo limitando la nutrición de la planta.

Que la participación de las dependencias del gobierno federal y estatal en coordinación con los productores es de suma importancia para establecer una mecánica de cooperación, con la finalidad de establecer un compromiso serio y obligado a establecer los lazos técnicos y económicos que limite la diseminación de la enfermedad a más plantaciones.

Se busca fortalecer las acciones que se han desarrollado en otras contingencias similares, sobre todo la experiencia en Chiapas, en donde se estableció un Programa Emergente en Chiapas para la atención de la roya del café a partir de noviembre de 2012.

Que con el ánimo de establecer una campaña fitosanitaria y en términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, se considera como:

“Conjunto de medidas fitosanitarias para la prevención, control y erradicación de una plaga en una zona agroecológica, que se ejecuta a través de los organismos auxiliares de sanidad vegetal” La estrategia operativa y normativa de una campaña fitosanitaria se determina por el Senesica.

Por otro lado es importante hacer mención que es de suma importancia el empeño que los productores deben de tener para revalorar las técnicas tradicionales de cultivo a la sombra, en la cual, las plantas crecen bajo un dosel o bóveda de diversos árboles, que impide una mayor incidencia de este tipo de enfermedades.

Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión, tenemos a bien poner a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria , implemente cercos sanitarios, para que de forma preventiva controlen el daño que pueda provocar la roya en los cultivos del café en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Juan Bueno Torio, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Larsa (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.»

PLAGA DE LA MOSCA DE LA FRUTA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a declarar por el Senasica la zona centro de Sinaloa como de baja prevalencia ante la plaga de la mosca de la fruta

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la LXII Legislatura, fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, Sagarpa, para que a través del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimetaria, Senasica, declare la zona centro de Sinaloa, como zona de baja prevalencia, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés del Grupo Parlamentario del PAN

En consecuencia, una vez recibida en esta comisión ingresamos a su estudio, con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible sus contenidos y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 11 de marzo de 2013, el diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación; para que a través del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimetaria, declare la zona centro de Sinaloa como zona de baja prevalencia.

El 11 de marzo de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego mediante oficio número D.G.P.L 62-II-3-605, la proposición antes mencionada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora y derivado de los antecedentes aquí expuestos, llagamos a las siguientes

Consideraciones

Que Sinaloa es una de las entidades del país con mayor importancia en la producción de alimentos agropecuarios en nuestro país. El estado cuenta con una superficie de 5 millones 675 mil 30 hectáreas considerando áreas comerciales, marginales y urbanas. Dentro de la producción de frutales se cuenta con una superficie de 31 mil 616 hectáreas en los que se destaca los cultivos del mango con una superficie de 28 mil 404 hectáreas y una producción de 327 mil 362 toneladas, de naranja con una superficie de mil 3 hectáreas y una producción de 7 mil 553 toneladas, de ciruela con una superficie de mil 194 hectáreas y una producción de mil 654 toneladas de toronja 275 hectáreas y una producción de 3 mil 617 toneladas, de mandarina con una superficie de 130 toneladas y una producción de mil 731 toneladas, de guayaba 8 hectáreas con una producción de 21 toneladas en todo el estado. El volumen de producción de estos frutales es de 347 mil 803 toneladas, beneficiando a más de 3 mil 400 productores.

Las heladas y sequias registradas en años anteriores han impactado a la producción y a la economía del norte del país, actualmente los productores han vuelto a sembrar la superficie afectada enfrentando los estragos del clima. Aunado lo anterior los productores sinaloenses se enfrentan a otra problemática. Durante los meses de enero y febrero en la zona centro del estado que abarcan los municipios de Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Elota. Se ha presentado 36 brotes y 62 detecciones de la plaga Anastrepha o conocida como “mosca de la fruta” en áreas comerciales y en áreas marginales de la zona.

Los productores del norte de Sinaloa han solicitado a la Sagarpa realizar acciones necesarias para evitar que la zona de producción correspondiente pudiera infectarse por esta plaga. Han solicitado que toda la fruta que se moviliza del centro del estado con destino a otras áreas libres del norte del país reciban fumigación, evitando así la expansión de la plaga.

El sector frutícola del norte de Sinaloa han ampliado la superficie de los cultivos, de no degradarse la categoría fitosanitaria de la zona centro y comenzar la erradicación de los brotes y detecciones de la plaga, la rama productiva de Sinaloa y estados vecinos podrá verse afectada por el incremento territorial de la plaga, situación que afectará económicamente aunado a los problemas que la sequía y las heladas han ocasionado.

El artículo 35 de la Ley de Sanidad Vegetal ordena a la Sagarpa que mediante normas oficiales mexicanas y disposiciones legales aplicables en materia de sanidad vegetal determine los requisitos y medidas fitosanitarias para movilizar a zonas libres, bajo protección o baja prevalencia, vegetales, sus productos o subproductos en cuarentena, así como los vehículos de transporte, maquinaria, materiales o equipo que hayan estado en contacto con ellos. El ordenamiento establece que cuando se compruebe que la movilización de las mercancías enunciadas en el párrafo anterior implica un riesgo fitosanitario, la Secretaría revocará los certificados que se hayan expedido y aplicará las medidas fitosanitarias necesarias.

Es necesario que se declare la zona centro de Sinaloa como zona de baja prevalencia y ante la problemática hacer efectivo lo dispuesto en la norma NOM-023-FITO-1995 y respaldar los esfuerzos que el gobierno del estado y la Sagarpa viene realizando ante la problemática.

Ante la situación planteada esta comisión determina que es necesario tomar medidas, fortaleciendo los mecanismos apropiados, que posibiliten minimizar el riesgo que representa la mosca de la fruta, principalmente en las regiones libres del norte del país, ya golpeado con los estragos del clima. Es prioritario el proteger la producción de frutas y hortalizas para facilitar su trasportación y exportación a otras regiones del mundo. y resguardar el potencial productivo de frutas tropicales y subtropicales producidas en Sinaloa.

En razón a lo expuesto, esta comisión dictaminadora somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación para que, a través del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimetaria, declarare la zona centro de Sinaloa como zona de baja prevalencia ante la plaga de la mosca de la fruta detectada en dicho territorio.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Juan Bueno Torio, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Larsa (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.»

CUOTA Y TARIFA ENERGETICAS DE ESTIMULO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA-PRODUCTO MANZANA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir por la Sagarpa, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, la cuota y tarifa energéticas de estímulo de la productividad y competitividad del sistema-producto manzana, en los términos de la Ley de Energía para el Campo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la de Energía, emita la cuota y tarifa energética de estímulo a la productividad y competitividad del sistema-producto manzana, en los términos que ordena la Ley de Energía para el Campo, propuesta por el diputado Kamel Athie Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, el pasado 28 de febrero del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 28 de febrero de 2013, el diputado Kamel Athie Flores, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Energía, emita la cuota y tarifa energética  de estímulo a la productividad y competitividad del sistema-producto manzana, en los términos que ordena la Ley de Energía para el Campo.

El 28 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-5-535 y número de expediente 1401 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición antes mencionada.

Consideraciones

Que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XX, señala que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.”

Que los productores agrícolas requieren de la implementación de una política pública diferenciada, en apoyo a la productividad, es claro para el Ejecutivo Federal, los fenómenos meteorológicos son una constante en el territorio nacional y que son en detrimento de los productores agropecuarios.

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece en su artículo 56 apoyar a los productores a mejorar la calidad de la producción para su comercialización y en el mismo sentido, en el título tercero, del fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable, en su capítulo primero, del fomento a las actividades económicas del desarrollo rural, señala el artículo 32 que el Ejecutivo Federal, con participación de los diferentes ordenes de gobierno impulsar las acciones necesarias para incrementar la productividad y la competitividad, con la finalidad de incrementar el ingreso de los productores y fomentar el empleo en el medio rural; por ello establece que es necesario realizar inversión en infraestructura y servicios como es el caso de la electrificación, para fomento de la eficacia de los procesos de extracción o cosecha, acondicionamiento con grados de calidad del producto, empaque, acopio y comercialización.

Es necesario señalar que la Ley de Energía para el Campo en el capitulo segundo, señala que las cuotas energéticas, serán establecidas por el Poder Ejecutivo federal, en los términos que se indican en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con la finalidad de impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias.

El artículo 5 en su segundo y cuarto párrafos de la señalada ley mandata que:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional.

Los precios y tarifas de estímulo que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias, serán iguales para todos los productores del país.

En este sentido, tenemos que obedeciendo al marco legal vigente del sector, el 7 de enero del 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publica el acuerdo que autoriza el ajuste y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica al sector agrícola para uso de riego de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a esta Secretaría, con la participación de las de Economía, y de Energía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste, modificación y reestructuración, por lo que se establece la tarifa 9-CU.

Que para apoyar a los productores agrícolas, es necesario establecer un beneficio adicional a través de las tarifas para servicio de bombeo para riego agrícola en baja y media tensión.

Que el beneficio de estas tarifas debe aplicar solamente a aquellos usuarios que hayan acreditado que la energía eléctrica es utilizada para el bombeo de agua para riego agrícola hasta por el volumen de agua concesionada por la Comisión Nacional del Agua;

En el artículo segundo del comentado acuerdo, se establece la tarifa 9-CU, que aplicará a los servicios en baja o media tensión que destinen la energía eléctrica para el bombeo de agua hasta por el volumen que es utilizado en el riego de tierras dedicadas al cultivo de productos agrícolas. Asimismo, se aplicará al alumbrado del local donde se encuentre instalado el equipo de bombeo.

Es necesario crear una tarifa preferencial a los productores agrícolas que utilizan energía eléctrica para conservar en cuartos fríos o de refrigeración su producción agrícola antes de su comercialización o de su transformación con la finalidad de impulsar las acciones necesarias para incrementar la productividad y la competitividad y contribuir para mejorar el ingreso de los productores y fomentar el empleo en el medio rural.

Coincidimos con el promovente al señalar que debe de cobrarse a los productores con frigoríficos la tarifa de estímulo que establece la Ley de Energía para el campo, es decir, la tarifa 9CU, que este año es de 50 centavos kilowat-hora consumida y no la industrial de 1.50 por kilowat-hora, para lo cual es suficiente con que se emita esta disposición acatando el mandato expreso del artículo 8 de la Ley de Energía para el Campo.

Consientes del esfuerzo que todos los mexicanos debemos hacer para modernizar el campo, los productores que representan la mayor producción manzanera del país, han propuesto a través de sus representantes en el sistema Producto Manzana, que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, emita la cuota y tarifa de estímulo para la operación de frigoríficos de los productores, dentro del rango de las tarifas de estímulo agrícola, a la que podría denominarse tarifa para conservación y empaque.

En este sentido consideramos pertinente que la Sagarpa analizará la posibilidad de emitir la siguiente tarifa en razón de lo que establece el artículo 8 de la Ley de Energía para el Campo:

Tarifa 9CE 2013.Tarifa para la conservación y empaque sin transformación del producto agrícola con cargo único.

Aplicación. Esta tarifa de estímulo se aplicara para la energía eléctrica utilizada en la operación  de los equipos de refrigeración y empaque de la producción agrícola, propiedad de los productores, antes de la primera enajenación y sin llegar a la transformación del producto.

Cuotas aplicables. Durante todo este año, se aplicara uno punto cinco veces el cargo por cuota aplicable a la tarifa 9CU.

Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión, tenemos a bien poner a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados  exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la de Energía, emita la cuota y tarifa energética de estímulo a la productividad y competitividad, en este caso del sistema-producto manzana, en los términos que ordena la Ley de Energía para el Campo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Juan Bueno Torio, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Larsa (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.»

POLITICAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público políticas de movilidad sustentable en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

La Comisión de Cambio Climático de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, fracción VI, inciso F de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 157, fracción I y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presenta dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, integre en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de movilidad sustentable, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Que en fecha 11 de abril de 2013, se presentó la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, integre en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de movilidad sustentable, suscrita por los diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que en esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

Contenido del punto de acuerdo

Los diputados promoventes manifiestan la relevancia de aprovechar la oportunidad que significa el proceso de consulta, para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) convocado por el Ejecutivo Federal, para proponer la integración de políticas públicas de movilidad sustentable, cuyo propósito sea la promoción de la inversión en infraestructura y con ello desarrollar sistemas integrales de movilidad sustentable no motorizada, que favorezcan la intermobilidad y la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

De igual manera hacen mención a que la infraestructura, contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene México para la reducción de emisiones de carbono, además constituye un área de oportunidad para las Acciones de Mitigación Apropiadas para cada País (NAMA, por sus siglas en inglés), que permiten la canalización de recursos financieros y tecnológicos disponibles a través de la cooperación internacional.

Los diputados promoventes, refieren que el Pacto por México es la muestra de compromiso y la responsabilidad de los grupos políticos más importantes del país en beneficio de México, entre sus más importantes puntos, se establece en su objetivo 2.4 Desarrollo Sustentable:

Que el cambio climático es un reto global que se debe de enfrentar con responsabilidad y realismo, y que es necesaria una nueva cultura y compromiso ambiental que ayude a modificar nuestro estilo de vida, la forma en que se produce, consume e incluso se desecha.

Es de esta manera, que la presente proporción con punto de acuerdo, respalda lo establecido en el Pacto por México en materia de cambio climático.

Así mismo, se hace referencia a lo establecido en la Ley General de Cambio Climático, en su artículo 34, fracción II incisos a) y b):

a) Promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta.

b)Diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía regional.

Consideraciones de la comisión

La Comisión de Cambio Climático, coincide con los promoventes, en cuanto a que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Cambio Climático, y al Pacto por México, el PND, es el mecanismo idóneo para incorporar estrategias y mecanismo cuando se plantea el desarrollo de una infraestructura de movilidad urbana alternativa y complementaria, específicamente con el diseño de ciclovías urbanas, intraurbanas y rurales.

De esta manera, cabe mencionar como un ejemplo exitoso de movilidad sustentable, el que existe en Europa con la Iniciativa CIVITAS (“City-Vitality-Sustainability”) donde, en su primera fase a partir de 2002, los gobiernos de la zona euro se comprometen a diseñar y aplicar una serie de iniciativas para acelerara la movilidad sustentable. Existen ocho estrategias que, dependiendo de las necesidades locales, serán empleadas por los gobiernos locales. Destaca la estrategia para el estilo de vida independiente del automóvil (Car-Independent Lifestyle), que plantea el desarrollo de la infraestructura necesaria para que los ciudadanos se trasladen a sus lugares de trabajo y a sus domicilios.

El desarrollo de sistemas integrales de movilidad sustentable no motorizada favorecerá la intermodalidad y reducirá la emisión de gases de efecto invernadero.  En el tema de Cambio Climático, según datos de la Secretaria de Energía, a nivel nacional en 2009, el sector transporte reportó un consumo del 48.7 por ciento de la energía final consumida y genero una emisión de 38.4 por ciento de las emisiones de GEI.

Mundialmente hablando, los transportes generan aproximadamente el 22 por ciento de las emisiones globales de CO2  uno de los principales GEI y se estima un crecimiento anual de 2.1 por ciento a nivel mundial. Según estimaciones, diariamente, y solo en la Ciudad de México, casi 500 autos se incorporan al parque vehicular. En promedio, cada automóvil genera el 18 por ciento de las emisiones de GEI, esta cifra puede variar dependiendo del mantenimiento, modelo y frecuencia de usos de cada automóvil.

Con el uso de la bicicleta, se favorece la salud de los pobladores y previenen enfermedades como daños cardiovasculares, las asociadas al metabolismo de grasas y modera los niveles de glucosa además de presentar benéficos para todos los habitantes de las zonas urbanas.

Datos del Informe Anual sobre Calidad del Aire en la Ciudad de Méxicoseñalan que en 2011, hubo de 146 días con una calidad de aire catalogada como Mala en el Distrito Federal y 8 días como muy mala. El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) es una escala para conocer la calidad del aire en la Ciudad de México. De acuerdo con este índice, de 0 a 50 puntos IMECA, la calidad del aire es beuna, de 51 a 100 es regular, de 101 a 150 es mala, de 151 a 200 es muy mala y mayor a 200 puntos IMECA la calidad del aire es catalogada como extremadamente mala.

Es por lo anteriormente expuesto, que los integrantes de esta Comisión dictaminadora, sometemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal que por conducto de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público integre en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas públicas de movilidad sustentable, las cuales deberán promover la inversión en sistemas integrales que incorporen infraestructura para la movilidad sustentable no motorizada y estacionamientos en zonas urbanas, conurbadas, intraurbanas y rurales para favorecer la intermodalidad, para disminuir el consumo energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Notas:

1 http://www.civitas.eu/index.php?id=4

2 http://www.jornada.unam.mx/2012/05/03/capital/040n1cap

3 http://www.calidadaire.df.gob.mx/calidadaire/informes/informe2011/

4 http://www.calidadaire.df.gob.mx/calidadaire/index.php?opcion=2&opcioninfop roductos=22

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Cambio Climático, diputados: Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretaria; Verónica Carreón Cervantes, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).»

INCORPORAR AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES ESPECIFICOS DIRIGIDOS A LA ATENCION DE LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia programas, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaa la Secretaría de Gobernación a incorporar en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia programas, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de abril de 2013, Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a incorporar en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia programas, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes.

Segundo.En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponente informa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Indica que hoy contamos con la reforma constitucional, relativa a los Derechos Humanos, la cual fue publicada el 10 de junio de 2011. Dicha reformadio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona. De manera que en su artículo 1o. se determina el principio de Convencionalidad , en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Considera que los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados contemplan lineamientos de carácter vinculante para el Estado mexicano, encontrándose entre ellos: la Convención de los Derechos del Niño, la cual observa una serie de aspectos a los que se ha comprometido a asegurar a la niñez la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar.

Por ello, el Estado, al suscribir y ratificar la Convención, se comprometió a adecuar sus leyes y establecer políticas públicas necesarias para proteger el interés superior del niño como una consideración primordial. Para tal efecto, el Estado mexicano se compromete a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y jurisdiccionales apropiadas para proteger a la niñez contra cualquier forma de violencia.

Así también, indica que resulta incomprensible la ausencia de planteamientos y propuestas que contemplen a un importante grupo poblacional, como son las niñas, niños y adolescentes de México, que no se contemplan en los ejes rectores que están previstos en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como parte fundamental del Pacto por México.

Añade que de ahí la importancia de promover modificaciones legislativas en pro de su protección integral y establecer políticas públicas para su pleno cumplimiento, en armonía con los instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado. Disposiciones legislativas y políticas públicas que van a servir de marco para el análisis de la situación de las niñas y niños en relación con los hechos de violencia que los afectan y que vulneran sus derechos.

Finalmente señala que, la importancia de brindar la mayor atención y garantía de derechos a las niñas, niños y adolescentes, estriba en que estamos convencidas y convencidos de que si lo anterior lo implementamos desde sus primeros años de su formación, lograremos construir generaciones nuevas, sensibles al cambio y a la construcción de una nueva cultura de la paz, desarrollada y consciente de su derecho a una vida libre sin violencia y a la no discriminación.

En consecuencia, somete a consideración del pleno el siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a incorporar en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia programas, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes.

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. constitucional determina el principio de convencionalidad , en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal es caso de la Convención de los Derechos del Niño.

De esta manera, los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales suscritos ratificados por México, se elevan a rango constitucional.

Asimismo, la reforma constitucional al artículo 1º establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Asimismo, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Con base en el anterior artículo constitucional se integra el interés superior de la niñez, estableciéndose como obligación del Estado, velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Segunda. Como señala la proponente los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por el estado mexicano contemplan lineamientos de carácter vinculante para el Estado mexicano, encontrándose entre ellos: La Convención de los Derechos del Niño, que observa una serie de aspectos a los que se ha comprometido a asegurar a la niñez la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar.

En dicha convención se establece en el artículo 3 lo siguiente:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2.Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 4

Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Tercera. De acuerdo con nuestro marco jurídico nacional, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece lo conducente respecto a sus derechos, particularmente los artículos 4, 7 y 14, que a la letra dicen:

Artículo 4.

De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7.

Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

El gobierno federal promoverá la adopción de un programa nacional para la atención de los derechos de la infancia y adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 14.

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que

A.Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria.

B.Se les atienda antes que a los adultos en todos los servicios, en igualdad de condiciones.

C.Se considere el diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

D.Se asignen mayores recursos a las instituciones encargadas de proteger sus derechos.

Cuarta. Es bien sabido que el 24 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La Ley establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública será la máxima autoridad para la coordinación y definición de la política de prevención social de las violencias y la delincuencia.

La misma ley establece que las autoridades de los gobiernos Federal, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán incluir a la prevención social de las violencias y la delincuencia en sus planes y programas.

Para ello, el gobierno federal creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual es el instrumento rector que articula las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención de las violencias y la delincuencia para incidir desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad, la convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.

El programa nacional atenderá con urgencia las 57demarcaciones del país (48 municipios, dos delegaciones del DF y 7 zonas metropolitanas) que requieren mayor apoyo en el corto plazo a través de una visión de acupuntura urbana y focalización; adicionalmente, se implementarán acciones preventivas en 251municipios; y se señalan estrategias nacionalesde corto, mediano y largo plazos, todo ello apoyado con la participación decidida de organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y organismos internacionales.

El Programa considera las siguientes prioridades:

• Prioridades por grupos poblacionales:juventudes.

• Prioridades por tipo de violencia:violencia social, violencia institucional y violencia familiar y de género.

• Prioridades por ciudades, zonas y regiones: ciudades con alta y mediana conflictividad delictiva y social, zonas turísticas y conurbaciones.

• Prioridades de la participación ciudadana: Integrar a la ciudadanía en los procesos de adopción e implantación de decisiones.

• Prioridades por factor de riesgo: medir, detectar y prevenir factores precursores o detonadores de distintos tipos de violencia o factores que debilitan la convivencia, la seguridad y la cohesión comunitaria.

Quinta. No obstante, del análisis del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, existe incomprensiblemente una ausencia de planteamientos y propuestas que deben considerar a un importante grupo poblacional, como son las niñas, niños y adolescentes de México.

Por ello, las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez estamos convencidos de que la niñez mexicana, como grupo fundamental de la sociedad, debe recibir la protección, el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar por parte de las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, a fin de poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la sociedad.

Reconociendo que las niñas y los niños, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevaleciendo el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna, para lo cual el Estado mexicano debe obligarse desde el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes a garantizar desde su nacimiento el desarrollo armónico e integral.

Sexta. Como se ha señalado, la formulación del artículo tercero de la Convención proyecta el interés superior del niño hacia las políticas públicas y la práctica administrativa y judicial, lo cual significa que la satisfacción de los derechos de la niñas y de los niños no pueden quedar limitada ni aislada por ningún tipo de consideración utilitarista sobre el interés colectivo.

Cuando la convención señala que el interés superior del niño será una consideración primordial para la toma de decisiones que le afecten, sugiere que el interés del niño, no es asimilable al interés colectivo; por el contrario, reconoce que los derechos de los niños pueden entrar en conflicto con el interés social o de una comunidad determinada, y que los derechos de los niños deben ponderarse de un modo prioritario por el Estado.

Por tanto, es importante que las niñas y los niños sean incorporados dentro de los ejes rectores del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de que estén plenamente preparados para una vida independiente en sociedad y ser educados desde sus primeros años de su formación en el espíritu de los ideales proclamados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte y de las leyes y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad y conscientes de su derecho a una vida libre sin violencia y a la no discriminación.

Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que en el marco del respeto de los derechos humanos y la garantía del interés superior del niño requiere sin duda, que la Secretaría de Gobernación incorpore programas, estrategias y acciones específicas dirigidas a la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Finalmente, esta Comisión considera necesario hacer modificaciones a la propuesta del exhorto de la iniciante, para que también en el Plan Nacional de Desarrollo se incorporen programas, estrategias y acciones específicas dirigidas a la atención de las niñas, niños y adolescentes.

En razón de lo expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en el Plan Nacional de Desarrollo y en particular en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se incorporen programas, estrategias y acciones específicas dirigidas a la atención de las niñas, niños y adolescentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Mirna Velázquez López (rúbrica).»

EXHORTO A VIGILAR Y SUPERVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE LAS PRIVADAS ENCARGADAS DE LA CUSTODIA, EL CUIDADO Y LA ATENCION DE LA NIÑEZ

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y del DF a vigilar y supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y de las privadas encargadas de la custodia, el cuidado y la atención de la niñez; y a sus congresos, a legislar en la materia

Honorables Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez, de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, a vigilar y supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez institucionalizada, y de ser el caso, suspender de manera definitiva las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo, se exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en la materia, a fin de contar con un registro público y una certificación más rigurosa.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de abril de 2013, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el cual, se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, vigilar y supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez institucionalizada, y de ser el caso, suspender de manera definitiva las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo, se exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en la materia, a fin de contar con un registro público y una certificación más rigurosa.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponente expone que, por hechos desafortunados como la muerte de uno o de ambos padres, abandono, imposibilidad de ser tutor, decisiones judiciales, como son los casos de divorcio, maltrato o abuso de cualquier tipo, entre otros, los infantes tienen que ser institucionalizados, ello supone que reciban una atención especial durante su instancia en estos lugares de guarda llamados “albergues”, quienes son los encargados de brindarles las comodidades, el cuidado y la protección necesaria.

Indica que, en nuestro país lamentablemente existe un número no determinado de niñas y niños que viven en albergues o casas hogar, lo cual los deja en un claro riesgo. Con estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), nuestro país es la segunda nación de América Latina con el mayor número de niños huérfanos con 1.6 millones de casos después de Brasil, que encabeza la lista con 3.7 millones. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que en el año 2010 se tenían censados cerca de 28 mil 107 niños, niñas y adolescentes que habitan en casas hogar, orfanatos y casas cuna en todo el país.

Asimismo, la carencia de controles y los riesgos para la población infantil institucionalizada se hicieron patentes cuando se dio la desaparición de una niña en una casa hogar llamada “Casitas del Sur” en el Distrito Federal en el 2009, quedando al descubierto todas las irregularidades que existían. Lamentablemente las niñas y niños que por diversas razones como se han explicado viven sin el cuidado de sus padres, en estas instituciones se encuentran más expuestos a la pobreza, marginación, discriminación, exclusión, factores que los hacen doblemente vulnerables al abuso, explotación y al abandono.

Señala además que, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia “UNICEF y sus aliados mundiales definen a un huérfano como un niño o niña que ha perdido uno o ambos progenitores. De acuerdo con esa definición, en 2005 había más de 132 millones de huérfanos en África subsahariana, Asia y América Latina y el Caribe. Esa cifra comprendía no sólo a los niños y niñas que habían perdido ambos progenitores sino también a los que habían perdido el padre pero no la madre, o que eran huérfanos de madre pero tenían padre.”

De acuerdo a investigación realizada por la legisladora, señala que derivado del estudio de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) 2010, “Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en América latina. Contextos, causas y consecuencias de la privación del derecho a la convivencia familiar y comunitaria” apunta que en México había 29 mil 310 niñas y niños en 703 instituciones. Este mismo estudio, enfatiza la falta de registros y de información sólida al respecto. De acuerdo a sus datos “México ha reportado un total de 412 mil 456 niños privados de cuidado parental (1.09 por ciento de la población infantil)”, señalando que este número puede ser aun mayor, dado que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha hecho desde hace años observaciones al Estado mexicano sobre la falta de estadísticas respecto de la cantidad de niños que se encuentran en esta situación.”

Menciona que en dicho documento antes citado, “el 72 por ciento de los niños institucionalizados en México está en instituciones no gubernamentales que establecen acuerdos de cooperación con las unidades encargadas de la niñez nacionales y municipales. De este total, el 58 por ciento son niñas y el 42 por ciento niños. Respecto de las edades, el 23 por ciento tienen entre 0 y 6 años y el 77 por ciento entre 7 y 17 años. Sólo el 1.1 por ciento de los niños institucionalizados tienen algún tipo de discapacidad”. Sin embargo a falta de políticas públicas reales, miles de niñas, niños y adolescentes se encuentran institucionalizados indefinidamente, lo cual ocasiona que se atente contra sus derechos, al no proporcionarles procedimientos ni garantías constitucionales.

Por tanto, concluye que en diversos albergues carecen de personal capacitado y de la infraestructura adecuada para alojar a los menores de edad, es decir, no cuentan con lo más indispensable, sin una correcta coordinación, atención, supervisión, pero sobre todo vigilancia. De manera general, destaca la falta de servicios básicos como higiene, instalaciones acordes para albergar a la niñez con discapacidad o con otros requerimientos, salidas de emergencia, personal suficiente o especializado en cada una de las áreas.

Y que, aunado a lo anterior, existe otro grave problema, la carencia de un registro y certificación por parte de las instancias responsables de vigilar a los centros públicos y privados encargados del cuidado y atención de los menores de edad, lo cual los deja en total desprotección.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno Federal, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, para que de manera coordinada vigilen y supervisen el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez, y de ser el caso, suspenderlas de manera definitiva a las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad correspondiente.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en la materia a fin de contar con un registro público y una certificación más rigurosa de las mismas.

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 4º párrafos 8, 9 y 10 que:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

...

...

...

Segundo. Derivado de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, se debe cumplir cabalmente los principios fundamentales sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como lo es preservar y exigir cada uno de sus derechos, entre ellos su total protección.

Entre estos instrumentos tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual nuestro país es parte, entrando en vigor para el Estado mexicano el día 21 de octubre de 1990.

La Convención en su artículo 2o. obliga a los Estados parte a respetar y hacer respetar los derechos contenidos en este texto, estipulando en su artículo 4o. que los gobiernos deberán adoptar toda clase de medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole para dar efectividad en los derechos reconocidos en esta Convención.

De igual manera, señala la importancia de tomar todas las medidas a favor de la niñez, en su artículo 19, que a la letra dice:

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Y además es categórico al señalar lo siguiente:

Artículo 20

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Tercero. De igual manera, tenemos la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento que establece en su artículo 11, párrafo primero, inciso b) que:

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

...

B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

La norma oficial mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia Social. Prestación de Servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Determina los mínimos que deben de satisfacer los prestadores de dichos servicios como lo son la regularización y el registro e información pertinentes de sus servicios, así como contar con personal capacitado con atención médica, entre otros más.

Cuarto. Actualmente nuestro país no cuenta con un registro público y una certificación más de las mismas. Por tanto, de igual manera la Asamblea General de las Naciones Unidas ha emitido en diversos documentos como lo es la Resolución del día 24 de febrero de 2010, las directrices mínimas que deben contener los establecimientos que por diversas disposiciones cuidan a los menores de edad, como lo son:

a) Apoyar los esfuerzos encaminados a lograr que el niño permanezca bajo la guarda de su propia familia o que se reintegre a ella o, en su defecto, a encontrar otra solución apropiada y permanente incluidas la adopción y la kafala del derecho islámico;

b) Velar por que, mientras se buscan esas soluciones permanentes, o en los casos en que estas resulten inviables o contrarias al interés superior del niño, se determinen y adopten, en condiciones que promuevan el desarrollo integral y armonioso del niño, las modalidades más idóneas de acogimiento alternativo;

c) Ayudar y alentar a los gobiernos a asumir más plenamente sus responsabilidades y obligaciones a este respecto, teniendo presentes las condiciones económicas, sociales y culturales imperantes en cada Estado; y

d) Orientar las políticas, decisiones y actividades de todas las entidades que se ocupan de la protección social y el bienestar del niño, tanto en el sector público como en el privado, incluida la sociedad civil.

II. Principios y orientaciones generales

A. El niño y la familia

5. Cuando la propia familia del niño no puede, ni siquiera con un apoyo apropiado, proveer al debido cuidado del niño, o cuando lo abandona o renuncia a su guarda, el Estado es responsable de proteger los derechos del niño y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado, con las entidades públicas locales competentes o las organizaciones debidamente habilitadas de la sociedad civil, o a través de ellas. Corresponde al Estado, por medio de sus autoridades competentes, velar por la supervisión de la seguridad, el bienestar y el desarrollo de todo niño en acogimiento alternativo y la revisión periódica de la idoneidad de la modalidad de acogimiento adoptada.

6. Todas las decisiones, iniciativas y soluciones comprendidas en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices deberían adoptarse caso por caso a fin de garantizar principalmente la seguridad y protección del niño, y deben estar fundamentadas en el interés superior y los derechos del niño de que se trate, de conformidad con el principio de no discriminación y considerando debidamente la perspectiva de género.

En el mismo sentido el Comité de los Derechos de los Niños en el 2006, realizó diversas recomendaciones al Estado mexicano por la ausencia de mecanismos de supervisión y funcionamiento de niños que se encuentran privados del cuidado parental. “Al comité le preocupa la falta de información (el número, las condiciones de vida y otros factores) sobre los niños que han sido separados de sus padres y viven en instituciones.”

Quinto. Esta comisión considera que efectivamente no existen datos precisos sobre las instituciones públicas y privadas y es de considerar pertinente que estos establecimientos vigilen en todo momento el interés superior de la niñez.

La supervisión de la niñez institucionalizada debe ser en todo momento una prioridad, así como el registro de los mismos. Como Estado Mexicano, se tiene la obligación de propiciar las acciones que garanticen cada uno de sus derechos. Es así que consideramos las y los integrantes prioritario que de manera permanente se vigile el correcto funcionamiento de estos establecimientos.

Por tanto, la Comisión de Derechos de la Niñez apoya la preocupación de la diputada promovente, y por lo tanto exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del distrito federal, vigilar y supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez institucionalizada, y de ser el caso, suspender de manera definitiva las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo, se exhorta a los congresos locales y a la asamblea legislativa del distrito federal a legislar en la materia, a fin de contar con un registro público y una certificación más rigurosa.

En razón de lo expuesto, la comisión somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno Federal, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, para que de manera coordinada vigilen y supervisen el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez, y de ser el caso, suspenderlas de manera definitiva a las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad correspondiente.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en la materia a fin de contar con un Registro Público y una certificación más rigurosa de las mismas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Mirna Velázquez López.»

EXHORTO A FIRMAR Y RATIFICAR EL TERCER PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar y ratificar el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez, de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que firme y ratifique el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones presentada por la diputada Flor Ayala Robles Linares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de abril de 2013, la diputada Flor Ayala Robles Linares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que firme y ratifique el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponte señala que hace un par de días el Senado de la República aprobó la solicitud de retiro de la Declaración Interpretativa formulada por el gobierno mexicano, al momento de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000.

Advierte que con esta medida, el Estado mexicano cumple con la recomendación realizada por el Comité de los Derechos del Niño de enero de 2011, tras la revisión del informe presentado por México en el año 2010, confirmando así su asunción de responsabilidad para proteger también a las niñas, niños y adolescentes del reclutamiento o utilización en hostilidades por parte de grupos armados no gubernamentales y dando vigencia a las disposiciones del protocolo en el país.

Asimismo, concibe esta decisión como un paso fundamental para el cumplimiento pleno de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos del pasado 10 de junio de 2011, que tiene por objeto lograr el reconocimiento de la evolución de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

En este tenor, la proponente considera oportuno que el Estado mexicano proceda también con la firma y ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual establece un procedimiento de comunicaciones que permitirá al Comité de los Derechos del Niño de recibir y examinar quejas individuales por vulneraciones de los derechos consagrados en la Convención una vez que se hayan agotado todos los recursos internos, así como realizar visitas a fin de investigar casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos del niño, mismo que fue abierto a firma el 28 de febrero de 2012 en Ginebra, Suiza gracias a la iniciativa de la Misión Permanente de Eslovaquia.

Además, puntualiza que el protocolo señala que las denuncias de los niños serán tratadas a través de un proceso que estará adaptado a su situación (la sensibilidad del niño). También reafirma que los niños son titulares de derechos y que deben ser tratados con dignidad y reconocidos como seres humanos con capacidades en evolución y con la habilidad para expresarse.

Detalla que si un país ratifica el protocolo, se compromete a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los niños que estén bajo su jurisdicción, no sean objeto de ninguna violación de derechos humanos, malos tratos o intimidación como consecuencia de las comunicaciones enviadas al Comité sobre los Derechos del Niño.

Hace hincapié que los 20 países que firmaron el Protocolo durante la ceremonia fueron: Eslovaquia, Eslovenia, Costa Rica, Portugal, Serbia, Brasil, Uruguay, Chile, Alemania, Marruecos, Montenegro, España, Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Malí, Perú y las Maldivas.

Concluye manifestando que si el Estado mexicano da este paso, no sólo estaríamos resguardando los derechos de los infantes sino también ratificaríamos lo dispuesto en las directrices de la Convención sobre los Derechos de la Niñez de 1989 y suscrito por nuestro país en 1990; en el artículo 4º de nuestra Constitución Política, así como los lineamientos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés superior de la infancia.

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina el principio de convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano están por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal es caso de la Convención de los Derechos del Niño.

Es decir, los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales suscritos y ratificados por México, se elevan a rango constitucional.

Asimismo, la reforma constitucional al artículo de referencia establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Ley Suprema y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Por lo anterior, en función de la interpretación de la norma fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró conveniente establecer la siguiente tesis de jurisprudencia:

Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal. “Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión... “parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben de emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido como lo es el congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la ley fundamental, lo que claramente indica que solo la Constitución es la ley suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destaca: supremacía del derecho federal frenarte al local y misma jerarquía de los dos en sus variantes lisa y llana, con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema la que se calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente de la ley fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se aplica que el constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de las entidades federativas y, por medio de su gratificación, obliga a sus autoridades . otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa que en esta materia no existe limitación competenciada entre la federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido de tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el Presidente de la República y el Senado puedan obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos esta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior. La interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la ley fundamental, el cual ordena que “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este máximo tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P.C/92, publicada en la gaceta del semanario judicial de la federación, número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: “leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa”; sin embargo, este tribunal pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

Por otro lado, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del Interés Superior de la Infancia, garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Con base en este artículo se constituye el interés superior de la infancia, estableciéndose como obligación del Estado, velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, el máximo tribunal de la nación asevera:

Registro número 17200

Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Julio de 2007 Página: 265. Tesis: 1a. CXLI/2007. Tesis Aislada. Materia: Civil.

Interés Superior del Niño

Su concepto

En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: “la expresión interés superior del niño ...implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

Segunda. Existen diversos instrumentos internacionales que establecen el marco de principios y obligaciones relativos al principio del Interés Superior de la Infancia, entre los que se encuentra; la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue suscrita y ratificada por el Estado Mexicano, misma que refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas y los niños, como la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen.

Dicha Convención establece en su artículo 3, lo siguiente:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2.Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3.Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Tercera. La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ordenamiento jurídico que recopila las directrices de la Convención sobre los Derechos de la Niñez), en el artículo tercero establece como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Cuarta. Delimitando el objeto de estudio del presente dictamen, el 19 de diciembre de 2011 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Proyecto de Protocolo a la Convención sobre los Derechos del Niño orientado a establecer un mecanismo de comunicaciones, de forma tal que los derechos garantizados en ese instrumento y sus dos Protocolos Facultativos ahora tienen un mecanismo de defensa internacional ante el Comité de los Derechos del Niño, equiparando un sistema internacional de protección de derechos humanos igual al que gozan los adultos. Por ello esta Comisión Dictaminadora coincide con la Proponente en el sentido de que es menester signar y ratificar el documento internacional de referencia en atención al Interés Superior de la Infancia.

Quinta. Por los argumentos vertidos la Comisión de Derechos de la Niñez considera viable aprobar el exhorto de la proponente, ya que todo acto que incluya acciones que garanticen mayor protección y beneficio para las niñas, niños y adolescentes del país es menester para fortalecer las políticas públicas de la infancia como acertadamente cita Mónica González Contró: “la trascendencia de este principio se vincula con el principio de dignidad, que sitúa al niño, niña o adolescente como persona titular de los derechos reconocidos en la Convención, separándolo definitivamente de la esfera de inmunidad paterna”.

En razón de lo expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal para que firme y ratifique el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Notas:

1 http://www.senado.gob.mx/

2 http://www.dof.gob.mx/

3 http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_es_s&id_article=3793

4 Novena Época; Pleno; SJF, y su gaceta, noviembre de 1999; página46.

5 Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Mirna Velázquez López.»

LEGISLAR CON MAYORES PENAS A LAS VIOLACIONES Y EL ABUSO SEXUAL CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los congresos locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual contra niños y adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, con la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacía niñas, niños y adolescentes, asimismo a las Procuradurías de Justicia Estatales y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes en la materia, contra los menores de edad y a una adecuada integración de las averiguaciones previas para que los agresores de éste grupo vulnerable sean sancionados conforme a derecho.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80,  84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero.Con fecha 16 de abril de 2013, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacía niñas, niños y adolescentes, asimismo a las Procuradurías de Justicia Estatales y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes en la materia, contra los menores de edad y a una adecuada integración de las averiguaciones previas para que los agresores de éste grupo vulnerable sean sancionados conforme a derecho.

Contenido de la proposición

Dos de los delitos más denigrantes y atroces lo son la violación y el abuso sexual, las consecuencias presentes y futuras para las personas que lamentablemente lo viven, son difíciles de sobrellevar e irreparable el hecho. La mayoría de estas agresiones de acuerdo a investigaciones especializadas, se cometen principalmente hacia las niñas, y son perpetradas mayoritariamente por un familiar cercano, padre, padrastro, tíos, primos o vecinos.

En 2010 la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el 20 por ciento de las mujeres y del 5 por ciento al 10 por ciento de los hombres a nivel mundial, manifestaron haber padecido abuso sexual.

De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, México ocupa el sexto lugar mundial en cuanto al número de violaciones; sin embargo, ninguna institución oficial cuenta con estadísticas sólidas acerca del número de estos delitos y la mayoría de los estudios que a ello hacen referencia, funden las cifras de violaciones con las de abuso sexual o con otros delitos.

De acuerdo con el informe “Feminicidio en México, aproximaciones, tendencias y cambios, 1985-2009”, en nuestro país se cometieron 27 violaciones sexuales por cada 100 mil mujeres en 2009, estadísticas que han ido en aumento.

Así, Estados como Chihuahua, Baja California y el Estado de México, tienen un alto índice de asesinatos de mujeres, también presentan una alta tasa de violaciones. En Quintana Roo, Tabasco, Morelos y Baja California Sur, que no presentan tasas tan altas de homicidio, se registraron más de 40 violaciones sexuales por cada 100 mil mujeres.

Se menciona que de acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestra que en el país se producen casi 15 mil denuncias de violación por año.

Las estadísticas judiciales en materia penal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que alrededor del 99 por ciento de los sentenciados por este delito son hombres, lo que permite determinar que la mayoría de las víctimas son mujeres, aunque el dato exacto también es desconocido, de acuerdo al estudio.

Durante 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 11 mil 512 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, y de esa cifra 318 tenían 10 años. Estos datos de por si son preocupantes, grave lo es si consideramos que muchos de ellos, probablemente son producto de violaciones.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados  exhorta a los Congresos Locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacía niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a las Procuradurías de Justicia Estatales y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes en materia de violaciones y abuso sexual contra menores de edad y a una adecuada integración de las averiguaciones previas para que los agresores de éste grupo vulnerable sean sancionados conforme a derecho.

Consideraciones

Primero. De acuerdo a nuestra Carta Magna, en su artículo 4o., párrafo 8, señala que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”.

Por tal motivo, es deber del Estado mexicano proteger en todo momento a las niñas, niños y adolescentes, señalando que además dicho ordenamiento mandata en el misma párrafo, que “Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios”.

Es así que gobierno y sociedad somos responsables del respeto y garantía de cada uno de ellos, previendo en todo momento su dignidad.

Segundo. La Convención de los Derechos de los Niños, del la cual nuestro país es parte, señala en su artículo 19, que

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Asimismo, en su artículo 34, es categórico, al contemplar, que los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación, incluyendo el abuso sexual y que deben de acuerdo al artículo 39, adoptar medidas para promover la recuperación física, psicológica y la reintegración social de todo niño víctima.

De igual manera, el Comité de los Derechos de los Niños, en sus recomendaciones señala su preocupación por el elevado número de casos de denuncias de violencia en el hogar y abusos de niños, así como la falta de medidas adoptadas para combatir estas prácticas graves, preocupándole además, que no existan medidas preventivas, ni de apoyo psicológico y social para las víctimas.

Tercero. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, describe en su artículo 11: Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes: Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

EL Código Penal Federal, artículo 265, señala que “comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.

...

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a veinte años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.”

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa.

Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.”

Sin embargo, en los Códigos Locales son muy dispares las penalidades, por ejemplo tenemos que en el Código Penal para el Estado de Quintana Roo, en su artículo 127, párrafo segundo, señala que por estos hechos como lo es la violación, se le impondrá de 30 a 50 años cárcel o prisión vitalicia y de dos mil a tres mil días multa y para el abuso sexual se le impondrá prisión de cuatro a ocho años y cuando se emplee violencia o cuando el abuso lo cometiere una persona que tenga relación de parentesco por consanguinidad o afinidad la pena se aumentara hasta una mitad más.

Así pues, tenemos que el Código Penal del Estado de México, la violación se castiga con 5 a 15 años de prisión y con 200 a 2000 días multa. Para el Código Penal del Distrito Federal, tenemos que la violación se castiga con 8 a 20 años de prisión, y en el caso de abuso sexual se le impondrán de 2 a 7 años de presión,  en el Estado de Chihuahua la pena para violación es de 4 a  12 años y por abuso sexual es de 6 meses a 6 años.

Cuarto. De acuerdo con Informe Nacional sobre Violencia y Salud 2006, en donde habla de las consecuencias al vivir un evento como lo es la violación o el abuso sexual, indica que existe un número significativo de efectos que alteran el funcionamiento del menor a corto plazo. El efecto más comúnmente experimentado es el síndrome de estrés postraumático. Los síntomas de este síndrome caen en tres conjuntos: a) revivir el evento traumático; b) negación del mismo o de hechos asociados a él, y c) hiperactividad psicológica. Si el abuso no es efectivamente enfrentado, el desorden provocado por dicho síndrome puede devenir en un problema crónico, comprometiendo severamente el bienestar del niño (Domínguez, Nelke, Perry 2002).

Los estudios sugieren que las consecuencias psicológicas negativas del abuso persisten en el tiempo y permanecen en la edad adulta. Las mujeres que sufrieron abusos tempranos tienen dos veces más probabilidad de suicidio que las que no lo sufrieron. Asimismo, las personas que padecieron estos abusos tienen cuatro veces más probabilidad de sufrir desórdenes psiquiátricos y tres veces más de consumir sustancias, en comparación con quienes no los experimentaron (Domínguez, Nelke, Perry 2002).

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Reporte temático, núm. 1. Violencia y maltrato a menores en México, 2005,  informa: Las estadísticas indican que el 75 por ciento de las agresiones sexuales afectan a niñas de entre 10 y 16 años de edad. La psicóloga Rosa María Martin Barba considera que las niñas – respecto de los niños— son las primeras que abandonan la escuela obligadas tanto por sus deberes domésticos como por cuidar a sus hermanos menores. En las zonas rurales es mayor el número de casos en los cuales las menores son enviadas a trabajar como empleadas domesticas o nanas, incluso son “prestadas” a familiares o personas ajenas a la familia para este tipo de tareas.

Quinto.  Esta Comisión Derechos de la Niñez comparte la preocupación y exhorto de la proponente, toda vez que como legisladores tenemos la responsabilidad de vigilar en todo momento el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Aumentar la penalización y perseguir de oficio los delitos cometidos contra la niñez, es un deber de los Congresos locales.

Una violación no sólo ocasiona daños que acompañan a la víctima el resto de su vida; sabemos que las estadísticas que se tienen no corresponden a la realidad, ya que es un delito que muchas veces no se  denuncia y que  causa graves daños en la salud física y emocional por no ser tratados y atendidos por especialistas.

Por tanto, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión consideramos que la propuesta atiende a una preocupación de todas y todos, y que debemos trabajar de manera conjunta con los diversos órdenes de gobierno, con la finalidad de salvaguardar los  derechos de la niñez y la adolescencia.

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos Locales a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacía niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a las Procuradurías de Justicia Estatales y a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones pertinentes en materia de violaciones y abuso sexual contra menores de edad y a una adecuada integración de las averiguaciones previas para que los agresores de éste grupo vulnerable sean sancionados conforme a derecho.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Mirna Velázquez López.»

INCORPORAR EN EL PACTO POR MEXICO Y EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES ESPECIFICOS DIRIGIDOS A LA ATENCION DE LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a incorporar en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia programas, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se den los trámites necesarios para que México se adhiera al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, conocido como Convenio de Lanzarote.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de abril de 2013, las diputadas Martha Leticia Sosa Govea, Adriana Hernández Íñiguez, Flor Ayala Robles Linares, Maricela Velázquez Sánchez y Lorenia Iveth Valles Sampedro, integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se den los trámites necesarios para que México se adhiera al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, conocido como Convenio de Lanzarote.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

Las diputadas proponentes señalan que en el mes de julio de 2010 entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños en contra de la Explotación y el Abuso Sexual, conocido como Convenio de Lanzarote, buscando combatir la terrible cifra de que uno de cada cinco sea víctima de abuso o explotación sexual al menos una vez en su vida. Esto incluye también varias formas de agresión sexual, como la pornografía infantil y la prostitución.

Indican que uno de los objetivos centrales de este convenio es prevenir la explotación y abuso sexual infantil, tomando en consideración la protección especial que deben de tener las niñas y niños para no sufrir de este tipo de flagelos, buscando evitar cualquier tipo de violación que atente en contra de los derechos inherentes.

Así también, indican que el convenio propone el establecimiento de medidas de protección y asistencia a las víctimas, principalmente de índole legislativa, buscando subsanar y revertir el daño ocasionado que pudiera tener graves consecuencias a futuro, sobre todo en la esfera anímica y emocional, tomando en consideración las necesidades especiales que requiere la infancia.

Consideran que el convenio establece trabajar de manera conjunta, determinante y efectiva promoviendo la cooperación internacional, tomando en consideración la importancia que tiene la educación, concientización y sensibilización de la sociedad y los órganos de gobierno con respecto a la seriedad y gravedad del tema, que no puede dejar de preocuparnos pero sobre todo ocuparnos, dada la afección irreversible que pueden sufrir las niñas, los niños y los adolescentes.

Añaden que el Convenio de Lanzarote marca 5 ejes rectores que en el ámbito legislativo se traducen en lo siguiente:

a) Abuso sexual: El convenio se torna un instrumento que ayudará al legislador a proponer la homologación y armonización de las distintas legislaciones estatales con respecto al tema del abuso sexual, esto es, que el delito se encuentre tipificado de la misma manera en todos los estados y por ende que las penas sean las mismas en cualquier parte del territorio nacional. Asimismo, postula la necesidad de fomentar desde el ámbito legislativo medidas para prevenir este delito.

b) Prostitución infantil: Al igual que en el caso del abuso sexual infantil, el convenio permitirá al legislador armonizar y homologar la legislación nacional para combatir esta detestable práctica que erosiona los cimientos de la sociedad atentando contra la dignidad y los derechos de los niños víctimas de este delito, ayudando a fortalecer y complementar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y los artículos 205 y 105 Bis del Código Penal Federal.

c) Pornografía infantil: En este eje dicho instrumento permitirá al legislador promover la tipificación concreta de las conductas internacionales consideradas bajo este rubro, que de acuerdo al artículo 20 del convenio son la producción de pornografía infantil, la difusión o transmisión de la misma, su adquisición y el acceso a ella con conocimiento de causa y por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, fortaleciendo lo establecido en el artículo 202 del Código Penal Federal relativo a la Pornografía Infantil.

d) Grooming (Acoso sexual por Internet): En el ámbito legislativo, el convenio servirá como marco para promover la tipificación y generar normas tendientes a garantizar que los niños y niñas no se encuentren expuestos a este tipo de delito, así como la posibilidad de generar iniciativas tendientes a llevar a cabo políticas públicas que no sólo se centren en combatir este tipo de delito, sino también generen conciencia en la sociedad y se fomente la educación con respecto al tema.

e) Atención a víctimas: El convenio, al otorgar un lugar privilegiado a la víctima, puede ser de gran ayuda para que la legislación nacional pueda incluir en su normatividad las distintas medidas y programas que se prevén en dicho instrumento, con la finalidad de poder revertir en la medida de lo posible las consecuencias negativas propiciadas al ser los niños y niñas, víctimas de cualquier tipo de explotación o abuso sexual.

Por otro lado, manifiestan que, la adhesión de México a este instrumento internacional es importante, toda vez que representa una herramienta parlamentaria dinámica, innovadora y completa que atraviesa de manera transversal las distintas aristas que conlleva la explotación y abuso sexual infantil, que van desde la adopción de medidas legislativas, pasando por la inclusión de los diversos miembros de la sociedad, así como la atención inmediata y efectiva a las víctimas de este delito, con lo cual se reflejaría el compromiso del Estado mexicano de respetar los derechos fundamentales que son condición necesaria para la consolidación de un mejor futuro pero también fortalecería la reforma constitucional en el que pone a la par a los tratados internacionales con nuestra Carta Magna, obligando así a crear todos los mecanismo para hacer valer el principio del Interés Superior de la Niñez.

Por último señalan que frente a la estremecedora realidad de la explotación y el abuso sexuales, el Convenio de Lanzarote representa, sin duda, una plataforma valiosa para el desarrollo de las herramientas jurídicas destinadas a combatir las diversas formas bajo las cuales se presentan las amenazas a la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes. La adhesión de México a este convenio sería un reflejo del compromiso de nuestro país para extender la protección del estado y de la sociedad a estos segmentos de la población, y sería un paso adelante en la lucha por erradicar la explotación y el abuso sexuales.

En consecuencia, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se den los trámites necesarios para que México se adhiera al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, conocido como Convenio de Lanzarote.

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. constitucional determina el principio de convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal es el caso de la Convención de los Derechos del Niño.

De esta manera, los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales suscritos ratificados por México, se elevan a rango constitucional.

Asimismo, la reforma constitucional al artículo 1o. establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Asimismo, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que en todas las decisiones y actuaciones del estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Con base en el anterior artículo constitucional se integra el interés superior de la niñez, estableciéndose como obligación del estado, velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Segunda. Como lo señala la proponente, los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por el Estado mexicano contemplan lineamientos de carácter vinculante para el Estado mexicano, encontrándose entre ellos: La Convención de los Derechos del Niño, que observa una serie de aspectos a los que se ha comprometido a asegurar a la niñez la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar.

La Convención en su artículo 2o. obliga a los estados parte a respetar y hacer respetar los derechos contenidos en este texto, estipulando en su artículo 4o. que los gobiernos deberán adoptar toda clase de medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole para dar efectividad en los derechos reconocidos en esta convención.

El artículo 11, señala:

“1. Los estados parte adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.

2. Para este fin, los estados parte promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.”

De igual manera, señala la importancia de tomar todas las medidas a favor de la niñez, en su artículo 19, que a la letra dice:

“1. Los estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.”

Tercera. De acuerdo con nuestro marco jurídico nacional, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece lo conducente respecto a sus derechos, particularmente los artículos 4, 7 y 14, que a la letra dicen:

“ Artículo 4.

De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7.

Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

El gobierno federal promoverá la adopción de un Programa Nacional Para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 14.

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:

A. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria.

B. Se les atienda antes que a los adultos en todos los servicios, en igualdad de condiciones.

C. Se considere diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos.

D. Se asignen mayores recursos a las instituciones encargadas de proteger sus derechos.

Cuarta. México vive hoy una situación de violencia generalizada. Las distintas formas violentas física, psicológica, privación o negligencia, sexual, se manifiestan en diferentes escenarios e involucran a distintos actores, como son las niñas y los niños, esto es, los hechos violentos pueden presentarse en distintos ámbitos de la vida privada o pública y en variadas condiciones de relación política, familiar, laboral o social.

Frente a este panorama de violencia se ven afectados los más vulnerables como son las niñas y los niños cuando son violentados sexualmente.

Como sabemos, la explotación y el abuso sexual se cuentan entre las peores formas de violencia contra las niñas y niños en el mundo. Las dimensiones del problema son muy preocupantes, especialmente desde que las nuevas tecnologías (Internet, en concreto) contribuyen a la difusión masiva de estos delitos.

En este sentido y dada la gran preocupación que estos hechos generan, como lo señalan las proponentes el Convenio de Lanzarote tiene como principal objetivo:

• Prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de niñas y niños, perseguir a los autores de los abusos y proteger los derechos y asistencia de las víctimas.

• Plantea medidas de prevención como programas de formación y concienciación, trabajo en las aulas con niños de educación primaria y secundaria, para que aprendan cómo protegerse.

• Ofrece servicios para proteger a las víctimas y a sus familias, tales como servicios de ayuda telefónica o vía Internet, asistencia psicológica, médica y legal.

• Establece procedimientos judiciales adaptados a los niños para proteger su seguridad, privacidad, identidad e imágenes.

• A la vez incluye como ejes rectores a efecto de que el legislativo persiga a los agresores, tipificando como delitos la prostitución infantil, la pornografía infantil y la corrupción de menores y el “grooming” (proposiciones a niños con fines sexuales), con especial atención al uso de Internet.

• Además, establece criterios comunes para asegurar que existe un sistema de penas proporcionado y disuasivo en todos los países; recoge información sobre los agresores condenados; elimina los vacíos legales, como permitir la extraterritorialidad en la persecución de los delitos, por la que un estado puede perseguir penalmente a sus ciudadanos por un delito cometido en el extranjero; y amplia o adapta el plazo de prescripción del delito.

De ahí que esta comisión dictaminadora está convencida que es necesario que el Estado mexicano se adhiera a este importante instrumento internacional, en virtud de que representaría un insumo legislativo en la protección de las niñas y niños de nuestro país, que atentan contra su integridad física y moral, así como se reflejaría el compromiso del Estado mexicano de respetar los derechos fundamentales que son condición necesaria para la consolidación de un mejor futuro, pero también fortalecería la reforma constitucional en el que pone a la par a los tratados internacionales con nuestra Carta Magna, obligando así a crear todos los mecanismo para hacer valer el principio del Interés Superior de la Niñez.

Quinta.Es verdad que conforme a las reformas constitucionales relativa a los derechos humanos, publicadas el 10 de junio de 2011, las cuales entraron en vigor a partir del día siguiente de su publicación y a la luz de los tratados internacionales de los que México es parte, relacionados con los derechos humanos de la niñez aplicables a los asuntos de infancia, ahora, todas las autoridades del país de cualquier ámbito de gobierno tienen, en sus respectivas competencias, que observar el interés superior de la niñez.

Por lo tanto, es importante que el Estado mexicano se adhiera al Convenio de Lanzarote porque sería un reflejo del compromiso de nuestro país para extender la protección del estado y de la sociedad a estos segmentos de la población como son las niñas y los niños, y sería un paso adelante en la lucha por erradicar la explotación y el abuso sexuales contra las niñas y los niños.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se incorporen programas, estrategias y acciones específicas dirigidas a la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Mirna Velázquez López»

REQUERIR A PEMEX REFINACION QUE IMPONGA PENAS A LOS FRANQUICIATARIOS QUE INCUMPLAN LAS OBLIGACIONES LEGALES Y APLIQUE UN PROGRAMA DE REVISION DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO PARA EVITAR INOBSERVANCIA DEL MARCO NORMATIVO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo para requerir a Pemex Refinación que imponga penas a los franquiciatarios que incumplan las obligaciones legales y aplique un programa de revisión de las estaciones de servicio para evitar inobservancia del marco normativo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 7 de marzo de 2013, se presentó la proposición con punto de acuerdo, relativo a los abusos cometidos por los franquiciatarios de las estaciones de servicio de Pemex, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

2. Asimismo, en sesión celebrada en la Cámara de Diputados con fecha 3 de marzo de 2013, la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la proposición con punto de acuerdo que insta a Pemex Franquicias (Petróleos Mexicanos) a revisar y, en su caso, hacer acatar o sancionar el no cumplimiento del apartado 3.11.2 del manual de operación de la franquicia Pemex por parte de la totalidad de estaciones de servicio a lo largo del país.

El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

A fin de atender estos asuntos, el presidente de la Comisión de Energía instruyó a la Secretaría Técnica a realizar el análisis y formulación del dictamen correspondiente.

II. Objeto y contenido de las proposiciones

Las proposiciones en dictamen tienen su origen en una problemática en común: el observar incumplimiento al Manual de Operación de la Franquicia Pemex en el apartado de Servicios al Cliente, por parte del franquiciatario en perjuicio del consumidor.

En consecuencia los promoventes tienen por objetivo central que este Órgano Legislativo exhorte a Petróleos Mexicanos para que haga cumplir al franquiciatario con las disposiciones relativas a servicios al cliente contenidas en el referido manual y en su caso, sancionar a aquéllos que incurran en su incumplimiento.

A continuación se expone el contenido de cada una de las proposiciones con punto de acuerdo.

1. La proposición que suscribe el diputado Ricardo Astudillo Suárez hace referencia a una situación frecuente en las estaciones de servicio, el pago por parte del usuario por la utilización de las instalaciones sanitarias.

Destaca el promovente, que los franquiciatarios al llevar a cabo el cobro descrito, incurren por lo menos en dos violaciones a disposiciones reglamentarias:

– Manual de operación del franquiciatario (sic), numeral 3.11.2 respecto de la obligación de contar con instalaciones sanitarias en condiciones higiénicas, con material de consumo, mobiliario, accesorios, recubrimientos y mamparas completos y en buen estado, con iluminación adecuada y libre de olores desagradables.

– Contrato de Franquicia para Estación de Servicio el cual establece en su numeral 6.1, como obligación del franquiciatario acatar las disposiciones de los manuales de operaciones. En el apartado “Penas Convencionales”, se determina que si un franquiciatario no cumple con las obligaciones establecidas en la normatividad aplicable, Petróleos Mexicanos Refinación podrá suspender la operación de la respectiva estación de servicio hasta por 15 días naturales

A decir del promovente, Petróleos Mexicanos debe mostrar el cumplimiento cabal de la ley, y de toda disposición normativa para evitar abusos a los consumidores, de ser necesaria la rescisión del contrato con los franquiciatarios, para que sólo aquellos que estén dispuestos y cumplan con el convenio puedan seguir operando sus franquicias con los beneficios que ello implica.

En virtud de lo anterior, el diputado Ricardo Astudillo somete a consideración de esta Soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular de Petróleos Mexicanos para que en uso de sus facultades de dirección requiera al responsable de Petróleos Mexicanos Refinación, a fin de imponer las penas convencionales correspondientes a los franquiciatarios que no presten de modo gratuito el servicio de sus instalaciones sanitarias y en general, el incumplimiento a cualquier de las obligaciones de la normatividad aplicable.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la paraestatal Petróleos Mexicanos a diseñar y aplicar un programa permanente de revisión de las estaciones de servicio, a fin de evitar irregularidades e incumplimientos al marco jurídico aplicable.

2. De la misma manera la proposición que promueve la diputada Rosa Elia Romero Guzmán hace alusión a la situación en las estaciones de servicio, líneas arriba descrita.

Refiere que el servicio sanitario en la mayoría de las gasolineras no cumple con lo establecido en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex, principalmente por el estado insalubre los sanitarios y porque su acceso generalmente está condicionado a un pago, lo cual constituye la violación al apartado 3.11.2 del Manual de Operación de la Franquicia Pemex en el cual se establece entre otros aspectos que “el consumidor que visita la estación de servicio va con una idea en mente: recibir el mejor servicio, y una parte muy importante del servicio al cliente en la Franquicia Pemex es contar con servicios sanitarios, con instalaciones limpias y bien presentadas... el uso de los servicios sanitarios es parte del servicio al cliente y por lo mismose permitirá el libre acceso sin costo alguno a clientes y acompañantes”.

En virtud de lo anterior la diputada Rosa Elia Romero Guzmán somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente acuerdo

Único. Instar a Pemex Franquicias a revisar y, en su caso, hacer acatar o sancionar el no cumplimiento del apartado 3.11.2. del manual de operación de la franquicia Pemex por parte de la totalidad de estaciones de servicio a lo largo del país, el cual indica en el párrafo tercero que el uso de los servicios sanitarios es parte del servicio al cliente y por lo mismo se permitirá el libre acceso sin costo a clientes y acompañantes.

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de las proposiciones con puntos de acuerdo que promueven los diputados Ricardo Astudillo Suárez y Rosa Elia Romero Guzmán, los integrantes de la Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Como ha quedado descrito en el apartado anterior, la intención de los promoventes es exhortar a Petróleos Mexicanos para hacer cumplir a los franquiciatarios de las estaciones de servicio las disposiciones relativas al servicio al cliente y, en su caso, hacer efectiva la sanción correspondiente.

Segunda.Respecto de las instalaciones sanitarias, el Manual de Operación de la Franquicia Pemex, en el apartado 3.11.2.Sanitarios establece a la letra lo siguiente:

“El consumidor que visita la Estación de Servicio, va con una idea en la mente “Recibir el Mejor Servicio” y una parte muy importante del Servicio al Cliente en la Franquicia Pemex es contar con Servicios Sanitarios, con instalaciones limpias y bien presentadas.

Es por esto, que los servicios sanitarios reflejarán el interés del Franquiciatario por el cliente con instalaciones limpias, en condiciones higiénicas, con material de consumo, mobiliario, accesorios, recubrimientos y mamparas completos y en buen estado, con iluminación adecuada y libre de olores desagradables.

El uso de los servicios sanitarios es parte del Servicio al Cliente y por lo mismo se permitirá el libre acceso sin costo alguno a clientes y acompañantes”

Es decir, como lo solicitan los promoventes, las instalaciones sanitarias deben reunir diversas características y no estar condicionado su acceso a pago alguno.

Tercera.Por otra parte, en los apartados 1.20 y 1.21 del referido manual, se establecen los diversos tipos de sanción para penalizar al franquiciatario, dispuestos en penas convencionales o bien rescisión de contrato.

A continuación se inserta parte del contenido del apartado 1.20. Penas Convencionales:

En caso que el franquiciatario incumpla las obligaciones pactadas en los contratos de Franquicia y de Suministro, en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex y/o en la demás normatividad aplicable, o que las mismas no sean cumplidas satisfactoriamente o en la manera convenida, y que no se encuentren previstas expresamente como causales de rescisión o de suspensión por medidas de seguridad, Pemex Refinación, podrá aplicar las penas convencionales siguientes:

a. Exhorto por escrito al franquiciatario, al cumplimiento cabal de las obligaciones contenidas en los Contratos de Franquicia y de Suministro, en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex y/o en la demás normatividad aplicable

b. Suspensión del suministro de productos petrolíferos, hasta por 15 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación de la pena aplicada; y/o

c. Suspensión de la operación de la estación de servicio para la venta de los productos, hasta por 15 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación de la pena decretada; y/o

d. En caso de que el franquiciatario incurra nuevamente en el incumplimiento de las obligaciones, la suspensión total de la operación de la estación de servicio podrá ser hasta por 30 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación de la medida decretada.

La aplicación de las penas convencionales, se harán del conocimiento del franquiciatario mediante comunicación escrita que le dirija Pemex Refinación, notificada por los medios previstos en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex.

Refiere que Pemex Refinación aplicará las penas convencionales, tomando en cuenta las características del comportamiento comercial del franquiciatario al momento de incurrir en el incumplimiento, considerando para tal efecto, entre otros factores, ecología, y/o imagen, y/o servicio y/o a los intereses y/o patrimonio de Pemex Refinación.

Asimismo en el apartado 1.21. Causales de Rescisión se establecen los criterios que motivarán a Pemex Refinación a rescindir el contrato de manera temporal o definitiva.

A continuación se destacan algunas de las causales de rescisión:

1. Incumplimiento de aspectos de seguridad y riesgos en la estación de servicio que vulneren la integridad del personal, clientes y/o al público en general o sus bienes.

2. Cuando el franquiciatario incurra en actos con terceras personas, en cuanto al ejercicio de los derechos derivados del Contrato, sin consentimiento de Pemex-Refinación.

3. Cualquier hecho o actos que públicamente afecten o deterioren la imagen, valor, calidad, prestigio o reputación de la Franquicia Pemex o de las marcas sublicenciadas.

4. Cuando el franquiciatario comercialice, almacene, o tenga los productos de forma no prevista distinta a lo pactado.

5. En cuanto a los Productos petrolíferos.

– Incumplimiento en las características, propiedades y/o especificaciones técnicas señaladas en la normatividad.

– Adulterar, alterar, comercializar adulterados, alterados y/o contaminados

– Suministrar un volumen de producto inferior al adquirido por el cliente consumidor.

– Vender a un mismo cliente un volumen superior a los 400 litros o en toneles de autotanques

– No respetar los precios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

– Proporcionar información o documentación falsa o incorrecta a “Pemex Refinación.

– Impedir u obstaculizar la realización o el cumplimiento del objeto de las visitas comerciales

– No contar con el sistema de control volumétrico, determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

De lo anterior se desprende que entre las causales de rescisión de contrato destacan aquéllas relativas al incumplimiento de: la seguridad industrial y personal; los actos de comercialización; la supervisión de Pemex; el volumen y la calidad del producto.

Cuarta.Los diputados integrantes de esta Comisión de Energía consideran que las estaciones de servicio, como parte de la imagen de Petróleos Mexicanos, deben ofrecer no sólo productos de la calidad y cantidad solicitados, sino brindar un servicio al cliente adecuado en cumplimiento con lo dispuesto en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex.

En virtud de lo anterior, esta Comisión resuelve respaldar la propuesta de los promoventes y plantea una redacción que retoma la propuesta central de los diputados Ricardo Astudillo Suárez y Rosa Elia Romero Guzmán, y con el objeto de enriquecer la propuesta, se solicita verificar el cumplimiento del marco jurídico de la Franquicia Pemex contenido en el citado Manual y no únicamente lo que se refiere a los servicios al cliente.

Por los razonamientos expuestos la Comisión de Energía de la honorable Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente

IV. Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos para que por conducto de Petróleos Mexicanos Refinación, se revise y se vigile el cumplimiento del Manual de Operación de la Franquicia Pemex por parte de la totalidad de estaciones de servicio a lo largo del país y, en su caso, sancionar a aquellos franquiciatarios que lo incumplan.

Segundo.Se exhorta a Petróleos Mexicanos Refinación a verificar el cumplimiento del Capítulo 3, Servicios al Cliente, del Manual de Operación de la Franquicia Pemex, de manera expresa en lo correspondiente al apartado 3.11.2 y, en caso de incumplimiento, aplicar la sanción que corresponda.

Tercero. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a aplicar un programa permanente de revisión de las estaciones de servicio, a fin de evitar irregularidades e incumplimientos al marco normativo aplicable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Energía, diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

EXHORTO AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX A HACER PUBLICO EL ESTADO DE LA INVESTIGACION LLEVADA CONTRA MEXICANA DE LUBRICANTES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al director general de Pemex a hacer público por su órgano interno de control el estado de la investigación llevada contra Mexicana de Lubricantes, y presentar las denuncias correspondientes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción VI; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 5 de marzo de 2013, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Pemex a hacer público por su Órgano Interno de Control el estado de la investigación llevada contra Mexicana de Lubricantes, y presentar las denuncias correspondientes, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, ambos integrantes del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

II. Contenido y objeto de la proposición con punto de acuerdo

El objetivo central de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina consiste en transparentar las relaciones comerciales entre la paraestatal Petróleos Mexicanos y la empresa Mexicana de Lubricantes, SA de CV.

La preocupación anterior, a decir de los proponentes, surge a partir de que Petróleos Mexicanos tomó la decisión de reanudar relaciones con la empresa aludida en el 2012, a pesar de existir diversas denuncias, investigaciones y procedimientos en contra de la misma.

De esa forma, a través de la proposición con punto de acuerdo, se plantean dos puntos resolutivos, con la siguiente redacción:

Primero. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para que, a través del Órgano Interno de Control de Pemex, se haga público el estatus de la investigación llevada a cabo en contra de Mexicana de Lubricantes, incluyendo los procesos de la extinción de la obligación de exclusividad de la venta de lubricantes, el contrato de uso de marcas, el contrato de venta de primera mano y los contratos de maquila.

Segundo. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a que presente las denuncias penales correspondientes, ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control de Pemex.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la proposición con punto de acuerdo, los integrantes de esta Comisión de Energía, fundan el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera.Que acorde con la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo, la paraestatal Petróleos Mexicanos inició, a principios de la década de 1990, una coinversión con capital privado, dando inicio a las actividades comerciales de la empresa Mexicana de Lubricantes, SA de CV, de la cual surgieron diversas irregularidades y anomalías que dieron origen a diversas investigaciones, procedimientos y denuncias en contra de la empresa particular referida. No obstante lo anterior, los proponentes indican que la paraestatal ha decidido restablecer las actividades de esta empresa.

Segunda. Que de la revisión del Informe Anual 2011 de Petróleos Mexicanos –http://www.ri.pemex.com/files/content/Informe%20Anual%202011.pdf– se desprende que en enero de 1993, Pemex-Refinación celebró un contrato de coinversión con Impulsora Jalisciense, SA de CV (“Impulsora”) para establecer una sociedad denominada Mexicana de Lubricantes, SA de CV (“MdeL”), que tiene por objeto la formulación, envasado, transportación y comercialización de aceites y grasas lubricantes. Asimismo, se desprende que actualmente Pemex-Refinación forma parte de diversos procesos judiciales y administrativos en relación con esta sociedad, los cuales se encuentran en proceso deliberativo por parte de las autoridades competentes.

Tercera. Que a pesar de no existir referencia alguna en el último informe de Petróleos Mexicanos y de la existencia de los procesos judiciales y administrativos ya aludidos, los proponentes indican que, Petróleos Mexicanos ha decidido reiniciar las actividades de la empresa Mexicana de Lubricantes, SA de CV.

Cuarta. Que Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurídica y patrimonio propios a través de quien el estado realiza las actividades que le corresponden en exclusiva en el área estratégica del petróleo y, por tanto, ejerce la conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera. Para ese objeto, también cuenta con organismos subsidiarios que tiene la naturaleza de ser organismos descentralizados con fines productivos, de carácter técnico, industrial y comercial.

Quinta.Que los integrantes de esta Comisión de Energía estiman que Petróleos Mexicanos, así como sus organismos subsidiarios, deben regirse en todo momento, entre otros, por los principios de transparencia y eficiencia en su estructura organizacional y operativa, tal y como se encuentra previsto en el último párrafo del artículo 6 de la Ley de Petróleos Mexicanos. Asimismo, se encuentran sujetos a diversos mecanismos de control, evaluación y vigilancia, previstos tanto en la Ley Federal de Entidades Paraestatales como en la propia Ley de Petróleos Mexicanos.

Sexta.Que conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la  administración de los recursos públicos federales se debe realizar con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Séptima.Que en la actualidad los principios, mecanismos y criterios, arriba aludidos, y, sobre todo, los de transparencia y rendición de cuentas, constituyen referentes importantes de las sociedades modernas; asimismo, en la medida que se fortalecen dichos principios, se asegura el buen desempeño de un gobierno. En el sector petrolero, evidentemente, se encuentra una de las principales actividades económicas del estado mexicano y tiene consecuencias de diversa índole para todos los ciudadanos de este país. Por ello, los integrantes de esta Comisión de Energía  coinciden en las labores de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios,  así como el manejo de recurso públicos por parte de dichas entidades, no deben escapar a la aplicación de la legislación y principios arriba citados.

Octava.Que, en consecuencia, los integrantes de esta Comisión de Energía  estiman viable, el hecho de que se haga de conocimiento público, el resultado de las investigaciones, procedimientos y denuncias iniciadas en contra de Mexicana de Lubricantes, SA de CV; así como todas y cada una de las circunstancias, condiciones y acuerdos mediante los cuales se restablecen o pretenden restablecer las actividades de esa misma empresa; lo anterior, a efecto de dar certidumbre y transparencia en el manejo de las actividades de la paraestatal y sus organismos subsidiarios, de conformidad con la legislación vigente.

Por lo anteriormente expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente

IV. Acuerdo

Primero.Se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos; al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos; al Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de la Función Pública, para que se haga público el resultado de las investigaciones, procedimientos y denuncias iniciadas en contra de la empresa Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., con motivo de los presuntos daños o perjuicios ocasionados a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios.

Segundo.Se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, para que, en el ámbito de su competencia y, en caso de ser procedente, se ejerzan las acciones legales, o bien se otorgue seguimiento puntual a las existentes, en contra de quienes presuntamente hubieren ocasionado daño o perjuicio a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, en relación con la empresa Mexicana de Lubricantes, SA de CV.

Tercero.Se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y al Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos, para que se hagan públicas las circunstancias, condiciones y acuerdos, mediante los cuales se restablecen o pretenden restablecerse las actividades de la empresa Mexicana de Lubricantes, SA de CV.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Energía, diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

VOLUMEN V

EXHORTO A PEMEX A INTENSIFICAR LAS ACCIONES IMPLANTADAS PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL ROBO DE COMBUSTIBLE EN EL POLIDUCTO DE 16 PULGADAS MINATITLAN-SALINA CRUZ

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a Pemex a intensificar las acciones implantadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85 y 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 21 de febrero de 2013, Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos (Pemex) a intensificar las acciones implantadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos.

2. El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la proposición.

Mediante el punto de acuerdo en análisis, el diputado Carol Antonio Altamirano plantea a la Cámara de Diputados exhortar a Pemex a intensificar sus acciones respecto del combate del robo de combustibles, específicamente en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz.

En la exposición de motivos, el diputado promovente se refiere a las explosiones ocurridas el 18 de septiembre de 2012 en un ducto del Centro de Medición de Gas de Pemex en Reynosa Tamaulipas y el 31 de enero de 2013 en las instalaciones administrativas de Pemex. Asimismo aborda el tema del mercado ilícito de combustibles y el riesgo que representan para la población las tomas clandestinas.

En este contexto presenta los motivos que le dan origen a su propuesta, entre ellos destacan los siguientes:

– Que son diversas las solicitudes que la Cámara de Diputados ha presentado para que Pemex transparente la información sobre los accidentes ocurridos tanto en su infraestructura administrativa como operativa.

– Que de acuerdo con cifras de la paraestatal sólo en 2012, Pemex detecto más de mil tomas clandestinas en sus ductos, que representa al menos 30 por ciento más que las localizadas en 2011. El mismo año, las tomas clandestinas ocasionaron una pérdida por más de 5 mil millones de pesos.

– Que durante 2012, las entidades donde se presentó con mayor frecuencia el delito de robo de combustibles fueron, en primer lugar, Veracruz, seguida de Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Nuevo León.

– Que es necesario que la paraestatal especifique las acciones tomadas para prevenir y controlar el robo de combustibles.

En relación con lo anterior, el diputado hace alusión a la problemática de tomas clandestinas en Oaxaca, particularmente en las localidades del Istmo de Tehuantepec, Santa María Petapa, San Juan Guichicovi, Asunción Ixtaltepec, El Espinal, Barrio de la Soledad, Salina Cruz y Juchitán. Señala que estas actividades ilícitas, que hacen los ordeñadores de combustibles, ponen en riesgo a la población de los municipios por donde pasan estos ductos de Pemex.

A decir del promovente es urgente pedir cuentas de las acciones tomadas hasta el momento, y de ser necesario tomar medidas para la rehabilitación de los ductos a fin de disminuir el riesgo de un accidente de grandes magnitudes.

En virtud de lo anterior el diputado Carol Antonio Altamirano somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a Pemex a intensificar las acciones implementadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos.

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la proposición con punto de acuerdo en análisis, los integrantes de la Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora comparte el interés del diputado promovente y reconoce que han sido diversas las ocasiones en que el Congreso de la Unión ha manifestando su preocupación ante el aumento de la comisión del delito de robo de combustibles, por afectar un área estratégica como lo es el sector energético y derivar en un problema de seguridad nacional de acuerdo con lo señalado por Pemex.

Segunda.En sesión celebrada en la Cámara de Diputados en fecha 6 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para conocimiento de la Comisión de Energía, copia de oficio número SEL/ UEL/ 311/ 149/ 13, de fecha 1 de febrero de 2013, de la Secretaría de Gobernación, con el que remite copia del similar número DGPPVCI/ 0170/ 13, de fecha 28 de enero de 2013, de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta a “puntos de acuerdo aprobados por el Congreso de la Unión referentes a fortalecer las acciones para reducir el robo de combustibles”.

A continuación se transcribe textualmente la respuesta de la Procuraduría General de la República:

1. La Procuraduría General de la República, ha desarrollado acciones de coordinación interinstitucional para el combate al robo, adulteración, transporte y comercialización ilícita de combustibles con la participación de las dependencias y entidades competentes en el ámbito federal, entre las que destacan SSP, SFP, SHCP y Pemex, entre otras.

2.- La Procuraduría General de la República con la participación de sus Delegaciones en diversas entidades federativas, ha celebrado diversas reuniones de trabajo con autoridades estatales para atender la problemática relacionada con el robo de hidrocarburos.

3.- Los resultados de las acciones emprendidas arrojan a la fecha los siguientes resultados:

Tercera.De acuerdo con información de Pemex –disponible en su sitio electrónico–, con el propósito de reducir el robo de hidrocarburos que se presenta, principalmente, en tramos de la red nacional de ductos, mediante la colocación de dispositivos intrusivos denominados tomas clandestinas, y al interior de algunos de sus centros de trabajo, Pemex ha continuado ejecutando su estrategia integral de abatimiento del mercado ilícito.

Al respecto, la paraestatal ha reconocido que el robo de hidrocarburos continúa presentándose en la red nacional de ductos, debido a que los sistemas están tomados, prácticamente, por bandas del crimen organizado, asociadas a grupos fuertemente armados.

Entre las acciones llevadas a cabo para desalentar el robo de petrolíferos al interior de sus centros de trabajo, Pemex realiza auditorías técnico-operativasy con ellas, se verifica la correcta aplicación de los procedimientos operativos, de medición y de manejo de productos, con el propósito de disminuir en las instalaciones los puntos vulnerables, susceptibles de actividades ilícitas.

Por lo que toca a la extracción ilícita de combustibles en los sistemas de ductos, Pemex cuenta con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía Federal para fortalecer la vigilancia de los derechos de vía.

De lo anterior se desprende que para el combate del mercado ilícito de combustibles, ha sido necesaria la participación interinstitucional de diversas dependencias y entidades.

Cuarta. Es importante destacar que en relación con el tema que nos ocupa, la Comisión de Energía dictaminó y aprobó una proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos:

Único.La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a: Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y Policía Federal a fortalecer las acciones de la actual Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito en las diferentes etapas que forman parte de la cadena de mercado ilícito de combustibles; extracción, almacenamiento, adulteración, manejo, transportación, distribución y comercialización en el país.

En virtud de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Energía, no obstante haber aprobado en fecha reciente el punto de acuerdo –líneas arriba referido– encaminado al objetivo central que persigue el diputado Carol Antonio Altamirano, consideran oportuno respaldar la propuesta del diputado promovente y, reiterar su posicionamiento respecto al tema del robo de combustibles.

Por tanto, la comisión dictaminadora presenta el punto de acuerdo en términos de exhortar a diversas instancias del gobierno federal a fortalecer las acciones de la actual estrategia integral de abatimiento del mercado ilícitopara prevenir y controlar el robo de combustible en el Sistema Nacional de Ductos a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de la población, así como daños al ambiente.

Asimismo, se exhorta a Petróleos Mexicanos a verificar las condiciones y procurar el mantenimiento preventivo de su red nacional de ductos.

Por los razonamientos expuestos, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía los siguientes

IV. Acuerdos

Primero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y Policía Federal a fortalecer las acciones de estrategia integral de abatimiento del mercado ilícitopara prevenir y controlar el robo de combustible en el sistema nacional de ductos a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de la población, así como evitar daños al ambiente.

Segundo. Se exhorta a Petróleos Mexicanos a verificar las condiciones de operación y aplicar el debido mantenimiento preventivo del poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, así como el sistema nacional de ductos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Energía, diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú, Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

CAMPAÑA NACIONAL SOBRE LA DISPOSICION FINAL DE FOCOS AHORRADORES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a implantar una campaña nacional sobre la disposición final de focos ahorradores; y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, a expedir una norma oficial mexicana que regule tal disposición

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral I, fracción VI; 85, 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 21 de febrero de 2013, el diputado Julio César Flemate Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a implementar una campaña respecto de la disposición final de focos ahorradores; asimismo, se solicita a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a expedir una norma oficial mexicana que regule la disposición final de los mismos.

2. El Presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la proposición con punto de acuerdo

La intención del diputado Julio César Flemate Ramírez mediante la proposición con punto de acuerdo en dictamen, se centra en exhortar al Gobierno Federal por conducto de diversas instancias, para que implemente una campaña informativa, así como para que emita la normatividad correspondiente en relación a la disposición final de focos ahorradores de energía.

Inicia el diputado promovente su exposición de motivos al hacer alusión del artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así como a un medio ambiente sano para el desarrollo de su bienestar, donde el Estado debe velar en todo momento para que este derecho se garantice a todas las personas.

En este contexto el diputado describe la problemática. Señala que en la anterior administración tuvo lugar el Programa Luz Sustentable el cual promueve sustituir los focos incandescentes por los conocidos como ahorradores. Aunque destaca que con esta acción se benefició a millones de familias con el ahorro económico derivado del ahorro energético, así como la reducción de toneladas de gases de efecto invernadero, se pasó por alto la debida regulación sobre la disposición de estas bombillas las cuales representan un riesgo al medio ambiente y la salud, debido al contenido de mercurio.

En relación con lo anterior, señala el promovente que la Secretaría de Economía, en el año 2008, publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-017.ENER/SCFI-2008, alusiva a las características de los focos ahorradores, en la cual se omite la obligación al fabricante de señalar tanto el contenido de mercurio como de informar en los empaques a los consumidores respecto de qué hacer cuando estos focos se rompen o se funden.

Al respecto el diputado destaca la toxicidad del mercurio y cita diversas recomendaciones señaladas en el portal electrónico Salud Magazine en caso de que se rompa una lámpara fluorescente. Lo anterior, en razón de los daños a la salud que puede provocar el contacto con este metal.

Por ello, el promovente considera que el Gobierno Federal debe emitir la normatividad respectiva que obligue a los fabricantes a señalar en el empaque de los focos ahorradores las medias a tomar en caso de rompimiento o término de vida útil de las lámparas ahorradoras, así como implementar una campaña para sensibilizar a los usuarios al respecto.

Por lo anteriormente expuesto, el diputado Flemate Ramírez plantea en su proposición con punto de acuerdo los siguientes puntos resolutivos:

“Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a implementar unacampaña nacional respecto de ladisposición final de focos ahorradores, que sensibilice a la población respecto a los riesgos que pueden generar al medio ambiente y a la salud.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a expedir una norma oficial mexicana que regule la disposición final de focos ahorradores, así como que se establezca la obligación a los fabricantes de señalar en los empaques las medidas que los consumidores deben tomar en caso de la fractura de los focos.”

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la proposición con punto de acuerdo arriba citada, los integrantes de esta Comisión de Energía, fundan el presente dictamen en las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de esta Comisión de Energía coinciden con el proponente en que se deben garantizar los derechos a la salud y al medio ambiente sano, conforme a lo dispuesto en los párrafos cuarto y quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se comparte su preocupación en torno a la falta de normas oficiales mexicanas e información  relacionada con las lámparas o focos que pudieran constituir un residuo peligroso, en términos de la legislación vigente en la materia.

Segunda.Actualmente, en nuestro país se comercializan diferentes tipos de lámparas fluorescentes, denominadas comúnmente como lámparas o focos ahorradores, así mismo se cuenta con una normatividad en relación con su comercialización dada su respectiva eficiencia energética. De igual forma y al ser consideradas como residuos peligrosos, se cuenta con diversa legislación al respecto.

Tercera.El 8 de octubre de 2003 se publicó la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), en la cual se establecieron tres tipos de residuos: peligrosos, de manejo especial y sólidos urbanos. También se establece expresamente la competencia de su regulación a la Federación, las entidades federativas y los municipios. A esta regulación en materia de residuos peligrosos, se adicionan las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006.

Cuarta.Asimismo, se debe aclarar que mediante la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el 4 de enero de 1988, se estableció la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia ambiental (artículo 4) y reservó a la Federación la facultad de regulación y control de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales (artículo 5, fracción VI).

Las facultades que la Federación ejerce en materia de regulación y control de residuos peligrosos también se reflejaron en la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, principalmente, en las fracción I y II del artículo 7, que establecen la facultad para “Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos”, así como para “expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra.”

Se debe precisar que el ejercicio de las facultades de la Federación en materia de residuos peligrosos se realiza a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y ésta, en caso necesario, en coordinación de las demás dependencias de la administración pública federal. (Artículo 8 de la LGPGIR).

Quinta.De conformidad con el artículo 31 en su fracción VI, de la LGPGIR, las lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio se consideran como residuos peligrosos sujetos a planes de manejo, en términos de la misma ley.

De esta manera, está previsto que se encuentran obligados a formular y ejecutar planes de manejo los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en los residuos peligrosos y los que se incluyan en las normas oficiales mexicanas. (Artículo 28 de la LGPGIR). Asimismo, empresas y establecimientos responsables de los planes de manejo deben registrarlo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Artículo 33 de la LGPGIR).

Acorde al artículo 29 de la misma ley, los planes de manejo aplicables a productos de consumo que al desecharse se conviertan en residuos peligrosos, deben considerar, entre otros aspectos, los siguientes:

– Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar;

– Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las acciones que éstos deben realizar para devolver los productos del listado a los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, según corresponda;

– Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos, y

– Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución.

Sexta.Actualmente, en materia de lámparas fluorescentes, se encuentran vigentes diversas normas oficiales mexicanas, entre las cuales, se destacan las siguientes:

A. Norma Oficial Mexicana NOM-017-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 2008. Su vigilancia está a cargo de las secretarías de Economía; Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; y, asimismo, de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus respectivas competencias.

B. Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba.Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2010. Su vigilancia está a cargo de la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; y, asimismo, de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus respectivas competencias.

C. Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-1998, Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 1999. Su vigilancia está a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor.

En ninguna de las normas oficiales mexicanas arriba citadas, se establecen los elementos y procedimientos que se deben prever para los planes de manejo de residuos peligrosos, en el caso específico, para las lámparas referidas, de conformidad con el artículo 32 de la LGPGIR; es decir, no contienen ni los procedimientos ni las medidas indicadas para los planes de manejo del tipo de lámparas citadas, conforme a los elementos especificados en el artículo 29 del mismo ordenamiento. Tampoco se menciona el contenido máximo de mercurio permisible en ningún tipo de lámpara.

Es decir, no obstante la existencia de legislación vigente en materia de residuos peligrosos, en el caso particular de lámparas fluorescentes, denominadas comúnmente como lámparas o focos ahorradores, se carece de la inclusión en las normas oficiales mexicanas de diversos elementos y principios legalmente previstos en materia de contenido máximo permisible de mercurio; procedimientos de acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final; así como de información sobre precaución, manejo seguro, acciones de devolución a proveedores y/o centros de acopio.

Séptima.En consecuencia, dada la existencia de las normas oficiales arriba citadas; así como las diversas normas aludidas en el texto de las mismas, para su correcta aplicación y tomando en cuenta el hecho de que se tiene la posibilidad de emitir una nueva norma oficial mexicana a efecto de establecer los criterios a que obliga la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, esta Comisión de Energía  estima pertinente dejar abierta la posibilidad al Ejecutivo para que, a través de las instancias correspondientes, incluya la información señalada en el párrafo previo en la normatividad que estime idónea; es decir, que se pueda crear una nueva norma o, bien, modificar las normas oficiales mexicanas existentes para ese fin.

Por lo tanto, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman viable modificar los puntos resolutivos planteados por el proponente a fin de exhortar al Ejecutivo Federal para que, de conformidad con la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, se incluya en normas oficiales mexicanas, los parámetros de contenido máximo permisible de mercurio; procedimientos de acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final; así como de información sobre precaución, manejo seguro, acciones de devolución a proveedores y/o centros de acopio; todos, respecto de lámparas que se comercialicen en territorio nacional, de conformidad con los principios y elementos establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Octava.  Los integrantes de esta Comisión de Energía, estiman que otro aspecto relevante consiste en el acceso a la información por parte de los consumidores en relación con productos que lleguen a constituir un residuo peligroso, como lo son las lámparas fluorescentes o ahorradoras de energía.

Al respecto, debe señalarse que la propia Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos (artículo 2) señala que en la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos; la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven; así como en la generación y manejo integral de residuos, se observarán, entre otros, los siguientes principios:

– El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y

– El acceso público a la información, la educación ambiental y la capacitación, para lograr la prevención de la generación y el manejo sustentable de los residuos.

De igual forma, como ya se ha indicado más arriba, el artículo 29 de la LGPGIR prevé diversos elementos que deben considerarse en los planes de manejo de productos que al desecharse se conviertan en residuos peligrosos, entre los cuales destacan:

– Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las acciones que éstos deben realizar para devolver los productos del listado a los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, según corresponda. Y,

– Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos.

Ahora bien, tomando en consideración los principios y elementos arriba señalados y previstos en la legislación vigente; así como las atribuciones de la Federación en materia de residuos peligrosos, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman viable modificar los puntos resolutivos planteados por el proponente a fin de exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía; la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, se formulen e instrumenten programas, estrategias o mecanismos que se consideren pertinentes, a fin de difundir de forma permanente entre los consumidores, la información necesaria sobre la precaución, manejo seguro, acciones de devolución a proveedores y/o centros de acopio, respecto de lámparas que se comercialicen en territorio nacional, de conformidad con los principios y elementos establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Novena.Finalmente, esta Comisión de Energía también estima necesario exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía; la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, en la esfera de sus respectivas competencias, procuren y vigilen en todo momento el estricto cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, sobre todo, que los planes de manejo de lámparas que se comercialicen en territorio nacional se formulen y ejecuten con cabal apego a los principios y elementos con que se rigen, acorde a la citada ley y su reglamento. De esa forma, se debe vigilar de forma constante que los planes de manejo ya existentes se encuentren formulados y ejecutados correctamente y acorde a los elementos señalados en el artículo 29 de la LGPGIR.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de esta Comisión de Energía someten al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

IV. Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, de conformidad con la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, se incluya en normas oficiales mexicanas, los parámetros de contenido máximo permisible de mercurio; procedimientos de acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final; así como de información sobre precaución, manejo seguro, acciones de devolución a proveedores y/o centros de acopio; todos, respecto de lámparas que se comercialicen en territorio nacional, de conformidad con los principios y elementos establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía; la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, se formulen e instrumenten programas, estrategias o mecanismos que se consideren pertinentes, a fin de difundir de forma permanente entre los consumidores, la información necesaria sobre la precaución, manejo seguro, acciones de devolución a proveedores y/o centros de acopio, respecto de lámparas que se comercialicen en territorio nacional, de conformidad con los principios y elementos establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía; la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, en la esfera de sus respectivas competencias, procuren y vigilen en todo momento el estricto cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, sobre todo, que los planes de manejo de lámparas que se comercialicen en territorio nacional se formulen y ejecuten con cabal apego a los principios y elementos con que se rigen, acorde a la citada ley y su reglamento.

Notas:

1 A la fecha, su última reforma data de 30 de mayo de 2012.

2 A la fecha, su última reforma data de 4 de junio de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

Se adjuntan al presente dictamen las firmas aprobatorias de la mayoría de los integrantes de esta Comisión de Energía.

La Comisión de Energía, diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez, Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú, Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

EXHORTO A HACER PUBLICOS EL ACUERDO CA-083/2011, EL ACTA DE LA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA 832 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE PEMEX Y EL CONVENIO SINDICAL 10614, SIGNADO ENTRE LA PARAESTATAL Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general y al Consejo de Administración de Pemex a hacer públicos el acuerdo CA-083/2011, el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Pemex y el convenio sindical 10614, signado entre la paraestatal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 26 de febrero de 2013, el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general y al Consejo de Administración de Pemex a hacer públicos el acuerdo CA-083/2011, el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Pemex y el convenio sindical 10614, signado entre la paraestatal y el sindicato.

2. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la proposición

Mediante el punto de acuerdo que promueve el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro se pretende exhortar al director general y al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que se hagan públicos diversos documentos signados por el Consejo de Administración y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

En la exposición de motivos el diputado Espinosa hace alusión de la información publicada en el diario Reforma con fecha 14 de febrero de 2013 sobre un préstamo al STPRM autorizado por la paraestatal. Al respecto destaca lo siguiente:

– El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó, mediante el acuerdo CA-083/2011, de fecha 26 de julio del 2011, un préstamo sin intereses por la cantidad de 500 millones de pesos al STPRM.

– En relación con lo anterior, en el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Pemex, celebrada el 26 de julio de 2011, en el punto 5, relativo al fortalecimiento a la estrategia de vivienda Pemex-STPRM, que la información se clasificó como reservada durante 10 años.

– Asimismo se señala que el dinero se entregó mediante el convenio administrativo sindical 10614, Pemex entregó los recursos el 8 de diciembre de 2011 sin que fuera antes registrado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y fue hasta el 11 de enero de 2012 que las partes registraron el convenio.

A decir del promovente, “... resalta entonces el hecho de que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana hizo público un día después, el 12 de enero de 2012, su apoyo al entonces precandidato presidencial único priista, Enrique Peña Nieto...”

Refiere el diputado Espinosa que en el año 2002 el Instituto Federal Electoral impuso una multa de mil millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional, pues concluyó que el STPRM desvió al menos 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.

Por lo anteriormente expuesto, el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro a consideración de esta soberanía el siguiente

“Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración de Pemex a hacer públicos el acuerdo CA-083/2011 del Consejo de Administración de Pemex, el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y el convenio sindical número 10614 signado entre la paraestatal y el sindicato.”

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la proposición con punto de acuerdo que promueve el diputado Luis Espinosa Cházaro, los integrantes de la Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Como se ha descrito en el apartado anterior, la proposición materia de análisis tiene como propósito exhortar al titular de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración para que se hagan de conocimiento público tres documentos: el acuerdo con número CA-083/2011 del Consejo de Administración de Pemex; el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y; el convenio sindical número 10614 signado entre la paraestatal y el sindicato.”

Segunda. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 12 establece que los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Por otro lado, en el Capítulo III de misma Ley establece los criterios para considerar información como reservada y confidencial cuya difusión pueda: I.Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; II.Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano; III. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.

También se considerará como información reservada la que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial, así como los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal; las averiguaciones previas; los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.

Asimismo, los titulares de las unidades administrativas serán responsables de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y los lineamientos expedidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información.

A este respecto, el Comité de Información de Petróleos Mexicanos es la instancia encargada de emitir los criterios para la clasificación y desclasificación de la información reservada. En su sitio electrónico se encuentran disponibles para su consulta los criterios de confidencialidad de datos personales; reserva números de cuenta bancaria y clave y; confidencialidad de cuotas sindicales.

Tercera.-En relación con la información del interés del promoventes, en el Boletín No. 24 de Petróleos Mexicanos con fecha 18 de febrero de 2013 se da a conocer lo siguiente:

“Con relación a la información que se ha publicado sobre el préstamo otorgado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Petróleos Mexicanos precisa lo siguiente:

Dentro del proceso de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo Bienio 2011-2013, el STPRM presentó a la administración una solicitud para fortalecer la Estrategia de Vivienda Pemex-STPRM.

Lo anterior, considerando que de acuerdo con el actual esquema que ocupa Petróleos Mexicanos para dar cumplimiento a lo pactado en la Cláusula 154 y Anexo 5 del Contrato Colectivo de Trabajo, se otorgan en promedio por año más de 2,300 créditos para satisfacer la demanda de vivienda de los trabajadores sindicalizados con derecho a esta prestación. Asimismo, conforme a la cláusula 246 del mencionado contrato, se prevé el otorgamiento de préstamos al STPRM.

En los términos que se venían ocupando y que son los convenidos en el Pacto Laboral, la empresa tardaría aproximadamente 15 años para satisfacer dicha demanda, además de los derechos que se generarían adicionales por los trabajadores de nuevo ingreso y los que adquirieran planta durante dicho lapso.

En este sentido, se convino otorgar un préstamo en términos del Contrato Colectivo de Trabajo a la representación sindical, con el fin de cubrir en menos tiempo la necesidad de vivienda de los trabajadores sobre todo en aquellas zonas donde no hay oferta ni infraestructura.

Para ello, empresa y sindicato celebraron el Convenio Administrativo-Sindical número 10614 de fecha 27 de julio de 2011, por el cual Petróleos Mexicanos otorgó al STPRM un préstamo sin intereses por la cantidad de 500 millones de pesos para recuperar en un plazo máximo de 5 años, de enero de 2016 a noviembre de 2020.

Por otra parte, por lo que hace a las obligaciones de transparencia por parte del STPRM, éste se obligó a destinar dichos recursos al fideicomiso único, cuyo objeto consiste en: a) la adquisición de inmuebles; b) construcción de vivienda; c) adquisición de vivienda construida; y d) el importe por el pago de trámites relacionados con las operaciones anteriores.

El convenio mencionado se celebró con la autorización del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 832 acuerdo CA-083/2011 de 26 de julio de 2011, y contando con la suficiencia presupuestal para este efecto.

En dicho consejo votaron a favor de este acuerdo que autorizó fortalecer la estrategia de vivienda Pemex-STPRM, los entonces miembros del consejo, representantes de las secretarías de Hacienda, Energía, Economía y Función Pública, así como los consejeros profesionales.

El mismo Consejo de Administración solicitó reservar la información por el período comprendido del 17 de enero de 2011 al 16 de agosto de 2021.

En dicho convenio se estableció, en términos del propio Contrato Colectivo de Trabajo, como garantía para el supuesto de que no se cumplan con el pago de las mensualidades pactadas, que la empresa pueda retener y recuperarlo de las cuotas ordinarias y extraordinarias del Comité Ejecutivo General y las ayudas que a éste se le entregan en cumplimiento a lo pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo.

El depósito del préstamo se efectuó mediante transferencia bancaria a la cuenta del STPRM previa suscripción del recibo correspondiente, que extendió el secretario tesorero de la organización sindical el 8 de diciembre de 2011. Para la administración de los fondos se constituyó el fideicomiso 742263 ante Banco Mercantil del Norte BANORTE, con objeto de cumplir los fines establecidos en la autorización del Consejo de Administración.

El convenio de referencia se depositó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 11 de enero de 2012.

Con fechas 30 de marzo, 31 de julio y 30 de noviembre de 2012, el STPRM presentó los informes cuatrimestrales con relación al convenio referido.

El Consejo de Administración de Pemex, en julio de 2011, estaba integrado de la siguiente manera:

En suma, se observa que la información emitida por la paraestatal coincide con aquella a la que hace alusión el diputado promovente respecto del préstamo otorgado al STPRM, el cual corresponde a una solicitud para fortalecer la Estrategia de Vivienda Pemex-STPRM en cumplimiento con el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Asimismo destaca que Pemex reconoce que el mismo Consejo de Administración solicitó reservar la información por el período comprendido del 17 de enero de 2011 al 16 de agosto de 2021.

No obstante la información señalada por Petróleos Mexicanos esta Comisión de Energía considera respaldar la propuesta del promovente en aras de promover la cultura de la transparencia y principalmente, atender la petición del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro.

Por los razonamientos expuestos la Comisión de Energía de la H. Cámara de Diputados somete ante el Pleno de esta Soberanía el siguiente:

IV. Acuerdo

Único. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración de Pemex a hacer públicos el acuerdo CA-083/2011 del Consejo de Administración de Pemex, el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y el convenio sindical número 10614 signado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Nota:

1 http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=10&catID=14743

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

Se adjuntan al presente dictamen las firmas aprobatorias de la mayoría de los integrantes de esta Comisión de Energía.

La Comisión de Energía, diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez, Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

EXHORTO AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX A GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SUS INSTALACIONES Y DUCTOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al director general de Pemex a garantizar el mantenimiento integral de sus instalaciones y ductos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha 11 de abril de 2013, se presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a tomar medidas para garantizar el mantenimiento de los ductos y de las instalaciones de la paraestatal, a fin de evitar desastres atribuibles a ello, suscrita por el diputado Fernando Cuéllar Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

El presidente de la Comisión de Energía instruyó a la Secretaría Técnica a realizar el análisis y formulación del dictamen correspondiente.

II. Objeto y contenido de la proposición

El objetivo del punto de acuerdo en dictamen es que la Cámara de Diputados exhorte al titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) a garantizar que la paraestatal realizará el mantenimiento integral de sus instalaciones y ductos para evitar futuros accidentes, así como que se tomen medidas para retirar los ductos en desuso.

En la exposición de motivos el diputado promovente Fernando Cuéllar Reyes, hace alusión a diversos asuntos legislativos –iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo llevados a tribuna en esta Cámara de Diputados por legisladores de los diferentes Grupos Parlamentarios– relativos a un tema central, accidentes en instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Señala que Pemex al ser pilar de la economía mexicana y la principal proveedora de recursos al gobierno para cubrir sus exigencias financieras, es una empresa de suma importancia para la definición de los ingresos públicos, por ello es necesario el control y la vigilancia sobre este sector tan estratégico para la política económica del país.

El promovente refiere que en los últimos años se han documentado un sin número de accidentes en las instalaciones de Pemex que han afectado refinerías; instalaciones marinas; y más recientemente la explosión en el complejo administrativo de Pemex en la Ciudad de México, aunado a lo anterior se encuentran las tomas clandestinas, lo que significa un latente riesgo para las zonas habitadas en los trayectos de los ductos; riesgos que han desembocado en desastres como el ocurrido en Tepeji del Río, Hidalgo; o en Soyaniquilpan de Juárez, México.

En relación con este último punto, el diputado Cuéllar señala que actualmente se desconoce el estado y la bitácora de mantenimiento de la red nacional de ductos y que no existe un dato preciso que exponga cuántos de esos kilómetros de ductos se encuentran en desuso, por lo que representan un riesgo para la población, pues cuentan con acumulación de hidrocarburos y gases nocivos y flamables.

En virtud de lo anterior el diputado Cuéllar somete a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos para que, en uso de sus facultades y atribuciones, garantice el mantenimiento integral de las instalaciones y ductos de la entidad paraestatal para evitar futuros accidentes, así como se tomen medidas para retirar los ductos en desuso para evitar acumulación de gases en zonas habitadas del territorio nacional.

Una vez expuesto los antecedentes, objeto y contenido de la proposición con punto de acuerdo que promueve el diputado Fernando Cuéllar Reyes, los integrantes de la Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Primera.Como se ha descrito en el apartado anterior, el diputado Cuéllar plantea que esta Cámara de Diputados exhorte al titular de Petróleos Mexicanos para que garantice, en términos generales, el mantenimiento integral de la infraestructura de Petróleos Mexicanos al referirse a instalaciones y ductos.

Segunda.En lo que respecta a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, el tema es amplio empero se pueden agrupar de acuerdo a la actividad de la paraestatal, a saber: petroleras (exploración y producción), refinación, gas y petroquímica; es decir, áreas de actividad marina y terrestre; terminales; barcos; poliductos; refinerías; complejos; centros procesadores; etc., además de las instalaciones administrativas.

Asimismo la política de seguridad de Petróleos Mexicanos se encuentra plasmada en el Sistema para la Administración Integral de la Seguridad Salud y Protección Ambiental (Sistema Pemex-SSPA), el cual se integra por tres subsistemas que atienden la seguridad de los procesos, la salud en el trabajo y la protección ambiental:

- Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP).

- Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo (SAST).

- Subsistema de Administración Ambiental (SAA).

Los tres subsistemas se basan en la aplicación de las doce mejores prácticas internacionales (MPI) en seguridad, salud y protección ambiental, a saber: 1. Compromiso visible y demostrado; 2. Política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; 3. Responsabilidad de línea de mando; 4. Organización estructurada; 5. Metas y objetivos; 6. Altos estándares de desempeño; 7. Papel de la función de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; 8. Auditorías efectivas; 9. Informes y análisis de incidentes; 10. Capacitación y entrenamiento continuo; 11. Comunicaciones efectivas y; 12. Motivación progresiva.

En suma el tema de seguridad en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, involucra diversos criterios con base a las diferentes actividades que se realizan en la paraestatal y destaca los temas de la salud y del medio ambiente como lo dispone el Sistema Pemex-SSPA.

Tercera.-En lo que concierne a la seguridad del sistema de ductos, a partir de 2008, Pemex implanta el proceso homologado de auditorías SSPA. Las auditorías incluyen al Sistema Pemex-SSPA, las 12 MPI, reaseguro internacional, integridad mecánica, las comisiones mixtas de seguridad e higiene, e instalaciones críticas y ductos.

Respecto al mantenimiento del sistema de ductos, la Gerencia de Mantenimiento de la Subdirección de Ductos de Petróleos Mexicanos es la encargada de llevar a cabo los proyectos y programas permanentes de mantenimiento preventivo de ductos para garantizar la seguridad y la confiabilidad de sus instalaciones en las diferentes zonas del territorio nacional.

De acuerdo con Pemex, se busca atender todos aquellos puntos que representa un riesgo inmediato para las instalaciones, mitigar y en algunos casos eliminar aquellos factores o agentes que están generando ambientes o escenarios que afectan la integridad mecánica del ducto.

Cuarta.Los integrantes de la Comisión de Energía coinciden con el diputado Fernando Cuéllar en lo que respecta a la importancia de mantener el control y vigilancia de Petróleos Mexicanos al ser una empresa de suma importancia como pilar de la economía mexicana –según lo define el promovente– y parte vital de un área estratégica como lo es el sector energético.

Asimismo esta comisión reconoce que han sido diversas las ocasiones en que el honorable Congreso de la Unión ha manifestando su preocupación ante los accidentes en instalaciones de Pemex; el derrame de hidrocarburos; el aumento de la comisión del delito de robo de combustibles y las consecuencias que estos escenarios tienen sobre la población, la economía y el medio ambiente.

De la misma forma la que dictamina reconoce el trabajo que diariamente Petróleos Mexicanos lleva a cabo en todas sus áreas con el compromiso de ser un organismo socialmente responsable, trabajar con seguridad y fomentar una cultura de prevención, ejemplo de ello el Sistema Pemex-SSPA.

En virtud de lo anterior esta comisión respalda la propuesta del promovente en términos de que se fortalezcan los programas encaminados a garantizar el mantenimiento integral de las instalaciones principalmente el sistema nacional de ductos de transporte –gasoductos, poliductos, oleoductos– de la entidad paraestatal para evitar futuros accidentes, así como que se implementen medidas para retirar los ductos en desuso en territorio nacional a fin de atender el problema de contaminación ambiental y evitar riesgos a la población. Lo anterior, con base en lo dispuesto en el Sistema para la Administración Integral de la Seguridad Salud y Protección Ambiental.

Por los razonamientos expuestos la Comisión de Energía de la honorable Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente

IV. Acuerdos

Primero. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos para que la entidad a su cargo fortalezca las acciones encaminadas a garantizar el mantenimiento adecuado de las instalaciones, en particular, del sistema nacional de ductos de transporte de la entidad paraestatal para evitar futuros accidentes con base en lo dispuesto en el Sistema para la Administración Integral de la Seguridad Salud y Protección Ambiental (Sistema Pemex-SSPA)

Segundo.Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos para que instruya al área correspondiente de de la paraestatal y se implementen las medidas necesarias para retirar los ductos en desuso en territorio nacional a fin de atender el problema de contaminación ambiental y evitar riesgos a la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Energía, diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

EXHORTO A LOS TITULARES DE PEMEX Y DE LA PGR A AGILIZAR LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS CAUSAS DE LA EXPLOSION EN EL CENTRO RECEPTOR DE GAS Y CONDENSADOS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION EN REYNOSA, TAMAULIPAS, SUCEDIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de Pemex y de la PGR a agilizar las investigaciones sobre las causas de la explosión en el centro receptor de gas y condensados de Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, sucedida el 18 de septiembre de 2012

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 4 de abril de 2013, diversos legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Pemex y de la PGR a agilizar las investigaciones sobre las causas de la explosión sucedida el 18 de septiembre de 2012 en el centro receptor de gas y condensados de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, en Reynosa, Tamaulipas.

2. En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

El presidente de la Comisión de Energía instruyó a la secretaría técnica a realizar el análisis y formulación del dictamen correspondiente.

II. Objeto y contenido de las proposiciones

Mediante el punto de acuerdo en dictamen se plantea exhortar a los titulares de Petróleos Mexicanos y la Procuraduría General de la República para que agilicen los trabajos de investigación sobre las causas de la explosión en Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex Exploración y Producción, en Reynosa, Tamaulipas.

En la exposición de motivos, los promoventes refieren los sucesos acontecidos el día 18 de septiembre de 2012 en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción, ubicado a la altura del kilómetro 19 de la carretera libre Reynosa-Monterrey, en Tamaulipas, lo que marcó la vida de muchas familias, y trajo consigo daños sociales, así como ambientales y que a la fecha las autoridades que conocieron inicialmente del asunto no proporcionaron la información que esclarezca las causas del accidente.

Los diputados promoventes destacan que las consecuencias más lamentables de este accidente han sido, la pérdida de vidas y las personas que resultaron heridas, entre ellas personal de la paraestatal y de empresas contratistas.

Al respecto señalan que a la fecha no se sabe si se cumplía con la normatividad en materia de seguridad para el trabajador; así como si se respetaban los derechos laborales, por lo que cuestionan si la administración que en ese entonces estaba al frente, haya proporcionado la ayuda necesaria a los familiares de las víctimas.

A decir de los promoventes es fundamental tener claras las causas del accidente, con el fin de atender y prevenir la ocurrencia de otro percance.

Por último enfatizan que es importante conocer tres aspectos en relación al referido suceso:

1. Si se han implementado mecanismos de seguridad que permitan disminuir el riesgo de accidentes que ponen en riesgo a quienes ahí laboran.

2. Las medidas de prevención que se han tomado a partir del accidente.

3. Si las empresas contratistas cumplían con las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, exigidas a proveedores y contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Refieren que en su momento las autoridades aseguraron que se llevarían a cabo las indagatorias hasta las últimas consecuencias empero no hubo información ni certeza al respecto.

En virtud de lo anterior los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que suscriben la proposición en comento, someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría General de la República a agilizar los trabajos de investigación sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, sucedida el pasado 18 de Septiembre de 2012.

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la proposición suscrita por los diputados Amira Gricelda Gómez Tueme, Enrique Cárdenas del Avellano, Elsa Patricia Araujo de la Torre, Rosalba de la Cruz Requena y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, los integrantes de la Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Primera.Como los promoventes lo refieren, el 18 de septiembre de 2012 Petróleos Mexicanos reportó un incendio registrado en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex Exploración y Producción, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey. A esta instalación llega el gas procedente de la región de Burgos y se entrega el producto a Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Segunda. La administración que en ese momento se encontraba al frente señaló que había varias instancias que están llevando a cabo la investigación sobre las causas que derivaron en el accidente en el Centro Receptor de Gas y Condensados de Pemex Exploración y Producción, donde perdieron la vida 31 personas y 42 más resultaron heridas.

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, las instancias encargadas de llevar a cabo la investigación por instrucciones del Ejecutivo en turno eran

– Petróleos Mexicanos.

– Procuraduría General de la República.

– La empresa SGS (Société Générale de Surveillance).

Asimismo, respecto de los trabajadores pertenecientes a compañías contratistas, las autoridades de Petróleos Mexicanos habían señalado que ofrecerían apoyo a los familiares empero a la fecha no existe información disponible al respecto.

Tercera.En coincidencia con los señalamientos de los promoventes, se carece de elementos informativos sobre los resultados de las investigaciones que debieron llevarse a cabo.

Asimismo la información disponible actualizada es hemerográfica y no publicada por Petróleos Mexicanos, ejemplo de ello es el siguiente extracto tomado del periódico Excélsior en su versión electrónica de fecha 18 de marzo de 2013:

Concluyen investigaciones de explosión Pemex-Reynosa

A seis meses de la explosión de un ducto en la Central de Medición de Gas de Pemex, que dejó 33 muertos, el administrador del Activo Burgos, Gerardo Reyes Reza, dijo que las investigaciones concluyeron y que en breve se harán públicos.

Entrevistado en el marco de la conmemoración del 75 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el funcionario informó que la investigación culminó en diciembre de 2012 y el resultado se entregó oficialmente el 18 de enero de 2013 a la Procuraduría General de la Procuraduría (PGR) para los efectos de ley.

Al tratarse de un evento donde hubo personas fallecidas, la PGR atrajo el caso para hacer las investigaciones correspondientes y por lo mismo no podemos hacer público los resultados, pues esto sucederá cuando esa dependencia nos autorice a hacerlo, dijo.

...confirmó que la agencia especializada encargada de realizar las investigaciones en el lugar de los hechos, les emitieron 72 acciones de mejoras como resultado del análisis causa-raíz de los hechos, por lo que de manera inmediata se atendieron, además de destinar recursos económicos para ello.

A la fecha, se llevan avances importantes en el proceso de indemnización que por ley corresponde a los deudos de los trabajadores fallecidos el pasado 18 de septiembre...”

Cuarta. En virtud de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Energía consideran que es importante que Petróleos Mexicanos al coincidir con los promoventes en cuanto a que es fundamental tener claras las causas del accidente ocurrido en aquellas instalaciones de Pemex, a fin de atender y prevenir la ocurrencia de otro percance.

Asimismo, en lo que concierne a las consecuencias lamentables del referido accidente, es importante que la paraestatal agilice el proceso de indemnización para los trabajadores o en su caso familiares del personal, tanto de Petróleos Mexicanos como de las compañías contratistas que en aquel momento prestaban sus servicios a la paraestatal.

Por los razonamientos expuestos, la Comisión de Energía de la honorable Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente

IV. Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría General de la República a agilizar los trabajos de investigación sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, ocurrida el pasado 18 de septiembre de 2012.

Segundo. Se exhorta a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, dentro de sus esferas de competencias, giren instrucciones a quien corresponda a fin de agilizar las indemnizaciones a los trabajadores o, en su caso, familiares del personal que se encontraba laborando cuando ocurrió la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 18 de septiembre de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Energía, diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González, Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

ATAQUES Y DIFAMACIONES CONTRA LA COMUNIDAD JUDIA MEXICANA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo relativos a los ataques y las difamaciones contra la comunidad judía mexicana

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo al ataque y difamación del que fue objeto la comunidad judía mexicana.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 2, 81, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha veinte de marzo de dos mil trece, el diputado Ricardo Monreal Ávila presentó la proposición con punto de acuerdo relativo al ataque y difamación del que fue objeto la comunidad judía; dicha proposición fue suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, ambos legisladores integrantes  del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

II. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo mencionada, fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

III. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil trece los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la proposición

Señala el proponente que el 22 de enero pasado, durante la conferencia organizada por el programa de Maestría en Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y el Colectivo Palestina en las instalaciones del plantel Del Valle de esta Universidad, se hicieron declaraciones desafortunadas sobre el holocausto y la comunidad judía fundados en tono xenófobo y antisemita; dichas declaraciones fueron difundidas por medios de comunicación y redes sociales.

El proponente argumenta que el holocausto, hecho histórico desafortunado, está ampliamente documentado; no sólo este grupo sufrió las atrocidades de los regímenes totalitarios, también se persiguió a distintos grupos sociales como los romaníes, discapacitados, personas de pueblos sometidos, oponentes políticos y disidentes religiosos.

De acuerdo con lo anterior, la exposición de motivos señala que el holocausto es el hecho histórico considerado como la máxima expresión de fanatismo, intolerancia, acoso y violencia contra un grupo o comunidad basado en el origen étnico o en las creencias religiosas perpetrado a través de actos terribles de inhumanidad; sin embargo, la manifestación libre de las ideas, a juicio del proponente, obliga a la expresión con el más alto grado de responsabilidad, en el entendido que la única limitante en el ejercicio de este derecho es el respeto y reconocimiento de los derechos humanos y de las libertades de todos.

En este sentido, el diputado proponente solicita se condene los ataques y difamaciones de los que fue objeto la comunidad judía y dirige un exhorto para que la Secretaría de Gobernación, al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación y a las autoridades competentes a emitir un pronunciamiento sobre los probables actos de discriminación antisemitas y, finalmente, la solicitud de una explicación al Gobierno del Distrito Federal a la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y, a la vez, ofrecer disculpas públicas para los representantes de las comunidades agraviadas.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Propuesta, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponemos las siguientes

Consideraciones

1. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el reconocimiento de los derechos humanos, su garantía y protección de manera que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de acuerdo al mismo precepto constitucional, el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

El artículo 1o, quinto párrafo, señala la prohibición de toda discriminación por cualquier motivo. En este sentido, el párrafo citado mencionado señala:

Artículo 1o. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

2. Nuestra legislación ha impulsado normatividades orientadas a la prevención de cualquier clase de discriminación; de esta forma, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, publicada el 11 de junio de 2003, en el Diario Oficial de la Federación, determina la obligación de las autoridades y de los órganos públicos federales para adoptar medidas para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de los derechos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

3. México es un país de gran diversidad y pluralidad. En el caso de las minorías religiosas, la comunidad judía ha sido una de las principales impulsoras del desarrollo y del crecimiento de localidades a lo largo y ancho del país, además de aportar sus tradiciones religiosas particulares que han permitido la pluralidad de nuestra nación.

4. Efectivamente, los orígenes de los grupos judíos en México se remontan en junio de 1912, cuando fue fundada la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí para ayudar a los inmigrantes judíos que llegaron al país.

5. Al pasar los años, los grupos que conforman a la comunidad judía en México, poco a poco fueron aportando sus talentos para fundar importantes negociaciones e industrias, así como localidades donde se asentaron fundando centros y lugares del culto que son importantes y significativos para los judíos presentes en nuestro país.

6.  De acuerdo con el Informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) “Panorama de las Religiones en México 2010”, donde se concentran los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 sobre grupos religiosos en México, se reportan 67,476 personas que profesan el judaísmo.

7. El mismo reporte del Inegi señala, por entidad federativa, el número de personas que profesan la fe judaica, describiéndose a continuación:

Entidad federativa                 Población judía

Aguascalientes                                            112

Baja California                                        1044

Baja California Sur                                   159

Campeche                                                   155

Coahuila                                                     306

Colima                                                         103

Chiapas                                                       513

Chihuahua                                                  251

Distrito Federal                                      20357

Durango                                                        80

Guanajuato                                                574

Guerrero                                                   1645

Hidalgo                                                        631

Jalisco                                                        1721

México                                                     21545

Michoacán                                                  567

Morelos                                                     3013

Nayarit                                                        216

Nuevo León                                                977

Oaxaca                                                      2458

Puebla                                                       4993

Querétaro                                                   286

Quintana Roo                                           1016

San Luis Potosí                                           176

Sinaloa                                                        146

Sonora                                                         183

Tabasco                                                       135

Tamaulipas                                                 362

Tlaxcala                                                      411

Veracruz                                                   2595

Yucatán                                                      651

Zacatecas                                                      94

8. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, son formas de discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones, como se transcribe a continuación:

Artículo 4.Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

9. La comunidad judía ha sido objeto de ataques, mismos que, históricamente, representan los más negros capítulos de la historia humana. Nuestro país, a fin de dotar de positividad y vigencia el texto constitucional y de las leyes secundarias, ha realizado acciones con el fin de prevenir la discriminación antisemita en cualquiera de sus manifestaciones.

10. Un ejemplo de lo anterior es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha firmado convenios de colaboración con la comunidad judía en México, a fin de promover la tolerancia y defensa de los derechos humanos. Efectivamente, de acuerdo al comunicado de prensa CGCP/055/13 del veinticinco de febrero de dos mil trece, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el presidente de la Comunidad Judía, Rafael Zaga Kalach, firmaron un convenio en el marco de la conmemoración de las víctimas del Holocausto, el pasado veintiocho de enero, con el fin de que el Ombudsman y la Comunidad Judía trabajen conjuntamente a favor de los derechos de las personas, con énfasis particular de las minorías al pleno goce de sus libertades, y entre ellas, a profesar libremente su fe y su identidad lingüística.

11. A mayor abundamiento, la firma del Convenio, de acuerdo con el ombudsman Raúl Plascencia, redundará en el fortalecimiento del compromiso que implica la lucha contra la indiferencia y la negación con el fin de construir una sociedad más democrática e incluyente, la historia desgarradora de la comunidad judía y su presencia en nuestro país, de acuerdo a las palabras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, “nos da la oportunidad de renovar nuestro compromiso con los derechos humanos... No hay justificación ni argumento que valga para la discriminación o la persecución; por el contrario, tenemos la obligación de enfrentar y denunciar las injusticias, actuar y adoptar la tolerancia y el respeto a los demás como una forma de vida” (palabras del doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la ceremonia de firma de un Convenio General de Colaboración que celebra con el Comité central de la Comunidad Judía en México, AC. 25 de febrero de 2013).

12. Por otro lado, es de destacar que, sobre los hechos denunciados en la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el Consejo para prevenir y eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) emitió la opinión Copred/Q/01-2013, misma que concluye que “la libertad de expresión enfrenta limitantes ante el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y con fundamento en el artículo 54 de la Ley para prevenir y eliminar la Discriminación del Distrito Federal, este Consejo ha conocido el presente asunto y pone a salvo los derechos de las y los peticionarios, para que, de así considerarlo, se les asista ante las instancias legales que en su caso opten por acudir”, por lo que esta Comisión considera que se ha satisfecho el propósito del punto tercero de los petitorios consignados en la proposición materia del presente dictamen.

12. Esta comisión, de acuerdo a los preceptos constitucionales y legales, afirma que ninguna persona o minoría, debe ser objeto de ataques o discriminación. Los Poderes de la Unión, en el ámbito de sus facultades, deben velar por la defensa de los derechos humanos y su respeto, de forma especial por los grupos que, históricamente, han sufrido ataques y desprecio menoscabando el disfrute de sus derechos y garantías.

13. Es por esto que conforme con la proposición con punto de acuerdo, se considera oportuno dirigir un exhorto a las instancias de la administración pública federal competentes con el fin de reforzar sus tareas y prevenir la discriminación particularmente por acciones y discursos antisemitas lo que redundará en un pronunciamiento formal de esta Comisión y de la Cámara de Diputados para condenar los ataques y difamaciones a la comunidad judía y contra cualquier minoría a las que se perjudique en sus derechos humanos y garantías.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de su competencia, refuerce sus acciones a fin de prevenir cualquier manifestación discriminatoria antisemita.

Segundo.Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en el ámbito de su competencia, realice y refuerce sus acciones a fin de fomentar una cultura preventiva de la discriminación antisemita en cualquiera de sus manifestaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, abril de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

SOLICITUDES, PERMISOS O LICENCIAS OTORGADOS O EN TRAMITE PARA OPERAR SALAS DE JUEGOS Y SORTEOS EN SITIOS CONSIDERADOS MONUMENTOS HISTORICOS, ARTISTICOS O ARQUEOLOGICOS, ASI COMO LOS PROXIMOS A CENTROS EDUCATIVOS, PUBLICOS O PRIVADOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a las solicitudes, los permisos o las licencias otorgados o en trámite para operar salas de juegos y sorteos en sitios considerados monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, así como los próximos a centros educativos, públicos o privados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo a las solicitudes, los permisos o las licencias otorgadas o en trámite para operar salas de juegos y sorteos en sitios considerados monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, así como los próximos a centros educativos, públicos o privados.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 2, 81, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

1. El 4 de abril de 2013, el diputado Fernando Zárate Salgado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, relativo a las solicitudes, los permisos o las licencias otorgados o en trámite para operar salas de juegos y sorteos en sitios considerados monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, así como los próximos a centros educativos, públicos o privados.

2. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición, para su dictamen, a la Comisión de Gobernación, y a  la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, para opinión.

Contenido de la proposición

El proponente, solicita a las Secretarías de Gobernación y Educación Pública que se haga pública la información relativa a las solicitudes de autorización para la operación de salas de juegos y sorteos en sitios considerados como monumentos históricos, culturales y arqueológicos y/o se encuentres próximos a centros de educación públicos o privados; que se suspendan dichas autorizaciones en estos sitios protegidos y, de manera específica, aquellos que hayan sido otorgados o se encuentren en trámite en la Colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal y, por último, el promovente solicita se instale una mesa de trabajo de la Secretaría de Gobernación con la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados, para examinar los requisitos, procedimientos y expedición de las licencias de operación para salas de juegos y sorteos.

Consideraciones

El proponente señala que es obligación del Estado Mexicano garantizar no sólo el libre ejercicio de todas las actividades empresariales, sino lograr un adecuado equilibrio entre este derecho y la debida protección del patrimonio cultural, histórico y arqueológico que resguarda México.

Indica el promovente que, en los últimos años, la opinión pública ha conocido de presuntos hechos delictivos relacionados con las salas de juegos y sorteos, coloquialmente conocidas como casinos, pero que estos problemas tienen más que ver con la inadecuada supervisión de sus actividades por parte de las autoridades que con su naturaleza misma.

En su texto, el diputado proponente indica que una de las máximas preocupaciones que debe tener esta Cámara de Diputados es el resguardo del patrimonio cultural, dadas las experiencias en donde la presencia de salas de juego ha derivado no sólo en la alteración de la vida cotidiana de los habitantes de las zonas aledañas a estos establecimientos, sino en la presencia de actividades delictivas del crimen organizado.

Para el promovente existe especial preocupación en aquellas salas de juegos y sorteos cuya ubicación física se encuentra:

a) En un sitio en donde se encuentran monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, y

b) En las proximidades de centros educativos, públicos o privados,

En el primer caso, el proponente expone que, a nivel nacional e internacional, México ha reconocido la importancia del patrimonio histórico, artístico y arqueológico a través de la adopción de diversas Convenciones Internacionales y de la emisión de un marco jurídico que genera un ámbito de protección al patrimonio cultural. Lo anterior puede constatarse en lo establecido en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el ámbito internacional. En el ámbito federal, debemos recordar lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y, en el ámbito del Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Esta comisión dictaminadora se encuentra plenamente convencida de la necesidad de que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo colaboren tanto en la protección del Patrimonio Cultural como en la correcta regulación de las salas de juegos y sorteos, por lo cual sus integrantes nos encontramos convencidos de que la instalación de una mesa de trabajo entre ambos poderes generará las condiciones de certeza y seguridad para los ciudadanos.

En cuanto a la inquietud expresada por el proponente en relación a la instalación de una sala de juegos y sorteos en la Colonia Chimalistac, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, esta comisión dictaminadora considera adecuado hacer una respetuosa petición a la Secretaría de Gobernación para que, en caso de que se encuentren solicitudes en trámite o permisos de operación expedidos para la operación de salas de juegos y sorteos en esa demarcación, sean suspendidos hasta en tanto se proceda a su verificación, por tratarse de una zona de patrimonio histórico y de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que debe ser protegida.

En relación a las solicitudes de entrega de listados respecto de las solicitudes, permisos o licencias otorgadas o en trámite para el establecimiento de salas de juegos y sorteos en zonas de monumentos históricos, artísticos y/o arqueológicos y el de aquellos establecimientos que se sitúen en las proximidades de centros de educación públicos y privados, esta comisión dictaminadora considera que pueden ser objeto de los trabajos de la antes mencionada mesa de trabajo, razón por la cual no considera indispensable solicitarlos por este medio.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita a la Secretaría de Gobernación establecer una mesa de trabajo con la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, con el objeto de conocer y analizar los procedimientos para la expedición y funcionamiento de licencias de operación para las salas de juegos y sorteos.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Bellas Artes, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la Secretaría de Educación Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, suspendan todos los trámites o permisos para la operación de salas de juegos y sorteos, cuya ubicación se encuentre en el perímetro de la Colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, así como en toda zona de patrimonio histórico, de patrimonio cultural de la humanidad y que se encuentren próximos a centros de educación públicos o privados.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado, Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández, Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

HUMEDALES DE TLAHUAC, DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a los humedales de Tláhuac, DF

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 1197, que contiene proposición con punto de acuerdo relativo a los humedales de Tláhuac, Distrito Federal.

En virtud del análisis y estudio de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, numerales 1, fracción II, y 2, 80, numeral 1, fracción VI, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 6 de febrero de 2013, el diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo respecto a los humedales de Tláhuac, a su protección, recuperación y mantenimiento de su función ambiental de captación y almacenamiento de agua.

Segundo. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Una vez recibido el duplicado del expediente correspondiente, la comisión instruyó su registro y el análisis para formular el dictamen.

II. Contenido y objeto de la proposición

A continuación se exponen el contenido y texto de la proposición en cuestión:

El diputado proponente señala la fecha en que se celebra el Día Mundial de los Humedales, y describe la problemática de deterioro que enfrenta el sistema de chinampas y humedales de Tláhuac, derivado de la proliferación de asentamientos humanos irregulares.

El proponente refiere que “los humedales de Tláhuac” son remanente del lago de Chalco, desecado, y convertido en un área agrícola de temporal que se localiza en las comunidades de San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic, en Tláhuac, Distrito Federal, adyacente a la laguna de Xico, en Chalco-Solidaridad.

Señala además que la zona que comprende alrededor de mil 500 hectáreas, rodeado por los ejidos de Xochimilco, la sierra de Santa Catarina y el santuario del agua Lagunas de Xico; no obstante, el legislador proponente considera que la zona ni siquiera es reconocida como lago sino como suelo de propiedad ejidal.

Además de la problemática de los asentamientos irregulares, el proponente refiere que dichos humedales están siendo abatidos por la sobreexplotación de los mantos freáticos a causa del bombeo para abastecer la creciente demanda de la red de agua potable del Distrito Federal. De lo anterior se desprende que se está poniendo en riesgo a la flora y fauna1 cada vez más reducida del lugar,2 pese a que en la UNESCO, se inició un proceso para hacer efectiva la declaratoria de esta zona como patrimonio mundial, cultural y natural en la que habitan varias especies endémicas de México,3 sin dar mayor referencia de dicho proceso.

El legislador proponente concluye con el siguiente proyecto de

Acuerdos

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Unión para que expida un decreto mediante el cual se declare a los humedales de Tláhuac como zona natural protegida.

Segundo. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para que en conjunto con la Jefatura Delegacional en Tláhuac emprendan esfuerzos destinados a la protección de la biodiversidad local, a la recuperación y mantenimiento de su función ambiental de captación y almacenamiento de agua de lluvia, así propiciar la recarga de los mantos freáticos del Distrito Federal.

Una vez analizados los argumentos expuestos por el diputado proponente, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, planteamos las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora coincide con la preocupación del proponente respecto al evidente deterioro de este sitio,4 y considera que se hace necesario un proyecto de rescate ecológico y atractivo turístico5 de la zona que pueda revertir el daño.6

Segunda. En ese orden de ideas, cabe señalar que el primer resolutivo que se formuló en términos ajenos a la legislación federal, menciona el término “zona natural protegida”, cuando la figura legal es “área natural protegida”. Para proteger los humedales de Tláhuac y de Xochimilco hay otro tipo de figuras o instrumentos de la legislación local aplicable.7

Tercera. Esta comisión dictaminadora señala que para revertir la pérdida de estos ecosistemas es necesario impulsar políticas de conservación sustentadas en inventarios actualizados que apoyen el establecimiento de programas destinados a su manejo y conservación sobre bases reales.

Cuarta. Los integrantes de esta comisión, con base en los antecedentes y en relación con el segundo resolutivo, recuerdan que el artículo tercero de la Ley Ambiental del Distrito Federal establece que los humedales se consideran de utilidad pública, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente tiene la obligación de formular y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico de la capital, así como vigilar su cumplimiento.

Adicionalmente, la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal prohíbe el establecimiento de asentamientos humanos en las áreas de conservación, dentro de las cuales están catalogados los humedales. Con base en las anteriores consideraciones esta comisión dictaminadora propone que en el segundo resolutivo se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial locales, a emprender las acciones necesarias para proteger los humedales de Tláhuac y de Xochimilco, cuya superficie, de 2 mil 757 hectáreas, se ve afectada por las invasiones de asentamientos humanos irregulares.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recomienda respetuosamente al gobierno del Distrito Federal, a través de su Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, que emprenda un esfuerzo destinado a la protección de la biodiversidad local, a la recuperación y mantenimiento de su función ambiental de captación y almacenamiento de agua de lluvia, así como propiciar la recarga de los mantos freáticos del Distrito Federal.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recomienda respetuosamente al gobierno del Distrito Federal, a través la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, emprender las acciones necesarias para proteger los humedales de Tláhuac y de Xochimilco, cuya superficie, de 2 mil 757 hectáreas, se ve afectada por las invasiones de asentamientos humanos irregulares.

Notas:

1 Entre la flora que habita los humedales de Tláhuac se encuentran el talar, el pasto salado y el carrizo; respecto a la fauna, se cuentan distintas especies de aves, réptiles y anfibios, como es el caso del ajolote, el cincuate, la culebra de agua y la víbora de cascabel.

2 Por otro lado, señala que México suscribió en 1971 la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, mejor conocida como Convención de Ramsar.

3 Véase González Alvarado, Rocío. “Impulsa UNESCO el rescate de las chinampas y humedales de Tláhuac”, en La Jornada, lunes 2 de octubre de 2006. En http://www.jornada.unam.mx/2006/10/02/index. php?section= capital&article=043n1cap

4 Entre los habitantes de los alrededores se tiene una desagradable imagen sobre el humedal en cuanto a insalubridad, inseguridad y mantener terrenos ociosos; sin embargo, 60 por ciento de la gente en la zona desea conservarlo. Obra citada.

5 Véase el sitio oficial de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, http://www.mexicocity.gob.mx/contenido.php?cat=30900&sub=13

6 Véase el estudio del maestro en ciencias Alejandro Meléndez Herrada, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Departamento El Hombre y su Ambiente. En http://www.dumac.org

7 En el artículo 3o. de la Ley Ambiental del Distrito Federal se mencionan el establecimiento, la protección, la conservación, la restauración y el mejoramiento de las áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, de los suelos de conservación y de las zonas de restauración ecológica, para la conservación de los ecosistemas y elementos naturales que se enmarcan en el contexto del humedal de Tláhuac.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

ACCIONES PARA CONTROLAR Y COMBATIR LOS DESCORTEZADORESDENDROCTONUS MEXICANUS E IPS LECONTEI,QUE AFECTAN DIVERSAS ESPECIES DE PINO EN CHIHUAHUA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor a realizar acciones para controlar y combatir los descortezadores Dendroctonus mexicanus e Ips lecontei, que afectan diversas especies de pino en Chihuahua

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados le fue turnado para la elaboración del dictamen correspondiente, al expediente número 1818, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional Forestal, a realizar las acciones pertinentes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores “ Dendroctonus mexicanus”, así como “ Ips lecontei” que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal del estado de Chihuahua.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 82 numeral 1; 84 numeral 1; 85; 157, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 17 de abril de 2013, la diputada a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Minerva Castillo Rodríguez y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional Forestal, a realizar las acciones pertinentes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores “ Dendroctonus mexicanus”, así como “ Ips lecontei” que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal del estado de Chihuahua.

Segundo. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.”

II. Contenido y objeto de la proposición

Los suscritos diputadas y diputados federales del estado de Chihuahua, Minerva Castillo Rodríguez, Pedro Ignacio Dominguez Zepeda, Diana Karina Velázquez Ramírez, José Ignacio Duarte Murillo, Adriana Fuentes Téllez, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Abraham Montes Alvarado y Kamel Athié Flores integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, someten a dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional Forestal, a realizar las acciones pertinentes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores “ Dendroctonus mexicanus”, así como “ Ips lecontei” que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal del estado de Chihuahua.

Lo anterior debido a la importancia que reviste para Chihuahua siendo el segundo lugar a nivel nacional con casi la quinta parte del aprovechamiento forestal maderable del país, y que está sufriendo afectaciones de suma importancia en materia de plagas fitosanitarias que no obstante los controles biológicos y mecánicos siguen aumentando el área de afectación en el estado y potencialmente pondrán en riesgo las cadenas productivas y económicas asociadas al aprovechamiento forestal, así como los servicios ambientales y el ecosistema en sí mismo, con las afectaciones sociales que esto implica.

III. Consideraciones

Primera. Que la propuesta hecha por la diputada a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Minerva Castillo Rodríguez, y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional contiene el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional Forestal, a realizar las acciones pertinentes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores “ Dendroctonus mexicanus”, así como “ Ips lecontei” que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal del estado de Chihuahua.

Segundo. Que los argumentos y consideraciones fundamentales de la propuesta de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional pertenecientes a esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión son los siguientes:

1. Que Chihuahua es la entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos que cuenta con la mayor superficie reportada de cobertura forestal, significando 7.4 millones de hectáreas con bosques y selvas, de las 16.5 millones de hectáreas con las que cuenta el estado.

2. Que Chihuahua de acuerdo al Anuario estadístico de producción forestal 2011 es el segundo estado en México en términos de producción forestal, contribuyendo con 18.3 por ciento del aprovechamiento forestal total del país.

3. Que la riqueza biológica de Chihuahua en materia forestal es inmensa, toda vez que sus inventarios florísticos reportan 27 especies de coníferas, 40 especies de encino, así como varias especies tropicales que aunadas a los endemismos hacen de los boques chihuahuenses sitios importantes para la biodiversidad.

4. Que los bosques son los más grandes proveedores de servicios ambientales del país, y para el caso de Chihuahua, fundamentales en términos de la provisión y captación de agua, así como recarga de acuíferos.

5. Que debido a los incendios forestales reportados por la Comisión Nacional Forestal para 2012, en el estado de Chihuahua se reportaron mil 479 incendios lo que generó una vulnerabilidad de los ecosistemas ante el estrés hídrico y los efectos de borde provocados a los ecosistemas forestales.

6. Que la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Chihuahua elaboró 233 notificaciones a predios afectados por especies descortezadoras “ Dendroctonus mexicanus” y “ Ips lecontei” en 10 municipios con una superficie afectada de 90 608 y que significan un volumen de madera total de 123 mil 367 metros cúbicos de madera.

7. Que ambas especies reportadas de especies de gusano descortezador ha afectado varias especies de pino entre ellas el pino piñonero, prieto, real (engelmannii), arizónica, ayacahuite, herrerai y duranguensis.

8. Que debido a las condiciones ambientales la incidencia y afectación de “ Dendroctonus mexicanus” y “ Ips lecontei” ha sido rápida y alarmante, afectando fuertemente a los municipios de Balleza, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Carichí, Morelos, Batopilas y Ocampo entre otros.

9. Que con base en los análisis llevados a cabo por la Comisión Nacional Forestal en Chihuahua, se ha determinado que la situación provocada por la incidencia de “ Dendroctonus mexicanus” y “ Ips lecontei” como plaga fitosanitaria se está convirtiendo en el problema más grave para el desarrollo forestal del estado.

10. Que actualmente se están aplicando distintos tipos de control biológico y mecánico para controlar esta plaga fitosanitaria en Chihuahua con el objetivo de contrarrestar sus efectos nocivos en los ecosistemas bajo manejo y naturales.

11. Que las plagas fitosanitarias que están afectando los bosques de Chihuahua, están vulnerando toda la cadena productiva de los aprovechamientos forestales, así como los servicios ambientales asociados al bosque, urgiendo una rápida solución antes de que se genere una crisis ambiental, económica y social.

12. Que es urgente que las autoridades federales encargadas de los bosques del país implementes esquemas y soluciones que controlen y erradiquen las plagas fitosanitarias “ Dendroctonus mexicanus” y “ Ips lecontei” para conservar el patrimonio de las y los chihuahuenses.

13. Que debido a los efectos resultado de esta situación, es importante implementar un programa de empleo temporal con la finalidad de mitigar las necesidades más apremiantes de las comunidades afectadas.

En este mismo sentido, la comisión en el proceso de investigación del presente punto de acuerdo ha tenido conocimiento de que el estado de Chihuahua no ha sido el único que presenta esta problemática, por lo que esta comisión ha considerado importante establecer un segundo resolutivo respecto a si la Comisión Nacional Forestal ha difundido las medidas de prevención y manejo a los diversas entidades federativas que presentan esta problemática.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen con proyecto de

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional Forestal, a realizar las acciones pertinentes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores “ Dendroctonus mexicanus”, así como “ Ips lecontei” que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal del estado de Chihuahua.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional Forestal a informar a esta soberanía si ha difundido las medidas de prevención y manejo a las diversas entidades federativas para controlar y erradicar las plagas fitosanitarias “ Dendroctonus mexicanus” y “ Ips lecontei”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

ACCIONES DE REFORESTACION PARA REVERTIR EL DAÑO CAUSADO AL ECOSISTEMA Y A LA POBLACION DE LA HUASTECA POTOSINA POR LOS INCENDIOS FORESTALES DE MARZO ULTIMO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Segob y a la Semarnat a realizar acciones de reforestación para revertir el daño causado al ecosistema y a la población de la Huasteca potosina por los incendios forestales de marzo último

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, al expediente número 1728, que contiene proposición con punto de acuerdo relativo a que se realicen acciones de reforestación, para la recuperación del daño causado al ecosistema y población de la Huasteca Potosina, derivada de los incendios forestales ocurridos el pasado mes de marzo.

En virtud del análisis y estudio correspondiente de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; y 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 79, numeral 1, fracción II, y 80, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero.En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 9 de abril de 2013, la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para que se realicen acciones de reforestación, para la recuperación del daño causado al ecosistema y población de la Huasteca Potosina, derivada de los incendios forestales ocurridos el pasado mes de marzo.

Segundo.En la fecha en que fue presentada la proposición con punto de acuerdo, enunciada en el punto anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva dicto trámite correspondiente, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

Tercero.Una vez recibido el duplicado del expediente correspondiente, la presidenta de la comisión instruyo su registro y el análisis para la formulación del dictamen por parte del personal técnico, iniciando un cuidadoso proceso de análisis y consulta.

II. Contenido y objeto de la proposición

Refiere la legisladora que en México existe una gran diversidad de bosques, selvas, pastizales y otro tipo de vegetación de hecho, se estima que somos uno de los países con una importante variedad de flora y fauna, contamos con todo tipo de clima, tanto húmedo como seco extremo, dada su privilegiada situación y extensión, México es más que una tierra de desiertos o de espinosos cactus. La extrema diversidad de los ecosistemas está dada por su extensión (cuatro veces más grande que España) y por su especial geografía de hecho, los científicos afirman que alrededor del 15 por ciento de las especies botánicas y animales en México, no se encuentran en ningún otro lugar del planeta.

Específicamente, se refiere al estado de San Luis Potosí y a los daños ocasionados al ecosistema por los incendios forestales ocurridos en días pasados afectando así a la zona de la huasteca que representa 18.31 por ciento de la superficie del estado, con aproximadamente mil 409 hectáreas.

El pasado 16 de marzo se registró el primer incendio sin embargo y por cuestiones naturales, factores como el clima que en dicha zona la temperatura asciende a más de 50 grados centígrados y vientos arriba de 60 kilómetros por hora, fue imposible controlarlo ya que no existen las medidas preventivas adecuadas y no hay abastecimiento de equipo necesario.

El fuego se propagó en 10 mil 923 hectáreas, asimismo cabe señalar que, en lo que va del año la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó que, se han registrado 3 mil 742 incendios forestales en las 32 entidades federativas, que son 10 estados entre ellos San Luis Potosí con mayor superficie afectada, que del 22 al 28 de marzo se vieron afectadas un total de 24 mil 272 hectáreas el 93 por ciento, correspondió pastizales, matorrales y arbustos.

Si bien se sabe, México desde hace décadas ha venido desarrollando estrategias de prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través de la Coordinación General de Conservación y Restauración, Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales y en cuya aplicación participan instituciones de los tres órdenes de gobierno, organismos civiles y voluntarios.

Simplemente el balance de daños en Ciudad Valles uno de los cuatro municipios mayormente afectado los incendios dejaron 3 mil 340 hectáreas de pastizales y 249 de cultivos devastados por el fuego, además de 29 viviendas quemadas. De hecho la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de Emergencia para los municipios de Ciudad Valles, Lagunillas, Santa Catarina y Tamazunchale y que partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

III. Consideraciones

México al día de hoy ocupa un lugar preponderante en todo el mundo, pues es considerado por la comunidad internacional como un país megadiverso, esto es debido a que alberga una gran variedad ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora y fauna entre otros, sin embargo los estados de la república mexicana que cuentan con grandes extensiones de bosques y factores complementarios como la elevación de la temperatura, se enfrentan a la adversidad de los incendios forestales, no obstante la Conafor indica que cada día en algún lugar del mundo se queman miles de hectáreas de bosques, sábanas, pastizales, matorrales, desiertos, humedales y campos agrícolas, se considera que los regímenes alterados de fuego son una amenaza de gran importancia para el manejo forestal y la conservación de la biodiversidad y en la mayoría de los casos pueden ser dañinos y al mismo tiempo pueden amenazar la salud y la subsistencia humana.

Es por esta razón que la Conafor lleva a cabo a través del programa Nacional de Protección Contra Incendios Forestales, con la finalidad de prevenir la ocurrencia de incendios forestales dañinos e incrementar la eficiencia en su combate, mediante el reforzamiento de acciones preventivas, disminuir la superficie promedio afectada por el incendio mediante la asignación de recursos humanos, materiales y financieros provenientes de diversas instituciones, fortalecer la capacitación y entrenamiento del personal técnico contribuyendo con la protección de la población, la propiedad y los recursos forestales.

Sin embargo en el estado de San Luis Potosí, en el mes de marzo del presente año, se registro el primer incendio y de acuerdo con datos del Reporte Semanal de Incendios Forestales durante el periodo comprendido del 01 de enero al 11 de abril de 2013, se han registrado 5,095 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 92,391.40 hectáreas, de esta superficie el 94.62% corresponde a vegetación en los estratos herbáceos y arbustivo y el 5.38% a arbóreo y las entidades que con mayor superficie afectada fueron San Luis Potosí, solamente lo antecede Baja California Sur. Durante este periodo en San Luis Potosí se registraron 38 incendios con una afectación total de 11,674.55 hectáreas.

Es por esta razón, que mediante oficio número SP-35/13 del día 25 de marzo de 2013, el gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, solicitó a la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación General de Protección Civil la declaratoria de emergencia para los municipios de Ciudad Valles, Tamascopo, Tamuín, Lagunillas, Santa Catarina; Aquismón, villa de Zaragoza, Guadalupe, Mexquitic de Carmona y Tamazuchale de dicha entidad federativa, y mediante oficio DG-232/2013 de fecha 25 de marzo de 2013, la Conafor emitió dictamen técnico positivo para activar la declaratoria de emergencia y el día 26 de marzo de 2013, la Secretaría de Gobernación emite el boletín de prensa número 053/13 el cual se publica el día 4 de abril de 2013, en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coincidimos ante la emergencia de la población y la preocupación del deterioro al medio ambiente en el que se encuentra el estado de San Luis Potosí.

Por lo expuesto y razonado en los apartados anteriores, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que se transparente y vigile el cumplimiento de la declaratoria de emergencia y se brinde el apoyo necesario e inmediato con el objeto de atender todas las afectaciones mediante el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), derivado de la declaratoria de emergencia en el estado de San Luis Potosí, a causa de los incendios forestales ocurridos en el mes de marzo de 2013, en la Huasteca Potosina.

Segundo.Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Desarrollo Forestal para que se programen las medidas y acciones preventivas que en su caso procedan para la reforestación y combatir la secuela ambiental respecto de los daños ocasionados por los incendios forestales ocurridos en el mes de marzo de 2013, en la Huasteca Potosina, estado de San Luis Potosí.

Tercero.Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Desarrollo Forestal, para destinar mayores recursos al Programa Nacional de Protección Contra Incendios Forestales, para las estrategias y acciones dirigidas a la prevención, control y combate de incendios forestales dañinos que pudieran ocurrir en el estado de San Luis Potosí.

Cuarto.Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a brindar todo el apoyo necesario, para los estados que se vean afectados por la ocurrencia de incendios forestales.

Notas:

1. Monografía del estado de San Luis Potosí,gobierno del estado de San Luis Potosí, 2012, página 23.

2. Reporte semanal de resultado de incendios forestales,Semarnat del primero de enero al 28 de marzo 2013, Conafor, en línea http://www. conafor.gob.mx/portal/, 3 de abril de 2013.

3. Reporte semanal de resultado de incendios forestales,Semarnat, del primero de enero al 28 de marzo 2013, Conafor, en línea http://www. conafor.gob.mx/portal/, 19 de abril de 2013.

4. Diario Oficial de la Federación,publicación del día 04 de abril de 2013.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

POSIBLES AFECTACIONES AMBIENTALES EN LAS MINAS DE TEXCOCO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Profepa informar a esta soberanía si hay denuncia o procedimiento abierto respecto a posibles afectaciones ambientales en las minas de Texcoco

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, al expediente número 1461, que contiene Proposición con Punto de Acuerdo relativo a crear un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En virtud del análisis y estudio correspondiente de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; y 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 79, numeral 1, fracción II, y 80, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 7 de marzo de 2013, los diputados Claudia Elena Águila Torres y Jorge de la Vega Membrillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que solicitan la creación de un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de transparentar e investigar los procedimientos administrativos, económicos y de análisis de los lodos utilizados en el llenado de los socavones de las minas de Texcoco del año 2010 a la fecha, así como el taponamiento del Rio Chapingo.

Segundo. En la fecha en que fue presentada la Proposición con Punto de Acuerdo, enunciada en el punto anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva dicto trámite correspondiente, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

Tercero. Una vez recibido el duplicado del expediente correspondiente, la Presidenta de la Comisión instruyo su registro y el análisis para la formulación del dictamen por parte del personal técnico, iniciando un cuidadoso proceso de análisis y consulta.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Refieren los legisladores proponentes que, la zona de Texcoco se ha distinguido por su actividad minera, actividad que ha traído como consecuencia la formación de socavones que al paso del tiempo, han servido como pozos de absorción; en esta región se extrae y se vende arena, grava y tepetate, lo cual hace habitual el tránsito de camiones transportando dichos materiales.

Afirman los legisladores que, el tránsito habitual de camiones de carga de materiales para la construcción en las comunidades del municipio de Texcoco, se incrementó en el mes de septiembre de 2010 y, en particular, de camiones aparentemente pertenecientes a la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA).

En un principio, exponen los proponentes, existía la duda sobre el tipo de maniobras que estaban realizando, pero con el paso de los días la información sobre las acciones ejecutadas se aclaró; la novedad era que se iniciaba el relleno de los socavones de las minas ubicadas entre San Nicolás Tlaminca, Santa María Nativitas, San Luis Huexotla, Lomas de Cocoyoc, Bellavista, Unidad Emiliano Zapata, ISSSTE y Tequexquináhuac.

Derivado de la información anterior, señalan los legisladores proponentes que, la población se inquietó al observar con extrañeza el paso continuo de los camiones y la forma inusual en que cargaban y derramaban un líquido de color oscuro y de olor muy desagradable, lo que despertó la sospecha de que no transportaban tierra y desperdicios de la construcción o cascajo, sino lodos de sedimentos presuntamente provenientes del Canal de la Compañía, para finalmente depositarlos como relleno de los socavones de las minas, y estas minas se encuentran en la zona de la ladera adyacente al sistema montañoso de la parte noroccidental de la Sierra Nevada, la cual es un área de recarga del acuífero de la región del Valle de México.

Los habitantes de las comunidades del Municipio de Texcoco, están siendo aparentemente afectados con el supuesto depósito lodos contaminantes en los socavones, situación que, según los proponentes, ya fue denunciada ante el Ayuntamiento de Texcoco, Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y algunos medios de comunicación locales y redes sociales.

Los diputados proponentes aseguran que, a casi dos años de iniciar el relleno de las minas y de continuar con el depósito de estos materiales, se generarán problemas serios, entre los que destacan:

1. Continuará la incertidumbre en la comunidad, debido a que ninguna autoridad en la materia ha presentado información, ni estudios sobre el relleno de los socavones de las minas del municipio de Texcoco, que permitan conocer si se cuenta con las medidas necesarias para evitar la filtración de materiales contaminantes al acuífero de Texcoco, y evitar un posible atentado contra la naturaleza y los habitantes de la zona oriente del Valle de México.

2. La zona ecológica donde se produce naturalmente la recarga del acuífero está asociada a la ladera noroccidental de la Sierra Nevada, misma que alimenta el acuífero de Texcoco y parte del oriente del Valle de México; consecuentemente, los desperdicios altamente contaminantes que, aseguran los proponentes, son vertidos en las minas de esta zona, con el paso del tiempo se filtrarán al subsuelo dañando irreversiblemente los depósitos subterráneos de agua que abastecen a millones de habitantes.

3. Ante la preocupación de las comunidades por el relleno de los socavones de las minas, los proponentes estiman importante analizar y confirmar las características del material que se está depositando, así como llevar a cabo un estudio del impacto en el acuífero pero, sobre todo, dejar que los socavones sigan siendo pozos de absorción.

III. Consideraciones

Las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconocemos loable el interés de los diputados proponentes, en impedir el daño irreversible que pudiera causarse a los depósitos subterráneos de agua.

Por otro lado, en la investigación que realizo esta Comisión para el presente punto de acuerdo se encontró que la Subdirección de Medio Ambiente de Texcoco, afirma que la empresa ICA (Ingenieros Civiles Asociados) no cuenta con permiso alguno de relleno-rehabilitación de mina en el Municipio de Texcoco.

En este mismo sentido la Subdirección afirma que, en los resolutivos para la rehabilitación de minas, se describen los materiales con los que pueden hacer el relleno, así como las medidas de rehabilitación preventiva y restrictiva que deben observarse al rellenar-rehabilitar una mina.

Asimismo, los proponentes refieren que:

Los proponentes realizamos un recorrido el pasado día 12 de octubre de 2012, por los socavones de las minas y constatamos el relleno de estos con desechos de la construcción, además de llantas, tierra, lodos, PET y algunos materiales, que son acompañados de un olor desagradable, característico de las aguas residuales. Durante el recorrido, la Doctora Irma Rodríguez, profesora investigadora del departamento de Suelos de la Universidad Autónoma de Capingo, tomo muestras de los lodos, con sus alumnos; los lodos estaban debajo de una pequeña capa de tierra no mayor de 10 o 15 centímetros, la cual no podía permanecer firme para pisar en ella. Quienes tomaron las muestras caminaban como en un pantano o sobre arenas movedizas, pus es la consistencia de los lodos, Además, en ciertos lugares se encharcan los lixiviados con el agua de lluvia.

Sin embargo, no describen si de los resultados de esta visita los residuos pudieran ser peligrosos de conformidad con la normatividad aplicable.

Derivado de lo anterior y a la falta de información que ésta Comisión tiene al respecto consideramos improcedente la solicitud específica de la creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

No obstante lo anterior, reiteramos nuestro compromiso con los proponentes y su interés por la situación que viven los habitantes de estas comunidades.

Por lo anterior y con el objeto de conocer mejor la situación que viven los habitantes del municipio de Texcoco respecto a los hechos que afirman los proponentes.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar a esta Soberanía si existe alguna denuncia o algún procedimiento abierto respecto a posibles afectaciones al ambiente en las minas ubicadas entre San Nicolás Tlaminca, Santa María Nativitas, San Luis Huexotla, Tequexquináhuac y San Miguel Tlaixpan en el Municipio de Texcoco.

Segundo.Se recomienda respetuosamente al Gobierno del Estado de México para que a través de la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de México, informe si existen denuncias o procedimientos abiertos respecto a posibles afectaciones al ambiente en las minas ubicadas entre San Nicolás Tlaminca, Santa María Nativitas, San Luis Huexotla, Tequexquináhuac y San Miguel Tlaixpan en el Municipio de Texcoco y en su caso confirmar las posibles medidas que se han tomado al respecto.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

OBRAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA CACALUTA SF6 BCO.1 Y MAGUEYITOS SF6 BCOS 1 Y 2

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a informe a esta soberanía si hay procedimientos abiertos sobre el cumplimiento de las manifestaciones de impacto ambiental de las obras de la subestación eléctrica Cacaluta SF6 BCO.1 y Magueyitos SF6 BCOS 1 y 2

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, al expediente número 1500, que contiene proposición con punto de acuerdo relativo a las nuevas inspecciones de las subestaciones eléctricas de Cacaluta y Magueyitos y se lleve a cabo nuevo estudio para la declaratoria de Reserva de la Biosfera Huatulco.

En virtud del análisis y estudio correspondiente de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; y 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 79, numeral 1, fracción II, y 80, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes legislativos

Primero.  En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 12 de marzo de 2013, la diputada Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presento ante el Pleno de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo por el que solicita Exhortar al Ejecutivo Federal, lleve a cabo nuevas inspecciones en la obra referente a la Subestación Eléctrica Cacaluta SF6 BCO 1 y Magueyitos SF6 BCOS 1 y 2, asimismo se lleve a cabo un nuevo estudio para la declaratoria de Reserva de la Biosfera Huatulco, Oaxaca.

Segundo. En la misma fecha, la Proposición con Punto de Acuerdo enunciada en el punto anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva dicto los trámites correspondientes, turnándolos a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. Contenido y objeto de la proposición

La iniciativa de la diputada Cristina Olvera Barrios manifiesta sustancialmente lo siguiente: La conservación de los humedales es una acción indispensable, ya que estos son ecosistemas que aportan altos niveles de nutrientes al medio marino y ofrecen servicios prioritarios para el combate al cambio climático, por ejemplo, mitigan las inundaciones, retienen agentes contaminantes y son refugio de especies en peligro de extinción.

Del mismo modo, los humedales contribuyen al proceso hidrológico, indispensable para la actividad humana y animal. No obstante, estos ecosistemas se encuentran constantemente amenazados por el desarrollo urbano no sustentable (hoteles, subestaciones eléctricas, marinas, campos de golf, etcétera).

Refieren los promoventes que, desde el año pasado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició la construcción de las obras de la subestación eléctrica Cacaluta SF6 BCO.1 y Magueyitos SF6 BCOS 1 y 2, cuya localización respecto a los ordenamientos jurídicos y ambientales son los siguientes:

1. La subestación estará en una zona aledaña, fuera del polígono del Área Natural Protegida Parque Nacional Huatulco (ANPPNH).

2. Estará localizada dentro de la Región Terrestre Prioritaria 129 8RTP129) denominada así por la Conabio (Comisión Nacional Para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad).

3. Estará dentro del polígono del sitio RAMSAR 1321.

4. Estará dentro de la Reserva de la Biosfera Huatulco, denominada así por la UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

5. Estará dentro de terrenos propiedad de FONATUR, (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), buscando dar servicios al desarrollo turístico en la zona.

Asimismo señalan que, ante las denuncias de diputados locales sobre los daños que sufrió la zona, Profepa llevó a cabo inspecciones donde se advirtió que no se había cumplido con las condicionantes del resolutivo de la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) y por tanto se llevaron a cabo suspensiones provisionales a las obras.

En el año 2003, fue designado el Parque Nacional Huatulco denominado como sitio RAMSAR 1321 y que abarca 80% del territorio municipal con una porción marina de 3,077 ha., y una porción terrestre de 41,323 ha. Que suman un total de 44,400 ha, este sitio cumple con todos los criterios para la identificación de humedales de importancia internacional.

III. Consideraciones

México al día de hoy ocupa un lugar preponderante en todo el mundo pues es considerado por la comunidad internacional como un país megadiverso, esto es debido a que alberga una gran variedad ecosistema, climas, flora, fauna y paisajes dentro de otros atractivos mas, condiciones que propician que sea un país con un amplio potencial turístico y esta actividad económica es considerada como la tercera mayor generadora de divisas a nivel nacional, solamente la anteceden los ingresos referentes a la exportación petrolera y a las remesas que provienen del extranjero.

La Convención sobre los Humedales, firmada en la Ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales, cuyo objetivo es “La Conservación y uso racional de todos los humedales, mediante acciones locales, regionales, nacionales e internacionales que contribuyan al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”

El 27 de noviembre del 2003, la Convención sobre los Humedales o Convención Ramsar, designó internacionalmente gran parte del municipio de Santa María Huatulco (41,323 ha terrestres y 3,077 ha marinas para un total de 44,400 Ha) como Sitio Ramsar 1321: “Cuencas y Corales de la Zona Costera de Huatulco”, humedal de importancia internacional, debido principalmente a la presencia de selva baja caducifolia o selva seca y la dinámica ecológica que comparte con los humedales temporales y permanentes que están presentes, como arroyos, ríos, lagunas, manglares, arrecifes de coral, selva mediana inundable y otras comunidades vegetales que componen estos ecosistemas tan importantes y que proveen de gran cantidad de servicios ambientales; dichos ecosistemas generalmente son sitios fuente y presentan alta fragilidad, vulnerabilidad y gran riqueza de especies.

En el Sitio Ramsar 1321, las comunidades locales están en constante búsqueda de la sustentabilidad y del desarrollo sostenible en base al manejo racional de su capital natural. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través del Parque Nacional Huatulco (PNH), administra, gestiona y propone: medidas de manejo y uso sustentable de los humedales de todo el Sitio Ramsar 1321, que incluye el territorio del PNH, su zona de influencia, el destino turístico y una gran parte del municipio.

La Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas (CONANP) emitió en el mes de diciembre de 2011 un diagnostico ecológico y cultural del Parque Nacional Huatulco, que El Parque Nacional Huatulco decretado como Área Natural Protegida en 1998, cuenta con una superficie de 11, 890.98 ha de las cuales 6,374.98 ha son terrestres y 5,516.00 pertenecen a la zona marina. El Parque Nacional Huatulco colinda: al norte con los terrenos comunales de Santa María Huatulco (en adelante SMH), al sur con el océano Pacífico (de punta Sacrificios a punta Violín y dos millas mar adentro), al este con la zona urbana de La Crucecita y la cuenca baja del arroyo Cacaluta y al oeste con la cuenca del arroyo Xúchilt (CONANP, 2003). La construcción del Desarrollo Turístico Integral Bahías de Huatulco (FONATUR 1984) en parte de los bienes comunales expropiados a la comunidad de SMH, detonó la iniciativa de conservación de los ecosistemas y paisajes con importancia ecológica regional. Esta iniciativa surge a partir de los diferentes impactos negativos generados por la construcción del Desarrollo Turístico Integral que promovió la apertura de áreas de selva baja caducifolia, la remoción de grandes cantidades de suelos y el vertimiento de sedimentos en el mar, además de la modificación de diferentes afluentes naturales. En el sentido humano-demográfico, se incrementaron las tasas de inmigración producto del desplazamiento de numerosos solicitantes de empleos y sus familias, presentándose con ello, una creciente alza en la demanda de terrenos urbanos para vivienda y de dotación de servicios mismas que al rebasar la capacidad de atención por parte de los empleadores y de FONATUR propiciaron el establecimiento de asentamientos irregulares y con ellos, fuertes impactos sobre los recursos naturales en algunas zonas (CONANP, 2003). Estas afectaciones incentivaron las iniciativas de conservación a través del reconocimiento de diferentes servicios ambientales y de oportunidades derivadas del manejo integral de los recursos naturales del área. El decreto del Programa de Manejo (CONANP, 2003) y el interés de diferentes sectores poblacionales del municipio de Santa María Huatulco, sectores académicos (Universidad del Mar) y asociaciones civiles como GAIA, A.C. (Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental) para concertar estrategias de ordenamiento territorial del uso del suelo y para elaborar el Plan para el Buen Manejo y Conservación de los Recursos Naturales (Julio 2000), ha fortalecido las estrategias de buen manejo agrícola y la excursión en oportunidades para el pago de servicios ambientales derivados del PNH. De igual forma, con la implantación del Sistema Comunal de Áreas Naturales Protegidas con una superficie cercana a las 12,000 ha en la parte norte (Bienes Comunales de Santa María Huatulco) del Parque Nacional Huatulco, se han fortalecido los objetivos de conservación establecidos en el Programa de manejo vigente.

En particular, el Parque Nacional Huatulco (en adelante PNH) conjuga una serie de elementos naturales representados en diferentes ecosistemas y paisajes que fungen como hábitat importante para una diversidad de especies animales y vegetales características de ecosistemas de selva baja caducifolia, humedales, manglares y arrecifes coralinos, entre otros. En un sentido amplio de diversidad, el PNH mantiene elementos bióticos (ecosistemas y especies asociadas) y abióticos (ambiente físico y dinámicas ecológicas) importantes para la continuidad de diferentes procesos ecológicos a nivel local y regional. En el sentido ecológico, la diversidad biológica y de ambientes representados en el PNH contribuye con servicios ambientales esenciales tanto para la dinámica ecológica del área, como para la población humana circundante. Estos servicios derivan en un valor agregado para la conservación y manejo integral de los componentes bióticos y abióticos que integran al PNH. Cabe destacar además, que la diversidad biológica y escénica conformada por los paisajes del PNH contribuye con la producción y distribución de bienes y servicios en diferentes sectores de la economía local y regional. Entre las principales actividades económicas que se generan directa o indirectamente en el PNH destacan la pesca para venta y autoconsumo y deportiva, así como el turismo en sus diferentes modalidades desde el convencional hasta el turismo de aventura y ecoturismo. Estas actividades realizadas dentro de la zona de influencia del PNH y en sus zonas terrestres y marinas, generan impactos que requieren de su evaluación constante, de tal manera que el tipo, condición y estrategias para realizar las actividades mencionadas definen en gran parte las amenazas y procesos socioculturales que dan lugar al contexto ambiental actual del PNH.

Por su importancia ambiental y paisajística, la generación de un diagnóstico ecológico, social y cultural del PNH otorgará una visión amplia de las necesidades y estrategias de manejo y aprovechamiento que el parque requiere para su conservación a largo plazo. Esta herramienta pretende ser parte de una línea base actualizada de información ecológica, social y cultural que complementará al Programa de Manejo vigente publicado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el año 2003.

Justificación

A nueve años de operar el programa de manejo del Parque Nacional Huatulco resulta necesario analizar la efectividad en la operación del mismo. El diagnóstico ecológico, social y cultural proporcionará elementos de juicio para definir el estado de conservación en que se encuentra en Parque Nacional Huatulco y su área de influencia.

Objetivo general

Contribuir con información actualizada para la revisión de la efectividad del programa de manejo vigente del Parque Nacional Huatulco.

Objetivos específicos

a)Actualizar la información ecológica, social y cultural del Parque Nacional Huatulco con base a indicadores de integridad biológica, socioeconómicos y de índole cultural.

b)Realizar un diagnóstico del estado de conservación del Parque con base en los indicadores del programa nacional de ANP 2007-2012

c)Analizar el estado de conservación de la cobertura vegetal del Parque y su zona de influencia.

d)Generar el documento “Diagnóstico ecológico, social y cultural del Parque Nacional Huatulco”

Resultados

Los resultados se presentan en tres grandes ejes que aunque difieren en conceptos técnicos mantienen una relación espacial y temporal que da lugar al estado actual de los ecosistemas y condiciones socioculturales y económicas del Parque Nacional Huatulco. Se presenta una descripción general del contexto ambiental del PNH, plasmando una visión actualizada de sus ecosistemas principales y generando a partir de esta información una discusión del estado actual y amenazas de conservación. Posteriormente se discute la información sociocultural con indicadores demográficos y económicos y sus implicaciones para definir los indicadores de conservación de acuerdo al Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012 (CONANP 2010).

Contexto demográfico y económico.-Dada la ubicación geográfica del Parque Nacional en el municipio de Santa María Huatulco, es necesario considerar los aspectos demográficos y económicos que definen las características socioeconómicas del municipio. Lo anterior tiene el propósito de definir las implicaciones del crecimiento poblacional y actividades económicas de Santa María Huatulco en la conservación y manejo de los recursos naturales. Con la identificación de correlaciones específicas entre estos indicadores se podrían jerarquizar e implementar estrategias de compensación ambiental en el polígono y área de influencia del PNH. Actualmente la definición de políticas de uso y gestión de los recursos naturales por parte del comisariado de bienes comunales de SMH ha favorecido la concertación de estrategias y prioridades de acción para conservar la integridad ecológica de los ecosistemas presentes en la región. No obstante, el contexto ambiental actual del PNH depende además de los indicadores demográficos y económicos que dan lugar al contexto social y cultural del parque y que generan una influencia importante. En este sentido la injerencia de las actividades realizadas por los pobladores locales en el PNH está definida por el número de pobladores y por el tipo de actividad económica que realizan.

La colindancia del Parque Nacional con los denominados bienes comunales del municipio Santa María Huatulco, poblado de La Crucecita, Santa Cruz, Cacaluta y localidades del área de influencia, determina en gran parte el uso del suelo y cobertura vegetal existente en la zona circundante al PNH. Así mismo, la colindancia de los bienes comunales del SMH con el PNH ha favorecido el mantenimiento de diversos servicios ambientales para los pobladores del área. Debido a esta relación, la comunidad de Santa María Huatulco designó un Sistema Comunal de Áreas Naturales Protegidas que favorecen la continuidad estructural y funcional de un corredor biológico y la provisión de servicios ambientales entre la parte alta de los bienes comunales, el PNH y la parte baja de la subcuenca del río Cacaluta. Para conocer las relaciones específicas entre los objetivos de conservación del PNH y la dinámica socioambiental a la que se encuentra sujeto el territorio, es necesario profundizar en los indicadores demográficos y principales actividades económicas que se realizan actualmente en la zona de influencia del Parque Nacional Huatulco.

1. Protección.-Basado en los programas de inspección y vigilancia, establecidos y operando por año. Las acciones de protección que realiza el PNH son preventivas, correctivas y prioritarias para el buen funcionamiento de los ecosistemas presentes. Su función es la de contrarrestar el posible deterioro ambiental provocado por las actividades productivas no sustentables o cambios en los patrones y procesos ecológicos a gran escala. Por ende, la protección plantea acciones directas de vigilancia para la prevención de ilícitos, contingencias y la protección contra especies invasoras y especies nocivas. El personal operativo del PNH realiza actualmente sistemas de inspección específicos establecidos en zonas afectadas recurrentemente por disposición inadecuada de desechos orgánicos e inorgánicos introducidos por usuarios. El personal diseña mecanismos de supervisión y control sobre las actividades marinas y terrestres, orientadas a prevenir el deterioro de los ecosistemas y apoyar la seguridad de los usuarios. Como parte de los acuerdos realizados con los ejidatarios de SMH y a través del Sistema Comunal de ANP´s y el SECOBI, se promueven acciones de vigilancia que contribuyan a disminuir los impactos generados por actividades humanas en la zona de influencia del PNH.

2. Vulnerabilidad.-Tiene como finalidad principal la mitigación y combate del impacto de los fenómenos naturales (huracanes, inundaciones, erupciones, fenómenos naturales) y antropogénicos (especies invasoras, incendios, ilícitos como desmontes y caza furtiva y cambio de uso de suelo) que afectan el PNH y otras modalidades de conservación. Actualmente el PNH cuenta con un programa anual operativo que define las prioridades de investigación y monitoreo de las amenazas más frecuentes a la integridad ecológica del PNH. El monitoreo de impacto ambiental (tala, incendios, azolvamiento), efectividad en la protección de recursos naturales (saqueo de flora y fauna), vida silvestre (evaluación de poblaciones), evaluación de las artes de pesca y utilización sustentable del caracol púrpura, arroja resultados alentadores basados en la evaluación de la efectividad del reglamento del PNH. Este monitoreo se articula con el programa de inspección y vigilancia del PNH por lo que la coordinación operativa de los reglamentos y acciones del personal son efectivos para la conservación del PNH. Respecto a la sanidad forestal y el manejo integrado del fuego, el PNH no cuenta con un sistema de monitoreo contra plagas y enfermedades ni con un programa operativo contra incendios. No obstante, este último es temporal por lo que las contingencias presentadas pueden atenderse de manera coordinada con otras instancias como Profepa y CONANP. La evaluación de la vulnerabilidad en todas sus dimensiones debe ser prioridad del PNH que aunque presenta esfuerzos de conservación articulados y efectivos, también presenta amenazas constantes en espacio y tiempo.

3. Manejo.-El uso racional y estrategias de conservación, mitigación y restauración de los recursos naturales puede asegurar la permanencia y provisión de servicios ambientales derivados de los ecosistemas naturales. La concertación de estrategias de conservación de corredores biológicos y de manejo de afluentes y escorrentías en la porción Norte del PNH más la implementación de acuerdos regionales e institucionales con otras dependencias y organizaciones civiles ha generado acciones concretas de conservación que han repercutido en el buen manejo de los recursos naturales del PNH. Estas acciones han mitigado gran parte de los impactos ambientales derivados del turismo y aprovechamiento del territorio por los pobladores locales. La implementación de un Sistema Comunal de ANP´s en los Bienes Comunales de Santa María Huatulco y la protección legal del PNH han disminuido las tasas de cambio de uso de suelo manteniendo con ello gran parte de la cobertura forestal del PNH.

4. Cooperación y conocimiento.-La coordinación con instancias gubernamentales, académicas y organizaciones civiles ha fortalecido el marco actual de conservación del PNH y su área de influencia. Los esfuerzos de participación de los actores locales han integrado estrategias de planeación y manejo efectivo de los recursos naturales de la región. La reciente inclusión de la subcuenca de Cacaluta, en específico de la parte norte como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, la creación del Sistema Comunal de ANP´s y el SECOBI con el programa de Ordenamiento Territorial de los Bienes Comunales de SMH a través de la generación de mecanismos de diálogo y concertación, repercutieron en el estado actual de conservación del Parque que aunque presenta amenazas evidentes a corto y mediano plazo, puede mantener la integridad de los ecosistemas terrestres y marinos.

Aunque los indicadores mencionados son aplicados en el marco operativo del PNH es adecuado incluir otros indicadores que pueden coadyuvar en una gestión integral del territorio del PNH y área de influencia.

5. Servicios ambientales y tenencia de la tierra.-La apropiación y manejo sustentable del territorio y ecosistemas presentas derivan en la provisión óptima de los servicios ambientales requeridos. Un manejo racional implica compromiso y actitudes positivas hacia la conservación de los recursos naturales, y hacia el uso óptimo de los mismos. La tenencia de la tierra es un factor determinante para la implementación del programa operativo. Aunque la poligonal del PNH está definida geográficamente, las invasiones y los conflictos legales están presentes por lo que la aplicación del marco legal y la resolución de conflictos es importante para integrar este indicador como un eje de conservación en el PNH.

6. Educación para la conservación, cultura y participación.-La idea generalizada de conservación del PNH y de sus beneficios ambientales y económicos inmediatos puede promover una gestión integral y aplicación del marco legal vigente en armonía con la población y/o actores locales. La inclusión del universo cultural como detonador del conocimiento generalizado de los recursos del PNH puede generar oportunidades de participación e inclusión en actividades de cuidado y manejo del territorio presente en el PNH. La educación para la conservación es trascendente para el destino del PNH y en este sentido debe ser prioridad la continuidad de políticas educativas dirigidas hacia actores específicos.

7. Cooperación internacional y procuración de fondos.-La aplicación de principios y acuerdos internacionales en materia de conservación, más la cooperación multilateral para el fortalecimiento de recursos (humanos, financieros, capacitación, técnicos y tecnológicos) que permitan fortalecer las acciones de conservación debe ser prioridad para el PNH. El fortalecimiento institucional a través del intercambio de experiencias y conocimientos puede mejorar la capacidad del personal operativo del PNH.

Ahora bien, respecto de las autorizaciones signadas por el director General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT para el desarrollo del proyecto denominado Subestación eléctrica Magueyitos SF6 Bco. 1 y 2 con ubicación en Santa María Huatulco, Oaxaca mediante oficio número SGPA/DGGFS/712/2068/12, de fecha 12 de julio de 2012 y el desarrollo del proyecto denominado Subestación eléctrica Cacaluta SF6 Bco. 1 con ubicación en Santa María Huatulco, Oaxaca mediante oficio número SGPA/DGGFS/712/2257/12, de fecha 27 de julio de 2012, la SEMARNAT solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detener obras de manera temporal en la subestación eléctrica que construye en Cacaluta, Oaxaca, hasta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verifique que el proyecto está cumpliendo con las condicionantes establecidas por la autoridad ambiental.

Para tal efecto, la Profepa realizará una visita de inspección en el lugar, dando respuesta a las denuncias interpuestas por diputados locales ante este organismo y debido al interés del Gobierno Federal de atender la inquietud de la ciudadanía y de ambientalistas preocupados por el cuidado del entorno.

Es importante señalar que, dicho proyecto cuenta con las dos autorizaciones ambientales y forestales emitidas por la SEMARNAT: la de Impacto Ambiental por parte de la Delegación en Oaxaca, y la de Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS).

El proyecto se desarrolla fuera del polígono del Parque Nacional Huatulco y el área autorizada para el cambio de uso de suelo consta de una superficie de 1.07 hectáreas de selva baja caducifolia, cifra que representa menos del 0.001 por ciento del total de la poligonal del ANP, por lo que el impacto por el desmonte de esa hectárea es mínimo para todo el ecosistema.

Entre otras de las condicionantes impuestas en dicho resolutivo, además de la Compensación Ambiental de 4.2 hectáreas para beneficio de la propia ANP, la CFE deberá reforestar 3.2 hectáreas, es decir tres por cada hectárea a desmontar, dentro del Parque Nacional Huatulco, en un lugar que la propia CONANP definirá. Otras condicionantes en la autorización, sugeridas por la CONANP, obligan a la CFE a realizar medidas de conservación y restauración de suelos, así como cuidar y reubicar los distintos especímenes de flora y fauna de las especies en estatus de protección.

Por las razones ya expuestas, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta Soberanía si existen procedimientos abiertos sobre el cumplimiento de las Manifestaciones de Impacto Ambiental de las obras de la subestación eléctrica Cacaluta SF6 BCO.1 y Magueyitos SF6 BCOS 1 y 2.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, informe a ésta Soberanía si procede la incorporación del resto del municipio de Santa María de Huatulco y en su caso que áreas podrán integrarse, correspondiente a la zona de transición de la Reserva de la Biósfera Huatulco según designación de la UNESCO, dentro del polígono del Parque Nacional Huatulco, de tal modo que toda la Reserva de la Biósfera Huatulco reciba la protección de área natural protegida, a través del Parque Nacional Huatulco.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo y a las autoridades locales competentes, lleven a cabo un programa de desarrollo urbano y turístico que respete las condiciones de conservación actuales en beneficio del ambiente en el Parque Nacional Huatulco.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca implemente el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial, en concordancia con el manejo del Parque Nacional Huatulco.

Notas:

1 Equipo Verde Huatulco, AC.

2 Conanp Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas. Parque Nacional Huatulco. Diagnostico Ecológico, Social y Cultural del Parque Nacional Huatulco 2011.

3 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/4750/1/mx.wap/solicita_semarnat_parar_ temporalmente_obras_de_subestacion_electrica_en_cacaluta_y_profepa_realizara_vi sita_de_inspeccion__.html

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

MANUALES DE SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se recomienda a la Cámara de Diputados a asumir, con la supervisión, el seguimiento y el control de la Junta de Coordinación Política y del Comité de Administración, el compromiso de evaluar su régimen normativo y así cumplir el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, el expediente número 1245 que contiene, Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a impulsar un programa de manejo y reciclaje de unicel y a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, a impulsar uno para no utilizar ese material en la Cámara

En virtud del análisis y estudio de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 79, 80 fracción VI, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero:En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 12 de febrero de 2013, la diputada Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar un programa de manejo y reciclaje de unicel, así como a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, para que impulse un programa para la no utilización de este material en la Cámara de Diputados.

Segundo:En la fecha en que fue presentada la Proposición con Punto de Acuerdo, enunciada en el punto anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva dicto trámite correspondiente, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Objeto y contenido de la proposición

La proposición con punto de acuerdo en estudio, corresponde a una propuesta promovida por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propone los siguientes resolutivos.

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de su competencia impulse un programa para el manejo y reciclaje de Poliestireno Extendido, llamado comúnmente unicel.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que se impulse dentro de esta Cámara de Diputados un programa que garantice la no adquisición de vasos y demás productos de poliestireno expandido en la misma y, que se suspenda su adquisición en el futuro.

Tercero. Se exhorta a ésta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a evaluar su régimen normativo y, dar así cumplir con el Artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece que expedirá un manual de sistema de manejo ambiental.

III. Consideraciones

Con base en los antecedentes indicados y con los elementos de información disponibles la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar el Punto de Acuerdo  de referencia.

La proposición materia del presente dictamen tiene como finalidad, impulsar un programa de manejo y reciclaje de unicel; y  la no utilización de ese material en la Cámara de Diputados

A este respecto es importante mencionar que, en México se producen al año 8 millones de toneladas de envases, 16 % son de plástico y 2 % de unicel unas 160 000 toneladas de unicel más o menos. 1

Visto lo anterior es importante destacar que el unicel o poliestireno expandido no está considerado como residuo peligroso en la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos.

Artículo 16.-La clasificación de un residuo como peligroso, se establecerá en las normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma de determinar sus características, que incluyan los listados de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo.

Por lo que el unicel al no estar contemplado como residuo peligroso, no puede estar sujeto a un plan de manejo, tal y como lo establece la Ley General de Prevención y Gestión de Residuos.

En el mismo sentido dentro de las consideraciones de la legisladora promovente se hace mención que las principales motivaciones son:

• Existe en la actualidad una polémica causada por el uso de poliestireno expandido, comúnmente llamado unicel, y sus efectos negativos en la salud de las personas y en su medio ambiente.

• La utilización del unicel en el país se concentra principalmente en utensilios desechables (vasos, platos, empaques), protección de aparatos electrónicos y en la industria de la construcción.

• El proceso de reciclaje del unicel en México se complejiza además porque no hay centros de acopio y va a dar a rellenos sanitarios.

• Otro punto en el que se debe poner atención, son las causas en la salud por la exposición prolongada al estireno, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), ambas por sus siglas en ingles, los efectos por la prolongada exposición tiende a provocar irritación en la piel, ojos, vías respiratorias altas y efectos gastrointestinales.

• Un prolongado contacto afecta el sistema nervioso central mostrando síntomas de fatiga, depresión, dolor de cabeza y efectos menores en la función renal y en la sangre.

• Asimismo, las dos Agencias citadas anteriormente, han catalogado al poliestireno expandido o, unicel, como posible carcinógeno.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se recomienda a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a través de la supervisión, seguimiento y control de su Junta de Coordinación Política, y con el auxilio de su Comité de Administración, asumir el compromiso de evaluar su régimen normativo y, así cumplir con el artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece que expedirá un manual de sistema de manejo ambiental, así como a implementar éste, con el objetivo de reducir los impactos negativos en el ambiente.

Segundo.Se recomienda a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a través de la supervisión, seguimiento y control de su Junta de Coordinación Política, y con el auxilio de su Comité de Administración, asumir el compromiso para que se impulse dentro de esta Cámara de Diputados, un programa que garantice, la no adquisición de vasos y demás productos de poliestireno expandido en la misma y, que se suspenda su adquisición en el futuro.

Nota:

http://ecobiog.com.mx/el-unicel-i-sus-peligros/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

MANUALES DE SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación a informar a esta soberanía si se han emitido los manuales de sistemas de manejo ambiental referidos en el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, al expediente número 1656, que contiene Proposición con Punto de Acuerdo relativo a promover al interior de las dependencias el uso sustentable de energía, el agua y recursos naturales.

En virtud del análisis y estudio correspondiente de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; y 45, numeral 6, incisos f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 79, numeral 1, fracción II, y 80, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 2 de abril de 2013, los diputados Sergio Augusto Chan Lugo, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Rafael Acosta Croda, Fernando Alejandro Larrazábal, Máximo Othon Zayas, J. Jesús Oviedo Herrera, María Isabel Ortiz Mantilla Gerardo Peña Avilés, José Enrique Reina Lizárraga, Tania Margarita Morgan Navarrete, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los tres poderes Federales de la Unión, para que promuevan al interior de las dependencias, el uso sustentable de energía, el agua y recursos naturales.

Segundo. En la fecha en que fue presentada la Proposición con Punto de Acuerdo, enunciada en el punto anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva dicto trámite correspondiente, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

Tercero. Una vez recibido  el expediente correspondiente, la Presidenta de la Comisión instruyo su registro y el análisis para la formulación del dictamen por parte del personal técnico, iniciando un cuidadoso proceso de análisis y consulta.

II. Contenido y objeto de la proposición

Afirman los legisladores que, el derecho a toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado, requiere de la adopción de mejores prácticas de consumo y producción que impulsen el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales.

Refieren los Diputados promoventes que como es del conocimiento de todos México es miembro activo del Protocolo de Kyoto desde el día 16 de febrero de 2005, acuerdo internacional suscrito por 128 países cuyo objetivo consiste en tomar medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global y contribuyen aceleradamente al cambio climático en la mayoría de las regiones del mundo.

Los proponentes indican que, al día de hoy en el país, son escasas las oficinas que se encuentran a cargo de los tres niveles de gobierno que mantienen el concepto de “Oficina Verde”, y con la finalidad de poder contribuir en beneficio del medio ambiente, proponen realizar acciones que contribuyan a un consumo de recursos de forma responsable, con la finalidad de lograr el aprovechamiento de recursos, en empatía con un medio ambiente más saludable.

Ahora bien, los Diputados señalan que las oficinas de la Cámara de Diputados deben ser un ejemplo en el consumo responsable, en donde se deberá evitar el consumo de productos que son altamente contaminantes, y que toman largos periodos para su procesos de degradación, mismos que pudieran contener sustancias potencialmente toxicas y cancerígenas, empleo racional de productos de limpieza, optar por productos biodegradables y amigables con el ambiente, utilización de pinturas no toxicas, la utilización de telas ignifugas, evitar el uso de recipientes de unicel y sustituirlos por envases compuestos de materiales biodegradables, así como evitar envases de plástico denominado PET, dentro de otros mecanismos de consumo sustentable.

Reducir el alto consumo de papel, imprimiendo escritos preferentemente por el anverso y reverso de la hoja, reusar el papel reciclado para informes internos, darle prioridad al uso intensivo del correo electrónico como mecanismo de comunicación, aprovechar la tecnología electrónica para el traslado y almacenamiento de información, promover una cultura verde en el fomento de ahorro de energía eléctrica, en el ahorro de consumo de agua, considerando mecanismos como muebles de sanitarios que utilizan menos de tres litros de agua.

Aprovechar el reúso de muebles e insumos y observar el proceso correcto del reciclado de los materiales que serán desechados definitivamente.

III. Consideraciones

Las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, refrendamos la preocupación del inminente deterioro que sufre el medio ambiente a consecuencia del volumen de los desechos que se generan por el consumo propio de la actividad humana y en particular derivado de la operación de edificios que albergan a numerosas personas.

Esta comisión considera que es importante crear una mejor conciencia dirigida al consumo responsable, y poder generar en todos los funcionarios y empleados, hábitos de bienestar derivado del consumo tutelado por los indicativos que se refieren a la “Reducción, Reúso y Reciclable”.

Sin embargo, esta Comisión considera que ya existen disposiciones legales contenidas dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que obligan a la Administración Pública Federal, al Poder Legislativo y al Poder Judicial respecto a la optimización de recursos materiales y nos referimos al artículo 17 bis que señala

Artículo 17 Bis. La Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, expedirán los manuales de sistemas de manejo ambiental, que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales.

Por lo que ésta Comisión retoma el sentido de los promoventes y considera que el exhorto debe hacerse con fundamento a las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo consideramos que no se puede exhortar a la Cámara de Diputados como una unidad pues ésta no se puede exhortar a sí misma pero sí a los órganos que la conforman.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los legisladores de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Judicial de la Federación a informar a esta Soberanía si se han emitido los manuales de sistemas de manejo ambiental que refiere el artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Segundo. Se recomienda respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a través de la supervisión, seguimiento y control de su Junta de Coordinación Política, y con el auxilio de su Comité de Administración, asuma el compromiso de evaluar su régimen normativo y, así cumplir con el artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Tercero. Se recomienda respetuosamente a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión a través de la supervisión, seguimiento y control de su Junta de Coordinación Política, y con el auxilio de su Comisión de Administración, asuma el compromiso de evaluar su régimen normativo y, así cumplir con el artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

ANALIZAR Y PROPONER SOLUCIONES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL CUERPO DE BOMBEROS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe del gobierno del DF a analizar y proponer soluciones para mejorar el desempeño del Cuerpo de Bomberos

Honorable Asamblea:

La Comisión Protección Civil con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente.

Antecedentes

El 21 de marzo de 2013, el diputado Glafiro Salinas Mendiola del Grupo Parlamentario del PAN presentó el punto de acuerdo, en donde exhorta a los Gobernadores y al Jefe del Gobierno del D.F. a analizar y proponer soluciones para mejorar el desempeño del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El 21 de marzo de 2013, el presente documento fue turnado a la Comisión de Protección Civil.

Contenido de la Proposición

De acuerdo con la proposición de punto de acuerdo, los bomberos son un elemento importante y parte esencial del mundo actual, por lo que se vuelven cruciales para la preservación de la vida de la población en general, ya que son hombres y mujeres valientes que arriesgan sus vidas, algunos a diario, respondiendo a las necesidades de los ciudadanos mediante un servicio eficaz, eficiente, profesional y humanitario, cumpliendo con el compromiso prevención, combate y extinción de incendios, servicios de emergencias médicas Pre-Hospitalarias, rescate, educación a la ciudadanía para la autoprotección y atención de desastres de cualquier tipo.

Debido a las características propias de sus responsabilidades, es claro que se enfrentan a grandes peligros en su trabajo diario, por ejemplo, inhalación de humo, quemaduras, golpes de calor, aplastamientos, accidentes causados por electricidad, intoxicaciones, entre otras y a largo plazo deficiencias respiratorias, cardiacas y cerebrales.

De acuerdo con un estudio elaborado por la prestigiada revista de medicina New England Journal of Medicine, entre los bomberos que mueren en el trabajo, la cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte. Según los resultados, apagar incendios conlleva un riesgo de muerte cardíaca hasta 100 veces más elevado que en la población general.

Sin embargo, a pesar de la ingente responsabilidad y los peligros inherentes al oficio de proteger la vida de los otros exponiendo la propia, la mayoría de los distintos Cuerpos de Bomberos en nuestro país carece de equipamiento y seguridad necesaria para el desempeño diario de sus funciones, sin referirnos aún al equipamiento necesario para la protección y seguridad personal, ni mencionar el exiguo sueldo que resulta insuficiente e indigno para la noble labor que realizan.

Además, debe revisarse a fondo su sistema de pensiones, el mejoramiento de los alimentos que se les proporcionan, así como su servicio médico.

Según el diputado que presenta el punto de acuerdo, un diáfano ejemplo de la problemática expuesta es el caso del Honorable Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, donde los mil 400 elementos que lo conforman deben lidiar con aproximadamente 40 mil servicios anuales con un sueldo que va desde los 3,500 a los 5,000 pesos mensuales.

Otro ejemplo claro es el caso del Cuerpo de Bomberos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde el año pasado las siete máquinas apagadoras con las que se cuenta sufrieron fallas sistemáticas que les obstruyeron el trabajo y pusieron en grave peligro tanto a los Bomberos como a las víctimas que requerían ayuda de éstos.

La problemática se extiende a lo largo y ancho del territorio para los Bomberos, por ello, es importante realizar y fomentar este tipo de puntos de acuerdo ya que elevamos dignidad de la persona que labora en la adversidad, así como el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.

En virtud de lo anterior, el diputado Glafiro Salinas Mendiola, propone el siguiente Punto de Acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de Gobierno del Distrito Federal a analizar y proponer soluciones para el mejor desempeño de las funciones del Heroico Cuerpo de Bomberos, a través de un adecuado entrenamiento, adquisición del equipo necesario, así como la justa remuneración por el trabajo de alto riesgo cotidiano; y que podrían enmarcarse en los Convenios Únicos de Desarrollo Social que regularmente suscriben la Federación y los Estados.

Segundo. Se exhorta a las Legislaturas de las entidades federativas a efecto de revisar el marco normativo que rige la organización de los Cuerpos de Bomberos correspondientes con el objeto de incluirlas dentro del sistema de protección civil existente en dichas entidades.

Consideraciones

La Profesión de bombero es una de las más respetadas en todo el mundo, pero también es una de las más peligrosas. El deber de todos los cuerpos de bomberos es combatir los incendios, estabilizar los incidentes, conservar la vida y los bienes de la ciudadanía. La profesión de bombero no es ni cómoda ni fácil, se trata de un trabajo en el que se expone al individuo a un elevado nivel de peligro, así mismo se requiere de un alto grado de dedicación personal, un verdadero deseo de ayudar a la gente y pericia.

La sociedad debería tomar conciencia sobre la importancia de los bomberos. Fuera de su labor principal de apagar incendios, los objetivos del combate de incendios son -en orden- salvar vidas, salvar la propiedad y proteger el medio ambiente. Es impensable que no existan las condicionesn ni el equipamiento adecuado para realizar este trabajo en óptimas condiciones.

Día a día quienes forman parte del Heroico Cuerpo de Bomberos, arriesgan sus propias vidas para el cuidado de las vidas ajenas. Es primordial garantizar su seguridad de manera efectiva y reconocer su trabajo. Más aún cuando en la mayoría de las instalaciones del país los cuerpos de bomberos se encuentran severamente limitados.

Por lo general el salario de un bombero llega a ser de 5,000 pesos al mes. En este sentido, es necesario proveerles el equipo necesario para no arriesgar sus vidas y aumentar el sueldo debido a las extremas y peligrosas condiciones con las que lidian.

Por lo regular, el Heroico Cuerpo de Bomberos no forma parte del presupuesto de atención a emergencias en los estados, como lo son los policías, las unidades de protección civil y otras instituciones que atienden emergencias. La mayor parte del tiempo los bomberos son cuerpos voluntarios.

Finalmente, es fundamental contribuir a reestablecer la imagen del bombero a los niños y juventud de México, reconociendo su valía y vocación de servicio.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Protección Civil dictamina en sentido positivo la siguiente proposición con punto de acuerdo y lo somete a consideración de la honorable asamblea:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de Gobierno del Distrito Federal a analizar y proponer soluciones para el mejor desempeño de las funciones del Heroico Cuerpo de Bomberos, a través de un adecuado entrenamiento, adquisición del equipo necesario, así como la justa remuneración por el trabajo de alto riesgo cotidiano; y que podrían enmarcarse en los Convenios Únicos de Desarrollo Social que regularmente suscriben la federación y los estados.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las entidades federativas a efecto de revisar el marco normativo que rige la organización de los Cuerpos de Bomberos correspondientes con el objeto de incluirlas dentro del sistema de protección civil existente en dichas entidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.

La Comisión de Protección Civil, diputados:Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), presidente; David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Arturo Cruz Ramírez (rúbrica), secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Tomás López Landero, Lorena Méndez Denis (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica).»

EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL A REALIZAR POR SUS CONSULADOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA UNA CAMPAÑA DE DIFUSION ENTRE LA POBLACION MEXICANA RESIDENTE AHI SOBRE LOS BENEFICIOS DE REGISTRAR A LOS HIJOS EN LAS OFICINAS CONSULARES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a realizar por sus consulados en Estados Unidos de América una campaña de difusión entre la población mexicana residente ahí sobre los beneficios de registrar a los hijos en las oficinas consulares

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal para que a través de sus consulados en Estados Unidos de América se informe a la población mexicana residente en aquel país, los beneficios que se tienen al registrar a sus hijos en las oficinas consulares; así mismo, para que las representaciones de México en los Estados Unidos de América emprendan una campaña de información en el caso de que se dé una Deportación, presentada por el diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157 fracción 1, 176 fracción 1, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

1. En sesión del pleno del día 9 de abril de 2013, el diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen.

2. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acordó se turnara a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste, para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido

Propone que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno federal para que a través de sus consulados en Estados Unidos de América realice una campaña de difusión que informe a la población mexicana residente en aquel país, sobre los beneficios que se tienen al registrar a sus hijos en las oficinas consulares; así como los procedimientos para recuperar a sus hijos en caso de ser deportados.

Metodología

Las comisiones realizaron el análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictaminación.

Consideraciones:

Primera. El diputado Flemate Ramírez en su exposición de motivos destaca los siguientes aspectos:

Menciona que durante el proceso legal para deportar de los Estados Unidos de América a los nacionales mexicanos, en algunos casos, los hijos de éstos, son separados de sus padres y llevados a los hogares denominados “foster home” (hogares temporales) que el gobierno paga por su cuidado.

Asimismo, indica que si el gobierno de los Estados Unidos de América no tiene comunicación con los padres o familiares en un periodo de meses, estos pierden la patria potestad y son registrados en una lista de adopción.

De igual manera, advierte que representa un problema para los padres que han sido separados de sus hijos, el desconocimiento de los trámites que se tienen que realizar y de las instituciones a las que tienen que acudir para poder recuperar a sus hijos.

Cita que la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 3, numeral 1, señala que:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”

Por lo anterior, considera que se debe atender este problema teniendo en cuenta que el interés del niño está por encima de cualquier ley o política pública de un país, por lo que propone se realice una campaña de difusión que informe a la población mexicana, sobre los beneficios que se tienen al registrar a sus hijos en las oficinas consulares; así como los procedimientos para recuperar a sus hijos en caso de ser deportados.

Al respecto, las Comisiones consideran que efectivamente, se debe salvaguardar el interés superior del niño y considera procedente el presente punto de acuerdo, toda vez que en caso de alguna deportación son las oficinas consulares las que a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores pueden realizar los trámites para la recuperación de sus menores hijos, en cuyo caso el registro consular correspondiente resulta de gran utilidad.

Los integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Asuntos Frontera Sur-Sureste, con base en las consideraciones que anteceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente:

Resolutivo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal para que a través de sus consulados en los Estados Unidos de América realice una campaña de difusión que informe a la población mexicana residente en aquel país, sobre los beneficios que se tienen al registrar a sus hijos en las oficinas consulares; así como los procedimientos para recuperar a sus hijos en caso de ser deportados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Asuntos Frontera Sur Sureste, diputados:Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica), presidente; Antonio de Jesús Díaz Athié, María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Patricia Guadalupe Peña Recio (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Teresa de Jesús Mojica Morga, secretarios; Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Gabriela Eugenia Cortés Talamantes (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, Eva Diego Cruz (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Ponciano Vázquez Parissi.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado (rúbrica), Fernando Zarate Salgado, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, Juan Pablo Adame Alemán, Agustín Barrios Gómez (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz, Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Voy a pedir a la Secretaría tomar la votación económica de los demás puntos de acuerdo, en razón de los comentarios que aquí he hecho.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados los puntos de acuerdo que se encuentran en los dictámenes incluidos en el orden del día en los lugares 5, 6 y 7, y también del 18 al 66. Comuníquense.

Continúe la Secretaría.

CAMBIOS EN COMISIONES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Eligio Cuitláhuac González Farías cause baja como integrante de la Comisión Especial de participación ciudadana.

• Que el diputado Juan Isidro del Bosque Márquez cause alta como integrante en la Comisión Especial de participación ciudadana.

• Que la diputada Cecilia González Gómez cause baja como integrante de la Comisión Especial de asuntos alimentarios.

• Que la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez cause alta como integrante en la Comisión Especial de asuntos alimentarios.

• Que el diputado Jaime Chris López Alvarado cause baja como integrante de la Comisión Especial de la industria manufacturera y maquiladora de exportación.

• Que la diputada Patricia Guadalupe Peña Recio cause baja como integrante de la Comisión Especial para la prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en estados donde hay instalaciones de Pemex.

• Que la diputada Delvim Bárcenas Nieves cause alta como integrante en la Comisión Especial para la prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en estados donde hay instalaciones de Pemex.

• Que el diputado Harvey Gutiérrez Álvarez cause baja como integrante de la Comisión Especial para la prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en estados donde hay instalaciones de Pemex.

• Que la diputada María Concepción Navarrete Vital cause alta como integrante en la Comisión Especial para la prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en estados donde hay instalaciones de Pemex.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 29 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Alejandro Moreno Cárdenas cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Adolfo Bonilla Gómez cause baja como integrante de la Comisión de Infraestructura.

• Que el diputado Alejandro Moreno Cárdenas cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Adolfo Bonilla Gómez cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 29 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza cause baja como presidente de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

• Que el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza cause alta como integrante en la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

• Que el diputado Héctor García García cause baja como integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

• Que el diputado Héctor García García cause alta como presidente en la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 24 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Antonio de Jesús Díaz Athié cause baja como integrante de la Comisión Especial del Café.

• Que la diputada María Rebeca Terán Guevara cause alta como integrante en la Comisión Especial del Café.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 29 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Julio César Flemate Ramírez cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios.

• Que el diputado Julio César Flemate Ramírez cause alta como integrante en la Comisión de Infraestructura.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 29 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado J. Pilar Moreno Montoya cause alta como integrante en la Comisión de Ganadería.

• Que la diputada Adriana Fuentes Téllez cause alta como integrante en la Comisión de Competitividad.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 29 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga cause baja como integrante de la Comisión de Puertos y Marina Mercante.

• Que el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga cause alta como secretario en la Comisión de Puertos y Marina Mercante.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 25 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Rafael Acosta Croda cause baja como secretario de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que la diputada Damaris Osorno Malpica cause alta como secretaria en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Rafael Acosta Croda cause baja como integrante de la Comisión de Transportes.

• Que la diputada Damaris Osorno Malpica cause alta como integrante en la Comisión de Transportes.

• Que el diputado Rafael Acosta Croda cause baja como integrante de la Comisión de Infraestructura.

• Que la diputada Damaris Osorno Malpica cause alta como integrante en la Comisión de Infraestructura.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 29 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Pedro Porras Pérez cause baja como miembro del Comité de Información, Gestoría y Quejas.

• Que el diputado Luis Arias Pallares cause alta como miembro del Comité de Información, Gestoría y Quejas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 29 de abril de 2013.—Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Javier Salinas Narváez cause baja como presidente en el Grupo de Amistad México-Sudáfrica.

• Que la diputada Jessica Salazar Trejo cause alta como presidenta en el Grupo de Amistad México-Sudáfrica.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 24 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Martha Edith Vital Vera cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que la diputada Rosa Elba Pérez Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Rosa Elba Pérez Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Municipal.

• Que la diputada Martha Edith Vital Vera cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste.

• Que la diputada Martha Edith Vital Vera cause baja ta como integrante en la Comisión de Especial de Asuntos Alimentarios.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 25 de abril de 2012.Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Ruth Zavaleta Salgado cause alta como integrante en la Comisión Especial de Programas Sociales.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 24 de abril de 2012.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados. Comuníquense.

Continúe la Secretaría.

COMITE DE EVALUACION DE LA GESTION Y OPERACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, CENDI, ANTONIA NAVA DE CATALAN

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea e integra el Comité de Evaluación de la Gestión y Operación del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) “Antonia Nava de Catalán”

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 numeral 1, 34 numeral 1, inciso i) y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido en los artículos 206, fracción II y III, y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno el presente acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera.Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 numeral 1, 34 numeral 1, inciso i) y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos  Mexicanos, así como en lo establecido en los artículos 206, fracción II y III, y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segunda. Que conforme a lo dispuesto en el inciso c) del numeral 1 del artículo 34 y 45 de la Ley Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos es facultad de la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno de la Cámara la integración de comités.

Tercera.Que de una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso i) y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido en los artículos 206, fracción II y III, y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, que puede proponer la creación e integración de las comisiones, así como  la designación de los integrantes de las juntas directivas, tiene plenas facultades para proponer al Pleno de la Cámara la constitución e integración de un comité.

Por todo lo anterior, se propone al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se propone la constitución de un comité, que tendrá por objeto evaluar la gestión y operación del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) “Antonia Nava de Catalán”, el cual brinda el servicio de educar y cuidar a los hijos de las madres trabajadoras de la Cámara de Diputados;

Segundo.El comité contará con 7 integrantes, por cada uno de los grupos parlamentarios representados en la Cámara. Los integrantes serán puestos por la Junta de Coordinación Política al Pleno una vez que cada grupo haga su designación;

Tercero. El comité será presidido por el diputado Alberto Anaya Gutiérrez;

Cuarto.El comité estará en funciones durante la LXII Legislatura.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de diputados.

Segundo.Comuníquese a la Mesa  Directiva.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a los días del mes de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.p.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar  y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado. Comuníquense.

Pido a la Secretaría que de lectura a un último acuerdo que nos ha hecho llegar la Junta de Coordinación Política y que es importante que de una vez podamos tramitar.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se expresa el apoyo...

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un segundo, compañero. Dígame, diputado Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Sí, aunque no está en campaña, quiero hablar sobre este punto que va a someter usted, en este momento.

El Presidente diputado José González Morfín: Primero le pido a la Secretaría que para que toda la asamblea conozca de qué se trata, que dé lectura solamente a su punto resolutivo.

COMISION ESPECIAL DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA LXII LEGISLATURA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se expresa el apoyo total a la Comisión Especial de programas sociales de la LXII Legislatura y se le encomiendan tareas específicas durante el desarrollo de los procesos electorales por celebrarse en 2013

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en las atribuciones que le confiere el artículo 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al Pleno la presente propuesta basada en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con lo establecido en el referido incisob), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política está facultada para proponer al Pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones que entrañen una posición política del órgano colegiado.

Segunda. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pleno podrá acordar la constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico.

Tercera. Que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2012, se constituyó la Comisión Especial de Programas Sociales, entre cuyas finalidades, según lo dispuesto en el punto sexto del acuerdo citado, se encuentra la de vigilar el adecuado funcionamiento de los programas sociales y el uso debido y legal de los recursos que tales programas tienen asignados.

Cuarta. Que en virtud de que en el año que corre se celebraran elecciones en 14 entidades de la República Mexicana, y con el propósito de evitar el uso indebido de recursos públicos destinados a programas sociales para favorecer a candidatos o partidos políticos durante los procesos electorales, la Junta de Coordinación Política considera necesario fortalecer las herramientas institucionales de la Cámara de Diputados para cumplir a cabalidad las funciones de fiscalización, supervisión y control que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, se somete a la consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. La Junta de Coordinación Política expresa su apoyo total e incondicional a la Comisión Especial de Programas Sociales de la LXII Legislatura, a su presidente, miembros de la junta directiva e integrantes para que desempeñen sus trabajos de vigilancia, fiscalización y control del uso y destino de los recursos públicos asignados a programas sociales en el marco de la celebración de los procesos electorales evitando cualquier uso indebido en apoyo a partidos políticos o candidatos.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados expresa su total apoyo a la Comisión Especial de programas sociales para que realice los trabajos a que se refiere el punto anterior y, para los órganos competentes de la Cámara de Diputados a efecto de que se hagan las asignaciones presupuestarias y de recursos humanos y materiales para el debido cumplimiento de sus tareas.

Tercero: Se instruye a la Comisión Especial de programas sociales, para que presente un programa de trabajo a realizar, durante el desarrollo de los procesos electorales en curso.

Cuarto. Se solicita a la Comisión Especial de programas sociales a que informe con oportunidad a la Junta de Coordinación Política sobre el resultado de sus tareas específicas a efecto de que ese órgano esté en aptitudes de formular las posición política que corresponda en términos de lo dispuesto en el inciso b), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que preste su colaboración y apoyo para que la Comisión Especial de Programas Sociales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados pueda desempeñar eficazmente las tareas específicas a que se refiere el presente acuerdo.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.

Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.p.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada María Sanjuana Franco Cerda (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el acuerdo. Tiene el uso de la voz el diputado Manuel Huerta, por tres minutos, para referirse a este acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Perdón, diputado Huerta, ¿a favor o en contra? Porque el Reglamento es muy claro que solamente puede haber un orador a favor y uno en contra. ¿Es en contra? En contra, tiene el uso de la voz el diputado Manuel Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sin duda la Junta de Coordinación Política ni siquiera leyó un documento que le hicimos llegar, que estuvimos debatiendo con algunos coordinadores parlamentarios, en principio de precisar el nombre de esta Comisión y aprovechar el chayogate, el horrendo caso de Veracruz para precisar más bien que la Comisión Especial pueda evitar el desvío de recursos públicos en los estados de la federación que celebran procesos electorales en 2013, y esto tuvo su origen en 97, justamente con una iniciativa que se promovió, fue la única comisión que entonces con ese nombre tuvo un papel trascendente aparte de ganar controversias constitucionales y lograr que más o menos se dieran algunas elecciones sin la contaminación política que hoy estamos viendo.

Evidentemente, no nada más propusimos el cambio de nombre, sino dentro de las funciones proponíamos que los gobiernos de los estados y los municipios deben desvincular la ejecución de programas sociales con la entidad de las campañas del Partido Revolucionario Institucional, transparentando la ejecución de programas locales, publicitando padrones de beneficiarios, así como ver que el IFE haga uso de atribuciones en materia de radio y televisión para evaluar la vinculación de publicidad gubernamental con campaña política, por esto de la publicidad encubierta que sobre todo en el caso de Veracruz se ha estado discutiendo mucho. Pero en Durango y en muchos estados de la República esto es reiterado, y obviamente sobre todo son varios puntos, pero iniciar el procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos involucrados en el caso de Veracruz y en aquellas entidades donde estas denuncias existan por uso indebido de programas y demás, así como el auditar la integración de los órganos electorales estatales para denunciar a los funcionarios electorales que toleran conductas antidemocráticas y de compra y coacción de voto.

Nos preocupa que al calor del Pacto por México se arreglen las cúpulas partidarias, que aquí mismo en la Junta de Coordinación se firmen acuerdos light y evidentemente también decir, de cara a la opinión pública, que los operativos de defraudación electoral están montados.

Bien lo dijo el compañero Alberto Anaya, no es un tema nada más de Rosario, finalmente toda la estructura que montó Enrique Peña Nieto, con Nemer, Miranda, Carlos Rojas, Guerrero y por cada tiempo que den puedo seguir un apellido de los distinguidos operadores de Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, que sin duda estarán operando para implementar la defraudación electoral.

Culmino. No me extraña del PRI, porque ellos ejercen un bullying contra los ciudadanos que son objeto de los programas sociales, obviamente hay estructuras —como quedó en claro en los videos de Veracruz— que están funcionando metódicamente, diariamente para presionar a los ciudadanos a favor de su partido, como lo hicieron con el Monexgate, como lo hicieron con las tarjetas Soriana y con los billetazos que Enrique Peña Nieto tuvo que otorgar —culmino, señor presidente— para hacerse de la presidencia de la República. Es la manera en que el PRI opera, es la manera en que el PRI funciona.

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Por eso estamos posicionados en contra.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado. Diputado Escajeda, sonido en su curul, por favor.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): Es que le quería preguntar al señor diputado, como reiteradamente hace alusión a la alianza del PRIAN, quería preguntarle, que me contestara, ¿en Durango, con quién va el PT coaligado, si allá es el PTAN? Solamente quería preguntarle eso.

El Presidente diputado José González Morfín: No. Ya quedó concluido el tiempo del orador, lamento mucho, pero ya no, está fuera de tiempo la interpelación. Le ruego, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Le quiero contestar con mucho gusto. Decirle al que hizo la pregunta que en Durango quien gobierna es el Opus Dei, el Opus Dei de los del PRI y del PAN.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la voz para hablar a favor del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Celebramos este acuerdo, pero queremos que sea efectivo. El compañero diputado Francisco Coronato es sin duda una garantía de imparcialidad, de profesionalismo y que esta Comisión Especial de programas sociales efectivamente va a tener como objetivo contribuir a un blindaje electoral en los 14 estados del país. Pero para eso, compañeras y compañeros diputados, nosotros estamos a favor de este acuerdo, pero sí es fundamental la voluntad política, porque la semana pasada se habló de Rosario Robles hasta el cansancio, de su renuncia, y hoy parece que el tema ya fue superado, que no ha pasado nada.

Fue a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en Acapulco —donde no tenía nada que hacer— a recibir nuevamente el espaldarazo del presidente Enrique Peña Nieto; es decir, no pasa nada.

Vemos también que los partidos del pacto parece que ya le dieron la vuelta a la hoja. Sabemos que en el caso del PAN hoy hay reunión de su Comité Nacional para deliberar de este tema. Y más allá de declaraciones de los demás partidos, no vemos las cartas sobre la mesa. Creemos que ya al reunirse en Bucareli con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, ya no pasó nada; es decir, se enojan en el día y se contentan por la noche.

Por eso nosotros insistimos que el mejor blindaje y para sellar este acuerdo es insistir en la salida de Rosario Robles de la Secretaría de Desarrollo Social, de Pedro de León Mojarro, de la Coordinación de Delegaciones de Sedesol y de todos los delegados con antecedentes de militancia pública, operativa electoral que están hoy en Sedesol.

No se vale nada más decir que se van a revisar perfiles. Conminamos a los partidos del Pacto a que no sean comparsa, a que exijan que efectivamente no haya estas violaciones, porque no nada más fue Javier Duarte; en Zacatecas, Miguel Alonso está haciendo lo mismo; en Coahuila, Rubén Moreira acaba de hacer todo un evento de brigadas rojas de programas sociales; es decir, es una constante.

Por eso en los 14 estados debe haber una revisión exhaustiva y aunque estemos en receso, esta comisión tiene que constituirse en cada uno de los 14 estados del país y verificar que no haya mano negra, que no haya intervencionismo, que no haya recursos públicos que se utilizan en las campañas electorales y que no haya propaganda gubernamental para llevar el voto.

Por eso, estamos a favor de este acuerdo. Pero vamos a estar vigilantes de que no haya atropellos electorales. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 18:41 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana martes 30 de abril, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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