* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a la iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 19 de febrero de 2013, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículo 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a la iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 19 de febrero de 2013 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y sus congresos locales, para que establezcan las acciones necesarias, a fin de garantizar la inclusión del enfoque participativo de la sociedad y sus diversos grupos sociales, en la elaboración de sus presupuestos en cada ejercicio fiscal, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti y abran espacios especiales para esta práctica, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno federal y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, la instrumentación de acciones para atender el desabasto de agua en la delegación Iztapalapa, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los miembros de esta soberanía, para que se responsabilicen de mantener limpios los espacios en los que sesionan, y se invita a las legislaturas locales a que atiendan esta recomendación, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a las instancias estatales responsables, para que se garantice la seguridad en los centros penitenciarios del país, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, para que a través de la Cofetel, se consoliden las áreas de servicio local correspondiente a los municipios de Tijuana-Tecate; Tijuana-Playas de Rosarito, en el estado de Baja California y dejen de ser de larga distancia, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, para que se adopte un acuerdo para la difusión y uso de lenguaje incluyente a favor de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y a las autoridades judiciales norteamericanas, para que se revise la detención arbitraria de cinco ciudadanos cubanos, a cargo del diputado José Antonio León Mendivil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, para que se implementen medidas para proteger al Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y al polígono de Monte Alban, sitios declarados por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, suscrito por los diputados Martín de Jesús Vázquez Villanueva, María de las Nieves García Fernández y Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial y al juez 3° en materia de procesos penales federales, en el estado de México, con relación a la pronta liberación del general de división Tomás Ángeles Dauahare, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.»

ARTICULOS 74 Y 79 CONSTITUCIONALES - LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

La consolidación efectiva de un régimen democrático exige la existencia de un sistema de pesos y contrapesos que limite el ejercicio del poder, mediante la implementación de políticas públicas de transparencia, fiscalización superior y rendición de cuentas, orientadas a fortalecer la credibilidad y confianza de los ciudadanos en las instituciones del estado y sus representantes, y con ello, fortalecer la vida democrática nacional; razón por la cual el actuar del gobierno requiere ser supervisado, restringido y supeditado a normas y procedimientos que prevengan y combatan los abusos y excesos de poder.

En el país, uno de los mecanismos de supervisión y regulación se encuentra fundado en los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, dicha revisión es realizada a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación que se encuentra dotada de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

Del texto mencionado se desprende que la entidad de fiscalización superior de la federación (de acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación es llamada “Auditoría Superior de la Federación”, ASF) depende de la Cámara de Diputados, y que debido a la importancia de sus funciones, se encuentra dotada desde el propio texto constitucional de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Sin embargo, la dependencia de dicha entidad de fiscalización a la Cámara de Diputados y el grado de autonomía que ésta ostenta, ha permitido que en áreas como la designación del titular de la entidad y la aprobación o presentación de su presupuesto anual, se presenten injerencias políticas y partidarias que en caso de no limitarse o erradicarse pueden afectar su imparcial y adecuado funcionamiento.

Siendo tal la importancia que reviste la ASF como uno de los mecanismos de pesos y contrapesos más efectivo del país y dada la importancia de sus funciones, la falta de autonomía presupuestal y la vaguedad respecto de los procesos y requisitos para la elección y reelección de su titular, han logrado limitar su independencia y por tanto, pueden ocasionar desequilibrios en la función de fiscalización superior; por todo lo anterior y a fin de evitar el entorpecimiento de las actividades prioritarias de la entidad de fiscalización superior de la federación, las diputadas y los diputados de Nueva Alianza proponemos que se dote de autonomía presupuestaria a la ASF y se establezcan criterios efectivos y certeros para la reelección de su titular, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente, a escala mundial, entre los mecanismos de autorregulación, de pesos y contrapesos establecidos, se reconoce la importancia de los entes gubernamentales de auditoría, pues se ha entretejido una red de conciencia en torno a la fiscalización, con la cual se intenta dar soporte al engranaje de democracia y gobernanza que dinamiza a los diversos modelos de gestión pública existentes; sin embargo, la exclusiva implementación de los mecanismos de autorregulación no es suficiente, pues el eficaz desempeño de los organismos encargados de realizar las labores de fiscalización y vigilancia depende no sólo de su grado de profesionalismo, especialización y tecnicidad, sino que también requiere de un alto grado de autonomía que los mantenga alejados de las influencias y presiones que ejercen los tres poderes tradicionales, a fin de que realicen cabalmente las labores especializadas para las cuales fueron creados.

La necesidad de resarcir la confianza de las sociedades en las instituciones ha contribuido a que los Estados vayan adaptando los principios de administración pública y fiscalización a su realidad, consolidándose así en cada nación, un sistema de fiscalización acorde a su panorama y necesidades, por lo que las estructuras de organización, control de gestión, facultades y principalmente los grados de autonomía varían de una a otra.

Pese a tales diferencias, en el ámbito internacional, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) fundada en 1953 ha buscado elaborar y transmitir las directrices que guían la fiscalización pública exterior a fin de fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, combatir la corrupción, garantizar el buen manejo de las finanzas públicas, mejorar el uso y aplicación de los recursos públicos y promover la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes.

En el marco de las declaraciones dictadas en el seno de la Intosai siempre se ha valorado el principio de autonomía como un elemento indispensable para que las entidades de fiscalización lleven a cabo sus funciones de manera objetiva e imparcial, siendo la Declaración de Lima de Criterios sobre las Normas de Auditoría (resultado del noveno congreso de la Intosai) de 1977 uno de los principales documentos que rigen dicha materia, pues su propósito esencial “consiste en defender la independencia en la auditoría de la administración pública”, basándose en la exigencia de una seguridad jurídica que permita que la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) esté formulada y protegida dentro de la ley en un estado de derecho; “el imperio de la ley y la democracia, constituyen las premisas esenciales para una auditoría realmente independiente de la administración pública”; así, la fórmula de existencia de un estado democrático sumada a la gestión pública basada en resultados son los principios que las EFS adoptaron y que han servido de base en la mayoría de las reformas de los marcos legales que rigen el actuar de dichas entidades, pues sólo, un marco de buena gobernanza y una autonomía eficiente y bien protegida permiten pensar que los órganos revisores sean capaces de respetar y ponderar los fundamentos de control, legalidad, regularidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad a que deben subsumir toda su actividad.

De lo señalado resulta pertinente establecer que en el leguaje jurídico, autonomía se refiere a la posibilidad de autodeterminación de un órgano para dictarse a sí mismo las normas que regularán ciertas áreas de su actuación o administración, siempre que éstas no transgredan los principios básicos establecidos en el conjunto normativo al que pertenecen; en este sentido cuando un organismo cuenta con autonomía técnica y autonomía orgánica se tendrá una verdadera descentralización administrativa, que permite a determinados organismos que forman parte del gobierno asumir funciones específicas que desarrollan con base en normas de organización y operación dictadas desde su interior, con un alto grado de independencia en la elaboración de sus presupuestos y en el manejo de sus recursos materiales, financieros y humanos, aún cuando dicha independencia no implica una separación plena de los lineamientos generales que rigen la administración pública.

Empero, aun cuando el concepto de autonomía en sí mismo refiere un sesgo en la subordinación de un poder superior, existen diversos tipos de autonomía que dotan a los organismos públicos de diferentes grados de independencia en áreas específicas de su organización y funcionamiento respecto de los poderes gubernamentales. Los principales son la autonomía orgánica que supone que el órgano no esté circunscrito en alguno de los poderes, ejecutivo, legislativo o judicial; la autonomía técnica que implica el poder de decisión sobre la forma en que ejercerá las atribuciones que le fueron encomendadas, lo que supone libertad de decisión sobre la planeación y ejecución de sus acciones; autonomía normativa o jurídica que se refiere a la capacidad que se les confiere para ordenar y regular su propia organización, su funcionamiento y los procedimientos de que se vale para el ejercicio de sus atribuciones; autonomía de funcionamiento que en general se refiere a la potestad con que cuentan los organismos para llevar a cabo, sin ningún impedimento o limitación las acciones relacionadas con sus atribuciones; y por último la autonomía presupuestal que es la capacidad del órgano para establecer por sí mismo los montos económicos necesarios y suficientes para cumplir con sus labores y para realizar directamente los trámites y gestiones necesarios para solicitarlos a la instancia competente. Todos los tipos de autonomía referidos, dotan a los organismos públicos (de acuerdo con el objeto o la función para el cual fueron creados) de diferentes niveles de independencia y subordinación respecto de los poderes gubernamentales, permitiéndoles ejercer determinadas actividades y controles respecto a su organización y funcionamiento internos con determinados grados de libertad.

Habiéndose establecido que la esencia de la Declaración de Lima es la tutela de la independencia de las EFS, se estatuyeron una serie de lineamientos con base en los cuales se describen y reglamentan sus requisitos de conformación y funcionamiento; mismos que a su vez, deben ser adoptados tomando en consideración las características particulares, necesidades y situación legal de cada país. Ahora bien, por cuanto hace a los requisitos mínimos de independencia que deben revestir a las EFS, la Declaración de Lima es puntual al establecer, en el artículo 5, que para garantizar el buen desempeño de las actividades de control y auditoria que les han sido encomendadas “Las entidades fiscalizadoras superiores sólo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son independientes de la institución controlada y se hallan protegidas contra influencias exteriores” sin embargo, la propia declaración contempla que la independencia absoluta es imposible en razón de tratarse de un organismo propio de la administración pública, razón por la cual deben contar con el grado necesario de independencia funcional y organizativa que les permita cumplir sus funciones, asegurando que “las entidades fiscalizadoras superiores y el grado de su independencia deben regularse en la Constitución”.

En la misma tesitura, el numeral 6 establece que en la propia Constitución se debe asegurar la independencia de los miembros de las EFS, entendiéndose por éstos a todos los encargados de tomar decisiones propias y trascendentes para el organismo, contemplando los procesos de designación, sustitución y carrera profesional. Asimismo, se considera la independencia financiera, al establecerse en el artículo 7, que se debe poner a disposición de los organismos revisores todos los medios financieros necesarios para que estén en capacidad de cumplir a cabalidad las funciones que les han sido asignadas, para lo cual se les debe dotar de facultades suficientes para solicitarlos a los organismos encargados de asignar el presupuesto, siendo además indispensable, que las partidas presupuestales deben contemplar dicha designación en una sección especial a efecto de que sean las propias EFS quienes la administren, bajo su más estricta responsabilidad.

De lo anterior se aduce que los postulados de la Declaración de Lima han pugnado por asegurar que las EFS, gocen de autonomía constitucional, técnica, financiera o presupuestaria y administrativa para que sus actuaciones no se constriñan a los poderes gubernamentales y logren efectivamente incidir en la mejora de las finanzas públicas y el combate de la opacidad y la corrupción.

En el mismo tenor, en el país en 2007 durante el decimonoveno congreso de la Intosai, celebrado en la Ciudad de México, se emitió la Declaración de México sobre Independencia, que fortalece las premisas de independencia dictadas con anterioridad al recalcar “que la Declaración de Lima sobre las Líneas Básicas de Fiscalización establece que las Entidades Fiscalizadoras Superiores sólo pueden llevar a cabo sus cometidos si son independientes de la institución fiscalizada y están protegidas contra influencias externas”, plasmando las características necesarias que deben presentar las EFS para una correcta fiscalización en principios a través de los cuales se asienta como necesario que la normatividad vigente contemple los casos y requisitos para la revocación de mandato, retiro, reelección y contratación de los titulares de las EFS, así como la duración de sus encargos y la calidad de inmunidad ante las acciones que lleven a cabo derivadas de su encargo, asimismo en su octavo principio hace hincapié en lo necesario que resulta la existencia de “Autonomía financiera y gerencial / administrativa, al igual que disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos apropiados”; lo cual implica que las entidades administren y ejerzan su presupuesto de forma autónoma y que además, cuenten con los recursos necesarios y suficientes para realizar sus funciones, sin que los poderes tradicionales puedan, de forma alguna coartar o supeditar el acceso de las EFS a los mismos.

Los principios contenidos en ambas declaraciones ponen de manifiesto que la experiencia internacional ha considerado que la autonomía de las EFS es requisito indispensable para que éstas puedan contribuir eficazmente a mejorar la gestión gubernamental y elevar la calidad del gasto público. Siendo el caso que, a nivel nacional, la esencia de las prerrogativas emanadas de ambas declaraciones han quedado plasmadas dentro de la Declaración de Principios de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC (Asofis), emitida en la XII Asamblea General Ordinaria celebrada en Zacatecas en el mes de abril de 2009.

Partiendo de la adopción de los multicitados postulados sobre autonomía, establecidos en líneas precedentes, por parte de la mayoría de las Constituciones y leyes de fiscalización (federal y locales) en nuestro país, cabe aún resaltar que la independencia de la entidad de fiscalización superior de la federación aún se encuentra limitada al no contarse con un procedimiento certero que delimite el proceso de “designación por un segundo periodo” de su titular y con criterios suficientes para una selección justa e imparcial; aunado a ello, el propio texto de nuestra Carta Magna sólo se circunscribe a la autonomía técnica y de gestión, sin contemplarse lo referente a la autonomía presupuestal como la capacidad del órgano para establecer por sí mismo las estimaciones económicas necesarias para cumplir con las tareas que tiene conferidas y para gestionarlas soberanamente de conformidad con su objeto y mediante procedimientos propios.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71.II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan la fracción segunda del artículo 74, y los párrafos primero y cuarto del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el párrafo segundo del artículo 3o., las fracciones VI, VII y VII del artículo 77, las fracciones I y II del artículo 80 y el artículo 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Artículo Primero.Se reforman y adicionan los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 74.Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados

I....

II.Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica , presupuestaria y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;

III. a VII. ...

Artículo 79.La entidad de fiscalización superior de la federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica, presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, en la determinación y gestión de sus recursos financieros ypara decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

...

...

I. a IV. ...

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación y en caso de resultar procedente su ratificación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser ratificado en su encargo por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

...

Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 3o., 77, 80 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue

Artículo 3o. ...

La Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica , presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, en la determinación y gestión de sus recursos financieros y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta ley.

Artículo 77.Son atribuciones de la comisión

I. a V. ...

VI. Analizar el informe anual del ejercicio del presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación;

VII.Evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías y proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica , presupuestaria y de gestión.

...

VIII. Presentar a la Cámara la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior de la Federación , en caso de resultar procedente la propuesta de su ratificación,así como la solicitud de su remoción, en términos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 79 constitucional;

IX. a XV. ...

Artículo 80.La designación o ratificación del auditor superior de la Federación se sujetará al procedimiento siguiente:

I. En caso de que los resultados de la fiscalización superior, alcanzados durante la gestión del auditor superior de la Federación en funciones resulten eficientes y a solicitud expresa que éste realice al pleno de la Cámara, la Comisión formulará un dictamen que contenga los elementos básicos de la evaluación del desempeño de su gestión y de los resultados alcanzados durante ésta a fin de que el pleno proceda en los términos del artículo anterior, a su ratificación por una sola vez, en el cargo de auditor superior de la Federación

II. En caso de que no se cumplieran los requisitos de la fracción que antecede y no se realizara la ratificación del auditor superior de la Federación,la comisión formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto de recibir durante un período de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, las solicitudes para ocupar el puesto de auditor superior de la Federación;

III.Concluido el plazo anterior y recibidas las solicitudes con los requisitos y documentos que señale la convocatoria, la comisión, dentro de los cinco días naturales siguientes, procederá a la revisión y análisis de las mismas;

IV.Del análisis de las solicitudes los integrantes de la comisión entrevistarán por separado para la evaluación respectiva y dentro de los cinco días naturales siguientes, a los candidatos que, a su juicio, considere idóneos para la conformación de una terna;

V.Conformada la terna, en un plazo que no deberá exceder de tres días naturales, la comisión formulará su dictamen, a fin de proponer al pleno los tres candidatos, para que éste proceda, en los términos del artículo anterior, a la designación del auditor superior de la Federación; y

V.La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante el pleno de la Cámara.

Artículo 82.El auditor superior de la Federación durará en el encargo ocho años y podrá ser ratificado en su encargo por una sola vez. Podrá ser removido por la Cámara por las causas graves a que se refiere el artículo 93 de esta ley, con la misma votación requerida para su nombramiento, así como por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si esta situación se presenta estando en receso la Cámara, la Comisión Permanente podrá convocar a un periodo extraordinario para que resuelva en torno a dicha remoción.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para con ello iniciar su aplicación en el ejercicio fiscal de 2014.

Segundo. El Congreso de la Unión realizará las reformas necesarias a la legislación secundaria para dar cumplimiento al presente decreto en un plazo no mayor de 120 días naturales, contados a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Cuarto. Se faculta al titular de la entidad de fiscalización superior de la federación para emitir los lineamientos internos de carácter provisional que permitan aplicar lo contenido en el presente decreto en el ejercicio fiscal de 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Javier Orozco Gómez, con el carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, somete a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación, al siguiente tenor:

Planteamiento del problema

En el presente siglo, la seguridad vial constituye una de las mayores preocupaciones de la sociedad, muchos países del mundo, especialmente en Europa, América del Norte, regiones de Asia y Oceanía llevan varios años trabajando para reducir sus cifras de accidentalidad y han conseguido resultados muy significativos, sin embargo otros países se encuentran en una situación alarmante a la que es preciso poner freno por medio de estrategias coordinadas que involucren a los organismos públicos y privados, así como a toda la sociedad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones causadas por el tránsito constituyen un importante problema de salud pública, según estimaciones, cada año mueren en el mundo 1.2 millones de personas a causa de choques en la vía pública y 50 millones resultan heridas.

Por lo anterior, este problema de salud pública debe ser más atendido, pues su prevención eficaz y sostenible exige esfuerzos concertados. Sin acciones preventivas exitosas los accidentes de tránsito aumentarán 65% en los próximos 20 años.

Exposición de Motivos

Se estima que en los países en vías de desarrollo, dado que el número de vehículos está creciendo rápidamente, de no tomar medidas que puedan revertir la situación, para el año 2020, las lesiones causadas por el tránsito serán el tercer responsable de la carga mundial de morbilidad y lesiones.

Los costos sociales y económicos producto de los accidentes y las lesiones causadas por el tránsito ascienden al 1% del Producto Nacional Bruto de los países de ingresos bajos, al 1.5% en los ingresos medianos y hasta el 2% en los de ingresos altos. Todo lo anterior de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud.

El problema de seguridad vial y sus consecuencias a nivel mundial ha ido cobrando importancia en los últimos años, ejemplo de ello es que en 2004, el Día Mundial de la Salud se enfocó por primera vez en el tema de la Seguridad Vial, lo que motivó que la OMS y el Banco Mundial publicaran lo que hasta hoy ha constituido la primera contribución global y sistemática para la construcción de un acervo de conocimientos sobre la seguridad vial, denominado el “Informe Mundial sobre prevención de traumatismos causados por el tránsito”.

Ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la Resolución 58/289 sobre el “Mejoramiento de la Seguridad Vial en el Mundo”.

En 2005, respondiendo al mandato de las Naciones Unidas y la OMS de actuar de manera global sobre esta problemática, en el plano internacional, se toman dos medidas sin precedente, se lanzó oficialmente la Global Road Safety Facility (GRSF) (Facilidad Global sobre Seguridad Vial), del mismo modo que la CEPAL publicó su primer informe regional “La Seguridad Vial en la Región de América Latina y el Caribe. Situación actual y desafíos”.

De igual forma al mandato de las Naciones Unidas, en 2006 se celebró en Costa Rica el Primer Foro de Actores para la Seguridad Vial en América Latina y el Caribe, organizado con el apoyo de la CEPAL, la OPS, la Fundación FIA, el Banco Mundial y el Foro Global de Seguridad Vial (GRSF).

En el plano Iberoamericano, la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santiago de Chile en noviembre 2007 marcó su compromiso en su Plan de Acción para trabajar conjuntamente sobre la situación de la seguridad vial en Iberoamérica.

En respuesta a este mandato, los Ministros de Transportes Iberoamericanos se reunieron en septiembre del 2008 bajo el lema “Juventud y Fortalecimiento del Espacio Iberoamericano de Seguridad Vial” y firmaron una declaración oficial respaldando la creación de una Asociación y un Observatorio Iberoamericanos de Seguridad Vial. Esta declaración es ratificada por los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la XVII Cumbre Iberoamericana de San Salvador en octubre del 2008.

Derivado de lo anterior, es de hacerse notar que las acciones llevadas a cabo por los organismos internacionales son una muestra de que los siniestros viales en Iberoamérica y en el Caribe constituyen un problema de primera magnitud, la principal causa de mortalidad en los jóvenes de la región, con más de cien mil muertes anuales. De acuerdo con cifras de fallecidos por cada 100,000 habitantes en 2000 y estimaciones para el año 2020; América Latina y el Caribe pasará del 26.1 a 31.0.

En este contexto, los días 23 y 24 de febrero de 2009 se llevó a cabo el Primer Encuentro Iberoamericanoy del Caribe sobre Seguridad Vial “Protegiendo Vidas”(EISEVI), organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); con el objeto de introducir el tema de la seguridad vial en las agendas políticas tanto de los países como de las organizaciones internacionales y multilaterales con la finalidad de aumentar la implicación de los ministros y jefes de estado de la región.

Este encuentro, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (Segib), junto con la Dirección General de Trafico de España (DGT), y el Banco Mundial, a través de la Facilidad Global para la Seguridad Vial (GFRS), la Fundación Internacional del Automóvil (FIA), la Fundación Mapfre; y con el apoyo de la Comisión Transitoria de Seguridad Vial para América Latina y El Caribe y del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC); permitió avanzar en la formación de consensos sobre principios, criterios y buenas prácticas en materia de seguridad vial, mediante planes estratégicos conducentes a la implementación de las recomendaciones del Informe Mundial para la Prevención de Lesiones por Siniestros de Tránsito de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial.

Cabe señalar, que en este encuentro participó la Secretaría de Salud, quien puso de manifiesto la preocupación de México en el tema, ya que de acuerdo con el Dr. Arturo Cervantes Trejo, quien fuera Director General del Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra), en nuestro país cada año mueren alrededor de 20 mil personas por accidentes de tránsito, 750 mil son hospitalizadas, entre 25 y 40 mil personas resultan con discapacidad y el costo anual promedio de los accidentes asciende a 110 millones de pesos, en daños materiales, pérdidas de la productividad, atención médica y rehabilitación; equivalente al 1.3% del PIB.

Los accidentes de tránsito constituyen la cuarta causa de muerte en nuestro país, siendo la primera entre niños y jóvenes y la segunda causa de orfandad.

Sin duda, debemos tomar en cuenta la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/62/244, de abril de 2008, respecto a la mejora de la seguridad vial en el mundo, la cual:

“Expresa preocupación porque sigue aumentando el número de muertos y heridos como consecuencia de accidentes de tránsito en todo el mundo, en particular en países en desarrollo” y “reafirma la importancia de ocuparse de las cuestiones relativas a la seguridad vial en el mundo y la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación internacional, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, en los ámbitos de la creación de capacidad en materia de seguridad vial y la prestación de apoyo financiero y técnico a sus actividades”.

Por otro lado el 12 y 13 de mayo de 2011, se realizó el Segundo Encuentro Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial, cuyos objetivos fueron los siguientes:

a) Introducir el tema de la seguridad vial en las agendas políticas de los países y las organizaciones internacionales y multilaterales, y aumentar la implicación de los ministros y jefes de estado en la región.

b) Contribuir al desarrollo de planes regionales y nacionales de seguridad vial para Latinoamérica y el Caribe, empezando con una evaluación de las capacidades y estrategias actuales para establecer y alcanzar los objetivos establecidos.

c) Movilizar el apoyo iberoamericano y regional para la primera conferencia mundial de alto nivel (ministerial) sobre seguridad vial bajo los auspicios de la ONU en noviembre de 2009, en Moscú.

d) Ayudar a aplicar las recomendaciones del Informe mundial para la prevención de lesiones por accidentes de tráfico, las resoluciones de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad vial, y el informe de la Comisión para la seguridad vial mundial.

Como se puede apreciar, el Tema de la seguridad vial se encuentra de manera constante en la preocupación de la comunidad internacional y de la sociedad, por ello se hace necesario reclamar la participación de los órganos del Estado.

En nuestro país, cada día se hace mayor la demanda de seguridad vial y mejores condiciones para transitar y vivir, en la que participan de manera activa las organizaciones de la sociedad civil, tal es el caso del Primer Parlamento por la Seguridad Vial, celebrado en el mes de octubre de 2009, en el que participaron organizaciones sociales y civiles, universidades, medios de comunicación e instituciones públicas y privadas. Misma que se repitió en 2011 en colaboración con la Cenapra a fin de impulsar una mayor conciencia en el tema.

Dentro de las propuestas y actividades tendientes a la participación y concientización de la ciudadanía, de dichos Parlamentos por la Seguridad Vial, se llegó a la conclusión de la necesidad de incorporar al sistema educativo a nivel primaria la educación vial.

Debemos comprender con amplitud, la contribución de la educación vial en el desarrollo integral de los educandos, que dote de las herramientas propias de la seguridad vial a la sociedad en su conjunto y contribuya con esto a conservar y garantizar su salud y seguridad.

En ese sentido se pretende que la educación vial se base en la enseñanza de hábitos y prácticas que tengan como fin la protección y cuidado de los individuos en la vía pública. La educación vial debe tomar en cuenta los accidentes y siniestros que suceden a diario en la vía pública. Además de fomentar la convivencia adecuada de los futuros automovilistas, el manejo de los mismos frente a la presencia de fenómenos específicos y el cuidado primordial del bienestar del transeúnte.

El artículo segundo de la Ley General de Educación define a la educación como un “medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social”. De ahí la importancia de que el tema de la educación vial se incorpore de manera definitiva y clara dentro de los fines de la educación que imparta el Estado en la Ley General de Educación.

Algunos de los ordenamientos que regulan la seguridad vial en las entidades federativas, tal es el caso del Distrito Federal y Guanajuato, contemplan la incorporación de la educación vial en los planes y programas de estudio. Esto debido a que al tener México un régimen federal, existe la posibilidad de la coexistencia de dos jurisdicciones, la federal y la local, estando así los gobernados sujetos a una doble autoridad ejercida dentro de los límites de sus respectivas competencias. Es así que cada Gobierno estatal se ha hecho cargo de las responsabilidades transferidas respecto de sus sistemas educativos, pues gracias a la distribución de la función social educativa, cada entidad tiene la posibilidad de legislar en materia educativa, siempre atendiendo a su competencia y a los fines, objetivos y funciones mínimas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos y en la Ley General de Educación.

El ámbito de validez de la Ley General de Educación, y de las Leyes Estatales así como las atribuciones que en materia de educación tiene los distintos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal se encuentra constreñido por un lado a respetar de descentralización de la educación y por otro a homogeneizar los aspectos generales en materia de educación que a nivel nacional son comunes.

Es necesario que los contenidos educativos, desde los más básicos hasta los superiores, estén en congruencia con las necesidades que la población estudiantil y la sociedad en general manifiestan, al respecto, es a la autoridad educativa federal a quien le corresponde de manera exclusiva determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, considerando la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Por ello, la Ley General de Educación que contiene los lineamientos a seguir a nivel nacional en esta materia, debe establecer que, desde la educación básica y de formación de profesores, se lleven a cabo las acciones necesarias para que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tenga, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los que ya establece en su artículo 7o. la ley, el que se inculquen los conceptos y principios fundamentales de la educación y seguridad vial, promoviendo y fomentando la armonía, concientización, cordialidad, solidaridad y convivencia social.

Fundamentación

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una nueva fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación

Artículo Único.Se adiciona una fracción XVII al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

I. a XVI. ...

XVII.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la educación y seguridad vial, promoviendo y fomentando la armonía, concientización, cordialidad, solidaridad y convivencia social.

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 19 del mes de febrero de 2013.— Diputados: Javier Orozco Gómez, María del Rocío Corona Nakamura (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

GOBIERNOS ESTATALES Y CONGRESOS LOCALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos y a los congresos locales a establecer acciones para garantizar la inclusión del enfoque participativo de la sociedad y los diversos grupos de ésta en la elaboración de sus presupuestos de cada ejercicio fiscal, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakaruma, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los gobiernos estatales y sus Congresos locales a que establezcan las acciones necesarias a fin de garantizar la inclusión del enfoque participativo de la sociedad y sus diversos grupos sociales en la elaboración de sus presupuestos para cada ejercicio fiscal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La plena participación ciudadana en todos los ámbitos que implica a la población en su conjunto, es el resultado de contar con una sociedad integrada por mujeres y hombres conocedores de sus derechos conferidos en sus leyes y sabedores también de sus obligaciones que como individuos con ciudadanía les corresponden, que se involucran y contribuyen determinadamente por el interés personal y común, y que solicitan espacios con mayor grado de incidencia directaen todos los puntos donde se da la toma de decisiones y la definición de las políticas públicas de su interés, con la permanente intención de mejorar sus oportunidades de desarrollo, su calidad y condiciones de vida.

Actualmente, reconocer que la participación ciudadana puede presentarse en cualquier contexto de la vida tanto en el ámbito social, jurídico, político y económico de nuestro país; la ha convertido en una proveedora de vigencia y permanencia para la democracia incluyente y participativa, así como también para la gobernabilidad; ya que al alejarla de caer o posicionarse en el reducido papel del discurso mediático, hemos ido transformado al ciudadano no únicamente en un vigilante activo de las autoridades y su desempeño, sino también en parte dinámica y valiosamente corresponsable de la toma de decisiones.

Esto se dio en nuestro país, en el momento en que la participación ciudadana dejo de ser una iniciativa propia de nuestras autoridades o con autoría de nuestros gobernantes; y paso a ser resultado de un proceso autónomo y propio de la población en la búsqueda de la inclusión ordenada y eficiente de la sociedad en su conjunto como observador del desempeño de sus autoridades, gobernantes y representantes populares y posteriormente en su necesidad de lograr el acceso organizado y participativo en la toma de decisiones.

Con este involucramiento de los diversos actores sociales en el país, no solo se ha logrado a lo largo del tiempo construir entre éstos, favorables alianzas y consensos ventajosos para el bien común; también se ha podido abonar en pro de la optimización y aprovechamiento de los recursos con los que dispone cada comunidad y en desarrollar una incipiente cultura participativa en todas las regiones que se nutre de aprender a compartir riesgos y beneficios, en la ejecución de proyectos y planes gubernamentales con un enfoque irrestrictamente social.

En todas las regiones del mundo y no exclusivamente en México; esto sucede porque los gobiernos al promover y garantizar una efectiva participación ciudadana, se ven en la posibilidad de conocer más detalladamente los problemas de sus ciudadanos, de compartir espacios de acercamiento, encuentro, reflexión y trabajo; condiciones que generan y motivan una mayor confianza hacia las instituciones y sus representantes, sustentando así la mencionada con anterioridad, gobernabilidad tan requerida indispensablemente para todo gobierno incluyente.

Es así que hoy en día, la promoción y mantenimiento de una participación ciudadana es imprescindible para el desarrollo democrático del estado de derecho mexicano, ya que en los ciudadanos organizados, activos y propositivos se encuentra la fortaleza de una sociedad con amplias posibilidades de desarrollo sostenible y sustentable.

Por ello; garantizar para nuestra población en todos los niveles de gobierno, adecuados mecanismos, instrumentos y canales de esta participación social en todos los aspectos del quehacer político-administrativo como lo es los presupuestos participativos, debe de ser prioridad consagrada de cualquier autoridad sin importar su origen partidista; administraciones federales, estatales y locales con sus respectivos congresos, que atiendan los principios de democracia, gobernabilidad,  pluralidad y autonomía de sus instituciones, en el marco de la protección, la defensa y el ejercicio pleno de los derechos individuales, políticos, económicos y sociales de la sociedad en su conjunto, preservando siempre su diversidad que la compone; es no solo un reto sino una condición permanente para nuestra país.

El gozar como individuo del compromiso gubernamental de mantener una indiscutible voluntad política de transparentar su gestión y trabajar de manera coordinada, integrada, abierta y con libre intervención de los diversos actores sociales por medio del acceso a la información, es ineludible para el fortalecimiento de dicha participación mediante presupuestos participativos en un nivel óptimo y provechoso en términos del bienestar común; gracias a que con ello se estaría en posibilidades de ampliar a la sociedad mexicana el acceso a decidir en qué y cómo gastar los recursos públicos con los que se cuenta.

Adicionalmente, la ciudadanía requiere a la par de su capacidad de participación social, de un sistema de transparencia y acceso a la información ostentado en la práctica y expresado en las leyes, acciones y políticas públicas, que le proporcione información económico-administrativa oportuna para participar en los procesos de desarrollo de su comunidad y su entorno, así como también en su acceso al control y fiscalización de la gestión de sus gobernantes o autoridades en todos los niveles de gobierno; para con ello estar en posibilidades de integrar la figura de presupuestos participativos.

Es así que contando con el involucramiento de las legislaturas locales; el construir, implementar, difundir y garantizar las herramientas e instrumentos de participación en el gasto, la información y transparencia de éste, es clave en la conducción y funcionamiento de cualquier gobierno ya sea federal o estatal; comprometido con mantener la confianza y credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones; como medida real y efectiva para fortalecer a la democracia y los canales de participación plural y equitativa en la sociedad.

Por ello, hemos llegado al punto en que desde los estados y sus congresos locales, requerimos darle el valor que le corresponde y reconocer que la participación ciudadana ha evolucionado vertiginosamente conforme la sociedad y sus necesidades los han hecho, quizás a un mayor ritmo, que la capacidad de los dos gobiernos pasados de entender, asumir y adaptarse a estos cambios.

Es así, que necesitamos sentar las bases para empezar a construir en las administraciones estatales junto a sus congresos, un sistema de elaboración de presupuestos participativos permanente, eficiente y eficaz con la suficiente disposición de información y transparencia que establezca las condiciones para permitirle poco a poco a la ciudadanía en el ámbito económico, mayor facultad de participación.

Lo anterior no es completamente ajeno en nuestro país; al menos a nivel federal contamos ya con un ordenamiento legal que aunque de manera incipiente, reconoce y promueve los presupuestos participativos y la participación ciudadana democrática en la elaboración de los programas y definición de objetivos en la conducción económica.

En la Ley de Planeación se establece la condición que se describe y que como objeto del presente punto de acuerdo, se hace necesaria para los gobiernos de los estados y sus congresos locales; lo anterior se puede ver en los artículos 1 y 20 de la citada ley que a continuación se señalan:

“ Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:

I. a III.

IV. Las bases para de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y.....”

“Artículo 20.En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar, con el propósito de que la para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, como órganos de consulta permanente relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.........”

En la medida en que todos los integrantes del estado mexicano, entendamos la importancia de abrir los espacios a la ciudadanía en ámbitos de toma de decisiones en materia económica con la integración de presupuestos participativos; el ámbito de interacción instalado en las buenas prácticas entre autoridades y ciudadanos, adquirirá variadas y fecundas formas de expresión con iniciativas conjuntas y propias, con amplios rangos de profundidad y alcance, y sobre todo con la posibilidad en el corto plazo de alcanzar los objetivos que se pretenden; al transformar la administración, captación y gasto de los recursos públicos en servicios y bienes para la comunidad en su conjunto; convirtiendo a este tipo de presupuestos en una forma de amplia expresión de civilidad.

Con lo anterior esta soberanía está obligada, a asumir el compromiso de impulsar y profundizar en los estados y sus congresos locales; la integración de presupuestos participativos como una importante herramienta de expresión y participación ciudadana.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de

Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos Estatales y a sus Congresos Locales a que establezcan las acciones necesarias a fin de garantizar la inclusión del enfoque participativo de la sociedad y sus diversos grupos sociales en la elaboración de sus presupuestos para cada ejercicio fiscal; considerando los siguientes aspectos:

• Estableciendo las bases para promover y los términos a los que se sujetará la participación democrática de la población en su conjunto y de sus diversas agrupaciones sociales que la conforman en las decisiones que consideren de incidencia directa en el desarrollo de sus pueblos y comunidades, que serán plataforma de un Presupuesto Participativo.

• Fijando los lineamientos para involucrar sistemáticamente a su sociedad y sus agrupaciones sociales en la elaboración, definición, ejecución y actualización de los objetivos y prioridades que habrán de considerarse en los programas que integraran dichos presupuestos.

• Señalando los protocolos de organización, funcionamiento y periodicidad para que la participación de quienes así lo decidan en la elaboración de los Presupuestos Participativos se de de forma incluyente y con un sistema de consulta permanente de la sociedad y sus agrupaciones sociales, bajo un esquema  informado, transparente y organizado.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de febrero de 2013.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

ESPACIOS PUBLICOS Y PRIVADOS AFECTADOS POR EL GRAFFITI

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, y a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal a emprender campañas de concienciación ciudadana sobre el graffiti o arte callejero; y a llevar a cabo acciones conducentes a recuperar los espacios públicos y privados afectados por dicha práctica y abrir espacios especiales para ella, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada federal por el estado de Guanajuato de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición conpunto de acuerdo por el que Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffitio arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti, y abran espacios públicos especiales para esta práctica.

Antecedentes

El graffitio arte callejero en México, se origina en la ciudad de Tijuana, localidad fronteriza con Estados Unidos. Los cholos fueron los primeros en tomar las formas de expresión callejera, propia del bando norte de la frontera, de los chicanos residentes allí.

Es en la ciudad de Guadalajara en donde se afianza con más fuerza el graffiti. Allí se instala primera escuela de graffiter os mexicanos, se crean los primeros estilos y formas de letras y firmas, propias de México con toques auténticos aztecas.

Otras ciudades en donde el graffiticreció con intensidad fue en Aguascalientes y Ciudad de México. En esta última, sobre todo, se dio en los barrios periféricos, zonas marginadas de la capital mexicana, con una importante influencia de las pandillas instaladas allí, en las cuales es una forma de expresión corriente marcar sus nombres en las calles.

En un primer momento el graffitiera barrial, los escritores pintaban en sus lugares adueñándose así de ellos, marcando su sello propio. Era una costumbre no pintar en zonas ajenas, una especie de código al que se adherían todos, destinándose a pintar en sus barrios y no en el de otros.

Las primeras expresiones del graffitien México son similares a las de Nueva York. Tags (es una marca con clase que delimita una región) y firmas en un principio, luego obras de mayor calidad y tamaño, hasta llegar a obras maestras y murales enteros. A su vez, una de las particularidades que se dio en México, fue la de las crews (grupo de personas trabajando en conjunto) o pandillas de escritores.

Las crewsno son propias de México, sin embargo es mucho más común que en otros lugares, siendo más habitual una firma o una obra identificada con una pandilla que con un solo escritor.

En la Ciudad de México se incrementó su actividad a partir del año 2000, con el graffitiilegal que se practica inicialmente por estudiantes de nivel medio y medio superior (entre 11 y 17 años), las pintas generalmente parten desde su escuela , abarcando su entorno geográfico cercano, los horarios en que actúan, en su mayoría, son nocturnos; principalmente pintan por baja autoestima, necesidad de reconocimiento, imitación, ocio e inconsciencia.

Comentarios generales:

Es importante tener en cuenta que aunque el graffitidesde el momento mismo de su gestación nace como un arte ilegal por estar realizado en propiedades privadas y sin permiso, el verdadero writer o graffitero no es un criminal, ni distribuye drogas, ni pertenece a ningún gang, y pese a los peligros en forma de fuertes multas y cortas sentencias de encarcelamiento que amena za la realización de las grandes piezas, continúan fieles a la llamada del arte y a la necesidad de expresarse.

El aumento de la actividad que desarrollan los llamados graffiteros está sembrando de nuevo el debate y la preocupación en la sociedad, además del impacto visual y económico que esto conlleva. Basta simplemente salir a la calle y encontraremos alguna fachada con pintas, que más se tarda el propietario en pintar, que en que los grafittis aparezcan de nuevo.

Las pintas que se visualizan de manera intensa en algunos puntos de las ciudades, y que ahora comienzan a aparecer en zonas rurales, destrozan el patrimonio de determinados muebles, inmuebles, monumentos y calles históricas.

La pregunta sería: ¿Es el graffitero un delincuente o un artista?

En algunas publicaciones, los expertos en el tema coinciden en que es conveniente diferenciar el vandalismo callejero y el graffiti, pues en la sociedad se ha emprendido cierta “persecución” a esta confusa actividad del graffiti como una forma de expresar “algo”.

Hay que reconocer que hay obras que son magistrales, pero hay otras que son acciones vandálicas que perjudican a terceros, nosotros en el caso de los espacios públicos y los particulares que se ocupan de sus propios daños, esto por consecuencia afecta el erario público y la economía de las familias.

El debate se centra fundamentalmente en que una cosa es el vandalismo y otra, la escenificación del arte. Habría que partir del hecho de que todo de tipo de dibujo tendría que estar acorde con el entorno y el propio espacio donde se pretenda realizar.

Consideraciones

Tenemos que estar conscientes del daño que puede provocar este arte urbano, debemos abogar por la concientización colectiva para que los verdaderos protagonistas, ciudadanos en general y políticos mantengan única sintonía y lograr un consenso, buscar soluciones alternativas, tales como la habilitación de determinados espacios de forma temporal, con el fin de que “el arte”, pero el “vandalismo”, no desaparezca de la sociedad. Muchos de los graffiteros son personas con preparación y con estudios, en algunos casos son licenciados en las artes o expresionistas.

Sin embargo, el graffitique deteriora la propiedad y promueve un ambiente compatible con el delito, este tipo de graffiti se ha convertido en uno de los problemas sociales que más molesta a la sociedad, pues además de la pésima imagen que representan, los dueños de casas y negocios tienen que enfrentar pérdidas económicas debido a los gastos innecesarios que se ven obligados a sufragar, al igual que el gobierno federal, estatal y municipal ya que no se respetan edificios públicos ni monumentos históricos.

Si bien es cierto que el graffiti es una forma de recrear una expresión artística, no se debe tipificar a estas personas como delincuentes o vándalos; debemos de colaborar con ellos y educar al graffitero, abrirles los canales de comunicación que buscan para expresarse y vivir en armonía, esta es la mejor solución.

México tiene historia por doquier, en sus calles y monumentos; es triste observar pintas que no represen tan el arte del graffiti. Debemos lograr una concientización a nivel nacional para todo tipo de pintas en la vía pública y trabajar para respetar el derecho de los ciudadanos; tomar las acciones necesarias que nos conduzca al camino más acertado para que no haya ningún tipo de conflicto entre particulares sobre los “ graffitis”. El dibujo puede ser aceptable, siempre y cu ando se respete el derecho de los demás en los espacios públicos y privados. La base está en la concientización, la educación y el respeto por el entorno, destinando áreas específicas para la libre expresión.

Propuesta

Asumamos el compromiso de instrumentar una campaña nacional que pueda proporcionar los mecanismos para darle cabida a la recuperación de las vías públicas y la recreación artística de este tipo; facilitar los espacios para que los graffiteros tengan la oportunidad de expresarse, legalizar algunas paredes para pintar, que las autoridades se lo permitan.

Busquemos el consenso a través del diálogo, lograr el común acuerdo entre las partes, contar con la colaboración de los gobiernos, vecinos y la ciudadanía que quieran cooperar prestado sus paredes y bardas en mal estado.

Nos corresponde atender esta problemática social, organizando foros de expresión urbana, incentivando a los participantes con premios a las mejores obras, reencausando a los grafitteros a compartir sus técnicas y participar en el estudio de las artes plásticas.

Es responsabilidad de los gobiernos establecer el orden público y privado sin afectar a terceros, implementar programas e impulsar talleres y jornadas de arte urbano que incluya a la niñez, para que, si les gusta el arte, sepan diferenciar lo que es vandalismo y lo que puede ser una expresión artística.

El respeto a los demás, la educación, el civismo y la verdadera recreación artística son la clave para solucionar la controversia.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti, y abran espacios públicos especiales para esta práctica.

Nota:

1 http://doggshiphop.com/historia-del- graffiti-en-mexico/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.— Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

DISTRITO FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno federal y al jefe del gobierno del Distrito Federal que se instauren acciones para atender el desabasto de agua en Iztapalapa, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución, la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita respetuosamente al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal la instrumentación de acciones inmediatas para atender el desabasto de agua en la delegación Iztapalapa, situación que afecta desde hace más de un año a 80 mil familias de 59 colonias de la demarcación. Todo ello al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La delegación Iztapalapa, con una población de 1 millón 815 mil habitantes, es la delegación más poblada del Distrito Federal; es el territorio más densamente poblado del país; su población es mayor a la de municipios como el de Ecatepec de Morelos y a las ciudades de Guadalajara, Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, o León, Guanajuato.

Iztapalapa recibe agua potable a través de tres tanques principales denominados La Estrella, La Caldera y Xaltepec; estos, a su vez, reciben en conjunto un promedio 5 mil 244 litros de agua por segundo, cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los habitantes de la demarcación.

La consecuencia directa de este bajo suministro es la presencia de un creciente déficit de agua en la delegación, ya que debieran ser suministrados al menos 7 mil litros por segundo para cubrir las necesidades elementales de sus habitantes; en estas condiciones, el actual suministro representa un déficit de 30 por ciento en relación a la necesidad de abastecimiento de agua para la delegación.

Otra fuente de suministro de agua para Iztapalapa es a través de los pozos de extracción ubicados dentro del área delegacional. Actualmente, cuenta con 78 pozos, sin embargo 15 de estos están fuera de servicio desde hace más de un año porque se han agotado, por mala calidad de agua o por fallas electromecánicas en su sistema de extracción.

La situación viene a agravarse porque desde octubre pasado se ha disminuido paulatinamente el suministro de agua que recibe la delegación hasta en un 50 por ciento en los tanques de La Estrella y Xaltepec. Además, a partir del 1 de febrero del presente, a raíz de una serie de trabajos de mantenimiento que se realizan al Sistema Cutzamala, el suministro se disminuyó aún más, alcanzando hoy un punto crítico, que pone en riesgo la salud de la población de Iztapalapa.

Segunda. Esta situación de escasez que afecta severamente las condiciones de vida de todos los habitantes de la delegación se hace más crítica para los habitantes de 59 colonias, en donde se encuentran más de 100 escuelas de nivel básico, varios centros de desarrollo infantil, el hospital de la Comunidad Europea, clínicas del seguro social, el hospital pediátrico, los animales de la granja del parque Cuitláhuac y los centros de readaptación social ubicados en la demarcación territorial. No erramos al calcular que cerca de 400 mil personas están siendo afectadas en su calidad de vida y salud por esta severa carestía del vital líquido.

Colonias y unidades habitacionales con falta de agua

Consejo Agrarista, D. U. Quetzalcoatl, Z. U. E. Santa Ma. Aztahuacán, Granjas Estrella, Presidentes de México, Insurgentes, San José Aculco, Pueblo Santa María Aztahuacán, Carlos Hank González, Los Ángeles, Paraje San Juan, Jacarandas, Las Peñas, Francisco Villa, El Manto, Leyes de Reforma, Frente V, Frente VI, Frente VII, Guadalupe del Moral, Cerro de la Estrella, Renovación, Pueblo Santa Cruz Meyehualco, Ampliación Polvorilla, Mixcoatl, El Triángulo, La Magueyera 762, La Magueyera 140, M. Cañas 51, Zafiro Arboledas, Unidades habitacionales, España 50, España 505, España 505 A, Carril 19, Bilbao 102, Bilbao 487, Bellavista 14, Bellavista 520, Bellavista 75, Bellavista 81, Bellavista 225, Bellavista 64, Hidalgo 184-A, Hidalgo 824, Hidalgo 10, Hidalgo 184, Sabadel 119, Sabadel 54, Sabadel 101, Sabadel 101-A, Monzon 36, Monzón 5730, Monzón 242, San Lorenzo 74, San Lorenzo 81, San Lorenzo 75,Santa Cruz Meyehualco, total 59 colonias.

Tercero. Cabe destacar que, ante esta grave situación, el gobierno delegacional en Iztapalapa se ha visto en la imperiosa necesidad de declarar una situación de emergencia, para lo cual nos ha informado que está desplegando todo su esfuerzo para atender la demanda de agua a través de pipas; sin embargo, evidentemente, estas acciones resultan insuficientes, ya que su equipo de pipas es limitado para realizar los viajes que se necesitan; según nos informa, la autoridad delegacional realiza 450 viajes por día pero en realidad la demanda supera los 600 viajes por día, esto en una situación de racionalización máxima del líquido que se surte a cada una de las familias.

Las consecuencias de la falta del líquido pueden ser graves, ya que afectan la salud de niños y adultos, la operación de los hospitales, la operación de las escuelas y la estabilidad de los Centros de Readaptación Social del Sistema Penitenciario del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Solicitamos al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal la instrumentación de acciones inmediatas para atender el desabasto de agua en la delegación Iztapalapa, situación que afecta desde hace más de un año a 80 mil familias de 59 colonias de la demarcación.

Segundo. Se solicita respetuosamente al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal restituir el suministro del volumen de agua del tanque Estrella y el tanque Xaltepec a un tirante de 8.5 metros diarios y la operación de los 15 pozos de extracción de agua de Iztapalapa que están parados desde hace un año.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.— Diputado Carlos Augusto Morales López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

ESPACIOS LIMPIOS EN LOS QUE SE SESIONA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los miembros de esta soberanía a responsabilizarse de mantener limpios los espacios donde sesionan; y a las legislaturas locales, a atender esta recomendación, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Arturo Escobar y Vega, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los efectos negativos de la contaminación y el deterioro del ambiente han adquirido desde hace tiempo gran notoriedad porque, en la práctica, afectan a un porcentaje creciente de la población mundial.

Esas consecuencias son evaluadas constantemente en todo el mundo por científicos de las más diversas especialidades, quienes se esfuerzan, primero, por establecer la magnitud de los daños ecológicos y, luego, por proponer los cursos de acción necesarios para revertir la problemática generada por el descuido de que el ambiente ha sido objeto.

La comunidad internacional considera la búsqueda de soluciones de corto y largo plazos para restaurar el equilibrio ecológico como una cuestión prioritaria. El asunto adquiere importancia creciente en los niveles político, económico y social, así como entre la opinión pública.

En el ámbito legislativo, el Partido Verde ha orientado sus esfuerzos a impulsar acciones en favor de la ecología, y a formar un cuerpo de leyes y reglamentos encaminados a garantizar en el país una efectiva protección y conservación del ambiente. Nuestra agenda para la LXII Legislatura incluye, por ejemplo, impulsar el establecimiento de un mecanismo a través del cual se haga posible que quien contamine esté obligado a reparar el daño, lo cual refrenda nuestro compromiso con la protección del ambiente y el desarrollo ecológicamente sustentable.

Pero la responsabilidad del cuidado del entorno natural no sólo recae en los gobiernos y en los parlamentos, sino que ésta es una tarea que compete a la sociedad entera.

“Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a las adultas... para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión”. Ésta fue una las recomendaciones del plan de acción propuesto por la Conferencia de Estocolmo en 1972, la cual marcó el comienzo de una nueva conciencia pública en cuanto a los problemas ambientales globales.

En concordancia con lo anterior, los gobiernos alrededor del mundo han impulsado políticas públicas para proporcionar educación ambiental a sus ciudadanos, e involucrar a todos los miembros de la sociedad en el cuidado del medio. Todos, en absoluto, podemos contribuir con pequeñas acciones, en nuestro hogar, en la escuela y lugar de trabajo para tener un planeta más verde y menos contaminado.

En la sesión del pasado jueves 14 de febrero, algunos medios de los que cubren la actividad de la asamblea, accedieron al salón de plenos y se percataron de que muchas curules acumulaban basura producto de las envolturas de los regalos recibidos por el Día del Amor y la Amistad, y de las bolsas y envases de los refrigerios que se nos proporcionan mientras sesionamos, así como tarjetas, papeles y otros objetos olvidados.

Lo anterior, compañeros, es motivo de vergüenza, más allá del estupor del momento. Los diputados somos representantes populares que debemos comportarnos de manera ejemplar, y tenemos la obligación de poner con nuestras acciones la muestra del tipo de ciudadanos que necesitamos para construir el país que queremos.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los miembros de la Cámara de Diputados a responsabilizarse por mantener limpios los espacios donde sesionan; y a las legislaturas locales, a atender esta recomendación, de manera que brindemos un mejor ejemplo a todos los ciudadanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.— Diputados: Arturo Escobar y Vega, María del Rocío Corona Nakamura (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para atención.

CENTROS PENITENCIARIOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a las instituciones estatales correspondientes a garantizar la seguridad en los centros penitenciarios del país, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el 16 de enero pasado, en nuestro país se han registrado motines en diferentes prisiones, tal es el caso del penal de Guaymas, Sonora; en Jojutla, Morelos; Islas Marías, en Nayarit, y en el Centro de Reinserción Social de Los Cabos, Baja California Sur.

Tal y como lo considera Guillermo Aguirre Aguilar, quien funge como tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estos casos “son una evidencia del estado de abandono en que las autoridades federales y estatales mantienen a los penales del país, (aunado) a los graves problemas que enfrenta el sistema carcelario, (lo que conlleva que) no se esté cumpliendo con el objetivo de la prisión, que es la reinserción social”.

Asimismo, aseveró que en por lo menos sesenta penales del país, existe el riesgo de que ocurra un acto de violencia, lo cual representa un llamado urgente para modificar la forma en que se enmarca el sistema penitenciario a nivel nacional.

Es por más conocida la crisis que atraviesa el sistema penitenciario en México, en donde y desde un inicio, la violación al debido proceso, así como la incapacidad de las autoridades de generar un sistema acorde a las necesidades y al contexto actual; ha desembocado en que la corrupción, la complicidad y la “ley del más fuerte” sea lo que impere en estos centros.

Aunado a ello, hay que recalcar que gracias a la guerra contra el narcotráfico, incrementó el número de reclusos, por lo que esta sobrepoblación ha provocado que las cárceles se encuentren totalmente rebasadas; a la par de que en el diagnóstico presentado por la CNDH, se concluye que en 60% de los 418 centros penitenciarios hay autogobierno.

Tan sólo un ejemplo, de la falta de transparencia en el ejercicio del sistema penitenciario, es lo ocurrido en la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, en donde en septiembre de 2008, ocurrió un motín, provocando la muerte de 23 reclusos; sin embargo la información relativa al caso se encuentra clasificada como reservada hasta el año 2018.

También, el tercer visitador de la CNDH “consideró que el nuevo modelo de Centro de Respaldo Plataforma México -el primero de los cuales inauguró el ex presidente Felipe Calderón en octubre de 2012 en (el estado de) Sonora, cuyo propósito es crear prisiones a prueba de motines y fugas con recursos públicos y privados- es también inadecuado (alertando que) estos modelos son costosos e impagables”.

Cuestión que entre otras cosas, se encuentra frenada, por lo menos en recursos para su operación, ya que en el Senado se encuentra aún sin discutir de manera profunda, el dictamen de la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones.

Se debe garantizar que quienes se encuentran en las cárceles y demás centros, cuenten con los mecanismos para garantizar sus derechos humanos y con ello su reintegración a la comunidad, tal y como lo establece el artículo18 constitucional.

Por ello, nos sumamos a lo que la CNDH exige al decir que “lo que esperamos del nuevo gobierno es que replanteé la política carcelaria y que se cumpla con el mandato constitucional de la reinserción social”.

Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las instancias estatales responsables, a garantizar la seguridad en los centros penitenciarios del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de febrero de 2012.— (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a consolidar por la Cofetel las áreas de servicio local correspondientes a Tijuana-Tecate y Tijuana-Playas de Rosarito, Baja California, y dejar de considerarlas de larga distancia, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Jaime Bonilla Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para que se consoliden las áreas de servicio local correspondiente a los municipios de Tijuana- Tecate; Tijuana- Playas de Rosarito en el estado de Baja California, y que dejen de ser llamadas de larga distancia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California cuenta con cinco municipios, entre los cuales los habitantes de los municipios de Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana han padecido las altas cuotas en los precios por las llamadas que se realizan de larga distancia entre los mismos.

Lo anterior no obstante a que según el censo de población y vivienda del año 2010, Tecate tenía una población de 101 mil 079 habitantes; para el caso del municipio de Playas de Rosarito cuenta con una extensión territorial de 513.32 kilómetros cuadrados que colinda con el municipio de Tijuana, según el censo de población total del año 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es de 90 mil 668 y por último, para el caso del municipio de Tijuana colinda al sur con el municipio de Playas de Rosarito y al este con el de Tecate, a su vez, tiene una extensión de mil 239.49 kilómetros cuadrados y se divide en 9 delegaciones y según el Inegi tiene una población total de un millón 559 mil 683 habitantes.

Luego entonces, la afectación por las llamadas de larga distancia es en un total aproximado de la población de un millón 751 mil 430 habitantes, en los tres municipios conurbados, los que en la actualidad tiene que pagar llamadas de larga distancia entre los mismo y en los que la extensión territorial es relativamente mediana.

Debemos aclarar que la empresa concesionada para brindar el servicio de telefonía en esta región es Teléfonos del Noroeste (Telnor) misma que es filial de Teléfonos de México (Telmex) y brinda este servicio en parte del estado de Sonora y la totalidad de Baja California. Esta empresa ha iniciado el proceso de consolidación desde el año de 1998, mismo que a la fecha no ha concluido; la falta en este proceso lo siguen padeciendo miles de personas y se ve traducido en afectaciones económicas importantes en la región.

Es desde ese mismo año que la telefónica concesionaria ha venido realizando el proceso de consolidación de áreas de servicio local en comunidades conurbadas o cuya distancia entre ellas sea reducida. Se sabe que en el año de 1996 existían mil 800 áreas de servicio de larga distancia, y a la fecha sólo quedan cerca de 200.

En el caso específico de Baja California, en la comarca conformada por Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, aun no se ha consolidado como área de servicio local por lo que sus habitantes siguen pagando las altas cuotas por servicio de larga distancia, que la empresa Telnor les impone.

Lo anterior, no obstante a la insistencia del gobierno del estado de Baja California, representantes de la sociedad, y en general de todos los usuarios de la región, esta compañía se ha resistido a terminar de consolidar todas las zonas que aún prevalecen en la situación de llamadas de larga distancia.

El desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, el de telefonía incluida en estos, es definitivo del desarrollo económico, social y educativo de las comunidades, amén de contribuir destacadamente en el proceso de integración familiar.

La presente proposición tiene como objeto contribuir al desarrollo socioeconómico de la región, logrando beneficios para la mayoría de la población; a su vez, la consolidación constituye parte de los planes de desarrollo anuales y quinquenales de las empresas que brindan estos servicios, esta obligación tiene su fundamento en la Ley Federal de Telecomunicaciones y en los propios títulos de las concesiones otorgados.

Esta honorable asamblea ha aprobado exhortos similares al que el día de hoy me permito presentarles. La sociedad bajacaliforniana exige mejores condiciones para el desarrollo en los servicios de telecomunicaciones de la región.

La presente solicitud tendrá un beneficio significativo en los costos de las llamadas telefónicas entre los municipios de Tijuana-Tecate; Tijuana-Playas de Rosarito y será el primer paso que se proponga en la entidad sobre este tema.

La sociedad bajacaliforniana se merece contar con tarifas justas, que ayuden a la economía familiar y apoyen en el desarrollo de la economía de la región.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me permito proponer a esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Que esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que se consoliden las áreas de servicio local correspondiente a los municipios de Tijuana-Tecate; Tijuana-Playas de Rosarito, en el estado de Baja California, y que dejen de ser llamadas de larga distancia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.— Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se adopte un acuerdo para la difusión y el uso de lenguaje incluyente en favor de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la siguiente propo sición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que al año 2010 hay, en todo el territorio nacional, más de 5 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa un 5.1 por ciento de la población total del país. Es decir, una de cada veinte personas se enfrenta diariamente vicisitudes de accesibilidad, desde una condición de vida que en la mayoría de los casos los coloca en la marginalidad, la vulnerabilidad, la invisibilidad del mundo y hasta en la discriminación y el bullying.

El Estado y la sociedad estamos obligados, moral y jurídicamente, a adoptar medidas para lograr el bienestar de todos y cada uno de sus miembros, incluyendo aquéllos que viven con alguna discapacidad. De las políticas y programas de un gobierno, está en gran medida la deficiencia o efectividad del reconocimiento, protección y más aún, mejoramiento de la vida y de los derechos de las personas con discapacidad.

La discriminación hacia este grupo de población en nuestro país está asociada con expresiones verbales y escritas inadecuadas y condiciones bajas de bienestar como lo son: marginación social, desnutrición, analfabetismo, ignorancia y pobreza extrema, entre otras.

A las personas con discapacidad ya no se les debe llamar “discapacitadas”, “incapacitadas”, “retrasadas”, “con capacidades diferentes”, sino personas con discapacidad.

Afortunadamente, en la última década se han tomado acciones para evitar la discriminación y mejorar las condiciones de vida de las personas que, por males congénitos, enfermedades, accidentes o vejez, padecen algún tipo de discapacidad.

Sin embargo, aún hace falta que el Estado Mexicano adecue el lenguaje de su marco normativo y que los legisladores tengamos una sensibilidad mayor y general izada para garantizar la transversalidad del tema en el trabajo cotidiano del Poder Legislativo.

Antecedentes

El 14 de agosto de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adicionó un segundo y tercer párrafo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta reforma, se garantizó a nivel constitucional la prohibición de toda discriminación motivada por “las capacidades diferentes ”.

El 11 de junio de 2003, fue promulgada la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El artículo 4º ya contempla como forma de discriminación

“Toda distinción exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.

El 4 de diciembre de 2006, se reformó de nueva cuenta el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión, la reforma fue con el fin de adecuar el lenguaje y hacer una referencia correcta a las discapacidades y las personas que las padecen. Con esta modificación el actual párrafo quinto (tercero en ese momento) quedó como sigue:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

El 13 de diciembre de 2006 la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, adoptó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y abrió la firma y ratificación de este instrumento.

El 30 de marzo de 2007, México firmó la Convención y el 17 de diciembre de ese mismo año, con el aval del Congreso de la Unión, ratificó su adhe sión. Con estas acciones, la convención se convirtió en un instrumento legal y de obligación general para el país y para todos los mexicanos.

El 30 de mayo de 2011, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley General para la Inclusión de las Personas c on Discapacidad y el 30 de noviembre de 2012, fue publicado el Reglamento de la Ley. Con estos ordenamientos se dio un importante paso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano con la firma y ratificación de la convención.

El artículo 4o., inciso “b”, de la convención compromete al Estado Mexicano a “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”.

Igualmente, la firma y ratificación de este instrumento internacional, motiva al adecuado uso del lenguaje por el Estado Mexicano en su conjunto. Esto incluye a todas las instancias de Gobierno, en todos sus niveles y órdenes.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados adopte un “acuerdo para la difusión y uso de lenguaje incluyente en favor de las personas con discapacidad” con base en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, revistiendo el carácter de lineamiento de comunicación parlamentaria y legislativa, tendiente a evitar el uso de expresiones discriminatorias.

Segundo. Se sugiere respetuosamente la consideración del siguiente documento como punto de partida del acuerdo que se solicita:

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la difusión y uso de lenguaje incluyente en favor de las personas con discapacidad

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscribe la diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas del Grupo Parlamentario del PRI, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados reconoce que:

1. La discapacidad es un concepto en constante evolución, que deriva de la interacción entre las personas,

2. Que una actitud negativa o fundada en la ignorancia limita la participación plena, efectiva y en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad,

3. Que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano,

4. Que el trabajo en favor de la no discriminación empieza con el uso del lenguaje apropiado,

5. Que es necesario refrendar nuestro compromiso y adoptar en nuestra práctica parlamentaria y todos nuestros actos legislativos un lenguaje incluyente, siempre que se aluda a este grupo poblacional, referido a las “personas con discapacidad”, ello con el fin de promover activamente el destierro de costumbres y prácticas que constituyan discriminación.

Notas:

1 Párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Inciso “b” del artículo 4o. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A los 19 días del mes de febrero de 2013, en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.— Diputadas: María de la Paloma Villaseñor Vargas, María del Rocío Corona Nakamura (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CIUDADANOS CUBANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y a las autoridades judiciales estadounidenses a revisar la arbitraria detención de cinco ciudadanos cubanos, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 65, 66 y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado José Antonio León Mendivil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

1. Desde el año de 1998, cinco ciudadanos cubanos han estado encarcelados en Estados Unidos por cargos relacionados con sus actividades como agentes de inteligencia del gobierno cubano.

2. Los conocidos como “Cinco de Cuba”, enfrentan, a partir del 2001, penas de prisión que van desde quince años hasta cadena perpetua, derivadas de un total de veintiséis cargos, entre ellos: actuar y conspirar para actuar como agentes no inscritos oficialmente de un gobierno extranjero; fraude y uso indebido de documentos de identidad; y, en el caso de tres de los acusados, conspiración para reunir y transmitir información sobre la defensa nacional.

3. El veintisiete de mayo de 2005, el grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la opinión No. 19/2005, mediante la cual expresó que “La privación de libertad de los Sres. Antonio Herreros Rodríguez, Fernando González Lort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labaniño Salazar y René González Schweret es arbitraria, ya que quebranta el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos...”

4. La situación que enfrentan los “Cinco de Cuba”, ha motivado un respaldo internacional demandando su inmediata liberación, como el apoyo expreso de diez Premios Nobel, entre los que figuran, el Presidente de Timor Leste, José Ramos Horta, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, José Saramago, Wole Soyinka, Zhores Alferov, Nadine Gordimer, Günter Grass, Darío Fo y Mairead Maguire; así como la Asamblea Nacional de Panamá; Mary Robinson, presidenta de Irlanda (1992-97) y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1997-2002), y el ex director general de la UNESCO, Federico Mayor, entre otros.

5. En marzo de 2009 fueron presentados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un total de doce documentos de amigos de la Corte (amicus curiae brief), en apoyo a la petición presentada por la defensa de los cinco cubanos para que la Corte reexaminara el caso.

6. A nivel parlamentario se han realizado un sinnúmero de acciones, figurando el Parlamento Europeo, la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano, la Asamblea Parlamentaria ACP-UE, conformada por los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Comunidad Europea, la Conferencia Parlamentaria de las Américas, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento del Mercosur, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el Parlamento Andino, el Parlamento Indígena, el Parlamento de Escocia, el Parlamento de Irlanda, la Duma de Estado de la Federación de Rusia, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, Argentina, así como Diputados y legisladores de Mali, Suecia, Canadá, Brasil, Venezuela, Bolivia, España, Panamá, Italia, Suiza, Paraguay, Chile, Namibia, Turquía, Perú, Chipre, República Dominicana, Jamaica y Nicaragua.

7. México no se ha quedado atrás y ha manifestado en distintas ocasiones a través del Poder Legislativo, su interés porque este caso sea resuelto con estricto apego a la ley y con respeto pleno a los Derechos Humanos, así lo demuestra el punto de acuerdo presentado en el Senado de la República el veintiocho de septiembre de dos mil seis y el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del veintiséis de febrero de dos mil nueve, ambos pronunciándose en el sentido de que las autoridades estadounidenses atiendan la opinión número 19/2005, citada en párrafos precedentes.

8. En fechas más recientes, en octubre de 2010, Amnistía Internacional dio a conocer un informe sobre el caso, en el que concluye que: “La organización considera que los motivos de preocupación expuestos, combinados, suscitan importantes dudas en relación con la imparcialidad de las actuaciones que dieron lugar a su condena, en particular el efecto perjudicial de la publicidad sobre la causa en un jurado de Miami. Amnistía Internacional confía en que todavía sea posible que estas cuestiones se tengan debidamente en cuenta a través de los canales apropiados de apelación. Si el proceso legal de apelación no proporcionara resarcimiento oportuno, y dada la extensión de las penas de cárcel impuestas y el tiempo ya cumplido por los condenados, Amnistía Internacional apoyaría los llamamientos para que las autoridades ejecutivas estadounidenses revisen el caso a través del procedimiento de indulto u otros medios apropiados.”

9. En la celebración de la XII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, realizada en nuestro país, en mayo de 2011, se emitió la respectiva Declaración Conjunta mediante la cual manifestaron su rechazo a la violación del derecho internacional por la detención arbitraria de los cinco ciudadanos cubanos presos en cárceles de Estados Unidos.

10. Asimismo, es importante señalar que René González, uno de los cinco hombres condenados a quince años de cárcel, fue autorizado en abril de dos mil doce, para encontrarse con su hermano gravemente enfermo de cáncer, en la isla cubana. No obstante, René González regresó a Estados Unidos a terminar de cumplir una condena accesoria de tres años de libertad bajo palabra.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de los Estados Unidos de América para que tomen en cuenta la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso.

Segundo.La Cámarade Diputados también hace un exhorto a las autoridades en Estados Unidos para que René González pueda viajar en breve a Cuba para reunirse definitivamente con su familia atendiendo a una cuestión humanitaria y su propia seguridad física, así como para que las autoridades judiciales atiendan las solicitudes presentadas por los abogados defensores de Gerardo Hernández Nordelo y los cinco cubanos en general.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de febrero de 2013.— Diputado José Antonio León Mendivil (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

ESTADO DE OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se implanten medidas para proteger el centro histórico de Oaxaca de Juárez y el polígono de Monte Albán, sitios declarados patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, suscrita por los diputados Martín de Jesús Vázquez Villanueva, María de las Nieves García Fernández y Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos diputados Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María de las Nieves García Fernández y Samuel Gurrión Matías, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por  el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ahora que la ciudad de Oaxaca de Juárez ha sido seleccionada sede del Congreso 2013 de la Organización de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, es oportuno mostrar al mundo el resultado de nuestras políticas públicas para proteger los bienes declarados por la UNESCO con este elevado rango cultural.

El ejercicio lo tenemos que hacer a nivel nacional y para ello se impone formular diversas preguntas: ¿qué hemos hecho en México para preservar y acrecentar ese bien cultural excepcional llamado Ciudades Patrimonio de la Humanidad? ¿Qué hemos hecho para hacer de la cultura una fuente de riqueza y bienestar, además de un orgullo nacional?

En lo relativo a Oaxaca, ésta entidad cuenta con tres sitios declarados Patrimonio de la Humanidad: la Zona arqueológica de Monte Albán y el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, ambas en 1987; y las  Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca, en el 2010.

Monte Albán, probablemente una de las primeras civilizaciones urbanas de las Américas, es uno de los centros ceremoniales prehispánicos más complejos y representativos del pasado majestuoso de nuestras civilizaciones prehispánicas. Los magníficos templos, construcciones arquitectónicas, tumbas y bajorrelieves con inscripciones jeroglíficas y su juego de pelota dan cuenta de su cultura excepcional.

Por su parte, la ciudad de Oaxaca, fundada en 1529, es una urbe moderna que ha podido conservar su centro histórico con un número cercano a 1,200 monumentos, como la iglesia de Santo Domingo, un ícono cultural de América Latina, o el ex convento de San Pablo, recién restaurado, los cuales hacen de dicha capital uno de los corazones culturales de nuestro país y un indudable patrimonio de toda la humanidad.

Ahora bien, veinticinco años después de aquel 11 de Diciembre de 1987, fecha de la inscripción de estos bienes,  el panorama que vemos en Monte Albán y en la ciudad de Oaxaca de Juárez nos mueve a una reflexión profunda que debe llamarnos a la toma de decisiones con visión de Estado, más allá de gobiernos y partidos.

Tenemos que preservar nuestro patrimonio cultural, protegerlo de crecimientos irregulares de la mancha urbana, la inseguridad en la tenencia de la tierra, y todo aquello que socave nuestra mayor riqueza patrimonial, la cultura.

Por una parte, vemos cómo el complejo cultural de Monte Albán sufre el acoso de grupos que amenazan con invadir su zona protegida, lo que hace necesaria una acción más eficaz de los tres órdenes de gobierno; por el otro, la Ciudad Capital de Oaxaca crece sin un plan urbano rector que preserve la autenticidad y singularidad de su arquitectura.

Por todas estas razones, hoy venimos proponer estos

Puntos de Acuerdo

Por el que:

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Gobernador del Estado de Oaxaca y al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a fin de que implementen las medidas necesarias para preservar la integridad territorial  del polígono de Monte Albán, en el marco de un plan rector de reordenamiento urbano.

Segundo. Se exhorta al director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al Gobernador del Estado de Oaxaca y al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a efecto de que garanticen que toda obra pública que se realice en el Centro Histórico de Oaxaca sea autorizada en estricto apego a los lineamientos arquitectónicos vigentes, a fin de que dicha ciudad conserve su majestuosa belleza cultural.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.— Diputados: Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María de las Nieves García Fernández, Samuel Gurrión Matías (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

GENERAL DE DIVISION TOMAS ANGELES DAUAHARE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial y al juez tercero en materia de Procesos Penales Federales en el estado de México sobre la pronta liberación del general de división Tomás Ángeles Dauahare, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD

Javier Orihuela García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguiente

Exposición de Motivos

Exhorto del diputado Javier Orihuela García al Poder Judicial y al juzgador licenciado Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito en materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, con relación al caso del general de división Tomás Ángeles Dauahare para agilizar su pronto liberación.

Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario: José Ma. Morelos y Pavón.

Apreciados compañeros legisladores, como todos ustedes saben el general Tomás Ángeles Dauahare ha sido víctima de un proceso indebido, que a todas luces afecta su impecable trayectoria y también la imagen de la institución militar; sin duda, daña el desempeño patriótico de los soldados del pueblo.

A 100 años de vida moderna de las Fuerzas Armadas, no podemos permitir el ninguneo de quienes han refrendado su valor, patriotismo, entrega, experiencia y solidez moral al bienestar y la soberanía de la nación.

El intento de frenar la carrera militar de Ángeles Dauahare no debió conducirse mediante un proceso judicial porque estaríamos permitiendo la perversión de una teología conquistadora desde la procuración de justicia. De esa manera, el estado de indefensión es crítico para cualquier ciudadano a quien no se le otorga siquiera la presunción de inocencia y que con testimonios de oídas y fabricados puede terminarse con una vida en la prisión.

Los legisladores estamos obligados a combatir toda teología conquistadora antes que todos nos convirtamos en "testigos protegidos", parafraseando al desaparecido Carlos Monsiváis.

Ángeles Dauahare es el representante de la quinta generación de militares del pueblo cuyos ancestros lucharon por la Independencia, el combate de los invasores norteamericanos, franceses, al maximato hasta la restauración de la república con el presidente Juárez y, desde luego, en la Revolución Mexicana, donde el general Felipe Ángeles defendió al presidente Madero siendo preso junto con José María Pino Suárez en la prisión de Palacio Nacional. Posteriormente, el general Ángeles combatió al usurpador al lado de Villa en la División del Norte.

Éstos son los abuelos de Ángeles Dauahare, un hombre que sentó las bases para convertir al Ejército en impulsor del desarrollo a través de la economía de gratuidad y el trabajo comunitario para regenerar el tejido social.

Subjefe de Estado Mayor de la vigésima quinta zona militar.

Ayudante general en el Colegio de Defensa Nacional.

Comandante del vigésimo séptimo Batallón de Infantería.

Comandante del quinto Batallón de Infantería.

Jefe de la Sección Quinta (planes estratégicos) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Jefe del Estado Mayor de la vigésima tercera zona militar.

Secretario particular del general secretario de la Defensa Nacional.

Director del Heroico Colegio Militar.

Director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Dos veces comisionado agregado militar y aéreo en la embajada de Estados Unidos con sede en Washington.

Tomás Ángeles Dauahare recibió las condecoraciones de perseverancia en cuarta, tercera, segunda y primera clase, especial y extraordinaria.

Medalla al mérito técnico.

Servicios distinguidos.

Miembro de la Legión de Honor.

Tomás Ángeles Dauahare presidió el consejo de guerra que acusó al general Mario Arturo Acosta Chaparro por nexos con el narcotráfico.

El general Ángeles fue subsecretario de la Defensa Nacional hasta 2008.

Recordemos que el testimonio de oídas del testigo protegido señala que el general recibió dinero del narcotráfico en un estacionamiento público a finales de julio de 2008, si bien el general se encontraba en Alemania. Durante las investigaciones, la PGR manifestó no tener pruebas que sostengan los testimonios de los testigos protegidos.

Por ello, compañeros legisladores, desde esta tribuna hago un respetuoso exhorto al Poder Judicial y al impartidor de justicia licenciado Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito en materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, a agilizar la liberación del general Tomás Ángeles Dauahare, un soldado del pueblo.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Judicial y al juzgador licenciado Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito en materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, con relación al caso del general de división Tomás Ángeles Dauahare y su pronta liberación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.— Diputado Javier Orihuela García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.