* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 5 de marzo de 2013, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 5 de marzo de 2013 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “José Vasconcelos”, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, y suscrito por los diputados Gabriela Medrano Galindo y Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

2. Que reforma los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

3. Que reforma los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

4. Que reforma los artículos 47 de la Ley General de Educación y 18 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Asuntos Migratorios, para dictamen.

5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

6. Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Derechos de la Niñez, para dictamen.

7. Que expide la Ley que Reestatiza los Fondos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Regulados en las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Basados en un Régimen de Capitalización Individual, Restituyéndose el Sistema Solidario de Reparto, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

8. Que reforma los artículos 4o. y 26 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

9. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que dé seguimiento puntual de los resultados de la Segunda Semana del Aprendizaje mediante dispositivos móviles que organizará la UNESCO del 18 al 22 de febrero de 2013, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, pueda incorporar a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de ?Demarcaciones Prioritarias? en su Programa Nacional, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de los gobiernos estatales y municipales, para que en las regiones que presentan los índices con mayor pobreza extrema, lleven a cabo las acciones necesarias a fin de conseguir que el Programa Sistema Nacional Contra el Hambre, funcione de manera adecuada, a cargo del diputado Héctor Narcia Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la PGJ del estado de Chiapas, para que resuelvan con prontitud los casos de homicidios dolosos en la entidad, y la probable vinculación de los mismos con el crimen organizado, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, para que en el marco del programa de apoyo alimentario contemplado en el PEF 2013, se promueva la compra de alimentos básicos a pequeños productores agrícolas locales en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía saluda al Presidente electo de la Republica de Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, al gobierno y al pueblo ecuatoriano, su congratulación por el triunfo obtenido el pasado 17 de Febrero de 2013, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex, para que a través de su Órgano Interno de Control, se haga público el status de la investigación llevada en contra de Mexicana de Lubricantes, y se presenten las denuncias correspondientes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, relativo a la impartición de la educación bilingüe en las comunidades indígenas, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Asuntos Indígenas, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Sener, a la SRE y a la SE, para que establezcan un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la administración pública federal, para que a través de las dependencias competentes, se firme y se dé continuidad al procedimiento correspondiente, para que el Estado Mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de México, lleve a cabo una investigación exhaustiva para que se consigne y se castigue al policía y/o policías responsables de la violación de una menor de edad y la muerte de su novio, así como al DIF estatal, para que proporcione atención médica y psicológica a la víctima y a familiares afectados, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos de la Niñez, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso del estado de Sonora, para que otorguen a la brevedad, los subsidios federales etiquetados en los presupuestos de egresos 2011 y 2012, al Instituto Tecnológico de Sonora, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.»

LETRAS DE ORO

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Vasconcelos, a cargo de Arturo Escobar y Vega, y suscrita por Gabriela Medrano Galindo y Enrique Aubry de Castro Palomino, diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

Los suscritos, Arturo Escobar y Vega, Gabriela Medrano Galindo y Enrique Aubry de Castro Palomino, diputados miembros de la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados a la consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda José Vasconcelos,bajo las siguientes

Consideraciones

En el contexto de la reciente aprobación por esta soberanía, de una reforma educativa que busca transformar al país a través del mejoramiento de la calidad de la educación que los niños y jóvenes mexicanos reciben, en el Partido Verde Ecologista de México, proponemos que la obra y la memoria del ilustre José Vasconcelos, cuyos aportes en los ámbitos de la cultura, las letras y la educación han resultado piezas clave en la edificación del México contemporáneo, sean honradas y reconocidas inscribiendo su nombre con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

José María Albino Vasconcelos Calderón, el maestro de América, nació en Oaxaca un 27 de febrero del año 1882, y desde muy joven se destacó por su brillantez y competencia intelectual y por la luz que irradiaba su pensamiento, reflejado en su talento natural para expresar sus ideas oralmente y de forma escrita, a pesar de lo cual fue siempre un hombre humano y sencillo, sin poses ni simulaciones.

En 1907, Vasconcelos se licenció como abogado por la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero además se desempeñó como maestro, político, funcionario público e incursionó de manera notable en el campo de la literatura.

La prolífica obra literaria de Vasconcelos abarca los más diversos temas y campos de conocimiento, lo mismo escribió ensayos que trabajos históricos al igual que textos de tipo filosófico, pedagógico, político y sociológico.

Además de forjador de teorías y reformador social, Vasconcelos fue también revolucionario, por lo cual no limitó al universo de las ideas sus aspiraciones de transformar al mundo, sino que trasladó ese anhelo al terreno de la acción.

Vasconcelos incursionó por primera vez en la política, cuando en 1909 fue invitado por Francisco I. Madero a participar en su campaña presidencial como representante del Club Antireeleccionista ante Estados Unidos de América.

Para combatir las ambiciones del régimen porfirista de perpetuarse en el poder, Vasconcelos rescató una idea que el propio general Porfirio Díaz había esgrimido cuando se pronunció en contra de la reelección de Benito Juárez, y que resumió en una sola frase “Sufragio Efectivo. No Reelección.” los postulados del Plan de San Luis.

Tras el golpe de estado instrumentado por el usurpador Victoriano Huerta y el cobarde asesinato del presidente Madero, a José Vasconcelos le fue asignada, por parte de Venustiano Carranza, entonces gobernador del estado de Coahuila, la importante misión de impedir que el gobierno golpista fuera reconocido por las potencias extranjeras. Vasconcelos cumplió a cabalidad con su cometido en virtud de su claridad de pensamiento, su capacidad para negociar y su dominio de diversas lenguas extranjeras.

Paradójicamente, las consecuencias de su espíritu crítico lo obligaron a refugiarse en Estados Unidos en 1915, por la persecución de la que fue objeto por parte del gobierno del propio Venustiano Carranza.

Como funcionario público, en los tiempos convulsos de la Revolución Mexicana, José Vasconcelos se desempeñó como director de la Escuela Nacional Preparatoria y ya en el México posrevolucionario, ejerció el cargo de rector de la Universidad Nacional de México, a la que pidió trabajar por el pueblo y de la que procuró que sus tesoros se derramaran hacia la sociedad. Vasconcelos dio a la Universidad Nacional su escudo y lema actuales que representan su anhelo de fundir a la patria mexicana con la gran patria hispanoamericana a fin de que nuestra raza constituyera una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima.

Desde la rectoría universitaria, Vasconcelos concibió la reorganización del antiguo Ministerio de Educación y más tarde fue nombrado por Álvaro Obregón como el primer titular de la Secretaría de Educación Pública, institución que el mismo Vasconcelos forjó, y desde ahí, libró batallas en muchos frentes: las misiones culturales y el impulso del arte y la cultura indígena, la construcción de escuelas y el apoyo al muralismo mexicano, la organización de bibliotecas en todo el país y el ejército de jóvenes alfabetizadores, las escuelas de arte para obreros, las conferencias en las fábricas, los conciertos al aire libre y la edición de un buen número de libros y revistas. Nada más importante hizo Vasconcelos como secretario de Educación Pública, que acercar el arte y la cultura a gente que antes no tenía acceso a ella.

Como intelectual, en los albores del siglo XX, Vasconcelos ejerció una crítica severa en contra de las instituciones educativas y culturales del Porfiriato, inspiradas positivismo de Comte y Spencer, por considerar que estas reproducían una visión filosófica determinista y mecanicista de la sociedad.

Vasconcelos, junto a otros destacados intelectuales contemporáneos suyos, fundó en 1909 el Ateneo de la Juventud Mexicana, importante asociación que a través de la organización de debates y reuniones de carácter cultural impulsó de manera significativa el desarrollo de una nueva conciencia en torno a la educación en México.

José Vasconcelos trabajó incansablemente y hasta el último día de su vida, a favor de la educación, a la que concebía como un derecho al que todas las personas debían tener acceso, porque a través de la educación, pensaba Vasconcelos, se puede aprender la palabra escrita.

El gran sueño de Vasconcelos, era que todos los mexicanos tuvieran las mismas oportunidades de acceder a los libros, de leer a los clásicos, de hacer de la lectura una práctica cotidiana y una fuente de riqueza espiritual. Para Vasconcelos, en las letras se hallaba el germen de la imaginación y de la capacidad de entender y transformar al mundo.

Vasconcelos, además fue uno de los grandes constructores de la identidad y la conciencia nacionales, y puso toda su pasión y talento al servicio la regeneración de la patria y de América entera. Para este ilustre personaje, la base de la mexicanidad estaba en sentir la cultura mestiza, por eso pretendió hacer de Latinoamérica el centro de una gran síntesis humana. Otra de las grandes contribuciones a la cultura mexicana, fue el impulso que dio a la antropología y al medio natural del país como objeto de estudio.

Para algunos intelectuales, Vasconcelos fue sin duda, en virtud de su legado literario, la figura intelectual más destacada de su tiempo. Sin embargo, Alfonso Reyes, su contemporáneo, dando mayor peso a la trascendencia que la obra de Vasconcelos tuvo para la configuración del México posrevolucionario, escribió al pie de su sepulcro que éste dejaba en el país una cicatriz, una huella imborrable por su compromiso con la cultura mexicana y con la educación en México.

El maestro de Américafue un gran mexicano que amó profundamente a su patria, y la defendió aún a costa del sacrificio, de la cárcel o el destierro, se encuentra la idea de que la política debía ser pensada como ética y como sabiduría, y que ésta resultaba inútil si no servía para alentar la construcción de una sociedad fundada en la justicia.

El maestro de las juventudes de América, como fue nombrado en 1923 por estudiantes de Colombia, Panamá y Perú, fue un gran mexicano que amó profundamente a su nación, su vida es ejemplo de entusiasmo por servir a la patria, su obra y legado son de ello fieles testigos.

Por lo antes expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto por el que se solicita se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la honorable Cámara de Diputados la leyenda José Vasconcelos.

Artículo Primero. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de plenos de la Cámara de Diputados, le leyenda José Vasconcelos.

Artículo Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conjuntamente con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirá la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión solemne que se realizará para llevar a cabo la inscripción en letras de oro mencionada en el artículo primero.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma los artículos 61 y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Javier Orozco Gómez, con carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, somete a consideración de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 61 y el primer párrafo del artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al siguiente tenor

Planteamiento del problema

En el año 2006 se inició un camino que culminó el 10 de junio de 2011. Este camino es el proceso legislativo que modificó la denominación del capítulo I del título primero y reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reconocer la progresividad de los derechos humanos, aplicar las normas jurídicas que más favorezcan y brinden mayor protección a las personas, así como para generar un cambio en la forma de concebir, interpretar y aplicar los derechos humanos en nuestro país.

Así tenemos que los artículos constitucionales que fueron modificados a través de esta reforma, además de la denominación del capítulo primero del título primero, son el 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102, y el 105; y adicionados  el 1o., 11, 29, 33, y 102.

Ante esta amplia y muy relevante reforma, se dio origen a la necesidad de construir sobre este fuerte pilar de derechos humanos a favor de las personas un esquema legal, administrativo e inclusive judicial que permita su eficaz y eficiente implementación; pues es necesaria la concordancia plena entre la Constitución, los tratados internacionales en la materia y las leyes y reglamentos que permiten su aplicación.

Exposición de Motivos

Se ha señalado por especialistas en la materia que la reforma en materia de derechos humanos del 2011 representó uno de los avances más sobresalientes que se ha hecho en ese tópico. Pues a partir de ella, entre muchas otras mejoras, se logró que las autoridades federales y locales den reconocimiento a las normas internacionales de derechos humanos contempladas en los tratados de los que el Estado mexicano sea parte, y que en resoluciones judiciales se tomen en cuenta estos tratados, realizando un “control de convencionalidad” entre el derecho nacional y el derecho internacional cuando éste protege de mayor manera los derechos humanos de la persona.

Pero no todo quedó en la reforma a nivel constitucional, pues cada uno de los tres poderes de la unión habrán de hacer las adecuaciones, observaciones y avances necesarios para de que los derechos humanos protegidos antes y después de esta reforma sean cabalmente respetados.

Es así que, a nivel legislativo, es labor del Congreso de la Unión llevar a cabo los trabajos legislativos necesarios a fin de actualizar el marco legal de nuestro país, ya sea a través de la expedición de las leyes reglamentarias necesarias señaladas en los artículos transitorios de la reforma, o mediante las reformas legales a diversas leyes federales.

Acorde a lo anterior, en el Informe de Actividades 2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se establece que “por otra parte, si bien la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, vigente desde junio de 2011, generó avances importantes en la materia, aún queda pendiente armonizar diversa legislación secundaria, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas, para lograr su observancia, así como que todas las autoridades del Estado mexicano conozcan y cumplan a cabalidad los nuevos preceptos de la constitución, con el objetivo de traducirlos en una realidad palpable para los mexicanos”.

La iniciativa que se presenta ante esta soberanía versa sobre una de las necesidades de reforma legal, la cual deriva de la reforma al artículo 105 constitucional en la fracción II, inciso g), en donde se estableció expresamente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales, estatales y del Distrito Federal que vulneren derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. Antes de la reforma a este artículo el texto constitucional establecía lo siguiente:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I (...)

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a) a f) (...)

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(...)(...)(...)

III. (...)

Y con la reforma que entró en vigor el 11 de junio de 2011, el texto constitucional quedó de la siguiente manera:

Artículo 105. ...

I (...)

II. ...

a) a f) (...)

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(...)

(...)

(...)

III. (...)

De lo anterior, como ya se mencionó, se desprende que con la reforma constitucional la CNDH podrá interponer acción de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, leyes locales y tratados internacionales  que vulneren los derechos humanos consagrados en nuestro texto Constitucional, pero también en contra de leyes o tratados  que vulneren los derechos humanos  contenidos en tratados internacionales en los que México sea parte. Esta reforma representó una ampliación sumamente tangible en el ámbito de derechos a proteger a favor de las personas, pues el Estado Mexicano ha firmado 171 instrumentos internacionales en donde se reconocen derechos humanos –Datos oficiales publicados por la Suprema Corte de Justicia. Ver en http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/TI.html– en materia general, de asilo, de derecho internacional humanitario, de desaparición forzada, de personas con discapacidad, de discriminación racial, de educación y cultura, de esclavitud, de genocidio, de medio ambiente, de menores, de migración y nacionalidad, de minorías y pueblos indígenas, de mujeres, en materia penal internacional, de propiedad intelectual, de refugiados, de salud, de tortura, y de trabajo. Por lo tanto, si una ley federal, estatal, del Distrito Federal  o algún tratado internacional vulneran alguno de los derechos humanos protegidos por alguno de los tratados internacionales de los que México sea parte –en las materias ya señaladas o en alguna otra– la CNDH podrá interponer ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad en su contra a fin que ésta contribuya, mediante una declaración de invalidez de la ley o tratado violatorio de derechos humanos, a depurar nuestro sistema jurídico de aquellas disposiciones generales que atentan contra las personas y sus garantías fundamentales.

Al respecto, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del 2012 un grupo de reformas y adiciones a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las cuales derivaron de lo dispuesto por artículo Octavo Transitorio el Decreto por el que se modificó la denominación del capítulo I del título primero y se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mandató al honorable Congreso de la Unión para adecuar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las reformas constitucionales del 2011, en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia del Decreto.

Una de esas adecuaciones fue la adición a la fracción XI del artículo 15, a fin de que quedara plasmado en esta ley tan relevante en el tema de la protección de los derechos humanos, que el Presidente de la CNDH tiene la facultad y obligación de “XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte”, es decir, se reconoce la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal que vulneren los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que México sea parte, tal y como se reconoció en la reforma constitucional del año 2011.

Cabe recordar que las acciones de inconstitucionalidad son un medio de impugnación establecido en la fracción II del artículo 105 constitucional para plantear ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia la posible contradicción entre una norma de carácter general, ya sean leyes federales o locales, o tratados internacionales y la propia Constitución, y tiene por objeto la reparación del orden constitucional cuando se ha violado o desconocido. Para reglamentar el artículo 105 constitucional en sus fracciones I y II (en materia tanto de controversias constitucionales, como de acciones de inconstitucionalidad) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995 la “Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, la cual reglamenta todo el procedimiento a seguir y lo referente a: las disposiciones generales, las partes facultadas para actuar, los incidentes, las suspensiones, la improcedencia y sobreseimiento, la demanda y su contestación, la instrucción las sentencias, la ejecución de sentencias y los recursos en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Es así que es muy importante reformar esta Ley Reglamentaria a fin continuar con la adecuación de las leyes federales a la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, pues el procedimiento y desarrollo de la acción de inconstitucionalidad en su calidad de medio procesal constitucional debe estar acorde tanto con nuestra Carta Magna, como con la ley en materia de derechos humanos, en el entendido de que las acciones de inconstitucionalidad tienen en muchas ocasiones la misión de defensa y salvaguarda de los derechos humanos, ya no tomando en cuenta sólo aquellos establecidos en nuestra Constitución, sino también aquellos establecidos en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Por lo que se propone reformar la fracción IV al artículo 61 de la “Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, a fin de que establezca como requisito de la demanda por la que se ejercite la acción de inconstitucionalidad el poner, en caso de existir, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México sea parte que se estimen vulnerados. Pues, como ya se ha señalado con anterioridad, los derechos humanos salvaguardados por el Estado Mexicano ya no son únicamente los plasmados en nuestra Carta Magna, sino también aquellos que México, en su calidad de Estado soberano y bajo su libre decisión, suscribió mediante un tratado internacional.

De igual manera, se propone en esta iniciativa reformar el primer párrafo del artículo 71 de la Ley Reglamentaria, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Esto debido a que la Ley Reglamentaria vigente a esta fecha, en el mismo artículo 71, le otorga a la Suprema Corte  la posibilidad de fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial; y es necesario que a partir de la reforma constitucional del 2011 se amplíe la facultad de la Suprema Corte de fundar su declaración de invalidez, no sólo en la violación de los preceptos constitucionales que consagran los derechos humanos, sino también en la violación de los derechos humanos consagrados por los tratados internacionales en que México sea parte, invocados o no por la CNDH.

Fundamentación

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral I, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se  reforma la fracción IV del artículo 61 y el primer párrafo del artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se  reforma la fracción IV del artículo 61 y el primer párrafo del artículo 71de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Articulo 61.La demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad deberá contener:

I. a III. ...

IV.Los preceptos constitucionales que se estimen violados , y en su caso, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México sea parte que se estimen vulnerados; y

V. ...

Articulo 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputado Javier Orozco Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

ARTICULOS 41 Y 99 CONSTITUCIONALES

«Iniciativa que reforma los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Teresa de Jesús Mojica Morga, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 41, fracción V, y 99, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Planteamiento del problema

Una de las principales preocupaciones de las fuerzas políticas en el país es y ha sido la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas. Sin embargo, tema no atendido por los legisladores es la atribución de facultades a la Procuraduría General de la República (PGR) para la investigación penal de la utilización de recursos de procedencia ilícita en campañas electorales y, en general, en el financiamiento ordinario de los partidos políticos.

Argumentación

En el pasado proceso electoral fuimos testigos de una serie de irregularidades que, a la fecha, no han podido ser investigadas hasta sus últimas consecuencias. Una de ellas estuvo relacionada con la utilización de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales, a través de empresas dedicadas a la emisión de tarjetas prepagadas, así como de tiendas de conveniencia.

Todos los partidos políticos presentaron denuncias al respecto, sin considerar que la PGR no puede investigar el financiamiento de los partidos políticos sin que medie el informe que debe emitir la unidad especializada del Instituto Federal Electoral, dado que así está marcado en el texto constitucional.

Resulta por demás pertinente señalar la importancia de evitar que recursos provenientes del crimen organizado financien campañas políticas. Permitir lo anterior sería tanto como abdicar al ejercicio democrático y entregar el país a la delincuencia.

Por ello resulta indispensable que, en el marco de una revisión de las políticas públicas en materia de seguridad, se refuercen las facultades de investigación de la PGR y se blinden todas las instituciones del Estado mexicano, de las cuales tanto la Presidencia de la República como el Congreso de la Unión forman parte.

Celebramos la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sin embargo, consideramos necesario que las facultades que en la materia se atribuyen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la propia PGR sean ampliadas hacia la fiscalización del origen con que los partidos políticos financian sus actividades, especialmente las campañas políticas.

Por todo ello proponemos una reforma constitucional de los artículos 41 y 99, a fin de facultar a la PGR para solicitar directamente información a los partidos políticos cuando haya dudas fundadas o denuncias respecto a la licitud del origen de sus recursos y que proceda a realizar las investigaciones correspondientes. Asimismo, proponemos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no pueda emitir una declaratoria de validez de la elección presidencial en tanto haya en proceso una investigación o un procedimiento judicial respecto al uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales.

Por lo expuesto y fundado, plenamente comprometida con el estado de derecho, la democracia y la transparencia, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se adiciona el párrafo duodécimo a la fracción V del artículo 41 y se reforma la fracción II del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41.

I. a V. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

La Procuraduría General de la República podrá, cuando existan dudas fundadas respecto al origen lícito de su financiamiento, solicitar información directamente a los partidos, así como al órgano técnico, para realizar las investigaciones correspondientes.

...

I. ...

Artículo 99....

...

...

...

I. y II. ...

...

...

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. En caso de que exista una averiguación previa o un procedimiento judicial relativo al origen lícito del financiamiento de los partidos políticos en las campañas, no podrá emitirse la declaratoria en tanto no exista resolución judicial firme e inatacable.

III. a IX. ...

...

Transitorios

Artículo Primero.Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION -  LEY DE MIGRACION

«Iniciativa que reforma los artículos 47 de la Ley General de Educación y 18 de la Ley de Migración, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación y el 18 de la Ley de Migración al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las condiciones de crisis económica en las que ha vivido el país a lo largo de cuando menos cuatro décadas, sumados a la inseguridad creciente del último lustro, han propiciado que cada vez más mexicanos –sin importar su edad, sexo e incluso condición socioeconómica–, opten por emigrar. A la vez, nuestro territorio sirve de tránsito a nacionales de otros países que buscan ingresar a Estados Unidos.

Cuantiosos hogares mexicanos tienen una dependencia de las remesas de miles de mexicanos que, ante la falta de oportunidades en el país, migran para obtener un ingreso. En 2011, las remesas representaron ingresos para el país por arriba de los 20 mil millones de dólares.

A nivel internacional, existe toda una serie de instrumentos relativos a la protección de los derechos humanos de las personas en procesos de migración, entre ellos: la Convención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América (1943), la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que Viven (1985) y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000).

Desde mayo de 2011, nuestro país cuenta con una Ley de Migración en la que se establecen como principios de nuestra política migratoria:

• El respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito;

• Garantizar la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio; y

• La hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que pongan en riesgo su vida o su convivencia.

Sin embargo, los migrantes suelen desconocer dicha normatividad, así como el conjunto de instrumentos que los amparan; Conocer los derechos que protegen a quienes, impulsados por la necesidad y deseo de mejorar su calidad de vida, emprenden procesos de movilidad internacional, daría a los migrantes medios de defensa frente a los abusos de la autoridad o de particulares.

El derecho internacional en materia de migración señala que: “Los Estados no pueden ampararse en sus respectivas legislaciones nacionales para evadir sus responsabilidades hacia los migrantes”; el derecho internacional busca brindar protección a las personas durante la partida, el tránsito, la estancia en otra u otras naciones, así como el regreso al Estado de origen. Además obliga a los Estados a aceptar el retorno de sus residentes y el acceso consular a los no residentes, a la vez que evitar la trata y el tráfico de migrantes.

En razón de que la mayoría de los potenciales migrantes de nuestro país han sido o son usuarios del sistema de educación básica, la presente iniciativa busca que en los planes y programas de estudio se contemple la inclusión de contenidos alusivos a los derechos de los migrantes, bajo un enfoque que muestre cómo el campo de la política migratoria está estrechamente relacionado con el de los derechos humanos, en la conciencia de que estos menores serán transmisores de este conocimiento dentro de sus hogares, haciendo un circulo de información que beneficie a los miembros de la familia.

Un segundo objetivo de la presente iniciativa es que la Secretaría de Gobernación, asuma a plenitud la obligación de informar a los migrantes de sus derechos, para evitar abusos en los procesos de transito por los países extranjeros, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Migración que a la letra señala:

“Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos tendrán derecho a que se les proporcione información acerca de:

I. Sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación vigente;

II. Los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su admisión, permanencia y salida, y

III. La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones.

El reconocimiento de la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso de migración México-Estados Unidos es creciente, cuando hace varios años se les consideraba, parte de un fenómeno en el que estaban involucrados los padres.

El manejo de contenidos sobre derechos de los migrantes en los libros de texto contribuiría a cerrar la brecha cultural que existe entre las políticas públicas y los derechos. La tendencia dominante hoy día cuando se estudia, investiga y enseña sobre derechos humanos es que éstos se construyen a través de acciones positivas tanto de los Estados como de la sociedad. Es decir, la enseñanza de los derechos humanos es una dimensión más del ejercicio de la ciudadanía plena y del fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Los contenidos sobre migración que se impartan a través de los libros de texto gratuito deberán desarrollarse desde una perspectiva de género, pues el aumento progresivo, en los últimos años, en la participación de las mujeres en los procesos de migración internacional, ha implicado transformaciones en la naturaleza y fines de las migraciones y en la organización del núcleo familiar.

Además de ello abordar la migración desde la perspectiva de la información es ineludible ya que la Secretaría de Gobernación debe informar a todo migrante sobre sus derechos para evitar vejaciones por su condición de indocumentado en otro país.

Es preciso, entonces, que los procesos migratorios también se aborden desde la perspectiva de los que se quedan: los ancianos, los niños, las personas con capacidades diferentes; los que ven frustrados sus intentos por cruzar la frontera en razón de carecer de documentos.

La Oficina del Censo de Estados Unidos indica que actualmente hay 31.7 millones de hispanos en su territorio –11.7 por ciento de la población total–, de los cuales casi doce millones son de origen mexicano. Por su parte, las autoridades de nuestro país señalan que los mexicanos representan el 65 por ciento de los 18 millones de latinos en Estados Unidos.

Entre las garantías mínimas que deben reconocerse a todo migrante están: el derecho a la vida, a la integridad física y a libertad personal; el derecho a un debido proceso legal y el reconocimiento otorgado a los derechos laborales, sin importar el estatus migratorio de la persona.

Aprobar una reforma de este tipo, significaría empezar a pagar una deuda con los millones de mexicanos y mexicanas que han intentado cruzar la frontera, así como con sus familiares, pues de brindarían instrumentos a potenciales migrantes para defender sus derechos ante el intento de abuso de cualquier autoridad y de los particulares.

Por ello Movimiento Ciudadano pone en la agenda del debate el tema de la migración, para favorecer a los mexicanos migrantes, que por falta de información y vacios en la legislación carecen de acceso a la justicia y son vulnerados en sus derechos humanos.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 47 de la Ley General de Educación y se adiciona la fracción VIII del artículo 18 devengando a ser actual VIII en IX de la Ley de Migración

Texto normativo propuesto

Ley General de Educación

Artículo Primero. Se adiciona una fracción V al artículo 47 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 47. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

En los planes de estudio deberán establecerse:

I. a IV. ...

V. Los contenidos necesarios para difundir los derechos y los instrumentos internacionales y de orden nacional que protegen y amparan a las personas en procesos de migración.

En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos.

Texto normativo propuesto

Ley de Migración

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona la fracción VIII del artículo 18 devengando a ser el actual VIII en IX de la Ley de Migración para quedar como sigue:

Título TerceroDe las autoridades en materia migratoria

Capítulo IDe la autoridades migratorias

Artículo 18. La secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. a VII. ...

VIII. Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el Extranjero o en territorio nacional tendrán derecho a que la secretaría les proporcione información de acuerdo al artículo 13 de la presente ley.

IX. Las demás que le señale la Ley General de Población, esta ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Para una revisión exhaustiva de los mismos, se sugiere consultar el siguiente texto: Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Compendio de instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos de los migrantes, México, 2006. Disponible en internet, en la página electrónica: http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-06-06.pdf.

2 http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migracion/politicaspublicas/06.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja (rúbricas).»

Se turna a la Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

A pesar de que la difusión del conocimiento y desarrollo vertiginoso de las tecnologías apresuran la evolución de la sociedad, las niñas, niños y adolescentes en medio de ese progreso científico y tecnológico son desprotegidos por las leyes y su desarrollo biopsicosocial se ve afectado por este medio.

Además del progreso, las nuevas tecnologías están siendo una fuente de información para la comisión de delitos graves como la trata, el secuestro, la extorsión; que sí es de alto impacto social en los adultos, el asunto se sobredimensiona para nuestra infancia.

El Poder Legislativo debe de atender esta problemática actualizando la norma para hacerla una herramienta que propicie políticas públicas de prevención del delito y genere condiciones más favorables para un desarrollo sano e integral de las niñas, niños y adolescentes.

Argumentación

La Asociación Internacional de Criminología, en conjunto con la empresa Symantec, realizó una encuesta a 5,000 niños de entre ocho y trece años. El estudio, titulado “Encuesta de la percepción de riesgos en internet que tienen los niños”, arrojó los siguientes resultados:

• La mayoría de los niños utilizan frecuentemente salas de chat, grupos de noticias y otros servicios interactivos para comunicarse en línea con extraños.

• 47% de los adultos supervisan ocasionalmente a los menores que están en Internet.

• 27% de los niños no son supervisados.

• 34% de los niños nunca reciben consejos de los padres sobre lo que deben y no deben hacer cuando navegan en internet.

La actual situación de internet permite que un niño pueda acceder a páginas con cualquier tipo de temática. Como dato a destacar, 9 de cada 10 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, han visto pornografía en internet. En la mayoría de los casos, el acceso a este tipo de contenidos se ha producido a través de búsquedas en internet sobre temas que no tuvieron relación con la búsqueda principal que se estaba realizando.

Las y los niños mexicanos utilizan medios digitales al menos durante 14 horas a la semana, según una encuesta del portal MeQuedoUno.com. de mayo de 2012. De acuerdo con un sondeo de TNS Research International, efectuado para MeQuedoUno.com, los infantes usan la mensajería instantánea durante tres horas por semana, mientras que el tiempo que dedican a las redes sociales sería de dos horas, además de una hora para consultar su correo electrónico.

Los menores acceden a internet para buscar información durante dos horas a la semana y otras dos horas las pasan viendo videos en el portal YouTube, de acuerdo con los 262 padres de familia que participaron en el sondeo.

Asimismo, la encuesta reveló que los menores gastan dos horas de tiempo aire a la semana en llamadas por celular y un periodo de tiempo igual entreteniéndose con alguna consola de videojuegos.

En cuanto al tema de la seguridad en los espacios digitales, seis de cada diez padres de familia afirmó que sus hijos sólo navegan en internet supervisados por un adulto, y uno de cada diez dijo que el uso de la red estaba restringido a ciertas páginas para sus hijos.

Según el artículo “Riesgos del uso de internet por niños y adolescentes, Estrategias de seguridad” publicado en el Acta Pediátrica de México Volumen 29, Núm. 5, septiembre-octubre de 2008, en el Reino Unido, el 70% de los menores acceden a Internet desde su casa, y de ellos, 52% destina al menos cinco horas cada semana “a navegar”. Sin embargo, 80% de los padres no sabe qué hacer para que sus hijos lo utilicen de forma segura. Lo más grave, es que la mayoría desconoce los riesgos o peligros que pueden existir en la red. En este estudio, más de la mitad de los niños y jóvenes han tenido contacto con pornografía en línea al menos una vez a la semana.

En España, 30% de los niños de cinco años usa Internet; 60% de los 8 a 13 años y 75% de los adolescentes. Uno de cada tres menores usa la conexión a Internet para buscar información, el 66% la utiliza para su entretenimiento, el 36% se conecta para “chatear”, 17% para jugar y 13% para buscar música. Únicamente el 14% de los padres de familia pone reglas para su uso. Seis de cada diez usuarios varones de 10 a 17 años señaló no haber tenido acceso a páginas de pornografía, racismo o violencia, en las mujeres la cifra fue 86.7%.

Los autores de este estudio afirman que 14.5% de los adolescentes ha tenido una cita y 8.38% varias. En el 90% de las citas los jóvenes acudieron acompañados, el 10% fueron solos.

Otro hecho importante es que 30% de los menores de edad informan su número de teléfono y el 16% la dirección de su domicilio.

En México la Asociación Mexicana de Internet realizó un estudio con objeto de conocer algunas características en el uso de Internet y el perfil de los usuarios. Se encontró que existen aproximadamente 30.5 millones de “internautas”, de los cuales 19.9 millones son mayores de 13 años, el 35% de ellos entre 12 y 19 años.

El 48% de los usuarios se conecta desde su hogar; el 35% en lugares públicos y el resto en otros sitios como su lugar de trabajo, en la escuela.

El promedio de tiempo en que usa Internet por día es de 1 a 2 horas.

Los aspectos que favorecen el empleo de esta herramienta y sus peligros para los menores, señala artículo “Riesgos del uso de internet por niños y adolescentes, Estrategias de seguridad” son:

- La facilidad que tienen niños y jóvenes para su acceso.

- La escasa vigilancia de los padres en esta actividad, situación que se incrementa cuando los hijos crecen.

- La comunicación es anónima. La invisibilidad virtual que crea el anonimato en la web elimina la inhibición de la conducta lo que puede originar irracionalidad de las acciones y falta de responsabilidad.

De acuerdo con publicaciones especializadas en el tema de seguridad para navegar en internet, aseguran que en la página web los riesgos a los que se exponen niños y adolescentes cuando navegan libremente por Internet, son el acceso a páginas de contenido para adultos con material sexual explícito. También pueden encontrar contenidos de juegos, apuestas, escenas de violencia, consumo de drogas y alcohol, etc. Los juegos de dinero, les puede crear adicción.

Otro riesgo, que corren las niñas, niños y adolescentes es la comunicación con personas desconocidas que pueden engañar, seducir, abusar e inclusive desarrollar acciones ilícitas contra ellos, solicitando información personal como nombre, dirección, teléfono, aficiones, datos de la familia, aumentando con ello, el riesgo de ser víctimas de pederastia o de trata.

De manera particular, el estudio indica que en los Blogs el riesgo es que en él se escriben datos sobre la vida personal de cada usuario y de esta manera los niños y los adolescentes pueden construir sus propios diarios electrónicos gratis.

En los “chat” o charla, el riesgo para el usuario infantil y juvenil se incrementa debido a que al estar conversando fácilmente, olvidan que se trata de un lugar público. No necesariamente se conoce la verdadera identidad de los participantes y la mayoría de “chats” no están supervisados, es decir, no hay vigilancia ni control.

La mensajería instantánea es el servicio más usado por niños y adolescentes. Este medio permite activar la cámara web; la cual no es recomendable su uso, ya que uno de los riesgos más importantes es que cualquier persona puede tomar el control de la computadora a través de la cámara conectada a Internet y entrar a los hogares o ser utilizado por depredadores en línea.

Mediante el correo electrónico, continúa la publicación, pueden recibir mensajes comerciales no deseados o el inconveniente de que algún desconocido intente establecer una relación inadecuada o que el menor sea amenazado o acosado por esta vía.

Ante tal bombardeo de información y entretenimiento, los adolescentes pueden tener cambios de conducta relacionadas al uso problemático o compulsivo de la Internet, la suspensión del deporte, juegos, salir con amigos o su pareja, actividades en familia; aparecen entonces problemas de concentración, bajo rendimiento escolar o aislamiento.

Los infantes y adolescentes invierten cada vez más tiempo navegando en Internet y presenta cambios de conducta cuando no les es posible su acceso. En algunos casos puede haber ansiedad y depresión.

Los jóvenes más vulnerables son los que tienen conflictos familiares, baja autoestima, antecedente de maltrato infantil o violencia familiar, depresión y búsqueda de atención o afecto en otras personas. En estos casos los padres deben vigilar estrechamente la forma en que sus hijos usan la Internet y solicitar ayuda profesional, señalan en el Acta Pediátrica.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han impuesto al Estado Mexicano el “interés superior de la niñez” en el artículo cuarto:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coa-dyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Con ello, el Poder Legislativo al ejercer sus atribuciones debe de anteponer este interés a cualquiera otro, y dotar a los demás Poderes de la Unión de las atribuciones necesarias para garantizar tal principio constitucional.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes carece de garantías que salvaguarden la integridad de las niñas, niños y adolescentes ante los riesgos que implican el uso del internet en las nuevas tecnologías, llámense PC, teléfonos inteligentes u otros nuevos que surjan.

La ley en comento, sólo de manera general, prevé el crecimiento y desarrollo pleno. Tal es el caso de las disposiciones en los artículos 4 y 19:

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Artículo 19.Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social.

Es urgente que se legisle en torno a la exposición de las niñas, niños y adolescentes al internet.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé los siguientes derechos:

• Derecho a la vida

• A la no discriminación

• A vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico,

• A ser protegido en su integridad, en su libertad, y contra el maltrato y el abuso sexual,

• A la identidad,

• A vivir en familia,

• A la salud,

• A la educación,

• Al descanso y al juego,

• De pensamiento y del derecho a una cultura propia,

• A participar en la vida pública, entre otros

Pero no cuenta con un apartado relativo al derecho de las y los infantes y adolescentes a una navegación segura que les proteja de riesgos como los que ya se han citado.

El derecho internacional, por conducto de los instrumentos internacionales que ha suscrito México, obligan a nuestro país como Estado parte a proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar.

De manera específica, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 en su preámbulo señala:

“Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,”

México está obligado, también, como Estado parte del instrumento internacional a propiciar condiciones que permitan a las niñas, niños y adolescentes a crecer en un ambiente sano y libre de violencia.

Tal interés, la Convención lo refiere en el artículo 17, inciso e):

Los Estados partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

En razón de esta ponderación, podemos afirmar categóricamente, que la protección de niñas, niñas y adolescentes en el uso de los servicios de Internet y su información son un compromiso internacional asumido por el Estado Mexicano.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, quien suscribe, Diputada Federal Magdalena del Socorro Núñez Monreal, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento y en ejercicio de los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta el siguiente proyecto de decreto:

Denominación del proyecto de ley o decreto

Proyecto de decreto por el que se adicionan el inciso C al artículo 11 y un Capítulo V Bis, denominado “Del derecho a la navegación segura en internet” a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ordenamientos a modificar

Único. Se adicionan el inciso C al artículo 11 y un Capítulo V Bis, denominado “Del derecho a la navegación segura en internet” a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Texto normativo propuesto

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

A.-B...

C. Supervisar los contenidos de la información a la que acceden las niñas, niños y adolescentes a través del internet; utilizando para ello los mecanismos de seguridad de este sistema de información en los diversos medios electrónicos.

Asimismo deberán, sin que se considere invasión a su privacidad, tener conocimiento del uso que le dan a los diferentes servicios en el Internet.

Capítulo V BisDel derecho a la navegación segura en Internet

Artículo 21 A.- Las niñas, niños y adolescentes deberán contar con información adecuada, que sea acorde con su desarrollo integral y a la salud, para el uso o compra de juegos computarizados, electrónicos o multimedia, especialmente de Internet.

Artículo 21 B.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir, buscar y utilizar información acorde con su desarrollo integral por medios de salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedia y de servicios de Internet.

Artículo 21 C.- Las madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes orientarán a los mismos sobre el uso de la información y contenidos en internet, especialmente sobre los que hagan apología o inciten a la violencia, a la guerra, a la comisión de hechos punibles, al racismo, a la desigualdad entre el hombre y la mujer, a la xenofobia, a la intolerancia religiosa y cualquier otro tipo de discriminación, a la esclavitud, a la servidumbre, a la explotación de las personas, al uso y consumo de cigarrillos y derivados del tabaco, de bebidas alcohólicas, así como aquellos de carácter pornográfico.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://seguridadenamerica.com.mx/2010/04/proteccion-para-menores-cuando-navegan -en-internet/

2 http://percepcion.com.mx/noticia/19140/utilizan-los-ni-os-medios-digitales-14-h oras-a-la-semana

3 García PCA. Riesgos del uso de Internet por niños y adolescentes. Estrategias de seguridad. Acta Pediatr Mex

4 Acta Pediátrica de México Volumen 29, Núm. 5, septiembre-octubre, 2008

Dado en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de marzo de 2013.— Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION -  LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Iniciativa que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los proponentes Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila,integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 7 fracción VI, de la Ley General de Educación y el artículo 32 inciso D de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Hoy vivimos en una sociedad de alta tecnología que está en constante evolución. Dentro de esos avances tecnológicos se encuentran las telecomunicaciones, las cuales sin lugar a dudas le han dado un giro de 180 grados a las relaciones humanas. Lo que en el pasado se expresaba con gestos, miradas o una conversación verbal entre dos o más personas, hoy se deja constancia a través de un correo electrónico o del sistema de mensajería multimedia (MMS).

Hoy en día alrededor de once millones de jóvenes mexicanos tienen acceso a las nuevas tecnologías de información con servicio de Internet: computadoras, teléfonos celulares, dispositivos móviles y tabletas.

Con estas nuevas tecnologías se abre una puerta hacia el desarrollo y mejores oportunidades, empero éstas tecnologías a la sombra de la supervisión de los padres y de la poca o nula orientación de los maestros, pueden derivar en conductas terribles que hoy en día son una realidad en nuestro país.

Primero fue el ciberbulliyng, luego la transmisión de peleas por Internet. Hoy uno de los mayores riesgos para un adolescente en línea es ser víctima del sexting.

Esta conducta ha proliferado con preferencia entre los adolescentes y jóvenes, que han encontrado en el texteo una manera más fácil de comunicarse o de establecer una relación con una persona del mismo sexo o del sexo opuesto. Esta nueva forma de interrelación incluye la modalidad llamada sexting.

La Alianza por la Seguridad en Internet (ASI) estima que en México, 8 por ciento de los jóvenes de secundaria ha enviado imágenes propias, desnudos, semidesnudos, a conocidos o extraños a través de un teléfono celular o una computadora. Y casi cuatro millones de jóvenes conocen a alguien que ha enviado imágenes de sexting. La empresa mexicana Mattica, coloca a México en primer lugar de envíos de sexting en América Latina.

Pero más allá de las cifras, las prácticas suponen una preocupación para todos; primero, porque los adolescentes han abierto la sensualidad y la sexualidad al terreno de lo público. Pero además porque el sexting puede calificar como un delito.

Datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a conocer que México ocupa el último lugar en ciberseguridad entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El problema de la seguridad informática en México se origina por la carencia de un capítulo dentro del Código Penal Federal denominado “delitos informáticos”, asimismo la falta de recursos especializados en el combate de conductas ilícitas tales como: la clonación de tarjetas, robo y tráfico de bases de datos, bloqueo de paginas web, robo de contraseñas e información de correo electrónico, así como el sexting.

El problema de fondo es que una buena parte de los delitos informáticos permanece en la impunidad.

Por otro lado la detección temprana de este tipo de problemáticas, permite incorporar mecanismos de prevención, pero sobre todo de estrategias y programas que atiendan a los jóvenes que presenten proclividad a generar violencia hacia sus compañeros en medios electrónicos; beneficiando no sólo a la población escolar sino a toda la comunidad con prácticas encaminadas a ofrecer alternativas de solución frente a los problemas de mayor recurrencia, específicamente en el ámbito escolar.

Llevar a cabo estrategias de prevención social del delito es algo más que reducir la violencia cibernética y abatir la comisión de hechos delictivos; implica atender las causas generadoras del delito.

El sexting se convierte en un problema educativo por ser el ámbito escolar dónde se constituye, probablemente el lugar idóneo para llevarlo a la práctica, por ser un centro de convergencia masiva de jóvenes.

Cabe mencionar que han aumentado exponencialmente las agresiones de este fenómeno sobre todo en jóvenes, además de desconocer que el mantener, enviar o reenviar imágenes suyas o de otros desnudos o semidesnudos por celular, correo electrónico, o a través de redes sociales puede constituir un delito.

La falta de una legislación sobre los contenidos en Internet, el desconocimiento de las implicaciones que puede tener el hecho de autoexponerse, así como la carencia de una educación desde la escuela y el hogar para limitar el acceso al ciberespacio, hacen de los menores blancos perfectos para redes de trata de personas, lenocinio, turismo sexual, sexting y pedofilia.

¿Qué es el sexting?

Es un fenómeno de reciente surgimiento que consiste en el envío o recepción de imágenes o videos personales de índole sexual a través de celulares o Internet o algún otro medio electrónico, que esta aumentando de manera alarmante.

El término acuñado para esta problemática es de origen anglosajón y proviene de los vocablos (sex) y texting (mandar mensajes de texto), pues originalmente sólo se usaba para hacer mención al envío de mensajes de texto con contenido sexual. Sin embargo, al ir evolucionando esta práctica junto con la modernización de los celulares y la incorporación de nuevas funciones tecnológicas en los mismos, específicamente la adición de cámaras para fotos y video, se incorporó también en el sexting el intercambio de fotos o videos con contenidos sexuales.

El sexting es consecuencia de los avances tecnológicos que facilitan nuevas formas de interacción social. A lo largo de la historia de los sistemas de comunicación, siempre se han intercambiando mensajes con contenido sexual. No obstante, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten la comunicación mediante imágenes y vídeos con contenido erótico o sexual, los cuales son intrínsecamente más explícitos y tienen un mayor impacto. El peligro novedoso del sexting es que ese material puede ser difundido de manera muy fácil y amplia, de manera que el remitente inicial pierde totalmente el control sobre la difusión de dichos contenidos.

Argumentación

Las implicaciones del sexting son diversas, partiendo de actos con fines lascivos que desencadenan conductas que ridiculizan, humillan, y degradan, algunas veces acompañadas con violencia física. Estas acciones pueden considerarse ilegales ya que están relacionadas con los delitos contra la intimidad y la libertad sexual así como los relacionados con la pornografía infantil, por lo tanto es necesario instruir a los padres de familia, docentes y alumnos dentro y fuera del ámbito escolar respecto al sexting, evitando convertirse en víctimas, delincuentes o simples observadores.

A nivel europeo se está avanzando en la regulación de situaciones como sexting, grooming y la pornografía infantil virtual. Así en el convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, vigente en España desde el 1 de diciembre de 2010, se regulan estos fenómenos que tienen lugar en el contexto de las TIC.

En algunos países están dando pasos en la regulación expresa del sexting. Así en Estados Unidos, se han presentado recientemente proyectos de ley prohibiendo expresamente a los menores de 12 a 17 años la transmisión electrónica de fotografías donde se muestren ellos mismos u otros adolescentes en una actividad sexual o en estado de desnudez sexual explícita.

Esta reforma representa una respuesta ante nuevas formas de violencia entre adolescentes y jóvenes, derivada del acceso y uso a nuevas tecnologías, al difundir fotografías propias de carácter íntimo y sexual sin consentimiento. Por lo que resulta necesaria una mayor protección a los menores frente a los delitos sexuales en el sexting. En tal sentido uno de los peligros que representa el sexting es ser víctimas de discriminación, exclusión social, hasta llegar a ser presa de algún abusador o explotador sexual.

Podría este fenómeno confundirse con la difamación, sin embargo, la difamación sólo protege en caso de imputación verbal o escrita que busque desprestigiar a las personas. Mientras el sexting es la difusión o publicación de contenidos en donde el protagonista de las imágenes posa en situación erótica o sexual (principalmente fotografías o videos), producidos por el propio remitente, utilizando para ello el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico.

A diferencia de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, donde ya hay una preocupación seria acerca de las consecuencias negativas que puede traer este problema, los adolescentes en México no cuentan con la conciencia y criterio suficiente ante tal problemática, misma que representa la práctica del sexting.

En México se carece de un marco jurídico idóneo para responder a la complejidad de un fenómeno de esta naturaleza; es menester prevenir y combatir el sexting.

De lo anterior surge la urgente necesidad de reformar el artículo 7 de la Ley General de Educación y el artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes.

Por el auge de este fenómeno que está provocando nuevas tipologías de delitos.

Ante el auge de esta modalidad aunado a la falta de información de los menores y los padres, sobre las implicaciones y alternativas que existen para prevenir esta conducta, se recomienda aprobar esta reforma, para dar a conocer que este tipo de práctica puede llegar a ser sancionada, si no se erradica a tiempo.

En tal sentido, se considera que el sexting ocurre por una educación sexual arcaica, así como la ausencia de valores, poca o nula comunicación entre padres e hijos, problemas de autoestima y a la falta de cuidado, conciencia y madurez de las personas sobre el impacto que puede tener la difusión de información privada en dispositivos digitales.

La tecnología corre mucho más rápido que la educación sobre la sexualidad.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 7 fracción VI de la Ley General de Educación y el artículo 32 inciso D de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 7, fracción VI de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7. La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, adecuándose a aquellas que se deriven de los avances tecnológicos, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos;

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 32, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:

A. a C. ...

D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la no discriminación y de la convivencia sin violencia tanto física, psicológica o emocional, incluyendo aquella que se manifiesta a través de los medios electrónicos, como el cyberbullying y el sexting.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Derechos de la Niñez, para dictamen.

LEY QUE REESTATIZA LOS FONDOS DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO REGULADOS EN LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, Y DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, BASADOS EN UN REGIMEN DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, RESTITUYENDOSE EL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

«Iniciativa que expide la Ley que reestatiza los Fondos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro regulados en las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, basados en un Régimen de Capitalización Individual, restituyéndose el Sistema Solidario de Reparto, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema a resolver con la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto

A casi de 16 años de la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social, que dio vida a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), ha quedado plenamente probado que, como lo sostuvo desde siempre el Grupo Parlamentario del PRD, estas empresas sólo buscan el lucro, por lo que han obtenido abultadas ganancias, pero en contraparte sólo han venido a agravar los problemas de los sistemas de pensiones, del cual dependen casi 70 millones de derechohabientes; quitando además al país importantes recursos que deberían haberse usado para impulsar su desarrollo. Por lo que urge, poner fin al actual régimen de capitalización individual y, restituir el sistema solidario de reparto. Con este fin, se propone una iniciativa de ley que expide la “Ley que reestatiza los fondos de los sistemas de ahorro para el retiro regulados en las leyes del seguro social, del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, y de los sistemas de ahorro para el retiro, basados en un régimen de capitalización individual, restituyéndose el sistema solidario esencia de la seguridad social”, con las modificaciones que exigen los cambios de la propia realidad, preservando en todo momento los derechos de los trabajadores y sus familias.

Argumentos

La seguridad social, derecho humano fundamental, es a la vez, base para la realización de otros derechos humanos, y puede ser conceptuada: como el conjunto de principios, normas jurídicas e instituciones que tienen como objeto la protección de todos los miembros de la sociedad, especialmente de las clases y grupos económicamente desposeídas, contra contingencias que pueden reducir o suprimir su capacidad de trabajo o sus medios de subsistencia, para alcanzar el bienestar individual y colectivo en los órdenes psicofísico, económico, social y cultural. Conjuntándose a este fin tanto el esfuerzo de la sociedad civil como la intervención y aportación estatal.

De esta amplitud es la meta que nos indica la seguridad social,de esta amplitud es lo que falta para alcanzar una sociedad justa y en paz, de manera más plena y estable.

Y bien, uno de los aspectos centrales de la seguridad social, lo constituyen los sistemas de pensiones, que miran a establecer horizontes mínimos de bienestar y libertad, a favor de la mujer u hombre, que por razones de edad o incapacidad, debe retirarse del trabajo.

En el momento histórico actual, hablar de pensiones en México, es sinónimo de las Afores; su actuar, su balance indeclinable.

Las Afores, son entidades financieras, encargadas de individualizar, las cuotas de los ramos de retiro, cesantía y vejez y las de carácter voluntario, administrar las cuentas individuales pertenecientes a cada trabajador e invertir sus fondos por conducto de las sociedades de inversión especializada (Siefores) operadas por aquéllas, destinadas a otorgar las pensiones a los trabajadores, o para la entrega del saldo ahorrado a los trabajadores cuando no cubran los requisitos legales para éstas, tanto del apartado A como del apartado B del artículo 123 Constitucional, a cambio del cobro de la comisión autorizada por la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Además de llevar el registro de las cuotas de vivienda.

Era el 23 de mayo de 1996, cuando el Diario Oficial de la Federación, publicaba, la entonces nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; pocos sabían en ese momento, que se entendía por “Afores”, y no imaginaban, el enorme impacto que iban a producir en el mundo del derecho, en el país y en sus vidas.

Esta Ley provocó un rompimiento tajante con los principios esenciales de la seguridad social, siendo ante todo un enredijo de derecho mercantil, derecho bursátil y bancario. El servicio se sustituía por el lucro. Para entender a fondo esta Ley, se tenían que abordar conceptos como sociedad, sociedad anónima, valor, sociedad de inversión, sociedad operadora de la sociedad de inversión, grupo de control, liquidez, mercado de capitales, mercado de dinero, recompra de acciones, portafolio de las sociedades de inversión, operaciones en corto, información privilegiada, conflicto de intereses, por citar algunos. Esta desnaturalización a la seguridad social, fue ratificada por el decreto que dio vida a la nueva Ley del ISSSTE, misma que entró en vigor el 1 de abril de 2007.

La dificultad para el grueso de la población en el entendimiento de la nueva normativa, saltaba a la vista. Por otro lado, y a partir de ese momento, el grueso de los trabajadores, se negó a enterrar la autonomía jurídica del Derecho de la Seguridad Social en el hoyo negro de las Afores y la privatización que representaban, y han luchado por hacer renacer los conceptos inherentes a ésta, como solidaridad, integralidad, universalidad. Y bien, ha llegado el momento, para tal renacimiento.

Ya han transcurrido cerca de 16 años del inicio de la privatización de los sistemas de pensiones en nuestro país; la fotografía que se presenta, es de unas Afores ricas, con crecientes rendimientos, e instituciones de seguridad social, destacadamente el Seguro Social, con crecientes problemas financieros. Por lo que hace a los trabajadores, se encuentran con recursos cada vez más insuficientes, ya no digamos para una pensión digna, ni siquiera para una pensión equivalente a un salario mínimo del Distrito Federal, o pensión mínima. Poniendo de cabeza los mandatos de la seguridad social, el actual sistema de pensiones basado en la capitalización individual (contribución definida), se traduce, en que los trabajadores, las personas de menos recursos transfieren recursos a los que más tienen: a capital financiero y a las empresas, especialmente mediante la inversión en valores extranjeros.

Baste ver, que a las Afores se les entregan cantidades cada vez mayores de recursos nacionales, que ya llega a casi dos billones administrados por las mismas; Afores cuya única obligación es hacerse lo más ricas, sin obligación esencial a su cargo: las pérdidas corren a cargo de los trabajadores, no están obligadas a pagar un interés mínimo, tampoco a otorgar los recursos para una pensión por mínima que fuera.

Por lo que es hora de que el Legislativo Federal, reaccione con acciones profundas y urgentes, antes de que la burbuja del desfalco a la seguridad social, que quedará a cargo de recursos presupuestales, provoque una crisis mayor. Baste señalar, que sólo un poco más del 5 % de los trabajadores, ahorrarán los recursos necesarios para contratar una pensión con las instituciones de seguros, y el resto, si cubren los requisitos de edad y semanas cotizadas, deberán acceder a una pensión a cargo del Estado ¿de dónde se obtendrán los recursos necesarios?

Las Afores, se venden a miles de millones, y remiten a sus metrópolis también miles de millones, en tanto que las instituciones de seguridad social y nuestro país todo, se ven despojados de recursos escasos e indispensables para nuestro desarrollo, especialmente en las actuales circunstancias de crisis, no sólo económica, sino social, educativa, laboral, de seguridad, por citar algunas. El IMSS, muere de hambre de recursos, en tanto las Afores manejan para su beneficio recursos inagotables, que pertenecen precisamente al IMSS, en general a la seguridad social

Los actuales sistemas de pensiones, comprensivos de ambos apartados del artículo 123 constitucional, nacieron de una clara imposición contra los trabajadores, que atendió de manera mecánica los dictados imperiales, a través de sus instrumentos financieros: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La esencia de estos sistemas de pensiones basados en la capitalización individual, no es otra que el saqueo, la expropiación de fondos público-sociales “por causa de utilidad privada”, para el lucro de las denominadas administradoras de fondos para el retiro (Afore) y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (Siefores).

Estas sociedades, cada vez más, han estado invirtiendo el dinero de los trabajadores en operaciones de riesgo, en el mercado bursátil; causando un detrimento en el ahorro de los trabajadores, asimismo repercute en el hecho de que el país es despojado de manera permanente de recursos indispensables para el desarrollo nacional y el bienestar social.

En diciembre de 2012, la propia Amafore (Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro), señaló que: “Las sociedades de inversión a través de las cuales se canalizan los recursos de las Afores (Siefores) han logrado diversificar los instrumentos ...la inversión en proyectos productivos ascendió a 527 mil 800 millones de pesos, de los cuales 314 mil millones se invirtieron en papel privado, 154 mil millones en renta variable nacional y 58 mil millones en instrumentos estructurados (CKD´s y Fibras).En los últimos 3 años, la inversión de los recursos en papel gubernamental se redujo en 14 por ciento, mientras que en renta variable logró incrementarse en 12.6 por ciento..” La Amafore señala que esto ha permitido mejorar (apenas mejorar) los rendimientos, los cuales resultan insuficientes (de poco más de un 5% a un 9 % en los últimos 3 años). Pero ¿y los riesgos, a mediano y largo plazo? ¿Y las minusvalías?

Para no dejarnos llevar por espejismos, baste señalar, que al 2011, en tanto las utilidades acumuladas para el total de trabajadores, fue por un poco más de 500 mil millones de pesos, las Afores tuvieron 169 millones de pesos por concepto de comisiones; incrementados a más de 200 mil millones para el 2012, traducidos en utilidades netas de 57 mil 500 millones de pesos, algunas fuentes cierran en 60 mil millones tales utilidades netas, sólo durante el 2012 alcanzaron un monto de utilidades de 9,864 millones de pesos; gran parte de las cuales las Afores las remiten al extranjero para apoyar a sus casas matrices. Po otra parte, sólo en el 2011, las Afores exportaron casi 300 mil millones de pesos, para apoyar la inversión en el extranjero.

Las condenables razones y sus criticables efectos, de quienes impusieron las Afores, han sido denunciados de manera prolija y, los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, con sus propias características han luchado para detener estas contrarreformas, sin lo cual sus consecuencias hubieran sido aún más graves.

De manera que no es ninguna novedad, sino consecuencias ya proyectadas por trabajadores y especialistas, el actual golpeteó a los recursos, en general, a los derechos de los trabajadores. Las pensiones en el marco del nuevo sistema de pensiones (Afores y Aseguradoras) serán privilegio para unos cuantos (los demás accederán a pensiones mínimas garantizadas a costa de recursos presupuestales, o bien, no alcanzarán pensión alguna, quedándose con un monto paupérrimo de sus ahorros, y siempre que las Afore se los regresen sin mediar juicio). Esto muestra que la seguridad social administrada de manera privada, favorece principalmente las políticas neoliberales, al mercado de capitales, a las Afore y a los bancos, pero no a los trabajadores.

El riesgo para los ahorros de los trabajadores, a la fecha se traduce ya en fuertes pérdidas (minusvalías dicen eufemísticamente las Afores y la Consar), 87 mil 300 millones sólo en el 2008. A la mentirosa afirmación del presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) de que sólo se trata de una “minusvalía, manifestamos: en primer lugar, hay trabajadores que en el momento de la minusvalía deben vender los títulos representativos de sus ahorros, para acceder a pensiones de riesgos de trabajo o invalidez, o al realizar retiros totales al alcanzar la edad de 60 años, o parciales por ayuda de desempleo o matrimonio, o incluso por retiro de aportaciones voluntarias.

Segundo, las Afore también invirtieron en títulos basura que ya jamás recuperarán valor alguno.

Tercero, nadie puede garantizar que a partir de ahora la economía dejará sus crisis cíclicas, con rendimientos estables y al alza, por el contrario los próximos años presentan un horizonte lleno de riesgos.

Cuarto, este cuento de “sólo minusvalías”, está desacreditado ante los trabajadores que han visto como se esfumaron sus ahorros Infonavit acumulados hasta el 92, como les fueron arrebatados en el 2002, 20 mil millones de su SAR como “regalo” para el gobierno federal, o como desaparecieron las reservas de pensiones del IMSS e ISSSTE, o como se han hecho agua los dineros de los fideicomisos para jubilaciones de Ferronales, Banrural, Banobras, entre otros.

Es decir, los más de 87 mil millones y los que se han seguido acumulando, especialmente en el 2011, representan una pérdida masiva e injusta de recursos, de la cual no responden ni las Afore ni el Estado, por lo que los trabajadores son los únicos que verán como desaparecen sus esfuerzos y esperanzas. En contraste con las utilidades netas obtenidas a la fecha por las Afore por 60 mil millones de pesos.

Baste señalar que cuando se dio el cambio de comisiones sobre flujo a comisiones sobre saldo, el promedio sobre éstas se incrementó hasta un 87 por ciento, por lo que la supresión de la comisión sobre flujo no representó para los trabajadores ahorro alguno. Sin embargo desde las reformas de 2005 y 2009 a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los porcentajes de las comisiones han tendido a disminuir pero no su monto, si partimos de que los saldos de las cuentas individuales han ido en aumento.

Por ello es indispensable llevar a cabo la reestatización de los sistemas de ahorro para el retiro evitando que estas “sociedades” se enriquezcan ilícitamente a costa del trabajo, esfuerzo y economía de los trabajadores; las condiciones de vida de la clase trabajadora son cada día más desventajosas e injustas, creando anarquía y desesperación, por la forma en que se encuentra distribuida la riqueza en nuestro medio.

Las Afores, este fraude legalizado, ponen en jaque a más de 70 millones de mexicanos que son derechohabientes del IMSS e ISSSTE, los cuales de manera directa o indirecta tienen sembrado su futuro en el destino de los recursos administrados por las Afore.

No olvidemos que en el caso del ISSSTE aún los trabajadores que no son de nuevo ingreso y no obstante no haber optado por las cuentas individuales, sus recursos fueron transferidos, de manera parcial o total, y con base a trampas jurídicas, en el Pensionissste o las Afore privadas.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) informó que con el actual sistema de pensiones privado, los trabajadores con una percepción media tendrán en su jubilación un ingreso equivalente a sólo el 36 por ciento de su último salario, así mismo informó que es la cifra más baja dentro de los países que conforman este organismo. Y eso, los trabajadores que accederán a una pensión.

Por ello, la seguridad social debe tener por objeto contrarrestar la ciega injusticia de la naturaleza y de las actividades económicas por medio de un sistema bien estructurado de bienestar colectivo integral, basado en la justicia social, niveladora de las desigualdades que persiguen remediar los grandes males y diferencias de las clases económicamente débiles.

Por tanto, con fundamento en las fracciones XXIX del Apartado A y XI del Apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con el párrafo segundo del artículo 27 constitucional y las fracciones I y VIII del artículo 1o. de la Ley de Expropiación, se debe proceder de inmediato a la reestatización de los fondos de pensiones.

No hablamos de nacionalización, ya que además de que las Afores son empresas constituidas de conformidad con la legislación del país, es decir, son mexicanas, no queremos que se abra en lo futuro la puerta otra vez a la inversión privada, con el pretexto de que a diferencia de las actuales Afore, las nuevas serían de capital mexicano exclusivamente, como ha pasado con el petróleo.

Recordemos que algunos han señalado que en realidad el petróleo se “estatizó” a favor de la burocracia, pues la nacionalización implicaría que todos los mexicanos sean beneficiados con los recursos de Pemex, entendiendo desde luego por “todos”, sólo “ellos”.

Análisis detallado

Sólo en la justicia social, como se desprende de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede florecer una paz social duradera; igualmente sólo la justicia social permite un crecimiento económico a largo plazo, que lleva implícito la paz social. En este sentido es aún más enfática, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo preámbulo se señala, que: “Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social...”

La fracción XXIX del artículo 123, Apartado A, de la Constitución federal otorga a la Ley del Seguro Social y por analogía a la Ley del ISSSTE, el carácter de ordenamientos de utilidad pública, es decir, la seguridad social es un servicio público que debe ser proporcionado por el Estado, de manera exclusiva, integral e irrenunciable.

Por tanto, la Ley del Seguro Social que cobró vigencia el 1 de julio de 1997 y la nueva Ley del ISSSTE que entró a la vida jurídica el 1 de abril de 2007, son inconstitucionales, entre otros, por sus normas privatizadoras que entregan los fondos de pensiones, la administración de las cuentas individuales de las Afores, asimismo se oponen a la Constitución federal los artículos que prevén el otorgamiento de las pensiones a cargo de las instituciones de seguros.

Tal inconstitucionalidad igualmente se pone de manifiesto, desde el momento en que tales leyes, obligan a lanzar los fondos de las pensiones al mundo del riesgo, al mercado bursátil, a los valores extranjeros, pues reducen los derechos de los trabajadores y contradicen la esencia misma de la seguridad social que como marca la propia fracción XXIX ya citada, debe estar encaminada “a la protección y bienestar de los trabajadores”.

En la presente iniciativa de manera resumida, se propone la supresión de las Afores y Siefores, incluido Pensionissste, es decir del llamado régimen de capitalización individual restituyéndose el régimen solidario de reparto que se consagraba en las Leyes del IMSS e ISSSTE, de 1973 y 1983, respectivamente, y que fueron condenadas a muerte por un neoliberalismo ávido de apoderarse de estos abultados recursos sociales, a fin de impulsar una nueva etapa de acumulación del sistema capitalista. Sin menoscabo de las modificaciones necesarias, para neutralizar los abusos que se cometían en el marco de estas leyes.

Nuestra iniciativa permitirá que las pensiones de los trabajadores retomen su seguridad y dignidad. Igualmente se impedirá que las instituciones de seguros continúen lucrando con el otorgamiento de las pensiones.

De esta manera los derechos de los trabajadores dejarán su antinatural carácter de mercancía para el beneficio de unos cuantos empresarios, y burocracia cómplice, encaminándose por la esencia de la seguridad social solidaria.

Todo esto además como respuesta a la lucha histórica de los trabajadores afiliados al IMSS como al ISSSTE que sufrieron la imposición de leyes injustas e inconstitucionales. Baste señalar que los burócratas interpusieron millones de amparos para demostrar la inconstitucionalidad de ésta. Con lo que se evidencia la certeza del principio aquél, que exige para la validez de una ley, no sólo el cumplimiento de los formalismos legislativos, sino su indeclinable contenido de justicia.

La actual recesión ha redimensionado, ha probado plenamente todos los abusos y deficiencias que siempre hemos denunciado sobre los sistemas de pensiones basados en las Afore.

Los dineros sagrados de los trabajadores cuyo único destino debe ser la sobrevivencia de los trabajadores y sus familias, cuando aquellos se retiren por razón de incapacidad o edad avanzada: son metidos al círculo inconstitucional del riesgo, ¡al cabo que cualquier pérdida en los ahorros los cargará la parte más débil, los trabajadores, o en última instancia los recursos presupuestales!

Los trabajadores, sin garantía alguna de rendimiento, como lo hacía el anterior Sistema de Ahorro para el Retiro y se prevé en otros países; en contraste las Afores primero cobran sus utilidades, bajo el nombre de caras y no justificadas comisiones.

Es decir, millonadas de recursos fueron expropiados por la fuerza a favor del negocio del capital financiero, contrariándose la Constitución y la voluntad de los trabajadores. Cobro que no da lugar a servicios de calidad, calidez y de respeto a los derechohabientes.

Nos encontramos que las Afore ponen todos los obstáculos para informar, orientar, y devolver, de manera parcial o total, los recursos de los trabajadores, no se les reconoce a los trabajadores el carácter de socios de las Siefores con poder de decisión sobre la inversión de sus recursos estableciendo un monopolio en el manejo de recursos de los propios trabajadores, contrariando los principios jurídicos que rigen las sociedades anónimas y a las sociedades de inversión en general.

Incluso la omisión de los estados de cuenta que las Afore deben entregar de manera cuatrimestral a los trabajadores es cada vez más generalizada, lo que conlleva a una clara violación de sus derechos y que se traduce a una clara falta de transparencia en el manejo de los recursos de los trabajadores.

Es decir, en los hechos, los trabajadores no son tratados como propietarios de los fondos de pensiones sino como arrimados; las Afores actúan como si fueran las únicas dueñas de los ahorros de los trabajadores. Es indispensable que los derechohabientes de las Afores tengan una mayor participación en los sistemas de ahorro para el retiro, para obtener un mayor equilibrio y equidad, como lo ha señala la propia Consar; pues actualmente los trabajadores están marginados del mundo de las Siefores y Afores, comenzando por el hecho de que carecen de una cultura financiera básica.

Aunado a lo anterior, el fraude ha sido la manera, en gran parte, como las Afore se han hecho de cuentas individuales, bajo el marco del registro o traspaso, vía engaño, intimidación a los trabajadores, falsificación de firmas y documentos, entre otros. ¡Y la Consar, bien gracias; actuó como cómplice de todos estos abusos! Apenas hasta los años 2005 y 2009, se tomaron tibias medidas legales para intentar detener estos desmanes de las administradoras y los agentes promotores.

Las Afores, administran ya, casi 2 billones de pesos, y según las proyecciones llegarán a administrar recursos equivalentes al 50% del PIB nacional; no siendo adecuado que empresas privadas manejen montos tan grandes de capital nacional. Eso pone en cuestionamiento la soberanía nacional. Debe distinguirse entre los recursos administrados y, los registrados que ya comprenden casi 3 billones.

El destino de la mayoría de los trabajadores, incluidas sus familias, entregado a empresas cuyo único objetivo es la ganancia, el lucro más descarnado, antípoda de la esencia y objetivo de la seguridad social. Privatización, prohibida por el artículo 123 Constitucional, así como por los Convenios de la OIT números 35, 37, 39 y 102. Si no se pone freno a estos abusos, aparte del fraude a los trabajadores y sus familias, nacerá una carga insostenible para las finanzas públicas.

Debe analizarse sin apasionamiento la decisión del gobierno Argentino (y también de Bolivia en el 2010) de estatizar el sistema privado de pensiones en el 2008, como medio de proteger los ahorros de los trabajadores y el interés nacional; sistema privado que por cierto, después de una historia de abusos contra la clase trabajadora, curiosamente, al verse amenazado con ser separado de este negocio, ofreció al gobierno Argentino, lo que siempre habían señalado como insostenible (igual que en México lo sostienen las Afores): el cobro de comisiones únicamente sobre saldos y rendimientos reales. A la fecha, no se derrumbó el sistema financiero de Argentina, y, por el contrario los recursos así obtenidos han sido fundamentales para impulsar la dinámica económica de este país.

Al respecto, se ha señalado, que:

“El fondo de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para resguardar el pago de jubilaciones superó los 200 mil millones de pesos en octubre pasado. La cifra es más del doble de lo que habían acumulado las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones equivalentes a las Afores) cuando dejaron de operar en diciembre de 2008. Catorce años de administración privada de los aportes previsionales concluyeron con un saldo de 98.224 millones de pesos. En menos de dos años, el Estado logró más que duplicar ese monto, que ahora llega a 201.027 millones de pesos, según el último informe oficial...

“Más allá del virtuoso resultado financiero, una de las claves del cambio entre la gestión de las AFJP y la que hace el Estado es la orientación de las inversiones. Las primeras dedicaban apenas el 2,2 por ciento de los ahorros previsionales a proyectos productivos y obras públicas: eran 2183 millones de pesos en diciembre de 2008. En cambio, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones que maneja la Anses volcó a ese fin 26.707 millones de pesos hasta octubre, el 13,3 por ciento del total. Por el contrario, las AFJP invertían el 5,2 por ciento de los fondos que captaban de los trabajadores argentinos en acciones de empresas extranjeras, como Walt Disney o Coca-Cola, por un total de 5137 millones de pesos cuando dejaron de operar. Todos esos recursos fueron repatriados y hoy el saldo de inversiones en acciones extranjeras es cero.

“El informe de la Anses señala que “la rentabilidad es un importante criterio de inversión” por el cual el FGS guía su accionar. Pero aclara que “la rentabilidad es entendida no sólo desde un punto de vista financiero, sino también social”. “De esta manera –sigue el documento–, las inversiones del FGS contribuyen al desarrollo sustentable de la economía real, garantizando un círculo virtuoso entre crecimiento...” (Diario Tiempo Argentino, del 10 de diciembre de 2011, página 12).

Es indispensable que a la brevedad las Afore sean estatizadas, caso en el cual los trabajadores no serían despojados de sus ahorros, sino por el contrario entrarían estos recursos bajo la responsabilidad y garantía del Estado mexicano y la vigilancia y decisión de los trabajadores, lo que garantizaría de manera plena el futuro de las pensiones.

Siempre con mayor o menor frecuencia se ha denunciado, el abuso gigantesco de las Afore contra los trabajadores.

Incluso algunos pocos legisladores han presentado al Congreso de la Unión diversas iniciativas para exigir la supresión de este perverso sistema basado en el lucro y la total desprotección de los trabajadores. Hasta no hace mucho tiempo, estas posiciones se tachaban de radicales, y equivalían a una prédica en el desierto.

Sin embargo, a estas alturas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, surgen cada vez más voces para exigir límites a las Afores, o inclusive proceder a su reestatización.

Ante la prueba contundente de algo elemental, que estos nefastos negocios sólo ven por sus intereses, despreciando el legítimo derecho de los trabajadores y sus familias a una pensión digna, lo que va de la mano del riesgo que está surgiendo para los recursos públicos.

Apenas parece creíble que el Congreso de la Unión haya aprobado un sistema, en que negocios privados, llamados Afores, reciban el capital para alcanzar sus utilidades de manos del pueblo trabajador, sin obligación de reponer las pérdidas que sufran los trabajadores en sus ahorros, tampoco de garantizar un rendimiento mínimo real, ni menos aún otorgar un pensión por mínima que fuera.

Estas Afore, con toda irresponsabilidad han estado invirtiendo los dineros de los trabajadores en operaciones de alto riesgo especialmente hablando de valores extranjeros, situación que se agrava ante la recesión económica actual, lo que ha llevado a la pérdida, se insiste, de miles millones de pesos. ¡Qué les importa a las Afore, si ellas ya tienen garantizadas sus utilidades vía sus altas comisiones!

Y así, vemos que mientras las Afore están unidas en la Amafore (Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AC), y gozan de un respaldo cómplice de la Consar y en general del Gobierno Federal, los trabajadores por su parte, los derechohabientes, están desunidos y desorganizados, aplastados por la falta de preparación e información, y golpeados permanentemente por la actitud y decisiones gubernamentales. ¡Las Afore deben desaparecer!

Uno de los hechos en que se ve de manera descarada la arbitrariedad que caracteriza a las Afore, bajo la complicidad gubernamental, es el cobro de comisiones a las cuentas inactivas, lo cual resulta inaceptable ya que el trabajador no está generando ingresos como para que inconstitucionalmente le cobren comisiones sobre un ingreso que no se está aportando.

Nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones y derechos, sino mediante previo juicio. Así lo ordena de manera terminante la Constitución federal en su artículo 14, como una de las garantías fundamentales para la seguridad jurídica de todo individuo.

Sin embargo en abierta violación a esta garantía individual, el legislador federal en el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, autoriza el cobro de comisiones a las cuentas individuales inactivas de los sistemas de pensiones, a la par de las que pagan las cuentas activas.

Desde luego, el trabajador cuando pierde el empleo o pasa a desempeñarse en un trabajo independiente, está impedido legalmente a retirar sus ahorros forzosos de su cuenta individual, y pareciera en exclusivo beneficio del capital financiero.

Al estar el trabajador autorizado a recibir sus ahorros hasta que cumpla 60 años de edad o al acceder a una pensión. Aparte los retiros parciales por desempleo y, en el caso del IMSS, por ayuda de matrimonio. Sobra decir, que la posibilidad de ahorros voluntarios de parte de los trabajadores a su cuenta individual, resulta un imposible para la mayoría de los mismos.

Pues bien, al no poder retirar el trabajador sus recursos y quedar inactiva su cuenta, sus ahorros son mermados de manera constante por las caras comisiones que las Afore les cobran, de manera que cuando llega la oportunidad temporal para su retiro, lo que sucede es que sus ahorros están extinguidos, o casi extinguidos por el saqueo que estas “administradoras” realizan con el apoyo de la Consar y del mismo gobierno. O en otros términos, el trabajador fue despojado de sus dineros, de su propiedad y derechos, sin previo juicio, en abierta violación al artículo 14 constitucional.

Este no es un problema pequeño, ya que aproximadamente, en el caso del IMSS, 50% por ciento de las cuentas individuales son inactivas; número que tenderá a incrementarse ante las crecientes tasas de desempleo provocadas por la actual recesión económica y la aplicación de la reciente contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo nacida de la denominada iniciativa preferente.

En el caso, pues, se priva a una persona de sus ahorros sin previo juicio. Pero lo más inadmisible es que estos dineros se quitan a los trabajadores, a los que menos tienen, para llenar los bolsillos de los empresarios financieros.

Conclusión

En suma, las Afore, nunca, en ninguna parte del mundo, han sido camino para fortalecer y mejorar el sistema de pensiones. Son un claro camino de privatización; de transformación de derechos y recursos sociales en materia para negocios abusivos.

Respecto al IMSS, el fracaso de las Afores es evidente: comisiones de usura sobre los ahorros de los trabajadores, rendimientos bajos y ahora pérdidas en lugar de rendimientos, prepotencia como elemento rector de las Afore quienes, en muchos casos, mediante el fraude inscriben y traspasan las cuentas individuales de los trabajadores, participación y preparación cero de los trabajadores en el sistema, falta de transparencia, inadecuada atención ante los abusos de las Afores, proyección masiva de pensiones por abajo del salario mínimo con riesgo para las finanzas públicas, quiebra administrativa con varias cuentas a nombre de cada trabajador, falta de imparcialidad de las autoridades competentes empezando por la Consar, montos constitutivos abultadísimos para la contratación de las pensiones ante las instituciones de seguros, ilegal negativa de las Afore para entregar los ahorros a los trabajadores y a sus beneficiarios, pérdida de la soberanía en manos del capital extranjero, cadena interminable de juicios, entre otras.

Para los trabajadores del Apartado B del artículo 123 constitucional, el panorama es aún más difícil, ya que entran al sistema de capitalización individual cuando el mercado de valores, tanto a nivel nacional como internacional, pierde dinamismo y está en el pantano de la recesión .

En cuanto a las instituciones de seguros especializadas en la práctica de los seguros de pensiones, absorben recursos millonarios de los trabajadores y el gobierno federal, bajo la denominación de capitales constitutivos; a cambio de pensiones miserables, que nuevamente acaban estando en el mundo del riesgo.

Adicionalmente a la reestatización de los fondos que administran las Afores y de los recursos de pensiones manejados por las instituciones de seguros, es indispensable que el Estado retome un papel activo en materia de crecimiento económico, ampliación del mercado interno, empleos y salarios dignos, único camino para acabar con las penurias financieras del IMSS e ISSSTE que viven de las cuotas y aportaciones obtenidas.

Evidentemente la expansión del desempleo, que al cuarto trimestre de 2012 comprendía un total de 2,489,455 equivalente a una tasa de 4.9 por ciento; de la informalidad, comprensiva de una tasa del 60 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), razón por la cual casi 30 millones, 6 de cada 10 mexicanos laboran en la informalidad (la OIT va más allá, ya que señala que 63 por ciento labora bajo este esquema), lo anterior, sumado a la precariedad del empleo y el salario; todo representan un tóxico insoportable para las finanzas del IMSS e ISSSTE.

Ante la necesidad de rescatar recursos sociales que impactan a más de 70 millones de derechohabientes del IMSS e ISSSTE, y que ponen en jaque el futuro de las finanzas públicas, el estado de derecho y la paz social; urge proceder de inmediato a la reestatización de las Afore y de las instituciones de seguros especializadas en la práctica de los seguros de pensiones. Rehaciéndose una seguridad social solidaria de reparto, integral, que nunca debió de pasar al egoísmo del lucro.

Igualmente, se debe eliminar “la propiedad” de los trabajadores sobre “sus” ahorros, lo que fue la trampa demagógica-jurídica para abrir el camino a la privatización de la seguridad social; los trabajadores nunca han actuado como propietarios sino han sido obligados a actuar como tapaderas de las únicas dueñas de tales dineros, las Afore. Razón por la cual los ahorros de las cuentas individuales de los trabajadores pasarán al patrimonio del IMSS e ISSSTE, a un fondo solidario, para con ellos cubrir las jubilaciones y pensiones de los trabajadores y sus beneficiarios.

Para no regresar a las corruptelas y desvíos de los fondos de pensiones llevados a cabo por la burocracia, en el periodo previo a las Afores, se propone, a semejanza de la ley de estatización argentina, la creación de una comisión de pensiones solidarias constituido por un representante del Ejecutivo federal, igual número de diputados y senadores, representantes de los trabajadores y de la asamblea nacional de derechohabientes, que supervisará la transferencia y administración de los recursos de los trabajadores.

Se propone impulsar la participación de todos los trabajadores, pensionados y sus familias, en general de todos los derechohabientes del IMSS e ISSSTE, para la democratización en la toma de decisiones y vigilancia dentro de estos Institutos; pero sobre todo para impedir su privatización en el presente y en el futuro, lo cual está en congruencia con el carácter de la relación jurídica que surge en el marco de la seguridad social, que a diferencia de la relación laboral (trabajador-patrón), no sólo se entabla entre el Instituto (IMSS o ISSSTE) y el trabajador (en su caso pensionado), sino también con el resto de los derechohabientes (cónyuge, hijos, etcétera); los familiares derechohabientes son también sujetos de esta relación jurídica. Esto desde luego no suprime la obligación del Estado a responder de los desequilibrios financieros que pudieran llegar a tener estos institutos.

Para hacer realidad lo anterior, se deben crear los mecanismos para que los trabajadores y sus familias puedan participar con un voto mayoritario en la toma de decisiones dentro del IMSS e ISSSTE, creándose la asamblea nacional de derechohabientes desde los municipios, cuya estructura organizativa pasará por cada una de las entidades federativas y a nivel nacional; asamblea que designaría a sus representantes ante los órganos de gobierno de estos institutos, e igualmente ante comisión de pensiones solidarias, participando de manera real en las decisiones de éstos.

No planteamos la simple vuelta al pasado, toda vez que en el mismo de manera reiterada se desviaron los recursos, por actos de conveniencia política o corrupción, o simplemente hacia fines diversos a los previstos en la ley.

También siguiendo la solución jurídica dada en Argentina, para evitar abusos en la compensación que se entregue a las Afores e instituciones de seguros estatizadas, no se les dará ninguna reparación por concepto de los ahorros de los trabajadores integrados mediante una contribución tripartita, careciendo tales empresas de toda titularidad sobre estos recursos.

Por tanto, sólo se compensará el capital social invertido por estas personas morales, que por regla general es minúsculo, y sólo por medio de títulos públicos emitidos por los Estados Unidos Mexicanos, previéndose al efecto la autorización al Ejecutivo Federal de asumir tal deuda.

Al respecto se podría considerar que las abultadas utilidades de las Afores y las pérdidas que han ocasionado a los ahorros de los trabajadores, justifican que no se les diera ni un quinto de compensación y, por el contrario se les cobrarán los daños y perjuicios causados. Sin embargo, no hay que olvidar que la Constitución en su artículo 22 prohíbe la confiscación de bienes; y por lo que hace a los abusos y daños y perjuicios causados, se prevé la realización de una auditoría a los manejos de las Afore para deslindar las responsabilidades de todo tipo que procedan, incluida en su caso la reparación de los daños y perjuicios.

No se prevé la reforma de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, para efectos de adquisición de deuda, ya que la compensación a las empresas liquidadas se debe hacer de manera que no se causen problemas a las finanzas públicas. Es decir, se debe hacer según las posibilidades e intereses de la nación.

Se señala en esta iniciativa que la transferencia de los ahorros de los trabajadores de las Afore a la Nación Mexicana en el marco de la reestatización propuesta, sea en “especie”, es decir, se entregarían los títulos representativos de los ahorros de los trabajadores (bonos, acciones, etcétera); esto agiliza la transferencia evitando acciones de retardo de parte de estas empresas; pero sobre todo protege los ahorros de los trabajadores, ya que ante los recurrentes desequilibrios de las bolsas (más bien del sistema financiero internacional) es el momento menos oportuno para la venta de estos títulos.

Desde luego, otra vez conforme a nuestra Constitución Federal y la solución de Argentina, se preserva el derecho de los trabajadores que estuvieron sujetos al régimen de capitalización, a obtener iguales o mejores prestaciones que a las que tienen o tendrían derecho en el marco del mismo. Igualmente se vela por la preservación de las fuentes de empleo de las personas que prestan sus servicios a las Afores e instituciones de seguros.

Necesitamos volver al principio que creo las pensiones de jubilación o de retiro, bajo los principios que le garanticen al trabajador que cuando llegue al término de su vida laboral, por sus condiciones físicas o de salud, deberá dársele una pensión suficiente y digna para mantener el nivel de vida que mantenía como trabajador activo.

Finalmente, en confirmación de todo lo dicho, me permito, transcribir algunos datos dados por la Consar, durante 2012:

“El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) continúa siendo uno de los pilares del sistema financiero mexicano que ha coadyuvado a su estabilidad y profundidad. Se ha convertido en uno de los principales actores de este último ya que, si se considera el monto de activos manejados, las Afore son las segundas en importancia, sólo por debajo de la Banca Múltiple. Adicionalmente, los recursos están creciendo a una tasa acelerada, lo que permite anticipar el aumento de su relevancia en el sistema financiero nacional.

“Al cierre del segundo trimestre de 2012, los recursos administrados por las Afore se ubicaron en 1,739.6 miles de millones de pesos, equivalentes al 11.8 por ciento del PIB...

Con ello continuó la tendencia creciente del ahorro de los trabajadores destinado para su retiro, durante los últimos cinco años dichos ahorros han crecido a una tasa anual real de 12.2 por ciento. Es conveniente destacar que el 40.86 por ciento de estos recursos, es decir 710.8 mil millones de pesos, corresponde a rendimientos acumulados netos de comisiones.

“I.2.1.Cuentas administradas por las Afore

“Al cierre del segundo trimestre de 2012, las Afore administraban 47,428,194 cuentas de ahorro individual. De ellas, 31,127,917 pertenecían a trabajadores que se registraron en una Afore, 11,639,792 a cuentahabientes asignados cuyos recursos son manejados por las Siefore y 4,660,485 a empleados cuyos ahorros pensionarios están depositados en Banco de México...

“De acuerdo al instituto de seguridad social en el cual el trabajador cotizó en el momento de la apertura de su cuenta individual, 46,217,409 (97.4 por ciento del total)pertenecían a trabajadores afiliados al IMSS y 992,652 a empleados afiliados al ISSSTE; adicionalmente, 218,133 cuentas eran propiedad de trabajadores independientes, los cuales no cotizaban a ninguno de los referidos institutos de seguridad social al momento de iniciar su ahorro para el retiro en una Afore.

“En relación a las cuentas de trabajadores afiliados al IMSS, 22,563,173 pertenecían a cotizantes que se registraron voluntariamente en una Afore, 7,353,959 a trabajadores previamente asignados con certificación y 16,300,277 a trabajadores asignados.

“Del total de cuentas individuales en las Afore que pertenecen a los trabajadores cotizantes al IMSS, el 38.7 por ciento son de mujeres y el 61.3 por ciento restante son de hombres. Esta distribución refleja las condiciones del mercado laboral a nivel nacional, pues la proporción de hombres dentro de la Población Económicamente Activa es de 62.3 por ciento, en tanto la de mujeres es de 37.7 por ciento.

“La edad promedio de los trabajadores cotizantes al IMSS es de 39.5 años, cifra ligeramente superior a la edad promedio de la Población Económicamente Activa del país de 38.1 años. Al analizar la distribución de cuentas por rango de edad, se observa que poco más del 70 por ciento de las cuentas pertenece a trabajadores que tienen 45 años de edad o menos, mientras que sólo el 8.3 por ciento de ellas pertenece a trabajadores mayores a 60 años, quienes son los más cercanos al retiro.

“En cuanto a los recursos, se destaca que el 85 por ciento de los activos netos de las Siefore se concentra en las Siefore Básicas 2, 3 y 4, en tanto la Siefore Básica 1 concentra el 8.1 por ciento y la Siefore Básica 5 el 5.5 por ciento de dichos activos. El 1.4 por ciento restante de los recursos se concentran en las Siefore Adicionales ...”.(Consar.Informe Trimestral al H. Congreso de la Unión sobre la situación del SAR, abril – junio de 2012)

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, Numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente Iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la “Ley que Reestatiza los Fondos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Regulados en las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Basados en un Régimen de Capitalización Individual, Restituyéndose el Sistema Solidario de Reparto”.

Artículo Único. Se expide, la Ley que Reestatiza los Fondos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Regulados en las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Basados en un Régimen de Capitalización Individual, Restituyéndose el Sistema Solidario de Reparto”, en los siguientes términos:

Título Único

Capítulo Único

Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda República, sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2. Se eliminan los sistemas de ahorro para el retiro basados en un régimen de capitalización individual, mismos que son absorbidos y sustituidos a favor del patrimonio de la nación, por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el marco de un régimen solidario de reparto, conforme a las condiciones establecidas en la presente ley.

En virtud de lo anterior se suprimen las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado y las instituciones de seguros especializadas en la práctica de los seguros de pensiones.

El sistema solidario de reparto a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización individual vigente hasta la fecha, los mismos derechos y beneficios previstos en las Leyes del Seguro Social de 1973 y de 1983, respectivamente.

Artículo 3. Las administradoras de fondos para el retiro y el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado transferirán en especie al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado según corresponda, los recursos e información que integran las cuentas individuales de los afiliados a los sistemas de ahorro para el retiro de capitalización individual. Dichos activos pasarán a integrar el Fondo Solidario de Reparto de cada una de estos institutos. Estos recursos se aplicarán de manera exclusiva para cubrir las pensiones de los trabajadores y sus beneficiarios.

En la misma forma precisada en el párrafo anterior, las instituciones de seguros especializadas en la práctica de los seguros de pensiones, deberán devolver al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda, los fondos de reserva de las obligaciones futuras, pendientes de cubrir.

Se cancelan las concesiones otorgadas a las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR.

Para la transferencia de los recursos e información de las cuentas individuales, que deberá realizarse máximo en 30 días naturales, las empresas en liquidación serán intervenidas de inmediato por el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el solo efecto de llevar cabo tal transferencia.

Artículo 4. La totalidad de las cuotas y aportaciones correspondientes a los trabajadores financiará las prestaciones a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por tanto los ahorros de los trabajadores y las futuras cuotas y aportaciones dejarán de ser propiedad de los trabajadores, para convertirse en patrimonio de los respectivos institutos.

Artículo 5. La transferencia y administración de los ahorros de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quedarán sujetas a la supervisión de una Comisión de Pensiones Solidarias, integrada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, siete senadores y siete diputados, designados por cada una de las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, siete representantes de las organizaciones de los trabajadores y siete de la Asamblea Nacional de Derechohabientes. Todos los representantes tendrán derecho a voz y a voto.

El Ejecutivo Federal deberá establecer con criterios de pluralidad, las bases para determinar las organizaciones de trabajadores que intervendrán en la designación de sus representantes ante esta Comisión, de manera que ninguna de estas organizaciones deberá tener más de un representante.

Esta comisión en cumplimiento de su función de supervisión, tendrá facultad de solicitar todo tipo de información, así como de formular todo tipo de observaciones, recomendaciones y dictámenes en los asuntos a su cargo. A estos efectos la comisión queda facultada a dictarse su propio reglamento interior.

Artículo 6. En ningún caso las compensaciones por estatización que pudieran corresponder a las administradoras de fondos para el retiro, Instituciones de seguros y empresas operadoras liquidadas, podrán superar el valor máximo equivalente al capital social de las mismas, de acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley. A esos fines, el gobierno federal, de ser el caso, entregará a los accionistas de dichas entidades, títulos públicos emitidos o a emitirse por los Estados Unidos Mexicanos, teniéndose en cuenta un cronograma mínimo de enajenación de dichos títulos, que podrá prolongarse hasta por diez años, para evitar afectaciones a la cotización de los mismos y a las finanzas públicas. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán tener derecho prioritario de recompra sobre dichos títulos.

Artículo 7.Tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los derechohabiente tendrán derecho a constituir una Asamblea Nacional de Derechohabientes, integrada desde el nivel municipal, pasará por cada una de las entidades federativas y hasta el nivel nacional, con plena autonomía y con derecho a designar representantes ante los órganos de autoridad de estos Institutos y, asimismo ante Comisión de Pensiones Solidarias. Esta asamblea deberá tener la mayoría de votos en tales órganos de autoridad.

Artículo 8. Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos de los institutos no bastaren para cumplir con las obligaciones legales a su cargo, el déficit que hubiese, será cubierto por el Estado, por conducto del gobierno federal.

Artículo 9. Los recursos de los Fondos Solidarios de Reparto del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no podrán ser invertidos en valores extranjeros.

Artículo 10. La seguridad social deberá ser pública, solidaria, integral, progresiva en vista de su universalidad, participativa, igualitaria, obligatoria y unitaria.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Quedan sin efecto las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo Tercero. El gobierno federal garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización Individual que se estatiza, iguales o mejores prestaciones que a las que tenían derecho a la entrada en vigor del presente decreto.

Los periodos cotizados por los afiliados al régimen de capitalización, serán considerados para efectos del otorgamiento de los beneficios del régimen de reparto, como si hubiesen sido cotizados al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o a ambos.

Artículo Cuarto.El Ejecutivo Federal dentro de los 20 días posteriores de la entrada en vigor de este Decreto, deberá proponer a la Honorable Cámara de Diputados una terna de auditores externos a efecto de que ésta elija uno de éstos y lleve a cabo una auditoria para determinar si se apegó o no a derecho la administración e inversión que las administradoras del fondo para el retiro hayan efectuado desde su constitución sobre los recursos de los trabajadores; procediendo el Ejecutivo Federal, en su caso, a presentar las demandas y denuncias procedentes, que permitan sancionar a los responsables y recuperar los recursos ilegalmente obtenidos por las administradoras.

Los servidores públicos a quienes se determine responsabilidad en los hechos precisados en el párrafo anterior, verán incrementada su sanción en un cincuenta por ciento más, ya sea ésta de índole económica y/o privativa de libertad.

Artículo Quinto. Las pensiones y demás beneficios que a la fecha estén otorgando a los trabajadores o sus beneficiarios las Afores o las instituciones de seguros especializadas en la práctica de los seguros de pensiones, continuarán siendo pagados por el Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda.

Artículo Sexto.Los afiliados o sus beneficiarios al régimen de capitalización individual que hubieran efectuado aportaciones voluntarias, aportaciones complementarias de retiro, aportaciones de ahorro a largo plazo u otras de la misma índole, las podrán retirar, con los rendimientos respectivos, en los diez años subsecuentes a la entrada en vigor del presente Decreto conforme a las disposiciones reglamentarias que se emitan. En tanto se entregan dichas aportaciones la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fijará el rendimiento mensual que se generará en favor de los trabajadores, por concepto de estos ahorros. El gobierno federal, llevará a cabo una campaña de publicidad permanente de carácter nacional, para que en el menor tiempo posible se haga la entrega de estos recursos

Artículo Séptimo. El gobierno federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social, tomará las medidas necesarias para preservar el empleo y prestaciones de los trabajadores de las administradoras de fondos para el retiro, las instituciones de seguros especializadas en la práctica de los seguros de pensiones y empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, mediante su incorporación a la administración pública federal, o en su caso, el gobierno federal los indemnizará de conformidad con las disposiciones aplicable. En tal virtud se les reconocerá su antigüedad laboral acumulada en estas empresas privadas.

Artículo Octavo.El Ejecutivo Federal emitirá los reglamentos necesarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado los acuerdos requeridos para hacer operativa la presente ley dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Noveno. El Ejecutivo Federal deberá presentar dentro de los sesenta días hábiles subsecuentes a la entrada en vigor del presente decreto las iniciativas de reformas necesarias a las Leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de adecuarlas a la presente ley.

Artículo Décimo. La administración de los recursos de vivienda estará de manera integral en manos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tratándose del Fovissste.

Artículo Décimo Primero.Se autorizará en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 y subsecuente, a cargo del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los montos de deuda pública procedentes para dar debido cumplimiento al artículo 6o. de esta ley, todo de acuerdo con la fracción VIII del artículo 73 constitucional y a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputado Silvano Blanco Deaquino (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 26 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Planteamiento del problema

En la ley que se pretende reformar no se especifica como habrá de participar la ciudadanía, es una prevención social, una vez más desde el escritorio y desde la óptica gubernamental exclusivamente.

De una exhaustiva revisión, tanto del ordenamiento jurídico en comento, como de las bases del  Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial, presentada por el titular del Ejecutivo en la primera quincena del mes de febrero del presente, se destaca que no existe un mecanismo real, efectivo y preciso que exponga cómo participaría la ciudadanía en la prevención del delito, aunado a ello en el programa no se alude cómo y de qué manera se coordinarían las entidades de la federación con las dependencias del gobierno federal, ni tampoco se explica cómo sería la coordinación con los municipios y las delegaciones del Distrito Federal.

Exposición de Motivos

El pasado mes de noviembre de 2012, presenté una iniciativa por la que se creaba la Ley General de la Prevención Social del Delito, iniciativa que retoma otra iniciativa que también presenté en esta tribuna pero en la LIX legislatura, desde mi punto de vista y desde esa época 2004, a partir de la izquierda hemos pugnado por priorizar la prevención, antes que la reacción.

Hoy vemos con cierto agrado como quienes están encargados de las políticas públicas federales retoman, desde ex militantes de la izquierda, hasta como francamente medio copian y para bien programas completos que se han innovado desde los gobiernos del PRD, como las pensiones a adultos mayores entre otros tantos, en concreto, en materia de prevención del delito, veo que ahora al menos en el discurso y en el papel han retomado la prevención social del delito.

En días recientes el titular del ejecutivo presentó las bases del Programa Nacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial. Dicho programa se sustenta según se puede leer en la Ley  General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicada en el diario oficial de la federación el pasado 24 de enero de 2012.

En mi exposición de motivos que presenté en noviembre, argumenté:

“...es imprescindible fortalecer las instituciones; fortalecerlas en un sentido contemporáneo, es decir, incluir a la sociedad en torno a las decisiones que habrán de repercutir en su entorno inmediato y en el diseño de las políticas públicas, desde nuestra perspectiva, incluir la participación ciudadana tanto de organizaciones civiles como de ciudadanos en lo individual, invariablemente fortalece las instituciones, más esta participación deberá de ser de un real empoderamiento, es decir, que las opiniones que un cuerpo colegiado, en donde  se incluye a la ciudadanía, emita, deberán ser vinculantes hacia las instituciones.

En el grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos convencidos de que es necesaria una nueva visión de la política criminal, disminuirá la impunidad y con ello acrecentará la confianza de la sociedad en estas instituciones.

Al respecto es revelador el estudio Participación ciudadana en México: consejos consultivos e instancias públicas de deliberación en el gobierno federal –consultado en

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid0S0188-76532011000200003&scrip =sci_arttext, SCIELO, México 2011, página10–

publicado en perfiles latinoamericanos, de los doctores Felipe Hevia, Samana Vergara-Lope, y Homero Ávila Landa, quienes revelan que las instancias públicas de deliberación (IPD), identificadas en el ámbito federal en México son relativamente abundantes, pero son opacas. Si bien la normatividad federal mexicana (en 2011) obliga a la creación de 409 instituciones colegiadas de deliberación, vimos que su mayoría se limitan a la participación de actores intragubernamentales y que las instancias con inclusión de actores no gubernamentales se concentran en funciones de consulta y operación de los programas, es decir, instancias en donde no existe la distribución de poder y se restringe la deliberación al acceso a la voz pero no al voto. A pesar de ello, según leyes y reglas de operación vigentes, existen al menos 163 instancias con participación no gubernamental en todos los sectores de la política pública, aunque con notables diferencias sectoriales.

Existen serias dificultades de transparencia sobre estas instancias, puesto que solo el 53 por ciento tiene algún tipo de información en internet, y de ellas solo el 15 por ciento entrega información suficiente para que los ciudadanos sepan quiénes son los consejeros y qué hacen. Estos resultados muestran déficits importantes en rendición de cuentas, y permiten ver la complejidad de los procesos de representación contenidos en los mecanismos participativos... Se puede concluir (pues), que no solo  está en entredicho la eficacia de estos mecanismos, sino también su legitimidad: como buena parte de los mecanismos de participación, los consejos consultivos y demás instancias parecen engrosar la larga lista de simulación (Sefchovich, 2008).”

Y lamentablemente en el programa nacional de prevención social del delito se repite esta constante, no se explica claramente qué hará la ciudadanía; ¿nuevamente clientela política?

Por ello, tal y como lo establece el programa y conforme a la prerrogativa que me asiste como legisladora federal, tomo la palabra al gobierno en turno y confió en que sus legisladores en mayoría relativa en esta honorable Cámara apoyarán esta aportación que es sin lugar a dudas en beneficio de la gente, es para realmente empoderar a la ciudadanía, y no solo tomarla de aval o de legitimador y de consultor al que al final de cuentas ni se le ve ni se le oye, un ciudadano que no debe ser más un receptáculo de ideas y propuestas gubernamentales, sino un actor verdaderamente proactivo y empoderado.

Es así, que  la presente propuesta de reforma, busca, por un lado generar una participación ciudadana que no se autonombre “opinión pública” o representante de algún sector determinado, busca una  participación ciudadana no corporativa y transparente, que se base en la experiencia social, académica y/o de investigación, alejada de la improvisación, por la importancia en la materia; que en el caso de rebasar las expectativas se aplicará el principio de primero en tiempo, primero en derecho, además de otro principio de rotación constante, por otro lado se espera que la participación social en la prevención del delito, siendo una materia tan sensible para nuestra sociedad en estos momentos, se realice no a manera de una participación consultiva sino derivada en una participación empoderada cuyas decisiones y deliberaciones, desemboquen en proyectos, programas o acciones vinculantes para las instituciones competentes.

Finalmente, con esta iniciativa no propongo crear nuevos elefantes blancos inoperantes y onerosos, con esta iniciativa se busca optimizar el recurso de áreas estratégicas y dotarlas del elemento de participación ciudadana, no con la finalidad de legitimarse sino con la finalidad de obtener el punto de vista, enriquecedor,  de la sociedad civil que ha trabajado este tema con antelación. Con la presente, propongo dejar de lado la simulación de los cuerpos colegiados que no definen nada y pasar al ámbito de una verdadera y eficaz colaboración y corresponsabilidad de instituciones y ciudadanía.

Algunos Objetivos de las presentes reformas y adiciones son:

a) Generar un marco legal de coordinación de diversas instituciones municipales, estatales y federales en materia de prevención al delito.

b) Generar un marco legal de coordinación de diversas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, Comités ciudadanos y demás organizaciones ciudadanas que realicen trabajo en materia de prevención al delito.

c) Promover la cultura de la legalidad y el acercamiento entre autoridades y sociedad civil.

d) Propiciar la creación de órganos colegiados que contemplen tanto a la sociedad civil como a las autoridades responsables con la finalidad de que estos órganos propongan políticas de prevención del delito a nivel federal, estatal y municipal.

Con base en la exposición de motivos que antecede, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la  Delincuencia

Artículo Único. Se adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 4 y se reforma el  artículo 26, ambos de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la  Delincuencia, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. a XI. ...

XII. Prevención Social del Delito: Los programas, proyectos, estrategias y acciones que propician la disminución de factores que conducen al delito, desarrollado por cualquier nivel de gobierno con la colaboración equitativa, efectiva y empoderada de la sociedad civil, ya sea participando de manera individual o en organizaciones sociales.

XIII. Gabinetes de Prevención Social del Delito (GPSD): Conjunto de autoridades que pueden ser locales o federales, y de organizaciones sociales, ciudadanía y/o cualquier otra expresión lícita de la sociedad civil, que se instituyen con reglas y normas claras y concretas y cuyo objetivo es propiciar la coordinación con un carácter colegiado, de recursos humanos, materiales, institucionales, financieros y de cualquier otra índole, con la finalidad de concretar en las diversas localidades acciones de Prevención Social del Delito, poniendo especial énfasis en las niñas y los niños, las y los adolescentes, destacando, sin que ello sea exclusivo, el combate a las adicciones, y cuyas resoluciones serán vinculantes para las instituciones correspondientes.

Artículo 26. ...

Sin menos cabo de lo anterior la integración y el funcionamiento de los Gabinetes de Prevención social del Delito se basarán en lo siguiente:

a) Se establecerán, al menos, 33 Gabinetes de Prevención Social del Delito, en el país; 1 de orden federal y 32 de carácter local en los estados de la federación así como en el Distrito Federal.

b) Se establecerán GPSD en los municipios y/o delegaciones del Distrito Federal que el reglamento de la presente Ley justifique necesarios, considerando lo siguiente: Capacidad suficiente de recursos administrativos, humanos financieros y de infraestructura, así como la demanda ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil para crear el GPSD municipal o delegacional según corresponda.

c) El GPSD, a nivel federal, por el lado de las autoridades, se compondrá por los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, así como los titulares de la  Procuraduría General de la República, y el comisionado de la Policía Federal. Del mismo modo serán invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto, los titulares de organismos constitucionales autónomos y organismos descentralizados que se consideren pertinentes en el reglamento. Cada titular podrá contar con un suplente que cuente con capacidad de decisión toda vez que las resoluciones serán vinculantes.

d) El GPSD, a nivel federal, por lo correspondiente a la ciudadanía, contará con el mismo número de integrantes que los propuestos por el gobierno federal, estos podrán ser representantes de organizaciones de la sociedad civil, o cualquier otra organización civil de carácter lícito, o simplemente ciudadanos con el interés en la materia y que demuestren haber realizado o estar realizando trabajo comunitario en materia de prevención al delito. Cada titular podrá contar con un suplente que cuente con capacidad de decisión toda vez que las resoluciones serán vinculantes.

e) Los 32 GPSD, a nivel local se conformarán de manera similar al federal y con las adecuaciones correspondientes a cada caso, según se estipule en el reglamento de la presente ley.

f) Los GPSD, a nivel municipal o delegacional en el caso de las delegaciones del Distrito Federal, se conformarán de manera similar al federal y con las adecuaciones correspondientes a cada caso, según se estipule en el reglamento de la presente Ley. Y de conformidad con el artículo 15 de la presente ley.

g) Los GPSD sesionarán cuando menos una vez al mes, generando propuestas, acuerdos y resoluciones, sobre las políticas públicas, encaminadas a la prevención del delito, dichas propuestas, se discutirán lo suficiente, buscando siempre propiciar el consenso en las resoluciones ya que éstas tendrán carácter vinculatorio con la dependencia correspondiente.

h). Los GPSD contarán con una mesa directiva que será presidida por el titular de la Secretaría de Gobernación o sus similares en el caso de los GPSD locales, municipales o delegacionales, contará con 2 vicepresidentes uno del sector gobierno y otro del sector ciudadano y 2 secretarios igualmente uno del sector gobierno y otro del sector ciudadano. Esta mesa directiva a partir de las vicepresidencias durará en su cargo un año, debiendo renovarse en ese período en la misma proporcionalidad los 2 vicepresidentes y los 2 secretarios.

i). La mesa directiva ejercerá la función de  dirigir y ordenar el trabajo del GPSD, así como llevar el archivo de lo actuado, minutas, acuerdos y seguimiento de la ejecución de estos acuerdos; en cada sesión la Mesa directiva presentara con 48 horas de antelación una propuesta de orden del día la cual ratificará el pleno del GPSD.

j). El GPSD, tendrá las siguientes atribuciones, en cualquiera de sus niveles:

I. Revisar los programas operativos anuales o similares de las dependencias que participan en el GPSD con la finalidad de modificar o en su caso generar los programas y/o proyectos en materia de prevención del delito.

II. Dar seguimiento a la ejecución de dichos planes y programas.

III. Proponer y en su caso signar los acuerdos necesarios para generar una eficaz colaboración interinstitucional, en su caso interestatal o de una entidad con la federación o con autoridades municipales.

IV. Evaluar los planes programas proyectos y estrategias en materia de prevención del delito en sus diversas áreas de competencia.

V. El presidente del GPSD proveerá de la logística e infraestructura necesaria para la convocatoria, desarrollo, trabajos, registro y archivo de las sesiones de trabajo y de los documentos que en estas se generen. Asimismo realizará la propuesta del orden del día a la Mesa Directiva.

VI. Las sesiones de los GPSD serán reuniones ejecutivas por lo que la presidencia se encargará de distribuir la documentación que se discutirá en las sesiones con al menos 48 horas de antelación a fin de llegar a consensuar y ejecutar acuerdos de manera pronta y expedita.

VII. Si fuera necesario y así lo solicitara algún miembro del sector ciudadano, el sector de gobierno del GPSD, podrá proporcionarle apoyo logístico, de papelería y de recursos materiales de manera limitada y previo acuerdo del propio GPSD. Lo anterior para realizar exclusivamente tareas y trabajo relativo a la materia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor 120 días naturales posteriores a la publicación, mismos que servirán para realizar una amplia difusión del presente ordenamiento en medios de comunicación masivos, preferentemente en los medios electrónicos, con cargo a los presupuestos de las dependencias de de la Secretaría de gobierno, federal y sus similares estatales.

Segundo. La Secretaría de Gobernación emitirá en 50 días naturales después de la entrada en vigor del presente decreto, el reglamento respectivo.

Tercero. Los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal, municipales y delegacionales del Distrito Federal, realizarán un diagnóstico en donde se detectará la ubicación de formas de participación ciudadana, en las instituciones a su cargo, que puedan incidir en la prevención social del delito. Aplicando un método uniforme de recopilación de datos comparables y verificables que propondrá la Secretaría de Gobernación en un plazo de 90 días naturales después de la publicación del presente decreto.

Cuarto. Se debe realizar una convocatoria, clara, transparente y con la suficiente difusión hacia la ciudadanía, que quiera participar en lo individual o a través de organizaciones, colectivos, o cualquier otra forma lícita, en la integración de los Gabinetes de Prevención Social del Delito, basándose siempre en los méritos del ciudadano propuesto y en su trabajo acreditable, previo en la materia.

Quinto. Cuando las disposiciones de esta ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la federación, los estados, el Distrito Federal, de los municipios o de las delegaciones del Distrito Federal, éstas se aplicarán y ejecutarán mediante convenios de colaboración entre las partes involucradas.

Sexto. La coordinación y aplicación de esta ley se hará con absoluto respeto de las atribuciones y límites constitucionales que tengan entidades, autoridades de cualquier nivel, instituciones y la ciudadanía que participe de manera voluntaria, ya sea de manera individual o en cualquier forma de colectivo u organización lícita.

Séptimo. En la elaboración tanto del reglamento como de la convocatoria correspondiente se deberá considerar el derecho de participar y dejar de participar en la prevención social del delito de todo ciudadano que cumpla con los requisitos de la convocatoria emitida, garantizándoles voz y voto en dichos gabinetes en donde deberá existir la paridad de integrantes de ciudadanía y de autoridades.

Octavo. La ciudadanía que participe en los gabinetes tendrá el apoyo material y de recursos humanos suficientes, para desarrollar sus funciones; ello a criterio de la autoridad de la institución correspondiente según lo determine el reglamento y siempre observando la posibilidad material y presupuestaria de dicha institución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD

Javier Orihuela García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el inciso b) del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor del siguiente.

Planteamiento del problema

Sin duda la educación es el medio por el cual podemos aspirar a tener un mejor país y un futuro más prometedor con equidad e igualdad de oportunidades y es por ello que este proceso creativo concentrado en el sistema educativo debe de ser permanentemente revisado y adaptado a nuestra realidad cambiante y que nos impone nuevos retos y amenazas y que la educación es el instrumento fundamental por el que podemos avanzar al futuro.

Recordar que nuestro país es rico en muchos aspectos, pero no necesariamente en cantidad, pero sí en diversidad, lo que impone muy serias restricciones para su aprovechamiento.

Nuestro país en el mundo se encuentra entre los cuatro países considerados mega diversos, donde tenemos dos grandes biogeoregiones: la neartica y la neotropical que condicional de manera importante nuestra disponibilidad de recursos y reta el aprovechamiento que de ellos hace nuestra generación y compromete a las generaciones futuras.

Nuestro país cuenta con una muy importante biodiversidad de paisajes, mares, una reserva importante pero limitada de recursos extractivos y lo más importante, una mega diversidad de flora, fauna y cultural, en donde coexisten y resisten cerca de 50 pueblos indígenas y más de doce millones de población de nuestro pueblos originarios y que consideramos como mexicanos, negándoles el derecho de la autodeterminación y a sus autonomías étnicas.

La Norma Mexicana de Especies en Riesgo (059 Semarnat) contiene 2 mil 583 especies en categorías de riesgo: 41 extintas, 372 en peligro de extinción, 842 amenazadas y mil 328 sujetas a protección especial.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó en 2010 que en México hay unas 200 concentraciones para extraer agua para consumo humano, pero al menos 101 acuíferos ya son explotados más allá de sus capacidades.

Especies invasoras y contaminación de suelos, agua superficial y subterránea y exención de biotopos en muchas regiones de nuestro país, nos señalan que nuestro sistema sigue siendo depredador del medio natural y cultural de nuestro entorno.

Actualmente, de las 364 variantes lingüísticas que hay en México, por lo menos 64 de ellas se encuentran en peligro de extinción.

Argumentación

Destacando el desafío que impone la relación que hemos establecido con las culturas no hegemónicas y los recursos naturales de los que depende nuestra existencia y que sin un manejo sustentable de nuestros recursos naturales, culturales y financieros no vamos a poder continuar avanzado como nación.

El reto que representa el lograr que nuestra nación perdure en el tiempo, para poder cambiar nuestra concepción del aprovechamiento de nuestro recursos naturales renovables, los renovables pero agotables y los no renovables, implica una gran transformación de todos para poder educamos en esta nueva realidad de agotamiento y extinción de un número muy importante de recursos y de especies que en este momento se encuentran en peligro de extinción y muchas de ellas ya extintas en sus hábitat naturales o en vida silvestre, ya que en muchas regiones de nuestro país están siendo seriamente amenazadas y depredadas.

Por ello, es fundamental un cambio cultural en este sentido y es a través de la educación y con nuestros maestros garantizándoles permanecía laboral y capacitación continua como podemos lograrlo.

Sin el secretario de Educación Pública se puede hacer, ya que su único merito es haberle dado trabajo al que, después de comprar la presidencia, hoy la administra y solamente por cinco años y medio más que le quedan, si es que el pueblo no se cansa antes de sus metidas de pata, y que le dio trabajo a pesar de sus limitaciones, hoy decimos desde la más alta tribuna, con los maestros de México se puede, sin ellos nunca.

Lograr un México sustentable, en el más amplio sentido de la palabra, requiere que las nuevas generaciones se eduquen con este enfoque de aprovechamiento sustentable de nuestros recursos y diversidad cultural, para lograrlo se requiere que nuestra educación lo refleje como mandato superior y que se exprese en la currícula de nuestros profesores y estudiantes, para que podamos lograr la permanecía de nuestra diversidad cultural y natural en el largo plazo, es por ello que se propone que se reforme y adicione el inciso b) del artículo 3o. constitucional para mandatar al sistema educativo para que incorpore los criterios del aprovechamiento sustentable de nuestro recursos y la continuidad y acrecentamiento de nuestra diversidad cultural.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el inciso b) del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el inciso b) del artículo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra diversidad cultural, y...

c)...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputado Javier Orihuela García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

SEGUNDA SEMANA DEL APRENDIZAJE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a dar seguimiento puntual a los resultados de la Segunda Semana del Aprendizaje mediante dispositivos móviles organizados por la UNESCO del 18 al 22 de febrero de 2013, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada, Marina Garay Cabada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículos 6, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto respetuosamente a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, a tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con el progresivo desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información, el orbe ha experimentado grandes avances en distintos ámbitos de la vida social. Lo anterior ha ayudado a que los individuos acorten los tiempos y las distancias en distintos rubros de su vida diaria, tales como en lo laboral, lo educativo y en sus actividades personales.

En efecto, a lo largo y ancho del mundo las nuevas herramientas tecnológicas han permitido una mayor transferencia de información y por ende, una mayor tecnificación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, así como de desarrollo de las tareas académicas, financieras, bursátiles, administrativas y en general, profesionales.

De ahí que las computadoras y los dispositivos móviles se hayan vuelto una herramienta de primer orden para la sociedad, pues permite la realización de tareas de forma más sencilla y dinámica.

Hay que reconocer que entre los resultados más palpables del nuevo desarrollo tecnológico se encuentra su vinculación con el terreno educativo y laboral, debido a la capacidad de los ordenadores para coadyuvar al desarrollo de labores de búsqueda y transferencia de información; manipulación, planeación, diseño y sistematización de base de datos, así como procesamiento y presentación de información, entre un gran número tareas que facilitan el trabajo y la interacción social.

Es por esta razón que tanto computadoras como dispositivos móviles representan a las herramientas del siglo XXI que son utilizadas como un apoyo indispensable para profesionalizar el trabajo y el aprendizaje en nuestro país.

De acuerdo con lo anterior, la Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Tecnología -por sus siglas en inglés UNESCO- señala que en el 2012 había más de 6 000 millones de suscriptores de telefonía móvil alrededor del mundo. Ello, sin lugar a dudas, muestra el alto índice de individuos que se encuentran inmersos en la sociedad de la información y que cuentan con un dispositivo móvil.

Si bien aún desconocemos cifras oficiales de cuántos mexicanos cuentan con un dispositivo móvil, lo cierto es que de acuerdo con cifras del INEGI en el 2010, en México se contabilizaron 38.9 millones de personas, usuarios de una computadora y 32.8 millones con acceso a Internet. La mayor parte de los usuarios de Internet poseen un rango de edad de entre 12 a 34 años de edad, lo que representa el 66.8% del total.

Sin duda, la Internet se ha vuelto una herramienta fundamental para la consulta de información, noticias, investigaciones científicas, encuestas, fotografías, videos y material multimedia que son utilizados por un sector mayormente joven. Sin embargo, lo anterior ya no sólo es posible frente a una computadora portátil o de escritorio, sino también a través del uso de dispositivos móviles de nueva generación.

La Segunda Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles, a celebrarse en París, Francia, del 18 al 22 de febrero de 2013, es un foro internacional de gran nivel para fomentar el aprendizaje de forma democrática, ampliando el acceso y la calidad de la enseñanza.

Sus experiencias serán indispensables para lograr abatir el porcentaje de analfabetismo promedio en nuestro país, siendo éste de 6.9% a nivel nacional. Entre los estados de la República que superan la media nacional de analfabetismo se encuentran Chiapas (17.8%), Guerrero (16.7%), Oaxaca (16.3%), Veracruz (11.4%), Puebla (10.4%), Hidalgo y Michoacán (10.2%), Yucatán (9.2%), Campeche (8.3%), Guanajuato (8.2%), San Luis Potosí (7.9%) y Tabasco (7.1%), siendo una enseñanza importante también para ellos.

Otro de los beneficios que se buscan por medio del aprendizaje a través de dispositivos móviles es buscar nuevos mecanismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ayuden tanto a docentes como a alumnos a mejorar las capacidades cognitivas. Además, se lograría una cada vez más balanceada educación entre hombres y mujeres.

Importante es comentar que durante la Segunda Semana del Aprendizaje Mediante Dispositivos Móviles, se llevará a cabo la demostración de los contenidos del teléfono celular los días 18 y 19; una reunión de funcionarios gubernamentales de alto nivel el día 20, y un seminario virtual de residentes en el extranjero para presentar proyectos los días 21 y 22 de febrero del presente año.

De ahí que sería importante que la Secretaría de Educación Pública diera un seguimiento puntual de los resultados llevados a cabo en el evento organizado por la UNICEF en París, Francia. Ello, sin lugar a dudas, armaría nuestro país de herramientas técnicas para aplicar nuevos mecanismos y estrategias que modernicen las técnicas de aprendizaje en México, representando un documento fundamental para el análisis al interior de la SEP y de los recintos legislativos a nivel federal, pues permitiría a los tomadores de decisiones incrementar su campo de visión con respecto a las nuevas herramientas de aprendizaje.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para dar seguimiento puntual de los resultados obtenidos de la Segunda Semana del Aprendizaje mediante dispositivos móviles organizados por la UNESCO del 18 al 22 de febrero de 2013.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputada Marina Garay Cabada (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

COMISION INTERSECRETARIAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a incorporar en su programa nacional las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “demarcaciones prioritarias”, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Carlos Augusto Morales López, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución, la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia pueda incorporar a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza en calidad de "demarcaciones prioritarias" del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Todo ello en atención a las siguientes

Consideraciones

Primera.A principios de febrero de este año, el presidente de México presentó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual, dice su objetivo: el cual integra los esfuerzos de diversas áreas del gobierno federal para la consecución de los objetivos más relevantes: Promover y fortalecer el desarrollo y participación de las y los jóvenes como agentes de transformación social; realizar intervenciones socio-urbanas para mejorar las pautas de convivencia, la identidad y la cohesión comunitaria; promover la implantación de estrategias para el desarrollo de proyectos socio-productivos, que impulsen alternativas y oportunidades de desarrollo en aquellos grupos en condiciones de vulnerabilidad social; ampliar los espacios, procesos y mecanismos para que la sociedad civil organizada participe en las políticas públicas de prevención social de las violencias y la delincuencia y en las intervenciones comunitarias.

El programa pretende atender de manera prioritaria un conjunto de 57 municipios del país, entre ellos dos delegaciones del Distrito Federal, debido a que estos son los que presentan las mayores "...tasas delictivas y condiciones que constituyen factores de riesgo para el surgimiento o permanencia de distintos tipos de violencia". El segundo nivel de atención lo cubren un total de 100 municipios en los cuales se plantea un seguimiento coordinado entre los estados y la federación; el tercer nivel lo constituyen un total de 251 demarcaciones, que son los municipios beneficiados con el Subsidio en Seguridad Pública para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. El cuarto nivel de atención lo constituyen el resto de los municipios y demarcaciones territoriales del país.

Segunda.En el caso de las dos delegaciones que son atendidas como parte del programa en el Distrito Federal, es menester realizar las siguientes consideraciones, porque en efecto, se trata de las dos entidades más pobladas de la Ciudad de México y, por ende, las que presentan una mayor probabilidad de incidencia delictiva atendiendo a números brutos. Pero, haciendo un análisis más pormenorizado de las situaciones de violencia e inseguridad en la Ciudad se observan algunas discrepancias con relación a considerar a estas dos delegaciones como las que presentan los estados más críticos. Considerando la estadística aportada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el mes de enero se pueden tomar las siguientes consideraciones:

a) En cuanto al total de delitos de alto y bajo impacto social la Delegación Iztapalapa es la que reporta más delitos, con 2,339, un promedio de 75.5 delitos diarios; sin embargo, no es Gustavo A. Madero la que se encuentra en segundo lugar sino la Delegación Cuauhtémoc, el centro de la Ciudad, en donde se cometen 2,254 delitos, 72.5 delitos diarios en total, casi el promedio diario de Iztapalapa, que tiene una población tres veces mayor. Gustavo A. Madero se ubica en tercer lugar con un total de 1,762 delitos, un promedio diario de 56.8. Cómo se puede observar, la incidencia delictiva muestra que delegaciones como Cuauhtémoc muestran un escenario más complicado que las dos beneficiarias del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Esto sin considerar que las delegaciones que mostraron un incremento de la incidencia delictiva en enero fueron Xochimilco (13.3); Azcapotzalco (10.5) y Gustavo A. Madero (9.6).

b) Considerando la tasa delictiva por cada 10 mil habitantes, las delegaciones con mayor incidencia de delitos son Cuauhtémoc (44.9), Benito Juárez (25.3), Miguel Hidalgo (23.1) y Venustiano Carranza (19.8); todas estas delegaciones se encuentran por encima del promedio de incidencia del Distrito Federal que es de 16.1 delitos diarios por cada 10 mil habitantes. De acuerdo con esta estadística, Iztapalapa se ubica hasta el doceavo lugar considerando la tasa más alta (Cuauhtémoc). (http://pgjdf.gob. mx/images/Estadisticas/0113.pdf)

Los que muestra la estadística, es que la situación de incidencia delictiva en el Distrito Federal es muy diversa; la tasa delictiva depende más, creemos nosotros, de la posición geográfica y económica que de la población total de cada una de las delegaciones.

Tercera.En materia de incidencia delictiva el Distrito Federal muestra indicadores más positivos que otra entidades de la República, producto de la una acertada política en materia de prevención del delito y seguridad pública, que es muy recomendable se reproducir en otras entidades federativas pero además fortalecer en el propio Distrito Federal.

De acuerdo con cifras de los primeros ocho meses de 2012, en el Distrito Federal se iniciaron un promedio de mil 362 averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes. El comportamiento en esta materia es el siguiente:

•  En la comisión del delito de homicidio doloso, el DF registró 5.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, ubicándonos en el lugar vigésimo tercero a nivel nacional, por debajo de la tasa nacional que es de 12.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.

• Se registraron 22 robos a vivienda con violencia, por cada 100 mil viviendas habitadas. Este comportamiento posiciona al Distrito Federal en el lugar decimoséptimo en el país, por debajo de la tasa nacional que es de 31 robos.

• Por lo que respecta al delito de violación, fueron registradas 6 violaciones por cada 100 mil habitantes, que nos ubica en el lugar vigésimo primero a nivel nacional, también por debajo de la tasa nacional que es de 8 violaciones.

• En cuanto al robo de vehículos, el Distrito Federal se encuentra en el lugar decimoséptimo, con una tasa de 297 vehículos robados por cada 100 mil vehículos en circulación, por debajo de la tasa nacional que es de 427 robos.

• Cabe destacar, que de 2010 a 2011 la tasa porcentual del delito de secuestro disminuyó 0.68 por cada 100 mil habitantes. A nivel nacional, de enero a agosto de 2012, nos encontramos en el lugar vigésimo con 0.43 secuestros por cada 100 mil habitantes, incluso por debajo de la tasa nacional que es de 0.72 secuestros.

• Asimismo, por lo que hace a los 7 delitos de alto impacto (7 delitos homologables a nivel nacional) en el 2012 (enero-agosto), se registraron 204 delitos por cada 100 mil personas, presentando una notable disminución en este concepto en los últimos 6 años, con una tasa de crecimiento promedio anual de -4.0 por ciento mientras que a nivel nacional la tasa de crecimiento promedio anual es de 6.4 por ciento.

Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia pueda incorporar a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza en calidad de "demarcaciones prioritarias" del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputado Carlos Augusto Morales López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

PROGRAMA SISTEMA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de los gobiernos estatales y de los municipales a llevar a cabo en las regiones con los índices de mayor pobreza extrema acciones a fin de conseguir que el programa Sistema Nacional contra el Hambre funcione de manera adecuada, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Héctor Narcía Álvarez, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pobreza es un tema muy amplio, resultado de situaciones complejas en el mundo, fenómeno presente a lo largo de la historia y lamentablemente agudizado día a día, es el origen de un estilo de vida  sufrido por muchas personas  quienes no tienen la posibilidad de una movilidad social, que satisfaga sus necesidades físicas y básicas.

Factores deplorables en la alimentación, vivienda, asistencia médica y sanitaria, una educación escasa o nula, el desempleo y la falta de ingresos, son considerados como una problemática latente, la cual es difícil de abatir a corto y mediano plazo.

México no es la excepción, pues sufre esta lacerante situación, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2008 a 2010 el número de personas en pobreza se incrementó de 48.8 millones a 52. En este panorama se encuentran 1003 municipios de los 2400 existentes en la República Mexicana, además en estas entidades administrativas, el 75 por ciento o más viven en condiciones paupérrimas, situación vergonzosa y alarmante.

Lo anterior creemos que no es posible si reflexionamos que México se caracteriza por tener una gran superficie, y un haber significativo en recursos naturales; empero, existe una crisis alimentaria la cual afecta directamente a unas 28 millones de personas, casi la cuarta parte del país, consecuencia de diversos agentes como son el cambio climático ocasionado por el hombre, los elevados precios en alimentos de la canasta básica y las desenfrenadas importaciones.

Organismos Internacionales como la FAO, la OCDE, entre otros, recomiendan producir el 70 por ciento de los alimentos que consumimos, pero actualmente solamente producimos el 20 por ciento.

Este panorama desolador es originado por la aplicación de políticas públicas mal dirigidas, las cuales, siguen siendo las mismas y no garantizan atender a las necesidades demandadas por nuestra gente, quienes se encuentran en pobreza extrema. La finalidad es apoyar a los medianos y pequeños productores locales para impulsar la economía de las comunidades rurales, con la finalidad de garantizar el acceso a los alimentos de la población más vulnerable.

La pobreza y la crisis alimentaria son temas centrales para el país, y se encuentran afectando a gran parte del pueblo mexicano, por ello el día 21 de enero se dio a conocer en Chipas –entidad en la cual se concentra un alto porcentaje de la población mexicana en situación de pobreza, pobreza extrema y marginación– el Programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, el cual pretende reducir esta situación durante un periodo de seis años, para atender a todas aquellas regiones del país que sufren por esta problemática.

Como primer objetivo se aplicará en los 400 municipios con pobreza extrema y marginación en el país, para atender a 7.4 millones de personas, una población que padece desafortunadamente el índice más elevado en desnutrición, sin acceso a los servicios de salud y educación.

En ese sentido, reconocemos la preocupación del presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, para que funcione adecuadamente esta política pública se necesita sumar esfuerzos desde los gobiernos municipales, estatales y desde luego, el federal, y de este modo atacar la desnutrición infantil, así como aumentar la producción agrícola y el ingreso de los campesinos con salarios dignos.

Muchos se preguntarán cómo se lograrán estos objetivos, creemos primero, a través de políticas públicas bien diseñadas y robustecidas, las cuales, planeen, evalúen e implementen las acciones gubernamentales adecuadas para garantizar la soberanía alimentaria, desarrollo social y económico, infraestructura en vías de transporte y comunicación, seguridad social, seguridad pública y los medios suficientes para obtener asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.

Es imprescindible partir de las necesidades de los mismos grupos sociales a quienes van a ir dirigidas estas políticas públicas, para poder llevar a cabo la implementación de proyectos reales, viables y sustentables, para lo cual hago un llamado a los tres sectores de gobierno, organismos internacionales y nacionales, instituciones, investigadores, para en conjunto llevar a cabo un buen trabajo y en éstos términos se garantice alimentación a la gente en extrema pobreza mediante el aumento a la producción agrícola interna nacional y reducir de esta forma la dependencia del país a las importaciones de granos y otros alimentos.

Así mismo, dar solución a la precariedad, generar empleo bien remunerado y una agenda más compleja que va hacia el desarrollo industrial, competitividad, productividad y renovación tecnológica.

Todo ello se logrará con fundamentos importantes y con políticas generadoras de un crecimiento estable en el tiempo y, por supuesto no se aproveche esta situación convirtiéndose en un instrumento político para obtener votos en esos lugares, como ha ocurrido anteriormente.

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las instituciones de los gobiernos estatales y municipales a que en las regiones que presentan los índices con mayor pobreza extrema, lleven a cabo las acciones necesarias a fin de conseguir que el programa Sistema Nacional contra el Hambre funcione de manera adecuada a través de políticas públicas garantizadoras de estabilidad social, economía digna, educación, productividad del campo mexicano, competitividad, empleos y lograr la soberanía alimentaria de los niños, mujeres y hombres, de toda la nación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputado Héctor Narcía Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

ESTADO DE CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la PGJ de Chiapas a resolver con prontitud los homicidios dolosos en la entidad y la probable vinculación de éstos con el crimen organizado, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En días pasados se reveló que en el estado de Chiapas se tiene el registro de 54 homicidios dolosos, en el periodo comprendido de diciembre pasado a la fecha; de los cuales 24 asesinatos presentan características pertenecientes o relacionadas con el crimen organizado, lo cual ha puesto en alerta a la región, sobre todo en la frontera sur, en su área colindante con Guatemala.

Dichos asesinatos tienen en común la evidencia de tortura y el tiro de gracia, así como la existencia de narco mensajes y que los cuerpos sean arrojados en espacios públicos; 13 de los 24 casos se perpetraron en el mes de diciembre pasado, ocho en enero y tres en febrero, según reportes de la Policía, investigaciones ministeriales y registros periodísticos.

A pesar de que el secretario de gobierno en Chiapas, Noé Castañón León, haya señalado que tales hechos ya son investigados de manera conjunta entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia del Estado, y su posible relación con el crimen organizado; incluso se realizó una reunión de trabajo con representantes en México del FBI, autoridades de Centroamérica y el gobierno de Chiapas, donde acordaron estrategias para reforzar la seguridad en la frontera sur del país; sin embargo aún no se tienen respuestas claras y fehacientes por parte de las autoridades.

Es por demás conocida la situación por la que atraviesa la frontera sur, la cual en últimos años se ha agravado por la errónea guerra contra el narcotráfico y la falta de estrategia sobre el asunto migratorio, principalmente con nuestros vecinos centroamericanos, en donde “la escasa vigilancia e innumerables pasos informales que existen (es una vía latente) por donde ingresan armas, droga, mercancías y migrantes”, provocando que sea un campo de cultivo para el crimen organizado.

A pesar de que Chiapas fue nombrada en diciembre pasado como Comunidad Segura por el Instituto Karolinska, universidad médica sueca colaboradora de la Organización Mundial de la Salud; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de los 2 mil 278 homicidios que se registraron en Chiapas entre los años de 2007 y 2011 el 87 por ciento permanecen sin esclarecer; lo cual posiciona al estado como la entidad número 17 en cantidad de asesinatos no resueltos en dicho periodo.

Aunado a los 24 homicidios previamente señalados, en días recientes se reportaron dos asesinatos en la capital del estado, uno de los cuales corresponde al caso de un taxista de 42 años, quien fue encontrado en un terreno baldío de la colonia La Fortuna, degollado y con huellas de tortura.

El segundo de los homicidios se registró en un bar en la colonia Jardines del Pedregal, donde un hombre fue agredido por al menos cinco personas, por este caso fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, quienes fueron identificados como los presuntos responsables.

Ante este panorama, alzamos la voz y preguntamos ¿cuántas víctimas más debemos conocer para que el Estado mexicano actúe?, ¿cuánto tiempo más vamos a permitir la situación hasta ahora imperante en el país?, dejemos de dar cifras de las víctimas y exijamos a los tres órdenes de gobierno que se tome cartas en el asunto, antes de que la situación nos rebase inmensurablemente.

Único.La Cámara de Diputados exhorta a las Procuradurías General de la República y de Justicia del estado de Chiapas a resolver con prontitud los casos de homicidios dolosos en la entidad, y la probable vinculación de éstos con el crimen organizado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a promover en el marco del Programa de Apoyo Alimentario considerado en el PEF de 2013 la compra de alimentos básicos a pequeños productores agrícolas locales en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada, Marina Garay Cabada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete, respetuosamente, a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, a tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estallido de la Revolución Mexicana en 1910 marcó uno de los puntos de inflexión más trascendentales de la historia del siglo XX, misma que tuvo como telón de fondo una de las luchas más encarnecidas que libraron en lo ancho y largo de la República obreros y campesinos bajo la bandera de la tierra, libertad y democracia en nuestro país.

Las intensas luchas campesinas y obreras fueron corolario de la creación de una nueva Constitución Política de corte social, promulgada el 5 de febrero de 1917, uno de los ordenamientos jurídicos más avanzados para su época, incluso a nivel internacional por reconocer garantías sociales y derechos para todos los trabajadores. En efecto, nuestra Constitución fue en su momento un modelo a nivel internacional.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalaba en su artículo 27 que la propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio mexicano correspondía a la Nación, y que ésta poseía la facultad de transmitir este derecho a particulares, para constituir la propiedad privada, fraccionando los latifundios con el fin de repartir equitativamente la riqueza pública. Los preceptos constitucionales se fueron materializando de manera paulatina hasta la reforma agraria de 1992, siendo la repartición más importante, la que se llevó a cabo durante la administración del General Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), alcanzado 18 millones de hectáreas.

El ejido fue una de las figuras agrarias más importantes que estaba destinada a conglomerar núcleos de población, con el fin de restituir las tierras del sector campesino, y la cual alcanzó su objetivo a una problemática agraria durante la mayor parte del siglo XX.

Fue hasta con la reforma al artículo 27 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, cuando se dio fin al reparto agrario, modificando diversas disposiciones constitucionales y derogar la reglamentación e instituciones encargadas de la repartición agraria; se crean los tribunales federales agrarios, la Procuraduría de Justicia Agraria, se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunitaria, se protege las tierras de los grupos indígenas, se reconoce la facultad para que los ejidatarios decidan sobre el aprovechamiento de sus recursos y se liberaliza la compra de tierras.

Poco tiempo después, el 28 de enero de 1992, se publica una nueva reforma por la que se otorga personalidad jurídica a las asociaciones religiosas para adquirir, poseer o administrar exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto. Además queda sujeta la adquisición de bienes raíces por las instituciones de beneficencia.

Una última reforma tuvo lugar el día 13 de octubre de 2011, en la que se agregó un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 constitucional, señalando que el desarrollo integral y sustentable, tendrá entre sus fines, que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Sin embargo, por no tratarse de una reforma que propiamente inscribe cambios al reparto agrario, los estudiosos han contemplado a la de 1992 como una reforma de fondo para el sistema agrario en México.

No cabe duda que desde la Revolución Mexicana hasta la fecha, la problemática agraria en nuestro país ha vivido un sinnúmero de contrastes, volviendo cada vez más compleja las relaciones económicas, jurídicas y políticas entre los pequeños productores del campo y los consumidores, ello debido a la gran influencia de los intermediarios en el proceso comercial por el que transcurren los productos agrícolas.

Para muchos pequeños productores, esta situación significa un gran problemática que afecta la venta de hortalizas, frutas, cereales y granos derivados de la siembra y cosecha del campo, ello debido a que los intermediarios compran al mayoreo y venden comercializan estos productos de forma directa o indirecta en las centrales de abasto y en los centros comerciales rurales. Incluso los propios consumidores, se han visto afectados debido al excesivo control de la oferta de los productos agrícolas, lo cual muchas veces provoca un aumento o abaratamiento de los precios controlados por los mismos intermediarios.

Se trata de un proceso que se encuentra sometido por las reglas del mercado y en el que los campesinos deciden vender su producto al mejor comprador. Por su parte, los intermediarios utilizan sus capacidades y recursos para transportar productos agrícolas del campo a las ciudades o a los centros comerciales e incluso se atienen a la oferta o la demanda de los alimentos existentes, arriesgando sus propias inversiones.

Ello sin lugar a duda afecta a los pequeños productores que no cuentan con los medios para transportar sus mercancías; por lo tanto no controlan el proceso productivo y la comercialización de estos. El transporte muchas veces debe ser rentado, lo cual invariablemente provoca incrementos en la mercancía al final.

Además otro de los grandes problemas afectan a los productores agrícolas, pero en particular a los pequeños, pues la realidad es que no todo el terreno que se siembra obtiene ganancias. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 hubo 21 millones 952 mil hectáreas sembradas y de estas 20 millones de 167 mil fueron superficies que sólo fueron cosechadas, lo cual ejemplifica claramente las pérdidas que sufren los agricultores.

El 22.2 por ciento de la población en México vive en zonas rurales; es decir, aglomeraciones poblacionales con menos de 2 500 habitantes; lo que significa que una gran parte de la población vive de las actividades agropecuarias y es necesario fomentar programas gubernamentales que apoyen a los productores más desfavorecidos no sólo a través de la asesoría técnica, sino también de apoyos para fortalecer el campo mexicano.

Justo es señalar que en desde 1937 se han creado iniciativas de gran importancia para nuestro país y controlar los precios de alimentos agrícolas, desde la creación del Comité Regulador del Trigo, el 22 de junio de ese mismo año y la desaparecida Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, SA (CEIMSA) el 1 de septiembre. Sus orígenes se remontan a la administración del Presidente Lázaro Cárdenas, y se encargó de abastecer productos de consumo básico como lenteja, huevo, frijol, arroz y leche a los barrios más pobres de la ciudad de México, con precios más bajos que los que se encontraban en el mercado.

CEIMSA desapareció y fue retomada en 1962, pero con la denominación de Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), la cual tenía el objetivo regular el mercado de productos básicos como arroz, cebada, frijol, maíz, oleaginosas, sorgo, trigo y leche en polvo, eliminando la intervención de intermediarios y promover el desarrollo de los productores de bajos ingresos. En el año de 1972, se crea la Distribuidora Conasupo, (Diconsa) fomentado el desarrollo social del país; sin embargo, Diconsa absorbió en 1999, a las subsidiarias para crear una sola empresa nacional con distintos proceso a los de la antigua Conasupo.

Lo cierto es que en la actualidad, Diconsa sigue siendo una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al sector de Desarrollo Social a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Su objetivo es contribuir al abasto de productos básicos a las zonas rurales de alta y muy alta marginación, encargándose de la negociación para la adquisición de estos productos. Incluso, Diconsa contribuye en la actualidad a la realización del programa denominado Abasto Rural.

Los pequeños productores agrícolas, a través de estas importantes iniciativas, podría contar con mayores alicientes para poder vender sus productos, lo cual contribuiría no sólo al impulso del campo mexicano sino también al abastecimiento de alimento en las zonas rurales de alta y muy alta marginación.

Sería un error implementar un modelo de Estado paternalista, en el que el gobierno intervenga en los procesos económicos; sin embargo, es necesario  fomentar el apoyo al campo mexicano a través de las políticas públicas existentes y que cuentan con recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2013, en especial el programa de Apoyo Alimentario llevado a cabo por la Sedesol.

De esta manera se solicita respetuosamente al presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, a través de su compromiso Nacional número 11 para erradicar la pobreza alimentaria, apoye no sólo a los grupos más desfavorecidos para asegurar una dieta nutritiva y sana, sino además para procurar la compra directa de productos de la canasta básica a los pequeños productores que sean utilizados para el apoyo alimentario. De esta manera se fortalecería el nivel de vida tanto de productores agrícolas como de los consumidores.

Lo que se propone no es que el gobierno compre los productos a un precio mayor que el ofertado en el mercado, sino que el precio de compra de los productos no sea inferior a los costes de producción.

Con el fin de atender al nivel a la regionalización de la pobreza y marginación alimentaria, se propone que dicho exhorto apoye a los productores agrícolas de los estados que cuentan con zonas de alta y muy alta pobreza como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla.

De acuerdo con la Medición de Pobreza 2010 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Veracruz el 18.1 por ciento de la población se encuentra en pobreza extrema, mientras que en Puebla es 14.9 por ciento, Guerrero 28.8 por ciento y Chiapas 32.8 por ciento, entidades que se encuentran por arriba del promedio mostrado a nivel nacional que es del 10.4 por ciento.

Se trata de importantes estados productores de alimentos para todo el país, sin embargo, al enfrentar grandes obstáculos para su comercialización y distribución de estos productos, se ven obligados a dejar perder sus cosechas u ofertarlas a precios más bajos.

Por lo expuesto y con fundamento con el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que en el marco del Programa de Apoyo Alimentario contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, se promueva la compra de alimentos básicos a pequeños productores agrícolas locales en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputada Marina Garay Cabada (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

REPUBLICA DE ECUADOR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía saluda al presidente electo de Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, y expresa al gobierno y al pueblo de ese país su congratulación por el triunfo obtenido el pasado 17 de febrero, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Aleida Alavez Ruiz, con fundamento en el artículo 62, numeral 3, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes

Antecedentes

El domingo 17 de febrero se realizaron elecciones generales en la República del Ecuador, los resultados han llevado a que Rafael Correa obtuviera 56,92 por ciento de los votos a su favor, lo que se traduce en un nuevo mandato por cuatro años más.

Las elecciones se desarrollaron en un clima de tranquilidad y paz que abona a una democracia madura en la región, Guillermo Lasso, candidato de asociaciones de corte neoliberal y ligadas a la derecha tradicional del país, reconoció su derrota poco antes de las ocho de la noche. Lasso anunció que con esta elección se inauguró la nueva oposición ecuatoriana.

Rafael Correa manifestó públicamente –al conocer los resultados–, que había triunfado la revolución en una sola vuelta, refiriéndose a que en dicho país hay segunda vuelta electoral, agregó que la idea es cambiar al Ecuador ahora, no hacerlo así, sería no hacerlo nunca.

Correa cumplió las principales promesas de campaña en su primer mandato al iniciar el desmantelamiento de las políticas neoliberales y mejorar las condiciones de vida de la población, programa que ofrece profundizar, en los años venideros.

La democracia llegó a Ecuador como fruto de una intensa lucha social que derrocó a tres presidentes neoliberales sometidos al consenso de Washington; protagonistas destacados en este proceso fueron los pueblos indígenas que representan 30 por ciento de los habitantes del Ecuador.

El analista mexicano Ángel Guerra, consignó cómo Rafael Correa logró hacer de Ecuador un estado plurinacional, y adoptó como propias las demandas del movimiento indígena y popular, entre ellas la valiosísima Filosofía del Buen Vivir; puso fin a la presencia militar de Estados Unidos en la base de Manta; estableció la cooperación con Venezuela en materia de hidrocarburos, que se ha traducido en un significativo ahorro; no sólo no firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Washington sino ingresó a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) e impulsó la integración regional; realizó una auditoría de la deuda externa que permitió ahorrar miles de millones de dólares y dedicarlos a la inversión pública y al gasto social.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Ecuador ha abatido la pobreza sostenidamente durante el gobierno actual y sólo en 2012 la redujo de 37.1 al 32.4 por ciento. El presupuesto educacional se ha incrementado de 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2006 hasta alcanzar 6 por ciento en 2013, uno de los más altos de la región. Kishore Singh, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la educación calificó de “momento histórico” el que vive Ecuador en este campo y añadió que de no tener una política en educación hasta 2006 la nación andina “ahora tiene una misión nacional de educación que se ha convertido en la prioridad más alta del gobierno”.

La inversión en salud ha escalado de 561 millones de dólares en 2006 a mil 774 millones en 2012, equivalente a 6.8 por ciento del PIB. En colaboración con Cuba se producen medicamentos genéricos distribuidos gratuitamente. La actual administración ha creado un programa integral de atención a la población con capacidades diferentes que es un referente internacional. En Ecuador los ricos pagan impuestos y la recaudación se duplicó entre 2006 y 2010. Los créditos a la vivienda suman cientos de millones de dólares y el bono de desarrollo humano se ha más que duplicado en cantidad y ampliado considerablemente su alcance.

La economía ha crecido como pocas en la región con una política anticíclica, fuerte aumento de la inversión pública, intervención estatal y una considerable elevación de su participación en la renta petrolera. Son logros tangibles, concretos, innegables, que han ganado el apoyo popular y elevado el prestigio de Ecuador y de su presidente en nuestra región y en el mundo. (Ángel Guerra, La Jornada “Correa camino a una gran victoria” 14 de febrero de 2013).

Diversos medios de información y comunicación, tanto nacionales como extranjeros, han dado cuenta –al paso de los años–, de la acertada política de estado que Rafael Vicente Correa Delgado, tan es así que las mismas se reflejan directamente en los bolsillos de los sectores más pobres, destacando una reforma tributaria que liberó del pago de impuestos a los asalariados que ganan menos de 25 mil dólares al año, y trasladó la carga fiscal a los sectores con ingresos mayores, al tiempo que cerca de un millón de la población salió del nivel de pobreza.

Por otro lado, existe además el programa Ecuador, vuelvo a ti, que ofreció 53 millones de dólares en becas para estudiantes ecuatorianos emigrados, así como haber impulsado la Escuela del Milenio, que opera sólo con maestros que han pasado una estricta evaluación en zonas rurales, en escuelitas pequeñas pero dotadas de tecnología de punta para el aprendizaje.

En salud pública hay otros programas, así como en otros sectores, las medidas adoptadas por Correa y su gobierno se han traducido en evidentes mejoras para la población, no es casual, entonces, el triunfo obtenido en las urnas el pasado 17 del mes y año en curso.

En otro orden de ideas y, derivado de la importancia de mantener los lazos entre la República del Ecuador y México y, considerando que las relaciones diplomáticas entre ambos países datan de 1883, además de que todo nexo se ha venido dando en un marco de pleno respeto y mutua cordialidad, a lo que habría de agregarse que entre nuestras naciones hay convenios bilaterales que datan del año 1974, suscritos por los titulares del Ejecutivo de cada nación en las gestiones subsecuentes a la fecha.

México y Ecuador han suscrito tratados desde el 3 de noviembre de 1823, como el Tratado de Unión, Liga y Confederación, Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito el 10 de julio de 1888; la Convención que Modifica el artículo 1 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1888, suscrito el 1 de mayo de 1934; Acuerdo sobre Visas, suscrito el 1 de enero de 1939; Convenio sobre Relaciones Culturales, suscrito el 10 de agosto de 1948; el Acuerdo de Supresión de Visas, suscrito el 8 de julo de 1969; Convenio sobre Relaciones Culturales Complementaria del 10 de agosto de 1948, suscrito el 14 de enero de 1974; la Declaración Conjunta de Cancilleres, suscrito el 14 de febrero de 1974; el Convenio de Cooperación entre el Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador-Cendes y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, suscrito el 12 de julio de 1974; el Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Industrias Comercio e Integración del Ecuador y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, suscrito el 12 de julio de 1974, por mencionar tan sólo algunos.

Lo anterior sale a colación porque, pese a esa importante y fuerte relación entre ambos países, de acuerdo a la información que obra en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dicha representación está vacante, por lo que se vuelve imperativo contar con la debida representación oficial de nuestro país en la República del Ecuador.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, saluda al presidente electo de la República del Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, al gobierno y al pueblo ecuatoriano, su congratulación por el triunfo obtenido el pasado 17 de febrero de 2013, el cual indiscutiblemente es un triunfo de la democracia y fortalece la unidad en las naciones de la región.

Segundo. La Cámara de Diputados, respetuosamente exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, en el marco de sus facultades y obligaciones, conferidas en el artículo 89 de la Constitución General de la República de los Estados Unidos Mexicanos presente el nombramiento de Embajador de nuestro país en la República del Ecuador.

Nota:

1. Embajada de México en Ecuador

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

PETROLEOS MEXICANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a hacer público por su Órgano Interno de Control el estado de la investigación llevada contra Mexicana de Lubricantes, y presentar las denuncias correspondientes, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El tema de Petróleos Mexicanos es una problemática que no sólo implica las esferas política y económica, también involucra a la seguridad nacional. La paraestatal representa un sector estratégico en el país, por lo que debe ser manejada con plena transparencia y eficiencia.

Se estima que la demanda energética en los próximos treinta años crecerá en un 55 por ciento. Es con base en esto, que los recursos de este sector se vuelven indispensables para todos los países del mundo. La única manera de garantizar la soberanía, y con esto satisfacer la demanda interna, es teniendo el pleno control de éstos.

Si realizamos un diagnóstico de la situación mexicana actual, el panorama es desalentador. Pemex se encuentra descapitalizado, teniendo como consecuencia una disminución en la producción de crudo de 25 por ciento, es decir, se presenta una caída de 3.3 a 2.6 millones de barriles diarios.

Hasta el momento la paraestatal, lejos de situarse en un entorno que le permita una vigilancia exitosa de sus bienes, se ha dedicado a desmantelar la empresa y a realizar alianzas en las que el monitoreo de recursos es nulo.

El propio director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ha declarado que al asumir el cargo se encontró con movimientos impregnados de corrupción; expone como ejemplo la deuda ocasionada por una demanda de 450 millones de dólares que la administración anterior perdió.

Asimismo, menciona las irregularidades de los contratos firmados con Mexicana de Lubricantes, Mexlub. Desde septiembre del año pasado, Movimiento Ciudadano denunció este caso como un convenio que resultó ser sinónimo de fraude, opacidad e impunidad.

Desde que en 1992 se autorizara la coinversión con capital privado en aras de mejorar la formulación, envasado y comercialización de lubricantes y grasas, este sector, que antes se encontraba en el lugar 37 de 100 líderes en rentabilidad en el país y que aportaba una ganancia neta de 225 millones de dólares, declaró tener pérdidas netas cada año.

Mexlub desde el inicio fue poco transparente; la composición de la empresa nunca cumplió con las bases de licitación; aunado a esto, resulta impensable creer que un sector tan rentable pueda decaer de un año para otro y no recuperarse en los consecutivos, pero lo que demuestra un descaro total es el hecho que Mexlub haya ocultado sistemáticamente todos los libros, registros y archivos de la empresa, aún cuando por contrato estaba estipulado que debía enseñarlos a Pemex cuando éste lo deseara.

Ante estas anomalías se presentaron 60 juicios en contra, en los que se exigió la entrega de los estados financieros de los años 2001 a 2005, obteniendo como respuesta tan sólo hasta el 2003, y se aconsejó llevar a cabo una asamblea ordinaria de accionistas con auditorias financiera, fiscal, legal, forense así como una valuación de la empresa. No menos importante es la denuncia penal que se interpuso por administración fraudulenta en contra de Salvador Martínez Garza, director de Mexlub.

A pesar de lo anteriormente expuesto, en el 2012 Petróleos Mexicanos decidió reanudar relaciones con la empresa. Resultan inauditas las declaraciones de Mexlub informando que “el proceso de liquidación de la empresa se mantiene como se acordó en septiembre del año pasado, pese a las investigaciones que está haciendo el Órgano Interno de Control de Pemex.”

Las prácticas de lujos excesivos que comenzaron en 1992 no han podido erradicarse, pese a la investigación que se encuentra en marcha. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, Santiago Martínez, actual presidente del Consejo de Administración, cuenta con un sueldo que, al sumarle prestaciones, asciende a 600 mil pesos.

Es por esto que resulta menester que el Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos especifique en que etapa se encuentran los procesos de investigación de los contratos y convenios celebrados con Mexicana de Lubricantes.

Ya basta de continuar con un negocio que representó, y sigue representando, pérdidas millonarias para un organismo que opera con recursos de todos los mexicanos. Es hora de terminar la relación con una empresa que no ha hecho más que saquear por medio de todos los instrumentos a su alcance a Pemex.

No existe una actitud de cambio en Mexicana de Lubricantes, los vicios que desembocaron en un fraude millonario siguen presentes, es por esto que el cambio debe provenir de la administración de Pemex, terminando de una vez por todas con la corrupción que la aqueja.

Con base en lo expuesto proponemos

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para que, a través del Órgano Interno de Control de Pemex, se haga público el estatus de la investigación llevada a cabo en contra de Mexicana de Lubricantes, incluyendo los procesos de la extinción de la obligación de exclusividad de la venta de lubricantes, el contrato de uso de marcas, el contrato de venta de primera mano y los contratos de maquila.

Segundo. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a que presente las denuncias penales correspondientes, ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control de Pemex.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila. (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

EDUCACION BILINGÜE

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la impartición de la educación bilingüe en las comunidades indígenas, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada, Dulce María Martínez Muñiz, a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 71, fracción II, y el Reglamento de la Cámara de Diputados, artículos 6o., numeral 1, y 79, numeral II, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las reformas al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, en materia de derechos indígenas, tuvieron, entre otros, el propósito fundamental de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad; garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, propuestas tendentes a promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, así como a establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar de los derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

Con la finalidad de dar cumplimiento al espíritu Constitucional de esta reforma, fue modificado el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de Educación, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2010, que entre otras disposiciones dejó de manifiesto determinar, que para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes. En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.

En este contexto, con fecha 13 de marzo del año 2003, fue publicada la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas cuyo objetivo es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. Asimismo, establece como una obligatoriedad del Estado a través de sus tres órdenes de gobierno –Federación, Entidades Federativas y municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales; señala también que corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente ley, entre otros garantizar que los profesores que atiendan la educación básica bilingüe en comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena de que se trate. Asimismo, ésta ley crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia.

De conformidad con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, México tiene 68 lenguas indígenas, de ellos se derivan 364 dialectos distintos de los cuales 64 están en muy alto riesgo de desaparecer. Por su parte el Inegi ha manifestado que la tendencia de hablar una lengua indígena se está perdiendo entre las nuevas generaciones. Asimismo, la Fundación para las Lenguas en Peligro de Extinción, más de la mitad de las lenguas indígenas también están moribundas o tienden a desaparecer porque los mayores ya no las enseñan a las nuevas generaciones, a pesar de ser parte integrante del patrimonio cultural de cada país.

En México, de conformidad con el censo de 2010, viven 16 millones de indígenas, siete millones hablan un idioma indígena y un millón sigue siendo monolingüe en lengua indígena. De acuerdo con los expertos en esta materia, las lenguas desaparecen por razones diversas, por ejemplo: los propios hablantes guardan algunas veces una actitud negativa hacia su propia lengua, la cual no se transmite a las nuevas generaciones; la falta de recursos económicos para pagar los honorarios o sueldos de quiénes podrían dar la capacitación adecuada; la falta de personal capacitado para la impartición de esta materia, la falta de propaganda que haga ver entre los hablantes de la importancia vigente de sus idiomas naturales como una parte de su patrimonio histórico, entre otros.

Los esfuerzos que el Estado mexicano ha venido realizando durante las dos últimas décadas para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas no han tenido el impacto suficiente, pues aún prevalecen marcados rezagos en esta materia que nos impiden crecer y desarrollarnos, respetando las raíces y patrimonio histórico y social de cada comunidad, de conformidad con lo establecido por nuestra Carta Magna; nuestro patrimonio histórico cada vez se encuentra deteriorado por la creciente transculturización a que se ha visto sometida nuestra sociedad, impactando severamente en las zonas en donde se presentan los niveles más bajo de educación y cultura y por ende los más pobres.

Las comunidades indígenas en donde prevalecen otras lenguas, a parte del español, no están recibiendo la educación bilingüe, la falta de instalaciones adecuadas y maestros capacitados para ello, en algunas comunidades es altamente deficiente, situación que está favoreciendo en mucho al deterioro de identidad y a la pérdida de las lenguas naturales de muchas de nuestras comunidades, lo que nos obliga, como representantes populares pero también como gobierno, a buscar todas las alternativas que nos ayuden a menguar este problema, en beneficio de nuestro país.

Compañeros diputados: es de suma importancia reflexionar sobre este problema, que de no atenderse en estos momentos con la suficiente energía y los recursos necesarios estaremos dirigiéndonos a la pérdida de nuestra cultura y valores originarios, haciendo prevalecer otros que no son los nuestros y que equivocadamente, por la penetración desmedida de los mercados y las excesivas propagandas de consumo, hemos venido adoptando como nuestros; una sociedad sin identidad está destinada su pulverización total.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 71, fracción II, y el Reglamento de la Cámara de Diputados, Artículos 6º, numeral 1, y 79, numeral II, me permito someter a este honorable asamblea la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que de manera inmediata se inicie una extensa supervisión en las comunidades indígenas en donde se imparte educación bilingüe, a efecto de constatar que quienes la imparten estén debidamente capacitados y reúnen los requisitos suficientes que requiere la materia, además de conocer la comunidad, sus raíces, costumbres y cultura en donde se desempeñan como profesionales. Asimismo, iniciar una intensa campaña por todo el territorio nacional sobre la necesidad de hacer prevalecer nuestra cultura original, respetando los valores y lenguas de las comunidades, principalmente las indígenas.

Segundo.La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que, en el ámbito de las facultades que le confiere la fracción XI del Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se dé cumplimiento estricto, en materia de derechos indígenas, a la preservación y enriquecimiento de lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad y, a garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo en todo momento la educación bilingüe .

Dulce María Martínez Muñiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Asuntos Indígenas, para dictamen.

INDUSTRIA AZUCARERA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Sener, a la SRE y a la SE a establecer un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, a cargo de la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión ,lo anterior al efecto de que sea turnado, como de obvia y urgente resolución la suscrita, diputada Gisela Raquel Mota Ocampo del Grupo Parlamentario del PRD, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía; a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a diseñar e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país.

Lo anterior al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El azúcar es un carbohidrato, indispensable para las necesidades fisiológicas de los seres vivos.

La industria azucarera mexicana ha sido históricamente una de las más importantes del país debido a la gran fuerza económica y social del sector agropecuario, constituye uno de los productos agrícolas con mayor demanda tanto en el mercado nacional, en el consumo doméstico e industrial, como para exportación.

La producción de caña en el país, se ha incrementado en los últimos años en donde la producción de su principal derivado es el azúcar.

La industria azucarera nacional atraviesa por una profunda crisis producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada entre otros motivos por la entrada en competencia con edulcorantes como el alta fructuosa y los cambios en los hábitos alimenticios de los habitantes de los principales países consumidores del dulce.

A pesar de ésta crisis, el país ha incrementado su exportación del dulce a 1 millón 600 mil toneladas a EU, sin que esto permita agotar los excedentes en la producción por lo que existe una sobre oferta, que se suma a la de otros edulcorantes como la alta fructuosa y que viene a sumarse a la baja internacional de los precios del azúcar en el mundo.

La crisis provocada por la baja los precios del dulce en todo el mundo, debido a la sobreoferta y a la saturación en el mercado de los principales países consumidores, no nos permite avisorar una mejoría en los precios del azúcar en el corto y mediano plazo.

De la industria azucarera dependen de empleos directos más de 450 mil mexicanos y de manera indirecta más de 2 millones 200 mil.

De las características y extensión del cultivo de la caña se permite satisfacer las necesidades de ingreso de cientos de miles de mexicanos que desempeñan su actividad en el campo en quince entidades federativas.

Es por ello necesario el fomento de dicha empresa para beneficio de la colectividad, así como la preservación del interés público que corresponde a la siembra, cultivo, cosecha y la industrialización de la caña de azúcar.

Actualmente se encuentra encadenado el precio del azúcar al precio de la caña por lo que la baja en los precios más allá del punto de equilibrio repercute en pérdidas para miles de productores en todo el país.

La afectación de este cultivo ha generado reacciones sociales que llevaron a la toma pacífica de las bodegas azucareras el día 21 de enero del presente año, lo que no solo afecta la tranquilidad en el campo, sino la paz social en el país.

Para un mayor abundamiento y en al ánimo de motivar el punto de acuerdo que se propone me permito señalar que:

1. Nuestra Constitución Política en su artículo 26 inciso A)dice:

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

2. En el Reglamento interior de la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, en su artículo 2, fracción X, XVII a la letra nos dice que a la Secretaría corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

X. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera en coordinación con la Secretaría de Economía;

XVII. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y de comercio exterior agropecuario y pesquero, las que se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía;

3. En su artículo 2 de su reglamento interior La Secretaría de Energía nos dice que a través de sus unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, planeará y conducirá sus actividades conforme a los objetivos, estrategias y programas establecidos en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades del desarrollo nacional determine el Ejecutivo Federal.

La Secretaría proveerá lo conducente para asegurar que el órgano de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas bajo su sector, ejerza con autonomía de gestión sus atribuciones de administración y conducción con base en la Planeación Nacional de Desarrollo y en las políticas, lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo Federal.

4. En el reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su artículo 2 señala sus facultades para:

I. Ejecutar la política exterior de México;

II. Promover, propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponda;

III. Dirigir el Servicio Exterior Mexicano, e

IV. Intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones de los que el país sea parte.

5. Por último en su artículo 3 del reglamento interior de la Secretaría de Economía nos indica que dicha secretaría, por conducto de sus servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, realizará sus actividades de manera programada, conforme a los objetivos, principios, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y las políticas que para el óptimo despacho de sus asuntos establezca el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Las acciones de fomento, diseño de estrategias para la celebración de instrumentos internacionales, y enlace con organismos internacionales en materia de comercio exterior, previstas en el presente Reglamento, se realizarán con la participación que las disposiciones legales prevén para la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ante éste panorama, es necesario generar desde el ejecutivo, una política integral contenida en un plan nacional de rescate de la industria azucarera y cañera del país, por lo que se propone como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Energía; a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a diseñar e implementar en conjunto un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país, que contemple los siguientes ejes:

1. La búsqueda de nuevos mercados en el concierto mundial para la colocación de los excedentes de azúcar de manera que pueda controlarse mejor el mercado de precios en el mercado interno.

2. El apoyo para la reconversión de la infraestructura de la industria azucarera para el aprovechamiento del principal insumo que es la caña de azúcar, en la elaboración de otros productos como los biocombustibles, tal y como otras naciones lo están enfrentando (Brasil por ejemplo, ha logrado incorporar a la industria azucarera como un factor importante en su política energética, por lo que en la actualidad, sigue siendo líder en la exportación de azúcar ampliando su oferta de valor con biocombustibles).

3. Las medidas temporales de ajuste y subsidios a los productores de caña en lo que los objetivos planteados en los dos puntos anteriores se logran.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2013.— Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica).»

Se turna a la Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la administración pública federal a firmar y dar continuidad por las dependencias competentes al procedimiento correspondiente para que el Estado mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI

Señoras diputadas, señores diputados, la que suscribe, Miriam Cárdenas Cantú, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, 153 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Administración Pública Federal, a través de las dependencias competentes, a firmar y, posteriormente dar continuidad al procedimiento correspondiente para que el Estado mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho tiene un carácter dinámico; cada norma es producto de las exigencias o necesidades de una sociedad que cambia y evoluciona y, en esa misma medida, el derecho se transforma para responder a una realidad. Por ello, no puede concebirse como un producto limitado a las fronteras estatales, porque hoy día, es elemento modelador de esa “aldea global” en la que nos encontramos inmersos.

En palabras del doctor Jaime Cárdenas Gracia, “el derecho no puede ser el obstáculo al cambio social, sino el promotor del mismo  [...] orientado hacia la protección de los derechos fundamentales, tanto de libertad como de naturaleza social, económica y cultural; además, es [...] incluyente con derechos fundamentales de nuevas generaciones que se inscriben en un contexto de sociedades pluralistas, multiculturales y heterogéneas dentro de procesos de globalización [...]”

Entonces, si los países comparten intereses y, a la vez problemas con repercusiones y alcances que trascienden sus territorios, la cooperación internacional debe aparecer como mecanismo que permita, en un marco de respeto e igualdad entre los Estados, enfrentarlos y resolverlos.

Al respecto el reconocido jurista italiano, Luigi Ferrajoli señaló:

Reconsiderar al Estado en sus relaciones exteriores a la luz del derecho internacional actual es lo mismo que pensar el Estado en su dimensión interna a la luz del derecho constitucional [...] Significa, en una palabra, según la bella fórmula de Ronald Dworkin, “tomar en serio” el derecho internacional y, por tanto, aceptar que sus principios son vinculantes y que su diseño normativo ofrece una perspectiva alternativa frente a lo que de hecho ocurre [...] No es una perspectiva irreal. Se trata, por el contrario, de una perspectiva obligada.

En ese contexto, como apuntan los catedráticos Rodrigo Brito y Miguel Carbonell “la globalización de los Derechos Humanos es un fenómeno que asume cada día una importancia mayor, pues nadie podría negar que éstos determinan aspectos fundamentales de la vida cotidiana. Por ejemplo, de ellos depende en gran medida la estabilidad que es necesaria para la gobernabilidad democrática y, además, los alcances de gran parte de las relaciones sociales, económicas y políticas que se presentan en el plano mundial se califican tomando como parámetro su vigencia, validez y positividad. En consecuencia -utilizando las palabras de Bobbio-, los derechos se han convertido en un ‘signo de los tiempos’”

En ese tenor, nuestro país ha celebrado tratados internacionales de los que ahora es parte.

En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce y protege precisamente esos derechos y junto con la Declaración Universal, integran la Carta Internacional de los Derechos Humanos.

México se suma a los 160 Estados que han suscrito el pacto, pero no así el Protocolo Facultativo del mismo, no obstante participó en los foros para su discusión, elaboración y aprobación.

Ante la ausencia de un pronunciamiento que indique las causas que motivan la falta de esa firma, la primera pregunta que nos asalta es ¿por qué no firmar ese protocolo? Podríamos pensar que, tal vez, se consideró a los derechos económicos, sociales y culturales como una especie secundaria de derechos porque, según algunas corrientes doctrinarias existen otros de mayor importancia como los derechos civiles y políticos. Sin embargo, esto solamente es especular.

Entonces, me parece que el sentido de la pregunta debe invertirse ¿Por qué firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

Primero, porque se trata de una resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas que establece un mecanismo para que las personas o comunidades, planteen ante un comité casos de violación a sus derechos económicos, sociales y culturales en los que se identifique como responsable a alguno de los Estados Partes del pacto y que se hayan adherido a su protocolo facultativo.

En otras palabras, el protocolo posibilita que sean presentadas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) quejas por parte de personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de una violación en esos derechos por parte de un Estado miembro del propio protocolo.

En ese mecanismo descansa la mayor bondad del protocolo porque, si recordamos, el pacto fue adoptado en 1966 y, desde ese entonces, no existía dentro del Sistema de Naciones Unidas un mecanismo internacional de quejas para casos de violaciones a los derechos consagrados en ese instrumento que ofreciera a las víctimas una vía de exigibilidad para la defensa, protección y reparación de sus derechos.

Segundo, porque ese mecanismo de defensa se seguirá únicamente como última instancia cuando se hayan agotado todos los recursos internos del Estado Parte.  De manera que se garantiza a las personas el acceso a instancias internacionales de defensa.

Tercero, el protocolo prevé que en casos urgentes podrán solicitársele al Estado Parte la adopción de medidas provisionales para evitar daños irreparables a la víctima o víctimas de la supuesta violación a sus derechos.

Cuarto, porque señala un proceso de amigable solución entre las partes mediante la intervención del Comité DESC con sus “buenos oficios”, además, se incorporan mecanismos para solucionar conflictos no sólo entre Estado/individuo, sino también entre Estados por violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, y

Quinto, porque se prevé un procedimiento de investigación ante violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de cualesquiera de los derechos económicos, sociales y culturales previstos en el pacto.

Como puede observarse, las ventajas de firmar el protocolo son importantes, entonces el discurso que de los derechos humanos ha hecho nuestro país en los años recientes de ninguna manera debe de quedar en eso, en un mero discurso retórico, debe de materializarse en medidas claras y contundentes que minimicen las enormes brechas de desigualdades de las que desafortunadamente hoy somos ejemplo.

Firmar y ratificar el instrumento internacional en comento, será una de esas medidas con las que nuestro actual gobierno sabrá consolidar su papel en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos.

Estamos aún a tiempo de que se dé trámite al procedimiento de firma y ratificación del protocolo. Éste instrumento ha reunido ya el número de firmas necesarias para entrar en vigor el próximo 5 de mayo de 2013, una fecha que es por demás conmemorativa para nuestro país.

Sería un acto de gran simbolismo que en dicha fecha en la que se conmemora la libertad del pueblo mexicano frente a los embates de las fuerzas imperialistas, pudiera tener lugar un acto libertario con el reconocimiento de mecanismos internacionales de defensa.

Actualmente, los Estados que han firmado el referido Protocolo y que han cumplido los procedimientos internos necesarios para obligarse conforme al tratado (ratificación o adhesión) han sido Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia, España y Uruguay.

De gran orgullo es el hecho que este instrumento internacional este próximo a cobrar vigencia gracias al compromiso de cinco países latinoamericanos (la mitad de los necesarios para que entre en vigor), mismos que, a pesar de su historia reciente caracterizada por problemas de golpes de Estado y terribles dictaduras, han sabido dar vuelta a esa fatídica etapa de su historia, destacándose ahora como emblemáticos faros libertarios en la lucha por la conquista más sagrada de la historia: los derechos humanos.

Considerando lo anterior, reafirmo que si asumimos en serio los derechos humanos debemos adoptar compromisos firmes y contundentes para su defensa, protección, garantía y promoción.

En consecuencia y, por todo lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la administración pública federal, a través de las dependencias competentes, a firmar y, posteriormente dar continuidad al procedimiento correspondiente para que el Estado mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Notas:

1 Doctor  Jaime Cárdenas Gracia. “Hacia un Cambio en la Cultura Jurídica Nacional”. Profesor e investigador de la UNAM y miembro del sistema nacional de investigadores y ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral.

2 Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil.Ed. Trotta. Trad., de Perfecto Andrés 7ª ed. Madrid, 2010. Pág. 148.

3 Rodrigo Brito y Miguel Carbonell. La Globalización de los Derechos Humanos, a la Luz de la Reforma Constitucional de Junio de 2011. Disponible en http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/ Globalizaci_n.pdf

4 Dicho Protocolo fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor en México el 23 de junio de 1981.

5 La distinción entre unos y otros ha sido franjada por circunstancias más bien políticas e históricas que de contenido. Los derechos civiles y políticos, plasmados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fueron durante la Guerra Fría considerados como emblemáticos de las naciones partes del llamado bloque capitalista en el que las libertades civiles y políticas eran consideradas como los derechos por excelencia. En contrapartida, los derechos económicos, sociales y culturales fueron sujetados al estigma de la identificación socialista/comunista, una serie de derechos más bien enfocados en lograr la igualdad de todos que en conseguir su libertad (la clásica dicotomía derechos de igualdad frente a derechos de libertad). Además de estas consideraciones políticas, la distinción entre unos y otros derechos fue zanjada básicamente en lo que hace a sus mandatos de optimización. Mientras los llamados derechos civiles y políticos requerían de una simple abstención de la conducta estatal (derechos de medio), los otros requerían de una acción directa del Estado en aras de garantizar su optimización. Esta intervención se traducía en la necesaria erogación de recursos para hacer efectivos derechos como la salud o la educación (derechos de resultado). La realidad ha llevado a constatar que esta distinción resulta ser infundada pues se h a demostrado que tanto en uno como en el otro caso, ambos tipos de derechos implican obligaciones tanto de medio como de resultado y que todo derecho en sí mismo implica un costo económico y social. Así por ejemplo, derechos tan clásicamente liberales como el sufragio o la libertad de imprenta implican inmensas cantidades de dinero para que pueda ser garantizados (tan sólo pensemos en los gastos en campañas electorales que se autorizan. O bien, en los enormes fondos que desde el Estado se autorizan para que los sectores más desfavorecidos puedan hacerse escuchar a través de ciertos impresos o publicaciones). Por el contrario, tenemos el caso de derechos sociales emblemáticos como la educación o la salud en donde incluso pueden advertirse no sólo conductas de hacer por parte del Estado sino de no hacer (Como el permitir que los padres practicantes de ciertas religiones eduquen a sus hijos en las mismas creencias en escuelas privadas, o que se respeten las formas tradicionales de medicina indígena).

Lo antes señalado ha sido reiteradamente repetido por Naciones Unidas en el sentido de que los derechos humanos no deben de ser entendidos de manera independiente, ellos se estructuran bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación. Lo cierto es que los diseños institucionales que han implementado los Estados a nivel internacional sigue reflejando claramente la prevalencia de ciertos derechos por sobre otros y esto no puede (o debería) seguir ocurriendo. Todo derecho humano es esencial y por eso obtiene ese carácter, el firmar y ratificar un instrumento como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contribuiría colocar en su real dimensión a los llamados DESC, brindándoles un soporte institucional que los coloque a la altura de los derechos civiles y políticos.

6 Resolución A/RES/63/117 del 10 de diciembre de 2008.

7 Así lo ha destacado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien ha señalado que [ ] la entrada en vigor del Protocolo Facultativo es un gran avance que permitirá que víctimas bajo la jurisdicción de Estados parte busquen justicia en casos de violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales [ ] el Protocolo proveerá una importante plataforma para exponer abusos vinculados a la pobreza, la discriminación y el abandono, mismos que hasta el momento las víctimas tienen que soportar sin poder apelar a ningún recurso a nivel internacional. Este Protocolo permitirá a esas personas, que de otra manera estarían aisladas e indefensas, concienciar a la comunidad internacional sobre su situación Además con la entrada en vigor del Protocolo Facultativo se desarrollará una jurisprudencia que ayudará a definir el alcance de la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales y a delinear reparaciones adecuadas para las víctimas [ ]. Disponible en

http://ratificapfpidescmex.org/2013/02/07/pillay-celebra-avance- que-permitira-la-presentacion-de-quejas-individuales-en-relacion-con-los-derech os-economicos-sociales-y-culturales/

8 Cabe precisar que este tratado ha sido firmado por 42 Estados. No obstante, de ellos, sólo 10 han cumplido con sus procedimientos internos (adhesión o ratificación) necesarios para obligarse conforme a derecho internacional. Los Estados parte son: Argentina; Armenia, Azerbaiyán; Bélgica, Bolivia; Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Congo, Costa Rica,  República Democrática del Congo, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Irlanda, Italia, Kazakstán, Luxemburgo, Madagascar, Maldivas, Mali, Mongolia, Montenegro, Holanda, Paraguay, Portugal, Senegal, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, España, Timor Oriental, Togo, Ucrania, Uruguay y Venezuela.  Consultado en la página oficial de Naciones Unidas el 11/02/2013, 17:11 horas. Disponible en: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2013.— Diputada Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

ESTADO DE MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de México a llevar a cabo una investigación exhaustiva para consignar y castigar al policía o los policías responsables de la violación de una menor de edad y la muerte de su novio; y al DIF estatal, a proporcionar atención médica y psicológica a la víctima y a familiares afectados, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante el umbral del nuevo milenio observamos que la humanidad ha dado un buen número de pasos adelante en lo relacionado con la protección de los derechos humanos. Por ello, buscamos que hoy y en el futuro, impactemos con la acción conjunta de procesos reeducativos, divulgación y campañas de información y promoción de cumplimiento y respeto a los derechos humanos de todas y cada una de las personas que integramos la sociedad.

Por ello, debemos levantar nuestras voces para visibilizar hechos sumamente preocupantes como el que hoy, la violencia contra las niñas y las adolescentes en el Estado de México camina entre cifras de violaciones, abusos sexuales y asesinatos al alza, entre otros delitos.

Las violaciones, abusos sexuales y feminicidios registrados los últimos años, sin duda, no tienen comparación con ningún otro delito que puedan sufrir las niñas y las adolescentes.

En razón de lo anterior, el viernes 22 de febrero del año en curso, en el municipio de Chimalhuacán, estado de México, según información publicada en diversos medios de comunicación, una adolescente fue violada por un policía municipal y posteriormente, su novio quien intentó detener a uno de los agresores recibió dos disparos como respuesta ocasionándole la muerte.

Bajo esta situación estamos claros que la Cámara de Diputados no puede permanecer indiferente respecto a estos graves hechos que nos agravian e indignan como sociedad, cuando medios de comunicación dan a conocer delitos que ponen en evidencia a servidores públicos que lejos de realizar su tarea de protegernos tenemos que cuidarnos de ellos.

La presunta responsabilidad de los policías respecto a los hechos, constituyen motivo suficiente para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México realice las investigaciones ministeriales de manera pronta y expedita para detener a los policías y consignarlos al juez competente para que sean juzgados por sus delitos.

Lo anterior atendiendo a los compromisos contraídos por nuestro país al ser signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual se proclaman el cuidado y asistencias especiales que la niñez requiere y donde se observa el deber que se tiene para que a la infancia se le brinde el medio natural para lograr su crecimiento y bienestar, incluyendo la protección y asistencia que sean necesarias.

Asimismo, es necesario cumplir lo establecido en el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño que a la letra señala; los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Por ello, demandamos contar con información de primera mano por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), a fin de estar permanentemente enterados de los avances de las investigaciones vinculadas con estos hechos tan lamentables y así estar en posibilidad de exigir a las autoridades de la investigación que lleguen hasta las últimas consecuencias, fin de velar siempre por la aplicación irrestricta del interés superior de nuestras niñas, niños y adolescentes.

En esta legislatura debemos ser tajantes contra el abuso de menores de edad y luchar por identificar a quienes violen sus derechos humanos e incidir para que se aplique con rigor todo el peso de la ley y el perfeccionamiento del marco legal, para acabar con la impunidad que ha minado gran parte del sistema de procuración e impartición de justicia.

Es uno más de los retos a los que se enfrenta la Comisión de Derechos de la Niñez, los cuales deben materializarse para reforzar una nación garante de democracia y justicia para todas y todos sus habitantes y de manera particular para los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del estado de México, a llevar a cabo una investigación exhaustiva para que se consigne y se castigue al policía o policías responsables de la violación de la adolescente y la muerte de su novio al intentar detener al agresor.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que le proporcione atención médica y psicológica a la adolescente víctima del delito de violación, así como a su familia y a la familia del adolescente quien fue privado de la vida.

Tercero.Se crea una comisión de diputadas y diputados federales de la LXII Legislatura, a fin de dar seguimiento puntual a las investigaciones de los hechos que ocurrieron en el municipio de Chimalhuacán, estado de México, donde una adolescente fue violada por un policía municipal y posteriormente, cuando su novio quien intentó detener a uno de los agresores recibió dos disparos como respuesta ocasionándole la muerte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña, Alliet Mariana Bautista Bravo, Josefina Salinas Pérez, Javier Salinas Narváez, Joaquina Navarrete Contreras, Ramón Montalvo Hernández, Carla Guadalupe Reyes Montiel, Jessica Salazar Trjo, Arturo Cruz Ramírez, Juana Bonilla Jaime, Domitilo Posadas Hernández, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbricas).»

Se turna a la Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos de la Niñez, para dictamen.

ESTADO DE SONORA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Sonora a otorgar con la mayor brevedad los subsidios federales etiquetados al Instituto Tecnológico de Sonora en los Presupuestos de Egresos de 2011 y de 2012, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados Faustino Félix Chávez, Flor Ayala Robles Linares y Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobernador de Sonora, licenciado Guillermo Padrés Elías, y al Congreso estatal a otorgar con la brevedad, los subsidios federales etiquetados en los Presupuestos de Egresos de 2011 y de 2012 al Instituto Tecnológico de Sonora para que se evite cualquier malversación.

Exposición de Motivos

En cualquier sociedad, el uso de indicadores es fundamental para elaborar un proceso de planeación, estos pueden ser económicos o sociales.

En el sector social se encuentra el rubro educativo, el cual otorga información pormenorizada acerca del funcionamiento del sistema y representa una herramienta para analizar el estatus que guarda la educación, ya sea para mejorar o implementar el diseño de políticas públicas; administrar los servicios y recursos en este rubro; planear la atención a la demanda, entre otros.

Pese a lo anterior, el desarrollo de una planeación educativa apropiada en México se ve limitado, en buena medida, por la falta de financiamiento educativo.

El gasto educativo nacional se constituye por recursos presupuestales del sector público, privado y organismos internacionales.

Los recursos para el sector educativo están conformados por el Presupuesto que la Federación otorga a la Secretaría de Educación Pública (Ramo 11), así como de las aportaciones federales para entidades federativas y municipios (Ramo 33), y por los montos que asignan otras Secretarías para realizar tareas de tipo educativo, tales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Asimismo, concurren en estos recursos los gobiernos estatales y municipales.

Al respecto, la Ley de Coordinación Fiscal, en el artículo 28, segundo párrafo,a la letra dice:

Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo federal través de la Secretaría de Educación Pública, la información financiera y operativa que le sea requerida para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación;

Por su parte, la Ley General de Educación, en el artículo 12, fracción XI, asevera que la Secretaría de Educación Pública se encargará de

Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar.

En relación con los argumentos anteriormente vertidos, el objeto de estudio que nos ocupa es que a la fecha el Gobierno del Estado adeuda 56, 898,905.98 pesos(cincuenta y seis millones, ochocientos noventa y ocho mil, novecientos cinco  pesos con noventa y ocho centavos), por concepto del subsidio federal 2012 etiquetado para el Instituto Tecnológico de Sonora.

De igual forma en 2011 el gobierno estatal no entregó 7, 480,052.96 pesos (siete millones, cuatrocientos ochenta mil, cincuenta y dos pesos con noventa y seis centavos).

Esta institución educativa cuenta con alrededor de 17 mil alumnos y ofrece 23 carreras, 2 especialidades, 1 programa de profesional asociado, 8 programas de maestría y 3 programas de doctorados distribuidos entre sus 6 diferentes campus.

El ITSON, mediante alianzas, apoya y asegura que las comunidades regionales apliquen conocimiento y tecnología que permita el desarrollo exitoso de su infraestructura social, cultural, y económica, en un ambiente que provee desarrollo sustentable y oportunidades a sus habitantes.

Por lo anterior, es importante precisar que el artículo 2o., párrafo 2, de la Constitución Política del estado de Sonoraasevera:

“...

El Estado garantizará el derecho de acceso a la información pública, sin más limitación que el respeto a la privacidad de los individuos, la seguridad pública y la seguridad nacional.”

No debemos olvidar que la transparencia y la rendición de cuentas reduce la incertidumbre y aumenta la predictibilidad de las decisiones gubernamentales, logrando de esa manera impulsar la inversión privada y por ende, el crecimiento económico y la generación del empleo productivo. Además, la transparencia es un insumo fundamental para lograr la eficiencia en el manejo de la Administración Pública de los tres niveles de gobierno.

A nivel estatal la situación no es diferente ya que las leyes locales reproducen, en mayor o menor medida, el contenido de la ley federal, debido a que incluyen como sujetos obligados a los poderes del Estado, las entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y descentralizada, los ayuntamientos y sus órganos, las instituciones y entidades declaradas de interés público y los órganos locales constitucionalmente autónomos, entre otros.

Por los argumentos anteriormente vertidos, esta proposición tiene como objetivo exhortar al gobernador de Sonora a entregar, con la brevedad, la totalidad del subsidio federal destinado al Instituto Tecnológico de Sonora 2011 y 2012, debido a que el artículo 79, fracción XXII, de la Constitución Sonorensemanifiesta como obligación del titular del Ejecutivo estatal cuidar que los fondos públicos estén perfectamente asegurados y que su distribución se haga con arreglo a la ley.

De igual forma resulta menester exhortar al Congreso de Sonora ya que el artículo 64 fracción XXII de la Constitución señala como obligación de este órgano legislativo contemplar las partidas necesarias destinadas a subsanar los servicios prioritarios para el desarrollo estatal, y por su parte, el artículo 67 asevera como obligación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización –órgano del Congreso dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión-, ejercer la función de fiscalización, revisando los estados financieros y las cuentas públicas estatales y municipales.

Compañeras y compañeros legisladores, de no existir transparencia, el esquema de opacidad en el gasto público continuará, lo que abonará al deterioro de la legitimidad con la que cada año las entidades federativas se acercan a la Cámara de Diputados a gestionar más recursos, ya que el Presupuesto de Egresos es una directriz que permite conocer el destino de los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la aprobación los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador de Sonora otorgue, con la brevedad, el subsidio federal etiquetado en los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2011 y de 2012 al Instituto Tecnológico de Sonora.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Sonora para que a través del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, revise los estados financieros y las cuentas públicas destinadas al Instituto de referencia.

Notas:

1 http://cfee.dgpp.sep.gob.mx/manual_cfee.pdf

2 http://cfee.dgpp.sep.gob.mx/manual_cfee.pdf

3 http://cfee.dgpp.sep.gob.mx/manual_cfee.pdf

4 http://cfee.dgpp.sep.gob.mx/manual_cfee.pdf

5 Información proporcionada por el ITSON.

6 Información proporcionada por el ITSON.

7 http://www.itson.mx/Paginas/index.aspx

8 Ídem.

9 http://estepais.com/site/?tag=ricardo-corona.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputados: Flor Ayala Robles Linares, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Faustino Félix Chávez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.