Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores diputados y de las señoras diputadas.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, le informo que existen registrados previamente 262 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.

SISTEMA ELECTRONICO DE VOTACION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:07 horas): Se abre la sesión.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Huerta Ladrón de Guevara, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Buenos días, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Buenos días.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Espero que a usted le preocupe, como a mí, una nota periodística, donde un diputado muy distinguido, el coordinador del PRI, emite voto sin estar en el pleno. Parece ser que esto es cierto. Eso sería muy grave, desde mi punto de vista, porque no tenemos certeza entonces ya en el futuro de que los votos sean reales, sino son de gentes que tengan don de ubicuidad o algún problema en la máquina o algo que esté ocurriendo.

Tal vez no fue la intención del coordinador de su partido que ocurriera, y alguien del sistema le esté haciendo el favor de votar, algo sucede. Le pediría, por tanto, que se preocupe, que investigue el presidente de la Cámara y nos dé un informe, porque esto es lo que pone mal a la Cámara de Diputados, que exista este tipo de circunstancias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Me preocupo e investigo.

INICIATIVAS EN MATERIA DE EMPRESTITOS

El diputado Carol Antonio Altamirano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Carol.

El diputado Carol Antonio Altamirano(desde la curul): ¿Me permite?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, con mucho gusto, lo escucho.

El diputado Carol Antonio Altamirano (desde la curul): Señor presidente, en el orden del día se ha inscrito una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está suscrita por diputados integrantes de diversas fracciones parlamentarias.

Esta iniciativa recupera la mayor parte de lo avanzado en el Senado de la República en materia de empréstitos estatales y municipales. Ello representa una reivindicación de las facultades de la Cámara de Diputados y al mismo tiempo abre una salida perfectamente viable en términos constitucionales para lograr un buen acuerdo en una materia en la que existen más coincidencias que discrepancias.

Solamente, presidente, le quiero hacer un reconocimiento a usted, a la Mesa Directiva, a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, al pleno de la Cámara de Diputados por su firmeza en la defensa del procedimiento constitucional y a los grupos parlamentarios un reconocimiento por haber privilegiado una opción de diálogo.

La iniciativa seguirá el proceso legislativo correspondiente, pero es un signo y un mensaje positivo, presidente, que se esté corrigiendo el procedimiento y al mismo tiempo se construya un entendimiento respetuoso con las señoras y señores senadores. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Esa iniciativa se da gracias a un esfuerzo de conciliación, pero debo de reconocer que fue su idea y que fue su impulso procesal la que la hizo posible. Muchas felicidades, diputado. ¿Alguien más?

COMISION BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACION, COCOPA

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado De Jesús Alejandro.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Preocupado, presidente, porque desde diciembre la Comisión Permanente hizo un exhorto a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía para establecer comunicación con la Junta de Coordinación Política del Senado, a efectos de proceder a la integración e instalación de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, la Cocopa.

Es lamentable que a más de cuatro meses no la haya habido, no obstante, la semana pasada abordamos el tema en la Junta de Coordinación Política, y no ha habido voluntad y disposición por parte de la misma, a efectos de proceder a la integración de esta importante comisión.

¿Acaso esperamos que el movimiento zapatista y los pueblos indígenas levanten nuevamente su voz?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, si me permite. Ya escuché su planteamiento y le respondo. La diputada vicepresidenta Aleida ha sido muy insistente en la Mesa Directiva y la he escuchado con atención; he hecho las gestiones ante el Senado de la República y esperamos que el día de hoy llegue alguna comunicación al respecto. Su preocupación no ha quedado en el vacío.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, ¿con qué objeto? Les rogaría que permitieran que la sesión fluya, porque si no, es el momento de las ocurrencias. Juan Luis Martínez, ¿con qué objeto?

El diputado Juan Luis Martínez Martínez (desde la curul): Es sobre lo mismo. Lo que voy a decir no lo digo por ocurrencia, soy secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas y desde hace mucho tiempo estamos esperando la instalación de esa importante Comisión de la Cocopa, cosa que se han hecho de oídos sordos. Nada más exhortándolos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, le contesto lo mismo que al diputado De Jesús Alejandro. He hecho las gestiones ante el Senado de la República y espero que en el transcurso de la sesión del día de hoy tengamos alguna comunicación que satisfaga su preocupación.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 30 de abril de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación a dictamen negativo de proposición con punto de acuerdo.

De la diputada Minerva Castillo Rodríguez

En relación a retiro de proposición con punto de acuerdo.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que en el mes de marzo de 2013, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Del Estado Mayor Presidencial

Por el que remite los Lineamientos Generales y Cuotas autorizadas por la SHCP, para el uso de la Aeronaves del Estado Mayor Presidencial para el transporte de los Presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los titulares de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, que se aplicarán durante el Ejercicio Fiscal 2013.

De la Secretaría de Educación Pública

Con el que remite el informe de las unidades responsables correspondientes al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones de educación media superior y superior, para el primer trimestre del ejercicio 2013.

Minutas

Con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de León de Finlandia, en Grado de Comendador de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Finlandia. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación)

Con proyecto de decreto que concede permiso para que la C. Martha Elena Federica Bárcena Coqui, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Dannebrog, en Grado de Gran Cruz, que le confiere del Reino de Dinamarca. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación)

Con proyecto de decreto que concede permiso para que el ciudadano Raphael Steger Cataño, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz Comandante, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia. (Dispensa de todos los trámites, discusión y votación)

Con proyecto de decreto que reforma la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Elección de integrantes de la Comisión Permanente

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

Sesión solemne por la que la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913” al ciudadano Jacobo Zabludovsky Kraveski.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que Establece las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación.

Dictámenes a discusiónDe leyes y decretos

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o., 9o. 37, 65 y 66; y adiciona los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de 2008.

Dictámenes a discusiónDe puntos de acuerdo

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que designe al titular del Instituto Mexicano de la Juventud.

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Desarrollo Integral de la Familia, constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niñas, niños y adolescentes sin compañía, que sean repatriados de los Estados Unidos de América y se promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de los Estados Unidos de América atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con cinco ciudadanos cubanos.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por conducto de la Procuraduría General de la República, solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al Gobierno de México, de los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las Islas Bermudas a Javier Villareal ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, una opinión en la que se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en relación con la regularización de vivienda de las familias asentadas en el Fraccionamiento Rincón de las Flores en Reynosa, Tamaulipas.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT, BANOBRAS, y CAPUFE, para eximir del cobro en la plaza 164 por la utilización del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicada en el Km. 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se solicita a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información relativa a las negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a niños expatriados.

De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones adoptar las medidas conducentes para asegurar que se brinde el debido seguimiento de atención de las quejas presentadas por los usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía móvil prestado por la compañía “Telcel” filial de “América Móvil”, el 26 de enero de 2013.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consolidar las áreas de servicio local correspondientes al Estado de Baja California.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos Estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades, a fin de aplicar programas de educación sexual a menores de edad en las escuelas del país.

De la Comisión de Asuntos Frontera Norte, con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno de los Estados Unidos de América, destinar un número mayor de elementos en las garitas para agilizar los cruces fronterizos del norte del país.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades culturales de los diferentes órdenes de gobierno, para que se restaure y proteja el Kiosco Morisco.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo para que se implementen medidas para proteger al Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y al polígono de Monte Alban, sitios declarados por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora, para que realice las investigaciones exhaustivas que permitan fincar y deslindar responsabilidades con respecto a las agresiones sufridas por manifestantes y miembros de los medios de comunicación, ocurridas el 24 de febrero del año en curso en Hermosillo, Sonora.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Educación Pública a revisar y fortalecer las acciones del Programa Binacional de Educación Migrante.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la STPS, para que en cumplimiento de sus facultades, se tomen las medidas correspondientes de salud e higiene, ello como consecuencia de la muerte de siete trabajadores en la cervecería Grupo Modelo.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo relativos al conflicto laboral en la empresa Sandak S.A. de C.V., en el estado de Tlaxcala.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del ISSSTE, a efecto de dar cabal cumplimiento al artículo cuadragésimo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Dictámenes a discusiónNegativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que desechan dos iniciativas con proyectos de decreto que adicionan la Ley General de Educación, en materia de educación financiera.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de Educación.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, a cargo del diputado Juan Manuel Carbajal Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputadas integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, para que agilice los planes y programas contemplados en el Programa Nacional Contra la Sequía, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las autoridades correspondientes, revierta la reserva de la información relacionada con la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la solución del conflicto de la Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo relativo a los delitos de feminicidio cometidos en el estado de Puebla, suscrito por las diputadas María del Rocío García Olmedo y Laura Guadalupe Vargas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR y a los titulares de las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas, para que refuercen las acciones realizadas y se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para que sean consignados los responsables de la empresa “Chamba México Agencia de Empleos SA de CV” o “Chamba México SA de CV”, por la presunta comisión del delito de fraude y demás delitos que se determinen, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que ordene la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo, la preservación, la implementación del aprovechamiento y el desarrollo integral sustentable de los trópicos mexicanos, a cargo del diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Economía, apoye a las empresas mineras de “pocitos”, particularmente de la región carbonífera del estado de Coahuila, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incorporar en el esquema de salud y en el Plan Nacional de Desarrollo, las unidades de especialidades médicas de enfermedades crónicas, suscrito por los diputados Abel Octavio Salgado Peña y Gabriel Gómez Michel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCJN, para que resuelvan a favor de la Soberanía de las legislaturas locales y para que declare la constitucionalidad de las normas que protegen el derecho a la vida de la persona humana desde el momento de la concepción, en los estados de Guanajuato, Oaxaca y Querétaro, en la sentencia que habrá de dictar con motivo de las controversias constitucionales 62/2009, 89/2009 y 109/2009, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y de la Sagarpa, para que desarrollen un programa tendiente a reactivar las parcelas escolares de los ejidos, a cargo de la diputada María Rebeca Terán Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que se apliquen las medidas correctivas y compensatorias en defensa de la economía de los productores de Leche y del desarrollo de la actividad económica, así como de la estabilidad de la producción nacional, a cargo del diputado Francisco González Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Clausura.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes veintinueve de abril de dos mil trece, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y nueve diputadas y diputados, a las doce horas con trece minutos del lunes veintinueve de abril de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva:

• Por la que informa que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaría. De conformidad con el artículo ciento ochenta, numeral dos, fracción segunda del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

En su oportunidad, y desde sus respetivas curules realizan comentarios relativos a diversos temas legislativos los diputados Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional; Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, quien solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio para conmemorar un año del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez; y José Luis Esquivel Zalpa, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones y obsequia dicha solicitud.

• En relación a modificación de turno de Iniciativa. De conformidad con el los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y Juntas Directivas de Comisiones Ordinarias, Especiales, y Comités. En votación económica se aprueba. Comuníquense.

c) De los diputados:

• Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo:

– Por la que solicita que se retiren de los registros de la Comisión de Puntos Constitucionales tres iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas el quince de noviembre de dos mil doce, el veintiséis de febrero, y el nueve de abril del año en curso.

– Por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Gobernación la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada el dieciocho de diciembre de dos mil doce.

• Miriam Cárdenas Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Relaciones Exteriores la proposición con punto de acuerdo para que el Estado de México sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, presentada el cinco de marzo de dos mil trece.

• Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de las Comisiones de Comunicaciones, y de Energía, la proposición con punto de acuerdo para que se implemente un plan emergente para prevenir y mitigar los efectos dañinos a las telecomunicaciones, así como la generación y distribución de energía eléctrica, derivados de la actividad solar intensa, presentada el once de abril de dos mil trece.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

d) Del Banco de México, con la que remite el Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión en Activos Fijos y de Inversión en Activo Circulante, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, y los estados financieros dictaminados al treinta y uno de diciembre de dos mil once y dos mil doce. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, y al Centro de Estudios de la Finanzas Públicas, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las acciones implementadas de barrido contra la tuberculosis y brucelosis bovina en municipios del estado de Michoacán. Se remite a la Comisión de Ganadería, para su conocimiento.

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso, relativo al Proyecto La Ensenada en el área natural protegida Yum Balam. Se remite a los promoventes, para su conocimiento.

f) Del Congreso del estado de Puebla, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso, en materia de deuda pública. Se remite a los promoventes, para su conocimiento.

g) De la Cámara de Senadores, con las que remiten:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción décima novena del artículo treinta y uno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Minutas con proyectos de decreto:

– Que reforma la fracción séptima del artículo uno y se adiciona un tercer párrafo al artículo treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

– Que reforma y adiciona el artículo treinta y dos treinta y dos Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Que se adiciona la fracción novena del artículo segundo de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

– Que adiciona un último párrafo al artículo diecisiete de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

– Que reforma y adiciona los artículos ciento ochenta, ciento ochenta y cuatro, y doscientos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

– Que reforma el artículo trescientos cuarenta y uno Bis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que adiciona un segundo párrafo al artículo setenta y uno de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

– Que reforma los párrafos segundo y tercero del artículo ochenta y cuatro de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

En virtud de la conclusión del periodo de sesiones, en términos de los artículos cien y ciento dos del reglamento, las iniciativas y proposiciones registradas en el orden del día de hoy, se turnan sin excepción a las comisiones correspondientes, publicándose los trámites en la Gaceta Parlamentaria. Si algún diputado desea que algún asunto sea retirado, deberá atender el mecanismo dispuesto en los artículos setenta y siete, y setenta y nueve del mismo ordenamiento.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Puntos Constitucionales, que reforma el artículo dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho.

b) De Educación Pública y Servicios Educativos, que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar.

c) Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Derechos de la Niñez, que reforma el artículo treinta y dos, inciso d) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia.

d) Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Capítulo Sexto, denominado “De las Sanciones”, de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.

e) De Energía, que adiciona una fracción octava al artículo veinticuatro de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

f) De Población, que reforma los artículos tres y veinticinco de la Ley de Migración.

g) De Justicia, que adiciona el artículo doscientos quince Bis al Código Penal Federal.

h) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión de Integral de los Residuos.

i) De Protección Civil, que reforma los artículos segundo y ochenta y dos de la Ley General de Protección Civil.

j) De Gobernación:

• Que reforma el numeral tres del artículo doscientos dieciocho del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• Que concede permisos a los ciudadanos:

– Martín Enrique Torres Lara, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Estonia, en la Ciudad de Tampico, con Circunscripción Consular en el estado de Tamaulipas.

– Enrique de la Fuente Quinzaños, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia, en la Ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

– Miguel Ángel Marín Solís, para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados le confieren los Gobiernos de las Repúblicas Federativa de Brasil, de Chile y de El Salvador.

– Ricardo Flores González, para que pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.

– Galia Rabchinsky Krawetz y Jaime Núñez Llanas, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

– Verónica Sagrario Delgado Rosales y Lizzette Maily Corzo Trejo, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, y de la República de Corea, en México.

– Gabriela Paola Herrera Lizarde, Paloma Sánchez Hernández y Jesús Alejandro Arrona Saldaña, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y Nueva Zelanda en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

– Heleodoro Escobedo Mesa, Diego Escalante de Icaza, Dana Gabriela Rodríguez Rodríguez y Paola Vanessa Ramírez Moreno, puedan prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América y de Brasil, en México.

– Claudia Cristina Rojas Olguín, Braulio Arturo Torres Rodas, Gabriela Ortega Trujillo, Leonardo Daniel Aguilar Morán, Cynthia Esther Cárdenas Ruiz de Chávez, Sergio Salazar Soto, Alejandro Olvera Moya, Sagra Margarita Clorio Jessel y Edgar Sánchez López, puedan prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América, de Brasil y de Australia, en México.

– Diana Carolina Carmona Collado, Guillermo González Soto, Claudia Adriana Arias Valencia, Mariana Bush Rodríguez, José Roberto Guerrero Gallardo, Carla Rita Valverde Millones, Said Hawayek Figueroa, Manlio Alberto Lozano Casillas y José Arturo Garduño Teliz, y puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de Australia, en México, y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en el de Canadá en San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente.

– Nohemí Lira Albarrán, pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

– Cintia Olivia Enciso Arauzo e Iris Eunice Martínez Robles, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido de la declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza la votación y discusión de los dictámenes de las Comisiones:

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

a) De Educación Pública y Servicios Educativos, que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Nelly del Carmen Vargas Pérez, Movimiento Ciudadano; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; y Judith Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México.

A las doce horas con cuarenta y tres minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y seis diputadas y diputados.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Derechos de la Niñez, que reforma el artículo treinta y dos, inciso d) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; y Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cuarenta votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y dos, inciso d) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

c) Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Capítulo Sexto, denominado “De las Sanciones”, de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; y Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Capítulo Sexto, denominado “De las Sanciones”, de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

d) De Energía, que adiciona una fracción octava al artículo veinticuatro de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Javier Orihuela García. Para fijar posturas de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; y Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cuarenta votos a favor, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción octava al artículo veinticuatro de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

e) De Población, que reforma los artículos tres y veinticinco de la Ley de Migración. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Javier López Zavala. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Araceli Torres Flores, del Partido del Trabajo; Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Ciudadano; Juana Bonilla Jaime, del Partido de la Revolución Democrática; y Norma Ponce Orozco, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos tres y veinticinco de la Ley de Migración. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

f) De Justicia, que adiciona el artículo doscientos quince Bis al Código Penal Federal. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática; y Gerardo Xavier Hernández Tapia, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen en contra del proyecto de decreto los diputados: Ricardo Monreal Ávila, y Ricardo Mejía Berdeja, ambos de Movimiento Ciudadano; y en pro los diputados: Fernando Belauzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta interpelación de los diputados Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México. En su oportunidad interviene el diputado Tomás Torres Mercado, quien realiza moción de ilustración y solicita a la Presidencia que instruya a la Secretaría dar lectura al artículo doscientos quince Bis; para rectificación de hechos intervienen los diputados: Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; y Alfa Eliana González Magallanes, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una propuesta de modificación al artículo doscientos quince Bis, del proyecto de decreto, que en votación económica se admite a discusión y se acepta que forme parte del dictamen. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos ochenta votos a favor; cincuenta en contra; y doce abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con la modificación aceptada por la Asamblea, que adiciona el artículo doscientos quince Bis al Código Penal Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

g) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión de Integral de los Residuos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Lourdes Adriana López Moreno. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Milkdret Marina Verde Avendaño, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

Patricia Lugo Barriga, del Partido Acción Nacional; y José Luis Cruz Flores Gómez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos votos a favor; y tres abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión de Integral de los Residuos. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

h) De Protección Civil, que reforma los artículos segundo, y ochenta y dos de la Ley General de Protección Civil. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión el diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática; y Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos dos votos a favor; y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos segundo, y ochenta y dos de la Ley General de Protección Civil. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

i) De Gobernación:

• Que reforma el numeral tres del artículo doscientos dieciocho del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Alfa Eliana González Magallanes. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; y Adán David Ruíz Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos veinticinco a favor; y seis abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el numeral tres del artículo doscientos dieciocho del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Se continúa con la discusión de los siguientes dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que conceden permisos a los ciudadanos:

• Enrique de la Fuente Quinzaños, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia, en la Ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Galia Rabchinsky Krawetz y Jaime Núñez Llanas, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

• Verónica Sagrario Delgado Rosales y Lizzette Maily Corzo Trejo, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, y de la República de Corea, en México.

• Gabriela Paola Herrera Lizarde, Paloma Sánchez Hernández y Jesús Alejandro Arrona Saldaña, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y Nueva Zelanda en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

· Heleodoro Escobedo Mesa, Diego Escalante de Icaza, Dana Gabriela Rodríguez Rodríguez y Paola Vanessa Ramírez Moreno, puedan prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América y de Brasil, en México.

• Claudia Cristina Rojas Olguín, Braulio Arturo Torres Rodas, Gabriela Ortega Trujillo, Leonardo Daniel Aguilar Morán, Cynthia Esther Cárdenas Ruiz de Chávez, Sergio Salazar Soto, Alejandro Olvera Moya, Sagra Margarita Clorio Jessel y Edgar Sánchez López, puedan prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América, de Brasil y de Australia, en México.

• Diana Carolina Carmona Collado, Guillermo González Soto, Claudia Adriana Arias Valencia, Mariana Bush Rodríguez, José Roberto Guerrero Gallardo, Carla Rita Valverde Millones, Said Hawayek Figueroa, Manlio Alberto Lozano Casillas y José Arturo Garduño Teliz, y puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y de Australia, en México, y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en el de Canadá en San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente.

• Nohemí Lira Albarrán, pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

• Cintia Olivia Enciso Arauzo e Iris Eunice Martínez Robles, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y no habiendo oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos diecinueve votos a favor; y seis abstenciones, se aprueban en conjunto los nueve dictámenes. Pasan al Senado, y al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Se continúa con la discusión de los siguientes dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que conceden permisos a los ciudadanos:

• Martín Enrique Torres Lara, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Estonia, en la Ciudad de Tampico, con Circunscripción Consular en el estado de Tamaulipas.

• Miguel Ángel Marín Solís, para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados le confieren los Gobiernos de las Repúblicas Federativa de Brasil, de Chile, y de El Salvador.

• Ricardo Flores González, para que pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Cuba.

En virtud que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, se concede el uso de la palabra para referirse en contra de los tres dictámenes con proyecto de decreto al diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos setenta y cinco votos a favor; y cuarenta y seis abstenciones, se aprueban en conjunto los tres dictámenes. Pasan al Senado, y al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Se somete a discusión el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Energía, que adiciona el inciso c) a la fracción segunda del artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Javier Treviño Cantú. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; y Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos veinte votos a favor; y cuatro abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona el inciso c) a la fracción segunda del artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo relativos a iniciativas y minutas con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Relaciones Exteriores:

• Que reforma los artículos cuatro y seis de la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

• Que reforma el primer párrafo del artículo doscientos dieciocho Capítulo Tercero, Titulo Décimo Segundo de la Ley General de Salud.

b) De Transportes:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

• Que reforma los artículos seis, siete, y diecisiete de la Ley de Aviación Civil.

c) De Asuntos Migratorios, que adiciona una fracción vigésima octava al artículo tres de la Ley de Migración.

d) De Desarrollo Social:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que expide la Ley que establece las bases de coordinación y ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

e) De Justicia:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

• Que reforma el artículo ciento dieciocho del Código Penal Federal.

• Que reforma el artículo catorce de la Ley de Extradición Internacional.

• Que reforma el artículo quinto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

f) De Radio y Televisión, que reforma los artículos cinco, diez, y cincuenta y nueve Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión.

g) De Reforma Agraria, que expide el Código de Justicia Agraria y abroga la Ley Agraria.

h) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

• Que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que reforma el artículo doscientos cuarenta y dos del Reglamento de la Cámara de Diputados.

• En materia de Letras de Oro e inscripciones de honor.

• Que reforma el artículo cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Reglamento de la Cámara de Diputados.

• Que desechan cuatro Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman el Reglamento de la Cámara de Diputados.

• Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

i) De Seguridad Social, que adiciona los artículos doscientos sesenta y tres, y doscientos sesenta y ocho de la Ley del Seguro Social.

j) De Transparencia y Anticorrupción:

• Que reforma la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

• Que reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

• Que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

k) De Competitividad, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

l) Unidas de Defensa Nacional y de Justicia, que reforma y adiciona diversos artículos de la ley federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

m) De Desarrollo Rural, que adiciona una fracción décima segunda al artículo ciento setenta y nueve de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

n) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma el artículo treinta y cuatro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Por lo que se refiere al último, se devuelve al Senado para los efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

o) De Salud:

• Que reforma los artículos veintitrés, veintisiete, veintiocho, veintiocho Bis y adiciona un párrafo octavo al artículo veintisiete y un séptimo al artículo noventa y seis de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo setenta y siete bis treinta y dos de la Ley General de Salud.

• Que reforma los artículos sexto, veintitrés, cincuenta y uno Bis uno, y cincuenta y ocho de la Ley General de Salud.

p) De Atención a Grupos Vulnerables, que adiciona un inciso m) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con punto de acuerdo, en votación económica se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados:

a) Del Distrito Federal:

• Por los que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, a garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permita a los ciudadanos, el uso del espacio público con seguridad ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

• Por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario de Gobierno y al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, brindar apoyo a los locatarios afectados por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced.

• Por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, incorporar en su Programa Nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “Demarcaciones Prioritarias”.

b) De Derechos Humanos:

• Por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, para que emprendan las acciones legislativas conducentes, con el objeto de tipificar en su legislación y, conforme a los estándares internacionales en la materia, el delito de desaparición forzada de personas.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, dé seguimiento a la atención de la recomendación sesenta y uno/dos mil once emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

• Por el que se exhorta a las Legislaturas Locales, para que emprendan las medidas legislativas necesarias tendientes a tipificación del delito de discriminación en su normatividad penal.

c) De Recursos Hidráulicos:

• Por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que se regularicen las concesiones de pozos con títulos vencidos en el país, otorgándoles las facilidades para adquirir nuevas concesiones y asignaciones.

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua promover mediante campañas mediáticas de alta penetración, sistemas de recuperación de agua pluvial y busque intensificar sus Programas de Cultura del Agua.

• Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno Federal, la instrumentación de acciones para atender el desabasto de agua en la Delegación Iztapalapa.

d) De Salud:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que incremente los programas de prevención de embarazos en mujeres adolescentes.

• Por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, Federal y Estatales, para que en coordinación con instituciones públicas y privadas, unan esfuerzos para que a través de caravanas de salud, intensifiquen las acciones de prevención del cáncer de mama.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, establezca un programa permanente para la detección temprana y prevención del Cáncer de Próstata.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH/SIDA, transparenten y argumenten el proceso de dictaminación de la Convocatoria Pública para la implementación de estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante VIH y el SIDA dos mil trece.

• Por los que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de que se limite el uso de productos que contengan bisfenol A en el envasado de alimentos.

• Por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, evalúe, intensifique y perfeccione las campañas enfocadas a la detección temprana de la hipertensión arterial entre la población susceptible de padecer esta enfermedad.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, al Consejo de Salubridad General y a los Gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, intensifiquen las acciones para la prestación de servicios de atención médica integral de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio.

• Relativos a la cancelación del registro de endosulfán en México, en cumplimiento del Convenio de Estocolmo.

• Por los que se exhorta al Gobernador y a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, atiendan de forma prioritaria el problema de insuficiencia renal crónica que presentan los habitantes de la Región Oriente del Estado de Michoacán.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, difunda a través de una campaña masiva de comunicación, el uso de condón femenino y lo distribuya gratuitamente.

• Por el que la Cámara de Diputados manifiesta su beneplácito y respalda la candidatura de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas durante el periodo dos mi l veintiuno-dos mil veintidós.

e) De Derechos Humanos, por el que se exhorta al Gobierno de Tlaxcala a respetar y promover la libertad de expresión y garantizar los derechos y la independencia de los periodistas.

f) De Transportes:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a las autoridades competentes, para que se incluya en la Guía Completa de la Nuevas Medidas de Seguridad en los Aeropuertos, la facultad para que el pasajero recupere aquellos productos que le sean confiscados.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como a las autoridades aeroportuarias, para que fortalezcan las medidas de seguridad, respecto del equipaje de los pasajeros, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que renueve la NOM-012-SCT-2-2008, a efecto de reducir el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación.

g) De Agricultura y Sistemas de Riego:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se otorguen apoyo a los productores de caña de azúcar para la adquisición de fertilizantes.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria implemente cercos sanitarios a efecto de controlar el daño que puede provocar la roya en los cultivos del café en el país.

• Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, declare la zona centro del estado de Sinaloa, como zona de baja prevalencia ante la plaga de la mosca de la fruta.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, previa opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía emita la cuota y tarifa energética de estimulo a la productividad y competitividad del sistema-producto manzana en los términos que ordena la Ley de Energía para el Campo.

h) De Cambio Climático, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, integre en el Plan Nacional de Desarrollo dos mil trece- dos mil dieciocho, políticas públicas de movilidad sustentable.

i) De Derechos de la Niñez:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se incorporen programas, estrategias y acciones específicas dirigidas a la atención de las niñas, niños y adolescentes.

• Por los que se exhorta a los gobiernos Federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que vigilen y supervisen el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez, y a sus congresos a legislar en la materia.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que firme y ratifique el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

• Por los que se exhorta a los Congresos Locales, a legislar con mayores penas las violaciones y el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se incorporen programas, estrategias y acciones específicas dirigidas a la atención de las niñas, niños y adolescentes.

j) De Energía:

• Para requerir a Petróleos Mexicanos, refinación que imponga penas a los franquiciatarios que incumplan con las obligaciones que la Normatividad les impone y aplique un Programa de Revisión de las Estaciones de Servicio para evitar incumplimiento al Marco Normativo.

• Por los que se exhorta al Director General de Pemex, para que a través de su Órgano Interno de Control, se haga público el status de la investigación llevada en contra de Mexicana de Lubricantes, y se presenten las denuncias correspondientes.

• Por los que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a intensificar las acciones implementadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos.

• Por los que se exhorta a la Secretaria de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que implementen una campaña nacional sobre la disposición final de focos ahorradores; y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, a expedir una Norma Oficial Mexicana que regule la disposición final de los mismos.

• Por el que se exhorta al Director General y al Consejo de Administración de Pemex, hacer públicos el Acuerdo CA-ochenta y tres/dos mil once, el Acta de la Sesión Pública Extraordinaria ochocientos treinta y dos del Consejo de Administración de Pemex y el Convenio Sindical diez mil seiscientos catorce, signado entre la paraestatal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

• Por los que se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, a garantizar el mantenimiento integral de sus instalaciones y ductos.

• Por los que se exhorta a los titulares de Pemex y de la Procuraduría General de la República, agilizar las investigaciones sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, sucedida el pasado dieciocho de Septiembre de dos mil doce.

k) De Gobernación:

• Relativos a los ataques y difamaciones contra la comunidad Judía Mexicana.

• Relativo a las solicitudes, los permisos o las licencias otorgados o en trámite para operar salas de juegos y sorteos en sitios considerados Monumentos Históricos, Artísticos o Arqueológicos, así como los próximos a Centros Educativos, Públicos o Privados.

l) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Relativos a los Humedales de Tláhuac, Distrito Federal.

• Por los que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal, realicen las acciones pertinentes para controlar y combatir los predios afectados por los descortezadores “DENDROCTONUS MEXICANUS”, así como “IPS LECONTEI”, que afectan diversas especies de pino en la superficie forestal del estado de Chihuahua.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se realicen acciones de reforestación, para la recuperación del daño causado al ecosistema y población de la Huasteca Potosina, derivada de los incendios forestales ocurridos el mes de marzo de dos mil trece.

• Por los que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informar a esta Soberanía si existe alguna denuncia o algún procedimiento abierto respecto a posibles afectaciones al ambiente en las minas de Texcoco.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta Soberanía si existen procedimientos abiertos sobre el cumplimiento de las manifestaciones de impacto ambiental de las obras de la Subestación Eléctrica Cacaluta SF6 BCO.1 y Magueyitos SF6 BCOS 1 y 2.

• Por los que se recomienda a la Cámara de Diputados a través de la supervisión, seguimiento y control de su Junta de Coordinación Política y del Comité de Administración, asumir el compromiso de evaluar su régimen normativo y así cumplir con el artículo diecisiete Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Por los que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Judicial de la Federación informar a esta Soberanía si se han emitido los manuales de sistemas de manejo ambiental que refiere el artículo diecisiete Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

m) De Protección Civil, por los que se exhorta a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, analizar y proponer soluciones para mejorar el desempeño del heroico cuerpo de bomberos.

n) Unidas de Relaciones Exteriores, y de Asuntos Frontera Sur Sureste, por el que se exhorta al Gobierno Federal, a que a través de sus consulados en los Estados Unidos de América, realice una campaña de difusión que informe a la población mexicana residente en aquél país, sobre los beneficios que se tienen al registrar a sus hijos en las oficinas consulares.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que da a conocer cambios de integrantes en Comisiones Ordinarias, Especiales, y Comités. En votación económica se aprueba. Comuníquense.

• Por el que se crea e integra el Comité de Evaluación de la Gestión y Operación del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Antonia Nava Catalán”. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Por el que se expresa el apoyo total a la Comisión Especial de Programas Sociales de la Sexagésima Segunda Legislatura y se le encomiendan tareas específicas durante el desarrollo de los procesos electorales a celebrase en el dos mil trece. Intervienen en contra del acuerdo el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, quien acepta interpelación del diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; y en pro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana martes treinta de abril de dos mil trece, a las once horas y levanta la sesión a las dieciocho horas con cuarenta y un minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.

DICTAMEN NEGATIVO DE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibió dictamen de proposición con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, de la siguiente comisión:

Desarrollo Municipal

• Dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía de Tinum, y de sus autoridades constitucional y popularmente electas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica) Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Municipal, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía de Tinum, y de sus autoridades constitucional y popularmente electas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Municipal de LXII Legislatura del Congreso de la Unión fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía de Tinum, y de sus autoridades constitucional y popularmente electas, presentada por la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El asunto fue entregado por la Mesa Directiva para los efectos de realizar su estudio y dictamen.

Una vez recibida, por la Comisión de Desarrollo Municipal la Proposición con Punto de Acuerdo de mérito, los integrantes iniciaron su análisis con la convicción de considerar lo más detalladamente posible su contenido y estudiar los fundamentos en que se apoya, con la finalidad de proceder a emitir el dictamen con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176 fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, al tenor de la siguiente

Metodología

I. En el apartado “Antecedentes” se da constancia de la fecha de presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno.

II. En el apartado “Contenido” se sintetizan los términos de la propuesta en estudio, preferentemente se cita con precisión el acuerdo materia del presente dictamen.

III. En el apartado “Consideraciones”, la comisión describe los argumentos y razonamientos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan.

IV. En el apartado “Conclusiones” se plantean las conjeturas o puntos conclusivos que la comisión realiza conforme al estudio y análisis del asunto.

V. Finalmente, en el apartado “Resolutivo” se establece el sentido de la proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados, LXII Legislatura del Congreso de la Unión, el 2 de abril de 2013, la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes de Yucatán respetar la autonomía y soberanía de Tinum, y de sus autoridades constitucional y popularmente electas.

Contenido

La proposición con punto de acuerdo establece:

Único. Se exhorta a los poderes de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía de Tinum y sus autoridades constitucional y popularmente elegidas, así como garantizar la integridad física de éstas y el libre ejercicio de sus funciones.

La proponente manifiesta sus motivaciones principalmente en los siguientes hechos y fundamentos:

• En fecha 1 de julio de 2012 resultó electa Natalia Mis Mex como presidenta municipal de Tinum, Yucatán, y la nueva administración del ayuntamiento inició su actividad el 1 de septiembre de 2012.

• El 24 de febrero de 2013, un grupo de 100 personas aproximadamente impidió en forma indefinida el acceso al edificio que ocupa la comisaría de Pisté, alegando la clausura ilegal de tres restaurantes de la comisaría referida.

• Dichos lugares fueron sancionados por carecer de la licencia respectiva de funcionamiento por negarse al pago de los derechos correspondientes derivados de la Ley de Hacienda Municipal, emitida y publicada conforme a derecho.

• Con posterioridad a la ocupación de las instalaciones del ayuntamiento, la alcaldesa, intentó generar el diálogo conciliatorio y se percato que la mayoría de los “manifestantes” no eran de la comunidad o del municipio y estaban patrocinados por el propietario de uno de los establecimientos clausurados.

• Al día siguiente en las puertas del inmueble municipal de Pisté, se llevó a cabo, una fuerte operativo policiaco, formada por elementos de la policía estatal, quienes negaron el acceso a la alcaldesa al edificio y permitieron que los inconformes se mantuvieran en poder de las instalaciones de la comisaría.

Al respecto, la diputada proponente afirma que hubo violaciones al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que la Presidenta Municipal Natalia Mis Mex es una de las pocas alcaldesas mujeres y además joven en el ámbito nacional y concluye:

Con ello podemos entender lo absurdo de las acciones en su contra llegando al grado no sólo de proteger a los que despojan a una autoridad legalmente constituida, mujer, de 22 años, con la fuerza de una policía estatal y todo lo que conlleva sino que, adicionalmente, amagan iniciar un juicio político en su contra para destituirla por el único pecado de cumplir su función y hacer cumplir la ley. ¿No es la actitud del gobierno estatal misógina y contra dos valores que tanto se promueve para defender por esta soberanía: la mujer y la juventud?

Consideraciones

Única. En virtud de la importancia a que se refiere la diputada proponente sobre el caso en referencia, a la presunta responsabilidad de autoridades estatales, de ciudadanas ciudadanos y de empresarios restauranteros involucrados, y al tiempo en que se presentaron dichos acontecimientos; la Comisión dictaminadora decidió actualizar los hechos y realizó la consultas pertinentes sobre los actos que motivaron la presente proposición encontrando que el conflicto ha sido resuelto por las partes involucradas.

Conclusión

Única. En virtud de que el conflicto que diera sustancia a la presente proposición con punto de acuerdo ha sido resuelto por las partes involucradas se carece de materia para aprobarlo en los términos planteados por la proponente.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados de Congreso de la Unión, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal consideran que la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen es en los siguiente términos:

Resolutivo

Único. Dictamen en negativo, por lo que se desecha y archiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

La Comisión de Desarrollo Municipal, diputados: Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), presidente; Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Víctor Manuel Bautista López (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), secretarios; Tomás Brito Lara, Jorge del Ángel Acosta, Antonio de Jesús Díaz Athié, Josefina García Hernández, Verónica García Reyes (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Teresa de Jesús Mojica Morga, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Noé Hernández González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, diputado? Está la Secretaría dictando trámite, pero lo escucho.

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Es sobre el trámite que acaba de dictar. Estaba solicitando la palabra precisamente sobre el dictamen negativo que se puso a consideración ahora y de acuerdo al artículo 106, numeral 1, fracción III, de nuestro Reglamento estoy solicitando para emitir un voto en particular sobre el mismo y poder, específicamente sobre el tema, hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Fíjese usted que precluyó su término, porque debió hacerlo en la comisión en el momento en que se dictaminó negativamente, le ruego que me disculpe. Continúe la Secretaría.

RETIRO DE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, al tiempo de solicitarle su respaldo y apoyo a fin de que con fundamento en el artículo 77, “Presentación y retiro de puntos de acuerdos”, numeral 2, de la Sección Segunda, “Puntos de Acuerdo”, del Reglamento de la H. Cámara de Diputados y con el derecho que me asiste dicho artículo, sea retirado de la Comisión de Energía el punto de acuerdo que a continuación describo:

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al titular de Petróleos Mexicanos a que establezcan en la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 un nuevo artículo transitorio donde se fije una nueva fecha para que se empiece a distribuir diesel de ultra bajo azufre (UBA) en todo el territorio nacional, toda vez que la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 lo establece desde septiembre del 2009 y que a la fecha no se ha podido cumplir.

Sin otro particular, le reitero mis consideraciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, lunes 29 de abril de 2013.— Diputados: Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zapeda (rúbrica), Kamel Athié Flores (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tiene por retirada. Actualícense los registros.

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, le informo que, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de marzo de 2013, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; billetes y monedas; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios; productos farmacéuticos y material de curación; productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de marzo de 2013 fue de 11,145 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como: kilogramo, pieza y litro, se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de abril de 2013.— Licenciado Julio César Sánchez Gamiño (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

LINEAMIENTOS GENERALES Y CUOTAS AUTORIZADAS POR LA SHCP RESPECTO AL USO DE LAS AERONAVES DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL PARA EL TRANSPORTE DE LOS PRESIDENTES DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Estado Mayor Presidencial.

Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Adjunto se remiten a usted, los lineamientos generales y cuotas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el uso de las aeronaves del Estado Mayor Presidencial para el transporte de los presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los titulares de las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, las cuales se aplicarán durante el Ejercicio Fiscal de 2013, cuando se autorice el servicio de transporte aéreo para el cumplimiento de actividades de carácter oficial.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 15 de abril de 2013.— Francisco Javier García Fierro (rúbrica), general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, subjefe administrativo del Estado Mayor Presidencial.»

«Lineamientos generales para el uso de las aeronaves del estado mayor presidencial, para el transporte de los presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los titulares de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal

Roberto Francisco Miranda Moreno, general de brigada diplomado de estado mayor, jefe del estado mayor presidencial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 10 fracción II de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, y 1, 2, 3, 4, 5, fracción 1, 9, 10, 11 fracción VIII y 29 fracción I del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo del 2010 y

Considerando

Que el Estado Mayor Presidencial legalmente ha otorgado el apoyo de transporte aéreo a los presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los titulares de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, para el cumplimiento de misiones oficiales bajo circunstancias particulares, como lugares de difícil acceso o agendas específicas.

Que con fundamento en el artículo 10 fracción II de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó los montos de los aprovechamientos para el uso de las aeronaves de la flota aérea de este Estado Mayor Presidencial.

Y ante la ausencia de un ordenamiento legal exactamente aplicable, resulta necesario que el Estado Mayor Presidencial emita lineamientos generales para regular el uso de las aeronaves que tiene de cargo la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, en cuanto al transporte de los presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de secretarios de estado, titulares de entidades y de otros organismos de la administración pública federal, mediante el pago de los montos correspondientes a los aprovechamientos, mismos que han sido autorizados al efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que he tenido a bien expedir los siguientes:

Lineamientos generales

Primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las reglas para la atención y trámite de las solicitudes para el uso de las aeronaves asignadas a este Estado Mayor Presidencial, para el transporte de los presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los titulares de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal.

Segundo. El servicio de transporte aéreo se proporcionará los presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, a los titulares de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a funcionarios y/o personas que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos autorice, mediante el cobro de los montos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tercero. La autorización para el transporte de los funcionarios anteriormente mencionados, en aeronaves de la flota aérea del Estado Mayor Presidencial, se otorgará exclusivamente para el desarrollo de actividades de carácter oficial y quedará sujeta a la disponibilidad existente de aeronaves.

Cuarto. Los servidores públicos a que se refieren los artículos anteriores que requieran el servicio de una aeronave del Estado Mayor Presidencial, deberán presentar una solicitud por escrito a la Subjefatura de Logística del Estado Mayor Presidencial, en la que se presente el detalle de los requerimientos del traslado.

Una vez verificado el carácter oficial del traslado, la disponibilidad de las aeronaves y sometida la solicitud al acuerdo correspondiente, la propia Subjefatura de Logística comunicará la respuesta por escrito dentro de las 24 horas siguientes.

Quinto. En caso de que el traslado sea autorizado por el jefe del Estado Mayor Presidencial, la Subjefatura de Logística notificará al solicitante, en el mismo oficio de respuesta el tipo de aeronave que fue autorizada y marcará copia a la Coordinación General de Administración de Presidencia de la República y a la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, la cual establecerá contacto con la entidad u organismo solicitante para definir los demás detalles del vuelo.

Sexto. Concluido el traslado, la Subjefatura Administrativa del Estado Mayor Presidencial, por conducto de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, enviará a la entidad usuaria un reporte de gastos del traslado en donde se especifiquen los conceptos por aprovechamientos que se hayan devengado, durante el servicio y se les señalará un plazo de 25 días naturales para cubrir tales montos, el pago de estos aprovechamientos deberá ser a través del esquema e5cinco bajo la clave 700160 “Uso de las Aeronaves asignadas al Estado Mayor Presidencial”.

Séptimo. La dependencia, entidad u organismo al que se le proporcionó el servicio de transporte aéreo una vez que haya cubierto el monto correspondiente, deberá enviar un tanto del formato PEC (Pago Electrónico de Contribuciones Federales) a la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, quien a su vez lo remitirá a la Coordinación General de Administración de Presidencia de la República, para que ésta solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una ampliación líquida a través del mecanismo de ingresos excedentes.

Octavo. Corresponderá al Estado Mayor Presidencial la interpretación de los presentes lineamientos para los efectos de su aplicación en cada caso concreto.

Los Pinos, DF, a los 11 días del mes de abril de 2013.— Roberto Francisco Miranda Moreno (rúbrica), general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jefe del Estado Mayor Presidencial.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Estado Mayor Presidencial.

Coronel de Infantería Isidoro Pastor Román, director General de Administración de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales.— Presente.

Me refiero a su oficio número DGA 0112/13 de fecha 20 de febrero de 2013, mediante el cual solicita obtener autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la actualización de cuotas por el aprovechamiento de las aeronaves que se tienen a cargo de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, conforme a los conceptos y montos que se detallan en documento anexo.

Al respecto, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remito copia de los oficios números 349-B-1-II-016 y 349-B-1-II-038, y anexos mediante los cuales la Unidad de Política de Ingresos adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, autoriza a la Presidencia de la República, bajo la naturaleza jurídica de aprovechamientos, las cuotas por los conceptos que se detallan en dicho documento, en el entendido de que los ingresos obtenidos por los conceptos autorizados deberán enterarse a la Tesorería de la Federación, a través de las oficinas autorizadas por esa Secretaría, utilizando elsistema de pago electrónico aprobado por el Servicio de Administración Tributaria, bajo las claves asignadas por ese órgano administrativo competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de marzo de 2013.—Contador Público Adolfo Guzmán Becerril (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Licenciado Juan Carlos Delgadillo Salas, secretario de Servicios Parlamentarios.— Presente.

Por instrucciones del diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva, me permito enviar el oficio suscrito por el general Brigadier diplomado de estado mayor, subjefe Administrativo Francisco Javier García Fierro, del Estado de Mayo Presidencial, por el que remite los Lineamientos Generales y Cuotas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el uso de las aeronaves del Estado Mayor Presidencial para el transporte de los Presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los titulares de las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, las cuales se aplicarán durante el Ejercicio Fiscal de 2013, cuando se autorice el servicio de transporte aéreo para el cumplimiento de actividades de carácter oficial.

Lo anterior, para el trámite parlamentario que estime conducente.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2013.— Maestro Jorge Alberto Cortés Green (rúbrica), secretario técnico.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.

INFORME DE LAS UNIDADES RESPONSABLES CORRESPONDIENTE AL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO DE 2013

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de  Secretaría de Educación Pública.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

En apego a lo establecido en el artículo 43 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, en el cual indica que los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría Superior deja Federación en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 7 de su Reglamento, así como 35, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, se remite en medio magnético la información de las unidades responsables que en anexo se enlistan, correspondientes al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones de educación media superior y superior, para al primer trimestre del ejercicio 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de abril de 2013.— Rodolfo Demetrio Alor Muñoz (rúbrica), director general de Presupuesto y Recursos Financieros.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Finlandia.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet pueda aceptar y usar a Condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Comendador de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Finlandia.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente;senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrdg, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de Dinamarca.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de Dinamarca.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente;senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Raphael Steger Cataño pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Comandante, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

Atentamente

México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único.Se concede permiso para que el ciudadanoRaphael Steger Cataño pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz de Comandante, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente;senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, en virtud de que las minutas de referencia se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, y ante la inminencia del cierre de periodo hoy, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados consulte la Secretaría a la asamblea si se les considera de urgente resolución, se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se consideran de urgente resolución y se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Están a la consideración de la asamblea. No habiendo quien haga uso de la palabra, ábrase el sistema de electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Esta votación también sirve como registro de asistencia.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de cada uno de los proyecto de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): A favor.

La diputada Martha Gutiérrez Manrique(desde la curul): A favor.

El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Vamos a tomar la votación uno por uno, por favor.

El diputado Luis Miguel Ramírez Romero(desde la curul): A favor.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): A favor.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (desde la curul): A favor.

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes(desde la curul): A favor.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal(desde la curul): A favor.

El diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva(desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Escobar y Vega(desde la curul): A favor.

La diputada Amira Gricelda Gómez Tueme(desde la curul): A favor.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está cerrada la votación, por favor.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Ya cerramos la votación, por favor. Presidente, se emitieron 383 a favor, 0 en contra, 26 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular los proyectos de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones, que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros. Pasan al Ejecutivo, para los efectos constitucionales.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 29 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios;

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;

XXII. a XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos siguientes.

Segundo. La legislación única en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto, entrará en vigor en toda la República a más tardar el día dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

La legislación vigente en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas expedida por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal continuará en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación que respecto de cada una de dichas materias expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto.

Tercero. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación procedimental penal que establece el presente Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 29 de abril de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente;senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

INICIATIVAS DE LEY O DECRETO CUYO PLAZO O PRORROGA PARA SER DICTAMINADAS HA PRECLUIDO O VENCERA EN EL LAPSO RESTANTE DEL PERIODO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las iniciativas de Ley o decreto cuyo plazo o prórroga para ser dictaminadas ha precluido o vencerá en el lapso restante del Primer Año de Ejercicio.

La Mesa Directiva, con fundamento en la atribución que le confieren los artículos 20, numeral 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 260, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y de conformidad con los siguientes

Considerandos

I. Que los artículos 20, numeral 2, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 260, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, facultan a la Mesa Directiva para realizar la interpretación de las normas y ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requieran para el cumplimiento de sus atribuciones y de los trabajos legislativos.

II. Que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece en sus artículos 182, 183 y 185 el plazo y prórrogas con que cuentan las comisiones para resolver los asuntos que les son turnados.

III. Que el artículo 89 del propio Reglamento señala que si una iniciativa no es dictaminada y/o resuelta en comisiones en el lapso correspondiente, ésta deberá pasar en sus términos al ámbito del Pleno para que sea resuelta.

En este sentido, su artículo 184 dispone y da la pauta para que la Mesa Directiva acuerde la conducente.

IV. Que él propósito del legislador al expedir un nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados, y regular en su articulado los tiempos para la presentación de un dictamen, fue procurar y conseguir el abatimiento del rezago legislativo.

En el marco de lo anterior y abundando en dicho propósito, el 27 de abril de 2012, el Pleno aprobó Acuerdo para que la Mesa Directiva en su momento, pudiera desahogar el cúmulo de iniciativas precluidas y las que vencieran hacia el final de esa Legislatura, medida que resultó ampliamente benéfica para abatir su rezago, generando que el número de asuntos pendientes que recibiera esta LXII Legislatura fuera mínimo.

V. Que al 30 de abril del presente año, conforme a los registros parlamentarios, se tendrán un aproximado de 300 iniciativas de ley o decreto cuyo plazo para ser dictaminadas habrá precluido. Asimismo, teniendo en cuenta la inercia propia de la presentación de éstos proyectos, otra cantidad considerable concluirá sus plazos de dictamen durante el próximo receso legislativo.

VI. Que durante el actual periodo de sesiones se ha establecido una mecánica para el desahogo de los temas inscritos en el orden del día en la cual se ha dado prioridad a la discusión y votación de los dictámenes de ley o decreto que generan las comisiones, así como al desahogo de los temas registrados por los grupos parlamentarios, en cuyo caso ha habido incluso necesidad de reprogramar la discusión de gran cantidad de asuntos a sesiones posteriores.

Derivado de esta dinámica, no ha sido posible el desahogo de las iniciativas precluidas en los términos dispuestos por el Reglamento.

VII. Que este órgano de gobierno, considerando que está por concluir el Segundo, y último, Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Legislatura, en el ánimo de evitar el rezago y procurar la resolución de la mayor cantidad de temas posibles, estima oportuno proponer y solicitar la anuencia del Pleno para resolver respecto a las iniciativas de ley o decreto cuyo plazo de dictamen o prórrogas hayan vencido, o bien lo hagan durante el próximo periodo de receso.

Por lo expuesto y en uso de sus atribuciones, la Mesa Directiva somete a la consideración el Pleno el siguiente:

Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las iniciativas de ley o decreto cuyo plazo o prórroga para ser dictaminadas ha precluido o vencerá en el lapso restante del Primer Año de Ejercicio.

Primero. Se autoriza que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declare precluidas, y registre como desechadas procediendo a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos, todas las iniciativas de ley o decreto con plazos y prórrogas vencidos, así como aquellas cuyo término de plazo ocurra durante Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio y que no sean dictaminadas es ese periodo.

Segundo.La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispondrá la publicación en la Gaceta Parlamentaria de las listas de las iniciativas que sean desechadas y archivadas, así como la actualización de los registros parlamentarios.

Tercero.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de abril de 2013.— Diputados: Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente; Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), vicepresidentes; Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Xavier Azuara Zúñiga (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica), Merilyn Gómez Pozos (rúbrica), Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada Malú Mícher, ¿con qué objeto?

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente. En vista de que tenemos una gran agenda para el día de hoy, se ha publicado una iniciativa muy importante que entregamos a las y los adolescentes y a la comunidad en general, que son reformas a la Ley General de Salud, en materia de derechos sexuales y reproductivos, que hemos trabajado las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Cuál es su planteamiento, diputada?

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Quiero nada más hacer hincapié, diputado, en esta iniciativa y exhorto a todas las diputadas y diputados a leerla, a tener en cuenta esta iniciativa, porque no la vamos a poder presentar, en obvio de tiempo. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su dicho ha quedado en el Diario de los Debates.

Continúe la Secretaría.

VOLUMEN II

INICIATIVAS DE LEY O DECRETO QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a las iniciativas de ley o decreto que se encuentran pendientes de dictamen.

Primero. Se autoriza que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declare y registre como desechadas las 372 iniciatvas de ley o decreto que se relacionan en el anexo al presente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdóneme, ¿en qué anda? ¿Es publicidad?

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Acuerdo de Mesa Directiva.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Adelante.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las iniciativas de ley o decreto que se encuentran pendientes de dictamen

La Mesa Directiva, con fundamento en la atribución que le confieren los artículos 20, numeral 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 260, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y de conformidad con los siguientes

Considerandos

I. Que los artículos 20, numeral 2, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 260, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, facultan a la Mesa Directiva para realizar la interpretación de las normas y ordenamientos relativos a la actividad parlamentaría que se requieran para el cumplimiento de los trabajos legislativos.

II. Que conforme a los registros parlamentarios de la Mesa Directiva, a la fecha existen pendientes de dictamen y/o resolución, 372 expediente correspondientes a proyectos de iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo Federal, de Congresos Locales y de Senadores, que fueron presentadas en la LVII, LVIII, LIX y LX Legislaturas, es decir, desde hace 16 años, mismos que por temporalidad se encuentran desfasados y han perdido oportunidad.

III. Que desde la pasada LXI Legislatura, al emitirse el Reglamento vigente de la Cámara de Diputados, el espíritu del legislador fue el abatimiento del rezago legislativo, al respecto la Mesa Directiva determinó considerar como asuntos concluidos, y archivar 3,930 expedientes de proyectos de iniciativas sin dictamen presentadas incluso desde antes de la LVII Legislatura, lo cual se hizo del conocimiento del Pleno.

IV. Que en este orden de ideas, este órgano de gobierno estima oportuno que los expedientes señalados en el segundo considerando que se encuentran relacionados en el anexo al presente acuerdo, sean resueltos como asuntos concluidos, y con ello coadyuvar a que el rezago legislativo de la actual legislatura, sea el mínimo posible.

Por lo expuesto y en uso de sus atribuciones, la Mesa Directiva somete a la consideración el Pleno el siguiente:

Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las iniciativas de ley o decreto que se encuentran pendientes de dictamen

Primero. Se autoriza que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declare y registre como desechadas las 372 iniciativas de ley o decreto que se relacionan en el anexo al presente, proceda a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos, y se actualicen los registros parlamentarios.

Segundo.El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la aprobación del Pleno.

Tercero. Publíquese el presente con su respectivo anexo en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de abril de 2013.— Diputados: Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente; Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), vicepresidentes; Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Xavier Azuara Zúñiga (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica), Merilyn Gómez Pozos (rúbrica), Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica), secretarios.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese. Continúe con declaratorias de publicidad.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 72, apartado A, y 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción I; 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente

Dictamen

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la minuta del Senado de la República.

II. En el capítulo de “Contenido de la minuta” se exponen los motivos y alcances de la minuta en estudio y se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de “Consideraciones y razonamientos” la Comisión ofrece los razonamientos económicos, jurídicos, sociales y demás que se desprenden de los argumentos y proposiciones realizadas en la minuta de los senadores y que sustentan la decisión de los Diputados.

IV. En el capítulo “Acuerdo”, se da cuenta a esta Soberanía del fallo final que en pleno se expone.

Antecedentes

Primero. A la Comisión de Cultura y Cinematografía le fue turnado para su estudio y Dictamen, el expediente No. 1383 que contiene la minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor que fue dictaminada por las Comisiones de Cultura y Estudios Legislativos del Senado de la República, el 28 de febrero de 2013.

Segundo. Mediante oficio No. CCC/LXII/450 de fecha 4 de marzo de 2013, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la iniciativa turnada, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Tercero. Con fecha 12 de abril de 2013, la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, secretaria de esta comisión dictaminadora, remitió una propuesta de modificación del Decreto contenido en la minuta en estudio, que consiste en lo siguiente:

Artículo 148.Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

I. a la VII.

VIII. Reproducción, adaptación y, en su caso, transformación de obras literarias o artísticas de manera total o parcial, sin fines de lucro, con el objeto de hacerlas accesibles en lenguajes, sistemas y otros modos, medios y formatos especiales a una persona con discapacidad auditiva, visual o ambas, siempre y cuando se realice a partir de una copia legalmente obtenida.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 24 de abril de 2013, para dictaminar la minuta señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados.

Contenido de la minuta

La iniciativa propuesta por el entonces senador Guillermo Tamborrel Suárez, se centra principalmente en exentar de la solicitud de autorización de uso y del pago de los derechos patrimoniales o regalías a los autores por la publicación, sin fines de lucro de obras artísticas y literarias en soportes materiales dirigidos al adelanto de las personas con discapacidad, con la finalidad de acercarlas al mundo de las artes y la cultura.

De lo anterior, las Comisiones dictaminadoras de la Colegisladora señalan que:

– En México no se ha constituido un mercado o un número relevante de empresas que se dediquen a publicar materiales especiales para personas con discapacidad, al contrario, en la actualidad es muy limitado el número de obras artísticas y literarias en soportes accesibles que atiendan el universo de discapacidades. Por ello, resaltan que esta circunstancia resulta del todo excluyente y discriminatoria, ya que aleja a las personas con discapacidad de los diferentes lenguajes de las artes, la cultura o la historia.

– Incorporan al dictamen, información Estadística derivada del Censo de Población y Vivienda de 2010 a cargo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), donde se establece que en México existen 5.7 millones de personas con discapacidad, de las cuales 48 por ciento son adultos mayores de 59 años y 2 de cada 10 son menores de 30 años. Asimismo, de los 838 mil 212 mexicanos con discapacidad que se encuentran en edad escolar, sólo 378 mil 838 asisten a la escuela; de entre las personas con más de 15 años, 2.8 por ciento no tienen instrucción escolar, 28 por ciento no terminó la primaria y 4 por ciento no concluyó la secundaria, el promedio de escolaridad de las personas con discapacidad en México es de 4.8 grados. La cifra se eleva a 7.2 grados en el Distrito Federal y a 5.9 en Baja California y Coahuila, en tanto, Chiapas y Oaxaca, lo más bajos, tienen 3 grados.

– Conforme a dicha información, razonan que el universo de personas con discapacidad constituye un sector de la población que requiere no sólo de servicios educativos, sino de accesibilidad a las expresiones del arte y la cultura que les permita desarrollar, en lo posible y de manera armónica, sus cualidades cognitivas, a efecto de aspirar a una mejor calidad de vida. Por lo que concluyen que esta iniciativa adquiere una dimensión relevante en virtud de que sin fines de lucro, se podría contar con un mecanismo de accesibilidad, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posibilite acercar obras artísticas y literarias en distintos formatos y soportes a un número estimado de un millón de personas que potencialmente demandarían de estos productos.

Por otra parte, sugieren modificar la propuesta normativa conforme a lo siguiente:

a) Respecto a la propuesta contenida en la Iniciativa, de adicionar a la fracción II del artículo 16 las palabras “y/o tecnologías de acceso a la información”, las Comisiones dictaminadoras estiman innecesaria la redacción que incorpora los medios aumentativos o alternativos de comunicación, toda vez que la ley no establece limitaciones, sino que deja abierta la posibilidad a cualquier formato que la inventiva del autor o de la tecnología genere.

Asimismo, señalan que dicha propuesta no resulta apropiada, toda vez que ese conjunto de dispositivos normativos de ese capítulo, se refieren a las reglas generales del Derecho de Autor, en cuyo caso no caben las excepciones; las reglas generales tienen la virtud de establecer el marco normativo que, desde una perspectiva sistemática, contribuyen a entender el ámbito de aplicación de la materia de que se trata. De hecho en la ley existe un apartado especial en el que se establecen los dispositivos normativos que actúan como excepciones y limitaciones del derecho de autor.

b) Sobre la adición de un segundo párrafo al artículo 24, en opinión de los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, dicho artículo es una norma que confiere un tratamiento especial o de exclusividad a los autores en relación con los derechos patrimoniales que derivan de uso y explotación de sus creaciones. De hecho, es el precepto que introduce el apartado de los derechos patrimoniales del autor en distinción con los derechos morales del mismo. Uno y otro tienen distintos tratamientos, pero forman parte de un mismo conjunto que los hace individuales, toda obra tiene un doble aspecto, un derecho moral y un derecho patrimonial. Es por esta razón que las Comisiones dictaminadoras consideran inconsistente jurídicamente la adición, pues se hace referencia a un derecho que, de inmediato es limitado y no por una causa de utilidad pública sino por un uso especial que deriva de otro universo de derechos, es por ello que razonan que esta adición es improcedente, sin embargo, su contenido y consecuencia jurídica es posible incorporarla en otro apartado de la ley.

c) Valoran llevar la regulación al Título VI de la ley, denominado De las Limitaciones del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, concretamente al Capítulo II que establece las limitaciones de los derechos patrimoniales y de los derechos conexos. Sin embargo no proponen tal y como lo hace la iniciativa en análisis, puesto que incorporar la referencia como parte de la fracción III tendría como consecuencia la publicación de un único ejemplar, pues se trata de un apartado sobre las obras para fines de la crítica o la ciencia, además de que el concepto utilizado es reproducción y no publicación. En este sentido, proponen adicionar una nueva fracción al artículo 148 específico para que el derecho patrimonial de autor sea limitado cuando se trata de la publicación de obras artísticas y literarias para personas con discapacidad de tipo sensorial, lo que limita el universo de obras y siempre que se cumpla con la disposición general del artículo, que es la no afectación de la explotación normal de la obra que se trate.

Consideraciones y razonamientos

Primero.Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Segundo. Que después de realizar un estudio de la minuta en análisis, esta Comisión dictaminadora concuerda con el proyecto de decreto de reforma contenido en la minuta sujeta a dictamen, por las razones siguientes:

La inclusión de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos de la vida social supone una exigencia del pleno respeto a los derechos humanos y que esto conlleva asumir que se han de disponer los medios para que todos los individuos, independientemente de los obstáculos y condiciones limitativas que les afecten, vean cubiertas sus necesidades en condiciones de igualdad.

Lograr el acceso a un bienestar generalizado, sustentable y equitativo, que fomente el desarrollo humano integral e incluyente de los individuos que se encuentran en condiciones de mayor desventaja y más vulnerables socialmente, constituye un compromiso social que debe materializarse en el diseño e implementación de programas y acciones corresponsables de los sectores público, social y privado.

Una prioridad en el campo del desarrollo humano integral, es brindar los mecanismos necesarios para que las personas con discapacidad, puedan ejercer plenamente sus derechos reconocidos ampliamente en la legislación nacional e internacional.

En derecho internacional, como ya lo ha señalado el proponente de la Iniciativa, el 3 de mayo de 2008, entró en vigor para México la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se basa en ocho principios generales 1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 2. La no discriminación; 3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 5. La igualdad de oportunidades; 6. La accesibilidad; 7. La igualdad entre el hombre y la mujer; 8. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Mediante estos principios de la Convención, es observable la búsqueda de igualdad de derechos para los discapacitados. También articula postulados relacionados con la identidad, diversidad y participación, conceptos muy discutidos e investigados por su pertinencia dentro de los estudios culturales, puesto que están relacionados al individuo como ser humano y colectivo, creador y consumidor de cultura. De esta manera, se busca la participación y accesibilidad de oportunidades y espacios en sus ámbitos de acción inmediatos.

Respecto a la legislación nacional, entre los derechos que el Estado garantiza, se encuentra el de la cultura, el cual está regulado por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que es reglamentaria del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Para ello, en el artículo 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala que “el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, diseñará y ejecutará políticas y programas orientados a:

I. Generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y participación de las personas con discapacidad en el arte y la cultura;

II. Establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para lograr equidad en la promoción, el disfrute y la producción de servicios artísticos y culturales;

III. Promover las adecuaciones físicas y de señalización necesarias para que tengan el acceso a todo recinto donde se desarrolle cualquier actividad cultural;

IV. Difundir las actividades culturales;

V. Impulsar el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la Lengua de Señas Mexicana y la cultura de los sordos;

VI. Establecer la capacitación de recursos humanos, el uso de materiales y tecnología con la finalidad de lograr su integración en las actividades culturales;

VII. Fomentar la elaboración de materiales de lectura, inclusive en sistema Braille u otros formatos accesibles”...

Es de resaltar, que si bien el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cuenta con las atribuciones para integrar en las actividades culturales a las personas con discapacidad, fomentando la elaboración de materiales para el ejercicio de su derecho, se considera que no es suficiente debido a que las instituciones educativas apenas empiezan a ser inclusivas y no cuentan con libros, cursos y evaluaciones pensados para este tipo de población, pero también la oferta de libros de entretenimiento no es tan amplia, ya que existen muy pocas editoriales que editan en braille, por lo que el recurso de más alcance para éstos, es la consulta en bibliotecas como la Sala Braille de la Vasconcelos, la sala para ciegos de la Ciudadela y la sección de tiflología en la Ciudad Universitaria, entre otras.

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide con la preocupación del Senado de la República en la minuta que se analiza, referente a que el universo de personas con discapacidad constituye un sector de la población que requiere no sólo de servicios educativos, sino de accesibilidad a las expresiones del arte y la cultura que les permita desarrollar, en lo posible y de manera armónica, sus cualidades cognitivas, a efecto de aspirar a una mejor calidad de vida y que la iniciativa adquiere una dimensión relevante en virtud de que sin fines de lucro, se podría contar con un mecanismo de accesibilidad, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Tercero. Que la participación en actividades culturales propicia un espacio enriquecedor para el ser humano. Esto lo demuestran diversos escritos que resaltan la capacidad participativa que representan las innumerables manifestaciones de la cultura en el individuo. Considerando que las personas con discapacidad componen la minoría más numerosa, y partiendo de que la población con impedimentos va en aumento, el desarrollo de las alternativas de inclusión para esta población no sólo contribuyen a una mejor calidad de vida social, sino que constituyen un mercado que aporta al desarrollo económico de los países.

Existen estudios que prueban la importancia de una cultura accesible para los componentes de una sociedad. A modo de ejemplo se presenta “ El efecto social de la cultura”, una investigación realizada por Matarasso, quien demuestra que la participación en actividades culturales fomenta en las personas el desarrollo de un fuerte sentido de compromiso social. Asimismo, el impacto de la cultura beneficia a la sociedad potenciando el desarrollo personal, la cohesión social, la autodeterminación, la imagen e identidad. Todos son factores importantes para una sociedad que anhela y está consciente de la igualdad de oportunidades entre todos sus habitantes.

El acceso a la cultura se contempla en diversos documentos internacionales que promueven la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. Muchos países adoptan sus postulados y buscan compartir políticas que no descuidan las necesidades particulares de cada uno de ellos. Una de estas es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se expone que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” . De manera similar, la Declaración en la Diversidad Cultural de la UNESCO de 2001, en su artículo 5, expone el acceso a la cultura como parte de su contenido:

“Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales [...]Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.

Esta declaración presenta abiertamente que la expresión cultural es derecho de todos.

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, establece en su artículo 15 que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por México el 24 de marzo de1981, señala en su artículo 26 que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece en el artículo 47 que los Estados miembros darán importancia primordial, dentro de sus planes de desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso.

De igual forma, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, aprobado por el Senado de la República el 12 de diciembre de 1995, prevé en el artículo 14 lo siguiente:

“Derecho a los beneficios de la cultura

1. Los estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:

a. Participar en la vida cultural y artística de la comunidad;

b. Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;

c. Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán ciencia, la cultura y el arte.

3. Los estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación  y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia”.

Cuarto.Que de acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por INEGI, en la siguiente tabla se presenta el número de habitantes de la República Mexicana que requieren de servicio optométrico:

En términos mundiales los errores de refracción no corregidos (miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia) constituyen la causa más importante de la discapacidad visual. En los países de ingresos medios y bajos las Cataratas siguen siendo la principal causa de Ceguera.

De acuerdo a lo anterior, el INEGI reporta que la segunda discapacidad en el país es la Visual, la primera es la motriz. En el 2010 había 112.3 millones de habitantes en la República Mexicana de los cuales 4.5 millones son discapacitados (4 por ciento) y 1.3 millones son de tipo visual (1.16 por ciento).

Para el año de 2011, la cifra de personas con discapacidad visual subió a millón y medio, donde el 3 por ciento de ellos cuenta con educación superior y únicamente el 6 por ciento consigue algún tipo de empleo, lo que impide concretar su inclusión socio – laboral y lograr su autosuficiencia, autonomía e independencia económica.

Quinto. Que el número de personas con discapacidad van en aumento, por lo que se requiere que se articulen políticas que fomenten la inclusión de todos, mediante actividades que promuevan la cultura, conducentes a leyes y normas que garanticen su implementación y cumplimiento.

Que la propuesta normativa contenida en la minuta, beneficia a las personas con discapacidad visual, debido a que para éstas es difícil tener acceso a material impreso o auditivo de obras literarias, ya que existen muy pocas editoras que producen este tipo de materiales. Con base en esto, se considera que es procedente esta propuesta, en razón de que al establecer una excepción para divulgar obras artísticas y literarias sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, genera una disminución al costo de producción de libros en braille y otros formatos, creando mayor apertura.

Que esta Comisión dictaminadora estima procedente la propuesta contenida en la minuta sobre la adición de una fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en razón de que el Capítulo II del Título VI, establece las limitaciones de los derechos patrimoniales y lo que se busca con dicha reforma es establecer una excepción para divulgar una obra literaria y artística, sin la autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra.

Que la propuesta que hace la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, se estima procedente, ya que va de acuerdo con los razonamientos que esta Comisión expone en el presente dictamen.

De igual forma, se considera que esta propuesta es concordante con lo aprobado en el Senado, en el sentido de que la colegisladora establece entre los casos de excepción a que se refiere el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor a las personas con discapacidad, así como el que la actividad sea sin fines de lucro. La modificación al dictamen del Senado que plantea la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, mantiene esos contenidos, además los enriquece, al tratarse de un sector de la población con discapacidad visual, que es precisamente al que debe ir dirigida la excepción que se busca integrar a este numeral.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se aprueba con modificaciones la minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, aprobada por el Senado de la República el 26 de febrero de 2013.

Segundo. Se dictamina y se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su aprobación el siguiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Artículo Único.Se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 148.Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

I. a la V.

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo;

VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos ; y

VIII. Reproducción, adaptación y, en su caso, transformación de obras literarias o artísticas de manera total o parcial, sin fines de lucro, con el objeto de hacerlas accesibles en lenguajes, sistemas y otros modos, medios y formatos especiales a una persona con discapacidad auditiva, visual o ambas, siempre y cuando se realice a partir de una copia legalmente obtenida.

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Matarasso, F. Social Effects on culture: exploratory statistical evidence. Statistical Insights on the Arts, 6, 4. Hill Strategies Research Inc, Ontario, Canada. Marzo 2008.

2 Artículo 27 (1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís, secretarios; Blanca Jiménez Castillo, José Martín López Cisneros, María Beatriz Zavala Peniche, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), María del Carmen López Segura (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del bicentenario de los Sentimientos de la Nación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del Bicentenario de los “Sentimientos de la Nación”, suscrita por el diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del PRI y presidente de la Comisión Especial de conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados.

Esta comisión legislativa que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del proyecto de iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del proyecto de iniciativa de referencia realizaron los integrantes de esta comisión legislativa, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En la sesión de fecha 28 de febrero de 2013, el diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del PRI y presidente de la Comisión Especial de conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del Bicentenario de los “Sentimientos de la Nación”.

2. En la misma sesión, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó la referida iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 62-II-6-0455.

3. Los integrantes de esta comisión legislativa realizaron diversos trabajos, a efecto de que contaran con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

En la inicitiava en análisis se expresa que El 13 de septiembre de 1813, en la inauguración del Congreso de Chilpancingo el general José María Morelos y Pavón pronunció el documento denominado “Sentimientos de la Nación”, el cual es uno de los primeros antecedentes de la lucha por los derechos a la igualdad, propiedad, justicia y la libertad en México.

Asimismo, se expresa que es fuente directa de la declaración de independencia del 6 de noviembre de 1813 y la Constitución de Apatzingán de octubre de 1814, que es nuestra primera Carta Magna.

Derivado de ello, se comenta que en el marco del bicentenario aniversario del pronunciamiento del general José María Morelos y Pavón, resulta conveniente que todos los mexicanos tengan en las manos el recuerdo permanente de la importante lucha que se dio por alcanzar la soberanía e independencia nacionales, qué mejor que el Congreso lo realice con la expedición de una moneda conmemorativa de este importante acontecimiento.

Consideraciones de la comisión

Primera. Esta comisión legislativa estima conveniente la aprobación en sus términos de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda conmemorativa del bicentenario de los “Sentimientos de la Nación”. Lo anterior, en razón de que se estima que ello representa un recuerdo permanente de la importante lucha que se dio por alcanzar la soberanía e independencia nacionales.

Segunda. Esta comisión dictaminadora coincide en que la acuñación de la moneda que se propone, ya que considera que por la trascendencia que para nuestro país tienen los Sentimientos de la Nación, proclamados por José María Morelos y Pavón en el Congreso del Anáhuac, se debe conmemorar tan magnífico evento. Esto es, Morelos expuso en forma ordenada y sintética la plataforma de sus ideas políticas y sociales que más tarde se tomaron en cuenta para la redacción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

Así, podemos concluir que los Sentimientos de la Nación constituyen uno de los textos políticos más importantes de nuestro país, mismo que delinea la nación que haría surgir un Estado soberano y libre de restricciones.

Tercera. Conocer la historia es una obligación para todos los que quieran comprender el presente, pero también es una fuente de inspiración, porque permite evocar las obras y hazañas de hombres que trastocaron el devenir,  inspirando las nuevas transformaciones.

En ese tenor, la comisión que suscribe, considera acertado que el diseño principal del anverso de la moneda sea la efigie de José María Morelos y Pavón, no sólo por ser el ideólogo de los “Sentimientos de la Nación”, sino por ser él quien generó las circunstancias para que se pudieran proclamar.

Cuarta. Los billetes y monedas se han constituido como un elemento de identidad cultural, en virtud de que poseen distintivos, mediante los cuales se busca recalcar aspectos notables de nuestra historia, tradiciones y valores.

Su amplio uso para realizar cualquier tipo de acto de comercio, hace que la mayoría de las personas posea monedas y que sea un excelente medio para hacer presente en la memoria colectiva un hecho en particular. En tal virtud, coincidimos en la intención del legislador, en el sentido de propiciar que todos los mexicanos tengan la oportunidad de “tener en sus manos el recuerdo permanente de la importante lucha que se dio por alcanzar la soberanía e independencia nacionales” a través de una moneda conmemorativa.

En ese tenor, se hace notar que la Iniciativa propone que la moneda sea de plata, sin embargo, en el entendido de que el objetivo es que la mayoría de los mexicanos tengan la oportunidad de remembrar el Bicentenario de la proclamación de los Sentimientos de la Nación, se propone emitir una moneda de cuño corriente, con valor nominal de 20 pesos, en virtud de que su distribución es a nivel nacional; y se propone que sea de 20 pesos porque está moneda es bien aceptada por el público, además de que se tienen sobre ésta un mejor control monetario.

En adición, se sabe de la experiencia del Banco de México de que las monedas conmemorativas de metal precioso, aún cuando tienen un número limitado de unidades acuñadas, tienen poca demanda y por lo tanto son poco conocidas entre la población.

Quinta.Se destaca que en la iniciativa de análisis se establece que “el motivo de estas monedas será el que de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta de la Comisión Especial de Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados.”

Ahota bien, el artículo Segundo Transitorio de la Iniciativa de análisis a la letra dice: “La moneda a que se refiere el presente decreto podrá acuñarse a partir de la entrada en vigor de éste.” Lo anterior, deja en evidencia que no se establece un plazo para que la Comisión Especial de conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados entregue las propuestas para valoración del Banco de México.

En tal virtud, la que dictamina considera necesario precisar el articulado de los Tansitorios del decreto, para establecer un periodo suficiente de 30 días naturales para entregar la referida propuesta, con la salvedad de que en caso de no entregarse, el Banco de México hará el diseño, así como establecer que la moneda a que se refiere el presente decreto se acuñará a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño.

Sexta. La que dictamina, tomando en base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, y el Banco de México, conforme al artículo 3, fracción I, de su Ley, el regular la emisión de la misma, estima conveniente aprobar en sus términos la iniciativa en análisis.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de

Decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del bicentenario de los Sentimientos de la Nación

Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda. Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco milésimos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido:

92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa milésimos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco milésimos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El motivo de estas monedas será el que de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta de la Comisión Especial de conmemoración del bicentenario del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados. Éste debe destacar la efigie de José María Morelos y Pavón y en el campo superior en semicírculo, la leyenda “Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”. El marco liso.

Canto: Estriado discontinuo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Comisión Especial de Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente decreto, en caso de que la Comisión Especial no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo dentro del plazo mencionado, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, mismo que se contendrá en el reverso de la moneda.

Tercero. La moneda a que se refiere el presente decreto se acuñará a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo primero del presente artículo.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga la Secretaría de la Defensa Nacional, en los términos de este decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Quinto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado de la acuñación de las monedas.

Dado en la sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados. México, Distrito Federal, a veintinueve de abril de dos mil trece.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), presidente; Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco, Ricardo Cantú Garza, Juan Ignacio Samperio Montaño, Tomás Torres Mercado (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo, secretarios; Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Ricardo Anaya Cortés Escárraga (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante, Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Jorge Iván Villalobos Seáñez (rúbrica), Fernando Charleston Hernández (rúbrica), Jorge Mendoza Garza (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Fernando Jorge Castro Trenti, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Alberto Curi Naime (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Mirna López Vázquez, Carol Antonio Altamirano, Fernando Cuéllar Reyes, Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire, Karen Quiroga Anguiano, Javier Salinas Narváez, Federico José González Luna Bueno, David Pérez Tejada Padilla.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Honorable asamblea, en virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad de los dictámenes de las Comisiones de Cultura y Cinematografía, y de Hacienda y Crédito Público, ante la eminencia del cierre de periodo consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se pongan a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que los dictámenes antes mencionados se pongan a discusión y votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En tal virtud, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.*

No hay fundamentación del dictamen. Tiene el uso de la voz doña Sonia Rincón Chanona, quien no está en el salón, por lo que precluye su oportunidad. Rosa Elba Pérez Hernández. Véngase —en bici— a la tribuna. ¿Declina? Doña Claudia Elena Águila Torres. No habiendo más oradores registrados, ábrase el sistema electrónico. ¿Viene Rosa Elba? Doña Rosa Elba, ¿va a hacer usted uso de la palabra?

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Entonces, usted tiene el uso de la voz.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Señor presidente, ¿sobre las ciclovías o sobre lo que toca hoy?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues sobre lo que toca hoy. Adelante.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Gracias. Nos quedamos con lo otro. Muy bien, la creatividad, compañeros, es una cualidad presente en los seres humanos, se entiende como la capacidad del hombre para expresar el entorno y transformarlo; la creatividad es nuestra habilidad para observar, analizar, abstraer, así como la destreza y la sensibilidad artística que nos lleva a la producción de cosas nuevas y originales.

Es cierto, la creatividad es inherente a la condición humana, pero también es el hecho de que las habilidades que acabamos de enlistar no necesariamente se encuentran presentes en todos nuestros procesos productivos ni creativos.

Algunos individuos desarrollan más una habilidad que otros, y existe también quien en base al esfuerzo y acumulación de experiencias, conocimientos, llegan a suplir adecuadamente las carencias derivadas del reparto desigual que la naturaleza hace de ciertas cualidades; es decir, todos podemos producir, todos podemos investigar, todos podemos evaluar, pero hay muchos que no llegamos hasta el final del camino.

Esto quiere decir poder llevar a cabo la autoría de los derechos de autor del trabajo del producto de nuestra investigación o evaluación. Por eso existe el derecho de la propiedad intelectual; es decir, aquello, esa parte de la ley que protege lo que hemos desarrollado en base a nuestra iniciativa y talentos.

No toda la gente —repito— tiene la capacidad de crear, pero aquellos que sí la tienen —que son muchos en este país— por lo general no cuentan con un marco normativo que les permita llevar a una sana concreción su trabajo.

Sin la posibilidad de registrar patentes, que el derecho de la propiedad intelectual y sus instituciones han garantizado en muchos países desde el siglo XVIII, a fin de que los creadores puedan obtener beneficios, seguramente la producción artística y cultural de aquellos países no hubiera ocurrido.

Las regalías, un concepto desconocido para muchos de nosotros, sino hasta que escuchamos hablar de las telenovelas y como muchos de los actores siguen percibiendo regalías después de 20 años de haber grabado telenovelas. Digo el ejemplo de las telenovelas, porque es probablemente uno de los ejemplos más conocidos para todos a cualquier nivel.

Las regalías que se pagan a los creadores son el incentivo que estos tienen para seguir innovando; sin embargo, la cantidad de recursos que llegan a manos de estos artistas dependen directamente del volumen de ventas lícitas de un producto que llega a concretarse.

Todos conocemos también el ejemplo de los discos piratas, de tenis piratas, de los zapatos piratas. Lo comento, en León, mi ciudad, cuando compras calzado te preguntan, quiere la versión pirata o quiere la versión réplica; quiere unos tenis que son mejor copia de un país asiático —no sé si tenemos cuerpo diplomático aquí, por eso no quiero decir el nombre de los países— pero estos países asiáticos ya compiten en la calidad de las versiones pirata o réplica.

El problema es que las ventas legales de determinados productos se ven afectados seriamente por el fenómeno de la piratería, a pesar de que reconocemos que la piratería —en algunos casos de buena voluntad— constituye la única manera, el modus vivendi de muchas personas, de muchos comerciantes, que tal vez de buena fe toman estos productos pirata y se animan a venderlos. Eso debemos reconocerlo; sin embargo, el creador debe ser respetado.

La piratería se ha convertido, en nuestros días, en la principal amenaza para la innovación tecnológica y la creación artística; ese espíritu creativo se ve inhibido cuando no se percibe la recompensa. Para enfrentar panoramas tan complicados, como esos que describimos, las industrias protegidas por el derecho de autor requieren que el Estado las apoye con el impulso de legislaciones que faciliten la protección de la propiedad intelectual.

Es cierto, el derecho de propiedad intelectual o por lo menos algunas versiones muy cortas de ese derecho sí han existido, pero hace falta más y es precisamente lo que estamos haciendo.

En virtud de que la educación, la ciencia y el arte son fundamentales para la construcción de una sociedad democrática se requiere que sean socializados. El Estado tiene la responsabilidad de formar estos mecanismos y marcos normativos.

Por esta razón, la ley prevé ciertos casos en los cuales las obras ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra sin la autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración; en estos supuestos, no se hallaba contemplada la posibilidad de reproducir o adaptar obras literarias o artísticas de manera total o parcial, sin fines de lucro, con la finalidad de hacerlas accesibles en lenguajes, sistemas y otros modos, medios y formatos especiales para una persona con discapacidad auditiva, visual o ambas.

Señor presidente, termino. La ley no contaba con una disposición que garantizara el acceso a la cultura y conocimiento a un grupo tan importante, como son las personas que tienen discapacidad.

Por lo expuesto anteriormente, en el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, nos pronunciamos a favor del proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Quiero nada más cerrar, señor presidente, con esto. Vamos avanzando. No estamos en la primera fase, vamos en la segunda fase; es decir, no partimos de cero, vamos avanzando sobre la sofisticación del derecho de autor en México, que es un gran incentivo para la creación de riqueza en ese país. Gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Tengo también anotadas a la diputada Zuleyma Huidobro y a la diputada Claudia Elena Águila Torres.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza se manifiesta a favor del presente dictamen que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La discapacidad visual y auditiva limita la capacidad de las personas para realizar actividades culturales, tales como la lectura. Esto puede causar grave afectación a su desarrollo intelectual, por lo tanto, debemos procurar las adecuaciones legislativas necesarias para establecer las condiciones de inclusión de personas con discapacidad y así lograr equidad en la promoción, el disfrute de la producción de servicios artísticos y culturales, destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes del desarrollo humano y social.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó el 4 de marzo de 2011 los resultados definitivos de varios rubros para el Censo de Población y Vivienda 2010 y las estadísticas estipulan que en México hay 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad; es decir, el 5.1 por ciento de la población mexicana.

Por otro lado, los datos de Inegi por distribución porcentual de la población con discapacidad, según el tipo de limitación, señalan que el 27.2 por ciento tiene discapacidad visual y el 12.1 por ciento de la población tiene discapacidad auditiva.

Las cifras anteriores nos muestran la necesidad e importancia de la adecuación del marco jurídico en la materia de acceso a información para las personas con discapacidad, motivo por el cual en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos oportuna la aprobación del presente dictamen cuyo objetivo primordial es brindar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes la facultad para que considere diseñar y ejecutar políticas y programas orientados a la reproducción, adaptación y, en su caso, transformación de obras literarias o artísticas de manera total o parcial, sin fines de lucro, con el objeto de hacerlas accesibles en lenguajes, sistemas y otros modos, medios y formatos especiales a una persona con discapacidad auditiva, visual o ambas, siempre y cuando se realice a partir de una copia legalmente obtenida.

Asimismo y en atención al contexto internacional, debemos procurar y salvaguardar mediante nuestros instrumentos legales los medios necesarios para que las personas con discapacidad tengan una mejor formación y desarrollo intelectual.

En este sentido, podemos citar como claro ejemplo internacional la intervención de México en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se basa en distintos principios generales, de los cuales cabe destacar la participación e inclusión plena y efectiva de las personas con alguna discapacidad en la sociedad, procurando en todo momento la igualdad de oportunidades.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza apoyamos, promovemos y fomentamos toda acción legislativa encaminada a la procuración, a la autonomía individual, a los derechos humanos y a la independencia de las personas con discapacidad visual y auditiva. Por lo tanto, nos pronunciamos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. En Movimiento Ciudadano reconocemos a los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía, especialmente a la diputada Aurora Denisse Ugalde, por las modificaciones planteadas en este dictamen.

El día de hoy, ante el pleno de esta honorable asamblea se somete a su consideración el dictamen a la minuta con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Cultura y Cinematografía, por el cual se adiciona una fracción al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El dictamen en estudio tiene por objeto incorporar salvedades en el uso y pago de derechos patrimoniales inscritos en la ley federal que precisamente se encarga de proteger y promover la propiedad intelectual de las personas abocadas a la realización de actividades artísticas y culturales en el país, así como de aquellos que lícita y legítimamente producen y comercializan las obras.

La propuesta de adición que valoramos contempla la posibilidad de publicar sin fines de lucro las obras artísticas y literarias en dispositivos materiales específicamente diseñados para personas con discapacidad, con la intención de acercarlas eficazmente al disfrute de las artes y la cultura, sin menoscabo de los medios jurídicos que salvaguardan el desarrollo y la ampliación de nuestra industria cultural.

La exposición de motivos de la minuta hace suyas las estipulaciones enunciadas en los distintos instrumentos internacionales a los cuales México está adherido y vinculado a observar sus disposiciones, en específico la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde de manera por demás original y conducente con el creciente interés global por proteger y apoyar su desarrollo integral, establece el principio rector de promover condiciones que permitan su inclusión y participación plena y efectiva en la sociedad.

La persecución de la igualdad de los derechos de las personas discapacitadas no es ajena a los procesos sociales de producción y consumo de bienes culturales. De hecho, se encuentra íntimamente relacionada con la conformación de los valores civilizatorios actuales que ponderan la diversidad de la condición humana y el derecho a preservarla.

La legislación vigente en materia de patrocinio y amparo a la producción intelectual no contempla los mecanismos jurídicos apropiados que vuelvan viable la reproducción y accesibilidad de las producciones artísticas y culturales sin fines de lucro.

En este sentido, la normatividad actual aparece inequitativa e improcedente, particularmente en los aspectos relacionados con los procedimientos legales de transformación de formatos alternativos que las vuelvan accesibles a las diferencias cognoscitivas propias de las personas discapacitadas.

Esta laguna jurídica, provocada por el deficiente diseño de los esquemas regulatorios de producción artística será corregida con los cambios que se proponen en el dictamen, ampliando con ello los enunciados que estipulan excepciones y limitaciones del derecho de autor.

Las modificaciones propuestas facilitarán la inserción de los individuos con discapacidad en los distintos espacios que conforman la vida social, cumpliendo con ello la solicitud generalizada que demanda el pleno respeto a los derechos humanos, sea cual sea la condición de los individuos.

Esto permite fundar la obligación moral y práctica de disponer de los medios para que todos los individuos, independientemente de los impedimentos y condiciones limitativas que les afecten, vean resueltas sus necesidades en condiciones de igualdad.

Conseguir los instrumentos adecuados y efectivos que nos lleven por las rutas del bienestar generalizado, sustentable y equitativo, que promueva el desarrollo humano integral e incluyente de los individuos que en forma fortuita se encuentran en condiciones de desventaja y vulnerabilidad social, constituye un compromiso social que debe plasmarse en la construcción e implementación de programas y acciones corresponsables de los sectores público, social y privado.

Las barreras sociales y económicas, que resultan de la desigualdad en el acceso a la educación, el empleo y los servicios son las principales barreras a la inclusión social de las personas con discapacidad. A su vez, las barreras que impiden a las personas con discapacidad la participación en actividades culturales pueden ser institucionales, personales, sociales, del entorno o relacionadas con las percepciones y la concientización.

Sin embargo, las personas con discapacidad han tenido tradicionalmente reducidas posibilidades de ocio, entre otros motivos, por la imposibilidad de acceder físicamente a los espacios culturales, sus servicios y productos. De esta manera, parecen no haber sido considerados como colectivos particularmente interesantes por los profesionales del sector cultural y artístico.

Así, el resultado de una situación de desigualdad tira por la borda gran parte de la legislación vigente que pretende eliminar los casos de discriminación que se dan en el seno de la sociedad.

En México todavía falta mucho por hacer respecto a este tema, la legislación vigente no contempla disposiciones que permitan la construcción o reproducción de material cultural o artístico enfocado a personas con alguna discapacidad.

En México no se ha constituido un mercado o un número relevante de empresas que se dediquen a publicar materiales especiales para personas con discapacidad; al contrario, en la actualidad es muy limitado el número de obras artísticas y literarias en soportes accesibles que atiendan el universo de discapacidades.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano se muestra a favor del presente dictamen, ya que lo considera un avance importante en la construcción y reproducción del material artístico y cultural que permite acercar el mundo de las artes y la cultura a las personas con alguna discapacidad.

Recordemos que el universo de las personas con discapacidad constituye un sector de la población que requiere no solo de servicios educativos, sino de accesibilidad a las expresiones del arte y la cultura que les permita desarrollar sus cualidades cognitivas, a efecto de aspirar a una mejor calidad de vida. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Claudia Elena Águila Torres; creo que no se encuentra.

En consecuencia, finalmente la diputada María Angélica Magaña Zepeda, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada María Angélica Magaña Zepeda:Posicionamiento sobre el dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, que adiciona la fracción VIII del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que más de 5 millones de personas tienen alguna discapacidad, representando el 5 por ciento de la población nacional, específicamente el 58.3 padece algún problema para caminar o moverse, el 27.2 por ciento tiene una discapacidad visual, el 12.1 tiene un problema auditivo y el resto de la población se divide entre las personas que tienen un problema para hablar, problemas de aprendizaje y de tipo mental, ocasionando en múltiples casos se sitúen en un estado de indefensión para hacer valer sus derechos humanos, como es el caso del derecho al acceso a la cultura.

Las personas con discapacidad tienen el derecho de consultar obras artísticas y literarias; sin embargo, los materiales no son publicados con formatos especiales que se adapten a los métodos adecuados para cada tipo de discapacidad.

Una de nuestras labores legislativas es la formulación y la aprobación de reformas a las normas jurídicas buscando que ninguna persona se sitúe en un estado de indefensión y desventaja en el pleno ejercicio de sus derechos. Asimismo, que se elimine toda la forma de discriminación.

Por ello, debemos crear acciones tendientes a generar una sociedad más inclusiva, instar para que las personas tengan oportunidades y desarrollen sus habilidades.

Las personas con discapacidad deben de tener acceso a las diferentes expresiones culturales que les permitan desarrollar sus cualidades cognitivas, que sin duda mejorará la comunicación, el aprendizaje y el desenvolvimiento de actividades que permitan su inclusión a la sociedad; con ello, contribuir a minimizar los desajustes psicosociales, problemas de desintegración familiar, así como la marginación social.

Los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la iniciativa que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para establecer que las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no afecten la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, siendo posible la reproducción, adaptación y, en su caso, transformación de obras literarias o artísticas, de manera total o parcial, sin fines de lucro, con el objeto de hacerlas accesibles en lenguajes y sistemas de otros modos, medios y formatos especiales a una persona con discapacidad auditiva, visual o ambas, siempre y cuando se realice a partir de una copia legalmente obtenida.

Votemos a favor de esta iniciativa que incita a cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 1o. de la Carta Magna, donde señala tajantemente que queda prohibida toda discriminación motivada por las discapacidades que atentan contra la dignidad humana y que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este caso, el derecho al acceso a la cultura contemplado en el párrafo doce del artículo 4o. de nuestra Ley Suprema.

Si somos una sociedad incluyente de las personas con discapacidad, daremos un paso más para la igualdad y el bienestar de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de preparatoria del Colegio Guanajuato, procedentes del estado de Guanajuato, que vienen acompañados aquí por la directora del plantel, Lety Villegas. Les damos la más cordial bienvenida. Están aquí invitados por el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Bienvenidos todos a la sesión.

Voy a pedir a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz. ¿Nombre, diputada?

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla(desde la curul): A favor.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Manuel Arias Pallares(desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Alfonso Vildosola Lacarra (desde la curul): A favor.

La diputada Martha Gutiérrez Manrique (desde la curul): A favor.

La diputada Blanca Jiménez Castillo(desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El diputado Jaime Bonilla Valdez (desde la curul): A favor.

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales(desde la curul): A favor.

El diputado José Enrique Doger Guerrero(desde la curul): A favor.

El diputado Genaro Ruiz Arriaga(desde la curul): A favor.

La diputada María del Rocío García Olmedo(desde la curul): A favor.

La diputada Lazara Nelly González Aguilar(desde la curul): A favor.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (desde la curul): A favor.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo(desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz(desde la curul): A favor.

La diputada Claudia Elena Águila Torres(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Barrera Fortoul(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, se emitieron 451 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del bicentenario de los Sentimientos de la Nación.*

Está a discusión. Para fijar la posición de su grupo parlamentario tiene el uso de la voz la diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza reconoce que bajo el cambio de paradigma que está sufriendo el constitucionalismo mexicano, como consecuencia de la reforma del 10 de junio de 2011, a través de la cual se hace un reconocimiento expreso en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, se fortaleció esta manera el marco normativo de los derechos fundamentales en México.

Bajo dicho contexto, no podemos dejar de reconocer que el 13 de septiembre de 1813, en la inauguración del Congreso de Chilpancingo, el general José María Morelos y Pavón pronunció el documento denominado Sentimientos de la Nación, el cual es uno de los primeros antecedentes de la lucha por los derechos de la igualdad, propiedad, justicia y la libertad en México.

Derivado de ello, Nueva Alianza se suma al tributo que se comenta, de que en el marco del bicentenario del pronunciamiento del general José María Morelos y Pavón resulta conveniente que todos los mexicanos y todas las mexicanas tengamos en nuestras manos el recuerdo permanente de la importante lucha que se dio por alcanzar la soberanía e independencia de la nación mexicana a través de una moneda conmemorativa que sirva de recordatorio de todos los sacrificios y esfuerzos que ha significado forjar a México como país independiente, y lo lejos que aún estamos de crear un verdadero estado de derecho que vigile, tutele y respete los derechos humanos de los gobernados.

Es a través del documento Sentimientos de la Nación que don José María Morelos y Pavón proclamó de forma ordenada y sintética la plataforma de sociedades políticas y sociales que más tarde se tomaron en cuenta para la redacción del Decreto Constitucional para la Libertad del América Mexicana.

Los Sentimientos de la Nación constituyen uno de los textos políticos más importantes de nuestro país, mismo que delinea la nación que haría surgir un Estado soberano y libre de restricciones.

Conocer la historia nacional es una obligación para los mexicanos, porque los que queremos comprender el presente debemos estudiar el pasado, inspirarnos en el mismo para potenciar al desarrollo nacional, porque permite evocar las obras y hazañas de hombres y mujeres que trastocaron el devenir, inspirando las nuevas transformaciones y que a través de su voluntad nos apoyemos para crear una mejor nación.

Es por ello que el grupo parlamentario que represento, Nueva Alianza, votará a favor de la creación de la citada moneda conmemorativa, como tributo a tan valioso documento, e invito a que legislemos para concretizar el espíritu de José María Morelos y Pavón, en los Sentimientos de la Nación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano.

Saludo con mucho gusto a un grupo de estudiantes y docentes del Colegio Franco Inglés, invitados por el diputado Ricardo Monreal Ávila. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente. El 13 de septiembre de 1813, el general José María Morelos y Pavón pronunció el documento denominado Sentimientos de la Nación, el cual es considerado fuente directa de la Declaración de Independencia del 6 de noviembre de 1813 y de la Constitución de Apatzingán de octubre de 1814.

Han pasado 200 años desde que uno de los personajes más emblemáticos de la Independencia, preocupado por la situación del país, intentó fijar lineamientos mínimos para lograr la prosperidad de todos los mexicanos. A pesar de que han transcurrido dos centenarios, México no ha podido alcanzar los ideales estipulados en el documento; al contrario, ha consolidado las condiciones que mantienen en el rezago y la desigualdad al país.

El texto de Sentimientos de la Nación propone que nuestro país sea libre e independiente de cualquier otra nación, lo cual no podría estar más alejado de la realidad, ante los gobiernos entreguistas que han doblegado la soberanía nacional a intereses económicos transnacionales, haciendo que los funcionarios obedezcan a las demandas de extranjeros en detrimento de los ciudadanos mexicanos.

Asimismo, Morelos estipuló que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. ¿En realidad en nuestro país toma las decisiones la sociedad? Convencido de los beneficios de un sistema basado en pesos y contrapesos, el general José María Morelos argumentó que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberían estar divididos en cuerpos compatibles que permitieran su pleno ejercicio; sin embargo, esto no sucede en la práctica, ya que hemos presenciado a lo largo de esta Legislatura cómo se ha reducido el Congreso a una simple oficialía de partes.

Del mismo modo, el documento buscaba que las leyes moderaran la opulencia y que comprendieran a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados. ¿Podemos decir que esto se ha llevado a cabo, cuando en nuestro país se encuentra el hombre más rico del mundo, el cual se vale de los monopolios y de la poca efectividad de las leyes para acumular más fortuna, mientras millones de mexicanos subsisten con un salario que se ubica en 63 pesos, en promedio?

Por último, Morelos exigía que se eliminaran la infinidad de tributos e imposiciones que nos agobian, en una nación donde se ha preferido seguir imponiendo tasas impositivas al ya de por sí reducido poder adquisitivo de los ciudadanos, mientras existen maniobras que permiten a las grandes empresas evadir impuestos.

Los impuestos indirectos compuestos por el IVA, el IEPS e IDE, representan el 55.5 por ciento de las recaudaciones mexicanas —más del doble de lo que proporciona el ISR— sin embargo, se ha preferido seguir aumentándolos, en lugar de eliminar el régimen de consolidación fiscal del que se valen los consorcios para eludir millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto, nos resulta sorprendente que el dictamen que hoy nos compete exponga que la mejor manera de recordar la importante lucha que el general José María Morelos y Pavón emprendió sea a través de la expedición de una moneda conmemorativa.

En Movimiento Ciudadano consideramos que el recuerdo que los mexicanos deben de llevar no se encuentra tan solo en la cuña de un metal, sino en la realización de los ideales que buscaban la igualdad, la justicia y la libertad del país.

Los ciudadanos exigen políticas que mitiguen la desigualdad en la que se vive día a día, que les permitan aumentar sus ingresos, que les ofrezcan una educación de calidad y que se generen empleos. De esta manera, se honrará la memoria de un documento que buscó mejorar las condiciones de los mexicanos y no simplemente a través de una moneda que exalta propósitos que en 200 años jamás han sido puestos en práctica.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se abstendrá de votar en el presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Silvano Blanco Deaquino.

El diputado Silvano Blanco Deaquino:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con el permiso de las compañeras y compañeros diputados. El día de hoy nosotros, como integrantes de la Comisión de Hacienda, con gusto esta iniciativa la avalamos. Esa moneda conmemorativa de los 200 años de los Sentimientos de la Nación es algo que tiene mucha importancia para el país, pero de manera muy particular a nuestro estado nativo, el estado de Guerrero.

Cómo hace 200 años, Morelos, que a final de cuentas durante prácticamente cinco años fue quien estuvo abanderando esa guerra de Independencia y gran parte de sus actividades, sus campañas las realizó precisamente en el estado de Guerrero con la toma del Fuerte San Diego y posteriormente se da este hecho histórico, el cual permite dar este documento al país, que es un documento de avanzada, los Sentimientos de la Nación.

Queremos señalar con mucha puntualidad que efectivamente lo que planteaba Morelos en aquél entonces en esos documentos, en su artículo 12, que señala que, como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Es decir, la visión Morelos, en este sentido.

En nuestro país no se ha moderado esta desigualdad. Vemos cómo tenemos, precisamente creado por el propio sistema, una casta de gentes que están ubicados en los hombres más ricos del mundo y vemos cómo tenemos millones de mexicanos que se mueren de hambre día con día.

Digo, esa pretensión de Morelos desde hace dos siglos, por supuesto que en este país todavía no se ha subsanado esa grave deficiencia que hay y ahora este gobierno descubre que hay hambre en nuestro país y hace esa Cruzada Nacional contra el Hambre, precisamente y es una simulación más de lo mucho que se ha hecho, porque efectivamente nunca van al fondo del asunto a resolver, realmente la problemática que hay en nuestro país.

Puntualizar que esos postulados de Morelos, donde efectivamente ahí retoma las características que debería tener una sociedad democrática de igualdad, de libertad, la propia seguridad jurídica de los mexicanos es un anhelo que todavía tampoco se cumple y que hay que seguir luchando en ese sentido.

En este momento, nuestro Estado se encuentra en una situación muy difícil, muy compleja, pero es derivado de lo mismo, de esas prácticas nocivas de la federación, que centraliza todo y que no tiene ningún proyecto de desarrollo regional a estados como Guerrero, que le ha dado mucho a nuestro país.

Nosotros en el estado hemos estado acostumbrados durante siglos a luchar y a dar la cara y pelear por nuestro país, por eso representamos dignamente a este estado y por eso hemos estado aquí impulsando efectivamente de que esta Cámara actúe con dignidad, actúe con decoro.

Es un anhelo también, como el que tenía Morelos, es una ilusión que uno tiene, que efectivamente este Congreso realmente sea digno, que sea un Congreso que realmente responda a las necesidades de los ciudadanos y que no responda a los intereses de los empresarios, que no respondan al gobernante en turno, como era en aquel entonces. Pero esto sigue siendo también un anhelo de aquellos que tenemos esa visión, que debemos de luchar porque el estado de cosas cambie, porque efectivamente se modifique esa situación en la cual todavía viven millones y millones de mexicanos, y de manera muy particular, paisanos en nuestro estado, que —reitero— en este momento todavía se mueren de hambre, efectivamente, por esas políticas equivocadas que hemos tenido en el país en los últimos años y que en lo personal tengo mis reservas, efectivamente, de que este gobierno, con esa Cruzada Nacional contra el Hambre, realmente vaya a ser efectiva.

Es una simulación más, estoy convencido de eso. A final de cuentas vamos a ver al término de este periodo de que no se pudo lograr y no se pudo hacer nada, en relación a millones y millones de mexicanos y en este caso miles de guerrerenses que viven en esa situación. Digo, estamos convencidos, porque conocemos precisamente que son prácticas cínicas y demagógicas nada más y que se pretende ocultar la situación real que vive nuestro país.

Por eso nosotros honramos decididamente la lucha de Morelos y estamos plenamente convencidos que debemos de continuar los lineamientos que Morelos nos marcó en los Sentimientos de la Nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Le ruego a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero saludar y dar la bienvenida a la Cámara de Diputados a un grupo de alumnos de la Escuela Primaria Taller Cencalli, del municipio de Naucalpan, estado de México, que están aquí invitados por la diputada Irazema González Martínez. Bienvenidos a la sesión y a la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 418 votos a favor, 16 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 418 votos el proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

RECESO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 12:29 horas): Compañeras y compañeros diputados, en este momento se declara un receso para llevar a cabo la sesión solemne en la que la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, al ciudadano Jacobo Zabludovsky.

(Receso)

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado José González Morfín (a las 13:53 horas): Se reanuda la sesión ordinaria.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66, y adiciona los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66, y adiciona el 12 y 13 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 85, 176 y 95, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. El 15 de noviembre de 2012, los senadores Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI), Daniel Amador Gaxiola (PRI), Fidel Demédicis Hidalgo (PRD), Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM), Víctor Hermosillo y Celada (PAN), Ismael Hernández Deras (PRI), Raúl Morón Orozco (PRD), Martha Palafox Gutiérrez (PT), Claudia Artemiza Pavlovich Arellano (PRI), Raúl Aarón Pozos Lanz (PRI), Mely Romero Celis (PRI), Juan Carlos Romero Hicks (PAN) y María Marcela Torres Peimbert (PAN) presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores en la LXII Legislatura iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación.

2. El dictamen correspondiente a la iniciativa señalada en el punto anterior fue presentado por las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos al pleno de la Cámara de Senadores el 20 de diciembre de 2012. El proyecto de decreto se aprobó por unanimidad de 90 votos y en esa misma fecha se pasó a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El 21 de diciembre de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades legales, turnó la minuta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

4. En esa misma fecha, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio acuse de recibo e inició el análisis de la minuta en cuestión.

II. Contenido de la minuta

La Minuta tiene el propósito de adecuar la Ley General de Educación a la reforma del artículo 30 constitucional que establece el carácter obligatorio de la educación media superior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012. Señalan los senadores que en la citada reforma se especifica la obligación del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, de realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia dentro de los 180 días siguientes a la publicación del decreto.

La colegisladora hace hincapié en que durante la última década la matrícula en educación media superior ha crecido a una tasa media anual de 3.3 por ciento, y en el ciclo escolar 2011-2012 la matrícula alcanzó los 4.3 millones de jóvenes en la modalidad escolarizada; no obstante, aún existe el reto de aumentar el porcentaje de estudiantes que concluyen este nivel puesto que en el 2007 sólo lo logró el 47 por ciento de los inscritos.

Los senadores realizan un exhaustivo recuento de las modalidades en que se ofrece este nivel educativo en nuestro país y señalan la falta de compatibilidad entre opciones y la ausencia de coordinación entre instancias que las ofrecen, “aunque existen similitudes entre las categorías y opciones administradas por el gobierno federal y las que ofrecen las entidades federativas, lo cierto es que cada institución tiene disposiciones normativas propias y opera, al menos, un plan de estudios distinto; además, no hay vínculos y comunicación entre instituciones”.

De esta manera se concluye en la necesidad de establecer el marco curricular común. Citan un estudio de Aaron Benavot:

en el que se afirma “que en la mayoría de las regiones ha decrecido el porcentaje de países que ofertan programas vocacionales, técnicos o tecnológicos. Y aunque muchas naciones siguen ofreciendo alternativas orientadas al trabajo, éstas han dejado de estar asociadas directamente con un oficio en particular y ahora incorporan elementos de educación general. La discusión no se centra más en cómo impartir la educación vocacional, sino en incorporar elementos vocacionales básicos en la educación general, de manera que ofrezca una formación relevante, independientemente del destino de los egresados”.

En este sentido, la colegisladora establece que “el proyecto de decreto presentado por las dictaminadoras no pretende crear una plataforma curricular única aplicable a todas las instituciones de educación media superior, sino un mecanismo que posibilite un marco curricular común que defina un perfil de egreso de quien concluye exitosamente este tipo educativo y que, de manera transversal, permee los sistemas de bachillerato tecnológico, bachillerato general y bachillerato profesional técnico, con pleno respeto a sus características, modalidades y localidad”.

El proyecto de decreto se formula en los siguientes términos:

Artículo 3o.El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 4o. ...

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Artículo 9o.Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a IX. ...

IX Bis. Coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

X. a XIV. ...

Artículo 13. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a VI. ...

VI Bis. Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

VII. a IX. ...

Artículo 37. ...

El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo.

...

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

...

II. a VII. ...

Artículo 66. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;

II. a V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se realizará conforme lo disponen los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso e) de la fracción II y la fracción V del artículo 30, y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

III. Consideraciones

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, comparte con los Senadores promoventes de las iniciativas que dieron origen a la minuta en análisis las preocupaciones acerca de la cobertura y la calidad de la educación media superior (EMS) que actualmente se brinda en el sistema educativo nacional.

Además de atender la obligación del Congreso respecto a las modificaciones que armonicen las leyes secundarias con la citada reforma constitucional, los miembros de esta comisión consideramos impostergable el establecimiento de legislación específica para ese nivel educativo, definiendo de manera clara las competencias de cada ámbito de gobierno, las finalidades de la educación media superior y las pautas para normar su funcionamiento más eficiente y de mayor calidad, entre otros elementos.

Con base en estas consideraciones, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos manifiesta su acuerdo, en lo general y lo particular, con el propósito del Proyecto de Decreto de la presente minuta.

Las instituciones que ofrecen EMS en nuestro país dependen de la federación, los estados, los municipios, de particulares o bien de universidades autónomas. Salvo el último caso -las escuelas de educación media superior que dependen de universidades autónomas, con legislación específica- todas las demás están reguladas por la Ley General de Educación, de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 10 del mismo instrumento jurídico.

En este sentido, la EMS no está al margen de los fines establecidos en la CPEUM y la LGE para toda la educación impartida por las escuelas que forman parte del sistema educativo nacional, es decir, las públicas y las particulares con autorización. En el marco de los propósitos ya establecidos, se considera adecuado el establecimiento del llamado marco curricular común (MCC) puesto que aporta especificidad a los propósitos educativos de la EMS.

Se considera que el MCC resulta pertinente para establecer los elementos formativos básicos de los servicios de educación media superior; constituiría una parte del perfil de egreso de las diferentes modalidades y su complemento sería la formación específica en función de si se trata de bachillerato propedéutico, bivalente o de formación profesional técnica. Queda claro que no se espera un perfil de egreso único en las diferentes modalidades, pero se busca abrir las posibilidades de formación para los jóvenes al ofrecer una visión más integral, lo cual se espera repercuta en la competitividad individual y colectiva en el mundo actual.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación sea remitido al Ejecutivo para efecto de que, si no tuviere observaciones que hacer, lo publique inmediatamente.

Por lo anterior, y una vez analizada la minuta materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66; y adiciona los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforman los artículos 3o.; 4o., segundo párrafo; 9o.; 37, segundo párrafo; 65, primer párrafo de la fracción I; y 66, fracción I; y se adicionan la fracción IX Bis al artículo 12; y la fracción VI Bis al artículo 13, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 4o. ...

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a IX. ...

IX Bis. Coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

X. a XIV. ...

Artículo 13.Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a VI. ...

VI Bis. Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa;

VII. a IX. ...

Artículo 37. ...

El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo.

...

Artículo 65.Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

...

II. a VII. ...

Artículo 66. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;

II. a V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se realizará conforme lo disponen los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente Decreto.

Notas:

1 OCDE (2012). Panorama de la educación 2012. México. OCDE.

2 Benavot, Aaron (2006). “La diversificación en la educación secundaria: Currículos escolares desde la perspectiva comparada”, Profesorado: Revista de currículum y formación del profesorado 10 (1): 1­29. http://www.ugr.es/-recfpro/Revl01.htmI

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Días Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Par fundamentar el dictamen...

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame. Sonido en la curul de la diputada Carpinteyro, por favor. Dígame, diputada.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente, solo comentar que finalmente ya fue aprobada la reforma a los artículos 6o., 7o., 27, 28 y demás, correspondientes a la reforma de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión y que ahora procederá su trámite en todas las Legislaturas de los estados. Quería obviamente compartir esto con todos los miembros de esta honorable asamblea, porque somos responsables de éste, que va a ser el cambio fundamental para precisamente abrir a la pluralidad de voces los medios de comunicación, para contar con la información, para ser verdaderamente libres. Muchas felicidades a todos por el trabajo realizado en esa reforma.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Comparto su comentario. También celebro la aprobación de esa reforma, y que ya vaya rumbo a las Legislaturas de los estados.

Para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la voz el diputado Gaudencio Hernández Burgos, hasta por cinco minutos.

El diputado Gaudencio Hernández Burgos:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hablar de educación es hablar de bienestar y prosperidad para el país, del bienestar de la sociedad y, sobre todo, es hablar del bienestar de nuestros niños y nuestros jóvenes.

Durante mucho tiempo el Estado no consideró la educación media superior obligatoria; sin embargo, con la publicación del decreto que reformó los artículos 3o. y 31 de nuestra Constitución se le otorgó este carácter.

La educación ha sido una herramienta que contribuye al mejoramiento de nuestra sociedad; es el caso que en la actualidad cursar la educación básica ya no es suficiente para lograr un desarrollo profesional óptimo, pues día a día se presentan nuevas exigencias, las cuales solo a base de conocimiento las podrán superar nuestros jóvenes, por lo que el hecho de que se proyecte la referida reforma constitucional hacia el texto reglamentario debe ser motivo para impulsar el desarrollo de la educación media superior. Que el Estado se preocupe por la juventud de nuestro país sin duda llevará a que estos se preocupen por el Estado.

El brindarles la educación que necesitan permitirá que se alejen de caminos incorrectos, que no caigan en la vagancia o se integren a la delincuencia, sino que cada vez veamos a un número mayor de jóvenes integrar las filas de la educación y del conocimiento.

Con las reformas que hoy tenemos a nuestra consideración se logrará dar un paso adelante para que la cobertura educativa sea del 100 por ciento, terminando con el rezago educativo, que en la actualidad sigue presente.

Con estas reformas se establecerán las bases que tendrán que seguir las escuelas que impartan la educación media superior, instaurando así un marco curricular común que sea respetuoso de la autonomía de las universidades, pero que aporte una visión más integral de este segmento del sistema educativo nacional.

Compañeras y compañeros legisladores, debemos continuar apoyando la educación de nuestro país. No olvidemos que los jóvenes son el futuro y que solo con el estudio se tendrá un estudio digno, de ahí nuestro voto favorable para este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene el uso de la tribuna la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, para las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para quienes la educación de las niñas, niños y jóvenes mexicanos es una de nuestras principales motivaciones y ejes prioritarios de nuestra agenda, la armonización de la Ley General de Educación con la reforma a los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación, que desde febrero de 2012 establece la obligatoriedad de la educación media superior, es apenas el primer paso hacia el cumplimiento de una deuda que mantiene la nación con miles de jóvenes de este país.

Es menester reconocer que este paso decisivo en la responsabilidad del Estado mexicano de brindar servicios educativos gratuitos, laicos y de calidad a los jóvenes mexicanos hasta que alcancen en promedio la mayoría de edad, es decir, hasta concluir el nivel educativo medio superior, nos convoca a todos los actores involucrados en el proceso educativo a hacernos cargo de que esta reforma en la ley se cumpla efectivamente en la realidad, tal y como se establece en la reforma constitucional que se materializa hoy en la Ley General de Educación.

Tenemos la enorme responsabilidad de garantizar que de manera gradual se vayan ampliando las oportunidades de acceso a la educación media superior hasta lograr que en el ciclo escolar 2021-2022, todos y todas las jóvenes mexicanas que demanden el servicio encuentren cabida.

Estamos conscientes de que el paso establecido es muy largo, si pensamos en la urgente necesidad de atender a miles de jóvenes que no han encontrado lugar en las escuelas públicas, pero debemos reconocer que es necesario resolver enormes rezagos y carencias en materia de infraestructura, equipamiento, financiamiento, así como las necesidades de enfrentar los retos de contar con personal docente, administrativo, manual, entre otros, suficiente para dar respuesta a las necesidades que esta disposición obliga, lo mismo que para capacitar y actualizar al personal con que ya se cuenta y demás rubros que es obligatorio atender.

Por ello, con profundo compromiso y plena convicción nos pronunciamos a favor de este dictamen, sabedores que la realidad no se transforma por decreto; estamos ciertos de que no basta con hacer obligatoria la educación media superior en tanto no vigilemos que existen y se ejerzan con eficacia los recursos suficientes para que esa obligación se cumpla en los plazos y en los términos establecidos, para garantizar la creación de las suficientes oportunidades y opciones educativas de modo que todas las familias de este país estén en posibilidades de cumplir con esta obligación constitucional de procurar que sus hijos e hijas alcancen hasta la educación media superior.

No es de ninguna manera suficiente elevar el número obligatorio de grados a estudiar para formar a los jóvenes con las aptitudes, los conocimientos y los perfiles que reclama la realidad socioproductiva de un país inserto en la globalidad, el Estado mexicano está obligado también a evitar que sigan formándose generaciones de jóvenes desempleados, tanto por falta de oportunidades en el mercado laboral, como porque la educación escolarizada que reciben no se vincula con los requerimientos del sector productivo del país.

Eso exige no solamente ampliar la cobertura y elevar la calidad, sino también la pertinencia. Lo que reclama hacer un esfuerzo enorme para que los contenidos educativos de los programas y los perfiles respondan a un marco curricular común, pero también a la realidad actual de nuestro país, a los objetivos que nos proponemos alcanzar y, por supuesto, ubicarlos en completa sinergia con los requerimientos del mundo productivo.

Esto significa que con la reforma de ley debemos emprender también una transformación de la realidad. La aplicación de la oferta educativa a nivel medio superior es el primer lugar de obligación del Estado, pero debe generar las condiciones para que los jóvenes mexicanos y sus familias cumplan con la parte que les toca.

Nos corresponde a nosotros, los integrantes del Constituyente Permanente, garantizar que la obligatoriedad de la educación media superior no sea letra muerta; que no quede como un legado de buenas intenciones, como ha sucedido con reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en el pasado.

Baste recordar que tenemos, entre las asignaturas pendientes de cumplir, la obligación del Estado de otorgar educación preescolar, así como de destinar recursos crecientes hasta alcanzar el 8 por ciento del producto interno bruto del país a la educación pública.

Apostemos fuerte, y como nunca, por una educación pública de calidad y de pertinencia para todos los niveles, para todos los niños, niñas y jóvenes de este país. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, respecto al dictamen sobre la minuta que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos ha presentado ante el pleno de esta soberanía, relativo a incorporar a la Ley General de Educación la reciente modificación al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la que se estableció el carácter obligatorio de la educación media superior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta su total apoyo.

Los argumentos que en su momento la colegisladora presentó a su pleno son sólidos, porque hacen mención a una realidad que no acepta dudas ni contradicciones; en efecto, la educación en general en nuestro país tiene un nivel elemental en términos de asignación presupuestal, porque no alcanzamos el 8 por ciento del producto interno bruto que recomiendan diversos organismos multilaterales, entre ellos la OCDE, indispensables para generar ciudadanos debidamente preparados para los embates de la vida cotidiana.

Ello propicia que la infraestructura necesaria para cumplir con los fines de la educación en nuestro país sea limitada, no solo por la falta de aulas y escuelas, consecuentemente de docentes capacitados, de equipamiento adecuado a las circunstancias y, en fin, todo el entorno requerido para que los educandos reciban conocimientos de calidad.

La deserción escolar en esta etapa de la educación en México es muy elevada debido a multitud de factores que inciden en el hecho de que los jóvenes abandonen sus estudios, principalmente por la pobreza secular de sus familias que los obliga a desertar de las aulas para generar ingresos que ayuden al sostén de su entorno. De ahí que el Constituyente haya legislado atinadamente para establecer el carácter obligatorio de la educación media superior en el país.

No pensamos que solo porque en la Carta Magna se mandata esa obligatoriedad el problema está resuelto, ese es un primer paso importantísimo para obtener el objetivo que los tres niveles de gobierno nos hemos fijado: el obtener para nuestros jóvenes educación de primera calidad.

Por lo anterior, las adecuaciones propuestas a la Ley General de Educación son plausibles, porque además se acata con el mandato constitucional invocado líneas arriba. En mérito de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen en comento. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas, de Movimiento Ciudadano.

Aprovecho para saludar a un grupo de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo I, que están hoy aquí invitados por la diputada Paulina del Moral Vela.

También a un grupo de estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en ciencias políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que invitó el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez. Bienvenidos todos y todas a la sesión. Adelante, diputada.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su venia, señor presidente. En México, múltiples reportes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico sobre la calidad de la educación en el país, revelan que desde hace varias décadas se enfrenta una gravísima crisis en el modelo de formación académica; la cuestión es preocupante, si se estima que en México de 100 estudiantes que entran al sistema escolar solo 36 terminan el bachillerato.

Actualmente la educación está más cerca de su privatización que de la calidad que el pueblo mexicano necesita y exige. Los ejemplos del detrimento de nuestra educación son variados, desde la poca inversión por parte de la iniciativa privada, hasta la falta de lugares en el nivel superior, donde año con año miles de jóvenes son rechazados de las instituciones.

El 90 por ciento de los jóvenes que aspiran ingresar a la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México fueron rechazados. Dichos resultados, revelados a través de su portal de Internet, muestran que de los 62 mil 682 estudiantes que presentaron el examen, solo 6 mil 500 lograron ingresar; es decir, solo el 10.3 por ciento obtuvo lugar en alguna de las 99 carreras que imparte la institución.

Nuestro país ocupa el último lugar de los países que integran la OCDE en materia de aprovechamiento educativo. Al respecto, el Estado mexicano, en virtud de poder revertir estos resultados, ha implementado diferentes pruebas para evaluar la calidad de la educación, como el programa para la evaluación PISA, los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo, y la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, ENLACE; sin embargo y además de que los resultados han sido desastrosos, estas medidas siguen resultando insuficientes.

La Organización Internacional del Trabajo, señala que 21 por ciento de los jóvenes mexicanos entre 14 y 29 años no estudia ni trabaja, hecho que a su vez desencadena otros inconvenientes; por un lado, la incursión de actividades delictivas por parte de estos jóvenes para generar ingresos, y por otro, la migración de nuestro capital intelectual a otros países.

La reciente reforma en materia de educación, donde se eleva a rango constitucional la obligación del Estado para la impartición del medio superior, parece ser un avance importante; sin embargo, la normatividad secundaria no se ha armonizado con los cambios mencionados a fin de dar certeza en su aplicación.

Existe una problemática importante respecto a la falta de coordinación y comunicación entre las instituciones públicas y privadas del nivel superior en algunas regiones, que no han permitido que los alumnos que concluyen este nivel mantengan un mínimo de conocimiento integral. Muchas de estas instituciones ofertan programas vocacionales, técnicos o tecnológicos, que no incorporan elementos vocacionales básicos en la educación general y, por lo tanto, no existe una formación relevante que le permita desenvolverse competentemente en el mercado laboral.

Por lo anterior, el dictamen a discusión pretende reformar la Ley General de Educación Pública, a fin de eliminar la falta de compatibilidad y la ausencia de coordinación entre las instancias que ofrecen el nivel medio superior, ya que cada institución tiene disposiciones normativas propias y opera —al menos— un plan de estudios distinto.

Con esta reforma se pretende armonizar la legislación secundaria conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con respecto a la educación, además de abrir las posibilidades de formación para los jóvenes, al ofrecer una visión más integral, lo cual repercutirá individual y colectivamente en el mundo actual.

De esta manera, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se muestra a favor del presente dictamen; sin embargo, hay que sumar programas de movilidad de estudiantes, cursos y créditos compartidos, movilidad de profesores, investigadores y proyectos académicos en la red, a nivel nacional.

Recordemos que la educación es el pilar fundamental de un país; el conocimiento que se genera a partir de ella se ha convertido en el motor económico de las sociedades modernas, las cuales afianzan su prosperidad a través de su innovación tecnológica y la exportación de su capital intelectual.

En este contexto debemos comenzar a entender, ¿qué es la educación, por encima de todo? La fuente que posicionará a México en la escala de la competencia mundial, y seguirnos replanteando para qué queremos educación en México. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su venia, señor presidente. No cabe duda de que la educación es un poderoso instrumento para promover la movilidad social creciente para nuestro país; sin embargo, la desigual distribución de oportunidades en muchos países de Latinoamérica implica que el acceso a los servicios educativos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos sea escaso para algunos de los estratos más pobres de la sociedad.

El nivel de educación alcanzado por los estudiantes de estos segmentos de la población se ha estancado en la educación secundaria y en muchos casos quienes egresan de ésta, a consecuencia de las deficiencias e insuficiencias en los procesos de formación, no poseen las competencias y capacidades que se supone deben adquirir y que son necesarias para acceder a los niveles educativos superiores o para integrarse al mercado laboral.

Para hacer frente a los desafíos que plantea el tema de la educación en nuestro país, desde esta soberanía se han impulsado diversas medidas para promover la inversión en el desarrollo de la infraestructura educativa y del aumento de la calidad de la educación pública en el país, a través del establecimiento de sistemas de evaluación modernos, de la creación de incentivos para los profesores y de la dotación de los insumos necesarios para que los alumnos no tengan otra preocupación más que aprender.

Asimismo, en los últimos tiempos, en lo que respecta particularmente a los sistemas de educación media superior y superior, tanto el Poder Legislativo federal como las Legislaturas locales han impulsado políticas a favor de la misma, como por ejemplo las reformas encaminadas al financiamiento de carreras universitarias mediante becas y préstamos bancarios; sin embargo, uno de los pasos más significativos que México ha dado recientemente para el fortalecimiento de nuestro sistema educativo es la reforma constitucional a través de la cual la educación media superior adquirió el carácter de obligatoria.

A finales de 2011, una tercera parte de los 6 millones 710 mil jóvenes de entre 15 y 17 que había en el país estaban excluidos de la educación media superior. Esto es, casi 2 millones 200 mil jóvenes en edad normativa para cursar el bachillerato no asistía a la escuela. La finalidad de la reforma fue precisamente subsanar ese problema.

Si bien al aprobarse la obligatoriedad del bachillerato se planteó que la medida repercutiría de manera directa en la generación de mayores oportunidades de desarrollo para la juventud mexicana, también se advirtió que los resultados de ésta se irían materializando de modo gradual, dado que su instrumentación dio inicio en el ciclo escolar 2012 y terminaría hasta el año 2022. Asimismo se dejó constancia de que las implicaciones de esta reforma de tal magnitud obligarían al Poder Legislativo a seguir legislando en esta materia para garantizar que la reforma tuviera mejores y mayores alcances.

El día de hoy estamos aquí reunidos con el objeto de discutir una reforma a la Ley General de Educación encaminada a crear las condiciones que permitan contar con un subsistema de educación media superior y de capacitación para el trabajo consolidado, y listo para afrontar adecuadamente los retos globales que el desarrollo y la competitividad del país se plantean.

Cabe señalar que no basta con ampliar la cobertura del sistema de educación pública en el nivel medio superior, sino que es necesario garantizar que la formación que reciben los educandos sea de calidad y resulte además funcional. No se puede soslayar que uno de los problemas más acentuados en nuestro sistema educativo es la escasa capacidad para satisfacer la demanda de mano de obra que requiere el sector productivo.

De acuerdo con el foro México 2013, políticas públicas para un desarrollo incluyente, un estudio realizado por la consultora Mckinsey señala que el 40 por ciento de los jóvenes en México no tienen un empleo relacionado con su área de estudio, mientras que a las empresas que tienen vacantes, 4 de cada 10 les cuesta mucho llenar una vacante, porque no encuentran los perfiles que necesitan, los perfiles adecuados.

En este sentido, se considera necesario el establecimiento de un marco curricular común en el sistema de educación media superior, que establezca los elementos formativos básicos de los servicios de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, de tal manera que se constituye una parte del perfil de egreso de las diferentes modalidades y su complemento sea la formación específica en función del tipo de bachillerato del que se trata.

Con medidas como éstas se busca encontrar, en el ámbito de nuestra competencia, la mejor forma de impulsar y perfeccionar nuestro sistema educativo, lo cual es uno de los temas prioritarios para el Grupo Parlamentario del Partido Verde, por lo cual se votará a favor de este decreto. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Ruego a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Señor presidente, se emitieron a favor 430, 2 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 430 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66 y adiciona los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE USO Y REGULACION DE TECNOLOGIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82 numeral 1, 85, 176 Y 95 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. El 13 de noviembre de 2008 el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VII del artículo 7 de la Ley General de Educación. La propuesta tiene el propósito de incluir, entre los fines de la educación impartida por el estado, el compromiso de fomentar el desarrollo de capacidades para la comprensión y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

2. El 27 de mayo de 2009 el senador Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 7o.; y se adicionan la fracción V Bis al artículo 14, y un segundo párrafo al artículo 42 de la Ley General de Educación. El objeto de la propuesta consiste en fomentar el uso responsable de las innovaciones científicas y tecnológicas.

3. El 14 de julio de 2010, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVI del artículo 7 de la Ley General de Educación. El texto normativo propuesto tiene el propósito de establecer que la educación que imparta el estado tenga como objetivos, además de los previstos actualmente en la Constitución y la ley en la materia, los de promover una cultura tecnológica y una educación globalizada.

4. El 7 de diciembre de 2010 la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción VII Bis al artículo 7o., y los artículos 53 Bis y 53 Ter a la Ley General de Educación. La iniciativa propone incluir, entre los fines de la educación impartida por el estado, el compromiso de documentar y difundir el uso seguro de Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en tanto auxiliares en la investigación y el desarrollo de los contenidos educativos.

5. Con fecha 18 de octubre de 2011 fue aprobado por el Senado de la República, con 78 votos, el proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación.

6. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó remitir la minuta aprobada a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Con fecha 20 de octubre de 2011, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la minuta con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 4961.

8. Con fecha 23 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó el acuerdo relativo a los asuntos que no llegaron a resolver las Comisiones de la LXI Legislatura, por el cual se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.

9. El 20 de diciembre de 2013 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados solicitó y obtuvo de la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender el asunto turnado, por lo cual se encuentra en plazo vigente para su dictamen.

II. Descripción de la minuta

En las consideraciones votadas favorablemente por el Senado de la República se hace referencia a aspectos generales sobre la Ley General de Educación, tales como sus objetivos, alcances y el establecimiento que realiza de la concurrencia de los distintos órdenes de gobierno, los organismos descentralizados y los particulares involucrados en el servicio educativo.

En seguida es abordado el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, al referir que su uso responsable y seguro constituye uno de los recientes desafíos de los sistemas jurídicos y judiciales en el mundo. Y añaden que el marco legal que regula la Sociedad de la Información y Conocimiento -en particular Internet y las redes sociales digitales- avanza lentamente en comparación con el desarrollo de nuevas aplicaciones y contenidos, tiene una serie de vacíos y contiene tensiones importantes en los valores que le inspira y en la forma de proteger los distintos derechos.

Los senadores aseguran que es prioritario el establecimiento de dispositivos legales -desde los enfoques normativo y de políticas públicas- para enfrentar los aspectos relacionados con la Sociedad de la Información y Conocimiento, en especial del Internet y las redes sociales digitales, fundamentalmente por medio de la educación, considerando la participación activa de los menores, de los padres u otras personas a cargo de su cuidado, y de las autoridades educativas, tomando en consideración como principio fundamental el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Con base en ese argumento, los legisladores sostienen que es necesario adicionar la fracción VII del artículo 70 de la Ley General de Educación, a efecto de que, entre los fines de la educación impartida por el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial, se incluya el desarrollo de capacidades para la comprensión y aplicación responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

En el mismo sentido, señalan que la norma debe involucrar a las autoridades educativas en la promoción del uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por lo que el proyecto de decreto aprobado por el Senado contiene la adición de una fracción V Bis al artículo 12 y una fracción X Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación, con el propósito de establecer como atribución de las autoridades educativas fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación.

Respecto de las reformas aprobadas por la Cámara de Senadores, mencionan brevemente que éstas retoman los trabajos que dieron pie al Memorándum de Montevideo, que dedica un capítulo de sugerencias a los poderes legislativos de los países latinoamericanos en materia de TIC.

Finalmente y de acuerdo con las consideraciones votadas favorablemente por el Senado de la República, la minuta contiene el proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a VI. ...

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como el desarrollo de capacidades para la comprensión y aplicación responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

VIII. a la XVI. ...

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a V. ...

V Bis. Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento;

VI. ... a XIV. ...

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a la X. ...

X Bis. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento;

XI. a la XIII. ...

III. Consideraciones generales

Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos damos cuenta de las reformas votadas favorablemente por el Senado de la República, así como de las consideraciones e inquietudes que exponen en el dictamen aprobado.

Como lo hemos hecho en análisis previos, esta comisión sostiene y reconoce que, en el ámbito educativo, el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede contribuir al acceso universal a la educación, a la equidad, a la labor y el desarrollo profesional de los educadores y a una dirección y administración eficiente del sistema educativo.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), las TIC pueden contribuir al fortalecimiento y la gestión de la planificación educativa, ampliando el acceso al aprendizaje, mejorando la calidad y garantizando la integración, y señala que, por ejemplo, donde los recursos son escasos, la utilización prudente de materiales de fuente abierta por medio de las TIC puede contribuir a superar los atascos que genera la tarea de producir, distribuir y actualizar manuales escolares.

En otro orden de ideas, creemos que el creciente acceso que niñas, niños y jóvenes tienen a los distintos sistemas de comunicación les permite gozar de grandes beneficios, pero al mismo tiempo, debe reconocerse que también puede acercarles a diversos riesgos de los que pueden ser víctimas, tales como la discriminación, violencia, explotación sexual, pornografía, entre otros.

En el caso particular del Internet y las redes sociales digitales a que hacen referencia los senadores, es de reconocerse que niños, jóvenes y adultos somos susceptibles de riesgos para la privacidad y otros no virtuales como el fraude y el robo de identidad. Respecto de estos riesgos, Carlos G. Gregorio, doctor en derecho y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, señala que los niños, niñas y adolescentes tienen más altos riesgos por su doble condición de nativos digitales y grupo vulnerable.

El autor añade que para niños y adolescentes los riesgos son muy angustiantes, ya que en un instante pueden pasar de un ambiente de juego y comunicación a estar siendo molestados o acosados por contenidos o personas que tratan de aprovecharse de ellos. Como nativos digitales, niños y jóvenes han incorporado formas de socialización de las que les es muy difícil prescindir, pero las fallas que rodea la intervención en Internet genera la situación en que niños y adolescentes son tanto víctimas como victimarios.

En la Comisión de Educación reconocemos las contribuciones que, a través de un adecuado uso, pueden las TIC traer a la educación, y que el acceso a las herramientas propias de estas tecnologías no pueden ser retiradas a niñas, niños y jóvenes, sin embargo, comprendemos que para que exista una evolución armoniosa de su uso, debe generarse el marco normativo que lo regule y poner a disposición de los usuarios información al respecto.

Acerca de la mención que el Senado hace al Memorándum de Montevideo sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes (en lo sucesivo: Memorándum de Montevideo), cabe señalar que este documento fue la consecuencia del Informe de Investigación de la Comisión de Protección de Datos Personales de Canadá sobre Facebook (julio de 2009). En nuestro país, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos presentó el Memorándum de Montevideo el 3 de diciembre de 2009, con el objetivo de promover el respeto a la privacidad y datos personales de los menores de edad en las redes sociales en Internet.

Durante la presentación se expresó el interés de colocar el tema en la agenda de discusión nacional, y que todos los actores involucrados retomen la responsabilidad que les corresponde a fin de promover la adopción de políticas y estrategias de protección de los derechos de la niñez frente a las nuevas tecnologías.

Respecto del tema que nos ocupa, durante la presentación del Memorándum de Montevideo se llegó a acuerdos que involucran a la educación por considerarla el proceso más importante de socialización y movilización de la cultura de protección de datos personales. Asimismo, se hizo evidente la falta de políticas públicas estructuradas que prevengan el mal uso de las tecnologías de la información, sobre todo en menores.

El Memorándum de Montevideo consta de 32 recomendaciones para que los diversos actores involucrados en el tema de redes sociales en Internet, en América Latina y el Caribe se comprometan con la materia; entre las recomendaciones relacionadas con la educación se encuentran las siguientes:

• Los estados y las entidades educativas deben tener en cuenta el rol de los progenitores, o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, en la formación personal de ellos, que incluye el uso responsable y seguro del Internet y las redes sociales digitales.

• Es tarea del estado y de las entidades educativas proveer información y fortalecer capacidades de los progenitores y personas responsables, sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes en los ambientes digitales.

• Transmitir claramente a las niñas, niños y adolescentes que Internet no es un espacio sin norma, impune o sin responsabilidades. Deben ser educados en su uso responsable y seguro y el de las redes sociales.

• Las autoridades competentes deben establecer mecanismos para que los centros educativos resuelvan los conflictos que se generen como consecuencia del uso de Internet y las redes sociales digitales por parte de las niñas, niños y adolescente, con un sentido didáctico.

Respecto de las recomendaciones relacionadas con la educación y concientización sobre el adecuado uso del internet y las redes sociales, consideramos necesario resaltar que para que los objetivos sean alcanzados, debe existir participación de todos los actores involucrados: los propios niños, niñas y jóvenes, sus padres o tutores, las autoridades educativas, el estado y aún los sectores sociales en que los educandos se desenvuelven.

IV. Consideraciones particulares

En virtud de la relevancia y globalidad de la problemática ya planteada, los integrantes de esta comisión consideramos necesario analizar brevemente, de manera separada, las tres propuestas de reforma y adición aprobadas por la Cámara de Senadores.

En los tres preceptos normativos, los senadores aprobaron reformas a la ley que regulan de manera detallada aspectos de las TIC. En el caso del artículo 7o. la minuta integra como uno de los fines educativos fomentar el desarrollo de capacidades para comprender y aplicar responsablemente las TIC; en el caso del artículo 12 los senadores aprobaron establecer como una de las atribuciones exclusivas de la autoridad educativa federal emitir lineamientos para el uso responsable y seguro de las TIC en el sistema educativo, con el objetivo de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento; y en el artículo 14 agregan, con el mismo objetivo, una fracción que establece como facultad concurrente de las autoridades educativas federal y locales fomentar el uso responsable y seguro de las TIC en el sistema educativo.

Respecto de las tres propuestas, consideramos que no es pertinente establecer especificidades dentro de una ley general que emana directamente de nuestra Carta Magna, en este caso del artículo 3o. constitucional, ya que con la intención de brindar una atención especial a ciertos criterios se excluyen otros que bien pudieran tener la misma relevancia. En el caso particular que se analiza, al mencionarse específicamente las TIC se dejan fuera, por ejemplo, la tecnología industrial, la electrónica, etcétera.

De esta manera, consideramos que las inquietudes y propuestas de los senadores deben ser atendidas y respaldadas por esta Cámara revisora, pero que la redacción debe ser adecuada al texto de una norma general, para efecto de atender la jerarquía normativa establecida en el artículo 133 constitucional y permitir al Ejecutivo normar los aspectos reglamentarios que en la materia corresponda.

A continuación se presentan cuadros comparativos con el proyecto de decreto aprobado por el Senado de la República y con el texto que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone:

En el caso particular del artículo 12, se considera que las herramientas propias de las tecnologías, al ser utilizadas en el sistema educativo, son también materiales, por lo que resulta pertinente y favorable a la técnica legislativa, integrar la propuesta en la fracción V vigente, que ya hace referencia a los lineamientos que deben ser fijados por las autoridades respecto del uso de materiales educativos.

Respecto de la redacción, consideramos innecesario señalar cómo debe ser el uso de las tecnologías, ya que como se observa en la redacción vigente de la fracción V, ni estas características, ni los objetivos de los lineamientos se establecen en una ley general, sino que el precepto da sólo la pauta para la regulación, en el caso particular, el fomento del uso de tecnologías de manera segura y responsable se regula a través del artículo 14 como se verá más adelante.

En el artículo 14, los senadores proponen una nueva fracción X Bis, en los términos siguientes:

Finalmente, esta comisión considera necesaria la adición de un artículo transitorio en el que se establezca el plazo que se otorga a la autoridad educativa federal para emitir los lineamientos correspondientes al uso responsable y seguro de las tecnologías aplicables al sistema educativo.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación sea devuelto a la Cámara de Senadores, para efecto de que las modificaciones aprobadas por esta Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara de origen.

Por lo anterior, y una vez analizada la minuta materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el Sistema Educativo Nacional

Único. Se reforman las fracciones VII, del artículo 7o.; y V, del artículo 12; se adiciona una nueva fracción XIII al artículo 14 y se recorre la actual XIII para convertirse en XIV; todas de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o.

I. a VI. ...

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión y aplicación responsables.

VIII. a la XVI. ...

Artículo 12. ...

I. a IV. ...

V. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, primaria y la secundaria, así como los necesarios para el uso de las tecnologías aplicables al sistema educativo;

VI. a XIV. ...

Artículo 14. ...

I. a X. ...

X Bis. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento;

XI. a XIII. ...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la autoridad educativa federal emitirá los lineamientos a que se hace referencia en la fracción VII del artículo 7o. de la presente ley.

Notas:

1. Cfr. Gregorio, Carlos (2011). Impacto y evolución de las redes sociales digitales: libertades y derechos. En “Protección de datos personales en las Redes Sociales Digitales: en particular de niños y adolescentes”. México, Argentina, IFAI, IIJ, p. 42.

2. Cfr. Séptimo informe de labores al H. Congreso de la Unión (2009). México, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, pp. 49-50.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Días Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, por cinco minutos, para fundamentar el dictamen, la diputada María Guadalupe Mondragón González, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada María Guadalupe Mondragón González:Con su venia, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen de la minuta que hoy está a nuestra consideración plantea que es prioritario el establecimiento de dispositivos legales para enfrentar los aspectos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo nacional.

En este sentido, los integrantes de la comisión dictaminadora coincidimos, en lo general, en la necesidad de reformar la fracción VII del artículo 7o. de la Ley General de Educación, a efecto de que entre los fines de la educación impartida por el Estado sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial se incluyan en el fomento de actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica, así como el desarrollo de capacidades para la comprensión y aplicación responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

En el mismo sentido, se señala que la norma debe involucrar a las autoridades educativas en la promoción del uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por lo que el proyecto de decreto que se pone a nuestra consideración adiciona una fracción V Bis al artículo 12, y una fracción X Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación, con el propósito de establecer como atribución de las autoridades educativas el emitir los lineamientos y el fomento al uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, así como ampliar sus competencias para la vida, a fin de favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

Los integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados sostenemos y reconocemos que el uso adecuado de las tecnologías de la información puede y debe contribuir a la calidad educativa, al acceso universal de la educación, a la equidad, a la labor y desarrollo profesional de los educadores, así como una administración eficiente del sistema educativo.

Por ello, después de la lectura y análisis de la minuta, los integrantes de esta comisión consideramos que por la importancia de las reformas que se plantean es pertinente proponer una redacción acorde al texto de una norma general, atendiendo con ello una mejor comprensión y aplicación eficaz y responsable de la norma. Esto en el sentido de no solo considerar a la tecnología de la información y comunicación, sino también otras tecnologías que en el devenir del tiempo resulten relevantes a tomarse en cuenta para esta disposición.

Por lo anterior, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados este proyecto de decreto, que adiciona a los fines de la educación que imparte el Estado el de fomentar la comprensión y aplicación responsable de la investigación, la innovación y la tecnología, así como integrar a las atribuciones que corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas federal la de fijar lineamientos generales para el uso de las tecnologías aplicables al sistema educativo, y a las atribuciones concurrentes de las autoridades educativas federal y local la atribución de fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer la inserción en la sociedad del conocimiento. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para fijar posicionamiento de su grupo, en el uso de la voz el diputado José Angelino Caamal Mena, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hablar del uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta fundamental para mejorar el sistema educativo nacional nos obliga a reconocer que, junto con las enormes posibilidades que pueda brindar a los procesos formativos, también ha traído nuevos riesgos, a los que están expuestos nuestros niños y jóvenes, como el desdibujamiento de los límites entre lo público y lo privado, el acceso a información de distinta índole, sin criterios de restricción respecto a su edad y madurez, contacto con personas anónimas, incluso con desconocidas intenciones, en fin, son situaciones nuevas que se constituyen en amenazas a su integridad física, intelectual y emocional.

En ese marco, es necesario referirnos a la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2011, en el sentido de que el acceso a Internet es un derecho humano que promueve el proceso de la sociedad en su conjunto y, por lo tanto, debe ser prioridad del Estado asegurar el acceso universal al mismo.

El reporte-resultado del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 2009 (PISA, por sus siglas en inglés), denominado Estudiantes en Línea, presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, revela que en México 49.5 por ciento de los estudiantes menores de 15 años tienen computadora en casa y que de éstos poco más del 34 por ciento tiene acceso a Internet.

Asimismo señala que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de habilidades para realizar diversas tareas, por tanto, será necesaria una planeación completa e incluyente para potenciar las posibilidades de superar el rezago educativo y elevar los niveles de competitividad.

De acuerdo con la información de la OCDE, solo 0.5 por ciento de la población en México tiene acceso a Internet de alta velocidad, el precio por megabyte en México es de 19.85 dólares, en comparación con los 9.48 dólares promedio de los países de la OCDE. Esto significa que en México es dos veces más caro, solo precedido por Canadá y por Estados Unidos de América. Es evidente la ausencia de una política educativa para animar y orientar los esfuerzos en este tema.

Asimismo son escasos los proyectos institucionales que fomenten las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día, la alfabetización informática resulta indispensable para actuar en la sociedad del conocimiento. Y las tecnologías de la información y la comunicación una herramienta para facilitar los necesarios medios para administrar y usar mejor los recursos pedagógicos. Pero todo ello no significa nada positivo, si no se hace de manera responsable y eficaz.

El empleo de las nuevas tecnologías ha permitido generar conciencia global e incidir en decisiones acerca de los valores humanos fundamentales, así como nuevos aspectos que reflejan y reproducen las diferencias sociales y desigualdades económicas y culturales, y también constituyen nuevos riesgos para la sociedad del conocimiento.

En este marco, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza respalda la incorporación en el texto de la Ley General de Educación de las disposiciones que permitan regular el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo y con ello evitar que la libre circulación de la información y la disponibilidad de un gran cúmulo de conocimientos contribuyan a una utilización mal intencionada de la misma, así como la proliferación de la ciberdelincuencia. Es tiempo que pongamos medidas para el uso positivo de estas importantes herramientas. Es cuanto, presidenta, y gracias por su atención.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la cual me honro en pertenecer, ha presentado a esta soberanía un dictamen sobre la minuta enviada por el Senado de la República sobre el uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.

Al respecto, la colegisladora efectuó un análisis de las iniciativas que sus legisladores presentaron en diferentes fechas, concluyendo en un dictamen sobre aquellas. El tema central de la minuta en comento es el relativo al uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación para contribuir al acceso universal a la educación, a la equidad, a la labor y el desarrollo profesional de los educadores y a una dirección y administración eficiente del sistema educativo.

Es plausible apoyar el aprendizaje de los estudiantes y educadores, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento, para lo que se incorpora la facultad concurrente de las autoridades educativas federales y locales y fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación.

Sin embargo, la Comisión de Educación Pública de esta soberanía consideró que las inquietudes y propuestas de los senadores deben ser atendidas por su procedencia, pero tomando en cuenta que la redacción de ellas debe ser acorde con el principio legislativo de que las normas deben ser generales para responder a la jerarquía normativa establecida en nuestra Carta Magna. Por lo anterior, la opinión de la comisión de esta Cámara estima efectuar modificaciones a la minuta recibida del Senado para que el proceso legislativo se complemente.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que estas modificaciones aceptadas por nuestra comisión, más las que se proponen, darán el resultado que se intenta obtener y que es el de llegar al uso responsable y seguro de las tecnologías de la información aludidas.

En medio de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta su apoyo al dictamen comentado y votará a favor de él en consecuencia. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz el diputado José Luis Valle Magaña.

El diputado José Luis Valle Magaña:Con su venia, presidenta diputada. Legisladoras, legisladores, en la etapa actual de la economía del conocimiento, el papel que juega la ciencia, la tecnología y la innovación es vital y cada vez más relevante para el verdadero desarrollo de México.

El sistema con el que cuenta el país no está articulado de manera apropiada, por lo que se necesita de una política de estado en materia de ciencia, tecnología e innovación, que coordine las acciones de los diferentes sectores, como son las empresas, los científicos y el Estado.

Internet es sin duda la tecnología más moderna del siglo XX, al promover un intercambio de información constante e inmediata en todo el mundo. Este avance tecnológico ha generado una nueva visión de la sociedad, porque se han eliminado las barreras del tiempo y del espacio entre los hombres, ya que ahora la comunicación entre ellos es inmediata e instantánea.

Con los avances tecnológicos y, en especial, gracias a que ahora contamos con un mayor ancho de banda en nuestras casas y en nuestros dispositivos móviles, ahora podemos realizar más cosas en Internet. México cuenta con 42 millones de personas conectadas a Internet, esto es el 37 por ciento de la población, con un crecimiento del mil 448 por ciento entre los años 2000 y 2011.

En los países más avanzados, como Estados Unidos de América, el Internet tiene una penetración del 77 por ciento, y Japón del 80 por ciento; en Alemania, del 67 por ciento; en América Latina el país con más alta penetración de Internet es Argentina, con el 67 por ciento.

Las tecnologías de la información y la comunicación, han adquirido gran relevancia, principalmente a partir del amplio uso de la red de Internet, siendo el educativo uno de sus más importantes campos de acción.

Las ventajas de la influencia que las tecnologías de la información y la comunicación tienen en la educación son de alto interés y motivación para el estudiante, ya que promueve la interacción, la actividad intelectual, la retroalimentación promueve el aprendizaje a partir de errores, se genera mayor comunicación entre los profesores y los alumnos, lo que provoca un aprendizaje cooperativo.

Hay alto grado de interdisciplinas, contribuye a la alfabetización informática, desarrolla habilidades de búsqueda y selección de la información, mejora las competencias de expresión y de creatividad. Los programas informáticos permiten simular secuencias y fenómenos, tanto físicos, químicos y sociales, que ayudan a comprenderlos mejor.

Pese a las infinitas posibilidades que ofrece Internet como infraestructura económica y cultural para facilitar muchas de las actividades humanas y contribuir a una mejor satisfacción de nuestras necesidades y a nuestro desarrollo personal, su uso también conlleva riesgos, especialmente para los niños y las adolescentes.

Si no se dispone de filtros que limiten el acceso a páginas inadecuadas, de forma accidental o buscando nuevos amigos y estímulos, se irán encontrando con toda clase de contenidos, servicios y personas no siempre viables ni convenientes para todas las edades, y lo que empieza por curiosidad puede acabar siendo una adicción, ya que a los niños y los adolescentes se les seduce fácilmente.

El dictamen a discusión plantea la necesidad de incluir dentro de las facultades de las autoridades educativas hacer lo que esté a su alcance para lograr el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y, en especial, del Internet.

México en los próximos años verá un crecimiento exponencial en el uso del Internet, así que es de suma importancia que vayamos conociéndolo y usándolo adecuadamente para poder obtener el mayor provecho en el ámbito educativo.

Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por la fracción del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Ana Lilia Garza Cadena.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena:Con su venia, diputada presidenta. Compañeros diputados y diputadas, para el Partido Verde Ecologista de México hablar de una reforma que en materia de educación aborda el concepto de alfabetización digital es de relevante importancia.

Lo es porque si bien reconocemos la inminente necesidad de que nuestra sociedad y comunidades en general logren el acceso a las tecnologías de información y de comunicación, éstas no podrán por sí solas traer un beneficio real a la comunidad si no atendemos el paso previo, como lo es la alfabetización digital y la consecuente sociabilización de sus términos.

El dictamen que estamos discutiendo representa un impulso en una de las asignaturas más frecuentemente descuidadas cuando se busca el desarrollo digital de una nación.

La alfabetización digital puede definirse como la serie de acciones implementadas, generalmente por los diversos gobiernos, tendientes a volver más accesible el uso y comprensión de la tecnología.

Cuando se consigue optimizar este factor de educación digital se potencializa el aprovechamiento en una amplia gama de beneficios educativos, culturales y socioeconómicos, que vienen asociados a las tecnologías de información y de la comunicación.

En este sentido, es vital comprender que el analfabetismo digital constituye una de las principales barreras de entrada para las tecnologías de la información, ya que no solamente basta con el hecho de que se genere la infraestructura necesaria o de llevar computadoras y punto de acceso a Internet a los diferentes hogares, sino que además las personas deben estar suficientemente capacitadas para hacer uso adecuado de la tecnología y de las posibilidades de acceso a la información que se les está poniendo en sus manos. De no ser así, muy poco provecho se le podrá sacar al uso de estas nuevas tecnologías.

Por otra parte, debemos entender que aun cuando las personas cuenten con una correcta alfabetización digital, también es menester hacer un uso responsable y adecuado de las herramientas que ahora tienen a su alcance, especialmente sectores de la sociedad que se encuentran en proceso de formación, como lo son nuestros niños y jóvenes.

En este sentido, me parecen adecuadas las modificaciones que la Comisión de Educación hace a la minuta enviada por el Senado, ya que se delimita de una mejor manera el objeto y alcance de la reforma, centrándola en promover el uso responsable de las tecnologías en el ámbito educativo.

Con estas reformas a la Ley General de Educación se dotará a los estudiantes de herramientas más amplias para su inserción en la sociedad de la información y del conocimiento, ya que son precisamente las nuevas generaciones las que viven de manera más plena, más dinámica y acelerada la innovación y constante desarrollo de estas nuevas tecnologías, además de que se tutelará de una forma más eficiente el uso adecuado de la tecnología en las aulas de clase, con el objeto de que contribuyan positivamente en la formación educativa de la niñez y juventud en México.

Por las razones anteriores, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México anticipa su voto favorable en este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta, por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputada. Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas:Con su permiso, señora presidenta. Compañeros integrantes de la LXII Legislatura, el dictamen que ha puesto a consideración de esta soberanía la Comisión de Educación y el mismo que adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional, es de suma importancia, a razón de que los avances tecnológicos, como todos sabemos, no se detienen y, en consecuencia, no se puede detener la inercia con la cual la misma educación que forma parte del avance, pues contribuye, precisamente, en un espiral de retroalimentación positiva a que las cosas cambien en nuestra sociedad.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o como se abrevian, TIC, son el conjunto de medios o instrumentos tecnológicos de la informática en la comunicación y las telecomunicaciones de que podemos utilizar en pro del aprendizaje; su importancia —lo sabemos— es muy relevante y no puede olvidarse.

En la última década hemos visto el desarrollo de la facilidad de crear, procesar y difundir información que ha roto con todas las expectativas, incluso de la llamada ciencia ficción, que hasta hace poco limitaba el desarrollo de las habilidades y destrezas comunicativas entre los que integran los procesos de aprendizaje. Estas TIC están y seguirán transformando la educación radicalmente.

Han llegado definitivamente estas tecnologías para quedarse, siendo que han cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de aprender, y, por ende, los patrones de interacción entre los docentes y el estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los alumnos, siendo que éstos tendrán que formarse.

De hecho se ha creado una situación muy novedosa en nuestra sociedad, en donde la tecnología precisamente está jugando cada vez un papel muy importante en la formación incluso autodidacta de los jóvenes, que están aprendiendo a aprender a través de la tecnología digital, cambiando esa relación maestro alumno y, desde luego, sometiendo la educación misma a nuevos retos.

Resulta que para utilizar, usar y producir, a partir de la utilización de los nuevos medios, además el maestro va a tener que cambiar —como ya lo mencionaba— sus estrategias y lo está haciendo ya; algunos ya sabemos que lo están haciendo, sus estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje de los alumnos, en ambientes cooperativos para ayudarlos a planear y alcanzar sus objetivos.

Precisamente es ahí donde estas tecnologías, las TIC, nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza, entre los que destacan en el material didáctico los famosos entornos virtuales de Internet, los famosos blogs, la famosa wikipedia, los web foros, chat, mensajerías, videoconferencias; hasta el tuiter y el facebook aunque parece lúdico su uso, de hecho es utilizado por los alumnos y los maestros para intercambiar información y para intercambiar desde luego el conocimiento, para enseñar por parte de los maestros y los alumnos para aprender a través de estos novedosos sistemas de comunicación.

Esto contribuye a desarrollar la creatividad, la innovación, entornos de trabajo y colaboración, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible que permiten precisamente estos medios; es así, que hablando de las TIC no podemos ignorar la importancia que sin duda dentro de esta nueva sociedad del conocimiento tienen y que obligan —además— a que la educación se acomode a las exigencias que aún tienen respecto de ésta.

En aspectos técnicos este impulso es muy claro, elimina las barreras del espacio-tiempo, facilita el aprendizaje y la comunicación, los canales de comunicación son inmediatos y permite desarrollar nuevas tecnologías metodológicas para la enseñanza-aprendizaje, entre otros.

Respecto a este nuevo reto de educación, debemos reconocer que la escuela debe enfrentar con altura y velar porque éste llegue con eficiencia y calidad al usuario indefenso y lleno de curiosidad ilimitable de conocimiento.

Una ventaja directa en el campo educativo es la posibilidad que ofrecen, por ejemplo, la simulación de fenómenos sobre los cuales el estudiante puede trabajar sin ningún riesgo y observar qué ocurre con diferentes eventos y simulaciones en la naturaleza; sin embargo, también hay que señalar que las TIC tienen muchas ventajas y conllevan muchas necesidades: dotación en las instituciones de salas de informática suficientes y funcionales, capacitación docente en el uso didáctico de las nuevas tecnologías TIC para innovación pedagógica, creación de redes sociales por áreas para compartir y retroalimentar proyectos, revisión y ajuste de los currículos y proyectos de aula, alfabetización en el uso de las TIC a toda la comunidad educativa.

Finalmente, por la importancia que tienen estas tecnologías para el desarrollo de México es que el Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor del dictamen en cuestión, en razón de todo lo anteriormente expuesto, no sin antes concluir señalándoles, compañeros, que la ciencia —lo sabemos muy bien— y la tecnología deben estar al servicio de la liberación constante del ser humano y de su progreso constante. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PAN, en el uso de la voz el diputado Alfonso Robledo Leal.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal:Con su venia, presidenta. Los integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados reconocemos que el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación puede y debe contribuir a la calidad educativa, al acceso universal a la educación, a la equidad, a la labor y al desarrollo profesional de los educadores, de los educandos, y también como una administración eficiente del sistema educativo.

Por lo anterior, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos está solicitando al pleno de la Cámara de Diputados este proyecto en positivo de un decreto que adiciona a los fines de la educación que imparte el Estado, el de fomentar la comprensión y aplicación responsable de la investigación, la innovación y la tecnología.

También para integrar a las atribuciones que corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal la de fijar lineamientos generales para el uso de las tecnologías aplicables al sistema educativo, y a las atribuciones concurrentes de las autoridades educativas federal y local la atribución de fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

Es muy difícil estar en desacuerdo con una iniciativa como ésta. Tengo mis dudas de que en México vivamos una verdadera sociedad del conocimiento en gestación, en realidad creo que en muchas partes del país lo que menos existe es la posibilidad de acceder a las TIC, como ahora se les llama; sin embargo, es importante que esto esté avalado en nuestros lineamientos generales, en nuestro marco jurídico y que el Estado mexicano y los estados, las entidades federativas empiecen a encontrar en las TIC herramientas disponibles también para los educandos, por supuesto, para los educadores, que permitan que la información esté cada vez más cerca de todos nosotros.

Hay cada vez un mayor número de escuelas en el Valle del Silicio, por ejemplo, donde las escuelas elementales están siendo desprovistas de todo sistema electrónico de información para que los niños, antes que Internet, sepan sumar, restar, multiplicar, dividir, conozcan el álgebra, conozcan hacer ecuaciones, sepan leer correctamente, etcétera. Esto porque el Internet y las tecnologías de la información son para mejorar el desempeño de las personas, pero no suplen, por supuesto, la capacidad de cálculo y de resolver problemas que cada una de ellas debería de tener.

Es por eso que aunque esta iniciativa es por supuesto loable, nosotros queremos insistir que hacen falta para tener una verdadera calidad en la educación mejores maestros, mejores escuelas, mucha mejor infraestructura educativa, que hagan y permitan que nuestros hijos, que los niños y niñas de todo México, hoy en su día, puedan disfrutar un futuro mucho más promisorio, en aras de tener mejores capacidades y posibilidades de resolver problemas de su vida cotidiana. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada María Leticia Mendoza Curiel.

La diputada María Leticia Mendoza Curiel:Con el permiso de la presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hace apenas una década nació una red social como un sitio desarrollado por estudiantes de una universidad de Estados Unidos de América, que mostraba fotos de la comunidad para que votaran entre ellos, idea que dio paso al desarrollo del Facebook, el sitio de redes sociales tan extendido actualmente, que conoció su versión en español entre 2007 y 2008 y se extendió rápidamente a los países de América Latina.

Pongo como ejemplo la expansión del Facebook para ilustrar la rapidez con que un fenómeno informático alcanza semejante extensión y para señalar que también, con la misma velocidad, actualmente surgen riesgos que son aprovechados con fines delictivos y ante los cuales debemos mantenernos atentos y aun más, debemos prevenir.

Si bien el mejoramiento y la creciente aplicación del uso de las tecnologías de la información en años recientes ofrecen posibilidades de desarrollo antes impensables, también es cierto que derivado de ello hoy nos enfrentamos a desafíos no imaginados, que vuelven necesario hacer acopio de toda nuestra atención y creatividad.

Como sabemos, la realidad rebasa siempre a la legislación con la emergencia de esta gran diversidad y flexibilidad en las nuevas formas de interacción humana.

Emergieron también importantes áreas de riesgo contra las personas, las organizaciones y los países. De acuerdo con el reporte de Cibercrimen de Norton, dado a conocer en febrero de este año, en México uno de cada cinco adultos conectados a Internet ha sido víctima de un delito informático, ya sea a través de las redes sociales o los teléfonos celulares.

La legislación ha tenido que adaptarse con urgencia a los cambios para incorporar previsiones dirigidas a sancionar conductas asociadas a los nuevos riesgos contra la privacidad, la seguridad de las personas y su patrimonio, estafas electrónicas, transferencias no autorizadas, espionaje, secuestro, pornografía infantil, entre otros.

El dictamen de la minuta que nos ocupa atiende las inquietudes expresadas por los legisladores de diferentes grupos parlamentarios, expresadas en al menos cuatro iniciativas de reforma legislativa que datan —la más antigua— de 2008, en las que exponen la preocupación sobre la necesidad de fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, reconocen el lento avance en las adecuaciones del marco legal que regula la sociedad de la información y conocimiento, particularmente de la Internet y las redes sociales digitales.

En armonía con las consideraciones expuestas por la comisión dictaminadora, coincidimos en el reconocimiento de la necesidad de tomar mayores previsiones, no solo legales, sino de política pública para enfrentar los nuevos aspectos relacionados con la sociedad de la información y conocimiento, recobrando la importancia que para este fin tiene la educación como el proceso más importante de socialización y movilización de la cultura y el componente preventivo.

La participación activa de las niñas, niños, adolescentes, de los padres de familia y de las autoridades educativas juegan un papel determinante en la organización efectiva de los trabajos encaminados a lograr una dirección y administración eficiente del sistema educativo, en la que el aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación se dirija enérgicamente a favorecer el acceso universal, al mejoramiento de la calidad, el favorecimiento de la equidad y la máxima profesionalización de los educadores.

Ante el hecho no cuestionable de que el uso de las herramientas que provén las tecnologías de la información y comunicaciones, por parte de los niños y jóvenes estudiantes, es un fenómeno en franco avance es necesario potencializar sus efectos benéficos y mantener estrecha vigilancia e implementar mecanismos de la protección, ante los riesgos a la seguridad de este grupo de población.

En ese sentido, acogemos el espíritu del acuerdo alcanzado durante la presentación del Memorándum de Montevideo para implementar acciones que involucren a la educación en la prevención contra el mal uso de las tecnologías de la información, sobre todo contra menores.

Bajo esa convicción esencial compartimos las precisiones realizadas en el análisis de la comisión que dictamina para perfeccionar la propuesta de reforma legislativa y de educar su redacción, en aras de atender la energía normativa consagrada en el artículo 133 constitucional y permitir al Ejecutivo normar los aspectos reglamentarios en la materia que corresponda.

En este sentido, suscribimos la propuesta de reforma para dar atribuciones a las autoridades educativas federal y local, de manera concurrente, para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

De esta manera, participamos del esfuerzo preventivo que permita conjugar el objetivo de aprovechar el máximo potencial de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y la prioridad que ocupan las acciones de protección para las niñas, niños y adolescentes en México. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, se emitieron 435 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado en lo general y en lo particular por 435 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

VOLUMEN III

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ARRAIGO

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y el artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene el uso de la tribuna el diputado Julio César Moreno Rivera.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta LXII Legislatura, vengo a fundamentar el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo. Asimismo, a nombre de la misma comisión, me permito enunciar la fe de erratas, en atención al párrafo octavo del artículo 16, donde en los organismos de protección de derechos humanos se sustituye la palabra podrán por deberán.

Es por lo que el dictamen que hoy nos ocupa es trascendente, por tratarse de una de las figuras más controvertidas, como es el arraigo penal, donde las autoridades encargadas de la investigación de los delitos argumentan que es útil para allegarse de mayores elementos probatorios, pero dada la afectación a la libertad personal que implica esta medida las comisiones de derechos humanos, tanto las previstas en la Constitución como las no gubernamentales, se oponen al arraigo por considerar que su aplicación conlleva a detenciones arbitrarias, tortura, violación al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Cabe señalar que en esta Legislatura diversos diputados han externado y compartido la postura de quienes promueven la derogación de la figura del arraigo; sin embargo, con ánimo de ir avanzando en su desaparición, en el dictamen que hoy está a su consideración se ha logrado reducir su plazo y rodearlo de más requisitos para su petición y su respectiva concesión, pues con el ánimo de salvaguardar la libertad personal se reduce considerablemente el arraigo de hasta 80 días —como actualmente se estipula— a un máximo de 35 días, tratándose de delincuencia organizada; en el caso de delitos graves el arraigo solo podrá durar 20 días, sin prórroga alguna, cuando en la actualidad el máximo es de 40 días.

Con la finalidad de fortalecer la protección para los derechos humanos se propone que el Ministerio Público al solicitar al juez la medida de arraigo la sustente en indicios suficientes que vinculen a la persona que se pretende arraigar con la delincuencia organizada o con un delito grave, así como acreditar cuando menos una de las siguientes circunstancias: a. Allegarse de mayores elementos probatorios en la investigación; b. Proteger la vida, la integridad de las personas y los bienes jurídicos; c. Evitar que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia.

Para evitar que el arraigo dé lugar a maltratos físicos, psicológicos o violación a los derechos humanos, los organismos de protección de derechos humanos previstos en la Ley Suprema podrán participar, revisando en todo momento la aplicación del arraigo a solicitud de la persona sujeta a esta medida cautelar o de su representante.

En cuanto al párrafo del artículo 16 constitucional, relativo a la retención ante el Ministerio Público, que actualmente es de 48 horas, es decir, dos días, y puede duplicarse en casos de delincuencia organizada, con la reforma podrá aumentarse la retención por 72 horas solo tratándose de delitos que requieren prisión oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional; es decir, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Es de resaltar que cuando la autoridad concede el aumento de la retención por 72 horas, con la finalidad de allegarse de mayores elementos probatorios que motivan la retención, hace improcedente la posterior solicitud del arraigo con lo que se pretende ir a la eliminación de esta figura.

Para obtener la ampliación del plazo de retención, el Ministerio Público solicitará dicha medida y el juez podrá autorizarlo siempre y cuando esto sea necesario para allegarse de mayores elementos probatorios y sustentar adecuadamente el ejercicio de la acción penal.

En consecuencia, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de Puntos Constitucionales

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguido diputado: En alcance al oficio CPC/422/2013 de fecha 25 de abril del año en curso, mediante el cual se envió, el dictamen en sentido positivoa la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, me permito remitir a usted, fe de erratas,  del artículo 16, párrafos octavo y décimo.

Dice:

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, hasta por un plazo de veinte días, cuando se acredite la existencia de indicios suficientes para vincularla con esos delitos, siempre que durante la subsistencia de esta medida puedan allegarse mayores elementos probatorios en la investigación y se proteja la vida, la integridad de las personas, bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado para ello. Este plazo podrá prorrogarse, cuando el Ministerio Público acredite ante la autoridad judicial que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total de la medida no podrá exceder los treinta y cinco días. Los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el artículo 102, apartado B, de esta Constitución podrán  revisar en todo momento la aplicación de esta medida a solicitud de la persona sujeta a ella o su representante, en los términos que disponga la ley.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. La autoridad judicial podrá autorizar que el Ministerio Público retenga al indiciado por un período adicional de hasta setenta y dos horas en los casos de prisión preventiva oficiosa previstos en el segundo párrafo del artículo 19 de esta Constitución, siempre que sea necesario para ampliar los elementos probatorios que motivan la retención. La autorización de esta medida  hará improcedente la solicitud posterior del arraigo. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

Debe decir:

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, hasta por un plazo de veinte días, cuando se acredite la existencia de indicios suficientes para vincularla con esos delitos, siempre que durante la subsistencia de esta medida puedan allegarse mayores elementos probatorios en la investigación y se proteja la vida, la integridad de las personas, bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado para ello. Este plazo podrá prorrogarse, cuando el Ministerio Público acredite ante la autoridad judicial que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total de la medida no podrá exceder los treinta y cinco días. Los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el artículo 102, apartado B, de esta Constitución deberán  revisar en todo momento la aplicación de esta medida a solicitud de la persona sujeta a ella o su representante, en los términos que disponga la ley.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. La autoridad judicial podrá autorizar que el Ministerio Público retenga al indiciado por un período adicional de hasta setenta y dos horas en los casos de prisión preventiva oficiosa previstos en el segundo párrafo del artículo 19 de esta Constitución, siempre que sea necesario para allegarse de mayores elementos probatorios que motivan la retención. La autorización de esta medida  hará improcedente la solicitud posterior del arraigo. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

Lo que hago de su conocimiento, para los efectos conducentes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 30 de abril de 2013.— Diputado Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de Puntos Constitucionales.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguido diputado: En alcance al oficio CPC/422/2013 de fecha 25 de abril del año en curso, mediante el cual se envió, el dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, me permito remitir a usted, fe de erratas.

Dice:

Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de veinte días.

Esta medida será procedente cuando se acredite la existencia de indicios suficientes para vincular a la persona con esos delitos, siempre que durante su subsistencia puedan allegarse mayores elementos probatorios en la investigación y se proteja la vida, la integridad de las personas, bienes jurídicos o sea evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado de ello.

De decir:

Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de veinte días.

Esta medida será procedente cuando se acredite la existencia de indicios suficientes para vincular a la persona con esos delitos, siempre que durante su subsistencia puedan allegarse mayores elementos probatorios en la investigación y se proteja la vida, la integridad de las personas, bienes jurídicos o sea evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado de ello.

Lo que hago de su conocimiento, para los efectos conducentes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 29 de abril de 2013.— Diputado Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea si acepta las modificaciones propuestas por la comisión al dictamen, con objeto de que éste sea sometido a discusión.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Pido la palabra para presentar una moción suspensiva.

El Presidente diputado José González Morfín: Al ponerlo a discusión, diputado Monreal, vendrá la moción suspensiva. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si acepta que las modificaciones propuestas por la comisión se integren al dictamen y la fe de erratas.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se acepta la modificación comentada por el presidente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Se aceptan las modificaciones.

En consecuencia, está a discusión el dictamen con las modificaciones propuestas por la comisión. Para presentar una moción suspensiva tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, una de las figuras más nocivas en materia de derechos humanos fue introducida en 2008, una figura arcaica, deleznable, incluso ominosa, la llamada figura del arraigo.

En el 2008 nosotros nos opusimos, fuimos de los pocos legisladores que votamos en contra, porque como medida cautelar o preventiva privaba de la libertad a supuestos participantes del crimen organizado y ha sido usada de manera irresponsable por la autoridad. Hoy se intenta atenuar, pero mantener inalterable esta deleznable figura.

La figura del arraigo ha implicado múltiples violaciones a los derechos humanos, puesto que mediante ella se posibilitan prácticas de tortura, incomunicación, intimidación y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, haciendo caso omiso a las recomendaciones de los diferentes organismos pertenecientes a la Red Internacional de Protección de los Derechos Humanos.

Nosotros nos opusimos y presentamos un voto particular, ¿por qué lo presentamos? Por cierto, votaron en favor el PRI, el PAN y un sector de la izquierda. Entre los derechos que nosotros argumentábamos que se violaban era el derecho a la libertad personal, el derecho a la presunción de inocencia, la tutela judicial y el derecho al debido proceso.

No se nos hizo caso, se nos ignoró, y hoy hacen un esfuerzo tibio, medroso, de decir: sí mantenemos la figura del arraigo, pero reducimos el tiempo del arraigo. Es francamente un engaño, porque el arraigo se mantiene como figura deleznable y violadora de derechos humanos, aún cuando se reduzca la cantidad de días.

Incluso debo de decirles que hay recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, de organismos internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han pedido al Congreso derogue esta figura arcaica, que es propia de dictaduras y propia de regímenes autoritarios. Por eso no resuelve nada la modificación que hoy se plantea.

Hay distintas propuestas de derogación, desde la Cámara de Senadores se presentaron distintas iniciativas, una de ellas la presenté personalmente derogando el arraigo, otra más el PRD, otra más en aquel tiempo Convergencia y todas las iniciativas se acumularon para derogar el arraigo, también los testigos protegidos.

Incluso la Corte se han pronunciado y se pronunció porque el arraigo —decía la Corte— era considerado una figura inconstitucional, y aún así las Cámaras del Congreso aprobaron estas figuras deleznables —repito— porque la presión del gobierno era tal, que aquél que se opusiera a la reforma, o era enemigo del gobierno o era amigo y cómplice de los narcotraficantes.

Vean ahora dónde están aquellos fiscales o ministerios públicos que acusaron con estos instrumentos verdaderamente injustos a ciudadanos a los que les destruyeron su vida, les destruyeron su actividad laboral y socialmente son entes repudiados, sin haber sido responsables de los delitos a los que se les sometió y de los que se les acusó. Por eso nosotros no podemos admitir verdades a medias, instrumentos a medias, o estamos contra el arraigo o simplemente estamos en favor del arraigo.

Movimiento Ciudadano va a votar en contra de este artículo 16 constitucional, porque no se puede engañar; es decir, reducir el tiempo de arraigo no resuelve la violación grave de los derechos humanos de quienes son sometidos al arraigo, simplemente en lugar de 40 días hoy van a ser 20 días, que pueden ser prorrogables por otros 20 días, pero la figura que combatimos, que es la del arraigo, se mantiene inalterable y, por tanto, seguirán violándose los principios elementales del debido proceso, de la presunción de inocencia y de juicios correctos para los presuntos responsables.

Un arraigado ni es presunto responsable ni tampoco es responsable, está en el limbo jurídico, porque nadie puede saber qué es el que está arraigado, y está demostrado que el arraigo fue usado con fines políticos, se envileció la política, se judicializó la política y se politizó la justicia. Por eso en Movimiento Ciudadano votaremos en contra.

Le pediría, señor presidente, plasme este documento que hemos preparado.

La veía muy seria a usted y es la que grita, que plasme este documento íntegro. Aguanten, es el último día, ¿después, qué van a hacer? Se van hasta a aburrir, van a ver. Ojalá y no la arraiguen.

«Moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante el Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente Moción Suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Motivación y justificación

La figura del arraigo fue introducida al ordenamiento jurídico en el año del 2008, como medida cautelar o preventiva para privar de la libertad a supuestos participantes del crimen organizado. Empero, ha sido utilizada como una especie de sanción prejudicial que le permite a la autoridad establecer si el imputado es culpable o inocente, antes de ser juzgado por un juez.

La figura del arraigo ha implicado múltiples violaciones a los derechos humanos, puesto que mediante ésta se posibilitan prácticas de tortura, incomunicación, intimidación y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Haciendo con esto, caso omiso a las recomendaciones de los diferentes organismos pertenecientes a la red de organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Entre los derechos que se violan, se encuentran el derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial, y al debido proceso, entre otros.

Los requisitos formales para decretar un arraigo son: la solicitud al órgano jurisdiccional, en la que se manifieste el inculpado y el lugar dónde debe ser arraigado; el Ministerio Público deberá remitir copia certificada de las actuaciones; debe hacerse mención de los elementos de prueba que hasta ese momento obran en la indagatoria, y que generen los indicios suficientes para presumir la comisión de hechos delictuosos por parte del inculpado.

El arraigo trae consigo muchas consecuencias para el imputado del delito, que van en detrimento de su estabilidad física, laboral, social y emocional, por lo que se les despoja muchas veces de manera injustificada de su vida normal.

Cuestión de sumo importante, ya que actualmente no se contempla ninguna obligación a cargo del Estado mexicano para reparar el daño de la persona arraigada, una vez que se ha declarado judicialmente que no hay delito que perseguir.

Daño ocasionado a raíz de de una presunción de culpabilidad, basada en meros indicios y circunstancias, en las que solamente por excepción será posible anticipar el resultado final del proceso penal correspondiente.

Como podemos ver, en el arraigo la investigación no se lleva a cabo para detener o privar de su derecho a la libertad a una persona, sino que la persona es detenida arbitrariamente para ser investigada, y en la gran mayoría de los casos, para obtener una confesión inculpatoria, contraviniendo con ello los principios básicos de justicia en una democracia.

Durante los años 2006 y 2007, previo a la aprobación de la reforma al sistema de justicia penal, se presentaron en el Congreso diversas iniciativas, que confluyeron finalmente en un dictamen presentado al Pleno de la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2007.

Tan sólo tres días después de la aprobación del dictamen en comento, se incluyó una reforma al artículo 16, consagrando la ominosa figura del arraigo a nivel constitucional.

La aprobación de la reforma constitucional al sistema de justicia penal, ha permitido el ejercicio regular del arraigo, no sólo para proveer al éxito de las investigaciones o cuando existe un riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, sino cuando simplemente se tienen sospechas (inducidas o no) de que se tienen vínculos con la delincuencia organizada.

Desde 2008, el arraigo, el cateo y la prisión preventiva, se han vuelto las “técnicas” de investigación criminal más recurridas en México. Su regularidad configura una mistificación de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública.

Así, el Estado mexicano ha configurado un subsistema de excepción, consistente en la aplicación de una pena pre­ condenatoria, que flexibiliza las garantías judiciales de las personas y las coloca en un limbo jurídico en el que no son ni indiciadas ni inculpadas.

Cabe agregar, que ya desde 1999, la Suprema Corte de Justicia había sostenido que el arraigo domiciliario era inconstitucional por vulnerar la libertad personal y el derecho a la libertad de movimiento o libre tránsito.

Sin embargo, a pesar de este criterio obligatorio de la máxima autoridad judicial del país, el Ejecutivo Federal insistió en que la figura del arraigo fuera constitucionalizada. Incluso, la reforma fue más allá de constitucionalizar la figura del arraigo, para el combate a la delincuencia organizada, pues, mediante un artículo transitorio, se permitió el ejercicio del arraigo para todos los delitos graves hasta 2016, facultando a las autoridades estatales a utilizar el arraigo para perseguir delitos que van desde el homicidio y el secuestro, hasta incluso robo de casas o vehículos.

Tal disposición carece de una justificación adecuada que dé cuenta de su necesidad, y contraviene el propósito mismo de la reforma constitucional, denostando así la excepcionalidad de la medida.

A la fecha, México ha recibido nueve recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos señalando la necesidad de eliminar el arraigo de la legislación y de la práctica, tanto a nivel federal como estatal, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos.

Las autoridades se han distraído del propósito de salvaguardar personas o bienes jurídicos, mediante la adopción de medidas excepcionales que garanticen el éxito de las investigaciones y abonen al abatimiento de la delincuencia organizada. En cambio, han optado por conseguir información a costa de personas que nada tienen que ver con el sujeto activo de los delitos de delincuencia organizada, que tuvieron en mente los supuestos “representantes populares” al momento de aprobar las reformas.

Esto es parte del fondo del asunto; por ello la necesidad de que se apruebe una reforma al artículo 16 constitucional, para eliminar por completo la ominosa figura del arraigo.

No obstante, que han sido muchas las iniciativas en ambas cámaras del Congreso de la Unión, presentadas principalmente por legisladores de oposición – diputado  Ricardo Mejía Berdeja, Movimiento Ciudadano, diputada  Aleida Alavez  Ruiz del PRD, y diputada María del Carmen Martínez Santillán, del PT -, en las que se busca eliminar el arraigo, cínicamente, la Comisión de Puntos Constitucionales optó por dictaminar de manera trepidante, una iniciativa del 9 de abril de este año.

Esta última iniciativa, que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, fue suscrita por la cúpula del prian.

Esto último explica el por qué se dictaminó esta iniciativa con preferencia de todas las demás, no importando si fue la que llegó al último; no importando si se dictaminó en menos de una semana, siendo un tema tan profundo y relevante; no importando el atropello de todas las formas y disposiciones del procedimiento legislativo, contenidas en el Reglamento de esta Cámara.

El dictamen por ello, es producto de los acuerdos mafiosos entre los líderes de los partidos mayoritarios, y tiene como finalidad reducir el tiempo del arraigo de 40 a 20 días, e incrementar el plazo en el que el Ministerio Público podrá retener al indiciado.

Esto es un absurdo, puesto que la reforma en estudio carece de sentido si no se elimina por completo la ominosa figura del arraigo. La cual pretende ser conservada, de modo que sigan prevaleciendo las violaciones sistemáticas a los derechos de los imputados, así como prácticas indignantes como la tortura, la intimidación, la incomunicación y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Adicionalmente, en días recientes se registró y apareció publicada en la Gaceta Parlamentaria, la iniciativa que diputados de diferentes partidos inscribimos, haciendo nuestra la propuesta de reforma de diferentes organizaciones nacionales de Derechos Humanos, como son la Comisión Mexicana por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto para la Seguridad y la Democracia y el Instituto Mexicano por los Derechos Humanos. Por lo que consideramos, esta iniciativa debió ser considerada de manera superviniente para el dictamen que hoy está a consideración del Pleno.

Ante la premura para aprobar este dictamen, debe ponerse énfasis en el hecho de que el Reglamento de la Cámara de Diputados ofrece una opción para conocer la opinión de activistas, integrantes de organizaciones la sociedad civil, académicos, funcionarios públicos y jueces a nivel estatal y nacional que podrían ilustrar con sus argumentos el proceso de dictamen que sigue en curso. Facultad contemplada de manera explícita en el artículo 177 del citado Reglamento.

La reforma propuesta en el dictamen en estudio, no trae aparejada ningún cambio sustancial, puesto que reducir el tiempo o plazo máximo de duración del arraigo no garantiza que no se violen los derechos humanos de los imputados, sino que tan solo se reduce el tiempo en que se pueden perpetrar estas violaciones.

¿Cuál sería la utilidad de esto último, cuando en realidad se trata de un intento legislativo pírrico, que no da marcha atrás a las regresivas reformas emprendidas por la pasada administración?

El dictamen en estudio, es producto de una partidocracia obsesionada por legitimar al Ejecutivo a toda costa. Para ello, en esta instancia pretenden darle un paliativo a la sociedad y a las organizaciones internacionales, haciéndonos creer que con la reducción del tiempo o plazo máximo de duración del arraigo, se corrige el rumbo que nos llevó por el camino de la violación del derecho internacional de los derechos humanos.

El hecho de que subsista esta figura en nuestro ordenamiento, muestra que las medidas adoptadas por la nueva administración, solo buscan experimentar nuevas formas de gatopardismo, más no encarar realmente el problema de la delincuencia organizada y de la impunidad.

Mientras la aplanadora prianista sigue trabajando en nuevas formas de gatopardismo, continúa irresoluto el problema de fondo de la ineficacia de la procuración de justicia en México; la enorme corrupción, la transversalidad de la delincuencia organizada en las filas del gobierno, la incompetencia, la falta de profesionalismo, pero sobre todo, la falta de independencia de las procuradurías.

Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea, la presente moción suspensiva, con el efecto de suspender inmediatamente la discusión en trámite de manera indefinida.

Notas:

1 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/CMDPDH OMCT México CA T49 sp.pdf consultada 17 de abril de 2013

2 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/25f66f1a52524a09409f8a75c1ad3b40 idem.

Atentamente

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 29 días del mes de abril de 2013.— Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Nelly del Carmen Vargas Pérez, José Soto Martínez, Zuleyma Huidobro González, Martha Beatriz Córdoba Bernal, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Luis María Alcalde Luján, José Francisco Coronato Rodríguez, Francisco Alfonso Durazo Montaño, José Antonio Hurtado Gallegos, José Luis Valle Magaña, Juan Luis Martínez Martínez, María Fernanda Romero Lozano, Lorena Méndez Denis (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Con mucho gusto vamos a insertar de manera íntegra ese documento en el Diario de los Debates.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a trámite la moción suspensiva presentada. Si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite la moción suspensiva. En consecuencia, para iniciar la ronda de fijación de posturas, tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, esta reforma al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva a un tema sensible y polémico, un tema que genera muchas tesis, muchas ideas, fundamentos, criterios y como lo veíamos hace un momento, pros y contras sobre el mismo.

Aquí lo que habría que valorar es la realidad social de México. Por parte de la comisión ha sido ya fundamentado jurídicamente este precepto, ¿ante qué nos encontramos el día de hoy? En este Congreso existen lo que podrían ser las reformas ideales, y una reforma ideal sería, de una vez y para siempre, erradicar esta figura del texto constitucional y de toda la aplicación normativa en nuestro sistema penal inquisitorio.

Sin embargo, se debe de hacer una profusa y serena reflexión sobre el mismo: la realidad social imperante en este país. Para nadie son desconocidos los desafíos a los que los últimos años el Estado mexicano se ha enfrentado, desafíos que no han sido menores y que han lacerado, en todos los sectores, a la población mexicana; una expansión de la delincuencia organizada en los últimos años es el claro ejemplo de los retos que el Estado mexicano y la autoridad debe de enfrentar.

En mérito de eso, tendríamos que realizar la siguiente reflexión, ¿es posible mantenerlo por la realidad social imperante en nuestro país? Sí, ¿bajo qué premisa? Una premisa muy concreta, la premisa de que podamos establecer y a la brevedad un pendiente que la materia penal tiene, la plena aplicación del sistema procesal acusatorio y la eminente erradicación del sistema jurídico de la figura de arraigo.

¿Qué pretendemos con esta reforma? Una restricción a una mínima posibilidad de su aplicación y seguirla manteniendo como una medida jurídica en el sistema penal cautelar de excepción.

En base a estos razonamientos y sobre todo por la realidad sociológica en la que se encuentra nuestro país, el Grupo Parlamentario de Nuevo Alianza votará a favor de la reforma al artículo 16. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Se ha dicho, pero hay que recordar que este debate no es de medias tintas, aquí se está a favor o en contra y vemos todo el esfuerzo de malabarismo político para argumentar la propuesta.

En las consideraciones de la iniciativa se señala que la comisión dictaminadora comparte que el arraigo es una medida excepcional instituida en la Constitución para garantizar en el país una situación alarmante de delincuencia organizada, entre comillas lo anterior.

Que para solicitar el arraigo —vuelvo a citar— solo se requieren indicios suficientes que vinculen a la persona con la delincuencia organizada. Dicen que dicha medida solicitará proveer mayores elementos a la investigación, proteger la vida, la integridad de las personas, los bienes jurídicos, evitar que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado para ello.

En el dictamen que se presenta se propone una reducción del arraigo de 40 a 20 días, también la prórroga se reduce de 40 a 15 días.

¿Cuál es la razón que fundamenta dicha reducción? ¿Saben cuál? Ninguna. El dictamen no expone las razones o motivos por los cuales la figura del arraigo deba reducirse de 40 a 20 días, así como tampoco expone las razones técnicas, científicas o sociales que justifiquen dicha reducción. Reducir el término del arraigo no hace más eficientes los resultados del Ministerio Público y de la Policía de Investigación.

¿Qué tan útil es el arraigo para las unidades de investigación especializada de las procuradurías federales y estatales? Falta seriedad en los considerandos que se presentan en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Compañeras y compañeros, seamos objetivos, quien ha visitado una agencia del Ministerio Público federal o local se da cuenta de las condiciones en las que laboran los ministerios públicos, de la precariedad de los servicios de los médicos forenses, la carencia de peritos o especialistas en investigación.

La ineficiencia en la investigación de delitos no se resuelve con el arraigo, la eficacia del arraigo es otro tema. En el caso de arraigos realizados desde 2008 solo —entre comillas, consigno— se consignó el 3.3; es decir, el porcentaje de consignación es bajísimo de las personas arraigadas, contra el 96.7, en cuyos casos nunca se consiguieron las pruebas que acreditaran su presunta responsabilidad.

Estos datos que acabo de dar no se encuentran en el dictamen, la fuente proviene de declaraciones de Lia Limón, funcionaria de la Secretaría de Gobernación, así como información del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Por su parte, el responsable de la protección de derechos humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, ha señalado que el arraigo —lo cito— ha sido ocasión para la violación de derechos humanos de manera persistente, es también ocasión para la práctica de la tortura; es ocasión para detener y luego investigar, cuando primero deben ser las investigaciones.

Por los resultados obtenidos, el arraigo ha sido una figura perversa; la figura del arraigo es contraria a diversos instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano en materia de derechos humanos, es contraria con los derechos de libertad, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica de las personas, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es un instrumento legal que se usa indebidamente para suplir las deficiencias en investigación de delitos, con base a la violación de derechos humanos.

En la razonabilidad de su mantenimiento y reducción que se expone en el dictamen se omite atender la demanda de las comisiones de derechos humanos y organismos internacionales de derechos humanos, de constituir una figura que permite la opacidad en la investigación policial, que se soporta en la tortura y violación de derechos humanos fundamentales de los arraigados. Esto es, no se revisa objetivamente y científicamente la funcionalidad de esta figura en los procesos de investigación policial.

Asimismo, no se presenta ninguna opinión de especialistas en derecho criminal y en procesos penales que confirmen la eficiencia o nulidad del arraigo en delitos considerados graves, como lo es el de la delincuencia organizada.

Cito: Los resultados de la investigación de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, que derivó en la recomendación 2/2011, acreditan que el abuso por parte de las autoridades en la utilización de este tipo de penas precondenatorias, carentes de controles de legalidad, coloca a las personas en un limbo jurídico, afectando su proyecto de vida y el de sus familias, violando gravemente los derechos a la libertad e integridad personales, a la presunción de inocencia y al debido proceso, e incluso las coloca como víctimas sistemáticas de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradables. Esto lo dijo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Ante la evidencia contundente de que el arraigo en nuestro país se ha convertido en el principal riesgo para la libertad de las personas, crece el consenso de voces nacionales e internacionales a favor de su derogación del marco normativo nacional.

La postura del Partido del Trabajo es que la figura del arraigo debe desaparecer de la Constitución General por ser contraria a los principios contenidos en el artículo 1o. de la misma Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos por el Estado mexicano.

Sé que el presidente sabe —estoy culminando, presidente— que al tratarse de una reforma constitucional tengo 10 minutos, pero no los voy a abordar. Ya culminó mi intervención, nada más quiero concluir diciendo: ¿a quién le conviene en este momento mantener la figura del arraigo? Porque tanto malabarismo político, como uno observa, en los que van a votar a favor de esta reforma a la Constitución, no nos queda duda que es para favorecer a quienes hoy tienen el control del país para darle el mismo uso que le dio la administración anterior, hay que decirlo claramente y evidentemente, aunque reclamen, aunque les duela, ¿verdad?, ésa es la realidad.

Ojalá tuvieran los argumentos, que no los dieron ni en el dictamen, que no los dan ni en el debate, nada más nos vienen a decir: bueno, le vamos a bajar un poquito a la tortura, un poquito a lo ilegal, un poquito a lo de anticonstitucional. Pero, en el fondo, todos ustedes saben que esta figura debería desaparecer el día de hoy, si los diputados de este Poder Legislativo se pusieran a la altura de las circunstancias de defender el principio de la Constitución y, sobre todo, a todos los miles de mexicanos que están siendo defenestrados, lastimados, muy lastimados por esta serie de medidas que son ilegales, arbitrarias, y que están lastimando a la sociedad. Es cuanto, y muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Presidente, por tratarse de un tema de reforma constitucional, le pediría que se fijaran los diez minutos reglamentarios.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Éste, compañeras y compañeros diputados, es un tema de definiciones. De manera especial quiero dirigirme a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que han venido pugnando por la derogación total y absoluta de esta figura ominosa y cruenta del arraigo. Lo que hoy se verá seguramente en los grupos mayoritarios es una crítica a lo que ha representado el arraigo; se hablará de abusos, se hablará de torturas, se hablará de violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia para, finalmente, después votar porque se mantenga la figura del arraigo.

Es decir, votar para que esta figura se quede en la Constitución, para que esta figura subsista como una sombra perversa en el sistema jurídico mexicano; ojalá y me equivoque, pero no abrigo muchas esperanzas.

La permanencia del arraigo, sin duda, es otro de los frutos podridos del Pacto por México; el arraigo ha servido como una fábrica de culpables y solo en el 3 por ciento de los casos en que se ha llevado a cabo esta figura han acabado en un proceso judicial, todos los demás han regresado con el escarnio público, con la tortura, con rastros ominosos de violaciones a los derechos humanos, simple y sencillamente con un usted disculpe.

Constitucionalizar el arraigo es constitucionalizar la tortura. Eso es lo vamos a votar en unos minutos más, no solamente se lastima a quien lo sufre, sino a la familia y a su entorno cercano que viven la incomunicación, que viven la incertidumbre, que viven el descrédito social de alguien que fue condenado ya sin pasar por un proceso judicial.

Por eso para Movimiento Ciudadano no hay medias tintas, estamos total y absolutamente en contra de que prevalezca en la Constitución y en la legislación federal y locales esta figura.

No es un asunto de tiempo, no es un asunto de 40 o 20 días, de 80 o 35 días. Disminuir el tiempo del arraigo no significa que las violaciones van a disminuirse en esa proporción, o que simplemente se van a violar los derechos humanos tantito. Con un solo día de arraigo basta para que se cometan tropelías, abusos, torturas, tratos inhumanos y degradantes.

Por eso no es un asunto de regatear números, es un asunto de eliminar figuras que lastiman los derechos humanos y precisamente en el artículo 1o. Constitucional con la reforma en materia de derechos humanos, que establece el principio pro persona, se establece que todas las autoridades tienen que velar, proteger y preservar los derechos humanos. Además establece que los derechos humanos tienen que ser expansivos y progresivos.

Por esa razón, señoras y señores legisladores, para cumplir la Constitución en el mandato del artículo 1o. tenemos que derogar esta figura. Se habla de qué es lo que se puede, qué es el acuerdo posible; primero, hay cuatro iniciativas de esta Legislatura y de este periodo donde se planteó derogar el arraigo y no se dictaminaron. Sin embargo, llegó hace unos días una iniciativa que simplemente reducía la temporalidad y ya se está obsequiando.

El propio procurador Murillo Karam ha cuestionado esta figura y ha declarado que de cuatro mil personas que se arraigaron, solamente 200 fueron consignadas; ha hablado además —y lo cito textualmente, dice—: Pero eso no es lo más grave, del arraigo surgió un efecto perverso, porque la PGR se confió y hubo arraigos en los que no hizo nada. No entendemos por qué no derogar esta figura.

Sabemos que hay presiones de ministerios públicos incompetentes y corruptos para los cuales es más fácil primero detener y luego investigar. Hay un área de confort de las procuradurías para primero detener a la gente inocente, violando sus derechos humanos, y luego realizar su labor de investigación.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, nosotros planteamos que esta medida de simplemente reducir la temporalidad y poner ahí vaguedades de supuestas atenuantes, nos parece que es una medida que no frena esta figura del arraigo.

En derechos humanos el gradualismo es una posición reaccionaria y profundamente conservadora, actitud cómoda para los que la usan para justificar cambios que supuestamente vendrán y que seguramente no llegarán. Las víctimas del arraigo no pueden esperar más, con un usted disculpe, a un nuevo acuerdo que no sabemos cuándo se construirá.

Para nosotros no es cuestión de números ni de negociaciones, los derechos humanos no pueden estar en el regateo; es un asunto de convicciones, estás o no estás con los derechos humanos.

En nuestra agenda legislativa se estableció la derogación absoluta del arraigo y vamos a hacer honor a ese compromiso; es hora de definiciones no de justificaciones. Su voto puede definir al lado de los derechos humanos; es tiempo de acabar con esta figura que tanto arremete, que tanto lastima y que tan ineficiente ha resultado para el país. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Ruth Zavaleta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su permiso, diputado presidente; honorable asamblea, antes de iniciar este posicionamiento quiero dejar asentado el reconocimiento que el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista hace a esta honorable asamblea por los trabajos realizados durante este periodo que hoy concluirá. Éste ha sido intenso en trabajos pero seguramente, a la luz pública, mucho más productivo que otras coyunturas similares. Esperamos que en lo inmediato todo lo que aquí hemos acordado y votado, en mayoría o consenso, pueda traducirse en beneficio para los ciudadanos de nuestro país.

Dicho lo anterior, me concentro al tema que nos ocupa en estos instantes. Estimados compañeros integrantes de esta LXII Legislatura, sabemos que la minuta que hoy estamos discutiendo se deriva de una iniciativa que noblemente pretende disminuir el mal que ocasiona una figura controvertida y que además ha sido calificada como anticonstitucional.

Las dificultades para discutir este dictamen y tomar una decisión a favor, comenzaron desde el día en que a los integrantes de la junta directiva de Puntos Constitucionales nos fue entregado un predictamen, que a pesar de ser positivo, su fundamentación era un predictamen negativo; es decir, el análisis que se nos entregó fundamentaba el porqué no debería prevalecer esta figura.

Para ilustrar mis palabras, me permito citar algunas fracciones de este documento: en materia penal, el arraigo permite la detención de una persona para investigarla sin contar con elementos probatorios, cuando en estricto apego al debido proceso lo correcto es realizar una investigación, recabar pruebas suficientes y entonces, solo entonces, solicitar al juez la orden de aprehensión que deberá cumplir con todos los requisitos para privar de la libertad a una persona.

El documento abunda con una reflexión sobre los principios constitucionales que viola el arraigo, a partir de la tesis aislada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el amparo directo 349/2010.

El arraigo viola los principios de libertad personal, legalidad, seguridad jurídica, además contraviene los principios de presunción de inocencia y debido proceso, contemplado desde la reforma a la Ley Suprema en junio de 2008.

El análisis sustentado en los estudios de expertos y académicos del tema estaba acorde con lo que determinó la Suprema Corte de Justicia en el 2006, respecto a declarar inconstitucional esta figura, cuando resolvió el asunto del Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua.

Sin embargo, para analizar este importante tema, cabe mencionar dos situaciones que tienen relación con el fortalecimiento del arraigo aprobado en el 2008; por una parte, la política pública impulsada por el anterior presidente de la República respecto al combate al narcotráfico y, en segundo lugar, la falta de una cultura de investigación de la comisión de delitos por parte de los ministerios públicos, los cuales, además, no son autónomos y dependen del Poder Ejecutivo.

A estas fechas, lamentablemente, aún con el cambio de sexenio y el reencauzamiento de la política pública, los responsables de la procuración de justicia han manifestado la necesidad de seguir contando con esta figura, en el entendido de que con ella, en un plazo de dos años, desaparecerá la cuestión del arraigo, porque entrará el pleno sistema acusatorio garantista.

Es decir, en este momento esta honorable asamblea tiene que valorar, por una parte, los elementos que existen en contra de mantener esta figura jurídica y, por otra, la necesidad de mantenerla como una herramienta indispensable para hacer el trabajo de la procuración de justicia.

Obviamente una reflexión obligada ante esta circunstancia es la de exigir que al paralelo de lograr un sistema acusatoria garantista, se profesionalice la investigación y se logre la autonomía del Ministerio Público y se vigile el no abuso del uso del arraigo. Pero también tenemos que reconocer que no podemos desarmar al gobierno de forma inmediata de esta herramienta.

La dificultad no ha sido menor, en un intenso debate al interior de la fracción del Verde Ecologista de México se ha decidido votar en libertad; es decir, esta fracción parlamentaria viene a informar a esta honorable asamblea que tendrá un voto diferenciado, toda vez que algunos compañeros votarán a favor pero otros lo harán en abstención y otros más lo haremos en contra. Muchas gracias por su atención, honorable asamblea.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño, para fijar la posición del PRD.

El diputado Catalino Duarte Ortuño:Compañeras, compañeros legisladores, en nombre del Partido de la Revolución Democrática me presento ante ustedes para razonar el sentido de nuestro voto sobre el dictamen que estamos discutiendo.

Uno de los postulados prioritarios de la agenda legislativa del PRD desde hace muchos años ha sido impulsar la derogación del arraigo penal de nuestro texto constitucional. En ese sentido, hemos presentado diversas iniciativas para eliminar de la Constitución esta medida cautelar.

Durante los últimos cinco años hemos sido receptivos y receptivas a las recomendaciones e informes que organismos de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas ha emitido al Estado mexicano sobre esta figura, así como las recomendaciones de distintos comités internacionales que han propuesto la revisión del arraigo, incluso han propuesto su desaparición, tal y como se encuentra actualmente nuestra legislación.

Nuestra posición es y será congruente en este tema, tenemos que transitar hacia la derogación total del arraigo. Que no haya dudas compañeros y compañeras, nuestra posición es firme y con bases sólidas de principios y convicciones, pero justamente por esos principios y convicciones que nos mueven y que nos comprometen con las y los mexicanos, es que el día de hoy votaremos para imponer mayores controles, condiciones y requisitos a esa figura jurídica.

El dictamen que votamos el día de hoy no es el dictamen que hubiésemos querido ni es el dictamen que cumple y atiende las recomendaciones de organismos internacionales en materia derechos humanos. Pero, sin lugar a dudas, es un dictamen que se perfila bajo el principio de progresividad de los derechos humanos, en el camino de una derogación pronta y absoluta del arraigo en este país.

Este componente sustantivo de los derechos humanos, radicado en el principio de progresividad, obliga a los Estados a avanzar en sus legislaciones y en sus políticas públicas, en aras de lograr una mayor protección de todos los derechos fundamentales

La progresividad implica también el construir un esquema jurídico que permita imponer condiciones y garantías para el pleno ejercicio de todos los derechos para todos y todas.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado que no es que se abuse del arraigo, sino que el arraigo mismo constituye un abuso. Compartimos plenamente esa posición y además añadimos que permitir que esa figura se mantenga sin cambio alguno sería extender el abuso de manera permanente.

Votar en contra de este dictamen, por más alegatos y manoteos que se hagan, representa votar en contra de la progresividad de los derechos humanos, en contra de imponer controles y restricciones al arraigo y, por ende, votar en favor de la perpetuación de las violaciones a los derechos humanos impuestas en la reforma del 2008 al artículo 16 constitucional.

Hoy votamos para evitar que el Ministerio Público abuse de esta figura, para imponer que el MP tenga que acreditar con indicios suficientes una probable responsabilidad de los indiciados, para evitar que con la simple imputación del MP se pueda otorgar arraigo.

También votamos para permitir que los organismos públicos de derechos humanos vigilen en todo momento a la persona o personas arraigadas, y nos sumamos para contar con una medida menos lesiva, que el arraigo permita al MP concluir su investigación, con una retención no mayor de 72 horas en casos de delitos graves, donde opere también la prisión preventiva de manera oficiosa.

En suma, el PRD votará a favor del presente dictamen, no porque hayamos claudicado o renunciado a nuestros postulados o porque le hagamos el juego a algún partido político, votaremos a favor porque estamos convencidos y convencidas que solo con la construcción de acuerdos podremos avanzar para lograr en este país la derogación total del arraigo, porque estamos convencidos que al subir a esta tribuna a descalificar, a denostar el trabajo legislativo nos descalifica y nos denuesta frente a la sociedad mexicana.

Porque buscamos avances tangibles y propuestas concretas para sus necesidades, no discursos cargados de retórica política, que en nada abonan a la defensa de los derechos humanos, el discurso no garantiza una mayor protección a este tema —como ya lo dije— los derechos humanos, lo que más cuenta son las acciones.

A los mexicanos y mexicanas que creen en este partido, nos hubiera gustado tener la mayoría para entrar en este tema, pero de acuerdo a las negociaciones que se hicieron en esta Cámara fue lo que se pudo lograr. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Consuelo Argüelles Loya, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Consuelo Argüelles Loya:Estimados compañeros y compañeras, la complejidad actual del concepto nacional en materia de seguridad implica tomar medidas urgentes, medidas urgentes que fortalezcan el estado de derecho para garantizar en mayor medida que podamos alcanzar la paz, la justicia y, sobre todo, la seguridad de los mexicanos.

El dictamen en sentido positivo a la iniciativa que promovimos en materia de arraigo busca tales fines, dotando; uno, mayor seguridad jurídica a los indiciados; dos, privilegiando en todo momento la vigilancia al respeto de los derechos humanos, y tres, brindando elementos que en su caso permitan al Ministerio Público consignar una averiguación evitando la sustracción de la justicia en aquellos infractores que forman parte de la delincuencia organizada.

La necesidad de la subsistencia de la medida atiende a la situación alarmante que padecemos en nuestro país debido a la delincuencia organizada, en que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia deben contar con elementos probatorios —elementos probatorios, compañeros— que garanticen el bienestar social y la seguridad pública; sin embargo, no debe vulnerar el respeto a los derechos humanos, por lo que se han establecido tres candados:

El primero. La necesidad de que el Ministerio Público acredite ante una autoridad judicial —no de manera per se, que no los confunda la izquierda— con tres características; uno, la existencia de indicios suficientes para vincular a una persona con delitos de delincuencia organizada; dos, que durante la subsistencia de la medida pueda allegarse de mayores elementos probatorios; tres, que con la medida se protege la vida, la integridad de las personas, los bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado de ello.

El segundo. De las otras restricciones planteadas, es la reducción de la medida de un periodo menor del vigente; el vigente te da 40 días y lo amplias otros 40 y te dan 80 días. La propuesta del dictamen son 20 días, con una posibilidad —no con una obligación— de aumentarlo 15 días más, con ello hemos acortado el periodo de la restricción a la libertad personal de aquellos de quienes se tienen indicios suficientes, de los que se tienen indicios suficientes para con los delitos de la delincuencia organizada.

Ojo, no podemos abrir ni quitar esto a las puertas para que no se detengan a las organizaciones delictivas.

Asimismo se eleva a rango constitucional el derecho de las personas arraigadas a solicitar, por sí o por su representante, la revisión de la medida en todo momento por los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el artículo 2o., apartado B de la Carta Magna.

Falso lo que afirman los diputados Monreal y Ladrón de Guevara. Con estas adecuaciones lo que se logra es dar mayor seguridad jurídica en los procedimientos penales y limitar el uso de la medida en casos excesivos.

De igual manera, esta iniciativa incluye la posibilidad de una ampliación de un término constitucional para la retención de un indiciado por parte del Ministerio Público, solo en aquellos casos de prisión preventiva oficiosa, y siempre y cuando lo autorice la autoridad judicial.

Gracias a esta reforma, cuando se aplique esta última medida será improcedente solicitar el arraigo, va a ser o A o B, lo que establece en beneficio del procedimiento, obligando a actuar al Ministerio Público eficientemente.

Estamos convencidos de que con la aprobación de esta iniciativa se da un gran paso al respeto de los derechos humanos y al fortalecimiento en nuestra Constitución.

Eliminar esta figura, en este momento, del arraigo implica no reconocer la fuerza que han tomado las organizaciones criminales y ser ciegos ante una realidad que enfrentamos.

Esto no es una cuestión de números, como lo dijo el diputado Ricardo Mejía, ésta es una cuestión para que las organizaciones delictivas no anden con impunidad haciendo en este país lo que crean. Aquí hay estado de derecho y aquí se tienen que respetar las leyes, señores.

Es nuestra obligación recobrar...

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momentito, diputada. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Para hacerle una pregunta a la oradora, si es tan amable.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Acepta usted una pregunta del diputado Huerta?

La diputada Consuelo Argüelles Loya: No, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No la acepta, diputado.

La diputada Consuelo Argüelles Loya: Es nuestra obligación recobrar la paz en nuestro país. Ya lo dijo Carlos Castillo Peraza, él decía: el estado de derecho no es solo un bien legal y una condición para la convivencia civil, ordenada y tranquila, es también un elemento central para una sana vida económica. Su ausencia impacta en los costos mismos de la producción y disminuye la competitividad de los bienes y servicios que llevan dentro de sí mismos, en pesos y en centavos, la corrupción, la impunidad, el burocratismo, la mordida, el coyotaje y el tiempo perdido.

Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos trabajar en la eliminación de estas medidas en un México en el que haya estado de derecho; en que el Estado haya recobrado para los mexicanos la paz, paz que no tenemos, señores, y la seguridad que merecen y en el que podamos afirmar que la delincuencia organizada ha cedido ante las medidas adoptadas, las cuales toman fuerza de nuestro actuar legislativo.

Por eso, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, así como luchamos en este periodo por la eliminación del fuero, por la reforma educativa, por la reforma de telecomunicaciones, por la garantía y la libertad de la expresión de los mexicanos, por la Ley de Amparo, por el impulso a la competitividad y productividad de las Pyme, también estamos a favor de esta reforma constitucional que sin duda alguna contribuye al avance del fortalecimiento de las instituciones. Gracias, compañeros.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Por alusiones.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. No procede, diputado. Vea lo que dice exactamente el Reglamento. En la fijación de posturas, no procede. Está en el 104 del Reglamento. Perdón, diputado, pero no puedo.

Vamos a concluir con esta ronda y después vendrán los oradores a favor y en contra. Tiene el uso de la voz el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José Alberto Rodríguez Calderón:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, un sistema de justicia penal eficaz para investigar y sancionar los delitos que tienda a la reinserción social de quienes los cometen es un rasgo distintivo de toda sociedad democrática.

Ésta fue la visión original sobre la cual se construyó la reforma constitucional en materia de justicia penal de junio de 2008, en la que se resaltó el tema del reconocimiento y aceptación a los derechos humanos como un factor indispensable de responsabilidad del Estado, comprometido éste a garantizar el apego irrestricto a la garantía de su ejercicio en todos sus actos, de conformidad con los instrumentos internacionales que México ha firmado y a los que se ha comprometido desde hace mucho tiempo.

En tal sentido, esta Cámara de Diputados se ha caracterizado por mantener el respeto a los derechos humanos como el eje predominante de las reformas en materia de justicia, por ello, figuras controvertidas como el tema del arraigo han sido objeto de reiteradas modificaciones, en virtud de que afectan una prerrogativa fundamental como lo es la libertad de las personas, concebida ésta como uno de los derechos humanos por excelencia y que ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales. Su evolución y gradual apego a la función jurisdiccional influye de manera sustancial en la actuación de los jueces, en virtud de su decisión de implementar y ejecutar esta medida.

En razón de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronuncia a favor del dictamen que hoy somete a consideración de este pleno la Comisión de Puntos Constitucionales, pues de aprobarse las reformas planteadas será reducida la temporalidad de la aplicación de la figura del arraigo de un plazo de 40 días —como actualmente se encuentra el texto vigente— a 20 días, pudiendo ser prorrogable por 15 días más, reforzando con ello su carácter estrictamente temporal.

De igual forma, se pondera la protección a los derechos humanos a partir de obligar al juzgador a sustentar su decisión de dictar la medida siempre y cuando existan indicios suficientes que vinculen a los inculpados con delitos de delincuencia organizada, que mediante el arraigo se provea de mayores elementos en la investigación, se proteja la vida, la integridad de las personas, sus bienes jurídicos, o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado para ello. Asimismo se fortalece de manera relevante la intervención y participación de los organismos de protección de los derechos humanos previstos en la Constitución cuando las personas sujetas a dicha medida cautelar así lo soliciten.

Será posible también que previa la autorización judicial el Ministerio Público retenga a una persona por un periodo adicional de hasta 72 horas, cuando se trate de delitos de delincuencia organizada y delitos de prisión preventiva oficiosa, entendiendo éstos como los llamados delitos graves: secuestro, violación, homicidio, siempre que esta medida sea necesaria para ampliar los elementos probatorios que motivan la retención.

Compañeras y compañeros diputados, se ha mencionado de manera reiterada cifras de eficiencia sumamente negativas y contradictorias; es muy importante establecer con precisión que los datos estadísticos o los datos de información que se han generado a través de los medios de comunicación hablan de los delitos federales, de la eficiencia del arraigo en materia de delitos federales.

Debemos entender lo siguiente: los delitos federales a nivel nacional solamente representan escasamente el 10 por ciento de la realidad penal en este país, el 90 por ciento está en manos de las autoridades estatales en el fuero común —y aquí es importante resaltarlo— la eficiencia en el fuero común del arraigo oscila entre el 75 y el 80 por ciento de efectividad. Datos precisos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se pueden verificar en los estados, incluso en el Distrito Federal.

Compañeras y compañeros diputados, en la actualidad la aplicación de la figura del arraigo prevista en estas reformas hoy planteadas a nuestra Carta Magna, y que en su momento deberán ser objeto de las reformas a la legislación adjetiva, implica total garantía del ejercicio de los derechos humanos.

Esto significa, en términos sencillos y concretos: los arraigados nunca estarán incomunicados, los arraigados nunca deberán ser objeto de tortura y definitivamente podrá hacer valer todos los medios de prueba y los medios de defensa a su alcance.

Las presentes reformas, sin duda, constituirán un referente histórico en la aplicación de la figura del arraigo en el sistema de justicia penal, al intervenir todos los actores interesados en concebir a los derechos humanos como una condición esencial para la consolidación de un auténtico estado social y democrático de derecho, en virtud de que las bases para su aplicación serán emitidas desde aquí, desde el Poder Legislativo.

La medida cautelar será solicitada en apego a derecho por el Ministerio Público, en razón de su naturaleza jurídica como representante de la sociedad y parte del Poder Ejecutivo, autorizada también de conformidad al caso concreto por el Poder Judicial y adicionalmente, en caso de que se decrete la medida, la misma que estará sujeta al monitoreo y observación de la sociedad civil. Como legisladores...

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momento, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente, si me permite una pregunta el orador.

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero reiterar que el artículo 104 del Reglamento, en la fracción IV, dice que un integrante de cada grupo parlamentario podrá disponer del tiempo necesario para exponer su postura y no podrá ser interrumpido por moción o cuestionamiento, diputado. Me da pena, pero de verdad no proceden en la fijación de posturas ni las interpelaciones ni las mociones.

Tiene derecho a diez minutos, por ser una reforma constitucional. Le pido al orador también que pueda concluir y que le permitamos concluir con su intervención.

El diputado José Alberto Rodríguez Calderón: Gracias, señor presidente, con su permiso. Termino, señor presidente. Como legisladores tenemos un importante reto que asumir. La sociedad mexicana aspira a construir un país con menos contrastes y mayores oportunidades para todos. Es impostergable enfrentar esa deuda social que tenemos con las y los mexicanos de las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Pasamos ahora a la discusión en pro y en contra. Tiene el uso de la voz, para hablar a favor, el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los artículos 14, 16, 19 y 20 de nuestra Constitución contemplan quizá los derechos que más debemos atesorar los ciudadanos, son garantía en el proceso penal y son en esa medida una barrera de defensa que nuestra Constitución establece en nuestra relación con las autoridades cuando se trata del respeto por el derecho a la libertad.

Es precisamente en el artículo 16 constitucional, y precisamente también en esta relación de autoridad con gobernado, que se encuentra plasmada la figura del arraigo sobre la cual estamos hoy discutiendo.

El arraigo esencialmente tiene como propósito el aseguramiento, como medida cautelar, de la persona que en contra de la cual se encuentren indicios de haber cometido alguna práctica delictiva, que tiene como único propósito lograr que no evada la acción de la justicia y darle la oportunidad al Ministerio Público para integrar correctamente una averiguación previa y con ello ejercer la acción penal.

¿Cuál es la problemática que encontramos nosotros en materia de arraigo? No es con relación a la figura misma, sino por virtud del desvío en que han incurrido algunas autoridades encargadas de la procuración de justicia, que han encontrado a través del arraigo un instrumento para cometer otros delitos, como es propiamente el de abuso de autoridad.

Quiero traer a colación nada más en esta ocasión el hecho de que en el dictamen que estamos discutiendo actualmente no viene abierta la posibilidad para que nosotros suprimamos del texto constitucional la figura del arraigo. Hemos recibido nosotros llamados de organizaciones defensoras de derechos humanos en los que nos invitan a que suprimamos la figura del arraigo de nuestro texto constitucional.

A virtud de estos abusos de los que se ha hecho presa la figura del arraigo, y a muchos sujetos por parte de las autoridades de procuración de justicia, me encantaría poder concurrir con relación a esa petición y hacerles manifiesta la indignación que compartimos con ellos, precisamente por virtud del desvío de la figura del arraigo. No es hoy el caso, hoy tenemos que discutir la posibilidad de disminuir el arraigo como está redactado actualmente en el texto constitucional.

Los invito a que valoren muy bien su voto, porque votar hoy a favor del dictamen que ha puesto a su consideración la Comisión de Puntos Constitucionales, no es votar a favor del arraigo, votar hoy a favor es votar para disminuir las condiciones conforme a las cuales el arraigo se puede otorgar.

No es nada más una disminución de días ni del periodo en el cual una persona puede estar arraigada, es también votar a favor de que la procuración de justicia, de que el Ministerio Público asuma cargas procesales dentro del amplio procedimiento penal, a fin de justificar la procedencia del arraigo.

Déjenme decirles esto, en nuestra Constitución y en la Ley de Amparo nosotros hemos previsto la posibilidad de que los jueces de amparo suplan la deficiencia de la queja a favor del gobernado en su relación con las autoridades.

Nosotros tenemos autoridades encargadas de la procuración de justicia, policías y Ministerio Público federal, locales, estatales, del Distrito Federal, que desafortunadamente no cuentan con instrumentos para cumplir correctamente su labor, aun y cuando ellos lo quisieran llevar a cabo.

Nuestra policía no es Scotland Yard, y los delitos que están ellos persiguiendo tampoco son robos de monederos en el transporte público, están enfrentando situaciones terriblemente difíciles, en las que necesitan desde luego el apoyo a través de esta suplencia para integrar correctamente la averiguación previa.

No he escuchado, en ninguno de los posicionamientos, que se tome en consideración que esta suplencia, que estaríamos aprobando a través de esta reforma constitucional, a favor del Ministerio Público no vela por una autoridad del Estado mexicano, vela por quien tiene el monopolio en el ejercicio de la acción penal y quien se encarga de perseguir los delitos que se cometieron en contra de otra persona. De tal suerte que lo que estaríamos aquí favoreciendo sería una suplencia a favor de la víctima de un delito.

Los invito a que tomen en consideración esto para emitir su voto. Es cuanto. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz, para hablar en contra, el diputado Gerardo Villanueva, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. Por más que se quiera adornar, el arraigo es un golpe brutal a los derechos humanos, ya que la Constitución limita el poder público reconociendo y garantizando estos derechos fundamentales.

Jesús Murillo Karam, por cierto el 10 de diciembre del año pasado, en el marco del Día de los Derechos Humanos, afirmaba que la violencia es degradante; degrada a quien la utiliza, al delincuente que arremete a la sociedad, pero también a quien la utiliza como técnica de investigación con el objeto de acercarse a la verdad y obtener pruebas. Eso es el arraigo y se refería a eso el procurador.

¿Qué pasó después? Ya lo dijo aquí un diputado que hizo uso de la tribuna: se negoció; se negocia la Constitución, se negocian los derechos humanos y el diputado sale todo deprimido de tribuna, porque dice que no le alcanzan los votos para que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de este país. No puede ser, compañeras y compañeros diputados.

El arraigo es un método violento y violatorio de los derechos humanos; es un secuestro de Estado en casas de seguridad legalizadas y a veces hasta en instalaciones militares, lo cual es doblemente violatorio de los derechos humanos.

El arraigo contraviene las garantías de un sistema penal humanista de corte adversarial y oral, como aquí mismo se aprobó. Esta medida constituye claramente una forma de detención arbitraria contraria a las obligaciones en materia de derechos humanos que México ha adquirido y viola, entre otros, los derechos de libertad personal, de legalidad, de presunción de inocencia, las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo.

El Ministerio Público federal solicita el arraigo justamente porque no tiene pruebas para acusar, ya que si las tuviera, de inmediato solicitaría una orden de aprehensión a un juez; por lo tanto, ese procedimiento aniquila el principio de presunción de inocencia, el cual paradójicamente fue introducido expresamente en la reforma a la que hacía alusión anteriormente. Es decir, por un lado se reconoce textualmente el citado principio, pero por otro lado se le aniquila, con el instrumento autoritario y regresivo que es el arraigo.

Se habla de controles y requisitos nuevos. Nada más falso, el arraigo sigue y punto, y ya sea de un día o de 35 días es violatorio a los derechos humanos.

Un dato obtenido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, vía acceso a la información pública, señala que en el periodo de junio de 2008 a octubre de 2011 la cifra global de personas arraigadas fue de 6,562. La cifra aumentó a más de 7,000 con los datos actualizados de este año.

Aquí un diputado sube muy orgulloso a decir que el 80 por ciento, el 75 por ciento fueron consignados, ¿y de qué nos sirve, si el 3 por ciento fue sentenciado condenatoriamente y el resto fue absuelto? Pensemos en las víctimas. Ni siquiera perdón les dicen. Estamos hablando de 6,500 víctimas de un sistema mediocre, de un sistema que no funciona, que es el sistema de procuración de justicia y que hoy están constitucionalizando además la violación al derecho humano del indiciado.

Quiero comentar que esta iniciativa del compañero Beltrones, pues no trae más que la intención de Enrique Peña Nieto de retroceder y, como consecuencia, romper con el principio de progresividad de los derechos humanos.

Razones sobran que la temporalidad no es objeto del debate, porque el arraigo, así dure 1 o 35 días vulnera la presunción de inocencia y es una detención arbitraria. El arraigo debe desaparecer del sistema jurídico mexicano, ya que la única solución posible que podemos admitir para enfrentar el fenómeno criminal es a través de mecanismos garantistas que bajo ninguna circunstancia pongan en peligro a toda la población, ya que desafortunadamente eso es lo que está provocando el arraigo, ponernos a todos bajo sospecha y también en peligro.

Diputado presidente, al anterior orador se le dio más de dos minutos adicionales. Estoy concluyendo, estoy ya concluyendo, diputado presidente...

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido que concluya, pero no es exacto lo que dice, diputado.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con mucho gusto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Porque le habían puesto solo tres minutos al inicio, a usted le pusieron cinco.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con mucho gusto, diputado presidente, concluyo.

Quién vota a favor del arraigo traiciona los principios fundamentales de los derechos humanos, traiciona el espíritu garantista de nuestra Constitución, traiciona el compromiso de construir el Estado social, democrático y de derecho, que aquí tanto se predica.

Cuánta demagogia y cuánta simulación. Es otra traición más de Enrique Peña Nieto y de la mayoría, que trata de imponer verdades que no tienen que ver con los derechos ni con las luchas...

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya con su intervención.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: ... de los derechos del pueblo de México. Los derecho humanos no se negocian, que quede claro.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le pido que concluya con su intervención.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Es cuanto, diputado presidente. Qué amable es usted.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos, la diputada Aleida Alavez Ruiz.

La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros, creo muy importante refrendar la postura del PRD, que siempre hemos venido enunciando, desde la presentación misma de nuestra iniciativa para eliminar esta figura y este instrumento de la Constitución. Esta es, ha sido y será la postura del PRD: que el arraigo desaparezca de la Constitución.

En 2008, precisamente, cuando en su momento aquí vinieron a plantear, a introducir la figura del arraigo —también era diputada, compañeras y compañeros— plantee una moción suspensiva para que no entrara esa discusión en ese momento para habilitar en la Constitución un instrumento de esta envergadura. Obviamente fue rechazada. Pero aquí hay quienes han venido a decir que están en contra de esta figura, que están en contra de que el arraigo permanezca en la Constitución, cuando en su momento, en 2008, no se hicieron cargo de que no quedara en la Constitución.

Los votos del Verde Ecologista a favor lo determinan, y en particular hay votos que me llaman mucho la atención, que en su momento, en la LX Legislatura avalaron el poner este instrumento en la Constitución, y que hoy vengan a decir que tienen un discurso garantista o protector de los derechos humanos, cuando en su momento —insisto— hicieron todo para introducir esta figura en la Constitución.

Nosotros somos congruentes, actuamos con congruencia. Esto no es lo que queremos, ya lo dijo mi compañero Catalino, es lo que logramos ante una iniciativa que presentaron el PRI y el PAN, de solamente reducir el número de días del arraigo; logramos meterle más candados a que no sea con un solo indicio, sino con varios, el que un Ministerio Púbico solicite el arraigo de una persona, pero también el que en todo momento haya el acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no sea bajo procedimientos tortuosos, como actualmente es, que solamente después de 20 días pueden entrar a ver cómo está el arraigado. Ahora en todo momento pueden vigilar la situación de quien tenga esta condición.

También en el caso de la retención hay algo muy importante que aclarar. Se manejó en el sentido de que sea, o la retención o el arraigo. No pueden ser usados por el Ministerio Público los dos instrumentos, en la búsqueda de que sea la retención y no el arraigo, lo que privilegie el Ministerio Público. Pero también va a haber sanciones, quien quiera abusar de esta medida, quien quiera utilizarla como la utilizaron en el sexenio pasado, va a haber sanciones que están ahí dichas en el texto que hoy estamos aprobando de la Constitución.

Los Ministerios Públicos van a tener que enfrentar sanciones si es que quieren abusar de esta medida, que es por sí misma trasgresora de los derechos humanos.

Por eso es necesario que nosotros tengamos la claridad y no venir aquí a incendiar con discursos en contra o a favor, como si fuera una situación que se logra con solo decirlo en tribuna, cuando se tiene que trabajar mucho porque la progresividad de los derechos humanos sea una realidad y que no sigan cometiendo atropellos, como los que en su momento se hicieron al haber habilitado la figura del arraigo en la Constitución. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, para hablar en contra, el diputado Felipe Arturo Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Me da gusto que al iniciar hay un poquito más de los compañeros diputados para una reforma constitucional, y no solamente a la hora de la votación que se necesitarán las dos terceras partes. Los felicito a los que están presentes.

Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Albert Einstein. Con su venia, diputado presidente.

Nuestra tarea como legisladores implica sin duda una muy alta responsabilidad y rendir cuentas ante nuestros representados legislando en base a las imperiosas necesidades de todos y cada uno de los mexicanos.

A la luz de la decisión del año 2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad del arraigo penal y su categorización como una detención ilegal, por el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Comité de los Derechos Humanos, es inminente adoptar todas las medidas necesarias para eliminar el arraigo.

La medida cautelar del arraigo fue considerado por el grupo de trabajo en comento, en su visita a nuestro país, como el resultado del mal funcionamiento del sistema de investigación y procuración de justicia, pues coloca los incentivos en dirección contraria al fortalecimiento de la capacidad investigativa de la autoridad, además de que puede propiciar otras violaciones a los derechos humanos.

Es de explorado derecho que el arraigo es de suyo inconstitucional, en razón de que priva al individuo de su libertad antes de que exista una sentencia definitiva de la autoridad judicial, con lo cual transgrede evidentemente el artículo 14 de nuestra Carta Magna.

Estamos frente a importantes retos y desafíos esenciales como Poder Legislativo; acciones, deberemos emprender sin duda los tres Poderes de la Unión; sin mayor demora la sociedad exige resultados en materia de justicia y no puede esperar más.

La Constitución federal, en su artículo 1o., dispone que todas las personas gocen de los derechos humanos establecidos en los convenios internacionales, por lo cual han alcanzado ya rango constitucional, derivado de la reforma que en el año 2011 se realizó en importante materia, razonamiento que robustece su protección y tutela.

En este orden de ideas, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los delitos y perseguir a los delincuentes. Lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de nuestra Carta Magna.

Es de explorado derecho que la finalidad intrínseca del Ministerio Público deberá de garantizar a los ciudadanos la seguridad de justicia, sin transgredir los derechos establecidos en los tratados internacionales que México ha suscrito y que contempla nuestra Carta Magna, haciendo una correcta investigación de los delitos y después, en base a ello, realizar el ejercicio de la acción penal y la consignación de los probables responsables ante la autoridad judicial.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 28, de 2010, en sesión de fecha 23 de noviembre de ese año, estableció que en materia de derechos fundamentales el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte.

Bajo tales premisas, si tomamos en consideración los tratados internacionales suscritos por México, y cuyos derechos han alcanzado rango constitucional, nos daremos cuenta que el arraigo es contrario a lo establecido en aquellos.

Si bien es cierto se han cometido arbitrariedades e injusticias en su instrumentación, se reconoce que dicha figura tuvo justificación en las instituciones de procuración de justicia por el entorno del crecimiento de la delincuencia organizada; sin embargo, no justifica la violación a los derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales.

Como Poder Legislativo tenemos la obligación de dotar de las herramientas necesarias en la ley al Ministerio Público, para que cumpla con la obligación de investigar y perseguir delitos y delincuentes, siempre en apego a la legalidad; por el contrario, si lo dotamos de esas herramientas que permitan la violación a los derechos fundamentales del ser humano seguiremos otorgándole facultades contrarias al estado de derecho, cuando debemos ser los primeros en garantizar la legalidad de todas las autoridades implicadas en la procuración, como en la investigación y en la administración de justicia.

Si bien es cierto que la iniciativa en comento implica un acotamiento a la figura del arraigo y que una vez implementados los juicios orales tienda a su desaparición, implica la misma figura la violación a los derechos fundamentales, que el reducirla en tiempos en ningún momento conlleva a su legalidad.

Por el contrario, debemos no solo como Poder Legislativo, sino la misma Procuraduría General de la República, buscar las herramientas para el fortalecimiento de dicha institución, capacitando y profesionalizando a los servidores públicos en la investigación científica, apoyándose en la ciencia forense y en la tecnología; ser más estrictos en la selección y reclutamiento de personal ministerial, policial y pericial y con ello combatir la impunidad. Término, presidente.

No debemos dejar de considerar que de la mano de la figura del arraigo se encuentra el programa de testigos protegidos o colaboradores que contribuyen y contribuyeron en el pasado en la fabricación de delitos y de delincuentes por parte de la autoridad ministerial.

Como ya ha quedado de manifiesto muy claramente con el desistimiento que de la acción hiciera el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en contra del general Ángeles, y que reconozco el valor del procurador general en la decisión tomada para hacer justicia desde su encomienda constitucional.

Compañeros diputados, el fin no justifica los medios. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar en pro, el diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Fernando Zárate Salgado:Con su venia, presidente. Es necesario señalar y reiterar de previo y especial pronunciamiento que el PRD está a favor de la desaparición del arraigo. Que no quede duda. Desde el 2008 hemos venido posicionando que es trascendental profundizar en materia de derechos humanos.

En un Estado democrático y libre, el principio de presunción de inocencia, el diseño de las instituciones procesales y de sanción reflejan los fundamentos y la ética de una sociedad.

Gustav Radbruch ha sido claro en la materia: Para conocer mejor a una sociedad hay que analizar sus códigos penales y, sobre todo, visitar sus cárceles.

En el 2008 existió una aclamada reforma constitucional, en la que se instauran los juicios orales y pone en alto la presunción de inocencia, además que amplía los derechos humanos; sin embargo, destacó un tema, que desde su iniciativa y luego ya aprobada levantó ámpula: el arraigo.

A cuatro años de su aplicación hemos vivido el abuso y los excesos del instrumento que en el camino ha fabricado pruebas, ha manipulado testigos, han inducido culpabilidades, que reflejan el decadente estado en el que se encuentra la procuración de justicia. Y en la mayoría de los gobernantes refleja que en los últimos años no se ha puesto suficiente interés en el Ministerio Público, en la calificación de su personal, en la profesionalización, en la formación, en la ética, el profesionalismo ni mucho menos en el desarrollo de las técnicas y las ciencias que auxilie a la investigación de los delitos.

Se ha intentado tapar con una mano durante y a lo largo del pasado sistema, y específicamente en el sexenio pasado, la evidente y decadente procuración de justicia a costa de encontrar y agarrar presuntos delincuentes, violando a toda costa los derechos humanos.

El PRD en el Congreso de la Unión, empezando con la fracción en la Cámara de Diputados, utilizará su fuerza para transformar las instituciones, para abonar en desarrollo y rediseñar el poder. Es trascendental que exista una voz crítica y un contrapeso real, pero éste debe partir de una premisa de construcción, no el eterno bloqueo sin saber a dónde se va. Nuestra salida pudiera ser fácil y simplista, ocultarnos tras la protesta airada, hacer de nuestras posiciones una forma de vida irracional, que raya en lo reaccionario y que pretende a toda costa impedir la evolución y la construcción de políticas de izquierda que puedan de verdad servir a la población.

Dejamos en aislamiento a muchos de nuestros ciudadanos que se encuentran en un evidente estado de necesidad. El resentimiento y continuar con el enojo y adoptarlo como discurso jamás mejorará a la sociedad, mucho menos a los más necesitados.

El PRD no ignora su propia base, el diálogo, la apertura, la crítica, pero sobre todo la propuesta.

Las teorías socialistas y socialdemócratas debieran ser el motor de aquellos que buscan la movilidad social, mayor igualdad, el respeto a la ley, el perfeccionamiento del Estado democrático y, sobre todo, mayor equidad, reconocimiento y aplicación efectiva, no de buró de los derechos humanos.

Tabaré Vázquez ha afirmado con agudeza: quien no es útil en la oposición es inútil en el gobierno.

Consideramos que hoy estamos logrando un avance respecto a la nada lejana desaparición de la figura del arraigo; hoy no nos encontramos en la disyuntiva de si se mantiene o se desaparece el arraigo; hoy, acorde a los números y acorde a la democracia, nos encontramos en la situación de cómo exponemos, expresamos, incluimos y acotamos el arraigo. Hoy el PRD contribuye para que se ejerzan los debidos controles judiciales en las figuras que pudiera causar un abuso del Estado.

Fundamentalmente la oposición debe ser un contrapeso, y ese contrapeso debe incluir a órganos de control. Lo más importante de esta reforma es que los derechos humanos estarán presentes en todo momento con el inculpado o el presunto delincuente.

El PRD ha decidido ser útil, no en favor de un ala ni en favor de un partido, sino en favor de la población. No cesaremos en nuestras voluntades hasta desaparecer el arraigo, pero vamos a ser útiles en construir con todos los demás partidos políticos el futuro de nuestra nación. No nos mantendremos aislados. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar en contra, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo.

Saludamos a un grupo de invitados de la comunidad de San Lorenzo, de Coacalco de Berriozábal, estado de México. Invitados por el diputado Roberto Ruiz Moronatti. Bienvenidos a esta sesión.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente; con la venia de la asamblea. No se puede venir a esta tribuna a decir que se está medio a favor de los derechos humanos, o se está o no se está.

Lo que estamos discutiendo hoy es el medio del sistema de criminalización que implementó Calderón en 2008, que lo llevó a tener 7 mil arraigos, con una efectividad del 3 por ciento; es decir, solamente el 3 por ciento de los 7 mil arraigados llegaron a proceso para un total de delitos que representan solamente el 10 por ciento de los delitos de este país, como ya lo dijeron los que están a favor de esta reforma.

El PT sí está en contra de esta reforma, porque creemos que el arraigo debe desaparecer, porque no se puede estar solamente medio a favor de los derechos humanos. Creemos que esta figura fue creada por el gobierno de Calderón para poder justificar las medidas de criminalización que estaban llevando a cabo para justificar su estancia en el poder con esa guerra contra el crimen organizado, absurda, que llevó casi a la destrucción de este país.

Es cierto, es muy difícil vivir con miedo. Soy de Chihuahua. Nuestros compañeros de Ciudad Juárez aquí saben que hemos vivido tiempos difíciles con el tema del crimen organizado, pero eso no justifica que vengamos aquí a violentar los derechos humanos; el tema de la figura del arraigo, se diga lo que se diga, violenta los derechos humanos.

Más aún —y déjenme citar al ahora líder del Partido Revolucionario Institucional— el arraigo —dijo César Camacho Quiroz, hace dos legislaturas— es la institución que envenenó al nuevo sistema de justicia penal.

¿Por qué? Porque el sistema penal en este país y las medidas punitivas deben de ser la última ratio del sistema penal, no la primera. No podemos castigar en adelantado, sobre todo cuando el arraigo solamente sirve para dar un periodo a la investigación. Compañeros diputados, estamos violentando, no solamente flagrantemente los derechos de los mexicanos, sino que además en esta tribuna se ha dicho sobre una figura, que es solamente efectiva en el 3 por ciento de los casos y que solamente se aplicará en el 10 por ciento de los delitos.

Peor aún, utilizamos esta reforma para incluir una reforma segunda en el décimo párrafo del artículo 16, que da al Ministerio Público otras 72 horas para detener y retener a los investigados; es decir, no solamente mantenemos la figura del arraigo —de la cual se supone el que es ahora presidente de este país se había pronunciado en contra— sino que le estamos dando más tiempo al Ministerio Público para que pueda detener de manera inconstitucional a los ciudadanos cuando estén en los supuestos del artículo 19, segundo párrafo.

Déjenme ir más allá. ¿Qué es lo que estamos aprobando? ¿Cómo sabemos que estos ciudadanos están en el supuesto del párrafo segundo del artículo 19, si el tiempo del arraigo es para la investigación?

Permítanme finalizar con esta lógica. Hay una teoría del derecho penal que se llama la teoría del enemigo y sobre esa teoría está basado el arraigo; la teoría del enemigo dice que el que pretende ser persona, el que pretende ser tratado como persona debe dar a cambio una cierta garantía cognoscitiva de que se va a comportar como persona. Si no existe esa garantía o incluso es negada expresamente, el derecho penal pasa a ser una reacción de la sociedad ante el hecho de sus miembros.

Es decir, las personas frente al Estado —según la teoría del enemigo— debemos de comprobar que somos inocentes primero. Solamente al salir a la calle debemos demostrarle al Estado que somos inocentes, porque si no, el solo hecho de salir a la calle nos hace culpables.

Discúlpenme, señores diputados, pero no es así. El Estado existe porque el contrato social existe y el contrato social dice que el Estado existe porque así lo ha decidido la ciudadanía. Los ciudadanos nos han cedido sus derechos para que nosotros los defendamos y los respetemos. En eso consisten las cláusulas del contrato social y no podemos venir a romperlo ni venir a decir aquí en esta tribuna que estamos medio a favor de los derechos humanos.

Con esto termino y les dejo la duda, ¿estamos realmente dando un avance en el tema de derechos humanos, o nos tiembla la mano para desaparecer este medio que utilizó Calderón para criminalizar a siete mil ciudadanos en este país y de los cuales ahora este gobierno está reconociendo los errores del pasado y ahora está liberando a quienes fueron víctimas de estas figuras? Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, para hablar a favor del dictamen.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: En primera instancia, felicitar a la Comisión de Puntos Constitucionales por el dictamen que el día de hoy se somete a consideración de esta asamblea.

Cada uno de los grupos parlamentarios, por sí solos, no reunimos la mayoría calificada. Esa es una realidad. ¿Qué ha imperado en esta Cámara de Diputados? El acuerdo, el consenso, el no sentirnos cada uno de nosotros dueños de la verdad.

Tenemos una realidad al día de hoy: tenemos un problema de seguridad en el país. Eso es indiscutible. Y una figura del arraigo, que al día de hoy existe, en el que no se solicita, no se requieren mayores requisitos para ser otorgada por 40 días, más una ampliación de 40 días.

Lo que el día de hoy se somete a consideración, no es una disminución de plazo, eso es lo de menos, lo importante es el establecimiento de requisitos muy claros para que la autoridad judicial otorgue el arraigo, el precisar de manera clara que es necesario acreditar la existencia de indicios suficientes que lo vinculen con los delitos.

¿De qué delitos estamos hablando? Porque pareciera que estamos en presencia de delitos menores. Quisiera recordarles que estamos hablando de delincuencia organizada: terrorismo, delitos contra la salud, delitos de acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, pornografía y corrupción de personas menores, turismo sexual, lenocinio y tráfico de menores. Estos son los delitos de delincuencia organizada de los que estamos hablando o, en su caso, los todavía delitos graves como homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas. En estos casos el juez otorgará el arraigo si se cumple con el requisito de indicios, no solo la solicitud del Ministerio Público.

Por otro lado —y he escuchado en varias ocasiones hablar de derechos humanos— se consagra de manera expresa que deba intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el momento que sea solicitado por el arraigado o por su representado, entendiendo por representado los familiares y el propio concepto. No queda solo de forma potestativa. Hay la obligación de la intervención de los derechos humanos.

Por último, sabemos y todos estamos conscientes que debe desaparecer la figura del arraigo; por lo mismo, en este tránsito hacia la desaparición del arraigo se prevé una nueva figura, una nueva figura en la que el Ministerio Público podrá retener con autorización del juez, 72 horas más, en los casos de delincuencia organizada o de delitos graves —solo en esos— que amplía el plazo de las 48 horas tratándose de delitos graves, o de 96 horas tratándose de delincuencia organizada.

Pero aún más, en ese diálogo y en ese consenso entre los grupos parlamentarios se presenta una adición fundamental; si se utiliza la figura de ampliación de retención, en la que viene siendo una manera de ir induciendo lo que en su momento van a entrar como jueces de control, ya no puede solicitarse el arraigo. Es decir, el juez lo primero que va a preguntar antes de otorgar un arraigo, es si no existe la posibilidad de que con la ampliación de la retención de 72 horas, tenga el tiempo necesario antes de la consignación.

Ésta es una forma muy clara y expresa de comprometernos todos los aquí presentes con la desaparición del arraigo; si no hacemos nada, compañeras y compañeros diputados, al día de hoy, probablemente en este momento, se esté arraigando a una persona sin mayores requisitos y por 40 días, con una ampliación de 40 más.

Actuemos en consecuencia y nos comprometemos todos a desaparecer el arraigo en breve. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía, para hablar en contra.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Realmente aquí todo mundo ha hablado en contra, todo mundo ha cuestionado el arraigo, todos los oradores han hablado de que viola los derechos humanos, de que es una figura lastimosa de nuestra legislación, pero van a votar a favor de mantener esta figura que tan mal han calificado.

Preguntaría, ¿quién les está torciendo la mano para mantenerla? ¿Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, los gobernadores de los estados? Porque aquí Murillo Karam, cuando era diputado federal, planteaba la eliminación total y absoluta del arraigo. El 12 de diciembre hizo la declaración donde cuestionaba que de 4,000 arraigos solamente 200 habían sido consignados.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un segundo, diputado Mejía. Dígame diputado.

El diputado Alejandro Rangel Segovia (desde la curul): Deseo hacer una pregunta al orador.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Cuando termine la intervención. La realidad es que el fracaso de la estrategia de seguridad pública no se va a limpiar cometiendo atropellos contra personas.

¿Ustedes creen que porque se mantenga esta figura inconstitucional y violatoria de los derechos humanos se va a acabar con el crimen organizado? Además, no es cierto que solamente sea para delitos de la delincuencia organizada, en el fuero común son todos los delitos graves y ha habido también una ineficacia manifiesta del Ministerio Público.

Señoras y señores legisladores, éste es el poder soberano del pueblo de México, deroguemos el arraigo, ¿qué lo impide? No es con esta actitud de esquizofrenia de estar en contra, pero a la vez estar a favor, como se defienden los derechos humanos.

No lo dice nada más un grupo parlamentario o algunos legisladores, nos lo dice la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos; nos lo pide Amnistía Internacional, nos lo piden todos los organismos de derechos humanos no gubernamentales. Demos una respuesta y mejoremos, en todo caso, los instrumentos de investigación científica y policiaca para que se puedan combatir los delitos. Pero no es martirizando a la gente, no es preservando esta figura del arraigo como vamos a mejorar la situación de la delincuencia en el país.

Por todas estas razones, nosotros seguimos estando en contra, y pedimos que haya una reconsideración. Si todos, hasta los que han hablado a favor, están en contra, ¿cuál es la razón para seguirlo manteniendo? Es cuanto, señor presidente. A ver, la pregunta.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Puede formular su pregunta el diputado Alejandro Rangel.

El diputado Alejandro Rangel Segovia(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Intermitentemente hemos visto y escuchado en las intervenciones del señor diputado que hace uso de la voz su defensa a ultranza de vandalismos ejercidos por seudoprofesores de movimientos radicales en este país, y ahora lo escuchamos venir a preguntarnos, a los que estamos decidiendo cuestiones tan importantes, como ésta de matizar el arraigo, que quién nos está torciendo el brazo.

La pregunta en concreto es, ¿quién le está torciendo el brazo al diputado que quiere negar esta posibilidad? ¿Acaso los secuestradores? ¿Acaso el crimen organizado le está a usted torciendo la mano, diputado, para que se quite esta posibilidad del ejercicio de la justicia en toda su magnitud y en toda su capacidad, que puede ser la diferencia entre que se fugue antes de tiempo un delincuente perfectamente identificado o que sea retenido hasta consignarle la culpabilidad?

El Presidente diputado José González Morfín: Puede dar respuesta.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Ése es el discurso del fascismo, ése que acaban de ver. Hay que acabar, hay que encarcelar, hay que criminalizar.

Señores diputados federales del Partido de la Revolución Democrática, ¿van a acompañar ustedes estas expresiones de fascismo que acabamos de ver? A mí nadie me tuerce el brazo, como seguramente a usted. Yo respondo a la ciudadanía y a los organismos de derechos humanos.

No es polarizando al país ni con este discurso antipolítico de criminalizar la acción política como se va a mejorar, eso es lo que está atrás del arraigo, un Ministerio Público incompetente, represivo, autoritario y violador de los derechos humanos. Ése es el discurso del fascismo, el que acabamos de oír del diputado.

Por eso nuevamente los convoco a votar en contra de esta medida inconstitucional y que viola los derechos humanos. Es cuanto, presidente.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame diputado.

El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Nada más, rápidamente, presidente. Le pediría, diputado Mejía, que no nos compare. Hemos dado nuestra posición claramente y que respete a nuestra bancada, por favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Perdón, diputado, pero ya su tiempo concluyó y me parece que...

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Déjeme contestarle.

El Presidente diputado José González Morfín: No hizo ninguna pregunta, diputado, lo lamento.

Compañeras y compañeros, quiero informar a ustedes que han sido reservados los siguientes artículos:

El diputado Medina Filigrana, el artículo 16, párrafo octavo; el mismo 16, pero párrafo décimo, el diputado Damián Zepeda; el diputado Francisco Coronato, el 16, párrafos octavo y décimo; la diputada Margarita Tapia, el 16, párrafos octavo y décimo; el diputado Fernando Belaunzarán, el 16, párrafo décimo; el diputado Alfonso Durazo, el décimo primero transitorio del proyecto de decreto de 2008; la diputada Margarita Tapia, el mismo décimo primero transitorio del proyecto de decreto de 2008; la misma diputada Margarita Tapia, el segundo y tercero transitorios del proyecto de decreto actual; el diputado Damián Zepeda, el tercero transitorio; el diputado Medina Filigrana, también el tercero transitorio; el diputado Fernando Belaunzarán, también el tercero transitorio.

Hay una propuesta de adición de la diputada Julisa Mejía, de un cuarto transitorio.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y de los artículos no reservados del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, a favor 389, 14 abstenciones, 32 en contra.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general.Hay votación calificada.

Tiene el uso de la voz el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, para presentar reserva del octavo párrafo del 16. Si quiere en este mismo turno presentar el tercer transitorio, adelante.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el PRD reiteramos nuestra posición en contra del arraigo y de las figuras de testigos protegidos, que en las legislaturas anteriores fueron incorporadas a nuestra Carta Magna y que constituyen verdaderas aberraciones jurídicas.

En la realidad, la existencia del arraigo demuestra la incapacidad en la procuración de justicia; demuestra que no hay investigación, que no hay utilización de métodos modernos y científicos en la persecución de los delitos.

Si no hay eficiencia en la Policía Ministerial y en el Ministerio Público entonces se recurre al arraigo, como una salida fácil para supuestamente obtener mayores elementos de prueba. Pero en la práctica el arraigo significa incomunicación, presión psicológica y en algunos casos tortura, por eso insistimos en que la reforma que se acaba de aprobar es insuficiente.

En lo personal, estoy convencido que la única reforma que puede responder a las exigencias de la moderna sociedad mexicana es la reforma que erradique de una vez y para siempre la retrógrada figura del arraigo.

Sin embargo, ante la imposibilidad de avanzar en su eliminación y dado que ha sido aprobado en lo general la reforma al artículo 16, que mantiene la figura del arraigo, aunque atempera a alguno de sus efectos al reducir el número de días y al permitir una mayor presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me permito presentar la siguiente reserva para que al final del párrafo del artículo 16 constitucional, que hoy ha sido modificado y que permite la participación de los organismos de protección de los derechos humanos, al decir textualmente que deberán revisar en todo momento la aplicación de esta medida a solicitud de la persona sujeta a ella o su representante, sugiero que se sume también: o de oficio, en los términos que disponga la ley.

Así también sugiero que diga, que se sume la frase siguiente: El organismo de protección de los derechos humanos emitirá su recomendación en torno al caso correspondiente en un plazo no mayor a las 24 horas.

No basta con que se constituyan los visitadores y visiten al arraigado, es preciso también que a la brevedad emitan su resolución y creo que el texto constitucional debe poner también un plazo para ello. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si admite a discusión la reserva del diputado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Para el párrafo décimo del 16, don Damián Zepeda Vidales, del PAN.

El diputado Damián Zepeda Vidales:Gracias, presidente. En términos del 110 del Reglamento le pediría que el reloj marcara cinco minutos como el propio Reglamento establece para presentar una reserva.

Decía Simón Bolívar que la justicia es la madre de todas las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Libertad y justicia es el tema que hoy en día nos ocupa.

La reforma que hoy estamos votando sin duda tiene muchos beneficios, pero creo, creemos que se ha centrado todo el debate exclusivamente en el área específica a la reducción que vamos a tener de la figura tan dañina del arraigo. En lo personal, creo que deberíamos eliminarlo; sin embargo, considero positivo que se avance en una reducción.

No obstante lo siguiente, hay un tema a mi juicio y a juicio de mis compañeros, muchísimo más delicado que lo benéfica que resulta la reducción del arraigo, que es el tema que marca el décimo párrafo del artículo 16 constitucional. Aquí estamos promoviendo, en esta reforma, que se le amplíe al Ministerio Público 72 horas más de las 48 que hoy ya tiene derecho para retener a una persona, a un indiciado, sin ordenar su liberación o ponerlo ante la autoridad judicial.

¿Cómo funciona hoy en día? Hoy en día el MP te puede retener, pero la Constitución protege los derechos humanos de las personas y establece que esa retención no puede pasar de 48 horas sin que te ponga a disposición de una autoridad judicial, en donde te tendrá que acusar y tú tendrás derecho a defenderte, por supuesto. En caso contrario, tiene que ponerte en libertad.

Lo que hoy estamos haciendo es proponer que esa facultad se amplíe por tres días más. Al final del día le estamos dando facultad al Ministerio Público para que tenga detenido cinco días, con la posibilidad de decir al final: lo siento mucho ni siquiera te voy a acusar.

Entendemos lo positivo de la reducción del arraigo; sin embargo, erróneamente y mañosamente se ha venido aquí a argumentar que esta medida de ampliación de 72 horas en la retención del Ministerio Público es un paso y que va ligada a la reducción del arraigo.

Nada más falso que eso, señores, leamos bien el dictamen, el arraigo exclusivamente procede en este país para los casos de delincuencia organizada e indebidamente —a mi juicio— por un transitorio se estableció que también le puede proceder a los delitos graves. Pero ese transitorio deja de tener vigencia en el 2016.

Sin embargo, la medida que están proponiendo de ampliar 72 horas al Ministerio Público sin ponerte a disposición de la autoridad judicial, aun cuando se le pide solicitud a la autoridad judicial para que la autorice, le aplica a todos los delitos de prisión preventiva oficiosa.

Cuando se habla de prisión preventiva oficiosa, curiosamente se hace mucho énfasis de homicidios dolosos, de violación, de secuestro y delitos, que sin duda ofenden a la sociedad. Pero debemos ser claros y decir que también caben en la prisión preventiva oficiosa todos aquellos delitos con un arma o aquellos delitos que atenten contra la personalidad, la seguridad o la salud, y esto se traduce en la realidad de que en los Códigos Penales locales todo es delito grave.

Por lo tanto, en todos los delitos —no nada más en los delitos de delincuencia organizada, y lo quiero enfatizar muy bien— el Ministerio Público te va a poder tener retenido cinco días, atentando completamente contra tus derechos humanos.

Decía Voltaire que: Es mejor arriesgarse a salvar un culpable, que condenar a un inocente.

Toda la fundamentación que están haciendo aquí es en contra de la reforma en materia de justicia penal que se presentó y se aprobó por el Constituyente, en donde todo el sistema jurídico en materia penal parte de la base de la presunción de inocencia, no de la presunción de culpabilidad de la persona.

Ya hablaban —quienes me antecedieron— diciendo: los reducidos porcentajes de condenas que se reciben para cuando un juez otorgó la figura del arraigo. ¿Ustedes creen de verdad que no se va a otorgar este plazo de 72 horas en todos los casos? Por supuesto que sí. ¿Ustedes pondrían a su hijo, a su hermano, a su madre, en manos del Ministerio Público para que estén cinco días indefensos hoy en día en este país? Por supuesto que no. No retrocedamos. Ésta es la verdadera reforma oculta tras la espuma de la reducción del arraigo.

Esta reforma sí le va a impactar a miles y miles de mexicanos, no nada más a aquellos que se dedican a la delincuencia organizada. No podemos y no debemos asumirnos como aliados de esos seres superiores, que con un dedo pretenden señalar a una persona, dejar a una madre y a una familia con la incertidumbre y con la angustia de no saber dónde está su hijo. Sería un retroceso en derechos humanos.

Termino, presidente. Los derechos humanos —decía Kofi Annan— son sus derechos; tómenlos, defiéndalos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos, nútranlos e enriquézcanlos, son lo mejor de nosotros, denles vida.

Con esta reforma, señores diputados, con todo respeto, estamos atacando el derecho humano supremo a la libertad y solo por el minúsculo detalle de no poder procurar la justicia con celeridad y eficiencia. No ataquemos un mal con otro mal. Que se profesionalice y que se eficiente la Procuraduría, no que se atente contra los derechos humanos de todos los mexicanos.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Angulo, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Quiero hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Las preguntas entre pares las califica el pleno y, segundo, no se ha admitido a discusión. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No se admite a discusión. Don Francisco Coronato Rodríguez, tiene usted la palabra para presentar su reserva al octavo y décimo párrafos del artículo 16.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, presento la siguiente reserva al artículo 16 del dictamen en proyecto.

La reforma contenida en el dictamen a estudio lejos está de avanzar en aras de abolir la figura del arraigo y las correlativas prácticas de tortura, incomunicación, intimidación y amenazas que esta figura propicia; por el contrario, no hace más que justificarla con argumentos inoperantes que giran alrededor a que el arraigo es necesario para el avance de las investigaciones debido a la complejidad del fenómeno de la delincuencia organizada.

Cabe señalar que el arraigo es claramente violatorio a los derechos humanos, tal como ya lo manifestaron organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Universidad Autónoma de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que en otras palabras significa detener para investigar; violentándose el derecho a la libertad personal, de debido proceso, a un recurso judicial efectivo, tutela judicial, derecho a la seguridad jurídica y el derecho internacional de presunción de inocencia, entre otros, reconocido inclusive en nuestra propia Carta Magna, en el artículo 20, apartado B, fracción I.

Al permanecer en los domicilios de arraigo, encerrados e incomunicados, los imputados están imposibilitados para ejercer adecuadamente su derecho a su defensa, además esta situación pervierte completamente el sistema jurídico penal, tanto sustantivo como adjetivo, pues deja de priorizarse el valor fundamental de la libertad del indiciado para dar pie a la fabricación de pruebas, a la intimidación, las amenazas y la tortura en sentido laxo, invalidando de paso la trascendencia del periodo de preinstrucción que eventualmente puede culminar con el auto de vinculación o de sujeción a proceso.

Por todo lo anterior, no se entiende cómo se echa a andar el procedimiento legislativo de reforma a la Carta Magna para ratificar que tratándose de delitos graves el arraigo domiciliario será procedente, aun cuando se establezca que solo cuando se acredite la existencia de indicios suficientes que vinculen a la persona con esos delitos y que el arraigo domiciliario dure como máximo 20 días, sin ninguna prórroga.

Es igualmente criticable, que se busque con el dictamen en estudio reformar el párrafo décimo del artículo 16 de la Ley Suprema, que actualmente establece que el indiciado puede ser retenido por el Ministerio Público por 48 horas, y si se trata de delincuencia organizada este plazo podrá duplicarse.

Se pretende que esta retención se aumente por 72 horas en los casos de prisión preventiva y oficiosa, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, dicha retención deberá ser a petición del Ministerio Público y autorizada por la autoridad judicial, rompiéndose claramente con el principio de progresividad o no regresión de los derechos humanos, no obstante que se argumente en el dictamen que tiene como finalidad que la averiguación previa tenga el suficiente sustento probatorio.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Angulo, usted sabe que hasta que se acepte a discusión, le ruego por favor tenga prudencia y nos permita que el orador termine. Adelante.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Y que con este breve aumento se ayudará a que paulatinamente se derogue la medida cautelar de arraigo. O sea, que se sigan violentando derechos humanos a la mitad y solo por un tiempo determinado.

En base a lo anterior, se somete a la consideración de esta asamblea la derogación al párrafo octavo y se elimine la adición del párrafo décimo sexto del artículo 16 del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Carta Magna. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, diputado Angulo, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Gracias, presidente. El orador está haciendo una exposición de una reserva de la cual tengo duda. Le quiero preguntar una duda de su exposición; creo que eso es posible, no necesita ponerse a discusión para preguntarle al orador que nos aclare algo de lo que está diciendo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Si se admite a discusión, usted tendrá la posibilidad de disipar cuantas dudas tenga. Adelante.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Pero está poniendo un posicionamiento que vamos a valorar si se discute o no. Tengo una pregunta de su exposición para valorar adecuadamente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Seguramente votará a favor de que se discuta y ahí tendrá la posibilidad. Adelante.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Doña Margarita Tapia Fonllem, del PRD, tiene usted el uso de la voz para presentar reserva de los párrafos octavo y décimo del 16. Va a presentar la diputada varias reservas y esta Presidencia será por demás tolerante en el tiempo.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem:Buenas tardes. El motivo de este posicionamiento es llamar la atención de ustedes sobre la reserva de medidas cautelares. Con esta reserva presentamos y retomamos el punto de vista de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como de la posición del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se ha solicitado, por ambos, por estas organizaciones y por el alto comisionado, se ha solicitado a esta Cámara que las reformas constitucionales en materia de arraigo apunten a su eliminación; sin embargo, proponemos —ya que estamos en ese proceso— incorporar al presente dictamen las disposiciones de la iniciativa presentada y signada por diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, el 18 de abril a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El arraigo —a pesar de que se ha dicho aquí de manera reiterada por algunas legisladoras y legisladores, hay que volverlo a decir— es un abuso en sí mismo, que permite detener a una persona sin contar con elementos en su contra; por ello mismo propicia la práctica de la tortura para forzar una declaración o que la persona se autoinculpe, en el intento de la autoridad para obtener cualquier tipo de evidencia y con ello someter a la persona en proceso.

Esto fue comprobado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, que en su visita a México encontró que el 50 por ciento de las personas detenidas en el Centro Nacional de Arraigo presentaban lesiones recientes.

Extender el periodo de investigación para sujetar a proceso a una persona de la que no se tienen evidencias suficientes, es un método que destruye el núcleo de la presunción de inocencia.

Se ha dicho reiteradamente por muchas organizaciones civiles que no se justifica de ningún modo detener para investigar mientras no se cumpla la tarea de investigar para detener.

La medida del arraigo ha tenido finalidades explícitas, de acuerdo con el artículo 16: para el éxito de la investigación —dice— la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.

El arraigo no es ni puede constituir la única forma en que se pueden cumplir estos objetivos. Es por ello que esta propuesta de reserva se centra en sustituir la medida extrema del arraigo por medidas alternativas, a fin de que se pueda contar con opciones para estos fines.

Las medidas cautelares son utilizadas en muchos lugares del mundo e incluso en varias entidades federativas. Por ejemplo, para evitar que la persona inculpada se sustraiga de la acción de la justicia, el juez puede imponerle la prohibición de salir de una demarcación geográfica mediante un sistema periódico de firmas ante la autoridad; la prohibición de acercarse a un sitio donde se encuentren pruebas o personas que estén en riesgo, es otra alternativa. Esto respeta plenamente los objetivos planteados y además se circunscribe al sistema penal acusatorio.

Se ha instituido en Campeche que se puede colocar a la persona inculpada un sistema de geolocalización en una tobillera, a fin de causarle la menor molestia a alguien que no puede ser considerado ni siquiera sujeto a proceso.

Cada persona arraigada tiene un costo para el Estado de alrededor de 300 pesos diariamente. Con la tecnología disponible, esta medida sin duda resultaría más económica.

Con estas medidas evitaríamos que las personas para quienes se buscan indicios enfrenten el grave riesgo que supone el arraigo.

Como ha demostrado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 41 por ciento de las quejas presentadas para casos de arraigo alegan que las personas han sido sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

De esta manera respetaríamos la disposición de la Convención Americana, que establece el derecho a que la autoridad judicial revise que la detención es el medio de control idóneo. Asimismo, podríamos garantizar la libertad de circulación y el derecho a la honra que hoy es gravemente afectado por una pena impuesta en una fase preprocesal.

Por lo tanto, propongo, en el artículo 16, la siguiente redacción: La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar las medidas cautelares establecidas y reguladas por la legislación secundaria, mismas que deberán ser en todo momento compatibles con las normas que reconocen derechos humanos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y aplicarse solamente cuando se acredite la existencia de indicios suficientes para vincularla con esos delitos, siempre que durante la subsistencia de esta medida puedan allegarse mayores elementos en la investigación y se proteja la vida, la integridad de las personas, bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado de ello.

Las medidas cautelares que emita la autoridad judicial deberán ser proporcionales y justificadas en su duración temporal, modalidad, lugar y fines específicos que persiguen en el marco de las investigaciones.

La autoridad judicial competente y los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el artículo 102, apartado B de esta Constitución, revisarán la aplicación de estas medidas de manera oficiosa, garantizando la prevención de violaciones de derechos humanos en su ejecución, así como favoreciendo a la investigación, sanción y reparación de las mismas cuando se llegaran a consumar.

En el artículo segundo se propone en esta reserva derogar el décimo primero. En los transitorios, en el artículo segundo se propone la redacción como sigue: El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar la legislación secundaria al presente decreto, en un término de seis meses, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En el mismo plazo, las Legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar la normatividad correspondiente para establecer las medidas cautelares alternativas al arraigo a las que se refiere el artículo 16 Constitución, reformado por virtud de este decreto.

Finalmente, en los transitorios, el artículo tercero propongo que sea eliminado.

Hago un llamado a favor del conjunto de reservas que acabo de leer, porque el respeto a los derechos humanos no admite medias tintas ni gradualidades. Es necesario extraer el arraigo de nuestra Constitución, donde nunca debió haber estado. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted doña Margarita Tapia. Ruego a la Secretaría someter a la consideración de la asamblea si son de admitirse a discusión las tres reservas de doña Margarita Tapia.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las tres reservas que presentó la diputada Margarita. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Fernando Belaunzarán, tendremos el privilegio de escucharlo para presentar la reserva al párrafo décimo del 16.

Este párrafo décimo tiene un adéndum. Hay una parte que viene ya vigente en la Constitución, y hay una parte que es la que está a discusión, de tal suerte de que todos quedemos en ese entendido.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, presidente. México vive una fuerte crisis en su procuración de justicia, aceptada por propios y extraños; podríamos decir que hay dos caras de una misma moneda, ambas perversas: encontramos que lo que abunda en la impartición de justicia es, por una parte, impunidad, y por la otra, arbitrariedad.

Parece ser que esas son las dos, esa es la serpiente que se muerde la cola entre impunidad y arbitrariedad. Y lo que hemos visto, la experiencia que tenemos es que aumentar la arbitrariedad, aumentar los instrumentos del Estado, lo que se llamaba la mano dura, no ha funcionado para responder al problema de la impunidad.

Se decía con razón, de alguna manera, en el sexenio pasado, estamos prácticamente en una guerra —aunque no declarada— en una guerra en donde los criminales son poderosísimos y si no tenemos otros instrumentos, no podremos hacerles frente.

Por eso era el discurso de sacrificar libertades, sacrificar incluso derechos humanos, como diciendo: estamos en un Estado de excepción —aunque no sea formalmente aceptado— pero estamos en un Estado de excepción y frente a esta situación tan grave que vive el país con esta delincuencia, urge renunciar a algunas libertades y por eso, porque a nadie se engaña, para nadie pasa desapercibido que la figura del arraigo viola un derecho fundamental, que es la presunción de inocencia; se tiene detenida a personas sin comprobarle su culpabilidad por un tiempo mucho más largo de lo establecido en la Constitución. Pero ese era como que el argumento.

¿Qué pasa después de todos estos años que hemos tenido la figura del arraigo? Ni se pudo combatir la impunidad, porque se sigue haciendo básicamente con una impunidad impresionante; es más, el asunto de los arraigados, de los que tienen una sentencia condenatoria es mínima; es decir, se violan libertades sin ningún resultado. Eso es prácticamente el diagnóstico.

Es falsa la disyuntiva o fue falsa la disyuntiva de que había que sacrificar estas ciertas libertades o ciertas garantías para tener mayor eficacia en la procuración de justicia. Eso me parece que es claro y por eso en el PRD estamos muy claros de estar en contra de la figura del arraigo y buscar su desaparición, aunque en la correlación de fuerzas que tenemos actualmente no daba para eliminar el arraigo.

Algunos, en el PRD, decidimos abstenernos, porque votar en contra es votar a favor de que las cosas sigan igual y mantener esto igual sería terrible. Hemos oído muchos discursos radicales, que finalmente justifican posiciones conservadoras, no es esa. Pero la otra posición —que valoro— de decir: hasta aquí logramos, le pudimos poner estos candados, etcétera, creo que es una posición correcta y valiosa, aunque algunos hayamos decidido por una cuestión de defensa de los derechos humanos, por estas razones.

Ahora bien, es muchísimo más grave —coincido con el diputado de Acción Nacional, con Zepeda Damián— en el punto de que es mucho más grave las 72 horas de exceso, porque, ¿saben qué? No va a ser la excepción, va a ser la regla y van ser cinco días que van a tener detenida a la gente como una regla, porque el único requisito es que se lo pidan a un juez, pero eso puede ser la regla.

Así como el arraigo no solucionó el problema y lo que hizo es socializar o extender la violación a los derechos humanos, esto no va a acabar con la impunidad, sino que va a generar mayor arbitrariedad.

Por eso lo que pido simplemente es quitar las 72 horas, que violan de una manera flagrante el artículo 19 de la Constitución, y que se quede en ese punto como está.

Con esto concluyo, simplemente si no se puede, si por la correlación de fuerzas no pudimos quitar el arraigo, eso me parece que es lo que nos dio. Pero que además le demos otras 72 horas al Ministerio Público para tener a la gente ahí detenida, me parece que estamos de alguna manera formalizando la arbitrariedad. Por eso es esta reforma, y disculpe si me excedí del tiempo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta de don Fernando.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Belaunzarán. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos.

Don Alfonso Durazo Montaño, tiene usted el uso de la palabra para presentar su reserva del décimo primero transitorio del proyecto de decreto de 2008.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. En realidad qué tema este del arraigo, creo que es un debate que quedará consignado como la cima de la demagogia y de las contradicciones que en esta tribuna se hayan expresado.

La mayoría de quienes han posicionado aquí a su partido están en contra del arraigo y de la violación de los derechos humanos, pero van a votar a favor del arraigo. Pero ni la demagogia ni los malabares retóricos que aquí exhibieron alcanzarán para justificar esta contradicción.

Quisiera felicitar desde aquí a quienes cuando menos tuvieron el valor de aceptar con claridad la contradicción en la que se encuentran, entre algunos de ellos citaré —no todos, pero algunos de ellos particularmente— a la diputada Ruth Zavaleta y al diputado Camarena; los felicito cuando menos por haber tenido el valor de expresar sus contradicciones y asumir por estas razones que van a votar en contra.

El problema del arraigo es que lo define una acción de la justicia y no un plazo en su aplicación. Un día que durara sería un abuso contra los derechos humanos.

La reforma contenida en el dictamen en estudio está lejos de avanzar en la cancelación de la figura del arraigo y las correlativas prácticas de incomunicación, intimidación y amenazas que esta figura propicia; por el contrario, no hace más que justificarla con argumentos inoperantes que giran en torno a que el arraigo es necesario para el avance de las investigaciones debido a la complejidad del fenómeno de la delincuencia organizada.

Queda claro que la figura del arraigo carece de eficacia, debido a que con ésta no se han logrado las metas u objetivos que sirvieron de justificación para su implementación. La mayoría de los capos o líderes de la delincuencia organizada jamás son sometidos a este tipo de medidas cautelares; por el contrario, se ven incluso beneficiados mediante figuras como la de testigos protegidos, sin dejar de mencionar que por sospechosas lagunas legales, verdaderos delincuentes organizados de cuello blanco están totalmente exentos de ser sujetos a la medida del arraigo.

Al hacer nugatorio uno de los derechos humanos fundamentales, como es el de la libertad, atropellando de paso el principio de presunción de inocencia, el arraigo constituye una auténtica pena prejudicial, pero sin control judicial, valga la contradicción.

Por lo anterior, en Movimiento Ciudadano proponemos se elimine el artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es usted muy gentil. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la reserva del diputado.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Durazo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Damián Zepeda Vidales, del PAN, el tercero transitorio.

El diputado Damián Zepeda Vidales:Con su permiso, señor presidente. Es el mismo caso, nada más que está ligado con un artículo transitorio. No voy a repetir lo que ya aquí expresamos, solamente decirles que este tercero transitorio nos da la razón con muchísima más claridad.

Se afirma que la medida de las 72 horas, lo positivo es que si se opta por esa salida ya no procedería el arraigo. Pero no se nos aclara y no se nos dice que no son figuras equiparables; el arraigo procede exclusivamente —reitero— para delincuencia organizada y solo delitos graves, en virtud de un transitorio que se acaba en el 2016; la retención de 72 horas más procede para todos los delitos de prisión preventiva oficiosa.

Es un gol claro que se está metiendo con este dictamen, en retroceso a los derechos humanos, pues el artículo tercero transitorio nos aclara más la visión; el artículo tercero transitorio dice que no basta con que procedan las 72 horas adicionales para la prisión preventiva oficiosa, de manera directa te dice que va a proceder, en tanto entre en vigor la reforma en materia de justicia penal para todos los delitos graves a nivel federal y a nivel local. Esto evidentemente afecta contra los derechos humanos.

Quiero decirles, en verdad, que hagan una valoración, que pongan en la balanza lo que se gana contra lo que se pierde con esta reforma; que pongan por un lado el avance que se ha dicho a los cuatro vientos ante los medios que está dando este Congreso de una manera moderna de ir avanzando hacia la eliminación del arraigo. Sí, solo delincuencia organizada, reitero, y por otro lado que pongan en esa misma balanza el retroceso que significa para todos los delitos graves permitir que el Ministerio Público —ojo, no el juez, el Ministerio Público— tenga detenidos, sin siquiera procesar u ordenar la liberación de esa persona a cualquiera de los mexicanos.

Saquemos números, en una en unos cuantos cientos miles si acaso, de personas, que son muchas, serán afectadas. En la otra cientos de miles de personas pueden ser perjudicadas. Es un engaño, es una simulación, esta reforma va en retroceso de los derechos humanos de este país.

Presidente, nada más informar a la Cámara —aprovechando los segundos que nos quedan— que hemos pedido que se separe la votación del artículo 19 y que se pueda votar en términos del 108 de nuestro Reglamento, un párrafo, el que establece la retención, por una parte, para que se pueda pronunciar esta Cámara si está de acuerdo en modificarlo y, por otra parte, exclusivamente el tema de la reducción del arraigo. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, diputado, el 19 no lo tenemos. No hay 19. Es más bien el 16, párrafo décimo y quiero que la asamblea esté muy consciente de que ese párrafo décimo tiene solamente un agregado, que es el que está a la disposición de la Cámara en este momento. Y ése párrafo se votará de manera diferenciada. ¿Ya?

El diputado Damián Zepeda Vidales: Sí. Son dos párrafos los del 16.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Es correcto, es el décimo en el que usted tiene preocupación. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Repita la votación, por favor, porque hay duda.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Igual se va a votar diferenciadamente, diputados. Don Marcos Rosendo Medina Filigrana, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, se ha dicho en esta tribuna que esta reforma pone límites, acota los posibles excesos del arraigo; sin embargo, hay un espacio, el artículo tercero transitorio, que deja un margen para posible arbitrariedad.

Aún más, dice el artículo tercero transitorio que en tanto entre en vigor el sistema procesal acusatorio la autoridad judicial podrá autorizar que el Ministerio Público retenga al indiciado por un periodo adicional de hasta 72 horas en los casos de delitos graves, siempre que sea necesario para allegarse de mayores elementos probatorios que motiven la retención.

Sin embargo, al dejarlo así, simplemente en los casos de delitos graves no se establece una diferenciación y se acota dentro de lo que el Código Penal Federal entiende por delitos graves y lo que las legislaciones locales en materia penal establecen como delitos grave. De tal manera que alguien pude ser arraigado por algo que en la legislación tabasqueña es delito grave, pero tal vez en la legislación de Yucatán o de Chihuahua no lo es.

¿Qué es lo que estamos proponiendo en esta reserva? Que lo acotemos y que digamos que podrá ser aplicable en los casos de los delitos graves a los que se refiere única y exclusivamente el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cito textualmente lo que dice este segundo párrafo de nuestro artículo 19 constitucional, en su parte final: El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos, así como delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Así pues, la reserva que propongo va en el sentido de que no dejemos abierta esta definición de delitos graves que hace el tercero transitorio, sino que lo acotemos y que pongamos específicamente que son aquellos a los cuales se refiere el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución federal. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Don Fernando Belaunzarán, tiene usted el uso de la voz. Su espacio, con mucho gusto lo escuchamos. Trae su acordeón, adelante.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Consecuentemente con la petición de no dar esas otras 72 horas extras al Ministerio Público para que pudiera tener a los ciudadanos cinco días detenidos antes de fincarles auto de formal prisión presento esta modificación en el transitorio tercero.

Dice a la letra, tal como nos lo presenta el dictamen: En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, la autoridad judicial podrá autorizar que el Ministerio Público retenga al indiciado por un periodo adicional de hasta 72 horas en los casos de delitos graves, siempre que sea necesario para ampliar los elementos probatorios que motivan la retención.

En consecuencia, con lo que propuse en mi anterior reserva, estoy proponiendo que este transitorio se elimine puesto que considero que estas otras 72 horas abren la puerta al abuso sistemático en las instituciones de justicia; creo que el problema de la impunidad no se arregla de esta manera, ya lo expliqué en mi anterior intervención. Gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Belaunzarán. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Doña Julisa Mejía Guardado, del PRD, tiene el uso de la voz. ¿Está doña Julisa? Ahí viene doña Julisa. La esperamos.

La diputada Julisa Mejía Guardado:Gracias, diputado presidente. Presentamos esta reserva con la intención de ser responsables hacia nuestro electorado, ya que en el actual estado de cosas cualquiera podría ser privado de su libertad sin ninguna prueba en su contra ante la subsistencia de la figura del arraigo.

Hemos tenido oportunidad de conocer en distintos espacios en nuestros propios distritos, las experiencias de las personas que han sido arraigadas y que después han sido liberadas.

Los datos que han ofrecido las organizaciones de derechos humanos son contundentes. Solo 3.2 por ciento de las personas arraigadas a nivel federal han recibido una sentencia judicial. Aún suponiendo que todas estas sentencias son justas, tenemos un 96.8 por ciento de personas que han sido arraigadas sin un motivo real y demostrable para serlo.

La mayoría ha sufrido torturas, intimidaciones, privaciones y afectaciones a su salud dentro del centro de arraigo con el fin de obtener o forzar una confesión. Pero cuando logran salir, estas personas regresan a su hogar y encuentran que se ha destruido su vida: han acabado con su reputación, han perdido el empleo y no cuentan con el derecho para ser reinstalados. En su comunidad, incluso dentro de su propia familia enfrentan cuando menos la sospecha de que cometieron algún delito; son condenados socialmente como criminales.

En la escuela a sus hijos los señalan, los estigmatizan. Han tenido que pagar de sus propios recursos un médico para sanar sus heridas o un psicólogo para superar sus conflictos. Si les queda fuerza, tienen que pagar también por sí mismos a un abogado para denunciar a los responsables de los actos arbitrarios o para exigir una reparación.

Consideramos que disminuir de 80 a 35 días el límite para que una persona permanezca arraigada es insuficiente para evitar las secuelas de esta medida.

Tomemos por ejemplo dos casos que se han presentado en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. El caso de 25 policías arraigados en un cuartel militar en 2009. Durante días enteros fueron golpeados con tubos, recibieron descargas eléctricas en varias partes del cuerpo además de sufrirlas en todo su cuerpo con los pies sumergidos en agua, además ahogamiento mediante bolsas de plástico. Algunos de ellos fueron privados de alimentos por tres días.

El caso de los cuatro civiles de Rosarito, arraigados en la misma base militar de Tijuana, que fueron torturados cruelmente en repetidas ocasiones y forzados a firmar una declaración ante el Ministerio Público. Ninguno de ellos recibió atención médica. Por todo ello su caso fue objeto de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esta Cámara ha aprobado con gran aclamación la Ley General de las Víctimas, y recientemente una reforma integral para hacerla operativa.

Termino, presidente. Con esta reserva nuestra intención es tender un puente entre este proyecto de decreto y la legislación sobre víctimas, mediante un artículo cuarto transitorio. Consiste en que las personas sujetas a arraigo que hayan sido absueltas o reconocidas como víctimas por una recomendación, puedan ejercer su derecho a una reparación integral, en los términos de la legislación vigente, lo que incluye la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición del daño.

Hago un llamado a garantizar los derechos humanos, por los que —estoy segura— tendré el voto aprobatorio de todos ustedes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Queda en sus términos. Honorable asamblea, este proceso de votación es un tanto complicado. Vamos a abrir el tablero electrónico a efecto de recabar votación del párrafo octavo del 16; del décimo primero transitorio del proyecto de 2008; del segundo y tercero transitorio solamente.

El diputado Damián Zepeda Vidales ha pedido a esta Presidencia y esta Presidencia ha obsequiado que votemos diferenciadamente.

Sí, permítame un segundo. Estoy viendo al diputado Gutiérrez de la Garza, pero permítanme terminar.

El diputado Damián Zepeda Vidales ha pedido que votemos diferenciadamente el párrafo décimo del 16. Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza ¿con qué objeto?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza(desde la curul): Diputado presidente, todas las reservas presentadas el día de hoy fueron rechazadas, por lo tanto, no hay ningún motivo por el cual se separe la votación. Sin embargo, a fin de que se logre una determinación adecuada, someta a consideración de esta asamblea si se separa o no la votación.

Vuelvo a señalar, no hay ningún motivo para separar la votación, toda vez que éstas fueron rechazadas, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El artículo 108, numeral 2, del Reglamento, me obliga a preguntar a la asamblea. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es que acepta...

Desde su espacio lo escucho, diputado. Diputado Damián, que es usted quien invoca este artículo.

El diputado Damián Zepeda Vidales(desde la curul): Sí, en efecto, presidente. Invoco el contenido del artículo 108 del Reglamento; el artículo 108 del Reglamento de este Congreso dice que cualquier diputado —como lo hice formalmente por escrito— puede solicitar que se separe la votación cuando se está votando un artículo. Esto es para poder votar dos temas que tienen razones distintas, aun cuando estén en un mismo artículo. Se ha hecho en otras reformas de este mismo Congreso. Es cierto que el propio Reglamento dice, se requiere, se ponga a disposición del pleno.

Le haría un llamado especialmente al diputado que me antecedió en la voz, a que así como uno fue cordial y retiró la reserva de este artículo en la Comisión de Puntos Constitucionales y omitimos la votación del mismo, porque había la posibilidad de consensarlo sin que hubiera un compromiso de apoyarlo, ustedes sean cordiales también en este momento y nos otorguen la posibilidad de votar de manera separada este artículo. Si no, nos vamos al tablero.

¿Por qué es importante y dónde está el meollo del asunto? Para cambiar este artículo se requieren dos terceras partes del Congreso y ustedes lo que están intentando hacer es forzar que se vote en un mismo artículo este tema, con la reducción del arraigo, para que no quede mayor cuestión más que apoyar el artículo y, por lo tanto, salir avante. Le pido por favor esa separación del artículo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia se ha pronunciado por separar el artículo; sin embargo, tengo la petición de Gutiérrez de la Garza que, como usted, tiene derecho a pedir.

El numeral 2 del 108 dice lo siguiente —y le ruego que me comprenda y que entienda que estoy obligado a aplicar el Reglamento—: Si lo propone algún miembro de la Cámara y se aprueba por el pleno, podrá votarse por separado cada uno de los artículos.

Luego entonces, lo que estoy haciendo es pedirle a la Secretaría que le pregunte al pleno si me permite separarlo. Diputado Camarillo, lo escucho.

El diputado Rubén Camarillo Ortega(desde la curul): Con el objeto de pedirle que se sostenga en su criterio.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ése ha sido mi criterio, pero no había tenido el reclamo de la asamblea.

El diputado Rubén Camarillo Ortega (desde la curul): Usted no quiso repetir una votación que se pidió aquí porque estaba dudosa, porque dijo: al fin que se van a votar por separado; usted, ante la duda, no quiso en ese momento repetir una votación.

Aquí lo que se ve claramente es de nueva cuenta una treta legislativa del grupo mayoritario aquí, o la primera minoría, que es el PRI, que quiere evitar que no se cumpla con lo que se tiene que cumplir, que sean las dos terceras partes.

Son dos temas diferentes; uno es la reducción del arraigo, y la otra es la ampliación de un término a cinco días. Si son dos temas diferentes, le pregunto otra vez al líder de la bancada del PRI, ¿cuál es el problema, si ustedes creen que tienen las dos terceras partes para esta reforma constitucional? ¿Por qué no lo demuestran con los votos en el tablero?

Creo, presidente, que usted está obligado, porque lo entiende y lo entiende bien, que no se complete otra vez esta actitud francamente de querernos ver la cara a todos los diputados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Solamente les quiero leer el numeral 2 del 108: Si lo propone algún miembro de la Cámara y se aprueba por el pleno, podrá votarse por separado cada uno de los artículos o fracciones. Diputado José Luis Muñoz, lo escucho.

El diputado José Luis Muñoz Soria(desde la curul): Solamente, diputado presidente, plantearle que el pleno es el que decide qué se debe de hacer. Por lo tanto, la propuesta del diputado sométala al pleno. Eso es lo único que hay que hacer. Proceda, proceda.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Eso es lo que estoy tratando de hacer. Se ruega a la Secretaría preguntar a la asamblea si me permite partir la votación.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se separe en dos votaciones el artículo en comento. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación, a efecto de recabar votación nominal de todos los artículos reservados, por cinco minutos, en los términos del dictamen.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 280 votos a favor, 11 abstenciones, 121 en contra. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y el artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Pasa al Senado, para los efectos constitucionales.

VOLUMEN IV

INTEGRACION DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección de las diputadas y los diputados que formarán parte, en su calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente.

Proceda la Secretaría a dar lectura únicamente al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, básicamente al resolutivo de la integración.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

De la Junta de Coordinación Política, por el que se propone a la Cámara de Diputados la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo que establecen los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

I. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General, durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente, compuesta por 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras previo a la clausura de los periodos de sesiones ordinarias, y que ambas disposiciones prevén que por cada titular se elegirá un sustituto;

II. En virtud de que concluirá el Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 78 de la Constitución Política y, en consecuencia, resulta procedente nombrar a las diputadas y a los diputados que integrarán la Comisión Permanente para el periodo de receso correspondiente;

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados nombra a las diputadas y los diputados que habrán de integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura;

Segundo. La elección se realizará mediante el sistema electrónico de votación.

Tercero. Las propuestas para integrar la Comisión Permanente son las siguientes:

Cuarto. Comuníquese a las instancias correspondientes.

Quinto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada María Sanjuana Franco Cerda (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, a efecto de recabar votación respecto del acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del acuerdo.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que se emitieron 393 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se declara formalmente que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, las y los diputados siguientes:

Titulares: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Cristina González Cruz, Manuel Añorve Baños, María de las Nieves García Fernández, José Luis Flores Méndez, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, José Alberto Rodríguez Calderón, Luis Alberto Villarreal García, Adriana González Carrillo, Rubén Camarillo Ortega, Ricardo Anaya Cortés, Aleida Alavez Ruiz, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Silvano Aureoles Conejo, Agustín Miguel Alonso Raya, Ernesto Núñez Aguilar, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Monreal Ávila, Luis Antonio González Roldán.

Sustitutos: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, José Sergio Manzur Quiroga, Fernando Charleston Hernández, José Rubén Escajeda Jiménez, Abraham Montes Alvarado, Javier López Zavala, José González Morfín, María Beatriz Zavala Peniche, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Jorge Iván Villalobos Seáñez, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Víctor Manuel Bautista López, Fernando Cuéllar Reyes, Alfa Eliana González Magallanes, Tomás Torres Mercado, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Leobardo Alcalá Padilla.

LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE EDUCACION INCLUSIVA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del día es el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 95, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. El 13 de noviembre de 2008 los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, presentaron Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley General de Educación.

2. El 12 de mayo de 2010 el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

3. El 5 de octubre de 2010 la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

4. El 13 de julio de 2011 el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

5. En la Cámara de Senadores, el senador Rubén Camarillo Ortega, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones no Gubernamentales, remitió las Recomendaciones No Vinculatorias al Senado de la República de Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con Discapacidad, tituladas: Propuestas de reformas legislativas para armonizar la Ley Federal del Trabajo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Propuestas de Reformas Legislativas para Armonizar la Ley General de Educación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 08 de noviembre de 2011. (LXI Legislatura).

6. El 10 de noviembre de 2011 el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

7. El dictamen correspondiente a las Iniciativas enumeradas en los puntos anteriores se presentó a discusión en la Cámara de Senadores el 14 de diciembre de 2011. El Proyecto de Decreto se aprobó por unanimidad de 72 votos y en esa misma fecha se pasó a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (LXI Legislatura)

8. El 1 de febrero de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades legales, turnó la Minuta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

9. Con fecha 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, aprobó el Acuerdo relativo a los Dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el Pleno de la LXI Legislatura, por el cual se devuelve a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

10. El 20 de diciembre de 2013 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados solicitó y obtuvo de la Mesa Directiva extensión de prórroga para atender el asunto turnado, por lo cual se encuentra en plazo vigente para su dictamen.

II. Contenido de la minuta

Se busca armonizar la Ley General de Educación con diversos Tratados Internacionales de los que México forma parte en materia de educación inclusiva, precisando los derechos en materia educativa de los niños y jóvenes que requieren educación especial.

El proyecto de decreto se formula en los siguientes términos:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación en condiciones de equidad; por tanto, los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

Artículo 6o. Bis. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios asegurará la inclusión de los educandos en el sistema educativo nacional, en un marco de respeto, igualdad y equidad.

...

...

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a IV ....

IV Bis. Promover y fomentar el respeto de los grupos vulnerables para contribuir en su proceso de desarrollo e integración social;

V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos;

VII. a XVI. ...

Artículo 10. ...

...

I. a VII. ...

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando su plena inclusión y participación enla sociedad y, en su oportunidad, el desarrollode una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

Artículo 12.Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. y II. ...

III.Elaborar y mantener actualizados, y en formatos accesibles,los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

IV.a XIV. ...

Artículo 20.Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, que tendrá las finalidades siguientes:

I. a III. ...

IV.El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa inclusiva.

...

Artículo 23. ...

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior contarán con edificio, instalaciones accesiblesy demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

...

...

Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. y II. ...

II Bis. Desarrollarán programas de asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, en términos de lo dispuesto en el artículo 41.

III. a XV. ...

...

Artículo 41. La educación especial está destinada a las personas con discapacidad transitoria o definitiva, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus condiciones, con base en los principios de respeto, inclusión, equidad y no discriminación, y con perspectiva de género.

Tratándose de personas con discapacidad, esta educación propiciará su atención educativa en los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.

Para los alumnos con discapacidad que no logren la inclusión en estos planteles, la educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para su autónoma integración a la vida social y productiva, con base en la aplicación de métodos, programas y materiales de apoyo didácticos necesarios. En cualquier caso, las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de estudios en los niveles de educación media superior y superior.

La formación y capacitación de maestros de educación especial promoverán el trato digno de las personas con discapacidad por parte de los educadores; asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar al resto de la comunidad educativa sobre esta condición y las aptitudes para comunicarse en lenguaje de señas mexicano, en el sistema de escritura braille, o cualquier otro sistema que garantice el adecuado aprovechamiento de los educandos.

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamentos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

...

...

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables.

Artículo 45. La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas con discapacidad.

...

...

...

...

...

Artículo 55. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidadque la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento; y

III. ...

Artículo 59. ...

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 70. ...

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;

b) a m) ...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento de lo previsto en el presente decreto, con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y con los recursos que para el efecto se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Presupuestos de Egresos de las entidades federativas y el Distrito Federal.

III. Consideraciones generales

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados comparte con los senadores promoventes de las Iniciativas que dieron origen a la Minuta en análisis, la preocupación por la atención educativa que reciben los niños y jóvenes con discapacidad, así como por las limitaciones de nuestro sistema educativo para implementar una política de auténtica inclusión. Sin duda éste es un terreno en el que a nuestro país le resta un largo trecho por recorrer.

Nuestro país, junto con 91 naciones más, se adhirió en 1994 a la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, promovida por la UNESCO. Los compromisos que México asumió al adherirse a dicha Declaración son los siguientes:

– Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos,

-cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios,

– Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades,

– Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades,

– Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo.

La UNESCO establece que “la educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Al prestar especial atención a los grupos marginados y vulnerables, la educación integradora y de calidad procura desarrollar todo el potencial de cada persona. Su objetivo final es terminar con todas las modalidades de discriminación y fomentar la cohesión social”.

La educación inclusiva se refiere a todos los niveles y modalidades educativas, por lo cual los criterios y principios deben ser atendidos también por la educación especial.

En este marco, durante las dos últimas décadas en nuestro país se han impulsado algunos programas que se proponen una educación integradora o inclusiva, aunque aún se enfrentan severos rezagos. Uno de los terrenos en los que se aprecia rezago es el legislativo, por lo cual la Dictaminadora coincide con la Minuta en la necesidad de armonizar la Ley General de Educación con la conceptualización utilizada en el medio de la educación especial y en los Tratados Internacionales de los que México forma parte, de manera que se contribuya desde este ámbito a la creación de una auténtica cultura de la inclusión.

Con base en las consideraciones expuestas, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos manifiesta su acuerdo en lo general con las reformas a la Ley General de Educación materia de este dictamen.

IV. Consideraciones Particulares

En diciembre de 2011 la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó el dictamen correspondiente a tres Iniciativas sobre el tema de educación inclusiva. El Proyecto de Decreto es el siguiente:

Artículo Único. Se reforman los artículos 12, fracción III; 38 y 41; y se adicionan los artículos 2o., con un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes en su orden; 7o. con una fracción VII Bis; 54 Bis; 55, con una fracción IV y 75, con una fracción XVII a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso y permanencia en el sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades, sin discriminación, con equidad y en igualdad de oportunidades.

...

...

Artículo 7o. ...

I. a VII. ...

VII Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión, como condiciones para el enriquecimiento social y cultural.

VIII. a XVI. ...

Artículo 12. ...

I. y II. ...

III. Elaborar, mantener actualizados y editar en formatos accesibles para las personas con discapacidad los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

IV. a XIV. ...

Artículo 38. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la comunidad sorda, de la población rural dispersa y grupos migratorios.

Artículo 41. La educación especial está destinada a personas con y sin discapacidad, incluyendo a las personas con aptitudes sobresalientes, que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, con equidad social incluyente y con perspectiva de género, manteniendo como prioridad la protección del interés superior del educando.

Tratándose de menores de edad con discapacidad, se favorecerá su inclusión en los planteles de educación regular mediante la realización de ajustes razonables y la aplicación de métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias.

A quienes tomando en cuenta las recomendaciones de la autoridad educativa correspondiente opten por los servicios escolarizados de educación especial, se les garantizará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje y el máximo desarrollo del potencial del educando para la autónoma convivencia social y productiva, elaborando los materiales de apoyo didáctico necesarios.

En los niveles y modalidades de la educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia, la autoridad educativa federal establecerá criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad. En el caso de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, establecerá los lineamientos para la evaluación psicopedagógica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación; las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación de este tipo de alumnos.

La educación inclusiva presupone el fortalecimiento de la educación especial. Considera la capacitación y orientación a los maestros y personal de las escuelas de educación regular que atiendan alumnos con discapacidad, así como a los padres de familia o tutores, propiciando su participación. Artículo 54 Bis. Las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas que tengan como objeto prestar servicios educativos de nivel preescolar sin fines de lucro, podrán impartir educación en términos de la presente ley y de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Las autoridades competentes podrán otorgar apoyo para la formación y actualización del personal de dichas organizaciones, así como otros recursos conforme a los programas y modalidades que se determinen, en el marco de lo establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 55. Las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento;

III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica, y

IV. Con la acreditación legal como asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada u otras formas legales de asociación no lucrativa, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a XIV. ...

XV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XVI. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, y

XVII. Negar la inscripción, aislar, segregar o discriminar a las personas con discapacidad, u omitir llevar a cabo los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar su inclusión.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La implementación de las medidas establecidas en el presente decreto se realizará con la concurrencia presupuestal de la federación y de las entidades federativas y en atención a los recursos disponibles, para garantizar de manera progresiva el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la legislación vigente para las personas con discapacidad.

Tercero. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento de lo previsto en el presente decreto, garantizando procesos de capacitación y conocimiento para los docentes de las instituciones educativas que participen en el programa.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

De esta manera, prácticamente de forma simultánea en cada Cámara se cantó con una Minuta sobre el mismo tema. En un esfuerzo de colaboración entre los integrantes de las comisiones de Educación de las dos Cámaras durante la LXI Legislatura, las Minutas se analizaron de manera conjunta para obtener un nuevo Proyecto de Decreto, en el que se recuperan las aportaciones más importantes de las dos propuestas y que se presenta al final del presente Dictamen.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Educación sea devuelto a la Cámara de Senadores, para efecto de que las modificaciones aprobadas por esta Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara de Origen.

Por lo anterior, y una vez analizada la Minuta materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, párrafo primero; 7, fracción VI; l0, último párrafo; 12, fracción III; 23, segundo párrafo; 41, párrafos primero, segundo, tercero ahora cuarto párrafo, cuarto ahora quinto, y quinto ahora sexto párrafo; 45, primer párrafo; 55, fracción II; 59, segundo párrafo; 70, párrafo segundo, inciso a); y 75, fracción XVI; y se adicionanla fracción VI Bis al artículo 7°; la fracción II Bis al artículo 33; un tercer párrafo al artículo 41, recorriéndose los subsecuentes, y un último párrafo al mismo artículo para quedar como séptimo; el artículo 54 Bis, y un último párrafo al artículo 55, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

...

...

Artículo 7o. ...

I. a V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VI Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural;

VII. a XVI. ...

Artículo 10. ...

...

I. a VII. ...

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando su plena inclusión y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

Artículo 12. ...

I. y II. ...

III. Elaborar, mantener actualizados y editar en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación;

IV. a XIV. ...

Artículo 23. ...

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, contarán con edificio, instalaciones accesiblesy demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

...

...

Artículo 33. ...

I. y II.. ...

II Bis. Desarrollarán programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 41.

III. a XV. ...

...

Artículo 41. La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que impidan la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, con base en los principios de respeto, inclusión, equidad, no discriminación, y con perspectiva de género.

Tratándose de estas personas, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica regular sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las escuelas de educación especial; en ambas modalidades se realizarán ajustes razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma integración a la vida social y productiva. Las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de estudios en los niveles de educación media superior y superior.

La formación y capacitación de maestros de educación especial y de educación regular que atiendan alumnos con discapacidad, promoverá el trato digno hacia estas personas por parte de los educadores; asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para sensibilizar a la comunidad educativa sobre esta condición.

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesario en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con aptitudes sobresalientes.

La educación inclusiva supone el fortalecimiento de la educación especial. Ésta abarca la capacitación y orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que atiendan alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes.

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables.

Artículo 45. La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas con discapacidad.

...

...

...

...

...

Artículo 54 bis. Las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro legalmente constituidas conforme a la legislación nacional, que tengan como objeto la promoción y el fomento educativo, podrán impartir educación en los términos de la presente ley y con base en los lineamientos establecidos por la autoridad educativa. La Secretaría podrá otorgar apoyo para la capacitación de las personas que integren o colaboren con dichas organizaciones, conforme a los programas y modalidades que dicha autoridad determine.

Artículo 55. ...

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III. ...

Las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la promoción y el fomento educativo que soliciten la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán estar legalmente constituidas conforme a la legislación nacional.

Artículo 59. ...

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42; así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 70. ..

...

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;

b) a m) ...

...

...

Artículo 75. ...

I. a XV. ...

XVI. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que presenten problemas de aprendizaje; condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para su atención.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto, con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y con los recursos que para el efecto se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los presupuestos de egresos de las entidades federativas y el Distrito Federal.

Tercero. En los niveles de educación básica, normal, media superior y superior, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, establecerán en un plazo no mayor a 180 días criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad.

Notas:

1 UNESCO (1994). Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales. Aprobada por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad. Salamanca, España, 7-10 de junio de 1994. Consultado el 23 de mayo de 20 I1 en www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF

2 Extraído el 13 de septiembre de 2011 de:  http://www.unesco.org/ new/es/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Este dictamen no tiene registrados ni fundamentadores, ni oradores, por lo que se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputada.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): Quiero pedir la palabra, señor presidente, ojalá y me lo permita usted y todos los compañeros y compañeras diputadas y diputados. Es un día muy importante hoy, el Día del Niño. Quiero felicitar a los niños.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, permítame un segundo.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras (desde la curul): ¿Sí me permite terminando la votación?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estamos en votación, diputada, vamos a dejar el Día del Niño para después.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 382 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva. Se devuelve al Senado, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.

Dé cuenta, por favor, con la remisión que hace la Secretaría de Gobernación de la Cuenta Pública.

CUENTA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2012

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del Presidente de la República y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2012.

Lo anterior, con fundamento en lo establecido por la fracción VIII, del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para su análisis respectivo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 30 de abril de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esa Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a veintinueve de abril de dos mil trece.— Enrique Peña Nieto (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Documentos referentes a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, que con fundamento en lo establecido en la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta fecha se entregan a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

1. Resultados generales: Tomo impreso

2. Banco de información

• Información del Sector Público Presupuestario: Tomo I

• Información Institucional del Gobierno Federal y de las Entidades de Control Presupuestaría Indirecto: Tomos (II al XII)

• Información institucional de las entidades de control presupuestario directo: Tomo (XIII)

• Resultados generales y banco de información: Disco compacto

3. Información contable: Tomo I

• Gobierno federal

• Dictámenes de auditores externos a los estados financieros de entidades de control presupuestario directo

4. Información contable: Tomo II

• Dictámenes de auditores externos a los estados financieros de entidades de control presupuestario directo

5. Dictámenes de auditores externos a los estados financieros de entidades de control presupuestario indirecto: 16 discos compactos, 1 por sector

6. Memoria circunstanciada del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, enero-diciembre de 2012: Tomo impreso

7. Informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados por dependencias y entidades de la administración pública federal, a favor de organizaciones de la sociedad civil, correspondiente a 2012: Tomo impreso

8. Información sobre fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2012: Tomo impreso

9. Consolidación del sistema de evaluación del desempeño: Tomos I y II

10. Programas transversales: Tomo impreso.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su dictamen y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención.

Siga con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, entre otros, el de la Cocopa, que en la mañana me lo estaban reclamando.

CAMBIO DE INTEGRANTES DE JUNTAS DIRECTIVAS DE COMISIONES ESPECIALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano:

• Que la diputada María Fernanda Romero Lozano cause alta como integrante en la Comisión Especial de la cuenca del río Panuco

• Que el diputado Alfonso Durazo Montaño cause alta como integrante en la Comisión Especial de promoción del desarrollo regional

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 29 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente movimiento, solicitado por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Karina Labastida Sotelo cause alta como secretaria en la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los femenicidios registrados en México

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 29 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la integración del Comité Responsable de la Evaluación de la Gestión y Operación del Centro de Desarrollo Infantil “Antonia Nava de Catalán” de la LXII Legislatura.

1. Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, presidente (PT)

2. Diputada María de las Nieves García Fernández (PRI)

3. Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (PAN)

4. Diputada Verónica García Reyes (PRD)

5. Diputada Judit Magdalena Guerrero López (PVEM)

6. Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC)

7. Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (NA)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 30 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL A DESIGNAR AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar al titular del Instituto Mexicano de la Juventud

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscriben diversos diputados, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que designe a la brevedad a la directora o director general del Instituto Mexicano de la Juventud y que ésta o éste conozca las problemáticas de la juventud mexicana y cuente con experiencia en la administración pública.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada María Sanjuana Franco Cerda (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

PROGRAMA PROCAMPO PRODUCTIVO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se hace un respetuoso exhorto a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con relación al programa Procampo Productivo

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efecto de que se amplíe el plazo para la reinscripción del programa Procampo Productivo por un periodo de 12 meses, ante la imposibilidad de miles de beneficiarios de regularizar sus predios.

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, a efecto de que implemente un programa de regularización de la tenencia, dando prioridad a los integrantes del padrón de Procampo Productivo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada María Sanjuana Franco Cerda (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

COMISION BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACION, COCOPA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por el que se propone el criterio para definir la Presidencia de la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas y, en consecuencia, la Presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1 , incisos b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, y

Considerando

Primero. Que la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas es una Comisión Bicameral integrada por Diputados y Senadores designados por los Plenos de cada una de esas Cámaras.

Segundo. Que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 28 de febrero de 2013, se hizo la designación de las diputadas y diputados que integran la comisión referida.

Tercero. Por su parte, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores puso a consideración del Pleno de dicha Cámara, mismo que lo aprobó, el Acuerdo mediante el que se designó a los integrantes de la comisión a que se refiere el presente acuerdo.

Cuarto. Que el artículo 8o. de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas crea la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del Estado de Chiapas.

Quinto. Que de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 8o. de la Ley antes citada, la Presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación estará a cargo, de manera rotativa y periódica, de los representantes del Poder Legislativo Federal.

Sexto. Atento a la disposición citada, se hace necesario que la Presidencia de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, se ejerza de manera rotativa y periódica por integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores.

Séptimo. Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores comunicó el acuerdo para que la Presidencia de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas y, por ende, la de la Comisión de Concordia y Pacificación, será ejercida, en primer lugar, por un integrante de la Cámara de Diputados y, posteriormente, por un integrante de la Cámara de Senadores de manera rotativa por año Legislativo.

Por lo anterior, la Junta de Coordinación, somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.La Presidencia de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas se ejercerá, en primer lugar, por un integrante de la Cámara de Diputados para el Primer Año de la LXII Legislatura.

Segundo.Para el Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura la presidencia corresponderá a un integrante de la Cámara de Senadores y para el tercer año, a un integrante de la Cámara de Diputados.

Tercero. Se solicita a los integrantes de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas que, a la brevedad posible, formulen una propuesta de Presidencia para el primer periodo a la Junta de Coordinación Política a efecto de que ésta esté en condiciones de tomar el acuerdo correspondiente.

Cuarto.Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Senadores para los efectos que correspondan.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de abril de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica, p.p.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco, Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores por el que se establece el carácter rotativo de la Presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación.

Senadores Secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 82, numeral 1, incisos c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, y

Considerando

Primero.Que el artículo 8 de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas crea la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del Estado de Chiapas.

Segundo.Que la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, es de carácter bicameral y está integrada por diputados y senadores.

Tercero.Que el pasado 28 de febrero, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores puso a consideración del Pleno el acuerdo mediante el que se designó a los integrantes de la comisión en comento.

Cuarto.Que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de fecha 20 de febrero de 2013, se hizo la designación de las diputadas y diputados que integran la comisión referida por parte de la colegisladora.

Quinto.Que de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 8 de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, la Presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación estará a cargo, de manera rotativa y periódica, de los representantes del Poder Legislativo Federal.

Por lo anteriormente fundado y motivado, la Junta de Coordinación, somete a la consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Presidencia de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas se ejercerá, de manera alternada, por un diputado y por un senador con una periodicidad de un año.

Segundo.El primer año corresponderá ejercer la Presidencia a un integrante de la Cámara de Diputados, el segundo año de ejercicio de la presente legislatura la presidencia corresponderá a un integrante de la Cámara de Senadores, y así sucesivamente.

Tercero.Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados para los efectos que correspondan.

Transitorio

Único.El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno y estará vigente durante las LXII y LXIII Legislaturas de la Cámara de Senadores.

Salón de sesiones, a los 29 días de abril de 2013.— Senador Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senador Ernesto Cordero Arroyo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; senador Jorge Emilio González Martínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; senador Manuel Bartlett Díaz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; senador Miguel Romo Medina (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Institucional; senador Francisco Domínguez Servién (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 18 de julio de 2012, el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma los artículos 1, 8, 83, 116, 117, 117 Bis y 118 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

2. Mediante oficio D.G.P.L 62-II-8-0194 con fecha 23 de octubre del 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura turna para su, análisis y dictamen a la iniciativa en comento a la Comisión de Cultura y Cinematografía, determinando que correrá el plazo a partir del 29 de octubre del 2012.

3. Mediante oficio número CCC/LXII/052 de fecha 6 de noviembre del 2012, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la iniciativa turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

4. La Comisión de Cultura y Cinematografía a través de su Junta Directiva, en los términos de lo dispuesto por el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio número CCC/LXII/ con fecha 14 de diciembre del 2012, prorrogar la decisión del asunto turnado.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0710 Expediente 7402 LXI Legislatura, resuelve y autoriza la prorroga, encontrándonos a la fecha, en plazo vigente para la resolución del asunto.

Contenido de la iniciativa

Esta iniciativa presentada por el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, propone reformar y adicionar siete artículos del la Ley Federal del Derecho de Autor. Estos son: 1, 8, 83, 116, 117, 117 bis y 118.

La intención es delimitar los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, a la Ley Federal del Derecho de Autor, para que se cambie la conjunción “o”, por la conjunción “y”, para aclarar que ambos titulares de derechos conexos tienen la facultad de recaudar las regalías que a cada uno de ellos les corresponde, por la explotación por parte de terceros, de sus interpretaciones y ejecuciones, contenidas en los diversos soportes materiales, en suma, esta reforma pretende claridad y objetividad, según la afirmación de su autor.

Entre los antecedentes y fundamentos que integra a su exposición de motivos, señala la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, que en su artículo 3, inciso a), define lo que se entenderá para efectos de la misma Convención, por “artista intérprete o ejecutante”, como “todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística”.

El anterior instrumento conocido como Convención de Roma, establece que los Estados contratantes, desean asegurar la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a las interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas por primera vez o radiodifundidas en su territorio. El autor de la Iniciativa refiere que para efectos de la Convención de Roma, los artistas intérpretes o ejecutantes, son incluidos dentro de una misma categoría, pero que en México, los artistas intérpretes ejercen sus derechos de interpretación de forma separada a la de los ejecutantes y éstos a su vez, también ejercen sus derechos de recaudación en forma separada.

Que los primeros son representados por la Asociación Nacional de Intérpretes, Sociedad de Gestión Colectiva (ANDI), y los segundos se agrupan en “Eje” Ejecutantes, Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público y la Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música (Somem). Sin menoscabo de otras sociedades de gestión colectiva que puedan obtener reconocimiento.

El diputado autor de la Iniciativa, invoca el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, para referir que dicho Tratado constituye una base sólida para respetar y defender los derechos morales y económicos de los intérpretes y ejecutantes.

Otro instrumento jurídico internacional que invoca es la Convención Universal sobre Derecho de Autor, en 1952, donde la UNESCO aprobó disposiciones para extender la protección del derecho de autor por todo el mundo. Que la labor que desempeñó la UNESCO en la adopción y administración, conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMPI al aprobar la Convención de Roma, muestra compromiso para crear un entorno jurídico propicio para los artistas intérpretes y ejecutantes y para otras partes interesadas que participan en el proceso creativo.

En otro ángulo de su argumentación, el diputado proponente, manifiesta que la UNESCO ha reconocido y promovido la contribución de los artistas al desarrollo cultural mundial, mediante algunos instrumentos como:

- La recomendación relativa a la condición del artista, de 1980, instrumento no vinculante, que afirma el derecho de los artistas a ser considerados trabajadores culturales;

- La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, de 2001, que reconfirma la necesidad de reconocer debidamente los derechos de los autores y los artistas; y

- La Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, de 2005, que entró en vigor el 18 de marzo de 2007.

La misma trata de crear un entorno propicio en el que se afirme y renueve la diversidad de las expresiones culturales. Así pues, la Convención tiene como finalidad promover las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones con libertad y provecho para las partes que lo hacen. Que las partes deben esforzarse por reconocer las importantes contribuciones de los artistas; que las medidas nacionales destinadas a proteger y promover las diversidades de las expresiones culturales, deben tener como finalidad respaldar y apoyar a los artistas y demás personas que participan en la creación de expresiones culturales; y que la Convención declara que el fortalecimiento de las industrias culturales de los países en desarrollo, constituye uno de los principales medios para fomentar un sector cultural dinámico en esos países.

El diputado de Acción Nacional, argumenta como motivos de las reformas que propone:

Que el utilizar la conjunción “o” denota una alternativa a los usuarios, quienes pueden optar erróneamente por pagar los derechos patrimoniales a los “intérpretes” o a los “ejecutantes”, lo que en la práctica lleva a la confusión de sus derechos, cuando en realidad las dos actividades tienen reconocidos y protegidos sus derechos conexos que ostentan en términos de la ley.

Que el propósito que anima la propuesta es delimitar los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, en la Ley Federal del Derecho de Autor, al cambiar la conjunción “o” por la “y”, para aclarar que ambos titulares tienen facultad de recaudar regalías que a cada uno corresponda por explotación por parte de terceros, de sus interpretaciones y ejecuciones.

Invoca la aportación de artistas intérpretes y ejecutantes a desarrollar el patrimonio cultural nacional, dentro y fuera del país.

Que las industrias culturales tienen un claro signo de prosperidad y civilización por lo que se requiere su impulso y fomento.

Consideraciones

Primero. La cultura es fuente de identidad, cohesión social, expresión y diálogo, que dada la variedad y modalidad de sus manifestaciones, las instituciones sociales se han visto obligadas a sistematizar y reglamentar.

a) Por ello, nuestro país sustenta en la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, en la Conferencia Mundial sobre el tema, el 26 de agosto de 1982 que “... al expresar su esperanza en la convergencia última de los objetivos culturales y espirituales de la humanidad, la Conferencia conviene en que, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias.”

b) El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de la que el Estado Mexicano es signatario, establece la obligación de generar cultura y participar en ella para engrandecerla. En su artículo 27.2. dispone:

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

c) Otro catálogo importante de derechos se contiene en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En su numeral 1, inciso c), establece que los Estados parte reconocen el derecho de toda persona a:

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Es incuestionable que México ha dado testimonio en la búsqueda de mecanismos internacionales que contribuyan a hacer efectivos los derechos culturales y colaborar con las diferentes naciones, para contar con una política cultural eficiente y enfocada al desarrollo sostenible.

Segundo. Que el esfuerzo desarrollado por México durante varias décadas a nivel internacional, se plasmó en el marco Constitucional aplicable en el país, específicamente en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009, por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 4 constitucional que establece:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.

Resulta de enorme trascendencia la previsión específica en la Carta Magna, para hacer efectivos los derechos culturales de toda persona, de la participación de los sectores social y privado, así como el acceso a cualquier manifestación cultural, en suma, la posibilidad de ejercer la libertad cultural de la mano con el desarrollo cultural.

Tercero. Asimismo, la Convención de Roma, en su artículo 1, establece que la protección prevista en ella, dejará intacta y no afectará en modo alguno la del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas, por lo tanto, ninguna de las disposiciones de la presente Convención podrá interpretarse en menoscabo de esa tutela.

Esto no implica que se privilegien los derechos de autor y se mengüen los de artistas intérpretes y ejecutantes, todos deben garantizarse en el mismo rango de importancia, como derechos independientes para su reconocimiento y ejercicio. En este sentido, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, de 1996 (WPPT), constituye una base sólida para defender los derechos morales y económicos de los intérpretes y ejecutantes.

Así también, en la Ley Federal del Derecho de Autor se establecen los relativos a artistas intérpretes y a ejecutantes. Cuando se han desconocido los mismos, para integrantes de alguno de estos dos gremios, es por cuestiones distintas a una posible indefinición jurídica acerca de quién o quiénes tienen establecidos y reconocidos en Ley sus derechos, es decir, que su respeto y ejecución depende de ámbitos donde se debe aplicar y no del texto normativo.

Cuarto. Que esta comisión considera solicitar el análisis de esta iniciativa a los diversos centros de investigación de esta soberanía, a los diversas instituciones federales y la realización de foros de consulta con los diversos actores materia de la presente iniciativa y actividades necesarias para hacerse llegar de elementos suficientes y de esta manera tener una opinión objetiva.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Cultura y Cinematografía presenta los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada por el Diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Portal UNESCO: http://portal.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_ id_F6738ABFE74967624B9752C079285FA381780000/filename/unamexico_sp.pdf

2 Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1048, París.

3 Aprobado mediante Resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), obligatorio para los Estados que han manifestado su consentimiento de quedar vinculados a él, como el Estado Mexicano, que se adhirió el 23 de marzo de 1981, en vigor en nuestro país el 12 de mayo del mismo año.

4 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de marzo de 2013.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), secretarios; Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), José Martín López Cisneros, María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica).»

LEY GENERAL DE EDUCACION, EN MATERIA DE EDUCACION FINANCIERA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas con proyectos de decreto que adicionan la Ley General de Educación, en materia de educación financiera

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

A. Con fecha de 8 de septiembre de 2009 se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

B.Con fecha de 9 de octubre de 2012 se recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, presentada por los diputados Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Lucila Garifas Gutiérrez y Antonio René Fujiwara Montelongo del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto y ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de las iniciativas

A.La iniciativa presentada por el diputado Kahwagi Macari manifiesta la preocupación del legislador al señalar que las niñas y niños en México no distinguen la diferencia entre comprar inteligentemente y endeudarse, por lo que considera urgente buscar que los niños comprendan que el crédito es mucho más que una tarjeta con la que pueden comprarse cosas en vez de utilizar dinero.

El legislador reconoce la labor de la SEP al implantar el Programa de Actitud Emprendedora, Educación Económica y la Cultura Financiera para la Educación Básica 2008-2009, con la finalidad de incluir en los planes y programas de primaria y secundaria vigentes un enfoque empresarial que promueva la educación económica y la cultura financiera, para que los educandos puedan recibir clases sobre consumo, créditos, hipotecas, ahorro y tarjetas de crédito y débito.

Reconoce también la participación de la Asociación de Bancos de México que ha creado módulos de banca, ahorro y bancarización en el museo interactivo de economía; el programa de ahorro infantil ABM-SEP; la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impulsar el programa de formación de formadores en coordinación con la Fundación Televisa; la publicación de un cuento para niños sobre el ahorro, y, el acuerdo con la Secretaría de Gobernación para transmitir cápsulas de educación financiera en La hora nacional.

Aunque por otra parte, el diputado Kahwagi Macari califica de “insuficiente para mejorar como país” al compromiso del Estado mexicano en materia de educación financiera.

En este sentido, realiza una comparación con Estados Unidos de América, donde la Financial Literacy and Education Commissiones responsable de coordinar los esfuerzos que el gobierno destine a temas de educación financiera, brindar apoyo a los programas de cultura financiera impartidos por el sector privado y promover la sincronización entre el sector público y privado.

En el mismo tenor, realiza una comparación con el Reino Unido y su National Strategy for Financial Capability(NSFC), que reúne a los diferentes actores de la industria de servicios financieros, del gobierno, de asociaciones de consumo, de organizaciones voluntarias y de los medios, interesados en encontrar mecanismos para mejorar el conocimiento y entendimiento de los individuos sobre sus finanzas personales.

De igual manera, menciona que si queremos transformar a México, tenemos la obligación de despertar en las y los niños y jóvenes, el interés por los temas de cultura financiera y con ello, estaremos generando ciudadanos mexicanos conscientes y responsables en la toma de decisiones respecto a los servicios que prestan las diferentes instituciones bancarias para la formación de patrimonio, es decir: ahorro, vivienda, retiro, crédito, protección al consumidor y al inversionista, derechos de los consumidores, población multicultural, entre otros.

Finalmente y de acuerdo con las consideraciones del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, la Iniciativa contiene el Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a XII. ...

XIII. ... Fomentar la educación financiera

XIV. a la XV. ...

B.Lainiciativa presentada por los diputados los diputados Dora Marta Guadalupe Talamante Lemas, Lucila Garifas Gutiérrez y Antonio René Fujiwara Montelongo, señala que desde el año 2007, autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han asumido que uno de los factores que pueden explicar la baja penetración de servicios financieros en México es la falta de una cultura financiera y que uno de los principales retos del sistema financiero es dar acceso a toda la población.

Se menciona además, que a partir del ciclo escolar 2008-2009, la SEP implantó con la participación de bancos y organizaciones empresariales el Programa de Actitud Emprendedora, Educación Económica y la Cultura Financiera para la Educación Básica 2008-2009, a fin de incluir en los planes y programas de primaria y secundaria vigentes un enfoque empresarial que promueva la educación económica y la cultura financiera para que los educandos reciban clases sobre consumo, créditos, hipotecas, ahorro y tarjetas de crédito y débito.

De igual manera, se reconoce la labor y el compromiso de diversas instituciones públicas y privadas como las Secretarias de Hacienda, del Trabajo, Economía, de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación de Bancos de México, la Confederación Patronal de la Republica Mexicana, la Fundación Televisa, los Grupos Financieros Banamex y BBVA-Bancomer, entre otros, en el diseño de acciones que fomenten la educación financiera entre familias -Jóvenes, padres y maestros- de todos los estratos económicos con mayor énfasis en sectores de medianos y bajos ingresos.

Sin embargo, menciona que el compromiso de las autoridades responsables es insuficiente debido a que la mayor parte de la población continúa inmersa en el poco conocimiento de estos temas, aunado a la creciente necesidad de formar no sólo a los niños y a los adolescentes en el manejo del ahorro y el crédito sino a los docentes en contenidos de planeación financiera.

En este mismo sentido, refieren que la cultura financiera a escala internacional es reconocida como un factor clave para el desarrollo humano y del sistema financiero y que por ello es indispensable poner en marcha una estrategia de cultura financiera basada en mecanismos de cooperación y coordinación continúa entre las entidades gubernamentales, para implantar efectivos programas de educación financiera en las escuelas, que este en sintonía con los esfuerzos y las acciones de las instituciones públicas y las privadas.

Por lo anterior los proponentes, consideran que un programa adecuado de educación financiera ayuda a crear conciencia de la importancia del ahorro, del manejo del crédito y del cuidado del dinero por el conocimiento y la prudencia en el manejo de los recursos financieros. y que además, representa una oportunidad inigualable para incrementar la calidad de vida de las familias, pues a mayor educación financiera, mayor bienestar económico, sobre todo para los sectores de bajos recursos, al evitar los altos costos de utilizar servicios financieros no formales.

Finalmente y de acuerdo con las consideraciones de los diputados Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Lucila Garifas Gutiérrez y Antonio René Fujiwara Montelongo, la Iniciativa contiene el proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación, y se recorre el orden de las subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a XII. ...

XIII. Fomentar la educación financiera;

XIV. a XVII. ...

III. Consideraciones de la comisión

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, después de analizar las dos Iniciativas descritas en el punto anterior, reconoce la inquietud plasmada por los promoventes y comprende su intención de contribuir a generar un uso racional de los recursos personales, sobre todo frente a un mercado que presiona hacia el consumo excesivo.

Sin embargo, es importante señalar que el fomento del ahorroya está considerado como uno de los fines educativos establecidos en la fracción XII del artículo 7 de la Ley General de Educación, que a la letra dice:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

...

XII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorroy el bienestar general.

...

Por otra parte, esta comisión destaca que la fracción tercera del artículo 3° constitucional establece que será el Ejecutivo Federal quién determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, se tomará en cuenta la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.

Asimismo, tanto el artículo 7° como el 8° de la Ley General de Educación hablan de fines y propósitos generales y universales, no de contenidos específicos, mismos que corresponde al Poder Ejecutivo determinar por medio de la Secretaría de Educación Pública.

En este marco, cabe señalar que desde 2007 la Secretaría de Educación Pública impulsa un programa de educación financiera para la educación básica, además de que el tema de las finanzas forma parte de los programas de educación primaria diseñados en el marco de la reforma curricular 2009. Así pues, se considera innecesario modificar la ley para plasmar un programa que ya se está implementando en las escuelas de educación básica.

La misma Secretaría de Educación Pública emitió una opinión sobre la propuesta de las Iniciativas bajo análisis, donde destaca que:

“La Ley General de Educación no es la forma o medio apropiado para establecer los temas o contenidos específicos de la educación [...) para ello existe la vía administrativa, es decir, los Acuerdos Secretariales mediante los cuales la autoridad educativa determina los contenidos de la educación, a través de los respectivos planes y programas de estudio, que en el caso de la educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, corresponde determinar a la autoridad educativa federal, conforme a los fines y criterios establecidos en la propia Ley (artículos 12, fracción I y 48 de la Ley General de Educación).”

Adicionalmente, cabe señalar que la SEP no es la única instancia en nuestro país que impulsa de manera directa la educación financiera. Existen instituciones privadas y públicas que por su naturaleza y actividad la divulgan como parte de los conocimientos que deben tener los integrantes de las familias de todos los estratos económicos, entre las que se encuentran la Asociación de Bancos de México, A.C. (ABM), las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Economía (SE), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el Banco de México (Banxico). También se suma a estas tares el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), entre otras dependencias.

De manera específica, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), organismo público descentralizado orientado a fomentar la educación financiera, cuenta con facultades legales para elaborar y proponer a las autoridades competentes el establecimiento de programas educativos en materia de cultura financiera.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción G de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que los presentes Proyectos de Decreto que reforman la Ley General de Educación sean desechados y archivados como total y definitivamente concluidos, para efecto de que no vuelvan a ser presentados en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizadas la Iniciativas materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desechan las Iniciativas:

I.Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (NA).

2.Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación, presentada por los diputados Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Lucila Garifas Gutiérrez y Antonio René Fujiwara Montelongo (NA).

Segundo.Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Nota:

1 www.condusef.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su Reunión Ordinaria del día 24 del mes de abril de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 11 Bis a la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82 numeral 1, 85, 157, 176 y 182 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada el 2 de octubre de 2012 por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 11 Bis a Ley General de Educación. La iniciativa fue suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del mismo grupo parlamentario.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la comisión señalada, para su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis para la resolución correspondiente.

II. Descripción de la iniciativa

El diputado Hurtado Gallegos inicia su exposición destacando la problemática social y el grave problema de salud pública que representa el consumo de alcohol, debido a que su consumo se asocia “con accidentes automovilísticos y episodios de violencia, disolución social y desintegración familiar”.

Señala que en 2009 nuestro país ocupó el lugar 11 en alcoholismo a nivel mundial; casi 27 de cada cien personas se consideran bebedoras de alto riesgo -quienes toman entre 5 y 24 copas en cada ocasión- mientras que el 12 por ciento de la población lo padece en algún grado. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el alcoholismo representa la primera causa de muerte entre personas de 15 a 40 años de edad.

El consumo de alcohol –continúa el promovente– cada vez se inicia a edad más temprana: 8 de cada 100 niños de primaria y 26 de secundaria son consumidores de licor. Al respecto, indica que los estudiantes “ingieren licor saliendo de la escuela, principalmente en secundaria; el alcohol lo compran en las tienditas, que en realidad son las denominadas ‘chelerías’; establecimientos o expendios de ‘micheladas’ que disparan el alcoholismo infantil. (...) estos lugares que venden alcohol a menos de 100 metros de las escuelas, están disfrazados como ‘juguerías’, ‘loncherías’ y ‘misceláneas’”. En opinión del diputado Hurtado, no todos los municipios o delegaciones regulan, vigilan y sancionan este tipo de establecimiento, tal como correspondería.

Ante esta situación, el diputado Hurtado propone establecer en la Ley General de Educación que tanto la Secretaría de Educación Pública como las secretarías educativas de los estados verifiquen que no haya expendios de bebidas alcohólicas a cuando menos 400 metros de los centros escolares. El proyecto de decreto que acompaña a la iniciativa es el siguiente:

Artículo 11 Bis. Las autoridades educativas de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, deberán cerciorarse que a cuando menos 400 metros de los centros educativos no haya establecimientos comerciales que vendan bebidas alcohólicas. En dado caso de que el establecimiento que oferta la bebida etílica no cumpla con los 400 metros, deberán notificarlo a la autoridad correspondiente para que ésta proceda a sancionar al comercio conforme a las disposiciones aplicables.

La asociación de padres de familia de cada escuela de nivel básico podrá solicitar el apoyo a las autoridades educativas cuando conozca o sospeche que presuntamente haya comercios a menos de 400 metros de las escuelas que venden alcohol, para que éstas actúen conforme al párrafo anterior.

III. Consideraciones

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados comparte con el promovente de la Iniciativa descrita en el punto anterior su preocupación por el problema de salud pública que representa el alcoholismo en nuestro país, y muy particularmente por el incremento que en los últimos años se ha registrado en el número de niños y jóvenes que se inician en el consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, se considera pertinente señalar la existencia de un marco normativo, que establece la necesidad de la concurrencia de acciones del personal de los sectores salud y educativo, y delimita ámbitos de competencia específicos para las figuras involucradas de los dos sectores. A continuación se hace un resumen de la normatividad aludida.

1. La Ley General de Educación no tiene alcance para regular la venta de productos fuera de los establecimientos escolares; ésta es competencia del Código de Comercio ya que dichos establecimientos son manejados por comerciantes, de acuerdo con los artículos 3 y 4 del Código de Comercio, que a la letra dicen:

Artículo 3o. Se reputan en derecho comerciantes:

I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;

II. ...

III. ...

Artículo 4o. Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos ya elaborados de su industria, o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas.

2. Jurídicamente, el alcoholismo se considera fundamentalmente materia de salubridad general. En consecuencia, el marco legal aplicable se encuentra contenido en la Ley General de Salud:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a XVIII. ...

XIX. El programa contra el alcoholismo;

El Sistema Nacional de Salud –cuya coordinación está a cargo de la Secretaría de Salud– tiene entre sus objetivos “proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas” (artículo 6o., fracción I), así como “apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida” (artículo 6o., fracción V).

Al Consejo de Salubridad General le compete, entre otras funciones, “dictar medidas contra el alcoholismo, venta y producción de substancias tóxicas...” (artículo 17, fracción I).

En el mismo ordenamiento se incluye un apartado titulado “Programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas”, en el que se especifica:

Artículo 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva; y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Artículo 186. Para obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, se realizarán actividades de investigación en los siguientes aspectos:

I. Causas del alcoholismo y acciones para controlarlas.

II. Efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo y en los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas;

III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de población; y

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar social, deportivo, de los espectáculos, laboral y educativo.

Artículo 187. En el marco del sistema nacional de salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas. La coordinación en la adopción de medidas, en los ámbitos federal y local, se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas.

3. De manera más específica, la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993 para el Fomento de la Salud del Escolar1o establece las actividades, criterios y estrategias de operación del personal de salud para el fomento de la salud del escolar. Dentro de las acciones básicas se encuentra la prevención, que comprende la detección de factores de riesgo, la protección específica y el saneamiento del medio (punto 3.1.1).

Detección de factores de riesgo acerca de entre otros temas:

– La venta de alimentos en la escuela y sus alrededores.

– La inducción a las drogas o su venta ilícita.

– Los estilos de vida (hábitos alimentarios e higiénicos, consumo de drogas y otros) (punto 3.2.2.1).

Para la detección de factores de riesgo se establece en esta Norma que el personal de salud debe realizar “recorridos por las instalaciones del plantel y su entorno, encuestas y revisión de registros sobre las enfermedades que afectan a los escolares”.

Protección específica sobre los riesgos detectados, entre otros:

– Acciones de autoayuda entre padres de familia a través de grupos, para analizar y resolver problemas de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, aprendizaje y conducta, alimentación e higiene, salud sexual y reproductiva

– Vigilancia del entorno escolar para protección de los escolares:

4. De manera concurrentea las acciones del Sector Salud, la Ley General de Educación establece como uno de los fines de la educación impartida en el sistema educativo nacional, el siguiente:

X .Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud... así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias (artículo 7o.).

En este marco, el tema del alcoholismo está presente en los planes y programas de estudio de la educación básica, además de que en los planteles escolares se desarrollan diversas acciones relacionadas con la promoción de la salud; estas tareas están a cargo del personal docente, cuya preparación académica está orientada hacia la labor de enseñanza. En el sistema educativo nacional no se cuenta con una estructura adecuada para realizar la labor de inspección externa a la escuela que se propone en la Iniciativa en análisis.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que adiciona el artículo 11 Bis a Ley General de Educación sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 11 Bis a Ley General de Educación materia del presente dictamen.

Segundo.Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 López Betancourt, Eduardo (2009). Drogas: su legalización.México, Porrúa, página 47.

2 “Alcohólico, uno de cada 7 mexicanos”, El Universal,26 de septiembre de 2009.

3 “Aumenta el consumo de alcohol en menores de edad”, El Universal,1 de noviembre de 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 17 de abril de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Días Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71, fracción II, 72, inciso E), 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, habiendo analizado el contenido de la minuta con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

I. Antecedentes

1. El 30 de octubre de 2008, los entonces diputados de diversos Grupos Parlamentarios de la LX Legislatura, presentaron ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó el expediente No. 4766 que contiene la citada Iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;

3. El 19 de febrero de 2009, el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó por doscientos noventa y siete votos la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, turnándose a la Cámara de Senadores efectos de lo dispuesto en el inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2009 por el Pleno del Senado de la República, la Mesa Directiva de esa Soberanía recibió la minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

5. Con fecha 26 de abril de 2012 fue aprobado por la Cámara de Senadores el dictamen de la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, turnándose a la Cámara de Diputados para efectos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. El 30 de abril de 2012, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la minuta

La minuta objeto del presente dictamen tiene por objeto evitar el confinamiento de residuos al aprovecharlos mediante su valoración y coprocesamiento en procesos industriales, reduciendo los efectos nocivos al ambiente por su inadecuado manejo y disposición. Asimismo pretende distinguir entre el coprocesamiento y el tratamiento de residuos peligrosos para su disposición final. Para ello se reforma el artículo 62 de la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos. El texto propuesto en la minuta que se dictamina plantea la siguiente reforma:

“ Artículo 62. La incineración de residuos así como su coprocesamiento, deberá restringirse a las condiciones, que se establezcan en el Reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes, en las cuales se estipularán los grados de eficiencia y eficacia que deberán alcanzar los procesos y los parámetros ambientales que deberán determinarse a m de verificar la prevención o reducción de la liberación al ambiente de sustancias contaminantes, particularmente de aquellas que son tóxicas. Estas mismas consideraciones deberán ser observadas en los procesos en los cuales se utilicen residuos para coprocesamiento.

En los citados ordenamientos se incluirán especificaciones respecto a la caracterización analítica de los residuos susceptibles de incineración, así como de las cenizas resultantes de la al monitoreo periódico de todas las emisiones sujetas a oficiales mexicanas, cuyos costos asumirán los responsable de las plantas de incineración.

La Secretaría, al establecer la normatividad correspondiente, tomará en consideración los criterios de salud que al respecto establezca la Secretaría de Salud. “

Consideraciones

Esta comisión considera que el manejo y la disposición de residuos son un problema de carácter social y ambiental en México y en el mundo. La generación de residuos por las actividades humanas, tanto las productivas como las de los centros de población, ha representado una problemática ambiental que incide en la calidad ambiental del suelo, las aguas superficiales, las aguas subterráneas y, en general, el ambiente por una limitada capacidad de manejo y disposición final.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Geografía, el país genera más de 30 millones de toneladas de residuos urbanos y poco más de 8 millones de residuos peligrosos al año. La mayor parte de los residuos urbanos es manejada y dispuesta en rellenos sanitarios, en tiraderos a cielo abierto o, en muchos casos, por falta de infraestructura adecuada, en barran as, cañadas y baldíos, con lo cual se afecta gravemente la calidad del suelo, del aire y de las aguas superficiales y de las subterráneas.

De los 8 millones de toneladas de residuos peligrosos que se generan anualmente en México, el país dispone de sólo dos instalaciones autorizadas para su manejo y disposición final, cuyas capacidades sumadas apenas si alcanza 3 millones de toneladas por año, y una de ellas es hoy inoperante, lo que provoca que los residuos peligrosos industriales sean almacenados, en el mejor de los casos, en las propias instalaciones de las industrias que los generan, aunque en muchos casos, su destino es el mismo que el de los residuos urbanos, directamente al ambiente, con las consiguientes afectaciones de la calidad ambiental y la salud de la población.

Los residuos que se destinan finalmente a confinamiento representan un pasivo ambiental que, si bien reduce las posibilidades de afectaciones al ambiente, su concentración en un sitio representa una problemática de futuro, en muchos casos, y actual en otros, al generar rellenos sanitarios con emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano, lo que afecta la posibilidad real de cumplimiento de los compromisos de México para la observancia el Protocolo de Kyoto.

El manejo inadecuado de residuos tiene serios impactos sobre I ambiente, la infraestructura y la salud humana. Algunos de estos son:

• La proliferación de fauna nociva, que a su vez propicia la aparición de focos de enfermedades contagiosas.

• La contaminación de suelo y cuerpos de agua por escurrimiento de lixiviados.

• La aparición o repunte de enfermedades gastrointestinales severas, particularmente en los grupos de población más vulnerables por ingesta de alimentos o agua contaminada por residuos.

• Afectaciones a la, red hidráulica y a los cuerpos de agua (ríos) por obstrucción de residuos plásticos o voluminosos. Si la obstrucción es muy s vera puede ser un detonante de inundaciones o desbordamiento de ríos, lo que impactará a las comunidades asentadas en las inmediaciones.

• Contaminación atmosférica por incendios o bien porque con el escurrimiento de lixiviados se emiten gases de efecto invernadero.

De conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5 d la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el coprocesamiento se define como: Integración ambiental mente segura de los residuo generados por una industria o fuente conocida, como insumo a otro proceso productivo.

Esta comisión dictaminadora considera que el coprocesamiento e una opción que evita que muchos residuos lleguen a los sitios de disposición final o confinamientos, lo que prolonga la vida útil de estos. Asimismo, el coprocesamiento de residuos es congruente con las disposiciones internacionales aplicables en la materia, como la Estrategia Internacional para el Manejo de los Residuos.

Las ventajas de integrar a los procesos productivos los residuos como insumos ya sea porque tienen un valor remanente o poder calorífico son significativas. Algunas de estas son:

•. Se reduce el consumo de combustibles fósiles y por ende las emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero a la atmósfera.

• Se promueve la eficiencia energética al recuperar el valor calorífico del residuo.

• Se evita la contaminación de mantos acuíferos superficiales subterráneos, mares y suelos.

• Se reduce el pasivo ambiental para las generaciones futuras.

• Se evita la contaminación de suelo y por ende hay ahorros implícitos en tanto que no se requerirá remediar el sitio.

• Se reducen costos de fabricación dado el aprovechamiento de los residuos como fuente alternativa de energía.

Por lo que esta Comisión considera que el sentido de la minuta de incentiva el coprocesamiento de los residuos ya que muchos son los residuos que dada su valorización pueden ser coprocesados en diversos procesos industriales.

Tal como establece la legislación el coprocesamiento ya es la integraciónambientalmente segurade los residuos generados, por lo que la reforma al artículo 62 resulta innecesaria.

Por todo lo expuesto, los Diputados integrantes de la Comisión que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción A del artículo 72 Constitucional, el siguiente:

Acuerdo

Primero.Sedesecha la minuta con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 62 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Segundo.Túrnese a la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto en la fracción D) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas:

1 Cortinas de Nava, Cristina. 2001.Hacia un México sin Basura.Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Cámara de Diputados LVIII Legislatura, México, pp. 25-45

2 Ver. Cortinas de Nava, Cristina. 2003. “Capitulo 17. Aprovechamiento de Residuos Mediante su Co-procesamiento en la Fabricación de Cemento.” Manual3. Valorización de Residuos. Participación social e innovación en su gestión. Manuales para regular los residuos con sentido común.Cámara de Diputados LVIII Legislatura. México, p. 240.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga, Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los dictámenes en sentido negativo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si son de aprobarse los dictámenes en sentido negativo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere al último asunto, devuélvase al Senado para los efectos del inciso D del artículo 72 de la Constitución.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

Las iniciativas presentadas en el orden del día de hoy, como las proposiciones con punto de cuerdo, se turnarán y se publicarán los turnos correspondientes en la Gaceta Parlamentaria.

Honorable asamblea, esta LXII Legislatura ha trabajado denodadamente...

DICTAMENES DE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ricardo Mejía, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, falta que ponga a consideración los dictámenes de puntos de acuerdo de las comisiones. Usted turnó los que se publicaron en la Gaceta, pero falta el trámite correspondiente a los dictámenes de punto de acuerdo de las comisiones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hay acuerdo en cuanto a que si hay oradores no se pondrían a la consideración del pleno, diputado.

PUENTE CARMEN “EL ZACATAL”, UBICADO EN EL KILOMETRO 165 DE LA CARRETERA FEDERAL 180 VILLAHERMOSA-CIUDAD DEL CARMEN

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT, BANOBRAS y CAPUFE, para eximir el cobre en la plaza 164 por la utilización del puento Carmen “El Zacatal”, ubicado en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Transportes de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para que a través del Organismo Descentralizado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, procedan a la eliminación de la Plaza de Cobro 164 del puente Carmen El Zacatal, ubicada en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.

Estas comisiones legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la proposición que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del proyecto contenido en la proposición de referencia realizaron los integrantes de la comisión legislativa, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En la sesión de fecha 7 de marzo de 2013, el diputado Jorge Rosiñol Abreu del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a nombre propio la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para que a través del Organismo Descentralizado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, procedan a la eliminación de la Plaza de Cobro 164 del puente Carmen El Zacatal, ubicada en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la proposicón que nos ocupa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 62-II7-514.

3. Los diputados integrantes de dichas comisiones legislativas, realizaron diversos trabajos, a efecto de que contaran con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada proposición, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

Descripción de la proposición

El diputado Jorge Rosiñol Abreu expone en su proposición que Campeche cuenta con gran variedad de recursos naturales, climáticos, culturales y económicos, lo que se traduce como una pieza importante en la integración del desarrollo regional y del país.

De la sonda de Campeche, situada frente al municipio de Carmen, se extrae 80 por ciento del petróleo que exporta México, y es el paso obligado para conectar el norte de la república, desde Tamaulipas hasta el sur de Quintana Roo.

En todas las entidades de la república, el Estado mexicano garantiza el libre tránsito y procura el establecimiento de vías libres de peaje a efecto de dar opción a los ciudadanos de cada rincón del país, sin embargo, para los habitantes de la Isla del Carmen no existe esta posibilidad, ya que entrar o salir de la isla tiene un costo obligatorio.

El puente El Zacatal inició operaciones el 24 de noviembre de 1994 con el fin de unir la península de Atasta con la Isla del Carmen, tiene una longitud de 3 mil 861 metros y un ancho de 9 metros, es el más largo de Latinoamérica y uno de los más transitados del país; conecta con la carretera federal 180, la cual, a lo largo de la costa del Golfo de México comunica la ciudad de Matamoros, Tamaulipas con la población de Puerto Juárez, Quintana Roo, y sustituyó a la Panga o Ferri Zacatal que, previo pago de una cuota, transportaba a los viajeros de Carmen a Atasta, tiene un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 5 mil 092 vehículos, de los cuales 26 por ciento corresponde a vehículos de carga pesada de más de 7 ejes, lo cual deja de manifiesto que es un paso obligado de unidades de este tipo que se dirigen al resto de la península.

La cuota de la caseta de referencia es de 70 pesos para automóviles y camionetas, de 140 pesos para autobuses, de 225 a camiones y hasta 295 pesos para camiones pesados (según los ejes que posean), cobrando el eje excedente en 70 pesos.

La anterior es una cifra considerable si se toma en cuenta que el tiempo que se invierte en cruzar la caseta es excesivo derivado de que los habitantes de los municipios y comunidades aledañas deben cruzar frecuentemente por ella, a veces en más de cuatro ocasiones al día.

Por ello, el diputado Rosiñol Abreu argumenta que la economía de los residentes de Ciudad del Carmen ha sido gravemente afectada por los constantes incrementos en el peaje por el uso del puente Carmen Zacatal, ya que tienen la necesidad de transitar a diario por los puentes que comunican a la isla Tris con el resto de la península, al ser su única vía de acceso.

Los habitantes de Atasta y los de Carmen han mantenido desde tiempo atrás su postura de eliminar esta plaza de peaje, pues el costo que implica se ha convertido en una barrera que limita el libre tránsito y el libre comercio, afectando la competitividad de la región.

De acuerdo con los últimos datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2011, Carmen contaba con 39 mil 4 automóviles registrados en circulación, cabe hacer mención que a partir del primero de julio de 2001 entró en operación el programa de Residentes, el cual es un instrumento que permite la aplicación de factores de descuento sobre las cuotas establecidas en la política de cobro, a los usuarios que cumplen con la normatividad de residentes y contempla a los vehículos automotores que pertenezcan a la categoría uno, esto quiere decir que están incluidos los automóviles, pick up, panel o motocicletas, pagando únicamente 50 por ciento de peaje. Este programa tiene más de 11 años de operación y es poco funcional para los habitantes de Ciudad del Carmen, que al 25 de febrero del presente año están registrados únicamente 490 vehículos entre particulares y taxis, lo cual representa menos de dos por ciento del total de vehículos registrados en circulación.

Por tales razones, el diputado Rosiñol Abreu propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), para que se elimine la caseta de cobro situada a la altura de Ciudad del Carmen, Campeche, a fin de permitir el libre tránsito y flujo comercial a través de las vías terrestres de comunicación.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal cita en el artículo 30: “la secretaría podrá otorgar concesiones, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente ley; así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje”, y Ciudad del Carmen carece de una vía alterna, es el único acceso que tiene de norte a sur y es la única ciudad en la república mexicana que paga su entrada y su salida ya sea por aire, tierra y mar.

Consideraciones de las comisiones unidas

Primera. Las comisiones que dictaminan comparten el argumento de que Campeche cuenta con gran variedad de recursos naturales, climáticos, culturales y económicos, lo que se traduce como una pieza importante en la integración del desarrollo regional y del país.

Asimismo, coinciden con el promovente en el sentido de que la economía de los residentes de Ciudad del Carmen es afectada por los constantes incrementos en el peaje por el uso del puente Carmen Zacatal, ya que tienen la necesidad de transitar a diario por los puentes que comunican a la isla Tris con el resto de la península, como su única vía de acceso, lo que tiene un efecto directo sobre su ingreso disponible, condiciones y volumen de los flujos comerciales.

Segunda. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, consideran importante manifestar lo dispuesto por el artículo 30 de La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que a la letra dice:

“ Arti?culo 30. La Secretari?a (de Comunicaciones y Transportes) podra? otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente ley; asi? como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier ti?tulo por el gobierno federal. En este u?ltimo caso, las concesiones no podra?n ser por plazos mayores a 20 an?os. La secretari?a garantizara?, cuando haya vi?as alternas, la operacio?n de una libre de peaje.

...

...”

Tomando en consideración el texto legal citado, las que dictaminan consideran que no existe una justificación legal para la susbsistencia de la Plaza de Cobro 164 del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicada en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen. Lo anterior, en razón de que la Ciudad del Carmen carece de una vía alterna, esto es, la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen es el único acceso que se tiene de norte a sur en esa región del país.

Tercera. Las comisiones unidas que suscriben, reconocen la importancia de contribuir al bienestar de los campechanos y de todos los mexicanos que se trasladan por esta importante vía de comunicación que conecta al norte del país con la península de Yucatán, mediante la eliminación de la Plaza de Cobro 164 del Puente Carmen “El Zacatal”. Lo anterior, ya que el costo que implica se ha convertido en una barrera que limita el libre tránsito y el libre comercio que afecta de gran manera la competitividad de la región.

Cuarta. Durante los trabajos de análisis y discusión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, los diputados Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Landy Margarita Berzunza Novelo y Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI; José Angelino Camaal Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y el propio Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN, representantes todos del estado de Campeche, aportaron valiosos argumentos encaminados a resaltar el derecho de libre tránsito que tutela nuestra Constitución política y el cual se ve vulnerado con la limitación que representa la Plaza de Cobro 164 del Puente Carmen “El Zacatal”. Tales argumentos son compartidos plenamente por estas dictaminadoras, por lo que los hacen suyos y acuerdan la aprobación de la proposición de referencia.

Quinta. Las comisiones unidas coinciden principalmente con los comentarios que los legisladores arriba mencionados expusieron durante la reunión de análisis. Por un lado, el diputado Rosiñol Abreu expuso el antecedente de que, ante las necesidades sociales y económicas de la población aledaña, el gobierno municipal de Ciudad del Carmen ha solicitado en ocasiones anteriores el apoyo del gobierno federal para que el 25 por ciento de los ingresos obtenidos por cuenta de la caseta de peaje en cuestión se destinara a obras de beneficio social en el municipio, sin que las gestiones hayan tenido éxito.

Incluso, argumentó que el costo por transitar hacia el interior o exterior del municipio es muy alto, ya sea para trasladarse a los servicios de salud o a comercializar los productos agropecuarios, es muy alto en comparación con otras ciudades del país, atribuyéndose este sobrecosto a la presencia de la actividad petrolera.

En su intervención, el diputado Camaal Mena, señaló que la plaza de cobro implica un alto impacto a la economía de las familias locales y de la región, al ser ésta la vía que comunica al estado de Tabasco con la península de Yucatán, representando una barrera que impide el flujo comercial y el desarrollo económico de la región, así como el desempeño de las actividades cotidianas de la sociedad.

Por su parte, la diputada Abreu Artiñano basó su análisis en el sentido de que la falta de accesibilidad es un problema añejo en el sentir de los pobladores de isla del Carmen.

Por otra parte, la zona donde se asienta la plaza de cobro 164 está compuesta de 7 comunidades que se dedican a la agricultura y a la pesca, actividades que hacen primordial que los productores se desplacen a la cabecera municipal de Carmen para comercializar sus productos, por lo que además de ser una limitación al derecho constitucional de libre tránsito, el pago de peaje para transportar las mercancías dentro de la zona constituye también un problema de carácter económico para la región de la Península de Atasta, Isla Aguada y para el estado de Campeche en general, que se comunican entre sí por el Puente Carmen “El Zacatal”.

Por ello, las comisiones que dictaminan consideran que la exención del pago de peaje a los pobladores de la región en comento, generaría mejores condiciones para el desempeño económico y las comunicaciones de los ciudadanos.

Sexta. De las consideraciones anteriormente expresadas, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, consideran prudente exhortar de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para que se valore la posibilidad de eximir del cobro en la plaza número 164, por la utilización del puente Carmen El Zacatal, en el kilómetro 165 de la carretera federal 180, en Campeche.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes que suscriben, someten a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, para eximir del cobro en la Plaza 164 por la utilización del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicado en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.

Dado en la sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, en México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de marzo de dos mil trece.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), presidente; Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Sergio Torres Félix (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, Guillermo Sánchez Torres, Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), secretarios; Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Ricardo Anaya Cortés Escárraga (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Jorge Iván Villalobos Seáñez (rúbrica), Fernando Charleston Hernández (rúbrica), Jorge Mendoza Garza (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Nuvia Magdalena Mayorga, Fernando Jorge Castro Trenti (Licencia), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Alberto Curi Naime (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Federico José González Luna Bueno (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).

La Comisión de Transportes, diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), secretarios; María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica).»

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca fue turnado para estudio y dictamen el expediente número 1330, mediante el oficio número DGPL 62-II-5-517, que contiene proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 26 de febrero de 2013.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 85, 157 fracciónI; 180 numeral 2; ydemás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados,la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. Con fecha 26 de febrero de 2013, la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, para análisis y dictamen, a esta Comisión de Pesca.

3. Tomando como base los elementos de información disponibles, así como la propuesta citada, la Comisión de Pesca se avocó al estudio y análisis para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados con base en las siguientes

Consideraciones

Como la diputada proponente expone la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables vigente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2007, señalando en su artículo Primero Transitorio que la entrada en vigor de la misma se daría a los noventa días siguientes a su publicación. De igual manera, el artículo séptimo transitorio de dicho decreto mandata al presidente de la República a expedir el reglamento de la misma ley dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor. De lo anterior se desprende que éste debió expedirse a más tardar en abril de 2008.

Pese a lo anterior, a más de cinco años de vencido el plazo para tener el Reglamento, en su lugar se ocupa el Reglamento de la Ley de Pesca de 1992, norma jurídica actualmente derogada. Esta situación es grave toda vez que la Ley de Pesca de 1992 contaba tan solo con 30 artículos y si bien por medio de ella se pudo administrar por algunos años el sector pesquero, con el tiempo la realidad la fue rebasando.

La nueva ley instituyó una serie de instrumentos que no se encontraban contempladas en la Ley de Pesca de 1992, lo que ocasiona situaciones que son negativas tanto para los productores como para la preservación de los recursos pesqueros, e incluso para la misma autoridad.

La diputada proponente expone que para lograr un marco jurídico para un modelo productivo que tenga como principio “pescar preservando y preservar pescando”, la ley en comento instituye una serie de instrumentos que no se encontraban en la Ley de Pesca de 1992, como son

• El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, cuya finalidad es fomentar las actividades que dan origen a su nombre, de forma integral, desde la captura o cosecha hasta el consumo.

• El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, Promar, pensado por el Legislativo como instrumento para promover la creación y operación de esquemas de financiamiento encaminados a la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología.

• La LGPAS incorpora un título específico en materia de acuacultura, en el cual se incluyen entre otros los siguientes instrumentos: la Carta Nacional Acuícola, los programas estatales de acuacultura y los planes de ordenamiento acuícola. Asimismo, se prevé la creación de las unidades de manejo acuícola y el procedimiento de aprobación para introducir especies no nativos en aguas continentales, este último tema ante la amenaza que representan las especies invasoras, lo cual es de vital importancia.

• El Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, donde participarán las autoridades competentes en la materia de los tres órdenes de gobierno y los productores.

• La LGPAS contiene sanciones más severas para los que infrinjan las normas jurídicas que rigen la actividad. Se posibilita la incorporación de los avances científicos y tecnológicos para la vigilancia, se transparentan los procesos interinstitucionales y, en el caso de las embarcaciones mayores, el capitán o patrón es sancionado por las violaciones que cometa contra los preceptos de la propia ley.

• La LGPAS establece que las decisiones de las autoridades relativas a la conservación, la protección, la restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas sean tomadas con base a la investigación científica, motivo por cual la Carta Nacional Pesquera pasa a ser vinculante en la toma de decisiones de la autoridad y se crea la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, coordinada por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.

• Por medio del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, se empodera a los productores, investigadores y académicos, al propiciar su participación en la toma de decisiones.

• Por ser una ley general distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno, confiriendo facultades a estados y municipios en temas de importancia, como los referentes a la inspección y vigilancia, el diseño y aplicación de las políticas públicas en la materia normada en la ley, los instrumentos y los programas para la pesca y la acuacultura estatal.

Todos estos instrumentos y otros más, no están considerados en el reglamento de la ley de 1992, motivando varias situaciones que son negativas tanto para los productores como para la preservación de los recursos pesqueros e incluso para la misma autoridad.

Este vacío normativo se tradujo en la aplicación parcial, incompleta o nula de preceptos contenidos en la propia ley que tiene por finalidad el fomento y apoyo de las actividades acuícolas y pesqueras desde sus fases de producción hasta las de comercialización, con el consiguiente menoscabo del nivel de vida de los productores y sus familias, además de crear incertidumbre jurídica que desalienta la inversión, ya que los productores e inversionistas necesitan tener en claro cómo se instaurarán los programas considerados en la ley.

Lo mismo podríamos mencionar en cuanto a la conservación de los recursos pesqueros. Por no tenerse el multicitado reglamento, no se tiene claro cómo en la práctica se implantarán las medidas para cumplir este importante objetivo. Por ejemplo, la ley maneja, entre otras medidas, la posibilidad de la creación de las zonas de refugio, de los programas de ordenamiento pesquero y de planes de manejo, que ante la falta de un nuevo reglamento no se han instaurado con la precisión que merecen.

Las pesqueras y las acuícolas como actividades primarias dependen del correcto manejo de los recursos naturales sobre los que se basan; el deterioro de estos recursos también deteriora el nivel de vida de los pescadores.

De igual forma, las nuevas disposiciones para la inspección y vigilancia en la materia requieren su correcta reglamentación, como marcan los más elementales principios de la teoría del derecho. Por señalar un ejemplo, la ley en comento incorpora la posibilidad del empleo de nuevas tecnologías para estas funciones, situación no considerada en el viejo reglamento.

Por ello, hasta hoy la aplicación de la LGPAS ha sido parcial sin que se realicen a fondo las tareas que la misma mandata, lo que repercute de forma negativa en la competitividad, en el nivel de vida de los productores y en el manejo sustentable de las pesquerías.

Si bien la comisión dictaminadora tiene claro que por sus atribuciones es la Conapesca el órgano de la administración pública federal que elaborará el reglamento que motiva el presente punto de acuerdo, también se toma en cuenta que es el titular del Poder Ejecutivo federal, en los términos de la fracción I del artículo 89 constitucional, el obligado a publicarlo.

Con base en los antecedentes y las consideraciones relacionados, la Comisión de Pesca somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimento de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada el 24 de julio de 2007, publique con la mayor brevedad el reglamento de dicha ley.

Palacio Legislativo, sede de la Cámara de Diputados, a 10 de abril de 2013.

La Comisión de Pesca, diputados: Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo, Leopoldo Sánchez Cruz, Claudia Elena Águila Torres, Angélica Rocío Melchor Vázquez (rúbrica), secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga, Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Nabor Ochoa López, Salvador Ortiz García (rúbrica), Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano.»

SOLICITUD AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A INCREMENTAR EL NUMERO DE ELEMENTOS EN LAS GARITAS PARA AGILIZAR LOS CRUCES FRONTERIZOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, con punto de acuerdo por el cual se solicita al gobierno de Estados Unidos de América que incremente el número de elementos en las garitas para agilizar los cruces fronterizos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, se turnó para su estudio y dictamen, el día 2 de abril del 2013, la proposición por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que solicite al Gobierno de los Estados Unidos de América, destine un mayor número de elementos en todas las garitas de su frontera con México, a fin de agilizar los cruces fronterizos que han sido afectados como consecuencia de los recortes presupuesta les aprobados, en el lado americano, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, determinó turnarla a la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Contenido de la proposición

Los proponentes consideran que México cuenta con una extensión fronteriza con Estados Unidos de aproximadamente 3,200 kilómetros, los cuales abarcan a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas;

De igual manera, delinean las ciudades y los cruces fronterizos que existen en territorio nacional mediante lo siguiente:

Ciudades Fronterizas

(Estados Unidos)

San Luis (Arizona)/Yuma, Arizona

San Luis. Arizona

Lukeville, Arizona

Sasabe, Arizona

Nogales, Arizona

Naco, Arizona

Douglas, Arizona

Antelope Wells, Nuevo México

Columbus, Nuevo México

Santa Teresa, Nuevo México

El Paso, Texas

Presidio, Texas

Del Río, Texas

Eagle Pass, Texas

Webb Co., Texas

Laredo, Texas

Mission (Texas)

Hidalgo (Texas)

Pharr, Texas

Donna (Texas)

Progreso Lakes, Texas

Brownsville, Texas

Otay Mesa, California (Garita Este)

Calexico, California (Garita Este)

San Ysidro, California

Tecate, California

Calexico, California

Andrade, California

Ciudades Fronterizas

(México)

San Luis. Río Colorado (Garita II), Sonora.

San Luis Río Colorado, Sonora

Sonoita, Sonora

Sásabe, Sonora

Nogales, Sonora

Naco, Sonora

Agua Prieta, Sonora

El Berrendo, Chihuahua

Puerto Palomas, Chihuahua

San Gerónimo, Chihuahua

Ciudad Juárez, Chihuahua

Ojinaga, Chihuahua

Ciudad Acuña, Coahuila

Piedras Negras, Coahuila

Colombia, Nuevo León

Nuevo Laredo, Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas

Río Bravo, Tamaulipas

Nuevo Progreso, Tamaulipas

Heroica Matamoros, Tamaulipas

Tijuana, Baja California

Mexicali, Baja California

Tijuana, Baja California

Tecate, Baja California

Mexicali, Baja California

Los Algodones, Baja California

Los proponentes establecen que de acuerdo con estudios del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, tan solo el cruce anual por la garita de San Ysidro es de 13 millones 672 mil 329 automóviles, mientras que el número de pasajeros que se trasladan en dichas unidades ascienden a 34 millones 180 mil personas, demorando alrededor de 45 minutos en el cruce.

En los últimos días, se ha planteado por parte del gobierno de Estados Unidos de América, recortes automáticos en su presupuesto federal por 85 mil millones de dólares; generando un impacto en las agencias de Administración, Seguridad y Transporte, Servicio de Control y Migración, y el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza; lo que estaría arrojando un recorte aproximado de 3 mil 400 agentes de aduanas y protección fronteriza y 7 mil 200 oficiales de seguridad en el transporte; con ello se verán seriamente afectados los cruces fronterizos, esto ocasionará mayores tiempos de espera en los cruces entre ambos países; de igual manera, se verá afectado el comercio, ya que el 70% de este rubro entre México y Estados Unidos de América, asciende aproximadamente a 450 mil millones de dólares, el cual se realiza mediante transporte de carga, mientras que alrededor de un millón de personas cruza diariamente la frontera por trabajo, comercio o estudio. Asimismo, se están estableciendo reducción en fondos federales del gobierno de los Estados Unidos de América en Seguridad Fronteriza, Educación, Salud y Seguridad Pública, los cuales tendrán efectos negativos en la frontera con México.

Con el excesivo retraso en los cruces fronterizos de más de 4 horas, tan sólo en Tijuana, Baja California, se estarán perdiendo 25 millones 635 mil 616 horas hombre, mientras que en dinero representa 148 millones 686 mil 577 dólares y en días de trabajo son 3 millones 200 mil días de trabajo perdidos.

Concluyen los proponentes que en la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, de la Cámara de Diputados; diversos diputados integrantes de la misma abordaron el tema de la lentitud en los cruces fronterizos del norte del país y acordaron la realización de un proyecto legislativo que establezca la necesidad de dar celeridad a los mismos, mediante acuerdos binacionales.

Y proponen el siguiente punto de acuerdo:

Único.Que la honorable Cámara de diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que solicite al Gobierno de los Estados Unidos de América, a que destinen un mayor número de elementos en todas las garitas de su frontera con México, con la finalidad de agilizar los cruces fronterizos, que han sido afectados como consecuencia de los recortes presupuestales aprobados, en el lado americano.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión considera que la frontera México Estados Unidos, una de las de mayor movilidad y dinámica en el mundo, junto al desarrollo cotidiano de actividades de tipo económico y comercial, destacan el movimiento constante de habitantes mexicanos que realizan sus actividades de tipo laboral, educativo y de negocios, entre otras múltiples ocupaciones productivas y de actividad turística, en un entorno de Franja Fronteriza con extensión territorial de 2 678 569.1 kilómetros cuadrados.

Según los registros de la Secretaría de Gobernación, se cuenta con un total de 28 garitas de entrada y salida en operación, para ambas naciones que son consideradas bajo el control de sus respectivas autoridades, a saber del lado mexicano: San Luis Río Colorado (Garita II), San Luis Río Colorado, Sonoita, Nogales, Naco y Agua Prieta, Sonora; El Berrendo, Puerto Palomas, San Gerónimo, Ciudad Juárez y Ojinaga Chihuahua; Ciudad Acuña y Piedras Negras Coahuila; Colombia, Nuevo León; Reynosa-Puente Anzalduas, Reynosa-Hidalgo, Reynosa III, Río bravo, Nuevo Progreso y Heroica Matamoros Tamaulipas; Tijuana Chaparral, Tijuana Mesa de Otay, Mexicali I, Mexicali II, Tecate y Los Algodones estado de Baja California. A la par, con sus ciudades hermanas que corresponden a los estados Norteamericanos de California, Nuevo México, Colorado y Texas.

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; así como su similar en Estados Unidos, Buró de Censos de Población y vivienda de Estados Unidos de América (US Census Bureau Population and Housing) 2010; contabilizan 90 745 131 millones de habitantes en este espacio geográfico. A su vez, datos econométricos indican que en su conjunto el Producto Interno Bruto de los 10 estados en línea superaban los 3 294 1040 millones de dólares en 2006; cifra que ubica a esta frontera en 4°. Lugar de la economía mundial (Op. Cit. Colegio de la Frontera Norte).

Según registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el año fiscal 2012 en la frontera Texas-Ciudad Acuña-Matamoros ingresaron 2.7 millones de camiones cargueros y 18.9 millones de vehículos particulares.

Dentro del más próximo antecedente del punto, el destino del presupuesto del año fiscal 2012 en Estados Unidos, se aplicó como cabeza de sector dentro del Budget Home Security, una autorización de ejercicio presupuestal en un monto de $46.9 billones de dólares, con la siguiente distribución:

Programa           Fondos en billones de dólares

Departament Operations                          $1.3

(Departamentos de Operaciones)

Office of The Inspection General             $0.1

(Oficina de Inspección General)

Citizenship and Immigrations Services     $0,4

(Servicios de ciudadanía e inmigrantes)

Secret Service                                           $1.7

(Servicio Secreto)

Immigrations and Custom Enforcement    $5.5

(Inmigración y control de aduanas)

Customs and Border Protection              $10.4

(Custodia y protección fronteriza)

Transportation Security                             $5.1

(Securdidad de Transportación)

Federal Law Enforcement Training Center

(Centro de entrenamiento para la aplicación            de Ley Federal)            $0.3

National Protection and                                           Programs Directorate   $1.4

(Dirección de programas                                          y protección nacional)

Coast Guard                                              $8.7

(Guarda Costas)

No obstante al presupuesto, previamente descrito, el Gobierno de los Estados Unidos de América, decidió un recorte en los elementos de algunas agencias especializadas para la protección, custodia y seguridad de la frontera con México, incrementando de manera considerable el tiempo de cruces en las garitas establecidas a lo largo de la franja fronteriza entre ambos Países, mismo que se ha visto traducido en afectaciones para ambos lados de la frontera.

Todo ello, se vio reflejado el día 1 de marzo del presente año, mediante un comunicado que la cancillería Mexicana emite, notificando el recorte de 3 mil 400 agentes de Aduanas y Protección Fronteriza por parte del Gobierno Estadunidense, ante la firma de orden por parte de Washington, de recortar presupuesto federal de 85 mil millones de dólares adicionales. Se agregó recorte de 7 mil 200 oficiales de Seguridad en el Transporte. Lo que ha llevado a provocar pérdidas considerables de todo tipo para ambas economías.

Esta dictaminadora, establece que con fecha 20 de Marzo del presente año, dentro de la 5ª  reunión Ordinaria de la propia Comisión, se abordó la problemática que representaría este recorte en las afectaciones a lo largo de toda la franja de la frontera norte del País, estableciendo la preocupación de sus integrantes para abordar este tema y realizar el exhorto correspondiente para que el Gobierno Federal, interviniera con el Gobierno de los Estados Unidos de América, para que destinaran mayor número de elementos en las garitas de la frontera con territorio Nacional.

Resultado de esto, se diseño una proposición con punto de acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que interviniera para tratar de disminuir la afectación prevista en el recorte presupuestal notificado el 1 de Marzo.

Es por ello, que este órgano Legislativo Federal, emite el dictamen correspondiente a la proposición previamente turnada por la Mesa Directiva y establece el siguiente:

Resolutivo

Único. Esta comisión resuelve que se considera viable el petitorio por el que se exhorta a la SRE, para que solicite al gobierno de los Estados Unidos de América, destinen un mayor número de elementos en todas las garitas de su frontera con México, a fin de agilizar los cruces fronterizos que han sido afectados como consecuencia de los recortes presupuestales aprobados, en el lado americano, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

Acuerdo

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de solicitar al Gobierno de los Estados Unidos de América, para que destinen un mayor número de elementos en todas las garitas de su frontera con nuestro País, a fin de agilizar los cruces fronterizos.

La Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, diputados: Jaime Bonilla Valdez (rúbrica), presidente, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María del Carmen López Segura (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Lázara Nelly González Aguilar, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica), secretarios; Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz, David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Javier Treviño Cantú, Pedro Pablo Treviño Villareal, Martha Beatriz Córdova Bernal, David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba, Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica).»

CAMPAÑAS NACIONALES DE CONCIENCIACION CIUDADANA SOBRE EL GRAFITI O ARTE CALLEJERO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, y a los gobiernos estatales, a los municipales y al del Distrito Federal a emprender campañas nacionales de concienciación ciudadana sobre el grafiti o arte callejero

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil trece, la Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica.

Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio D.G.P.L. 62-II-6-0396, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/385 de fecha 22 de febrero de 2013, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión, se reunieron el 24 de abril de dos mil trece, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica, presentada por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 fracción XII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Que la proposición con punto de acuerdo busca exhortar al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica.

Tercero. Como antecedentes, la Diputada proponente refiere que el graffiti o arte callejero en México, se originó en la Ciudad de Tijuana, los cholos fueron los primeros en tomar estas formas de expresión propia del bando norte de la frontera, de los chicanos residentes allí.

Que es en Guadalajara, donde se afianzó con más fuerza el graffiti, instalándose la primera escuela de grafiteros mexicanos, asimismo, se crean los primeros estilos y formas de letras y firmas, propias de México con toques auténticos aztecas.

Que en otras ciudades donde creció con intensidad fueron Aguascalientes y la Ciudad de México. En particular en esta última, se dio en los barrios periféricos, zonas marginadas de la capital, con importante influencia de las pandillas instaladas en esos lugares, mediante una forma de expresión corriente de marcar sus nombres en las calles.

Refiere la diputada proponente, que en un primer momento el graffiti era barrial, los escritores pintaban en sus lugares adueñándose de ellos, con lo que marcaban su sello propio, no pintar en zonas ajenas era una especie de código al que todos se adherían, pintando en sus barrios y no en el de otros.

Asimismo, que las primeras expresiones del graffiti en México, son similares a las de Nueva York. Tags (es una marca con clase que delimita una región) y firmas en un principio, luego otras de mayor calidad y tamaño, hasta llegar a obras maestras y murales enteros.

Una de las particularidades en México, fue la de las crews (grupo de personas trabajando en conjunto) o pandillas de escritores. Las crews no son propias de México, sin embargo, son mucho más comunes que en otros lugares, siendo más habitual una firma o una obra identificada con una pandilla que con un solo escritor.

En la Ciudad de México se incrementó a partir del año 2000 con el graffiti ilegal, por estudiantes de nivel medio y nivel medio superior (entre 11 y 17 años), que pintan principalmente por baja autoestima, necesidad de reconocimiento, imitación, ocio e inconsciencia.

La diputada que formula esta proposición, comenta que si bien nace como un arte ilegal por realizarse en propiedades privadas y sin permiso, el verdadero grafitero no es un criminal, ni distribuye drogas, ni pertenece a ningún gang. Y que aún cuando se expone a “peligros”, en forma de fuertes multas y cortas sentencias de encarcelamiento que amenaza la realización de las grandes piezas, continúan fieles a la llamada del arte y necesidad de expresarse.

Por último, refiere que esta actividad es creciente en zonas urbanas y comienza a aparecer en zonas rurales. Cada vez también más fachadas con pintas que dañan exteriores de propiedades privadas y en ocasiones destrozan el patrimonio de determinados muebles, inmuebles, monumentos y calles históricas, por lo que animan esta proposición, el que haya espacios para expresión temporal del arte, para que éste no desaparezca de la sociedad, pero al mismo tiempo, separarlo del vandalismo.

Cuarto. Que es fundamental armonizar el derecho a la libre expresión consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el de la propiedad privada, su protección y salvaguarda; es decir, por un lado, considerar al graffiti como una expresión cultural entendiendo esta como el “estado resultante de actividades creativas de grupos y sociedades que posee un contenido cultural” y por otro lado, el derecho al uso y disfrute del bien propio en el que nadie podrá ser molestado.

Quinto. Que esta dictaminadora comparte la preocupación de la promovente en el sentido de que el gobierno deberá generar las condiciones para conciliar el derecho a la propiedad privada con el de la libertad de expresión desde una visión propositiva, sin que el primero criminalice “a priori” a quienes requieren de espacios para expresarse libremente y que deben ser encauzados a hacerlo en los lugares públicos que deben ser habilitados para tal efecto, a través de la concientización para que se recuperen espacios públicos que no son acordes para esta manifestación cultural y que se cuente con los lugares adecuados para el pleno desarrollo en libertad de esta actividad pues aunque se trate de una expresión cultural, también existen reglas de convivencia social que establecen el equilibrio y los límites entre dos derechos contrapuestos.

Por lo expuesto, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), secretarios; Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Blanca Jiménez Castillo, José Martín López Cisneros, María Beatriz Zavala Peniche, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica).»

KIOSCO MORISCO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades culturales de los diferentes órdenes de gobierno a restaurar y proteger el Kiosco Morisco

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero.Con fecha veintiséis de febrero de dos mil trece, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del país, en ejercicio de sus atribuciones y tomando en cuenta los diferentes esquemas de participación, colaboración y coordinación intergubernamental y entre particulares, a restaurar y proteger el patrimonio cultural de la ciudad llamado Kiosco Morisco.

Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio D.G.P.L. 62-II-3-504, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/440 de fecha 1 de marzo de 2013, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto.A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión, se reunieron el 24 de abril de dos mil trece, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero.Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del país, en ejercicio de sus atribuciones y tomando en cuenta los diferentes esquemas de participación, colaboración y coordinación intergubernamental y entre particulares, a restaurar y proteger el patrimonio cultural de la ciudad llamado Kiosco Morisco, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 fracción XII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Que la proposición con punto de acuerdo busca exhortar a las autoridades del país, en ejercicio de sus atribuciones y tomando en cuenta los diferentes esquemas de participación, colaboración y coordinación intergubernamental y entre particulares, a restaurar y proteger el patrimonio cultural de la ciudad llamado Kiosco Morisco.

Tercero.Como antecedentes, el diputado proponente refiere que en la Ciudad de México existen diversos monumentos, los cuales mediante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se les considera patrimonio artístico.

Uno de ellos, denominado Kiosco Morisco, se puede encontrar en el centro de la Alameda de Santa María la Ribera, en el cruce de la calle Doctor Atl y Salvador Díaz Mirón.

Refiere el proponente que el paso del tiempo, la falta de cultura de respeto a nuestra historia y nuestros monumentos, y el abandono del que han sido objeto por parte de las autoridades, ha generado la preocupación de varios ciudadanos interesados en rescatar este monumento e infundir la relevancia cultural e histórica que representa.

Que la historia del Kiosco Morisco data de finales del siglo XIX y fue diseñado por el ingeniero José Ramón Ibarrola, para conformar el Pabellón de México en la Exposición Universal de 1884-1885 y la Feria de San Luis Missouri en 1902.

Que la estructura de este kiosco está conformada por varios arcos y columnas mudéjares, realizada completamente en hierro, material de construcción en boga en aquella época y que se piensa fue fundido en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, en los hornos propiedad del magnate norteamericano Andrew Carnegie, el cual mantenía una relación de amistad con el diseñador del kiosco.

La estructura fue traída a México a principios del siglo XX, siendo instalada en el costado sur de la Alameda Central, frente al exconvento de Corpus Christi.

Que durante el tiempo que permaneció en ese lugar, fue sede de los sorteos de la Lotería Nacional. Sin embargo, durante las fiestas del centenario de la Independencia de México, el presidente Porfirio Díaz mandó construir en el lugar que ocupaba el Kiosco Morisco, el Hemiciclo a Juárez.

Por esta razón, los colonos de Santa María la Ribera hicieron la petición de que se colocara en donde es su actual ubicación, donde constituye un centro importante de reunión para diferentes actividades que van desde conciertos de orquestas, bandas populares, baile de salón, entre otras.

Que a pesar de que este monumento ha sido objeto de mantenimiento y restauraciones en diversas ocasiones, con el paso del tiempo, se ha perdido el interés y se ha descuidado acelerando su deterioro, asimismo, el vandalismo, el uso irresponsable de bicicletas, patinetas, instrumentos deportivos, la rapiña y el robo de algunas de sus piezas, han contribuido a ello.

Que debe hacerse un trabajo conjunto que revalore este espacio cultural, para que de esta manera se pueda dar a conocer la importancia que tiene el Kiosco Morisco como patrimonio no sólo de la colonia Santa María la Ribera, sino de la nación entera.

Cuarto.Para el estudio esta proposición, se debe considerar lo señalado por el artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

“Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación. Además se establecerán museos regionales.”

En relación con lo arriba mencionado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, define a la conservación, como el conjunto de operaciones interdisciplinarias que tienen por objeto evitar el deterioro del patrimonio cultural tangible y garantizar su salvaguarda para transmitirlos a las generaciones futuras con toda la riqueza de su autenticidad. La conservación se integra con acciones preventivas, curativas y de restauración.

También precisa que la protección será el conjunto de acciones académicas, técnicas y legales que promueven la investigación, identificación (inventarios, catálogos y registros), conservación, resguardo, recuperación y difusión de los bienes culturales monumentales.

El mantenimiento, como el conjunto de operaciones permanentes que permiten conservar la consistencia física de los bienes culturales, evitando que las agresiones antropogénicas, físicas, químicas y/o biológicas, aumenten su magnitud en demérito del patrimonio cultural.

Y finalmente, la restauración, como el conjunto de operaciones y programas que actúan directamente sobre el bien. Estas actividades se aplican cuando el patrimonio ha perdido parte de su significado o características originales y se interviene de manera científica y rigurosa para transmitirlo a las generaciones futuras con toda la riqueza de su autenticidad. La restauración es la actividad extrema de la conservación.

Para el caso que nos ocupa, la Alameda Santa María la Ribera, ubicada entre las calles de Manuel Carpio. Doctor Atl, Salvador Díaz Mirón y Jaime Torres Bodet, es una construcción que data del siglo XIX y que por determinación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, es considerada monumento histórico, conforme al artículo 36, fracción I: “los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.”

En el centro de la Alameda Santa María la Ribera, en el cruce de la calle Doctor Atl y Salvador Díaz Mirón, se ubica el Kiosco Morisco, el cual se encuentra incluido en la relación del Instituto Nacional de Bellas Artes de Inmuebles con Valor Artístico.

En este sentido, el Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, estipula que la competencia de los poderes federales, dentro de las zonas de monumentos, se limitará a la protección, conservación, restauración y recuperación de éstas.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 38, fracción XXI, establece que corresponde a la Secretaría de Educación Pública la conservación, protección y mantenimiento de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia.

Asimismo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, en su artículo 2, apartado B, numerales IV y V señala lo siguiente:

“Al frente de la Secretaría de Educación Pública estará el secretario del despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes:

B. Órganos desconcentrados:

I. a III. ...

IV. Instituto Nacional de Antropología e Historia;

V. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura;”

En razón de lo anterior, se puede concluir que es facultad de la Secretaría de Educación Pública, a través de sus órganos desconcentrados Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en sus respectivas competencias, la implementación de acciones tendientes a la conservación, protección y mantenimiento del patrimonio cultural de la nación.

Quinto.Que el patrimonio cultural comprende las obras materiales y no materiales que reflejan los momentos históricos y artísticos de una nación, por ello, los integrantes de esta Comisión de Cultura y Cinematografía coincidimos con el diputado proponente en que es indispensable implementar acciones que garanticen el mantenimiento, la protección y la conservación del patrimonio cultural de la ciudad llamado Kiosco Morisco.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Artículo Único.Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para que con la competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se aboquen a restaurar y proteger el patrimonio cultural de la ciudad llamado Kiosco Morisco.

Notas:

1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

2. http://www.inah.gob.mx/academia/definiciones-tecnicas

3. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

4. http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5f29a659-4363-41d8-b7d2-f5886b9 057c0/reglamento_interior_sep.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís, secretarios; Blanca Jiménez Castillo, José Martín López Cisneros, María Beatriz Zavala Peniche, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), María Carmen López Segura (rúbrica).»

MEDIDAS PARA PROTEGER EL CENTRO HISTORICO DE OAXACA DE JUAREZ Y EL POLIGONO DE MONTE ALBAN

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo para que se implanten medidas que protejan el centro histórico de Oaxaca de Juárez y el polígono de Monte Albán, declarados patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

Primero. A la Comisión de Cultura y Cinematografía le fue turnado para su estudio y Dictamen, el expediente No. 1284 que contiene la Proposición con Punto de Acuerdo para implementar medidas para proteger al Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y al polígono de Monte Albán, sitios declarados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, presentada por los Diputados Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María de las Nieves García Fernández y Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 19 de febrero de 2013.

Segundo. Mediante oficio No. CCC/LXII/385 de fecha 22 de febrero de 2013, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la Proposición con Punto de Acuerdo, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Tercero. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 24 de abril de 2013, para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo para implementar medidas para proteger al Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y al polígono de Monte Albán, sitios declarados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.

Segundo. Que el punto de acuerdo propone exhortar al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Gobierno del Estado de Oaxaca y al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a fin de que implementen las medidas necesarias para preservar la integridad territorial del polígono de Monte Albán, en el marco de un plan rector de reordenamiento urbano.

Asimismo, exhortar al director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el gobierno del estado de Oaxaca y al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a efecto que garanticen que toda obra pública que se realice en el Centro Histórico de Oaxaca sea autorizada en estricto sujeción a los lineamientos arquitectónicos vigentes, a fin de que dicha ciudad conserve su majestuosa belleza cultural.

Tercero. Que la propuesta contenida en el punto de acuerdo que se analiza, se sustenta en la reflexión que los proponentes efectúan respecto a que la ciudad de Oaxaca de Juárez ha sido seleccionada como sede del Congreso 2013 de la Organización de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, por lo cual es oportuno mostrar al mundo el resultado de nuestras políticas públicas para proteger los bienes declarados por la UNESCO con este elevado rango cultural. Para ello sostienen que el ejercicio se tiene que hacer a nivel nacional.

De igual forma, hacen referencia que Oaxaca es una entidad federativa que cuenta con tres sitios declarados Patrimonio de la Humanidad: la zona arqueológica de Monte Albán y el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, ambas en 1987; así como las cuevas prehistóricas de Yagui y Mitla en los valles centrales de Oaxaca, en el 2010.

Monte Albán, probablemente una de las primeras civilizaciones urbanas de las Américas, es uno de los centros ceremoniales prehispánicos más complejos y representativos del pasado majestuoso de nuestras civilizaciones prehispánicas. Los magníficos templos, construcciones arquitectónicas, tumbas y bajorrelieves con inscripciones jeroglíficas y su juego de pelota dan cuenta de su cultura excepcional.

Por su parte, la ciudad de Oaxaca fundada en 1529, es una urbe moderna que ha podido conservar su centro histórico con un número cercano a mil 200 monumentos, como la iglesia de Santo Domingo, un icono cultural de América Latina, o el ex convento de San Pablo, recién restaurado, los cuales hacen de dicha capital uno de los corazones culturales de nuestro país y un indudable patrimonio de la humanidad.

Manifiestan que desde el 11 de diciembre de 1987, año de su inscripción, el panorama que se ve en Monte Albán y en la Ciudad de Oaxaca de Juárez genera una reflexión profunda que debe formar la toma de decisiones con visión de Estado, más allá de gobiernos y partidos, donde se proteja de los crecimientos irregulares de la mancha urbana, la inseguridad en la tenencia de la tierra y todo aquello que socave nuestra mayor riqueza patrimonial, la cultura.

Cuarto. Que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), el patrimonio cultural se puede definir como el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares y de instituciones y organismos públicos, que tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura en general, y que, por lo tanto, son dignos de ser considerados y conservados por los estados para su conocimiento por la población y para ser legados a las generaciones futuras como testimonios de su identidad.

El documento más importante para normar internacionalmente al patrimonio cultural es la Carta de Venecia o Carta internacional sobre la conservación y restauración de monumentos y lugares (signada en 1964). Sus principios han sido incorporados a los criterios de autenticidad que se han de respetar para la inscripción de los lugares en la “Lista del Patrimonio Mundial”.

La UNESCO dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el organismo internacional que ha regido la protección al patrimonio cultural en todo el mundo sobre la base de acuerdos internacionales.

El 16 de noviembre de 1972, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural. Un comité internacional, sobre la base de dicha convención, es quien dicta los procedimientos para la inscripción de los bienes culturales y naturales en la Lista del Patrimonio Mundial. Para dicha tarea está asesorado por distintos organismos, como el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares (Icomos, por sus siglas en inglés), y el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de los Bienes Culturales (Iccrom).

Los objetivos del Comité del Patrimonio Mundial son:

• Alentar a los estados que forman parte de la Convención a que definan lugares de valor universal excepcional para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial.

• Vigilar el estado de los lugares inscritos en la lista, previendo posibles riesgos y alertar a los estados a que creen sus propios programas de vigilancia.

• Ayudar a los estados a crear mecanismos viables para la salvaguardia de los lugares del Patrimonio Mundial, con ayuda del Fondo Mundial, según proceda.

• Prestar a los estados la ayuda de emergencia necesaria para proteger los lugares que corren peligro inminente.

• Promover la conservación del patrimonio cultural y natural en términos generales

En México, desde la ratificación de la Convención, en 1984, hay 23 sitios que han sido declarados como Patrimonio de la Humanidad, entre los 754 lugares que el Comité del Patrimonio Mundial ha inscrito en la “Lista del Patrimonio Mundial” en 129 naciones, de entre ellos se encuentran el Centro Histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán.

Quinto. Que el 24 de noviembre de 1993, se declara mediante decreto al área conocida como Monte Albán, ubicada en los municipios de Santa María Atzompa, San Pedro Ixtlahuaca, Santa Cruz Xoxocotlán y Oaxaca de Juárez, Oaxaca, como zona de monumentos arqueológicos.

Asimismo, el 19 de marzo de 1976 se publicó en el Diario Oficial el Decreto que establece el perímetro de la zona de monumentos históricos en la ciudad de Oaxaca, con una superficie de 252 hectáreas, con base al inventario realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Según plano elaborado en 1977, los monumentos se agrupan principalmente en el Centro, con las siguientes categorías: monumentos religiosos, construcciones de gran valor que deben ser conservadas, construcciones de valor que deben ser conservadas, construcciones de valor ambiental por conservar.

Sexto. Que la Ley General de Bienes Nacionales, prevé que son propiedad de la federación los monumentos arqueológicos y los monumentos históricos y artísticos.

De igual forma, establece en su artículo 30 que: “la Secretaría de Educación Pública será competente para poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia, así como las zonas de monumentos arqueológicos”.

Por otra parte, la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos señala en su artículo 2 señala que: “Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación. Además se establecerán museos regionales”.

El artículo 3 prevé que la aplicación de la ley corresponde al presidente de la República, al secretario de Educación Pública, al secretario del Patrimonio Nacional, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia.

Por último, el artículo 4 de la misma ley establece que las autoridades de los estados y municipios tendrán, en la aplicación de esta ley, la intervención que la misma y su reglamento señalen.

Séptimo. Que la Ley sobre Protección de Monumentos Coloniales, Artísticos e Históricos y Poblaciones Típicas del Estado de Oaxaca, en su artículo 1o. establece que para los efectos de esta ley, se consideran monumentos a los inmuebles de arquitectura colonial que se encuentren en el Estado de Oaxaca, y aquellos cuya protección y conservación sean de interés público por su valor artístico e histórico, ya sea que pertenezcan a particulares o al Estado y que no están protegidos por las leyes federales.

En el mismo orden de ideas, la ley anteriormente referida crea un Comité Central de Protección de Monumentos Coloniales, Artísticos e Históricos, con jurisdicción en todo el estado de Oaxaca, el cual se compone del gobierno del estado, el inspector de la Dirección de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos del Instituto de Historia y Arqueología, el jefe de la Oficina Federal de Hacienda en el estado, el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, y un ingeniero arquitecto titulado. En cada municipio del estado de Oaxaca existe un Comité Municipal de Protección de Monumentos Coloniales, Artísticos e Históricos, dependientes del Comité Central, con quien colaborar en la protección y conservación de los monumentos.

El artículo 20 del Reglamento General del Centro Histórico para la Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Oaxaca de Juárez, señala que el honorable ayuntamiento destinará a la protección de la fisonomía de la ciudad, los fondos que se recauden por los conceptos anteriores.

De igual manera, menciona en su artículo 21 que le corresponde a la Coordinación General del Centro Histórico, la aplicación del Reglamento para la cual tiene las siguientes facultades:

I. Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y vías públicas a fin de que se satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, comodidad, y buen aspecto, y se protejan los valores históricos y artísticos.

II. Fijar las condiciones a que deberán sujetarse las edificaciones y los elementos tales como fuentes, esculturas arcos, columnas, rejas, balcones, patios, portones, puertas talladas, cornisas, barandales forjados, de madera tallada y escalones que invadan la vía pública.

III. Establecer de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se pueda autorizar el uso de terrenos y determinar el tipo de construcciones que se pueden levantar en ellos los términos dispuestos por la Ley de Desarrollo Urbano y esta Reglamento.

IV. Otorgar o negar licencias y permisos para la ejecución de las obras y el uso de las edificaciones o predios.

V. Proporcionar asesoría a quien lo solicite.

VI. Llevar un registro calificado de directores responsables de obras y corresponsables.

VII. Realizar inspecciones en las obras en proceso de ejecución o terminadas.

VIII. Practicar inspecciones para verificar que el uso que se haga de un predio, estructura, instalación, edificio o construcción, se ajuste a las características previamente registradas.

IX. Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las edificaciones peligrosas o malsanas que causen molestia o pongan en peligro el valor histórico o artístico de los inmuebles.

X. Autorizar o negar de acuerdo con este Reglamento, la ocupación o uso de una estructura, instalación, edificación o construcción.

XI. Realizar a través del programa a que se refiere la Ley de Desarrollo Urbano, los estudios para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destino y reserva de construcciones.

XII. Ejecutar con el apoyo de obras públicas municipales y con cargo al propietario, las obras que se hubieren ordenado realizar y que por rebeldía no las haya llevado a cabo.

XII. Ordenar la suspensión temporal definitiva de las obras, de acuerdo con el daño que se haya ocasionado.

Octavo. Que esta comisión estima procedente la preocupación de los proponentes, para que se tomen medidas de protección de dos sitios que tienen un valor histórico y cultural que han sido declarados como zonas de monumentos arqueológicos e históricos respectivamente y que han sido reconocidos por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.

Que es obligación de los Estados que ratificaron la convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, tomar las medidas necesarias para conservación de los sitios denominados patrimonio de la humanidad.

A su vez, que los sitios declarados como zonas de monumentos en términos de la Ley Federal aplicable, son protegidos por el Estado, a través de la secretaria de Educación y el INAH, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares.

Por otra parte, esta comisión estima procedente que el gobierno del estado de Oaxaca y al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, garantice que toda obra pública que se realice en el Centro Histórico de Oaxaca sea autorizada en estricto apego la Ley sobre Protección de Monumentos Coloniales, Artísticos e Históricos y Poblaciones Típicas del Estado de Oaxaca, la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento General del Centro Histórico para la Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo expuesto, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a la consideración de la honorable asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al gobierno del estado de Oaxaca y al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a fin de que implementen las medidas necesarias para preservar la integridad territorial del polígono de Monte Albán, en el marco de un plan rector de reordenamiento urbano.

Segundo. Se exhorta al director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al gobierno del estado de Oaxaca y al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a efecto que garanticen que toda obra pública que se realice en el Centro Histórico de Oaxaca sea autorizada en estricto apego a los lineamientos arquitectónicos vigentes, a fin de que dicha ciudad conserve su majestuosa belleza cultural.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 24 de abril de 2013.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), secretarios; Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Blanca Jiménez Castillo, José Martín López Cisneros, María Beatriz Zavala Peniche, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), María Carmen López Segura (rúbrica).»

EXHORTO A LA PROCURADURIA DE JUSTICIA DE SONORA A REALIZAR INVESTIGACIONES RESPECTO A LAS AGRESIONES SUFRIDAS POR MANIFESTANTES EL 24 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN HERMOSILLO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a la Procuraduría de Justicia de Sonora a realizar investigaciones exhaustivas que permitan fincar y deslindar responsabilidades respecto a las agresiones sufridas por manifestantes y miembros de los medios de comunicación el 24 de febrero del año en curso en Hermosillo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. El 11 de abril de 2013, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo de Sonora en distintos asuntos.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó esa proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.

II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

El punto de acuerdo en comento persigue que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo de Sonora para que:

1) Respete y haga respetar el derecho de libre manifestación y asociación de las y los ciudadanos en dicha entidad;

2) Respete y haga respetar el derecho de informar que asiste a las y los reporteros, periodistas, comunicadores y medios de comunicación del estado de Sonora;

3) Deslinde las responsabilidades que correspondan por el “desfalco” a las haciendas estatal y municipal de la entidad, y

4) Llegue a un acuerdo con las y los ciudadanos inconformes con la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, proporcionando una “propuesta satisfactoria” a sus reclamos.

III. Consideraciones de la proponente

La proponente señala en su escrito los siguientes antecedentes y consideraciones:

A. Antecedentes

1. La proponente señala “Sonora se encuentra inmersa desde principios de año y a partir de la aprobación de la Ley de Ingresos estatal de 2013 ... en un movimiento social derivado del alza de impuestos y del sostenimiento de la tenencia vehicular, en la denominación de Contribución al Fortalecimiento Municipal conocido en Sonora como Comun”.

2. Relata que el movimiento ciudadano denominado “No más impuestos o mal nacidos” se manifestó durante el festival cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013 y en la Serie del Caribe 2013, ambos celebrados en Hermosillo, Sonora, bajo exageradas medidas de custodia impidiéndoseles su libre manifestación por parte de las fuerzas policiacas estatales y federales, añadiendo que dicho movimiento social...”  ha enfrentado persecuciones de índole federal y Estatal.

3. Refiere que, según dichos de la clase gobernante, el alza de impuestos en aquella entidad es consecuencia de años de malos manejos de la hacienda pública por parte de los gobiernos priístas que le precedieron. Asimismo señala, que “la Auditoria Superior de la Federación, destacó en el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta pública federal para el 2011 que debido a sus altos niveles de endeudamiento Sonora, está en situación de riesgo por la vulnerabilidad y falta de sostenibilidad de sus finanzas para poder pagar empréstitos adquiridos...

4. Menciona que a finales del mes de enero del presente año, diversos empresarios de Sonora, a través de un manifiesto, “se sumaron con la ciudadanía inconforme y solicitaron un cambio en la política fiscal del gobierno de Sonora”.

5. Indica que, entre los días 28 de enero y 7 de febrero de este año, el Ejecutivo estatal de aquella entidad expidió varios decretos mediante los cuales concedió diversos estímulos fiscales a empresarios, asimismo da cuenta que estableció un descuento en el pago del Comun “a los inconformes”.

6. La proponente señala que el domingo 24 de febrero del año en curso, una marcha del movimiento “No más impuestos o malnacidos” fue repelida a golpes por jóvenes que ocultaban su rostro, reportándose varios lesionados como consecuencia de tales agresiones. Asimismo, menciona que dichos jóvenes intentaron provocar a los manifestantes del movimiento e indica que varios periodistas fueron violentados en la citada marcha, atribuyendo tales acciones a “intolerantes y gente que está al servicio del poder”.

7. Da cuenta que el 14 de marzo del año en curso, el gobernador de Sonora se reunió con el movimiento social de los ciudadanos inconformes con el Comun, estableciéndose mesas de trabajo que permitan llegar a acuerdos concretos.

8. Relata que con posterioridad, durante los días 4 y 5 de abril, han sido detenidos ejidatarios que “reclaman derechos sobre el uso de sus tierras de una minera canadiense y choferes del transporte urbano” dado que los concesionarios del servicio mantienen diferencias “con el gobierno del estado lo que conflictúa más las relaciones” pues se afecta el funcionamiento del servicio público de transporte.

B. Consideraciones

1. En opinión de la proponente “la Contribución al Fortalecimiento Municipal no tiene una razón clara de existir” argumentando que, no impacta en el Presupuesto de Egresos de aquella entidad.

2. Enuncia –citando un artículo de Óscar Nicasio Lagunes López– varias lagunas jurídicas presentes en las leyes de fiscalización de Sonora, así como omisiones por parte de las autoridades, entre las que se encuentran: la falta de claridad en el establecimiento del proceso de rendición de las cuentas públicas estatales y falta de precisión en el señalamiento de los plazos y acciones de cada una de las dependencias; falta de un sistema de contabilidad que tome en cuenta los activos; falta de inventarios en las dependencias públicas de Sonora que permitan determinar cuántos autos tiene cada una, así como los bienes inmuebles de éstas; falta de solventación de observaciones derivadas de informes de resultados de las cuentas públicas del estado –sin que el citado columnista precise cuáles.

3. Señala que es deber del Gobierno del estado de Sonora, denunciar a quienes pudieran resultar como presuntos responsables del mal manejo de recursos públicos en anteriores administraciones en dicha entidad; precisando, que los artículos 117 del Código Federal de Procedimiento Penales y el 118 del código adjetivo penal en aquella entidad, establecen la obligación de denunciar la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, a cargo de toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento del mismo.

4. Cita que conforme a los artículo 1o., 6o., 7o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “Queda prohibida toda discriminación motivada por las opiniones; que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. –Sic– Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura; y que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”.

5. Atribuye, que se utiliza a los que menos tienen al servicio de intereses políticos a cambio de dádivas y, en consecuencia, señala que lo anterior no puede quedar impune.

IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos condena cualquier acto que vulnere los derechos humanos de la ciudadanía. Asimismo, esta dictaminadora respeta en todo momento la autonomía de las entidades federativas y se pronuncia como garante del respeto al principio de legalidad que determina la actuación de los entes públicos en todos los órdenes de gobierno.

Una vez señalado lo anterior y en razón de que la legisladora proponente solicita  múltiples exhortos que atañen a distintas cuestiones en su proposición, este órgano legislativo estima oportuno pronunciarse sobre cada uno de los exhortos planteados, a efecto de exponer de manera clara sus consideraciones, así como las razones por las que, en su caso, se aprueba o desecha cada uno de los puntos de acuerdo planteados por la diputada Valles Sampedro.

A. Exhortos para que el gobernador de Sonora respete y haga respetar los derechos de libre manifestación y asociación de las y los ciudadanos, así como el de informar que asiste a las y los reporteros, periodistas, comunicadores y medios de comunicación en dicha entidad

1. Dentro de los hechos correspondientes a este apartado, expuestos por la legisladora Valles Sampedro en su proposición, se encuentran los relativos a las manifestaciones del Movimiento Ciudadano denominado “No más impuestos o mal nacidos” durante el festival cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013 y en la Serie del Caribe 2013, en las cuales, asegura, se presentaron exageradas custodias y se impidió la libre manifestación por parte de las fuerzas policiacas del Estado y federales, añadiendo que dicho movimiento social ha enfrentado persecuciones de índole federal y estatal. Así como el relativo a la marcha realizada el día 24 de febrero del año en curso, por el mismo movimiento, de la cual da cuenta, fue repelida a golpes por jóvenes que ocultaban su rostro, reportándose varios lesionados como consecuencia de tales agresiones y en la que varios periodistas fueron violentados en la citada marcha, atribuyendo tales acciones a “intolerantes y gente que está al servicio del poder”.

2. Como ya lo ha señalado en anteriores ocasiones, la Comisión de Derechos Humanos, en concordancia con los principios de presunción de inocencia y demás derechos de seguridad jurídica –relativos al debido proceso?, no puede de ninguna manera pronunciarse sobre la responsabilidad (penal, administrativa u otra) que pudiera existir en el presente asunto, porque esa facultad le corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales competentes, una vez que, ante los mismos han sido acreditados los elementos constitutivos de los tipos penales correspondientes.

La Comisión de Derechos Humanos comparte totalmente la intención que subyace al punto de acuerdo en cuestión de que sean respetados los derechos fundamentales de las personas.

Como también lo ha señalado en anteriores ocasiones esta comisión, el respeto y la protección de los derechos humanos constituyen hoy por hoy, la piedra angular en que debe sustentarse el quehacer del aparato estatal porque son la esencia de todo Estado que se ostenta como democrático y de derecho. Es decir, acorde con las obligaciones inherentes a todo Estado en materia de derechos humanos, deben de ser respetados, protegidos y garantizados los derechos humanos de todos y de todas. Además, en caso de violación a un derecho humano, todo Estado debe de investigar, sancionar, dar garantía de no repetición y restaurar, en la medida de lo posible, los daños ocasionados.

Frente a hechos como los que señala la proponente, corresponde pues, a las autoridades en la materia realizar las investigaciones conducentes. Sin embargo, dentro de dicha proposición se agregan algunos calificativos que pueden inducir la presunción de ciertos hechos. Como señalamos, en concordancia con todos los derechos humanos, incluidos claro está, los de presunción de inocencia y los del debido proceso, esta comisión no puede inducir calificativo alguno que pudiera colocar en situación de desventaja a alguna de las partes involucradas en las respectivas investigaciones que al efecto deben de ser realizadas por las autoridades competentes. Por esta razón, consideramos innecesarias las expresiones “gente que está al servicio del poder” y “aquellos que quieran apoyar al gobierno convenzan con palabras no con violencia, que no se use a los que menos tienen para intereses políticos por dadivas que se les ofrecen”. Estas situaciones serán, en su caso, determinadas por la autoridad en la materia.

Cabe señalar que las proposiciones con punto de acuerdo, no deben de ser empleadas para desacreditar a las instituciones y tampoco deben ser entendidas como agravios a las mismas o a sus titulares. Por el contrario, deben de ser concebidas como instrumentos para que las sociedades democráticas fortalezcan el estado de derecho a través de la legitimidad que con su acatamiento adquiere la autoridad y funcionarios ante la sociedad.

Por esta razón y, en ánimo de colaboración conjunta con las autoridades competentes para conocer del fondo de los hechos ocurridos en el estado de Sonora, particularmente los sucedidos el pasado 24 de febrero de 2013, esta dictaminadora estima pertinente que se exhorte a la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquella entidad federativa, para que realicen las investigaciones exhaustivas que permitan fincar y deslindar responsabilidades con respecto a las agresiones sufridas por manifestantes y miembros de los medios de comunicación, ocurridas el pasado 24 de febrero del año en curso en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

B. Exhorto para que se deslinden las responsabilidades que correspondan por el “desfalco” a las haciendas estatal y municipal de la entidad

En lo tocante a este planteamiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 67, incisos D), F) y G) de la Constitución Política del Estado de Sonora, corresponde al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de dicha entidad fiscalizar los ingresos y egresos, así como el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos de los poderes del Estado y de los Ayuntamientos; investigar los actos u omisiones relativos a irregularidades o conductas ilícitas en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, pudiendo, para este efecto, realizar todas las diligencias que resulten conducentes, y determinar y ejecutar las medidas para la recuperación de los daños y perjuicios que afecten al erario por el uso indebido o equivocado de recursos públicos, fincando directamente a los responsables las indemnizaciones correspondientes y, en su caso, denunciar ante las autoridades competentes las responsabilidades administrativas y el o los delitos que presumiblemente aparezcan cometidos.

Por lo cual y en razón de que distintos funcionario públicos de Sonora, efectivamente han manifestado que debido a la deuda “heredada” en el estado, se tiene la necesidad de pagar el impuesto de la contribución al fortalecimiento municipal –Comun–, este órgano legislativo estima pertinente exhortar al Instituto Superior de Auditoría del estado de Sonora para que investigue y, en su caso, denuncie ante las autoridades competentes las responsabilidades administrativas y el o los delitos que presumiblemente aparezcan cometidos por parte de ex servidores públicos de aquella entidad.

C. Exhorto para que el titular del Poder Ejecutivo de Sonora, llegue a un acuerdo con las y los ciudadanos inconformes con la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2013, proporcionando una propuesta satisfactoria a sus reclamos

En lo que atañe al planteamiento que se analiza, cabe precisar que esta soberanía no puede girar indicación sobre el sentido en el que ha de resolver el Ejecutivo estatal de Sonora los planteamientos y reclamos externados por los ciudadanos inconformes, ello en estricto apego al Pacto Federal y dentro de un marco de total respeto a la autonomía de las entidades federativas en lo concerniente a su régimen interior de gobierno.

Adicionalmente, esta dictaminadora desea precisar que la Constitución Política del Estado de Sonora, en su artículo 79, fracción VII establece como facultad del gobernador, presentar cada año ante el Congreso los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos del Estado que deberán regir en el año fiscal inmediato siguiente, por lo que, si bien, el establecimiento del Comun puede no ser bien recibido entre la ciudadanía sonorense, el mismo ha sido expedido conforme a una atribución y un procedimiento legal establecidos en el marco normativo sonorense. Asimismo, el orden jurídico mexicano concede la vía del amparo para que los ciudadanos ejerzan la acción correspondiente cuando estimen que un impuesto o contribución les causa perjuicio o presenta vicios de inconstitucionalidad.

En este orden de ideas, la Comisión de Derechos humanos estima improcedente la aprobación del exhorto que se analiza en el presente apartado.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora para que realice las investigaciones exhaustivas que permitan fincar y deslindar responsabilidades con respecto a las agresiones sufridas por manifestantes y miembros de los medios de comunicación, ocurridas el pasado 24 de febrero del año en curso en la ciudad de Hermosillo, Sonora; así como a la Comisión de Derechos Humanos de aquella entidad federativa, para que investigue las violaciones de derechos humanos que, en su caso, pudieran derivar de las agresiones referidas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora para que en ejercicio de sus atribuciones, investigue y, en su caso, denuncie ante las autoridades competentes las responsabilidades administrativas y el o los delitos que presumiblemente pudieran haber sido cometidos en perjuicio de la hacienda pública por parte de ex servidores públicos de aquella entidad.

Notas:

1 Así lo determina nuestra Constitución General en sus artículos  16, 19 y 20, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político en su artículo 9.

2 Recomendación 10/2012. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblos de Oaxaca (DDHPO)

3 Consultado en el portal electrónico: http://www.elimparcial.com/ EdicionEnLinea/Notas/Noticias/08012013/657501.aspx, el 14 de abril de 2013 a las 18:30 horas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica en contra), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica en contra), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica en contra), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica en contra), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica en contra), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica en contra), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica en contra), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica en contra).»

PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACION MIGRANTE

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Educación Pública a revisar y fortalecer las acciones del Programa Binacional de Educación Migrante

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Servicios Educativos y de Relaciones Exteriores les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos estatales a revisar y fortalecer los programas educativos dirigidos a los alumnos transnacionales, para asegurar la inclusión pertinente y adecuada de estos alumnos al sistema educativo e informe de los resultados de sus acciones, presentada por el diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157 fracción I, 176 fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes:

En sesión del Pleno 21 de febrero de 2013, el diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó la proposición con punto de acuerdo antes mencionada, misma que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión acordó se turnara a las comisiones de Educación Pública y de Servicios Educativos y de Relaciones Exteriores para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido

Propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos estatales a revisar y fortalecer los programas educativos dirigidos a los alumnos transnacionales, para asegurar la inclusión pertinente y adecuada de estos alumnos al sistema educativo y que informen los resultados de sus acciones.

Asimismo, plantea exhortar a la Secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública para que instauren un programa binacional entre instituciones y organismos públicos y privados de México y Estados Unidos de América que permita el intercambio entre maestros y administradores de escuelas básicas, medias y superiores para mejorar la atención a menores migrantes e implementar medidas binacionales que garanticen su éxito educativo en ambos lados de la frontera.

Metodología

Las Comisiones realizaron el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la información pública disponible al momento de su dictaminación.

Consideraciones

El proponente expone que debido a la recesión económica en los Estados Unidos de América, en los últimos años (2005 y 2010) han regresado a México más de 1.4 millones de mexicanos que estaban viviendo y trabajando en los EUA, de los cuales el 25% son menores de edad y se encuentran en edad escolar.

Destaca que la atención a esta población representa un reto para el gobierno de nuestro País, que el gasto social debe incrementarse de manera importante, para atender fundamentalmente las necesidades que su condición de “transnacionales” impone, sin que el gobierno mexicano haya podido implementar políticas de Estado en la materia.

Se debe asegurar su acceso e incorporación al sistema educativo de nuestra Nación, en condiciones que garanticen su bienestar y desarrollo integral.

Asimismo, señala que una vez en México, los niños y adolescentes transnacionales y sus familias viven una serie de problemas para ingresar, permanecer y concluir su educación, poniendo en riesgo su continuidad educativa.

Existen resistencias para ser incorporados en las escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional porque, en muchos casos, no pueden presentar algún documento de identidad o escolar y solicitan ser incorporados en cualquier momento del ciclo escolar.

Advierte que uno de los problemas más comunes que enfrentan los alumnos transnacionales se presentan cuando no pueden comprobar su nivel educativo, toda vez que las autoridades en nuestro País les aplican exámenes diagnósticos que evalúan conocimientos basados en los contenidos del sistema educativo mexicano, que no corresponden a los conocimientos adquiridos en el país en que estudiaron.

Asimismo, en algunas ocasiones, son considerados alumnos con problemas de aprendizaje por el sólo hecho de no manejar con soltura la lectura y la escritura en español.

En otras ocasiones, no les son reconocidos y revalidados los estudios realizados en otro país, lo que origina que tengan que repetir un año escolar.

Como destaca el proponente de acuerdo con una publicación denominada “Perspectivas de los estudiantes transnacionales en educación en los Estados Unidos y México: la importancia de la experiencia de la escuela y país de nacimiento” de la Facultad: Departamento de enseñanza, aprendizaje y formación del profesorado, de la Universidad de Nebraska, en el Estado de Zacatecas casi un tercio de los alumnos transnacionales reportaron que tuvieron que repetir un grado.

Al respecto, las comisiones dictaminadoras destacan que la Secretaría de Educación Pública cuenta el Programa Binacional de Educación Migrante (Probem) que tiene como objetivo principal, la atención educativa a las niñas y niños migrantes; mediante el Probem se han diseñado y estructurado apoyos educativos específicos destinados a dicha población escolar.

En el Probem actualmente participan la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de los Gobiernos y autoridades educativas de las 31 Entidades Federativas y contrapartes estadounidenses, quienes realizan acciones de manera coordinada, con la finalidad de lograr elevar la cobertura, calidad y eficacia en los servicios de educación básica que se otorgan a este importante sector de la población tanto en México como en los Estados Unidos de América.

Las comisiones que dictaminan toda vez que las circunstancias apuntadas por el diputado Fernando Zárate Salgado existen, estas comisiones consideran pertinente su propuesta para que se revisen y fortalezcan los programas educativos dirigidos a los alumnos transnacionales y que se informen los resultados de sus acciones y que las Secretarías de Relaciones y de Educación Pública implementen un programa binacional entre instituciones y organismos públicos y privados de México y Estados Unidos de América que permitan los intercambios necesarios entre maestros y administradores de escuelas básicas, medias y superiores para mejorar esta situación.

Las comisiones que dictaminan aprecian que resultaría eficaz modificar los resolutivos de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, para incluir el referido programa y ampliar la coordinación en beneficio de estudiantes en esta situación, desde el nivel básico hasta el superior.

Conclusiones

Por lo anterior, los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Servicios Educativos y de Relaciones Exteriores, con base en las consideraciones que preceden y con las modificaciones apuntadas, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Resolutivo

Único. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Educación Pública:

a) Revisar y fortalecer las acciones del Programa Binacional de Educación Migrante (Probem) y enviar un informe completo de las acciones realizadas.

b) Implementar un programa binacional entre instituciones y organismos públicos y privados de México y Estados Unidos de América que permita el intercambio entre maestros y administradores de escuelas básicas, medias y superiores para mejorar la atención a migrantes y establecer medidas binacionales que garanticen su éxito educativo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días de abril de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González, Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán, Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

EXHORTO A LA STPS A TOMAR LAS MEDIDAS DE SALUD E HIGIENE CORRESPONDIENTES, TRAS LA MUERTE DE SIETE TRABAJADORES EN LA CERVECERIA GRUPO MODELO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la STPS a tomar las medidas de salud e higiene correspondientes, en cumplimiento de sus facultades, tras la muerte de siete trabajadores en la cervecería Grupo Modelo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y elaboración del dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a investigar las causas de la muerte de siete trabajadores en la cervecería Grupo Modelo.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, fracción VI, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, 85, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido del citado punto de acuerdo, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de la siguiente

I. Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo y del trabajo previo para su resolución de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo “Contenido del punto de acuerdo” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo “Consideraciones” se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

II. Antecedentes

1. En Sesión celebrada por la Cámara de Diputados con fecha 9 de abril de 2013 se presentó la proposición con punto de acuerdo de Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. Con la misma fecha y mediante el oficio numero DGPL 62-II-1-0829, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen correspondiente la citada proposición, asignándole el expediente 1732.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El domingo 7 de abril del presente año, en la madrugada, se registró la muerte de siete trabajadores que realizaban acciones de limpieza de las cisternas en las instalaciones de Grupo Modelo situadas en la colonia Anáhuac, de la delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal.

Una vez realizado los estudios de necropsia, se establece que los empleados murieron por asfixia (sofocación en su variedad de confinamiento), donde los estudios preliminares realizados a los 7 cuerpos no presentan muestras de residuos de solventes ni químicos que pudieran haber inhalado. Hasta el momento, la principal línea de investigación que arroja la Procuraduría de Justicia capitalina señala que tiene que ver con un accidente provocado por la falla de protocolos de seguridad, pues se cree que la cisterna se cerró mientras los trabajadores estaban dentro.

De igual forma, el iniciador manifiesta que estos hechos devienen ya no de una casualidad persistente sino de la desregulación del Estado mexicano en materia de seguridad e higiene, que tiene su primer antecedente en la NOM-19, publicada en 1997 y que suprimía la obligación patronal de inscribir ante la Secretaría del Trabajo de las comisiones de seguridad e higiene, abriendo de par en par el incumplimiento de los patrones, poniendo en riesgo permanente la vida y salud de los trabajadores.

Hay pocos inspectores con baja capacitación, y a todo esto hay que sumarle la insuficiencia de recursos materiales para que cumplan su tarea, la ineficiencia de la Dirección General de Inspección del Trabajo y la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En este sentido, expresa el diputado proponente que la reforma laboral reciente suprime la facultad de la Secretaría de Trabajo para clausurar las empresas que no adopten las medidas necesarias que les sean indicadas por esta dependencia para la prevención de riesgos de trabajo.

En virtud de lo manifestado, la dictaminadora expone las siguientes

IV. Consideraciones

Primera.Una vez analizados los argumentos señalados, esta comisión dictaminadora coincide con la manifestación de éstos, y velará en todo momento porque las empresas cuenten con medidas de seguridad e higiene que permitan cuidar y salvaguardar las vidas de los trabajadores en todo momento. Por ello, con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 40, atribuye a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social atender lo siguiente:

Artículo 40.A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Vigilar la observancia y la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos.

II. a X....

XI. Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores y vigilar su cumplimiento.

XII. a XIX....

Con la firme convicción de deslindar responsabilidades y tomar las medidas correctivas, se emite este punto de acuerdo con la intención de que cada vez se presenten menos tragedias y que sean más seguras las condiciones en la que los mexicanos realizan sus actividades independientemente del sector en el que laboren.

Segunda.Con esto se busca que se formulen las reformas integrales necesarias en materia de inspección y de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir este tipo de tragedias, donde los patrones o responsables deban cumplir cabalmente la ley, para lo cual el artículo 541, fracción VI Bis, de la Ley Federal del Trabajo otorga a los inspectores del trabajo la atribución de “ordenar, previa consulta con la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, la adopción de las medidas de seguridad de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas. En este caso, si así son autorizados, los inspectores deberán decretar la restricción de acceso o limitar la operación en las áreas de riesgo detectadas. En este supuesto, deberán dar copia de la determinación al patrón para los efectos legales procedentes”.

Tercera.Aunado a lo anterior, y derivado de las acciones que tomen las autoridades respecto al caso aquí planteado, la Ley del Seguro Social, en el artículo 127, arguye que cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones:

I.Pensión de viudez;

II.Pensión de orfandad;

III.Pensión a ascendientes;

IV.Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule; y

V.Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este título.

En caso de fallecimiento de un pensionado por riesgos de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las pensiones a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo se otorgarán con cargo al seguro de sobrevivencia que haya contratado el pensionado fallecido.

Cuarta. Toda esta fundamentación nos lleva a buscar que al momento de que un trabajador fallezca por los riesgos de trabajo o bien por accidentes en los lugares de trabajo, los familiares obtengan y se les respeten sus derechos siempre de manera oportuna y puntual. No obstante esto, es notorio que el lugar en que se realizaban los trabajos de limpieza en la cisterna no contaba con medidas de seguridad e higiene que permitieran a los trabajadores emitir una alarma o buscar la forma de salvaguardar sus vidas, por lo que claramente es una falta de responsabilidad de la empresa y una omisión por las autoridades correspondientes vigilar que se cuente con dichas medidas.

Por lo anterior, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conforme a sus facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública, a tomar las medidas correspondientes de inspección y seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores y vigilar su cumplimiento en la cervecería Grupo Modelo, en Miguel Hidalgo, Distrito Federal; ello, como consecuencia de la muerte de siete trabajadores en dicha empresa.

Segundo. Se exhorta de igual forma a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar en forma coordinada todo el apoyo que se requiera a los deudos y se respeten puntual y oportunamente sus derechos, incluyendo a los trabajadores que laboraban en el marco de la subcontratación a que legalmente tiene derecho.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Juan Bueno Torio, María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Alfredo Zamora García.»

CONFLICTO LABORAL DE SANDAK, SA DE CV, EN TLAXCALA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo relativos al conflicto laboral de Sandak, SA de CV, en Tlaxcala

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo relativo al conflicto laboral en Sandak, SA de CV, en el estado de Tlaxcala, presentado por la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción VI; 82 numeral 1; 157 numeral I, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV; 167 numeral 4; 180 numeral 2; 182 numeral 3, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición con punto de acuerdo de referencia.

En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de las propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y alcance del mismo.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo mediante la evaluación de los argumentos esgrimidos en las consideraciones de la proponente, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

II. Antecedentes

1. Con fecha 28 de febrero de 2013, se registró en el orden del día de la sesión ordinaria de esa fecha, la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución sobre el conflicto laboral en Sandak, SA de CV, en el estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó la referida proposición con punto de acuerdo para su dictaminación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, bajo número de expediente 1398.

III. Análisis de la proposición con punto de acuerdo

A. La proposición plantea los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala, ciudadano Mariano González Zarur, a instruir a las autoridades bajo su cargo con la finalidad de que en una labor de mediación generen las condiciones de diálogo para que se llegue a una solución definitiva al conflicto en la empresa Calzado Sandak, SA de CV.

Segundo. Se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a otorgar las medidas que garanticen el retorno de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak a su lugar de trabajo, el restablecimiento de sus derechos laborales y de seguridad social, así como el otorgamiento de la toma de nota de la mesa directiva de este sindicato.

B. En su exposición de motivos, la legisladora señala lo siguiente:

a) La empresa Calzado Sandak, Sociedad Anónima de Capital Variable (SA de CV), de la trasnacional Bata, se ubica en el estado de Tlaxcala y empezó sus operaciones en julio de 1958; menciona que en 1974 el Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, SA de CV, firmó un contrato colectivo de trabajo con la misma, dando inicio a una relación de entendimiento y cooperación para el desarrollo de una empresa productiva, pero que desde el año 2010 la empresa decidió hacer un reajuste de personal y el desmantelamiento de dos terceras partes de la maquinaria instalada sin dar aviso alguno al Sindicato y a los trabajadores, lo que tuvo como consecuencia el desempleo a más de 450 personas.

Apunta que, después de muchas negociaciones, se logró reabrir la planta y recuperar 263 empleos. Los trabajadores se comprometieron a elevar su producción, meta que fue lograda y reconocida por la empresa. Señala la proponente que el 10 de julio de 2011 se reintentó desmantelar la maquinaria con la intención de cerrar las áreas de producción que quedaban, actuando, otra vez, al margen de la Ley en perjuicio de los trabajadores quienes defendieron su fuente de empleo y evitaron el saqueo.

b) En reiteradas ocasiones, la proponente refiere que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala ha tomado una postura parcial a favor de la empresa, por ejemplo, al no reconocer a la mesa directiva del sindicato, la correspondiente negativa a otorgar la toma de nota, y empujando a los trabajadores a estallar la huelga el 29 de agosto de 2011.

c) Otro hecho en que incurrió la Junta Local, a decir de la proponente, es declarar la inexistencia de la huelga y el emplazamiento para que la empresa reabriera en el término de 24 horas, por lo que, desde el 10 de agosto de 2012, los trabajadores están presentes en la planta a disposición de la empresa para reanudar labores atendiendo la resolución emitida, siendo ahora los directivos de la empresa quienes se han negado a reabrirla.

d) Para no perder la producción, la empresa comenzó a realizar los trabajos a domicilio, lo que se hace sin cumplir con las condiciones de seguridad y salubridad en el trabajo, además de que constituye, afirma la proponente, una violación de los derechos laborales, ya que a los trabajadores que despiden o liquidan les ofrecen máquinas de coser o materiales para que sigan produciendo en un modelo inferior al de la subcontratación que tenemos actualmente en México.

e) Arbitrariamente, señala, los patrones dieron de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores en perjuicio de su seguridad social y de los servicios de salud a los que tienen pleno derecho. Incluso, manifiesta que se registró el caso del fallecimiento de la trabajadora María Luisa Hernández Moreno, quien fue víctima de una trombosis sin atención oportuna.

IV. Consideraciones

1. Esta dictaminadora reconoce que las únicas autoridades para resolver los conflictos en materia laboral son las juntas de conciliación y arbitraje, señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo en vigor. Ambos ordenamientos jurídicos son quienes delimitan su integración, sus facultades y competencias, tanto a nivel federal como local, según las materias que enuncia el artículo 123 constitucional como ámbito exclusivo de las autoridades federales en materia laboral y aquellas actividades no enunciadas en dicho numeral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ámbito de aplicación y observancia por parte de las autoridades laborales en cada entidad federativa.

Así las cosas, y revisando la fracción XXI del apartado A del artículo 123 Constitucional vemos que son materia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje las actividades de la economía nacional siguientes:

A. En las ramas industriales y servicios:

a) Textil.

b) Eléctrica.

c) Cinematográfica.

d) Hulera.

e) Azucarera.

f) Minera.

g) Metalúrgica y siderúrgica.

h) Hidrocarburos.

i) Petroquímica.

j) Cementera.

k) Calera.

l) Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas.

m) Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos.

ñ) De celulosa y papel.

o) De aceites y grasas vegetales.

p) Productora de alimentos.

q) Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas.

r) Ferrocarrilera.

s) Maderera básica.

t) Vidriera.

u) Tabacalera.

v) Servicios de banca y crédito.

B. Respecto de los siguientes tipos de empresas:

a) Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal;

b) Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas; y

c) Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación.

C. Respecto de la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de Ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo. En este rubro, la Constitución señala que, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local.

Como se observa, de las distintas actividades señaladas como competencia de las autoridades federales en materia del trabajo, no se encuentra regulada la actividad relativa al calzado, por lo que la misma es competencia plena de las autoridades locales.

2. Esta dictaminadora estima procedente que el punto de acuerdo exhorte al Gobierno del Estado de Tlaxcala para que éste propicie las condiciones del diálogo que solucionen el conflicto laboral ya señalado. En este sentido y analizando la redacción propuesta por la proponente, y con la intención de no transgredir las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo estatal que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y demás disposiciones legales inherentes a su investidura, proponemos modificar el punto Primero de la proposición para que sea el Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala para que él, como parte del Poder Ejecutivo Estatal, sea quien medie entre la empresa y los trabajadores, sobre todo tomando porque goza de las facultades y atribuciones para ello tal y como lo señala la fracción XVI del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.

3. Ahora bien y como lo expresa la proponente, es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje quien ha propiciado cierto tipo de conductas que no han permitido la resolución del conflicto, esta dictaminadora considera, para salvaguardar los derechos de los trabajadores de la referida empresa, esta Cámara de Diputados en razón de ser un acto de justicia y sin interferir en las facultades y atribuciones del ya mencionado órgano jurisdiccional estatal, deberá exhortar a la misma para que se conduzca conforme a derecho, buscando en todo momento ser el punto de equilibrio entre las partes buscando la pronta resolución del conflicto. Por tal motivo se modifica el punto Segundo de la proposición en estudio.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala para que por conducto de la Secretaría de Gobierno se generen las condiciones de diálogo necesarias, con la finalidad de que se llegue a una pronta solución al conflicto de la empresa Calzado Sandak, SA de CV, con sus trabajadores.

Segundo.Se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para que su actuación se apegue a derecho, buscando en todo momento ser el punto de equilibrio entre las partes propiciando la pronta resolución del conflicto entre la empresa Calzado Sandak, SA de CV, y sus trabajadores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Cándido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del olmo, Luis Ricardo Aldana prieto, Elsa Patricia Araujo de la torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Juan Bueno Torio, María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Alfredo Zamora García.»

EXHORTO AL DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE A CUMPLIR A CABALIDAD EL ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del ISSSTE a cumplir a cabalidad el artículo cuadragésimo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de dar cabal cumplimiento al artículo cuadragésimo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre el estudio de viabilidad futura del instituto, presentada por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción VI; 82 numeral 1; 157 numeral I, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV; 167 numeral 4; 180 numeral 2; 182 numeral 3, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente

Dictamen

I. Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición con Punto de Acuerdo de referencia.

En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de las propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance de la misma.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la proposición con Punto de Acuerdo mediante la evaluación de los argumentos planteados en las consideraciones de la proponente, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

II. Antecedentes

1. Con fecha 12 de febrero de 2013, se registró en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de esa fecha, la proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhortar al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de dar cabal cumplimiento al artículo Cuadragésimo Sexto Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre el estudio de viabilidad futura del Instituto, presentada por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión turnó la referida proposición con punto de acuerdo para su dictaminación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, bajo expediente número 1249.

III. Análisis de la proposición con punto de acuerdo

a) La proposición plantea el siguiente punto de acuerdo

Único. Por el que se exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a efecto de dar cabal cumplimiento al artículo cuadragésimo sexto transitorio de la Ley del ISSSTE, relativo al cumplimiento de los objetivos expresados en dicho ordenamiento y sobre el estudio de viabilidad futura del instituto.

b) En sus consideraciones, la legisladora señala en sus consideraciones, que

En su consideración “ Primera”, la proponente señala que la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, misma que entró en vigor el 1 de abril de 2007, tuvo como finalidad el fortalecer a la Institución, preservar el carácter patrimonial de los trabajadores, así como ser garantía de los derechos que los mismos tiene en materia de salud y de seguridad social. Dicha reforma atendió a la necesidad de realizar una reestructuración integral, corregir la precaria situación financiera del Instituto, así como afrontar las necesidades de 2.8 millones de asegurados y pensionados, que además de sus familiares ascendía a poco más de 10 millones de personas, que requerían servicios médicos. Eso sin contar a los 32 mil niños en servicio de guardería y el problema de rezago de los pagos en créditos personales y de vivienda.

Menciona que el Instituto transitó a un sistema de pensiones basado en cuentas individuales, en el que la pensión de cada trabajador es igual a sus aportaciones más los intereses generados durante su vida laboral, previendo un esquema de ahorro solidario, permitiendo la libre portabilidad de las cuentas, al facilitar la migración de los recursos entre el sector público y privado. Con dicha reforma, se creó un órgano desconcentrado denominado PENSIONISSSTE, encargado de administrar las cuentas individuales.

En su consideración “Segunda”, la proponente refiere que los cambios inducen a considerar que existe una importante disminución en el índice deficitario del Instituto, por lo que éste tiene la obligación de informar anualmente, la situación financiera de los seguros y las reservas de los mismos a corto, mediano y largo plazo, tal y como lo manda la fracción XIX del artículo 214 de la Ley de referencia. De igual manera, menciona que el artículo 14 señala que el Instituto recopilará y clasificará la información sobre los derechohabientes, a efecto de formular escalas de sueldos, promedios de duración de los servicios, tablas de mortalidad, morbilidad y, en general, las estadísticas y cálculos actuariales necesarios para encauzar y mantener el equilibrio financiero de los recursos y cumplir adecuada y eficientemente con los seguros, prestaciones y servicios que por ley le corresponde administrar.

En su consideración “Tercera” la proponente menciona que en dicha reforma se insertó, en el artículo Cuadragésimo Sexto transitorio, una disposición que establece que, adicionalmente a lo previsto en el artículo 14 de la ley, para garantizar que beneficie a los trabajadores y a sus familias, así como para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y la viabilidad futura del instituto, este ordenamiento será revisado por la junta directiva cada cuatro años. Por lo mismo, el Instituto presentó el Informe Financiero y Actuarial el 23 de junio del año 2011, con el cual pretendía dar cumplimiento a dicho artículo Cuadragésimo Sexto transitorio de la Ley, en lo relativo a la obligación de informar sobre el cumplimiento de sus objetivos y la viabilidad futura del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

La proponente apunta que el documento señalado menciona que su contenido corresponde al cuarto Informe Financiero y Actuarial, a partir de la entrada en vigor de la Ley, y que fue dictaminado por el auditor externo PriceWaterhouseCoopers, S. C., utilizando como fuentes de información la siguiente:

i) La situación actuarial y financiera de los seguros del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

ii) La información generada por la Dirección de Administración, la Dirección Médica, la Dirección de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales del Instituto, la Dirección Jurídica, la Secretaría General y la Dirección de Finanzas.

iii) Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2010.

iv) La información de las instituciones como el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

En su consideración “Cuarta”, la proponente refiere que el informe es omiso, ya que no señala cuál es la situación respecto de la viabilidad futura del Instituto, por lo que manifiesta que deja de cumplir con la disposición del artículo Cuadragésimo Sexto transitorio. Señala que dicha omisión consistió en no señalar, entre otros, el entorno institucional, demográfico y epidemiológico, resultados del programa Prevenissste, cobertura, financiamiento, beneficios y riesgos cubiertos, cuotas y aportaciones, sistema integral de créditos, situación financiera y actuarial de los seguros y sus reservas como son el seguro de salud, el de invalidez y vida, el de riesgos de trabajo y el de servicios sociales y culturales, el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITYF) y Turissste, que, afirma, operan en números rojos, con un déficit del orden de 11.0 por ciento de sus propios ingresos.

Menciona que el informe no puntualiza la viabilidad futura del instituto, y que sólo se limita a concluir y recomendar que:

i) Al 31 de diciembre de 2010, el Instituto tenía constituidas reservas por 45 mil 175 millones de pesos, y que el incremento estimado a las reservas para el 2011 asciende a 7 mil 677 millones de pesos.

ii) Que el informe ha enfocado el análisis de posibles riesgos institucionales en el problema de salud y financiero derivado de la alta prevalencia de la Diabetes Mellitus tipo II, presentando una propuesta para enfocar los esfuerzos en la prevención de esta enfermedad a través del PREVENISSSTE y algunas otras encaminadas a la detección temprana de la enfermedad y a los hábitos de salud de los derechohabientes.

iii) Que en cuanto a los pasivos laborales contingentes se ha observado un incremento en el número de demandas laborales por parte de trabajadores del ISSSTE, que son separados de sus funciones, las cuales tiene un doble impacto financiero para el instituto: el primero, respecto de las indemnizaciones que debe pagar, y el segundo, los gastos de tipo judicial que impactaron al área de los recursos humanos de la Dirección Jurídica del Instituto.

iv) Que en lo referente a la inversión en activo fijo y equipo de las instalaciones médicas, cuya infraestructura se ha visto incrementada y mejorada, en especial a partir de la entrada en vigor de la Ley, mediante la implementación del programa de fortalecimiento para el periodo 2007-2009, para el año 2010 el fortalecimiento de dicha infraestructura médica ha continuado aún sin los recursos extraordinarios del programa referido.

v) El informe recomienda continuar y reforzar, en distintas vertientes, las acciones de PREVENISSSTE.

vi) Recomienda el implementar un sistema de estadísticas para la determinación de tablas de mortalidad específicas para los trabajadores y pensionados del Instituto que sean utilizadas en la determinación de rentas vitalicias.

Es importante señalar, para efecto del análisis de la presente proposición con Punto de Acuerdo, que la presentación del mismo se da 73 días después de que tomo posesión el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien nombró el 4 de diciembre de 2012 al licenciado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, como Director General del Instituto, y que el Informe Financiero y Actuarial a que se refiere la presente Proposición con Punto de Acuerdo fue presentada y aprobada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el 23 de junio del 2011, correspondiente a la anterior administración pública federal.

IV. Consideraciones

1. Quienes dictaminamos estamos convencidos de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un organismo importante para la vida institucional de nuestro país, ya que tiene como objetivo primordial el otorgar a los trabajadores del Estado mexicano las prestaciones médicas y de seguridad social necesarias para su subsistencia y desarrollo social y humano.

2. Que uno de los principios fundamentales de todo Estado democrático es la transparencia y el acceso pleno a la información pública por parte de los ciudadanos. La ciudadanía tiene derecho a vivir en una sociedad sin corrupción y con las mayores garantías en la tutela de sus derechos fundamentales por parte de un gobierno honesto.

3. Que el Informe Financiero y Actuarial que tiene que aprobar la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es una muestra del cumplimiento de dichos principios, los cuales están plasmados en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

4. Ante lo expresado por la proponente, en relación a la omisión hecha por el Instituto en el Informe Financiero y Actuarial correspondiente al año 2011, es menester señalar que la misma fue subsanada al ser aprobada por los órganos de gobierno del Instituto, por lo que no resulta procedente la exhortación hecha por la proponente en los términos que ella propone, además de que los titulares de la Junta Directiva y de la Dirección General, en lo que al sector gubernamental corresponde, fueron sustituidos a partir de la entrada en funciones del nuevo Gobierno Federal, por lo que la exhortación debe hacerse en razón de que el Instituto debe aclarar los alcances del referido Informe Financiero y Actuarial en lo que a la viabilidad futura del Instituto se refiere.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que aclare el Informe Financiero y Actuarial correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, respecto de la viabilidad futura del Instituto en los términos del artículo Cuadragésimo Sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de abril del año 2013.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Cándido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Carlos Humberto Aceves y del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Juan Bueno Torio, María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Alfredo Zamora García.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En los que no hay oradores, que en su orden del día son el 6, 9, 14 y hasta el 22, pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados.

Honorable asamblea, esta Legislatura ha trabajado denodadamente durante este año de ejercicio legislativo; hemos abordado temas que son fundamentales para el desarrollo de la normalidad democrática.

DICTAMENES DE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La diputada Luisa María Alcalde Luján(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estoy interviniendo, diputada, ¿me quiere usted interrumpir? La escucho.

La diputada Luisa María Alcalde Luján(desde la curul): Dado el conocimiento de este acuerdo, me parece que hay que solicitar si nos queremos bajar los oradores, para que también se voten los otros puntos de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Con mucho gusto. Estamos a su disposición, la escucho.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Retiramos los oradores.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Retira los oradores, perfecto; entonces, del 1 al 5, 7, 8, 10 y hasta el 13.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL A DESIGNAR AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar al director general del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el martes 26 de febrero del 2013, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a fin de que designe al titular del Instituto Mexicano de la Juventud.

2. En la misma sesión celebrada el martes 26 de febrero de 2013 fue aprobada la proposición, por lo cual el secretario de la Mesa Directiva, diputado Xavier Azuara Zúñiga, dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Juventud para dictamen, mediante el expediente 1323”.

3. El miércoles 27 de febrero del año 2013, la Comisión de Juventud de la LXII Legislatura recibió la proposición con punto de acuerdo y con fundamento en el artículo 182, numeral I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la proposición fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

II. Contenido de las proposiciones

La proposición con punto de acuerdo que envía el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene como finalidad lograr, a través de un exhorto al Ejecutivo federal, que se designe a la brevedad al titular del Instituto Mexicano de la Juventud, luego que desde el sábado 1 de diciembre de 2012 en que el licenciado Enrique Peña Nieto tomó protesta como titular del Poder Ejecutivo, aún no ha designado a quien habrá de coordinar los trabajos del organismo público descentralizado y que es el encargado de promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, es decir, el Instituto Mexicano de la Juventud.

III. Proceso de análisis

Según la Organización de las Naciones Unidas en el mundo hay –actualmente– más de mil millones de jóvenes, es decir, que poco más del 14 por ciento de la población mundial tiene entre 15 y 24 años, si consideramos el derecho comparado internacional para homologar las legislaciones mundiales sobre la edad que comprende el rango juvenil.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y al Censo de Población y Vivienda de 2010, en nuestro país, existen aproximadamente 36.2 millones de jóvenes, de los cuales 17.8 millones son hombres y 18.4 millones son mujeres. Así, los jóvenes de México conforman una tercera parte del total de la población mexicana.

Dicha cifra no puede ser tomada a la ligera y menos aún, cuando en el año de 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el primer Año Internacional de la Juventud, como seguimiento a esta declaración, entre el agosto de 2010 y el mismo mes de 2011 se decretó el segundo Año Internacional sobre el tema. Para el año 2010 la población joven en México representó casi el 32 por ciento de la población total, es decir, un tercio del país, nos referimos a 36.2 millones de jóvenes. En un contexto internacional sólo existen 34 países cuya población supera al número de jóvenes en nuestro país.

Para atender a un sector tan importante de la población en nuestro país, en el año 1999 el Ejecutivo federal creó una instancia encargada de atender a los jóvenes en nuestro país, mismo que denominó Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), que se constituye como organismo público descentralizado desde esa fecha. El Imjuve tiene por objeto promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano.

El Instituto Mexicano de la Juventud es el encargado de definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los 36.2 millones de jóvenes al desarrollo del país; de igual forma, el instituto propone al Ejecutivo federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias. Es decir, es el encargado de impulsar acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes mexicanos.

El tema de la juventud debe ser incluido en todas las agendas, por citar algunos datos que ocupan nuestra atención y esfuerzos, en nuestro país, la economía genera anualmente 300 mil empleos formales y sólo los jóvenes, requerirían 1 millón 200 mil, lo cual los obliga a pertenecer al sector informal, arrojando con esto, que 8 de cada 10 jóvenes en México obtienen ingresos de éste sector, lo cual desemboca en que la tercera parte de la población penitenciaria sean personas menores de 29 años por delitos de robo que en su generalidad no superan los 6 mil pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010 (ENJ-2010).

Desde el lunes 11 de febrero del presente año, el Instituto Mexicano de la Juventud no cuenta con director general que encamine los esfuerzos de la institución. Lo anterior frente a la renuncia del director general del Instituto Mexicano de la Juventud con efectos a partir del lunes 11 de febrero de 2013, que se había desempeñado en el cargo desde el 16 de febrero de 2011, y frente a la falta de designación de un nuevo titular por parte del Ejecutivo federal que lleva ya en funciones más de 100 días contados a partir de la toma de protesta.

Fuentes Bibliográficas

• Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

• Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

• Encuesta Nacional de la Juventud 2010, del Instituto Nacional de la Juventud.

IV. Consideraciones

La importancia del Instituto Mexicano de la Juventud en la materia, reside en el artículo tercero de su propia ley, que a la letra dice:

Artículo 3. El instituto tendrá por objeto:

I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país;

III. Proponer al Ejecutivo federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias;

IV. Asesorar al Ejecutivo federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;

V. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran;

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, y

VII. Fungir como representante del gobierno federal en materia de juventud, ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación.

Cabe destacar tan sólo un par de cifras para entender que el tema de juventud debe ser prioridad y debe ser incluido en todas las agendas. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010 sólo 1 de cada 10 jóvenes dice participar en una organización civil; el 33.6 por ciento de jóvenes entre 15 y 19 años han iniciado su vida sexual; el 48.0 por ciento de mujeres entre 18 y 29 años han estado embarazadas y, el 16.3 por ciento de los jóvenes fuman actualmente. Por su parte la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 revela que más de la mitad de la población joven considera que no se respetan los derechos de los jóvenes. Asimismo, la Encuesta Nacional de Valores en la Juventud 2012, señala que el 52.2 por ciento de los jóvenes consideran que la principal condición para tener éxito en la vida es tener una buena educación. Sobra decir que las cifras son alarmantes y que se requiere de su atención y trabajo constante para ir erradicando los males que aquejan a nuestra juventud.

La labor que despeña el Imjuve no es menor, el tema de la juventud debe ser incluido en todas las agendas. A pesar de saber la importancia que representa dicha institución, a más de 120 días de entrar en funciones la nueva administración federal, el ejecutivo federal no ha designado al titular del Instituto Mexicano de la Juventud, tras la renuncia del ex director general del Imjuve con efectos a partir del lunes 11 de febrero de 2013.

No obstante al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de febrero, el cual establece que el Instituto Mexicano de la Juventud, pasa a ser un organismo sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Social y con ello deja de pertenecer a la Secretaría de Educación Pública, al día de hoy, el instituto no cuenta con un director general que encamine los trabajos y esfuerzos del instituto, así como, con lo dispuesto en el artículo 12, de la ley del propio instituto.

Por lo anterior, conscientes de que las y los jóvenes son un actor fundamental en la construcción de un proyecto de nación que vaya más allá de ideologías, colores, partidos o intereses particulares, y para el correcto funcionamiento del Instituto Mexicano de la Juventud, esta Comisión de Juventud, considera que se debe designar a la brevedad al titular de esta dependencia y que además cubra con los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, así como que la o el titular del Instituto cumpla con un perfil acorde a los fines que persigue dicha institución, es decir, una o un joven mexicano que conozca los problemas a los que actualmente se enfrentan los jóvenes mexicanos y cuente con la preparación para encaminar esta institución de orden federal.

Con base en las opiniones recabadas, y el análisis propio de la Comisión de Juventud, se llegó a lo siguiente:

Es sumamente importante designar a la brevedad a quien habrá de ser el titular de la instancia encargada de atender las necesidades de los jóvenes, dentro de las atribuciones que su marco legal le confiere.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Juventud somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que designe a la brevedad a la directora o director general del Instituto Mexicano de la Juventud y que ésta o éste conozca las problemáticas de la juventud mexicana y cuente con experiencia en la administración pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días de abril de 2013.

La Comisión de Juventud, diputados: José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Heberto Neblina Vega (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel, Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Jorge Salgado Parra (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica).»

CREACION DE UNA BASE DE DATOS CONFIABLE, INTEGRAL Y COMPARTIDA DE NIÑOS Y DE ADOLESCENTES SIN COMPAÑIA REPATRIADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y PROMUEVAN SU PROTECCION MAS ALLA DE LA REUNIFICACION FAMILIAR

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que constituyan una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía repatriados de Estados Unidos de América, y promuevan su protección más allá de la reunificación familiar

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para análisis y dictamen correspondientes la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la SRE, del INM y del DIF que constituyan una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía repatriados de Estados Unidos de América.

Las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 157, 162, 173, 174, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 26 de febrero de 2013, la diputada Flor Ayala Robles Linares del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a constituir una base de datos confiable, integral y compartida entre estas dependencias de niñas, niños y adolescentes sin compañía que sean repatriados de Estados Unidos que promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

Segundo.En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La proponente asevera que el 6 de abril de 1992, México firmó la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que tiene por objeto prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores, regular los aspectos civiles y penales de éste y asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al Estado de su residencia habitual.

Asimismo, afirma que dicho instrumento internacional fue ratificado el 29 de julio de 1994. La importancia de la ratificación, además de los efectos de su obligatoriedad, radica en el creciente y penoso protagonismo de México ante un complejo fenómeno migratorio que tiene en el tráfico de adultos y de menores una de sus vertientes más perniciosas, y vulnera sin piedad la dignidad humana, pues somete a las víctimas a niveles extremos de degradación, como en los casos de explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.

En ese sentido, detalla que el 27 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas. Sin embargo, el Observatorio de Trata de Personas sitúa actualmente a México en el segundo lugar mundial en la comisión del delito de tráfico de personas, superado sólo por Tailandia.

Asevera que, datos de la Procuraduría General de la República revelan que 18 entidades del país concentran 90 por ciento del tráfico de personas. Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados más afectados.

Abunda indicando un escalofriante reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que la trata de personas es uno de los negocios más despreciables y lucrativos del crimen organizado, cuyas ganancias anuales ascienden a más de 30 mil millones de dólares en el mundo. Sus víctimas son 4 millones de personas cada año, principalmente adultas, niñas y niños.

Reconoce que faltan políticas públicas y sociales que desactiven la complicidad y condenen la indolencia, que contribuyen y fomentan la comisión de este delito, y que además protejan y atiendan a las víctimas, en especial a niños y a adolescentes.

Manifiesta que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –en términos de lo señalado en el artículo 2o., fracción II, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano– es la dependencia encargada de proteger, de conformidad con los principios y las normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y de ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas demandas.

Señala también que entre los objetivos estratégicos y las líneas de acción del Instituto Nacional de Migración (INM), están colaborar en el combate de la trata y el tráfico de personas, garantizar el respeto de los derechos de los migrantes, fortalecer y ampliar los grupos de protección de migrantes y establecer instrumentos de capacitación y supervisión a fin de que los servidores públicos del instituto respeten y tutelen los derechos humanos de los migrantes.

Abunda señalando que, los objetivos del DIF comprenden promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la persona, la familia y la comunidad en situación de riesgo o vulnerabilidad social, y difundir y promover el respeto de los derechos de la infancia, en coordinación con organismos internacionales, gobiernos, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.

Considera que el país demanda la implantación y homologación de protocolos que comprometan a las dependencias mexicanas encargadas de recibir a los menores repatriados a asumir una custodia con mayor sentido humano y a uniformar la normativa de los albergues que regulan la atención y la protección de los menores migrantes que se encuentran bajo la custodia del INM, del DIF o de albergues de asociaciones privadas.

En ese sentido, es necesario que las dependencias involucradas en la atención de los menores que intentan cruzar la frontera norte del país sin compañía de un adulto desarrollen y compartan una base de datos integral donde queden registrados los que han intentado hacerlo.

Finalmente, manifestó que la base de datos deberá incluir, entre otros, la información biométrica, el objeto de su traslado y la situación de su detención, cualquier tipo de abuso de los agentes fronterizos de un país u otro, el lugar de origen, las ciudades y las rutas de acceso, los sitios donde ha sido detenido y repatriado el menor, el historial familiar y todos los que sea posible recopilar para estudiar y ampliar el conocimiento del fenómeno de niños y de adolescentes mexicanos sin compañía para, a su vez, determinar con mayor precisión las políticas orientadas a protegerlos.

En consecuencia, someten a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía que sean repatriados de Estados Unidos que promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

Consideraciones

Primera. Las comisiones dictaminadoras comparten plenamente la preocupación de la promovente por lo que consideran pertinente analizar el fenómeno con el fin de tomar una determinación al respecto. Sobre todo, teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

En este tenor, los legisladores de las comisiones dictaminadoras tienen presente que la Convención sobre los Derechos del Niño refiere en el artículo 10 lo siguiente:

1.De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados parte de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.

2.El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 2 del artículo 9, los Estados parte respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente convención.

Así también, en la Ley de Migración, artículo 11, se establece:

En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

En los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos.

Estas comisiones dictaminadoras tienen presente también, que la misma Ley, se encuentra establecido lo referente a la atención de los niños, niñas y adolescentes a través del DIF, por ello se establece:

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal:

I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que requieran servicios para su protección;

II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme a lo previsto en el artículo 112 de esta ley;

III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes; y

IV. Las demás que señale esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Más adelante, también indica en el artículo 74 lo siguiente:

Cuando así convenga al interés superior de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado, dicho niño, niña o adolescente será documentado provisionalmente como Visitante por Razones Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, mientras la Secretaría ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno asistido.

En el reglamento se establecerá el procedimiento que deberá seguirse para la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado.

Segunda. La migración es un fenómeno social, en el cual intervienen múltiples causas de tipo económico, social, político y cultural; un problema mundial que se incrementa considerablemente cada día y que tiene repercusiones en la sociedad, la familia y de manera particular repercute en las mujeres, las niñas y los niños quienes tienen una participación cada vez mayor en el fenómeno.

Como sabemos, la migración infantil también día a día se está incrementando, sin que a la fecha se apliquen las medidas adecuadas que observen ante todo el interés superior de la infancia, los niños y niñas migrantes durante el recorrido para llegar a su anhelado destino, enfrentan engaños, mal­tratos, violaciones, son explotados e inclusive, se reportan casos de reclutamiento por la delincuencia organizada para cometer diversos delitos.

Tercera. Cifras que sin ser exactas, sí nos permiten acercarnos al conocimiento y al asombro por el nivel de omisión que representan, es así que en 2010, se conocieron 15 mil, 540 historias de niñas y niños mexicanos que intentaron cruzar a Estados Unidos sin lograrlo.

En 2011, el gobierno estadounidense entregó a nuestro país a 14 mil 237 niños migrantes no acompañados, de los cuales once mil 520 eran mexicanos y dos mil 717 de otras nacionalidades. La tendencia va en aumento y no sólo en México, por ejemplo en los primeros seis meses de este año Estados Unidos detuvo a 10 mil 5 niños, niñas y adolescentes no acompañados lo que representa más del doble que el año anterior.

Así también, un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicado en mayo del 2011, detalla que la mayoría de los menores son originarios de estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Sonora y Puebla. Noventa por ciento tiene entre 13 y 17 años.

Los niños y las niñas migran por varias razones que en muchos casos, dependen de sus condiciones de vida en su lugar de origen. Encontrándose entre ellas, el huir de situaciones de pobreza y pobreza extrema, la búsqueda de oportunidades fuera de su país. También se incluye los bajos ingresos, la falta de oportunidades educativas y laborales para las y los jóvenes, las familias desintegradas por la migración u otras razones, violencia intrafamiliar o contextos de alta violencia por parte de los grupos de la de­lincuencia organizada.

Cuarta.Ante esta problemática, diversas organizaciones sociales han demandado al Estado mexicano mejorar las condiciones de estancia en los centros de detención en tanto los niños y niñas son canalizados a las instituciones de infancia correspondientes.

Así como la implantación de mecanismos alternativos a la detención de la migratoria de niños, niñas y adolescentes que sean más efectivos y eficientes para proteger y respetar los derechos humanos de la niñez migrante.

Por ello, estas comisiones dictaminadoras estamos convencidas de la justeza y necesidad de la creación de la base de datos que plantea la diputada proponente en la que solicita que las dependencias involucradas en la atención de los menores que intentan cruzar la frontera norte del país sin compañía de un adulto desarrollen y compartan una base de datos integral donde queden registrados los que han intentado hacerlo.

Dicha base de datos deberá incluir, entre otros, la información biométrica, el objeto de su traslado y la situación de su detención, cualquier tipo de abuso de los agentes fronterizos de un país u otro, el lugar de origen, las ciudades y las rutas de acceso, los sitios donde ha sido detenido y repatriado el menor, el historial familiar y todos los que sea posible recopilar para estudiar y ampliar el conocimiento del fenómeno de niños y de adolescentes mexicanos sin compañía para, a su vez, determinar con mayor precisión las políticas orientadas a protegerlos.

En razón de lo expuesto, las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a constituir una base de datos confiable, integral y compartida entre estas dependencias de niñas, niños y adolescentes sin compañía que sean repatriados de Estados Unidos que promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados:Amalia Dolores García Medina, presidenta; Raúl Gómez Ramírez, Martha Berenice Álvarez Tovar, José Everardo Nava Gómez, Javier Filiberto Guevara González, Petra Barrera Barrera, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Luis Alberto Villarreal García, Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez, Noé Barrueta Barón, Salvador Ortiz García, Érika Yolanda Funes Velázquez, Loretta Ortiz Ahlf, María del Socorro Ceseñas Chapa, Marino Miranda Salgado, Lorena Méndez Denis (rúbricas).

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares (rúbrica).»

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PRONUNCIARSE PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES ATIENDAN LA OPINION NUMERO 19/2005, DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, RESPECTO A CINCO CIUDADANOS CUBANOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a pronunciarse por la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las autoridades estadounidenses atiendan la opinión número 19/2005, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, respecto a cinco ciudadanos cubanos

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión haga un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de Estados Unidos de América para se tomen en cuenta la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso, presentada por el diputado José Antonio Mendivil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157 fracción 1, 176 fracción 1, 182Ydemás relativos yaplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión del pleno del martes 19 de febrero de 2013, el diputado José Antonio Mendivil, del Grupo Parlamentario del PRO, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido

Se propone que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realice un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de los Estados Unidos de América para que tomen en cuenta la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los ciudadanos cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert, fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso.

Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictamen. También se consideraron los puntos de acuerdo que en años previos han sido aprobados sobre este tema tanto en el Senado de la República como en la honorable Cámara de Diputados.

Consideraciones

El proponente en su exposición de motivos destaca las siguientes consideraciones:

Que desde el año de 1998, los ciudadanos cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert, han estado encarcelados en Estados Unidos de América por cargos relacionados con sus actividades como agentes de inteligencia del gobierno cubano y enfrentan, a partir del 2001, penas de prisión que van desde quince años hasta cadena perpetua, derivadas de un total de veintiséis cargos, entre ellos: actuar y conspirar para actuar como agentes no inscritos oficialmente de un gobierno extranjero; fraude y uso indebido de documentos de identidad; y, en el caso de tres de los acusados, conspiración para reunir y transmitir información sobre la defensa nacional.

Al respecto, menciona el promovente, el veintisiete de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la opinión número 19/2005, mediante la cual expresó que “La privación de libertad de los señores Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert, es arbitraria, ya que quebranta el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ...”

Por otra parte, en marzo de 2009 fueron presentados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un total de doce documentos de amigos de la Corte (amicus curiae), en apoyo a la petición presentada por la defensa de los cinco cubanos para que la Corte reexaminara el caso.

Por su parte, refiere que México ha manifestado previamente a través del Poder Legislativo, su interés porque este caso sea resuelto con estricto apego a la ley y con respeto pleno a los derechos humanos, mediante el punto de acuerdo presentado en el Senado de la República el veintiocho de septiembre de dos mil seis y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del veintiséis de febrero de dos mil nueve, ambos pronunciándose en el sentido de que las autoridades estadounidenses atiendan la referida opinión número 19/2005.

Agrega que, en octubre de 2010, Amnistía Internacional dio a conocer un informe sobre el caso, en el que concluye que: “La organización considera que los motivos de preocupación expuestos, combinados, suscitan importantes dudas en relación con la imparcialidad de las actuaciones que dieron lugar a su condena, en particular el efecto perjudicial de la publicidad sobre la causa en un jurado de Miami. Amnistía Internacional confía en que todavía sea posible que estas cuestiones se tengan debidamente en cuenta a través de los canales apropiados de apelación. Si el proceso legal de apelación no proporcionara resarcimiento oportuno, y dada la extensión de las penas de cárcel impuestas y el tiempo ya cumplido por los condenados, Amnistía Internacional apoyaría los llamamientos para que las autoridades ejecutivas estadounidenses revisen el caso a través del procedimiento de indulto u otros medios apropiados.”

Es importante señalar que René González, uno de los cinco hombres condenados a quince años de cárcel, fue autorizado en abril de dos mil doce, para encontrarse con su hermano gravemente enfermo de cáncer, en la isla cubana. No obstante, René González regresó a Estados Unidos a terminar de cumplir una condena accesoria de tres años de libertad bajo palabra.

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora, aprecia que ante la posibilidad de que existan las referidas violaciones en los procesos que se les han seguido a los cinco nacionales cubanos, es pertinente emitir un exhorto para que el proceso que se sigue se realice con completo apego a derecho.

La comisión considera oportuno precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción X del artículo 89, establece que corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y para ello observar los principios normativos que la misma determina, entre ellos, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.

Por lo tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores considera procedente que el exhorto sea remitido a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por los conductos diplomáticos pertinentes se pronuncie por que las autoridades de Estados Unidos de América tomen en cuenta la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Conclusiones

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores con base en las consideraciones y argumentos jurídicos que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen con las modificaciones apuntadas, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente

Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de Estados Unidos de América atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con los nacionales cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González L1ort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2013.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán, Agustín Barrios Gómez (rúbrica), Angelina Carreño Mijares, Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Caria Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martin de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

EXHORTO A LA SRE A SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, LA ENTREGA AL GOBIERNO DE MEXICO DE LOS MAS DE 2 MILLONES DE DOLARES DETECTADOS EN LAS ISLAS BERMUDAS A JAVIER VILLAREAL, EX JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE COAHUILA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar –por la Procuraduría General de la República– al Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, una vez concluidos los procesos penales en desarrollo, la entrega al gobierno de México de los más de 2 millones de dólares detectados en las islas Bermudas a Javier Villareal, ex jefe del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por la que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila a que en pleno uso de sus facultades soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América a que les sea entregada los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, presentada por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85,157, fracción I, 176 fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados

Antecedentes

1. En sesión del pleno del jueves 21 de febrero de 2013, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila a que en pleno uso de sus facultades soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América les sean entregados los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila.

2. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido

Solicita que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte de la manera más atenta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila a que en pleno uso de sus facultades soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América que les sean entregados los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila y, en el caso de que sean devueltos dichos recursos, sean destinados a cubrir la enorme deuda estatal que actualmente están pagando los ciudadanos de Coahuila.

Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la información pública disponible al momento de su dictamen. También, tomó en cuenta lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Consideraciones

El proponente señala que Javier Villarreal Hernández, quien se desempeñó como titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, tiene por lo menos tres procesos penales, uno en la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, otro en la Procuraduría General de la República por falsificación de documentos y uno más en Estados Unidos de América por lavado de dinero.

Asimismo, indica en su proposición que durante su encargo al frente del SAT de Coahuila, solicitó diversos créditos, sin contar con la debida autorización del Congreso, lo que contribuyó al endeudamiento del estado por más de 35 mil millones de pesos.

Menciona que el 28 de octubre de 2011, Javier Villarreal fue detenido por la Fiscalía General del de Coahuila y trasladado al Centro de Readaptación Social de Saltillo, Coahuila, acusado de simulación de actos jurídicos, sin embargo, fue liberado al día siguiente.

Asimismo, en febrero de 2012, fue detenido, en la ciudad de Tyler, Texas a 150 kilómetros de Dallas, acusado junto con su esposa de lavado de dinero al encontrárseles 67 mil dólares en efectivo en su automóvil.

Finalmente, indica que derivado de las investigaciones realizadas durante el procedimiento mencionado el Departamento de Justicia y el Servicios de Impuestos Internos de Estados Unidos de América, informaron en días pasados, que se habían detecto en las Islas Bermudas una cuenta por 2 millones 275 mil 544 dólares a nombre de Javier Vi11arrea1.

Al respecto, la Comisión de Relaciones Exteriores considera que el objeto de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen es adecuado, sin embargo, aprecia oportuno precisar que la fracción XI del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores intervenir, por conducto del procurador general de la República en los exhortos internacionales.

Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XI. Intervenir, por conducto del procurador general de la República, en la extradición conforme a la ley o tratados, y en los exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo examen de que llenen los requisitos de forma para su diligenciación y de su procedencia o improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales competentes, y

Por lo anterior, la comisión estima que resultaría eficaz modificar el texto de los resolutivos para quedar en uno sólo y, en primer lugar, determinar que la petición se realice una vez que se hayan concluido los procesos penales actualmente en desarrollo y determinado la culpabilidad del mencionado ex servidor público de Coahuila, en abono de la seguridad jurídica que debe revestir estos procedimientos y para que se establezca jurídicamente el origen de dichos recursos y la pertenencia de éstos al sector público mexicano. Asimismo, para que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores quien realice el exhorto, en coordinación con la Procuraduría General de la República, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Conclusiones

Por lo anterior, los integrantes de Comisión de Relaciones Exteriores con base en las consideraciones y argumentos jurídicos que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen con las modificaciones apuntadas, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por conducto de la Procuraduría General de la República, solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al gobierno de México, de los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2013.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán, Agustín Barrios Gómez, Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Caria Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martin de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

REGULARIZACION DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS ASENTADAS EN EL FRACCIONAMIENTO RINCON DE LAS FLORES, EN REYNOSA, TAMAULIPAS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se solicita al secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas una opinión donde se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en relación con la regularización de vivienda de las familias asentadas en el fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa

Honorable Asamblea:

La Comisión de desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la LXII Legislatura de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de fecha 26 de febrero de 2013, el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas, y al Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que den respuesta a la demanda de regularización de vivienda de las familias asentadas en el fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa, Tamaulipas.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

Primero. El proponente, diputado Humberto Armando Prieto Herrera señala del artículo 4o. de la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la vivienda digna y decorosa, asimismo cita la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo que se refiere a que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, entre otros bienes la vivienda”

Refiere que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en los resultados del censo de vivienda y población de 2010, en México se tiene registro de 35.6 millones de viviendas (Sic), cifra que creció en los últimos diez años. Asimismo, menciona que en el país existen 5 millones de viviendas deshabitadas, siendo Tamaulipas el segundo lugar en porcentaje de viviendas en esta condición.

Segundo. Bajo este contexto señala que doscientas familias en estado de pobreza  tomaron posesión de casas deshabitadas en el fraccionamiento Rincón de la Flores, en Reynosa Tamaulipas, y que solicitan el apoyo del gobernador para que se les otorgue facilidades para la adquisición de las mismas.

De igual manera el proponente hace referencia al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, citando lo siguiente:

...a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho, entre otros, de los siguientes asuntos:

• Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen: La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda;

• Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración;

• Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales y,

• Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a otra dependencia.

Tercero. Menciona que no trata de legitimar la invasión de predios si no de llamar la atención del gobierno de Tamaulipas y del Ejecutivo federal para que se generen las acciones necesarias que den solución a la demanda de vivienda de 200 familias que tomaron posesión de diversas casas deshabitadas del fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa, Tamaulipas.

Cuarto. El punto de acuerdo propuesto por el legislador es el siguiente:

Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador de Tamaulipas y al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el ámbito de sus facultades y competencias den respuesta a la demanda de regularización de vivienda de las 200 familias asentadas en el fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa Tamaulipas o en su caso, instrumenten las acciones administrativas y de política pública necesaria para dotar a dichas familias de los mecanismos y facilidades para la adquisición de una vivienda digna.

Consideraciones

Después de haber analizado los antecedentes y contenido de la proposición vertidos en el dictamen que nos ocupa, esta comisión considera procedente aprobarla con cambios, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Primera. Esta comisión dictaminadora coincide con el objetivo del proponente en el sentido de dar respuesta a las necesidades de vivienda de la población para traducir en una realidad social el derecho constitucional contenido en el séptimo párrafo del artículo 4o. de la Carta Magna.

Segunda. Ahora bien, esta dictaminadora concluye que no tiene elementos de información suficientes para derivar un exhorto a la autoridad estatal y federal de referencia en la proposición en estudio.

Aunado a lo anterior, se estima aventurado que esta soberanía adopte una postura institucional respecto de una situación de la cual se pudieran presumir acciones ilegales, ya que el mismo proponente hace mención que “doscientas familias han sido orilladas por la extrema urgencia y principalmente sus condiciones de pobreza, a tomar la posesión de algunas casas deshabitadas...”

Tercera. De lo anterior y a fin de obtener mayores datos y elementos de información sobre el particular, se estima procedente solicitar una opinión a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado sobre el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos respecto de los hechos descritos en la proposición del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, lo anterior en concordancia con lo dispuesto por el artículo 10, fracción XVI, de la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, que para su pronta referencia se cita textualmente:

Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas

Artículo 10.

1. Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones:

(Última reforma POE número 139 del 22 de noviembre de 2011.)

I. a XV. ...

XVI. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, emitiendo en su caso opinión ante las autoridades competentes;

XVII. a XXXIV. ...

Cuarta. Esta Comisión determina improcedente dirigir un exhorto tanto al Gobernador del Estado de Tamaulipas como al Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno Federal, teniendo como antecedente una situación de la cual se pudieran deslindar responsabilidades y sanciones de tipo jurídico.

Aunado a lo anterior, se estima que de transitar en sus términos el exhorto se estaría violentando los principios del federalismo, plasmados en el artículo 40 de nuestra Carta Magna.

Quinta. Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas una opinión en la que se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en los hechos descritos en la proposición con punto de acuerdo presentada el 26 de febrero de 2013 por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera.

Segundo. Remítase el expediente al titular del gobierno de Tamaulipas y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del gobierno federal para su conocimiento y efectos en el ámbito de sus atribuciones y competencias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de marzo de 2013.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, diputados: Jorge Herrera Delgado (rúbrica), presidente; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez, Hugo Sandoval Martínez, Carlos Sánchez Romero, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Diana Karina Velázquez Ramírez, Martha Edith Vital Vera (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).»

INFORMACION RELATIVA A LAS NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA RESPECTO A NIÑOS EXPATRIADOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los cuales se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores que hagan pública la información relativa a las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos de América respecto a niños expatriados

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 1295 que contiene la proposición con punto de acuerdo para solicitar se hagan públicos los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos de América en materia de personas expatriadas, presentada por el diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 21 de febrero de 2013.

Para efectos legales y reglamentarios, la proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3713-VII, del jueves 21 de febrero de 2013; en esa misma fecha la Mesa Directiva le dictó turno para estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.

En la exposición de las razones que motivan la presentación de la proposición, el diputado proponente expone su preocupación por el elevado número de menores centroamericanos, más de 40 mil anualmente, que migran hacia los Estados Unidos de América y que son repatriados, para los cuales, indica, no hay políticas claras ni instituciones eficaces que permitan enfrentar las problemáticas que enfrentan ni para garantizar su reintegración al núcleo familiar.

Al respecto, señala el proponente, diversos secretarios de estado de nuestro país se han reunido con autoridades federales y estatales norteamericanas para discutir este problema, sin que se hayan hecho públicos los acuerdos suscritos, para establecer una “...política corresponsable que incida en la reinserción familiar de las personas deportadas y, específicamente, de aquellos menores quienes, dejando atrás su patria y su familia, buscan mejores condiciones que les permitan elevar su calidad de vida.”

Con este fin, acompaña la proposición con dos puntos de acuerdo, en los siguientes términos:

Primero. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información respecto a las negociaciones que se han establecido con el gobierno de los Estados Unidos de América respecto a los niños expatriados.

Segundo. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información respecto a los programas y acciones implementados para la reintegración familiar de los menores mexicanos y centroamericanos deportados por el gobierno de los Estados Unidos de América a nuestro país.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora comparte con el proponente la preocupación por la situación de las personas, especialmente las niñas, los niños y adolescentes, nacionales y de otros países, que se ven precisados a emigrar a los Estados Unidos de América, y que por su situación migratoria irregular son repatriados a nuestro territorio.

Se comparte, también, la preocupación por contar con una política corresponsable e integral con aquél país, para dar respuesta a las múltiples problemáticas que estas personas deben enfrentar, para la protección de sus derechos y la asistencia que requieran.

En el análisis realizado de la propuesta en el pleno de la comisión se expuso que tal situación no la viven únicamente infantes de Centroamérica y de nuestro país –reconociendo que son la gran mayoría- sino que también viven tal situación niñas, niños y adolescentes de Sudamérica, del Caribe e incluso de otras latitudes. Por ello consideramos que la redacción del Acuerdo Segundo debe excluir especificar la nacionalidad para así no dejar fuera a ningún infante, sabiendo que ese es el espíritu de la propuesta, por lo que la letra debe estar en armonía con la intención; además cambiar el término menores, por no ser pertinente, por el concepto adecuado.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Asuntos Migratorios somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información respecto a las negociaciones que se han establecido con el gobierno de los Estados Unidos de América respecto a niños, niñas y adolescentes expatriados.

Segundo. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información respecto a los programas y acciones implementados para la reintegración familiar de niños, niñas y adolescentes deportados por el gobierno de los Estados Unidos de América a nuestro país.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica).»

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL A INTEGRAR EN EL MARCO DE LA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO POLITICAS PUBLICAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo políticas públicas sobre cambio climático

Dictamen que emite la Comisión de Cambio Climático, de conformidad con lo establecido por el artículo 39, artículo 45 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal, para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático, al tenor de los siguientes

Antecedentes

• Que en fecha 7 de marzo de 2013, se presentó proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal, para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

• Que en esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada promovente, manifiesta la necesidad de concebir tanto legislación nacional como acciones internas suficientes para satisfacer de iure y de facto la implementación de políticas en tecnologías renovables así como aquellas encaminadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, reitera el compromiso o meta de nuestro país de reducir para el año 2020, el 30% de las emisiones con respecto a aquellas emitidas en el año 2000, y lograr que la reducción llegue a 50% para 2050.

Menciona que además de la implementación de la ley, se requiere que los tres órdenes de gobierno, trabajen conjuntamente para lograr los compromisos. Debiendo incluir e incentivar al sector social y privado en la participación directa en las políticas y mecanismos de tecnología renovable.

Hacen mención que el Programa Especial de Cambio Climático, deberá contener la planeación sexenal en cuanto a metas de adaptación y mitigación.

Sin un Plan Nacional de Desarrollo, incluyente que indique las directrices para alcanzar los compromisos en esta materia, será imposible concebir los mecanismos de implementación establecidos en la Ley General de Cambio Climático.

Destacando las actividades o políticas para evitar la deforestación, manejo de residuos, generación de energía limpia, transferencia de energía, homologación de los marcos jurídicos, así como la implementación de reglamentos.

Finalmente termina su presentación de argumentos al punto de acuerdo, solicitando se exhorte al Ejecutivo Federal a que integre de manera transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, políticas públicas que permitan cumplir con los compromisos y aspiraciones establecidos por la Ley General de Cambio Climático y por los Acuerdos Internacionales aprobados por México.

Consideraciones de la comisión

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos con la diputada Proponente, en el sentido, de que se requieren de acciones para llevar a cabo los objetivos planteados en la Ley General de Cambio Climático.

Que no podemos dejar solo la parte legal, aislada de las acciones concretas y más aún cuando se requiere que estas mismas sean coordinada o llevadas a cabo por los tres órdenes de gobierno.

Es decir, debe verse al tema del cambio climático, como un tema global que requiere la participación de los diversos ordenes de gobierno, así como de los sectores interesados o involucrados en el tema, no obstante, también se requiere de la participación de la sociedad o individuos, toda vez que acciones pequeñas, hacen grandes cambios si se considera la integralidad.

Por otro lado debemos precisar que el Programa especial de cambio climático, estuvo vigente hasta el mes de noviembre de 2012, por lo cual, debemos buscar que los objetivos y metas contenidos en la Ley General de Cambio climático, persigan los mismos fines que los establecidos como principales ejes en el Pacto por México que dice:

Pemex como eje de la lucha contra el cambio climático.

Se hará de Pemex uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático, aplicando una estrategia que desarrolle energías renovables y ahorre energía.

(Compromiso 60)

2.4. Desarrollo Sustentable.

El cambio climático es un reto global que se debe enfrentar con responsabilidad y realismo. Es necesaria una nueva cultura y compromiso ambiental que modifique nuestro estilo de vida, la forma en que se produce, consume e incluso se desecha.

Para lograrlo, se realizarán las siguientes acciones:

• Transitar hacia una economía baja en carbono.

• Replantear el manejo hídrico del país.

• Mejorar la gestión de residuos.

Así mismo, debemos recordar que en el sexenio anterior, ya se establecían en el PND, en el Eje 4 Sustentabilidad Ambiental, en su apartado 4.6 Cambio Climático, el:

Objetivo 10

Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Que entre las estrategias a desarrollar se estipularon:

• “Impulsar la eficiencia y tecno­logías limpias (incluyendo la energía renovable) para la generación de energía”,

• “Promover el uso eficiente de energía en el ámbito doméstico, indus­trial, agrícola y de transporte”,

• Impulsar la adopción de estándares internacionales de emisiones ve­hiculares.

• Fomentar la recuperación de energía a partir de residuos.

Por último, en el anterior PND, se desarrollaron actividades tendientes a combatir el cambio climático, tal y como se establece en su Objetivo 11, Impulsar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático.

Es por lo anteriormente expuesto, que los integrantes de esta Comisión dictaminadora, debemos no exhortar, al Poder Ejecutivo a integrar políticas pública sobre el cambio climático, pero si consideramos prudente hacerle una atenta solicitud, para que en el proceso de consulta que se está llevando a cabo para recibir las opiniones de los diversos sectores o interesados, retome aquellas que propongan acciones de combate a este tema tan delicado y a la vez de continuidad a los ya establecidos en el pasado PND.

De esta manera los integrantes de esta Comisión dictaminadora, sometemos a consideración de la Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita al Ejecutivo Federal para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre y de continuidad a las políticas públicas transversales sobre Cambio Climático, que permitan cumplir con los compromisos adquiridos en la Ley General de Cambio Climático y los Acuerdos Internacionales suscritos y ratificados por México.

Palacio Legislativo, a 2 de abril de 2013.

La Comisión de Cambio Climático, diputados: Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Román Alfredo Padilla Fierro, Hugo Mauricio Pérez, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretarios; Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica en abstención), Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).»

FALLAS EN EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE TELCEL, FILIAL DE AMERICA MOVIL, EL 26 DE ENERO DE 2013

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a adoptar las medidas conducentes a garantizar que se brinde el debido seguimiento de atención de las quejas presentadas por usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía móvil de Telcel, filial de América Móvil, el 26 de enero de 2013

Honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, numeral 1, fracción VI, y 84, y en cumplimiento de lo establecido por los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 176, numeral 1, fracción I, y 180, numerales 2 y 3, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Comunicaciones somete a consideración del pleno el presente dictamen a partir de los siguientes antecedentes de trámite, método y consideraciones:

I. Antecedentes de trámite

1. En la sesión ordinaria del 12 de febrero de 2013 se dio cuenta al pleno de esta Cámara de Diputados de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a dar seguimiento a las quejas presentadas por usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía prestado por la empresa Telcel, filial de América Móvil, el 26 de enero del 2013, presentada por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó turnar la proposición a la Comisión de Comunicaciones para dictamen, mediante oficio número DGPL 62-II-5-47, y expediente número 1246, recibido el 13 de febrero del 2013 en esta comisión que dictamina.

I. Método

Los legisladores que integran esta comisión procedieron a la investigación de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar acerca de su pertinencia y atingencia y proponer al pleno la presente resolución, teniendo a la vista y en cuenta las disposiciones administrativas y reglamentarias vigentes aplicables a la acción objeto del exhorto, determinando en primer término las atribuciones y la competencia de la autoridad a la que concierne, así como los lineamientos que regulan la prestación de servicios de telefonía móvil, a efectos de valorar la justificación del mismo. Una vez definido el contenido que se describe sucintamente, se identificó que el problema planteado en la proposición consiste en hacer exigible que la autoridad competente intervenga para resolver las deficiencias en la prestación del servicio que son imputables a los concesionarios y que producen daño generalizado a los usuarios, tal como se argumenta en las consideraciones.

III. Contenido de la proposición

La diputada proponente justifica el objeto del exhorto que propone haga esta Cámara a la autoridad competente en razón de la magnitud del daño causado a los usuarios suscriptores del servicio de telefonía prestado por la empresa concesionaria denominada Radio Móvil Dipsa, SA de CV, comúnmente conocida como Telcel, debido a las fallas registradas en su prestación incluida la suspensión durante un lapso de tiempo de más de 24 horas, daño que afirma fue resentido especialmente entre usuarios que habitan o realizan sus actividades en las delegaciones de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán en el Distrito Federal. La proponente afirma que la anomalía señalada fue confirmada y reconocida por el comisionado presidente en funciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de la administración pública federal facultado por la ley en la materia para proponer la imposición de sanciones y medidas correctivas conducentes por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones autorizados para prestar entre otros los servicios de telefonía móvil celular.

El hecho que motiva el acuerdo que se propone cobra relevancia en la medida en que se considera, de acuerdo con la exposición de la proponente, por un lado el tamaño del mercado de servicios de telefonía, medido por el número de usuarios y de otro lado, por tratarse de un daño causado por un operador incumbente con poder sustancial de mercado, cuya alta concentración económica en términos de los agentes económicos que concurren se traduce en una deficiente competencia económica, altos precios y baja calidad de los servicios en México, en comparación con países que como el nuestro integran también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La medida propuesta es justificada, en consecuencia, para hacer exigible que la autoridad proceda a frenar abusos hacia los usuarios y no quede impune el daño ocasionado a ellos, sentando el precedente de que se hace necesaria una vigilancia efectiva por parte de la autoridad competente.

IV. Consideraciones de dictamen

1. Esta comisión coincide en el criterio de la proponente y, en su criterio, el acuerdo propuesto es pertinente y se justifica plenamente, en razón de que la autoridad es competente y dispone de las facultades y atribuciones necesarias y suficientes para intervenir de manera estricta ante la anomalía o las irregularidades en la prestación del servicio y hacer exigible a los concesionarios el cumplimiento de las condiciones y términos estipulados en el título de concesión y las demás establecidas por las disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

2. En el criterio de esta comisión es inamisible que hechos como el que motivan el acuerdo para exhortar a la autoridad, queden impunes, sin fincar responsabilidad y, más aún, adoptar las medidas resarcitorias y preventivas para evitar que se repitan. Es claro que cuando se trata de un concesionario de telefonía que presta servicio a alrededor del 70 por ciento del total de los usuarios o consumidores del mismo, la magnitud del daño causado requiere de la intervención oportuna y eficaz de la autoridad que regula su funcionamiento y operación, con independencia de que no todos los afectados concurran a presentar su propia queja.

3. Esta comisión concluye que es procedente que esta Cámara haga un enérgico llamado a la autoridad competente para que, con oportunidad, eficiencia e imparcialidad, deslinde responsabilidad y comprometa brindar el debido seguimiento a las medidas para corregir y, en su caso, resarcir los daños provocados por las anomalías o irregulares en que se incurra en la prestación de los servicios de telefonía móvil celular.

Por lo expuesto, esta Comisión coincide en la pertinencia y atingencia del exhorto que se propone, y en congruencia somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a adoptar las medidas conducentes para asegurar que se brinde el debido seguimiento de atención de las quejas presentadas por los usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía móvil prestado por la compañía Telcel, filial de América Móvil, el pasado sábado 26 de enero del 2013, así como a adoptar las acciones preventivas en el marco de la Ley y las disposiciones normativas aplicables en la materia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 16 de abril de 2013.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), presidente; Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica), Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Martha Manrique Martha (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas, María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), Agustín Alonso Raya (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), Jaime Bonilla Valdés (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica).»

EXHORTO A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A CONSOLIDAR LAS AREAS DE SERVICIO LOCAL CORRESPONDIENTES A BAJA CALIFORNIA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a consolidar las áreas de servicio local correspondientes a Baja California

Honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, numeral 1, fracción VI, y 84, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 176, numeral 1, fracción I, y 180, numerales 2 y 3, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del pleno el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite, método y consideraciones:

I. Antecedentes de trámite

1. En la sesión ordinaria del 19 de febrero de 2013 se dio cuenta al pleno de esta Cámara de Diputados de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, sean consolidadas las áreas de servicio local de telefonía correspondientes, por un lado a Tijuana-Tecate y, por el otro, a Tijuana-Playas de Rosarito, en Baja California, de manera que ya no sean consideradas de larga distancia, presentada por el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó turnar la proposición a la Comisión de Comunicaciones para dictamen, mediante el oficio número DGPL 62-II-3-453 y el expediente 1281, recibido el 20 de febrero de 2013 en la comisión que dictamina.

3. En la sesión ordinaria del 12 de marzo de 2013 se dio cuenta al pleno de esta Cámara de Diputados de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se lleve a cabo la consolidación de las áreas de servicio local de telefonía en Baja California, presentada por el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez y suscrita por diputados por Baja California del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

4. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó turnar la proposición a la Comisión de Comunicaciones para dictamen, mediante el oficio número DGPL 62-II-1-0737 y el expediente 1501, recibido el 13 de marzo de 2013 en la comisión que dictamina.

II. Método

La Comisión de Comunicaciones procedió al estudio y elaboración del dictamen determinando para, en primer término, proponer la resolución respecto de ambas proposiciones conjuntamente, en razón de que tienen el mismo objeto y corresponden al mismo tipo de intervención que se propone a esta Cámara adopte ante el asunto; otra razón para ese tratamiento y para el desahogo conjunto de las proposiciones reside en que la misma acción requerida corresponde a las mismas dependencias de la administración pública federal aludidas y, adicionalmente, el asunto respecto del cual se propone hacer el exhorto afecta a la misma entidad federativa del país.

La comisión verificó, en segundo término, que efectivamente las dependencias públicas destinatarias del exhorto que se propone, son competentes y responsables de resolver sobre el asunto, de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Para resolver sobre el asunto, la comisión, en tercer término, tuvo en consideración las políticas públicas y los programas de acción que la dependencia del ramo competente, a través del órgano regulador invocado, han desarrollado en materia de consolidación de áreas locales de servicio de telefonía en el territorio nacional, disponiéndose de información relevante y actualizada, como resultado de la reunión de trabajo que la comisión que dictamina llevó a cabo con el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de la administración pública federal, el 9 de enero de 2013, entre cuyos asuntos tratados se destaca precisamente el relativo al estado que guarda, avances y problemas para proceder a la consolidación de áreas de servicio local de telefonía en el país.

Con base en tales tareas, los integrantes de la comisión que dictamina procedieron al estudio de los planteamientos de las proposiciones, a fin de valorar su contenido, deliberar acerca de su pertinencia y atingencia y proponer al pleno la presente resolución, con base en el siguiente procedimiento y consideraciones:

III. Contenido de las proposiciones

1. Por lo que se refiere a la proposición descrita en el primer antecedente de este dictamen, el acuerdo propuesto es justificado por el proponente en razón de la afectación económica que han padecido los habitantes de Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, Baja California, como resultado del precio cobrado por el concesionario que presta el servicio de llamadas telefónicas entre esos municipios, en los cuales se concentra, en conjunto, 55 por ciento de la población del estado, es decir la población conjunta afectada por este problema es del orden de 1 millón 751 mil 430 habitantes (de los que 101 mil 079 habitantes corresponde a Tecate, 90 mil 668 habitantes a Playas de Rosarito y 1 millón 559 mil 683 a Tijuana), de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda levantado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Cabe destacar el hecho, descrito por el proponente, de que el concesionario para brindar el servicio de telefonía en esta región, que comprende parte de Sonora y la totalidad de Baja California, es la empresa denominada “Teléfonos del Noroeste”, que es filial de Teléfonos de México y que inició el proceso de consolidación en 1998 sin que a la fecha lo haya concluido, de allí que el problema a resolver en este caso consiste en la afectación para la economía de las familias residentes, con el impacto social ya señalado, que pudo haber sido resarcido con bastante antelación, puesto que la autoridad es competente para determinar las áreas del país a las cuales corresponde integrar en el programa de consolidación de áreas de servicio local.

El objeto del acuerdo propuesto es, en último término, contribuir al desarrollo socioeconómico de la región, logrando beneficios para la mayoría de la población; a su vez, la consolidación constituye parte de los planes de desarrollo anuales y quinquenales de las empresas que brindan estos servicios, esta obligación tiene su fundamento en la Ley Federal de Telecomunicaciones y en los propios títulos de las concesiones otorgados.

2. En cuanto a la proposición presentada por los diputados por Baja California del PRI, en 1998, la Comisión Federal de Telecomunicaciones emitió la resolución para que mil 464 grupos de centrales de servicio local se consolidaran en 397 áreas de servicio local, entendidas como el área geográfica al interior de la cual se presta el servicio local. Este proceso se ejecutó a lo largo de 3 años, desde 1999 hasta 2002.

Las áreas de servicio local de Baja California se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

1. El área de servicio local número 4 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 664 y comprende Tijuana.

2. El área de servicio local número 5 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 686 y comprende Mexicali y la población de la Rumorosa, excepto el área geográfica que contiene a las poblaciones de Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria, Benito Juárez. Hermosillo, Querétaro y Saltillo, que pertenecen a la ASL número 8.

3. El área de servicio local número 6 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 646 y comprende el área geográfica que contiene a las poblaciones de Ensenada, Maneadero, Ejido Esteban Cantú, La misión, Francisco Serrano, San Vicente y Valle de las Palmas.

4. El área de servicio local número 7 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 665 y comprende Tecate, excepto el área geográfica de la población de la Rumorosa y del Valle de las Palmas.

5. El área de servicio local número 8 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 658 y comprende el área geográfica que contiene las poblaciones de Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria, Benito Juárez, Hermosillo, Querétaro y Saltillo, en Mexicali.

6. El área de servicio local número 9 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 616 y comprende Ensenada, excepto el área que contiene las poblaciones de Ensenada, Maneadero, Ejido Estaban Cantú, La Misión, Francisco Serrano y San Vicente.

7. El área de servicio local número 395 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 661 y comprende Playas de Rosarito.

Ahora bien, según los proponentes, el 11 de enero de 2006, a fin de continuar atendiendo las solicitudes de consolidación de áreas, la Comisión Federal de Telecomunicaciones emitió la resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones determina los lineamientos que deberán observarse para modificar las áreas de servicio local.

Ante esa resolución, las empresas Teléfonos de México, SAB de CV, y su filial Teléfonos del Noreste, SA de CV, promovieron sendos juicios de nulidad y obtuvieron la suspensión del acto reclamado, por lo que nunca se lograron ejecutar las consolidaciones que marcaba dicha resolución.

Frente a esta situación, dicen los legisladores, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el 28 de agosto de 2012, abrogó la resolución mencionada y solicitó el sobreseimiento de los juicios de nulidad, promovidos por las Empresas Teléfonos de México, SAB de CV (juicio 11/11-EOR-01-2), y Teléfonos del Noreste, SA de CV (juicio 11/11-EOR-01-2), ante la Sala Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad del Estado, del Tribunal Federal de-Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de estar en la posibilidad de continuar con el proceso de consolidación de las áreas de servicio local.

Por lo anterior, los diputados promoventes, proponen que la consolidación de las áreas de servicio local de Baja California considere la reducción de áreas de 7 a 4, con la siguiente distribución territorial:

1. Un área de servicio local que abarque Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, excepto la población de La Rumorosa y la de Valle de Palmas.

2. Otra área de servicio local que abarque Mexicali y la población de La Rumorosa.

3. Una tercera área de servicio local que contemple el área geográfica de las poblaciones de Ensenada, Maneadero, Ejido Esteban Cantú, La Misión, Francisco Serrano, San Vicente y Valle de Palmas.

4. Una cuarta área de servicio local que abarque las demás poblaciones de Ensenada, salvo las consideradas en el área de servicio local anterior.

IV. Consideraciones de dictamen

1. Esta comisión coincide en el criterio del proponente y cree pertinente realizar el exhorto solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que se atienda la problemática expuesta en el cuerpo de las proposiciones en estudio.

2. De igual forma, en el criterio de esta comisión que dictamina, la equiparación del actual servicio de larga distancia a servicio de telefonía local repercutirá en la elevación de la productividad de las empresas, del ingreso real de los hogares, como consecuencia de la reducción del costo de ese servicio, y en el mediano plazo en el dinamismo de la economía de la región que estos tres municipios constituyen, lo que además contribuye a reducir las disparidades del desarrollo entre ellos y otras zonas de ese estado.

3. Desde el punto de vista de la comisión que dictamina no es irrelevante considerar, para efectos de determinar la procedencia de la medida propuesta en el acuerdo, que el problema a resolver concierne a un servicio que satisface sin duda alguna una necesidad primaria cotidiana para la población, que tiene impacto en el ingreso-gasto de las familias y que repercute en el costo de las actividades económicas y productivas, de allí que al tratarse de un mercado relevante al que concurren un agente con poder económico sustancial, se justifica plenamente, en consecuencia, el establecimiento de las medidas establecidas en estos casos de la autoridad encargada de regular dicho mercado.

4. Cabe señalar que esta petición se ha venido realizando constantemente y como ejemplo podemos mencionar los puntos de acuerdo que presentó y promovió el diputado federal con licencia Fernando Castro Trenti el 6 de julio de 2011 y el 27 de septiembre de 2012, mediante los que se exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 y éstas sean consideradas llamadas locales.

Además, el pasado 19 de diciembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de esta comisión con similar temática, sentando así un precedente importante en la solución de esta problemática que afecta a muchos municipios en el país.

5. Por último, cabe destacar que así como no escapa a la comisión dictaminadora el hecho que el 20 de marzo de 2013, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprobó el anteproyecto para consolidar áreas de servicio local en el país, mediante el cual se espera pasar de 397 áreas de servicio local que hay actualmente a un total de 173, en un periodo máximo de 18 meses; tampoco se pasa por alto que dicho anteproyecto será enviado en los próximos días a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para el desahogo del proceso de mejora regulatoria, el cual incluye una consulta pública para recibir los comentarios de los interesados, por lo que todavía no surte sus efectos jurídicos plenamente y no se puede asumir que la materia del presente dictamen ha quedado atendida o superada de ninguna forma.

Es más, el presente dictamen busca que la Comisión Federal de Telecomunicaciones continúe impulsando la consolidación de las áreas de servicio local que así se considere prudente y que este proceso se realice lo más pronto posible.

Por lo expuesto, esta comisión coincide en la pertinencia y atingencia del exhorto que se propone, y en congruencia, somete a consideración del pleno de la Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se lleve a cabo con la mayor brevedad el proceso de consolidación de las áreas de servicio locales de Baja California, reduciendo así el número de claves de larga distancia en el estado y logrando que las comunidades cercanas, geográfica mente hablando, se comuniquen de manera más eficiente y económica.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 10 de abril de 2013.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), presidente; Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica), secretarios; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas, María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica).»

EXHORTO A LOS EJECUTIVOS LOCALES A FORTALECER Y VIGILAR DE MANERA RESPONSABLE LA APLICACION DEL CODIGO ESPERANZA O SU EQUIVALENTE EN LOS RESPECTIVOS ESTADOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos locales a fortalecer y vigilar de manera responsable la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en los respectivos estados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos estatales para que, de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados,presentada por el diputado José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 12 de marzo de 2013, el diputado José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos Estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.

Segundo.En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

El diputado proponente señala que ante el reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes, los gobiernos de los países del mundo, han fortalecido la cooperación internacional, a través del intercambio e implementación de experiencias exitosas, enfocadas al combate y sanción de diversos ilícitos, como la trata de personas, el narcotráfico, la privación ilegal de la libertad, entre otros, que afectan la integridad personal, la seguridad, la vida y la dignidad humana.

En ese sentido, detalla que lo anterior exige, contar con un marco legal que contenga políticas públicas de prevención como de protección y asistencia a las víctimas, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes.

Informa que en los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García del estado de Nuevo León, acordaron la aplicación del programa “Código Esperanza” para la búsqueda inmediata de menores extraviados dentro de estos tres municipios.

Abunda indicando que este “Código Esperanza” tiene como base el programa Internacional Alerta Amber desarrollado en Dallas, Texas, Estados Unidos de América en 1996, por iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su hija, con apoyo de la ciudadanía y medios de comunicación.

El diputado proponente considera que es necesario activar y fortalecer el Código Esperanza en todos del estados de la República para la búsqueda y localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.

Así también, indica que este Código debe sumar todos los esfuerzos interinstitucionales, fomentando la coordinación y cooperación entre las entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanos en general.

Añade que, al igual que la Alerta Ámber, el Código Esperanza debe sensibilizar y concientizar a la sociedad en general, sumando miles de ojos y oídos para ver, escuchar y apoyar en esta tarea, con la finalidad de promover acciones en conjunto con las autoridades, obteniendo así, una herramienta eficaz de difusión, que contribuya en la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.

Los objetivos específicos de Código Esperanza serán:

1. Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes con estricto apego al interés superior del niño y salvaguarda de sus derechos humanos.

2. Establecer la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y otros sectores involucrados, desde el ámbito de sus respectivas competencias, para la puesta en marcha de este Programa.

3. Potenciar la coordinación de acciones intra e interestatales, que permitan la inmediata recuperación de niñas, niños y adolescentes.

4. Crear un documento modelo para la implementación del Programa, en las 32 entidades federativas.

5. Capacitar al personal involucrado en la operación del Programa, con la finalidad de que adquieran conocimientos y habilidades para la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes.

Abunda señalando que cada entidad federativa contaría con una Coordinación Estatal del Código Esperanza, que estará a cargo de la persona que designe el titular de la Procuraduría General de Justicia de cada Estado o Fiscalía respectiva, y fungirá para efectos del Protocolo como enlace Esperanza.

Agrega además que las funciones de dicha Coordinación Estatal serían en primer lugar, determinar los casos de la activación, actualización y desactivación del Código. En segundo lugar coordinar al interior de su territorio los diversos sectores participantes, así como conformar un Subcomité de Evaluación y Seguimiento y un Subcomité Consultivo y de Supervisión. De manera enunciativa pero no limitativa, los Protocolos Estatales deberán integrar a los homólogos de las dependencias de la Administración Pública Federal que integran el Programa Nacional. En tercer lugar, remitir el reporte correspondiente de cada caso activado a la Coordinación Nacional.

Para lograr los objetivos de dicho protocolo, es fundamental la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, organismos públicos autónomos, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, considerando siempre la inclusión de otros participantes que manifiesten su voluntad de adherirse al programa.

En consecuencia, someten a la consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los Ejecutivos estatales para que de manera corresponsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. constitucional determina el principio de Convencionalidad , en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal es caso de la Convención de los Derechos del Niño.

De esta manera, los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales suscritos ratificados por México, se elevan a rango constitucional.

Asimismo, la reforma constitucional al artículo 1º establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Por otro lado, existe el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Con base en el anterior artículo constitucional se integra el interés superior de la niñez, estableciéndose como obligación del Estado, velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Segunda. Existen diversos instrumentos internacionales que establecen el marco de principios y obligaciones relativos al principio del interés superior de la niñez, entre los que se encuentra; la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue suscrita y ratificada por el Estado Mexicano, misma que refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas y los niños, a saber, el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen.

Dicha Convención establece en su artículo 3, lo siguiente:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2.Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Así también, en los artículos 35 y 36 de la Convención se establece que;

Artículo 35

Los Estados parte tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.

Artículo 36

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.

Tercera. La Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, refiere en su a rtículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

A.El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual.

B.La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata.

C.Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados.

Cuarta. Es necesario reconocer que aun cuando nuestro país ha logrado adelantos en favor de la infancia y la adolescencia, como el acceso a servicios esenciales de educación, salud, seguridad social y protección de derechos humanos, hay aún aspectos que lejos de ser solucionados representan mayor riesgo para nuestras niñas, niños y adolescentes. Específicamente, nos referimos al robo, secuestro y sustracción ilegal de menores que se ha convertido en un grave problema que se incrementa día a día.

En nuestro país no existen estadísticas oficiales del robo de niñas, niños y adolescentes, tampoco existen las instancias necesarias para que los familiares de estas niñas, niños y adolescentes que han sido robados denuncien y sean apoyados con agilidad para su localización, generalmente se atiende lo referente a las demandas de las personas desaparecidas o extraviadas después de transcurridas 48 horas, tiempo suficiente para que la niña, el niño o adolescente, si fue secuestrado, privado de su libertad, robado, o etc., pueda ser llevado a cualquier lugar de la República o del extranjero. De aquí la necesidad de implementar la Alerta Amber o Código de la Esperanza a nivel Nacional y monitorear cotidianamente su funcionamiento y correcta aplicación.

Al parecer, a ninguna autoridad le conviene tener datos precisos, si los hubiera sería una llamada de atención para la ciudadanía, y para ellos, ya que los evidenciaría socialmente de la existencia del problema y su falla en la previsión, atención y erradicación del mismo, comprometiéndoles a elaborar políticas públicas que llevarán a enfrentar multidisciplinariamente la solución a este problema social.

Se considera que las y los niños robados aparentemente son utilizados en adopción ilegal, explotación sexual y comercial infantil, para dirigirlos a las peores formas de trabajo infantil, e incluso hay quien afirma que para tráfico de órganos y drogas. De cualquier forma y cualquiera que fuera el fin de su sustracción, la desaparición de niños supone una vulneración de las garantías de seguridad que debe brindar el Estado a los ciudadanos, sobre todo porque pueden estar vinculados a otros delitos como el secuestro y explotación sexual infantil. Además de eliminar sus derechos humanos y en muchos casos verse sometidos a la moderna forma de esclavitud que es la trata de personas.

Quinta. La seguridad, los derechos humanos y la garantía del interés superior del niño requiere sin duda, necesariamente, que los Ejecutivos Estatales no sólo cumplan con Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino con los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de que implementen los programas y acciones necesarias para garantizar el pleno desarrollo y seguridad de la niñez y adolescencia del país.

Finalmente, ésta Comisión de Derechos de la Niñez considera que es necesario aprobar el exhorto del iniciante, ya que todo acto que incluya acciones que garanticen mayor protección y beneficio para las niñas, niños y adolescentes del país será recibida con beneplácito, pues la necesidad de mejorar sus condiciones de seguridad y calidad de vida de esta población, es un reto que debemos apostar a superar cotidianamente.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Ejecutivos Estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez.»

PROGRAMAS DE EDUCACION SEXUAL A MENORES DE EDAD EN LAS ESCUELAS DEL PAIS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades a aplicar programas de educación sexual a menores de edad en las escuelas del país

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de aplicar programas de educación sexual a menores en las escuelas del país, presentada por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 14 de febrero de 2013, el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de aplicar programas de educación sexual a menores en las escuelas del país.

Segundo.En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

El diputado proponente expone que, el pasado domingo 27 de enero del presente año, ingresó al Hospital de Occidente, localizado en Guadalajara, Jalisco, una niña cuya edad oficial es de 9 años, aunque existe presunción de que tal vez tenga entre 12 y 14 años efectivos. La menor se encontraba embarazada, y sorprendentemente la madre de esta niña, aseguro que ella no se había percatado de la situación sino hasta los siete meses de la gestación, actualmente se manejan 2 hipótesis respecto a la paternidad de la recién nacida, una es que fue su novio, y la otra que abuso de ella el padrastro con el que vivía. En cualquiera de los dos casos, el responsable podrá enfrentar cargos por diversos delitos como violación, corrupción de menores o abuso sexual.

Abunda el legislador indicando que diversas autoridades tanto estatales como municipales, han tratado de contactar a la familia para brindarles asistencia médica y psicológica, sin embargo, estos decidieron moverse de residencia al sentirse perseguidos.

Indica que según información proporcionada, en 2011 en Jalisco, 465 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, y a nivel nacional en ese mismo año, más de 182 mil adolescentes de entre 15 y 17 años tuvieron un hijo, de las cuales 11500 tenían entre 10 y 14 años de edad.

Señala también que, es claro que en México tenemos un alarmante rezago en el tema de educación sexual, un estudio realizado en julio de 2011, por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la honorable Cámara de Diputados, señalo que el 15% de la población de entre 12 y 17 años de edad, afirmó tener una vida sexual activa, y de los cuales el 84% la inició a los 15 años o antes.

Menciona que estos datos resultan preocupantes, además debemos también considerar que entre el 2000 y el 2011 la tasa de natalidad con madres adolescentes (hasta los 20 años), se ha incrementado más del 2%, pasando de 17.1 a 19.2, lo cual demuestra que no ha habido avance alguno en la prevención de embarazos no deseados entre adolescentes.

Reitera que de las 400 mil menores de 18 años que se embarazan cada año, 14 mil se ve en la necesidad de abandonar la escuela. Esto puede llegar a repercutir de manera definitiva en el aspecto económico de la adolescente. Recordemos también que según estudios realizados, el 67% de las hijas que nacieron con una madre adolescente, también tendrá hijos durante su adolescencia.

Alerta al mencionar que el embarazo a temprana edad no es ni siquiera la peor de las consecuencias que puede traer el iniciar una vida sexual desinformada, ya que una gran cantidad de enfermedades como la clamidia, sífilis, gonorrea, VPH, VIH entre otras muchas, solo pueden ser transmitidas por vía sexual, y de entre ellas el VPH y el VIH pueden tener consecuencias tan graves como la muerte.

Concluye señalando que, no podemos y no debemos permitir que la moral este por encima de un asunto de salud pública, tenemos el deber de fomentar los valores entre los ciudadanos, pero también de tomar las medidas necesarias para remediar un tema tan delicado como la poca información que se hace llegar sobre sexualidad a nuestro niños y adolescentes, fomentemos la educación sexual en todos los niveles, la cual ayudará a prevenir muchos embarazos no deseados o peor aún enfermedades de transmisión sexual.

Por lo anterior, de conformidad con lo expuesto somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades responsables de los tres órdenes de Gobierno, para que de manera inmediata se revisen, actualicen, amplíen y mejoren las secciones concernientes al estudio de la sexualidad en los cursos de educación básica.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud Pública y al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que de manera conjunta apliquen un programa permanente de educación sexual en escuelas rurales de todos los niveles, a fin de que los todos los niños y adolescentes del país estén debidamente informados.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a que se incluya dentro del plan de estudios de la sexualidad en las escuelas primarias, un apartado en donde se enumeren y expliquen los delitos sexuales de los que los niños puedan ser víctimas.

Consideraciones

Primera. En la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º párrafos 8, 9 y 10 se establece que:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Segunda. Esta Comisión hace mención que México ha suscrito diversos Tratados Internacionales encaminados a mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes entre los que se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos del niño, y la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que se reconoce, como el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia.

La Convención de los Derechos del niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, parte de reconocer que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños y niñas necesitan especial consideración.

Así, la propia Convención de los Derechos del Niño en su Artículo 19 indica;

Artículo 19

1.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2.Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Tercera.Así también, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo conducente respecto a sus derechos, particularmente en los Artículos 4 y 11 que puntualmente señalan:

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

A.Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.

B.Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

Las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados. En todo caso, se preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado.

Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables que trabajen.

Cuarta.Nuestro país cuenta con alrededor de 22 millones de personas entre los 10 y 19 años de edad, los cuales representan 19.6% de la población total, lo anterior, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, también se indica que, 11 millones tienen entre 15 y 19 años (9.8%).

Entre las adolescentes de 15 a 19 años, 82.8% son solteras, 16.0% están unidas y 1.0% lo ha estado alguna vez. La proporción de adolescentes unidas se ha mantenido estable en el tiempo, pues en 2000 eran el 16.2%. 686 mil 511 adolescentes, es decir 12.4%, tenían al menos un hijo nacido vivo al momento del censo,  y seis de cada diez mujeres adolescentes reportaron no haber usado ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Esta situación no sólo aumenta el riesgo de un embarazo no planeado, también el riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH/sida.

A pesar de los avances logrados actualmente en el tema de salud sexual y reproductiva, aún es elevado y preocupante el número de embarazos no planeados que ocurren en la población adolescente, esto representa un desafío para nuestro país.

Quinta.Como resultado del embarazo adolescente, es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras oportunidades para lograr buenos empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su elección. También le será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales. Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia de la hija o hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente por esa situación.

Asimismo, la prevención de la mortalidad materna en adolescentes se basa en la detección precoz de los grupos de mayor riesgo, y el adecuado tratamiento de la morbilidad obstétrica y perinatal, optimizando los recursos. De esta manera, los riesgos enfermar y morir, no serán un problema de la edad cronológica, sino de la calidad, cobertura y accesibilidad de los servicios de salud para las madres adolescentes.

Se considera que sería innecesario llegar a este punto, sí se contara con educación sexual desde los primeros años de la educación básica, se eliminara la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos, el que haya profesoras y profesores poco preparados y/o temerosos de versar sobre el tema con su alumnado y también por la cerrazón de gobiernos que obstaculizan políticas públicas en la materia.

Sexta. Esta comisión dictaminadora comparte plenamente la preocupación del iniciante por lo que considera pertinente analizar el fenómeno del embarazo adolescente, con el fin de tomar una determinación al respecto. Sobre todo, teniendo presente que para prevenir los embarazos en adolescentes es importante incorporar en la formación escolar la educación sexual, abordando el tema sin prejuicios y limitaciones para evitar que la falta de información sea un factor que impulse a las mujeres a ser madres desde temprana edad. Así como implementar en las escuelas campañas informativas y distribución de métodos anticonceptivos a toda la población demandante.

Por tanto, esta Comisión de Derechos de la Niñez considera de suma importancia llevar a cabo el exhorto propuesto para que las autoridades federales, estatales y municipales retomen su responsabilidad de impulsar campañas para prevenir embarazos, incrementar la promoción de uso de anticonceptivos y en sector salud, orientar a los padres niñas, niños y jóvenes adolescentes de la importancia de informarse y cuidarse adecuadamente cuando inician su vida sexual.

Finalmente, esta Comisión considera necesario hacer modificaciones a la propuesta del exhorto de la iniciante, especialmente al segundo resolutivo, ya que en el ánimo de materializar el espíritu de la propuesta se amplía a las escuelas de zonas urbanas, quedando las escuelas del país.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades responsables de los tres órdenes de Gobierno, para que de manera inmediata se revisen, actualicen, amplíen y mejoren las secciones concernientes al estudio de la sexualidad en los cursos de educación básica.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública, para que de manera conjunta apliquen un programa permanente de educación sexual en todas las escuelas del país a nivel educación básica, a fin de que los todas las niñas, niños y adolescentes estén debidamente informados.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a que se incluya dentro del plan de estudios de la sexualidad en las escuelas primarias, un apartado en donde se enumeren y expliquen los delitos sexuales de los que los niños puedan ser víctimas.

Nota:

1 Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueban.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo mencionados por el presidente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobados. Comuníquense.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, ser compañeros de una Legislatura nos obliga a trabajar juntos con respeto a la ley, con respeto al Reglamento, con cortesía entre nosotros, con solidaridad, con respeto a las distintas posturas, porque la normalidad democrática así nos los exige.

El proceso parlamentario no deja de ser uno dialéctico: hay una tesis que puede ser la iniciativa, hay una antítesis que puede ser el dictamen y hay una síntesis que puede ser el trabajo responsable del pleno.

Hemos trabajado en esta Legislatura de manera denodada durante un año de ejercicio parlamentario; los temas que aquí se han abordado han sido trascendentes y han sido buenos para la patria, para la nación, para la sociedad, para sectores productivos y entendemos que han servido para fortalecer un régimen de libertad.

Esta Presidencia de la Cámara de Diputados agradece su tolerancia, su paciencia y la convicción de que los errores que hayan podido surgir de este modesto presidente, no son sino de su condición de ser humano. Agradezco mucho a mis compañeros integrantes de la honorable Mesa Directiva; a las y al vicepresidente; a los y las secretarias.

Agradezco mucho también al personal administrativo de Asuntos Parlamentarios y de Asuntos Administrativos.

Desde aquí le mando un beso cariñosísimo a María Elena Sánchez Algarín que a sus 60 años de trabajo, en esta Legislatura ha sido un verdadero ángel de la guarda.

Honorable asamblea, el trabajo de ser legislador nos obliga a ser responsables y nos obliga a trabajar con toda seriedad, porque en la hechura de la ley estamos construyendo normas que son de carácter general, obligatorio y abstracto.

Les ruego a los presentes ponerse de pie.

DECLARATORIA DE CLAUSURA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hoy, 30 de abril de 2013, la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. Sea para bien. Muchas felicidades.

Esta Presidencia informa que comunicará por escrito la conclusión formal del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura al titular del Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Senadores.

ACTA DE LA PRESENTE SESION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza a que el acta de esta sesión se dé por leída y se dé copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para su revisión y aprobación.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza a que el acta de esta sesión sea distribuida a los coordinadores parlamentarios de los grupos y se dé por aprobada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes treinta de abril de dos mil trece, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y dos diputadas y diputados, a las once horas con siete minutos del martes treinta de abril de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al Orden del Día, y sobre diversos temas legislativos, los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Carol Antonio Altamirano, Carlos de Jesús Alejandro, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, con relación a dictamen en sentido negativo de proposición con punto de acuerdo que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. De conformidad con el artículo ciento ochenta, numeral dos, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense el expediente como asunto totalmente concluido.

b) De la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, la proposición con punto de acuerdo para que se fije una nueva fecha para la distribución del Diesel de Ultra Bajo Azufre (UBA) en todo territorio nacional, presentada el veintitrés de abril del año en curso. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en el mes de marzo de dos mil trece, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

d) Del Estado Mayor Presidencial, por el que remite los Lineamientos Generales y Cuotas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el uso de la Aeronaves del Estado Mayor Presidencial para el transporte de los Presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los titulares de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, que se aplicarán durante el Ejercicio Fiscal dos mil trece. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite el Informe de las Unidades Responsables correspondientes al destino de los Recursos Federales que reciben las Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior, para el Primer Trimestre del Ejercicio dos mil trece. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

A las once horas con diecisiete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos cuarenta y cinco diputadas y diputados.

f) De la Cámara de Senadores, con las que remiten Minutas con proyecto de decreto, que conceden permisos a los ciudadanos:

• Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de León de Finlandia, en Grado de Comendador de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Finlandia.

• Martha Elena Federica Bárcena Coqui, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Dannebrog, en Grado de Gran Cruz, que le confiere del Reino de Dinamarca.

• Raphael Steger Cataño, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz Comandante, que le confiere el Gobierno de la República de Polonia.

En virtud de que las Minutas de referencia se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, en votación económica se consideran de urgente resolución, se les dispensan todos los trámites, y se someten a discusión y votación de inmediato. No habiendo oradores registrados, en votación nominal por trescientos ochenta y tres votos a favor; y veintiséis abstenciones, se aprueban en lo general y en lo particular los proyectos de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos, para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros. Pasan al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

g) De la Cámara de Senadores con la que remite Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con acuerdos de la Mesa Directiva:

• Relativo a las iniciativas de ley o decreto cuyo plazo o prórroga para ser dictaminadas ha precluido o vencerá en el lapso restante del Primer Año de Ejercicio. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Relativo a las iniciativas de ley o decreto que se encuentran pendientes de dictamen. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes de la Comisiones de:

a) Cultura y Cinematografía, que adiciona la fracción octava al artículo ciento cuarenta y ocho de la Ley Federal del Derecho de Autor.

b) Hacienda y Crédito Público, que establece las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud que se ha cumplido con el trámite de Declaratoria de Publicidad, en votación económica se autoriza la discusión y votación de inmediato de los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Cultura y Cinematografía, que adiciona la fracción octava al artículo ciento cuarenta y ocho de la Ley Federal del Derecho de Autor. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; y María Angélica Magaña Zepeda, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cincuenta y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona la fracción octava al artículo ciento cuarenta y ocho de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) De Hacienda y Crédito Público, que establece las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; y Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos dieciocho votos a favor; y dieciséis abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que establece las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa a la Asamblea que a continuación dará inicio la Sesión Solemne por la que la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de mil novecientos trece” al ciudadano Jacobo Zabludovsky Kraveski, por lo que a las doce horas con veintinueve minutos el Presidente declara un

Receso

A las trece horas con cincuenta y tres minutos se reanuda la sesión.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios relativos a diversos temas legislativos la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Educación Pública y Servicios Educativos:

• Que reforma los artículos: tercero, cuarto, noveno, treinta y siete, sesenta y cinco, y sesenta y seis, y adiciona los artículos doce, y trece de la Ley General de Educación. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Gaudencio Hernández Burgos. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México. Sin más oradores registrados en votación nominal por cuatrocientos treinta votos a favor; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos: tercero, cuarto, noveno, treinta y siete, sesenta y cinco, y sesenta y seis, y adiciona los artículos doce, y trece de la Ley General de Educación. Pasa Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

• Que reforma y adiciona los artículos séptimo, doce, y catorce de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada María Guadalupe Mondragón González. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano; Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México; Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática; Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Partido Acción Nacional; y María Leticia Mendoza Curiel, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y cinco, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos séptimo, doce, y catorce de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional. Se devuelve al Senado, para sus efectos de la Fracción E, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

b) De Puntos Constitucionales, que reforma el artículo dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. Se concede el uso de la palabra para fundamentar y presentar una propuesta de modificación a nombre de la Comisión al diputado Julio César Moreno Rivera. En votación económica se admite a discusión y se acepta. Para presentar moción suspensiva interviene el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, en votación económica no se toma en consideración y se desecha. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática; Consuelo Argüelles Loya, del Partido Acción Nacional; y José Alberto Rodríguez Calderón, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro del proyecto de decreto los diputados: Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México; Aleida Alavez Ruiz, Fernando Zárate Salgado, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; en contra hacen uso de la palabra los diputados: Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, quien acepta interpelación del diputado Alejandro Rangel Segovia, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para discusión en lo particular los artículos: dieciséis, y Décimo Primero Transitorio, del decreto publicado el dos mil ocho; y los artículos Segundo y Tercero Transitorios, del proyecto; así como la adición de un artículo Cuarto Transitorio, del proyecto. En votación nominal por trescientos ochenta y nueve votos a favor; treinta y dos en contra; y catorce abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación al proyecto de decreto, a los diputados:

• Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo dieciséis, párrafo octavo, del proyecto de decreto, en votación económica no se admite a discusión y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Damián Zepeda Vidales, del Partido Acción Nacional, al artículo dieciséis, párrafo octavo, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, al artículo dieciséis, párrafos octavo y décimo, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo dieciséis, párrafos octavo y décimo; Segundo y Tercero Transitorios, del proyecto de decreto; y Décimo Primero Transitorio, del proyecto de decreto publicado el dos mil ocho, que en votación económica no se admiten a discusión, y se reservan para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo dieciséis, párrafo décimo, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, al artículo Décimo Primero Transitorio, del proyecto de decreto de dos mil ocho, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Damián Zepeda Vidales, del Partido Acción Nacional, al artículo Tercero Transitorio, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo Tercero Transitorio, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo Tercero Transitorio, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.

• Julisa Mejía Guardado, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de adición de un artículo Cuarto Transitorio al proyecto de decreto, que en votación económica no se admite.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules los diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; Damián Zepeda Vidales, Rubén Camarillo Ortega, ambos del Partido Acción Nacional; y José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, realizan moción de procedimiento y solicitan a la Presidencia se someta consideración de la Asamblea si es de aceptarse que la votación del artículo dieciséis reservado se realice en dos partes. El Presidente hace aclaraciones, y solicita a la Secretaría realice la consulta, en votación económica no se acepta, y se someten a votación nominal los artículos reservados en conjunto.

En votación nominal por doscientos ochenta votos a favor; ciento veintiuno en contra; y once abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos dieciséis; Segundo y Terceros Transitorios, reservados del proyecto de decreto en términos del dictamen; y el artículo Décimo Primero Transitorio, reservado del decreto publicado en dos mil ocho, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la elección de las diputadas y diputados que formarán parte de su calidad de Titulares y Sustitutos de la Comisión Permanente, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que propone la integración de la Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

a) Del Partido Revolucionario Institucional, los siguientes diputados:

• Titulares: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Cristina González Cruz, Manuel Añorve Baños, María de las Nieves García Fernández, José Luis Flores Méndez, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, y José Alberto Rodríguez Calderón.

• Sustitutos: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, José Sergio Manzur Quiroga, Fernando Charleston Hernández, José Rubén Escajeda Jiménez, Abraham Montes y Alvarado, Javier López Zavala.

b) Del Partido Acción Nacional, los siguientes diputados:

• Titulares: Luis Alberto Villarreal García, Adriana González Carrillo, Rubén Camarillo Ortega, y Ricardo Anaya Cortés.

• Sustitutos: José González Morfín, Beatriz Zavala Peniche, Alfredo Rivadeneyra Hernández, y Jorge Iván Villalobos Seáñez.

c) Del Partido de la Revolución Democrática, los siguientes diputados:

• Titulares: Aleida Alavez Ruiz, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Silvano Aureoles Conejo, y Agustín Miguel Alonso Raya.

• Sustitutos: Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Víctor Manuel Bautista López, Fernando Cuéllar Reyes, y Eliana González Magallanes.

d) Del Partido Verde Ecologista de México, los siguientes diputados:

• Titular: Ernesto Núñez Aguilar.

• Sustituto: Tomás Torres Mercado.

e) Del Partido del Trabajo, los siguientes diputados:

• Titular: Ricardo Cantú Garza.

• Sustituto: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.

f) De Movimiento Ciudadano, los siguientes diputados:

• Titular: Ricardo Monreal Ávila.

• Sustituto: Francisco Alfonso Durazo Montaño.

g) De Nueva Alianza, los siguientes diputados:

• Titular: Luis Antonio González Roldán.

• Sustituto: Leobardo Alcalá Padilla.

En votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y tres votos se aprueba el acuerdo por el que se integra la Comisión Permanente que funcionará durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Comuníquese.

Se somete a discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva. Sin oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y dos votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se da cuenta con oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la cuenta de la Hacienda Púbica Federal correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil doce. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• En relación al cambio de integrantes de Juntas Directivas de Comisiones Especiales y la integración del Comité responsable de la evaluación y de la gestión y operación del Centro de Desarrollo Infantil, CENDI, Antonia Nava de Catalán, de la Sexagésima Segunda Legislatura.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que designe al titular del Instituto Mexicano de la Juventud.

• Por el que se hace un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en relación al Programa PROCAMPO Productivo.

• Por el que se propone el criterio para definir la Presidencia de la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión para el diálogo y la conciliación para el estado de Chiapas, y en consecuencia la Presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación.

En votación económica se aprueban los acuerdos. Comuníquense.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo relativos a iniciativas y minutas con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Cultura y Cinematografía, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor.

b) De Educación Pública y Servicios Educativos:

• Que adiciona la Ley General de Educación, en materia de educación financiera.

• Que adiciona un artículo once Bis a la Ley General de Educación.

c) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma el artículo sesenta y dos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Por lo que se refiere al último se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción D, del artículo setenta y dos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente informa a la Asamblea que las iniciativas y las proposiciones presentadas en el orden del día de hoy, se turnarán y se publicarán los turnos correspondientes en la Gaceta Parlamentaria.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con puntos de acuerdo de las Comisiones:

a) De Juventud, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que designe al Titular del Instituto Mexicano de la Juventud.

b) Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Desarrollo Integral de la Familia, constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niñas, niños y adolescentes sin compañía, que sean repatriados de los Estados Unidos de América y se promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

c) De Relaciones Exteriores:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de los Estados Unidos de América atiendan la opinión número diecinueve/dos mil cinco del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con cinco ciudadanos cubanos.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, por conducto de la Procuraduría General de la República, solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al Gobierno de México, de los más de dos millones de dólares que le fueron detectados en las Islas Bermudas a Javier Villareal ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila.

d) De Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por los que se solicita al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, una opinión en la que se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en relación con la regularización de vivienda de las familias asentadas en el Fraccionamiento Rincón de las Flores en Reynosa, Tamaulipas.

e) Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Banco Nacional de Obras y Servicios, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para eximir del cobro en la plaza ciento sesenta y cuatro por la utilización del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicada en el kilómetro ciento sesenta y cinco de la carretera federal ciento ochenta Villahermosa-Ciudad del Carmen.

f) De Asuntos Migratorios, por los que se solicita a las secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información relativa a las negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a niños expatriados.

g) De Cambio Climático, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático.

h) De Pesca, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

i) De Comunicaciones:

• Por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones adoptar las medidas conducentes para asegurar que se brinde el debido seguimiento de atención de las quejas presentadas por los usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía móvil prestado por la compañía “Telcel” filial de “América Móvil”, el veintiséis de enero de dos mil trece.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consolidar las áreas de servicio local correspondientes al Estado de Baja California.

j) De Derechos de la Niñez:

• Por el que se exhorta a los Ejecutivos Estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.

• Por los que se exhorta a diversas autoridades, a fin de aplicar programas de educación sexual a menores de edad en las escuelas del país.

k) De Asuntos Frontera Norte, por el que se solicita al Gobierno de los Estados Unidos de América destinar un número mayor de elementos en las garitas para agilizar los cruces fronterizos del norte del país.

l) De Cultura y Cinematografía:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero.

• Por el que se exhorta a las autoridades culturales de los diferentes órdenes de gobierno, para que se restaure y proteja el Kiosco Morisco.

m) De Cultura y Cinematografía, para que se implementen medidas para proteger al Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y al polígono de Monte Albán, sitios declarados por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura como patrimonio cultural de la humanidad.

n) Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Relaciones Exteriores, con Punto de Acuerdo para exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Educación Pública a revisar y fortalecer las acciones del Programa Binacional de Educación Migrante.

o) De Trabajo y Previsión Social:

• Por los que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en cumplimiento de sus facultades, se tomen las medidas correspondientes de salud e higiene, ello como consecuencia de la muerte de siete trabajadores en la cervecería Grupo Modelo.

• Relativos al conflicto laboral en la empresa Sandak Sociedad Anónima de Capital Variable, en el estado de Tlaxcala.

• Por el que se exhorta al Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de dar cabal cumplimiento al artículo cuadragésimo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban los dictámenes con puntos de acuerdo. Comuníquense.

El Presidente dirige un mensaje a la Asamblea y puestos todos de pie declara:

“Hoy, treinta de abril de dos mil trece, la Cámara de Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio”.

La Presidencia informa que se comunicará por escrito la conclusión formal del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura al titular del Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Cámara de Senadores.

En votación económica se aprueba que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya entre los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

El Presidente levanta la sesión a las diecinueve horas con dos minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada.

CLAUSURA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (a las 19:02 horas): Se levanta la sesión.

————— O —————

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 7 horas 55 minutos

• Quórum a la apertura de sesión: 262 diputados

• Asistencia al cierre de registro: 345 diputados

• Oradores que participaron: 55

PRI                    7PAN                       6PRD                    17PVEM                    6MC                       11PT                           3NA                         5

Se recibió:

• 1 oficio de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, por el que solicita que se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía la proposición con punto de acuerdo para que se fije una nueva fecha para la distribución de diesel de ultra bajo azufre (UBA) en todo el territorio nacional, presentada el 23 de abril del año en curso.

• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que informa que en marzo de 2013 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, destinó sólo mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y no transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

• 1 oficio del Estado Mayor Presidencial, con la que remite los lineamientos generales y las cuotas autorizadas por la SHCP respecto al uso de sus aeronaves para el transporte de los presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los titulares de las dependencias y las entidades de la administración pública federal, por aplicar en el ejercicio fiscal de 2013.

• 1 oficio de la Secretaría de Educación Pública, con la que remite el informe de las unidades responsables correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones de educación media superior y superior para el primer trimestre del ejercicio de 2013.

• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto, que concede permiso para que el ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de León de Finlandia, en grado de Comendador de la Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Finlandia

• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto, que concede permiso para que la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere del reino de Dinamarca

• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto, que concede permiso para que el ciudadano Raphael Steger Cataño pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz Comandante, que le confiere el gobierno de la República de Polonia

• 1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto, que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que envía la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012.

Acuerdos aprobados

• 1 de la Mesa Directiva, relativo a las iniciativas de ley o decreto cuyo plazo o prórroga para ser dictaminadas ha precluido o vencerá en el lapso restante del periodo del primer año de ejercicio.

• 1 de la Mesa Directiva, relativo a las iniciativas de ley o decreto que se encuentran pendientes de dictamen.

• 1 de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone a la Cámara de Diputados la integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

• 1 de la Junta de Coordinación Política, en relación al cambio de integrantes de juntas directivas de Comisiones Especiales y la integración del Comité responsable de la evaluación y de la gestión y operación del Centro de Desarrollo Infantil, Cendi, Antonia Nava de Catalán, de la LXII Legislatura.

• 1 de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar al titular del Instituto Mexicano de la Juventud.

• 1 de la Junta de Coordinación Política, por el que se hace un respetuoso exhorto a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en relación al programa Procampo Productivo.

• 1 de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone el criterio para definir la Presidencia de la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas y, en consecuencia, la Presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación.

Dictámenes de declaratoria de publicidad

• 1 de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del bicentenario de los Sentimientos de la Nación.

Minutas aprobadas

• 1 con proyecto de decreto, que concede permiso para que el ciudadano Agustín Santiago Ignacio Gutiérrez Canet pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de León de Finlandia, en grado de Comendador de la Gran Cruz, que le confiere el gobierno de Finlandia

• 1 con proyecto de decreto, que concede permiso para que la ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere del reino de Dinamarca

• 1 con proyecto de decreto, que concede permiso para que el ciudadano Raphael Steger Cataño pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República de Polonia, en grado de Cruz Comandante, que le confiere el gobierno de la República de Polonia

Dictámenes aprobados

• 1 de la Comisión de Desarrollo Municipal, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía de Tinum, y de sus autoridades constitucional y popularmente electas

• 1 de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del bicentenario de los Sentimientos de la Nación.

• 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66, y adiciona el 12 y 13 de la Ley General de Educación.

• 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7o., 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.

• 1 de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

• 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva.

• 1 de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor

• 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas con proyectos de decreto que adicionan la Ley General de Educación, en materia de educación financiera

• 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 11 Bis a la Ley General de Educación

• 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

• 1 de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT, Banobras y Capufe, para eximir el cobro en la plaza 164 por la utilización del puente Carmen “El Zacatal”, ubicado en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen

• 1 de la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

• 1 de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, con punto de acuerdo por el cual se solicita al gobierno de Estados Unidos de América que incremente el número de elementos en las garitas para agilizar los cruces fronterizos

• 1 de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, y a los gobiernos estatales, a los municipales y al del Distrito Federal a emprender campañas nacionales de concienciación ciudadana sobre el grafiti o arte callejero

• 1 de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades culturales de los diferentes órdenes de gobierno a restaurar y proteger el Kiosco Morisco

• 1 de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo para que se implanten medidas que protejan el centro histórico de Oaxaca de Juárez y el polígono de Monte Albán, declarados patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO

• 1 de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a la Procuraduría de Justicia de Sonora a realizar investigaciones exhaustivas que permitan fincar y deslindar responsabilidades respecto a las agresiones sufridas por manifestantes y miembros de los medios de comunicación el 24 de febrero del año en curso en Hermosillo

• 1 de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Educación Pública a revisar y fortalecer las acciones del Programa Binacional de Educación Migrante

• 1 de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la STPS a tomar las medidas de salud e higiene correspondientes, en cumplimiento de sus facultades, tras la muerte de siete trabajadores en la cervecería Grupo Modelo

• 1 de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo relativos al conflicto laboral de Sandak, SA de CV, en Tlaxcala

• 1 de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del ISSSTE a cumplir a cabalidad el artículo cuadragésimo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

• 1 de la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar al director general del Instituto Mexicano de la Juventud

• 1 de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que constituyan una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía repatriados de Estados Unidos de América, y promuevan su protección más allá de la reunificación familiar

• 1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a pronunciarse por la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las autoridades estadounidenses atiendan la opinión número 19/2005, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, respecto a cinco ciudadanos cubanos

• 1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar -por la Procuraduría General de la República- al Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, una vez concluidos los procesos penales en desarrollo, la entrega al gobierno de México de los más de 2 millones de dólares detectados en las islas Bermudas a Javier Villareal, ex jefe del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila

• 1 de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se solicita al secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas una opinión donde se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en relación con la regularización de vivienda de las familias asentadas en el fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa

• 1 de la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los cuales se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores que hagan pública la información relativa a las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos de América respecto a niños expatriados

• 1 de la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo políticas públicas sobre cambio climático

• 1 de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a adoptar las medidas conducentes a garantizar que se brinde el debido seguimiento de atención de las quejas presentadas por usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía móvil de Telcel, filial de América Móvil, el 26 de enero de 2013

• 1 de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a consolidar las áreas de servicio local correspondientes a Baja California

• 1 de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos locales a fortalecer y vigilar de manera responsable la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en los respectivos estados

• 1 de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades a aplicar programas de educación sexual a menores de edad en las escuelas del país

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION

• Aguilar Gil, Lilia (PT).

• Alavez Ruiz, Aleida (PRD).

• Alcalde Luján, Luisa María (MC).

• Angulo Parra, Carlos Fernando (PAN).

• Antonio Altamirano, Carol (PRD).

• Argüelles Loya, Consuelo (PAN).

• Arroyo Vieyra, Francisco Agustín (PRI).

• Belaunzarán Méndez, Fernando (PRD).

• Blanco Deaquino, Silvano (PRD).

• Caamal Mena, José Angelino (NA).

• Camarena García, Felipe Arturo (PVEM).

• Camarillo Ortega, Rubén (PAN).

• Carpinteyro Calderón, Purificación (PRD).

• Cerda Franco, María Sanjuana (NA).

• Coronato Rodríguez, José Francisco (MC).

• Cuéllar Steffan, Antonio (PVEM).

• De Jesús Alejandro, Carlos (PRD).

• Duarte Ortuño, Catalino (PRD).

• Durazo Montaño, Francisco Alfonso (MC).

• Garza Cadena, Ana Lilia (PVEM).

• González Roldán, Luis Antonio (NA).

• Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI).

• Hernández Burgos, Gaudencio (PRI).

• Huerta Ladrón de Guevara, Manuel Rafael (PT).

• Huerta Ladrón de Guevara, Manuel Rafael (PT).

• Huidobro González, Zuleyma (MC).

• López Suárez, Roberto (PRD).

• Magaña Zepeda, María Angélica (PRI).

• Martínez Martínez, Juan Luis (MC).

• Martínez Rojas, Andrés Eloy (PRD).

• Medina Filigrana, Marcos Rosendo (PRD).

• Mejía Berdeja, Ricardo (MC).

• Mejía Berdeja, Ricardo (MC).

• Mejía Guardado, Julisa (PRD).

• Mendoza Curiel, María Leticia (PRI).

• Mícher Camarena, Martha Lucía (PRD).

• Mondragón González, María Guadalupe (PAN).

• Monreal Ávila, Ricardo (MC).

• Moreno Rivera, Julio César (PRD).

• Muñoz Soria, José Luis (PRD).

• Navarrete Contreras, Joaquina (PRD).

• Núñez Aguilar, Ernesto (PVEM).

• Pérez Hernández, Rosa Elba (PVEM).

• Rangel Segovia, Alejandro (PRI).

• Rincón Chanona, Sonia (NA).

• Robledo Leal, Ernesto Alfonso (PAN).

• Roblero Gordillo, Héctor Hugo (PT).

• Roblero Gordillo, Héctor Hugo (PT).

• Rodríguez Calderón, José Alberto (PRI).

• Samperio Montaño, Juan Ignacio (MC).

• Talamante Lemas, Dora María Guadalupe (NA).

• Tapia Fonllem, Margarita Elena (PRD).

• Valle Magaña, José Luis (MC).

• Vargas Pérez, Nelly del Carmen (MC).

• Villanueva Albarrán, Gerardo (MC).

• Zárate Salgado, Fernando (PRD).

• Zavaleta Salgado, Ruth (PVEM).

• Zepeda Vidales, Damián (PAN).