ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores diputados y de las señoras diputadas.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 289 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:12 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se en cuenta publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 21 de febrero de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política.

De diputados

En relación con las que solicita el retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso.

Oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Con la que remite Informe Anual de las Concesiones Otorgadas durante el Ejercicio Fiscal 2012.

Del Instituto Nacional de las Mujeres

Con la que remite los informes Hemisférico y del País, correspondientes a la segunda ronda de Evaluación Multilateral del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará).

Iniciativa de ley o de decreto de senadora

Con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Seguro Social, presentada por la senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se invita a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Energía, de la Procuraduría General de la República y de Petróleos Mexicanos, a una reunión con la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en torno al origen de la explosión sucedida en Pemex el 31 de enero de 2013. (Votación)

Por el que se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), emita la Declaratoria de Emergencia Fitosanitaria por la presencia y afectaciones de la enfermedad del Huanglongbing (HLB) en los cultivos de cítricos en el estado de Colima. (Votación)

Para que la Cámara de Diputados cite a comparecer al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de valorar las medidas tomadas por el sector para atender la problemática de diversos productores del campo en el país. (Votación)

Por el que se nombra al representante del Poder Legislativo ante el Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Votación)

Por el que se designa al diputado que representará a la Cámara de Diputados ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. (Votación)

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2001, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público que establece las características de una Moneda Conmemorativa del 150 aniversario del natalicio, y el 100 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 391 y deroga los artículos del 402 al 410 del Código Civil Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De la Comisión de Competitividad, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, SE, SS y Profeco a efecto de que intervengan para asegurar que la empresa Bachoco y sus empresas filiales, cumplan con las normas sanitarias que le son aplicables y se impida la comercialización de carne de pollo y huevos provenientes de las instalaciones donde se ha detectado el virus de la influenza aviar, a cargo del diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a realizar diversas acciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y el correcto funcionamiento de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la solución del conflicto laboral de los trabajadores del SME, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desechan cuatro Iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Creación de Comisiones Ordinarias.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 18 y 19 de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Turismo.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso i) de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Iniciativas

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 19 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Sergio Manzur Quiroga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2-A, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14, 17 Bis y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 934 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 133 y 995 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Gabriel Gómez Michel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 4o., 14 y 20 de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Apoyo Económico a Madres Solteras Jefas de Familia, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 15 y 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 38 y 233 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o., 6o., 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 6o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Arturo Cruz Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Damián Zepeda Vidales y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, suscrita por las diputadas Mirna Esmeralda Hernández Morales y Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Paz Pública y Suspensión de Derechos y Garantías, Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 429 del Código Civil Federal y 61 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, y deroga el artículo 23 de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17, 31 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos Estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del Adulto Mayor.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de Octubre.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de la Federación, para que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades donde no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación, a expedir disposiciones legales encaminadas a prohibirlas y desarrollar acciones institucionales para compensar la violación de esa garantía.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a los actos de violencia y discriminación llevados a cabo por medios de comunicación públicos y privados de Quintana Roo, en contra de las Diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como de Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.

De las Comisiones Unidas de Equidad y Género, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Chihuahua para que actualice las disposiciones contenidas en su Código Civil, a efecto de reconocer, salvaguardar y garantizar la dignidad de las mujeres y la infancia.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Ejecutivo federal, fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, incrementar los apoyos a favor de las mujeres rurales.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo, relativos a lo sucedido en Tacotalpa, Tabasco.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo a la revisión de las Reglas de Operación de los Programas contenidos en el anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal, en materia de Feminicidios.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, a aplicar en coordinación con la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, las medidas necesarias para atender el creciente índice de Feminicidios en la entidad.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección popular.

De la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos Congresos Estatales, para que aprueben el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, para que emprendan las acciones legislativas necesarias a fin de armonizar su legislación y su normatividad penal, de conformidad con lo señalado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el Código Penal Federal, así como en los Ordenamientos Internacionales sobre el tema, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR y a la PGJ del estado de Coahuila, para que soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, que les sean entregados los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en una cuenta bancaria de las Islas Bermudas a Javier Villarreal, ex titular del SAT de Coahuila, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, para que intensifique las acciones implementadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del GDF, para que generen las medidas de infraestructura y garanticen el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permitan a los ciudadanos transitar, caminar y montar en bicicleta con seguridad, así como para mejorar la calidad del transporte público y el acceso al mismo, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener y a la CFE, para que implementen una campaña nacional respecto de la disposición final de focos ahorradores; asimismo, se solicita a la SE, expida una NOM que regule la disposición final de dichos focos, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la SRE, para que hagan publica la información relativa a las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos de América, respecto a niños expatriados, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a la SRE y a los Gobiernos Estatales, para que se fortalezca la atención educativa a las niñas, niños y adolescentes de familias mexicanas con experiencia educativa en el extranjero, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del Día Mundial de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputada Malú, ¿con qué objeto? Sonido con la diputada Malú.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Buenos días.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La escuchamos, diputada.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias. Señor presidente, me permito tomar la palabra para que —antes de que se apruebe el acta de la sesión anterior— me permita expresar a nombre del Grupo Parlamentario del PRD una protesta enérgica por el trámite en la sesión del 19 de febrero del año en curso, en relación al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprobó emitir la convocatoria para ocupar la vacante de consejero o consejera del IFE para el periodo 2013-2019.

Me permito, señor presidente, decirle que queremos dejar asentada en el acta del día de hoy nuestra enérgica protesta por las siguientes razones: Porque casi al finalizar la sesión, sin tomar en cuenta a los grupos parlamentarios y además sin acuerdo previo de la mayoría, sin consulta al pleno y sin que se hubiera distribuido el proyecto con anticipación a las diputadas y a los diputados, como lo establece el artículo 65 del Reglamento de la Cámara, representó una violación a nuestra normatividad que no queremos dejar pasar nunca más.

Por otro lado, el trámite que dio la Presidencia para la lectura fue el artículo 106 del citado Reglamento, que establece un procedimiento relacionado con dictámenes y lo que se estaba votando no era un dictamen, se trataba más bien de un punto de acuerdo y debía deliberarse entre todos los grupos parlamentarios. Lo cual nos parece que evitar el debate es no respaldar y no tratar a los compañeros y compañeras, diputados y diputadas, como iguales.

Por otra parte, también nos parece un gran atropello que se haya solicitado por parte de nuestro coordinador y vicecoordinador el uso de la palabra y la Presidencia ignoró esta situación no dando la palabra, atropellando el derecho que tenemos de expresarnos libremente en este recinto y además rechazando —obviamente— el uso de la palabra a quienes nosotras, nosotros lo estábamos solicitando.

Pero lo que más me preocupa y preocupa al grupo del PRD no es el trato que hemos recibido, sino quienes están asesorando a la Mesa Directiva nos parece que lo están haciendo sesgadamente. No podemos permitir asesores y asesoras que únicamente privilegien el uso de la palabra al PRI. Necesitamos que se nos dé un trato justo, que se nos dé un trato como debe de ser. Claro, sabemos que somos iguales, pero hay otras personas que son más iguales y eso fue lo que pareció suceder en este pleno el martes pasado.

Por último, señor presidente, con esta actitud se generó un clima de protesta e inconformidad, por lo que creemos que la sesión que se cerró abruptamente no puede dirigirse de esa manera. Nadie nace sabiendo. Nadie nace Presidenta de una Mesa Directiva, pero no se hace uno Presidenta menoscabando los derechos de otras personas y menos de un grupo parlamentario.

Por lo tanto invitamos y exhortamos a la Mesa Directiva, señor presidente y señoras integrantes de la Mesa Directiva, a que se nos dé un trato digno, a que se cumplan las normas, a que las asesoras y asesores lo hagan correctamente de manera imparcial, muy imparcial. Y que de pronto no asesoren a las diputadas y a los diputados, dejando a un lado a la oposición o dejando a quien necesita y debe manifestar su inconformidad.

Una de las características del Congreso es que constituye un espacio para el diálogo democrático y para la deliberación de ideas y por ello necesitamos que se cancele cualquier censura para que no se enrarezca el ambiente y genere un ambiente de confrontación. Por su atención, muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia les ruega a las áreas correspondientes que en el acta de la sesión anterior quede debidamente asentada la propuesta a la que hace referencia la diputada Malú.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Ricardo Mejía, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Para el mismo tema. Presidente, ya lo extrañábamos y particularmente en el cierre de la sesión anterior, porque reiteramos lo que aquí se ha señalado a nombre de todos los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano, que abruptamente y con desaseo, violentando los reglamentos y el espíritu de tolerancia y de inclusión, que se canceló un debate razonable sobre la emisión de la convocatoria para renovar al consejero del Instituto Federal Electoral.

Nos parece que esa conducción no debe repetirse y nos preocupa una reacción de intolerancia de la Presidencia como la que vivimos. Somos parlamentarios y ameritamos un trato digno a nuestra encomienda. No queremos que se vuelva a repetir eso y dejamos constancia para que se registre en el Diario de los Debates. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Mejía, yo también lo extrañaba a usted.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior, en el entendido de que quedará asentada la protesta de doña Malú Mícher.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirma sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diecinueve de febrero de dos mil trece, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos ochenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con diez minutos del martes diecinueve de febrero de dos mil trece, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, con relación a modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos veinticinco y treinta y tres de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, el siete de febrero de dos mil trece, y fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, para opinión. De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres y setenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.

b) Del Presidente de la Mesa Directiva, con la que envía la Declaración de Presidentes de Parlamentos de Estados Miembros de la Alianza del Pacífico. De enterado, publíquese en el Diario de los Debates.

c) De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, dos, por las que invita a las Ceremonias Cívicas Conmemorativas del Centenario de la Decena Trágica de Francisco I. Madero; y José María Pino Suárez, y del septuagésimo tercer Aniversario del Día de la Bandera. Se designan comisiones de representación.

d) De la diputada Eva Diego Cruz, por la que solicita sea retirada de los registros de la Comisión de Cultura y Cinematografía, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Artesano y el Fomento de Desarrollo y de la Actividad Artesanal, turnada el veintitrés de octubre de dos mil doce. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

Desde su curul realiza moción de procedimiento la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

e) De la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Oaxaca, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se cumpla con el principio del interés superior de la niñez. Se remite a la Comisión correspondiente, para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite dos contestaciones con puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a la Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

• Cuatro, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente. Se remiten a los promoventes, para su conocimiento.

En su oportunidad y desde su curul la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria de quienes fallecieron hace siete años en la mina de Pasta de Conchos, en municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. El Presidente obsequia dicha solicitud.

g) Del Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con la que remite el Acuerdo por el que se establece el calendario, formato de entrega, mesas de análisis y presentación de conclusiones del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública dos mil once. De enterado.

h) Del Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, con la que remite el Cuarto Informe Trimestral, correspondiente al periodo del primero de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, sobre el avance de gestión que rinde el Comité Técnico del Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (mil novecientos cuarenta y dos - mil novecientos sesenta y cuatro). Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

i) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de enero de dos mil trece, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de enero de dos mil doce. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Presidente lamenta el sensible fallecimiento de los ex legisladores Alberto Santos de Hoyos, quien fuera diputado federal a la Quincuagésima Segunda Legislatura, y senador de la República a la Quincuagésima Cuarta y Quincuagésima Séptima Legislaturas; y del general, don Ramón Mota Sánchez, quien fuera diputado federal a la Quincuagésima Quinta y a la Quincuagésima Séptima legislaturas, y senador de la República a la Quincuagésima Octava y Quincuagésima Novena legislaturas, ambos del Partido Revolucionario Institucional, e invita a la Asamblea guardar un minuto de silencio en su memoria.

Se concede el uso de la palabra para referirse al Centenario de la Creación del Ejército Constitucionalista a los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Palomino Enrique Aubry de Castro, del Partido Verde Ecologista de México; Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Partido de Acción Nacional; y José Ignacio Duarte Murillo, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente da lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva sobre el tema. Desde su curul realiza comentarios el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Juventud, que reforma los artículos dos, tres, tres bis y cuatro, fracción primera de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

b) De Justicia:

• Que reforma el artículo trescientos noventa y uno y deroga los artículos del cuatrocientos dos al cuatrocientos diez del Código Civil Federal.

• Que adiciona un último párrafo al artículo ochenta y uno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

c) De Competitividad, que adiciona diversas disposiciones a los artículos cuatro y doce de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

d) De Hacienda y Crédito Público, que establece las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario del Ejército Mexicano.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de haberse cumplido con dicho requisito, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que establece las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario del Ejército Mexicano. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; y Jorge Herrera Delgado, del Partido Revolucionario Institucional.

A las doce horas con veintinueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos sesenta y dos diputadas y diputados.

Sin más oradores registrados, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y un votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que establece las características de una Moneda Conmemorativa del Centenario del Ejército Mexicano. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto en el Orden del Día, es la discusión de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Salud:

• Que reforma el artículo doscientos dieciséis de la Ley General de Salud. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Eva Diego Cruz.

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruíz

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano; María del Rosario Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática; Marcelina Orta Coronado, del Partido de Acción Nacional; y Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y tres votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo doscientos dieciséis de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• Que reforma el artículo ciento sesenta y tres de la Ley General de Salud. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Héctor García García. Para fijar postura de sus grupos respectivos parlamentarios intervienen los diputados: María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Martha Edith Vital Vera, del Partido Verde Ecologista de México; Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Partido de Acción Nacional; y Rosalba Gualito Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y un votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo ciento sesenta y tres de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia de la diputadaPatricia Elena Retamoza Vega

• Que reforma el tercer párrafo del artículo doscientos veinticinco y adiciona un artículo doscientos veinticinco bis a la Ley General de Salud. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Isaías Cortes Berumen. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; Antonio Sansores Sastré, del Partido de la Revolución Democrática; Leslie Pantoja Hernández, del Partido de Acción Nacional; y Francisco Javier Fernández Clamont, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos treinta y nueve votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo doscientos veinticinco y se adiciona un artículo doscientos veinticinco bis a la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) De Ciencia y Tecnología, que adiciona un último párrafo al artículo quinto de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Rubén Benjamín Félix Hays. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México; Andrés Eloy Martínez Rojas, del Partido de la Revolución Democrática; Patricia Lugo Barriga, del Partido de Acción Nacional; y Marco Alfonso Vela Reyes, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintinueve votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo quinto de la Ley de Ciencia y Tecnología. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba emitir la convocatoria para ocupar la vacante de consejero del Instituto Federal Electoral, para el periodo dos mil trece-dos mil diecinueve. Interviene en contra del acuerdo el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática; e interviene en pro el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido. En votación nominal por doscientos votos a favor y ciento ochenta y ocho en contra se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

La Presidencia informa a la Asamblea que los asuntos no abordados en esta Sesión serán inscritos para la próxima.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

· Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

• María del Rocío Corona Nakaruma, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y sus congresos locales, para que establezcan las acciones necesarias, a fin de garantizar la inclusión del enfoque participativo de la sociedad y sus diversos grupos sociales, en la elaboración de sus presupuestos en cada ejercicio fiscal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti y abran espacios especiales para esta práctica. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al Gobierno Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la instrumentación de acciones para atender el desabasto de agua en la Delegación Iztapalapa. Se turna a la Comisión de Recurso Hidráulicos, para dictamen.

• Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a los miembros de esta Soberanía, para que se responsabilicen de mantener limpios los espacios en los que sesionan, y se invita a las legislaturas locales a que atiendan esta recomendación. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las instancias estatales responsables, para que se garantice la seguridad en los centros penitenciarios del país. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Jaime Bonilla Valdez, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se consoliden las áreas de servicio local correspondiente a los municipios de Tijuana-Tecate; Tijuana-Playas de Rosarito, en el estado de Baja California y dejen de ser de larga distancia. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Paloma Villaseñor Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, para que se adopte un Acuerdo para la difusión y uso de lenguaje incluye a favor de las personas con discapacidad. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• José Antonio León Mendivil, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno y a las autoridades judiciales norteamericanas, para que se revise la detención arbitraria de cinco ciudadanos cubanos. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Martín de Jesús Vázquez Villanueva, María de las Nieves García Fernández y Samuel Gurrión Matías, del Partido Revolucionario Institucional, para que se implementen medidas para proteger al Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y al polígono de Monte Alban, sitios declarados por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Poder Judicial y al Juez tercero en materia de procesos penales federales, en el Estado de México, con relación a la pronta liberación del General de División Tomás Ángeles Dauahare. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el jueves veintiuno de febrero de dos mil trece, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con cinco minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría en relación al retiro de iniciativas. Cambios en comisión, sí, adelante.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sonido en la curul del diputado Adame.

El diputado Juan Pablo Adame Alemán (desde la curul): Muy buenos días, presidente, buenos días, compañeros. Presidente, quisiera hacerle una pregunta, quisiera saber si usted autoriza la expedición de las charolas o estas placas que se han estado utilizando de manera dorada, no solo por miembros de esta Legislatura, sino por otros compañeros o negocios que se tienen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: La respuesta es no, diputado. La Presidencia de la Mesa no autoriza las charolas ni las que utiliza el personal de meseros en el comedor. Continúe la Secretaría.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, diputado secretario. ¿Con qué objeto, diputado Gastélum?

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Señor presidente, muy buenos días. Pedirle, señor presidente, un amable y atento exhorto a todos aquellos diputados que en no atención a lo que usted nos acaba de afirmar, que es negativo, empiecen a usar placas, como lo vimos la semana pasada, por favor.

Esto es en aras de que no se denigre la función legislativa, señor diputado presidente, usted sabe que afuera con la gente hay inconformidad y si nos topamos con que un solo diputado tenga la osadía de poner placas del Poder Legislativo, agravia al resto de nosotros los diputados que queremos hacer las cosas bien, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Los hacedores de la ley somos los primeros obligados en cumplirla. Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Adolfo Vega de la Peña cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado Adolfo Vega de la Peña cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que la diputada Martha Gutiérrez Manrique cause alta como integrante en la Comisión de Población.

• Que la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:

• Que el diputado Adolfo Orive Bellinger cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Adolfo Orive Bellinger cause alta como integrante en la Comisión del Distrito Federal.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado. Comuníquese.

INICIATIVAS QUE SE RETIRAN

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo y haciendo uso de mi derecho establecido en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a fin de que la iniciativa que expide la Ley General para el Control de la Cannabis, la Atención a las Adicciones y la Rehabilitación; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, sea retirada de las Comisiones de Salud, de Justicia, Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2013.— Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo y, haciendo uso de mi derecho establecido en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitarle de la maneta más atenta que dicte sus instrucciones a fin de que la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, presentada por un servidor el pasado 16 de octubre, sea retirada de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.— Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo y haciendo uso de mi derecho establecido en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de Cámara de Diputados, solicito a usted respetuosamente, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a fin de iniciar las gestiones parlamentarias para retirar en forma económica la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona al artículo 54 de la Ley de Fiscalización, presentada por la suscrita.

Lo anterior con el propósito de realizar algunas revisiones, de ser necesario, y con ello enriquecer esta propuesta como parte de la aportación como legisladora ante esta LXII Legislatura.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 19 de febrero de 2013.— Diputada Lourdes Quiñones Canales (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura.— Presente.

Por medio de la presente y con fundamento en el Artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, manifiesto que deseo retirar del orden del día de la Comisión de Economía, la iniciativa que presenté ante el pleno de la Cámara el día 19 de diciembre por el que se reforman los artículos 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40 y se derogan los artículos 11, 13, las fracciones VIII y XIX del artículo 18, las fracciones III y VIII del artículo 19, las fracciones II, IV y V del artículo 33, la fracción IX del artículo 34, la fracción II del artículo 38 y la fracción IV del artículo 41, todos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Misma que fue turnada en su momento para su dictaminación correspondiente a la Comisión de Economía.

Agradeciendo de antemano su apoyo a la presente, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2013.— Diputado Carlos Augusto Morales López (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

Por medio de la presente, y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente que la iniciativa que a continuación se enlista, se retire definitivamente.

• Que reforma los artículos 2, 3 y penúltimo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reconocer e incluir en el texto constitucional los derechos de los pueblos afromexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del grupo parlamentario del PRD.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2013.— Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

Don Fernando Belaunzarán, ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Diputado presidente, se acaba de leer el retiro de dos iniciativas mías y una de ellas tuvo una importante difusión en la opinión pública y es conveniente dar una pequeña explicación.

En virtud de que el periodo que tenía la iniciativa estaba por caducar y que —como usted sabe— presenté un punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política para que se discutiera el tema de la posible regulación de sustancias prohibidas, como la cannabis, y que fue aceptada por la  Junta de Coordinación Política, y se hará un foro correspondiente en el mes de mayo, era conveniente retirarla para que una vez en estos días la volveré a ingresar, de tal manera de que los foros, lo que digan los expertos en la materia pueda ser considerado al momento de su dictaminación.

Así lo platiqué incluso con el presidente de la Comisión de Salud, estuvimos de acuerdo en que ese era un camino correcto para poder dictaminar de mejor manera la iniciativa y entonces anunciar que en breves días la volveré a presentar.

Y en el caso de la Ley sobre el Acceso a la Información que reglamentaba el artículo 6o., como sabemos viene la reforma constitucional que le dará autonomía al IFAI y es correcto que a la luz de lo que suceda tenga que hacerle algunas modificaciones a esa ley secundaria.

Esa es la razón para el retiro de ambas iniciativas. Me gustaría que quedara en el Diario de los Debates asentado, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sus razones quedan explicitadas en el Diario de los Debates.

Continúe la Secretaría.

REFUGIADOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-0344 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número COMAR CG/043/2013 suscrito por Sandra Velasco Ludlow, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la situación de los refugiados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 18 de febrero de 2013.— Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al oficio SEL/UEL/311/0193/13 de fecha 5 de febrero de 2013 mediante el cual hace del conocimiento de esta Coordinación General el oficio D.G.P.L 62-II-6-0344, a través del cual el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión comunica el punto de acuerdo aprobado el 30 de enero de 2012. Al respecto, me permito comentarlo lo siguiente.

La cooperación entre la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (ACNUR), se ha incluido la atención a los refugiados guatemaltecos, la colaboración técnica para la elaboración de la iniciativa de Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y, en su momento, para la elaboración del Reglamento de dicha ley.

Asimismo, se han desarrollado proyectos y actividades orientadas a la protección y asistencia de solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado y refugiados.

En ese sentido, es de destacar que el ACNUR ha contribuido de manera significativa en la capacitación del personal adscrito a esta Coordinación General, encargado de realizar los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado y de otorgamiento de asistencia institucional. Asimismo, el ACNUR asesoró de manera significativa durante el proceso de elaboración del Reglamento de Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

Por otro lado, se debe advertir que el 21 de febrero de 2012, la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y el ACNUR, suscribieron un Convenio Marco de Cooperación para establecer las bases de cooperación, a fin de fortalecer los mecanismos de protección de solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado y de refugiados en México, así como los procesos de integración local de refugiados y extranjeros a los que se les haya otorgado protección complementaria. El convenio, con una vigencia de 5 años a partir de su suscripción, considera que se realicen diversas acciones, tales como:

• Realizar capacitaciones conjuntas dirigidas a diversas dependencias y actores involucrados en materia de refugiados y protección complementaria;

• Llevar a cabo actividades conjuntas de carácter técnico, a fin de mejorar y fortalecer el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, conforme a los más altos estándares internacionales;

• Desarrollar actividades conjuntas que faciliten el proceso de integración local de refugiados y extranjeros a los que se les haya otorgado protección complementaria;

• Promover la celebración de acuerdos que faciliten la integración local de refugiados y extranjeros a los que se les haya otorgado protección complementaria;

• Promover la celebración de acuerdos con instituciones especializadas en la atención de niños, niñas y adolescentes, a fin de canalizar a niños no acompañados solicitantes de refugio, refugiados y extranjeros a los que se les haya otorgado protección complementaria.

Actualmente, se trabaja con el ACNUR en una iniciativa de control de calidad y fortalecimiento del sistema de reconocimiento de la condición de refugiado en México, en el cual se implementarán programas de capacitación y se establecerán lineamientos y otras medidas necesarias para la mejora de la calidad conforme a los estándares internacionales en materia de refugiados.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2013.— Sandra Velasco Ludlow (rúbrica), coordinadora general.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase al promovente, para su conocimiento.

CONCESIONES OTORGADAS EN LOS AMBITOS  AEROPORTUARIO, FERROVIARIO, CARRETERO Y PORTUARIO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Me refiero a la recomendación número 08-0-09100-07-0526-07-002, determinada por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2008, a través de la cual se solicitó a esta secretaría la elaboración del informe anual sobre las concesiones otorgadas, a fin de presentarlo ante esta honorable Cámara de Diputados.

Sobre el particular y en cumplimiento del artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales, le remito la información correspondiente a las concesiones otorgadas en el ejercicio fiscal de 2012 por esta dependencia.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de febrero de 2013.— Maestro Gemi José González López (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Asunto: Informe anual de concesiones otorgadas durante el ejercicio 2012.

Licenciado Gemí José González López, director general de Vinculación.— Presente.

Me refiero a la recomendación al desempeño núm. 08-0-09100-07-0526-07-002 determinada por la Auditoria Superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización de la cuenta Pública 2008, a través de la cual se solicitó a esta secretaría la elaboración del informe anual sobre las concesiones otorgadas por esta dependencia, a fin de presentarlo a la honorable Cámara de Diputados, en cumplimiento del artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales.

Por tal motivo, me permito solicitar a usted su valiosa intervención para que el informe referido correspondiente al año 2012 (anexo), se haga llegar por su amable conducto a la honorable Cámara de Diputados, y con ello dar puntual atención a la recomendación presentada por el órgano superior de fiscalización.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de febrero de 2013.— Licenciado Armando Ruiz Massieu Aguirre (rúbrica), director general de Programación, Organización y Presupuesto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Informe anual sobre las concesiones otorgadas durante el ejercicio 2012

Concesiones otorgadas durante el ejercicio 2012 en el ámbito aeroportuario

• Subsecretaria de Transporte

– Dirección General de Aeronáutica Civil

Licenciado José Armando Ruiz Massieu Aguirre, director general de Programación, Organización y Presupuesto.

Con fundamento en los artículos 1, 2, fracción I, 14, 16 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción XVI, 21, fracciones II y VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me refiero a su correo electrónico recibido en esta misma fecha, mediante el cual señala:

“(...) Con motivo del informe anual sobre las concesiones otorgadas en el ejercicio fiscal 2012 que se debe presentar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales, me permito recordar a usted nuestra solicitud realizada en el oficio número 5.1.2614, de fecha 20 de julio de 2010, a través del cual se requiere se envíe a esta unidad administrativa, durante el mes de enero de cada año, el informe anual de concesiones otorgadas, con objeto de dar la debida observancia a la ley referida (...)”.

Al respecto le informo que esta Dirección General de Aeronáutica Civil le informa que, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 72 de la Ley General de Bienes Nacionales, en el año 2012 no se otorgaron concesiones sobre inmuebles federales en materia aeroportuaria, precepto que a la letra señala:

Artículo 72. “Las dependencias administradoras de inmuebles podrán otorgar a los particulares derechos de uso o aprovechamiento sobre los inmuebles federales, mediante concesión, para la realización de actividades económicas, sociales o culturales, sin perjuicio de leyes específicas que regulen el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones sobre inmuebles federales.

“Las dependencias administradoras de inmuebles, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, conforme a las condiciones a que se refiere el artículo siguiente, emitirán los lineamientos para el otorgamiento o prórroga de las concesiones sobre los inmuebles federales de su competencia, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables. Asimismo, presentarán un informe anual a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre las concesiones otorgadas en el periodo correspondiente.”

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2013.— Alejandro Argudin le Roy (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Concesiones otorgadas durante el ejercicio 2012 en el ámbito ferroviario

• Subsecretaría de Transporte

– Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal

Dirección de Administración

Licenciado José Armando Ruiz Massieu Aguirre, director general de Programación, Organización y Presupuesto.— Presente.

Me refiero al oficio número 5.1.-2225 emitido el 20 de Julio de 2010, mediante el cual se solicita que a partir del ejercicio fiscal 2011 se envíe a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, durante el mes de enero de cada año, el informe anual sobre las concesiones otorgadas, mismo que debe ser remitido a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento del artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales.

Al respecto, y a fin de dar cumplimiento puntual con dicha solicitud, me permito informar a usted que esta Dirección de Transporte Ferroviario y Multimodal no otorgó concesiones en el ejercicio fiscal 2012.

Atentamente

México, DF, a 30 de enero de 2013.— Contador público Sergio Manuel Orihuela Muñoz (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Concesiones otorgadas durante el ejercicio 2012 en el ámbito carretero

• Dirección General de Desarrollo Carretero

Licenciado José Armando Ruiz Massieu Aguirre, director general de Programación, Organización y Presupuesto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

Por instrucciones superiores, y para dar atención al correo electrónico de fecha 7 de enero del presente año, mediante el cual solicita se proporcione el informe anual de concesiones otorgadas en el ejercicio 2012, que se debe presentar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo 72, último párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales y al oficio número 5.1.2223 de fecha 20 de junio de 2010.

Al respecto, me permito enviar la relación de concesiones otorgadas en el ejercicio 2012, para dar cumplimiento a lo establecido en el oficio No. 5.2223 de fecha 20 de junio de 2010.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 11 de enero de 2013.— Contador público Fernando Palma Soto (rúbrica), director de Seguimiento de Títulos de Concesión.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Concesiones otorgadas durante el ejercicio 2012 en el ámbito portuario

• Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

– Dirección General de Puertos

Licenciado José Armando Ruiz Massieu Aguirre, director general de Programación, Organización y Presupuesto.— Presente.

Me refiero al diverso 5.1.-2224 de 22 de julio de 2010, por el que se solicita que a partir del ejercicio fiscal de 2011 se envíe informe anual de concesiones otorgadas, esto a efecto de atender la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento al artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales.

Sobre el particular, adjunto padrón de concesiones, permisos y autorizaciones en materia portuaria, otorgadas fuera del régimen de administración portuaria integral del ejercicio 2012. *

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Nota:

*La información mencionada está disponible en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria http://gaceta.diputados.gob.mx

Atentamente

México, DF, a 31 de enero de 2013.— El director general (rúbrica), con fundamento en el artículo 50 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en suplencia del director general de Puertos, firma el licenciado Naim Gilberto Calderón Bárcena, director de Concesiones, Permisos y Autorizaciones.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de la República.— Instituto Nacional de las Mujeres.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, me permito remitir a usted en disco compacto, los informes hemisférico y de país, correspondientes a la segunda ronda de Evaluación Multilateral del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), los cuales son públicos y se encuentran disponibles en la dirección electrónica http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/?q=ambitoInternacional.

Por lo anterior, respetuosamente solicito su valioso apoyo para que los documentos referidos se divulguen entre las diputadas y diputados que integran el honorable Congreso de la Unión, y sean considerados para su implementación en su quehacer legislativo.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes y reitero a usted las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 5 de febrero de 2013.— Licenciada Lorena Cruz Sánchez (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De enterado.Publíquese en el Diario de los Debates.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Seguro Social.

La presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 19 de febrero de 2013.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica). vicepresidente.»

«La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, senadora de la LXII Legislatura del Congreso de las Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículo de la Ley del Seguro Social con la finalidad de fortalecer el derecho de seguridad social de las y los trabajadores estacionales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Con la promulgación de la Constitución Política de 1917, el Estado mexicano se distinguió por ser la primera en reconocer a nivel constitucional las garantías y los derechos de las clases trabajadora y campesina, constituyéndose de esta forma en el primer Estado Social de Derecho, el cual enarbola como valores fundamentales la igualdad y la justicia social.

En efecto, nuestra Constitución, en su artículo 123 y, posteriormente, la Ley Federal del Trabajo, establecieron los derechos fundamentales de los trabajadores con el objeto de lograr el equilibrio entre los factores de la producción y una distribución más justa de la riqueza. Además, con la finalidad de garantizar el bienestar de la clase trabajadora y sus familias, se estableció su derecho a gozar de seguridad social, creándose para tal efecto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, a más de un siglo de nuestra gesta Revolucionaria, el derecho al trabajo y los beneficios de la seguridad social no han llegado a todos los trabajadores, ya que han quedado excluidos los trabajadores más desprotegidos y vulnerables del país, los trabajadores del campo.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo levantada en el año 2012 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi), revela que en nuestro país existen 6.5 millones de trabajadores en el sector agropecuario, localizados en zonas no urbanas .De este universo, un millón 727 mil 349 personas trabajan por su cuenta explotando su parcela, es decir, practican la agricultura de subsistencia, y 2 millones 653 mil 711 personas declararon haber percibido un ingreso por un trabajo remunerado con un patrón, cifra mayor en aproximadamente 400 mil 000 personas respecto de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2007.

Sin embargo, según datos de la encuesta de 2007, 84 por ciento de los trabajadores del sector declaró haber trabajado menos de 48 horas a la semana, mientras que el otro 16 por ciento, declaró haber laborado semanas completas, lo que es un claro indicador de que en el sector agropecuario el trabajo no es permanente y la demanda de fuerza laboral se da en forma estacional.

Esto está determinado porque en las actividades agropecuarias el trabajo va en relación a la duración de los ciclos productivos, que no se extienden, en promedio, más allá de 27 semanas al año. El trabajo, por tanto, es intermitente y está sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas, por lo que es de una alta demanda laboral al final del ciclo (con la recolección de las cosechas), pero el resto del año no hay labores que desempeñar. Asimismo, existe una alta rotación patronal, ya que los trabajadores llegan a prestar su fuerza laboral a diversos patrones en un mismo periodo de 27 semanas, incluso a diversos patrones en una misma semana.

Este tipo de trabajo, es prestado por trabajadores conocidos como “jornaleros agrícolas”, quienes se caracterizan por ser personas con un alto grado de marginación que, ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen, se ven obligados a trasladarse a los Estados en los que se encuentra concentrada la producción agrícola, para laborar en los campos.

Datos del programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (en adelante “PAJA”) de la Secretaría de Desarrollo Social muestran que se trata de un universo de, al menos, 3.3 millones de personas, de los cuales al menos 1.2 millones son migrantes.

Esta población está conformada en un 42.6 por ciento por mujeres, un 57.4 por ciento por hombres, y cerca del 40 por ciento de la población total son menores de 15 años. Asimismo, el 40 por ciento de esta población pertenece a algún grupo indígena; por su número, destacan mixtecos (42.7 por ciento), nahuas (23.6 por ciento) y zapotecos (12.4 por ciento), el resto se distribuye en 16 grupos diferentes.

Cabe señalar además, que 29 por ciento de los jornaleros de 15 años y más es analfabeto. Poco más de la mitad de los jornaleros (55.6 por ciento) migra en grupos familiares y cerca del 61.1 por ciento de los hijos de familias jornaleras de entre 4 y 14 años de edad no asiste a la escuela; 12 por ciento no cuenta con acta de nacimiento y casi el 90 por ciento no tiene cartilla militar. Las mujeres jornaleras reciben mínima atención médica durante su embarazo, y casi la mitad de ellas carece por completo de ésta.

Estos datos, sumados al hecho de que en muchos casos se ven involucrados en relaciones laborales informales, prestaciones de seguridad social inexistentes en muchas regiones del país, y la incorporación de los menores al trabajo, la mayoría de las veces con la anuencia de los padres, para obtener un mayor ingreso familiar, son una muestra del grado de marginalidad y pobreza de este sector de la sociedad.

Cabe mencionar que los programas de gobierno que se han desarrollado para atenderlos son apenas un paliativo, ya que para el desarrollo de muchos de estos programas no se toman en cuenta ni las diferencias regionales del país ni la diversidad cultural del campesinado mexicano, ni la característica propia de las actividades agropecuarias que son de carácter aleatorias. Asimismo, no representan una solución de fondo a las necesidades de esta clase de trabajadores, la cual únicamente podrá provenir de las reformas legislativas que garanticen el goce de los derechos que en estos momentos sólo tienen en papel.

En efecto, hasta ahora el Estado ha mostrado su incapacidad para hacer efectiva la garantía constitucional inherente al derecho al trabajo durante todo el año para los trabajadores estacionales del campo. Para ellos, que tienen trabajo cuando mucho durante 27 semanas, el resto del año esta garantía se convierte en letra muerta, y con ello también el derecho a la seguridad social.

Es importante señalar que en esta Legislatura ya dimos los primeros pasos para la protección de los jornaleros agrícolas al discutir y aprobar la reforma laboral. Efectivamente, a la iniciativa de reforma laboral que presentó el presidente de la República el pasado 1o. de septiembre de 2012, los diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional propusimos y aprobamos modificaciones a fin de reconocer a los trabajadores estaciones del campo en los siguientes términos:

Ley Federal del Trabajo

“Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón

...

Los trabajadores del campo pueden ser permanentes, eventuales o estacionales.”

“Artículo 279. Los trabajadores estacionales del campo o jornaleros son aquellas personas físicas que son contratadas para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural.”

Sin embargo, aún queda pendiente modificar la Ley del Seguro Social a efecto de ajustar sus disposiciones a la reforma de la Ley Federal del Trabajo y garantizar el derecho a la seguridad social de los trabajadores estacionales del campo.

Al respecto, cabe mencionar que, del total de la población ocupada en el sector agropecuario, para el año 2006 los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante “IMSS”) sumaban únicamente 456 mil trabajadores. Es decir, el 93 por ciento de los 6.5 millones de trabajadores del campo estaban excluidos de la cobertura de la seguridad social.

En el caso de los jornaleros agrícolas afiliados las cifras son aún más alarmantes, ya que para el año 2006, los trabajadores eventuales del campo afiliados sumaban apenas 140 mil personas. Cifra que no ha aumentado significativamente en los últimos años, toda vez que el IMSS reportó que para el año 2011 el número de afiliados era de apenas 147 mil 909. Si se toma en cuenta que el número de jornaleros agrícolas puede llegar a los 3.3 millones de personas, están excluidos de la seguridad social más del 97 por ciento de estos trabajadores.

Cabe señalar que la seguridad social en el campo está concentrada principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, que aportan 89 por ciento de las cuotas de origen agrícola al IMSS. El otro 11 por ciento proviene de la agricultura del resto de los 28 estados del país, a pesar de que en el noroeste sólo se cultiva 9 por ciento de los 22 millones de hectáreas; trabajan apenas 12 por ciento de los jornaleros y se genera 14.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) agrícola nacional. En tanto que en las otras regiones del país, donde reciben sus salarios 2.0 millones de trabajadores del campo, importantes sectores de la agricultura no contribuyen a la seguridad social.

Esto pone de manifiesto que son los trabajadores del campo una de las clases más desprotegidas del país, los cuales, junto con sus familias, alcanzan la cantidad aproximada de 10.5 millones de mexicanos a los que la seguridad social, con sus limitantes, no ha podido otorgarles los beneficios que les corresponden, principalmente en los estados del sureste.

La falta de afiliación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es ocasionada por una gran diversidad de factores, dentro de los que cabe mencionar el alto costo que representa para los patrones del campo cubrir las aportaciones de seguridad social de sus trabajadores, la alta rotación de los trabajadores y el enorme burocratismo que impone el Instituto para que las patrones agrícolas puedan cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, un factor esencial es la naturaleza estacional del trabajo del campo lo que, aunado a los costos de inscripción en el IMSS, hacen incosteable para los empleadores la afiliación de sus trabajadores a dicho Instituto. En efecto, como lo señala la propia encuesta, el trabajo en el sector agropecuario es predominantemente estacional, con una proporción muy baja de trabajadores de planta. El trabajo, por tanto, es intermitente, volátil y siempre sujeto a los requerimientos del cultivo y a las condiciones climáticas.

Esto queda de manifiesto en los propios datos publicados por el IMSS, los cuales muestran el comportamiento marcadamente estacional del trabajo del campo, toda vez que el mayor número de trabajadores no permanentes se alcanza en el mes de marzo y el menor registro se presenta alrededor del mes de julio de cada año.

El alto costo que representa la seguridad social para el campo y la complejidad administrativa que impone la ley vigente, son los principales obstáculos para que un mayor número de patrones se registren y un mayor número de jornaleros sean afiliados. En los últimos 10 años, el costo de la seguridad social al campo se ha incrementado 10 veces, afectando seriamente la economía de los productores que ya cotizan, lo que ha desincentivado la afiliación de más trabajadores. Las propias cifras del IMSS confirman que a mayor costo, menor afiliación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es una extraordinaria institución, pero su accionar es fundamentalmente urbano. En efecto, en las ciudades con un solo cotizante el IMSS se obliga a prestar atención a toda la familia hasta que los hijos terminan su educación universitaria y se incorporan a la fuerza de trabajo. En cambio, en el campo la incorporación de la familia a la fuerza de trabajo ocurre desde los 16 años y en una sola familia puede haber más de 3 cotizantes.

A diferencia de las ciudades, en el campo la actividad es estacional y por tanto el tiempo de exposición al riesgo no supera las 27 semanas al año. Mas del 80 por ciento de las actividades son manuales y el contacto con maquinas y herramientas es mínimo en comparación con la industria y los servicios. Las altas primas por riesgos de trabajo, con que son tasadas las actividades agropecuarias, inciden en el costo de la seguridad social lo que en los hechos termina ahuyentando la afiliación.

Asimismo, los trabajadores afiliados en ningún momento logran laborar el número de semanas consecutivas suficientes para recibir la protección de la seguridad social. Por ejemplo, el artículo 102 vigente de la Ley del Seguro Social, establece que la trabajadora, para obtener el derecho a recibir su seguro por maternidad, debe cotizar al menos 30 semanas durante los últimos doce meses, cuando las trabajadoras jornaleras laboran, a lo sumo, 27 semanas al año.

Sin embargo, el caso más dramático es el de los seguros del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, en donde se establece que un asegurado para poder obtener el derecho a recibir una pensión, debe acreditar haber laborado al menos mil 250 semanas. Si un trabajador urbano, que labora las 52 semanas al año, le toma 24 años en obtener su derecho a recibir una pensión, a un trabajador estacional del campo, que labora 27 semanas al año, le toma al menos 46 años en cumplir con el número de semanas solicitados.

Por ello resulta inaceptable que el actual modelo de la Ley del Seguro Social y el IMSS, pretendan trasladar el modelo urbano de altos costos de seguridad social a los trabajadores estacionales del campo, ya que en las ciudades los obreros trabajan todo el año y en el campo cuando mucho seis meses. De ahí que sea inequitativo pretender cobrar las mismas contribuciones que pagan los patrones y trabajadores de las ciudades a los que hacen producir la tierra, así como exigir que los jornaleros cubran el mismo número de semanas para obtener el derecho a recibir las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social.

La iniciativa que se propone, parte del principio indiscutible de que para que los trabajadores estacionales del campo tengan acceso a todos los beneficios de la seguridad social, primero tienen que estar afiliados.

Lo anterior sólo podrá lograrse si se toma en consideración que la actividad económica del sector primario está condicionada por múltiples factores tanto ambientales, como sociológicos y económicos, por lo que la actividad del campo no puede estar gravada en la misma forma que lo está la actividad urbana.

La forma de cotizar debe ser diferenciada en tanto que el trabajador del campo sólo puede laborar durante medio año en el mejor de los casos. Sin embargo, las necesidades de salud, cuidado de sus hijos, jubilación y retiro para los trabajadores eventuales y estacionales del campo son las mismas que para los trabajadores urbanos. Un sistema de cotización justo debe considerar esta circunstancia para garantizar el acceso de los trabajadores del campo a los seguros y beneficios de la seguridad social.

Por otra parte, la infraestructura de Guarderías y Clínicas para la atención de jornaleros y madres trabajadoras en el campo, es insuficiente para los incrementos en la demanda estacional que generan los jornaleros.

Apenas el 1 por ciento de las guarderías del IMSS están en el campo, y los esquemas de subrogación establecidos en las reglas de operación aprobadas por el Consejo Técnico, no fomentan el interés de los patrones en este esquema ya que el establecimiento del pago por los costos en los que incurrieron brindando estancia infantil a los hijos e hijas de los trabajadores, queda a la discrecionalidad del Instituto.

La capacidad del IMSS para prestar los servicios médicos en general, se ha deteriorado. Los indicadores de camas y consultorios por cada mil derechohabientes han caído más del 30 por ciento en los últimos 15 años, en tanto que la población asegurada, esencialmente urbana, ha crecido un 26 por ciento.

La expectativa de que la demanda de servicios de los trabajadores estacionales del campo afiliados y sus familias, sea cubierta apropiadamente por el IMSS, está cada día más lejana y esa carga está siendo subsanada gradualmente por algunos patrones bajo su propio costo.

En razón de lo anterior, para garantizar la seguridad social en el campo, la participación del gobierno es indispensable e irremplazable, pero debe ser soportada por la participación activa de los patrones del campo, sin que el gobierno delegue sus obligaciones constitucionales. En ese sentido, se debe garantizar la reversión del costo institucional de los servicios prestados por el patrón en subrogación de las obligaciones del estado.

Por ello, resulta impostergable modificar diversos artículos de la Ley del Seguro Social, a fin de que se reconozca la modalidad del trabajo que desarrollan los trabajadores estacionales en el campo, ampliando sus formas de acceso a la seguridad social.

Es el momento de hacer del campo mexicano el detonante del crecimiento y soporte del país y, para ello, se deben garantizar las mejores condiciones a sus principales recursos humanos, que son los trabajadores estacionales.

En ese sentido, como lo muestran las cifras del INEGI, si bien el sector agropecuario había sido el único que había mostrado un crecimiento constante desde la crisis económica de 2008 (ya que en el año 2009 el Producto Interno Agropecuario creció 1.8 por ciento mientras el Producto Interno Bruto Nacional sufrió una caída del 6.5 por ciento, en el año 2010 el PIB Agropecuario subió 5.7 mientras que el PIB Nacional creció 5.5 por ciento), en el año 2011 el PIB Agropecuario sufrió una caída del 0.6 por ciento, a pesar de que el PIB Nacional creció 3.9 por ciento.

Por ello es necesario adoptar las medidas legislativas necesarias para fortalecer dicho sector y garantizar la creación y mantenimiento de las plazas laborales existentes.

La iniciativa que ahora se propone busca no solo proteger los empleos, sino promover la mejora en las condiciones de cada trabajador estacional en el campo, fortaleciendo la seguridad social, y promoviendo la inversión privada.

La iniciativa que ahora se propone logra dicho objetivo, considerando que:

1. Se incrementa la demanda laboral en el cada vez más abandonado campo mexicano al mejorarse, radicalmente y de forma sostenible:

a. La determinación de las aportaciones de cuotas obrero-patronales con un factor benéfico para el trabajador y accesible al patrón, y

b. La vigencia del derecho a la seguridad social, aún en las temporadas en que no se encuentre laborando.

2. Se promueve la reinversión del capital privado en las actividades primarias al establecer un régimen de aportación y corresponsabilidad de los patrones y el Estado, sin que éste último delegue su obligación de prestar servicios de salud a toda la población y, en particular, a la de las zonas de mayor marginación en nuestro país.

Para lograr lo anterior, es necesario establecer los mecanismos que garanticen:

• El acceso a la seguridad social al mayor número de trabajadores estacionales del campo.

• La distinción entre trabajador estacional y eventual del campo, y de estos con los trabajadores eventuales de las zonas urbanas, tal como se logró con la reforma laboral.

• Un registro del trabajador estacional del campo, a fin de garantizar su protección desde el inicio de sus labores.

• La atención médica durante todo el año a pesar de haber laborado de forma intermitente durante el mismo.

• El cumplimiento del pago de las cuotas obrero-patronales, en la justa proporción que requiere una actividad intermitente como la que realizan los trabajadores estacionales del campo.

• La corresponsabilidad del Estado y los patrones en el otorgamiento material y humano de la seguridad social en aquellos lugares en que el Instituto Mexicano del Seguro Social no pueda garantizar una inversión permanente ante una demanda volátil.

• La retribución justa por concepto de reversión del costo institucional a los patrones que cumplan con su obligación solidaria de otorgar seguridad social.

• La disminución del número de semanas que un trabajador debe cotizar para poder acceder a los seguros y beneficios de la seguridad social.

El régimen vigente para los trabajadores del campo no contempla las peculiaridades que tiene un trabajador estacional, por lo que es necesario modificar el marco normativo actual, para brindar la seguridad social que requieren, además de la creación de un sistema de participación rentable, compartida y de amplio espectro para los jornaleros y patrones.

El nuevo régimen debe considerar la cobertura de los servicios y demandas aun cuando no se encuentren laborando en determinado periodo del año, pero se encuentren inscritos y hayan cotizado como trabajadores estacionales. Esto beneficiaría además a sus dependientes económicos. De ahí la necesidad de que la clase trabajadora estacional del campo tenga los mismos derechos que el resto de los trabajadores del campo.

Por otra parte, para solucionar el problema de la falta de atención médica, es necesario reconocer una nueva modalidad del trabajo en el campo, que refleje las características especiales del tipo de trabajo desarrollado.

La seguridad social es una corresponsabilidad entre Estado, patrones y trabajadores; sin embargo, esta responsabilidad debe ser regulada por un sistema de normas que garantice la sustentabilidad de la seguridad social a lo largo del tiempo.

A los trabajadores estacionales se les brindarían los beneficios de los seguros que presta el IMSS para el resto de los trabajadores, pero con un diseño tal que tanto Estado como patrones puedan sufragar en forma responsable y duradera, con la modificación de los factores para determinar las cuotas obrero-patronales.

Ahora bien, es una realidad que el IMSS, debido a su restricción presupuestal, tiene una cobertura limitada a nivel nacional de todos los seguros que ofrece, y esto es más notorio en el campo. A pesar del crecimiento en infraestructura para la prestación de servicios relativos a los seguros de ley, la misma se procura llevar a cabo donde existe una demanda más constante, regular o creciente, concentrándose de esta manera en zonas urbanas.

Para modificar esta situación, se propone rediseñar el esquema de subrogación. De esta forma, en beneficio de los trabajadores que laboran en áreas en las que no se prestan los servicios básicos de seguridad social, se pretende establecer un régimen de incentivos a los patrones para la creación de servicios básicos de seguridad social: atención médica, maternidad y guarderías.

En todo caso, el régimen de subrogación establece que el patrón deberá recibir por concepto de reversión o contraprestación, al menos, el costo institucional que al IMSS hubiera representado la prestación del servicio a fin de garantizar la participación y la no simulación de los patrones.

Por otra parte, en la presente iniciativa se propone que, en materia de riesgos de trabajo, se establezca la cobertura al patrón y una fórmula de cálculo de la prima que redunda en la posibilidad del empleador de aportar al fondo de este seguro la tasa de la Clase I de 0.54355 del salario base de cotización, considerando que los riesgos en las actividades agropecuarias son mínimos, dada la alta proporción de actividades manuales y que la exposición al riesgo va en función del ciclo productivo que dura en promedio 27 semanas al año.

Cabe señalar que hoy día la agricultura está clasificada entre las actividades de la Clase III y la prima media de riesgos de trabajo que le corresponde es la de 2.59840 por ciento. Esta prima es comparable a la que tienen actividades como la fabricación de substancias químicas e industriales, resinas sintéticas, elaboración de pinturas, jabones, detergentes, fabricación de lavadoras, estufas, refrigeradores, alambres y cables de energía eléctrica, azulejos, por mencionar sólo algunas. Todas ellas son actividades en donde predomina el trabajo de planta y donde las fórmulas actuariales de los artículos 35, 36 y 37 del Reglamento, consideran un periodo de exposición al riesgo de 300 días laborables al año, por lo que no son actividades equiparables o equivalentes a las labores propias del campo.

Por ello, esta es una de las principales causas que provocan el bajo índice de afiliación de los trabajadores del campo al IMSS. En ese sentido, al ser mayor el costo de una prima en este nivel de riesgo, se desalienta la inscripción de los trabajadores que, en el caso de la agricultura, están expuestos a un grado de riesgo que es mucho menor al que están expuestos trabajadores del sector de la transformación. Por tanto, en atención a que las labores del campo son actividades predominantemente manuales, en las que la exposición a máquinas y herramientas es menor que en ciertas áreas de la industria, y en las que la exposición al riesgo no es permanente, sino estacional y dura en promedio 27 semanas al año (equivalente a 155 días laborables en promedio, considerando el factor de 5.76 días laborables por semana al año), no se justifica la clase que actualmente tienen asignada conforme al artículo 73 de la ley vigente y por tanto, se propone que la prima de riesgos de trabajo para las actividades primarias sea la que le corresponde a la Clase I, de cero punto cinco por ciento sobre el Salario Base de Cotización.

Por otra parte, con la finalidad de facilitar el pago de las cuotas obrero-patronales, se propone el establecimiento de un salario de referencia, que brindará seguridad tanto a patrones como a trabajadores. Al respecto, es de señalarse que el salario de referencia que se propone, es el mismo que el Ejecutivo determinó y estableció en el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007, y cuya vigencia se ha extendido mediante Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 24 de enero de 2008, 30 de diciembre de 2008 y 28 de Diciembre de 2010.

Al respecto, es de señalarse que no se propone que el Estado destine recursos demagógica e irresponsablemente con medidas paternalistas que no dan una solución de fondo, sino que garantice sólidamente el cumplimiento de su obligación constitucional de otorgar seguridad social a los más desprotegidos.

Finalmente, la presente iniciativa propone la creación de Formatos de Autorización para la Atención Médica, los cuales serán expedidos por el IMSS y entregados por los patrones a sus trabajadores, con la finalidad de evitar que se les niegue atención médica por no encontrarse actualizados los registros de afiliación del propio Instituto.

Son muchas las razones que se han considerado para plantear la propuesta que ahora se somete a la consideración de esta Soberanía, sin embargo, todas parten del hecho de que el Estado mexicano no ha podido garantizar a los trabajadores estacionales del campo el derecho constitucional inherentes a la seguridad social y a la estabilidad laboral.

La Iniciativa que proponemos busca replantear los modelos que ya se quisieron instrumentar en esta materia, pero que han probado su ineficiencia. Es necesario, simplificar el cumplimiento de las obligaciones patronales, favorecer la ampliación de la cobertura de la seguridad social en el campo mexicano, reconocer las condiciones del trabajo en el campo para la determinación de las cuotas obrero-patronales; y permitir a los jornaleros el goce de una pensión al finalizar sus actividades laborales por el tiempo equivalente de cualquier otro trabajador.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de éste honorable pleno el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social

Artículo Único. Se reforman los artículos 5-A en sus fracciones XVIII y XIX, 12 en su fracción I, 15 en su fracción I, 102 en su fracción I, 122, 154 en su párrafo segundo, 162 en su primer párrafo, 237, 237-A, 237-B en sus fracciones II y III, 237-C, 237-D y 287; y se adicionan una fracción XX al artículo 5-A, un tercer párrafo al artículo 9 recorriéndose el vigente, un párrafo a los artículos 16, 28 y 73, un párrafo tercero al artículo 154 recorriéndose los subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 162 recorriéndose el subsecuente, un segundo párrafo al artículo 212, un segundo párrafo al artículo 240, y los artículos 237-E y 237-F en su totalidad, todos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 5 A.Para los efectos de esta ley, se entiende por:

...

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal. Para efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos previstos en el artículo 27 de la ley;

XIX. Trabajador estacional del campo: personas física que es contratada para laborar en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas épocas del año, para realizar actividades relacionadas o que van desde la preparación de la tierra, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, ya sea que sean producidos a cielo abierto, en invernadero o de alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su estado natural; así como otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o mixta. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón.

El trabajador estacional del campo que labore en forma continua por un periodo mayor a veintisiete semanas para un patrón, tiene a su favor la presunción de ser considerado trabajador permanente.

Los trabajadores estacionales del campo accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la presente Ley. Los criterios de cotización, el cálculo de las semanas laboradas y la forma de registro, presentación de movimientos y pago de cuotas correspondientes, se ajustarán a lo previsto en esta Ley y el reglamento respectivo.

No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, reempaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural; y,

XX. Salario de referencia: El importe estimado como ingreso promedio diario de los trabajadores estacionales del campo, el cual se calcula de conformidad con lo establecido en el Artículo 237-D de la presente Ley.

Artículo 9. ...

...

Por lo que se refiere a empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas y, en general, a los patrones de trabajadores del campo, se estará específicamente a lo señalado en el Código Civil Federal para lo relacionado con siniestros, caso fortuito y fuerza mayor, así como a la regulación relativa a desastres naturales; éstos supuestos son una excluyente para el pago de las cuotas de los trabajadores permanente, eventuales y estacionales del campo, de conformidad con las reglas generales del Instituto y le corresponde al Consejo Técnico aplicar estas reglas.

...

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente, eventual o estacional, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;

Artículo 15. Los patrones están obligados a:

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles, salvo tratándose de patrones de trabajadores estacionales del campo, en cuyo caso los plazos serán los establecidos en el artículo 237, fracción IV, de esta ley.

II. a IX. ...

Artículo 16. ...

...

...

I. ...

II. ...

Para los efectos del párrafo primero del presente artículo, no se contabilizarán los trabajadores estacionales del campo.

Artículo 28.Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

El salario base de cotización de los trabajadores estacionales del campo, se ajustará a las disposiciones del Capítulo X del Título Segundo de la presente Ley y los reglamentos correspondientes.

Artículo 73. ...

......(Tabla)

......

La prima de riesgos de trabajo para los patrones con actividades agropecuarias que contraten trabajadores estacionales del campo, será la correspondiente a la Clase I de 0.54355 por ciento sobre el Salario Base de Cotización y no estará sujeta a lo que señala el artículo 74.

Artículo 102....

I. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio, salvo que se trate de una trabajadora eventual del campo, caso en el cual deberán estar cubiertas por lo menos doce semanas de cotización en ese mismo periodo;

II. ...

Artículo 122. Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez se requiere que al declararse ésta, el asegurado tenga acreditado el pago de doscientas cincuenta semanas de cotización, a menos que el asegurado siempre se hubiese desempeñado como trabajador estacional del campo, caso en el que bastará que tenga acreditado el pago de setenta y cinco semanas de cotización.

En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez, sólo se requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta semanas de cotización, salvo que se trate de un trabajador estacional del campo, caso en el cual bastará tener cubiertas setenta y cinco semanas de cotización.

Artículo 154. ...

Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. Cuando el asegurado se haya desempeñado durante toda su vida laboral como trabajador estacional del campo, solo requerirá haber cubierto, al menos, seiscientas veinticinco semanas de cotización para gozar de las prestaciones correspondientes a este ramo.

El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de trabajador estacional del campo del derechohabiente.

....

....

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta cotizaciones semanales. En caso que el asegurado se hubiere desempeñado durante toda su vida laboral como trabajador estacional del campo, para gozar de las prestaciones del seguro de vejez deberá haber cumplido sesenta y cinco años de edad y tener reconocidas seiscientas veinticinco semanas de cotización por lo menos.

El Instituto al momento de resolver sobre el otorgamiento de esta prestación, verificará la calidad de trabajador estacional del campo del derechohabiente.

...

Artículo 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio.

Tratándose de los patrones de trabajadores del campo, la obligación establecida en la fracción XIII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, se cumplirá mediante el pago de la prima establecida en el artículo 211 de la presente ley.

Artículo 237. Los trabajadores asalariados de carácter permanente, eventual y estacional en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la misma, conforme a las modalidades que para el efecto establezcan la presente ley y los reglamentos que correspondan.

Los trabajadores estacionales del campo y sus patrones se sujetarán a las siguientes modalidades:

I. El estado cubrirá las prestaciones en dinero y en especie, así como los gastos administrativos del seguro de enfermedades y maternidad.

II. Los patrones cubrirán en términos de la presente Ley las cuotas para los seguros de Riesgo de Trabajo, Guarderías y Prestaciones Sociales, Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

III. Las cuotas patronales se calcularán con base en el salario de referencia establecido en los artículos 5-A, fracción XX, y 237-D de la presente Ley.

IV. Para el registro, presentación de movimientos, pago de cuotas y obtención de beneficios fiscales, los patrones deberán:

a) Registrarse en el instituto dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de sus actividades.

b) Presentar mensualmente ante el instituto la relación de movimientos afiliatorios en un plazo no mayor a ocho días hábiles posteriores al mes de que se trate.

El Instituto brindará la atención correspondiente a los trabajadores que aún no hubiesen sido registrados, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, previa acreditación de los mismos de su calidad de trabajadores estacionales del campo mediante el Formato de Autorización para Atención Médica para Trabajadores del Campo (AMTC) emitido por el Instituto y expedido por el patrón de conformidad con lo establecido en el Artículo 237-F de la presente Ley.

c) Pagar las cuotas correspondientes dentro de los diecisiete días hábiles del mes siguiente al de la presentación de la relación de trabajadores a que se refiere el inciso anterior.

V. Las demás que establezcan los reglamentos que correspondan.

Artículo 237-A. En aquellos lugares donde el instituto no cuente con instalaciones, éstas sean insuficientes en función de la oferta y la demanda estacional de servicios o no pueda atender a los trabajadores del campo por razones de distancia, especialidad médica u oportunidad para prestar los servicios de salud y guarderías que tiene encomendados, eximirá al patrón y a los trabajadores del campo de las contraprestaciones correspondientes; sin embargo, cuando los patrones, así como las organizaciones de los trabajadores, otorguen por su cuenta las prestaciones de enfermedades y maternidad, así como las de guarderías que le corresponden al Instituto, estos podrán celebrar convenios con el Instituto en el que se incluya la compensación por los costos incurridos en la prestación de tales servicios.

Dichos convenios se celebrarán de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico, pero el pago por las prestaciones a que se refiere el párrafo anterior, no podrán ser inferiores al costo por servicio equivalente que represente al Instituto, brindar la atención en la unidad más próxima.

En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que se refiere este artículo estarán obligados a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio Instituto, en los términos de las reglas de carácter general que con respecto a los servicios médicos y de guarderías expida el Consejo Técnico. Dichas instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia deberán ser acordes a las circunstancias en que desarrolle su actividad el patrón del campo, dentro del medio rural en que se desenvuelve en virtud de que, de no poder dar el servicio el Instituto, éste no podrá exigir más de lo que pueda otorgar.

Artículo 237-B....

I. ...

II. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores así como las modificaciones de su salario y los demás datos, en los términos y dentro de los plazos que establece la presente Ley y el reglamento correspondiente; y,

III. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y de salarios totales devengados, de acuerdo a lo que establezcan la presente Ley y los reglamentos respectivos.

Artículo 237-C. Los patrones del campo podrán excluir, independientemente de lo establecido en el artículo 27 de esta Ley como integrante del salario base de cotización o de referencia, según el caso, los pagos adicionales que realicen por concepto de productividad, hasta por el veinte por ciento del salario base de cotización o de referencia, según el caso, observando lo dispuesto en el artículo 29, fracción III de esta Ley. Para que el concepto de productividad mencionado en este artículo, se excluya como integrante del salario base de cotización, deberá estar debidamente registrado en la contabilidad del patrón.

Artículo 237-D. Los patrones del campo que contraten trabajadores estacionales del campo, podrán efectuar la inscripción y el pago de las cuotas obrero patronales con el salario que resulte de aplicar el factor de 1.68, sobre el salario mínimo diario general vigente del área geográfica que corresponda, siempre y cuando el salario base de cotización sea superior a 1.68 veces el salario mínimo general. En caso contrario, la incorporación y pago de las cuotas obrero patronales, se hará con base en el salario real percibido por el trabajador.

El salario resultante de aplicar el factor de 1.68 al salario mínimo diario general vigente, se actualizará anualmente en base a los incrementos porcentuales que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para cada una de las zonas económicas determinadas.

Artículo 237-E. Para el cumplimiento de los servicios de salud, el Instituto expedirá los formatos de Autorización para Atención Médica para Trabajadores del Campo (AMTC), mismos que obtendrá el patrón del campo sin costo alguno al inicio de cada ciclo agrícola o al principio del año, según prefiera.

Cuando alguno de los trabajadores del campo requiera servicios médicos, deberá de obtener del patrón uno de los formatos firmados, conservando el patrón del campo el talón del mismo para futuras revisiones del Instituto. El derechohabiente entregará el formato AMTC en la Unidad de Medicina Familiar del IMSS Régimen Obligatorio o en la Unidad de Medicina Rural del IMSS Oportunidades que corresponda, a fin de acceder a los servicios médicos. Los formatos serán de vigencia anual, intransferibles, inalienables y personales.

El patrón que requiera más formatos durante el ciclo agrícola que corresponda o durante el año, deberá solicitarlo por escrito a la Subdelegación que le corresponda, a fin de que ésta pueda proporcionarle formatos adicionales, previa comprobación del uso total de los que se le hubieren entregado, conforme a los informes mensuales proporcionados por el mismo patrón del campo.

Los formatos que no hayan sido utilizados al término del año calendario, deberán ser devueltos al Instituto y podrán ser canjeados por los del siguiente año calendario.

El patrón del campo y los trabajadores estacionales del campo a quienes se les otorguen, serán responsables del correcto uso de los formatos AMTC que hayan recibido.

En caso de que se propicie u obtenga algún beneficio indebido, con motivo de la utilización del formato AMTC, el patrón o trabajador estacional del campo, estarán sujetos a lo establecido en el artículo 314 de la Ley.

Los patrones del campo deberán informar, después de cada ciclo agrícola o anualmente para los dedicados a actividades ganaderas, al Instituto en la subdelegación correspondiente, por escrito y bajo protesta de decir verdad, sobre los formatos usados en el año anterior, indicando el nombre del trabajador a quien se le haya proporcionado cada formato, el número de folio del formato y la fecha de entrega del formato. Asimismo, deberá indicar sobre los formatos usados, si corresponden a una enfermedad o a un accidente de trabajo.

Artículo 237-F. Es obligación de las personas físicas o morales que adquieran cultivos en pie, así como explotaciones ganaderas, acuícolas o forestales, respecto a los cuales se requiera el empleo de trabajadores estacionales o eventuales del campo para culminar el ciclo productivo, registrarse y registrar a sus trabajadores ante el Instituto a más tardar tres días hábiles posteriores a la fecha en que tales actos ocurran.

El instituto deberá proveer de los medios técnicos para facilitar y vigilar el cumplimiento expedito de la presente obligación.

Artículo 240. ...

Los trabajadores estacionales del campo y sus familias disfrutarán de manera gratuita de las prestaciones aludidas en el párrafo anterior en los períodos en que permanezcan desempleados, siempre y cuando acrediten que en los doce meses anteriores, cubrieron ante el Instituto por lo menos veintisiete semanas de cotización como asegurados, en los términos del reglamento respectivo.

Artículo 287. Las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de esta Ley, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, tienen el carácter de crédito fiscal. Quedan exceptuados de ser embargados, así como ser sustraídos, o inmovilizados los bienes materiales de producción agropecuaria, las cuentas bancarias destinadas a tales operaciones y los predios y terrenos en que se realicen o empaquen los cultivos o produzcan los animales;se exceptúa lo anterior si los adeudos al Instituto superan el setenta por ciento del valor de avalúo del predio opredios rústicos donde se llevan a cabo tales labores.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los patrones de trabajadores estacionales del campo que a la entrada en vigor del presente decreto no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el instituto, podrán hacerlo en la forma y términos establecidos en el artículo 237, fracción IV, inciso a), de la Ley del Seguro Social, sobre la base de 1.05 salarios mínimos como Salario Base de Cotización y con las actualizaciones y recargos que correspondan. No se impondrán multas o algún otro tipo de sanción a los patrones que se acojan a lo dispuesto en el presente artículo transitorio.

Tercero. El director del Instituto del Seguro Social y los titulares de las direcciones, secretarías, unidades, órganos y coordinaciones, así como de sus delegaciones estatales, serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones en el otorgamiento de los servicios y prestaciones que deberán proporcionar a los trabajadores estacionales del campo en los términos del presente decreto, y conforme lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Notas:

1. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012,elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que el número de trabajadores del sector agropecuario asciende a 6 millones 580 mil 206.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 14 de febrero de 2013.— Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, para dictamen.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se invita a los secretarios de Gobernación, y de Energía, al procurador general de la República y al director general de Petróleos Mexicanos a una reunión con la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sobre el origen de la explosión sucedida en Pemex el 31 de enero de 2013

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral uno, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 198 a 200 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política hace suya la proposición relacionada con la intervención legislativa en los trabajos de seguimiento y evaluación de actuación de las autoridades competentes en la determinación de las causas del siniestro ocurrido en las instalaciones de la torre de Pemex el pasado 31 de enero y somete a consideración del Pleno, el siguiente acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primero. Que la Cámara de Diputados coincide en la gravedad de los acontecimientos ocurridos en las instalaciones de la torre de Pemex el 31 de enero del presente año;

Segundo. Que la Cámara de Diputados coincide en la necesidad de que el Poder Legislativo se involucre en los trabajos de seguimiento a las actividades que desarrollan las autoridades correspondientes y los órganos de Petróleos Mexicanos para conocer las causas que originaron el siniestro.

Por lo anterior, se propone al Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados expresa sus profundas condolencias a los familiares de las trabajadoras, los trabajadores y demás personas que perdieron la vida a consecuencia de la explosión sucedida en el edificio B2 del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos.

Segundo: La Cámara de Diputados propone invitar a una reunión con la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Energía, de la Procuraduría General de la República y de Petróleos Mexicanos a efecto de analizar los avances en los trabajos de investigación de las causas de la explosión en el edificio B2 del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional determinará el formato de la comparecencia y las demás cuestiones que sean necesarias para su desahogo.

Transitorios

Primero. Este acuerdo entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el Pleno.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que, en ejercicio de sus atribuciones, formalice la citación de los funcionarios a los que se refiere el presente acuerdo.

Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.p.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración. Tiene el uso de la voz en contra, don Alfonso Durazo Montaño.

Esta Presidencia se va a regir en stricti iuris por el artículo 106. Cuando hayan intervenido un orador en contra y uno a favor podremos preguntar a la asamblea si está suficientemente discutido.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, señor presidente, por su atención. A ustedes también, por el tiempo. En realidad mi propuesta, mi participación es para complementar esta propuesta.

Me parece elemental que en un asunto de la naturaleza de la explosión en Pemex cuyas causas están todavía en investigación y eventualmente a debate, es elemental que se incorpore en esta reunión a la mesa directiva, cuando menos, de la Comisión de Protección Civil, dada la naturaleza de las responsabilidades que tiene y que eventualmente las conclusiones de la investigación podrían derivar en una responsabilidad o en una insuficiencia de los sistemas de protección civil. Esta es la razón por la que proponemos que a la Comisión Bicamaral de Seguridad se sume la mesa directiva de la Comisión de Protección Civil.

Por otro lado, una de las responsabilidades fundamentales de esta Cámara es la fiscalización del Ejecutivo, que se ejerce en buena medida a través de las propias comisiones ordinarias que esta Cámara tiene aprobadas.

Una manera de cumplir, desde la Comisión de Protección Civil, con esta tarea de fiscalización al Ejecutivo, en este caso a Pemex, es la incorporación elemental en esta reunión de trabajo, que me parece no debería ser una invitación. Entiendo la cortesía de los proponentes, pero me parece una responsabilidad obligada, cumplir obligadamente con informar a esta Cámara de Diputados sobre las causas de la explosión en Pemex.

Pido a ustedes su comprensión para esta propuesta y espero tengan a bien aprobar la participación de la mesa directiva de la Comisión de Protección Civil en esta sesión, en esta reunión de trabajo con los funcionarios a los que se está convocando, más que invitando. Muchas gracias a todos, por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.Continúe con el otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Permítame. ¿Con qué objeto, diputada? Doña Lizbeth.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Diputado presidente, hace unos minutos acaba de poner usted a votación un punto de acuerdo aprobado por la Bicamaral de Seguridad Nacional, derivado de los acuerdos del Senado de la República, pero no queda claro qué es lo que puso a votación, si la propuesta del diputado que acaba de pasar, adhiriendo a la Comisión de Protección Civil, o el acuerdo original de la Bicamaral, que es únicamente en la de Seguridad Nacional. Que aclare, por favor, la situación.

También comentarle que el acuerdo de la bicamaral no es una invitación, es una comparecencia, así se estableció y fue firmada por los grupos parlamentarios que integran la bicamaral.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo que sometimos a la consideración de la asamblea fue del acuerdo de la Junta de Coordinación Política que contiene el acuerdo de la bicamaral.

Continúe la Secretaría...

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí. Sonido en la curul de don Alfonso Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente, solicitarle amablemente que pudiera someter a la consideración del pleno la propuesta particular que me permití hacer hace un momento.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Cuando nos dejan alguna propuesta cuando menos nos dan una pequeña hojita, de tal suerte nosotros poder respaldar nuestra petición al pleno. No se cumplió con ninguna formalidad. El acuerdo está aprobado, el acuerdo de la Junta está aprobado como tal. La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional requiere de una reserva de ley, porque es la única que está obligada a guardar la secrecía de lo que ahí comentan.

La propuesta sería que presentara usted otro punto de acuerdo, de tal suerte que ese tipo de comparecencia se pudiese hacer después en el ámbito de la Comisión de Protección Civil, que impacta los temas que a usted y a la Cámara le interesan, porque el formato de la Comisión Bicamaral impediría que usted participara y que usted saliera a comentar algo de lo que ahí se diga. Están obligados a la reserva, diputado.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, lo escucho.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente, en primer lugar una cuestión de procedimiento, me parece elemental que si ignoramos la agenda del día hasta el momento en el que es presentada es en este momento que hago uso de la palabra para hacer del conocimiento del pleno mi propuesta. Sin embargo, para satisfacer ese requisito subo en este momento con una breve nota firmada expresándole mi propuesta.

Por otro lado, me parece que también el resto de los diputados, no solo la Comisión de Protección Civil, podemos asumir la responsabilidad, bajo cualquier formalidad, de conservar la secrecía a la que obliga al resto de los diputados miembros de la Comisión Bicamaral de Seguridad.

Así es que le reitero la petición de someter a votación del pleno la posibilidad de que la Comisión de Protección Civil, la junta directiva, por la naturaleza de las funciones de la propia comisión podamos ser parte de esta comparecencia de funcionarios. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, diputado, no crea que es una impertinencia de mi parte. Le ruego me escuche un momento. No podríamos nosotros, como parte de un sistema bicamaral, imponerle al Senado de la República —que forma parte de la bicamaral— una disposición de esta naturaleza.

Le rogaría que respetáramos la esencia y la naturaleza jurídica de la Comisión Bicamaral y que presente usted un punto de acuerdo, que seguramente será visto con simpatía por la asamblea, de tal suerte que en otro formato los funcionarios pudiesen comparecer en los asuntos de protección civil que a usted le interesan. Pero no podríamos noso-tros como Cámara, sería una enorme descortesía hacia la colegisladora imponerles a ellos un formato distinto al que la ley les impone.

Esta Mesa Directiva puede opinar en asuntos de forma, no puede opinar en asuntos de fondo. Pero la forma sería aquí muy irregular, porque no podríamos imponerle nosotros al Senado un formato de esta naturaleza. Le ruego su comprensión.

¿Alguien más había pedido el uso de la voz? Don Miguel Alonso Raya.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidente, nosotros no nos oponemos a que se pueda generar otro punto de acuerdo para que puedan comparecer funcionarios ante comisiones ordinarias.

En la Junta de Coordinación Política lo que hicimos —y todos estuvimos, votamos a favor de eso— es atender el acuerdo que tomó la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, sin menoscabo, sin conculcar el derecho que tienen otras comisiones a generar puntos de acuerdo para que puedan comparecer funcionarios con otro formato y en otro orden. Nada más como aclaración. Gracias.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Creo que así se hará. Don Ricardo Mejía, ¿con qué objeto? Lo escucho.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, el diputado Alfonso Durazo ya le hizo llegar una proposición. Usted también ha dado sus argumentos en términos del carácter bicamaral, pero de cualquier modo nosotros le pedimos que someta a votación la propuesta para que en la Comisión Bicamaral se integre la mesa directiva de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados. Si en la Cámara de Senadores optan por lo mismo ya será decisión de nuestra colegisladora, pero por tanto le pedimos que lo pueda someter a votación.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, no puedo someter a la asamblea un acto que pueda ser irregular. No puedo desnaturalizar la esencia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, porque repito, y espero que me escuche, y más que me entienda, que no le podemos imponer al Senado de la República un formato distinto.

Esperamos el punto de acuerdo del diputado Alfonso Durazo, seguramente avalado por los integrantes de su comisión y seguramente los funcionarios de su interés, cumpliendo los requisitos vendrán a la Comisión de Protección Civil a intercambiar puntos de vista respecto del tema que a todos nos atañe.

Continúe la Secretaría, por favor.

ESTADO DE COLIMA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal que emita por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la declaratoria de emergencia fitosanitaria por la presencia y las afectaciones de la enfermedad de huanglongbing en los cultivos de cítricos en Colima

La Junta de Coordinación política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscriben la diputada Martha Leticia Sosa Govea y el diputado Amoldo Ochoa González; así como diputados de diversos grupos parlamentarios, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero: Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), emita la declaratoria de emergencia fitosanitaria por la presencia y afectaciones de la enfermedad del huanglongbing (HLB) en los cultivos de cítricos, en el estado de Colima.

Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en concurrencia con el Gobierno del Estado de Colima y con base en el Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013, del componente “Sanidades” contenido en el “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos” del Programa Especial Concurrente, se destinen los recursos suficientes para implementar un programa emergente encaminado a combatir el HLB en el Estado de Colima.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.p.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte a la asamblea si se aprueba.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Diputado Willy Ochoa, ¿con qué objeto?

El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (desde la curul): Con su anuencia, diputado presidente, para solicitarle al diputado Durazo, con base al artículo 8, fracción XVIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si podría retirar la cartulina que puso en el atril.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El diputado Alfonso Durazo tomará las previsiones necesarias, el artículo 8 del Reglamento lo obliga, pero ya estará en él cumplir.

Continúe la Secretaría.

PRODUCTORES DEL CAMPO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que la Cámara de Diputados cite a comparecer al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efecto de valorar las medidas tomadas por el sector a fin de atender la problemática de diversos productores del campo en el país

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 198 a 200 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno, el presente acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que en la segunda quincena del mes de enero del año en curso, varios estados del norte del país fueron declarados en emergencia por el Ejecutivo federal con motivo de las bajas temperaturas registradas, afectando severamente a la población y dañando la producción agropecuaria de dichas entidades.

Las heladas afectaron críticamente y, en muchos casos, con la pérdida total, miles de hectáreas de maíz, frijol, hortalizas, garbanzo y otros productos agrícolas en los estados que son considerados el granero de México. Concretamente, se estima que en el estado de Sinaloa, más de 70 mil hectáreas de maíz se perdieron totalmente.

Segunda. Que en el sur-sureste del país, los productores del café viven al amenaza de un rebrote de la roya que parece amenazar seriamente las zonas cafetaleras, sobre todo en virtud de que, en las cafetaleras de América Central, se han perdido entre el quince y el veinte por ciento de las cosechas del ciclo 2012-2013 y los gobiernos de esos países ya han decretado planes de contingencia y hecho declaraciones de emergencia.

Tercera. Que es necesario evaluar las condiciones en que se desarrolla el ciclo productivo del azúcar de caña ya que es evidente que miles de mexicanos dependen de ese producto para su subsistencia.

Cuarta. Que la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, tiene la responsabilidad de velar por que las políticas públicas dirigidas al campo cumplan plenamente con los objetivos propuestos, máxime cuándo puede estar en riesgo la seguridad y el bienestar de la población.

Por lo anterior, se propone al pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados propone citar a comparecer al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ante las Comisiones Unidas de Agricultura y Sistemas de Riego; y de Desarrollo Rural, de conformidad con las facultades de ambas previstas en el artículo 39, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos. Mexicanos a efecto de valorar las medidas tomadas por el sector para atender la problemática de diversos productores del campo en el país.

Segundo. Las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas determinarán el formato de la comparecencia y las demás cuestiones que sean necesarias para su desahogo.

Transitorios

Primero. Este acuerdo entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el Pleno.

Segundo. Se solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva para que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 198, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, formalice la citación de los funcionarios a los que se refiere el presente acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.p.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría si es de aprobarse.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta en votación económica si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.Le ruego a la Secretaría dar cuenta de la declaratoria de publicidad de varios dictámenes.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

1. Con fecha 29 de marzo de 2012, el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para análisis y dictamen correspondiente.

3. Según establece el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, con fecha 20 de noviembre de 2012 la Mesa Directiva turnó el asunto a la Comisión de Salud para emitir dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa, en la que se resumen su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa considera indispensable reformar y adicionar diversos artículos en materia de disposición de órganos, tejidos y células progenitoras o troncales, comprendidos en el título XIV de la Ley General de Salud.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 13. ...

A. ...

I.a X. ...

B. ...

I.Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones 1II II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI, únicamente por lo que se refiere al control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C....

Iniciativa

Artículo 13. ...

A. ...

I.a X. ...

B. ...

I.Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI, únicamente por lo que se refiere al control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C. ...

Texto vigente

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud

I. ...

II. La regulación sobre cadáveres, en los términos de esta ley;

III. a V. ...

Iniciativa

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud

I. ...

II. La regulación sobre la disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos, éstos últimos confines de enseñanza y de investigación, en los términos de esta ley;

III. a V. ...

Texto vigente

Artículo 314. Para efectos de este título se entiende por

I. a XII. ...

XIII. Tejido, a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma naturaleza, ordenadas con regularidad y que desempeñen una misma función;

XIV. a XXVII. ...

Iniciativa

Artículo 314. Para efectos de este título se entiende por

I. a XII. ...

XII Bis. Sangre, es el tejido hemático con todos sus elementos;

XIII. Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones;

XIV. ...

XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico consistente en la aplicación de sangre o de componentes sanguíneos a un ser humano, sin la finalidad de que Injerten en el organismo receptor;

XV. a XXVII. ...

Texto vigente

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los dedicados a

I. La extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células;

II. Los trasplantes de órganos y tejidos;

III. Los bancos de órganos, tejidos y células;

IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión.

La secretaría otorgará la autorización a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley y demás aplicables.

Iniciativa

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los dedicados a

I. Realizar extracciones, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células;

II. Realizar trasplantes de órganos y tejidos;

III. Los bancos de órganos, tejidos y células;

IV. Los servicios de sangre;

V. Los bancos de sangre y servicios de transfusión.

La secretaría otorgará la licencia a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley y demás aplicables.

Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la fracción IV del presente artículo, la licencia sanitaria tendrá una vigencia de 5 años prorrogables por plazos iguales de conformidad con las disposiciones aplicables.

Texto vigente

Artículo 338. ...

I. El registro de establecimientos autorizados conforme al artículo 315 de esta ley;

II. a VI. ...

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en el artículo 315 de esta ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los comités internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento legal citado, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III y IV de este articulo.

Iniciativa

Artículo 338. ...

I. El registro de establecimientos autorizados a que se refiere las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta ley;

II. a VI. ...

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los comités internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento legal citado, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III y IV de este artículo.

Texto vigente

Artículo 340. El control sanitario de la disposición de sangre lo ejercerá la Secretaria de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Iniciativa

Artículo 340. Corresponde a las autoridades sanitarias de las entidades federativas el control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, en términos de las disposiciones reglamentarias.

La Secretaría llevará a cabo la supervisión del control sanitario realizado por las autoridades sanitarias de las entidades federativas a que se refiere el párrafo anterior. Asimismo, la Secretaría, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, podrá realizar directamente el control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, cuando a juicio de la Secretaría así se requiera por la importancia y trascendencia que pueda llegar a tener el caso.

Texto vigente

Artículo 341. La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas con fines terapéuticos estará a cargo de bancos de sangre y servicios de transfusión que se instalarán y funcionarán de acuerdo con las disposiciones aplicables. La sangre será considerada como tejido.

Iniciativa

Artículo 341. La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, con fines terapéuticos estará a cargo de los establecimientos siguientes:

A) Los servicios de sangre, que son

I. Banco de sangre;

II. Centro de procesamiento de sangre;

III. Centro de colecta;

IV. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos;

V. Servicio de transfusión hospitalario, y

VI. Centro de calificación biológica.

B) Los que hacen disposición de células progenitoras o troncales, que son

I. Centro de colecta de células progenitoras o troncales;

II. Banco de células progenitoras o troncales, y

III. Centro de medicina regenerativa.

Texto vigente

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de células progenitoras hematopoyéticas, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

Iniciativa

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

Segunda. Se coincide con esta iniciativa ya que pretende establecer un nuevo modelo de establecimientos que fomentará una coordinación eficiente entre los diversos servicios de sangre del país, con criterios de integración en redes de atención, lo que permitirá garantizar la autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes. Diversas experiencias internacionales han adoptado modelos similares de regionalización de los servicios de sangre, en los que se observa una tendencia creciente a la concentración y especialización de las actividades relativas a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, que redunda en mayor calidad y seguridad de los productos sanguíneos.

El modelo propuesto comprende seis tipos de establecimientos interrelacionados:

1. Centros de colecta;

2. Centros de procesamiento;

3. Bancos de sangre;

4. Centros de calificación biológica;

5. Centros de distribución; y

6. Servicios de transfusión hospitalarios.

Tercera. Respecto a la distribución de competencias en materia de salubridad general entre la federación y las entidades federativas, contenidas en el artículo 13 de la Ley General de Salud, se considera viable dar facultades a las entidades federativas para que ejerzan el control sanitario en lo referente a la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, con la finalidad de fortalecer la vigilancia sanitaria de los establecimientos que hacen disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras para garantizar el cumplimiento de la normatividad en la materia, incrementar la seguridad sanguínea y el uso adecuado y racional de los diversos productos sanguíneos.

Esta dictaminadora considera indispensable la necesidad de reformar y adicionar diversos términos establecidos en el artículo 314 de la ley, con la finalidad de alinear y actualizar las definiciones empleadas en las diferentes áreas de la medicina transfusional.

El modelo actual de los establecimientos que hacen disposición de sangre y componentes sanguíneos comprende únicamente los bancos de sangre y los servicios de transfusión, el cual no ha permitido asegurar una calidad homogénea de los productos sanguíneos, ni una distribución adecuada de los mismos, presentando además diversas ineficiencias como sistema de producción.

Cuarta. En México hay 550 bancos de sangre, pocos de ellos con alta producción y la mayoría con baja o muy baja producción. Se ha demostrado que mientras más pequeño sea un banco de sangre, mayores serán sus costos de producción y mayor probabilidad de obtener resultados erróneos en las pruebas de detección de agentes infecciosos transmisibles por transfusión. Por el contrario los bancos con un mayor volumen de producción se asocian a una mayor exactitud y confiabilidad en las pruebas para la detección de patógenos transmisibles, un mayor fraccionamiento de la sangre y menor desecho de unidades, lo que se traduce finalmente en menor costo promedio y mayor seguridad transfusional.

La centralización de las determinaciones analíticas para la detección de agentes transmisibles por transfusión, en bancos de sangre y centros de calificación biológica, además de incrementar la confiabilidad de los resultados abate los costos por trabajar con reservas más altas, mayor especialidad y productividad de los recursos humanos, fraccionamiento de sangre en mayor número de componentes, menor desecho de unidades y mejor distribución de los productos sanguíneos.

Lo anterior es igualmente aplicable a la centralización de las determinaciones analíticas para las pruebas de inmunohematología en los bancos de sangre, centros de procesamiento y centros de distribución.

Los centros de distribución favorecerán la disponibilidad, accesibilidad y la distribución equitativa de la sangre en las diversas regiones del país, permitiendo transfusiones oportunas y seguras.

La colecta de sangre debe estar cercana a los donantes, ya sea en establecimientos fijos o en forma de colectas externas programadas por las diversas instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud y coordinadas por los Centros Nacional y Estatales de la Transfusión Sanguínea, esto promoverá la donación voluntaria, no remunerada y regular como una fuente segura de obtención de la sangre y componentes sanguíneos.

Quinta. En esta iniciativa se justifica técnicamente dada la relevancia de asegurar a la población la accesibilidad oportuna a los productos sanguíneos y un menor riesgo transfusional. La transfusión de sangre y componentes sanguíneos es un recurso terapéutico que contribuye al restablecimiento de la salud de los pacientes, sin embargo, también conlleva riesgos que es necesario abatir por sus implicaciones en el bienestar familiar, económico y social. La sangre y los componentes sanguíneos seguros son objetivo de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Estos organismos poseen una serie de parámetros y lineamientos sobre la calidad y relevancia de los productos sanguíneos, así como acerca de su distribución equitativa, aprovechamiento y su uso adecuado y racional, sobre los cuales las instituciones de salud en el país deben estar ajustadas. De esta manera se contribuye a reducir la morbimortalidad asociada al desabasto o a la mala calidad de los productos sanguíneos.

Sexta. La OPS ha manifestado su preocupación por la seguridad transfusional en las Américas. México no ha alcanzado abatir los riesgos residuales asociados a la transfusión cuando se compara con países desarrollados. En nuestro país hay un gran número de bancos de sangre que trabajan con procedimientos no homogéneos, altos costos y bajos índices de producción, que no han resuelto la distribución adecuada ni la optima calidad de los productos sanguíneos y que no han permitido alcanzar las metas de seguridad transfusional en las instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud.

Los integrantes de esta comisión consideran que la iniciativa es viable debido a que de esta manera quedarían asentados en la Ley General de Salud, la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas en materia del control sanitario de la disposición de sangre y componentes sanguíneos, así como, el nuevo modelo de servicios de sangre con criterios de integración en redes de atención, para una optimización de la distribución y calidad de los productos sanguíneos.

Por lo expuesto y para los efectos del artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura someten a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de bancos de sangre

Artículo Único. Se reforman los artículos 13, Apartado B, fracción I, 313, fracción II, 314, fracción XIII, 315, fracciones I y II, y segundo párrafo, 338, fracción I y penúltimo párrafo, 340, 341, y 341 Bis, primer párrafo; y se adicionan los artículos 314, con las fracciones XII Bis y XIV Bis, 315, con una fracción IV, recorriéndose las actuales en su orden, y un último párrafo a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

A. ...

B. ...

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI, únicamente por lo que se refiere al control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C. ...

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud

I. ...

II. La regulación sobre la disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos, estos últimos con fines de enseñanza y de investigación, en los términos de esta ley;

III. a V. ...

Artículo 314. Para efectos de este título se entiende por:

I. a XII. ...

XII Bis. Sangre, es el tejido hemático con todos sus elementos;

XIII. Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones;

XIV. ...

XIV Bis. Transfusión, procedimiento terapéutico consistente en la aplicación de sangre o de componentes sanguíneos a un ser humano, sin la finalidad de que injerten en el organismo receptor;

XV. a XXVII. ...

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria son los dedicados a

I. Realizar extracciones, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células;

II. Realizar trasplantes de órganos y tejidos;

III. ...

IV. Los servicios de sangre;

V. y VI. ...

La Secretaría otorgará la licencia a que se refiere el presente artículo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta ley y demás aplicables.

Para el caso de los establecimientos de salud a que se refiere la fracción IV del presente artículo, la licencia sanitaria tendrá una vigencia de 5 años prorrogables por plazos iguales de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 338. ...

I. El registro de establecimientos autorizados a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta ley;

II. a VI. ...

En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos de salud referidos en las fracciones I, II y III del artículo 315 de esta ley, a través del responsable sanitario en coordinación con los comités internos señalados en el artículo 316 del mismo ordenamiento legal citado, deberán proporcionar la información relativa a las fracciones II, III y IV de este artículo.

...

Artículo 340. Corresponde a las autoridades sanitarias de las entidades federativas el control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, en términos de las disposiciones reglamentarias.

La Secretaría llevará a cabo la supervisión del control sanitario realizado por las autoridades sanitarias de las entidades federativas a que se refiere el párrafo anterior. Asimismo, la Secretaría, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, podrá realizar directamente el control sanitario de la disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, cuando a juicio de la Secretaría así se requiera por la importancia y trascendencia que pueda llegar a tener el caso.

Artículo 341. La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, con fines terapéuticos estará a cargo de los establecimientos siguientes:

A. Los servicios de sangre, que son

I. Banco de sangre;

II. Centro de procesamiento de sangre;

III. Centro de colecta;

IV. Centro de distribución de sangre y componentes sanguíneos;

V. Servicio de transfusión hospitalario; y

VI. Centro de calificación biológica.

B. Los que hacen disposición de células progenitoras o troncales, que son

I. Centro de colecta de células progenitoras o troncales;

II. Banco de células progenitoras o troncales; y

III. Centro de medicina regenerativa.

Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el Sistema Nacional de Salud al respecto.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos de lo establecido en el artículo 315 de esta ley, a la entrada en vigor de este decreto las solicitudes de licencia sanitaria que se encuentren en trámite por parte de los establecimientos de salud a que se refieren las fracción IV y V de dicho artículo y que cuenten con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos relativos tendrán a partir de la fecha de su expedición una vigencia de 5 años.

Tercero. Las autorizaciones sanitarias de los establecimientos de salud mencionados en las fracciones IV y V del artículo 315 de esta ley, otorgadas por tiempo indeterminado deberán someterse a revisión para obtener la licencia sanitaria correspondiente en un plazo de hasta cinco años a partir de la entrada en vigor del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

La licencia sanitaria se otorgará únicamente cuando la secretaría haya constatado la seguridad y eficacia, respecto a la operación de estos establecimientos, de conformidad a las disposiciones sanitarias vigentes, en caso contrario las autorizaciones otorgadas para tiempo indeterminado se entenderán como revocadas para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2012.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:  «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 25 de enero de 2012, se dio cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la iniciativa de decreto que reforma el artículo 245, fracciones I y III de la Ley General de Salud, presentada por el ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Según establece el acuerdo relativo a los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no llegó a resolver el pleno de la LXI Legislatura, con fecha del 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva turna el asunto a la Comisión de Salud para emitir dictamen.

II. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

Incluir en la clasificación de substancias psicotrópicas, la mefedrona, la piperazina TFMPP, el midazolam y el canabinoide sintético K2, con el objeto de permitir que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia respecto de su uso terapéutico o, en su caso, procedan contra el uso indebido de cada una de ellas.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Organización mundial de la Salud (OMS) define a la adicción como un consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que el consumidor (denominado adicto), se intoxica periódicamente o de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia (o sustancias), preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio.

La vida del adicto está dominada por el consumo de la sustancia, hasta llegar a excluir prácticamente todas las demás actividades y responsabilidades. El término adicción conlleva también el sentido de que el consumo de la sustancia tiene un efecto perjudicial para la sociedad y para la persona. Este término es considerado por muchos expertos, como una enfermedad con entidad propia, un trastorno debilitante arraigado en los efectos farmacológicos de la sustancia, que rige una progresión implacable.

Tercera. Dentro de la exposición de motivos, el promovente hace mención a que uno de los problemas de salud pública más serios a nivel internacional es el relativo al consumo y comercialización de drogas, fenómeno que en los últimos años ha experimentado una creciente complejidad debido al proceso de internacionalización de las actividades ilícitas de creación, producción y tráfico ilícito de precursores químicos. Dichas conductas, además de representar el incremento en actividades ilícitas que ha permitido a grupos delictivos obtener grandes recursos y ganancias que favorecen su crecimiento desmedido, han generado un problema que debe analizarse desde la perspectiva del impacto que provoca en la salud pública, pues este fenómeno ocasiona el incremento de padecimientos, trastornos e incluso hasta la muerte, todo ello a consecuencia de su uso adictivo, dejando sentir sus efectos en el ámbito social, económico y político.

Cuarta. A nivel nacional e internacional y con el fin de proteger la salud se han detectado diferentes sustancias que, a pesar de que su comercialización es considerada lícita y que pueden ser adquiridas fácilmente sin restricción alguna, la alteración en su composición provoca que su consumo sea nocivo a la salud. De acuerdo con la información de la Comisión Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones, la mefedrona es una sustancia estimulante sintética que provoca efectos físicos similares a los causados por otras drogas estimulantes, como el éxtasis; por su parte, el midazolam forma parte de la familia de las benzodiacepinas y es de acción muy corta, se le utiliza como inductor anestésico o coadyuvante en la anestesia general, sin embargo, ambas sustancias actualmente pueden ser adquiridas sin restricción alguna. A su vez, la piperazina o TFMPP, por sí sola no tiene efectos evidentes, pero combinada con la benzylpiperazina es vendida legalmente como alternativa, a la ilegal MIM A (éxtasis), con el sobrenombre de “x legal”, la cual produce un efecto similar al de los estimulantes de tipo anfetamínico; finalmente, el denominado K2 es un derivado sintético de la marihuana con efectos similares o incluso más potentes, usualmente es consumida por las personas que padecen adicción a esta sustancia, y que también puede prepararse como bebida; sin embargo, dicha sustancia se comercializa, como un producto natural, aparentando seguridad en su uso; cabe destacar que entre sus efectos adversos se encuentra la agitación, ataques de pánico, aumento de la presión sanguínea, vómito y alucinaciones. Respecto a las sustancias denominadas Canabinoides sintéticos K2, es necesario indicar que estas sustancias fueron sintetizadas con fines de investigación médica, sin embargo, a la fecha se les han atribuido más efectos psicoactivos similares a los producidos por la marihuana que efectos terapéuticos útiles para la ciencia médica, razón por la cual, técnicamente resulta necesario incluirla en la fracción I del artículo 245 de la Ley General de Salud, toda vez que dicha sustancia usualmente es consumida por las personas que padecen adicción a la mariguana, y también puede prepararse como bebida.

Quinta. Con respecto a la reforma del artículo 245 a la Ley General de Salud, es necesario mencionar que es procedente debido a que es indispensable  la constante revisión legislativa respecto de las drogas cuyo consumo humano afecta la salud y propicia la generación de ganancias ilícitas. En este contexto, se tiene la responsabilidad  de proteger a la sociedad frente a la creación y uso de nuevas substancias ha registrado decesos dentro de los miembros en su comunidad.

Sexta. La Ley General de Salud establece en su artículo 3 que es materia de salubridad general, la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia; así como el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación. Ambas materias son las bases sobre la que se propone la reforma, en donde se pretende incluir en dicha ley algunas sustancias que podrían ser utilizadas como sustancias psicotrópicas, desde el punto de vista de adicciones y de control sanitario.

Séptima. El narcotráfico es un fenómeno que trasciende las fronteras de nuestro país y, sin duda, también debe  abordarse desde una perspectiva internacional. Al respecto, el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales con el fin de proteger el tráfico ilícito de estupefacientes o substancias psicotrópicas, así como las actividades de  la delincuencia relacionadas con dicha materia:

a) La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, firmada por México el 13 de diciembre de 2000, aprobada por Senado de la República el 22 de octubre de 2002 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2002, y

b) La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas, firmada el 20 de diciembre de 1988 en Viena, Austria, y que promueve la cooperación entre las partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y substancias psicotrópicas que tengan una dimensión internacional, para ello, se deberán adoptar las medidas necesarias, incluyendo las legislativas.

El marco jurídico internacional establece una serie de compromisos para nuestro país respecto de la persecución y sanción del narcotráfico. Esta iniciativa forma parte del la coordinación de esfuerzos que a nivel internacional se han  realizado en esta materia.

Octava. Asimismo, vale la pena mencionar que la Comisión Europea, desde octubre de 2010, prohibió la producción y comercialización de las substancias a que se hace referencia y para ello ha recomendado sancionar su uso en los estados miembros donde aún son consideradas legales; por lo que se debe actuar rápidamente para reforzar nuestros controles y penalizar su uso y venta.

Novena. Los integrantes de esta comisión consideran que el siguiente dictamen es viable debido a que resulta indispensable aplicar el régimen legal a estas substancias nocivas, ya que no sólo proporcionan seguridad jurídica en cuanto a la protección a la salud como un derecho, sino que de igual forma actualiza el marco normativo respecto del uso y fabricación de substancias psicotrópicas que perjudican a la sociedad. Esta reforma, la cual consiste en adicionar a la clasificación de substancias psicotrópicas la mefedrona, la piperazina TFMPP, el midazolam y el K2, permitirá que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia respecto de su uso terapéutico o, en su caso, procedan contra el uso indebido de cada una de ellas.

Por lo expuesto, y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue

Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

II. ...

III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

Benzodiazepinas:

Ácido barbitúrico (2, 4, 6 Trihidroxipiramidina)

Alprazolam

Amoxapina

Bromazepam

Brotizolam

Camazepam

Clobazam

Clonazepam

Cloracepato Dipotásico

Clordiazepoxido

Clotiazepam

Cloxazolam

Clozapina

Delorazepam

Diazepam

Efedrina

Ergometrina (ergonovina)

Ergotamina

Estazolam

1- Fenil -2- Propanona

Fenilpropanolamina

Fludiazepam

Flunitrazepam

Flurazepam

Halazepam

Haloxazolam

Ketazolam

Loflacepato de etilo

Loprazolam

Lorazepam

Lormetazepam

Medazepam

Midazolam

Nimetazepam

Nitrazepam

Nordazepam

Oxazepam

Oxazolam

Pemolina

Pimozide

Pinazepam

Prazepam

Pseudoefedrina

Quazepam

Risperidona

Temazepam

Tetrazepam

Triazolam

Zipeprol

Zopiclona

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

Otros:

Anfepramona (dietilpropion)

Carisoprodol

Clobenzorex (clorofentermina)

Etclorvinol

Fendimetrazina

Fenproporex

Fentermina

Glutetimida

Hidrato de cloral

Ketamina

Mefenorex

Meprobamato

Trihexifenidilo.

IV. a V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto se seguirán tramitando hasta su conclusión, conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

Palacio Legislativo, a los 12 días del mes de diciembre de 2012.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE TURISMO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80; 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

El 21 de diciembre de 2011, la entonces diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha iniciativa a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Con fecha 31 de enero de 2012 se solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados prórroga para presentar el dictamen referente a la minuta en mención, con fundamento en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de poder realizar el estudio y análisis profundo de la modificación propuesta.

El 9 de febrero de 2012, por acuerdo de la Mesa, con fundamento en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se autorizó a la Comisión de Turismo prórroga para que dictaminara la iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo, presentada por la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 21 de diciembre de 2011.

El 17 de abril de 2012, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, y se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

El 19 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó al pleno acerca de la recepción de la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, remitida por la Cámara de Diputados, y se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos, Segunda, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el 20 de diciembre de 2012 la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

La Cámara de Diputados recibió el 21 de diciembre de 2012 la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

Con esa fecha fue turnada a la Comisión de Turismo para estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

Contenido de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, enviada por la Cámara de Diputados al Senado de la República

La Ley General de Turismo, en el título V, correspondiente al tema de fomento y promoción turísticos, establece cómo se integra tanto el patrimonio del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur) como el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), en los artículos 41 y 43, respectivamente. Sobre los ingresos que recibe el Fonatur, la ley está plenamente acorde con lo que señala la Ley Federal de Derechos.

El CPTM es el órgano facultado para la planeación y consolidación de los proyectos y estrategias de promoción turística, en busca de posicionar a México en el entorno competitivo tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Una de sus tareas es la de posicionar la imagen de México, a través del desarrollo de programas y campañas de promoción turística consistentes y permanentes que a su vez fomenten esquemas de inducción y coordinación que multipliquen los esfuerzos de los diferentes actores y promuevan turísticamente a México en los mercados emisores, para generar economías de escala y ventajas competitivas para los agentes participantes.

Esto se logra básicamente efectuado campañas de publicidad en los mercados objetivo, con mensajes permanentes que posicionen la oferta turística mexicana como multidestino y multiproducto en las preferencias de consumo.

El título V de la Ley General de Turismo establece que las acciones de fomento y promoción de la actividad turística quedarán a cargo del Fonatur y el CPTM, respectivamente, a través del desarrollo de estrategias y políticas públicas por parte del Estado y en coordinación con todos los agentes involucrados en el ramo turístico.

Primera.El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo regional. Aporta alrededor de 11 por ciento de la producción mundial y genera uno de cada once empleos. Se estima que en los próximos 20 años viajarán por el mundo 1.6 millones de turistas que dejarán una derrama económica de dos millones de millones de dólares.

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no sólo se reflejan en ser una industria que genera empleos y detonador del desarrollo regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales.

Segunda. El 19 de mayo de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo; como consecuencia de estas modificaciones, la Secretaría de Turismo, en el ejercicio de sus atribuciones en materia de promoción turística, nacional e internacional, sería auxiliada por la empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal denominada “Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV”.

En octubre del mismo año, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo dictaminaron favorablemente la propuesta por primera vez de la estructura orgánica del Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, la cual tendría por objeto planear, diseñar y coordinar en coadyuvancia con la Secretaria de Turismo, las políticas y estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional.

El 22 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se re sectoriza el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y las empresas del sector público en que dicho fondo tiene como participación accionaria mayoritaria, en el sector coordinado por la Secretaría de Turismo.

En el mismo título se establece la formación del patrimonio de ambos organismos para que puedan cumplir las respectivas funciones. En el caso de Fonatur el texto se encuentra homologado con el de la Ley Federal de Derechos, en concreto en la fracción IV, a partir de la reforma a la Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011.

En el caso del Consejo de Promoción Turística de México se hace referencia a que tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes en los términos de su Estatuto Orgánico, por la propia Ley General de Turismo y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sin que exista vínculo con la Ley Federal de Derechos.

Tercera. A través de la Minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la Ley General de Turismo, se propone homologar con las Leyes concurrentes el destino que se otorgó al derecho de no migranteen la Ley Federal de Derechos, la que señala lo siguiente:

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación por del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, se destinarán en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10 por ciento de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.

A razón del derecho de no migrante, se propone la sustitución del término a fin de que coincida con lo que señala la Ley Federal de Derechos en el artículo 8o.:

Artículo 8o. Por la expedición de autorización en la que se otorga calidad migratoria de No Inmigrante a extranjeros y por las prórrogas correspondientes, en las diversas características migratorias, se pagará el derecho por servicios migratorios, conforme a las siguientes cuotas...

La Ley General de Turismo es una ley sustantiva, por lo que no debe contener una referencia de un monto previsto en un ordenamiento cuyo carácter es precisamente disponer montos o porcentajes de recursos o contrataciones a favor del Estado.

Es importante recordar que el monto del DNI (derecho por servicios migratorios) comenzó en 2004 en 50 por ciento, ahora está en 80 por ciento el próximo periodo podría cambiar a 85 por ciento y ello implicaría cambiar nuevamente la Ley General de Turismo, por lo que no sería técnicamente correcto, por eso ninguna ley sustantiva contiene referencias similares.

De tal modo, el texto en la minuta es el siguiente:

Texto vigente

Ley General de Turismo

Capítulo IDe la Promoción de la Actividad Turística

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta Ley, así como por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El Consejo estará sectorizado, en el ámbito de la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será nombrado por el Presidente de la República.

Texto propuesto

Ley General de Turismo

Capítulo IDe la Promoción de la Actividad Turística

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta Ley, así como por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Al patrimonio del Consejo se integrarán por la recaudación del derecho por servicios migratorios establecido en la ley de materia, para los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, el cual se destinará a la promoción turística del país.

El Consejo estará sectorizado, en el ámbito de la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será nombrado por el presidente de la República.

En cuanto a los recursos recibidos por el concepto de derecho de No Inmigrante al término del año 2010 se recibieron un total de 343 823 176.00 mdp. De acuerdo con datos emitidos por el Banco de México en 2010, el turismo representó la tercera fuente de ingresos del país, con 9 por ciento del Producto Interno Bruto y aproximadamente siete y medio millones de empleos directos e indirectos. La Cuenta Satélite del Turismo establece que el mercado interno explica más del 80 por ciento del consumo turístico. De acuerdo con estos datos, la dinámica de crecimiento del índice de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, que elabora y difunde mensualmente el Inegi y que, en línea con los indicadores antes comentados, muestra un crecimiento favorable a partir de mayo de 2009 (aunque aún no se ha llagado a los niveles de los primeros meses de 2008).

De acuerdo con los últimos datos disponibles en la Cuenta Satélite del Turismo, en 2008 el consumo doméstico participa con el 87 por ciento del consumo turístico total. Durante 2010 el número de turistas domésticos se estimó en 161 millones, mientras que los turistas internacionales fueron 22.4 millones.

Importe 100 por ciento: 343 823 176.00

Importe 80 por ciento: 275 058 540.80

Importe CPTM: 240 676 223.20

Importe Fonatur: 34 382 317.60

Consideraciones de las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos del Senado de la República sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo

A las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

Las comisiones unidas se abocaron al estudio y análisis de la Minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentaron a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, al tenor de la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de antecedentes se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la minuta referida.

II. En el capítulo correspondiente al contenido de la minuta se sintetizo el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de consideraciones, las comisiones unidas realizaron el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustente el decreto propuesto.

IV. Finalmente, en la sección relativa al texto normativo y régimen transitorio se plantea el decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.

Antecedentes

I.El 21 de diciembre de 2011, la entonces diputada Lizbeth García Coronado presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo.

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha iniciativa a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. El 17 de abril de 2012, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, turnándolo a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

IV. El 19 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó al pleno acerca de la recepción de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, remitida por la Cámara de Diputados, turnándola a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos, Segunda, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la minuta

La minuta en cuestión propone adicionar un párrafo segundo artículo 41 de la Ley General de Turismo, para efectos de establecer que se integrará al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México el porcentaje referido para la captación del derecho de no inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos, el que se destinará a la promoción turística del país.

El texto propuesto en la minuta dictaminada plantea la siguiente reforma:

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta ley, así como por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Asimismo, se integrará al patrimonio del Consejo el porcentaje referido para la captación del derecho de no inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

El consejo estará sectorizado, en el ámbito de la Secretaría. El titular del consejo de promoción será nombrado por el presidente de la República.

Consideraciones

Los integrantes de las comisiones unidas consideraron que el turismo es pieza fundamental para el desarrollo económico y social de México, debe ser un instrumento para el combate a la pobreza y deberá propiciar el desarrollo de las comunidades y regiones ubicadas a lo largo y ancho del país.

A fin de lograr lo anterior, el Estado mexicano debe conducir el desarrollo turístico, mediante una buena planeación, una diversificación en la oferta de servicios, productos y destinos, una promoción estratégica que abarque, no solo a los mercados tradicionales, si no a los mercados nuevos y que tienen gran potencial para México, como los situados en los continentes europeo y asiático.

Ante la gran oferta turística mundial (que cada día se vuelva más competitiva), es fundamental promocionar integral y competitivamente a México, a través del trabajo conjunto de todos los actores que intervienen en la actividad turística, solo así lograremos ubicarnos como uno de los principales destinos turísticos del mundo, provocando en consecuencia un aumento de divisas y por ende mayor desarrollo económico y social para nuestras regiones.

Para lograr lo anterior, las comisiones unidas consideraron prioritarias la labor del Consejo de Promoción Turística de México, organismo encargado de planear, diseñar y coordinar las estrategias de promoción turística a escalas nacional e internacional, así como promocionar los destinos y actividades que México ofrece.

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, para cumplir su objeto social, el Consejo de Promoción Turística de México cuenta con un patrimonio que se integra con

I. Las aportaciones que realice el gobierno federal; dichas aportaciones serán propuestas por la federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en las necesidades y razones que sean planteadas por la Secretaría de Turismo con el concurso del Consejo;

II. Las aportaciones que, en su caso, realicen los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, así como las entidades paraestatales;

III. Las aportaciones que efectúen los particulares;

IV. Los recursos que el propio Consejo genere; y

V. Los demás recursos que obtengan por cualquier otro título legal.

Por su parte, el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos señala que de los ingresos que se obtienen por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la misma ley, relativo a los derechos que pagan los extranjeros por la expedición del documento migratorio que acredita su condición de estancia como visitantes sin permiso para realizar las actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinará 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país.

De acuerdo con el sexto informe de labores de la Secretaría de Turismo, de enero a junio de 2012 el Consejo de Promoción Turística de México, recibió 832.1 millones de pesos producto del llamado “derecho de no inmigrante” para la promoción turística, los que sumados a los 15.9 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales asignados, dan un total de 848 millones de pesos de inversión pública destinados a la promoción turística.

En 2011, los recursos del Consejo de Promoción Turística provenientes del derecho de no inmigrante fueron de mil 564 millones de pesos, contra 24.5 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales.

Como se aprecia, el patrimonio mayoritario del Consejo de Promoción Turística de México proviene del impuesto a que hace referencia el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, pero como señala la minuta en cuestión al abordar la Ley Federal de Derechos, pero como señala la minuta en cuestión al abordar la forma en cómo se integra el patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México, la Ley General de Turismo no hace la vinculación específica a los ingresos provenientes de la Ley Federal de Derechos.

En virtud de lo anterior, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados aprobó el contenido de la minuta con proyecto de decreto que propone homologar en la Ley General de Turismo el destino que se otorga al derecho de no inmigrante en la Ley Federal de Derechos.

Las comisiones unidas coincidieron con la Cámara de Diputados en afirmar que la reforma a la Ley General de Turismo es adecuada, toda vez que no se contrapone con otras leyes y que de manera específica, procura homologar los términos de tan importante ingreso dentro de la Ley General de Turismo, así como establecer la procedencia de éstos.

No obstante lo anterior, las comisiones dictaminadoras consideraron necesario modificar la redacción propuesta por la diputada, toda vez que aquella hace referencia al “derecho de no inmigrante”, y que este concepto fue reformado con la entrada en vigor de la Ley de Migración y su reglamento, por lo que se propone actualizar la redacción de la minuta a los nuevos lineamientos en materia de migración.

Para clarificar lo anterior, las comisiones unidades estimaron necesario señalar que el 25 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Migración y se reforman, derogan, y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, y de la Ley General de Turismo y que con dicho Decreto se derogaron las calidades migratorias de no inmigrante e inmigrado con los extranjeros se internaban y permanecían en el país.

En este contexto, la Ley Federal de Derechos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 adecuó los conceptos de las contribuciones previstas para el pago de derechos por servicios migratorios al nuevo marco jurídico migratorio.

Así, el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos se reformó y dejó de considerar el pago de derechos de no inmigrante, para dar lugar al pago del derecho correspondiente a la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia de los extranjeros y, en su caso la regularización de su situación migratoria.

Las comisiones unidas destacaron el hecho de que la reforma del artículo 8o. de la ley en cuestión entró en vigor al iniciar la vigencia del Reglamento de la Ley de Migración, lo cual sucedió el 9 de noviembre de 2012.

En razón de lo mencionado por las comisiones unidas proponen la siguiente redacción:

Ley General de Turismo

Vigente

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta ley, así como por la Federal de las Entidades Paraestatales.

El Consejo estará sectorizado, en el ámbito la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será nombrado por el presidente de la República.

Minuta

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta ley, así como por la Federal de las Entidades Paraestatales.

Asimismo, se integrará al patrimonio del Consejo el porcentaje referido para la capacitación del derecho de no inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

El Consejo estará sectorizado en el ámbito de la Secretaría.

El titular del Consejo será nombrado por el presidente de la República.

Propuesto

Artículo 41. El Consejo de Promoción tendrá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta ley, así como por la Federal de las Entidades Paraestatales.

Al patrimonio del Consejo de Promoción se integrará el porcentaje referido al derecho por autorización de la condición de estancia a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, establecido en la Ley Federal de Derechos.

Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

El Consejo estará sectorizado en el ámbito de la Secretaría.

El titular del Consejo será nombrado por el Presidente de la República.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

La comisión dictaminadora considera que la precisión de la minuta remitida por el Senado de la República es adecuada, toda vez que no se contrapone con otras leyes y que de manera específica, procura homologar los términos de tan importante ingreso dentro de la Ley General de Turismo, así como establecer la procedencia de éstos.

Por lo expuesto, la Comisión de Turismo, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo, y el actual segundo pasa a tercero, al artículo 41 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

Al patrimonio del Consejo de Promoción se integrará el porcentaje referido al derecho por la autorización de la condición de estancia a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Turismo, Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 12 de febrero de 2013.

La Comisión de Turismo, diputados:Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Roman Quian Alcocer (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre, William Renan Sosa Altamira (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez, Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, Jessica Salazar Trejo, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), José Luis Valle Magaña (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Raúl Paz Alonzo (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez, Laura Barrera Fortoul, Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz Quinta León (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

MEDALLA AL MERITO CIVICO EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2001; y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que “expide el decreto por el que se instituye la entrega anual de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a), y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85, 158, numeral 1, fracción IV, y 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone a consideración de la honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

En la sesión del 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto que “expide el decreto por el que se instituye la entrega anual de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”. Dicho órgano de gobierno determinó turnarla para dictamen a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3653-III, martes 27 de noviembre de 2012.

Contenido de la iniciativa

1. La iniciativa presentada por el diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones, y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, propone establecer de manera anual, la entrega de la medalla “Eduardo Neri, Legisladores del 1913”.

2. En la exposición de motivos la iniciativa destaca que “para ello tendríamos que modificar el decreto que crea la medalla y reformar el Reglamento que regula su otorgamiento, esos dos aspectos se contemplan en el proyecto de decreto que pongo a su consideración.

3. Asimismo argumenta que “la actuación del diputado Eduardo Neri, fue sobresaliente en todos los órdenes, porque aun a riesgo de su propia vida, enfrentó al dictador Victoriano Huerta, ello significa la defensa de la dignidad de este órgano legislativo, de sus miembros y simboliza el más elevado mérito cívico. Una vez que han quedado atrás los tiempos para competir, espero que podamos encontrar los tiempos para coincidir, en favor de las más altas causas de México como es esta de cultivar la figura de un gran legislador del que nos sentimos orgullosos y la de honrar a los mexicanos de bien y de grandeza que entregan su vida a las causas del país y de la humanidad”.

Consideraciones

1. Esta dictaminadora considera que por su destacada actitud ante el pleno de la Cámara de Diputados, el  9 de octubre de 1913, al entonces diputado Eduardo Neri Reynoso, debe considerársele como un patriota comprometido, valiente y que por sus actos cívicos debe de rendírsele un tributo.

2. Asimismo, estimamos que el discurso pronunciado por Neri, durante su encargo como diputado, significó el principio del fin al mandato de Victoriano Huerta al denunciar en ese momento, la presunta muerte del senador Belisario Domínguez.

3. Hoy como entonces, el diputado Eduardo Neri Reynoso y sus compañeros de legislatura merecen ser homenajeados por su valentía y defensa de la dignidad del Poder Legislativo.

4. La Cámara de Diputados durante cinco legislaturas mantuvo un mecanismo por el que se reconocía a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos por sus acciones en bien de la comunicad y de la nación y que hasta ahora, este reconocimiento se ha otorgado cada tres años, en el último año de ejercicio legislativo, durante el mes de octubre.

5. Corresponde a esta comisión como tema de su encargo, la práctica parlamentaria, así como las adecuaciones a la normatividad interna del parlamento, es esta a quien corresponde, considerar la calendarización para el otorgamiento anual de esta presea.

6. Son muchas las mexicanas y los mexicanos, que por sus méritos a favor de la colectividad nacional, en materia cívica, política o científica, son merecedores de un reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados; y que al entregarse cada tres años, son muchos los candidatos que se alejan de esta posibilidad.

7. De otorgarse cada año, se brinda a todos los ámbitos de la sociedad mexicana la posibilidad de revalorar a quienes con su labor, trabajo o desempeño cívico, cultural o científico, dignifican cada uno de los componentes de la vida de nuestro país.

8. Si bien es cierto, que la Cámara de Diputados hace el reconocimiento a los ciudadanos galardonados, es sin lugar a dudas, la sociedad quien al proponer a los candidatos, reconoce e invita a todos los ciudadanos a actuar de igual manera como lo hizo el diputado Eduardo Neri, con el compromiso de servir a la nación.

9. En síntesis, consideramos que realizar el otorgamiento de esta presea cada año, servirá como incentivo para todas las ciudadanas y ciudadanos, a fin de que contribuyan desde cada uno de los ámbitos de su desarrollo, en el progreso de nuestro país.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2001, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”

Artículo Primero. Se reforman los artículos 1o.; 2o. y 3o.; se adicionan los artículos 2o., pasando los actuales artículos 2o. y 3o., a ser 3o. y 4o.; 5o. y 6o. del decreto por el que se crea la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de mayo de 2001, para quedar como sigue:

Artículo 1o. Se instituye la entrega de la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”. Con este galardón, la Cámara de Diputados reconocerá, cada año de ejercicio de las legislaturas, en sesión solemne, a aquel ciudadano o ciudadana que se haya distinguido relevantemente, sirviendo a la colectividad nacional, a la República y a la humanidad, destacando por sus hechos cívicos, políticos o legislativos.

Artículo 2o. La medalla, pendiente de un listón de seda con los colores patrios, se otorgará una con las siguientes características:

I. Metal: Oro;

II. En el anverso:

a) La efigie de Eduardo Neri Reynoso;

b) En el exergo, en el semicírculo inferior, la leyenda: “Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913” y en el semicírculo superior, la leyenda: “Cámara de Diputados Legislatura __” (espacio para grabar el número de Legislatura), y

c) La ceca de la Casa de Moneda de México.

III. En el reverso:

a) El Escudo Nacional descrito en el artículo 2o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales;

b) En el exergo: en un semicírculo superior la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

Artículo 3o. Se otorgará un pergamino alusivo al dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se decide quién será la persona galardonada, suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Artículo 4o. La Cámara de Diputados entregará, a la persona que resulte galardonada, una suma de dinero junto con la medalla, que será equivalente a tres veces la dieta mensual de un ciudadano diputado.

Artículo 5o. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados definirá, si el otorgamiento de la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, se realizará en sesión solemne, en el salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro.

Artículo 6o. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, invitará a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos constitucionales autónomos, a fin de que asistan a la sesión solemne, para el otorgamiento de la medalla.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 4; 7; 8; 29; 30 y 32 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, para quedar como sigue:

Artículo 4. La medalla tiene un solo grado y se otorgará, de acuerdo con el decreto de su creación, en sesión solemne de la Cámara, el día 9 de octubre del segundo y tercer año de ejercicio de cada legislatura. La Cámara podrá acordar que la sesión solemne para entregar la medalla se celebre un día distinto, pero siempre deberá ser en el mes de octubre de los años señalados en este artículo.

Artículo 7. La Cámara deberá expedir la convocatoria respectiva, a través de su Mesa Directiva y usando los medios de comunicación social disponibles:

I. Al iniciar la legislatura, en el mes de septiembre y el otorgamiento de la medalla se realizará, a más tardar, en el mes de diciembre;

II. En los siguientes dos años de ejercicio, en el segundo periodo ordinario de sesiones, durante el mes de octubre, preferentemente el día 9 del mes.

Artículo 8. Los plazos para la recepción de candidaturas, serán los siguientes:

I. Al iniciar la legislatura comprenderá los meses de octubre y noviembre;

Para el segundo y tercer año de ejercicio, el plazo abarcará los meses de abril a septiembre.

Artículo 29. El pleno de la Cámara, previo dictamen de la comisión, aprobará el decreto por que se conferirá la medalla al ciudadano o ciudadana que se haya distinguido de manera relevante, sirviendo a la colectividad nacional, a la República y a la humanidad.

Artículo 30. Durante el mes de septiembre de cada año de ejercicio, la Mesa Directiva encargará a la Casa de Moneda de la Nación la elaboración de dos ejemplares de la medalla que vaya a entregarse. Uno de los ejemplares será el que se entregue a la persona galardonada y el otro será para el acervo histórico de la Cámara.

Artículo 32. La medalla, el pergamino alusivo al dictamen de la comisión, un ejemplar original del decreto de la Cámara y la suma de dinero respectivos, serán entregados en sesión solemne que celebre la Cámara de Diputados para tal efecto, en la fecha prevista en el artículo 4 de este Reglamento.

I. En la sesión podrán hacer uso de la palabra un diputado miembro de la comisión, la persona homenajeada y el presidente de la Mesa Directiva.

II. La Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno un acuerdo que señale los tiempos y el orden en que intervendrán los oradores.

III. La Mesa Directiva determinará el protocolo de la sesión.

IV. El Comité Editorial de la Cámara, en coordinación con la Biblioteca, publicará un folleto o un libro sobre la sesión solemne, ya sea a través de edición de la Cámara o en coedición con otra casa editorial.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto, la entrega de la medalla correspondiente al primer año de ejercicio legislativo de la LXII Legislatura, se llevará a cabo durante el segundo periodo ordinario de sesiones.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta, Eduardo Román Quian Alcocer, José Alberto rodríguez Calderón, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

MONEDA CONMEMORATIVA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y el 100 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la minuta con proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y el centenario aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, misma que fue remitida por la honorable Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales.

Esta comisión legislativa que suscribe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, 158 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del Proyecto de Decreto que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del Proyecto de Decreto de referencia realizaron los integrantes de esta comisión legislativa, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Senadores de fecha 31 de octubre de 2012, el senador Roberto Armando Albores Gleason, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y el centenario aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia.

2. En la sesión del 7 de febrero de 2013, el Pleno de la Colegisladora aprobó el Dictamen correspondiente a la Iniciativa de referencia, remitiendo la minuta relativa a esta Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

3. En sesión ordinaria del 12 de febrero de 2013, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó la referida minuta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 62-II-2-385.

4. Los ciudadanos diputados integrantes de esta comisión legislativa, realizaron diversos trabajos, a efecto de contar con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada minuta, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

Descripción de la minuta

La minuta de referencia propone la acuñación de una moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y el centenario aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, bajo las siguientes consideraciones vertidas en la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente.

La vida de Belisario Domínguez Palencia es testimonio pródigo y valioso de un mexicano honorable, contribuyó a la deposición del gobierno de Victoriano Huerta, formando sobre sus cenizas las instituciones constitucionales que cimientan nuestro sistema político.

Belisario Domínguez nació el 25 de abril de 1863 en Comitán, Chiapas, lugar donde residió después de haberse doctorado en París como cirujano en 1889. De esos años, se dice que don Belisario atendió en su consultorio a pobres y ricos, sin importarle la paga por sus servicios.

Adherente al maderismo y a la causa democrática, en 1910 ganó la Presidencia Municipal de Comitán, desde donde impulsó su carrera política y fue nombrado Senador suplente de don Leopoldo Gout, quien murió en 1913. Al ocupar el cargo que dejó vacante su antecesor, el Senador Belisario Domínguez apoyó el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, mediante el cual se desconocía al gobierno de Victoriano Huerta, y en lealtad a Venustiano Carranza, permaneció en su curul desde donde lanzó fundadas críticas al régimen impuesto.

El valor del Senador Belisario Domínguez quedó expresado en dos discursos que distribuyó, por haberle sido negada la lectura de los mismos en la sede del Congreso, en contestación al informe que Victoriano Huerta presentó el 16 de septiembre de 1913.

En respuesta a ese discurso, el día 7 de octubre de 1913, un grupo de hombres armados enviados por Huerta, irrumpieron en la habitación número 16 del Hotel Jardín, lugar en el que habitaba el Senador Belisario Domínguez en la capital del país, en la entonces calle de San Juan de Letrán; lo sustrajeron y fue obligado a abordar un automóvil que se alejó sin ser detenido. El día 9 del mismo mes y año, el cadáver de Don Belisario fue localizado abandonado en una esquina del Panteón de Xoco.

Derivado del escándalo por la desaparición forzada del Senador, los diputados del Congreso exigieron al gobierno de Huerta que rindiera una explicación y brindara garantías para la seguridad de los legisladores; sin embargo, la respuesta del gobierno opresor fue ordenar el acordonamiento del recinto legislativo e impedir que los diputados pudieran regresar al salón de sesiones. El 10 de octubre se ordenó el arresto de los diputados que intentaran ingresar al edificio y el gobierno detuvo a más de cien. En protesta y repudio, los Senadores votaron la disolución del Congreso.

Fue hasta 1914, ya depuesto Victoriano Huerta, que la investigación sobre el homicidio de Belisario Domínguez salió a la luz; se dieron a conocer las declaraciones judiciales de los ejecutores, oficiales de policía que actuaron bajo el mando de los subordinados de Huerta, en las cuales narran la forma en la que sustrajeron al Senador chiapaneco de sus aposentos, lo llevaron a la zona de Coyoacán, le cortaron la lengua y le dispararon dos veces, por la espalda y a la cabeza, para posteriormente abandonar el cadáver cerca del cementerio de Xoco.

En honor a la valentía de este prócer nacional, el entonces presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines estableció mediante decreto de 3 de enero de 1953 la creación de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República, para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad.

Consideraciones de la comisión

Primera. Esta comisión legislativa estima conveniente la aprobación en sus términos de la minuta en análisis, en virtud de que se coincide en que con la acuñación de una moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y 100 Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia se reconocen las altas virtudes cívicas que demostró, así como el profundo sentido histórico que representó su fallecimiento.

Segunda. Esta comisión dictaminadora coincide en que la acuñación de la medalla que se propone complementa el reconocimiento que en 1953 el Senado de la República decretó al ordenar la emisión de la llamada “Medalla de Honor Belisario Domínguez” para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad, así como con el Instituto de investigaciones del Senado de la República, el cual lleva el nombre del prócer chiapaneco.

Tercera. La Comisión que dictamina coincide con la Colegisladora en que el diseño principal del anverso de la moneda sea propuesto por la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del H. Senado de la República, por ser la encargada de coordinar todos los trabajos tendientes a conmemorar las celebraciones alusivas a Don Belisario Domínguez.

Cuarta. La que dictamina, tomando como base lo anteriormente expuesto, y considerando que conforme al artículo 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene facultad para fijar las características de la moneda, y el Banco de México, conforme al artículo 3, fracción I, de su Ley, el regular la emisión de la misma, estima conveniente aprobar en sus términos la minuta en análisis.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

Decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y el Centenario Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia

Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del 150 Aniversario del Natalicio y 100 Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda. Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco milésimos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa milésimos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco milésimos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México a propuesta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

Canto: Estriado discontinuo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, del Senado de la República, enviará al Banco de México el diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el artículo único del presente Decreto, a más tardar dentro de los 60 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En caso de que la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo, dentro del plazo establecido, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, a fin de que se contenga en el reverso de la moneda.

La moneda a que se refiere el artículo único de este Decreto podrá comenzar a acuñarse a los 60 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo primero del presente artículo.

Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, del Senado de la República, en los términos del artículo único, así como del Segundo Transitorio de este Decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refieren los citados artículos. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Cuarto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad intelectual derivado del diseño de acuñación de la moneda.

Dado en la sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, en México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de febrero de dos mil trece.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), presidente; Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Carlos Alberto García González, Ricardo Villarreal García (rúbrica), Sergio Torres Félix (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño, Tomás Torres Mercado (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), secretarios; Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Ricardo Anaya Cortés Escárraga, Arturo de la Rosa Escalante, Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Jorge Iván Villalobos Seáñez (rúbrica), Fernando Charleston Hernández (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Javier Treviño Cantú, José Ignacio Duarte Murillo, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado (licencia), Fernando Jorge Castro Trenti, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Federico José González Luna Bueno (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Alberto Curi Naime, Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Carol Antonio Altamirano, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire, Karen Quiroga Anguiano, Javier Salinas Narváez.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

MEDALLA AL MERITO CIVICO EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Honorable asamblea, en virtud de que se ha cumplido con el requisito de publicidad del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias*, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato. Es el que tiene que ver con la Medalla Eduardo Neri.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración. Tiene el uso de la voz don Heriberto Galindo. ¿No? Doña Rocío Corona Nakamura, de Jalisco. Es para fundamentar el dictamen. Ya vendrá don Heriberto a ilustrarnos con su sapiencia.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en el artículo 76, numeral primero, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante ustedes, a nombre de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, dignamente presidida por el diputado Marcos Aguilar Vega, el dictamen por el que se reforma el decreto que expide la Medalla Eduardo Neri, Legisladores de 1913 y su reglamento.

Antes de hablar del contenido del dictamen que hoy exponemos a ustedes, me permitiré hacer una síntesis de la medalla, de su entrega, así como de su significado.

La medalla al mérito cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, así llamada hasta ahora, fue originalmente concebida en la XLVII Legislatura, en el año 1969, como un homenaje a los actos cívicos y políticos del ilustre abogado guerrerense Eduardo Neri Reynoso, quien desde la tribuna de la Cámara de Diputados, en 1913, se opuso al golpe de estado orquestado por Victoriano Huerta en contra del presidente Francisco I. Madero.

El licenciado Eduardo Neri Reynoso fue un valeroso mexicano, un ciudadano íntegro y comprometido con los ideales de la patria, un profesionista reconocido y un servidor público honorable. Neri nació en el año de 1887, en Zumpango del Río, Guerrero y a lo largo de su vida participó de manera distinguida en la historia de nuestro país.

El 9 de octubre de 1913, a sus 26 años de edad, cuando ejercía el cargo de diputado federal durante la XXVI Legislatura, desde la tribuna de la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria del pleno pronunció un discurso memorable en el que enjuició al usurpador Victoriano Huerta y a su gobierno con motivo de los asesinatos de los diputados Adolfo Gurrión, Serapio Rendón y el senador Belisario Domínguez.

Quiero compartir con ustedes un fragmento del directo y valeroso discurso del entonces diputado de Chilpancingo, Eduardo Neri, quien con ello se expuso a ser asesinado.

Comienza la cita: Señores diputados, creí que desde la salida del doctor Urrutia del Ministerio de Gobernación no seguirían aplicándose los procedimientos del ingeniero Zepeda. Pero desgraciadamente, señores diputados, hemos visto que esos procedimientos han seguido en pie.

Por desgracia, nosotros no hemos tomado una actitud digna de la Cámara, señores diputados, y creo que ha llegado el momento de probar al Ejecutivo que no es tan fácil atropellar a un pequeño grupo de hombres que estamos aquí como consecuencia del sufragio efectivo.

Es necesario, señores diputados, que estos casos no sigan repitiéndose. Es necesario pues tomar una determinación decisiva porque si no uno a uno vamos a ir desapareciendo.

Yo ocurro aquí a los intelectuales de la Cámara, a vos, señor Reyes, que sois un talento, a vos, señor Vera Estañol, que lo sois igualmente. Son muy justos, señor Reyes, el dolor y la amargura que en estos momentos os embargan, pero es más grande e intenso el dolor que debemos sentir en estos momentos en que vemos que se está abofeteando a dos manos al Poder Legislativo y el Poder Legislativo no toma una resolución digna de un poder.

Así pues, señores diputados, creo que con estos procedimientos de ir a interpelar al Ejecutivo por conducto de su ministro no parece sino que va un grupo de mendigos a pedir un favor. Se nos recibe con cortesía, es cierto, pero ¿qué hace ese secretario? Consignar a las autoridades judiciales el caso del senador Domínguez y éstas jamás resolverán el caso, y yo ruego a esta asamblea que se tome una determinación enérgica y decisiva pues es el momento de hacerlo, y si el Ejecutivo enarbola su bandera negra contra nosotros, es necesario que enarbolemos también nuestra bandera roja de abnegación y de fe. Termina la cita.

Este discurso de Eduardo Neri, que consta en el Diario de los Debates del 9 de octubre de 1913, motivó que al día siguiente el gobierno de Huerta disolviera el Congreso y lo aprehendiera a él y a otros 82 diputados y los enviaran presos a la penitenciaría del Distrito Federal.

Sin duda alguna el discurso pronunciado por Neri durante su encargo como diputado significó el principio del fin del mandato de Victoriano Huerta, al denunciar en ese momento el presunto asesinato del senador Belisario Domínguez.

Por otro lado, la medalla es también el reconocimiento a una generación de legisladores quienes decididamente defendieron nuestra democracia. Es una distinción otorgada por esta soberanía popular a aquellas personas que por su destacada actuación cívica o política haya servido a la colectividad nacional.

La Cámara de Diputados durante cinco legislaturas consecutivas ha mantenido el mecanismo por el que se reconoce a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos por sus acciones en bien de la comunidad y de la nación. Hasta ahora este reconocimiento se ha otorgado cada tres años en el último año de ejercicio legislativo durante el mes de octubre.

Con todo lo anterior, la comisión considera que al cumplirse 100 años de aquel acto de valentía y responsabilidad cívica que realizó Eduardo Neri a través de su pronunciamiento en tribuna, así como en el marco de la conmemoración de los 100 años del golpe por el que Francisco I. Madero tuvo que dimitir de la Presidencia de la República, es el momento oportuno para permitir que la entrega de la medalla se realice anualmente con el fin de reconocer los meritos de un ciudadano mexicano distinguido, como lo sustentó lúcidamente el diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones, proponente de la iniciativa.

Hoy como entonces, el diputado Eduardo Neri Reynoso y sus compañeros de legislatura merecen ser homenajeados por su valentía y defensa de la dignidad del Poder Legislativo, enseñándonos y heredándonos la valiosa lección de nunca subir a esta tribuna máxima de la nación sin anteponer en nuestro pensamiento y razonamiento la verdad y la firme convicción siempre de cumplir con nuestro deber conferido.

Los integrantes de esta comisión estamos convencidos de la imperiosa necesidad de promover una cultura en donde los ciudadanos trabajen por el bien de su familia, de su comunidad y de su país, todo esto sin duda permitirá construir la sociedad a la que aspiramos.

En tal sentido, si se aprueba que la medalla se entregue cada año se brinda a los ciudadanos la posibilidad de revalorar a quienes con su labor, trabajo, desempeño constante y permanente dignifican cada uno de los sectores de la vida de nuestro país.

En síntesis, consideramos que realizar el otorgamiento de esta presea cada año será un incentivo para todas las ciudadanas y ciudadanos a fin de que contribuyan, desde cada uno de los ámbitos de su desarrollo, en el progreso de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a todos ustedes de manera respetuosa su voto a favor de este dictamen que está a su consideración. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada Nakamura. Tiene el uso de la voz don Marcos Rosendo Medina Filigrana, del PRD, para hablar por tres minutos al respecto.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Con su venia, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha votado a favor de este dictamen en comisiones y votará también a favor de este dictamen hoy aquí en el pleno, porque consideramos que es la oportunidad de reivindicar no solamente la figura del diputado Eduardo Neri, sino del conjunto de legisladores que en aquel año fatídico de 1913 no solamente se pronunciaron en contra de la dictadura, sino que también pusieron en riesgo sus vidas y fueron privados de su libertad.

Queremos que a partir de ahora haya una mayor difusión de la figura de Eduardo Neri Reynoso y de los 82 legisladores que en 1913 fueron aprehendidos y enviados a prisión por haber criticado al régimen de Victoriano Huerta y que en consecuencia generó la disolución inconstitucional de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión de aquel entonces.

Nosotros aspiramos que a partir de ahora que aprobemos este dictamen esta medalla se entregue de manera anualizada y no como lo veníamos haciendo, cada tres años, es decir cada legislatura. Pretendemos con ello que se revalore también la imagen de esta Cámara de Diputados y que construyamos un evento de altura, a la altura de la dignidad nacional, como sucede con la Medalla Belisario Domínguez que entrega el Senado de la República y que es un ejemplo de consenso y de valoración de mexicanas y de mexicanos dignos y ejemplares ciudadanos.

La Medalla Belisario Domínguez es incluso un evento republicano al que concurren los tres Poderes de la Unión, nosotros al aprobar a favor de este dictamen pretendemos que la Medalla Eduardo Neri tenga la misma relevancia y se convierta en un símbolo de reconocimiento de una de las Cámaras del Congreso de la Unión a las mexicanas y mexicanos que se hayan significado por su aportación a la sociedad mexicana.

Por eso vamos a votar a favor de este dictamen, pero queremos dejar muy claro nuestro deseo de que los órganos de esta Cámara, el Comité Editorial de esta Cámara pudiera ir en concordancia con el dictamen que hoy vamos a aprobar y difundir aún más el discurso de aquel 9 de octubre de 1913, de Eduardo Neri y la labor ejemplar del casi centenar de legisladores que fueron enviados a prisión por ser congruentes con sus ideales y por ser congruentes con los más altos valores de la República.

Vamos a favor de este dictamen y que sea como símbolo de un Estado mejor y de un México con más altos valores ciudadanos. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Medina Filigrana. Don Alberto Díaz Trujillo, tiene el uso de la voz.

El diputado Alberto Díaz Trujillo: Con su permiso, señor presidente. Honorable Cámara de Diputados, el diputado Eduardo Neri es un ejemplo de patriotismo y valentía, este legislador tuvo el arrojo de denunciar en tribuna el asesinato del senador Belisario Domínguez, defendiendo con ello al Poder Legislativo y haciendo frente al usurpador Victoriano Huerta, al exhibir de manera pública la abyección de su conducta.

A partir del 2001 se instituyó en este honorable cuerpo legislativo la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913. Con este galardón se ha querido honrar la valentía de este legislador, así como reconocer a los ciudadanos mexicanos que por sus acciones en bien de la comunidad contribuyen al desarrollo de nuestro país.

Sin embargo, durante cinco legislaturas se ha mantenido un mecanismo mediante el cual este reconocimiento se ha otorgado cada tres años, en el último año del ejercicio legislativo durante el mes de octubre, por lo que muchos candidatos han quedado excluidos por razones de temporalidad, a pesar de que cuenten con los méritos suficientes en razón de sus acciones a favor de la sociedad en el área cívica, política o científica.

De ahí que se haya considerado la posibilidad que la entrega de esta presea se realice anualmente, ya que con ello puede revalorarse la actuación de los mexicanos, que gracias a su trabajo a favor de la comunidad engrandece a nuestra patria, por lo que sin duda, será un fuerte incentivo para los ciudadanos, con el objeto de que contribuyan, desde su ámbito de acción al progreso de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor diputado. Finalmente, don Heriberto Galindo Quiñones.

El diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, mi presencia en esta tribuna es para que en nombre de las compañeras y los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional reconozcamos el trabajo y el dictamen de la Comisión de Reglamentos y la aprobación de ellos y de la Junta de Coordinación Política, para que la máxima presea que otorga la Cámara de Diputados, la Medalla Eduardo Neri y Legisladores de 1913 se otorgue anualmente y no cada tres años, como venía sucediendo.

Qué mejor manera de conmemorar el centenario del asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez, que elevando el rango de esta presea, pues el diputado Eduardo Neri, gran guerrerense y distinguido mexicano, supo denunciar al usurpador Victoriano Huerta en la tribuna más alta del país, como lo hizo don Belisario Domínguez en el Senado de la República, y fue encarcelado por su valor, por su entereza y por su patriotismo.

Ese ejemplo del diputado Eduardo Neri y del senador Belisario Domínguez, es el ejemplo que los diputados y las diputadas de la LXII Legislatura debemos tomar para marcar nuestros trabajos legislativos en esta hora de México.

Por esa razón el PRI, autor de esta idea, se enorgullece del apoyo de la Comisión de Reglamento y de la Junta de Coordinación Política, al aprobar, previamente, esta propuesta.

De antemano les expresamos nuestro más sincero agradecimiento, para que este año se otorgue, por primera vez, ya con categoría anual, la Medalla Eduardo Neri y Legisladores de 1913, en el marco de las conmemoraciones del centenario del fusilamiento de Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez.

Muchas gracias por su respaldo y que sea en honor a la República y en dignificación de la Cámara de Diputados. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es demasiado, diputado. En virtud de que no hay reservas, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibe y le da la más cordial bienvenida a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, invitados por el señor diputado don Homero Niño de Rivera. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 430 en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se crea la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2001, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

La diputada Gloria Bautista Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto?

La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul): Para votar.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Creo que es demasiado tarde, pero para la otra, ahorita se reivindica.

MONEDA CONMEMORATIVA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público*, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que se someta a discusión y votación de inmediato.

Esta Presidencia aclara que es el que tiene que ver con la emisión de la moneda conmemorativa del centenario del aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia y del 150 aniversario de su propio natalicio.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración del pleno. Tiene el uso de la palabra doña María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras y señores legisladores, Belisario Domínguez es uno de los personajes más entrañables de nuestra historia; es un ejemplo de valentía cívica y personal frente a la injusticia y la represión. Este año debemos conmemorar en su justa dimensión el 150 aniversario de su nacimiento y el centenario de su trágica muerte.

La artera agresión a la democracia, que significó el golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta en 1913, generó un enorme descontento en todo el país. La barbarie cometida en contra del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez agregó rasgos de crueldad a la embestida contra las instituciones que la oligarquía porfirista lanzó en esos días.

Como todos sabemos, el pueblo se levantó en armas para restaurar el orden constitucional y revitalizar la revolución popular que el propio Madero había iniciado en 1910. En esos tiempos de lucha revolucionaria y de oposición al militarismo golpista hubo una gran cantidad de muestras de valor y dignidad, entre las que destaca la del senador, en ese momento, Belisario Domínguez.

Belisario Domínguez nació el 25 de abril de 1863 en Comitán, Chiapas, lugar donde residió después de haberse doctorado en París como cirujano en 1889. Los chiapanecos de esos años afirmaban que don Belisario era un generoso médico que atendió en su consultorio a pobres y ricos sin importarle la paga por su servicio.

El gran valor del senador Belisario Domínguez quedó de manifiesto en dos discursos que tuvo que distribuir de manera impresa, dado que la dictadura instaurada por Victoriano Huerta tenía aterrorizado al Congreso de la Unión y no le permitieron hacer uso de la tribuna.

Es decir, en un momento de gran represión por parte del gobierno usurpador, marcado por la paranoia criminal de Huerta y su lugarteniente, Belisario Domínguez decidió mantener la dignidad personal y política a través de la manifestación pública y sus críticas hacia el gobierno militar. Lamentablemente esto le costó la vida.

El sacrificio de Belisario Domínguez no solamente lo enaltece a él como persona, sino que representa uno de los grandes momentos del Poder Legislativo como espacio de dignidad, contrapeso y representación del pueblo de México.

La respuesta de Huerta a la gallarda postura política de Belisario Domínguez fue brutal, su asesinato generó una gran indignación en el Congreso y los legisladores como homenaje acordaron retomar la bandera de dignidad enarbolada por el chiapaneco y decidieron disolver el Congreso.

El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza rinde hoy homenaje a Belisario Domínguez, y considera que todos los que tenemos responsabilidades públicas debemos tomar permanentemente su ejemplo de valentía, dignidad y congruencia. Que las letras de oro que hoy lucen en este recinto se cubran más de brillo por el ejercicio honesto de nuestra función como legisladores y legisladoras.

La figura de Belisario Domínguez ha sido justamente reconocida con la creación en 1953 de la Medalla de Honor Belisario Domínguez, para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente y como servidores de nuestra patria o de la humanidad.

La emisión de esta moneda conmemorativa de los 150 años de su natalicio y los 100 años de su sacrificio es un justo corolario para consagrar la memoria de este legislador, que contribuyó con su ejemplo a motivar la movilización popular masiva durante la Revolución.

En ese discurso que le costó la vida, Belisario Domínguez expresaba su fe en el poder del Congreso al decir en medio de la guerra civil: Un supremo esfuerzo puede salvarlo todo; cumpla con su deber la representación nacional y la patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. La representación nacional debe deponer de la Presidencia de la República a don Victoriano Huerta. Con esto termino la cita.

En nuestro grupo parlamentario consideramos que el mejor homenaje que le podemos hacer a personajes como Belisario Domínguez, más allá de oro, las medallas y los discursos, es tratar de emularlo con el ejemplo de su acción y su pensamiento, y que su pensamiento a su vez oriente nuestro comportamiento público y dignifique nuestro compromiso con la patria y la sociedad. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Ricardo Mejía, haga uso de la tribuna.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, celebramos hoy este dictamen de la Comisión de Hacienda que tiene por objeto hacer una medalla conmemorativa a los 150 años del natalicio de Belisario Domínguez y a los 100 años de su reprobable asesinato.

No cabe duda que estos días han estado enmarcados en la rememoración de hombres y mujeres que han dejado huella en la historia de nuestro país. Lo hacíamos hace unos días con el Ejército Nacional y lo que le dio razón de ser con Venustiano Carranza, rememorando el asesinato vil de Francisco I. Madero y de Pino Suárez, el vicepresidente.

Hoy sin duda alguna estamos conmemorando a alguien que desde el Poder Legislativo de México dio la batalla por las ideas, por la democracia, por la libertad de expresión y por el trabajo que tienen que ejercer los legisladores que verdaderamente quieren a su país.

En Movimiento Ciudadano tenemos claro que el mejor homenaje —más allá de los discursos, de las preseas y de los pedestales— es honrar con hechos la memoria de aquellos personajes que queremos emular. Más hechos concretos que honren lo que fue el legado de estos patriotas.

Sin lugar a dudas el médico Belisario Domínguez, oriundo de Comitán, Chiapas, donde fue alcalde, dejó en la historia del país un testimonio de dignidad, de valentía y de republicanismo cuando se enfrentó desde la tribuna y por medio de sus escritos al usurpador, al traidor Victoriano Huerta.

Pagó con su vida la osadía de enfrentarse a este autócrata, pero sin lugar a dudas su memoria y su actuación honran al Congreso mexicano. Por eso celebramos que hoy se haya tomado esta decisión de acuñar esta conmemoración.

Sin embargo no podemos dejar pasar también la oportunidad de señalar que el ejemplo de Belisario Domínguez y la lucha que él enfrentó, nos debe llamar también a revalorar la función legislativa y la función representativa.

Lo que vivió Belisario Domínguez en su martirio y en el asesinato vil de que fue objeto por Victoriano Huerta, nos llama a valorar que el legislador no puede estar sujeto a presiones políticas, a amenazas, a hostigamientos ni a la violencia del poder. La función legislativa tiene que tutelarse como un bien de la nación que permita ejercer a cabalidad la función representativa.

Por eso nosotros como legisladores debemos tener muy claro que somos la voz de aquellos que no pueden hablar en nuestro país; que somos la voz de aquellos que quieren que hagamos denuncias frente a las arbitrariedades del poder; que somos la voz de aquellos que quieren que haya leyes que verdaderamente les sirvan al pueblo de México.

En el Parlamento se discute, se delibera y se construyen los grandes proyectos del país; por eso, compañeros legisladores, compañeras legisladoras, lejos de limitar la voz y la función parlamentaria, hay que ensanchar los caminos de la democracia representativa; por eso en las futuras discusiones y deliberaciones, cuando se discuta el tema de la inmunidad parlamentaria debemos de tener claro que el pueblo de México no quiere privilegios, no quiere charoleos, no quiere abusos. Pero sí quiere representantes que puedan hablar sin estar sujetos a presiones ni a los abusos del poder.

Hoy la memoria de Belisario Domínguez nos debe servir para honrar su legado con hechos y no con  palabras. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, tiene el uso de la voz.

El diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo: Chiapas es en el cosmos lo que una flor al viento, es célula infinita que sufre, vibra y canta.

Honorable asamblea, con fecha 9 de octubre del año 2012, nuestra compañera diputada Lourdes López Moreno presentó una proposición que pretendía que se considerase a este año 2013, como el año de don Belisario Domínguez Palencia, en virtud de la conmemoración del centenario de su muerte. Desafortunadamente dicha propuesta no fue dictaminada a tiempo y no prosperó.

Pero el día de hoy me congratulo, me enorgullece, me da una gran satisfacción, como chiapaneco, que estemos a punto de votar este dictamen en el que se reconoce la vida y gran aportación de mi paisano don Belisario Domínguez, uno de los hombres más valiosos y honorables de los que México tenga registro en su historia.

El personaje que hoy distinguimos con esta moneda conmemorativa se destacó por su labor altruista y a lo largo de su vida se dedicó a impulsar la prosperidad y la libertad de Chiapas y del país entero.

Este ilustre mexicano nació en el municipio de Comitán el 25 de abril de 1863 y dedicó sus estudios a la medicina. Se involucró activamente en la política de nuestro país, siendo miembro del Partido Liberal en Chiapas; además fundó el periódico El Vate, que en la actualidad sigue circulando, donde publicó artículos contra el presidente Díaz y el gobernador porfirista Rafael Pimentel.

Fue un idealista y revolucionario de su tiempo, impulsó a los ciudadanos a que vigilaran las acciones de gobierno e incentivó denunciar todas las irregularidades.

Fue presidente municipal de Comitán y senador en la XXVI Legislatura y fue con esa investidura que el 23 de septiembre pronunció un discurso, el cual hizo llegar a la sede de la Cámara alta, en el que protestó enérgicamente por los asesinatos de Francisco I. Madero y José María Pino Suarez, perpetrados por Victoriano Huerta.

Es por estas razones que la visión de don Belisario Domínguez nos debe de servir de guía, de motivación, de gran orgullo y satisfacción.

Derivado de lo aquí narrado, consideramos que no puede existir un mejor contexto que la vida y trayectoria de este prócer de la patria para rendirle un merecido homenaje con esta moneda conmemorativa que resalta y enaltece todas las cualidades de un hombre visionario, de una sola pieza, que siempre enfrentó a sus enemigos y denunció las injusticia y que murió por su patria, cruelmente torturado y asesinado. Pero sus detractores nunca entendieron que ésa no era la forma de acallar a tan gran mexicano defensor de las causas más difíciles.

Si cada uno de nosotros hace lo que nos corresponde hacer, nuestras instituciones, nuestro estado, nuestra patria estarían mucho mejor. Por todo lo anterior apoyamos en todo el presente dictamen y el grupo del Partido Verde votará a favor.

Hoy más que nunca nuestro país requiere de gente comprometida con sus anhelos, sus esperanzas y necesidades. Requiere gente como este gran héroe de la patria, este gran héroe mexicano, don Belisario Domínguez. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Silvano Blanco Deaquino, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente; con el permiso de las compañeras y compañeros diputados. Belisario Domínguez Palencia nació un 25 de abril de 1863 en Chiapas y fue asesinado 50 años más tarde, el 7 de octubre de 1913.

Se doctoró en París en 1889 como cirujano; médico de profesión y político de convicción. Ocupó la curul en el Senado al morir el senador propietario don Leopoldo Gout. Fue ahí donde desarrolló una gran oposición contra Huerta, misma que le valió la muerte.

En sus discursos del 1 y 23 de septiembre y posteriormente cuando intenta el 29 de septiembre leer otro en el pleno, le fue negada su lectura, pero él los distribuyó profusamente y en ellos acusaba a Huerta de graves delitos y pedía la renuncia de Victoriano Huerta.

En respuesta a este discurso y a sus actividades, el día 7 de octubre de 1913, un grupo de hombres armados enviados por Huerta irrumpieron su residencia en la capital del país, en la entonces calle de San Juan de Letrán, lo sustrajeron y un mes después fue hallado el cadáver de don Belisario, abandonado en una esquina del panteón de Xoco.

En las declaraciones judiciales de los ejecutores dieron a conocer que actuaron bajo el mando de los subordinados de Huerta, y la forma en cómo lo sustrajeron de sus aposentos, cómo lo llevaron a la zona de Coyoacán, cómo le cortaron la lengua y le dispararon dos veces por la espalda y por la cabeza, para posteriormente abandonar el cadáver cerca del cementerio en Xoco.

En este sentido, lógicamente que esa medalla conmemorativa es más que un homenaje mínimo que le hace la Comisión de Hacienda, pero fundamentalmente el tema es recoger la ideología y los principios de don Belisario Domínguez. Eso es lo que tenemos nosotros que valorar en nuestra actuación como legisladores.

Es muy lamentable de que cuando se llega al poder no se privilegia el hecho de poder representar adecuadamente a los ciudadanos y se cometen hasta en la actualidad este tipo de situaciones en distintos estados de la República. Soy del estado de Guerrero y era una práctica muy común allá, donde a los disidentes los asesinan, precisamente, por luchar en defensa de la gente del pueblo, la gente que realmente necesita la atención.

En ese sentido, a veces suena cínico cuando se está en el poder y cuando se defiende al presidente en turno en contra de la ciudadanía, en contra del pueblo, y a veces aprobamos leyes que atentan, precisamente, contra la gente que decidimos nosotros representar.

Por eso vale la pena que hagamos nosotros un análisis sereno, cada uno de nosotros, si realmente estamos cumpliendo adecuadamente esa honrosa función y esa distinción que nos dieron los ciudadanos. En ese sentido, nosotros no tenemos que arropar al presidente de la República en turno, a quien tenemos nosotros que responder es precisamente a la ciudadanía y es al pueblo.

Por eso aquí no hay debate en el Congreso. Es decir, cuando hay leyes de relevancia, sobre todo el partido en el poder impide que haya deliberaciones y que se pueda analizar y se pueda discutir. No ha habido ningún argumento ni en la reforma laboral ni en la reforma educativa ni en la Ley de Amparo; es decir, en este sentido simple y sencillamente se cumplen lineamientos que vienen desde el Ejecutivo y realmente no se cumplen ocasiones de una manera adecuada esa función que debemos de tener nosotros.

Y bueno, pues viene ahí más adelante el tema del fuero. Hay que hacer un análisis sereno sobre todo ese tipo de circunstancias, pero sobre todo compañeras y compañeros, yo creo que tenemos que honrar la memoria de don Belisario Domínguez, pero con nuestras actuaciones, con nuestros hechos; que realmente seamos congruentes y a final de cuentas que la patria reconozca el esfuerzo y la actitud que tenemos cada uno de nosotros en el Congreso. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don José Alfredo Botello Montes, tiene usted el uso de la voz.

El diputado José Alfredo Botello Montes: Con el permiso del presidente. Diputadas y diputados, el dictamen que se somete a consideración del pleno tiene por objeto establecer las características de una moneda conmemorativa sobre el distinguido senador por Chiapas y valeroso ciudadano, don Belisario Domínguez Palencia, quien con valentía cívica y talante democrático se opuso abiertamente al golpe de estado instrumentado por el entonces general Victoriano Huerta en contra de Francisco I. Madero, que culminó con la artera traición de su fusilamiento al concluir la llamada Decena Trágica.

En este contexto, de acuerdo a las crónicas históricas de dicho suceso plenamente documentadas por la Comisión organizadora de la conmemoración del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, del gobierno federal, el senador Domínguez destacó por su férrea oposición al régimen impuesto y por su actitud abiertamente crítica y contestataria, prácticamente desde que se incorporó a la legislatura se había dedicado a criticar a Huerta y a su gente por el absoluto desprecio que expresaban hacia las instituciones democráticas del régimen constitucional vigente.

En septiembre, cuando Victoriano Huerta presentó un informe al Congreso, el chiapaneco lanzó entonces sus más severas palabras. En dicho informe presentado el día 16, Huerta destacó dos temas: la política exterior y la pacificación del territorio nacional.

En cuanto al primero, se mostraba muy seguro y retador, pues afirmó que si Estados Unidos de América no lo reconocía como presidente consideraría a su representante en México como no grato, y respecto al segundo, aseguraba que había grandes avances, lo cual era falso a todas luces.

Las críticas no se hicieron esperar, pero nadie tuvo el atrevimiento ni la decisión del senador Domínguez para responder a Huerta lo que realmente pensaba.

Ya días antes, en una reunión a puerta cerrada, el chiapaneco había espetado en la cara de Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Huerta, que ¿cómo podría Estados Unidos de América reconocer al gobierno manchado con la sangre del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez?

Seis días después, el 29 de septiembre, intentó darle lectura a otro discurso que había preparado, pero tampoco pudo hacerlo. En esa ocasión había escrito: El cerebro de don Victoriano Huerta está desequilibrado y su espíritu está desorientado, cree que él es el único capaz, el único hombre capaz de gobernar a México y de remediar todos los males. Ve ejércitos imaginarios.

En el mismo texto propuso una posible solución. Concededme la honra de ir comisionado por esta augusta asamblea a pedir a don Victoriano Huerta que firme su renuncia como presidente de la República. E instaba a todos los senadores para que firmaran la solicitud de renuncia y que él sería el encargado de entregarla al presidente.

Domínguez era consciente del peligro que corría y lo dejó asentado en su texto: Lo más probable es que llegado a la mitad de la lectura don Victoriano Huerta pierda la paciencia, sea arremetido de un arrebato de ira y me mate.

No sería raro, ya otros opositores habían desaparecido, como Abraham González, quien por negarse a reconocer ese gobierno fue asesinado. La situación del senador chiapaneco era sumamente delicada, aunque se le sugirió ocultarse no lo hizo, siguió el curso normal de su vida, hasta aquella noche del 7 de octubre.

El 23 de septiembre, el senador Domínguez pidió la palabra para leer un discurso que había redactado, pero ya se había corrido el rumor de que era otro de sus duros ataques al régimen, por lo que el senador presidente negó la solicitud. Sin embargo, el chiapaneco logró que su discurso se imprimiera y que circulara de mano en mano, de manera que muchos conocieron lo que decía, por ejemplo, que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. Don Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación y escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo.

Pero no se trataba de una retahíla de insultos sin sentido, había una propuesta, deponer de la Presidencia de la República a don Victoriano Huerta. Este discurso le costaría la vida al entonces senador, que en la tarde del día 9 comenzó a correr el rumor de que ya se había localizado al senador, y sí, fue encontrado al sur de la Ciudad de México, enterrado en una orilla del cementerio de Xoco.

Para el PAN el reconocimiento del valor cívico y talante, democrático de don Belisario Domínguez, a través de la emisión de una moneda conmemorativa, es una justa retribución a un hombre de Estado, que defendió con su vida las instituciones democráticas y republicanas de este país, así como rindió un testimonio para la posteridad por el artero asesinato del gran apóstol de la democracia don Francisco I. Madero, por lo que procederemos a la aprobación del presente dictamen en sus términos y así lo pedimos también a todas nuestras compañeras y compañeros diputados. Por todo lo anterior, el PAN votará a favor del mismo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Finalmente, doña Paulina Alejandra del Moral Vela, del PRI, tiene el uso de la voz.

Esta Presidencia saluda con mucho afecto a alumnos del Instituto Universitario del Estado de México, del municipio de Atlacomulco, invitados por don José Sergio Manzur Quiroga. Y al grupo de ingeniería Proyecto y Construcción, invitados por el diputado David Pérez Tejada Padilla. Sean ustedes bienvenidos.

La diputada Paulina Alejandra del Moral Vela: Con su venia, señor presidente. Muy estimadas compañeras y compañeros legisladores, para el Partido Revolucionario Institucional es un gran acierto conmemorar la vida y obra del doctor don Belisario Domínguez Palencia y hacerlo con la acuñación de una moneda a 100 años de su cobarde asesinato.

Para el Grupo Parlamentario del PRI este penoso capítulo de la historia de México es algo que debemos recordar para evitar que se repita en el presente y en el futuro.

El senador chiapaneco con gran valía expuso, el 17 de septiembre de 1913, la verdad sobre la situación del país a través de su palabra en la tribuna del Senado —y lo cito— denunció que el pueblo mexicano no puede resignarse y que el pueblo mexicano no debía resignarse a tener por presidente de la República al soldado Victoriano Huerta, que se apoderó de la Presidencia por medio de la traición.

La traición, compañeras y compañeros, es algo deplorable, inadmisible y cobarde. Es defraudar la confianza otorgada. Sin mayor fundamento que la ambición desmedida, la traición fue la que motivó el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez y constituyó un grave retroceso para la democracia en México. La traición es algo que debe quedar condenado en el pasado, y por el contrario, don Belisario Domínguez representa los más altos valores de esta patria: la lealtad, la libertad, la valentía, la independencia y el cumplimiento del deber, aun a costa de nuestras propias vidas. Valores que hoy debemos practicar como representantes populares y que además este ámbito de libertad que gozamos es todo gracias a héroes como este senador chiapaneco.

Hoy en día, los mexicanos también celebramos que contamos con un ejército popular leal, institucional y garante de la soberanía del país. Hoy en día todos los grupos parlamentarios convergemos en rendir honor a don Belisario Domínguez, por los valores y principios que nos legó como nación, como la libertad de expresión.

Por eso, celebro que hoy todos coincidamos en este punto de acuerdo por el que vamos, por supuesto, a votar a favor como Grupo Parlamentario del PRI, porque es una digna forma de conmemorar los 150 años del nacimiento de este prócer de la patria. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No habiendo reservas, ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Háganse los avisos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A ver, que no hay sonido. Enmudeció la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, informo que se emitieron 437 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y del centenario del aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia. Pasa el Ejecutivo, para los efectos constitucionales.

Le ruego a la Secretaría que dé cuenta con otros dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

Esta Presidencia saluda con tanto cariño al grupo sindical de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, que nos visitan de Cuernavaca, invitados por doña Maricela Velázquez Sánchez.

COMISIONES ESPECIALES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de este órgano de gobierno, por el que se integran las 27 comisiones especiales de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobado en sesión ordinaria del 22 de diciembre de 2012, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputaos, la integración de la Comisión Especial de Energías Renovables:

1. Diputado Érick Marte Rivera Villanueva (PAN), presidente.

2. Diputada Norma Ponce Orozco (PRI), integrante.

3. Diputado Samuel Gurrión Matías (PRI), integrante

4. Diputado Javier Orihuela García (PRD), integrante

5. Diputada Gabriela Medrano Galindo (PVEM), integrante

6. Diputado Fernando Salgado Delgado (PRI), integrante

7. Diputado Abel Salgado Delgado  (PRI), integrante

8. Diputado Jorge Rosiñol Abreu (PAN), integrante

9. Diputado Alfredo Zamora García (PAN), integrante

10. Diputado (PRD), integrante

11. Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (PRD), integrante

11. Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (NA), integrante

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de este órgano de gobierno por el que se integran las 27 comisiones especiales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobado en sesión ordinaria del 22 de diciembre de 2012, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la integración de la Comisión Especial de puertos y marina:

Diputados:Arnoldo Ochoa González (Partido Revolucionario Institucional, PRI), presidente; Raúl Santos Galván Villanueva (PRI), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (PRI), Rocío Adriana Abreu Artiñano (PRI), Noé Hernández González (PRI), Germán Pacheco Díaz (Partido Acción Nacional, PAN), Martha Leticia Sosa Govea (PAN), Jorge Rosiñol Abreu (PAN), Rodrigo González Barrios (Partido de la Revolución Democrática, PRD), Juan Manuel Fócil Pérez (PRD), Nabor Ochoa López (Partido Verde Ecologista de México), José Soto Martínez (Movimiento Ciudadano).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez cause baja como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que la diputada Claudia Delgadillo González cause alta como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que la diputada Claudia Delgadillo González cause baja como presidenta de la Comisión Justicia.

• Que el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez cause alta como presidente de la Comisión de Justicia.

• Que el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez cause baja como secretario de la Comisión de Justicia.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado José Sergio Manzur Quiroga cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Adán Davis Ruiz Gutiérrez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que el diputado Adán Davis Ruiz Gutiérrez cause alta como integrante en la Comisión de Competitividad.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Maricela Velázquez Sánchez cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.

• Que la diputada Maricela Velázquez Sánchez cause alta como secretaria de la Comisión de Protección Civil.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI:

• Que la diputada Socorro de la Luz Quintana León cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena cause alta como integrante en la Comisión de Derechos de la Niñez.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado José Luis Oliveros Usabiaga cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado José Luis Oliveros Usabiaga cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Alejandro Carbajal González cause baja como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Alejandro Carbajal González cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Carla Alicia Padilla Ramos cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Laura Ximena Martel Cantú cause baja como integrante en la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que la diputada Carla Alicia Padilla Ramos cause alta como integrante en la Comisión de Cultura y Cinematografía.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause baja como integrante de la Comisión de Deporte.

• Que la diputada Laura Ximena Martel Cantú cause alta como integrante de la Comisión de Deporte.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause alta como integrante en la Comisión de Marina.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Rosa Elba Pérez Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause baja como integrante de la Comisión de Cambio Climático.

• Que la diputada Rosa Elba Pérez Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Cambio Climático.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración del pleno. No habiendo quien haga uso de la palabra, pregunte si se aprueban.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone que la Cámara de Diputados cite a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, ante la Comisión de Desarrollo Social, a efecto de evaluar los criterios de selección de los municipios objetivo del programa denominado “Cruzada Nacional contra el Hambre”

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 198 a 200 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, el presente acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. La Cámara de Diputados considera que el decreto mediante el que se establece el programa denominado “Cruzada Nacional contra el Hambre” ha generado algunas dudas entre los legisladores quienes requieren de información y aclaraciones en torno al mismo.

Segunda: Fundamentalmente, los integrantes de la Cámara de Diputados requieren información que sea capaz de transparentar el proceso mediante el cual se tomaron decisiones como las siguientes: a) Cómo se seleccionaron los 400 municipios que han sido identificados como la población objetivo de este programa hasta alcanzar los 7.4 millones de habitantes; b) Cuál es la razón por la que 120 municipios con alto índice de pobreza extrema fueron excluidos de este programa; c) Qué cantidad de personas cumplen, simultáneamente, con la condición de pobreza extrema y carencia de acceso a la alimentación, además de identificar quiénes y cuántos son los beneficiarios, entre otros temas de interés.

Cuarta:Que la Cámara de Diputaos, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, tiene la responsabilidad de velar por que las políticas públicas dirigidas al combate a la pobreza cumplan plenamente con los objetivos propuestos por lo que es procedente ejercer las facultades que a efe efecto le confiere la Constitución General de la República.

Por lo anterior, se propone al pleno los siguientes

Acuerdos

Primero:La Cámara de Diputados propone citar a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Asuntos Indígenas; de conformidad con las facultades de ambas previstas en el artículo 39, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de evaluar los criterios de selección de los municipios objetivo del programa denominado “Cruzada Nacional contra el Hambre”.

Segundo.Las juntas directivas de las Comisiones Unidas determinarán el formato de la comparecencia y las demás cuestiones que sean necesarias para su desahogo.

Transitorios

Primero.Este acuerdo entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el pleno.

Segundo.Se solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva para que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 198, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, formalice la citación de la funcionaria a los que se refiere el presente acuerdo.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro el 20 de febrero de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.p.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración del pleno.

El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado Martínez Serralde.

El diputado Víctor Serralde Martínez (desde la curul): Serralde Martínez, presidente. Muchas gracias. Presidente, en representación de los 30 diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Rural, le quiero solicitar que se amplíe la condición de comisiones unidas y que se considere a la Comisión de Desarrollo Rural para participar en la comparecencia de la secretaria Rosario Robles, en razón de que el tema de la pobreza alimentaria es un tema prioritario en el ámbito rural y competencia de esta comisión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Serralde Martínez.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Serralde. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No se admite. Luego entonces, vendrá a la comparecencia a comisiones unidas. A ver si se aprueba el acuerdo, por favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

Presidencia del  diputado José González Morfín

CODIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión con proyecto de decreto que reforma el artículo 391 y deroga los artículos del 402 al 410 del Código Civil Federal.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 391 y deroga el 402 a 410 del Código Civil Federal

Honorable Cámara de Diputados

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, enviada por el Senado de la República.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente

I. Metodología del dictamen

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la minuta.

En el apartado de “Análisis de la minuta”, se examina el contenido sustancial de las propuestas legislativas, los argumentos en que se sustentan y se determina el sentido y sus alcances.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución y sus alcances.

II. Antecedentes

1. Con fecha 6 de septiembre de 2011, ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se recibió la minuta con proyecto de decreto, que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, enviada por la Cámara de Senadores.

2. En esa fecha, la Mesa Directiva de ese órgano legislativo turnó la proposición de referencia a la Comisión de Justicia, para su análisis y posterior dictamen.

3. La minuta de referencia, materia del presente dictamen, plantea el siguiente:

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal

Único. Se reforma el artículo 391; y se deroga la Sección Segunda, “De la Adopción Simple”, con los artículos 402 al 410, del Capítulo V “De la Adopción”, del Título Séptimo “De la Paternidad y Filiación”, del Libro Primero del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 391. Los cónyuges o concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de los cónyuges o concubinos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de diecisiete años cuando menos. Se deberán acreditar además los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior.

Sección SegundaDe la Adopción Simple

Artículo 402. Se deroga.

Artículo 403. Se deroga.

Artículo 404. Se deroga.

Artículo 405. Se deroga.

Artículo 406. Se deroga.

Artículo 407. Se deroga.

Artículo 408. Se deroga.

Artículo 409. Se deroga.

Artículo 410. Se deroga

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Análisis de la minuta

El dictamen que la Cámara de Senadores aprobó en su sesión del viernes 29 de abril de 2011, versó sobre las iniciativas de las senadoras María Serrano Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, presentadas el 11 de noviembre de 2008 y 9 de febrero de 2010, respectivamente.

En dichas iniciativas se expuso lo siguiente:

a) Durante la XXXIII Reunión Nacional de Directores Generales de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, llevada a cabo en el mes de febrero del año 2007, la presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia propuso agilizar el procedimiento de adopción en nuestro país.

b) En los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de las entidades federativas del país, se contó con un gran apoya e interés en el tema, dándose inicio a un intenso proceso de diálogo expresado en cuatro foros nacionales; el primero, región norte en el estado de Durango; el segundo, región occidente en San Luís Potosí; el tercero, región sur-sureste en Quintana Roo y el cuarto región centro en Tlaxcala, todos en 2007, en los cuales se intercambiaron experiencias, puntos de vista y propuestas entre los distintos niveles de gobierno, estudiosos del tema, jueces, legisladores locales y padres de familia para hacer de la adopción un proceso ágil, transparente y efectivo, salvaguardando siempre el interés superior de la niñez mexicana.

c) Con la propuesta se pretende uniformar los criterios en las legislaciones locales para contar con tipos de adopción iguales y procedimientos similares, proponiendo para ello que se derogue la adopción simple con la finalidad de crear un único modelo de adopción en todas las entidades federativas y evitar la evasión de la ley cambiando de domicilio los solicitantes de adopción hacia estados que tienen procedimientos de adopción simple, que siempre resultan más fáciles de resolver y representan menor protección para el menor.

d) Ambas iniciativas están a favor de la adopción plena, ya que ella acoge al menor de manera integral con derechos y obligaciones iguales a los que corresponden a los hijos biológicos.

Se resalta la importancia del artículo 25 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que:

Artículo 25. Cuando una niña, un niño, un o una adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentre bajo la tutela de éste, se les brinden los cuidados especiales que requieran por su situación de desamparo familiar.

Las normas establecerán las disposiciones necesarias para que se logre que quienes lo requieran, ejerzan plenamente el derecho a que se refiere este capítulo, mediante:

A. La adopción, preferentemente la adopción plena.

B. La participación de familias sustitutas y

C. A falta de las anteriores, se recurrirá a las Instituciones de asistencia pública o privada o se crearán centros asistenciales para este fin.

e) Como otro antecedente legislativo, se menciona que en el Distrito Federal, el Código Civil fue reformado el 25 de mayo de 2000 a efecto de derogar la adopción simple, considerando que la adopción simple constituía un instrumento legal insuficiente para garantizarle al menor sin familia el pleno goce de sus derechos fundamentales.

f) También se invoca a la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, realizada en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 24 de noviembre de 1984, donde se establece una serie de reglas a favor para la solución de conflictos surgidos en aplicación de legislación local en materia de adopción, que sólo resulta aplicable a la figura de la adopción plena, excluyéndose de este beneficio convencional a la adopción simple.

g) De igual forma, se expresa que en el texto de la Convención sobre los Derechos de los Niños, se tutela su protección ante la circunstancia de que sean privados de manera temporal o permanente de su medio familiar, recayendo sobre el estado la responsabilidad de proporcionarles protección y asistencia social, a través de su marco jurídico y atendiendo en todo momento al interés superior del niño.

h) Como parte de los compromisos adquiridos en diversos instrumentos jurídicos internacionales, en los últimos años se han realizado diversos esfuerzos para garantizar dicha protección, como son la reforma al artículo 4 de nuestra Constitución, en donde se dispone que los niños y las niñas tienen derecho a la salud, a los alimentos, a la educación y a su sano esparcimiento para su desarrollo integral y se obliga al Estado a realizar todas las acciones necesarias para facilitar su cumplimiento.

i) Se precisa que de acuerdo con el Conteo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática  y las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en el año de 2005 había 28,107 niños en casa hogar, orfanatos y casa cuna; aunque las estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hablaban de 1.6 millones de niños huérfanos por diversas causas.

Actualmente en México existen 34 mil niños esperando ser adoptados por alguna familia, de los cuales el 77 por ciento se sitúan en un rango de entre 7 y 18 años de edad y el 23 por ciento de 0 meses a 6 años.

En virtud de los antecedentes vertidos en el presente documento, la comisión dictaminadora expone las siguientes

IV. Consideraciones

Primera. Esta dictaminadora considera que la derogación de las disposiciones que se advierten, conlleva el interés de avanzar hacia la exclusión de la modalidad de adopción simple o semiplena, buscando con ello garantizar al adoptado su incorporación integral o absoluta a la familia del adoptante, con los mismos derechos y deberes que un hijo consanguíneo.

Segunda. Se plantea la intención de adecuar la institución de la adopción a las exigencias de una realidad, es decir, que se manifieste como un instrumento útil que sirva para encontrar una justa solución en la culminación de un procedimiento en el que se compromete un intenso y complejo problema social.

Con ello, se busca orientar hacia el reconocimiento de la adopción plena como la única instancia que en virtud de la resolución judicial que la determine, establezca los vínculos de filiación que hagan posible la integración total y definitiva en el núcleo familiar de un menor o de un incapaz, como si se tratara de un hijo consanguíneo, con los mismos derechos y deberes que a éstos correspondan, no únicamente frente a sus adoptantes, sino también, frente a toda la familia y núcleo social, con la extinción de aquellos otros derechos y deberes que lo atan a su familia natural y la subsistencia por razones de índole biológica o moral de los impedimentos para contraer matrimonio relacionados con los vínculos parentales que nacen de la adopción y los que se derivan de su progenie.

Tercera. En la actualidad, se considera que se encuentran rebasados los principios establecidos en el Código Civil Federal en vigor en materia de adopción simple, ya que la figura de la adopción plena es la que se estima más adecuada a los intereses superiores de los menores de edad e incapaces, establecidos tanto Constitucionalmente como en el ámbito internacional, ya se requiere de un nuevo marco jurídico de la adopción para que esta atienda al problema de la familia y del bienestar social, pero de manera superlativa el interés y estabilidad de los adoptados.

Cuarta. Por tal motivo, y atendiendo a que el proyecto de decreto reúne todos los elementos necesarios para que se proceda a su inserción en el marco jurídico del derecho de familia, puesto que con el nuevo régimen se asegura un mejor desarrollo social y humano de los integrantes de cualquier familia mexicana, es que consideramos procedente y de aprobarse, en sus términos la minuta enviada por el Senado de la República.

Quinta. No obstante lo anterior, esta comisión dictaminadora advierte lo establecido por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece las facultades del Congreso de la Unión para legislar, por lo que de conformidad con el artículo 124 del texto constitucional, claramente observamos que la materia familiar es exclusiva de los estados su legislación, sin embargo, el Código Civil Federal contempla aún dicha figura, el cual sirve de sustento a la entidades federativas para su regulación y supletoriedad, tal es el caso de los estados como Chiapas y Veracruz, en donde el citado código es supletorio en lo relativo a la adopción internacional.

Por lo expuesto, y conforme al artículo 72, inciso A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal

Único. Se reforma el artículo 391; y se deroga la Sección Segunda, “De la Adopción Simple”, con los artículos 402 al 410, del Capítulo V “De la Adopción”, del Título Séptimo “De la Paternidad y Filiación”, del Libro Primero denominado “De las Personas” del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 391. Los cónyuges o concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de los cónyuges o concubinos cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de diecisiete años cuando menos. Se deberán acreditar además los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior.

Sección SegundaDe la Adopción Simple

Artículo 402. Se deroga.

Artículo 403. Se deroga.

Artículo 404. Se deroga.

Artículo 405. Se deroga.

Artículo 406. Se deroga.

Artículo 407. Se deroga.

Artículo 408. Se deroga.

Artículo 409. Se deroga.

Artículo 410. Se deroga

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2013.

La Comisión de Justicia, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Luis Armando Cordova Díaz, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Cristina González Cruz, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Julio César Lorenzini Rangel, Areli Madrid Tovilla (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba, María Fernanda Romero Lozano, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales.»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la tribuna la diputada Karina Labastida Sotelo.

La diputada Karina Labastida Sotelo: Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y diputados, a nombre de la Comisión de Justicia presento a ustedes el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de adopción plena.

En sesión del 6 de septiembre de 2011, ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se recibió la minuta con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, enviada por la Cámara de Senadores a efecto de derogar las disposiciones relativas a la adopción simple y las actualizaciones respecto de las personas que pueden adoptar.

Después del análisis de los integrantes de esta comisión, la dictaminadora considera que la derogación de las disposiciones que se advierten conlleva el interés de avanzar hacia la exclusión de la modalidad de adopción simple o semiplena, buscando con ello garantizar al adoptado su incorporación integral o absoluta a la familia del adoptante, con los mismos derechos y deberes que un hijo consanguíneo.

Se plantea la intención de adecuar la institución de la adopción a las exigencias de la realidad para encontrar una justa solución en la culminación de un procedimiento en el que se compromete un intenso y complejo problema social.

Se busca orientar hacia el reconocimiento de la adopción plena, como la única instancia que en virtud de la resolución judicial que la determine establezca los vínculos de filiación que hagan posible la integración total y definitiva en el núcleo familiar de un menor o de un incapaz, como si se tratara de un hijo consanguíneo, con los mismos derechos y deberes que a éstos correspondan, no únicamente frente a sus adoptantes, sino también frente a toda la familia y núcleo social, con la exención de aquellos derechos y deberes que lo atan a su familia natural.

En la actualidad se considera que se encuentran rebasados los principios establecidos en el Código Civil Federal en vigor en materia de adopción simple, ya que la figura de la adopción plena es la que se estima más adecuada a los intereses superiores de los menores de edad e incapaces, establecidos tanto constitucionalmente como en el ámbito internacional, ya que se requiere de un nuevo marco jurídico de la adopción para que ésta atienda al problema de familia y del bienestar social, pero de manera superlativa al interés y estabilidad de los adoptados. No obstante el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece las facultades del Congreso de la Unión para legislar, por lo que de conformidad con el artículo 124 constitucional claramente observamos que la materia familiar es exclusiva de los estados.

Sin embargo, el Código Civil federal contempla aún dicha figura, el cual sirve de sustento a las entidades federativas para su regulación y supletoriedad, tal es el caso de los estados de Chiapas y Veracruz, en donde el citado Código es supletorio en lo relativo a la adopción internacional.

Por tal motivo y atendiendo al interés superior de la infancia, con este dictamen se procede a su inserción en el marco jurídico en derecho de familia. Puesto que con el nuevo régimen se asegura un mejor desarrollo social y humano de los integrantes de cualquier familia mexicana consideramos procedente su aplicación.

Por las razones antes expresadas, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 391 y deroga del 402 al 410 del Código Civil Federal. Está a su consideración, diputadas y diputados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. El dictamen está a discusión en lo general.

Informo a la asamblea que los grupos parlamentarios han inscrito a los diputados y diputadas que fijaran postura por cada uno de ellos. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Honorable asamblea, proteger el interés superior de la niñez y el respeto de los derechos humanos constituyen asuntos prioritarios para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, por ello votaremos a favor del presente dictamen, ya que el proceso de adopción en nuestro país debe garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia el respeto de los derechos humanos de los menores adoptados.

Vivir en el seno de una familia, gozar de su amor y sentir su protección es una máxima jurídica garantizada por la Convención sobre los Derechos del Niño, signada y ratificada por el Estado mexicano.

Aunque instancias nacionales, asociaciones civiles y organismos mundiales han publicado estimaciones sobre la orfandad infantil y la adopción de niños y adolescentes en el país, la realidad es que las cifras aún no logran configurar con precisión el rompecabezas de este fenómeno social.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población y el DIF en México, más de 29 mil niños, niñas y adolescentes viven en casas-cuna y casas-hogar, y se proyecta que para 2050 serán alrededor de 33 mil.

De acuerdo con el Inegi del año 2010, existen 30 mil niños que viven en albergues, casas-hogar u orfanatos. En 2007 el DIF nacional tenía bajo su custodia a 11 mil 75 menores en situación de desamparo, pero solo 517 reunían las condiciones para ser adoptados. En el mismo dictamen a discusión se menciona que existen 34 mil niños esperando ser adoptados.

Ante estas diferencias en las cifras lo evidente es que nuestro país se ha quedado rezagado en materia de adopción con respecto a América Latina y otros países, y uno de los factores que inciden en este rezago tiene que ver con un marco jurídico obsoleto; carecemos de una legislación nacional en la materia, lo que se traduce en que cada entidad federativa posee criterios propios y formas de ejecutar las adopciones, así como registros propios. Es decir, contamos con 30 leyes diferentes para regular la misma figura.

El procedimiento se ventila ante distintas instancias de gobierno y cuando se trata de adopciones internacionales interviene también la autoridad federal, sin contar que también habrá que acudir al juez de lo familiar.

Lo anterior implica que en su conjunto, si no se cuenta con la asesoría adecuada el proceso de adopción puede tardar más de lo que muchas personas estarían dispuestas a esperar, dando pie al abandono del procedimiento o hacerlo por medios contrarios a la ley.

Con esta reforma se pretende uniformar los criterios en las legislaciones locales para contar con tipos de adopción iguales y procedimientos similares, proponiendo para ello que se deroguen las disposiciones relativas a la adopción simple a favor de la adopción plena, ya que ésta última acoge al menor de manera integral, con derechos y obligaciones iguales a los que corresponde a los hijos biológicos.

Con base en estas razones, nuestro grupo parlamentario apoyará el presente dictamen, porque consideramos que es un avance al adecuar la adopción a las exigencias de una nueva realidad, sin dejar de lado que todavía hay mucho por hacer en la materia. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a un grupo de ciudadanos líderes de la colonia Jardines de Santa Clara, del municipio de Ecatepec, estado de México, que están aquí, invitados por la diputada Brenda Alvarado. Bienvenidos a esta sesión.

También saludamos a un grupo de invitados ciudadanos de la delegación de Tláhuac, que vienen a aquí invitados por la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar. Bienvenidos a esta sesión.

También a los integrantes de algunas organizaciones oaxaqueñas que radican aquí en la Ciudad de México y que están aquí invitados por el diputado Samuel Gurrión. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Hago mención de la presencia en este salón de sesiones de la Mesa Directiva de la Unión Ganadera Regional de Michoacán, que encabeza el licenciado Abraham Ángel Cuevas Mendoza, que están aquí invitados por el diputado Salvador Ortiz García. Bienvenidos a esta sesión.

Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. El día de hoy —y seré muy breve porque creo que en este tipo de cuestiones no hay que hacer abuso de la tribuna— les explicaré porqué el Partido del Trabajo no solamente se encuentra a favor de este dictamen, sino qué es lo que este dictamen representa.

Mientras en esta Cámara los grandes temas que traen el revuelo y la atención de la prensa son mayormente los temas políticos, digamos, sobre la Ley de Amparo o el fuero, hemos descuidado de muchas maneras en esta Legislatura el tema de los derechos sociales y de eso se trata la aprobación de esta minuta.

Básicamente la lógica que hay detrás de la reforma y la derogación de estos artículos tiene que ver con el concepto básico de la familia. Permítanme explicarme. Mientras en otros lugares, mientras en muchos estados de esta República —desgraciadamente incluido el mío— hay concepciones retrógradas en temas de derecho familiar y en la concepción de lo que puede ser una familia y se considera por familia solamente el hombre y la mujer que contrajeron nupcias, los hijos, el perro y la hipoteca, pero no se considera a ningún otro tipo familia.

Un artículo como éste viene a decirnos que la adopción, la eliminación de la adopción simple, para ampliar la concepción del término de familia a través de la adopción, que sale del concepto ordinario de familia, le da a las personas que han decidido formar este núcleo central de la sociedad opciones para que puedan incluirse y para que puedan integrarse como un órgano o como un ente familiar diferente.

Avanzar en materia de derechos sociales y proteger a los niños y las familias de México, no solamente en el concepto cuadrado que en muchos estados se tiene en derecho civil, creo es un gran avance y es un gran avance que esta Legislatura lo esté haciendo, porque mandamos un mensaje, en el que los legisladores y legisladoras que estamos acá, de todos los estados, seamos de los grupos parlamentarios que seamos, tenemos apertura a los distintos tipos de formas de vida de los mexicanos.

Permítanme explicarlo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos —primero— eliminando el término de la adopción simple, que finalmente genera solamente derechos y deberes entre el adoptante y el adoptado. Derechos y deberes. No genera ningún otro vínculo, pero no crea relación alguna de parentesco entre el adoptado y los parientes del adoptante.

Estamos ahora incluyendo, por petición de estas senadoras, hace dos años, una cosa que se llama la adopción plena, que crea una relación jurídica familiar real con todos los parientes del adoptante, equiparándolo a un hijo consanguíneo de éste.

Es decir, estamos formando familias, estamos aceptando que existen distintos tipos de familia, además de los hijos que nacen de manera natural, de la unión de un hombre y una mujer, y esto da también para que parejas diferentes, como parejas del mismo sexo, puedan ser consideradas familia.

Creo que es un gran avance y ésta es la lógica del PT para votar a favor este dictamen, el decir: no nos ocupemos solamente de las cuestiones políticas, de las cuestionas mediáticas, sino de lo que también afecta el día a día de los mexicanos, que es el tema de los derechos sociales. No nos olvidemos que esos también son importantes. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros. La adopción es el procedimiento legal a través del que se permite el establecimiento de un vínculo filial entre el adoptado y adoptante, sin la existencia de una relación de consanguineidad.

El marco jurídico en nuestro país por el que se regula esta figura se encuentra determinado por el interés superior del menor; en este contexto, es debido a dicho interés que se justifica la existencia de tres ejes obligatorios vinculantes, a fin de otorgar la patria potestad de un menor a una familia sustituta. Estos pueden ser descritos como la prescripción de disponer de medios materiales suficientes por parte del adoptante, para proveer de subsistencia, educación y cuidados apropiados al adoptado, incluyendo sin duda el amor.

Se trata de que el acto jurídico mismo redunde en pleno beneficio del adoptado y que el adoptante demuestre ser una persona apta y adecuada para comprometerse a tan elevada distinción y responsabilidad.

El hecho circunstancial de que niñas, niños y adolescentes resulten privados de una familia constituye un acontecimiento imprevisible y de gran envergadura, difícil y desa-fiante a todas luces en su complejidad moral y social, y con evidentes repercusiones en el buen funcionamiento anímico y social de los seres humanos afectados.

Los efectos producidos por el desamparo se convierten precisamente en un evento de carácter anímico, con inevitables secuelas en el orden y estabilidad personal, que eminentemente el Estado debe necesariamente considerar y tutelar.

Hoy por hoy la adopción se sigue concibiendo como la institución jurídica por la que se salvaguarda y promueve el valor de la familia; sin embargo, nuestra legislación aún considera dos tipos de adopción, la adopción simple y la plena, los cuales tienen diferencias en su procesamiento según el estado civil de los solicitantes, la edad del menor o si éste ha sido declarado incapaz, la irrevocabilidad en la misma y respecto a la extinción o creación de vínculos jurídicos.

Lo cierto es que todos los mínimos que señala la ley adjetiva en cuanto a estos procedimientos se resumen en el interés de construir condiciones óptimas de desarrollo de los adoptados al interior de la institución familiar y a su protección jurídica.

En esa tesitura, resulta incluso incongruente que nuestro Código Civil Federal sustente la posibilidad de dos tipos de procedimientos en esta materia, la simple y la plena, cuando la protección del interés superior del menor en el más amplio sentido debe garantizar a los niños adolescentes o incapaces, susceptibles de ser adoptados, la certidumbre que al término del proceso de adopción podrá gozar de los mismos derechos que tendría un hijo biológico, lo cual se revela como lo más justo y correcto.

Mediante la derogación total del artículo que comprende el capítulo titulado De la adopción simple se logra establecer las pautas necesarias para extender y consolidar una sola figura jurídica en la norma civil federal que la contempla.

El resultado de este cambio en la legislación será la consecuente y probablemente rápida implementación de la llamada adopción plena en todo el país y con ello derivaciones positivas para los sujetos tutelados por la norma.

Por lo anteriormente expuesto consideramos que los cambios propuestos al articulado del Código Civil Federal en el dictamen sujeto a discusión y en consecuencia la subsecuente homologación federal en cuanto a la figura jurídica de la adopción resulta necesaria, a fin de lograr transformaciones sustanciales y de indiscutible importancia para un segmento social de innegable vulnerabilidad.

Es importante destacar que este dictamen genera la posibilidad de que algún individuo adoptado —una vez aprobado— bajo el modelo de la adopción simple, a partir de la entrada en vigor de esta reforma pueda alegar la aplicación retroactiva a su favor de la ley.

Al instituirse la adopción plena como el único procedimiento reconocido en la legislación se colocará en una mejor situación a todos aquellos individuos integrados a una familia sustituta por un proceso de adopción simple, pues se hace posible la integración total y con carácter definitivo al núcleo familiar, reconociéndole los mismos derechos y deberes que se derivan de la relación paterno-filial exactamente igual a la que se tiene con un hijo consanguíneo, como en justicia les correspondía desde siempre.

Por todo lo anterior, Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen en comento. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Corresponde ahora el uso de la voz a la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Aprovecho la oportunidad para saludar y dar la más cordial bienvenida a un grupo de vinicultores y a su presidente Teódulo Pichardo, de San Luis de la Paz, Guanajuato, invitados por la diputada Petra Barrera Barrera. Bienvenidos a esta sesión.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito:El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista votará a favor de este dictamen. El Código Civil Federal es de aplicación limitada, en virtud de que ésta es una materia reservada para las entidades y el Distrito Federal; sin embargo, éste es un mensaje para que los estados hagan lo mismo.

Esta reforma se traduce en el que es adoptado o adoptada se incorpore a la familia con las obligaciones y derechos plenos como un hijo consanguíneo o de sangre.

Supera el viejo concepto entre el adoptante y el adoptado. Esto es, la adopción limitada solo generaba vínculos entre adoptante y adoptado, quedando fuera cualquier relación jurídica entre abuelos, primos, tíos, etcétera.

Con la adopción plena los derechos y obligaciones derivados del parentesco se extiende a todos los parientes, como he dicho: abuelos, tíos, primos, etcétera. Por poner un ejemplo, si un abuelo le quiere heredar al nieto, el nieto también tendrá la obligación de pasar pensión alimenticia al abuelo.

Coincido con lo que comentó mi amiga Lilia y es importante tocar estos temas de aspecto social. En el estado de Chiapas ya contemplamos esta figura, la de la adopción plena en el Código Civil de nuestro estado, en el cual exhortaría a las Legislaturas locales a reformar sus códigos civiles y/o familiares en esta materia. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Con su permiso, presidente. Quiero empezar comentándoles que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se pronunció a favor de esta iniciativa en la Comisión de Justicia y es en ese sentido que en esta ocasión refrendamos nuestro voto.

De lo que estamos hablando es de una iniciativa de avanzada, progresista; hablamos de un reconocimiento a nuevas formas o a distintas formas de familia. El Código Civil Federal establecía la unión entre el varón y la mujer. Con lo que estamos avanzando ahora es una nueva forma para que diga: los cónyuges o incluso los concubinos. Por una parte.

Por la otra, se refiere a la eliminación de la adopción simple para que prevalezca únicamente la figura de adopción plena.

Es importante destacar —como ya comentaba alguna de mis compañeras diputadas— que esta materia, en materia de familia, les corresponde a las Legislaturas estatales; sin embargo, el Código Civil Federal se aplica de manera supletoria y es por eso que nosotros estamos legislando en este momento sobre ese tema.

Quiero comentarles que muchos estados ya han avanzado en la derogación de la adopción simple. Con esta reforma contribuimos al fortalecimiento de los lazos familiares para garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes puedan tener un desarrollo pleno, como lo dispone el artículo 4o. constitucional, donde se establece el interés superior de la niñez y que puedan vivir y desplegar sus potencialidades.

Si bien es una iniciativa donde se establecen obligaciones y derechos plenos para todos los integrantes de la familia, una vez que se reconozca o se permita la adopción, promoveremos, les solicitamos y los invitamos para que sigamos promoviendo acciones que nos permitan tener una sociedad cada vez más igualitaria y con menos diferencias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya: Con su venia, diputado presidente; diputadas y diputados, la adopción tiene por objeto velar por el interés superior del adoptado y proteger su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le procure afecto y los cuidados esenciales para satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, cuando ello no le pueda ser proporcionado por su familia de origen o no tenga una.

Nuestro país ratificó la Convención de los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, de la cual deriva el deber del gobierno de brindar la protección necesaria de manera pronta y eficaz a los menores que el Estado tiene bajo su cuidado.

Debe además adecuar su legislación a los principios contenidos en dicha convención, colocando a la infancia en el centro de las agendas, impulsando políticas públicas y destinando el presupuesto necesario para que las niñas, niños y adolescentes, puedan tener un desarrollo digno, tal como se enfatiza de manera predominante dicha obligación del Estado.

Se hace imperioso plantear la misma necesidad de llevar a cabo aquellas reformas que nos permitan alcanzar tal objetivo de establecer lineamientos generales en torno al tema de la adopción y de contemplar cuestiones de carácter humano y social, a fin de promover mejoras en las cuestiones administrativas y de proceso.

Si bien en nuestro marco jurídico el procedimiento de adopción se lleva a cabo ante las instancias civiles de cada entidad federativa, la reforma que hoy estamos por aprobar tendrá como principal objetivo servir de modelo a las entidades federativas que aún permiten la realización de adopciones simples para que ya no permitan la realización de este tipo de adopción, en la cual se integra al menor de edad a la familia con efectos y derechos limitados. En este modelo el adoptado no deja de formar parte de su familia de origen, en la cual conserva todos sus derechos. La única vinculación jurídica es entre quien adopta y el adoptado y además la adopción puede ser revocada.

Compañeros legisladores, como lo han expuesto representantes de la Unicef, existen evidencias que indican que invertir en los derechos de la niñez es una responsabilidad y una oportunidad, ya que por medio de su protección se obtienen avances significativos más que en cualquier otra esfera del desarrollo.

Como legisladores tenemos la obligación de promover la actualización del marco jurídico que les permita a los menores de edad contar con una familia, con un hogar que les garantice su debido desarrollo físico y emocional y que el procedimiento de integrar a un menor a su nueva familia se lleve a cabo garantizando la estabilidad emocional del menor, la cual puede darse a través de la figura de la adopción plena.

Comprometidos con garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Acción Nacional votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Finalmente tiene el uso de la voz el diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Luis Armando Córdova Díaz: Con el permiso de la Presidencia, así como de todos los aquí presentes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento nacional, es clara al respecto: el Estado está obligado a que en todas sus actuaciones y decisiones se vele y se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, garantizando la plenitud del goce de los derechos a todas las niñas y niños del interior del país, derechos como lo son la alimentación, la salud, el sano esparcimiento y el desarrollo integral.

Estos derechos no pueden alcanzar su plenitud si no se desarrollan en el seno familiar, en condiciones óptimas de cariño, responsabilidad y cuidados, siendo en este mismo sentido que el artículo 4o. de la Carta Magna consagra también el deber del Estado para otorgar particularidades y facilidades para que los privados y particulares puedan coadyuvar en el cumplimiento de estos derechos de los menores.

Desafortunadamente en nuestro país y en el mundo existen niñas y niños que por diversas situaciones imputables a accidentes, enfermedades o inclusive la irresponsabilidad de sus progenitores son menoscabados en su esfera personal más íntima, básica y necesaria: el derecho a una familia. Es así que el Estado crea una figura jurídica con miras a no dejar en el desamparo a criaturas indefensas y acogerlas dentro de un núcleo familiar: la adopción.

Sin embargo, la adopción ha tenido un tratamiento mal encauzado en nuestra legislación, así como en varios países de tradición romano-germánica, la diferencia entre la adopción plena y la adopción simple o semiplena, siendo la plena aquella que emula la perfección a la naturaleza, el fin último y principal de la figura de la adopción. Incorporando totalmente al menor a una familia de la misma forma que un hijo consanguíneo, perfeccionándose la paternidad que otorga certeza, sosiego, paz y esperanza a los niños y niñas de nuestro país.

La segunda figura, la adopción simple o semiplena, es una figura que no encuentra sustento axiológico ni racional, pues la finalidad de la adopción es restituir al menor al núcleo familiar que perdió o más bien que nunca tuvo.

Limitar estas relaciones entre adoptante y adoptado no solo es un sin sentido, sino un acto discriminatorio y a todas luces vulnera los derechos más básicos de la niñez.

Celebramos el dictamen que hoy se presenta a discusión, celebramos su orientación, celebramos el cumplimiento del mandato constitucional y el de los compromisos internacionales contraídos por México en esta materia: la derogación de la adopción simple y la consolidación de la adopción plena como única figura jurídica para la incorporación del menor a una nueva familia.

Esto no debe constituir solo un acto simbólico, sino que debe ser el origen de una oleada de reformas en materia familiar en las entidades federativas que no lo han hecho en ese mismo sentido; debe ser un aliciente a los legisladores locales para no rezagarse ni dejar atrás en esta materia a los niños y a las niñas.

Compañeros y compañeras diputadas, el dictamen que hoy se presenta no es una nimia del derecho civil, se trata de derechos fundamentales del grupo que más requiere de apoyo y consideración, la niñez.

Es por eso que los invito a ejercer un voto de manera razonada y responsable, reiterando su compromiso con el cuidado de los menores, garantizando en todo momento el acceso y goce pleno de sus derechos, ciertos de que como legisladores no hay responsabilidad más noble que la tutela de los derechos humanos de nuestros menores, de los niños y las niñas mexicanas.

Recordemos que más allá de la concepción biológica, la adopción plena es un acto de corazón. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Ha concluido la lista de oradores y esta Presidencia no tiene conocimiento de que se vaya a reservar algún artículo. En consecuencia, voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 422 votos en pro, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 391 y deroga los artículos 402 al 410 del Código Civil Federal. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Honorable Asamblea

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por la diputada de la Legislatura LXI, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, fracción II, 81, numeral 2, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente:

I. Metodología

La Comisión de Justicia realizó el análisis y valoración de la iniciativa en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, así como otros documentos sobre Derechos Humanos de las mujeres tales como: normativas, interpretaciones y jurisprudencias internacionales, el pronunciamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de fecha 1 de agosto de 2012, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por la diputada de la Legislatura LXI, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia para efecto de estudio y dictaminación correspondiente.

3. La iniciativa de referencia, materia del presente dictamen, plantea lo siguiente:

Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 81. ...

I. a XLIII. ...

El Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género en el desempeño de sus atribuciones y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa en estudio señala que la teoría de género es una aportación filosófica y política del movimiento feminista que muestra cómo el género moldea y desarrolla la percepción de la vida en lo general y en lo particular, poniendo en evidencia la valoración, el uso y las atribuciones diferenciadas que se da a las mujeres y a los hombres.

La perspectiva de género es un enfoque analítico y metodológico que tiene como fundamento la teoría de género y responde a la necesidad de abordar de manera integral, histórica y dialéctica, la sexualidad humana, así como sus implicaciones económicas, políticas, psicológicas y culturales en la organización social. Visualiza a hombres y mujeres en tanto sujetos históricos, construidos socialmente, producto de una organización social determinada; ofrece una explicación integral de cómo se desarrollan las relaciones de producción y reproducción, al igual que sus implicaciones en las personas de uno y otro sexo.

La aplicación de la perspectiva de género para el análisis de la sociedad y la promoción y respecto de los principios de equidad e igualdad, están estrechamente vinculados con la idea de construir una demanda más integral y progresista.

En este contexto, en el ámbito internacional las Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México 1975; Copenhague 1980; Nairobi 1985 y Pekín 1995), y sus respectivos planes de acción, han marcado objetivos y estándares para la igualdad, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pasando de una concepción relacionada con la igualdad de oportunidades a la transversalización de la perspectiva de género.

Otro instrumento internacional que dispone la transversalización de la perspectiva de género en todos los planes, acciones y programas de los Estados, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la cual enuncia, en una forma jurídicamente vinculante, los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer, bajo una premisa básica “la prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer”, entendida ésta como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

En mérito de ello, señala que los compromisos adquiridos internacionalmente, no sólo vinculan al gobierno federal, obligan también a los Poderes Legislativo y Judicial en el ámbito de la Federación, Estados y Municipios, los cuales deben observar estas disposiciones. Sin embargo, aún cuando el país forma parte de la CEDAW y ha participado y sido sede de las conferencias en la materia, aún enfrenta limitaciones para la aplicación de la legislación internacional y los planes de acción derivados de las conferencias, que permitan el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

Señala también, que con la iniciativa objeto de estudio, se busca una mayor participación de las mujeres en los puestos de decisión del Poder Judicial, toda vez, que la actualización y especialización que actualmente son dictados mayoritariamente por las tardes o noches, se harían en horarios más cómodos para las funcionarias que son madres, además de incorporar la perspectiva de género en todos los programas, los cambios de adscripción dejarían de constituir un limitante para las mujeres al adquirir una nueva responsabilidad como juez o magistrada, entre muchos otros beneficios tanto para las mujeres que forman parte del Poder Judicial de la federación como para aquellas a las que se les imparte justicia.

Por último se concluye que dicha iniciativa, pretende que a través de la incorporación de la perspectiva de género en los programas y acciones del Poder Judicial se contribuya a alcanzar el objetivo supremo de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, conforme a los principios de no discriminación y de igualdad, así como de aquellos que garanticen la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Consideraciones

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o. señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Además el artículo 2o., Apartado A, fracción III, establece que la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

2. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la igualdad entre los géneros es un pre requisito del desarrollo y un asunto fundamental de derechos humanos y de justicia social. El PNUD considera que la inversión en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son vitales no sólo para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto, sino para lograr una ciudadanía integral y una democracia más sólida.

De igual forma, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo (Egipto) en 1994, en el programa de acción, estipula que el fomento de la equidad y la igualdad de los sexos y la habilitación de la mujer, la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y asegurarle el control de su propia fecundidad son la piedra angular de los programas de población y desarrollo.

3. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer establece que los Estados parte en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

Dicha convención en su artículo 2o. establece que los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

En ese sentido, el artículo 3o. también establece que los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

4. La habilitación de la mujer y el mejoramiento de su condición constituyen en sí un fin de la mayor importancia y son indispensables para lograr el desarrollo sostenible. Los objetivos son: lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer, y permitir que la mujer realice plenamente sus posibilidades; incorporar plenamente a la mujer en el proceso de formulación de políticas y adopción de decisiones y en todos los aspectos de la vida económica, política y cultural, como formuladoras activas de las decisiones y como participantes y beneficiarias activas, y asegurar que todas las mujeres, al igual que los hombres, reciban la educación necesaria para satisfacer sus necesidades humanas básicas y ejercer sus derechos humanos. Entre las medidas recomendadas figuran la creación de mecanismos que garanticen la participación de la mujer en pie de igualdad y su representación equitativa en todos los niveles del proceso político y de la vida pública; promover la educación, el desarrollo de aptitudes y el empleo de la mujer, y eliminar todas las prácticas discriminatorias contra la mujer, incluso en el lugar de trabajo y las que afectan su acceso al crédito, a la propiedad y a los sistemas de seguridad social. Los países deberían adoptar medidas exhaustivas para eliminar todas las formas de explotación, abuso, acoso y violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Además, cuando se adopten medidas relacionadas con el desarrollo, se debería prestar más atención a las múltiples exigencias que consumen el tiempo de la mujer, poniendo mayor hincapié en las medidas encaminadas a reducir la carga de las responsabilidades domésticas, y en la promulgación de leyes y la aplicación de programas y políticas que permitan a los empleados de ambos sexos armonizar sus responsabilidades familiares y laborales.

5. En mérito de lo expresado en el cuerpo del presente documento, la comisión dictaminadora, una vez que se abocó al estudio de la iniciativa que propone la adición de un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, respecto de que se establezca la incorporación de la perspectiva de género en el Consejo de la Judicatura Federal para el desempeño de sus atribuciones, considera procedente la adición de referencia, ya que la misma tanto a nivel constitucional como a nivel internacional busca la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, entre otros, con el objeto de que exista una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, garantizando con ello el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Justicia somete a la consideración del pleno el siguiente:

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Primero. Se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 81. ...

I. a XLIII. ...

El Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género, de forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Derechos Humanos de las Mujeres: Normativa, Interpretaciones y Jurisprudencia Internacional: Secretaría de Relaciones Exteriores, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Unifem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de enero del año 2013.

La Comisión de Justicia, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Armando Cordova Díaz, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Cristina González Cruz, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Julio César Lorenzini Rangel, José Alberto Rodríguez Calderón, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba, María Fernanda Romero Lozano, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales.»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por parte de la Comisión se concede el uso de la tribuna a la diputada María del Rocío Corona Nakamura.

La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, a nombre de la Comisión de Justicia someto a consideración de los integrantes de esta asamblea el dictamen, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La Comisión de Justicia realizó el análisis y valoración de la iniciativa en comento, mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como otros documentos sobre derechos humanos de las mujeres, tales como normativas, interpretaciones y jurisprudencias internacionales; el pronunciamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Fondo del Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

En el presente dictamen reconocemos que la teoría de género es una aportación filosófica y política que muestra cómo el género moldea y desarrolla la apreciación de la vida en lo general y en lo particular, poniendo en evidencia la valoración, el uso y las atribuciones diferenciadas que se da a las mujeres y a los hombres. Tanto mujeres como hombres tenemos las mismas capacidades y sentido de responsabilidad. Reafirmamos que la perspectiva de género es un enfoque analítico y metodológico que tiene como fundamento la teoría de género y responde a la necesidad de abordar de manera integral, histórica, dialéctica la sexualidad humana, así como sus implicaciones económicas, políticas, sicológicas y culturales en la organización social, y visualiza a hombres y mujeres, en tanto sujetos históricos, construidos socialmente, producto de una organización social determinada.

La aplicación de esta perspectiva para el análisis de la sociedad y la promoción y respeto de los principios de equidad e igualdad están estrechamente vinculados con la idea de construir una demanda más integral y progresista.

En mérito de ello, señalamos que los compromisos adquiridos internacionalmente, no solo vinculan al gobierno federal, obligan también a los Poderes Legislativo y Judicial, en el ámbito de la federación, estados y municipios, los cuales deben observar estas disposiciones, y reconocemos que aún cuando el país forma parte de la CEDAW, enfrenta limitaciones para la aplicación de la legislación internacional y los planes de acción derivados de las conferencias, que permitan el pleno reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

Con esta reforma referida en el dictamen que sometemos a su consideración se busca una mayor participación de las mujeres en los puestos de decisión del Poder Judicial, su incorporación en todos los programas; los cambios de adscripción dejarían de constituir una limitante al adquirir una nueva responsabilidad, como juez o magistrada, entre muchos otros beneficios, tanto para las mujeres que forman parte del Poder Judicial de la Federación, como para aquellas a quienes se les imparte justicia.

Pugnemos por un Poder Judicial que contribuya a alcanzar la igualdad plena de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres conforme a los principios de no discriminación y de igualdad y de aquellos que garanticen la democracia, el desarrollo integral y sustentable, fortaleciendo al régimen democrático.

En mérito de lo expresado y una vez que la Comisión de Justicia se abocó al estudio de la iniciativa que propone la adición de un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consideramos oportuno y procedente la adición de referencia que a la letra dice: El Consejo de Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género de forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres el ejercicio y goce de sus derechos humanos en igualdad de condiciones y velará porque los órganos a su cargo así lo hagan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a todos ustedes de manera respetuosa su voto a favor de este dictamen que está a su consideración. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen. Para fijar la postura de su grupo parlamentario se concede el uso de la tribuna a la diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy tenemos la oportunidad de dar un paso más hacia la construcción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en nuestro país.

Desde el Poder Legislativo se han realizado esfuerzos importantes a favor de la equidad de género. Dichos esfuerzos se han materializado en modificaciones constitucionales, como el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, o bien, a la aprobación en 2006 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

El propósito ha sido claro: lograr una igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales, así como establecer la obligación del Estado para fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres. Sin embargo, debemos reconocer que siguen existiendo brechas que impiden la igualdad y lo más grave aún, prevalece la cultura de discriminación hacia las mujeres.

Para Nueva Alianza el respeto a los derechos humanos es un aspecto central en toda decisión y acción del Estado. Difícilmente podemos aspirar a construir una democracia plena sin antes eliminar todas las formas de discriminación y de desigualdad.

Por ello, consideramos importante el dictamen que se presenta el día de hoy ante esta soberanía, el cual tiene el objeto de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que en el Consejo de la Judicatura Federal incorpore la perspectiva de género en el desempeño de sus atribuciones y vigile que los órganos a su cargo así lo hagan.

La modificación resulta trascendental si nos atenemos a la composición actual de la estructura del Poder Judicial de la Federación; en la Suprema Corte de Justicia de los 11 miembros solo 2 son mujeres; en el Consejo de la Judicatura Federal todos pertenecen al sexo masculino. De los 573 magistrados que se componen los Tribunales Colegiados del país, solo 106 son mujeres, lo que representa un 18.4 por ciento. Asimismo de los 76 componentes de los Tribunales Unitarios solo 14 son mujeres, y en el Tribunal Electoral de los 7 magistrados de la Sala Superior solo hay una mujer.

Nuestro voto a favor del dictamen es para elevar la participación de las mujeres en los puestos de decisión del Poder Judicial, no como una graciosa concesión, sino como un acto de justicia hacia las mujeres, quienes hemos asumido la responsabilidad y compromiso de contribuir a una  nación próspera e igualitaria.

Con esta decisión atendemos las recomendaciones internacionales en la materia, pero sobre todo, cumplimos con las mexicanas, que esperan de nosotros una verdadera representatividad y del Estado mexicano un compromiso en la igualdad sustantiva.

En Nueva Alianza estamos convencidos que la promoción de la participación equilibrada de hombres y mujeres, de los distintos ámbitos, mejora la calidad de nuestra democracia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas federales y compañeros diputados federales, sin lugar a dudas pese a los trabajos realizados nuestro país no ha podido ser capaz de erradicar los casos de cualquier sometimiento o desigualdad en contra de las mujeres de los ámbitos social y laboral.

Parte de la segregación que sufren las mujeres en nuestro país se debe en gran medida a la nula aplicación de las leyes en materia, lo cual se ve reflejado en el incremento de sus participaciones dentro del mercado informal.

Cifras presentadas en el foro Brechas y desigualdades en el empleo —apoyado por ONU-Mujeres en México— revelan que un tercio de las mujeres, el 33.5 por ciento no cuentan con ingresos propios, el 40 por ciento de las mujeres que trabajan tienen que subsistir con 64.76 pesos diarios, y en el mejor de los casos con 129.52 pesos.

Si abordamos el tema de seguridad social podemos observar que el 50 por ciento de las mujeres trabajan sin contratos, 49 por ciento sin prestaciones y 50 por ciento no tienen acceso a la salud, y el 80 por ciento no cuenta con servicios de guarderías.

En el Reporte sobre la Discriminación en México 2012, elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE) destacan que seis de cada 10 mexicanos tienen un empleo informal mal pagado, sin derechos ni garantías y donde las mujeres lideran este grupo.

La preocupación de Movimiento Ciudadano radica en que este fenómeno se extiende de manera acelerada, incluso podemos hacerlo notar dentro de esta honorable Cámara de Diputados en los trabajos del primer periodo ordinario de la LXII Legislatura, presenciando la distribución inequitativa de comisiones que supuestamente se otorgarían a las legisladoras.

Por esta razón, las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano coincidimos con el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que las mujeres tengan una mayor participación no solo en los puestos de decisión del Poder Judicial, sino también en los lugares de la administración pública federal y la propia incorporación de la perspectiva de género en todos los niveles y programas del Poder Judicial.

Y sobre todo hacemos una afirmación: el respeto al territorio donde viven esas mujeres para que puedan seguir de- sarrollando su carrera al interior de la Judicatura. Lo que no queremos es que esta reforma tenga una dedicatoria especial.

¿Por qué vamos a apoyar la propuesta? Porque se sustenta en los estándares internacionales para la igualdad, la equidad de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pasando de una concepción relacionada con la igualdad de oportunidades a la transversalización de la perspectiva de género.

Los diputados de la fracción de Movimiento Ciudadano seguiremos trabajando para que tanto a nivel local como federal esté presente la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, con el propósito de que exista una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y con ello poder garantizar el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecido en la Constitución. Cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Ruth Zavaleta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Honorable asamblea; estimados diputados y diputadas, no voy a abundar en los datos que las compañeras que han expresado en esta tribuna de una manera muy puntual, ilustrando a este pleno respecto a la justificación del porqué este dictamen. Lo que quiero hacer es un recordatorio del porqué es posible que hoy lleguemos a esta reforma; es posible por la cantidad de mujeres que han estado presentes no a partir de esta Legislatura, sino de las legislaturas pasadas, poniendo en la mesa de discusión los temas de género.

El tema de género no es un tema para defender exclusivamente a las mujeres; el tema de género es un tema que tiene que ver contra la discriminación y a veces parece que se nos olvida los avances que este honorable Congreso de la Unión hace respecto a estos temas.

Cabe mencionar que los antecedentes para que estemos discutiendo y estemos votando a favor esta reforma —y voy a decir por qué es importante, aunque pareciera que no tiene sentido profundo lo que estamos haciendo hoy— es la reforma que hicimos de derechos humanos apenas en el 2011. Pero antes de esa reforma sobre derechos humanos tuvimos otras reformas que tenían que ver con el ámbito internacional.

En este caso quiero hacer énfasis en esta reforma que se hace, porque en la LX Legislatura se dio un presupuesto puntual de 7 mil millones de pesos, que hoy ha pasado a ser de cerca de 20 mil millones de pesos para hacer un trabajo de transversalización de perspectiva de género.

Cabe mencionar que el Poder Judicial precisamente en el caso de la Judicatura regresa cada año más del 80 por ciento del presupuesto que se le da para que pueda impulsar el trabajo de género al interior de sus órganos.

Por eso es fundamental que nosotros, además de estar aprobando presupuestos, además de estar cambiando la norma estemos atentos vigilando que los órganos del Poder Judicial de la administración pública y el propio Legislativo verdaderamente estén impulsando los cambios que aquí se discuten, que aquí se debaten y que me parece que son de avanzada para que tengamos una sociedad más democrática, como hemos aspirado durante mucho tiempo.

Es por eso que el día de hoy me permito, en base a leer un extracto de esta importante reforma, que dice que la comisión dictaminadora se abocó, después de dar una serie de antecedentes, una vez que se abocó al estudio de la iniciativa que propone la adición de un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación respecto de que se establezca la incorporación de la perspectiva de género en el Consejo de la Judicatura Federal para el desempeño de sus atribuciones, considera procedente la adición de referencia, ya que la misma tanto a nivel constitucional como a nivel internacional busca la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, entre otros, con el objeto de que exista una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, garantizando con ello el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por supuesto que esto no es suficiente; sin embargo, obligar a que un órgano tan importante ponga atención en la perspectiva de género y utilice los recursos fehacientemente que le estamos entregando es importantísimo para nosotras las mujeres.

Tengo un sueño y el sueño es que no nos quedemos en el ámbito nada más de los tres poderes, sino en el ámbito incluso de las empresas privadas.

Tenemos que seguir impulsando que las mujeres se hagan presentes en los principales cargos de dirección de este país para cambiar la cultura que durante mucho tiempo hemos estado enfrentando. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Margarita Tapia Fonllem: Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen.

Mediante este dictamen la Comisión de Justicia comienza a resarcir el grave saldo hacia las mujeres trabajadoras que hay en las estructuras y las prácticas de toda la administración pública, en todos los poderes y en todos los niveles de gobierno, pero de manera especial en el Poder Judicial de la Federación.

Varias de las diputadas han ilustrado aquí con números cuál es la situación de una escasa presencia de mujeres en este ámbito.

Este dictamen efectivamente es producto del trabajo de muchísimas mujeres y legisladoras y también de numerosos acuerdos internacionales logrados en conferencias mundiales que los movimientos sociales de mujeres hemos empujado durante años. Esas conferencias mundiales sobre la mujer y sus planes de acción han promovido la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pasando de una concepción de igualdad de oportunidades a la de transversalización de la perspectiva de género.

Este dictamen es muy importante, pues propone añadir el deber de que el Consejo de la Judicatura Federal incorpore la perspectiva de género en el desempeño de sus atribuciones. Asimismo que tenga en sus atribuciones velar porque los órganos bajo su cargo actúen en consecuencia.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece la prohibición de toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el goce o el ejercicio de las mujeres de sus derechos económicos y sociales. Por ello deben atenderse las necesidades y los obstáculos que en específico afectan las posibilidades de desarrollo de las mujeres.

Por ejemplo, los horarios de trabajo, las extensas jornadas que a menudo las alejan de la posibilidad de cumplir con sus responsabilidades familiares y sus elecciones personales.

Éste es un punto de partida para un esquema de corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el hogar y para compatibilizar la esfera laboral y familiar, sin menoscabo de la libertad, los derechos y las aspiraciones de cada persona.

De aprobarse estas modificaciones podrán establecerse mecanismos más estrictos para eliminar las prácticas de explotación, abuso de autoridad, acoso sexual y laboral, violencia física y sicológica que desgraciadamente enfrentan las mujeres en su esfera laboral.

Después de un debate en la Comisión de Justicia, en donde por cierto hubo argumentos para decir que las mujeres tal vez no eran tan capaces de examinar expedientes y dictar sentencia, pudimos llegar a la aprobación del dictamen y por eso celebramos que con esta reforma las mujeres podrán tener más oportunidades para ocupar cargos en juzgados o magistraturas para los que hasta ahora existen los llamados techos de cristal que les impiden llegar a ocupar estos cargos. Este adelanto cumple también con la obligación de adoptar medidas legislativas para erradicar y prevenir la discriminación contra la mujer, que no guarda ninguna relación con sus aptitudes, su educación, su capacidad ni mucho menos con su derecho.

La integración del principio de equidad de género como política transversal tendrá por efecto incidir en la configuración orgánica y administrativa de los tribunales que lo integran, así como en el contenido de las decisiones administrativas, laborales y sentencias judiciales que resuelven los casos. Por ello votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Marcelo Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Con su venia, señor presidente. Me llama la atención, compañeras y compañeros diputados, que hayan sido solo mujeres quienes me antecedieran en el uso de la voz en esta la más alta tribuna del país a defender este dictamen relacionado con la equidad de género. En fin, honor a quien honor merece; me refiero exclusivamente a las mujeres, para que nos quede muy claro.

La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental por el que se deben ejercer en las mismas condiciones sus derechos, como por ejemplo la educación, el trabajo, el acceso a cargos públicos, etcétera.

En la consecución de este derecho humano la perspectiva de género adquiere un papel relevante, ya que permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo.

En el mismo sentido, la equidad de género se ha vuelto un concepto que contribuye a forjar una correcta conceptualización de la perspectiva de género, conceptos que tienen el común denominador de ser medidas que buscan cubrir los déficit históricos y sociales de las desigualdades por razón de género. Por ello, resulta de especial importancia que desde esta Cámara de Diputados propiciemos acciones encaminadas a permitir que en este caso las mujeres puedan ejercer en las mismas condiciones sus derechos respecto de los hombres o viceversa.

Debemos recordar que actualmente existen diversas disposiciones jurídicas tendientes a garantizar la participación de la mujer en los diversos ámbitos de la sociedad, como lo es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la realización de acciones positivas a favor de las mujeres dentro de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como disposiciones normativas específicas en materia de protección a la mujer, como son la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Es decir, para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres se han creado instrumentos legales que legitiman la lucha contra la discriminación, el combate a la violencia de género y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, garantizando una vida libre de violencia y contribuyendo a la consolidación de la democracia y la justicia.

Ante ello celebramos la aprobación del presente dictamen, pues la reforma en comento tiene por objeto que el órgano de vigilancia del Poder Judicial federal incorpore la perspectiva de género en la realización de sus atribuciones legales, así como la elaboración de sus programas internos, debiendo velar por su correcta implementación.

Debemos señalar que el fondo de este dictamen es hablar sobre la capacidad de las mujeres, como mi compañera la diputada Miriam Cárdenas Cantú, quien fungió como magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Coahuila, o así como la diputada Arely Madrid Tovilla, quien fue magistrada superior, co-fundadora de los tribunales agrarios en México, y muchas otras mujeres más, ministerios públicos, magistradas y jueces que han ocupado distintos cargos, como menciono, en órganos jurisdiccionales, sin necesidad de que hayan existido disposiciones adicionales exigiendo cuotas de género.

Así pues, compañeras y compañeros diputados, con la aprobación de este dictamen avanzamos en nuestro mandato de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos.

Para Acción Nacional el ejercicio responsable de la libertad de la democracia debe conducir a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común, finalidad a la cual nos acercamos con la aprobación del presente dictamen.

Por todo lo anterior, compañeros y compañeras diputadas, Acción Nacional votará a favor del mismo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Finalmente, tiene el uso de la tribuna la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, incorporar la perspectiva de género en todas y cada una de las esferas de la vida pública resulta fundamental para el avance democrático, no nada más de las mujeres sino de toda una nación, para construir una auténtica democracia.

Como lo señala atinadamente la diputada proponente, la aplicación de la perspectiva de género para el análisis de la sociedad y la promoción y respeto de los principios de equidad e igualdad están estrechamente vinculados con la idea de construir una demanda más integral y progresista.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que las reformas planteadas significan un paso adelante en la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres y la equidad entre los sexos, lo cual nos lleva a la cabal cumplimentación de los compromisos internacionales suscritos por México en la materia, pero sobre todo a saldar con acciones concretas la deuda histórica que tiene con las mujeres.

Si algún área está ávida de perspectiva de género y acciones afirmativas es precisamente la de la procuración e impartición de justicia. El Poder Judicial debe necesariamente adoptar prácticas justas, equitativas, incluyentes, tolerantes e igualitarias en su interior, para que con congruencia y suficiencia pueda adoptar resoluciones hacia el exterior. Resultaría una paradoja actuar de otra manera.

La democracia constituye un régimen que implica, no solo una forma de gobierno y una estructura económica social, sino también valores, actitudes y conductas democráticas; el fundamento de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona con todas sus libertades y derechos.

La igualdad de género va mucho más allá de la igualdad de oportunidades, exige la participación de las mujeres en los procesos de transformación de las reglas básicas, jerarquías y prácticas de las instituciones públicas.

Si las mujeres no están en los espacios donde se debate, se toman decisiones y se construyen las bases de una nueva gobernabilidad es prácticamente imposible que las instituciones den cabida a las diferentes necesidades y demandas que como género plantean.

Solo es posible articular la gobernabilidad democrática y la equidad de género siempre y cuando las mujeres se fortalezcan y legitimen en los espacios públicos y participen en la toma de decisiones, articulando sus intereses de género con los intereses más generales de la democracia, la gobernabilidad y la justicia.

El Grupo Parlamentario del PRI —del que me honro formar parte— de esta Legislatura refrenda su compromiso a favor de las mujeres. Ni un paso más atrás en materia de género, vamos por acciones y por supuesto de tomas de posiciones. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Habiendo concluido la lista de oradores y en virtud de que el dictamen consta de un solo artículo, voy a pedir a la Secretaría que abra el sistema electrónico para recibir la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto, por cinco minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

De viva voz.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Salgado Delgado (desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Augusto Morales López(desde la curul): A favor.

La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul): A favor.

El diputado Israel Moreno Rivera(desde la curul): A favor.

La diputada Mónica García de la Fuente (desde la curul): A favor.

La diputada Lorena Méndez Denis(desde la curul): A favor.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): A favor.

El diputado Marcos Aguilar Vega(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez(desde la curul): A favor.

La diputada María Fernanda Romero Lozano(desde la curul): A favor.

El diputado Julio César Moreno Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Alfredo Murguía Lardizabal(desde la curul): A favor.

El diputado Salvador Barajas del Toro(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Cruz Flores Gómez(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (desde la curul): A favor.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Señor presidente, en este momento cierro el sistema de votación. Se emitieron 421 en pro, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Competitividad, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Honorable Asamblea:

La Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. El 1 de agosto de 2012, el entonces diputado Miguel Ángel García Granados presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

2. Por el oficio número DGPL 62-II-8-0220, del 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó para dictamen a la Comisión de Competitividad la iniciativa del diputado Miguel Ángel García Granados.

3. Mediante el oficio número CC/ CDHCU/ 204/ 2012, de fecha 20 de diciembre de 2012, la junta directiva de la Comisión de Competitividad solicitó al presidente de la Mesa Directiva del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, la ampliación del plazo para dictaminar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa .

4. Por el oficio número DGPL 62-II-8-0731, del 20 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión concedió a la Comisión de Competitividad la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa del diputado Miguel Ángel García Granados.

5. En sesión del 20 de diciembre de 2012 del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la diputada Esther Quintana Salinas presentó la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

6. Por el oficio número DGPL 62-II-4-244, del 20 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó para dictamen a la Comisión de Competitividad la iniciativa de la diputada Esther Quintana Salinas.

7. La Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue convocada en términos de ley para el análisis de las iniciativas referidas, emitiendo el presente dictamen, conforme a lo siguiente:

II. Contenido y objeto de las iniciativas de ley

En la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se señala que su objetivo es atajar

La falta de un sistema efectivo de incentivos, sobre todo de carácter fiscal, para fortalecer las capacidades de desarrollo de las Mipyme, a través de planes, programas y proyectos que coadyuven a la creación, permanencia y consolidación de estos agentes de la economía.

Por ello se plantea modificar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, conforme a lo siguiente:

1. Se adiciona la fracción XI al artículo 12, para establecer que la Secretaría de Economía acordará con los estados y los municipios convenios para incentivar a las empresas que utilicen como proveedores a las Mipyme.

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Ley vigente

Artículo 12. La secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de la Mipyme las siguientes responsabilidades:

...

Para tal efecto, las dependencias y entidades de la administración pública federal proporcionarán la información que corresponda en términos de la normativa aplicable.

Propuestas de modificación

Artículo 12. La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de la Mipyme las siguientes responsabilidades:

...

XI. Acordar con la entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios la celebración de convenios para incentivar fiscalmente a las empresas que utilicen como proveedores a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Para tal efecto, las dependencias y entidades de la administración pública federal proporcionarán la información que corresponda en términos de la normativa aplicable.

Mientras, en el apartado de exposición de motivos de la iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se señala que la finalidad de ésta es

Dar un impulso a la participación económica de las mujeres, a través de promover su acceso al financiamiento, con el propósito de contribuir a su inclusión en el mercado laboral y ampliar sus posibilidades y potencial de participación en el sector formal de la economía, así como promover la vinculación de las mujeres empresariales con el sector comercial.

Por ello se propone modificar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, conforme a lo siguiente:

1. Se adicionan los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 4, para establecer que son objetivos de la ley de competitividad el acceso al financiamiento de las Mipyme formadas por mujeres, así como su vinculación con los centros de comercialización.

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Ley vigente

Artículo 4.Son objetivos de esta ley

...

II.Promover

...

Propuestas de modificación

Artículo 4.Son objetivos de esta ley

...

II.Promover

...

J) El acceso al financiamiento para las Mipyme conformadas por mujeres con el propósito de contribuir a su inclusión en el mercado laboral y ampliar sus posibilidades y potencial de participación en el sector formal de la economía.

k) La vinculación de las microempresarias con los centros de comercialización de productos, para facilitar el acceso de sus productos al mercado.

III. Consideraciones

Primero. Que la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es competente para dictaminar tanto la iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa como la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Segundo.Que la iniciativa que adiciona los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene como objetivo establecer como principios de la ley de competitividad el acceso al financiamiento de las Mipyme formadas por mujeres, así como su vinculación con los centros de comercialización.

El acceso al crédito en México es una problemática que abarca toda la economía. Así, el financiamiento del sector privado se sitúa en 26.1 por ciento del producto interno bruto, mientras que en países como Brasil y Chile alcanza 61.4 y 71.2, respectivamente. Esto, como es de esperarse, afecta negativamente en el acceso de las Mipyme al financiamiento, pese a los esfuerzos emprendidos a través de programas como el de promoción y acceso al financiamiento de las Pyme, que no obstante el incremento de recursos presupuestales tiene un alcance limitado ya que, por ejemplo, en 2011 cubrió un poco más de 77 mil empresas de un universo de 4.9 millones de éstas en el país.

Así, en el caso de los programas de acceso al crédito y al financiamiento dirigidos a las Mipyme encabezadas por mujeres empresarias, destaca el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, que tiene como objetivo la atención crediticia y no crediticia de instituciones de microfinanciamiento que se dirigen a mujeres habitantes de comunidades rurales. Ese fondo, pese a su loable fin, tiene un alcance limitado, ya que en 2011 contó con un presupuesto de 743 millones de pesos, que le permitieron otorgar 149 mil créditos.

Por ello es indudable la necesidad de incorporar como principio de la ley el acceso al crédito y al financiamiento, así como la vinculación de las microempresarias con los centros de comercialización. Ello es así toda vez que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen en muchos casos la única salida que tienen las mujeres para obtener los ingresos económicos tendentes al sostenimiento familiar.

Consecuentemente, los integrantes de la Comisión de Competitividad concuerdan con el contenido de la iniciativa en análisis, sin que pase inadvertido que la carencia de crédito es un problema estructural de la economía mexicana, que como tal requiere una reforma del sistema financiero que incentive a las instituciones bancarias a elevar el nivel de crédito hacia proyectos productivos, al tiempo que disminuya las tasas de interés e impulse el magro crecimiento económico observado en las tres últimas décadas.

Tercero.Que la iniciativa por la que se adiciona la fracción XI al artículo 12 de la Ley de Competitividad pretende establecer que la Secretaría de Economía acordará con los estados y los municipios convenios para incentivar a las empresas que utilicen como proveedores a las Mipyme. Es decir, tiene como propósito promover, mediante incentivos fiscales, los encadenamientos productivos con las Mipyme.

Al respecto conviene citar lo que afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos:

México necesita fortalecer las cadenas de suministro que puedan insertarse en los sistemas de producción y distribución mundiales.Es importante promover el desarrollo de redes de empresas flexibles, innovadoras e interconectadas que puedan suministrar una serie de bienes y servicios a las cadenas de valor globales. Las grandes multinacionales necesitan cada vez más proveedores locales competitivos que puedan cumplir las normas internacionales de calidad. Al mismo tiempo, los efectos indirectos de la tecnología y del conocimiento se pueden maximizar aumentando la capacidad de los proveedores locales para asimilar e integrar conocimientos tecnológicos y de gestión. Por consiguiente, se requieren inversiones en competencias humanas, investigación y desarrollo, así como en innovación, para aumentar la captación de valor. Esto incluye también mejorar las capacidades de las pequeñas y medianas empresas (Pyme) que estén bien posicionadas para atraer una o varias “tareas” concretas a lo largo de la cadena de valor.

Es clara entonces la necesidad de promover los encadenamientos productivos, tanto entre las empresas nacionales como de éstas con las internacionales, cobrando especial relevancia los encadenamientos con Mipyme, pues éstas representan 99.8 por ciento de las empresas del país y generan 72.3 por ciento del empleo en México.

Ello es así porque a través de dichos encadenamientos se obtendrán beneficios como crecimiento económico, incremento de la productividad, generación de empleo, transferencia tecnológica y organizativa, innovación y demás. En consecuencia, la comisión dictaminadora se pronuncia a favor de la iniciativa en análisis cuyo planteamiento consiste en promover, mediante incentivos fiscales, los encadenamientos productivos con las Mipyme.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reunida en sesión plenaria el 12 de febrero de 2013, a las 17:30 horas, en el salón E del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo Único. Se adicionan los artículos 4, fracción II, con los incisos j) y k); y 12, con una fracción XI, a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 4. Son objetivos de esta ley

I. ...

II. Promover

a) a g) ...

h) La creación y desarrollo de las Mipyme sea en el marco de la normativa ecológica y que éstas contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo;

i) La cooperación y asociación de las Mipyme, a través de sus organizaciones empresariales en el ámbito nacional, estatal, regional y municipal, así como de sectores productivos y cadenas productivas;

j) El acceso al financiamiento para las Mipyme conformadas por mujeres con el propósito de contribuir a su inclusión en el mercado laboral y ampliar sus posibilidades y potencial de participación en el sector formal de la economía; y

k) La vinculación de las microempresarias con los centros de comercialización de productos, para facilitar el acceso de sus productos al mercado.

Artículo 12. La secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las Mipyme las siguientes responsabilidades:

I. a VIII. ...

IX. Proponer a través de las instancias competentes la homologación de la normativa y trámites por lo que se refiere a la materia de la presente ley;

X. Diseñar un esquema de seguimiento e identificación de resultados de los programas de apoyo establecidos por el gobierno federal ; y

XI. Acordar con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios la celebración de convenios para incentivar fiscalmente a las empresas que utilicen como proveedores a las micro, pequeñas y medianas empresas.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Competitividad realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2013.

Notas:

1 Criterios Generales de Política Económica para 2013.

2 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (2012), Getting it right. Una agenda estratégica para las reformas en México,OECD Publishing.

3 Secretaría de Economía, Sexto informe de labores, septiembre de 2012.

4 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (2012), Getting it right. Una agenda estratégica para las reformas en México,OECD Publishing.

5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2012), Getting it right. Una agenda estratégica para las reformas en México,OECD Publishing.

La Comisión de Competitividad, diputados:Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño, Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Domitilo Posadas Hernández (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares, Juan Manuel Diez Francos (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales, José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Fernando Charleston Hernández, Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal, José Guadalupe García Ramírez, Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo, Purificación Carpinteyro Calderón, Uriel Flores Aguayo (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen tiene la palabra el presidente de la comisión, el diputado Adolfo Orive Bellinger.

El diputado Adolfo Orive Bellinger: Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, a la Comisión de Competitividad le fueron turnadas para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que presentó el diputado Miguel Ángel García Granados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, y la iniciativa que adiciona el artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que formuló la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Competitividad es competente para analizar y dictaminar las iniciativas de referencia. La iniciativa que adiciona los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene como objetivo establecer como principios de la misma el acceso al financiamiento de las Mipyme conformadas por mujeres, así como su vinculación con los centros de comercialización.

A este respecto, es preciso señalar que la ausencia de crédito en México a la planta productiva es una problemática que abarca a toda la economía. Así, el financiamiento al sector privado productivo se ubica solamente en el 26.1 por ciento del producto interno bruto, mientras que en países como Brasil y Chile, alcanza el 61.4 y el 71.2 por ciento, respectivamente; es decir, más del doble del financiamiento que la planta productiva mexicana recibe, lo que impacta negativamente en el acceso de las Mipyme al financiamiento, porque obviamente el financiamiento está dedicado fundamentalmente a las grandes empresas.

A pesar de los esfuerzos emprendidos a través de programas como el de Promoción y Acceso al Financiamiento de las Pymes que no obstante el incremento de recursos presupuestales tiene un alcance limitado, ya que por ejemplo en 2001 cubrió a un poco más de 77 mil empresas de un universo de 4.9 millones en el país.

En vista de lo anterior, la Comisión de Competitividad considera que es procedente incorporar en la ley lo planteado en la iniciativa de referencia. Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen en muchos casos la única salida que tienen las mujeres para obtener los ingresos económicos necesarios al sostenimiento familiar.

Quiero aprovechar esta oportunidad para subrayar el hecho de que la carencia de crédito es un problema estructural de la economía mexicana; se requiere una reforma al sistema financiero que incentive a las instituciones bancarias a elevar el nivel de crédito hacia la planta productiva, al tiempo que disminuya las tasas de interés y amplíe el plazo del vencimiento para transformar el magro crecimiento económico observado en las tres últimas décadas de 2.2 por ciento anual al 6 o 7 por ciento requerido para emplear a todos los mexicanos que lo solicitan.

La iniciativa por la que se adiciona una fracción XI al artículo 12 de la Ley de Competitividad pretende establecer que la Secretaría de Economía acordará con los estados y municipios convenios para incentivar a las empresas que utilicen como proveedores a las Mipyme; es decir, tiene como propósito promover mediante incentivos fiscales encadenamientos productivos con las micro, pequeñas y medianas empresas.

La necesidad de promover los encadenamientos productivos cobra especial relevancia con las micro, pequeñas y medianas empresas, pues las mismas representan el 99.8 por ciento de las empresas del país y generan el 72.3 por ciento del empleo en México.

Ello es así porque a través de dichos encadenamientos se obtendrán beneficios tales como crecimiento económico, incremento de la productividad, generación de empleo, transferencia tecnológica, organizativa e innovación.

En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera viable la iniciativa en análisis cuyo planteamiento consiste en promover mediante incentivos fiscales los encadenamientos productivos con las Mipyme.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Competitividad somete a consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, respecto del cual pedimos el voto a favor de las y los compañeros diputados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida y saludar al señor Adam C. T. Matthews, que es secretario ejecutivo de Globe Internacional, quien está aquí invitado por los legisladores integrantes del Capítulo Globe México. Bienvenido a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Saludamos con mucho gusto a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, de derecho, del municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, que están aquí invitados por la diputada Regina Vázquez Saut. Bienvenidos a esta sesión.

Así como a un grupo de presidente municipales y ciudadanos del estado de San Luis Potosí, que están aquí invitados por el diputado José Everardo Nava Gómez. Bienvenidos también a esta sesión de la Cámara de Diputados.

Está a discusión el dictamen en lo general. Se concede el uso de la tribuna al diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico del país. Este sector es fundamental para favorecer la creación de empleos y el desarrollo de las regiones.

Consideramos que el dictamen en comento es positivo para fortalecer el andamiaje jurídico que incentive la creación, pero sobre todo la permanencia de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Estamos a favor de que se establezca en la ley el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas conformadas por mujeres para ampliar su participación en el sector formal. Más aún si se estima que hay 15 millones de mujeres en el sector informal y el número de mujeres jefas de familia se incrementa año con año.

De igual forma consideramos positivo que se establezca como objeto de la ley la articulación de las microempresarias con los centros de comercialización de productos para facilitar el acceso de sus productos al mercado. Esta adición legal puede fortalecerse con una visión más integral de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Un ejemplo de ello es la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, ya que puede articular la formulación y aplicación de las estrategias nacionales en materia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que deberá propiciar también una mejora constante en políticas, programas y acciones específicas del instituto que respondan a las necesidades económicas del país.

Finalmente, estimamos que la adición de la fracción XI del artículo 12 para incentivar fiscalmente a las empresas que utilicen como proveedores a las micro, pequeñas y medianas empresas puede ser positiva, si ésta va acompañada de otras medidas de apoyo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Desde nuestra perspectiva, el incentivo fiscal propuesto debe ir dirigido de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que la medida puede beneficiar solo a los grandes compradores. Los apoyos directos —además de lo fiscal— deberán ser dirigidos a la reducción de las cargas administrativas, mejorar la regulación para disminuir el comercio informal, generar una política de competencia, establecer mayores montos de financiamiento, así como impulsar la innovación y el desarrollo de la tecnología y por supuesto, mayores apoyos para la internacionalización de las empresas.

Compañeras y compañeros legisladores, lo que no podemos seguir haciendo es que solo a través de estímulos fiscales pretendamos impulsar a las empresas del sector. En aras de lograr una política fiscal equilibrada y eficiente es necesario que los incentivos otorgados a estas empresas vayan acompañados de los recursos públicos para aplicar programas tendientes a favorecer el desarrollo de las empresas en México.

Las diputadas y diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen porque estamos comprometidos con el desarrollo económico sostenible, y las micro, pequeñas y medianas empresas son fundamentales para este propósito. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de la fracción parlamentaria Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, señora presidenta. El dictamen que nos compete el día de hoy involucra dos temas de suma importancia; el primero de ellos se refiere a la iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el propósito de establecer que son objetivos de la Ley de Competitividad el acceso al financiamiento de estas empresas conformadas por mujeres, así como su vinculación con los centros de comercialización.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, rea-lizado por el Inegi, en México hay 57.5 millones de mujeres y 54.9 millones hombres. Esto es 51.17 por ciento de la población pertenece al sector femenino.

Con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010, 42.5 por ciento de las mujeres de 14 años o más forman parte de la población económicamente activa de las cuales 64.8 por ciento son subordinadas asalariadas, 25.8 por ciento trabajadoras independientes y 9.4 empleadas sin pago. Dichas cifras nos obligan a replantearnos el papel que históricamente la mujer tuvo en la familia, ya que en muchas ocasiones son estas mujeres la cabeza del hogar.

Es nuestro deber hacer que el comercio informal —el cual genera 2 millones 8 mil empleos— deje de ser la única opción de sustento de miles de mexicanas, para lograrlo es urgente mejorar la accesibilidad financiera consiguiendo con esto un aumento en las posibilidades de constitución de micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país.

Actualmente el acceso al crédito en México presenta niveles sumamente inferiores a la tendencia mundial. El financiamiento al sector privado por proporción del PIB es de 21.6 por ciento, lo cual hace que nuestro país preste la tercera parte de lo que otorgan otras naciones latinoamericanas como Brasil y Chile.

Debido a dicha tasa tan solo el 1.6 por ciento de empresas se ha visto favorecido con un financiamiento. Es por esto que cualquier otra acción que refuerce la viabilidad de obtención de un préstamo, involucrando acciones afirmativas para incluir también a las mujeres, resulta sumamente favorable para las micro, pequeña y mediana empresas.

El segundo tema busca adicionar una fracción XI al artículo 12 de la misma ley, con el afán de establecer que la Secretaría de Economía acordará con los estados y municipios convenios para incentivar a las empresas a que utilicen como proveedores a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Una de las características más importantes de las economías exitosas en el mundo se refiere al fortalecimiento de las cadenas de producción. Así, a través de una visión integral se analiza el mercado como un conjunto, lo cual permite que diversos sectores se apoyen entre sí.

Si se desea crear un terreno equitativo de competencias en estas empresas, que representan el 99.8 por ciento de compañías del país y los grandes consorcios, es necesaria la creación de incentivos fiscales que permitan a las empresas optar por la primera opción.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la mejor manera de impulsar la economía en México es apoyando a los pequeños empresarios. La lucha contra las grandes empresas no es tarea sencilla, por lo que es nuestro deber otorgar instrumentos que faciliten la obtención de créditos y de clientes a las micro, pequeña y medianas empresas. Solo así se logrará un desarrollo económico próspero, y más importante aún, solo así se reducirá la brecha de desigualdad lacerante que permea en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En el uso de la voz el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado David Pérez Tejada Padilla: Muy buenas tardes, honorable asamblea. Con su venia, señora presidenta. Hoy la economía a nivel internacional enfrenta un momento complicado que ha hecho entrar en recesión a algunos países y ha llevado a otros a la quiebra, principalmente en el continente europeo.

Esta difícil situación se ve reflejada en nuestro país en escaso crecimiento económico, déficit en la generación de empleos, lo cual se suma a los alarmantes datos que se han registrado recientemente en cuanto al número de mexicanos que viven en situación de pobreza.

La suma de estos factores conforma un cuadro que pinta un panorama bastante complejo. En un contexto como el anterior, muchas grandes empresas en el país, dependientes en extremo de los derroteros por los que transita la economía global, enfrentan serias dificultades para adaptarse a las circunstancias que impone la crisis económica internacional y es común que éstas se vean obligadas a hacer recortes de personal, que lamentablemente dejan sin empleo a miles de trabajadores, o bien, que cesen las contrataciones, con lo cual se le cancela a muchas personas, en su gran mayoría jóvenes, el acceso al mercado laboral que eventualmente les permite satisfacer sus necesidades económicas.

Para contrarrestar los efectos de esta problemática, el impulso de la actividad empresarial en la modalidad de Mipyme representa una alternativa viable para recuperar los empleos que se pierden y generar los que hacen falta, para alcanzar la cifra de un millón 200 mil nuevos empleos que se necesitan como demanda en este país cada año.

Pero el fomento de la Mipyme no debe de ser entendido solo como un mecanismo para paliar los efectos de una crisis económica, porque si éste se lleva a cabo con seriedad y no como se hizo en otros sexenios —cuyos intentos de lanzamiento de changarros fueron fallidos— puede contribuir de manera verdaderamente importante al crecimiento económico y bienestar de un país, al convertirse en uno de los motores que impulsan el desarrollo nacional.

De hecho en México, según los datos que proyectan algunos expertos, en materia económica, 8 de cada 10 empleos son generados por las empresas, de los cuales un alto porcentaje es generado en el renglón de las Mipyme; no obstante que son éstas quienes más obstáculos tienen que sortear para acceder al financiamiento y capacitación que requieren para crecer y salir adelante.

En nuestro país hay varios casos de éxito de emprendedores, que empezaron con un negocio pequeño, en ocasiones en su propia casa y que gracias a su esfuerzo, espíritu y talento lograron convertirlo en una empresa con bases sólidas que genera rendimientos atractivos y que brinda trabajo a muchas personas y además muchas de ellas se han constituido como empresas socialmente responsables, que tienen un compromiso con el desarrollo de la comunidad.

Sin embargo, para que esas historias se multipliquen y los beneficios se extiendan hacia un mayor número de mexicanos es indispensable impulsar y apoyar a las Mipyme, principalmente garantizándoles la posibilidad de contratar más créditos y que estos sean más accesibles.

Con este proyecto de reforma al artículo 12 de la Ley de Desarrollo de la Competitividad de las Mipyme, que pretende que se establezcan beneficios fiscales para las grandes empresas que apoyen a otras más pequeñas comprando sus productos y servicios, de tal modo que éstas últimas se conviertan en los proveedores, se pretende impulsar el desarrollo del país.

Nosotros como Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México le daremos todo nuestro apoyo, porque consideramos que este tipo de propuestas contribuyen enormemente a la reactivación y dinamización de nuestra economía mexicana.

Por otra parte, consideramos que la reforma al artículo 4 de esta ley en mención también es muy importante, sobre todo porque de acuerdo con datos del Inegi, el 15 por ciento de los hogares mexicanos son encabezados y sostenidos por mujeres y si tomamos también en cuenta que debido a la desigual estructura de oportunidades a la que hombres y mujeres tienen acceso en nuestro país, son éstas últimas quienes más dificultades enfrentan para acceder a los programas de financiamiento y capacitación que otorga el gobierno, y a los créditos que ofrece la banca. Sin hacer mención que las percepciones económicas que las mujeres reciben por su trabajo son en promedio menores a las de los hombres.

Para concluir, el objetivo de esta modificación es para el desarrollo de las Mipyme, para incrementar el financiamiento de las microempresas constituidas por mujeres y las razones aquí expuestas, por lo cual nuestro partido votará a favor de la misma, porque creemos que debemos apoyar a la mujer en aras de garantizar la igualdad de oportunidades, a fin de que pueda alcanzar una vida digna y desarrollarse plenamente. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Saludamos al catedrático y estudiantes del Tecnológico de Monterrey, originarios del estado de Chihuahua, invitados por la diputada Minerva Castillo Rodríguez. Así como también a participantes del concurso de oratoria de Papantla, Veracruz, invitados por la diputada Alma Jeanny Arroyo Ruiz. Bienvenidos.

En el uso de la voz, el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Domitilo Posadas Hernández: Muchas gracias, señora presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hay reformas legales que tienen buena prensa y hay otras que sin tenerla son fundamentales para el desarrollo del país y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Tal es el caso de ésta que nos ocupa.

Los objetivos centrales de las reformas que este dictamen contiene son el abrir posibilidades legales para que las Mipyme integradas por mujeres accedan eficazmente al financiamiento y de esta manera se contribuya a su inclusión en el mercado laboral, además de potenciar su participación en el sector formal de la economía, así como hacer posible su vinculación con los centros de comercialización para que sus productos accedan al mercado.

De manera muy importante, las reformas plantean también celebrar acuerdos con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios de los que se deriven convenios orientados a incentivar fiscalmente a las empresas que utilicen como proveedores a las Mipyme.

Las virtudes de estas empresas son ampliamente reconocidas debido a la importancia que revisten, con un número total que según el Inegi estima en aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.8 por ciento son pequeñas y medianas empresas, representando el 52 por ciento del PIB nacional y generando el 72 por ciento del empleo en el país.

Cada vez se incrementan los hogares en los cuales las mujeres desempeñan el principal rol económico como jefas de familia. Tan solo en el Censo de Población y Vivienda del año 2010, se indica que el porcentaje de hogares con jefatura femenina representó el 24.6 por ciento a nivel nacional. Pese a ello enfrentan diversos escollos que muchas veces le resultan difíciles de sortear, propiciando incluso su desaparición a los dos años, aproximadamente, de haberse creado, con graves repercusiones económicas y sociales para el país y para miles de familias.

A lo anterior habrá que agregar las dificultades que enfrentan estas unidades económicas ante la globalización, donde una de las consecuencias de la indiscriminada apertura comercial que se ha seguido en los años recientes es su desplazamiento, privilegiando las adquisiciones de mercancías provenientes del exterior o creando plataformas comerciales depredadoras, como el proyecto Dragon Mart Cancún.

Sin chovinismo, pero con lealtad hacia nuestras pequeñas y medianas empresas estamos obligados a revisar la pertinencia de proyectos de esta naturaleza.

Es importante señalar que aquí podemos alcanzar acuerdos en diversas materias, como el que en esta ocasión nos ocupa, insertándose en el marco legislativo, en beneficio de los distintos sectores sociales y productivos.

Los diputados federales nos esforzamos por hacer la tarea que nos corresponde de manera honesta, transparente y eficaz, pero resultará insuficiente si el Poder Ejecutivo federal y los estatales caminan a contracorriente.

Por ello resulta preocupante que gobernadores, como el del estado de Quintana Roo, desde su territorio promueva y defienda proyectos como Dragon Mart. Pero además les haga el trabajo sucio a las empresas chinas, intimidando y amenazando a sus opositores.

Por lo anteriormente señalado, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor de las reformas propuestas en el dictamen en comento, con la condición de que estas modificaciones contribuyan al andamiaje legal correspondiente y puedan convertirse en instrumentos de políticas públicas que beneficien la actividad económica. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz el diputado José Ángel González Serna, del Partido Acción Nacional.

El diputado José Ángel González Serna: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional coincidimos plenamente con la aprobación del presente dictamen, ya que busca impulsar incentivos fiscales a las empresas que utilicen como proveedores a las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que sin duda reactivará y detonará el crecimiento de nuestro mercado interno.

Es importante mencionar —y esto ha sido un poco reiterativo, pero creo que es importante— que actualmente en México existen aproximadamente 4,007,100 Mipyme, de las cuales 3,837,000 son microempresas, 138,500 son pequeñas, 31,600 son medianas y solo 7,900 son grandes empresas.

Por lo que de acuerdo a las cifras anteriores el sector de las Mipyme concentra el 99.8 por ciento de las unidades económicas en el país, generando poco más del 70 por ciento del empleo y más de la mitad del producto interno bruto aproximadamente.

Si con estas cifras no nos queda claro quién debe ser quien apalanque el desarrollo y progreso de nuestro país, no sé con qué otras cifras se podrán convencer de esto. Así las cosas.

En Acción Nacional estamos convencidos que para lograr un mayor crecimiento económico y generación de empleos en México debemos apostar por el desarrollo y la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.

Adicionalmente el presente dictamen también busca mejorar y promover al acceso financiero a las Mipyme, principalmente y en aras de esta igualdad que estamos promoviendo, las conformadas por mujeres, con el propósito de contribuir a su inclusión en el mercado laboral, lo que permitirá ampliar sus capacidades, su productividad y su innovación fortaleciendo su participación en el sector formal de la economía.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional quisiera hacer especial énfasis en la importancia de aprobar estas disposiciones, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Micronegocios del Inegi en el país existen 8 millones 100 mil micronegocios, de los cuales el 47 por ciento son dirigidos por mujeres. Ahí sí hay igualdad.

Asimismo debemos fortalecer las disposiciones enmarcadas en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en relación al fomento empresarial y emprendedor de las mujeres mexicanas.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, tengo la plena seguridad y certeza que en la medida en que impulsemos y aprobemos este tipo de medidas fortaleceremos la igualdad en derechos y oportunidades que debe tener todo ciudadano de este país, o como se dice bien en la parte popular, que todo ciudadano de este país sea hombre, mujer, joven, anciano juegue en una cancha pareja.

Finalmente, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos viendo ahorita cómo se defiende a la micro, pequeñas y medianas empresas, y quiero decir que veremos más adelante si con esa coherencia, cuando vengan reformas de mayor calado, como es la hacendaria, como es la de competencia veremos si así se defiende con esa vehemencia a la micro, pequeña y mediana empresa.

Estamos comprometidos al cien por ciento con el fortalecimiento de nuestro mercado interno y con el desarrollo de las actividades empresariales de las mujeres mexicanas. Dichas disposiciones sin duda son pilares fundamentales para lograr un desarrollo económico más incluyente y equitativo, por lo que para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es prioritario aprobar el presente dictamen y nuestro sentido de votación será a favor. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que en estos momentos estamos discutiendo tiene indudable relevancia para el futuro del desarrollo económico de nuestro país.

Actualmente las mujeres y nuestra visión para ver las cosas y para hacer las cosas de manera distinta son una apuesta clara y decidida en materia de competitividad y desarrollo. Hoy por hoy, la igualdad de género es una necesidad insoslayable en todos los campos del ser humano, porque genera progreso.

En México, 88 millones 839 personas conforman la población económicamente activa, de la cual el 43.5 somos mujeres. El 96 por ciento combinamos nuestras actividades laborales con actividades domésticas, aspecto que resulta muy contrastante con el de los varones, donde solo el 57.2 por ciento cumple con esta condición. Las mujeres que participamos en la producción de bienes y servicios representamos el 94.8 del total de la población económicamente activa; el 25.8 de esta población son empleadoras o trabajan por cuenta propia.

En este orden de ideas, es fundamental crear todas las condiciones sociales que impulsen la actividad empresarial y el desarrollo de políticas públicas y programas que permitan el adelanto de nosotras las mujeres.

La incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral fue un fenómeno que caracterizó el transcurrir del siglo XX. Sin embargo, en el siglo XXI seguimos viendo que esta incorporación aún se da en condiciones de mayor precariedad, inequidad y menor reconocimiento del valor de nuestras aportaciones y experiencias profesionales y personales.

Aunado a lo anterior, aún no existe una redistribución real de las tareas domésticas y de aquellas relacionadas con el cuidado de las y los hijos, lo que implica dobles o triples jornadas de trabajo para la población femenina.

Es fundamental, de igual forma, una reorganización de los tiempos sociales, horarios escolares y —en resumen— la promoción de políticas públicas que impulsen la conciliación de la vida laboral con el ámbito familiar y personal.

La nueva tendencia en materia de gestión de recursos humanos y de liderazgo empresarial ponen cada vez más de manifiesto la necesidad de dar mayor énfasis a la competencia emocional, las habilidades de negociación y los liderazgos participativos en el sector empresarial para nuestra incorporación y más aún con la capacitación en estas materias.

Compañeras y compañeros legisladores, las mujeres en México somos el motor del desarrollo; es por ello indispensable deponer los obstáculos que impiden nuestro crecimiento en actividades empresariales.

Resulta impostergable otorgar apoyos para que la ejecución de nuestros proyectos productivos sea exitosa y permita nuestra realización personal y profesional. Es tiempo de que se reconozcan nuestras capacidades y aportaciones y dejemos de lado los estereotipos, prejuicios y roles sociales que milenariamente nos han sido adjudicados.

Es por lo anterior que nosotros los diputados y diputadas del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen. Avancemos juntos, compañeras y compañeros, en el camino hacia la igualdad. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

De viva voz.

La diputada Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (desde la curul): A favor.

La diputada Mayra Karina Robles Aguirre(desde la curul): A favor.

El diputado Benjamín Castillo Valdez(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:(desde la curul): A favor.

El diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Señora presidenta, se emitieron 401 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado por 402 votos—están corrigiendo— en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a las Secretarías de Economía y de Salud y a la Profeco a intervenir para asegurar que la empresa Bachoco y sus empresas filiales cumplan con las normas sanitarias que les son aplicables y se impida la comercialización de carne de pollo y huevo provenientes de las instalaciones donde se ha detectado el virus de la influenza aviar.

El diputado Sergio Torres Félix: Con su permiso, diputada presidenta. Con el permiso de todos. Como ustedes saben, nos hemos enterado por los medios de comunicación y a través de reportes de las autoridades correspondientes sobre la aparición de un brote de influenza aviar por el virus H7N3, uno de los más nocivos para el pollo. Esto en 12 granjas de la empresa denominada Bachoco, en el estado de Guanajuato; nueve en Dolores Hidalgo y las otras tres en San Felipe Torre, Juventino Rosas y San Luis de la Paz, respectivamente, que en su conjunto suman una población de más de un millón de aves de los 19 millones que tiene ese estado.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Secretaría de Agricultura confirmó que se trata de la secuenciación del virus H7N3 similar al que se encontró en Jalisco y Aguascalientes; es decir, un virus capaz de matar en cuestión de horas a las aves infectadas.

A decir de las autoridades, el brote fue detectado rápidamente y reportado a la Organización Mundial de la Salud Animal a la que México pertenece. A partir del 17 de febrero, las 12 granjas afectadas están en cuarentena y no pueden mover ni a sus animales ni los productos, porque el riesgo de dispersión del virus existe, según lo confirmaron las autoridades.

Esto cobra especial importancia, pues la empresa en comento es una de las más importantes en el mercado nacional y no sabemos realmente cuál es el porcentaje de huevo que vende en toda la República, ya que cuenta con 100 unidades avícolas a lo largo y ancho de México.

El problema tiene visos de gravedad inocultables, pues existen cerca de 200 millones de aves de pastura y anualmente más de mil 500 millones de pollos de engorda se venden en toda la República.

Las autoridades de la Sagarpa están haciendo su parte, pero es necesario que dicha dependencia se coordine con la Secretaría de Economía y que intervenga directamente en la empresa Bachoco para asegurar que no se comercialicen productos que pudieran estar contaminados por ese virus, pues aunque se dice que no representa riesgos para la salud humana existe la posibilidad de que se expanda rápidamente afectando a la población aviar nacional.

Además, se tiene que investigar y llegar al fondo del caso para conocer el origen del virus y qué fue lo que posibilitó su propagación, pues en caso de haber negligencia, o aún peor, violación de reglas sanitarias, se debe castigar con toda severidad a la empresa responsable.

Lo anterior cobra relevancia pues ha trascendido que hubo movilización de gallinaza, que es excremento fresco de gallina, el cual se utiliza como fertilizante, para manejo indebido, pero su manejo indebido pudo ser la causa de la rápida expansión del brote.

La gallinaza es comercializada por diversas empresas en todo el país, pero debe ser sometida a un proceso térmico y cubierto para que se esterilice y después se venda como composta, pero si no se cumple con los requisitos aplicables puede ser la vía para la dispersión del virus. Eso se debe investigar a fondo y, en su caso, aplicarse las sanciones más severas que procedan, además de asegurar, sin lugar a dudas, que la poderosa empresa Bachoco ni sus filiales comercialicen productos bajo sospecha de riesgo y aplique las más estrictas medidas preventivas que el caso amerita.

También debe asegurarse el sacrificio y disposición final de las aves infectadas para evitar cualquier posible comercialización de carne contaminada.

No puede seguir existiendo favoritismo de ningún tipo ni excepciones o tratos especiales para empresas poderosas que incumplen sus obligaciones y se saltan leyes y reglamentos, a sabiendas de que pueden disfrutar de impunidad y tratos preferenciales.

Si queremos cambiar a este país nunca más permitamos compadrazgos o amiguismos que favorezcan a empresas poderosas que violan sus leyes, que violan los códigos y reglamentos que rigen su actividad comercial. No permitamos en esta Cámara impunidad en este asunto.

Por ello, la Secretaría de Economía deberá asegurar que esta situación no se convierta en pretexto para que la carne de pollo y el huevo escaseen en el mercado y se preste al abuso en los precios de esos productos, por lo que deberá importar esos productos para abastecer el mercado en tanto se mantiene el control estricto de las actividades de la empresa Bachoco, incluyendo la suspensión de sus actividades para evitar riesgos a la actividad pecuaria nacional.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. El caso lo amerita, la sociedad lo exige y lo reclama y es por ello que les pido a todas y a todos su voto para este punto de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Sagarpa, licenciado Enrique Martínez y Martínez, para que además de las medidas preventivas en curso para la vacunación de aves en riesgo de contaminación por el virus H7N3 y la supervisión del sacrificio de las aves infectadas, que la Sagarpa profundice en la investigación de las causas que originaron el brote y su expansión y, en su caso, establezca las sanciones que correspondan si es que se violaron normas sanitarias en el manejo de la llamada gallinaza.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión —termino, presidenta— exhorta al titular de la Sagarpa, al licenciado Enrique Martínez y Martínez, para que se haga una revisión exhaustiva, a fondo, seria, responsable e imparcial de todas la granjas de la empresa Bachoco y sus filiales y se determine la suspensión de sus actividades en tanto no exista un dictamen que certifique que sus aves están totalmente libres del virus, así como que se solicite un dictamen de la Secretaría de Salud de que no existen riesgos para la salud humana.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, a efecto de que garantice el abasto de huevo y carne de pollo mediante la importación de estos productos para evitar su escasez en el mercado, en caso de que sea realmente necesario.

Cuarto —y último. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que se apliquen las medidas que correspondan para asegurar que no se cometan abusos en los precios de la carne de pollo y el huevo.

Es cuanto, diputada presidenta. A todos ustedes por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la SE a intervenir para asegurar que la empresa Bachoco y sus filiales cumplan las normas sanitarias que les son aplicables e impedir la comercialización de carne de pollo y huevo provenientes de las instalaciones donde se ha detectado el virus de la influenza aviar, a cargo del diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del numeral 1 y numeral 2 todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Nos hemos enterado por los medios de comunicación y a través de reportes de las autoridades correspondientes, sobre la aparición de un brote de influenza aviar por el virus H7N3, uno de los más nocivos para el pollo, en 12 granjas de la empresa denominada Bachoco, en el estado de Guanajuato: nueve en Dolores Hidalgo, y las otras tres en San Felipe Torres Mochas, Juventino Rosas y San Luis de la Paz, respectivamente, que en su conjunto suman una población de un millón ocho mil aves, de los 19 millones que tiene ese estado.

El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, confirmó que se trata de la “secuenciación del virus H7N3 de alta patogenicidad, similar al que se encontró en Jalisco y Aguascalientes”, es decir, un virus capaz de matar en cuestión de horas a las aves infectadas.

A decir de las autoridades el brote fue detectado rápidamente y reportado a la Organización Mundial de la Salud Animal a la que México pertenece, puesto que se tiene la obligación de informar la existencia de este tipo de epidemias, por su elevada capacidad de expandirse a gran velocidad.

A partir del día 17 de febrero las 12 granjas afectadas están en cuarentena y no pueden mover ni a sus animales ni los productos porque el riesgo de dispersión del virus existe, según lo confirmaron las autoridades.

Esto cobra especial importancia, pues la empresa en comento es una de las más importantes en el mercado nacional y no sabemos cuál es el porcentaje de huevo que vende en toda la república, ya que cuenta con 100 unidades avícolas a lo largo y ancho del país.

El problema tiene visos de gravedad inocultables, pues existen cerca de 200 millones de aves de pastura y anualmente más de mil 500 millones de pollos de engorda que se comercializan en toda la república.

Las autoridades de la Sagarpa están haciendo su parte, pero es necesario que dicha dependencia se coordine con la Secretaría de Economía y que intervenga directamente en la empresa Bachoco para asegurar que no se comercialicen productos que pudieran estar contaminados por ese virus, pues aunque se dice que no representa riesgos para la salud humana, existe la posibilidad de que se expanda rápidamente afectando a la población aviar nacional y sería importante conocer la opinión de las autoridades sanitarias al respecto.

Además, se tiene que investigar y llegar al fondo del caso para conocer el origen del virus y qué fue lo que posibilitó su propagación, pues en caso de haber negligencia, o peor aún, violación de reglas sanitarias, se debe castigar con severidad a la empresa responsable.

Lo anterior cobra relevancia pues ha trascendido que hubo movilización de “gallinaza”, que es excremento fresco de gallina el cual se utiliza como fertilizante, cuyo manejo indebido pudo ser la causa de la rápida expansión del brote.

La “gallinaza” es comercializada por diversas empresas en todo el país, pero debe ser sometida a un proceso térmico y cubierto, para que se esterilice y después se venda como composta, pero si no se cumple con los requisitos aplicables, puede ser la vía para la dispersión del virus. Eso se debe investigar y en su caso aplicarse las sanciones más severas que procedan, además de asegurar, sin lugar a dudas, que la poderosa empresa Bachoco ni sus filiales comercialicen productos bajo sospecha de riesgo, y aplique las más estrictas medidas preventivas que el caso amerita.

También debe asegurarse el sacrificio y disposición final de las aves contaminadas, para evitar cualquier posible comercialización de carne contaminada.

No puede seguir existiendo favoritismo de ningún tipo, ni excepciones o tratos especiales para empresas que incumplen sus obligaciones y se saltan leyes y reglamentos a sabiendas de que pueden disfrutar de impunidad y tratos preferenciales.

La Secretaría de Economía deberá asegurar que esta situación no se convierta en pretexto para que la carne de pollo y el huevo escaseen en el mercado y se preste al abuso en los precios de esos productos, por lo que deberá importar esos productos para abastecer el mercado, en tanto se mantiene el control estricto de las actividades de la empresa Bachoco, incluyendo la suspensión de sus actividades para evitar mayores riesgos a la actividad pecuaria nacional.

Es por lo expuesto que someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,  Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez y Martínez, para que además de las medidas preventivas en curso para la vacunación de aves en riesgo de contaminación por el virus H7N3 y la supervisión del sacrificio de las aves infectadas, profundice en la investigación de las causas que originaron el brote y su expansión, y en su caso establezca las sanciones que correspondan si es que se violaron normas sanitarias en el manejo de la llamada “gallinaza”.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,  Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez y Martínez, para que se haga una revisión exhaustiva de todas las granjas de la empresa Bachoco y sus filiales y se determine la suspensión de sus actividades en tanto no exista un dictamen que certifique que sus aves están totalmente libres del virus, así como que se solicite un dictamen de la secretaría de Salud de que no existen riesgos para la salud humana.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, a efecto de que se garantice el abasto de huevo y carne de pollo, mediante la importación de esos productos para evitar su escasez en el mercado, en caso de que sea realmente necesario.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que se apliquen las medidas que correspondan para asegurar que no se cometan abusos en los precios de la carne de pollo y del huevo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 21 de febrero del 2013.— Diputado Sergio Torres Félix (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, del Partido de Nueva Alianza.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está a favor del punto de acuerdo, porque es importante que las autoridades competentes actúen de manera rápida y efectiva para controlar y solucionar el caso del brote de influenza aviar, que se ha comprobado fue originado por el virus H7N3, uno de los más nocivos que afectó a granjas de la empresa denominada Bachoco, en el estado de Guanajuato.

Los especialistas señalan que es un virus capaz de matar en cuestión de horas a las aves afectadas. Es importante, que en caso de existir algún tipo de negligencia o violación de las reglas sanitarias se deben imponer las sanciones correspondientes para sentar precedentes que eviten ese tipo de comportamientos; se debe de investigar si se comercializó la gallinaza en estado fresco proveniente de las granjas afectadas, pues ello está prohibido y puede contribuir a la propagación del virus.

Exhortamos a la Secretaría de Economía a que aplique las medidas necesarias para que no se cometan abusos en los precios de la carne de pollo y del huevo. Además de garantizar la importación de esos productos para evitar su escasez en el mercado.

Debemos tener en cuenta que la industria avícola en el país, que incluye producción de huevo y pollo de engorda, es una importante rama de la economía mexicana que genera empleo a mucha gente.

Nuestra industria avícola es una de las más productivas del mundo. La política de control de este brote de influenza aviar tiene que encontrar un punto de equilibrio entre el efectivo control sanitario para evitar la propagación del virus, con el objeto de no poner en riesgo el empleo, la cadena económica y el abasto de los vitales productos que genera la industria avícola.

En Nueva Alianza estamos a favor de que las autoridades actúen de manera rápida y efectiva, que protejan esta importante actividad económica y se encuentren fórmulas para que las personas, los productores, los trabajadores y los consumidores afectados puedan recibir apoyos para superar esta situación. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por el Partido del Trabajo tiene el uso de la voz el diputado José Humberto Vega Vázquez.

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, sobre el tema de la gripe aviar, en la promoción de nuestro compañero Torres Félix, que va en dirección de que las secretarías de Economía y Sagarpa vigilen que las aves infectadas no sean objeto del mercado nacional, en vista del riesgo que esto conlleva de expandir la epidemia.

Bachoco posee 12 granjas criadoras de pollos en el estado de Guanajuato, en las que hace unos días se detectó esta enfermedad que es altamente peligrosa. Es del grupo H7N3, que se difunde con mucha rapidez.

Para contextualizar lo anterior debemos mencionar que apenas el día de antier, el 19 de febrero, se informó que 7 de las 12 granjas de esta empresa ya estaban contaminadas y que se expandió a 4 municipios, y que de 720 mil aves afectadas pasó a más de un millón.

El despoblamiento o el sacrificio de estas aves ya empezaron en estas instalaciones. Al margen de lo expuesto, Bachoco aseguró que no hay riesgo de desabasto de sus productos avícolas en el mercado nacional debido a que ya ha tomado —entre comillas— todas las precauciones en el cerco sanitario.

Sin embargo, existen tres situaciones muy importantes; una es la que ya han mencionado mis compañeros que me antecedieron, que es sobre la gallinaza, que se utiliza en alimentos y que también la utilizan como fertilizante, y que al parecer fue la causa de la expansión de esta enfermedad.

La otra, que es muy importante también, que es la venta de pollo y huevo en condiciones sanitarias inadecuadas. En el mercado se puede conseguir huevo sucio y huevo limpio; hay que tener especial cuidado que ahorita todo el producto que llegue al mercado debe ser de huevo limpio y desinfectado, para que la enfermedad no pueda propagarse.

Finalmente, la Unión Nacional de Avicultores ha manifestado que aún el precio no debe aumentar, cosa que ya están haciendo, como en el caso del huevo, que ya hubo un aumento de 2 pesos con 50 centavos en el kilogramo. En eso la Secretaría de Economía y Profeco deben estar muy al pendiente para que no haya especulaciones.

¿Por qué es tan importante esta parte? Porque el huevo representa la proteína de los pobres, la proteína a la cual accede la mayoría de las familias mexicanas para consumirlo, pero cuando aumenta el precio obviamente se reduce el consumo y la calidad alimenticia de los mexicanos también se deteriora; por eso es muy importante que no se especule.

También demandaron los avicultores que la Secretaría del ramo proporcione la información real sobre el problema sanitario, porque a la fecha no lo ha hecho.

Es muy importante mencionar la actuación de la empresa Bachoco, que es muy dudosa y les voy a decir por qué. Bastan dos ejemplos, en septiembre de 2012 Bachoco principalmente y otras empresas de Quintana Roo fueron severamente sancionadas con multas millonarias por ejercer prácticas monopólicas tendientes a elevar el precio del huevo.

Por otra parte —cómo es posible, también parece una contradicción pero es ahí donde está el negocio— sucede que en ese año Bachoco sacrificó muchas aves y pareciera que perdió mucho, pero no es así; Bachoco en el 2012 registró utilidades de más de 1,206 por ciento. Por eso debe estar en investigación, porque parece ser que entre más mata aves y especula pues más gana esa empresa. Por eso nosotros, los del Partido del Trabajo, vamos a votar a favor. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz el diputado José Soto Martínez.

El diputado José Soto Martínez: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, las elevadas cifras de población y densidad demográfica animal y humana son factores claros de riesgo para la aparición del virus de la gripa, el contacto estrecho entre animales y humanos facilita la propagación de los virus dándoles la oportunidad de pasar de una especie a otra, que a su vez puede dar lugar a adaptaciones y finalmente a un virus de la gripe con potencial pandémico.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dos de cada tres enfermedades infecciosas emergentes en humanos son zoo-nóticas y tienen origen animal.

Las distintas cepas del virus de la influenza aviar suelen clasificarse en dos categorías; influenza aviar poco patógena, que por lo general produce poco o ningún signo clínico de las aves, y la otra es la influenza aviar, altamente patógena, que produce signos clínicos graves y produce altas mortalidades de aves. Este virus también puede afectar aves para el consumo humano, ocasionando —según el tipo de virus— graves daños para la salud y en el peor de los casos la muerte a los seres humanos.

Actualmente México presenta problemas con la gripe aviar en algunas granjas de Bachoco, ubicadas en el estado de Guanajuato. Este problema comenzó en siete de las granjas con un sacrificio de 720 mil aves; sin embargo, a últimas fechas el problema se ha expandido a 12 granjas —según los últimos reportes— afectando a 300 mil aves.

En este contexto, no podemos hacer caso omiso a un problema de esta naturaleza; las consecuencias que la gripe aviar puede atraer en nuestra economía son desgarradoras. Tan solo para el 2012 un informe de la Unión Nacional de Avicultores menciona que el brote de influenza aviar H7N3 que atacó a granjas de la región de Los Altos de Jalisco dejó daños por más de 8 mil 600 millones de pesos y 22.6 millones de aves sacrificadas en el sector avícola, además de la pérdida de miles de empleos y el aumento en los costos del pollo y el huevo.

Actualmente el sacrificio de aves ha sido hasta el momento de un millón 200 mil aves sacrificadas, lo que según informes de la Procuraduría Federal del Consumidor no justifica el aumento en el costo del pollo y el huevo; sin embargo, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía localizaron aumentos en el precio del huevo en 20 centrales de abasto y mercados de 16 estados del país, por lo que consideramos necesario exhortar a la Profeco, en la medida de sus facultades, a que utilice todas sus herramientas para garantizar que los precios se mantengan estables y que de ser necesario se castigue con todo el peso de la ley a quien incurra en abusos por el alza de precios.

Recordemos que una persona en el ámbito urbano necesita de 80 pesos para cubrir sus necesidades básicas y el salario mínimo apenas de es de 64 pesos con 72 centavos, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por lo que el salario mínimo vigente resulta insuficiente para satisfacer las necesidades más básicas, como es la alimentación.

Es por eso que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se muestra a favor de este punto de acuerdo, ya que considera necesario poner en marcha acciones que ayuden a la erradicación de la problemática de la gripe aviar, además vigilar que centrales de abasto y mercados de los estados no utilicen el pretexto de esta problemática para caer en abusos e incrementos al precio de algunos productos, en especial el huevo y la carne de pollo. Que sean sancionados severamente. Eso es todo, presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz la diputada Rosa Elba Pérez Hernández.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Gracias, señora presidenta. Mi abuelo decía: si no entiendes algo, sigue la huella del dinero.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde nos preocupan los efectos que pudiera tener el reciente brote de la gripa aviar H7N3, que está afectando una docena de granjas en Guanajuato; si bien las autoridades enfatizan que es un tema estrictamente de salud animal sin riesgo de contagio al humano, lo cierto es que las repercusiones para la economía de cientos de miles de hogares mexicanos son potencialmente graves.

Pero este virus ha surgido nuevamente, menos de un año después cuando surgió en Jalisco, si recuerdan, ¿por qué? Como decía mi abuelo: si no entiendes algo, sigue la huella del dinero.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Sagarpa, ya implementó acciones de control contra el brote de gripe aviar, pero no ha podido decir que está controlado al 100 por ciento, que no hay riesgo de propagación. Las medidas han sido el sacrificio de aves infectadas y el establecimiento de cercos zoosanitarios y después una fase de vacunación para proteger a las aves que queden sanas. Hasta aquí todo bien.

Pero expertos de la UNAM han informado que el virus H7N3 es de rápida diseminación y causa de mortalidad. No puedo evitar pensar en las mesas de los hogares mexicanos y en los datos frecuentemente reportados por Coneval y la desnutrición extrema de los mexicanos.

Esperamos que se intensifique la aplicación de vacunas. Es el mismo virus que afectó a las granjas de Jalisco, insisto, hace menos de un año y coincide efectivamente —como decía el compañero del Partido del Trabajo— en una proporción inversa: menos pollo, más ganancia para Bachoco.

Pero ojo con los números. Hasta hoy ya se sacrificaron 480 mil aves infectadas y vacunado a 800 mil, pero la enfermedad se estima en 1 millón 200 mil, de acuerdo al secretario de Desarrollo Agropecuario, de Guanajuato, el señor Usabiaga.

Ojo con los números. La empresa Bachoco a la que pertenecen las 12 granjas afectadas en Guanajuato procesa 1 millón 400 mil pollos a la semana, con un ciclo de reproducción de 12 millones de aves de engorda cada dos meses, por lo cual calcularíamos que no deberían haber problemas de abasto.

Entonces, ¿por qué estamos aquí? El verdadero inconveniente es que muchos especuladores aprovechan situaciones como ésta para incrementar los precios del pollo y del huevo, ingredientes básicos en la alimentación de los mexicanos.

Estas alzas injustificadas aumentan las dificultades para que los mexicanos lleven proteínas valiosas a su mesa, por lo tanto debemos asegurar los operativos de vigilancia de los precios de estos productos, no tanto si se matan o no pollos, no, hay que ir y cuidar si se están aumentado los precios o no —como decía el compañero— en la Central de Abastos y demás. Debemos vigilar la aplicación de sanciones severas para quienes lucren con esta situación.

Apoyamos ciertamente el exhorto del compañero Sergio Torres Félix, y felicitamos al compañero del PT por sus argumentos. Piensa mal y acertarás, pero démosles el beneficio de la duda. Pero si llega a subir el precio del huevo, el abuelo habrá acertado: si no entiendes por qué subió el precio del huevo, por qué regresó la gripa aviar menos de un año después, sigue la huella del dinero.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por el Partido de la Revolución Democrática, en el uso de la voz el diputado José Antonio León Mendívil.

El diputado José Antonio León Mendívil: Con su permiso, compañera presidenta. Compañeras, compañeros diputados, la relevancia que tiene en la dieta de nuestra población el huevo y la carne de pollo es innegable. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable la considera dentro de los 11 productos básicos estratégicos para México. Tenemos el primer lugar del mundo en consumo de huevo y somos el quinto productor mundial, solo después de China, Estados Unidos de América, India y Japón, como ya se ha dicho aquí.

Tampoco hay duda de la importancia de la industria avícola como rama económica nacional. Según las cifras de la Unión Nacional de Avicultores, la producción en México de huevo y pollo es superior a los 5 millones de toneladas anuales, con 145 millones de aves comerciales en producción, mil 460 millones de pollo de engorda y genera ingresos por 112 millones de pesos y un millón 100 mil empleos al año.

El rebrote de gripa aviar que se presenta en las granjas de la empresa Bachoco en Guanajuato —de acuerdo con la información proporcionada por Senasica de la Sagarpa— pareciera no ser tan grave, si la comparamos con la crisis que se presentó en Jalisco en julio-noviembre del 2012, cuando se sacrificaron más de 22 millones de aves y el precio de huevo se disparó en más del 100 por ciento en el mercado nacional.

En esta ocasión se habla de poco más de un millón de aves sacrificadas en 12 granjas, contra una parvada nacional en producción de más de 145 millones de aves y mil 450 millones de pollos en engorda.

A pesar de lo minúsculo que parecieran hasta ahora los efectos de este rebrote de la influenza aviar tipo H7N3 en las granjas de la empresa Bachoco, ya está provocando las mismas consecuencias nefastas en el mercado y para la economía de la población, al provocar la especulación y el incremento del precio en más de un 30 por ciento en algunas regiones, tanto en el huevo como en la carne de pollo, con el riesgo inclusive de que estos incrementos arrastren el precio de otros productos de la canasta básica.

Permitir la especulación de esos productos no debiera ser una opción para el Estado mexicano. No podemos permitir de nuevo —como ocurrió el año pasado— que el precio se dispare a las nubes con los efectos conocidos en la economía de las familias.

El Ejecutivo federal tiene los instrumentos políticos, jurídicos y administrativos para actuar con energía y frenar la especulación, evitar que se dañe la alimentación de los mexicanos y castigar a los especuladores.

Por supuesto que coincidimos con el planteamiento de que no puede existir favoritismo de ningún tipo ni excepción a tratos especiales para empresas que incumplan sus obligaciones y se saltan las leyes. Planteamiento que aplica con mayor razón cuando se trata de una empresa como Bachoco, que se presenta a sí misma como líder en la industria avícola en México y la sexta empresa avícola más grande del mundo.

En su informe a la Bolsa Mexicana de Valores el 7 de febrero del presente, dicha empresa presume de haber obtenido ganancias netas superiores a los 2 mil millones de pesos en 2012, no obstante la crisis avícola de ese año en Jalisco, o tal vez precisamente por eso, por la especulación con los alimentos de los mexicanos, pues estas empresas —y no solo Bachoco— siempre convierten estas crisis en una oportunidad para aumentar sus ganancias. Repito, no solo Bachoco.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se manifiesta a favor del punto de acuerdo presentado por el compañero diputado Sergio Torres Félix, para proteger a la avicultura nacional y al mismo tiempo exhortar al Ejecutivo federal para que se tomen las medidas que sean necesarias a fin de informar a la población, con oportunidad y veracidad evitar la especulación y garantizar el abasto regional y nacional. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido Acción Nacional el diputado José Luis Oliveros Usabiaga.

El diputado José Luis Oliveros Usabiaga: Con el permiso de la Presidencia. La gripe aviar es un tema global de sanidad animal que afecta a las aves de corral, reconocida como tal desde 1901; su recurrencia a través del tiempo obedece a la capacidad de recuperación de la enfermedad ante las acciones para erradicarla. El año pasado granjas avícolas de Jalisco sufrieron este problema afectando a la industria avícola y a la economía familiar.

En dicha ocasión fue posible controlarla gracias a que contamos con instituciones como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria que puso en marcha medidas de cuarentena, de bioseguridad, de control de la movilización, de actividades contra la enfermedad generalizada en las aves. Asimismo la Secretaría de Economía instrumentó diferentes medidas para el abasto y la estabilización de los precios.

En materia de sanidad animal es importante reconocer el legado que los gobiernos humanistas han hecho, sustentado tanto en la expedición de actualización de un marco jurídico regulatorio, así como en una política pública instrumentada a través de la Senasica, que desde hace ya varios años ha tenido líneas estratégicas de la regulación, la protección, el combate a las plagas y a las enfermedades y al sistema de reducción de riesgos, de contaminación y el fomento de una cultura sanitaria agroalimentaria.

Ahora se presentan casos de gripe aviar en el estado de Guanajuato, donde de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la entidad hasta el momento son 12 las granjas que se encuentran afectadas con la presencia de este virus.

Cabe resaltar la diligencia con la que han actuado las autoridades del estado de Guanajuato en coordinación con el gobierno federal para implementar medidas sanitarias precisas, ya que desde la semana pasada, al tener los primeros indicios de enfermedad, se ejecutaron los protocolos para evitar la propagación de la influenza.

Se han habilitado 13 puntos de verificación en rutas carreteras, con el propósito de controlar la movilización de las aves y del producto; continúan reforzando actividades de diagnóstico y se estrecharon los controles de movilización en las áreas afectadas, además de intensificar la vacunación en las áreas no afectadas con el fin de evitar el contagio.

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en Guanajuato ha informado que el abasto de pollo y huevo está garantizado en el estado, esto a la lógica que son 12 de 140 granjas afectadas, en sentido tal que no da lugar a escasez, tampoco al incremento de precios y asimismo no se justificarían las importaciones que alude el punto de acuerdo que estamos discutiendo.

Por lo anterior, los diputados del PAN estamos a favor y vigilaremos que se promuevan medidas para evitar las especulaciones con los precios de estos productos en apego a lo dispuesto a la ley, siendo responsabilidad de la Procuraduría Federal del Consumidor verificar que se respeten los precios máximos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica.

Destacando que es un tema de suma importancia proteger el ingreso familiar y detener cualquier posible especulación de los precios, de igual manera exhortamos a las autoridades a que den a conocer de manera puntual las medidas que están implementando al respecto, el tipo de sanciones a los especuladores y las acciones para garantizar la estabilidad de los  precios ante tal situación.

Por último, los diputados de Acción Nacional reiteramos nuestro compromiso con México para estar alerta ante tal situación y que se atienda y se sigan instrumentando las medidas necesarias para responder a la problemática desde el punto de vista sanitario, y que se evite la especulación de los precios en beneficio de las familias mexicanas. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz el diputado Salvador Romero Valencia.

El diputado Salvador Romero Valencia:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRI considera que este caso amerita una intervención urgente, eficaz, definitiva y contundente. No solamente se trata de resolver el brote de esta mutación aún más agresiva del virus H7N3, se trata de que el problema no se expanda a otros productores y se trata de proteger al consumidor en su salud y en su economía.

No olvidemos que la carne de pollo y el huevo son fundamentales en la canasta básica de los mexicanos y que son también la principal fuente de proteína animal a la que tienen acceso la gran mayoría de los mexicanos.

El año pasado, en el estado de Jalisco, la crisis de influenza aviar propició daño en casi 35 granjas; la consecuencia, amigas y amigos diputados, solamente en el estado de Jalisco, tres millones de aves sacrificadas. Hoy el problema está focalizado en algunos municipios del estado de Guanajuato y de lo que se trata es de que no se propague a otros municipios de dicho estado, a otros estados o a otras regiones del país.

Recordemos que no todas las granjas tienen la capacidad de respuesta de Bachoco ni tampoco tienen su potencial económico. El año pasado durante 2012, como resultado de la crisis de la influenza aviar, la carne de pollo y el huevo sufrieron incrementos de hasta un 100 por ciento de su precio final al consumidor, lastimando y dañando la economía de los que menos tienen.

Curiosamente durante dicha crisis la empresa Bachoco obtuvo —como nunca— ganancias exorbitantes, de acuerdo a datos de propios medios de comunicación y de la Bolsa Mexicana de Valores. De acuerdo a la información proporcionada por la Bolsa Mexicana de Valores, en el segundo trimestre del año la empresa Bachoco alcanzó utilidades de 316 millones de pesos netos, un trimestre después, el tercero, tuvo un incremento del 98 por ciento en sus utilidades, alcanzando 627 millones de pesos de utilidades netas.

Si hacemos un balance de enero a septiembre de 2012, la empresa Bachoco alcanzó mil 604 millones de pesos de utilidades netas, pero si las referenciamos y las comparamos con las propias utilidades de la empresa, el año inmediato anterior y durante los mismos nueve meses se alcanzaron 190 millones de pesos, el hecho indubitable e inequívoco es que Bachoco obtuvo grandes utilidades en la escasez de carne de pollo y de huevo.

Termino, señora presidenta. El Grupo Parlamentario del PRI considera, por supuesto, que es legítimo que todas las empresas que invierten, que apuestan, que arriesgan, que generan empleos, prosperidad en las regiones tienen derecho a una ganancia lícita; en lo que no estamos de acuerdo es en que esa ganancia se obtenga a costa de sangrar la economía de los que menos tienen y que esas ganancias se obtengan a costa de los más pobres y los más desamparados de este país.

Es por eso que las autoridades deben actuar de inmediato, buscando proteger a los consumidores en su salud, en su economía y buscar proteger la industria avícola nacional, que es puntal del proyecto de autosuficiencia alimentaria, un sueño largamente acariciado por los mexicanos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

PETROLEOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar diversas acciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y el correcto funcionamiento de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, por cinco minutos.

El diputado Genaro Carreño Muro: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Con su venia, diputada presidenta. Iniciaré recordando aquel dicho popular que versa: más vale prevenir que luego lamentar.

Los acontecimientos que se presentaron en el edificio donde fallecieron personas, lamentablemente, en el edificio administrativo de Pemex es una clara alerta, una clara alerta de necesidad de reforzar y actualizar las medidas de seguridad para sus trabajadores, para los trabajadores de Petróleos Mexicanos y para que esta empresa pueda desarrollar debidamente sus funciones.

Reconocemos la existencia de personas valientes que ayudaron a atender a los trabajadores heridos de Petróleos Mexicanos en el complejo administrativo, donde lamentablemente 32 perdieron la vida.

Reconocemos la importancia de recordar con homenajes a las personas que murieron en el accidente, en la atención de sus responsabilidades. Pero como representantes de la sociedad debemos demandar la realización de acciones preventivas más eficaces y más seguras a favor de la vida de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, así también como la actualización de todas aquellas normas que rigen a Petróleos Mexicanos en cuanto su forma de operación y de mantenimiento.

Petróleos Mexicanos ha rechazado las versiones que aseguran que la falta de mantenimiento provocó la explosión en el edificio administrativo de Pemex, que dejó 37 muertos y 121 heridos y ha entregado a la PGR toda la información relacionada al mantenimiento y estructuras del edificio. Se trató de un accidente.

Sin embargo, si este accidente provocó una gran desgracia en las oficinas administrativas de Petróleos Mexicanos, no queremos imaginar qué pasaría en otras de sus instalaciones donde se manejan combustibles altamente explosivos y cuando algunas de estas instalaciones se encuentran rodeadas de áreas urbanas. Más vale prevenir que luego lamentar.

La importancia que tiene Petróleos Mexicanos para la economía nacional es por todos reconocida, hoy en día es una de las principales fuentes de ingresos, así como una de las principales fuentes de empleo para nuestros mexicanos y mexicanas. Por tanto, es de interés nacional vigilar la creación y actualización de todos aquellos protocolos que rigen las actividades de Pemex.

Por tanto, resulta urgente la aprobación de la presente propuesta, que tiene por objeto exhortar al Ejecutivo federal para que por una parte informe sobre las acciones preventivas para salvaguardar la vida de sus trabajadores y por la otra también se realice una serie de acciones por las cuales se actualicen y se elaboren nuevos protocolos de mantenimiento y de servicio a todas las instalaciones de Petróleos Mexicanos, así también como de valorar la posible reubicación de aquellas refinerías o instalaciones que han sido rodeadas por asentamientos humanos. Más vale prevenir, que luego lamentar.

Una vez expuesta la urgente necesidad de que Petróleos Mexicanos garantice la seguridad de sus trabajadores, Acción Nacional votará a favor de la presente aprobación del punto de acuerdo. Nunca es tarde para bien hacer, hacer hoy lo que no se hizo ayer. Es cuanto, diputada presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar acciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y el correcto funcionamiento de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Genaro Carreño Muro, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2, todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Petróleos Mexicanos es la empresa encargada de maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable.

La importancia que tiene esta empresa para la economía nacional es por todos reconocida. Hoy en día, es una de las principales fuentes de ingresos, así como una de las principales fuentes de empleo para los mexicanos.

En atención a ello, es necesario que continúen llevándose a cabo todas aquellas acciones mediante las cuales se puede garantizar su correcto funcionamiento en todos los ámbitos, administrativo, operativo, etcétera.

Los recientes acontecimientos en el edificio administrativo de Pemex alerta de la necesidad de continuar llevando a cabo acciones que permitan a la empresa desarrollar debidamente sus funciones. Es más, más que continuar, es necesario reforzar las medidas de seguridad en todas y cada una de sus instalaciones.

Petróleos Mexicanos ha rechazado las versiones que aseguran que la falta de mantenimiento provocó la explosión en el edificio administrativo de Pemex, que dejó 37 muertos y 121 heridos, y ha entregado a la PGR toda la información relacionada al mantenimiento y estructuras del edificio.

Toda vez que el subdirector de servicios corporativos de Pemex , Carlos Murrieta, ha afirmado que “fue una explosión limpia” y que se realizará una investigación porque el ducto del gas natural localizado por la PGR no se encuentra en los planos de la paraestatal, demuestra que se trató de un caso fortuito que nada tiene que ver con la falta de mantenimiento de las instalaciones, sino que más bien, se trata de una situación que podría ocurrir en cualquier otro lugar. Así pues la falta de mantenimiento de las instalaciones hubiera acarreado una serie de incidentes de la misma naturaleza, lo cual no ocurrió antes.

Por tanto, es momento de que el gobierno federal comience a realizar acciones que permitan mantener la seguridad de la población mexicana, en el caso específico de los trabajadores de Pemex, así como de las instalaciones, de manera tal que su debido funcionamiento no se vea comprometido con tragedias de esta naturaleza.

Si este accidente provocó una gran desgracia en las oficinas administrativas de Pemex, no queremos imaginar que pasaría en otras de sus instalaciones donde se manejan combustibles, y cuando algunas de éstas se encuentran rodeadas de áreas urbanas.

Como representantes de la sociedad, debemos demandar la actualización de todas aquellas normas que rigen a Petróleos Mexicanos en cuanto a su forma de operación. Por tanto, la presente propuesta tiene por objeto exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de las autoridades competentes, se realice una serie de acciones por las cuales se actualicen o elaboren nuevos protocolos de atención a emergencias, de sus programas de simulacros ante eventualidades mayores, capacite y actualice al personal que se encarga del área de protección civil en cada instalación, así como de valorar la posible reubicación de aquellas refinerías que han sido rodeadas por asentamientos humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de que Pemex pueda operar garantizando la seguridad de sus trabajadores y que pueda desarrollar sin contratiempos sus funciones, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a que a través de las autoridades correspondientes, realice una revisión exhaustiva de la infraestructura de todas las instalaciones de Pemex; a elaborar programas de atención a las observaciones de las compañías aseguradoras; a que actualice y supervise los programas de simulacros operativos y de emergencia mayor en sus plantas; a que actualice o elabore nuevos programas de capacitación al personal de protección civil; a que elabore estudios que permitan reubicar las refinerías que se encuentren en zonas urbanas, así como de estadísticas de accidentalidad para determinar cuáles son las instalaciones que requieren mayor atención.

Nota:

1 http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=60203:e n-pemex-accidente-desafortunado-peritos&Itemid=189

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.— Diputado Genaro Carreño Muro (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se considera de urgente resolución.

De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la voz la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Partido de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con su permiso, presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la tragedia del pasado 31 de enero cimbró no solo a los edificios aledaños al edificio B2 del área administrativa de Petróleos Mexicanos, sino a toda la sociedad mexicana. Las familias de los más de 30 trabajadores fallecidos y de los 100 heridos exigen respuesta y resultados de manera inmediata para conocer con claridad las causas que originaron dicho suceso.

Es una obligación, principalmente una responsabilidad con los deudos que las autoridades competentes resuelvan con claridad y prontitud los cuestionamientos que se levantan frente a este tipo de accidentes, de manera que es prioridad para los afectados —en primer lugar— y para la sociedad mexicana en su conjunto conocer de manera precisa cuáles fueron las causas que originaron esta tragedia, más allá de una conferencia de prensa, en donde se declara que el origen de esta tragedia fue una explosión difusa, lenta y definida causada por la acumulación de un gas.

Si se trató de un hecho en donde se incurrió en un tipo de negligencia humana, subcontratista o personal de Pemex es necesario que se deslinden responsabilidades y se castiguen a los responsables. Los mexicanos merecemos claridad y las familias afectadas merecen justicia.

De acuerdo al informe de avances del Programa para Incrementar la Eficiencia de Pemex y sus Organismos Subsidiarios, presentado por la paraestatal en octubre pasado, se destaca que tan solo en el tercer trimestre del año pasado habían ocurrido 30 accidentes en las áreas de exploración y producción; uno en la producción de la región norte, 22 en las actividades de distribución de hidrocarburos, cinco en mantenimiento y logística y dos en administración y finanzas.

Asimismo durante el mismo periodo ocurrieron en las áreas de perforación 35 accidentes, de los cuales 10 se presentaron en la división norte, 10 en la división sur y cinco en la división marina. Afortunadamente ninguno cobró alguna vida.

En este sentido y durante los primeros nueve meses de 2012, se presentaron 98 fugas entre la región norte, sur, marina noreste, siendo las principales causas de estos eventos la corrosión interior y exterior de tuberías y las provocadas por actos de vandalismo.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, estamos hablando entonces de más de 160 accidentes en menos de un año. No esperemos que otra tragedia de esta magnitud del edificio B2 de las oficinas centrales de la paraestatal vuelva a ser la voz de alerta que nos exija atender con mayor atención las medidas de seguridad de cada una de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Por ello, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del punto de acuerdo, con el objetivo de exhortar a las autoridades competentes a llevar a cabo una revisión detallada de las condiciones en las que opera cada una de las plataformas, estaciones y oficinas de Pemex.

En este sentido hacemos un respetuoso llamado a la paraestatal para que emprenda un programa de identificación pública de aquellas instalaciones que se encuentran fuera de operación, con el propósito de darles a mediano plazo viabilidad social, bajo estrictos criterios de ecología y sustentabilidad, ya sea como parques, bibliotecas, etcétera, en beneficio de sus trabajadores y de los mexicanos.

Finalmente, apremiamos a las autoridades correspondientes involucradas en tan lamentable tragedia a reforzar aquellas acciones de mejora en todos los aspectos relacionados a la seguridad industrial, identificando con puntualidad los riesgos para prevenirlos y/o corregirlos y que este accidente sea un ejemplo de lo que se puede prevenir en otros ámbitos públicos o privados, a través de implementación de medidas de protección civil y de prevención de riesgos industriales. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, compañera. Por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en el uso de la voz el diputado José Alberto Benavides Castañeda.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda:Con la venia de la Presidencia; compañeras diputadas y compañeros diputados, de 2006 a la fecha, a lo largo y ancho del país se han presentado un sinnúmero de accidentes en diversas instalaciones de Pemex. Al día de hoy tenemos que lamentar la muerte de 133 personas, que han causado daños irreparables a sus respectivas familias.

Por lamentable que suene, no es ninguna novedad la crisis de seguridad que padece Pemex. Así se lo hicimos saber al anterior secretario de Energía y al ex director de Petróleos Mexicanos apenas el pasado mes de noviembre, en donde mencioné que era necesario reconocer que la paraestatal había quedado rebasada por los problemas de seguridad, falta de capacitación y negligencia.

En aquel entonces resaltamos lo ocurrido del día 18 de septiembre de 2012, cuando se presentó un trágico y terrible incidente en las instalaciones de Pemex ubicadas en la carretera Reynosa-Monterrey en el estado de Tamaulipas. Como es de todos conocido, a consecuencia de este suceso 32 personas perdieron la vida y otros 47 trabajadores resultaron heridos.

Al día de hoy aún estamos a la espera de la entrega formal y precisa de los resultados del análisis causa-raíz y sobre todo de respuestas claras.

Estamos de acuerdo en lo solicitado en este punto de acuerdo, que ha inscrito el diputado Genaro Carreño, del Partido Acción Nacional. Por supuesto que es necesaria una revisión exhaustiva de la infraestructura en las instalaciones de Pemex. Nos parece sensato que se reconozca la falta de este tipo de revisiones que no se presentaron en las administraciones pasadas, aunque lamentamos que sea bajo estas circunstancias.

De haber sido realizadas estas revisiones, que hoy se solicitan, no estaríamos lamentando los terribles acontecimientos sucedidos recientemente; el trágico incidente suscitado el pasado 31 de enero nos deja un sabor a incertidumbre respecto a las medidas preventivas en materia de seguridad, que no se han llevado a cabo en las diversas instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Seremos pacientes para esperar todos los resultados. Pero seremos enérgicos para juzgar a los responsables y sobre todo para exigir respuestas claras, oportunas y transparentes.

Que no se juzgue la crítica que hacemos por la falta de transparencia con los antecedentes que existen a lo largo de la historia de la paraestatal. Es triste, pero podemos decir con absoluta certeza que cada vez se presentan más accidentes, ya sean relacionados con tomas clandestinas, falta de capacitación, irresponsabilidades en las mediciones de riesgos, falta de planificación, etcétera. Ha generado esto pérdidas humanas, económicas y ambientales.

La cadena de accidentes de Pemex nos remite a esquemas de irresponsabilidad, corrupción y colusión, que junto al subcontratismo desaforado ha permitido una acelerada decadencia de su infraestructura de manera perversa, como una deliberada política para forzar su privatización.

No podemos permitir que la tragedia sea lo que nos impulse a tomar cartas en el asunto. Exijamos seguridad, mantenimiento, prevención y control de daños, desde hoy mismo.

Ya es suficiente con el terrible historial que hoy en día coloca a Pemex como una de las empresas menos seguras para trabajar del sector hidrocarburos a nivel mundial y esto tiene poco que ver con el hecho de que sea propiedad de la nación, porque lo primero que tenemos que cuidar es nuestra riqueza y nuestra gente. Muchas gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. En el uso de la voz el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Partido de Movimiento Ciudadano.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Compañeras diputadas y diputados de este pleno semivacío o semipleno, porque realmente veo un número casi mayoritario de curules vacías. Creo que estamos abordando un tema de coyuntura sumamente relevante. Mientras no se precisen las causas del accidente en Pemex, muchos mexicanos seguiremos pensando que fue una explosión a sangre fría.

Tratándose de un suceso lamentable, que ocurre en el corazón mismo de la empresa más importante de México y en el contexto de la coyuntura por la contrarreforma estructural en materia energética, es menester que las autoridades correspondientes respondan a las preguntas que muchos nos hacemos.

¿Existe la posibilidad de que otras instalaciones de Pemex en el país se encuentren bajo el riesgo de explosiones similares? ¿Por qué no se detectó ningún síntoma de intoxicación por inhalación de gas ni en los sobrevivientes ni en las víctimas fatales del accidente? ¿Están actualizados los programas de protección civil para prevenir y atender sucesos de tal magnitud? ¿Qué garantías existen de que esto no vuelva a ocurrir en algunas de las instalaciones o plantas de la paraestatal?

Es necesario que se determine, de manera profesional y científica, si están dadas las condiciones para que los trabajadores de los complejos administrativos, operativos y de todas las instalaciones de Pemex a nivel nacional puedan laborar con la mayor seguridad. Esta revisión no puede llevarse a cabo con una visión de corto plazo con el único fin mediático de apaciguar momentáneamente los señalamientos de la sociedad.

Debido a la superficialidad e incluso a la frivolidad con la que las autoridades han tratado el problema consideramos que la explosión en realidad es consecuencia de una falta de mantenimiento deliberada e intencional por parte del gobierno, con el afán de crear en todos los mexicanos la imagen de que Pemex es una empresa que no tiene recursos ni para garantizar una protección mínima a sus empleados. Pero nada más alejado de la realidad, Petróleos Mexicanos genera una gran cantidad de ganancias.

Ya basta de manipular a la gente vendiendo la idea de que Pemex no es rentable y que el único camino que nos queda es privatizar. Basta de perpetuar mitos, esos sí destinados al bote de la basura, sobre cómo opera el resto de empresas petroleras en el mundo para abrir aquí contratos millonarios que solo favorecen a unos cuantos.

Más importante aún, basta de arriesgar la seguridad de los empleados, mientras los millones de pesos que genera la empresa se derrochan en corrupción y en intereses particulares. Tal pareciera que el país se beneficia en forma proporcional a la degradación de Pemex.

Por las razones expuestas aquí, apoyamos la propuesta, el punto de acuerdo a cargo del diputado Gerardo Carreño, del Grupo Parlamentario del PAN, en el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar una revisión exhaustiva de la infraestructura en todas las instalaciones de Pemex. Muchas gracias a todos.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. El diputado Ricardo Astudillo Suárez, por el Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Muy buenas tardes. Con su permiso, presidenta; compañeras y compañeros diputados, en este punto de acuerdo por supuesto que nosotros estamos a favor, ya que no podemos ser indiferentes a lo ocurrido el pasado 31 de enero, en el edificio B2 de las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos. Dicho evento —como todos conocemos— tuvo grandes consecuencias, por supuesto la pérdida de vidas humanas y de graves heridos.

El día de hoy para nosotros es muy importante tener muy en cuenta que el tema de la prevención y la supervisión es una de las tareas más importantes del Estado; es decir, garantizar cada una de las labores y las propias instalaciones en donde se llevan a cabo los trabajos día con día.

Aún más y lo que nos parece muy importante para el Grupo Parlamentario del Partido Verde, es que también dentro de la Ley Federal del Trabajo se establece una normatividad específica para todas las empresas privadas en lo que tiene que ver con seguridad e higiene. Nos parece que el gobierno federal, estatal y municipal, por supuesto, tienen que ser los primeros en poner el ejemplo y en estar listos en las actualizaciones de todo lo que tiene que ver con la reglamentación y con las instalaciones de cada uno de estos edificios.

Es cierto lo que comentan nuestros compañeros que hablaron antes de un servidor; hoy en nuestro país estamos en un alto riesgo a lo largo y ancho de todas las entidades federativas en todo lo que tiene que ver con infraestructura y que se relaciona con Pemex.

Hemos puesto aquí, en esta tribuna, diferentes casos y puntos de acuerdo en lo que tiene que ver con los ductos de hidrocarburos, de combustibles y que es un tema que dentro de la Comisión de Energía nos preocupa el día de hoy y nos ocupa; hemos formado subcomisiones, hemos formados grupos de trabajo en los que estamos, por supuesto, relacionando cada uno de estos temas.

Ahora bien, este exhorto es muy importante para nosotros que no nos perdamos y que sea muy específico en lo que hoy estamos aquí llamando, que tiene que ver con la elaboración de los programas, atención a las observaciones de las aseguradoras, hacer caso —por supuesto— de los simulacros que se llevan a cabo en las empresas, en las instituciones públicas, privadas, por supuesto en la elaboración de programas y actualización en todo lo que tiene que ver con capacitación de personal. También todo lo que tiene que ver en materia de protección civil.

Hace un mes presentaron una reforma en lo que tiene que ver con la Ley de Protección Civil, que nos parece que tenemos que poner atención en cada uno de estos temas y que recordemos que la seguridad la hacemos todos, y que cada uno de nosotros somos responsables de poder prevenir cualquier tipo de acontecimiento, como el que sucedió el pasado 31 de enero. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRD, en el uso de la voz la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, diputada presidenta. Poco antes de las cuatro de la tarde del día 31 de enero de 2013, tuvo lugar una fuerte explosión en el edificio B2 del centro administrativo de Petróleos Mexicanos cuyo saldo hasta el momento es de 37 muertos y más de 100 heridos.

En primer lugar, el Grupo Parlamentario del PRD ratifica sus más profundas condolencias a los familiares de las trabajadoras y los trabajadores y demás personal que perdieron la vida en estos hechos.

Solicitamos que de manera ágil se les otorguen las prestaciones económicas y además que se atiendan a los deudos de los trabajadores y destacadamente a los menores de edad, que nada tenían que ver con este tema y desafortunadamente perdieron la vida en este fatal incidente.

Para los heridos que aún se encuentran hospitalizados —algunos de ellos de gravedad— se les brinde la atención urgente, que permita preservar su vida y la salud, a los que ya fueron dados de alta se les continúe otorgando el apoyo necesario hasta su total rehabilitación.

Compañeros y compañeras diputadas, estos lamentables hechos tan graves que vivió el Estado mexicano hace ya tres semanas requieren de la atención urgente de este Congreso.

La verdad me da vergüenza que se haya retrasado, que se esté simulando un tema que es prioritario para el Estado mexicano, ya que Pemex es nuestra principal fuente de ingresos en México y que después de tres semanas estemos tocando el asunto, cuando debimos de haberlo atendido desde el primer día de sesión después de ocurridos estos lamentables hechos.

En el Grupo Parlamentario del PRD estamos seguros de que éste es un hecho insoslayable del cual no nos podemos abstraer como Poder Legislativo y por ello, desde la Cámara de Diputados, más allá de realizar este tipo de exhortos, que a pesar de que son positivos también no son suficientes, votaremos a favor.

Las autoridades deben de esclarecer los hechos. Requerimos no solamente transparencia en todas las acciones que se lleven a cabo, sino una rendición de cuentas y en caso de haber responsabilidades deberá de hacerse público y aplicar las sanciones correspondientes.

Si lo que ocurrió en Pemex fue un accidente —como dicen— o existe la deplorable falta de vigilancia y mantenimiento de las instalaciones, se debe de atender con prontitud.

Varios han sido los accidentes que ha sufrido la paraestatal y por ello necesitamos esquemas de protección que garanticen su total mantenimiento, pero también transparentar los millonarios ingresos de esta empresa para el mantenimiento de la misma.

Pedimos que se investigue de verdad y de frente a la nación, sin maniobras de forma abierta, que los funcionarios que acaban de ser citados por la Comisión Bicamaral asistan de manera puntual y entreguen los informes correspondientes de manera transparente, a fin de que la población afectada y las víctimas puedan contar verdaderamente con la información que requieren en la atención.

Votaremos a favor de este punto de acuerdo, pero al mismo tiempo exigimos que las mesas directivas de la Junta de Coordinación Política del Senado y de esta Cámara de Diputados y la Junta Directiva de la Comisión Bicamaral actúen con prontitud y rapidez.

Compañeros, sobre todo —lo más importante— dejemos de simular y atendamos los asuntos prioritarios de la nación de manera urgente y en el tiempo que se merecen nuestras víctimas. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. Por el Partido Acción Nacional, en el uso de la voz el diputado Jorge Rosiñol Abreu.

El diputado Jorge Rosiñol Abreu: Buenas tardes. Con su permiso, señores de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, el accidente ocurrido en la torre B de Petróleos Mexicanos el pasado 31 de enero del presente año es una tragedia que requiere de una amplia valoración por parte de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos, para que dichas dependencias tomen todas las medidas necesarias para prevenir éste y otros accidentes. Es necesario que se revisen y refuercen las medidas de seguridad en todas y cada una de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

En este sentido, es importante que se nos informe de manera clara y detallada sobre el alcance del plan de respuesta de emergencias con el que cuenta Pemex; es decir, en los lamentables hechos en la torre, ¿cuál fue la capacidad de respuesta de la paraestatal ante dicho acontecimiento? ¿Qué coordinación se dio con los sistemas de protección civil para afrontar y remediar los efectos de este tipo de contingencias? Sobre todo, su efectividad para salvar vidas, así como también, ¿cuáles fueron las causas que se dieron origen a esta lamentable tragedia?

Debemos señalar que aunque no se tenga todavía un sustento para indicar que hubo negligencia que provocara el siniestro, sí la hubo posteriormente al mismo, cuando funcionarios del gobierno federal hicieron a un lado el protocolo de seguridad de sustancias químicas y petroquímicas básicas de Pemex, y que se identifique la causa-raíz del accidente optando por la investigación e información oficial de la Procuraduría General de la República, donde inclusive se desplazó a la comisión mixta de seguridad e higiene de la paraestatal.

También es de suma relevancia que se nos informe a detalle los resultados derivados del análisis técnico-científico de las causas del accidente, así como la evaluación de daños ocasionados a la instalación.

Creo que es de la mayor prioridad que Petróleos Mexicanos informe a toda la población sobre las medidas correctivas a realizar y las ya realizadas ante acontecimientos tan lamentables, como los del pasado 31 de enero del presente año, en la torre B de Pemex, o como los ocurridos en el centro receptor de gas y condensados de Pemex, en Reynosa, Tamaulipas, del 18 de septiembre de 2012, o lo ocurrido en diciembre de 2010 en San Martín, Texmelucan, e inclusive recordamos lo de San Juanico, el 19 de noviembre de 1984.

Asimismo son preocupantes los efectos de este lamentable acontecimiento sobre la opinión pública y más aún, cuando el manejo de la información ha sido confuso y sin la seriedad respectiva, generando especulaciones e incertidumbre sobre las verdaderas causas del accidente, dado las diferentes voces que han opinado al respecto, lo que da un matiz más de carácter político que técnico.

Ante la magnitud de estas tragedias hacemos el siguiente exhorto al titular del Ejecutivo federal para que a través de las autoridades correspondientes realice una revisión exhaustiva de los protocolos de mantenimiento y de servicio en la infraestructura de las instalaciones de Pemex del territorio nacional, a elaborar programas de atención a las observaciones de las compañías aseguradoras, a que actualice y supervise los programas de simulacros operativos y de emergencia mayor en sus plantas, a que actualice o elabore nuevos programas de capacitación al personal de protección civil, a que elabore estudios que permitan mejorar la seguridad de las refinerías que se encuentran en zonas urbanas, así como de estadísticas de accidentalidad para determinar cuáles son las instalaciones que requieren mayor atención.

Cabe agregar, que no se debe continuar politizando las acciones de Pemex, como sucede también con la designación de funcionarios al frente de diferentes cargos administrativos y técnicos, que deberían de tener la preparación y experiencia correspondiente.

Finalmente, quisiera exhortar a mis compañeros legisladores de todas las fracciones parlamentarias a que aprobemos este punto de acuerdo, que es de urgente u obvia resolución.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Por la fracción parlamentaria del PRI, en el uso de la voz la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano:Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. En el Grupo Parlamentario del PRI valoramos que la bancada del Partido Acción Nacional haya propuesto este punto de acuerdo, si bien no podemos dejar de lamentar que los dos gobiernos federales anteriores —emanados de dicho partido político— incurrieran en evidentes desatenciones, que desafortunadamente pudieran haber contribuido a esta situación.

De hecho, en la comparecencia celebrada el 7 de noviembre ante esta honorable Cámara de Diputados, el entonces secretario de Energía, Jordy Herrera, abiertamente reconoció —y cito sus palabras—: es causa de consternación el deterioro significativo de la seguridad industrial del sector energético.

Antes de abordar el tema propuesto en el punto de acuerdo resulta oportuno advertir que las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes sobre la tragedia del 31 de enero en las oficinas administrativas de Pemex se desa-rrollen de manera minuciosa y que en todo momento la opinión pública ha sido informada con oportunidad sobre el curso de las mismas, en una actuación coordinada por parte de las autoridades, tanto federales como del gobierno del Distrito Federal. En este sentido, consideramos que no debe haber lugar para especulaciones.

Estamos seguros que las autoridades continuarán actuando con la responsabilidad y la coordinación que demostraron de inmediato tras el lamentable suceso y que seguirán informando a esta soberanía y a la opinión pública, con el mismo profesionalismo y puntualidad sobre el resultado final de las investigaciones.

Por otra parte, el tema de la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones de Pemex sin duda merece una especial atención. Lógicamente nadie podría estar en contra de incrementar los esfuerzos en esta materia; sin embargo, esta loable intención debe inscribirse en un contexto más amplio sobre los diversos aspectos de la industria de hidrocarburos, así como de las condiciones en que se desarrollan las tareas de producción, almacenamiento y distribución del combustible, además de los fenómenos externos que inciden sobre ella.

Es evidente que la industria en general y las operaciones de Petróleos Mexicanos en lo particular presentan problemas estructurales, pero es igualmente necesario reconocer que muchos de ellos derivan de lo que se omitió hacer en el pasado reciente, o en su caso, se hizo en forma deficiente.

Vigilar y dar un mantenimiento adecuado a las instalaciones energéticas del país requiere no solo una inversión muy significativa, sino sobre todo de un gran esfuerzo de modernización integral de todas las actividades de Petróleos Mexicanos.

No podemos seguir considerando parches o acciones parciales ilimitadas. No se trata únicamente de un tema relacionado con los recursos requeridos, se trata en el fondo de un replanteamiento estructural de la organización, planeación y operación de la industria de los hidrocarburos.

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que es el momento de impulsar una reflexión sobre lo que debemos hacer para producir más, de manera más eficiente, con mayor seguridad y con un menor costo de los combustibles que la actividad económica del país requiere para crecer y asegurar que las familias mexicanas gocen de un mayor bienestar.

El tema, señoras legisladoras y señores legisladores, es cómo asegurar el crecimiento sostenido de una industria moderna y sustentable, que permita el máximo aprovechamiento de nuestros recursos, genere opciones de combustibles alternos a los hidrocarburos y proteja la riqueza de nuestro medio ambiente. Es un tema que rebasa coyunturas.

El Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del punto de acuerdo que se propone, pero queremos dejar constancia de estas inquietudes y reafirmamos nuestra disposición para que pronto entremos a la discusión de los temas de fondo sobre la problemática que rodea a nuestra industria energética y la mejor manera de superar sus retos. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El diputado Genaro Carreño Muro(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:¿Con qué objeto, compañero? Sonido en la curul del diputado. Diputado Carreño, adelante.

El diputado Genaro Carreño Muro (desde la curul): Gracias, presidenta. Con el objeto de hacer una precisión a los comentarios que nuestra compañera diputada ha generado y si me lo permite, haciendo reflexión de lo que decía la diputada, de que por las dos administraciones anteriores en gran medida se debía este accidente.

Permítanme hacer una corrección, en el sentido de que en ningún momento se habían presentado accidentes en un edificio administrativo de Petróleos Mexicanos. Para llevar a cabo los protocolos que guarda la norma de Petróleos Mexicanos se requiere voluntad, se requiere un gran servicio, pero sobre todo una gran sensibilidad.

Por ello es que el exhorto que se genera hoy al Ejecutivo federal es con el objeto precisamente de lo que estamos buscando para evitar las muertes, fallecimientos y que se siga el protocolo o las normas de seguridad que hasta hoy no vemos claras.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Muy bien. Proceda la Secretaría con la votación, por favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Sonido en la curul de la diputada Abreu, por favor. ¿Con qué objeto, diputada? Ya tiene sonido en su curul.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (desde la curul): Diputada presidenta, haciendo réplica de lo señalado por el promovente, señalo que independientemente de las acciones que señala él sobre un edificio ejecutivo, no podemos hacer a un lado la responsabilidad en relación de materia genérica.

Cuando hablamos de la causa de accidentes que se han sumado podemos hablar de un sinnúmero de accidentes que se han sumado en instalaciones petroleras, como han sido precisamente plataformas, como han sido gasoductos y como han sido instalaciones de Petróleos Mexicanos, las cuales suman —y reitero el dicho del propio secretario en su comparecencia anterior— sobre la falta de mantenimiento en ese sentido. Reitero mi dicho.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la solución del conflicto laboral de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

El diputado Genaro Carreño Muro (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Ya estamos en otro tema, diputado. Gracias. Perdón.

El diputado Roberto López Suárez:Gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el de la voz —quien suscribe— diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Este punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, en el marco de sus atribuciones, para que busquen mediante el diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas una solución a este conflicto, procurando en todo momento el respeto a los derechos humanos, individuales y colectivos de los trabajadores, así como la reinserción a la vida productiva a través de la creación de un organismo público descentralizado que preste el servicio de energía eléctrica en el centro del país y así dar empleo a los más de 16 mil trabajadores que no aceptaron su liquidación y no la aceptarán.

El proceso injusto contra los electricistas en el sexenio pasado desconoce el principio de la supremacía de la realidad que preside el mundo del trabajo; los derechos irrenunciables de los trabajadores y la subsistencia del conflicto laboral no pueden suprimirse de un plumazo.

Aquí reconocemos que el día de ayer el Ejecutivo federal ya inició el diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, aun así resolver el conflicto está en manos del Ejecutivo y del Legislativo para resolver este conflicto, en apego a lo ordenado al artículo 1o. y al 123 constitucional, ambos.

Recordemos que en los primeros minutos del 11 de octubre —en el gobierno pasado— fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ordenó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, alegando supuestas razones económicas y de eficiencia, lo que provocó el despojo de más de 44 mil trabajadores y sus familias, la creación de un riesgo para el pago de pensiones y jubilaciones, el ultraje a la libertad y la autonomía sindical. Una privatización simulada de Luz y Fuerza del Centro, patrimonio de toda la nación.

Ante esto, los trabajadores decidieron usar las vías legales para defender sus derechos, y bien, el 13 de octubre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado en circuito de materia del trabajo emitió una sentencia a favor del sindicato y sus agremiados, para el efecto de que la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje dejara insubsistente el laudo que ordenaba la liquidación de las relaciones de trabajo de los electricistas, procediendo la sustitución patronal con la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, el 30 de enero de 2013 la Segunda Sala de la Suprema Corte revocó la ejemplar sentencia del tribunal antes referido, que —insisto— ordenaba la reinstalación de los trabajadores por la CFE en su carácter de patrón sustituto y el consecuente pago de salarios caídos. Pero esto no sucedió y se pretende obligar a los sindicalizados a cobrar una liquidación, sin garantizarles una fuente de empleo.

El reclamo de los trabajadores a conceptuar a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto para efectos de su reinstalación fue plenamente acreditada por el SME desde el momento que se mantuvo la materia de trabajo y que ahora es operada por la Comisión Federal de Electricidad, a la que también fueron transmitidos los bienes de propiedad de la extinta Luz y Fuerza del Centro, satisfaciéndose los requisitos previstos en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo y 290 de la Ley del Seguro Social. Por lo antes expuesto, propongo:

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo y al Congreso de la Unión en el camino del diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, para que busquen dar empleo a los más de 16 mil trabajadores electricistas que no aceptaron su liquidación, explorando opciones, entre ellas crear un organismo público descentralizado encargado de la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país.

Segundo. Se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a que les continúe otorgando a estos trabajadores los servicios médicos.

Compañeras y compañeros diputados, somos responsables de dar solución a este conflicto. Vemos con buenos ojos —desde la izquierda— que el gobierno federal ha iniciado pláticas con el Sindicato Mexicano de Electricistas; vemos con buenos ojos que se han liberado a los últimos presos del Sindicato Mexicano de Electricistas, aunque existan todavía algunos procesos legales.

Creemos que hay que dar la oportunidad para el diálogo y el Congreso de la Unión, esta Cámara de Diputados y el gobierno federal tienen en sus manos resolver este conflicto que nos heredó el gobierno pasado. Por el apoyo que se pueda brindar a este punto de acuerdo, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto laboral de los trabajadores del SME, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción III, 31 numeral 2 y 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La democracia tiene como uno de sus principales pilares la división de poderes; por lo que el debilitamiento del Poder Legislativo, y la tentación de reducir a la Suprema Corte de Justicia a una instancia de consigna, tarde que temprano pondrá en jaque a la democracia, que va de la mano del estado de derecho y la paz social.

Recordemos que en un condenable acto de fuerza, en que intervinieron efectivos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército Mexicano, el sábado 10 de octubre de 2009, a las 22:45 horas aproximadamente, fueron tomadas las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Acto seguido, en los primeros minutos del 11 del mismo mes y año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto del entonces titular del Ejecutivo federal, ordenando la liquidación inmediata de esta empresa alegando supuestas razones económicas y de eficiencia.

El saldo de este alevoso acto fueron: el despojo de su empleo a más de 44 mil trabajadores y sus familias, creación de un riesgo para el pago de las pensiones y jubilaciones, ultraje a la libertad y autonomía sindical, despojo, vía privatización simulada de Luz y Fuerza del Centro, de un patrimonio de toda la nación.

Los trabajadores decidieron, en uso de las vías legales, luchar por el respeto a sus derechos, y bien, el 13 de octubre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia del Trabajo, emitió sentencia a favor de los trabajadores, para el efecto de que la Junta Especial número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dejara insubsistente el laudo que ordenaba la liquidación de las relaciones de trabajo de los electricistas, al declarar procedente la procedencia de la sustitución patronal con la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, el pasado 30 de enero de 2013, la Segunda Sala de la Suprema Corte revocó la ejemplar sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito antes referida, que insisto, ordenaba la reinstalación de los trabajadores por Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su carácter de patrón sustituto y el consecuente pago de sus salarios caídos; por el contrario ahora los trabajadores están frente a un injusto mandato que pretende obligarlos a su liquidación, y los lanza al mundo del desempleo y la desesperanza. Ya que una liquidación no puede sustituir a un empleo digno, como el que tenían, y desconoce su derecho a una jubilación o pensión, y otras prestaciones; además de la agresión recibida a su dignidad como seres humanos. Buscando paralelamente la muerte jurídica de su sindicato y contrato colectivo.

El reclamo de los trabajadores a conceptuar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como patrón sustituto, para efectos de su reinstalación, fue plenamente acreditada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), desde el momento en que se mantuvo la materia de trabajo, operada ahora por la CFE, a la que le fueron transmitidos los bienes propiedad de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Para reafirmar esto, recordemos que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 41 establece, que la sustitución de patrón no afecta las relaciones de trabajo, lo que debe interpretarse en relación con el artículo 290 de la Ley del Seguro Social, que señala, que surge la sustitución de patrón, cuando: “Exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión, por cualquier título, de los bienes esenciales afectos a la explotación, con ánimo de continuarla. El propósito de continuar la explotación se presumirá en todos los casos...” Extremos que se cumplan plenamente en el caso del SME.

Sobre la causa de fuerza mayor, la Segunda Sala sostuvo, que el arbitrario decreto del Ejecutivo federal de 2009, constituye tal causa, en lugar de analizar si los motivos de fuerza mayor alegada por el entonces titular del Ejecutivo, básicamente de carácter económico, se constituían como tales y eran suficientes para dar sustento a la extinción de Luz y Fuerza. Este insostenible criterio de la Corte, abre la puerta para que el Ejecutivo en turno, extinga cualquier organismo descentralizado, con base en su capricho y su arbitrariedad.

Las razones humanitarias tampoco impidieron esta inadmisible resolución de la Corte; pues su resolución provoca que más de 16 mil trabajadores después de más de 3 años de lucha queden sin empleo, con las consecuentes afectaciones a sus familias; obligándoles la Corte a caminar hacia atrás, hacia la percepción de las depreciadas indemnizaciones forzadas de hace tres años.

Todo este proceso de fuerza en contra de los trabajadores, desconoce el principio de supremacía de la realidad, que preside el mundo del trabajo. Los derechos irrenunciables de los trabajadores y, la existencia de conflicto laboral no pueden suprimirse de un plumazo. Aún está en manos del Ejecutivo y Legislativo federales, resolver con equidad este conflicto, en apego a lo ordenado por el artículo 1o. en relación con el artículo 123, ambos de nuestra Carta Magna. Antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otras instancias internacionales, sigan exhibiendo el poco apego del gobierno mexicano al respeto de los derechos humanos. La violencia laboral de estado, debe ser siempre condenada.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a buscar mediante diálogo con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, una solución a este conflicto laboral, buscando en todo momento el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos de estos trabajadores y su reinserción a la vida laboral, mediante la creación de un organismo público descentralizado encargado de la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, que recontrate a los más de 16 mil trabajadores electricistas que no aceptaron su liquidación.

Segundo. Se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que en tanto se solucione este conflicto laboral, les continúe otorgando el instituto a estos trabajadores los servicios médicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.— Diputado Roberto López Suárez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica...

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Sí, diputado. Sonido en la curul del diputado Héctor Gutiérrez.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Gracias, presidenta. Respetuosamente, a ver si es tan amable de leer los dos resolutivos que está planteando el compañero diputado, para efectos de proceder o no a aceptar la urgente u obvia resolución. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:No dejó nada por escrito y está tal cual en la Gaceta Parlamentaria.

El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Sonido en la curul del diputado.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Los cambios que se le hicieron fueron las observaciones que nos plantearon. Los leo nuevamente:

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión —en el camino del diálogo con el SME— busquen dar empleo a los más de 16 mil trabajadores electricistas que no aceptaron su liquidación, explorando opciones, entre ellas crear un organismo público descentralizado encargado de la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país.

Segundo. Se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a que les continúe otorgando a los trabajadores los servicios médicos.

Son los dos puntos con las observaciones.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado Proceda la Secretaría a la votación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la voz, por la fracción del Partido del Trabajo, el diputado Ricardo Cantú Garza, hasta por tres minutos.

Declina su intervención para cederla al diputado Gerardo Villanueva, del Partido Movimiento Ciudadano.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputada presidenta. Es difícil estar a estas horas ante ustedes después de escuchar a tanto orador y a tantos compañeros que nos antecedieron; sin embargo, este tema debiera ser quizá de los que debieran de llamar más la atención, es uno de los temas que enfrenta el conflicto de los trabajadores electricistas.

Sin embargo, esta exploración que orientaría al gobierno federal dentro de una de las posibilidades para crear un organismo público descentralizado para la generación de energía eléctrica en el centro de la República iría en congruencia con lo que un día alrededor de 35 diputados del PRI, el 25 de julio del año 2011, publicaron en un desplegado en el diario La Jornada, en donde hacían un llamado de atención muy fuerte, con argumentación bastante sólida, condenando la privatización de más del 50 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país.

Espero que esa denuncia —que en ese momento se hizo como oposición— se sostenga con congruencia ahora que es el Partido Revolucionario Institucional el que tiene la posibilidad de contar con el Poder Ejecutivo, que será determinante para resolver este conflicto.

Ya no basta la buena fe para escuchar a los trabajadores electricistas; son 16 mil 599 familias, son 16 mil 599 trabajadoras y trabajadores que el día de hoy y durante semanas y durante años, desde aquel 11 de octubre de 2009, están en pie de lucha, dando un ejemplo gigante de dignidad de resistencia y de lucha por la legalidad.

Aquel día quedaron sin empleo de la noche a la mañana alrededor de 45 mil trabajadores, lo que equivale a la mitad de la población de la delegación Venustiano Carranza.

Seamos sensibles de esto que se está proponiendo. Miremos más adelante para tratar de llegar a acuerdos en el tema y en la discusión —que ojalá y llegue a buen puerto— de que la tarifa social justa pueda definirse desde esta Cámara de Diputados, de que el derecho a la energía eléctrica se consagre como derecho humano elevado a rango constitucional y no dejemos solos a los miles y miles de usuarios que en este momento están luchando contra los abusos y los cobros indebidos y excesivos de la Comisión Federal de Electricidad.

Para concluir, hay que hacer un llamado desde esta tribuna y ojalá sea también respaldado por todas y todos los diputados de esta Cámara, a la Profeco, para que atiendan, reciban y procesen las quejas que le están llegando y que deben ser atendidas.

Estaremos muy pendientes para que esta exploración para la solución y la reinserción laboral de los trabajadores electricistas no tarde seis años, y que sea lo más pronto posible.

Háganlo por un asunto de humanidad, de solidaridad básica; pónganse un minuto en los zapatos de estos trabajadores. Muy bien nos haría hacer esa reflexión. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Gracias, diputado. En el uso de la voz el diputado el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares(desde la curul): Declino, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Declina su intervención. En el uso de la voz la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. A mil 242 días del decreto que emitió Felipe Calderón para cesar a las trabajadoras y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, el día 30 de enero llega a su fin el conflicto laboral ante los tribunales mexicanos, siendo el tribunal de control constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación la instancia que legitima el despojo y abuso de los poderosos.

La resolución de la Suprema Corte cierra toda posibilidad de revertir una andanada de reformas mal llamadas estructurales y pone en entredicho el respeto irrestricto de los derechos humanos, dejando como único medio para la salvaguarda de los derechos y garantías de las mexicanas y los mexicanos los tribunales internacionales.

Resulta más grave aún el desprestigio de nuestras instituciones y la falta de equilibrio de poderes. El Estado nace para dirimir los intereses y contradicciones de las clases sociales a través de los poderes de la Unión y el andamiaje legal e institucional, y lo que vemos es que se disfraza la hegemonía económica, social y política de una oligarquía rapaz.

La decisión de las y los ministros replantea, para los partidos de izquierda, para la clase obrera, la búsqueda y toma de poder por otros caminos a cambiar de táctica y estrategia; combinar la vía parlamentaria y la movilización, recuperar sus tradiciones y combatividad, acudir a las trabajadoras y los trabajadores para sembrar la semilla de la huelga. La historia de la humanidad es y seguirá siendo la lucha de clases.

Por eso respaldamos todas las acciones de las trabajadoras y los trabajadores electricistas, partiendo del principio de los derechos y las conquistas sociales, que no son negociables.

Es tiempo de la unidad obrera y campesina para la acción. La reforma laboral y el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas nos dan visos de que la ruta de la imposición se va a profundizar, lo cual obliga a marchar juntos y actuar juntos y juntas.

Este posicionamiento es a favor a esta proposición de obvia o urgente resolución, presentada por nuestro compañero diputado Roberto López Suárez y esta posición no aspira a la denuncia mediante la palabra, representa un llamado a los grupos parlamentarios, a los de izquierda y al resto de los grupos parlamentarios, a Morena, a los movimientos sociales, al frente amplio socialista; a la organización popular de trabajadores, a todos aquellos sindicatos de obreros, de campesinos, de hombres y mujeres de buena voluntad, patriotas todas y todos, a salir a las calles y respaldar a nuestros hermanos de clase.

No quitamos el dedo del renglón, exigimos justicia y exigimos las demandas de los trabajadores del SME: reinstalación de la fuente de trabajo, que es un derecho constitucional; el pago de sus salarios caídos, el respeto del contrato colectivo de trabajo, libertad al compañero Jorge Ulises Gaona, que aún queda preso.

Expreso un abrazo solidario a los más de 16 mil trabajadores y trabajadoras en pie de lucha y el respaldo a Martín Esparza Flores y al comité político del sindicato. Vayamos a un frente político para la acción, el enemigo se quitó la máscara y nos enseñó el rostro.

No hay lucha más perdida que la que se abandona. Al SME hace 98 años lo vieron nacer, pero nunca lo verán morir. El tiempo y la muerte nos alcanza a todas y a todos y solo nos sobreviven nuestros instrumentos de lucha: los partidos, los sindicatos democráticos.

Mientras exista el mundo existirán los obreros, quienes con sus manos, con su creatividad, su fuerza de trabajo, su vida e incluso su sangre generan la riqueza de la nación.

El SME seguirá y serán los primeros en la línea para defender su derecho a trabajar, los primeros en la lucha contra la privatización del petróleo y contra la pretensión de gravar con IVA alimentos y medicinas.

Elena Poniatowska en su libro, en su novela, El tren pasa primero, narra la vida de un hombre que nació en un pueblo del sur de México, Trinidad Pineda Chiñas, y del movimiento al que pertenecía, el Movimiento Ferrocarrilero en México, y en ese mundo de las letras nos dice —dando voz a Trinidad, pero en cierto modo dando modo a los más de 16 mil trabajadores electricistas—: he pasado noches a la intemperie, he amanecido empapado por el rocío de la madrugada; me ha costado mucho ponerme de pie y creí que jamás lo lograría de tan enmudecido. He aguantado días sin comer, cuando no me ha ido bien —hemos aguantado horas en sesiones del pleno, donde las diputadas y diputados no escuchan, eso es entre comillas, personal— dormí en sótanos, en carros de ferrocarril, tuve hambre y frío, sentí que ningún fuego, ningún abrazo me calentaría, pero en medio de mi pobreza sé que ni un solo hombre deja de luchar y no se deja morir.

Justicia para las trabajadoras y los trabajadores del SME, por un diálogo con propuestas de solución a corto plazo. La proposición planteada es justa y humana, por lo cual pedimos su voto a favor, compañeras y compañeros diputados, y obviamente agradecer la tolerancia y el respeto para su servidora.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Por el Partido Acción Nacional, en el uso de la voz la diputada Esther Quintana Salinas.

La diputada Esther Quintana Salinas:Con su venia, diputada presidenta. Señoras y señores legisladores, muy buenas tardes. El asunto que nos trae hoy a esta tribuna tiene que ver con un hecho que, por un lado, atenta contra la cultura de la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones, de sus instituciones; es decir, contra el estado de derecho, que ya es grave, y por otro lado, constituye una falta de respeto a la dignidad de las personas, porque vulnera su derecho a vivir conforme a esta jerarquía de personas.

En días pasados se tuvo noticia de que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas rechazarían la liquidación que les corresponde, toda vez que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la extinción de dominio de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y que el secretario del Trabajo, Navarrete Prida, señaló que esta liquidación era muy superior a los términos que dispone la ley.

Lo anterior obedece a que el dirigente nacional, Martín Esparza y sus abogados, alentaron de manera —quiero ser muy educada— muy poco seria, la esperanza en más de 16 mil trabajadores que no han cobrado su liquidación, diciéndoles que serían recontratados por la vía de la sustitución patronal en la Comisión Federal de Electricidad y que les serían pagados incluso salarios caídos. Así fue como los llevó a la negativa de no aceptar el pago de la liquidación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró la constitucionalidad del decreto de extinción de dominio de Luz y Fuerza del Centro, así como la terminación de las relaciones laborales con el gremio.

Subrayo: la Corte ya resolvió, el órgano jurisdiccional competente ya resolvió, estamos ante cosa juzgada, el decreto es constitucional, y ahora el señor Esparza arremete contra este fallo y anuncia que recurrirá a instancias internacionales para revertirlo. Está mintiendo. Está mintiéndoles otra vez a sus representados. Porque estas instancias no pueden revertir ni la extinción de dominio de Luz y Fuerza del Centro ni la terminación de las relaciones laborales.

¿Qué pretende? ¿Qué más quiere de los representados que lo han seguido? ¿Qué quiere demostrar? ¿Por qué sigue abusando del desconocimiento jurídico de los trabajadores y los presiona a esta protesta estéril? ¿Qué derecho le asiste al señor Esparza para seguir retardando el acceso al empleo de estas personas? ¿Por qué ese empeño perverso de continuar dañando su economía? Porque es perverso que la dirigencia del SME se valga del estado de incertidumbre que viven los trabajadores. Es perverso para actuar en su perjuicio.

Los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro tienen derecho a rehacer su vida laboral en otras áreas de la industria.

En cuanto al exhorto que se pretende emitir al titular del IMSS para que se les continúe otorgando el servicio médico mientras se soluciona el conflicto laboral, es importante recordar —para que no diga mentiras el señor Esparza— que el sindicato que dirige impugnó el oficio 952 1761 2000/000739, que emitió el 19 de noviembre de 2009 el director de prestaciones médicas del IMSS, en el que notificaba a todos los delegados del instituto en el país que a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que aceptaron su liquidación, y admitieron el decreto que extinguía ese  organismo, se les ampliaba por un año la cobertura de sus servicios médicos y que los trabajadores que decidieran irse a juicio solo tendrían derecho a las cuatro semanas, que establece el artículo 109 de la Ley del IMSS.

La titular del juzgado primero de distrito del Centro Regional de la Primera Región consideró que dicha medida no afecta a quienes no aceptaron su liquidación, porque no limita ni restringe el derecho que les otorga la norma citada.

Señoras y señores legisladores, Acción Nacional siempre se ha manifestado a favor de la cultura de la legalidad y respeto a las decisiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, consideramos que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revocó el amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas para que la Comisión Federal de Electricidad asumiera como patrón sustituto, cumple con la finalidad de promover una eficiente impartición de justicia al demostrar la constitucionalidad del decreto de extinción de dominio de Luz y Fuerza del Centro.

El fallo de la Corte deja en claro que las relaciones laborales han terminado, como consecuencia de la extinción del organismo, por lo que hacemos un llamado respetuoso a los trabajadores del SME para que preparen...

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Le solicitamos concluya su participación.

La diputada Esther Quintana Salinas: Ya concluyo, presidenta. Para que preparen nuevamente su incorporación al mercado laboral y también para que exijan a Martín Esparza que tenga los arrestos de informarles con veracidad el estatus en que se encuentran y que derivado de esto ellos decidan si le siguen haciendo —como dicen en mi tierra— el caldo gordo a semejante vividor o ejercen a plenitud lo que en su derecho les corresponde. Gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo, previa lectura del mismo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Palacio Legislativo, 21 de febrero de 2013. Resolutivos propuestos.

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión en el camino del diálogo con el SME exploren opciones, entre ellas, crear un organismo público descentralizado para dar empleo a los más de 16 mil trabajadores electricistas que no aceptaron su liquidación.

Segundo. Se exhorta al titular del IMSS para que les continúe otorgando a esos trabajadores los servicios médicos.

Firma. Diputado Roberto López Suárez.

Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

DIA MUNDIAL DE LA LENGUA MATERNA

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se informa a la asamblea que se recibieron los textos de las siguientes efemérides: Con motivo del Día Mundial de la Lengua Materna, proclamado por la Unesco, de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza

«Efeméride con motivo del Día Mundial de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN

El muro de honor de la Cámara de Diputados es prolijo en el reconocimiento a los hombres y mujeres que han engrandecido a la patria. Aquí se rinde honor a los héroes niños de Chapultepec, a los Constituyentes del 17, a Morelos e Hidalgo, a mujeres de estatura moral y pensamiento libre como la Corregidora, Leona Vicario y Carmen Serdán. Pero quiero llamar la atención sobre tres nombres que aparecen en letras de oro no sólo en estos muros, sino en el pensamiento y en la sangre del pueblo mexicano.

Me refiero al Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García; a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, y a Netzahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco; tres de nuestros padres indígenas cuya memoria es honrada en este recinto, para celebrar una efeméride que debe tocar el corazón de los mexicanos: el Día Internacional de la Lengua Materna.

Aprobado en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el 21 de febrero de 2000 se inició en el mundo la conmemoración de las miles de lenguas maternas que han sido el germen y la cuna de todas las civilizaciones en la historia de la humanidad. Los seres humanos no tendríamos la cualidad de vivir en sociedad, organizarnos políticamente, crear instituciones, arte, ciencia y tecnología, si careciéramos del instrumento con el que rendimos homenaje a la madre tierra y al padre sol: la lengua es nuestra voz y es la memoria viva de nuestro paso por la faz de la tierra.

Como mujer indígena soy hablante de una lengua materna de la cual me siento profundamente orgullosa: mi lengua materna es el zapoteco de la sierra oaxaqueña, una lengua que ha sobrevivido en la cumbre de la montaña y con la cual hemos forjado una identidad que nos ha permitido preservar ritos ancestrales, vestidos, comida, formas de trabajo y organización política, fiestas, cantos y tradiciones. Desafortunadamente, hoy en día más de tres mil lenguas maternas están en riesgo de desaparecer en el mundo y solamente en nuestro país casi dos decenas se están extinguiendo.

Inspirados en el ejemplo del Benemérito, que supo preservar su lengua materna y cultivarse en el idioma español; los pueblos indígenas hemos sido, somos y queremos ser, parte de la sociedad contemporánea, sin perder nunca nuestra principal riqueza: la lengua y la cultura.

Nos inspiran también los pueblos y comunidades indígenas alrededor del mundo que han logrado sobrevivir a través de los siglos, conservando su lengua e identidad universal contra todo y contra todos, y hoy encarnan el patrimonio vivo de la humanidad.

Nos inspiran sobre todo los 62 pueblos indígenas que habitan cada rincón del territorio nacional; sus prácticas y sus teorías; la sabiduría de sus ciencias y la alta moral de sus normas; su irrenunciable amor por la tierra y su compromiso irrenunciable con la nación.

Hoy 21 de febrero, al conmemorar esta naciente efeméride, hago votos porque sea el diálogo y no la reyerta, que sea la voz y la palabra, el hilo conductor de nuestros debates y acuerdos como pueblo mexicano. Nunca más la violencia, siempre la palabra.

Recordemos que en la lengua está la principal riqueza de nuestra cultura, y que aquel que conoce su cultura aprende a amarla y comprender que en ella se encuentra el respeto al otro, al diferente, al opuesto. En la voz y en la palabra se haya el secreto para convivir en armonía. Hagámoslo por nuestra cultura y por México.

(En zapoteco: la lengua materna es la casa del alma y del corazón. En ella viven nuestros ancestros y vivirán también nuestros hijos. En esa casa milenaria vivirá mi palabra y la de mis semejantes; con libertad, con valor, con amor, con la verdad, por la paz y por México).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.— Diputada Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica).»

DIA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Se informa a la asamblea que se recibió el texto de la efeméride con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, de la diputada Cristina Olvera Barrios. Insértese los textos íntegros en el Diario de los Debates.

«Efeméride con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Teniendo como marco la celebración del Día Mundial de la Justicia Social que se conmemora el 20 de febrero, es relevante recordar los orígenes y motivos que antecedieron los diversos trabajos de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social en 1995 realizada en Copenhague. En dicha cumbre se plasmaron los acuerdos y compromisos de los estados participantes para realizar las acciones necesarias para erradicar la pobreza, lograr la meta del pleno empleo y fomentar la integración social.

Estos compromisos constituyeron un marco básico para la promoción del desarrollo social a nivel nacional e internacional y, con ello, se reconoció inicialmente el trabajo decente para todos los seres humanos, en particular para mujeres y jóvenes, como propuesta fundamental para la reducción de la pobreza como parte del esfuerzo por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Históricamente, el concepto de justicia social aparece relacionado con el conflicto que en el siglo XIX se llamó la cuestión social, que no fue otra cosa que la manifestación creciente del malestar y el reclamo de los trabajadores, el cual fue creciendo en importancia en todo el mundo a partir de la instalación del capitalismo.

En aquella época, ya la constante lucha contra la distribución desigual de bienes, la solicitud o preocupación por el bien común tenía consecuencias importantes, causando verdaderos problemas en la sociedad. Ejemplos de ello fueron la falta de vivienda, el desempleo con un carácter progresista (acumulativo), agudas crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad, dejando de lado aquella doctrina social de antaño basada en el desarrollo, la solidaridad, la dignidad humana e identidad de cada comunidad; las voces de cientos de individuos se alzaron y se logró la proclama de la idea de que la justicia social equivale a la paz y a la conciencia de los individuos en sociedad, y como consecuencia integra un sistema social justo, dando cabida al balance en las desigualdades sociales y protección a los menos favorecidos.

Hoy una vez más, la importancia de la justicia social retoma fuerza y pone de manifiesto el exhorto al equilibrio reflexivo de los principios de justicia. Justicia que deber ser entendida como equidad y suma del principio de igualdad de oportunidades, pues su consideración por separado de estos conceptos, ha limitado el desarrollo de acciones concretas y consecuentes marcadas en las legislaciones que evitan propiciar erradicar la discriminación, la omisión a la libertad y las Encíclicas Sociales, que se traducen “ en la distribución de los frutos del desarrollo y la dignidad humana”.

Actualmente, la justicia social debe implicar la participación de todos, principalmente del compromiso del estado como eje rector de las políticas sociales, que permitan compensar las diferencias que surgen en el mercado en todos sus aspectos y en otros mecanismos propios de la sociedad. Por ello, las autoridades deben propiciar las condiciones para que toda la sociedad pueda desarrollarse en términos económicos, lo que se traduce en otras palabras, el que no deberían existir unos pocos multimillonarios o ricos y una gran masa de pobres a su lado.

En 2007, La demanda se dejó escuchar y la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 20 de febrero de cada año como el Día Mundial de la Justicia Social y fundamentan esta decisión al citar: “ la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera” ,que constituye “el núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana;donde las actividades que se desarrollen con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, deben orientarse a “ erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad y equidad entre los sexos, el acceso al bienestar social y a una justicia social para todos”.

Además, se reconoce que el Desarrollo Social y la Justicia Social:

• Son indispensables para la consecución y mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas;

• No pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan las libertades fundamentales de los seres humanos; y

• Para sostenerse, es necesario un crecimiento económico y sostenido.

Hoy una vez más, es imperante reconocer la necesidad de seguir consolidando estrategias que impulsen el desarrollo y la justicia sociales para erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente en cada una de nuestros espacios, impulsar la igualdad y equidad entre los sexos, y propiciar un acceso pronto hacia el bienestar social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.— Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica).»

*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Los asuntos no abordados en esta sesión serán incluidos en el orden del día de la próxima, salvo las proposiciones que se remitirán a las comisiones que corresponda, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega (a las 17:26):Se levanta la sesión y se cita a la sesión solemne para conmemorar el centenario de la muerte del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, y de los asesinatos de Serapio Rendón, Gustavo A. Madero, Adolfo C. Gurrión y Belisario Domínguez, que tendrá lugar mañana viernes 22 de febrero, a las 10:30 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9 horas. Muchas gracias. Buenas tardes.

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