Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría informar a esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 259 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 11:08 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 7 de marzo de 2013

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De diputados

Cuatro, en relación a retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Cuatro, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso.

Con la que informa que los ciudadanos: Héctor Jaime Carreón Zepeda, Carlos Navarro Fernández y Carmen Cecilia Mendoza Romero, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

De la Condusef, y de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Dos, con las que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso.

Agenda política

Comentarios relativos al Día Internacional de la Mujer, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la junta de coordinación política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo.

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 4o., 8o. y 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para crear el PROPESCA.

De la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez, para aceptar y desempeñar los cargos de Cónsules Honorarios de la República Francesa, en la Ciudad de Torreón, con Circunscripción Consular en los estados de Coahuila y Durango; y de la República de Polonia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con Circunscripción Consular en los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Maximiliano Cruz Ramos y Juan Manuel Corrales Calvo, para aceptar y usar las condecoraciones de las órdenes del Mérito Militar General José María Córdova, en Grado de Gran Oficial y de Isabel La Católica, en Grado de Cruz de Oficial que les otorgan los gobiernos de la República de Colombia y del Reino de España.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Antonio de la Barrera Fernández, Iván Alejandro Rivas Sánchez y Antonio Alberto Pineda Ronzón, para prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América y de la República de Guatemala en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Guadalupe Cervera Velasco, Luis Espinosa Muñoz, Enrique Frías Moreno y Jesús Humberto González Rivera, para prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América y de Libia en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Violetta Denisse Soria Contreras, Walter Alfonso Bencomo Gabilondo, Joel Acosta Ramos, Julio César Lozada Chavez, Luis Alberto Medina Hernández y Erika Cantú Torres, para prestar servicios en la Embajada de Nueva Zelanda, en México y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León y Matamoros, Tamaulipas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jesús Fernando Céspedes Meneses, Claudia Eugenia Vargas Orozco, Israel Jesús Mendoza Chávez, Porfirio García Sosa, Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez y Fabián Salazar Gutiérrez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en sus consulados generales en Matamoros, Tamaulipas y Monterrey, Nuevo León.

Dictamen a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas y minuta

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que declara el año 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y crea una Comisión Organizadora de dicha conmemoración.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 32 Bis y adiciona un artículo 32 Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 322 y 323 y adiciona un artículo 323 Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3° de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 de la Ley de Asistencia Social y 168 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 322 y adiciona un artículo 336 bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con proyecto de decreto que adiciona cuatro párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se solicita la implementación de apoyos para los productores nacionales de maíz, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se abstenga de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y entidades que no cumplan con los lineamientos establecidos para los programas en donde se desarrollarán elecciones próximamente, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNBV y al SAT, para que transparenten las investigaciones que se realicen en torno a las irregularidades encontradas en las cuentas bancarias de Mariana Granier Calles, hija del Ex Gobernador Andrés Granier Melo, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por la Dip. Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Urgente resolución)

Dictámenes a discusión

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Ejecutivo federal, fortalezca los programas y los mecanismos de atención para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, a efecto de que puedan ser implementados de manera eficiente y equitativa.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, incrementar los apoyos a favor de las mujeres rurales.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo, relativos a lo sucedido en Tacotalpa, Tabasco.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo a la revisión de las Reglas de Operación de los Programas contenidos en el anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal, en materia de Feminicidios.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a aplicar en coordinación con la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, las medidas necesarias para atender el creciente índice de Feminicidios en la entidad.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales, armonizar su legislación conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos de elección popular.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Gobernador del Estado de Querétaro con relación a la ola de secuestros y desapariciones de personas en la entidad; y al Congreso local a realizar los trabajos legislativos pertinentes para tipificar el delito de feminicidio.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República que coadyuve con la Procuraduría Estatal en las investigaciones relacionadas con los feminicidios presentados en Tula, Hidalgo.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de la Federación, para que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Segob y a la SEP, para que establezcan una estrategia nacional de prevención infantil contra abusos producto de la navegación insegura de las niñas, niños y adolescentes en Internet; asimismo se exhorta a las legislaturas de los estados y a la ALDF, para que legislen en la materia.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de las entidades donde no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación, a expedir disposiciones legales encaminadas a prohibirlas y desarrollar acciones institucionales para compensar la violación de esa garantía.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a los actos de violencia y discriminación llevados a cabo por medios de comunicación públicos y privados de Quintana Roo, en contra de las Diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como de Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos Estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del Adulto Mayor.De las Comisiones Unidas de Justicia y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de Octubre.

De la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos Congresos Estatales, para que aprueben el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo para apoyar el proyecto de recuperación del Barrio de Tacubaya en la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, con el propósito de convertirlo en un centro turístico.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícitos de gas LP en el país.

Iniciativas

Que reforma el artículo 130 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo de la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado José Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 65 y 67 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal y suscrita por la Dip. María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar y suscrita por los diputados Damián Zepeda Vidales y Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 15 y 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Abel Guerra Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Participación Ciudadana, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 162 y 485 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Sergio Torres Félix, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 141 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 34-Bis a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 303-B a la Ley del Seguro Social y 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 58 y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2-A, 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 109 y 158 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega y suscrito por el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF, a la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF y a la PGJDF, lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de transparentar el uso de los recursos públicos en el proceso de terminación laboral en el IEDF, a cargo de la diputada Norma Ponce Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a la SCT, a la PGJDF, así como a las autoridades aeroportuarias, para que fortalezcan las medidas de seguridad necesarias en las aerolíneas, respecto a la seguridad del equipaje de los pasajeros, en el AICM, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de transparentar e investigar los procedimientos administrativos, económicos y de análisis de los lodos utilizados en el llenado de los socavones de las minas de Texcoco de año 2010 a la fecha, así como el taponamiento del Rio Chapingo, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los abusos cometidos por los franquiciatarios de las estaciones de servicio de Pemex, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que adecue los planteles educativos para las personas con discapacidad, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la SCT, para que se proceda a la eliminación de la caseta de cobro 045 ubicada en el Municipio de Fortín de las Flores, entre las ciudades de Córdoba y Orizaba, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, para que realice las gestiones necesarias para que, el IMPI inicie el procedimiento para que se emita la Declaratoria de Protección como Denominación de Origen al Limón Colimense, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, para que a partir de la revisión de la Cuenta Pública 2012, entregue una separata dentro del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y realice una auditoría de desempeño en materia de protección civil, a cargo del diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los connacionales condenados a muerte en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT y a Banobras, para que a través de la Dirección General de Capufe, procedan a la eliminación de la Plaza de Cobro 164 del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicada en el Km. 165 de la carretera federal 180, en el estado de Campeche, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el martes cinco de marzo de dos mil trece, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y un diputadas y diputados, a las once horas con cuatro minutos del martes cinco de marzo de dos mil trece, el presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido se somete a discusión el Acta de la Sesión anterior y, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De los diputados:

• Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita que se retiren de los registros parlamentarios de la Comisión de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo trescientos cincuenta Bis seis de la Ley General de Salud, presentada el veintidós de noviembre de dos mil doce.

• Humberto Armando Prieto Herrera, del Partido de Acción Nacional, por el que solicita que se retiren de los registros parlamentarios de las Comisiones de Salud y de Protección Civil, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos ciento doce, y ciento trece, de la Ley General de Salud, y diecinueve de la Ley General de Protección Civil, presentada el veinte de diciembre de dos mil doce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Tres, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, los cuales se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

• Tres, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso. Se remiten a los promoventes para su conocimiento.

• Con la que remite el Cuarto Informe Trimestral dos mil doce, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Energía para su conocimiento.

• Con el que remite informe de avance del programa para incrementar la eficiencia operativa en Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, correspondiente al cuarto trimestre de dos mil doce, así como las observaciones de la Secretaría de Energía. Se remite a la Comisión de Energía para su conocimiento.

• Con la que remite solicitud de permiso para que los ciudadanos Gabriela Paola Herrera Lizarde, Paloma Sánchez Hernández y Jesús Alejandro Arrona Saldaña, puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y Nueva Zelanda en México, y en el Consulado General de Estados Unidos de América en Matamoros Tamaulipas. Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal en los términos de la Ley General de Deuda Pública y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de enero de dos mil trece, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de enero de dos mil doce. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

d) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite acuerdo aprobado, por el que se designan a senadores para integrar la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión. De enterado. Se remite a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.

• Con la que remite acuerdo aprobado, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a declarar la última semana de abril como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio ciento dos de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha veintisiete de abril de mil novecientos cincuenta y cinco. De enterado. Se remite a la Junta de Coordinación Política, y a la Comisión de Seguridad Social para su conocimiento.

e) Del Consejo Nacional de Armonización Contable, con la que remite el Informe Anual de la Armonización Contable en México. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

f) Del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para los ex trabajadores Migratorios Mexicanos, por la que informa los nombres de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación con participación en el fideicomiso. De enterado. Se remite a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.

g) De la Cámara de Senadores, con la que remite minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo cien bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

h) Del Congreso del estado de México, con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Que reforma el primer párrafo del artículo ochenta y uno y las fracciones segunda y tercera del artículo ochenta y tres de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y el inciso uno) de la fracción  tercera del artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Justicia para dictamen.

• Que reforma el segundo párrafo del artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

La Presidencia informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Transportes, que reforma y adiciona los artículos treinta y cinco, treinta y nueve y cincuenta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Desde su curul el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática, realiza comentarios relativos al quincuagésimo cuarto aniversario del Canal Once. El presidente dirige unas palabras con relación al tema.

El siguiente punto en el orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Salud, que adiciona la fracción primera Bis al artículo sesenta y uno de la Ley General de Salud. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión a la diputada Raquel Jiménez Cerrillo.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; y Eva Diego Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.

A las once horas con veinticinco minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veintiocho diputadas y diputados.

Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintisiete votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona la fracción primera Bis al artículo sesenta y uno de la Ley General de Salud. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde su curul el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido de Acción Nacional, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria de los ex legisladores Eliher Flores Prieto, quien fuera integrante la Quincuagésima Cuarta y de la Quincuagésima Séptima Legislaturas de la Cámara de Diputados; y Miguel Agustín Corral Olivas, ex presidente del Partido Acción Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, y miembro de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, de la Cámara de Diputados. El presidente concede dicha solicitud.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo por los que se desechan iniciativas y minutas con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Desarrollo Rural, que reforma el artículo ciento ochenta y tres y adiciona un artículo ciento ochenta y tres Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

b) Unidas de Transportes y de Marina, que adiciona un artículo diecisiete Bis a la Ley de Puertos.

c) Unidas de Economía y de Fomento Cooperativo y Economía Social, que reforma los artículos tres, cuatro, siete, y cuarenta y seis de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría da lectura a los puntos resolutivos y sin oradores registrados, en votación económica, se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos, por lo que se refiere a las minutas, se remite al Senado para los efectos de la fracción d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposición con punto de acuerdo al diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que implemente las acciones necesarias para retirar los topes en carretera que no sean necesarios. En votación económica se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo ciento trece, numeral uno, fracción primera, del Reglamento de la Cámara de Diputados se concede el uso de la palabra para referirse al tema a los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo; José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano; Jesús Oviedo Herrera, del Partido de Acción Nacional; Roberto López González, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México; y Julio César Flemate Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. Para responder alusiones personales los diputados Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Roberto López González, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

El siguiente punto en el orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos sesenta y uno, ciento once, ciento doce, y ciento catorce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión al diputado Julio César Moreno Rivera. Para presentar moción suspensiva interviene el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, que en votación económica no se toma en consideración y se desecha. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, quien acepta interpelación del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido de Acción Nacional; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, quien acepta interpelación de los diputados Luis Alberto Villarreal García, del Partido de Acción Nacional, Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática, Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México, quien acepta interpelación del diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; Marcos Aguilar Vega, del Partido de Acción Nacional; y Paulina Alejandra del Moral Vela, del Partido Revolucionario Institucional. Para responder alusiones personales los diputados Julio César Moreno Rivera y Silvano Aureoles Conejo, ambos del Partido de la Revolución Democrática. En su oportunidad y desde sus curules realizan moción de ilustración y de procedimiento, rectificación de hechos, los diputados Roberto López Suárez, Fernando Zárate Salgado, Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática; y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones de procedimiento. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro del proyecto de decreto los diputados: Ricardo Anaya Cortés, del Partido de Acción Nacional; Luis Ángel Xariel Espinoza Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática; Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Partido Revolucionario Institucional; Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática; Rubén Carrillo Ortega, del Partido de Acción Nacional; y Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Intervienen en contra los diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Partido de la Revolución Democrática. En su oportunidad se concede el uso de la palabra para responder alusiones personales al diputado José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática. El presidente informa a la asamblea que se han reservado para discusión en lo particular los artículos: sesenta y uno; ciento once, párrafos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y octavo; ciento catorce; y el artículo Sexto Transitorio, del proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación nominal se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular los artículos no reservados por trescientos setenta y seis votos a favor; cincuenta y seis en contra, y cinco abstenciones.

Para la discusión en lo particular se concede el uso de la palabra a los diputados:

- Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo sesenta y uno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

- Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento once, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

- Loretta Ortiz Alhf, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

- Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento once, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

La Secretaría da lectura a las propuestas de modificación de los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; Marcos Aguilar Vega, del Partido de Acción Nacional; Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México; y Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, al artículo ciento once, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica se admite a discusión, e intervienen en contra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo. En votación económica se aceptan las modificaciones propuestas.

- Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento once, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

- José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento once, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

En votación nominal, se aprueban en lo particular los artículos sesenta y uno, ciento once, párrafo primero, en los términos del dictamen, y los párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las modificaciones aceptadas por la asamblea, por trescientos veintitrés votos a favor; y ciento catorce en contra.

- Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar modificación al artículo ciento once, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al no presentar propuesta escrita, se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

- Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento once, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación nominal por doscientos catorce votos a favor; y doscientos diecisiete en contra no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

En votación nominal, por doscientos trece votos a favor; y doscientos quince en contra, no se aprueba en lo particular el artículo ciento once, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contenido en el proyecto a discusión.

- Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento once, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

- Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento once, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

- Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo ciento catorce, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica no se admite a discusión, y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

- Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar propuesta de modificación al artículo Sexto Transitorio, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica se admite a discusión, y de la misma manera pasa a formar parte del dictamen.

En votación nominal, se aprueban en lo particular los artículos ciento once, párrafos sexto y octavo y ciento catorce, en los términos del dictamen, por trescientos diecinueve votos a favor; y ciento diez en contra; y en votación nominal se aprueba en lo particular el artículo Sexto Transitorio, con la modificación aceptada por la asamblea, por trescientos setenta y ocho votos a favor; treinta y cinco en contra; y cinco abstenciones.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos sesenta y uno, ciento once, ciento doce, y ciento catorce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia informa a la asamblea:

• De la recepción del siguiente oficio de la diputada Lorena Méndez Denis, del Partido de la Revolución Democrática, por el que informa que deja de permanecer a dicho grupo parlamentario y pasa a formar parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• De la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, que tendrá lugar mañana miércoles seis de marzo a las nueve horas en el Salón Legisladores de la República, salón verde, en este recinto de San Lázaro.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las siguientes iniciativas y proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Arturo Escobar y Vega, y suscrita por Gabriela Medrano Galindo y Enrique Aubry de Castro Palomino, diputados del Partido Verde Ecologista de México, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de José Vasconcelos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

• Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos sesenta y uno, y setenta y uno de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

• Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

• Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarenta y uno, y noventa y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos cuarenta y siete de la Ley General de Educación y dieciocho de la Ley de Migración. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Asuntos Migratorios para dictamen.

• Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen.

• Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, que expide la Ley Federal de Participación Ciudadana. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

• Jesús Oviedo Herrera, del Partido Acción Nacional, que abroga la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional para dictamen.

• Domitilo Posadas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Protección al Consumidor, y de Telecomunicaciones. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Comunicaciones, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos séptimo de la Ley General de Educación y treinta y dos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Derechos de la Niñez para dictamen.

• José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, que reforma los artículos ciento sesenta y dos, y cuatrocientos ochenta y cinco de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

• Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo noventa y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

• Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley que reestatiza los Fondos de los Sistemas de Ahorro para el Retiro regulados en las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, basados en un Régimen de Capitalización Individual, restituyéndose el Sistema Solidario de Reparto. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

• Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarenta y dos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal para dictamen.

• Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos ciento quince, y ciento diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

• Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo ciento cuarenta y uno Bis al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

• Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarto y veintiséis de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen.

• Margarita Licea González, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

• Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

• Margarita Licea González, del Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos treinta y cuatro Bis a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, trescientos tres-B a la Ley del Seguro Social y setenta y uno a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Vivienda para dictamen.

• Margarita Licea González, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cincuenta y ocho, y cincuenta y ocho -dos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.

• Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos segundo-A, treinta y cinco, y treinta y seis de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

• Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo segundo de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Marina Garay Cabada, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que dé seguimiento puntual de los resultados de la Segunda Semana del Aprendizaje mediante dispositivos móviles que organizó la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, del dieciocho al veintidós de febrero de dos mil trece. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

• José Martín López Cisneros, del Partido Acción Nacional por el que se exhorta a los Ejecutivos estatales a fortalecer y vigilar corresponsablemente la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en los respectivos estados. Se turna a la Comisión de Derecho de la Niñez para dictamen.

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, pueda incorporar a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de Demarcaciones Prioritarias en su Programa Nacional. Se turna a la Comisión del Distrito Federal para dictamen.

• Héctor Narcia Alvarez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las instituciones de los gobiernos estatales y municipales, para que en las regiones que presentan los índices con mayor pobreza extrema, lleven a cabo las acciones necesarias a fin de conseguir que el Programa Sistema Nacional Contra el Hambre, funcione de manera adecuada. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, para que resuelvan con prontitud los casos de homicidios dolosos en la entidad, y la probable vinculación de éstos con el crimen organizado. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

• Marina Garay Cabada, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en el marco del programa de apoyo alimentario contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil trece, se promueva la compra de alimentos básicos a pequeños productores agrícolas locales en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

• Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que esta soberanía saluda al presidente electo de la Republica de Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, al gobierno y al pueblo ecuatoriano, su congratulación por el triunfo obtenido el pasado diecisiete de febrero de dos mil trece. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al director general de Pemex, para que a través de su Órgano Interno de Control, se haga público el status de la investigación llevada en contra de Mexicana de Lubricantes, y se presenten las denuncias correspondientes. Se turna a la Comisión de Energía para dictamen.

• Dulce María Muñiz Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la impartición de la educación bilingüe en las comunidades indígenas. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Asuntos Indígenas para dictamen.

• Gisela Raquel Mota Ocampo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía, para que establezcan un plan de rescate de la industria azucarera y cañera del país. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego para dictamen.

• Miriam Cárdenas Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la administración pública federal, para que a través de las dependencias competentes, se firme y se dé continuidad al procedimiento correspondiente, para que el Estado mexicano sea parte del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores para dictamen.

• Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, lleve a cabo una investigación exhaustiva para que se consigne y se castigue al policía o policías responsables de la violación de una menor de edad y la muerte de su novio, así como al Desarrollo Integral de la Familia estatal, para que proporcione atención médica y psicológica a la víctima y a familiares afectados. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Faustino Félix Chávez y suscrito por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Sonora, para que otorguen a la brevedad, los subsidios federales etiquetados en los presupuestos de egresos dos mil once y dos mil doce, al Instituto Tecnológico de Sonora. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

La diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva, manifiesta su más sentido pésame al pueblo y al gobierno de Venezuela por el fallecimiento del presidente, del jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez Frías, por lo que la asamblea guardó un minuto de silencio en su memoria.

Agotados los asuntos del orden del día, el presidente cita para la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el jueves siete de marzo de dos mil trece, a las once horas y levanta la sesión a las dieciocho horas con dieciséis minutos.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Manuel Huerta, buenos días. ¿Con qué objeto? El acta. Lo escucho.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Buenos días. En el acta aparece que no dejé —y tuvimos un desaguisado que tal vez produjo confusión en la votación última— propuesta escrita sobre el fuero constitucional. Sin embargo, de no haberla presentado no me hubieran dado derecho ni a tribuna, más allá que si se revisa el Diario de los Debates, evidentemente le di lectura en mi propio discurso.

Lo que planteo nada más es para que se corrija para efectos del acta, que quede constancia y evidentemente que todos tengamos una mejor comunicación. No quiero que se ejerza violencia hacia mi persona, como a veces siento que se ejerce por parte de la Mesa Directiva.

Por último diría, tal vez la confusión es porque en un principio la reserva la hizo la diputada Lilia Aguilar y se informó que la hacía mía y fue por eso el motivo, pero como queda constancia en este documento, para efectos de que quede constancia de que sí dejé reserva por escrito.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para que vea usted que hay afecto y consideración de parte de esta Directiva con todos, pero más con usted, que me visita a cada momento, vamos a dejar constancia en el acta de que la reserva la presentó doña Lilia Aguilar Gil. ¿Le parece? Bueno. Adelante.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

RETIRO DE INICIATIVAS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

De conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted que sea retirada mi iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada el día 26 de febrero de 2013 y turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Cultura y Cinematografía, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

Diputada Sonia Rincón Chanona (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, “Presentación y Retiro de iniciativas”, numeral 2, de la Sección Segunda, “Iniciativas”, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente me dirijo a usted, con el derecho que me asiste dicho artículo, a efecto de que se retire de la comisión la iniciativa presentada por quien suscribe:

• Proyecto de dictamen de la iniciativa que adiciona un artículo 33 Bis de la Ley Agraria.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputado Salvador Arellano Guzmán (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitarle gire sus apreciables instrucciones para retirar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 2 Bis y reforma el artículo 3o. de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, la cual fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos, con fecha del 4 de octubre de 2012, para los efectos legales a los que haya lugar.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Atendiendo a las facultades concedidas a la Presidencia de la Mesa Directiva por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente sea retirada la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual presenté en la sesión del pasado 11 de octubre de 2012.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 5 de marzo de 2013.— Diputado Juan Bueno Torio (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Las iniciativas que se retiran, se tienen por retiradas —perdón por la cacofonía. Actualícense los registros parlamentarios.

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS EN SISTEMA BRAILLE

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-1I-4-365 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0079/13 suscrito por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión, de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en sistema braille.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 4 de marzo de 2013.—Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio número SEL/UUL/311/0160/12, remito a usted similar número SEB/UR300/CAS/031/2013, suscrito por el maestro Uladimir Valdez Pereznuñez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Básica, organismo sectorizado de esta secretaría, por el que da respuesta punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 30 de enero de 2013, referente a las actualizaciones de los libros gratuitos en sistema de braille.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2013.— Licenciada Adrián Guerra Yáñez (rúbrica), coordinador de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de enlace con el honorable Congreso de la Unión.— Unidad de Coordinación Ejecutiva.— Presente.

En relación al oficio UR 120 UCE/CEC/0057/13 referencia 0014, en el que se comunica el punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que a través del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de Integración Educativa edite las actualizaciones de los libros de texto gratuitos en braille; cabe mencionar que nos preocupamos por generar condiciones que mejoren el acceso, la permanencia y el éxito en la escuela de los niños con discapacidad visual, se trabaja sobre las siguientes líneas de acción:

1. Fortalecimiento de las competencias docentes acercando a los profesores al conocimiento del sistema braille y otras estrategias para la enseñanza de la escritura, lectura y matemáticas en las aulas.

2. Desarrollo de materias de apoyo educativo para la atención de niñas y niños con discapacidad con la serie “Educación pertinente e inclusiva. La discapacidad en educación indígena” Guía-Cuaderno 1: Conceptos básicos en torno a la Educación para Todos, Guía-Cuaderno 2: Atención educativa de alumnos y alumnas con discapacidad auditiva, Guía- Cuaderno 3: Atención educativa de alumnos y alumnas con discapacidad intelectual, Guía-Cuaderno 4: Atención educativa de alumnos y alumnas con discapacidad motora y Guía-Cuaderno 5: Atención Educativa de alumnos y alumnas con discapacidad visual (en imprenta 50000 ejemplares de cada uno).

Además de incluir en los materiales de nivel preescolar y primaria actividades en sistema braille.

3. Dotación de materiales mediante solicitud a la Dirección General de Materiales e Informática Educativa para la distribución de dispositivos MP3 con audiolibros y,

4. Seguimiento a las acciones de los estados para la atención a esta población.

No omito comentar que los alumno de educación indígena y migrante ciegos y débiles visuales requieren no sólo libros en braille, es necesario que cuenten también con otros materiales como regletas, punzones, ábacos, materiales en relieve, macrotipos, entre otros. Es muy importante contemplar las necesidades del alumnado con otras discapacidades pues también requiere de materiales específicos para alcanzar los aprendizajes esperados que marca la currícula nacional.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2013.— Maestro Uladimir Valdez Pereznuñez (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente para su conocimiento.

ACCESO AL SISTEMA BRAILLE EN ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-1I-7-341, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0080/13, suscrito por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Unidad Coordinadora Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar acciones que faciliten el acceso al sistema de escritura Braille.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 4 de marzo de 2013.— Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio número SEL/UEL/311/0079/13, remito a usted similar número 712/DE/3153/2013, suscrito por el licenciado Leopoldo Barrera Moreno, director de Edificios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, de esta secretaría, por el que da respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 16 de enero de 2013, referente al exhorto para implementar acciones que faciliten el acceso al sistema de escritura Braille en espacios y edificios públicos, así como en centros educativos.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2013.— Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de enlace con el Congreso de la Unión.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado José Francisco Dufour Sánchez, coordinador de enlace con el honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia al oficio número UR 120 UCE/CECU/ 0022/13, de fecha 31 de enero del presente año, recibido el 11 de febrero del año en curso, relacionado con el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual se exhorta a esta Secretaría a implementar las acciones que faciliten el acceso al Sistema de Escritura Braille en espacios y edificios públicos, así como en centros educativos.

Al respecto me permito informar a usted que, dentro del Programa para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, 2009-2012, implementado por la Presidencia de la República y que actualmente coordina el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), en inmuebles de propiedad federal en el Distrito Federal e Interior de la República, en su contenido, considera acciones para facilitar el acceso a personas con discapacidad visual en los inmuebles de propiedad federal al servicio de la SEP, del sector central, órganos desconcentrados y descentralizados, las cuales se encuentran capturadas y registradas en el Sistema de Inventario Nacional de Inmuebles Federales, implementado por el Indaabin para los efectos, acciones que van desde adecuar las instalaciones de los inmuebles en accesos, circulaciones, señalización en sistema braille, visual, táctil en piso, sanitarios, por mencionar algunos.

No omito mencionar que dichas acciones han sido mínimas considerando los pocos recursos con que cuenta cada una de las unidades administrativas y planteles educativos a cargo de las mismas.

Por otro lado, informo a usted que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios a través de la Dirección General Adjunta de Inmueble ha girado oficios a las unidades administrativas del sector central, órganos desconcentrados y descentralizados de la SEP, a efecto de que continúen e informen sobre las acciones para facilitar el acceso a personas con discapacidad visual, como es el acceso al Sistema de Escritura Braille y estar en posibilidades de informar a esa Unidad de Enlace a su digno cargo sobre otras acciones implementadas del asunto que nos ocupa, se anexa copia de algunos oficios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2013.— Leopoldo Barrera Moreno (rúbrica), director de edificios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

— Oficio del director general adjunto de Inmuebles de la Secretaría de Educación Pública, Eduardo Enrique Ramírez Paredes, dirigido a:

• Maestro Henner Hofmann Domenege, director general del Centro de Capacitación Cinematográfica, AC

• Doctora Aurora Elizondo Huerta, encargada de la Rectoría de la Secretaría Académica de la Universidad Pedagógica Nacional

• Etnólogo Sergio Raúl Arroyo García, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia

• Doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, administrador general de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal

• Licenciado Manuel Gameros Hidalgo Monroy, director general de Estudios Churubusco Azteca

• Licenciado Fernando Antonio Mora Guillén, director general de Televisión Educativa

• Doctor Efrén Parada Arias, director general de Centros de

Formación para el Trabajo

• Antropólogo Carlos Enrique Santos Ancira, director general de Bachillerato

• Maestro Juan Manuel Cantú Vázquez, director general de Educación Superior Tecnológica

• Profesor Germán Cervantes Ayala, director general de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa

• Licenciado Luis Francisco Mejía Piña, director general de Educación Tecnológica Industrial

• Ingeniero Ramón Zamanillo Pérez, director general de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar

• Licenciado Ausencio Chávez Hernández, coordinador General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación.— Presentes

Hago referencia al oficio número UR 120 UCE/CECU/ 0022/13, de fecha 31 de enero del presente año, signado por la Coordinación de Enlace de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, derivado del oficio número SEL/UEL/311/0079/13, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en la sesión celebrada el pasado 16 de enero del año en curso, que en su parte conducente señala lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal, a fin de que implemente acciones que faciliten el acceso al sistema de escritura braille en espacios y edificios públicos, así como en centros educativos.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a las instancias en materia de educación de las entidades federativas a sumarse en las acciones contenidas en el punto que antecede, así como coordinar su esfuerzo y trabajo con la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, con la finalidad de mejorar las condiciones y potenciar el desarrollo de las personas con discapacidad visual.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública y sus análogas en las entidades federativas para que informen a esta soberanía los resultados que se obtengan del asunto formulado con esta fecha.

No omito mencionar que dentro del programa de accesibilidad para personas con discapacidad en su contenido considera acciones para facilitar el acceso a personas con discapacidad visual, por lo que solicito a usted informe a esta dirección sobre las acciones logradas del asunto que nos ocupa, o en su caso, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se implementen las acciones encaminadas a facilitar el acceso a personas con discapacidad visual, como es el acceso al Sistema de Escritura Braille en espacios y edificios públicos, así como en los centros educativos a su digno cargo y estar en posibilidades de informar sobre las acciones implementadas a la Coordinación de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión, se anexa copia del oficio para pronta referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de febrero de 2013.— Eduardo Enrique Ramírez Paredes (rúbrica), director general adjunto de Inmuebles.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente para su conocimiento.

SISTEMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-0791 signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/ 0082/13 suscrito por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión, de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al sistema de becas para estudiantes mexicanos en el extranjero.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 4 de marzo de 2013.— Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio número SEL/UEL/311/0070/13, remito a usted similar número 204-4-SRB-0480, suscrito por el embajador Mario Chacón, director general de Relaciones Internacionales de esta secretaría, por el que da respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 16 de enero de 2013, referente al exhorto para impulsar acciones a fortalecer y ampliar el sistema de becas para estudiantes mexicanos en el extranjero.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2013.— Licenciado Adrián Guerra Yáñez (rúbrica), coordinador de enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado José Francisco Dufour Sánchez, coordinador de enlace con el Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia a sus oficios números UCE/CECU/0017/13 y UCE/CECU/0045/13 mediante los cuales comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión celebrada el 16 de enero de 2013, el cual a la letra versa:

“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias impulsen acciones tendientes a fortalecer y ampliar el sistema de becas para estudiantes mexicanos en el extranjero.”

Al respecto, le comento que de conformidad con el presupuesto aprobado para 2013, la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) ha programado otorgar un aproximado de 340 nuevas becas complementarias para realizar estudios de maestría o doctorado en el extranjero, lo cual representa un incremento de 202 apoyos con respecto al año anterior.

El Programa de Apoyo al Posgrado, de Becas Complemento, impulsa la realización de estudios de posgrado en el extranjero de diversas áreas estratégicas y prioritarias para el desarrollo nacional, mediante el otorgamiento de un pago anual por 75 mil pesos, como apoyo a gastos de manutención. Es requisito que los estudiantes cuenten con becas base o crédito educativo que cubra los gastos de colegiatura y matrícula, así como los gastos de manutención.

Durante la Convocatoria 2012 se recibieron 824 solicitudes lográndose otorgar únicamente 138, de acuerdo con el presupuesto aprobado en dicho año. Debido a lo anterior, se gestionó una ampliación presupuestaria la cual fue otorgada para el ejercicio fiscal 2013.

Sin más por el momento, le mando saludos cordiales.

Atentamente

México, DF, 14 de febrero de 2013.— Embajador Mario Chacón (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente para su conocimiento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-352, signado por el diputado Francisco Arroyo Vieyra, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/V/0508/13, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las medidas de seguridad al interior de los centros penitenciarios y de readaptación social del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 4 de marzo de 2013.— Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Profesor Héctor Hugo Olivares Ventura, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SEL/UEL/311/0111/13, por el que comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado por el pleno del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 23 de los actuales, y que, en los resolutivos conducentes señala, en lo que atañe a esta institución:

“ Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados y del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones y procedimientos que correspondan para efecto de fincar responsabilidades y sancionar, en su caso, a quienes por acción y omisión resulten responsables de los diferentes disturbios que se presenten al interior de los penales.” (sic)

Sobe el particular, y con fundamento en el Artículo 89 fracciones X y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, informo a usted que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, comunicó a esta de mi cargo que:

“Al respecto, me permito informarle que para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y demás disposiciones aplicables, ante el conocimiento de acciones u omisiones constitutivas de delito, el Ministerio Público de la Federación tiene incumbencia para la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; y pedir la aplicación de las penas.

Por lo que resulta importante señalar que la Procuraduría General de la República, ejerce sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común y la actuación de sus servidores se rige por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.” (sic)

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración y particular aprecio.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 27 de febrero de 2013.— Maestro Jorge Nader Kuri (rúbrica), director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente para su conocimiento.

AUMENTO DEL PAGO MINIMO PARA TARJETAS DE CREDITO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Condusef.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Atiendo el punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pasado 16 de enero, el cual establece lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente, con pleno respeto del ámbito de sus facultades, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a instaurar una campaña de difusión que alerte e informe de manera clara y detallada a los tarjetahabientes sobre el aumento del pago mínimo para tarjetas de crédito. Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a exigir que las instituciones bancarias expliquen a los clientes de manera clara y detallada sobre el aumento del pago mínimo para tarjetas de crédito.

Le informo que esta comisión nacional ha desarrollado diversas acciones encaminadas a atender dicho punto de acuerdo, las cuales se detallan en el oficio anexo, el número VPT/ 0016/ 2013, signado por el vicepresidente técnico en esta comisión nacional.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Marzo 4 de 2013.— Mario di Costanzo Armenta (rúbrica), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Condusef.

Mario di Costanzo Armenta, Presidente de la Condusef.— Presente.

Atiendo el oficio DGPL 62.II.2.312, recibido el 17 de enero de 2013, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, relativo a exhortar a esta comisión nacional a instaurar una campaña de difusión que alerte e informe de manera clara sobre el aumento del pago mínimo para tarjetas de crédito y exigir a las instituciones bancarias que mantengan informados a sus clientes:

A continuación se informa de las acciones y actividades realizadas para cumplir el respectivo exhorto:

Número de boletín: 005.

Fecha: 21 de enero de 2013.

Tema: ¿Sabes utilizar el pago mínimo a tu favor?

Cantidad de menciones: 25.

Número de boletín: 007.

Fecha: 28 de enero de 2013.

Tema: El ajuste del pago mínimo y su impacto.

Cantidad de menciones: 21.

Número de boletín: 009.

Fecha: 5 de febrero de 2013.

Tema: Calculadora de pagos mínimos... Calcula el tuyo.

Cantidad de menciones: 42.

(Se anexan tres cuadros y testigos.)

Revista Proteja su Dinero

Se tiran 40 mil ejemplares de la revista Condusef cada mes y se distribuyeron en sector público del Distrito Federal, prensa del Distrito Federal, diputados, Mesa Directiva de Diputados, usuarios diversos del Distrito Federal, senadores, Mesa Directiva del Senado, medios de comunicación y sindicatos, general del DF (Sepomex), interior, interior de la república (Sepomex), paquetes mayores de 50 (Estafeta) y delegaciones:

Cantidad total de distribución: 35 mil 100.

(Se quedan en almacén 4 mil 900 revistas para encuentros y solicitudes adicionales para delegaciones.)

La portada de la revista de marzo contiene como principal tema “Paga más rápido tu tarjeta: abona más del mínimo”. Sección “Primera plano”, páginas 17 a 24.

(Se anexan tres cuadros.)

Entrevistas por funcionarios

Se dieron 12 entrevistas por Mario di Costanzo, presidente; Luis Fabre, vicepresidente técnico; y Marco Carrera Santa Cruz, director general de Educación Financiera de la Condusef.

(Se anexa un cuadro.)

Página web de la Condusef

Se actualizó la “Calculadora de pago mínimo”, en cumplimiento de las modificaciones que entraron en vigor el 4 de enero de 2013 por el Banco de México.

(Se anexa un ejemplo.)

Consultas de enero y febrero a la página web de la Condusef, secciones relacionadas con tarjeta de crédito

A continuación se indican las descargas de los dos primeros meses de 2013, tanto de contenidos de educación financiera como de la revista Proteja su Dinero, y las consultas a simuladores y calculadoras:

Reciba saludos cordiales.

Atentamente

28 de febrero de 2013.— Luis Felipe Pruneda (rúbrica), vicepresidente técnico.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente para su conocimiento.

CUOTAS ESCOLARES

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio número SEDU/038/2013 ,mediante el cual la secretaria de Educación del Distrito Federal da respuesta al punto de acuerdo con número de oficio número D.G.P.L.62-II-8-0680, de fecha 27 de diciembre de 2012, signado por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2013.— Héctor Serrano Cortés (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno.— Presente.

En atención al oficio número SG/l481/2013, de fecha 29 de enero de 2013, a través del cual informa a esta Secretaría que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo mediante el cual

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales a garantizar que la educación que imparte el Estado sea gratuita y no esté condicionada al pago de cuotas escolares.

1. En primer término me permito informarle que la prestación de los servicios educativos de educación inicial, y básica (preescolar, primaria y secundaria) en el Distrito Federal a la fecha no han sido descentralizados, por lo que dichos servicios se brindan actualmente por conducto de la Secretaría de Educación Pública a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Lo anterior en términos del artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación que establece lo siguiente:

Cuarto. El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena y especial en el propio distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical. A partir de la entrada en vigor de la presente ley y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica incluyendo la indígena y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría. A la conclusión del proceso citado entrará en vigor el primer párrafo del artículo 16 de la presente Ley.

Asimismo, el artículo tercero transitorio del decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 13 de octubre de 2006, establece que las disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal relativas a la educación inicial y básica entrarán en vigor una vez que se derogue el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación. A continuación se transcribe el referido artículo tercero transitorio:

Artículo Tercero. Los disposiciones de la presente Ley, relativos a la educación inicial, básica –incluyendo la indígena- y especial entrarán en vigor una vez que se derogue el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación.

2.Aunado a lo anterior, por lo que hace a las planteles educativos de nivel preparatoria adscritos al Distrito Federal, estos dependen del Instituto de Educación media Superior del Distrito Federal, que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública, en términos de lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 40, 47 y 48 de la Ley Orgánica del Administración Pública del Distrito Federal, que a la letra dicen:

Artículo 1o. Los disposiciones contenidas en lo presente Ley son de orden e interés público y tienen por objeto establecer lo organización de la administración pública del Distrito Federal, distribuir los negocios del orden administrativo, y asignar las facultades para el despacho de los mismos a cargo del jefe de gobierno, de los órganos centrales, desconcentrados y paraestatales, conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Estatuto de Gobierno.

Artículo 2o. La administración pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y paraestatal.

La jefatura de gobierno del Distrito Federal, las secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales son las dependencias que integran la administración pública centralizada.

...

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, son las entidades que componen la administración pública paraestatal.

Artículo 40. Son organismos descentralizados las entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten, creadas por decreto del jefe de gobierno o por ley de la asamblea legislativa.

Artículo 47. Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión paro el cabal cumplimiento de su objetivo, y de los objetivos y metas señalados en sus programas.

Artículo 48. Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por esta ley.

De lo anterior, se concluye que el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federa, al ser un organismo descentralizado de la administración pública del Distrito Federal, cuenta con personalidad jurídica patrimonio propio, en consecuencia, esta Secretaría carece de facultades para tener alguna en las determinaciones y toma de decisiones del referido instituto.

3. No obstante lo anterior, desde febrero de 2007, surge auspiciado por la Secretaría de Educación del Distrito Federal bajo el convenio de elaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Programa de Bachillerato a Distancia como opción en educación media superior para disminuir el rezago educativo e impulsar a jóvenes y adultos capitalinos a continuar sus estudios.

El programa de Bachillerato a Distancia está dirigido a los habitantes del Distrito Federal que por diversas circunstancias (económicas, laborales, familiares o de tiempo) no han podido realizar o concluir sus estudios de nivel medio superior. Esta modalidad educativa a distancia, ofrece diversas ventajas al alumno, en virtud de que no implica traslados importantes o erogaciones económicas adicionales en materiales, ya que es totalmente gratuito, debido a que todo el material de estudio se encuentra en línea y los estudiantes disponen de él las 24 horas del día.

Entre otros beneficios que brinda este programa, se encuentran que para ingresar al mismo, no se requiere promedio mínimo en el certificado de secundaria y tampoco existe un límite de edad, además los alumnos inscritos pueden solicitar el apoyo del programa Prepa Síuna vez que han acreditados sus tres cursos propedéuticos y formalicen su inscripción a las asignaturas.

Los beneficiarios del programa, pueden realizar sus estudios desde cualquiera de las aulasque se encuentran distribuidas estratégicamente n diferentes puntos de la ciudad, o bien, desde su casa o cualquier establecimiento con servicio de internet, lo que implica un ahorro en erogaciones, además de que el Bachillerato es completamente gratuito.

4.En ese contexto, a partir del mes de marzo de 2012, por medio de la Dirección de Educación a Distancia dependiente de la Coordinación General de Educación de esta Secretaría se dio a conocer la nueva educación denominada la nueva propuesta educativa denominada Bachillerato Digital de la Ciudad de México, representando una ampliación de la propuesta educativa a distancia en el nivel Medió Superior y que se suma al Programa de Bachillerato a Distancia del Gobierno del Distrito Federal.

El Bachillerato Digital de la Ciudad de Méxicoes una oferta novedosa de educación, impartida por internet, en donde el estudiante se encuentra acompañado por un tutor docente que le ayuda a generar estrategias de aprendizaje autónomo. Es totalmente desarrollado por especialistas en educación a distancia que trabajan desde hace 5 años en esta Secretaría de Educación, este es un bachillerato propedéutico, que se cursa en dos años, contando el estudiante con la posibilidad de adelantar asignaturas, reduciendo así el tiempo total de estudio. En este modelo educativo el alumno puede estudiar desde cualquier computadora con conexión a internet, permitiéndole combinar el estudio con su trabajo y otras actividades.

5.En esa tesitura, el 3 de septiembre de 2012, la Secretaría a mi cargo suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la finalidad de ofrecer el programa educativo piloto del Bachillerato a Distancia B@D para ser impartido en la modalidad presencial, apoyado por tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las instalaciones de la preparatoria José Guadalupe Posada. Dicho proyecto surge como una opción a la demanda educativa de educación media superior para los jóvenes que habitan en Tepito.

Cabe precisar que los programas educativos a nivel medio superior del Distrito Federal, ofrecidos por esta Secretaría son totalmente gratuitos, a fin de cumplir con lo establecido por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para garantizar a los habitantes del Distrito Federal el acceso a la educación media superior, al no encontrase condicionada al pago de cuotas escolares.

En virtud de las manifestaciones realizadas, solicito que con la información proporcionada, se tenga por atendido en tiempo y forma el exhorto realizado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de febrero de 2013.— Doctora Mara Nadiezhda Robles Villaseñor (rúbrica), secretaria de Educación.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Lauro Arturo Martínez Salas, secretario particular del Secretario de Gobierno.— Presente.

Por instrucciones del maestro José Ramón Amieva Gálvez, consejero jurídico y de servicios legales, remito a usted por considerar asunto de la competencia de esa Secretaría, oficio firmado por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados LXII Legislatura, mediante el cual informa que en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2012, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, aprobó el punto de acuerdo: Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Educación Pública federal y estatales a garantizar que la educación que imparte el Estado sea gratuita y no esté condicionada al pago de cuotas escolares.

Sin otro particular, le envío un cordial aludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2013.— Licenciada Áurea Susana Codina Barrios (rúbrica), secretaria particular del Consejero Jurídico y de Servicios Legales.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se remite al promovente para su conocimiento.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Quiere intervenir, don Alfonso Durazo? Lo escuchamos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente. Estaba pendiente del orden del día. Quisiera solicitarle, presidente, tuviera a bien reponer el procedimiento respecto del minuto de silencio que solicitó la diputada Aleida Alavez, por la muerte del presidente Chávez.

Me parece que no fue la forma. No lo pudimos comentar, porque se dio al final de la reunión. No quisiera parecer grosero; sin embargo, debo decirlo, me pareció mezquina la actitud de la Presidencia. Mi propuesta es que este minuto de silencio se haga a nombre de la Cámara de Diputados.

Reconozco el carácter controvertido del desempeño del presidente Chávez; sin embargo, creo que no corresponde a esta Cámara dar un veredicto sobre su actuación; sí corresponde mostrar una solidaridad elemental frente a un pueblo con dolor por la pérdida de su presidente. Muy amable y espero acepte atender esta petición, presidente. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Señor diputado, don Alfonso Durazo, coincido con usted en que no se dio en los mejores términos.

Esta Presidencia quiso, en la sesión pasada, primero tener una comunicación más fehaciente y segundo, hacer el minuto de silencio por el fallecimiento de un jefe de Estado con el que México tiene una relación, por demás cordial y amplia y de afecto con el pueblo venezolano, en otras condiciones. Usted mismo se dio cuenta que nos pidieron y casi nos exigieron que fuese en ese momento.

Lo comentaremos con la Junta, de tal suerte de que las condolencias de esta Cámara de Diputados se hagan llegar al Poder Legislativo venezolano de las mejores maneras, y que quede constancia de nuestra solidaridad por la muerte de un jefe de Estado. Continúe la Secretaría.

CANCELACION DE PERMISOS PARA TRABAJAR EN REPRESENTACION DIPLOMATICA

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0343/13, el ciudadano Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita la cancelación del permiso que les fue concedido a los ciudadanos mexicanos Héctor Jaime Carreón Zepeda, Carlos Navarro Fernández y Carmen Cecilia Mendoza Romero, para prestar servicios al gobierno de Estados Unidos de América, anexando a tal efecto, las respectivas solicitudes de cancelación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 4 de marzo de 2013.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Comuníquese a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, como es de todos conocido, el día de mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, así es que el diputado González Morfín y su servidor nos retiramos, de tal suerte que la vicepresidenta Patricia Retamoza, la vicepresidenta Aleida y nuestras mis apreciables compañeras secretarias se queden para presidir este momento de la sesión.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día son los comentarios relativos al Día Internacional de la Mujer.

Se han registrado para referirse al tema la diputada Dora María Guadalupe Talamante, el diputado Ricardo Cantú Garza, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, la diputada Ruth Zavaleta Salgado, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, la diputada Margarita Licea González y la diputada María del Rocío García Olmedo. Tiene el uso de la voz la diputada Dora María Guadalupe Talamante, del Partido Nueva Alianza.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para pensar y reflexionar sobre lo que esta fecha representa.

Nos ubica en una realidad en que la esperanza y la exigencia se mezclan para alzar la voz por la situación en la que viven millones de mujeres en todo el mundo, pero sobre todo es un llamado a la acción efectiva para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de la mujer, eliminando todas las formas de discriminación y condenar los atropellos que se cometen en contra de las niñas, adolescentes y mujeres por cuestión de género.

La reivindicación de los derechos de la mujer no es nueva. Nuestro compromiso como legisladoras y legisladores es ratificar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, como un compromiso cotidiano que internalice en las relaciones sociales de la igualdad entre hombres y mujeres y no como un asunto de mero formalismo jurídico o político. Esto requiere de un cambio de actitud de hombres y de mujeres desde los diferentes ámbitos en que nos desempeñamos.

El 8 de marzo es y seguirá siendo un emblema de reclamo histórico de las mujeres para lograr la visibilidad que se nos ha negado por razones culturales, políticas o sociales. Pero aclaro, la fecha es solo el emblema, el compromiso es diario. Hoy no podemos entender una verdadera democracia, si no se basa en una concepción de igualdad sustantiva y con perspectiva de género.

En nuestro ordenamiento jurídico está plasmado el principio de igualdad de nuestra Constitución, igualdad jurídica que se opone a la igualdad de oportunidades, de actuar y de prosperar dentro de la sociedad políticamente organizada. Sin embargo, este precepto legal ha sido insuficiente para lograr una verdadera igualdad sustantiva, lo que implica un reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos, tanto de los hombres como de las mujeres.

Se ha avanzado en distintos ámbitos: el reconocimiento a los derechos de las mujeres en el voto, el trabajo asalariado, en vivir una vida libre violencia, a no ser discriminadas por cuestión de género. Pero la realidad es que si el Estado no asume como obligación promover cambios en las conductas, percepciones y actitudes individuales que favorezcan a la igualdad entre hombres y mujeres, esta igualdad está limitada.

¿Cómo podemos entender que de las mujeres de 15 años o más, el 47 por ciento manifestó haber sufrido algún índice de violencia de pareja, o el 43 aclaró haber recibido agresiones emocionales que afectaban su salud mental y psicológica, o el 25 por ciento aseguró recibir un tipo de agresión para controlar sus ingresos? Sin duda hemos avanzado, pero nuestro camino es largo y en sociedad tenemos que garantizar el pleno derecho para las mujeres.

Para Nueva Alianza fomentar la armonización federal y local para garantizar la participación plena y equitativa de las mujeres en la esfera política y económica es una prioridad legislativa.

Actualmente a nivel local existen divergencias en la normatividad respecto a las denominadas cuotas de género, impidiendo con esto el acceso pleno a las mujeres a los cargos de elección popular. La exclusión de las mujeres de la vida pública por razones de género desnaturaliza al propio régimen democrático y a la igualdad, que es un valor de la democracia fundamental que no se aplica en nuestro país.

La representación política de las mujeres no debe considerarse como una graciosa concesión del Estado mexicano; por lo contrario, debe ser un justo reconocimiento a la presencia y labor de las mujeres mexicanas y el rol fundamental que jugamos en esta etapa de la democracia.

En el contexto actual el avance y corporación de las mujeres a la vida económica y política obliga a la realización de modificaciones estructurales que permitan una igualdad plena y la corresponsabilidad de todas para que nuestra inclusión nos conduzca a mejores niveles de desarrollo personal y social.

Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza estamos convencidos que la educación es la base para el progreso del país y el desarrollo de las personas. Nuestra agenda incluye la promoción de educación integral que favorezca a la formación de valores y que sea un instrumento real para romper el círculo de pobreza y desigualdad.

Este compromiso nos impulsa a seguir trabajando por la educación transversal para que las políticas educativas instauren acciones afirmativas a favor de las niñas, adolescentes y jóvenes, que ofrezcan a la comunidad educativa una atmósfera propicia para el reconocimiento y respeto a todas las mujeres.

Prevenir la violencia, así como garantizar la igualdad y el respeto a los derechos humanos de las mujeres es una cuestión de Estado que nos incluye a todos los actores y sectores de la sociedad, a los tres órdenes de gobierno y a los Poderes de la Unión, desde nuestras respectivas funciones.

No claudiquemos en esta lucha a la que nos debemos hoy muchas de nosotras que estamos aquí y podemos seguir conquistando la aplicación y resguardo de todos los derechos de las niñas y mujeres que viven en desventaja; mujeres trabajadoras, amas de casa, migrantes, indígenas y todas aquellas cuya vida no refleja de manera plena y efectiva los cambios jurídicos que aquí hemos aprobado.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza resulta de vital importancia seguir construyendo acuerdos y reformas, seguir luchando por la justicia y la inclusión de hombres y mujeres, y seguir vigilando que se cumplan plenamente los derechos humanos que garanticen la igualdad y dignidad para todas las mujeres de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En el uso de la voz, hasta por 10 minutos, el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, compañera presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo fraternalmente y de manera solidaria se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo nos sumaremos al júbilo de millones de mujeres en el mundo. Asimismo nos solidarizamos a sus justas demandas por el mejoramiento del género femenino en los órdenes personal, educativo, económico, social y cultural.

De ninguna manera podríamos entender el mundo en que vivimos sin la activa participación de las mujeres. Ellas son la célula central de la familia. A la mujer se le tiene que reconocer en un acto de estricta justicia el aporte que da a la sociedad; ellas como madres, esposas o hermanas son —sin lugar a dudas— promotoras directas del cambio en sus familias, países y en el mundo; ellas son parte de lo que da sentido a la propia naturaleza humana, a la vida también de los varones.

Desde luego, no podemos soslayar el hecho de que más allá de celebraciones, como la que hoy realizamos, las mujeres afrontan serias dificultades en muchos órdenes. Resulta evidente que en el ámbito laboral los ingresos que las mujeres perciben son inferiores a los que percibe el hombre por igualdad de trabajo. Inclusive esta latente desigualdad es mayor en el medio rural; un porcentaje considerable de mujeres no recibe ningún tipo de ingreso y las que lo reciben ganan menos de dos salarios mínimos.

En muchos casos, la capacidad intelectual y productiva de las mujeres es superior, pero a ellas les resulta difícil ascender bajo el peregrino argumento de que, como tienen hijos y una casa que atender, no pueden comprometerse a tener mayores responsabilidades de índole laboral.

Según datos del Censo General de Población de Vivienda del año 2010, la población de mujeres en México es superior a la de los hombres. Este aspecto se ve reflejado también en el número de electores que existen en México. Datos del Instituto Federal Electoral en la lista nominal señalan un 51.77 por ciento de mujeres y un 48.23 de hombres.

Indudablemente las mujeres han contribuido con su sensibilidad y pasión al fortalecimiento de las organizaciones gubernamentales del país. La Cámara de Diputados es ejemplo del esfuerzo que realizan día a día nuestras compañeras diputadas para crear un nuevo marco jurídico que rompa con las desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres.

También es importante la contribución de las mujeres en la administración pública federal, en la de los estados, los ayuntamientos y los Congresos locales, en el Poder Judicial de la federación y de los estados. Por eso resulta imprescindible una mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional.

Por desgracia, en muchos casos las mujeres son víctimas de discriminación; primero, por el simple hecho de ser mujeres; segundo, porque no tienen acceso a la educación y al trabajo formal, y tercero, porque se vuelven dependientes económicos de quienes sufragan sus gastos.

Esta discriminación se traduce también en violencia intrafamiliar o en violencia de género. A todos nos preocupa el problema de violencia de género, que lejos de solucionarse se incrementa, a tal grado que se ha creado el término feminicidio para describir la violencia física hacia las mujeres, que lamentablemente termina, en muchos casos, en el asesinato. Pero en miles de hogares mexicanos las mujeres son víctimas de un tipo de violencia que no por anónima es menos importante: los golpes y el abuso sexual constituyen una forma de agresión de violencia de género que no ha logrado ser erradicada.

El Estado mexicano ha adoptado instrumentos legales de carácter internacional, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, de Belém do Pará, de 1994, y que de conformidad con el artículo 133 constitucional es fuente de derecho interno en el país.

Asimismo el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la reforma del 31 de diciembre de 1974, establece la igualdad jurídica del hombre y la mujer al establecer: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Desgraciadamente esta igualdad formal —que se prescribe en nuestra Norma Suprema— en muchos casos se traduce en desigualdad material.

Es importante destacar que el artículo 1o. de nuestra Constitución, en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, establece en su tercer párrafo: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Está claro que las intenciones de la ley son eso, solo intenciones. Porque para romper con la inercia de la desigualdad de género, de oportunidades laborales y de acceso a la educación y a la cultura en general tenemos que crear instituciones que se encaminen a ese propósito. Estas instituciones tienen que nacer en la base misma de la generación de la riqueza material para que la mujer reciba un ingreso que la haga autónoma e independiente y la sitúe en condiciones de igualdad con el varón.

La subordinación de la mujer hacia el hombre nace en el corazón mismo del sistema económico, al excluirla en muchas ocasiones de percibir ingresos por su desempeño laboral; esta subordinación que se reproduce en el plano de la cultura familiar y social al asignar a las mujeres tareas vinculadas con el trabajo del hogar, que no les reditúa ningún beneficio económico.

Por esta razón, las mujeres del Partido del Trabajo y sus compañeros estamos impulsando iniciativas y acciones articuladas, que progresivamente vayan rompiendo con la cultura de la subordinación, en la que se intenta mantener a millones de mujeres en el mundo.

En este contexto, la mejor manera de honrar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es continuar la tarea de generar condiciones que nos lleven a un mundo en que las mujeres vivan en condiciones de igualdad y de oportunidades.

De igual manera, es imprescindible que todos los países del mundo continúen en el impulso de los acuerdos de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing, China, en 1995.

En México y en el mundo hay enfermedades como el cáncer cérvico-uterino o el cáncer de mama, que ha crecido exponencialmente, sin que las instituciones de salud pública tengan la capacidad para atender estos casos, con lo que las mujeres que lo padecen están prácticamente condenadas a la muerte.

Compañeras y compañeros legisladores, el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados extiende una cordial y fraterna felicitación a las mujeres del mundo, con el deseo ferviente de que las compañeras mujeres sigan incrementando su participación en todas las actividades del quehacer humano por el bien de ellas, de los hombres y del mundo en general. Muchas gracias. Es cuanto, compañera presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias y felicidades, diputado, por ser el único diputado varón anotado para hablar de este tema tan importante, como es el tema de las mujeres y la problemática que a ellas aquejan.

En el uso de la voz la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señora presidenta. Quisiera antes de participar a nombre de Movimiento Ciudadano, pedirle a usted, presidenta, pudiera poner orden en este recinto. No es posible que cuando se trate del tema de mujeres no pongamos atención, cuando somos la mayor parte, en número, en este país. Ojalá, compañeros diputados, que pudieran regalarnos unos minutos de atención.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Con mucho gusto, diputada. Hacemos un llamado al pleno, para que haya atención a la oradora.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Muchas gracias, presidenta. En México, el 43 por ciento de las mujeres de 14 años y más, forman parte de la población económicamente activa, de las cuales el 91.9 por ciento conmina sus actividades extra domésticas, trabajo y estudio, con quehaceres del hogar. Contrasta con el tema de los varones, de los cuales el 54.5 por ciento cumple con esta condición de combinar ambas actividades.

El Inegi refirió que los datos censales de 2010 indican que en el país residen 112.3 millones de personas, de las cuales el 57.4 millones son mujeres; 54.9 millones son hombres. Con esta cifra, si hacemos una comparación, por cada 105 mujeres hay 100 hombres en la República Mexicana, y hay dos entidades federativas con un mayor número de mujeres.

Aún en México persiste la discriminación hacia la mujer indígena en pleno siglo XXI, pues este sector de la población, que son cerca de 6 millones del total de féminas que hay en el país, padece rezagos severos en la desnutrición, mortalidad, analfabetismo, discriminación, desigualdad y violencia de género, así como menores oportunidades para acceder a la salud.

Datos de la Universidad Autónoma Chapingo revelan que las mujeres indígenas representan el 10.4 por ciento de los 57 millones de féminas que hay en el país, y las hablantes de lengua indígena —que son poco más de 3 millones— representan el 6 por ciento de la población femenina nacional.

Esto, y a 102 años del reconocimiento del Día Internacional de la Mujer, y a tan solo 38 de haberse formalizado por parte de la Organización de las Naciones Unidas su celebración, podemos hablar de la importancia que la participación de ésta ha tenido en el ámbito educativo, cultural, social y político de nuestro país, pese a las vicisitudes a las que se enfrenta, teniendo como únicas armas el carácter y el temple que nos distingue.

Es precisamente sobre éstas grandes virtudes donde hoy debemos seguir descansando nuestra ideología, nuestro trabajo y nuestro liderazgo; ideología, para crear y generar un pensamiento libre y equitativo; trabajo, para poder llevar a la ejecución nuestro pensamiento; liderazgo, para saber conducirnos congruentemente. Que sean estos tres elementos los que nos lleven al éxito constante.

Que este día instituido para rendir tributo al ser humano mujer sirva, no solo para recordar a las mujeres que han entregado su lucha a la concientización de que el hombre y la mujer tienen la misma capacidad intelectual, sino también para recordarnos, a quienes figuramos en un espacio público, que aún existen mujeres que necesitan que sus derechos fundamentales sean reconocidos.

No basta felicitarlas desde la comodidad de esta alta tribuna, hace falta pensar, sentir y vivir como ellas, para entonces saber si realmente vale la pena festejar un Día Internacional de la Mujer.

Si bien es cierto que las estadísticas que nos presentan diversos organismos nacionales e internacionales muestran una disminución en la brecha de desigualdad de género, no menos cierto es que tal avance no puede presumirse suficiente, puesto que tal efecto positivo no deriva únicamente de la implementación de políticas de gobierno, sino de la voluntad, tenacidad e iniciativa que las propias mujeres hemos tenido al enfrentar prácticas discriminatorias.

No hay que olvidar que para que una mujer pueda incorporarse a la esfera del desarrollo humano debe asumir el doble de responsabilidades y consecuencias en comparación de un varón.

Tan solo, por citar un ejemplo, les comento que en la actualidad la reducción de la fecundidad se convirtió en un factor de oportunidad para el avance económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, beneficios para la economía familiar, mejoras en la educación, en la salud sexual y reproductiva y en la ampliación de oportunidades de empleo.

Es decir, que para que en el mundo se advierta la participación de la mujer, ésta necesariamente tuvo que sacrificar aspectos de su vida personal; sin embargo, en lo particular, lo asumo con orgullo.

Compañeras legisladoras, es en torno a ese sacrificio y esfuerzo de muchas, que nosotros debemos actuar en consecuencia, ejerciendo desde este recinto un pensamiento libre, encaminado a objetivos comunes. Alejémonos de la falsa creencia de que al representar el 38 por ciento en esta Legislatura debemos forzosamente depender de acuerdos de partido o de grupo.

Mujeres, votemos siempre con visión de género y no con consigna de partido, porque inclinarse por lo primero es digno de reconocimiento, pero doblarse por lo segundo es doblegar el sufragio de miles de mujeres que nos dieron su confianza y mostraron su solidaridad en las urnas con nosotras.

Las invito para que en la casa, en la escuela, en la calle, en el trabajo y en este recinto nos creamos lo que somos: somos mujeres pensantes con criterio propio. Vayamos siempre con la firme convicción de que nuestra presencia, cada vez más visible en la vida política, económica y social del país debe ir acompañada de la sensibilidad que nos caracteriza, puesto que antes de ser políticas somos mujeres y en el mejor de los casos somos madres, privilegio que nos permite distinguirnos del sexo masculino y que por naturaleza nos mueve con mayor pasión y compromiso hacia la protección de los sectores más desvalidos.

Compañeras, hagamos conciencia de que aquí, en donde se toman las decisiones para que este país vaya caminando al progreso, tengamos que votar siempre pensando en los que menos tienen.

Saludos desde aquí a todas las mujeres de todos los sectores, principalmente a las mujeres rurales de este país, a las hermanas indígenas de los estados de este país. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la tribuna la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeras diputadas y compañeros diputados, no les vengo a pedir nada, vengo a exigirles que pongan atención en este tema, y no porque sea el tema más importante del país, sino porque es un tema importante, como todos los que tienen agendados en el orden del día.

Se los digo, porque los hombres y las mujeres no son lo que sus discursos, son lo que sus acciones, y aquí, en esta Cámara de Diputados, aunque cada año nos festejan y nos conmemoran el Día de la Mujer, no se preocupan por darnos el lugar que tenemos en esta sociedad.

Les voy a decir por qué; por varias razones, la primera razón es que si ustedes se dan cuenta desde el mes de diciembre aparece en el orden del día los puntos agendados de la Comisión de Género, que son nueve puntos. En cada sesión los han pospuesto, porque hay otros temas más importantes que los de género para poderse discutir en esta Cámara de Diputados.

Segundo. La semana pasada tuvimos una reunión con nuestro compañero presidente de la Comisión de Gobernación. En esos puntos que se agendaron —que eran seis— había uno muy particular, que era aprobar que de una vez por todas se integrara la modificación en la Constitución, para que se hiciera un cambio en el Cofipe respecto al artículo 219, y se exigiera el 40 por ciento, tal y como lo determinó el Tribunal de Justicia Electoral, el 40 por ciento en las dos vías de representación.

¿Y qué creen que pasó? ¿Alguien me puede decir qué paso, los que estaban ahí? Lo bajaron por propuesta de un diputado —del PRD, por cierto— que bajó el punto y ya no se pudo votar.

No es posible que cada año nos aplaudan y nos digan que merecemos lo mejor las mujeres y en cosas concretas nos estén recriminando. El compañero al que estoy aludiendo debe saber quién fue, no lo voy a mencionar para no provocarlo.

La norma, compañeros, la norma...

Se lo digo al compañero, porque me pareció desafortunado que fuera él, siendo una persona que representa la izquierda, quien posicionara en contra de que se votara ese punto en ese momento, cuando es una demanda de nosotras, las mujeres, desde hace muchísimos años. El compañero que estoy aludiendo debe saberlo.

Aquí, compañeros, quiero además hacer énfasis... Ya no voy a caer en la provocación como la semana pasada, me arrepiento de la sesión pasada, me arrepentí.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A ver, por favor, diputadas y diputados, voy a pedir respeto a la oradora y por favor que le permitan dar su posicionamiento.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, presidenta. La norma, compañeros, es la base de la transformación de una sociedad, porque es el reconocimiento de la obligación de actuar bajo ciertos esquemas en determinados temas, como éste.

Quiero hacer un repaso de lo que sucede, no solamente en esta Cámara de Diputados, sino en lo que sucede en cada Congreso local de los estados de la República.

¿Qué es lo que pasa con la armonización de la norma? Vamos a ver, en términos de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; se votó en esta Cámara de Diputados en el 2007, ¿saben que todavía hay dos estados que aún no han votado la Ley de Igualdad entre las Mujeres y los Hombres? Dos la semana pasada lo aprobaron, y los demás estados se han tardado seis años. Solamente el Distrito Federal, a un año de haberse aprobado aquí, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó esa ley. Esa es la armonización entre la igualdad de mujeres y hombres.

Veamos el tema que nos preocupa que siga creciendo y que no estamos tomando las medidas necesarias; un tema fundamental, que no solamente está pasando aquí en nuestro país, y es el tema del odio asesino contra las mujeres, que se determina hoy como feminicidios.

No solamente en México y en algunos estados de la República —como los puntos que están agendados— dicen que se ha incrementado este asesinato contra las mujeres por odiarlas, se ha incrementado en toda la región de América Latina y el Caribe.

Pero, ¿qué pasa cuando revisamos las normas que deben de estar fundamentando nuestra defensa para que esto no suceda? Que solamente 14 estados de la República tienen establecidos en sus códigos penales la tipificación del feminicidio.

¿Qué es lo que tenemos que hacer desde este Congreso de la Unión? Conminar a nuestros compañeros y compañeras locales para que las cosas cambien; por eso, compañeros y compañeras, es tan importante la constitución de la mayoría de las mujeres en los Congresos locales y el Congreso federal; por eso es fundamental que los compañeros de la Comisión de Gobernación entiendan que se tiene que cambiar la norma para que se exija que haya un 40 por ciento de mujeres en las representaciones, no solo federales, sino también de los estados de la República.

Cuando las mujeres gobiernan, las cosas cambian; cuando las mujeres legislan, los temas de las mujeres se tocan. Vean ustedes Yucatán y Zacatecas. Cuando nuestras compañeras, gobernadoras mujeres, estuvieron al frente de los gobiernos no había casi feminicidios.

Vean, revisen las estadísticas. En Yucatán, cuando estuvo la compañera Ivonne Ortega, no hubo ni un solo feminicidio. Pero también cuando estuvo la compañera Amalia García, solamente hubo cinco casos de feminicidios, comparados con los que se venían dando en ese estado. Muchas gracias a que esas compañeras hayan estado poniendo la atención en los temas que tienen que ver de la no violencia, de esta pesadilla que tenemos que acabar nosotros.

¿Por qué nosotros? Porque si no legislamos, porque si no pensamos en que la norma es la base para cambiar las circunstancias de nuestra vida, no vamos a lograrlo, compañeros.

Por eso es tan importante nuestro trabajo; por eso la compañera que me antecedió les pedía que se pusieran la camiseta, que se pusieran en el lugar que están los legisladores, porque nuestro trabajo es el que transforma la sociedad, es el que le da la base para que todo se cambie en los estados de la República.

No es lo mismo ver, cuando discutíamos lo del fuero, cuál era la mayor preocupación de muchos legisladores federales. No decían que el problema fuera federal, se preocuparon por sus estados de la República. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que aquí en el nivel federal la democracia ha cambiado nuestra relación del Legislativo con el Ejecutivo, no es lo mismo en los estados de la República, pero no es lo mismo en toda la parte que genera cultura democrática y en toda la parte que tiene que ser de tolerancia y de creación de nuevas formas de trato entre hombres y mujeres. Ésa es la diferencia.

Por eso queremos que haya más mujeres en los Congresos locales, no para que se aburran con los temas de género, sino para que piensen que si hay más mujeres, los temas que tienen que ver con la igualdad de derechos humanos, de derechos sociales y de derechos políticos de nosotras las mujeres, van a ser temas que se van a poner en la mesa y se van a discutir de verdad; van a ser temas que van a lograr tener una sociedad más igualitaria, una sociedad en donde muchos de ustedes tienen a sus hijas pensando qué va a ser de su futuro; una sociedad en donde van a respetar a sus hijas, a nuestras hijas; van a respetar a nuestras nietas. Van a tener la misma circunstancia de igualdad para poder seguir desarrollándose en este país y hacer de todo el país un país mucho mejor.

Por eso, compañeros, vengo a llamar la atención, no de otros temas que corresponden a la política pública del gobierno, sino vengo a llamar la atención del trabajo que nos-otros debemos desempeñar y lo que nosotros debemos de hacer en el ámbito local desde aquí, desde el Congreso de la Unión. Muchas gracias a todos.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene el turno la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Saludo con respeto a todos mis compañeros y compañeras. Solamente quiero decir que es mi Grupo Parlamentario, el PRD, en donde existe paridad; donde se pide que seamos el mismo número de candidatas como de candidatos.

Con su permiso, señora presidenta. En el marco del Día Internacional de la Mujer quiero hacer un tributo a todas las mujeres que han asumido grandes riesgos al ponerse en pie y luchar por la dignidad, la justicia y los derechos humanos; mujeres de todos los ámbitos, que marchan a la par con los hombres, abriendo paso y echando abajo los estereotipos tradicionales de género, con las mismas ansias de cambio por los derechos humanos y por la democracia.

Hoy en día es insostenible y vergonzoso que en un país que se dice democrático las cifras de violencia alcancen índices alarmantes, donde según la Indire, el 56.9 por ciento de las mujeres reconocen haber vivido violencia, una realidad que lamentablemente no es exclusiva de México. Los datos sobre violencia y discriminación en contra de las mujeres no son alentadores, pero sí ilustrativos del desafío que nos toca enfrentar.

Estas cifras son focos de emergencia, gritos de auxilio, y todos, hombres y mujeres de izquierda, de derecha, de centro, feministas o no, debemos escucharlos y asumir aquí, en este pleno, la parte de responsabilidad que nos corresponde para revertir esa brecha de desigualdad y discriminación, que tanto nos agravia e indigna.

Sirva de motivación también el saber que en las últimas décadas las mujeres hemos conseguido tres cosas fundamentales: el reconocimiento de nuestros derechos políticos, con el voto universal a las mujeres, en 1953; el reconocimiento mundial de nuestros derechos humanos, primordialmente el del derecho a una vida libre de violencia y la visibilización de que la violencia contra las mujeres no es normal, ocurre tanto en los ámbitos privado y público de nuestras vidas, lo que ha dado lugar a leyes, programas y políticas públicas para erradicarla, y finalmente, el empoderamiento respecto de los derechos sexuales y reproductivos, o sea, la libertad para decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. Este reconocimiento fue ratificado por 184 gobiernos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas durante la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, en El Cairo, Egipto, en 1994. En este caso solo el Distrito Federal garantiza el ejercicio de este derecho.

Sin embargo, aún tenemos asuntos pendientes. No podemos obviar que la mayoría de las mujeres en México, a pesar de contar con un marco jurídico específico, seguimos siendo excluidas y discriminadas.

Las cifras lo demuestran. De los 57 millones de mujeres en este país, el 70 por ciento viven en la pobreza; el 87 por ciento de las familias monoparentales son sostenidas por ellas, y las brechas de desigualdad en relación con los hombres se incrementan. En promedio ganamos entre 13 y 23 por ciento menos salario que un hombre, realizando la misma labor y estando —en muchos de los casos— más capacitadas.

Por ello aquí, en este pleno, debemos de reiterar el compromiso de expandir las voces de liderazgo y la participación de las mujeres, eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, fortalecer la plena participación de las mujeres en la resolución de conflictos y en los procesos de paz, aumentar el empoderamiento económico de las mujeres y hacer que las prioridades en materia de género estén reflejadas en los planes y presupuestos nacionales.

Pongámonos de pie en solidaridad con las mujeres de todos los rincones del mundo, especialmente de nuestro México, quienes trabajan por un cambio positivo en sus familias, sus comunidades y sus países.

El Grupo Parlamentario del PRD exhorta a todas y todos, compañeras y compañeros, sin importar el género y la comisión en la que participen, a movilizar, a coordinar y racionalizar los esfuerzos de nuestra labor legislativa y en las tareas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres y desterrar su impunidad.

Queda aún mucho por hacer en la tarea que nos ocupa. Es importante asegurarnos que los derechos de la mujer no se dejen de lado. La mujer tiene solo un camino: ser cada día más mujer y seguir en la lucha por la equidad y por la igualdad.

Termino mencionando el tema que para esta conmemoración tienen las Naciones Unidas: una promesa es una promesa; es momento de pasar a la acción para acabar con la violencia contra las mujeres. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. A continuación la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Margarita Licea González: Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señora presidenta. A nombre del Grupo Parlamentario de mi partido, Acción Nacional, y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, quiero manifestar que mucho se ha dicho de las mujeres a lo largo de nuestra historia: que somos el sexo débil, que somos más del 50 por ciento de los habitantes de este país y del mundo y madres del otro 50 por ciento.

Pero este día, más que recordar todo lo que siempre hemos sabido de las mujeres, quisiera hacer una reflexión de lo que, desde mi punto de vista, está sucediendo. Hemos visto que los avances por parte del Estado hacia implementar políticas públicas con perspectiva de género han sido numerosos. El esfuerzo y el camino recorrido son de constante trabajo y dedicación por parte de todas las organizaciones sociales en pro del empoderamiento de la mujer, apoyado por instituciones de gobierno.

Sin embargo, veo con tristeza que existe mucha simulación también, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente la idea de equidad de género y el empoderamiento de todas las mujeres no termina por convencer a los grandes grupos de control político y económico de nuestra sociedad. Esto incluye a empresarios, a gobierno, a prensa, a políticos, entre otros, pues mientras en las cúpulas del poder —que son quienes toman las decisiones— no estén conformadas también por mujeres decidiendo el destino y rumbo de nuestro país, esas brechas de desigualdad no disminuirán con la rapidez que se requiere.

Es lamentable que en el discurso siempre esté presente la preocupación hacia la mujer, y no se diga en campañas políticas. Pareciera que todos los contendientes quisieran apoyar y aplauden el trabajo y esfuerzo de las mujeres, que es importante decirlo, que la mayor parte del apoyo en las campañas se recibe de las mujeres, pero en la práctica sigue habiendo discriminación en casi todos los aspectos.

Incluso, es muy común escuchar en las campañas donde las propuestas para los gabinetes futuros, si llegan a quedar electos esos gobernantes, aseguran que habrá postulaciones para la mayoría de las mujeres, y en la práctica eso no sucede.

Sé que ese cambio de paradigmas de perspectiva y de pensamiento es generacional y debe incluirse desde casa, desde cómo educamos a nuestros hijos con esa nueva cultura de respeto hacia la mujer, sobre todo de igualdad de género.

Aunque aún no se busca que la educación que imparte el Estado se preocupe por incidir en que una de las cátedras sea de cambiar el chip de todos los niños y niñas para que crezcan con una nueva perspectiva de género, lo cual se traduzca en desarrollar espacios equitativos para mujeres y hombres, oportunidades para mujeres y hombres, que estos espacios se vayan reconociendo de manera natural, no forzados.

Este es el gran reto: trabajar juntos, mujeres y hombres; respetarnos mutuamente por las diferencias de sexo, pues por estas benditas diferencias va implícito el hecho de que somos complemento el hombre y la mujer.

Es por esto que en este día quiero hacer hincapié en que hemos logrado ganar muchas batallas, pero seguiremos luchando. Hasta hoy, hay pocas mujeres líderes políticas en la historia de nuestro país, y éstas han abierto la brecha para que en los sectores de nuestra sociedad nos demos cuenta de que las mujeres sabemos gobernar y lo hacemos bien, y que los espacios que hasta hoy se nos han abierto son pocos.

Sin embargo, existen muchas mujeres que ejercen otro tipo de liderazgo en el día a día, que duermen muy pocas horas, que se levantan muy temprano, administran un hogar, hacen rendir el gasto, se preocupan por la educación de los hijos, realizan un esfuerzo fundamental para generar condiciones para que su familia se mantenga a flote, y este trabajo no es reconocido. Son líderes invisibles, pero su esfuerzo es el más importante para que la sociedad camine, y por estas razones es que debemos luchar por conseguir mayores oportunidades para cada una de ellas.

Quiero manifestar que me siento muy orgullosa de mi género y de ver que todas las mujeres, ya sea que vivan en el campo, en la ciudad, sean maestras, doctoras, abogadas, obreras, amas de casa, políticas, estudiantes, cada una desde su trinchera trabaja y lucha por lo que amamos, como es nuestro país, para formar valores, para enseñar con el ejemplo y a su vez exigir oportunidades, exigir un trato digno, trato igualitario ante la ley, siempre luchadoras, siempre trabajando con miles de proyectos por delante.

El 8 de marzo de 1910 fue propuesto el Día Internacional de la Mujer para honrar la memoria y el testimonio de muchas mujeres que pugnaban por mejores condiciones de trabajo y de vida.

Que este día abra paso a concientizarnos de que si la mujer no participa activamente en la vida nacional no hay democracia real ni crecimiento económico sostenible, pues aquellas sociedades en las cuales se excluye a la mujer de manera formal o informal de la vida pública, no pueden considerarse verdaderamente demócratas, porque la participación plena de las mujeres no solo es esencial para su autonomía, sino también para el progreso integral de la sociedad.

Reconozcamos por fin que la realización personal de la mujer desarrollada en una sociedad consiste en la conservación y en el incremento de su dignidad, las mujeres no buscamos dádivas o que se nos regale algo. Nosotros hablamos del ejercicio y el auto reconocimiento de nuestra dignidad como personas humanas; no buscamos la alternancia de roles, sino compartir las tareas y responsabilidades.

Es por ello que hasta que hombres y mujeres se unan a la lucha para garantizar los derechos y la plena capacidad de la mujer, seguramente encontraremos soluciones duraderas a los problemas sociales, económicos y políticos más graves del mundo.

Señoras y señores, el mejor festejo que podemos recibir las mujeres en el Día Internacional de la Mujer es un gran acuerdo, donde se ratifique nuestro compromiso con los derechos de las mujeres, la dignidad y el valor de todas las personas, avanzando con valor y determinación en la defensa de los derechos humanos, así como los mismos derechos para mujeres y hombres, sin simulaciones. No más simulaciones.

Amigas diputadas y amigos diputados, avalemos este gran pacto para mover a México a favor de una cultura de igualdad de trato y oportunidades para mujeres y hombres en nuestro país y en el mundo entero. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Quiero saludar la presencia del Instituto Comercial Royal, de la Ciudad de Tehuacán, Puebla, invitados por la diputada María del Carmen García de la Cadena.

También la presencia de alumnos de la Universidad de la República Mexicana, invitados por el diputado Roberto López Suárez, y a alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el diputado Ricardo Astudillo Suárez. Bienvenidos.

A continuación tiene el uso de la palabra la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María del Rocío García Olmedo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha que reviste fundamental importancia en todo el mundo.

Este día conmemorado también en las Naciones Unidas y en la mayoría de las naciones, visibiliza a más del 50 por ciento de los seres humanos de la orbe, junto con toda nuestra problemática, nuestras demandas, nuestras necesidades, nuestras aspiraciones y nuestros derechos.

Más allá de las fronteras, más allá de las diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, las mujeres nos unimos en una sola voz para conmemorarlo; el Día Internacional de la Mujer incluye a todas las mujeres, a ustedes, a mí, a las obreras y a las campesinas, a las empresarias y a las víctimas de delitos, a las maestras y a las abuelas, a las comerciantes, a las madres de familia y a las jefas de familia, las hijas, las profesionistas, las indígenas y las científicas.

El 8 de marzo incide en el hecho mismo de ser mujeres, de reconocernos como tales y de ser artífices de la historia, participando en la sociedad, en pie de igualdad con los hombres.

Muchas luchas enmarcaron esta fecha. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.

Hoy, cada mujer, en todos los rincones del mundo y de México, libra su propia revolución interna, organiza su propia marcha cotidiana a favor de sus derechos, trabaja y lucha por alcanzar mejores niveles de desarrollo.

Por ello, desde la década de los setenta conmemoramos esta fecha. Lamentablemente en la segunda mitad del siglo XXI, una buena parte de nuestro discurso sigue siendo la denuncia, la demanda por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, ya que la violencia, la exclusión, la discriminación es aún constante, un problema social y también es una asignatura pendiente.

Golpes, gritos, muertes, maltrato, abuso, falta de oportunidades, burlas e invisibilidad, forman parte de nuestra realidad cotidiana. Los medios de comunicación, las organizaciones civiles, los organismos internacionales y las instituciones públicas dan cuenta de ello.

Las cifras que se presentan año con año a nivel nacional y mundial son alarmantes, lastiman a la sociedad en su conjunto y nos revelan de manera clara la problemática de las mujeres.

De ahí el tema de análisis que señala la ONU para esta fecha: Una promesa es una promesa: momento de pasar a la acción para acabar con la violencia en contra de las mujeres.

Ante esta realidad sabemos más o menos cuáles son las acciones conducentes. Mayores presupuestos a programas, mejores leyes, procuración de una justicia ágil y eficiente, combate a la impunidad, guarderías, sensibilización de funcionarios públicos, estímulos a las empresas que beneficien a las mujeres, tipificación de delitos, impulso a una cultura más democrática. Y todavía muchos etcéteras.

Acciones, en su conjunto, que sin duda han permitido tener algunos avances. Sin embargo, independientemente de estas acciones es necesario ir un paso más allá. Hoy no queda duda de nuestros derechos, incluso parecería ser un tema agotado, en tanto que no es motivo de discusión o de disenso. ¿Quién podría negar hoy que las mujeres tenemos derechos? ¿Quién podría públicamente sostener que las mujeres no tenemos potencialidades? ¿Quién podría válidamente argumentar en contra de la igualdad entre los géneros?

A nivel de derechos, de normas, de teoría y de discurso parece que la batalla está ganada, más no en los hechos.

Requerimos, necesariamente, construir un nuevo modelo de sociedad, una sociedad amable y receptiva a los plantea-mientos de las mujeres y de los hombres. Para ello, ¿hacia dónde necesitamos ir? ¿Qué acciones tenemos que emprender? Autoestima, identidad, empoderamiento, la aspiración de llegar a la igualdad sustantiva no son solo nociones teóricas, son necesidades y realidades que debemos atender y posibilitar con acciones firmes y decididas. De ahí la necesidad de que hoy de frente a la sociedad todas las fuerzas políticas asumamos el compromiso de impulsar acciones afirmativas y de política pública que sean necesarias, y con ello contribuir al avance democrático de las mujeres.

No es con retórica como se alcanza la igualdad, sino con acciones compensatorias que permitan su establecimiento. Reconocer y visibilizar los derechos, las capacidades, las potencialidades y las necesidades de las mujeres no implican una guerra entre sexos; por el contrario, conlleva a un acuerdo entre ambos, a favor de la justicia y a favor de la democracia.

Solo en la medida en que disminuyan hasta desaparecer las discriminaciones de género, habrá un verdadero y total reconocimiento a la dignidad humana.

Reiteradamente hemos señalado que la igualdad no es solo un concepto a aplicar, sino una noción que necesita aprendizaje y práctica.

Compañeras y compañeros legisladores y legisladoras, si la autonomía es la clave, tenemos la obligación de derrumbar ese imaginario social de lo que debe ser la mujer; tenemos obligación —de una vez por todas— de romper ese añejo techo de cristal, que solo frena el desarrollo; tenemos obligación de desechar ese rancio y viejo discurso, que solo contribuye a escamotear los derechos de las mujeres.

En esta Legislatura asumamos el reto de posibilitarle en los hechos a cada mujer mexicana el acceso a nuevas y mejores oportunidades. Por ello el Grupo Parlamentario del PRI, por mi conducto, en ésta, la más alta tribuna del país, expresa su reconocimiento a las luchas de las mujeres del país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputada Verónica Juárez?

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidenta. Para sumarme a todas las expresiones que han hecho las diputadas y el diputado, quienes han hecho uso de la tribuna en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Sirva este espacio para alzar la voz por quienes tienen menor posibilidad de reivindicar sus derechos y exigirlos, como son las niñas que son víctimas de violencia, como violencia sexual, de trata, de tráfico, de prostitución infantil, de trabajos forzosos.

Y que sirva también para que las diputadas y los diputados reflexionemos de la labor y la responsabilidad que tenemos que hacer para garantizar los derechos de las niñas y de los niños, pero hoy reivindicar particularmente los derechos de todas las niñas de México. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Esta Presidencia también se pronuncia porque no solo hoy sea un día en el que reflexionemos sobre este tema; creo es menester que sea cotidiano, en una relación de igualdad en esta Cámara de Diputados, y además de retomar cada uno de lo aquí manifestado por los grupos parlamentarios en esta agenda, que sea de puntual atención y urgente también a lo que acaba de mencionar la diputada Verónica Juárez; es menester la igualdad, pero también —y sobre todo— nuestras niñas en este país.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

RENDICION DE PROTESTA DE DIPUTADO

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Ricardo Medina Fierro, diputado federal electo en el tercer distrito electoral del estado de Baja California.

Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a las siguientes diputadas y diputados: por la fracción parlamentaria del PRI, la diputada Martha Gutiérrez Manrique; por la fracción parlamentaria del PRD, el diputado Pedro Porras Pérez; por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Laura Ximena Martel Cantú; por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el diputado José Antonio Hurtado Gallegos; por la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su encargo)

Se invita a los presentes ponerse de pie.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Ciudadano Ricardo Medina Fierro, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Ricardo Medina Fierro: Sí, protesto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sí así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Felicidades.

MANIFIESTO POR LA GARANTIA DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE MEXICO

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Esta Presidencia recibió de la Comisión de Derechos de la Niñez el Manifiesto por la Garantía de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de México. Proceda la Secretaría a dar lectura a las acciones que promovería la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Comisión de los Derechos de la Niñez.

Manifiesto por la Garantía de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de México

Las y los legisladores integrantes del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, organismos internacionales, empresarios, instituciones públicas y privadas, académicas y académicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas y ciudadanos en general, nos manifestamos con el propósito de promover las garantías de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Las condiciones de desventaja y vulnerabilidad en que viven amplios segmentos de la población infantil y adolescente en nuestro país, nos convoca a hacer una reflexión sobre los avances y desafíos para su protección y desarrollo.

Considerando que:

1. El momento histórico que vivimos impone reafirmar nuestro compromiso con el pleno cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, para lograr su crecimiento y bienestar, así como para garantizar el ejercicio pleno del principio del Interés Superior de la Niñez previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convención sobre los Derechos del Niño y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2. Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, que como tales tienen: derecho a la educación, a la salud, a vivir una vida libre de violencia, a la no discriminación, equidad e igualdad, a la supervivencia y desarrollo, al respeto de sus puntos de vista, a vivir en familia, a la identidad y cuidados parentales, a la información, el acceso a la justicia, a la participación democrática en diversas actividades, a la alimentación, al descanso, al esparcimiento y al juego.

3. En nuestro país se ha logrado importantes avances en materia de respeto y cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, como los son la reducción en los índices de mortalidad infantil, la cobertura casi universal en educación primaria y las reformas legislativas que elevan el interés superior del niño a rango constitucional, entre otras; pero ello aún es insuficiente dadas las condiciones de profunda desigualdad social que vivimos.

4. En México viven 41 y medio millones de niños, niñas y adolescentes, lo que significa que el 37% de la población del país con menos de 18 años, enfrenta, entre muchas, las siguientes situaciones:

• Más de tres millones de niños entre 5 y 17 años no asisten a la escuela;

• Cerca de tres millones de niños, niñas y adolescentes trabajan;

• 36 por ciento de los niños indígenas entre 6 y 14 años de edad trabajan el doble que el promedio nacional calculado en 15.7%, según estudio del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática sobre el trabajo infantil;

• El 12.7 por ciento corresponde a la prevalencia de desnutrición crónica en el país, lo que equivale a 1,200,000 niñas y niños menores de cinco años en esta condición;

• Del total de niños y niñas que viven en zonas rurales, casi el 27 por ciento padece pobreza extrema. La tasa de mortalidad infantil en éste grupo es de 70 por ciento;

• La tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas se estima que es del 26 por ciento en la población entre 15 años y más, lo que significa que es cuatro veces más alta que la del promedio nacional (7.4 por ciento);

• Seis de cada 10 niñas, niños y adolescentes han vivido directamente alguna forma de violencia en su casa o en la escuela;

• En el año 2010, 520 mil niños, es decir 1.6 por ciento de la población infantil del país reportó tener alguna discapacidad;

• Miles de niños, niñas y adolescentes dejan su hogar cada año para intentar llegar a los Estados Unidos y reencontrarse con sus padres, estudiar y tener una vida mejor.

• Entre 2009 y 2010 se incrementó a 34% el número de adolescentes detenidos por participar con la delincuencia organizada, así como por portar armas y cometer delitos contra la salud. La edad de reclutamiento en el crimen organizado hasta hace una década se ubicaba entre los 20 y 35 años, sin embargo en la actualidad es entre los 12 y 15 años de edad.

Manifestamos que promoveremos las siguientes acciones:

1. Garantizar una educación de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes del país, con especial atención en la primera infancia y en los grupos más desfavorecidos, como son los niños, niñas y adolescentes que tienen alguna discapacidad e indígena; así como el refuerzo de los mecanismos de protección para la niñez y adolescencia en general, atendiendo a los niños y niñas migrantes, las y los trabajadores, así como de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en cualquiera de sus múltiples formas, ya sea por explotación y abusos, y los que son víctimas de la guerra;

2. Garantizar el ejercicio pleno del principio del Interés Superior de la Niñez previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño;

3. Impulsar una nueva Ley General de Garantías de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, una Ley General contra toda forma de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes, así como fortalecer el cumplimiento de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes;

4. Impulsar complementariamente todas las acciones y actividades legislativas que sean necesarias en pro del interés superior de la niñez;

5. Impulsar la armonización de las leyes y reglamentos sobre el tema, de conformidad con los instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado;

6. Realizar las evaluaciones periódicas correspondientes al ejercicio presupuestal, en favor de la niñez;

7. Coadyuvar con el Ejecutivo federal y las Legislaturas de los estados en el combate de la violencia contra de la niñez;

8. Estrechar los vínculos con las diversas dependencias de la Administración Pública Federal y Local, los Congresos Locales y la sociedad civil, con la finalidad de trabajar en los temas que forman parte de la agenda común y avanzar en materia de los derechos humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

9. Implementar campañas informativas y de comunicación social para sensibilizar contra el acoso escolar (bullying) e impedir su crecimiento, así como las de educación sexual y prevención de embarazo adolescente;

10. Realizar acciones de promoción de los derechos humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, poniendo especial énfasis en la prevención y erradicación de la violencia hacia la infancia;

11. Promover en la sociedad una cultura de conocimiento y respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes;

12. Impulsar y dar seguimiento a los programas y políticas públicas tendientes a elevar la calidad de vida las niñas, niños y adolescentes; y

13. Promover foros, encuentros, materiales y reuniones de trabajo para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto convocamos

A todas y todos los legisladores integrantes del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, organismos internacionales, empresarios, instituciones públicas y privadas, académicas y académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas y ciudadanos en general, que se sientan convocados y comprometidos con los cuatro principios fundamentales de los derechos del niño: la no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y la participación activa de la niña y el niño, a adherirse al presente manifiesto y participar activamente en las tareas a desarrollarse para la consecución de sus fines.

Urge difundir el propósito del presente manifiesto, para dar la visibilidad que amerita la problemática que aqueja a la infancia, concientizar sobre la urgencia de aportar nuevas soluciones y consolidar la efectividad plena de derechos de la niñez mexicana.

Nota:

1 Unicef, Informe anual sobre la infancia, 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2013.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Con qué asunto, diputada Verónica? Sonido en la curul de la diputada Verónica Juárez.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Gracias, presidenta. A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez, de cada uno de quienes la integramos, de las diputadas y diputados de todos los partidos políticos, para exteriorizar nuestro reconocimiento a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva y por supuesto, hacer un llamado a cada uno de los legisladores y legisladoras, para convertirnos no solo en promotores, sino en garantes de los derechos de las niñas y los niños.

Exteriorizo nuevamente mi reconocimiento y gratitud, por haber hecho suyo este manifiesto. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias a usted, diputada. Lea la Secretaría la declaratoria de publicidad.

LEY DE ENERGIA PARA EL CAMPO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 22 de julio de 2009, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. y 10 de la Ley de Energía para el Campo, presentada por el H. Congreso del Estado de Baja California.

2. El Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados”.

II. Contenido y objeto de la iniciativa

A través de la iniciativa formulada por la legislatura local de Baja California, se plantean dos reformas a la Ley de Energía para el Campo, con la finalidad de otorgar “... certeza jurídica a los apoyos que en materia energética se deben de dar al sector pesquero y con ello se favorece a este sector en la Ley de Energía para el Campo.”

En primer lugar, se propone modificar el cuarto párrafo del artículo 5o. de la Ley de Energía para el Campo, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

...

...

Los precios y tarifas de estimulo que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias, serán iguales para todos los productores del país. Sólo cuando los energéticos agropecuarios difieran en precio de venta, la autoridad competente hará los ajustes necesarios a fin de que el estimulo sea proporcionalmente mayor, en la zona del territorio nacional donde exista el aumento.

Entre los argumentos a favor de su iniciativa, la legislatura del estado de Baja California considera que “...no se contrapone con ningún ordenamiento federal o local y tiene como propósito establecer una regla de excepción para que el subsidio que otorga el gobierno federal sea más equitativo para los beneficiarios, y se tome en cuenta el precio de venta que exista en el país, para que la autoridad competente pueda otorgar un subsidio diferenciado, cuando el precio de un energético sea diferente en más de una zona del territorio nacional, lo cual es congruente con la regla general igualdad de competencia para los productores.”

En segundo lugar, la iniciativa en comento pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 10. Se considera a la cuota energética como parte accesoria e indivisible de la tierra, por lo que el productor que transmita su uso o posesión, deberá hacerla conjuntamente con dicha cuota. Para tal efecto, la transmisión del uso o posesión de la tierra, deberá notificarse a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

La cuota energética para acuacultura y pesca es intransferible, excepto la sustitución de titular del permiso o concesión, previsto en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

La legislatura local de Baja California considera viable su propuesta de reforma arriba transcrita, debido a que “... no se contrapone con ninguna disposición federal o local y le da a este sector de la actividad agropecuaria como lo es, la acuacultura y pesca rivereña (sic) un impulso al poner un candado para que los beneficiarios de la cuota energética le den el uso adecuado y correcto y no lo puedan transferir como ocurre frecuentemente en la práctica”.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la iniciativa, los integrantes de esta Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera. La iniciativa presentada por la legislatura local de Baja California tiene por objeto modificar los artículos 5o. y 10 de la Ley de Energía para el Campo. Este ordenamiento legal, se afirma, ha permitido instrumentar apoyos bajo diferentes mecanismos para la adquisición de energéticos (diesel, gasolina y energía eléctrica, principalmente) a precios de estímulo a los productores a fin de impulsar la productividad y competitividad las actividades agropecuarias, entre las que se encuentran, como ser verá más adelante, la acuacultura y la pesca.

Segunda. En cuanto a la primera reforma planteada por el honorable Congreso de Baja California, la cual consiste en modificar el cuarto párrafo del artículo 5o. de la Ley de Energía para el Campo, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman necesario plantear las siguientes observaciones:

1.La redacción del vigente artículo 5o. de la Ley de Energía para el Campo, se encuentra en los siguientes términos:

Artículo 5o. En los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los precios y tarifas de estímulo que se otorguen a los productores en cumplimiento de lo establecido en este ordenamiento, impulsarán la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional.

También se observarán las disposiciones señaladas en los artículos 12 fracciones VI y VII y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Los precios y tarifas de estímulo que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias, serán iguales para todos los productores del país.

2.La iniciativa plantea que el cuarto párrafo del artículo arriba transcrito, quede con la siguiente redacción:

Los precios y tarifas de estimulo que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias, serán iguales para todos los productores del país. Sólo cuando los energéticos agropecuarios difieran en precio de venta, la autoridad competente hará los ajustes necesarios a fin de que el estimulo sea proporcionalmente mayor, en la zona del territorio nacional donde exista el aumento.

3.Por un lado, esta Comisión de Energía estima que la lectura del vigente párrafo cuarto señala, en forma clara y precisa, la existencia de una igualdad en precios y tarifas de estímulo para los productores del país en las diferentes actividades agropecuarias, lo cual incluye, por supuesto, a la acuacultura y la pesca ribereña, conforme a la definición de actividades agropecuarias, prevista en la fracción I del artículo 3o. de la Ley de Energía para el Campo.

Por otro lado, la redacción que se propone agregar, presupone la existencia de una diferencia de venta en los energéticos agropecuarios, como son la gasolina, el diesel, el combustóleo y la energía eléctrica empleados directamente en las actividades agropecuarias, acorde a la definición de energéticos agropecuarios, prevista en la fracción V del artículo 3o. de la Ley de Energía para el Campo.

Así las cosas, de aprobarse la propuesta de modificación, se establecerían disposiciones contradictorias en el mismo párrafo de un artículo, toda vez que se prevé una hipótesis general de igualdad en precios y tarifas de estímulo de energéticos agropecuarios e inmediatamente después se establecería una hipótesis que presupone una diferencia en precios de venta de energéticos. De esa forma, se establece una contradicción normativa y no una excepción como señala explícitamente la iniciativa.

4.Aunado a lo anterior, se tiene que la exposición de motivos de la iniciativa del diputado local Miguel Ángel Castillo Escalante, así como los considerandos que dan lugar a la iniciativa que se dictamina, son omisas en señalar argumentos que justifiquen la propuesta de reforma planteada, toda vez que se omite señalar la problemática así como los razonamientos que hagan suponer la existencia de una diferencia en la venta de cada uno de los energéticos agropecuarios. Es decir, no se señala por qué se considera que los precios y tarifas de estímulo son distintos en el territorio nacional para cada uno de los energéticos agropecuarios, situación ésta que, inclusive, estaría en contra de lo ya establecido en el párrafo cuarto del artículo 5o. que se pretende reformar.

5.Finalmente, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman necesario aclarar que los precios de estímulo del diesel marino no son establecidos por acuerdo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, como se indica en la iniciativa del honorable Congreso de Baja California.

En el párrafo tercero del artículo 5o. de la misma Ley de Energía para el Campo se prevé que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios, considerando las condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional e internacional”.

Por tanto, es incorrecto señalar que es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca la instancia que establece el precio de estímulo del diesel marino, considerado como uno de los energéticos agropecuarios por la Ley de Energía para el Campo.

En consecuencia, con fundamento en las observaciones que anteceden, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman que se debe desechar la propuesta de modificación del párrafo cuarto del artículo 5o. de la Ley de Energía para el Campo, por contener disposiciones que se contraponen con su redacción vigente y que no se encuentran debidamente justificadas.

Tercera. En lo atinente a la segunda reforma propuesta por la legislatura de Baja California, consistente en adicionar un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman necesario señalar los siguientes aspectos:

1.Conforme al artículo 1o. de la Ley de Energía para el Campo sus disposiciones se encuentran dirigidas a coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias, incluidas las de acuacultura y pesca. En ese sentido, este ordenamiento prevé, entre otros aspectos, la entrega de la denominada cuota energética, entendida esta como “el volumen de consumo de energético agropecuario que se establezca para cada beneficiario”.

2.En el primer párrafo del artículo 10 del mismo ordenamiento se establece que dicha cuota energética será “parte accesoria e indivisible de la tierra, por lo que el productor que transmita su uso o posesión, deberá hacerlo conjuntamente con dicha cuota.

El ámbito de aplicación de esta disposición resulta notorio sólo por lo que respecta a una parte de las actividades consideradas como agropecuarias en la Ley de Energía para el Campo, como son la agricultura, ganadería y silvicultura, en cuanto que estas actividades se encuentran directamente relacionadas con el uso o posesión de la tierra; sin embargo, no resulta así para el resto de las actividades consideradas como agropecuarias, como en los casos específicos de la acuacultura y la pesca ribereña.

3.Esta Comisión de Energía coincide con la iniciativa de la legislatura de Baja California en establecer una medida de protección a los beneficiarios de la cuota energética, con la finalidad de que la misma sea utilizada en forma correcta y para los fines establecidos en la Ley de Energía para el Campo, por lo que se estima necesario prever de forma explícita que la cuota energética, en materia de acuacultura y pesca ribereña, es intransferible.

Lo anterior, es compatible con lo establecido actualmente por el artículo 13 de la Ley de Energía para el Campo que señala como infracciones a la misma ley el desvío de la cuota energética para fines diversos a los que fue autorizada al beneficiario, así como la comercialización de la misma.

Asimismo, esta Comisión de Energía coincide con la iniciativa en considerar el contenido de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. En este ordenamiento se prevé un régimen de permisos y concesiones en materia de pesca y acuacultura; también prevé, en sus artículos 50 y 51, los casos en que, de forma excepcional, se permite la sustitución del titular del permiso o concesión correspondiente. Así, una vez establecida la disposición de que la cuota energética resulta intransferible se debe considerar que la misma deberá serlo en los casos que de forma excepcional se permite la sustitución del titular del permiso o concesión respectivos.

4.En atención a lo antes expuesto, la Comisión de Energía estima necesario hacer dos precisiones en la redacción del segundo párrafo que se pretende adicionar al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo. La primera, para precisar el nombre de la ley citada en la propuesta de reforma, ya que en la iniciativa se indica “...Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.” Lo correcto es “... Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.” La segunda precisión consiste en considerar que se trata de dos hipótesis de sustitución previstas en dicha ley, una para el régimen de permisos y otra para el régimen de concesiones, previstas en los artículos 50 y 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, respectivamente.

En consecuencia con lo arriba señalado, los integrantes de esta Comisión de Energía consideran viable la propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo.

Por lo expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 10 de Ley de Energía para el Campo

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de Energía para el Campo, para quedar como sigue:

Artículo 10. Se considera a la cuota energética como parte accesoria e indivisible de la tierra, por lo que el productor que transmita su uso o posesión, deberá hacerlo conjuntamente con dicha cuota. Para tal efecto, la transmisión del uso o posesión de la tierra, deberá notificarse a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

La cuota energética para acuacultura y pesca es intransferible, excepto en los casos de la sustitución de titular del permiso o concesión, previstos en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Energía, diputados:Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda, Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximenea Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA RENOVABLE Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 22 de noviembre de  2012, el diputado Javier López Zavala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Contenido y objeto de la iniciativa

La iniciativa presentada por el diputado López Zavala pretende adicionar una fracción XI al artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, así como adicionar una fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para alcanzar los siguientes objetivos:

A) Que en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía se incluyan al menos, estrategias, objetivos, acciones y metas tendientes a establecer una estrategia escalonada y multianual, para la incorporación de paneles solares en las escuelas públicas, priorizando las que se encuentren en regiones donde no exista cobertura de energía eléctrica. Y,

B) Que la Secretaría de Energía al elaborar y coordinar el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables tenga la obligación de definir estrategias para promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de fuentes renovables preferentemente para las escuelas y edificios públicos.

El diputado López Zavala considera que nuestro país tiene un gran potencial para la generación de energía eléctrica, a través de paneles solares, debido a sus condiciones climatológicas y geográficas y, por ello, considera que se deben generar las condiciones legales y de políticas públicas para dotar de la infraestructura necesaria a las escuelas públicas, a fin de crear energía eléctrica a través de la energía solar.

En la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina se indica que existen casos como el de las escuelas de zonas rurales que no cuentan con suministro de energía eléctrica y, menos aún, las comunidades en las que se localizan y, por otro lado, existen casos en los que sí se cuenta con dicho servicio; sin embargo, el pago del suministro de energía eléctrica es muy costoso. Agrega que el pago se puede encontrar a cargo de la federación, de los estados, de los municipios y, en otras ocasiones, de los mismos padres de familia.

Los beneficios que espera obtener el proponente con la reforma planteada son los siguientes:

- En las pequeñas comunidades donde no tienen energía eléctrica, los paneles solares en las escuelas podrían abastecer incluso a la comunidad.

- Las escuelas ahorrarían el pago del suministro de energía eléctrica, pudiendo incluso vender su remanente para abastecer al municipio, generando recursos para los mismos planteles. Estas economías pueden ser utilizadas para equipamiento o mobiliario de las escuelas.

- Se imbuye desde la infancia la importancia de las energías renovables y el ahorro de energía.

- Ahorro de 10 mil millones de pesos anuales de las escuelas, al generar la propia energía.

Asimismo, se indica en la iniciativa que, conforme a estudios realizados en Coahuila, donde ya se han instalado dichos sistemas, la energía solar puede proporcionar a las escuelas treinta años de electricidad con una inversión inicial que tiene un retorno de sólo tres años.

Asimismo, se menciona que el “costo de electricidad a las escuelas públicas está creciendo todos los años. Por lo que se ha dejado a escuelas sin el suministro por días y semanas en lugares donde el verano no es un lujo tener clima artificial, ya que se alcanzan temperaturas de hasta 50 grados centígrados y en las escuelas más pobres, las de techos de lámina sube 5 grados en su interior.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la iniciativa planteada por el diputado Javier López Zavala, esta Comisión de Energía funda el presente dictamen en las siguientes

III. Consideraciones

Primera. La iniciativa del diputado López Zavala plantea el aprovechamiento de energías renovables, en especial la energía solar a través de la instalación de paneles solares para beneficio de las escuelas públicas de nuestro país. En algunos casos, porque el proponente considera que no se tiene la cobertura del servicio de suministro de energía eléctrica y, en otros, por considerar que resulta demasiado elevado el pago dicho servicio.

Segunda. Los integrantes de esta Comisión de Energía son coincidentes con la iniciativa en que se debe explotar adecuadamente el potencial que tiene nuestro país en materia de aprovechamiento de recursos renovables, así como en beneficiar con ello a diferentes sectores, entre ellos, a las escuelas públicas.

Tercera. Al respecto, debe señalarse que de forma reciente, se han desarrollado diversas políticas, leyes, reglamentos y normatividad para fomentar el uso racional de recursos no renovables e incrementar la implementación de fuentes de energía que causan un menor impacto al medio ambiente, como las energías renovables.

Cuarta. La iniciativa plantea la modificación a disposiciones contenidas en dos leyes. Por una parte, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y, por la otra, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; lo anterior, en aras de establecer el apoyo a escuelas públicas en la generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables de energía. En consecuencia, esta Comisión de Energía estima conveniente distinguir el objeto de cada uno de estos ordenamientos, con la finalidad de identificar el cuerpo normativo en que sería más factible prever el apoyo que se busca para las escuelas públicas.

El objeto de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía consiste en propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo (artículo 1). Asimismo, este instrumento jurídico prevé la elaboración del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía como un instrumento para establecer estrategias, objetivos, acciones y metas que permitan lograr el objeto de la misma ley (artículos 6 y 7).

Por otra parte, el objeto de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética consiste en regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética (artículo 1o.). En este ordenamiento se prevé la elaboración y ejecución del Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables; de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el aprovechamiento Sustentable de la Energía; así como la creación del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

El objetivo de la iniciativa no consiste en usar de forma óptima la energía eléctrica sino que pretende aprovechar fuentes renovables para generar energía eléctrica en favor de las escuelas públicas, por lo que, dicha finalidad se encuentra más adecuada al objeto arriba citado de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Consecuentemente y como se verá más adelante, se considera que el objetivo principal de la iniciativa se puede lograr únicamente con la reforma planteada a ésta última ley.

Quinta. La propuesta de reforma al artículo 7 citado sólo prevé la utilización de una fuente renovable de generación de energía eléctrica, en el caso particular, únicamente la energía solar, a través de paneles solares; por lo que, se considera que la propuesta no se debe limitar sino que se debe generalizar y estar en posibilidad de aprovechar otro tipo de fuentes renovables de energía en favor de las escuelas públicas, por ejemplo, si se toma en cuenta la zona geográfica en la que se ubican, podría resultar más adecuada la utilización de la energía eólica en algunos casos.

Sexta. Así, en atención a los objetivos que se persiguen y al objeto de cada una de las leyes que se plantea modificar, los integrantes de esta Comisión de Energía consideran viable únicamente la reforma planteada al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

No obstante lo anterior, esta Comisión de Energía estima necesario modificar la redacción de la fracción IX que se pretende adicionar al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, con la finalidad de salvar la propuesta de la iniciativa en el sentido de priorizar a las escuelas públicas que actualmente carecen del servicio de suministro de energía eléctrica.

También se modifican las palabras “escuelas públicas” por los términos de “inmuebles e instalaciones destinados al servicio de educación pública”, para hacer referencia con más precisión a dichos inmuebles y para estar acorde con la referencia realizada a los mismos en el artículo 2 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1 de febrero de 2008. De igual forma, se excluye de la redacción propuesta el señalamiento realizado para los edificios públicos.

En primer lugar, porque en cuanto al uso óptimo de la energía ya existen diversas disposiciones e instrumentos de planeación al respecto. Por ejemplo, el artículo 7, fracción II, de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, actualmente se considera elaborar y ejecutar programas permanentes a través de las dependencias y entidades de la administración pública federal para el aprovechamiento sustentable de la energía en sus bienes muebles e inmuebles y aplicar criterios de aprovechamiento sustentable de la energía en las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que contraten.

En segundo lugar, porque en cuanto al objeto de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, esta Cámara de Diputados aprobó, el 29 de noviembre de 2011, la adición de una fracción VII al artículo 24 de esta ley, con la finalidad de promover e incentivar la generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables destinada para el autoabastecimiento en inmuebles de la federación, estados y municipios; así como alumbrado público. Es decir, se encuentra en proceso legislativo una reforma que considera de mejor forma el tema del uso de energías renovables en inmuebles de la federación, estados y municipios.

En tercer lugar, porque en la exposición de motivos de la iniciativa no se establece ningún comentario, argumento o justificación al respecto y, por ende, no señala la naturaleza, alcance o referencia alguna de “edificios públicos”.

Por lo expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 11 de Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 11. La Secretaría de Energía elaborará y coordinará la ejecución del Programa, para lo cual deberá:

I. a VI. ...

VII. Definir estrategias para fomentar aquellos proyectos que a partir de fuentes renovables de energía provean energía eléctrica a comunidades rurales que no cuenten con este servicio, estén o no aislados de las redes eléctricas;

VIII. Definir estrategias para promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables preferentemente para los propietarios o poseedores de los terrenos y los sujetos de derechos sobre los recursos naturales involucrados en dichos proyectos, y

IX. Definir estrategias para promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables en inmuebles e instalaciones destinados al servicio de educación pública y de forma prioritaria en aquellas que no cuentan con el servicio de suministro de energía eléctrica.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Energía, diputados:Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda, Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIA RENOVABLE Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción I; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 8 de diciembre de 2009, los ciudadanos secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de  Energía”.

3. Mediante comunicado número D.G.P.L. 62-II-8-0194, de fecha 24 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó a esta Comisión de Energía que el plazo reglamentario para dictaminar la minuta en comento comenzó a contabilizarse a partir del 29 de octubre de 2012; toda vez que se trata de un asunto correspondiente a la LXI Legislatura y que permanece vigente para ser resuelto por esta LXII Legislatura.

II. Contenido y objeto de la minuta

A través de la minuta proyecto de decreto se pretende que la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento sustentable de la Energía consolide en el Presupuesto de Egresos de la Federación las provisiones del sector público tendientes a proponer la creación de fondos y fideicomisos que tengan por objeto apoyar la investigación, promoción y aprovechamiento de investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable.

De esa forma se propone adicionar una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 24. ...

...

I. a IV. ...

V. Promover y difundir medidas para la eficiencia energética, así como el ahorro de energía;

VI. Proponer las medidas necesarias para que la población tenga acceso a información confiable, oportuna y de fácil consulta en relación con el consumo energético de los equipos, aparatos y vehículos que requieren del suministro de energía para su funcionamiento, y

VII. Proponer la creación de fondos y fideicomisos que tengan por objeto apoyar la investigación, promoción y aprovechamiento de investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable.

Las Comisiones de Energía, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores señalaron como argumentos para sustentar el dictamen respectivo los siguientes:

Es importante que el país cuente con desarrollo en los campos científicos y tecnológicos para aprovechar de una forma más amplia y sustentable las energías renovables, en aras de preservar y garantizar el suministro de energía eléctrica a toda la población.

En este sentido, la energía eólica es utilizada principalmente para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores, ésta resulta un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas con base en combustibles fósiles.

En suma y como resultado de las políticas llevadas a cabo para impulsar el uso de energías renovables para atender el rezago en la aplicación de éstas, el Estado mexicano impulsa programas y proyectos encaminados a obtener una mayor utilización y, por ende, aumentar el aprovechamiento de las fuentes renovables, con lo cual se muestra la importancia de contar con fondos y fideicomisos cuyo objetivo sea apoyar la investigación promoción y aprovechamiento de la tecnología en el ámbito de la energía renovable.

En consecuencia, resulta que, como nación y en aras de concretar una soberanía energética robusta, se requiere invertir en el conocimiento y desarrollo de las energías renovables, pues resulta contrastante que el esfuerzo en investigación y desarrollo tecnológico aplicado a los aerogeneradores, por citar un ejemplo, con uno sólo de ellos se produzca la misma energía que tan sólo hace algunos años se requería el uso de diez.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la minuta, los integrantes de esta Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de esta Comisión de Energía son coincidentes con la colegisladora en la relevancia que tiene la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de las diferentes actividades sociales y económicas y, por supuesto, resulta fundamental en la utilización y avance de las energías renovables para nuestro país. Asimismo, debe resaltarse que dicho aspecto constituyó una de las razones por las que fue modificado nuestro marco regulatorio en materia de energía hacia finales del 2008.

Segunda. Una de las reformas en el sector energético consistió en la publicación de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE). Esta Ley tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar la electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica así como establecer la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (ENTEASE), además de los instrumentos para el financiamiento de la transición energética.

De acuerdo con el artículo 22 de la ley arriba citada, la ENTEASE funge como un mecanismo para impulsar políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.

Tercera. Asimismo, con el fin de ejercer con eficiencia los recursos del sector público, evitando su dispersión, en el artículo 24 de la LAERFTE, se prevé que la ENTEASE comprenderá los mecanismos presupuestarios para asegurar la congruencia y consistencia de las acciones destinadas a promover el aprovechamiento de las tecnologías limpias y energías renovables, así como el ahorro y el uso óptimo de toda clase de energía.

Conforme a la misma disposición, la ENTEASE consolidará en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal que corresponda las provisiones necesarias de los recursos del sector público, tendentes a:

I. Promover e incentivar el uso y la aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia y el ahorro de energía;

II. Promover y difundir el uso y la aplicación de tecnologías limpias en todas las actividades productivas y en el uso doméstico;

III. Promover la diversificación de fuentes primarias de energía, incrementando la oferta de las fuentes de energía renovable;

IV. Establecer un programa de normalización para la eficiencia energética;

V. Promover y difundir medidas para la eficiencia energética, así como el ahorro de energía, y

VI. Proponer las medidas necesarias para que la población tenga acceso a información confiable, oportuna y de fácil consulta en relación con el consumo energético de los equipos, aparatos y vehículos que requieren del suministro de energía para su funcionamiento.

De esa forma, el PEF correspondiente al ejercicio fiscal de 2013 prevé en su anexo 14, en relación con la fracción XIII de su artículo 3, el presupuesto consolidado de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en los siguientes términos:

Cuarta. Como se indicó más arriba, la minuta que se dictamina pretende incidir en los recursos del sector público que deben preverse como consolidados en dentro de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Como se muestra en el transcrito Anexo 14 del PEF, no se aprecia que se encuentren consolidados los recursos, por ejemplo, del fondo sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética. Al cierre de junio de 2011 este fondo contó con un saldo de 2 mil 91 millones de pesos, de los cuales se dispone de mil 902.5 millones de pesos considerando los recursos que ya han sido comprometidos y asignados para los proyectos en curso y para las convocatorias próximas a publicarse. El objeto de este fondo es la investigación científica y tecnológica aplicada, tanto a fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía, como la adopción, innovación, asimilación y desarrollo de tecnología en dichas materias.

La redacción actual del artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética se encuentra en los siguientes términos:

Artículo 24. Con el fin de ejercer con eficiencia los recursos del sector público, evitando su dispersión, la Estrategia comprenderá los mecanismos presupuestarios para asegurar la congruencia y consistencia de las acciones destinadas a promover el aprovechamiento de las tecnologías limpias y energías renovables mencionadas en el artículo anterior, así como el ahorro y el uso óptimo de toda clase de energía en todos los procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo.

La Estrategia, en términos de las disposiciones aplicables, consolidará en el Presupuesto de Egresos de la Federación las provisiones de recursos del sector público tendentes a:

I. Promover e incentivar el uso y la aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de las energías renovables, la eficiencia y el ahorro de energía;

II. Promover y difundir el uso y la aplicación de tecnologías limpias en todas las actividades productivas y en el uso doméstico;

III. Promover la diversificación de fuentes primarias de energía, incrementando la oferta de las fuentes de energía renovable;

IV. Establecer un programa de normalización para la eficiencia energética;

V. Promover y difundir medidas para la eficiencia energética, así como el ahorro de energía, y

VI. Proponer las medidas necesarias para que la población tenga acceso a información confiable, oportuna y de fácil consulta en relación con el consumo energético de los equipos, aparatos y vehículos que requieren del suministro de energía para su funcionamiento.

La redacción propuesta en la minuta para la fracción VII que se pretende adicionar al artículo 24 de la LAERFTE,  se hace en los términos siguientes:

VII. Proponer la creación de fondos y fideicomisos que tengan por objeto apoyar la investigación, promoción y aprovechamiento de investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable.

Al analizar la redacción transcrita y propuesta por la minuta, esta Comisión de Energía estima necesario precisar que las fracciones contenidas en el citado artículo 24 de la LAERFTE, comprenden los aspectos que deberán reflejarse como recursos consolidados en la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se considera que no se generan gastos adicionales a los previstos sino que la modificación planteada implica únicamente la consolidación en el PEF de los recursos públicos tendientes a apoyar la investigación científica y tecnológica en materia de energías renovables, lo cual permitirá reflejar y tener identificados en un solo apartado o anexo del PEF dichos recursos. Así las cosas, los integrantes de esta Comisión de Energía estiman viable el planteamiento previsto en la minuta.

De igual forma, lo anterior facilitará que los recursos previstos en la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en materia de investigación científica y tecnológica de energías renovables, se ejerzan conforme a los principios de honestidad, legalidad, productividad, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, transparencia gubernamental y máxima publicidad, previstos en el artículo 28 de la LAERFTE.

Por lo expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Artículo Primero. Se adiciona una fracción VII al artículo 24 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 24. ...

...

I. a IV. ...

V. Promover y difundir medidas para la eficiencia energética, así como el ahorro de energía;

VI. Proponer las medidas necesarias para que la población tenga acceso a información confiable, oportuna y de fácil consulta en relación con el consumo energético de los equipos, aparatos y vehículos que requieren del suministro de energía para su funcionamiento, y

VII. Proponer la creación de fondos y fideicomisos que tengan por objeto apoyar la investigación, promoción y aprovechamiento de investigación científica y tecnológica en materia de energía renovable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2012, páginas 99-100. Visible en el portal de la Secretaría de Energía, en la siguiente dirección electrónica: http://www.sener.gob.mx/res/0/ENTE_2012.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Energía, diputados:Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda, Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximenea Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena, Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, mediante el oficio número DGPL 62-II-6-0210, el expediente número 1039, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que confieren los artículos, 39 numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

A) En sesión ordinaria efectuada el 18 de diciembre de 2012, la diputada Claudia Elena Águila Torres presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

B) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la misma fecha, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca.

C) Con base en los elementos de información disponibles y en la propuesta citada, la Comisión de Pesca se abocó al estudio para cumplir el mandato del pleno de esta Cámara de Diputados, conforme a los siguientes

Considerandos

I. El tema del cambio climático es relevante, y resulta necesario abordarlo con seriedad y con la base científica que el tema amerita. Cabe mencionar que poco más de 50 por ciento de la captura nacional se basa en peces pelágicos, los cuales se distribuyen en función de la temperatura del agua y si ésta varía, su disponibilidad para la pesca también lo hará. Por tanto, debe preverse tal situación para evitar el colapso de las pesquerías mexicanas.

II. Por otro lado, México ha contraído compromisos para mitigar y enfrentar los efectos del cambio climático. Por ello ha realizado diferentes acciones encaminadas a cumplirlos; entre éstas, en el área legislativa, que es la que nos ocupa, en 2012 publicó la Ley General de Cambio Climático, y estableció los lineamientos a que deben sujetarse actividades como la pesca y la acuacultura, por lo que la Comisión de Pesca considera adecuada la presente iniciativa, pues mediante ella la diputada promovente busca incorporar el concepto de cambio climático en esta ley y que mediante el Inapesca, órgano de estudio creado para apoyo de las actividades pesquera y acuícola, se dé respuesta.

III. Estudiosos del tema de cambio climático consideran necesaria y conveniente la implantación de acciones de mitigación hacia los efectos de este fenómeno, y la iniciativa de la diputada Águila Torres responde a dicha necesidad en su propuesta de modificación de la fracción XL del artículo 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

IV. Las acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático tendrán éxito sólo en la medida en que éstas sean implantadas en todos los ámbitos gubernamentales. Por tanto, es necesaria la participación de todos los sectores y actores implicados en la planificación y gestión del riesgo del sistema en cuestión, por lo que los integrantes de la Comisión de Pesca consideramos conveniente la modificación propuesta de la diputada Águila Torres respecto a la fracción XVII del artículo 13 de la LGPAS.

V. En cuanto a la modificación que la diputada Águila Torres propone respecto a la fracción IV del artículo 17 de la LGPAS, la comisión considera un acierto que en las leyes se señale la importancia de la investigación y la necesidad de su consolidación.

VI. De igual modo consideramos adecuada la modificación ya que, como establece el artículo 7o. de la Ley General de Cambio Climático, es competencia de la federación, a través de las instancias que componen la administración pública federal, elaborar el Atlas Nacional de Riesgo y por ser el Inapesca el ente de apoyo científico en materia de pesca y acuacultura, en él recae la elaboración de dicho instrumento.

VII. En cuanto a la modificación de los artículos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en el que se pretende facultar al Inapesca para que elabore el Atlas Nacional de Riesgo en materia pesquera y acuícola, evalúe el peligro ante el cambio climático, de los recursos pesqueros que se encuentran en aguas de la jurisdicción federal en regiones o zonas pesqueras vulnerables y considere los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante éste. Las atribuciones conferidas al Inapesca están acotadas a la sustentabilidad de los recursos pesqueros y estudio del efecto de las artes de pesca en los recursos objetivo y no objetivo, y no así en materia de ordenamiento ecológico, impacto ni sustentabilidad de todo el ecosistema. Lo anterior se robustece con lo señalado en el artículo 28 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que establece las directrices en materia de investigación científica y tecnológica en pesca y acuacultura, relativas entre otras al aprovechamiento sustentable de los recursos acuícolas y pesqueros. En todo caso, la elaboración del Atlas Nacional de Riesgo en materia de pesca y acuacultura sustentables compete al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por medio de la Dirección General de Investigación de Ordenamiento Ecológico y Conservación de los Ecosistemas, la cual tiene por objeto generar, sistematizar y difundir la información científica y técnica en apoyo de la toma de decisiones y el fortalecimiento de capacidades en el manejo sustentable de los recursos naturales, por lo que la modificación de los artículos 29, 33 y 84 ni la inclusión de los artículos segundo y tercero transitorios.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único. Se reforma la fracción IV del artículo 17; y se adicionan una XL, recorriéndose en su orden, al artículo 8o., y una XVII, recorriéndose en su orden, al artículo 13, así como una XI al artículo 86 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 8o. ...

I. a XXXIX....

XXXIX. Determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan por incumplimiento o violación a los ordenamientos mencionados en la presente Ley;

XL. Promover, regular, dirigir e implementar la ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en materia de pesca y acuacultura sustentables, en concordancia con la política nacional de pesca y acuacultura sustentables; y

XLI. Las demás que expresamente le atribuya esta ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales, así como las demás disposiciones aplicables.

Artículo 13....

I. a XV....

XVI.El ejercicio de las funciones que les transfiera la federación, conforme a lo dispuesto en la presente ley;

XVII. Coordinarse con la federación, sus municipios y con otras entidades federativas en materia de pesca y acuacultura sustentables, para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático; y

XVIII. Las demás que no estén otorgadas expresamente a la federación.

Artículo 17....

I. a III....

IV. Que la investigación científica y tecnológica se consolide como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas, instrumentos, medidas, mecanismos y decisiones relativos a la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, además de ser un instrumento que considere la implementación de acciones en materia de pesca y acuacultura sustentables para la mitigación y adaptación al cambio climático;

V. a X....

Artículo 86. ...

I. a VIII....

IX.Acciones de crecimiento y tecnificación;

X.El programa de prevención y control de contingencias, de monitoreo y las demás que por las características propias de la unidad de manejo acuícola se requieran; y

XI. Acciones de mitigación y adaptación a realizar ante la vulnerabilidad actual y futura del cambio climático, en concordancia con el atlas nacional de riesgo.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Articulo Segundo. Con la entrada en vigor del presente decreto, el Poder Ejecutivo federal deberá revisar y modificar el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en un término que no exceda de 60 días naturales.

México, Distrito Federal, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Gilberto Antonio Hirata Chico (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vázquez, secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, mediante el oficio número DGPL 62-II-4-41 el expediente número 253, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el diputado José Soto Martínez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que confieren los artículos, 39 numerales 1 y 2, fracción XXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 2, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 162 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

A) En sesión ordinaria efectuada el 25 de septiembre de 2012, el diputado José Soto Martínez presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

B) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la misma fecha, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca.

C) Con base en los elementos de información disponibles y en la propuesta citada, la Comisión de Pesca se abocó al estudio para cumplir el mandato del pleno de la Cámara de Diputados, conforme a lo siguiente:

Contenido de la iniciativa

La iniciativa pretende dar prioridad en todo momento el cultivo de especies nativas y endémicas sobre las importadas. Para esto propone crear planes de desarrollo regional en la materia acuícola que deberán considerar como eje rector la orientación de la acuacultura en un esquema de producción sustentable, cuidando la conservación y el cultivo de especies nativas y endémicas y establecer metas cuantificables en periodos de tres a seis años, que permitan observar el crecimiento en la producción de estas especies y su efecto en los mercados regionales.

Para lograrlo propone modificar los artículos 17, 82 y 84 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Considerandos

I. Quienes integramos la Comisión de Pesca coincidimos con el diputado promovente en el sentido de que la acuacultura o cría de peces es uno de los sistemas de producción de alimentos de más rápido crecimiento en el sistema de producción de alimentos para consumo humano. Lo anterior, con base en las estadísticas formuladas y publicadas por la FAO. En esas estadísticas se observa un crecimiento en dos rubros: el económico y, en consecuencia, en el de niveles de producción; se tiene un crecimiento anualizado promedio de 8.8 por ciento. Del estudio de la iniciativa se obtuvo la siguiente información: la acuacultura es la segunda actividad económica con mayor crecimiento, sólo por debajo del sector de las tecnologías de la información, con base en la información proporcionada por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. De lo anterior se deduce que es importante impulsar el crecimiento de esta actividad económica impulsando a través de la diversificación y tecnificación de los procesos de producción y desarrollo de la acuacultura con nuevos cultivos y pesquerías. En México, en los últimos años se han impulsado e identificado tres grupos de cultivos acuícolas: el camarón, el ostión y la piscicultura. La primera de estas especies, por su volumen y valor, puede abastecer al mercado con alimentos de gran calidad, lo que genera empleos y altas divisas. El segundo grupo son especies de pequeña escala que cuentan con potencial suficiente para generar oportunidades de crecimiento que, nuevamente, generarían más empleos. El tercer grupo lo integra un conjunto de especies marinas y dulceacuícolas que tienen amplio valor en el mercado donde la producción pesquera es insuficiente. Este grupo ofrece la oportunidad de generar altas divisas y, en consecuencia, mayor número de empleos si se estimula con una adecuada producción. Por ello resulta prioritario tomar decisiones y acciones que favorezcan el crecimiento de la acuacultura en el país, y con las modificaciones y adiciones planteadas en la iniciativa valoramos adecuadas estas reformas, como una parte de las modificaciones que la actividad requiere para ser sumamente productiva.

II. Como resultado del estudio de la propuesta, se encontró que los últimos años se ha dado un incremento sostenido de la producción acuícola, pese a no contar con todos los elementos legales y técnicos para su mejor desempeño. Lo anterior se refleja en los datos aportados por la Carta Nacional Pesquera de 2009, donde se establece que la producción pesquera fue equivalente a 1.4 millones de toneladas, en tanto que la acuícola ascendió a 285 mil toneladas, y esto representó 16 por ciento del total, lo que ha dado como resultado que la acuacultura se mantenga por debajo del crecimiento mundial anual promedio, de 8.8 por ciento. Con esta información agregamos otro elemento por considerar para que se busquen de manera inmediata las adecuaciones legislativas que permitan poner esta actividad económica en un nivel de competencia adecuado con el resto de países con que compite. Por ello coincidimos con el diputado promovente al establecer que la acuacultura pueda considerase una alternativa real y poder atender la creciente demanda de alimentos y estimular la actividad económica, así como el desarrollo regional y favorecer la mitigación de la pobreza. Para esto se deben instaurar las políticas públicas que apoyen su desarrollo. Lo anterior se podrá lograr a través de la instauración de mecanismos de financiamiento, el acceso a tecnología de punta y asistencia técnica para responder a la exigencia de inocuidad, sanidad y sustentabilidad de los productos.

III. De igual forma, el análisis de la iniciativa nos permitió identificar que la acuacultura en el país ha sido importante fuente de desarrollo económico, que se ha traducido en un una sustentabilidad de recursos en favor de los pescadores, de la industria pesquera y de las demás actividades que de ellas emanan, en virtud de lo cual es importante brindar las herramientas y facilidades necesarias al citado sector para que se traduzca esto en el fortalecimiento y crecimiento del citado sector.

IV. Con los datos y las reflexiones expuestos podemos entender la necesidad de promover la acuacultura para que de los beneficios citados y, por tanto, establecer mecanismos que permitan su adecuado funcionamiento y la protección del ambiente. Otro factor que se tomó en cuenta fue que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad reconoce en la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad Biológica que es necesario enfrentar el problema de las especies exóticas para proteger la biodiversidad de México y que una de las acciones prioritarias que propuso fue establecer disposiciones legales, administrativas y políticas que regulen la traslocación y el movimiento de especies, los integrantes de esta comisión consideramos adecuado que la modificación que el diputado Soto mediante esta adición del artículo proponga favorecer las especies nativas sobre la exóticas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único.Se reforman los artículos 17, fracción VI, 82 y 84, fracción V, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

I. a V. ...

VI. El ordenamiento de la acuacultura a través de programas que incluyan la definición de sitios para su realización, su tecnificación, diversificación, buscando nuevas tecnologías que reduzcan los impactos ambientales y que permitan ampliar el número de especies nativas que se cultiven, dando prioridad en todo momento al cultivo de especies nativas sobre las especies exóticas;

VII. a X. ...

Artículo 82. Para regular e inducir las actividades de acuacultura llevadas a cabo en las distintas regiones del país, y con el propósito de garantizar la productividad, la funcionalidad y la protección del medio natural, las entidades federativas deberán establecer planes de desarrollo regional en la materia con el apoyo del gobierno federal, que fungirán como instrumentos de planeación, conforme a las disposiciones de la presente ley.

Dichos planes deberán contemplar como eje rector la orientación de la acuacultura bajo un esquema de producción sustentable, cuidando la conservación y cultivo de especies endémicas. En los planes se establecerán metas cuantificables en periodos de tres a seis años, que permitan observar el crecimiento en la producción de especies nativas y su impacto en los mercados regionales.

Artículo 84. ...

I.a IV. ...

V. Los planes de ordenamiento acuícola, los cuales irán acompañados de especificaciones sobre los sistemas de información geográfica y programas de monitoreo ambiental empleados en su elaboración. Los programas de monitoreo ambiental deberán arrojar información, de ser el caso, del impacto sobre los ecosistemas de la pesca selectiva, de la introducción de fauna exótica y de la monoexplotación;

VI.a VIII. ...

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Gilberto Antonio Hirata Chico (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vázquez (rúbrica), secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 4o., 8o. y 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para crear el Propesca

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura fue turnada para análisis y dictamen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 22 de octubre de 2012, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la misma fecha, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca.

Contenido de la iniciativa

Fundamentalmente, la iniciativa objeto del dictamen sustenta que las condiciones económicas y sociales del país han lacerado la calidad de vida de las comunidades, campos y puertos pesqueros, por lo cual se requieren acciones a cargo de las diversas instancias de gobierno, que transformen estructuralmente esta situación.

Expone que la pesca y la acuacultura son actividades productivas que generan alimento para la población y que con una política de planeación adecuada asumirán el papel que les corresponde, principalmente en la generación de empleos, divisas, desarrollo comunitario y portuario, además del combate de la pobreza y una mejor calidad de vida de los que viven de la pesca.

Cita uno de los preceptos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Estado promoverá condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación en el desarrollo nacional.

Asimismo, el artículo 1o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera de interés público la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes, servicios y acciones tendentes a elevar la calidad de vida de la población rural.

En cumplimiento de estos mandatos, la iniciativa propone el establecimiento de un programa anual de apoyos directos a la pesca y la acuacultura (Propesca), similar al Procampo y al Progan, como apoyo de la productividad de los pescadores ribereños, que en términos de justicia social y política merecen, y que contribuya a abatir los rezagos en que se encuentra la pesca del país desde hace varios años. El Propesca habrá de convertirse en un instrumento presupuestario que haría justicia a un padrón estimado de 350 mil familias que integran el sector social de la pesca en México, que ha sufrido los estragos y el abandono gubernamental, que lo han llevado a la ruina y la desesperanza.

Con base en los elementos de información disponibles y en la propuesta citada, la Comisión de Pesca se abocó al estudio para cumplir el mandato del pleno de la Cámara de Diputados, conforme a los siguientes

Considerandos

1. Es necesario que se implante de manera urgente en los 31 estados que inciden en la pesca y la acuacultura un sistema de apoyos que fomente mayor productividad en los entes acuícolas y en los mares, las riberas, los esteros y las aguas continentales de los sectores social y privado para mejorar la competitividad interna y externa, pero sobre todo dignificar y elevar el nivel de vida de los pescadores.

2. Actualmente hay programas de apoyos a los campesinos, como el Programa de Apoyos al Campo (Procampo) o el de Apoyo a los Ganaderos (Progan), y no para el sector pequero mexicano. Con la creación de un programa específico podrá contribuirse al alivio de las condiciones de pobreza en que se encuentran los pescadores.

3. La iniciativa de proponer e implantar el Propesca podrá solventar de alguna manera las necesidades apremiantes del sector pesquero y acuícola, a fin de enfrentar los tiempos de escasa producción, de vedas, de mareas rojas y de temporadas de ciclones, entre otros. Por ello es necesario reactivar el programa que incluya el sector pesquero y acuícola en el texto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y que se destinen recursos para crear o activar un programa anual de apoyos directos a la pesca.

4. La solicitud de crear este programa no es nueva. En el ejercicio fiscal de 2005 le fueron asignados 49.5 millones de pesos, etiquetados en los Fondos Regionales de Combate de la Pobreza, los que se destinaron exclusivamente a la población en pobreza y de marginación de acuerdo con los criterios oficiales, según se estableció en las reglas de operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 2004.

5. Es necesario que se apoye a los pescadores con un incentivo en épocas de vedas ya sea por disposición de las normas oficiales mexicanas o por las naturales, como es el caso de los cambios climáticos que generan los fenómenos del niño y la niña.

6. El Propesca será un instrumento de apoyo eficaz para fomentar la capacidad del sector pesquero nacional, a fin de fortalecerlo y hacerlo autosuficiente.

7. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fecha 5 de febrero de 2013, emitió opinión de impacto presupuestario; éste fue de un aproximado de mil 742.2 millones de pesos si se toma como referencia el promedio pagado por productor inscrito en el Procampo; o bien, de 3 mil 408.3 millones de pesos, si se toma como referencia el promedio pagado a los productores inscritos en el Progan.

8. Con base en lo anterior se solicita que el Propesca se aplique conforme se entrega el Procampo.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para crear el Propesca

Único.Se adicionan los artículos 4o., con la fracción XXXVII Bis; 8o., con la XXXVII Bis; y 20, con la XV, para quedar como sigue:

Artículo 4o. Para los efectos de esta ley se entiende por

I. a XXXVII. ...

XXXVII Bis. Propesca: Programa Anual de Apoyos Directos a la Pesca, que es un Instrumento a través del cual se otorga apoyo económico a los pescadores que se encuentren en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura y que se dedique de manera legal y sustentable a la captura y al cultivo de cualquiera de los recursos marinos en bahías, esteros, riberas, alta mar y aguas continentales mexicanos.

XXXVIII. a XLVII. ...

Artículo 8o. ...

I. a XXXVII. ...

XXXVII Bis. Expedir las reglas de operación y llevar a cabo la entrega del Propesca.

XXXVIII. a LX. ...

Artículo 20. El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros aspectos.

I. a XII. ...

XIII.Programas que promuevan la acuacultura rural e industrial, así como la reconversión productiva como una alternativa de desarrollo;

XIV.El Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el Combate a la Pesca Ilegal ; y

XV. El Programa Anual de Apoyos Directos a la Pesca y la Acuacultura, Propesca.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enviará a la Cámara de Diputados la propuesta presupuestal que corresponda a la creación del Programa Anual de Apoyos Directos a la Pesca, para el ejercicio fiscal de 2014.

Artículo Tercero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública determinará y aprobará en el dictamen correspondiente el monto de recursos presupuestales que correspondan al Programa Anual de Apoyos Directos a la Pesca, para el ejercicio fiscal de 2014.

Artículo Cuarto. La Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, elaborará el estudio de impacto presupuestal que corresponda a la creación del Programa Anual de Apoyos Directos a la Pesca.

México, Distrito Federal, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante, Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Gilberto Antonio Hirata Chico (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vázquez (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), secretarios; Víctor Rafael González Manríquez, Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano, Francisco Grajales Palacios.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Equidad y Género fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 448 que contiene la iniciativa que reforma el artículo 36 y adiciona un artículo 46 Ter a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 16 de octubre de 2012. Fue recibida por la comisión el 1 de noviembre para su análisis y dictaminación.

La iniciativa es presentada, de acuerdo a los diputados proponentes, para atender el problema de la violencia de género que se presenta en las zonas y comunidades rurales de nuestro país, teniendo como premisa que la vulnerabilidad de la mujer rural es especial, ya que muchas de ellas son indígenas, pobres y jefas de familia.

De acuerdo con la exposición de la iniciativa, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece en su artículo 14:

1) Los Estados parte tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales.

2) Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;

d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;

f) Participar en todas las actividades comunitarias;

g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

De acuerdo con los Diputados promoventes, la discriminación contra las mujeres que habitan en zonas rurales es todavía muy acentuada. De hecho, la CEDAW ha formulado recomendaciones al Sexto Informe de México en materia de las mujeres rurales, entre las que destaca la siguiente:

El Comité insta al Estado parte a asegurar que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza traten de manera explícita la naturaleza estructural y las diversas dimensiones de la pobreza y la discriminación a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales.

Además, recomienda que el Estado parte utilice medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en particular, la enseñanza, la salud y la participación en los procesos de adopción de decisiones.

De esta manera, el Estado mexicano se encuentra conminado a instrumentar medidas tendentes al fortalecimiento de los derechos de las mujeres rurales, reconociendo que desempeñan un papel fundamental en la economía, en el hogar y en la comunidad.

En 2010, la población que vivía en localidades rurales (menos de 2 mil 500 habitantes) sumaba 26 millones y representaba 23.2 por ciento de la población total del país; alrededor de 13.4 millones son mujeres y 12.9 millones son hombres. En este mismo año había 102 mujeres rurales por cada 100 hombres rurales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, el 44.5 por ciento de las mujeres indígenas entrevistadas, respondieron que no se respetan los derechos humanos de las mujeres, aunque con esta opción de respuesta queda abierta la posibilidad de que consideren que, en ocasiones o en relación a algunos temas, sí se respetan los derechos de las mujeres.

En este orden, existen también estudios de la ONU que indican el problema que enfrentan las mujeres con la violación a sus derechos agrarios. Por ejemplo, para las mujeres del campo es fundamental que cuenten con documentos sobre sus derechos de propiedad o uso de la tierra. La copropiedad afianza su protección en los casos de abandono, separación, divorcio o fallecimiento de sus esposos. De ahí que esta Soberanía aprobará reformas a la Ley Agraria para proteger a las concubinas, ya que anteriormente sólo se les brindaba certeza jurídica a las viudas.

El derecho de propiedad resalta la capacidad de negociación de las mujeres rurales en el seno de la familia y su jerarquía social como ciudadanas en la comunidad, y puede protegerlas contra la violencia doméstica. Por ello, es necesario que se tomen acciones afirmativas para preservar los derechos de las mujeres rurales en la toma de decisiones, ya sea en el ejido, en la comunidad y en los órganos públicos.

En México son pocas las mujeres que poseen la propiedad de las tierras agrícolas. En la práctica consuetudinaria se limita la adquisición de tierras por las mujeres y su acceso a ellas, con lo que restringen su efectiva participación en las decisiones a nivel de la familia y de la comunidad, en asuntos fundamentales relacionados con la agricultura.

Aunque no exista ninguna discriminación formal, el derecho de las mujeres respecto de la tierra puede estar limitado en la práctica. Por ejemplo, pueden faltarle recursos de educación o de conocimiento para la defensa de sus derechos, o los factores socioeconómicos pueden ejercer presión sobre las mujeres para que renuncien a sus derechos sobre la tierra en favor de sus parientes varones.

Pero, reiterando que las condiciones sociales son distintas a las de hace 20 años, cuando entró en vigor la Ley Agraria, y que no obstante la visión de que este ordenamiento contempló la participación de la mujer en la vida agrícola, hoy es justo que se fortalezcan sus derechos, se fomente su participación en la comunidad, y se combata la discriminación que subsisten en los ejidos y comunidades agrarias.

Resulta evidente la enorme desventaja de las mujeres del medio rural, quienes además de la brecha de género, tienen un componente de desigualdad significativo, con respecto a las mujeres que habitan en el medio urbano.

Las estimaciones muestran también que el Índice de Desarrollo Humano de la población que vive en el área rural es notablemente inferior en ambos sexos, respecto a la población que reside en el área urbana. Además, las mujeres son las que se ubican en mayor desventaja en ambas áreas. Las mujeres que residen en zonas rurales alcanzan un Índice de Desarrollo Humano de 0.6896, mientras que los hombres logran un 0.7142. Los valores obtenidos en el medio urbano también muestran una brecha de género, con 0.7768 y 0.7955 respectivamente.

La Ley Agraria contempla que dentro de los ejidos se pueden destinar unidades para las mujeres y, en muchas ocasiones, este cometido no se cumple; por ello es menester que la Secretaría de la Reforma Agraria pueda intervenir dentro del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que contempla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En este orden de ideas y consideraciones, se propone mediante esta Iniciativa con Proyecto de Decreto integrar a la Secretaría de la Reforma Agraria al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que contempla la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El objeto, además, de esta Iniciativa es otorgarle facultades para intervenir en conflictos agrarios suscitados a partir de la violencia ejercida contra las mujeres del campo.

Considerando que a la Secretaría de la Reforma Agraria, de conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus reglamentos, en esta Iniciativa se propone facultar a la Secretaría de la Reforma Agraria para impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres en las actividades del campo, así como diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del campo e indígenas, fomentando la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres en las comunidades agrarias. Promover políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres del campo, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminadas al mejoramiento del sistema.

Se identifica que la violencia ejercida contra las mujeres del campo consiste en que, en muchas ocasiones, son presionadas para renunciar a sus derechos agrarios para transferirlos a un varón.

Con información del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de este órgano del Poder Legislativo Federal, a la fecha se tienen certificadas 3,545 parcelas de la mujer en 2 mil 746 ejidos, lo cual representa que sólo el 24.4 por ciento de los núcleos agrarios cuenta con este tipo de parcela. Y más grave aún es que, en estados como Morelos, Guerrero, Campeche, Nayarit, Baja California Sur, Baja California, Querétaro y Quintana Roo, es casi nula su existencia ya que casi menos del 10 por ciento de los ejidos certificados cuentan con este tipo de unidades para las mujeres. Estos datos indican que los programas destinados a las mujeres deben orientarse principalmente a atender a aquellas que tienen derechos sobre la tierra parcelada y de uso común y no reducirla al ámbito de la unidad agrícola industrial de la mujer, como se venía haciendo.

Con la misma información del Centro de Estudios mencionado, la mayoría de las unidades agrícolas industriales de las mujeres se localizan en los Estados de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Hidalgo, Sinaloa, Yucatán, San Luis Potosí, Puebla y México, ya que en estas entidades federativas se encuentran dos terceras partes de este tipo de parcelas.

Sobre el número de uniones de mujeres productoras a las que se refiere el artículo 108 de la Ley Agraria, el centro de estudios indica que este tipo de organizaciones agrupan a un número pequeño de personas y corresponden a niveles de incipiente organización, aunque son muy importantes para las mujeres que empiezan a participar de manera organizada en la producción.

Del total de las sociedades de solidaridad social y de producción rural, las mujeres ocupan el 42.7 por ciento y 13.9 por ciento, respectivamente, en puestos de dirección de las sociedades. En estados como Oaxaca, Chiapas, Yucatán, México, Veracruz y Michoacán, suman el 51 por ciento de las sociedades bajo dirección femenina.

En lo que toca al número de los comisariados ejidales con participación femenina, se puede observar que las mujeres día a día, adquieren mayor importancia dentro de los núcleos agrarios, ya que su participación como sujetos agrarios se fortalece por formar parte de los órganos de representación y administración, constituyendo esto un avance importante en el empoderamiento de las mujeres rurales, ya que éstas participan en la toma de decisiones relativas al futuro de su ejido, siendo que de los 29 mil 474 núcleos agrarios, en 20 por ciento de ellos tienen al menos una mujer que ocupa un cargo de representación, ya sea en el comisariado ejidal o en el consejo de vigilancia.

Las mujeres ocupan mil 958 representantes, lo que a todas luces significa un pleno reconocimiento a su capacidad y honestidad en la administración de los recursos del ejido, no obstante el número de mujeres que conducen a los órganos de representación es todavía raquítico, ya que como presidentas de los órganos ejidales sólo se cuentan con 285 presidiendo el comisariado ejidal y 332 lo hacen en el consejo de vigilancia.

Pero, por otro lado, es alarmante la cifra general de la participación de las mujeres en los órganos de representación, ya que existe una subrepresentación de las mujeres ya que sólo ocupan el 4 por ciento de todos los cargos, cuando ellas representan 18 de los ejidatarios.

Concluye el estudio, que la presencia creciente de la mujer en los órganos de representación de los ejidos y en las direcciones de las organizaciones económicas rurales, se da en el contexto de que la mujer rural responde a su situación en la que vive afrontando problemas como la pobreza, la migración y la asunción como jefa de familia, por lo que el avance en el camino de su participación en los procesos productivos ha sido un latente cometido para consolidar su empoderamiento.

Por lo anterior, la presencia de las mujeres en los cargos de dirección de las sociedades y de los ejidos debe ser fortalecida mediante acciones afirmativas que procuren la equidad de género en el campo.

Por último, el propósito de esta Iniciativa no es otro que el de fomentar la perspectiva de género en las políticas agrarias, cuidando el avance de la participación de las mujeres en sus núcleos agrarios y, a la vez, promoviendo su empoderamiento.

No se omite proponer que por técnica legislativa, las secciones de capítulo III perteneciente al título III de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no están actualizadas, por lo que se propone ordenar las mismas, a efecto de mencionar dentro de dos secciones nuevas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a la Secretaría de la Reforma Agraria.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan una fracción VIII al artículo 36, recorriéndose las demás en su orden, las secciones séptima y octava al capítulo III del título III, y un artículo 46 Ter, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se adicionan una fracción VIII al artículo 36, recorriéndose las demás en su orden, las secciones séptima y octava al capítulo III del título III, y un artículo 46 Ter, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Artículo 36. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. La Secretaría de la Reforma Agraria;

IX. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema;

X. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

XI. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; y

XII. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas.

Sección SéptimaDe la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Artículo 46 Bis. ...

Sección OctavaDe la Secretaría de la Reforma Agraria

Artículo 46 Ter. Corresponde a la Secretaría de la Reforma Agraria:

I. Coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria;

II. Delinear, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, incluyendo a las de origen étnico;

III. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres que habitan en zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico;

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ejidos y comunidades agrarias.

V. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;

VI. Constituir un padrón sobre las unidades destinadas para las mujeres a las que se refieren los artículos 63 y 71 de la Ley Agraria;

VIII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa, y

IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Consideraciones

La situación de las mujeres rurales es parte fundamental de la Agenda de las Naciones Unidas en las áreas de integración de la perspectiva de género en las políticas de desarrollo rural; reformas legislativas que permitan el acceso a recursos y la propiedad; reconocimiento de la jornada de trabajo que realizan las mujeres rurales; capacitación y garantizar la participación en los niveles de decisión; promoción de la perspectiva de género en las políticas macroeconómicas; promoción de programas que reconcilien el trabajo y las responsabilidades familiares de las mujeres y los varones; y la creación de un ambiente contra la violación de los derechos de las mujeres y las niñas.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  integra una definición sobre discriminación contra la mujer que se refiere, de manera amplia, al derecho de las mujeres a la igualdad y a la no discriminación en el campo político, económico, social y cultural. Esta definición dice lo siguiente:

Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera esfera.

Si bien es cierto que la CEDAW no se refiere expresamente a la violencia contra las mujeres, ha sido parte de la interpretación del Comité, a través de la Observación número 19, que ésta puede considerarse una forma de discriminación.

Para las mujeres rurales, la Convención es el único instrumento de derechos humanos que se refiere específicamente a su situación reconociendo una serie de derechos complementarios para mejorar su acceso a la alimentación, la salud, educación, capacitación y oportunidades de empleo.

El articulo 14 la Convención pide a los Estados parte que aseguren el derecho a la mujer rural a crédito y préstamos agrícolas, servicios de comercialización, tecnologías apropiadas y trato igual en los planes de reforma agraria y reasentamiento; educación, formación y servicios de divulgación a fin de aumentar sus capacidades técnicas; participación en la planificación del desarrollo a todos los niveles; organización de grupos de autoayuda y cooperativas; acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación familiar.

La revisión del cumplimiento de la CEDAW a través de los informes de los Estados parte, ha constituido el único foro para evaluar las políticas y programas gubernamentales orientados a mejorar la situación de las mujeres rurales. Tal como se ha señalado, el artículo 14 de la Convención hace que los Estados tengan en consideración los problemas particulares que enfrentan las mujeres rurales, así como el papel que éstas juegan en apoyo a la supervivencia de sus familias. Sin embargo, el Comité de la CEDAW, en su reciente evaluación sobre el avance de las acciones de la Convención, ha notado que las políticas nacionales muy pocas veces dan cuenta del papel de las mujeres rurales, no obstante que ellas constituyen un número importante, especialmente en los países en desarrollo.

El Comité también ha reconocido, entre otros, la vulnerabilidad de las mujeres rurales por la discriminación de la que son objeto, no solo por su sexo sino también por otros factores específicos, tales como el hecho de que en muchos casos viven en áreas geográficas menos desarrolladas e incluso marginalizadas y por eso suelen enfrentar circunstancias difíciles como pobreza, bajos niveles de educación y altos niveles de desempleo. Esta situación particular de vulnerabilidad las pone en mayor riesgo de ser sujetas de violencia domestica, violencia en la comunidad, así como del tráfico de mujeres.

La lejanía de los centros urbanos dificulta el acceso a los servicios de atención y prevención contra la violencia de las mujeres. Las características culturales de las distintas zonas al interior de cada país hacen necesario el desarrollo de enfoques particulares para tender esta problemática.

La violencia contra las mujeres puede ser interpretada como una forma de discriminación y de restricción al acceso a recursos y beneficios, a sus derechos humanos y libertades fundamentales en todas las esferas de la vida.

Para la emancipación de las mujeres, es fundamental que hombres y mujeres gocen por igual y plenamente de todos los derechos humanos. El Plan de Acción de sobre Género y Desarrollo de la FAO (2002-2007) reconoce que los derechos de las mujeres son una parte integrante e indivisible de los derechos humanos universales y de la erradicación de todas las formas de discriminación por razones de sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.

De esta forma, el Plan de Acción de la FAO, la CEDAW en el artículo 14 y Beijing +5, reconocen que para lograr el desarrollo agrícola y rural equitativo y sostenible es necesario que ambos géneros disfruten por igual de sus derechos humanos.

Desde la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales parte importante de los derechos humanos y “componentes ínter conexos de un conjunto más amplio que enlazan los derechos civiles y políticos”, se deriva el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho de subsistencia y a la alimentación. Cuando estos derechos se les restringen o impiden a las mujeres rurales e indígenas, estamos hablando de violencia contra  ellas.

Más aún, usos y costumbres tradicionales han relegado a las mujeres rurales a un papel de subordinación y, en muchos casos, sus derechos están más limitados que los de los hombres. A menudo se le niegan sus derechos económicos y sociales para disponer de sus bienes, tener un trabajo, educación acceso a la tierra, al agua, al crédito, a la salud, a la alimentación adecuada.

En este marco, la desigualdad de la que son sujetas las mujeres rurales e indígenas en su acceso a recursos y beneficios, la subordinación en las esferas pública y privada, hacen que estas discriminaciones se transformen en violencia contra los derechos de las mujeres (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales).

Apoyar en los cumplimientos de sus derechos económicos y sociales y realizar acciones contra la inseguridad alimentaria y la pobreza rural significa promover el desarrollo agrícola y es una forma de contribuir en la erradicación de la violencia contra las mujeres rurales e indígenas. Estas acciones sugieren, tal cual están indicados en los objetivos a mediano plazo del Plan de Acción de Género y Desarrollo de la FAO, que se trabaje por que exista igualdad entre los géneros en el acceso a los alimentos suficientes; en el acceso a los recursos naturales; servicios de apoyo a la agricultura; en su control y gestión; en los procesos de adopción de políticas y decisiones a todos los niveles del sector agrícola como también en la oportunidad de empleo dentro y fuera de las explotaciones en las zonas rurales.

Por lo anterior, esta dictaminadora coincide ampliamente con el planteamiento de la iniciativa en comento.

Sin embargo, a partir del 2 de enero del 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, las cuales incluyen el cambio de nombre y ampliación de atribuciones de la antes llamada Secretaría de la Reforma Agraria, teniendo a partir de esta fecha la denominación de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En virtud de esta modificación publicada con posterioridad a la presentación de la Iniciativa en análisis, se hace el cambio en el nombre de la Secretaría de la Reforma Agraria a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, respetando el resto del texto de la Iniciativa.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Equidad y Género, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se adicionan una fracción VIII al artículo 36, recorriéndose las demás en su orden; las secciones séptima, que comprende el artículo 46 Bis y octava, que comprende el artículo 46 Ter, al capítulo III del título III; recorriéndose las actuales secciones séptima, octava, novena y décima a ser novena, décima, décima primera y décima segunda, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 36. ...

I. al VII. ...

VIII. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

IX al XII.

Sección SéptimaDe la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Artículo 46 Bis. ...

Sección OctavaDe la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Artículo 46 Ter. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano:

I. Coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria;

II. Delinear, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, incluyendo a las de origen étnico;

III. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres que habitan en zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico;

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ejidos y comunidades agrarias.

V. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;

VI. Constituir un padrón sobre las unidades destinadas para las mujeres a las que se refieren los artículos 63 y 71 de la Ley Agraria;

VIII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa, y

IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

7 A/58/167 Improvement of the situation of women in rural areas: Report  Secretary General. 58 session Item 112. 18, Jul. 2003

8 C 2001/ Plan de Acción sobre Género y Desarrollo (2002-2007) 31 periodo de Sesiones, FAO, Roma 2-13 de Noviembre de 2001.

9 FAO, El Derecho a la Alimentación: en la teoría y la práctica, Roma, 2000 ( Pág. 2)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2013.

La Comisión de Equidad y Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez,  María Carmen López Segura (rúbrica), Margarita Liceo González (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSULES HONORARIOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez para aceptar y desempeñar los cargos de cónsules honorarios de las Repúblicas Francesa en Torreón, con circunscripción consular en Coahuila y Durango; y de Polonia en Monterrey, Nuevo León, con circunscripción consular en Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el treinta de enero de dos mil trece por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger y Enrique Javier Macías Rodríguez puedan aceptar y desempeñar los cargos de cónsules honorarios de la República Francesa, en la ciudad de Torreón con circunscripción consular en los Estados de Coahuila y Durango, y de la República de Polonia en la ciudad de Monterrey con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento, así como la carta de naturalización, la residencia en la circunscripción consular, con la constancia de residencia y el nombramiento, con la nota formulada por las Embajadas de la Republica Francesa y de Polonia, en México.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos constitucionales solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Christian Leopold Collier de la Marliere Kollinger para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Francesa en la ciudad de Torreón con circunscripción consular en los estados de Coahuila y Durango.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Enrique Javier Macías Rodríguez para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Polonia en la ciudad de Monterrey con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adrián David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Maximiliano Cruz Ramos y Juan Manuel Corrales Calvo para aceptar y usar las condecoraciones de las órdenes del Mérito Militar General José María Córdova, en grado de Gran Oficial, y de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que les otorgan los gobiernos de la República de Colombia y del Reino de España

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión del catorce de febrero de dos mil trece, la Cámara de Diputados dio cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores con el que remite el expediente que contiene las minutas proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Maximiliano Cruz Ramos y Juan Manuel Corrales Calvo para que puedan aceptar y usar las Condecoraciones que en diversos grados les otorgan gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen.

Consideraciones

1. Que de la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

2. Que al aprobarse las minutas remitidas por la colegisladora, no implican la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad nacional por aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros.

3. Que las condecoraciones, de acuerdo al análisis de los expedientes de los ciudadanos mencionados, son otorgadas por la voluntad y beneplácito de los gobiernos extranjeros en virtud de la trayectoria profesional o labores excepcionales de los nominados.

4. Que la condecoración Orden del Mérito Militar “General José María Córdova”, en categoría de Gran Oficial es otorgada por voluntad y beneplácito del Presidente de la República de Colombia al General Brigadier Maximiliano Cruz Ramos.

5. Que la condecoración “Orden de Isabel La Católica” en grado de Cruz de Oficial es otorgada  por Su Majestad, el Rey de España, al ciudadano Juan Manuel Corrales Calvo en atención a los méritos y circunstancias concurrentes en la persona del galardonado.

Por lo anterior expuesto, la Comisión de Gobernación considera cumplidos los requisitos constitucionales y legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, apartado C), fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso para que el ciudadano Maximiliano Cruz Ramos pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Militar General José María Córdova, en grado de Gran Oficial, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Artículo Segundo. Se concede permiso para que el ciudadano Juan Manuel Corrales Calvo pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adrián David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Antonio de la Barrera Fernández, Iván Alejandro Rivas Sánchez y Antonio Alberto Pineda Ronzón para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de la República de Guatemala en México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el seis de diciembre de dos mil doce por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Antonio de la Barrera Fernández, Iván Alejandro Rivas Sánchez y Antonio Alberto Pineda Ronzón puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de la República de Guatemala en México y de Estados Unidos de América en México, respectivamente, turnándose el expediente relativo a la suscrita comisión para su dictamen.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Antonio de la Barrera Fernández para prestar servicios como encargado de asuntos administrativos en la Embajada de la República de Guatemala en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Iván Alejandro Rivas Sánchez para prestar servicios como auxiliar contable en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Antonio Alberto Pineda Ronzón para prestar servicios como especialista en protocolo en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Amoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Guadalupe Cervera Velasco, Luis Espinosa Muñoz, Enrique Frías Moreno y Jesús Humberto González Rivera para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Libia en México; y en el Consulado General del primero en Matamoros, Tamaulipas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VII, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 30 de enero de 2013 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Guadalupe Cervera Velasco, Luis Espinosa Muñoz, Enrique Frías Moreno y Jesús Humberto González puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Libia en México y en el Consulado General del primero en Matamoros, Tamaulipas; el expediente relativo se turnó a la suscrita comisión para dictamen.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron la nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La solicitud no implica la aceptación o el uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea el siguiente

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Cervera Velasco para prestar servicios como inspectora de mantenimiento residencial en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Luis Espinosa Muñoz para prestar servicios como chofer en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Enrique Frías Moreno para prestar servicios como chofer en la Embajada de Libia en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Jesús Humberto González Rivera para prestar servicios como chofer en el Consulado General de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adrián David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Violeta Denisse Soria Contreras, Walter Alfonso Bencomo Gabilondo, Joel Acosta Ramos, Julio César Lozada Chávez, Luis Alberto Medina Hernández y Érika Cantú Torres para prestar servicios en la Embajada de Nueva Zelanda en México; y en los Consulados Generales de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey, Nuevo León, y Matamoros, Tamaulipas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el día 26 de febrero del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Violetta Denise Soria Contreras, Walter Alfonso Bencomo Gabilondo, Joel Acosta Ramos, Julio César Lozada Chávez, Luis Alberto Medina Hernández y Erika Cantú Torres, puedan prestar servicios de carácter administrativo a gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 constitucional, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la Ciudadana Violetta Denise, Soria Contreras para prestar servicios como asistente ejecutiva, en la Embajada de Nueva Zelanda, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al Ciudadano Walter Alfonso Bencomo Gabilondo para prestar servicios como asistente de investigaciones de fraude, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Tercero. Se concede permiso al Ciudadano Joel Acosta Ramos para prestar servicios como chofer/bodeguero, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al Ciudadano Julio César Lozada Chávez para prestar servicios como guardia de seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Quinto. Se concede permiso al Ciudadano Luis Alberto Medina Hernández para prestar servicios como guardia de seguridad en el Departamento de Seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Sexto. Se concede permiso a la Ciudadana Erika Cantú Torres para prestar servicios como administrador de página web/asistente en sistemas computacionales, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adrián David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jesús Fernando Céspedes Meneses, Claudia Eugenia Vargas Orozco, Israel Jesús Mendoza Chávez, Porfirio García Sosa, Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez y Fabián Salazar Gutiérrez para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; y en sus Consulados Generales en Matamoros, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el 26 de febrero del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jesús Fernando Céspedes Meneses, Claudia Eugenia Vargas Orozco, Israel Jesús Mendoza Chávez, Porfirio García Sosa, Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez y Fabián Salazar Gutiérrez, puedan prestar sus servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados Generales de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 Constitucional, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Jesús Fernando Céspedes Meneses para prestar servicios como auxiliar contable regional, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la Ciudadana Claudia Eugenia Vargas Orozco para prestar servicios como contador, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Israel Jesús Mendoza Chávez para prestar servicios como auxiliar de embarques, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Porfirio García Sosa para prestar servicios como coordinador de Seguridad Residencial y Guardias, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Abel Valdemar Tapiero Gutiérrez para prestar servicios como cajero/asistente financiero, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Fabián Salazar Gutiérrez para prestar servicios como empleado de visas de no inmigrante, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adrián David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

2013 COMO AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE ANAHUAC

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Continúe la Secretaría con los dictámenes a discusión, negativos, de iniciativas. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que declara 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y crea una comisión organizadora de dicha conmemoración

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que declara 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y crea una Comisión Organizadora.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 11 de diciembre de 2012 la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó en sesión ordinaria la Iniciativa con proyecto de decreto que declara al 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y crea una comisión organizadora.

2. Con fecha, dieciocho de diciembre de dos mil doce, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

3. El 1 de marzo de dos mil trece, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública remitió a esta Comisión el impacto presupuestario de la iniciativa materia de este dictamen señalando: “Se estima que la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara al año 2013 como año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y se crea la Comisión organizadora de dicha conmemoración, generaría un impacto presupuestario de 836 millones de pesos. Este cálculo se realizó tomando como base el festejo de los “150 años de la Batalla de Puebla”, debido a que en la iniciativa no se definió el número de acciones, así como el tipo de obras y eventos a realizarse.

4. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil trece, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La exposición de motivos de la iniciativa de referencia da cuenta de la importancia del Congreso de Anáhuac o Congreso de Chilpancingo convocado el 13 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, Guerrero, por José María Morelos y Pavón.

En este Congreso, el Siervo de la Nación leyó los veintitrés puntos del documento conocido como “Sentimientos de la Nación”, anteponiendo la libertad perfilándose  el camino hacia una nación independiente, libre y soberana, siendo este el primer antecedente directo de nuestra Constitución Política.

En el Congreso de Anáhuac se abolió la esclavitud, se decretó el reparto de latifundios, se establecieron los derechos del pueblo sin distinción de clases, asimismo fue votada la declaración de independencia. Tuvo doce delegados, entre los que se destacan José María Cos, Andrés Quintana Roo, Carlos María Bustamante, Ignacio López Rayón, José María Liceaga y Sixto Verduzco, entre otros.

De acuerdo con la exposición de motivos materia del presente dictamen, entre los aspectos más importantes de Los Sentimientos de la Nación se encuentran los siguientes:

1. Declarar la independencia de América de España, de cualquier otra nación, gobierno o monarquía.

2. Establecer que la soberanía emanaría del pueblo y del Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto por representantes de cada provincia, eliminándose la figura del rey de España.

3. Dividir al gobierno en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

4. Cambiar la forma de gobierno, se eliminaría el sistema monárquico y se establecería un gobierno liberal.

5. Proscribir la esclavitud y la distinción de castas.

Asimismo, el 6 de noviembre de ese año el Congreso de Anáhuac proclamó la separación de la Nueva España mediante el acta solemne de la declaración de independencia de la América Septentrional, sustentada en su mayoría por lo expresado por José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación.

El objeto de la iniciativa busca reconocer la importancia del Congreso de Anáhuac y de Los Sentimientos de la Nación en nuestra historia, proponiendo solicitar al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión que se declare 2013 como año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac.

Consideraciones

1. El Congreso de Anáhuac fue la primera asamblea política mexicana libre de la opresión española. Las fuerzas insurgentes se vieron en la necesidad de organizar una autoridad que dirigiera las operaciones de la mayoría y al mismo tiempo, constituyera un gobierno. El Congreso quiso consolidar la identidad política de la América Septentrional, sin embargo, la guerra de Independencia hizo que se mantuviera itinerante por la persecución de las fuerzas realistas de las que fue objeto.

2. El Congreso tuvo sustento en las ideas liberales y democráticas, quiso organizar los poderes y el sistema de gobierno; fue novedoso por haber introducido nociones sobre la soberanía, el derecho de sufragio del pueblo, la división de los poderes, el territorio y la forma de gobierno republicana.

3. Los hechos históricos de nuestra independencia y los anhelos de conformación política del siglo XIX consolidaron nuestra identidad nacional; la celebración del Bicentenario del inicio de la Independencia inauguró la conmemoración de los hechos, como el Congreso de Anáhuac, mismos que consolidaron la identidad de la nación mexicana y su nacimiento; es por eso, que los integrantes de esta Comisión estiman loable el propósito de la iniciativa, sin embargo, es importante destacar que el 2013, al haber iniciado, hace extemporánea la vigencia de la misma a fin de decretar este año como el del “Bicentenario del Congreso de Anáhuac”, pero esto no es óbice para que esta Comisión analice las iniciativas y minutas que están relacionadas con la que se dictamina en este documento.

4. Otro propósito de la iniciativa que se examina es la creación de una Comisión Organizadora del los festejos del Bicentenario del Congreso de Anáhuac; sin embargo,  es importante señalar que el 24 de diciembre de 2012  fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran Comisiones Especiales que funcionarán durante la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

5. Dentro de las Comisiones Especiales aprobadas, la Cámara de Diputados mostró interés sobre la Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y Los Sentimientos de la Nación, por lo que creó la Comisión Especial presidida por el Diputado Manuel Añorve Baños, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que tendrá entre sus facultades las de programar las actividades entre los Poderes de la Unión para realizar las acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo el país para los festejos del Bicentenario del Congreso de Anáhuac. Así, conforme al Acuerdo, se estableció:

Segundo. Se constituyen las siguientes Comisiones Especiales de la LXII Legislatura Cámara de Diputados:

1. a 7. ...

8 . Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de Los Sentimientos de la Nación.

9 a 27...

6. Por otro lado, la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión dictaminó la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 18 de la Ley del Escudo, Bandera y el Himno Nacionales con las fechas 13 de septiembre, “Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana” y 6 de noviembre: “Conmemoración de la Promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac, sancionada en el Palacio de Chilpancingo, en 1813”. El dictamen de la iniciativa fue aprobado por la Cámara de Senadores el veintiséis de abril de dos mil doce y la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados el treinta de abril de dos mil doce para los efectos constitucionales correspondientes, siendo turnada a la Comisión de Gobernación para el estudio y dictamen correspondiente.

7. El treinta de abril de dos mil doce, el Senado de la República aprobó el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que declara al 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la Proclamación de Los Sentimientos de la Nación”, misma que crea la Comisión Especial de dicha conmemoración y la emisión de una moneda conmemorativa a los 200 años del Congreso de Anáhuac de 1813, Primer Constituyente de la Nación Mexicana”. La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados, el treinta de abril de dos mil doce, siendo turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para el estudio y dictamen correspondiente.

8. El seis de febrero de dos mil trece, la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al 2013 como “Año de la Libertad y la República” para conmemorar el centenario de las muertes del presidente Francisco I. Madero, del vicepresidente José María Pino Suárez, del senador Belisario Domínguez Palencia y de los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión quienes, con miles de mexicanos más, ofrendaron la vida por los ideales de una república libre, justa, democrática y constitucional y con este motivo se realicen actividades culturales y académicas en su honor.

9. El proyecto fue aprobado en la sesión del seis de febrero de dos mil trece por 411 votos a favor, remitiéndose a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales correspondientes. El proyecto de decreto aprobado quedó de la siguiente manera:

Decreto por el que se declara 2013 como Año de la Libertad y la República

Primero. El Congreso de la Unión declara 2013 como Año de la Libertad y la República, conmemorativo del centenario de las muertes del presidente Francisco I. Madero, el vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como el senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron la vida por el ideal de una república más libre, justa, social, democrática y constitucional.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del Estado deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: “2013, Año de la Libertad y la República”.

Tercero. Los gobiernos federal, estatales y municipales realizarán las actividades cívicas, académicas y culturales que enaltezcan la gesta heroica de los mártires de 1913.

Cuarto. El Banco de México podrá emitir una serie de monedas conmemorativas con las efigies de los ilustres mártires de 1913 en su centenario, con las efigies del presidente Francisco I. Madero, el vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, así como del senador Belisario Domínguez Palencia, incluyendo la leyenda: “Ofrendó su vida por la libertad y la República”.

10. Consideramos la importancia del Congreso de Anáhuac que afirmó la soberanía nacional misma que reside originariamente en el pueblo y el ejercicio del poder público dimana directamente de éste para su beneficio y cuya voluntad es la de organizarse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta por Estados libres y soberanos, por lo que al haber sido aprobadas en la Cámara de origen, esta Comisión estima oportuno el estudio y dictamen de los proyectos de decreto provenientes de la Cámara de origen dando a estas celebraciones la relevancia histórica conforme al propósito de la iniciativa que es materia de este dictamen; de igual forma, el Honorable Congreso de la Unión ha aprobado que el 2013 sea llamado “Año de la Libertad y la República”, por lo que la intención de la presente iniciativa ha sido ocupado dando preponderancia al centenario del sacrificio del presidente Francisco I. Madero, del vicepresidente José María Pino Suárez; de los diputados Serapio Rendón, Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión y del senador Belisario Domínguez Palencia.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa por el que declara el año 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y crea una Comisión Organizadora de dicha conmemoración, presentada por la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el once de diciembre de dos mil doce.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en contra), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adrián David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

«Opinión de impacto presupuestario que emite la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y se crea la comisión organizadora de dicha conmemoración, presentada por la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

A esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente a la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su opinión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y se crea la comisión organizadora de dicha conmemoración.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XXXVIII; 45, numeral 6, inciso e) y 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 18, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 149, numeral 2, fracción II; 157, numeral 1, fracción IV; 158, numeral 1, fracción IV y IX; Y 175, numeral 1, fracción III, inciso e) del...Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa anteriormente descrita al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 18 de diciembre de 2012, la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, integrante de la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al año 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y se crea la comisión organizadora de dicha conmemoración.

II. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha Iniciativa a la Comisión de Gobernación para dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Contenido de la iniciativa

El objetivo de la presente Iniciativa, busca que se declare “2013, año del bicentenario del Congreso de Anáhuac”; esto con el fin de reconocer la importancia del Congreso de Anáhuac y del documento Sentimientos de la Nación en nuestra historia.

Para ello, se propone la creación de la Comisión Organizadora del Conmemorativo del Bicentenario del Congreso de Anáhuac, a efecto de que sea la encargada de preparar y llevar a cabo desde la entrada en vigor del presente decreto y hasta el último día de 2013, un programa base que contenga la relación de encuentros, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo el país, para facilitar su realización, en los ámbitos federal, estatal, municipal e internacional.

Se establecen como integrantes de la Comisión Organizadora del Conmemorativo del Bicentenario del Congreso de Anáhuac, a:

1. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, o quien éste designe, el que fungirá como presidente de la comisión;

2. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o quien éste designe, quien fungirá como Secretario de la comisión;

3. Los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, o a quien éstos designen, quienes fungirán como secretarios de la comisión

4. Al jefe del Gobierno del Distrito Federal, o a quien éste designe,

5. A los gobernadores de Michoacán, Guerreo, estado de México, Morelos y la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, en su calidad de promovente.

Lo anterior, con el objeto de coordinar las actividades con los diferentes Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como con las instituciones educativas, culturales y cívicas del país y con los organismos representativos de los sectores privado y social.

De ahí que con la Iniciativa en estudio, lo que se busca es reconocer la aportación del Congreso de Anáhuac al reconocimiento de los derechos fundamentales de la libertad e igualdad y de esta forma complementar las reformas constitucionales, que se aprobaron en materia de derechos humanos en 2011.

Consideraciones

Para la elaboración de la presente opinión, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, mediante solicitud 003 de fecha ocho de enero del dos mil trece, la valoración del impacto presupuestario de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al año 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y se crea la comisión organizadora de dicha conmemoración.

Esta comisión recibió la valoración de dicho centro el 22 de Enero de 2013, misma que sirve de base para este documento.

Con base en la valoración realizada por Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, se establece la creación de una Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac, misma que integrará por funcionarios públicos y tendrá el carácter honorifico por lo que dicha propuesta no implica recursos adicionales para su ejecución.

Sin embargo, establece que el Ejecutivo Federal, decidirá cuál será la entidad o dependencia de la Administración Pública Federal, que coordine los programas y calendarios que sean establecidos por la Comisión Organizadora; asimismo, el Ejecutivo Federal deberá de prever los medios presupuestarios necesarios para el cumplimiento del presente proyecto.

Por otro lado, para el desarrollo de las funciones de la Comisión Organizadora del Conmemorativo del Bicentenario del Congreso de Anáhuac, se crean dos consejos, un Consejo Asesor y un Consejo Asesor Internacional, los cuales auxiliarán en el desarrollo de funciones precisas, estableciendo la metodología para llevar a cabo las acciones y obras conmemorativas, la preparación y organización de las actividades a desarrollar.

Por último, el programa base deberá definir el calendario de los eventos conmemorativos, las tareas detalladas a realizar en los tres niveles de gobierno, así como en el extranjero; además de los estudios, obras e investigaciones que se considere necesario fomentar como parte de los festejos.

Ahora bien, se ha establecido que no es posible cuantificar el monto exacto de los recursos que se eroguen con la aprobación de la presente iniciativa en cuestión, toda vez que en el propio cuerpo normativo, no se establecen de manera clara las acciones conmemorativas que se llevaran a cabo.

En ese contexto, con el objeto de brindar alguna referencia sobre el costo presupuestario que una iniciativa de esa índole puede tener; se considera por analogía el caso de la conmemoración del «150 Aniversario de la Batalla de Puebla”, a la que se asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 de acuerdo a lo siguiente:

1. 90 millones de pesos a la recuperación de la imagen urbana del Complejo Cívico-Histórico de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

2. 395.6 millones de pesos a la imagen urbana del Centro Cívico Cultural 5 de Mayo.

3. 350 millones de pesos al museo “150 años de la Batalla de Puebla”.

Adicionalmente, el gobierno del estado de Puebla destinó 800 millones de pesos para dicho evento.

Por lo que, se estima que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al año 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y se crea la comisión organizadora de dicha conmemoración, generaría un impacto presupuestario de 836 millones de pesos,derivado de los posibles programas y eventos a desarrollarse.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emite la siguiente:

Opinión

Primero. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al año 2013 como Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y se crea la comisión organizadora de dicha conmemoración, implica un impacto presupuestario de 836 millones de pesos. Este cálculo se realizó tomando como base el festejo “150 años de la Batalla de Puebla”, debido a que en la Iniciativa no se definió el número de acciones, así como el tipo obras y eventos a realizarse.

Segundo. La presente opinión se formula, solamente en materia de la competencia de esta comisión.

Tercero. Remítase la presente opinión a la Comisión de Gobernación, para los efectos a que haya lugar.

Cuarto. Por oficio, comuníquese la presente opinión a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2013.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados:José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), presidente; Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Alberto Curi Naime (rúbrica), José Luis Márquez Martínez (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal, Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica), Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Jorge Salgado Parra (rúbrica), Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Lucila Garfias Gutiérrez, secretarios; Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Kamel Athie Flores (rúbrica), Manuel Añorve Baños (rúbrica), Juan Manuel Diez Francos (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Mauricio Sahui Rivero (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, José Martín López Cisneros (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes, Jorge Iván Villalobos Seáñez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Víctor Manuel Manriquez González (rúbrica), Carlos Augusto Morales López, Domitilo Posadas Hernández (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica).»

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, basándose en los siguientes:

I. Antecedentes

1.El 12 de diciembre de 2012, la diputadaRosa Elba Pérez Hernández, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. A la Comisión Gobernación le fue turnado para su estudio y dictamen proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

3. El veintisiete de febrero de dos mil trece los integrantes de la Comisión de Gobernación se reunieron para discutir y aprobar el presente dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa en cuestión parte de la discriminación de la cual son objeto las personas mayores de cuarenta años. Menciona que los empleadores difícilmente adquieren sus servicios afectándoles con ello su economía personal. Por ello considera necesario hacer algo para evitar la segregación por este carácter, sobre todo, porque en algunos años más el bono demográfico del que goza como país en la actualidad se revertirá por razones naturales, por lo que las condiciones presentes afectarán severamente a la economía nacional.

Para evitar ese problema propone que las la Secretaría de Economía, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estudien y determinen mediante reglas generales los estímulos fiscales necesarios para evitar la discriminación laboral.

III. Consideraciones

1. La iniciativa materia del presente dictamen pretende establecer estímulos fiscales para propiciar la contratación en estos esquemas, de individuos en las brechas de edades  ahí mencionadas, sabiendo que se ganaría experiencia, responsabilidad, y fuerza física plena. Para ello propone que las la Secretaría de Economía, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estudien y determinen mediante reglas generales los estímulos fiscales necesarios para evitar la discriminación laboral.

De acuerdo a lo antes expuesto, los estímulos fiscales únicamente pueden establecerse en leyes en sentido formal y material conforme al artículo 28 constitucional y a su interpretación.

Tomando en cuenta que la iniciativa tiene como finalidad que se establezcan estímulos fiscales en normas a las que denomina “reglas de carácter general”, que no tienen el rango de ley, debe concluirse que existe un impedimento Constitucional para que pueda concretarse la reforma propuesta.

Esta Comisión de Gobernación no puede dejar de decir que comparte los argumentos de fondo de la iniciativa en dictamen. La eliminación de la discriminación laboral por razón de edad es una de las finalidades que persigue la Constitución Federal, como expresamente dice el último párrafo del artículo 1o.

Sin embargo, considerando que la Constitución forma una unidad y que sus preceptos deben de interpretarse armónicamente, debe de rechazarse la iniciativa, considerando que, en todo caso, los estímulos fiscales para eliminar la discriminación laboral deben de determinarse en una ley en sentido formal y material y no en reglas generales que establezcan las Secretarías materia de la iniciativa.

De acuerdo a ello, esta comisión, para respetar la reserva de fuente que hace el artículo 28 constitucional, debe de rechazar la iniciativa.

2. El texto original de la Constitución Federal prohibió la exención de impuestos en el artículo 28, que indicaba escuetamente “En los Estados Unidos Mexicanos quedaban prohibidos (as) [...] las exenciones de impuestos”.

Las constantes críticas hechas al aludido texto constitucional, en atención a la necesidad de que sí se permitan las exenciones fiscales, provocaron que el Constituyente Permanente le hiciese un agregado. El texto reformado y actualmente en vigor indica: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos (as) las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes”.

Si se interpreta adecuadamente el agregado, el mismo condiciona la existencia de exenciones fiscales a su establecimiento en una ley, esto es, solo cuando un acto formal y materialmente legislativo lo determine puede exentarse del pago de un impuesto.

En este sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P./J. 31/2002 que es del tenor literal siguiente:

“Exenciones fiscales. Corresponde al Poder Legislativo establecerlas en ley, de conformidad con el sistema que regula la materia impositiva, contenido en los artículos 31, fracción IV, 28, párrafo primero, 49, 50, 70 y 73, fracción VII, de la Constitución federal.De los artículos 31, fracción IV, 49, 50, 70 y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que, corresponde  exclusivamente al Poder Legislativo establecer en una ley las contribuciones, así como sus elementos esenciales; este principio de reserva de ley se expresa también en el artículo 28, párrafo primero, constitucional, en cuanto señala que están prohibidas las exenciones “en los términos y condiciones que fijan las leyes”. Por tanto, si la exención en materia tributaria consiste en que, conservándose los elementos de la relación jurídico-tributaria, se libera de las obligaciones fiscales a determinados sujetos, por razones de equidad, conveniencia o política económica, lo que afecta el nacimiento y cuantía de dichas obligaciones, se concluye que la exención se integra al sistema del tributo, de modo que su aprobación, configuración y alcance debe realizarse sólo por normas con jerarquía de ley formal y material.”

Con ello se establece la regla de que la norma que excluye un impuesto debe de ser de igual rango que la que lo impone.

Pues bien, la exención o condonación es el hecho de que el gobierno o la ley excluyan de la obligación de pago a los sujetos pasivos del impuesto.

Existen otros fenómenos fiscales que para el contribuyente producen el mismo efecto o un efecto similar al de la exención de impuestos. Estos fenómenos son especialmente los subsidios y los estímulos fiscales.

El fenómeno en cada caso es distinto. El beneficio llega a las personas o entes señalados por diverso camino al que se manifiesta en la exención de impuestos pero, finalmente, el efecto es el mismo que el de las exenciones fiscales.

La Ley del Impuesto sobre la Renta se refiere a los estímulos fiscales; en otras leyes aparecen los subsidios. Analizados los preceptos que aluden a estímulos o a subsidios, nos encontramos con que en algunos casos se permite realizar un pago diferido sin que se cobren los recargos correspondientes lo que evidentemente es una exención, pues de acuerdo el Código Fiscal de la Federación los recargos tienen la misma naturaleza que las contribuciones.

La materia de estímulos fiscales ha cambiado en la legislación precisamente porque el asunto no es del todo diferente al que se produce con las exenciones de impuestos y por otras diversas razones de interés económico.

De acuerdo a lo anterior se obtiene que si se pretende la prohibición de exenciones fiscales, los subsidios y los estímulos deben ser considerados como tales en atención al efecto económico; por lo que si están prohibidas las exenciones, lo mismo igualmente están prohibidos los estímulos y los subsidios salvo que sea una ley en sentido formal y material la que los establezca.

Por los motivos expuestos en los dos puntos considerativos anteriores, esta Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa de decreto que reforma los artículos 31 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Nota:

1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, pleno, XVI, julio 2002, pág. 998.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adrián David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montaño Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica en abstención), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza, Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 32 Bis y adiciona el 32 Ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que  reforma los artículos 26 y 32 Bis y adiciona un artículo 32 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. El seis de septiembre de dos mil doce, el diputado Alonso Inzunza Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 32 Bis y adiciona un artículo 32 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. En esa misma fecha, seis de septiembre de dos mil doce, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y análisis correspondiente.

3. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil trece, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada, el diputado proponente sostiene lo siguiente:

La extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos entró en funciones a partir del sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952) y vigente hasta el periodo de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), dicha institución surge a partir de la necesidad de estructurar una política de atención integral al manejo del recurso del agua alcanzando su mayor esplendor durante los años del desarrollo estabilizador.

Sus antecedentes inmediatos fueron la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, en 1917, y la Comisión Nacional de Irrigación (1926-1946); posteriormente quedó fusionada a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para denominarse Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, misma que fue transferida en 1994 a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, actualmente Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos, como institución fundamental del gobierno mexicano, ejecutó múltiples acciones cuyo propósito se orientó a la planeación, construcción y operación de toda una serie de medidas y proyectos encaminados precisamente al cuidado, la sustentabilidad, la disponibilidad, el suministro y el saneamiento del agua.

Hoy, los procesos a cargo de la Comisión Nacional del Agua para garantizar la suficiencia y calidad del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo, requieren de la participación de la sociedad, de manera que los propios habitantes, como actores beneficiados, den seguimiento a las acciones ejecutadas y demandas planteadas.

No obstante, frente a los enormes retos que el presente y futuro plantean en materia de abasto y saneamiento de agua y que hoy son tema de la agenda de desarrollo de las naciones, se han levantado diversas voces que han expresado la necesidad de fortalecer aquellas medidas que garanticen la aplicación de una política oficial integral en materia de recursos hídricos.

Incluso el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido recientemente que el agua, gracias a su valor social, económico y ambiental, requiere ser gestionada al amparo de un marco institucional robustecido.

De acuerdo al iniciador, cobra validez la propuesta de que en el país sea creada nuevamente la Secretaría de Recursos Hidráulicos como ente de la administración pública federal que daría  la importancia estratégica para el desarrollo nacional que representa el asunto agua en todas sus vertientes.

Con la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos se dejaría a un lado la visión burocrática del sector para otorgar a la nueva dependencia mayores facultades que permitan la recuperación y aplicación de una efectiva política en la materia, más aún cuando en el país la disponibilidad del recurso presenta una desigual distribución regional y estacional

La presente iniciativa tiene como objetivo crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos, derogando las facultades de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y dando a la nueva dependencia atribuciones para el cumplimiento de su misión.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes.

Consideraciones

1. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal. La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la administración pública centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.

2. En esa nueva organización de la administración pública, conformada en 1976, se fusionaron las Secretarías de Agricultura y la de Recursos Hidráulicos. Ésta última tuvo entre sus atribuciones la organización, dirección y reglamentación de los trabajos de hidrología de cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, vigilando el cumplimiento y aplicación de la Ley General de Aguas.

3. Igualmente entre sus atribuciones estaba la de administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de las cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de -propiedad nacional, así como de las zonas federales correspondientes y el estudio, proyección, construcción y conservación de las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos donde se utilicen obras y recursos hidráulicos, además de la dotación de agua a los núcleos de población e industrias, entre otros.

4. El 16 de enero de 1989, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Comisión Nacional del Agua como un órgano administrativo y desconcentrado de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Dicha desconcentración obedeció a criterios para una distribución adecuada del agua, en un uso eficiente y equitativo, con el objeto de atender las necesidades sociales, económicas y ecológicas y haciendo responsable a la sociedad civil para que contribuyera en los costos de los servicios del agua por los que se viera beneficiada.

5. El 28 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal creando la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Gracias a la idea de “desarrollo sustentable”, esta nueva dependencia nació a partir de la necesidad de planear el manejo de recursos naturales y políticas ambientales en el país desde un punto de vista integral, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales.

6. Esta nueva organización fue propicia para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contara, para el estudio, planeación y despacho de sus atribuciones, con los siguientes órganos desconcentrados: 1) La Subsecretaría de Recursos Naturales; 2) La Subsecretaría de Pesca; 3) El Instituto Nacional de Ecología; 4) El Instituto Nacional de la Pesca; 5) El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; 6) La Comisión Nacional del Agua; 7) La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y 8) La Comisión para el Conocimiento de la Biodiversidad.

7. El 30 de noviembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que las atribuciones de Pesca, que quedaban bajo la competencia de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, fueron trasladadas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Dicha reforma obedeció a la necesidad de una gestión funcional que permitiera impulsar una política de protección ambiental que diera respuesta a la creciente expectativa nacional para proteger los recursos naturales y que lograra incidir en las causas de la contaminación y de la pérdida de ecosistemas y la biodiversidad en el territorio nacional.

8. En relación con el manejo de los recursos hídricos de México, el artículo 8 de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992, señala cuáles son las atribuciones otorgadas a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales:

Artículo 8. Son atribuciones del secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales:

I. Proponer al Ejecutivo federal la política hídrica del país;

II. Proponer al Ejecutivo federal los proyectos de ley, reglamentos, decretos y acuerdos relativos al sector;

III. Fungir como presidente del Consejo Técnico de “la Comisión”;

IV. Suscribir los instrumentos internacionales, que de acuerdo con la Ley sean de su competencia, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, e instrumentar lineamientos y estrategias para el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de aguas;

V. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia hídrica en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a propuesta de la Comisión; y

VI. Las que en materia hídrica le asignen específicamente las disposiciones legales, así como aquellas que le delegue el titular del Ejecutivo federal.

9. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conservó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la estructura de los órganos desconcentrados. Sus atribuciones quedaron establecidas en la Ley de Aguas Nacionales, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría mencionada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2003.

10. El artículo 3, fracción XII de la Ley de Aguas Nacionales señala que la naturaleza de la Comisión Nacional del Agua es la de ser el órgano carácter técnico, normativo y consultivo de la federación, dotado de autonomía administrativa, presupuestal y de ejecución:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a XI. ...

XII. Comisión Nacional del Agua: Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere;

XIII. a LXVI. ...

11. De la lectura anterior se desprende la responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua sobre la gestión y administración, regulación, control y protección de los recursos hídricos. Sus atribuciones y organización quedan establecidas pormenorizadamente en el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales y que consisten en el fomento del uso eficiente del agua en la producción agrícola, incrementando la eficiencia en el uso del recurso en los distritos y unidades de riego, la construcción de la infraestructura hidráulica que amplíen la frontera agrícola en zonas con disponibilidad de agua y el apoyo a las zonas rurales marginadas con infraestructura hidráulica.

12. La Comisión Nacional del Agua también tiene como atribución fomentar la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios del agua potable, alcantarillado y saneamiento, atendiendo el rezago en la cobertura y calidad de los servicios del agua potable, alcantarillado y saneamiento de básico en las zonas rurales; le corresponde la ampliación de las coberturas en la distribución del líquido y la mejora en la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el tratamiento de las aguas residuales y el intercambio del agua tratada por agua de primer uso.

13. La Comisión Nacional del Agua es responsable del manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; debe determinar y dar a conocer su volumen y calidad disponible en las reservas del país y regular la demanda del vital líquido; además, señala cuáles son los procesos de planeación, programación, presupuestación y aplicación de los programas hidráulicos sobre cuencas y acuíferos. Entre sus atribuciones está la de reducir la contaminación del agua, lograr el equilibrio en las cuencas y acuíferos sobrexplotados e inducir a la sociedad a reconocer el valor económico del agua.

14. Conagua promueve el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector, eficientando los recursos financieros destinados. En este sentido, consolida el proceso de descentralización de funciones, programas y recursos que realiza la Federación hacia los estados, municipios y usuarios para lograr un mejor manejo del agua. Uno de sus objetivos, igualmente, es la consolidación de la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua, promoviendo la cultura del uso racional, lo anterior, logrando el fortalecimiento de los consejos, comisiones y comités que integran el organismo.

15. Finalmente, entre sus atribuciones se encuentran la prevención y disminución de riesgos así como la atención de los efectos de las inundaciones y las sequías, consolidando los sistemas de información y alerta de los fenómenos hidrometeorológicos e implantando los planes de prevención y atención de inundaciones, a través de acciones que involucren a los órdenes de gobierno y a los usuarios.

16. De acuerdo lo anteriormente expuesto, se considera que la Comisión Nacional del Agua tiene las atribuciones suficientes que permiten el adecuado manejo de los recursos hidrológicos del país. Como órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico, tiene la autonomía técnica y presupuestal suficientes para realizar las actividades de planeación, construcción, operación y conservación de los recursos hidráulicos y la formulación de acciones requeridas en cada cuenca hidrológica, como establece el decreto de su creación, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento.

17. Considerar la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos representaría el traspaso de recursos, las adecuaciones presupuestarias que comprenden las modificaciones a las estructuras programáticas y financieras, de los calendarios financieros y de metas, de los recursos humanos y de los activos patrimoniales, por lo que habría un impacto presupuestario que no está debidamente cuantificado, lo que implicaría un retraso en la aplicación de las políticas nacionales que en la materia realiza la Comisión Nacional del Agua perjudicando el cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales del país, por lo que la propuesta de creación de la Secretaría que pretenden la Iniciativa materia del presente dictamen no se considera viable.

18. Por los argumentos esgrimidos con anterioridad, esta Comisión considera que en el marco de renovación de las instituciones del país es necesaria la atención cabal del manejo adecuado del agua y las reservas hídricas nacionales. La conjugación de los esfuerzos de corresponsabilidad social implican que una nueva estructuración de la administración pública federal contemple elementos humanos, administrativos y presupuestarios suficientes que consoliden a un órgano capaz de manejar responsable y eficientemente los recursos y estructura hidrológica de todo el territorio nacional.

19. En este sentido, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura refrendan su compromiso a fin de realizar los esfuerzos legislativos necesarios que permitan una adecuada, eficiente y eficaz atención al problema del agua.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma  los artículos 26 y 32 Bis y adiciona un artículo 32 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por el diputado Alonso Inzunza Montoya, integrante del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, el seis de septiembre de dos mil doce.

Segundo. Archívense el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 7 de febrero de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Amoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 322 y 323 y adiciona el 323 Bis a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 9 de octubre de 2012, la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa por la que se reforman los artículos 322 y 323, y adiciona un artículo 323 Bis a la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como objetivos establecer que la voluntad del donador o disponente prevalecerá sin importar la forma como se haya manifestado, prever que el consentimiento del donador deberá ser libre e informado, y facultar al Centro Nacional de Trasplantes en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, para establecer los mecanismos para informar de manera clara y objetiva sobre el procedimiento de donación de órganos al aspirante a ser donador o disponente.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El ejercicio de la medicina es cada vez más complejo y de mayores implicaciones económicas, políticas y sociales. En su práctica deben primar los criterios de eficiencia, productividad y racionalidad. Esto es, poner al servicio de la sociedad métodos de gestión modernos sin perder el sentido de su finalidad primordial: servir a la raza humana y en especial a los que sufren.

La donación de órganos y tejidos de humanos no ha logrado satisfacer las necesidades para el trasplante, lo que ha provocado que sectores inescrupulosos cometan acciones contrarias a la ética, como son: publicidad engañosa, turismo de trasplante y modalidades de tráfico y comercio de órganos. Hasta el momento, estas prácticas lucrativas de comercio de órganos son realizadas en áreas geográficas limitadas, en las que penosamente actúan profesionales del sector salud como intermediarios. Tales prácticas, además de generar la explotación de donantes y receptores, provocan en la sociedad una desconfianza creciente y un deterioro profundo a la estima pública hacia este tipo de tratamiento.

Tercera. El consentimiento es la piedra angular ética de toda intervención médica. Compete a la autoridad definir, de conformidad con las normas éticas internacionales, el proceso de obtención y registro del consentimiento relativo a la donación de células, tejidos y órganos, el modo en que se organiza la obtención de órganos y la función práctica del consentimiento como salvaguardia contra los abusos y las infracciones de la seguridad.

El consentimiento para la obtención de órganos y tejidos de personas fallecidas puede ser expreso o presunto, lo que depende de las tradiciones sociales, médicas y culturales de cada país; como, por ejemplo, el modo en que las familias intervienen en la adopción de decisiones sobre la asistencia sanitaria en general.

Tanto en un sistema como en el otro, no podrán extraerse células, tejidos u órganos del cuerpo de una persona fallecida en caso de que existan indicios válidos de que se oponía a ello. En un régimen de consentimiento expreso podrán extraerse células, tejidos u órganos de una persona fallecida si ésta hubiera dado su consentimiento expreso en vida.

Aunque en un sistema basado en el consentimiento presunto no se exige el consentimiento expreso antes de la extracción de las células, tejidos u órganos de una persona fallecida que no haya manifestado objeción en vida, los programas de obtención de órganos pueden mostrarse reacios a seguir adelante si los parientes se oponen personalmente a la donación; de manera análoga, en los sistemas basados en el consentimiento expreso, los programas también suelen tratar de obtener el permiso de la familia, incluso cuando el fallecido ha dado su consentimiento antes de morir.

Cuarta. La iniciativa duplica el contenido de los artículos 316; 335 Bis 1, fracción I, y 336 de la Ley General de Salud, en virtud de que el contenido de éstos, previene lineamientos relacionados con la obligación de brindar información completa, amplia, veraz y oportuna a los familiares sobre el proceso de extracción de órganos, además de los criterios que deben ser atendidos por los comités internos de coordinación para la donación y por los comités de trasplantes para poder contar con elementos suficientes que permitan la toma de mejores decisiones, tratándose de distribución y asignación de órganos y tejidos para trasplante.

Quinta. Respecto a la modificación del artículo 322, a efecto de que la voluntad del donador o disponente prevalezca sin importar la forma como se haya manifestado, se considera innecesaria su incorporación al referido dispositivo legal, toda vez que, de acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes y conforme a las disposiciones vigentes, en la práctica y el desarrollo del proceso de donación, se respeta en todo momento la voluntad del donador o disponente, y cuando se trata de hacer valer la negativa expresada en vida para ser donador de órganos por alguna persona, simplemente se detiene el proceso desde ese momento. De manera contraria, cuando alguna persona ha expresado su deseo para poder donar sus órganos y tejidos para trasplante, sus familiares buscan por todos los medios cumplir dicha voluntad.

Sexta. En relación a la sugerencia para modificar el artículo 323 en el que se propone que el consentimiento, además de ser expreso y por escrito, también debe ser libre e informado, el texto vigente del artículo 335 Bis 1 del referido cuerpo normativo, establece la obligación para los coordinadores hospitalarios de donación de brindar información completa, veraz y oportuna a los familiares sobre el proceso de extracción de órganos:

Artículo 335 Bis 1. Los coordinadores hospitalarios de donación de órganos y tejidos para trasplantes ante la identificación de un donante fallecido deberán:

Brindar información completa, amplia, veraz y oportuna a los familiares sobre el proceso de extracción de órganos, de conformidad con lo que señale esta Ley y demás disposiciones aplicables;...

Séptima. Acerca de la adición de un artículo 323 Bis, relativo a los mecanismos para informar de manera clara y objetiva de los procedimientos de donación de órganos, es oportuno señalar que existe regulación clara y suficiente al respecto en la que se establecen cuáles son los criterios que deben ser atendidos por los Comités Internos de Coordinación para la Donación y por los Comités Internos de Trasplantes para poder contar con elementos suficientes que permitan tomar las mejores y más adecuadas decisiones con estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables tratándose de distribución y asignación de órganos y tejidos para trasplantes, encontrándose de manera precisa dichos lineamientos en los artículos 316 y 336 de la Ley General de Salud, y en el Acuerdo que establece los Lineamientos para la Asignación y Distribución de órganos y tejidos de cadáveres de seres humanos para trasplante:

Artículo 316. Los establecimientos a que se refiere el artículo anterior contarán con un responsable sanitario, de quien deberán dar aviso ante la Secretaría de Salud.

Los establecimientos en los que se extraen órganos, tejidos y células, deberán de contar con un Comité Interno de Coordinación para la donación de órganos y tejidos, que será presidido por el Director General o su inmediato inferior que sea médico con un alto nivel de conocimientos académicos y profesionales en la materia. Este comité será responsable de hacer la selección del establecimiento de salud que cuente con un programa de trasplante autorizado, al que enviará los órganos, tejidos o células, de conformidad con lo que establece la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

A su vez, los establecimientos que realicen actos de trasplantes, deberán contar con un Comité Interno de Trasplantes que será presidido por el Director General o su inmediato inferior que cuente con un alto nivel de conocimientos médicos académicos y profesionales, y será responsable de hacer la selección de disponentes y receptores para trasplante, de conformidad con lo que establece la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Los establecimientos en los que se extraigan órganos y tejidos y se realicen trasplantes, únicamente deberán contar con un Comité Interno de Trasplantes.

El Comité Interno de Trasplantes deberá coordinarse con el comité de bioética de la institución en los asuntos de su competencia.

Los establecimientos que realicen actos de disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, deberán contar con un Comité de Medicina transfusional, el cual se sujetará a las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 336. Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se tomará en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás criterios médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del donador.

Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o tejido, ésta se sujetará estrictamente a las bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional que se integrarán con los datos de los pacientes registrados en el Centro Nacional de Trasplantes.

Octava. Por estas consideraciones, quienes integran esta comisión consideran que la siguiente iniciativa es inviable debido a que las modificaciones a la Ley General de Salud resultan innecesarias ya que existen disposiciones en la misma ley que atienden la situación que se pretende resolver.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 322 y 323, y adiciona un artículo 323 Bis a la Ley General de Salud, presentada por la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2013.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 2 octubre de 2012, la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como objeto incluir a la salud sexual y reproductiva, en particular, la prevención, detección oportuna y atención de cáncer de mama y cervicouterino como materia de salubridad general.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El cáncer es la enfermedad del siglo 21. Una de las principales causas de muerte en mujeres en edad madura hasta la vejez es el cáncer; y dentro de estos tumores malignos, se destacan el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Corresponden hasta el 35 por ciento de las enfermedades neoplásicas en las mujeres.

Es de reconocer la alta mortalidad que estas enfermedades refleja en la población femenina. En dos años la mortalidad por cáncer de mama en México se incrementó, de acuerdo con datos del Inegi y de la Secretaría de Salud, al pasar de 10.8 a 16.7 decesos por cada 100 mil mujeres del 2009 al 2011. En México diariamente se registran alrededor de 14 muertes por esta causa. Es decir, cada 2 horas fallece una mujer mexicana por cáncer de mama. Una de las razones por las que fallecen tantas mujeres es que 70 por ciento de los casos se detecta en etapas tardías, cuando el tumor ya se diseminó a otros órganos.

Como causa de muerte, el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino muestran una clara distribución geográfica diferenciada: el primero, se presenta primordialmente en el centro y norte del país, mientras que el cáncer cervicouterino afecta mayormente en los estados del sur y sureste de México.

Los 10 estados con mayores tasas de mortalidad por cáncer de mama son del centro y norte del país: Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Tamaulipas, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Coahuila, mientras que 7 de los 10 estados con menores tasas se encuentran en el sur y sureste: Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Chiapas, Yucatán, Campeche, Morelos y Hidalgo.

Ahora bien, 7 de los 10 estados con mayores tasas de mortalidad por cáncer cervicouterino están entre los 10 de menor tasa del cáncer de mama. Por otro lado, 5 de los 10 estados con menores tasas de mortalidad por este tipo de cáncer pertenecen al grupo de los 10 con mayor tasa de mortalidad por cáncer de mama, aunque los cinco estados que se agregan –Tlaxcala, Guanajuato, Hidalgo, Zacatecas y Coahuila– son del centro y norte del país.

Tercera. La salud reproductiva no sólo incluye a los cánceres de mama y cervicouterino. También lo conforman los siguientes temas de importancia para la salud de la mujer: la fecundidad, el inicio de vida reproductiva, preferencias reproductivas, práctica anticonceptiva, salud materna, atención a la mujer embarazada, lactancia materna, y las enfermedades de transmisión sexual –sida. De tal manera, que se le puede restar importancia a estos asuntos si se hace énfasis sólo en el cáncer más común en las mujeres.

Cuarta. La Ley General de Salud contempla ya estos temas de alta importancia. En el artículo 3, considera como materia de salubridad los siguientes temas: La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; la atención materno-infantil; la planificación familiar; la prevención y el control de enfermedades transmisibles; la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes; y la asistencia social, entre otros. De tal manera que la salud reproductiva y sexual para las mujeres está incluida en distintas fracciones del artículo 3.

Quinta. Por estas consideraciones, quienes integran esta comisión consideran que el siguiente dictamen es inviable debido a que el adicionar esta fracción al artículo resulta innecesario ya que existen disposiciones en la misma ley que atienden la situación que se pretende resolver.

Por lo expuesto los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2013.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL - LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 de la Ley de Asistencia Social y 168 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 13 de septiembre de 2012, el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa que reforma los artículos 12 de la Ley de Asistencia Social y 168 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como objeto considerar como servicio básico de salud en materia de asistencia social, la cooperación con instituciones de asistencia social y de servicios funerarios públicos y privados, en materia de apoyo económico para gastos funerarios, y de cooperación entre instituciones de asistencia social y de salud, para el otorgamiento de capacitación en materia de tanatología. Prever que el apoyo por concepto de gastos funerarios será el correspondiente a 240 días de salarios mínimos generales vigentes, según la zona geográfica en la que se encuentre el solicitante, pudiendo ser un familiar o conocido quien documente el deceso.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El artículo 168, fracción IX de la Ley General de Salud y el artículo 12, fracción I, inciso i) de la Ley de Asistencia Social ya prevén la prestación de servicios funerarios como actividades o servicios integrantes de la asistencia social.

Tercera. Actualmente el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), tiene vigente y opera el denominado “Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable”, a través del cual, se otorgan apoyos para gastos de traslado por defunción al lugar de residencia del fallecido cuando aquel se encuentre al interior de la republica y el deceso ocurra en el Distrito Federal.

En todo caso, se sugiere sea presentado como punto de acuerdo el modificar las reglas de operación del DIF para que amplíe la gestión de recursos y se otorgue el apoyo para más sujetos de asistencia social, y no sólo a aquellos que residen fuera del Distrito Federal y fallezcan en éste.

Cuarta. Debe considerarse que el concepto de asistencia social, tal como lo establece la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, es un concepto amplio que engloba todo el “conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”. De ahí que, dentro de este concepto, ya se encuentre incluida la protección de la salud mental y emocional de las personas que tienen alguna necesidad especial, situación que se encuentra corroborada por el texto vigente del artículo 29, segundo párrafo, de la Ley de Asistencia Social que a la letra establece:

Articulo 29. En el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones, el organismo actuará en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales, de acuerdo con la competencia y atribuciones legales que éstas tengan.

Promoverá, coordinadamente con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación física, psicológica, social y ocupacional, para las personas con algún tipo de discapacidad o necesidad especial, así como las acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales.

El organismo, promoverá una vinculación sistemática entre los servicios de rehabilitación y asistencia social que preste, y los que proporcionen los establecimientos del sector salud”.

Quinta. En el mismo tema, la iniciativa propone que se considere capacitación en materia de tanatología. Sin embargo, no especifica quienes serán sujetos a esta capacitación, ni en los términos en los que se va a otorgar dicha capacitación.

Sexta. El establecer un monto fijo para los apoyos por concepto de gastos funerarios dentro de la Ley, podría traer consigo:

Restar flexibilidad a los programas que actualmente existen en la materia e, incluso, poner en riesgo la prestación de otros servicios de la asistencia social de igual o mayor relevancia, por la gran cantidad de recursos financieros que tendrían que destinarse a esa clase de apoyos

Hacer nugatorio el contenido del artículo 26, inciso b) de la Ley de Asistencia Social, que otorga a los integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada de “establecer prioridades y estrategias nacionales para la prestación de servicios de asistencia social”, toda vez que con la reforma se establecería una prioridad tácita a favor de la prestación de los apoyos por concepto de gastos funerarios.

Séptima. Por estas consideraciones, quienes integran esta comisión consideran que el siguiente dictamen es inviable debido a que existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, que atienden la situación que se pretende resolver.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 de la Ley de Asistencia Social y 168 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2013.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica en contra), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 322 y adiciona el 336 Bis a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f),  y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 4 de septiembre de 2012 se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 322 y se adiciona el artículo 336 Bis de la Ley General de Salud, con oficio del Congreso del Estado de México de la LVII Legislatura, con fecha 13 de agosto de 2012.

2. Con fecha 25 de octubre de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

La iniciativa que se somete a consideración tiene como uno de sus propósitos enaltecer la decisión de quien en vida decide dar una parte de sí para beneficio de los demás, como un acto altruista, desinteresado, solidario, como inequívoca expresión de su dignidad humana, y que consecuentemente merece el reconocimiento y el respeto de la comunidad a la que pertenece.

Lo anterior, aunado a la suscripción de documentos expresos que sean validos ante cualquier autoridad o institución de salud tendrá, además, como consecuencia, el aumento en el número de las donaciones, para después de la muerte, de órganos y tejidos, con los beneficios múltiples que esto puede acarrear.

Es preciso explorar mecanismos que sean viables, como el dotar de eficacia jurídica plena a los documentos oficiales de donación, para después de la muerte, que expiden tanto el Centro Nacional de Trasplantes, como los centros estatales de trasplantes, a efecto de que dichos documentos sean elementos que contribuyan a incrementar los índices de donación en México.

Lo anterior, siempre y cuando los documentos referidos cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes, y contengan, además, los nombres y la firma o huella dactilar de dos familiares. Esto último, con la finalidad de que dichos familiares conozcan de antemano la voluntad del disponente y, en su momento, apoyen el respeto a la decisión altruista del donador.

Adicionalmente, ante la elevada incidencia de casos en los cuales el paciente presenta muerte cerebral, en establecimientos de salud que carecen de autorización sanitaria para la disposición de órganos y tejidos, y en los cuales existe consentimiento de donador o disponentes secundarios para ello, resulta necesario incorporar un precepto que especifique una doble obligación: en primer término, la de los establecimientos de salud para comunicar de inmediato la existencia de un donador; y en segundo lugar, la del Centro Nacional de Trasplantes para tomar las medidas que se requieran, incluidas las de transportación por cualquier medio, a efecto de proceder a la obtención, extracción, análisis, conservación, preparación, suministro, utilización y destino final de órganos, tejidos, componentes de tejidos, células, productos y cadáveres de seres humanos, con fines terapéuticos. Asimismo, para favorecer la acción diligente se establecen plazos máximos de tiempo, tanto para llevar a cabo labores de procuración en hospitales, como para resolver sobre la disposición de órganos y tejidos. Con lo anterior se pretende evitar la pérdida de la gran cantidad de órganos, tejidos y células idóneos para trasplantes, que en la actualidad se desaprovechan, buscando contribuir de esta forma en el incremento de los trasplantes provenientes de donantes cadavéricos, con los consecuentes beneficios para tantas personas que se encuentran a la espera de ellos.

Por lo anteriormente expuesto la presente iniciativa pretende reformar el artículo 322 y adicionar el artículo 336 Bis a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. En relación con lo anterior, el precepto 321 de la Ley General de Salud establece que la donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consistente en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su fallecimiento, se disponga de su cuerpo o cualquiera de sus componentes para trasplantes, Como puede observarse, la Ley General de Salud contempla ambos tipos de consentimiento.

Tercera. La reforma referida resulta innecesaria toda vez que, el cuarto párrafo de dicho precepto legal ya contempla en lo general lo que se pretende con dicha reforma al señalar que: “La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte”, lo que incluye, bajo el principio de donde la ley no distingue no es posible distinguir, a los familiares del donante.

Cuarta. Es necesario señalar que la intención de la iniciativa de crear y exigir un documento oficial expedido por el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) o por los centros estatales, mediante el cual una persona haga donación expresa de órganos y tejidos, para después de su muerte; generaría un impacto presupuestal y originaría un efecto contraproducente al disminuir el número de donadores, ya que, como refiere el Cenatra, en su opinión; si bien la donación expresa tiene gran importancia; es la donación tacita con el consentimiento de los familiares la que tiene un mayor impacto en el funcionamiento actual para la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante.

Se comparte la opinión de dicho centro en cuanto a que la propuesta contiene aspectos que son contrarios a los principios que rigen actualmente la donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplante; y considerando que las actividades relativas a la donación deben sustentarse en actos totalmente altruistas: no es conveniente una visión contradictoria.

Quinta. Por lo que hace a la adicción de un articulo 336 Bis, es fundamental hacer referencia a la opinión de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en la cual menciona que de prosperar la propuesta que pretende que “equipos médicos pertenecientes a establecimientos de salud externos que cuenten con licencia sanitaria para realizar extracción y trasplantes de órganos y tejidos se desplacen a las instalaciones del establecimiento sin licencia para extraer los órganos y tejidos donados, implicaría un probable riesgo sanitario ya que, se estarían realizando trasplantes en establecimientos que no cumplen con los requisitos que se exigen para dichos procedimientos, aunado a ello contravendría lo dispuesto por los artículos 3o., fracción XXVI, 13 apartado A fracción II, 17 Bis, fracción VII, 315 de la Ley General de Salud, y el artículo 3 fracción VII del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de cuya interpretación se desprende que la facultad para emitir autorizaciones sanitarias corresponde a Cofepris y no a Cenatra; aunado a lo cual el artículo 315 de la Ley General de Salud establece claramente que los establecimientos a los que se le otorga la autorización sanitaria deberán contar con el personal, infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de dichos actos.

Debido a las razones referidas, y atendiendo a la opinión de las aéreas técnicas competentes, la Comisión de Salud da cuenta que los objetivos de la reforma y adición propuestas en la iniciativa analizada no son viables.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 322 y se adiciona el artículo 336 Bis a la Ley General de Salud, remitida por la LVII Legislatura del Estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2013.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona cuatro párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 11 de diciembre de 2007, el senador Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Senado de la República de la LX Legislatura, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. El dictamen elaborado por las comisiones mencionadas fue votado a favor y por consiguiente fue turnado al pleno de la Cámara de Senadores para ser votado en sesión de fecha primero de abril de 2008.

4. Habiendo pasado a primera lectura en sesión de fecha primero de abril de 2008, el dictamen pasó a una segunda lectura para la sesión de fecha 3 de abril de 2008, en la cual fue votado a favor por 104 votos y ordenándose turnar a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.

5. En sesión de fecha 8 de abril de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó se turnara la minuta en comento a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

6. El dictamen elaborado por la comisión mencionada fue votado a favor y por consiguiente fue turnado al pleno de la Cámara de Diputados. El dictamen en comento fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores.

7. En sesión celebrada en el pleno de la Cámara de Senadores con fecha 24 de marzo de 2009, se recibe el proyecto de decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud.

La presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha minuta se turnara a las Comisiones Unidas de Salud, y Estudios Legislativos.

8. Con fecha 8 de diciembre de 2011, en segunda lectura del pleno de la Cámara de Senadores, se aprueba en votación nominal el dictamen en sentido negativo por el que se desecha la iniciativa propuesta.

9. En sesión celebrada el 1 de febrero de 2012 en la Cámara de Diputados, se dio cuenta con oficio con el que devuelve el expediente con la minuta en comento. La presidencia de la Mesa Directiva indicó sea turnada a la Comisión de Salud para dictamen.

III. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como objeto incluir dentro de las actividades de atención médica la obligación de informar suficiente, clara, oportuna y verazmente al paciente o sus familiares, así como orientarlos respecto de la atención de la salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnosticados, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. Otorgar el derecho del paciente a otorgar o no su consentimiento por escrito, ante dos testigos, válidamente informados, para que se le pueda intervenir, así como a rechazar o aceptar las opciones diagnosticadas. Asimismo, las personas que podrán realizar dicho procedimiento ante la imposibilidad del paciente de tomar una decisión respecto de su tratamiento.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La iniciativa originalmente propuesta contemplaba que quien estuviera a cargo de la atención médica de las personas tuviera la obligación de informar de manera suficiente, clara, oportuna y veraz al paciente o sus familiares, así como orientarlos al respecto de la atención de la salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnosticados, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. Lo anterior con el propósito de que, derivado de la información, se pueda otorgar o no el consentimiento por escrito, para la realización de cualquier intervención.

Dicha iniciativa fue aprobada en su momento por la Cámara de Senadores, y se remitió a la colegisladora para continuar con el proceso legislativo correspondiente. Derivado de lo anterior, y una vez más analizada la propuesta se encontró, que durante el proceso legislativo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2009, decreto por el que se reforma el artículo 51 y se adicionan los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2 y 51 Bis 3 a la Ley General de Salud, que en la legislación vigente dictan lo siguiente

“ Artículo 51. Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.

Los usuarios tendrán el derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, al médico que los atienda de entre los médicos de la unidad del primer nivel de atención que les corresponda por domicilio, en función del horario de labores y de la disponibilidad de espacios del médico elegido y con base en las reglas generales que determine cada institución. En el caso de las instituciones de seguridad social, sólo los asegurados podrán ejercer este derecho, a favor suyo y de sus beneficiarios.

Artículo 51 Bis 1. Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen

Artículo 51 Bis 2. Los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal; en caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico.

Los usuarios de los servicios públicos de salud en general, contarán con facilidades para acceder a una segunda opinión.

Artículo 51 Bis 3. Las quejas que los usuarios presenten por la atención médica recibida, deberán ser atendidas y resueltas en forma oportuna y efectiva por los prestadores de servicios de salud o por las instancias que las instituciones de salud tengan definidas para tal fin, cuando la solución corresponda a su ámbito de competencia.”

Tercera. Por esta consideración, la presente minuta resulta innecesaria, ya que existen disposiciones que atienden la situación que se pretende resolver.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Primero. Se desecha la minuta proyecto de decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud, devuelta por la Cámara de Senadores el 1o. de febrero de 2012.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2013.

La Comisión de Salud, diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobados los puntos de acuerdo.Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

APOYOS PARA LOS PRODUCTORES DE MAIZ

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la implementación de apoyos para los productores nacionales de maíz, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la propuesta que me permito presentar, con el respaldo de los diputados José Antonio Rojo García de Alba, Salvador Barajas del Toro y Víctor Serralde Martínez, presidentes respectivamente de las comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego, de Ganadería y de Desarrollo Rural, busca que la Secretaría de Economía instrumente los mecanismos para que los productores nacionales de maíz tengan la certeza de que la comercialización de sus cosechas será realizada en su totalidad y, una vez concluida, la importación sea un complemento para el abasto nacional.

De la misma forma, para que la Sagarpa analice y en su caso rediseñe los diversos programas de apoyo al campo para que éstos cumplan con los objetivos dispuestos.

Entre otras consideraciones que son publicadas en la Gaceta Parlamentaria, exponemos que en los últimos años el campo mexicano no fue interpretado con la responsabilidad que requiere. También precisamos que el cultivo de maíz debe ser visto como un asunto estratégico para el desarrollo nacional.

Nuestro país sigue siendo deficitario en la producción de este grano. Por ese motivo, la demanda interna ha llevado a incrementar los niveles de importación de este producto. Este esquema sin regulación está causando la ruina de los productores nacionales de maíz, que siguen en desventaja por la importación de granos antes de la comercialización de la producción nacional, sin que dejemos de mencionar las afectaciones recientes que en el caso de Sinaloa y Sonora han sufrido los agricultores a raíz de las fuertes heladas ocurridas en enero pasado. Tendremos dos millones de toneladas menos de cosecha en Sinaloa.

Regresando al tema de las importaciones excesivas de maíz, encontramos que al momento de la cosecha existe mucha oferta del grano. Un ejemplo de esto se observó en la cosecha de maíz de Sinaloa del ciclo otoño-invierno 2011-2012, ya que de enero a junio se importaron 732 mil 800 toneladas de este grano, mientras que en bodega se tenían almacenado poco más de tres millones 610 mil toneladas, que no se podían comercializar.

Es evidente que los propósitos que motivan la importación del maíz libre de arancel quedan desvirtuados, toda vez que ciclo tras ciclo de cosecha impera la desorganización y especulación, dado que no se tienen controles realmente efectivos.

Los productores demandan la instrumentación efectiva de un modelo integral, que desde la aplicación y observancia de la administración pública le garantice esquemas de rentabilidad, rendimiento y protección a sus cosechas. Es imperativo que iniciemos de inmediato acciones dirigidas a atender este grave problema, donde está comprometido el futuro del campo mexicano.

Quiero comentarles, compañeras y compañeros diputados, la semana pasada se publicó por parte del Senasica la autorización de las reglas sanitarias para que se pueda importar maíz de Argentina, que entrará con arancel cero. Esto nos alerta a actuar con más firmeza para proteger a nuestros productores.

Por lo anterior, solicitamos —los que planteamos este punto de acuerdo— muy respetuosamente el apoyo a la presente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, en beneficio de miles de productores de maíz, más ahora que está por iniciar la cosecha de este grano correspondiente al ciclo de siembra otoño-invierno 2012-2013. Les pedimos su apoyo; es urgente su apoyo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la implantación de apoyos para los productores nacionales de maíz, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Alfonso Inzunza Montoya, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el respaldo de los diputados José Antonio Rojo García de Alba y Salvador Barajas del Toro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del diputado Víctor Serralde Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años, el campo mexicano no fue interpretado con la responsabilidad que lo requiere. La baja productividad del sector rural no ha sido detectada y anunciada en toda su dimensión como el gran problema que es.

Una cifra superior a los 3 millones de productores, así como el lugar que ocupa dentro del abasto nacional, además de representar una tercera parte del valor de la producción agrícola y disponer de poco más de la mitad de la superficie sembrada del país, son factores que hoy día ubican al maíz como el cultivo de mayor importancia para México, que debe ser visto como un asunto estratégico para el desarrollo.

Con una cosecha estimada en 23 millones de toneladas durante 2012 y una superficie de siembra anual promedio de 7.2 millones de hectáreas, México se ubica en el cuarto lugar como productor mundial de este grano, superado por los Estados Unidos de Norteamérica, China y Brasil.

No obstante los rendimientos, nuestro país sigue siendo deficitario en la producción de maíz. Por tanto, la demanda interna ha llevado a incrementar sus niveles de importación de este grano, que para el año que concluyó fue de 9.5 millones de toneladas.

Como dato ilustrativo, la actual superficie de siembra del país: 25 millones de hectáreas de temporal y 6.5 millones de hectáreas bajo riego, es la misma desde hace ya varios años.

Originalmente y buscando proteger los renglones agropecuarios de mayor importancia, desde las primeras negociaciones del TLC, México acordó con los Estados Unidos y Canadá, el establecimiento de aranceles-cuota para los principales productos agrícolas, sobre todo aquellos de especial interés y sensibilidad de los países firmantes.

Estos acuerdos precisaron por un lado un régimen de importación libre de arancel hasta determinada cuota, que una vez rebasada disponía la aplicación de aranceles elevados, buscando precisamente frenar su importación y, por otro, un plazo de desgravación gradual que inició en 1994 y concluyó al primero de enero de 2008. Fecha a partir de la cual, empezó a importarse maíz de los Estados Unidos sin limitación de cuota.

Contrario a lo establecido, y dado que México no cumple aún las metas de producción que garanticen la demanda interna, el nivel autorizado de importaciones fijado en 1994 en 2.5 millones de toneladas de maíz, pasó a 3.6 millones en 2006 y para 2012 se proyectó en 9.5 millones, que equivale a 380 por ciento más de lo previsto.

Así, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se obligó a establecer un nuevo modelo de agricultura que procura eficiencia y bajos costos, en razón de que la firma del acuerdo comercial en referencia, permite que las cosechas se importen y exporten con libertad, donde la calidad y los bajos precios definen la preferencia del comprador.

Un ejemplo de la forma de operar del mercado se observó en la cosecha de maíz de Sinaloa del ciclo otoño-invierno 2011-2012, que finalizó en junio anterior, donde al primer semestre del año pasado se importaron 732 mil 800 toneladas de este grano, mientras que en bodega se tenían almacenadas poco más de 3 millones 610 mil toneladas que no se podían vender.

Sucede entonces que existe sobre oferta al momento de la cosecha, donde las grandes empresas compradoras suelen manejar los precios a su conveniencia, ya que tienen la libertad de importar maíz a bajo costo, gracias a las condiciones que ofrece el mercado internacional de granos.

Es evidente así que los propósitos que motivan la importación de maíz libre de arancel quedan desvirtuados, toda vez que ciclo tras ciclo de cosecha, impera la desorganización y especulación, dado que no se tienen controles realmente efectivos.

Este esquema, hay que decirlo con toda claridad, está causando la ruina de productores nacionales de maíz, quienes siguen en franca desventaja, debido además a factores estructurales internos. Entre estos, la falta de acceso al crédito, una deficiente infraestructura de riego y desde luego, un esquema de subsidios limitados a la productividad, sin dejar de mencionar las afectaciones, que en el caso de Sinaloa y Sonora, han sufrido los agricultores a raíz de las fuertes heladas ocurridas en enero pasado.

Una lectura a las cifras contenidas en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, refleja que en el ejercicio de 2008, los apoyos directos a la competitividad del maíz se ubicaron en 2 mil 200 millones de pesos, mientras que en 2009, la inversión fue de 2 mil 100 millones de pesos. En 2010, este apoyo fue de 700 millones de pesos, en tanto que para el 2011 ascendió a 500 millones de pesos y en 2012 sumó 163 millones de pesos.

Esto, independientemente de que otros apoyos que se canalizan a través de mecanismos diversos no han sido suficientes. Primero, porque la aplicación de los mismos, como el Subprograma de Ingreso Objetivo, no ha contribuido a mejorar la competitividad en el mercado a favor de los productores nacionales de maíz, dado que no ha garantizado el propósito en referencia y consecuentemente no favorece la rentabilidad económica de los mismos, sin dejar de mencionar que tampoco ha favorecido la diversificación productiva y menos la integración de cadenas agroalimentarias ni el desarrollo regional.

En tanto, el Subprograma de Apoyos Directos a la Pignoración, que tiene como propósito poner a disposición de las organizaciones de productores y compradores, instrumentos que permitan retirar del mercado temporalmente excedentes estacionales, se contrapone con la importación continuada de grandes cantidades de maíz a precios por debajo de la competitividad del grano producido en México.

Frente a este panorama, productores de maíz demandan la instrumentación efectiva de un modelo integral, que desde la aplicación y observancia de la administración pública, les garantice esquemas de rentabilidad y rendimiento a sus cosechas.

Es imperativo que iniciemos de inmediato acciones dirigidas a atender este grave problema, en donde está comprometido el futuro del campo mexicano.

Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que sea esta dependencia quien determine los apoyos a los productores nacionales de maíz, para que la comercialización de sus cosechas sea realizada en su totalidad y con esta base sea la importación un complemento para el abasto nacional.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que esta dependencia analice y, en su caso, rediseñe los diversos programas de apoyo al campo, para que estos cumplan con los objetivos dispuestos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2013.— Diputado Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema diferentes diputados de las fracciones parlamentarias.

Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores, Nueva Alianza defiende e impulsa el principio de la sostenibilidad, el cual consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.

Este principio tiene un alto significado y una muy importante aplicación en el punto de acuerdo que en este momento se discute. Desde el punto de vista alimentario, económico y social, el maíz es el grano más importante de México. Desde 1995 a 2011 en promedio se han destinado 8 mil 276 hectáreas para su siembra, las cuales produjeron casi 20 millones de toneladas por año y ello representó más del 32 por ciento de la producción agropecuaria en los últimos 10 años.

Asimismo, de acuerdo con estimaciones internacionales, la producción de México en 2012 fue de 21.8 millones de toneladas, fuimos el cuarto productor internacional de este grano, pero nuestro consumo demandó la importación de 11.1 millones de toneladas, ligeramente menor al año 2011.

Es importante considerar la existencia de programas de desarrollo agrícola y rural desde los años setenta cuyos resultados han sido insuficientes, por decir lo menos. Muestra de ello es el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, coordinado operativamente por la Secretaría de Agricultura, que en el año 2010 ejerció recursos por 268 mil 407 millones de pesos, más del doble que cuando éste se inició.

A pesar de este notable incremento en el ejercicio de los recursos públicos, un análisis reciente del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria encontró que la tendencia operativa de este programa es la operación aislada de cada subprograma; la polémica entre apoyos en bienes privados o públicos; la distinción entre apoyos para el bienestar social o el fomento productivo; la diversidad y complejidad de las reglas de operación, y cinco, lo limitado de los impactos sobre todo en los ingresos y en el incremento de la producción.

Si bien es cierto que los impactos económicos de este programa se reflejan principalmente en la reducción de los costos de producción y el mantenimiento de los sistemas productivos, no ha impactado en el incremento de la competitividad, la rentabilidad de las actividades productivas o en la creación de empleos; es decir, que el campo sea sustentable, ya no digamos sostenible.

Por ello, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de manera responsable con los futuros mexicanos, votará positivamente el presente punto de acuerdo.

Compañeras y compañeros legisladores, ésta es una excelente oportunidad para reorientar la política hacia el campo, pues estamos en vísperas de la construcción de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, en cuyos programas se plasmen las políticas públicas de desarrollo sostenible para el campo y la agricultura mexicana.

Las futuras generaciones de mexicanos nos demandan actuales medidas para recuperar nuestra autosuficiencia alimentaria, sin comprometer sus posibilidades en atender sus próximas necesidades. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Humberto Vega Vázquez, del Partido del Trabajo.

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la política económica del sector agrícola en México, desde Miguel de la Madrid, se ha equivocado y, por lo tanto, ha fracasado.

También los gobiernos panistas han continuado con este modelo económico, que solamente ha llevado a nuestros campesinos a la marginación, a la pobreza y tenemos miseria en nuestro campo mexicano.

No hay un proyecto definido de desarrollo integral para el sector agropecuario y eso es riesgoso. Tenemos que plantear realmente lo que necesita nuestro campo mexicano. Necesitamos fortalecer importantemente el financiamiento; no hay bancos de desarrollo agrícola que los campesinos puedan acceder.

Nuestras organizaciones y los pequeños productores no tienen los apoyos suficientes, no tienen los apoyos que deberían y cuando llegan muchas veces son a destiempo, y por lo tanto, ya no les sirve.

En este modelo económico, en este proyecto —que se está desmoronando— sucede que los que ganan únicamente son los especuladores, los productores no ganan, ganan los que venden los insumos, ganan los que hacen llegar los recursos del gobierno del estado, ganan los coyotes en la compra-venta, pero los que producen no ganan. Por lo tanto, nuestro campo está condenado si no cambiamos esa política de desarrollo, que es —como lo decían ya los compañeros— estratégico.

Tenemos dos casos. En la productividad, tenemos que lograr que los apoyos lleguen realmente a quienes deben de llegar y a tiempo, y eso es en el caso de los problemas meteorológicos, que muchas veces los atacan las heladas. Como en el caso ahorita de Sonora y Sinaloa, y sin apoyos ya no pueden resembrar, sin apoyos ya no pueden con la productividad, alcanzar la productividad que podríamos alcanzar si tuvieran los apoyos adecuados. Eso es muy importante.

El recurso agua, si no lo cuidamos, si no tenemos una estrategia de microcuencas, si realmente no conservamos, si no le metemos tecnologías para cuidar el recurso agua, también vamos a tener serios problemas, que a la larga con las importaciones no lo vamos a cubrir y nos va a costar mucho.

También tenemos que a cada fin de ciclo, los especuladores —les digo también especuladores porque ganan— dejan entrar importaciones y nuestro maíz no puede ser vendido; por eso ahí la Secretaría de Economía debe entrar forzosamente, primero son nuestros campesinos mexicanos. Que se haga eso primero. Precisamente ahí tenemos que lograr consultar a todos los campesinos qué producción van a tener; programar y después de ahí partir para que las importaciones vengan.

Tenemos 50 mil toneladas ahorita en el estado de Chiapas que no se han podido comercializar y eso les pega a los campesinos. No hay programación en ese sentido y es lo que tenemos que procurar.

Por eso, compañeros, nosotros estamos muy de acuerdo con este punto de acuerdo y la fracción del PT vamos a votar a favor. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras y compañeros. Con su venia, presidenta. La importación de alimentos ha aumentado 400 por ciento en los últimos 15 años. El fondo del problema es el abandono de las tierras cultivables, la falta de insumos, asesoría técnica, desarrollo social y un modelo que haga eficiente la cadena económica. Necesitamos una visión de justicia social y recuperar la soberanía alimentaria.

Ante las sucesivas crisis del maíz, derivadas de una crisis mundial de alimentos y la mala política interna, la respuesta del sistema neoliberal ha sido la apertura de los cupos de importación, por resultar más fácil aplicar un modelo de compra, incluso, maíz transgénico de mala calidad.

El campo de México está constituido por una red de pequeños productores, casi 300 millones de mexicanas y mexicanos viven de estas actividades agrícolas y lo hacen en un modo de producción artesanal y en un modelo de trabajo que incluye al núcleo familiar.

Sin embargo, el producto final de su trabajo, el valor agregado de la dura faena no se ve recompensando. El modelo de intermediación, el coyotaje y la falta de priorización de compra de su cosecha por parte del Estado mexicano condenan a la pobreza y a la extinción al pequeño productor.

El campo mexicano históricamente ha carecido de apoyos y se recrudece más por las drásticas reglas de operación y el diseño de aplicación geográfica, que resulta en botín político, como pretenden hacer con el programa asistencialista, electorero: la Cruzada Nacional contra el Hambre, que van a implementar en los estados en donde habrá elecciones para seguir lucrando con la pobreza de nuestras comunidades indígenas.

Los campesinos apoyamos cualquier programa, pero que estos lleguen a los verdaderos productores, pues estamos hartos de la demagogia y la falsa retórica.

Dignificar a los campesinos de las comunidades indígenas debe ser un imperativo; reivindicar la propiedad de sus tierras; defender la soberanía nacional. Requieren también de una revisión profunda del tema agrario y los tratados internacionales, que han lacerado profundamente la economía nacional.

No han sido pocas las veces que los expertos en el tema agrario y los representantes de las fuerzas progresistas, pero las fuerzas progresistas coherentes con lo que dicen y lo que hacen, digan que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe hacerse una revisión profunda en lo que respecta al sector del campesino.

Se deben eliminar las inequidades existentes, garantizar una producción interna, suficiente y un modelo de protección económica; se debe reorientar y transformar el gasto en programas de desarrollo rural, en verdaderas inversiones que fomenten el cooperativismo y aporten infraestructura a las comunidades.

Por todo esto nos parece pertinente exhortar a la Secretaría de Economía para que determine los apoyos a productores nacionales del maíz como una alta prioridad. Con esta acción se garantiza la seguridad alimentaria y el sustento económico de las familias mexicanas. Esto además va a permitir transitar por una nueva ruta de entendimiento entre el campo y la ciudad, que es tan necesaria e impostergable.

Deben eliminarse las asimetrías que se han impuesto y se establecerá un precio justo en las operaciones comerciales.

También apoyamos el exhorto a la Sagarpa para que analice las políticas aplicadas en los últimos años y haga un verdadero trabajo de reingeniería de los programas de apoyo al campo y entienda su papel en la globalidad y en lo local.

Debe aplicarse una política territorializada, una distribución geográfica que fortalezca la propiedad social, entendiendo los nuevos retos para garantizar que el destino de los recursos públicos de los diversos programas de apoyo al campo deben reflejarse en la vida cotidiana, no en una simulación para seguir utilizando como botín político y comprando elecciones a favor de los poderes fácticos; debe reflejarse en una disminución en la pobreza extrema de nuestras comunidades y nuestros pueblos originarios. Es cuanto, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Saludamos la presencia de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, invitados por la diputada Miriam Cárdenas Cantú. Bienvenidos.

A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista d México.

El diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo: Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, la agricultura es una actividad que debería ser de gran relevancia para cualquier economía, ya que proporciona bienes de consumo básicos a sus habitantes y aporta numerosos productos a la exportación.

México cuenta con abundantes recursos naturales, como agua, suelos, climas y una gran biodiversidad para que pueda ser un gran productor y proveedor de alimentos a su población.

El campo ha sido sumamente olvidado durante muchos años; en diversos Planes Nacionales de Desarrollo se ha dicho que es un sector estratégico y prioritario para el país, por ser un factor que contribuye enormemente a la autosuficiencia alimentaria, y no se han traducido estos dichos en acciones contundentes. Ese olvido ha generado otros problemas graves, como es la migración de los campesinos, que al ver que no existen apoyos para poder labrar la tierra tienen que iniciar un éxodo para dar sustento a sus familias.

La autosuficiencia alimentaria es un tema que continuamente se aborda en esta soberanía, haciendo énfasis de lo importante que resulta proporcionar estímulos al campo para que se convierta en un importante generador de divisas y se contribuya a un dinamismo exportador.

Es de vital importancia, en un país como el nuestro, que se tomen medidas que garanticen el buen funcionamiento del campo y al mismo tiempo mejorar las actividades comerciales de los productores. En ese tenor es que la producción de maíz se volvió un tema fundamental, ya que desde hace algunos años no somos autosuficientes y ello ha provocado que se importen cantidades muy elevadas de ese grano, por las distorsiones que existen en el mercado agrícola.

El maíz es uno de los granos más emblemáticos de México y es por mucho el cultivo agrícola más importante, desde varios puntos de vista como alimentario e industrial, político y social.

De acuerdo con cifras del último censo económico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la importación de maíz ha superado por mucho la producción nacional y esto ha afectado a los productores que ven apagadas sus esperanzas de vivir de una actividad tan noble y productiva como la agricultura.

Es por ello que en el sexenio que comienza es necesario que se apliquen políticas públicas claras, con seriedad y oportunidad para que lleven al campo a ser una de las actividades más rentables y que al mismo tiempo recuperemos nuestra soberanía alimentaria, dando prioridad a la comercialización de diversos cultivos, en especial del maíz, ya que se siguen provocando pérdidas a los productores que se ven obligados a comercializar el grano a bajos precios.

En virtud de lo anterior, el Partido Verde respalda este punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Economía a que determine los proyectos a los productores nacionales de maíz para que la comercialización de las cosechas sea realizada en su totalidad y la importación solo sea un complemento para el abasto nacional, así como el exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a que rediseñe los diversos programas de apoyo al campo. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez: Gracias, diputada presidenta, y gracias a mis compañeros diputados y compañeras diputadas que están en las distintas reuniones en este pleno.

Con el debido respeto a la soberanía que representa esta honorable Cámara de Diputados y con el debido respeto también a quienes la integramos, pero sobre todo a la temporalidad en que a cada una y a cada uno de los que hoy estamos aquí y a los que han pasado por esta representación y les ha tocado representar en esta tribuna, la más alta de la nación, y que han representado a este país.

La postura del Partido de la Revolución Democrática es y ha sido, desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, una exigencia permanente por impedir que la importación de alimentos en México esté siempre en detrimento de los productores mexicanos; es y ha sido la posición del PRD favorecer primeramente la comercialización de los productores mexicanos. Esto es lo que no ha sucedido de 30 años para acá.

Sostengo, contrario a aquéllos que dicen que este es resultado de una política equivocada del gobierno, sostengo lo contrario; es el resultado de una acertada política del gobierno para favorecer a los grandes monopolios agroindustriales, en perjuicio de medianos y pequeños productores de este país. Ése es el debate que debiéramos de dar.

Como representante del distrito 08 de la costa chica de Guerrero en nombre y en representación del Partido de la Revolución Democrática, me pronuncio por privilegiar el consumo interno y favorecer con esto el bolsillo de los campesinos mexicanos.

Consecuente con este planteamiento el Grupo Parlamentario del PRD, por mi conducto, el 4 de septiembre pasado presentó una propuesta de reforma que adiciona el último párrafo de la fracción XXII del artículo 27 constitucional para establecer que el abasto suficiente y oportuno de alimentos básicos de los mexicanos deberá ser originado prioritariamente en la producción nacional, creándose para este efecto un sistema nacional de reservas alimentarias estratégicas.

El PRD sostiene que los gobiernos han incurrido en un papel de traición contra los productores del país al fomentar y permitir la importación de mercancías aun habiendo existencia suficiente en el país. Eso es lo que está sucediendo en este momento, compañeros y compañeras, se están importando miles y miles de toneladas de maíz y hay también miles y miles de toneladas de maíz en los almacenes de los productores mexicanos. La importación por supuesto desfavorece a la producción mexicana, abarata los costos, se pierden las cosechas. Ese es el problema que existe en este país.

Desde luego no podríamos estar en contra de un exhorto en el sentido que hoy se propone. Ésta es la razón, por supuesto, por la que el Partido de la Revolución Democrática apoya este punto de acuerdo parlamentario. No es otra más que la exigencia de favorecer a los productores mexicanos y no de favorecer a los grandes monopolios agroindustriales. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy en día el maíz se ha convertido en una materia prima fundamental en todo el mundo, dinamizando así el comercio internacional de este producto de principal consumo.

La constante presión en los mercados internacionales del maíz obedece a una mayor demanda de este tipo de mercancía, ya que tiene usos alternativos. No obstante, la producción se ve afectada por contingencias climatológicas en todo el mundo, en donde México, por desgracia, no ha sido la excepción.

Como sabemos, el maíz ya no solo se destina al consumo humano y animal, sino que es utilizado en diversas industrias y para la producción de bioenergéticos. Por ejemplo, para el año 2013 se estima que en Estados Unidos de América el uso del maíz para producción de etanol aumente del 36.8 al 41.3 por ciento.

En lo que respecta a nuestro país, por ejemplo, el maíz blanco se destina a la elaboración de alimentos, pero también es un insumo para la fabricación de barnices, pinturas, jabones, entre otros; mientras que el maíz amarillo se destina principalmente al consumo pecuario y a la fabricación de almidones.

Es importante comentar que nuestro país ha sido deficitario en alrededor de 8 millones de toneladas en los últimos años, principalmente de maíz amarillo; 95 por ciento de las importaciones totales están compuestas por esta variedad, por lo que la oferta mundial y los precios internacionales influyen en el mercado nacional.

Solo en Sinaloa, estado de alta producción de maíz, en los ciclos agrícolas del 2011-2012 y lo que va de 2013, se perdieron más de 300 mil hectáreas de cultivo de este producto y fueron los apoyos directos del gobierno federal para la resiembra lo que evitó una verdadera tragedia nacional y el incremento mundial en el precio del maíz.

De acuerdo al Consejo Nacional Agropecuario, las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América para el 2012-2013, en relación al 2011-2012, indican que los precios pagados al productor en ese país aumentarán para maíz 15.8 por ciento.

Por otra parte, si bien en el exhorto que se alude a baja productividad del sector, es preciso señalar que del año 2000 al 2011, se impulsaron políticas agrícolas encaminadas a incrementar la producción nacional de maíz, lo que permitió aumentar el rendimiento de 2.2 a 2.9 toneladas con respecto a la década anterior a la señalada. Asimismo se aumentó la producción anual de 17 millones de toneladas a un promedio anual de casi 21 millones de toneladas, a pesar de las sequías y las heladas.

Lo antes expuesto da cuenta del carácter estratégico del maíz como materia prima, así como su importancia para la alimentación. Por ello es primordial que las políticas del sector se encaminen a lograr mayores niveles de productividad que permitan enfrentar una demanda creciente, promuevan la seguridad alimentaria y fomenten el ordenamiento de los mercados, dando certidumbre a los productores en la venta de sus cosechas.

Conscientes de ello, en Acción Nacional pugnaremos por políticas agrícolas y de comercialización del maíz que sean responsables, en beneficio de las familias mexicanas y de los productores.

En congruencia con las dos pasadas administraciones, en las que el Ejecutivo federal fomentó el ordenamiento de los mercados en las regiones donde se presentaron cosechas excedentarias de maíz, en ese sentido apoyamos se dé certeza en la venta a un precio competitivo.

Concluyo comentando que los diputados del PAN estaremos a favor de que se impulsen políticas agrícolas que permitan mayores niveles de productividad en el sector mediante la promoción de un uso eficiente del agua y de tecnologías adecuadas para el desarrollo del sector agrícola nacional. Es cuanto, muchas gracias a todos.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último, tiene la palabra el diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Salvador Barajas del Toro: Con su permiso, diputada presidenta. Desde el día 12 de febrero que el diputado Alfonso Inzunza presentó este punto de acuerdo, la fracción parlamentaria del PRI en ningún momento dudó en respaldarlo.

Sin embargo, en el caso particular de un servidor, como diputado jalisciense, esta acción que el día de hoy estaremos discutiendo, lamentablemente los productores de maíz ya no la verán reflejada un su beneficio. En este momento, la producción de maíz de Jalisco —gran parte de ella— se encuentra en las bodegas de los grandes acaparadores y que, de haber un beneficio, lamentablemente quien nuevamente lo recibirá serán precisamente quienes se dedican al acaparamiento del maíz.

Como sabemos, el maíz forma parte base de la dieta de los mexicanos, pues más del 70 por ciento del ingreso familiar destinado a alimentos se gasta en productos elaborados a partir de este grano.

México se ubica en el cuarto lugar como productor mundial de maíz, siendo tan solo superado por los Estados Unidos de América, China y Brasil, lo que se traduce en la existencia de más de tres millones de productores, representando el cultivo de este grano una tercera parte de la producción agrícola y la mitad de la superficie sembrada de maíz. De ahí que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considere a dicha gramínea como un producto básico y estratégico.

Sin embargo, estos indicadores en los últimos años han venido en declive trayendo efectos colaterales, como la conocida alta migración del campo a la ciudad y todavía en buena medida a Estados Unidos de América.

También es de todos conocido que México ha dejado de ser autosuficiente en la producción de maíz: políticas públicas erróneas, dispares, complicadas y deficientes en su aplicación, aunado a factores exógenos, como la sequía descomunal que ha vivido en los últimos años han agravado las condiciones de producción de los agricultores del país.

Lo cierto es que nuestros productores sufren los efectos del desmantelamiento de la planta productiva nacional. Más aún, otro punto lo tenemos en la entrada en vigor de varias disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la liberación arancelaria, ello ha provocado que se tenga una invasión indiscriminada de ciertos productos que han ido cambiando la dieta de los hábitos de los mexicanos, en detrimento de la producción nacional, y sobra decirlo, pero muchos sabemos también que muchos de estos productos que se importan no suelen ser de la mejor calidad y a veces el etiquetado no es claro acerca de lo que se consume, por lo que la apertura de los mercados se ha convertido no solo en desventaja, sino también en un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo de nuestros productores. Aunque —como lo señalé al principio— buena parte de la superficie del país está inmersa en la actividad agrícola y especialmente en la producción de maíz.

El estado natal de un servidor, que es originario de Jalisco, es parte fundamental en la contabilidad productiva de granos, quizá resulte redundante decir que es líder en la producción de maíz por temporal, pero no por eso resulta preocupante que nos sigamos enfrentando no solo a la incertidumbre climática, sino a la falta de una seguridad en el valor de producción.

Se siembra planeando cierto valor en la tonelada del maíz. Nos dicen que en los mercados de futuro de Chicago estará a cinco mil pesos la tonelada; se endeuda el productor pensando en ese valor, compra los insumos a un precio que supera con creces el de la inflación, porque los grandes vendedores de insumos sí van por los precios de futuro de Chicago con la inflación, con los Udis, y sin embargo, el precio de la cosecha es el único que baja. Al final de cuentas no tiene ni siquiera la garantía de poder vender su maíz, ya no solo a los 3 mil 500 o 3 mil 300, que es en lo que se los quieren recibir los pocos y grandes almacenadores, no tienen garantía siquiera de poderlo entregar.

Sería repetitivo decir que nuestra fracción respalda y apoya este punto de acuerdo. Pero sí quisiera dejar en claro, que no tan solo el maíz y los productores están viviendo esta crisis, ojalá y pudiéramos ver por los porcicultores, por los productores de leche, por los productores de caña de azúcar, en fin, por el campo de México y que esta asamblea pueda respaldar en su momento, con mayores recursos —los que requiera el campo— para que sea productivo y sea un espacio de mejora de calidad de vida para los mexicanos que ahí viven. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.

ASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES EN ENTIDADES CON ELECCIONES PROXIMAS

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es el punto de acuerdo de obvia o urgente resolución, y tiene la palabra por cinco minutos el diputado Andrés de la Rosa, a nombre del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal se abstenga de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y entidades que no cumplan con los lineamientos establecidos para los programas en donde se desarrollarán elecciones próximamente.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya: Gracias, presidenta. Vengo a esta asamblea a hacer esta proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, en un tema que es sumamente importante para esta Cámara de Diputados, para esta soberanía, al cual debemos de darle un seguimiento muy puntual y una vigilancia muy minuciosa de cómo se está implementando el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral 1; 79, numeral 2, fracción III y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes considerandos.

El próximo 7 de julio se celebrarán comicios electorales para elección de diputados locales y ayuntamientos en los estados de Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila, solo en el caso del estado de Baja California se elegirán gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

Ante este escenario, se torna imperioso enfatizar en la necesidad de cuidar dichas elecciones para que se desarrollen con limpieza y transparencia, que estén exentas de intromisiones a través de la orientación de los recursos públicos con fines proselitistas o de direccionamiento del sufragio.

Es necesario advertir lo que el gobierno federal, a través del programa denominado Cruzada Nacional contra el Hambre, pudiera desplegar en aras de favorecer al partido político del cual emana el titular del Ejecutivo federal, dado que se evidencia la posibilidad de que dicho programa se manipule en perjuicio de los mexicanos.

Así también lo han acusado diversos medios de comunicación. Tal es el caso del diario Reforma, que en su edición del día 10 de febrero del año en curso expresa la manera en que puede manipularse dicho programa de cara a las próximas elecciones, además de que no se están considerando municipios que realmente están en condiciones de pobreza extrema. Es más, por el contrario, se incluyen municipios que se caracterizan por el número de sus habitantes, su poder adquisitivo, su industria, comercio y turismo. Esto parecería, amigos y amigas legisladores, tener dedicatoria político-electoral.

Es pertinente dejar en claro que estamos a favor de la asignación de recursos para las zonas marginadas; sin embargo se debe prevenir la sospecha de repartición de estos recursos públicos de manera discrecional hacia donde habrá elecciones en el país, toda vez que no se están siguiendo los lineamientos que el gobierno federal ha contemplado para la implementación de los mismos.

Para efectos de ejemplificar, enuncio algunos municipios que están incluidos en el programa, y entre otros encontramos a Aguascalientes, Puebla, Mexicali, Durango, Torreón, Saltillo, Oaxaca, Fresnillo, Cancún, Tijuana, Culiacán, Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Reynosa, Matamoros y Chihuahua, los cuales contrastan enormemente en su índice de pobreza extrema con respecto a otros municipios, como San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, cuyo porcentaje es del 57.4 por ciento; Zirándaro, Guerrero, 57.4 por ciento; Chichiquila, Puebla, 57.1 por ciento; Batopilas, Chihuahua, 55.4 por ciento; Santa María Peñoles, Oaxaca, 47.4 por ciento, por citar algunos que hasta el momento han sido ignorados en el programa Cruzada Nacional contra el Hambre, y estas cifras son emanadas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Según el Ejecutivo federal todas estas ciudades fueron seleccionadas con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas y con carencia de acceso a la alimentación. Sin embargo, el programa no incluye, entre los 400 municipios prioritarios, a localidades con índices más graves de pobreza.

Por citar otro ejemplo, está el caso de Baja California, que será la única entidad donde habrá elección de gobernador, además de diputados locales y alcaldes, y en la cruzada fueron incluidos los municipios más grandes de esta entidad, Tijuana, Ensenada y Mexicali, que juntos representan el 85 por ciento de la población de ese estado y las cuales no están contempladas como localidades con pobreza extrema.

No podemos permitir que se pretendan seguir ejerciendo prácticas indebidas en la aplicación o uso de los recursos públicos en los estados en donde habrá elecciones, que favorezcan a algún partido político y sus candidatos.

Es por ello que hacemos un llamado al Ejecutivo federal, a que se abstenga de intervenir en los procesos electorales que se desarrollarán en este año y que los recursos se utilicen adecuadamente y no se desvíen, como la historia lo ha registrado en anteriores ocasiones.

Compañeras y compañeros legisladores, lo antes expuesto nos permite identificar que el programa no está tomando en consideración a municipios con alto nivel de pobreza y que realmente carecen de recursos para atender necesidades primordiales, como lo es la alimentación.

Por otra parte, se aprecia que se incluyen en el programa a municipios en los cuales se llevarán a cabo este próximo mes de julio elecciones y que no están catalogados como municipios con alto nivel de pobreza extrema.

Por tanto, es menester y de la mayor incumbencia de esta representación nacional evitar que los recursos públicos federales se presten a una probable manipulación, dejando de beneficiar a la población que lo requiere y necesita.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias correspondientes se abstengan de privilegiar la asignación de recursos federales a las entidades federativas y municipios que no cumplan con los lineamientos establecidos para los programas y de utilizarlos con una orientación indebida, particularmente en aquellos lugares en donde se desarrollaran elecciones el próximo mes de julio.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, para que de forma inmediata realice una revisión de los criterios de selección de municipios que recibirán apoyo del programa Cruzada Nacional contra el Hambre y en consecuencia se incluyan a los municipios que padecen realmente niveles de pobreza y marginación.

Dado en el salón de plenos de esta Cámara de Diputados, a los 7 días del mes de marzo del año 2013. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a abstenerse –por las dependencias correspondientes– de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y las entidades donde se desarrollarán elecciones próximamente que no cumplan los lineamientos establecidos para los programas, a cargo del diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

1. El próximo 7 de Julio se celebrarán comicios electorales para la elección de diputados locales y ayuntamientos en los estados de Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila, sólo en el caso del estado de Baja California se elegirán gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

2. Estamos convencidos que se deben ejercer comicios transparentes, bajo un ambiente de cordialidad y total claridad; ya que con anterioridad, se han dado sucesos en los que las elecciones se han contaminado con la sospecha de la utilización de recursos públicos, con fines proselitistas.

3. Según algunos medios de comunicación, se acusa la posibilidad en la manipulación de ciertos programas, que deberían estar encaminados a beneficiar a la sociedad mexicana, sin embargo el criterio utilizado por el diario Reforma, en su edición del 10 de Febrero del 2012, radica en que se puede entender como sacar provecho de éstos programas en las próximas elecciones; todo ello, en el caso especifico del programa denominado “Cruzada Nacional Contra el Hambre”; dónde a su vez, se argumenta que no se están considerando a los municipios que en realidad tienen extrema pobreza; si no que por el contrario, se están contemplando municipios o ciudades que son las más buscadas por su número de habitantes, su poder adquisitivo, su industria, comercio y turismo, con la finalidad de verse beneficiados algunos partidos políticos con votos en esta próxima contienda.

4. Cabe señalar, que estamos a favor de la asignación de recursos para las zonas marginadas, aplaudimos que se destinen recursos a las ciudades y principalmente a Baja California, sin embargo, se debe prevenir la sospecha de repartición de estos recursos públicos de manera discrecional hacia donde habrá elecciones en el país, toda vez que no se están siguiendo los lineamientos que el Gobierno Federal ha contemplado para la implementación de los mismos.

Sólo por enunciar las ciudades o municipios que habrán de beneficiarse, son Aguascalientes, Puebla, Mexicali, Durango Torreón, Saltillo, Oaxaca, Fresnillo, Cancún, Tijuana, Culiacán, Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Reynosa, Matamoros y Chihuahua, todos ellos, dentro del programa denominado “Cruzada contra el hambre”, siendo que algunas de estas no tienen un índice alto de pobreza, tal como lo establecen propias dependencias del gobierno federal y estudios que instituciones especializadas han arrojado, sobre el mismo tema.

5. Según el Ejecutivo federal todas estas ciudades fueron seleccionadas “con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta coalición, y personas con carencia de acceso a la alimentación”. Sin embargo, el programa no incluye, entre los 400 municipios prioritarios, a localidades con índices más graves de pobreza. Baja California por ejemplo, será la única entidad donde habrá elección de gobernador, además  de diputados locales y alcaldes, y en la Cruzada fueron incluidos los municipios más grandes de esta entidad: Tijuana, Ensenada y Mexicali, que, juntos, representan 85 por ciento de la población, y las cuales no están contempladas como localidades con pobreza extrema; así lo destaca la nota del periódico Reforma.

6. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Tijuana cuenta con 3.5 por ciento de población que vive en pobreza extrema; Cancún 3.2 por ciento; Torreón 2.9 por ciento; Puebla 6.0 por ciento; Aguascalientes, sólo cuenta con el 2.3. En tanto, en que existen municipios con un alto índice de marginación como lo es, San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, 57.4 por ciento; Zirándaro, Guerrero, 57.4 por ciento; Chichiquila, Batopilas, Chihuahua. 55.4 por ciento; Santa María Peñoles, Oaxaca; 47.4 por ciento de población en pobreza extrema, los cuales hasta el momento no están contemplados dentro del programa Cruzada Nacional contra el hambre.

7. Existe la preocupación, que se sigan ejerciendo estas prácticas en la aplicación o uso indebido de recursos públicos, en estas próximas elecciones, que favorezcan a algún partido político y sus candidatos. Es por ello, que hacemos un llamado al gobierno federal, a que se abstenga de intervenir en las próximas elecciones y que los recursos financieros se utilicen adecuadamente y no se desvíen como se ha apreciado en ocasiones anteriores.

Esto nos puede dar un claro ejemplo, que el programa no está tomando en consideración a localidades entre los 400 municipios con alto nivel de pobreza y que en verdad carecen de recursos para sufragar sus necesidades primordiales como son la alimentación, mas sin embargo, se tiene la sospecha que este programa esta incluyendo a municipios en los cuales se llevaran a cabo este próximo mes de julio elecciones para diputados locales y alcaldes; tal es el caso de Baja California dónde se elegirá gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Es menester de esta representación nacional, evitar que los recursos públicos federales se presten a una probable manipulación, dejando de beneficiar a la población para quienes fueron creados y encaminando estos esfuerzos hacia una elección en dónde se trata de beneficiar a algún o algunos partidos políticos y sus candidatos.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente al gobierno federal, para que a través de las dependencias correspondientes, se abstengan de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y entidades que no cumplan con los lineamientos establecidos para los programas y en donde se desarrollarán elecciones el próximo mes de julio.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 26 del mes de febrero de 2013.— Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica).»

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputado? Permítame que le den sonido a su curul. Diputado López Zavala, adelante.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde la curul): Víctor Díaz.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ah, perdón.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde la curul): Estaría de acuerdo en acompañar el punto de acuerdo que ha presentado el señor diputado sí, y solo sí, ese exhorto también llega a los gobernadores que tienen entidades federativas emanadas de su instituto político. Sí él está de acuerdo, seguramente tendrá a la mayoría de nosotros.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Si usted lo permite, diputado, vamos a seguir con el procedimiento; vamos a votar si es de obvia o urgente, y si es así, entonces hay forma de que se le hagan agregados, inclusiones, que el promovente autorice.

Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, secretaria. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.

Quiero saludar la presencia de alumnos destacados de tercero a sexto de primaria, de dos escuelas primarias, la República de Francia y el Colegio Americano, invitados por el diputado Fernando Cuéllar. Bienvenidos y bienvenidas.

Adelante, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Ayer estuvo la secretaria de Desarrollo Social y se discutía si es botín político-electoral la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Lo que puedo reflexionar, en principio, es que uno de los rasgos esenciales del régimen del partido de Estado es la política clientelar y corporativa y es lo que hemos venido sosteniendo que está ocurriendo en este país, en este momento de regresión autoritaria.

En el Anexo B hablan de 36 programas, bajo la responsabilidad de diversas dependencias del Poder Ejecutivo, de alto impacto social, económico y político que van a impactar en municipios donde las condiciones de subsistencia de la población objetivo lo requieran.

Principalmente vengo a plantear que el decreto que establece este sistema nacional crea una comisión intersecretarial para la implementación de dicha cruzada, integrada por los titulares de 19 dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal, y fíjense, dice: comisión que podrá ajustar el diseño de los programas del gobierno federal, por lo que pueden modificar sus reglas de operación. También puede realizar ajustes a la focalización o cobertura de los mismos; implementar acciones en su coordinación.

Siendo entonces que la Secretaría de Desarrollo Social es responsable de la operación de la Comisión Intersecretarial, construye una instancia administrativa que puede, evidentemente, direccionar en cualquier momento estos programas sociales en donde política o electoralmente sea necesario, rompiendo con ello la fragilidad y seguridad que en su momento ofrecían las reglas de operación de los programas sociales.

Por tanto, la duda e incertidumbre de la transparencia e imparcialidad se acredita en el propio decreto, de ahí surge.

En el artículo 11 se establece que con la finalidad de articular la participación social hay que promover la integración de comités comunitarios, integrados por beneficiarios de los programas sociales, los cuales participarán en el proceso de instrumentación y supervisarán el cumplimiento real.

No están publicado ni en la página de Internet de la Secretaría ni mucho menos en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de organización y funcionamiento de este Consejo Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre y omite los lineamientos para la organización y funcionamiento de los comités comunitarios a los que se les van a dar la instrumentación, la supervisión y trasparencia de este sistema.

Por eso pensamos —y hemos ya planteado con los promoventes— fortalecer el punto de acuerdo, el cual dejaríamos en manos de la Secretaría para que le dé lectura, y ya lo ha aceptado el coordinador de la fracción promovente, así como la coordinación de mi fracción.

Antes de que la Secretaría le diera lectura al fortalecimiento del punto de acuerdo, quisiera plantear que si el PRI no es capaz de aceptar este punto de acuerdo, pues ya nadie les va a creer su propuesta de Cruzada Nacional contra el Hambre, primero porque evidentemente si ustedes a ese programa le destinan oficialmente 3 mil millones y su presidente compra un avión de 6 mil 500 millones de pesos, es frivolidad.

Sabemos además que el único programa de Peña Nieto y el PRI es entregar la renta petrolera a las transnacionales y a los 30 que gobiernan este país. ¿A cambio de eso qué quieren? Que los que consumen paguen el IVA, el 19 por ciento en medicinas y medicamentos. Es demagogia lo que hacen. Nada más les digo que tiene que recordar que el pueblo no es tonto, que tonto es quien piensa que el pueblo es tonto.

Por tanto, ojalá tuvieran el día de hoy cuando menos para aprobar el fortalecimiento de este punto de acuerdo.

Pido a la Secretaría que le dé lectura a lo que estamos dejando en fortalecimiento al punto de acuerdo de Acción Nacional. Es todo. Muchas gracias, señores diputados y señoras diputadas.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Se entregó por escrito esta modificación al punto de acuerdo que estará a consideración del pleno. Se pide a la Secretaría que dé le lectura.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Primero. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, a que transparente la coordinación de los programas sociales del gobierno federal que se ejecuten en las entidades en las que se celebrarán comicios electorales el próximo 7 de julio del año en curso, publicando los beneficiarios de cada programa por municipio y con anticipación al periodo de campañas electorales, conforme a la ley o código electoral que corresponde a los estados de Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila.

Segundo. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a que publique a la brevedad los lineamientos para la organización y funcionamiento de los comités comunitarios, transparentando su integración para garantizar la imparcialidad de los mismos en las entidades señaladas en el punto anterior.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, secretaria. Toda vez que se ha aceptado esta modificación al punto de acuerdo, vamos a someterla a discusión en estos términos a partir de este momento, para que lo consideren así los grupos parlamentarios. Vienen con la firma del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Gracias.

El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Permítame, diputado. Diputado Ochoa. Sonido a la curul del diputado Ochoa.

El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (desde la curul): Presidenta, solamente para si nos podría volver a ilustrar, lo que acaba de comentar. ¿Vamos a discutir sobre la modificación que presentó Ladrón?

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: En efecto, diputado. Es una modificación que viene avalada por el coordinador del grupo parlamentario del diputado promovente, por eso se considera hacer ahora la discusión conforme a esta modificación. Si gustan que lea la Secretaría exactamente lo que estamos poniendo a discusión del pleno.

Por favor, le pido a la Secretaría lea como se está discutiendo el punto de acuerdo, de acuerdo a la modificación que fue aprobada por el grupo parlamentario promovente.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Primero. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial del Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre, transparente la coordinación de los programas sociales del gobierno federal que se ejecuten en las entidades en las que se celebrarán comicios electorales el próximo 7 de julio del año en curso, publicando los beneficiarios de cada programa por municipio y con anticipación al periodo de campañas electorales conforme a la ley o código electoral que corresponde a los estados de Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila.

Segundo. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social publique a la brevedad los lineamientos para la organización y funcionamiento de los comités comunitarios, transparentando su integración para garantizar la imparcialidad de los mismos en las entidades señaladas en el punto anterior.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sonido a la curul del diputado Añorve, ¿con que objeto, diputado?

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidenta, con todo respeto, no podemos discutir lo que ha leído la secretaria si todavía no se somete al pleno si se aceptan o no los cambios que, aquí ya se han leído, se están proponiendo.

Le quisiera pedir que siguiéramos con el posicionamiento de los grupos parlamentarios y nos permita con otros grupos poder definir cuál es la última redacción, porque ya estamos trabajando sobre de eso.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputado, de acuerdo al artículo 113, fracción IV, el grupo parlamentario promovente tiene la posibilidad de hacer la modificación al planteamiento ante el pleno, de ahí que nosotros estamos poniendo a consideración del pleno la modificación que avaló el grupo parlamentario promovente.

Ahí está la discusión. Si hay alguna valoración en el transcurso de los posicionamientos también lo pondremos a consideración, pero tiene que venir avalado por el grupo promovente, y eso es lo que acaba de entregar el diputado que hizo uso de la palabra.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputado Añorve?

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Con todo respeto, presidenta, no se ha sometido a consideración del pleno la modificación. Lo que votamos fue que se aceptaba de urgente u obvia resolución.

Lo que estamos solicitando, ya platicado con algunos grupos parlamentarios, es que nos permita tener una última redacción y que se continúe con los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Sí, diputado, lo que pasa es que está considerado en el Reglamento esta posibilidad de modificación. En otras ocasiones también en pleno se ha discutido cómo sí o cómo no pueden hacer agregados, modificaciones en los textos de los puntos de acuerdo; en este caso viene con los requisitos del 113.

Les pediría poder continuar con la discusión y que los grupos parlamentarios analicen esta modificación, a efecto de ponerla a votación al final.

¿Con qué objeto, diputado Ochoa?

El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (desde la curul): Solamente, presidenta, entonces hablaríamos sobre el texto original propuesto, no sobre la modificación como usted lo planteó, en lo que buscamos el acuerdo.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Atendiendo que está hecha la solicitud y aceptada por el grupo promovente, pongo a discusión esta modificación al pleno. Si hay alguna otra modificación que hagan los grupos parlamentarios, que nos lo hagan saber en una redacción que venga avalada por los promoventes, que es como lo marca el artículo 113 de este Reglamento.

Diputado Añorve, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidenta, para cumplir con el Reglamento, si usted así lo desea, someta a votación lo que ya el grupo promovente ha aceptado. Lo que le estamos pidiendo, ya con autorización de algunos grupos parlamentarios, es que nos permita terminar con el acuerdo en lo que continúan los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

Ya estamos platicando con el grupo promovente, con el diputado promovente, ya estamos platicando con otros, y que nos permita en este fusionamiento llegar a conclusiones definitivas, en el ánimo de llegar a un acuerdo.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Estoy totalmente de acuerdo y esta Presidencia considera que es precisamente lo que se busca en el planteamiento de puntos de acuerdo en este pleno. Pero tengo que atender lo que menciona el artículo 113 y pediría que se aceptara este procedimiento y nos hagan saber el acuerdo al que lleguen, una vez que termine la lista de oradores, por favor.

Ahora sí, diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, presidenta. Quiero mencionar que la postura de Movimiento Ciudadano es a favor precisamente de evaluar, de revisar que este programa no se convierta en un programa de apoyo a una elección de presidentes municipales.

¿Por qué motivo? La primera preocupación que nos da es que el programa es una copia de Bogotá sin Hambre, que se hizo en 2003-2006, ¿y por qué es una copia? No sé si nos vayan a cobrar después derechos de autor, porque aquí menciona, en el programa de Bogotá sin Hambre, dice que la inclusión del tema del hambre en la agenda política del gobierno actual —de esa administración— no se dio mediante lo que André Noel Roth denomina modelo de la movilización o de abajo, pues no estuvo precedido por una fuerte demanda social ni combinación de dos modelos, el modelo de la oferta política y el modelo de la anticipación; el primero consiste en la oferta de propuestas políticas que buscan respaldo político del electorado.

Más claro no puede ser. Es decir, el programa que se hizo en Colombia tuvo una función de carácter electoral revestido de una ayuda a la población para combatir el hambre.

Sin embargo, se copia el mismo modelo, en la época electoral precisamente, para México y se seleccionan los municipios que tienen un tinte electorero.

¿Qué es lo que me preocupa más? Que a final de cuentas el que le llegue una ayuda a la comunidad es válida; que ayudemos a combatir la desnutrición es válido; sin embargo, no estamos de acuerdo en que se convierta en un programa paternalista y no viene la segunda etapa para la producción de los alimentos.

La preocupación es que aquí no se enmarca qué porcentajes de estos indicadores negativos que tiene el país en temas de desnutrición, cómo se van a evaluar, qué porcentajes se van a poder evaluar cuando termine el programa y en qué fecha va a terminar.

La producción de alimentos para el 2018, en México, va a ser catastrófica, porque vamos a tener que importar el 80 por ciento de los alimentos, si no se hacen las políticas públicas de producción de alimentos en una forma coordinada entre lo que vamos a dar ahora de alimento y lo que vamos a consumir después. Es decir, se le está dando más importancia al dar alimento que a la producción y estamos llegando al concepto de no enseñar a pescar, sino simplemente de darle de comer a la comunidad.

Entiendo que es urgente que hay que darles el apoyo a las comunidades más desnutridas que tienen graves problemas de alimentación, pero también hay que enseñarles a producir, y esto no aparece en el programa.

Los avances que se puedan presentar para el próximo año en relación a este programa sería importante conocerlos con anticipación, y para ello se requiere primero que la Secretaría presente el diagnóstico de cómo está la situación del país en estos temas.

Segundo. Que se haga la publicación de las reglas de evaluación de esta Cruzada Nacional contra el Hambre, de tal manera que no se convierta en un programa solamente de la elección o se convierta en un programa paternalista que no permita dar resultados al país. Debe de ser en forma equilibrada.

Resolvamos el problema de la desnutrición, pero también resolvamos el problema de la producción.

Por otro lado, ¿por qué no hacer el cambio? ¿Por qué no darles a los estados en donde los municipios están realmente en extrema pobreza, como es el caso de Guerrero, que se encuentra convulsionado precisamente por la falta de empleo y por la falta de alimentos? Muchas gracias. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Víctor Manuel Manríquez González: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, uno de los principales problemas que lacera a nuestro país es el hambre. Dicho fenómeno es producto de un contexto generalizado de pobreza, desigualdad, marginación y concentración de la riqueza.

Desde la aplicación, ajuste y reducción del gasto social, a través de la implementación de medidas neoliberales, el problema se ha agudizado. El Estado mexicano ha desprotegido a los sectores más vulnerables de la población.

Por más de 70 años el sistema de partido hegemónico utilizó de manera corporativa y electoral el problema del hambre. La evidencia más recordada fue el programa nacional de Solidaridad, programa que dentro de su estructura operativa generaba criterios con claros sesgos e intencionalidad electoral para asignar el gasto social a las comunidades, regiones, municipios y colonias que votaban por el partido hegemónico.

En la actualidad, el PRI ha vuelto al poder y con ello regresa el fantasma de la desconfianza y el temor de la represión. Asimismo surgen dudas de la forma en que el gobierno utiliza el aparato de la administración pública con la intención de perpetuarse en el poder, tratando de eliminar y extinguir a la oposición.

Una herramienta para continuar con el autoritarismo es la operación facciosa de los programas sociales, con el objetivo de promover política y electoralmente a los candidatos del partido en el poder.

Nuestra preocupación es legítima. Tenemos desconfianza de que se lucre con el hambre y la dignidad del pueblo. Sabemos de la importancia que tiene combatir el hambre y la pobreza. No estamos en contra de combatir el hambre, por el contrario, ofrecemos nuestra colaboración y participación.

Es de resaltar que en el Partido de la Revolución Democrática todos los días emprendemos acciones para ayudar a quienes más lo necesitan. Por ello, me presento ante esta soberanía para exponer nuestra preocupación sobre la aplicación del decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.

En este sentido, expongo ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, que tenemos dos dudas fundamentales; la primera, tiene su origen en el proceso de elección de los 400 municipios que integran la primera etapa de dicha cruzada. Al analizar con detalle los indicadores de carencia social de cada municipio, en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social hemos detectado que no se contemplaron a los municipios con los mayores índices de pobreza.

El municipio de la ciudad de Querétaro presenta un índice de pobreza del 91.1 por ciento, lo cual lo coloca en el primer lugar respectivamente de los municipios que tienen menor índice de pobreza.

En contraste, el municipio de Pinal de Amoles tiene un índice de pobreza del 55.4 por ciento y el de Amealco de Bonfil, presenta un índice del 40.3 por ciento, que no fueron incluidos esta primera etapa.

Esta misma circunstancia se encuentra en Tijuana, Baja California, que presenta un índice de pobreza del 3.5 por ciento y el municipio de Aguascalientes con un solo 2.3 por ciento, indicadores sumamente bajos en contraste con el de los municipios de San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, con un 56.1 por ciento, y Zirándaro, Guerrero, con un 57.4 de pobreza, mismo que tampoco se encuentra en esta primera etapa.

En las cifras anteriores podemos construir la hipótesis de que deliberadamente se utilizó de manera sesgada el criterio del número de población en condición de pobreza. Si bien es cierto, se atiende a un número mayor de personas, el tipo de pobreza es mayor en zonas rurales y en zonas urbanas, en todo caso se debió de privilegiar un mayor número de municipios y se debió de establecer un tope en el número de personas. Por tanto, el decreto del Ejecutivo nos genera duda en su propósito.

Por lo anterior expuesto, creemos que la Cruzada contra el Hambre es una estructura política electoral que se basa en las necesidades de la gente y por ello estamos en contra de la forma que va a operar dicha cruzada, y estamos a favor del exhorto y la propuesta del diputado Manuel Ladrón de Guevara, y nos sumamos a la modificación que presentó. Muchas gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Leonor Romero Sevilla: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, según el gobierno federal la Cruzada contra el Hambre beneficiará en una primera etapa a 400 municipios, con base en criterios de pobreza extrema.

Nada más alejado de la realidad, pues si bien la estrategia incluye municipios con altos índices de pobreza, la primera etapa solamente apoyará a municipios urbanos, dejando de lado aquellos municipios rurales donde la población en condiciones de pobreza extrema también es apremiante.

El gobierno federal, a través de la Sedesol, justifica sin elementos contundentes de carácter técnico que el proceso de selección fue con base en recomendaciones realizadas por el Coneval; sin embargo, para Acción Nacional y muchos representantes de gobiernos municipales está justificación no es aceptable bajo ningún motivo, si consideramos que la intención es el beneficio de la población y que la decisión última será del gobierno en turno.

La selección de municipios beneficiados despierta serias interrogantes. Se excluyeron municipios con elevada proporción de su población en pobreza extrema en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Chihuahua; por el contrario, se han incluido municipios como Los Cabos, Monterrey, León, Guadalajara, Mérida y Querétaro, por citar algunos, pero llama mucho más la atención que en Baja California, estado donde habrá incluso elección de gobernador, los municipios beneficiados de Tijuana, Ensenada y Mexicali representen más del 95 por ciento de su población total, y aún con esta evidencia todavía se sostiene que no es una estrategia electoral.

Por eso afirmamos que no se busca ayudar a los que menos tienen, sino a las ciudades que aportan más votos; no se busca aliviar la pobreza, sino producir rendimientos político-electorales.

Los ciudadanos mexicanos no queremos regresar a los tiempos más obscuros del priismo autoritario, pues en de-sacato a los principios del bien común y de la misma ley lanza una estrategia que genera grandes dudas sobre su utilización. No permitamos que de un plumazo se dejen en el olvido los avances en la aplicación de la política social.

Nuestro grupo parlamentario votará a favor del punto de acuerdo y los invito a hacer lo mismo. No permitamos, compañeros diputados, que una estrategia con un objetivo tan noble e importante, como es el combate a la pobreza y el beneficio social, sea desvirtuado y termine por no alcanzar los objetivos para los que ha sido creado, simplemente porque su origen ha sido planteado en lo electorero y no sobre la visión de un mejor país. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Queremos darles la bienvenida y saludos, a los visitantes de las colonias San Carlos, Lomas de San Carlos y Lomas de Atzolco, invitados por la diputada Brenda Alvarado Sánchez, de Ecatepec de Morelos. Bienvenidos.

Una disculpa, omití la participación del Partido Verde Ecologista, por lo que —si me lo permite la asamblea— le voy a dar la palabra al diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con venia, presidenta. Gracias, por darme la oportunidad. La fracción del Partido Verde pensamos que ha llegado la hora de trabajar por México con un sentido generoso, dejando atrás banderas políticas y priorizando lo que nos une, repito, sin sometimientos, con plena libertad y respeto a la pluralidad política, que hoy distingue a nuestra democracia, porque solo así podemos avanzar.

Quiero dejar constancia de la voluntad que ha mantenido la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y su equipo de trabajo, para interactuar con todos los grupos parlamentarios representados en el Poder Legislativo, en medio de un diálogo respetuoso. Así lo ha demostrado en la comparecencia que tuvo ayer y también en las reuniones que hemos tenido con los diferentes subsecretarios.

Esta comunicación directa entre gobernantes y legisladores solo puede derivar en mejores políticas públicas, en más y mejores consensos para enfrentar, con la fuerza de los Poderes de la Unión, los grandes desafíos del país y uno de ellos es el hambre y la pobreza extrema, por supuesto.

De ahí que vemos con enorme interés, y hemos brindado el mayor respaldo a la Cruzada Nacional contra el Hambre que ha lanzado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; se trata de una estrategia que busca apoyar a más de 7.4 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema y con carencia de acceso a la alimentación, los más vulnerables y que se implementará en esta primera fase a más de 400 municipios.

Mucho se han discutido los criterios de selección, porque existe la percepción de que han quedado fuera algunos municipios que se distinguen con grandes rezagos sociales en varias entidades federativas. Sin embargo, como bien lo ha señalado la secretaria Robles, el decreto que crea la cruzada no es limitativo y deja abierta la puerta para la incorporación del resto de los municipios, donde existen mexicanos en situación de pobreza extrema y acceso a la alimentación. Así queda también ya el antecedente del caso de Chihuahua.

La posibilidad de todos los mexicanos de acceder a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad ya no queda a capricho de una autoridad, ya no es un tema de voluntad política gubernamental, de si se quiere o no; se trata de un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecido en el artículo 4o.

Se trata estrictamente de construir un país donde las leyes valgan y se hagan valer y ése es el principio de toda legalidad democrática y de la posibilidad de equidad de inclusión de millones de mexicanos.

Valoramos también que la cruzada no se limite solamente al tema de la alimentación, sino que vea el problema como un todo, que exige la transformación del entorno donde viven las personas y por eso incorpora un enfoque integral, que suma acciones de vivienda digna, infraestructura básica, producción alimentaria y proyectos generadores de ingreso y de empleo.

Ante el tamaño de esta tarea, que no es del gobierno federal, sino en la que todos tenemos una responsabilidad, también ésta Legislatura, los tres niveles de gobierno y, por supuesto, los Poderes de la Unión, los actores políticos, la sociedad civil, los empresarios y las propias comunidades. Tenemos que ser muy claros y hablar con la verdad.

Hoy, desde un sector del Partido Acción Nacional se instrumenta una campaña de desprestigio contra la Cruzada Nacional contra el Hambre, y sostengo que sin perder nuestra capacidad crítica de fiscalización de las acciones de gobierno, de contrapesos al ejercicio del poder, los partidos políticos estamos obligados a ser muy responsables con lo que decimos y hacemos.

Seamos claros, los gobiernos del PAN ocultaron la gravedad del problema del hambre. Hablemos con la verdad, el balance que corresponde a 2010; es decir, después de una década de gobiernos federales panistas resulta desfavorable. Tan solo en la administración de Felipe Calderón, 8 millones de mexicanos se incorporaron a las filas de la pobreza.

Me pregunto cuál es la calidad moral del Partido Acción Nacional para criticar los esfuerzos de este gobierno; me pregunto las razones de esta esquizofrenia, pues mientras el PAN apoya el Pacto por México y su presidente Gustavo Madero encabeza los acuerdos para una de las más importantes reformas estructurales, por un lado; por otro lado, busca generar un terreno de confrontación y desconfianza en temas de política social.

La Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), no detuvo a un solo funcionario del blanquiazul, de ningún nivel de gobierno, a lo largo de los pasados 12 años. Eso sucede cuando las instituciones son juez y parte y no existe una vigilancia independiente de lo que hace el gobierno.

Muchos diputados compartimos la propuesta también de Acción Nacional de darle plena autonomía al Coneval, para garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas en lo que haga el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; compartimos también la iniciativa de crear una comisión nacional anticorrupción. Estamos totalmente de acuerdo en dotar a la cruzada de elementos de blindaje electoral —termino, presidenta— para que se convierta en un instrumento de bienestar social y no en una herramienta para generar votos.

Los ciudadanos están cansados de la confrontación entre los actores políticos y anhelan un marco donde la pluralidad y la gobernabilidad democrática vayan de la mano. Es la hora de pensar con generosidad, poniendo por delante el interés superior de México y de los mexicanos que más lo necesitan; es la hora de privilegiar lo que nos une y actuar con visión estratégica para, sin perder nuestra personalidad política y el perfil que nos identifica a los ciudadanos, contribuir a la construcción de un México incluyente. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Miguel Sámano Peralta: Con su venia, presidenta. Compañeras, compañeros diputados, distinguidos invitados, señores representantes de los medios de comunicación, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional compartimos plenamente la preocupación de contar con procesos electorales transparentes, imparciales y apegados a legalidad.

Desde el gobierno o desde la oposición, el PRI ha impulsado el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y ha respetado y defendido la voluntad popular expresada en las urnas. Ésa es la convicción que, estamos seguros, anima y orienta las acciones del gobierno de la República, así ha quedado de manifiesto en estos tres meses de gestión, en los que además ha dado muestras incuestionables del profundo compromiso social y del sentido de responsabilidad que le distinguen.

Destaca en este lapso el inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, como una estrategia de inclusión y bienestar social, que busca cambiar de manera integral el rostro de las regiones y municipios que viven en condiciones de elevada marginación.

Debemos resaltar que la primera etapa de esta estrategia, sí, efectivamente solo se implementará en 400 municipios del país de los más de 2 mil 400 que durante este sexenio se verán beneficiados.

Estamos a favor de la asignación de recursos para las zonas que presentan pobreza extrema y graves carencias de alimentación, como se propone en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Pero también deseamos enfatizar nuestra voluntad de evitar cualquier sesgo clientelar o partidista en su instrumentación, tal como ha sido reiterado en los recientes encuentros de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara con la Secretaría de Desarrollo Social, el Inegi y el Coneval.

Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI tenemos plena certeza de que el gobierno de la República será respetuoso de los tiempos y plazos que marque la legislación en cada una de las entidades donde habrá elecciones para la implementación de los programas sociales.

Asimismo creemos firmemente en que la cruzada dispone de los mecanismos institucionales necesarios para garantizar su instrumentación transparente y eficaz, pero sobre todo que en la búsqueda del bienestar de la población debe prevalecer el interés general por encima de intereses personales, de grupo o de partido.

Por tanto, compañeras, compañeros, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de esta propuesta. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Quiero hacer del conocimiento de esta asamblea que ha llegado una propuesta de modificación del punto de acuerdo, avalada por los grupos parlamentarios, que quiero pedirle a la Secretaría que dé lectura de la misma.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Propuesta de modificación. Puntos de acuerdo:

Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al gobierno federal para que, a través de las dependencias correspondientes, se abstengan de privilegiar la asignación de recursos federales a los municipios y entidades que no cumplan con los lineamientos establecidos para los programas y en donde se desarrollarán elecciones el próximo mes de julio.

Segundo. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, publique a la brevedad los lineamientos para organización y funcionamiento de los comités comunitarios, transparentando su integración para garantizar la imparcialidad de los mismos en las entidades señaladas en el punto anterior.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno se abstengan de utilizar recursos del erario con fines electorales.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 7 de marzo de 2013. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las adiciones propuestas al punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta en votación económica si se aceptan las adiciones propuestas al punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señora presidenta, por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo con sus modificaciones aceptadas por la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señora presidenta, por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda con mucho afecto a un grupo de empresarias guanajuatenses, invitadas por Beti Yamamoto. Sean ustedes cálida y cordialmente bienvenidas.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

INVESTIGACION EN TORNO A LAS CUENTAS BANCARIAS DE MARIANA GRANIER CALLES

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que transparenten las investigaciones que se realizan en torno a las irregularidades encontradas en las cuentas bancarias de Mariana Granier Calles, hija del ex gobernador Andrés Granier Melo, suscrito por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras, ciudadana presidenta. La corrupción que devasta a México no se debe a situaciones aisladas, circunstanciales, el azar o la mala suerte, sino que responde principalmente a una corrupción institucionalizada que ha permeado en todo el país, en todas las esferas de la administración pública y en todos los niveles de gobierno.

Es lamentable lo que está ocurriendo en nuestra nación. Hoy muchos de los constructores piden que regresen los reyes del diezmo, aquellos que cobraban el 10 por ciento por cada obra, porque ahora se ha aumentado al 25, al 30 o al 40 por ciento, solicitada por cada obra.

Por eso este tema es muy importante. Estamos planteando que se llame a cuentas al ex gobernador de Tabasco, a sus compinches o cómplices que encubrieron y se beneficiaron de la corrupción y la complicidad.

Hace unos días, al encontrarme con un amigo, priista irredento, jactándose me dijo: ¿cómo viste lo de Elba Esther, Monreal? Peña no es Calderón. Realmente les confieso, me causó tristeza y sobre todo me causó pena ajena escuchar esta posición triunfalista y soberbia, pero sobre todo ausente de un análisis histórico serio, responsable, que no revisa la historia cuando se acude a la concentración del poder.

Recordaba aquel libro que ustedes han leído de Gonzalo N. Santos, las memorias de este personaje peculiar, cacique de San Luis Potosí, símbolo del poder político autoritario, corruptor y sin escrúpulos. Solía definirse, como ahora se definen los neopriistas, un político de ierros, decía Gonzalo N. Santos: Yo soy un político de ierros, porque es más fuerte que el político de hierros. Y confesaba los tres ierros para gobernar su ínsula. Decía: conmigo solo hay tres ierros: el encierro, el destierro o el entierro. ¿Con quién te quieres quedar?

Es ahora lo que se está reproduciendo en nuestro país; por eso la tristeza que siento, porque no aprenden de la historia.

¿En qué terminó la concentración del poder presidencial pasado del PRI? No está por demás recordarlo. La cruzada contra la corrupción, en una comalada de nuevos ricos, sin paralelo en la historia del país; la privatización de las empresas públicas, en una pléyade de los hombres más ricos del planeta; el programa de combate a la pobreza Solidaridad, en un detonador de nuevas desigualdades sociales; el Tratado de Libre Comercio, en el desmantelamiento del mercado interno; la reforma agraria, en el motor de la migración ilegal de los campesinos a los Estados Unidos de América, y la apertura económica indiscriminada, en la megadevaluación de 1994.

¿Hay algo que celebrar en esta actitud concentradora de poder de los neopriistas, que de manera soberbia y jactanciosa dicen: Ya viste a nuestro presidente cómo actúa con la mano dura?

¿No aprenden de las experiencias de la historia? Por eso ahora estoy planteando con toda seriedad cuatro puntos de acuerdo:

Primero. Que se revise y se nos informe por la Comisión Nacional Bancaria y el SAT, sobre el movimiento de cuentas de la familia, hijas e incondicionales de Andrés Granier.

Segundo. Que la Procuraduría asuma su responsabilidad y que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con rapidez, con la misma celeridad con la que ha estado actuando en el caso de la dirigente magisterial, investigue de manera expedita el cúmulo de irregularidades que han sido denunciadas respecto del probable desvío de recursos públicos federales, mil 900 millones de pesos que no se encuentran.

Lo comentaba con un diputado tabasquense, con el diputado Cáceres, ¿cómo pueden permitir los tabasquenses, tanta corrupción? Qué enorme pueblo aguantar tantos malos gobiernos del pasado y no elevar la voz a que se castigue a los presuntos responsables del saqueo y el quebranto que está sufriendo el pueblo de Tabasco.

Me alegra que ayer se haya atraído el asunto. Nosotros vamos a seguir insistiendo. La Procuraduría General de la República ha anunciado que atrajo el caso de Andrés Granier y ha señalado que ha emitido alerta roja...

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Ya terminó, diputado?

El diputado Ricardo Monreal Ávila: No, me están preguntando, es que me están hablando los compañeros, presidenta, pero estaba un poco distraída usted. Hay dos...

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Pero le preguntaba primero si ya había concluido su exposición.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: No, no he concluido, presidenta, porque me...

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado Francisco Cáceres ¿con qué objeto?

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul): Quiero ver si el diputado Monreal me acepta una pregunta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí, por supuesto, con gusto.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul): Diputado Monreal, leyendo el resolutivo de su punto de acuerdo, le preguntaría si me permitiera hacerle una sugerencia para agregarle algo que en mi opinión sería valioso, dada la situación que estamos viviendo hoy en Tabasco.

Lo pongo un poco en el contexto: hoy los recursos federales los revisa el órgano superior de fiscalización del estado por convenio con la Auditoría Superior de la Federación.

En mi opinión, la Cuenta 2012, la parte de los recursos federales deberíamos de solicitar que sean auditados directamente por el órgano federal y no por el órgano local, ya que tenemos en Tabasco un fiscal que es parte de toda esa trama que se ha venido haciendo en Tabasco, que parece que realmente es un tema como de delincuencia organizada y el señor fiscal solo se ha dedicado a tapar.

Le digo, diputado Monreal, que hoy es la deuda de 18 mil millones y el señor fiscal, que era el que auditaba las cuentas, nunca se dio cuenta que se estaba formando este pasivo en Tabasco. Eso es lo que le pido respetuosamente, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Le voy a responder al diputado Francisco Cáceres. Creo, diputado, que usted ha tocado un punto clave y por supuesto que aceptaría que en el punto de acuerdo se agregara un exhorto para destituir al auditor estatal que debió haber revisado estas cuentas públicas y que no vio los elefantes de 18 mil millones de pesos. Este auditor es una tapadera de la corrupción. Este auditor es un encubridor, al que también le deben resultar averiguación y proceso. No puede haber intocables.

Que la frase no solo quede en la demagogia y en la retórica. No debe de haber intocables y este auditor debe ser sometido a proceso por complicidad, encubrimiento y violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Por eso estoy de acuerdo, diputado Cáceres, en que se agregue un punto en el punto de acuerdo de obvia o urgente resolución que estoy proponiendo para que lo votemos en esta ocasión.

Exhorto a todos los diputados y diputadas: no seamos cómplices de la corrupción y de la impunidad. No encubramos a los malos mexicanos. No debe de quedar solo en Tabasco, es Comisión Federal de Electricidad, Elías Ayub; es Coahuila, es Nuevo León, es Guanajuato, es Tabasco, es impresionante la lista de pendientes. Michoacán, que acaba de pedir licencia el gobernador.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputado Mauricio Sahui, ¿con qué objeto?

El diputado Mauricio Sahui Rivero (desde la curul): Una pregunta para el expositor, con todo respeto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputado, ¿acepta usted la pregunta del diputado Sahui?

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí, claro, por supuesto.

El diputado Mauricio Sahui Rivero (desde la curul): Nada más una acotación de índole jurídica, señor diputado, usted es conocedor de las leyes. En el caso particular del objeto que persigue con el acuerdo presentado, al atraer ya la PGR dicha investigación ¿sigue habiendo lugar a materia para que aprobemos este acuerdo en este recinto? Pregunta número uno.

Pregunta número dos. Al haber ya una averiguación previa, con fundamento en nuestra Constitución, en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley de Acceso a la Información Pública —esto es una afirmación— se considera a la averiguación previa de carácter reservado y con fundamento en el artículo 45, párrafo segundo, y 97, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de este Congreso, se prohíbe expresamente a esta Cámara solicitar a otras dependencias datos que son considerados reservados, como usted lo está solicitando en este acuerdo. Es cuanto.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Miren, ciudadanos legisladores, el asunto es de tal gravedad, que rebasa cualquier formalidad. Acepto la secrecía de la averiguación, las características de la averiguación previa; lo que no acepto es que usted se convierta en encubridor del gobernador Granier.

El diputado Mauricio Sahui Rivero (desde la curul): Presidenta, una pregunta.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Lo que no acepto es que ustedes rechacen al menos, es más, planteo lo siguiente —y ahorita le acepto la pregunta de nuevo— Aquí está el diputado que está muy ansioso de preguntarme, con todo gusto lo acepto.

Presidencia de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Haga su pregunta, diputado.

El diputado Mauricio Sahui Rivero (desde la curul): Señalo: mi acotación es eminentemente jurídica, y con el respeto que he me referido a usted, también le pido el respeto hacia mi persona.

Número dos, nosotros no estamos en contra de ninguna averiguación, tan no estamos en contra que la Procuraduría ha tomado cartas en el asunto y es la Procuraduría la única que tiene la atribución de poder solicitar la información que usted está pidiendo, no solicitemos por excepción de ley, no puede esta Cámara solicitarlo y aprobar su acuerdo, señor, sería invitar a esta Cámara y a cada uno de sus diputados a contravenir su propia Ley Orgánica. Es cuanto.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: No, mire.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El diputado José Luis Muñoz...

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Nada más concluyo la respuesta, porque es importante. No, no, mire, diputado, quizá su juventud y su falta de...

Déjenme contestarle pues, ustedes se la pasan aplaudiendo a los suyos y no son capaces de escuchar a los que son adversarios suyos. Déjenme darle respuesta así con los mismos elementos que él me está dando, y lo estoy haciendo con todo respeto.

Miren, en materia constitucional hay dos principios: el principio de legalidad y el principio dispositivo; el principio de legalidad es aquél que se aplica a la autoridad, que señala que la autoridad solo está obligada a hacer lo que la ley le permita, y el principio dispositivo, que se aplica a los particulares, señala que los particulares pueden hacer todo lo que puedan, lo que quieran, siempre y cuando lo que no esté permitido, lo que no esté prohibido.

Le digo una cosa, y se lo digo por experiencia y revise, en el derecho parlamentario el principio de legalidad no es aplicado estrictamente.

Esta Cámara ha solicitado en múltiples ocasiones información de distinta naturaleza en que no se aplica estrictamente al principio de legalidad, y una de las fuentes del derecho, aparte de la ley escrita, es la doctrina, es la costumbre y son las prácticas y usos parlamentarios de esta Cámara. Por tal virtud, el solicitar información.

Si usted revisa todos los puntos de acuerdo que incluso su partido ha propuesto, hay naturalezas distintas que justifican la propuesta. Pero si no le gusta, le diría, cambio mi punto de acuerdo y digo —fíjese lo que le digo— cambio mi punto de acuerdo y digo: integremos una comisión coadyuvante del Ministerio Público para empujar el enjuiciamiento de los corruptos de Tabasco y del país, de lo contrario el discurso de que no hay intocables es hueco, es demagogia, es retórica. Denle consecuencia al discurso.

Puedo cambiar, porque ha habido solicitudes de información a distintas partes. Es fácil, simple y sencillamente recordar, revisar todos los puntos de acuerdo que se han presentado en esta Cámara e incluso hay estudiosos del derecho parlamentario que sostienen que el principio de legalidad en el caso de Parlamentos y del Poder Legislativo no es aplicado estrictamente, porque esta Cámara se convierte, también, en gestor de pueblos y ésa no es su función.

Cuando usted gestiona recursos para un pueblo está violando en su teoría el principio de legalidad, porque ésa no es su función. Por eso es que el principio de legalidad no se aplica estrictamente en el caso del Poder Legislativo, como sí se aplica en el caso del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Le escucho. Me quiere hacer otra pregunta, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido a la curul del diputado Mauricio Sahui.

El diputado Mauricio Sahui Rivero (desde la curul): Sí señor diputado, es precisamente lo que tratamos de proteger, el principio de legalidad, que dice que las autoridades solo pueden hacer lo que su propia norma les atribuye, y en ese sentido le insistimos. Nosotros tenemos aquí un punto de acuerdo que es contradictorio, puesto que nos pide a nosotros que contravengamos nuestra propia Ley Orgánica. Es el punto, y si usted está señalando que quiere modificarlo ahora, pues nos está dando la razón. Muchas gracias. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Para una moción de procedimiento, el diputado Tomás Torres Mercado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Pero mire, ¿de qué se alegran? Déjeme darle respuesta.

¿Se alegran? ¿Se sienten contentos de ser tapadera de los corruptos? ¿Se alegran de estar en la retórica, en la demagogia? ¿Qué les cuesta aprobar un punto de acuerdo? ¿Qué les cuesta? El que nada debe, nada teme. ¿Cuál es el problema?

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Compañero diputado, dejemos la participación del diputado Tomás. Gracias.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Del abogado Tomás Torres, sí. Cómo no.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Además, presidenta, compañeros, saludo con mucho respeto y con afecto al diputado Monreal, que legítimamente ha presentado una proposición con punto de acuerdo. Pero, ciudadana presidenta, expresarle a usted que la proposición no ha sido calificada como de urgente u obvia resolución, de suerte que no estamos en la fase de discusión y las preguntas son improcedentes, presidenta.

Le pido a usted, en aras de preservar la legalidad y el marco reglamentario, de que agote la parte relativa a que esta asamblea disponga si se entra o no a la discusión, y si no regístrelo, presidenta, atienda el turno que atiende el que señala el artículo 62, numeral 3, del Reglamento. Por su atención y por el trámite, gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Bueno, no hay pregunta. Agradezco al diputado Tomás Torres haya hecho esta moción, pero es la presidenta la que le debe responder, ella me ha concedido la respuesta. Está bien, pero puedo aceptar otras preguntas, no hay ningún problema. Allá están otros.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Teníamos primero acá la solicitud...

El diputado Ricardo Monreal Ávila: No tengan temor, hombre, discutamos, no hay problema. ¿Cuál es el problema?

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Compañero, compañero diputado.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Con qué asunto, diputada? Sonido, por favor.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (desde la curul): Que sí cabe recordar las disposiciones que tenemos en nuestra ley de instituciones de crédito y grupos financieros, precisamente, que el secreto bancario se puede develar cuando es solicitado por una autoridad, y no se entiende por autoridad nada más las autoridades, como son la Procuraduría General de la República y que no se afecta la averiguación previa por cuanto no está contenido en sí en todo el proceso, no se ha iniciado el proceso sobre los familiares de Granier, se podría, en un momento posterior.

Lo que se está pidiendo es que se transparenten las cuentas, independientemente de las denuncias que después podrían tener lugar.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Muy bien, coincido. Allá hay otro diputado.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A ver, pasaríamos, por favor, todavía no hemos entrado a la discusión de este dictamen, por lo que preguntaría; creo que primero veamos si la asamblea vota si es de urgente resolución.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Con qué objeto, diputado? Porque dicen pregunta y no hacen pregunta. A ver, adelante, sonido por favor a la curul del diputado.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Mire, solamente señalar, aquí se ha hecho alusión al artículo 45 de la Ley Orgánica, pero hay un error, porque el artículo 45 de la Ley Orgánica no se refiere a este pleno, se refiere a las comisiones y es en las comisiones donde se señala lo que aquí se ha dicho que cuando hay información reservada no se debe impedir, pero no está impidiendo al pleno en ningún momento. El pleno es superior a las comisiones. Pero además, diputada presidenta, el artículo 93 de la Constitución, en su penúltimo párrafo nos faculta para hacer pregunta parlamentaria y para solicitar información a las dependencias del Ejecutivo, y la Constitución está por encima de la Ley Orgánica de este Congreso. Por eso, diputado Mon- real, me parece que es importante que usted continúe con ese punto de acuerdo. Gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Tenía solicitado antes, diputado Huerta, el diputado Tomás Torres.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Insisto, ciudadana presidenta. Insisto que en la fase de fundamentación y argumentación del punto de acuerdo no proceden las preguntas.

Le ruego a usted conduzca con base, y le invoco expresamente dos numerales, que le dé lectura para que nos ilustre, a la asamblea, la Secretaría, 79, fracción V, presidenta, en relación con el 62, numeral 3, del Reglamento.

Le ruego a usted, en todo caso, autorice al diputado Monreal que concluya la argumentación y vayamos al planteamiento a la asamblea si se admite a trámite de urgente la proposición con punto de acuerdo.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Con gusto, diputado. Terminaríamos entonces con la participación del diputado Huerta, para solicitar al diputado Monreal termine su participación en el uso también de excedernos ya en el tiempo, para someter a votación este punto de acuerdo, para saber si es de urgente resolución.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Muy amable, ciudadana presidenta, por permitirme dirigirme a la asamblea. Mire, yo le quiero hacer una pregunta al diputado Monreal, particularmente creo que la diputada Loretta ya aclaró que el punto de acuerdo se refiere a Mariana Granier. No estamos hablando de su papá, que fue el gobernador, y que todos estamos de acuerdo, porque en Tabasco es voz popular que se llevaron todo, inclusive, ya ni inundaciones hubo el año pasado, porque hasta el agua se llevaron.

Lo que le quiero preguntar al diputado Monreal —digo, ahí ya estamos claros, que hubo corrupción y que se llevaron todo— es si estaría dispuesto a agregar, porque para mí parece que ésa es la solución al punto de acuerdo, inclusive, como único, lo siguiente: Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente la denuncia que corresponde ante la Procuraduría General de la República, por la constitución de delitos que derivan de la información que ha proporcionado la Comisión Nacional Bancaria de cuentas de la ciudadana Mariana Granier Calles.

Desde mi punto de vista, de acuerdo al artículo 2 y 6, fracciones I y VI de la propia Ley de Instituciones de Crédito debería de ser esto, lo que también puede ser incluido en lo que ya se ha planteado, para resolver el quid que están planteando aquí los compañeros del PRI, que me imagino que están muy preocupados en que se resuelva este asunto de la corrupción.

Vamos a ver si es cierto a la hora de decidir ahorita si continua el debate, y le preguntaría al diputado Monreal si aceptaría este añadido a su punto de acuerdo. Muchas gracias, ciudadana presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Si me permite, ciudadana presidenta, voy a responderle.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Con qué objeto, diputado Tomás?

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Solo, presidenta, del modo más comedido, no solo es legítima la presentación del punto de acuerdo; no solo podrán ser legítimas las visiones de los grupos parlamentarios.

Quiero insistirle a usted, del modo más respetuoso y reconociendo su autoridad como presidenta de la Mesa Directiva, que no estamos en la fase de discusión, estamos en la de argumentación del punto de acuerdo. Le sugiero a usted que dé oportunidad al diputado Monreal para que concluya la argumentación del punto de acuerdo e inmediatamente después pregunte a la asamblea si se admite a trámite como de urgente el propio punto.

Perdón por la insistencia, y valoro mucho que sí esté de acuerdo sobre lo que le estoy planteando.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Adelante, diputado Monreal, solicitamos que termine su argumentación. Gracias.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadana presidenta. Ciudadanos legisladores, en México el abuso de poder ha sido una de las principales prácticas que caracterizan al viejo régimen y ahora restaurado: el saqueo, la corrupción, el tráfico de influencias, el desvío de recursos, la complicidad.

En efecto, creo que lo primero después de la argumentación es someter a la votación si se reúnen las dos terceras partes para considerar de urgente u obvia resolución.

Ayer en la Junta de Coordinación Política todos los partidos políticos votaron porque fuera incluida de urgente u obvia resolución para tratar este tema. Sin embargo, debo admitir y debo aclarar que hoy el coordinador del PRI, el diputado Manlio, me dijo: las condiciones han cambiado, se atrajo la averiguación, hay alerta roja, y por consecuencia nosotros no iremos a avalar el punto de acuerdo.

Me parece una posición correcta, finalmente es el grupo parlamentario el que tiene que decidir cuál es su posición. Pero me parece también que esta discusión no puede aplazarse, porque no es Tabasco, es el país el que está sumido en un problema grave de corrupción.

Por esa razón ciudadana presidenta, le agradezco su tolerancia. Me da mucha tristeza escuchar —de los hombres no me preocupa que griten, sé que hay uno de Tamaulipas y otro de San Luis que gritan— pero me da mucha tristeza que las mujeres lo hagan, más en el Día Internacional de la Mujer. No habla bien de ustedes. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV y al SAT a transparentar las investigaciones por realizar sobre las irregularidades encontradas en las cuentas bancarias de Mariana Granier Calles, hija del ex gobernador Andrés Granier Melo, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Nelly del Carmen Vargas Pérez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La corrupción que devasta a México, no se debe a situaciones aisladas, circunstanciales o al azar, sino que responden principalmente, a una corrupción institucionalizada que ha permeado al interior de nuestro país por parte de la élites que se mueven con base a intereses específicos particulares.

La imperante corrupción que ha desarrollado la arraigada oligarquía, es el cáncer más severo que consecuentemente, solo reflejan las vergonzosas condiciones con las cuales se somete a la población y se gobierna a este desafortunado país.

El caso del grave endeudamiento de los estados y municipios, es un tema que sigue sonando en los tabloides al grito de auxilio por el cínico saqueo que han sufrido las entidades en las recientes administraciones a causas de las moralidades decadentes y ambiciones distraídas. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Dónde están estos responsables, traidores del pueblo mexicano?

Ciertamente no se ha hecho lo suficiente, ni lo eficiente. Ya que unos andan estudiando becados en el extranjero y otros disfrutando de sus propiedades en Miami, propiedades que surgieron a costa del erario público.

A estas alturas, nuevamente nos encontramos con el caso específico del estado de Tabasco. Donde la administración del ex gobernador Granier, dejó una heredada crisis financiera y una sequía de recursos sin precedentes.

Es indignante como con el pasar del tiempo se destapan más y más escándalos con respecto a la gran fortuna del ex gobernador Andrés Granier Melo, sus familiares y allegados. Es totalmente reprobable que estas situaciones y circunstancias sigan impunes tras el obvio mal manejo de las arcas del estado. Es lamentable que no exista una reacción de justicia y es triste ver que en este país, se puedan salir con la suya acciones guiadas por la avaricia de personas indeseables.

En días recientes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha congelado las cuentas de Mariana Granier Calles, hija del ex mandatario tabasqueño, se habla de un aproximado de 3 mil millones de pesos. Es obvio que se trata de cuentas del ex gobernador quien se aseguró de proteger económicamente a sus familiares con abultadas cuentas bancarias las cuales están siendo difíciles de disimular.

El pasado sexenio fue de estancamiento, el progreso y desarrollo no se reflejaron por ningún lado más que en la fama del derroche irresponsable implementado para intereses personales. Medio millón de tabasqueños, aún se encuentran en pobreza alimentaria, sin mencionar el rezago en materia de educación.

Antes de la llegada de Granier al gobierno, Tabasco era de las entidades federales con menos deuda pública contraída según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación que fue agravándose conforme avanzó el sexenio.

Es injustificable e irresponsable la deuda pública acumulada a lo largo del sexenio pasado que actualmente, se encuentra alrededor de unos 10 mil millones de pesos.

Sabemos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Servicio de Administración Tributaria tienen la información detallada de las cuentas que podrían abanderar el proceso para que el responsable, pague por traicionar la confianza de los más de 2 millones de tabasqueños.

El actual gobierno de Arturo Núñez Jiménez, se ha comprometido a que él, o los responsables del inconsciente endeudamiento, rindan las cuentas correspondientes sometidos ante las estipulaciones de la ley, y ha tomado medidas para racionalizar los gastos ante la actual crisis que ha heredado su administración.

México está despertando ante las burlas y abusos de estas desafortunadas acciones de corrupción, tráfico de influencias y avaricias desmedidas con fines personales. En Movimiento Ciudadano, estamos casados de ver como el país se esta cayendo a pedazos y de ver como se legisla a favor de modelos permisibles y flexibles para que los de siempre sigan haciendo lo que se les plazca.

Con base en lo expuesto proponemos:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria, y de Valores y al Servicio de Administración Tributaria para que transparenten las investigaciones que se realicen en torno a las irregularidades encontradas en las cuentas bancarias de Mariana Granier Calles, hija del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Nelly del Carmen Vargas Pérez. (rúbricas).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Para los efectos del artículo 100, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. No hay dos terceras partes, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se requiere de las dos terceras partes para que esto sea aprobado. Ábrase el tablero de votación, por cinco minutos. Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase, por cinco minutos, el sistema electrónico de votación.

(Votación)

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Al parecer es un error lo que me habían dicho —es lo que estábamos comentando— y estamos consultando ahorita, y precisamente en el inter está abierto el tablero de votación.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Presidenta, por favor.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sonido, por favor, en la curul del diputado Alonso Raya.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya (desde la curul): Es nada más pedirle para que aclare el sentido de la votación. Para los que estamos a favor, es a favor de que se abra la discusión del punto, para efectos de que eso quede claro para todo mundo.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sí, efectivamente, diputado, es para ver si se considera de urgente u obvia resolución. Si se considera de urgente u obvia resolución entonces se pondría a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Diputado de viva voz, por favor, el sentido de su voto.

El diputado Ricardo Medina Fierro (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, le informo 188 votos en pro, 9 abstenciones y 197 en contra.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Lea la Secretaría los acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Sonido a la curul del diputado Cáceres.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul). Diputada presidenta, antes que nada un reconocimiento a su tolerancia, pero soy tabasqueño y el agravio que el gobernador Granier le hizo al pueblo de Tabasco robando recursos de salud y de educación y de los temas de seguridad, es intolerable, independientemente que el PRI...

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sí, diputado, pero ya no estamos a discusión de ese dictamen, ya pasamos a otro punto del orden.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul): Permítame por favor. Independientemente que el PRI está usando argumentos legaloides, es vergonzoso que solapen a un pillo ladrón como éste señor.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Continúe la Secretaría por favor.

LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE EXPOSICIONES ARTISTICAS Y MUESTRAS ARTESANALES EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro

Capítulo IDisposiciones generales y objetivo

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular y dar curso a las solicitudes de exposiciones artísticas y muestras artesanales que se presenten en el recinto legislativo de San Lázaro, en lo relativo a la promoción, planeación, realización, evaluación y supervisión.

Artículo 2. Se entenderá por

I. Legisladores: A las diputadas y diputados federales en funciones. Cámara: Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

II. Recinto legislativo: El inmueble ubicado en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, CP 15969, México, Distrito Federal.

III. Órganos de gobierno: La Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

IV. Promovente: Las personas e instancias facultadas para solicitar la realización de exposiciones artísticas, siendo éstas los órganos de gobierno, las comisiones, comités, grupos parlamentarios y legisladores.

V. Expositores: Los artesanos y artistas avalados por un promovente, autorizados para realizar en el interior del recinto legislativo el evento solicitado.

Artículo 3. Para la autorización de las exposiciones artísticas y muestras artesanales a que se refieren los presentes lineamientos aplicarán los siguientes principios:

I. Garantizar el carácter artístico-artesanal de las exposiciones, así como mejorar la calidad y dignidad en su realización.

II. Garantizar la correcta planeación y ejecución de las exposiciones artísticas y muestras artesanales, entre las que se encuentran el número de personas, espacio y disponibilidad de recursos.

III. Garantizar el cuidado de la imagen de la Cámara de Diputados, quedando prohibida la de venta de artículos, con excepción de los productos artesanales, que así hayan sido autorizados.

Capítulo IIDe la Mesa Directiva y la Comisión de Cultura y Cinematografía

Artículo 4. La Mesa Directiva en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos velará, a través de la Secretaría General, por la estricta observancia de los presentes lineamientos.

Articulo 5. La Comisión de Cultura y Cinematografía será responsable de evaluar en cada caso específico las solicitudes presentadas para las exposiciones artísticas y muestras artesanales, así como para la venta de productos artesanales, la cual dará curso a dichas peticiones para su realización.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión de Cultura y Cinematografía presentará para su aprobación a la Mesa Directiva el calendario de exposiciones correspondiente.

Artículo 6. Todo lo no previsto en los presentes lineamientos será resuelto por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración, contando con la opinión de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Capítulo IIIDe las solicitudes para las exposiciones artísticas y muestras artesanales

Artículo 7. La Comisión de Cultura y Cinematografía elaborará el formato de solicitud que deberán llenar los solicitantes, con los requisitos e información necesaria para que aquélla proceda a evaluar la realización de la exposición artística.

Artículo 8. Cada promovente deberá cumplir con los siguientes requisitos ante la Comisión de Cultura y Cinematografía, con la finalidad de que ésta proceda al estudio de la solicitud:

1. Tipo de obra y técnica empleada.

2. Objetivo.

3. Número y nombre de los expositores.

4. Currículum profesional de los autores que desean exponer su obra.

5. Lista de obra y equipo, debidamente identificados y marcados, así como materiales que los autores y participantes introducirán al recinto legislativo.

6. Fotografías de las obras “pictóricas, fotográficas y escultóricas” que se desee exponer.

7. Programación detallada de cada una de las actividades a realizar durante el evento.

8. Número total de personas que participarán en el evento, incluyendo inauguración y días posteriores.

9. La propuesta deberá contener la firma del promovente.

10. Se comprometerán a que el estado, cuidado y transporte de las artesanías y las obras será en todo momento responsabilidad del expositor.

11. Listado detallado de los productos artesanales para los cuales, en su caso, se solicita autorización para su venta.

Las solicitudes serán atendidas en estricto orden cronológico, según su fecha de recepción, y conforme a la disponibilidad y capacidad de las áreas de apoyo administrativo.

Será la Comisión de Cultura y Cinematografía quien, posterior al análisis de la solicitud correspondiente, autorizará o declinará la petición, notificando su resolución al promovente.

La Junta de Coordinación Política será competente para autorizar la venta de productos artesanales, previa opinión favorable de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Artículo 9. Al momento de ingresar como expositor al recinto legislativo, el artista quedará registrado en un padrón, el cual será elaborado por la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Artículo 10. En ningún caso, un promovente podrá proponer más de una exposición artística por año legislativo.

Artículo 11. La Comisión de Cultura y Cinematografía elaborará un formato único por cada una de las exposiciones artísticas autorizadas y lo remitirá a la Secretaría General, a través de la Dirección General de Servicios a Diputados, la cual como instancia administrativa responsable procurará, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, la logística de cada una de las exposiciones, así como los apoyos y trámites que se requieran.

Artículo 12. El plazo mínimo para entregar la solicitud es de sesenta días hábiles previos a la fecha propuesta para la realización del evento. La Comisión de Cultura y Cinematografía determinará en un plazo máximo de quince días hábiles su autorización o negativa, de manera que las áreas administrativas cuenten con igual número de días para la planeación del evento.

Capítulo IVDe la utilización de las instalaciones

Artículo 13. Para la exhibición de exposiciones de arte, muestras artesanales y otras expresiones culturales, la Secretaría General, a través de la Dirección General de Servicios a Diputados, podrá disponer de los siguientes lugares:

1. El vestíbulo principal del salón de sesiones. Área destinada para la presentación de exposiciones de arte, tales como: muestras pictóricas, escultóricas y fotográficas.

2. La Plaza Legislativa. Área destinada para la exposición de muestras artesanales.

3. Auditorios norte y sur. Áreas destinadas a la proyección de muestras cinematográficas y presentaciones diversas.

4. Auditorio del edificio E. Área destinada para representaciones teatrales y otras de carácter colectivo.

5. Mezzanine del edificio E. Área adicional para la presentación de libros y recitales poéticos.

6. Pasillo del edificio H. Área adicional para exposiciones de arte; y

7. Vestíbulo del edificio E.

El expositor deberá necesariamente respetar el área asignada por la Dirección General de Servicios a Diputados y las medidas de seguridad y protección civil señaladas por la Dirección General de Resguardo y Seguridad.

Artículo 14. La Secretaría General, a través de la Dirección General de Servicios a Diputados, se encargará de registrar, en orden de prelación de las solicitudes recibidas, las exposiciones autorizadas en las áreas disponibles para su uso y notificará la disponibilidad de los lugares propuestos. Las excepciones sobre el uso de los espacios destinados a la presentación de las exposiciones serán resueltas en términos de lo estipulado en el Capítulo II de los presentes lineamientos.

Artículo 15. La documentación sobre el ingreso de personas, artesanías, equipo, materiales y vehículos a las instalaciones del recinto legislativo queda a cargo de la Comisión de Cultura y Cinematografía y deberá tramitarse ante las instancias competentes, al menos, con una semana de anticipación a la realización del evento de que se trate.

Capítulo VDe los servicios que otorga la Cámara de Diputados

Artículo 16. Los servicios y apoyos que presta la Cámara de Diputados son totalmente gratuitos y se otorgan en la medida de la disponibilidad de recursos, con la finalidad de coadyuvar en el fortalecimiento de las tradiciones y el arte del pueblo de México. En caso de gastos adicionales se sujetará a las normas administrativas correspondientes para su autorización.

Cuando el apoyo que brinde la Cámara de Diputados implique alguna erogación de recursos, la Junta de Coordinación Política o, en su caso el Comité de Administración, deberá autorizarlo de acuerdo con sus atribuciones.

Artículo 17. Una vez autorizada la exposición artística por la Comisión de Cultura y Cinematografía, se tramitarán ante las instancias correspondientes, con quince días de anticipación a la fecha del evento, los apoyos materiales y de logística para el desarrollo del evento que en su caso proceda otorgarse.

Artículo 18. La pega de carteles alusivos y volantes de difusión del evento de que se trate se sujetará a las disposiciones en la materia o, en su caso, se hará en los espacios físicos que para tal efecto están determinados dentro de las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Los promoventes deberán de entregar, en caso de requerirlo, en archivo digital editable, el diseño de Cartel y/o invitaciones y/o Gafetes y tendrán, en su caso, hasta 24 horas después de la autorización para hacer las modificaciones correspondientes; la Comisión de Cultura y Cinematografía no se hace responsable de la edición, solicitud y/o difusión de dichas solicitudes en caso de que el promovente no lo entregue en tiempo y forma.

Artículo 19. En lo referente a los apoyos, la Comisión de Cultura y Cinematografía solicitará ante las áreas administrativas que a continuación se mencionan, y de acuerdo a las posibilidades de cada caso, lo siguiente:

a) Dirección General de Servicios a Diputados: mediante el formato autorizado se señalarán aquellos requerimientos que se consideren necesarios para el buen desarrollo del evento.

b) Dirección General de Resguardo y Seguridad: se le solicitará el programa especial de protección civil y medidas de seguridad aplicables al evento y el registro del acceso de personas, obras y/o artesanías que serán expuestas. En ningún caso la Dirección General de Resguardo y Seguridad, bajo su más estricta responsabilidad, permitirá que ingresen al recinto legislativo productos que no se encuentren relacionados en las listas a que se refiere el artículo 8 de estos lineamientos.

c) Dirección General de Recursos Materiales y Servicios: se le solicitará efectúe las adecuaciones técnicas y de acondicionamiento del espacio autorizado.

d) Los promoventes serán responsables de solicitar la cobertura de su evento ante las áreas correspondientes (Canal del Congreso y/o Comunicación Social y/o Gaceta Parlamentaría).

Capítulo VIDe la realización

Artículo 20.La duración de los eventos será la siguiente:

a) Artesanales: Hasta una semana, tanto en casos de periodo ordinario de sesiones como de receso. Para el caso de exposiciones artesanales con permiso de venta, sólo podrá autorizarse la realización de hasta dos eventos por mes.

b) Artísticas: Hasta una semana, si se realiza en periodo ordinario de sesiones y hasta dos semanas si corresponde a periodo de receso.

Capítulo VIIDe las prohibiciones

Artículo 21. No se permitirá la venta de ningún tipo de artículo que no tenga el carácter de artesanal y la autorización específica para ello en función de la lista a que se refiere el artículo 8 de estos lineamientos.

Artículo 22. Queda estrictamente prohibido realizar la exposición fuera del espacio asignado, o desacatar las indicaciones que en materia de seguridad y protección civil se impongan a los expositores y/o a la exposición misma.

Artículo 23. Queda estrictamente prohibida la instalación de bazares comerciales.

Artículo 24. En caso de que se expendan artículos que no cuenten con el permiso correspondiente, o se infrinja cualquiera de las demás prohibiciones establecidas en este Capítulo, la Secretaría General, con el auxilio de la Dirección General de Resguardo y Seguridad, en coordinación con la Dirección General de Servicios a Diputados, podrá tomar de inmediato las medidas pertinentes, inclusive la cancelación de exposiciones.

Artículos Transitorios

Primero.Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día siguiente al de su aprobación por el pleno y su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo.Se abrogan los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, publicado el 30 de abril de 2008, así como cualquier disposición anterior sobre la materia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;Diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputada Lucila Garfias Gutiérrez, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Diputado Ricardo Mejía, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Para hacer uso de la palabra.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Desde su curul, por favor. Es que no escuché cuál era el tema.

Gracias. Además informarles que está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. Este tema lo discutimos en la Junta de Coordinación Política y en principio se planteaba —por alguno de mis compañeros— limitar la posibilidad de que hubiera esta venta de artesanías y que la Cámara de Diputados, que es la Cámara del pueblo, tuviera algunas restricciones. Creo que finalmente llegamos a un acuerdo que hoy se ha dado cuenta, que nos parece satisfactorio y ha habido en esta casa del pueblo exposiciones de artesanías que honran a los diferentes estados del país.

Hace unos días mi compañera diputada Aída Valencia —de Oaxaca— encabezó una exposición de artesanías muy destacada y de esta manera creemos que este tema debe seguir, pero nos parece también muy grave que no se aprueben otros temas que son importantes.

Sigo haciendo un llamado a todos los grupos parlamentarios para que vayamos a fondo y que en el país no haya intocables, porque el espectáculo de hace unos momentos de servir de tapadera al ex gobernador Granier, contradice el discurso de Peña Nieto y es un mal mensaje a la sociedad. Por eso nosotros vamos a seguir insistiendo en puntos de acuerdo que vayan contra los corruptos y ladrones, como Granier, pero también contra Humberto y Rubén Moreira Valdez, que saquearon el estado de Coahuila, que falsificaron decretos del Congreso, que falsificaron periódicos oficiales del gobierno del estado y hoy Humberto Moreira está en Europa, disfrutando de una beca, después de que dejó hecho garras el estado de Coahuila.

Su principal cómplice no es Javier Villarreal, el ex tesorero que está prófugo y buscado también por sus cuentas en el extranjero, sino el principal cómplice de Humberto Moreira es su hermano, Rubén Moreira, el gobernador que está haciendo un desgobierno en el estado de Coahuila.

Convoco a todos los diputados y diputadas, independientemente de su filiación partidista, a que vayamos a fondo en este tema, que no haya intocables y que en realidad vayamos contra la corrupción, venga de donde venga, del partido o del grupo político que sea. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría, señora presidenta, por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

SEMANA NACIONAL DE LA SEGURIDAD NACIONAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar la última de abril como la Semana Nacional de la Seguridad Social

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo que suscribe el diputado Javier Salinas Narváez en nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. En un marco de respeto a la colaboración de los Poderes, la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a fin de que se declare la última semana de abril, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955; instrumento que constituye la norma mínima y de mayor relevancia de la seguridad social.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala”, con el objeto de que se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social, a realizar acciones dirigidas a promover y fortalecer la cultura de la seguridad social.

Tercero. La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Seguridad Social, implementará un programa de eventos para celebrar la Semana Nacional de la Seguridad Social del 22 al 26 de abril de 2013.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Silvano Aureoles Conejo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

PROYECTO DRAGON MART CANCUN

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a las autoridades que se indican a brindar a la Cámara de Diputados la información solicitada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión mediante el acuerdo de fecha 3 de enero del presente año relacionada con el proyecto Dragon Mart Cancún

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto al ámbito de sus facultades, exhorta al honorable ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, al gobierno del estado de Quintana Roo, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Gobernación a brindar la información económica, ambiental, de migración y social relacionada con la construcción y operación del proyecto Centro Comercial Dragon Mart Cancún y obras asociadas, en los términos en que fue solicitada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por acuerdo de fecha 3 de enero de 2013.

Transitorios

Primero. Este acuerdo entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el pleno.

Segundo. Se solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva para que en ejercicio de las atribuciones informe a las instancias señaladas el contenido del presente acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

INTEGRACION DE COMISIONES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el acuerdo de este órgano de gobierno por el que se integran las 27 comisiones especiales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobado en la sesión ordinaria del 22 de diciembre de 2012, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la integración de las comisiones especiales que se detallan en el anexo.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 7 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Industria Automotriz y del Acero

Diputados: Juan Marcos Issa Salomón (PRI), presidente; María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD), Felipe Arturo Camarena García (PVEM), secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo (PAN), Mario Alberto Dávila Delgado (PAN), Jesús Oviedo Herrera (PAN), Alfa Eliana González Magallanes (PRD), Adolfo Orive Bellinger (PT).

Cuenca Lerma-Chapala Santiago

Diputados: Sergio Armando Chávez Dávalos (PRI), presidente; Salvador Romero Valencia (PRI), Roberto López González (PRD), Enrique Aubry de Castro Palomino (PVEM), José Luis Valle Magaña (Movimiento Ciudadano), secretarios; María Concepción Navarrete Vital (PRI), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (PRI), Ossiel Omar Niaves López (PRI), Margarita Licea González (PAN), María del Carmen Martínez Santillán (PT).

Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación

Diputados: Ignacio Duarte Murillo (PRI), presidente; Luis Alfredo Murguía Lardizábal (PRI), Carlos Fernando Angulo Parra (PAN), Jessica Salazar Trejo (PRD), David Pérez Tejada Padilla (PVEM), secretarios; Jaime Chris López Alvarado (PRI), José Luis Flores Méndez (PRI), Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI), Glafiro Salinas Mendiola Buenrostro (PAN), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (PAN), Lilia Aguilar Gil (PT).

Análisis de la Agroindustria Azucarera

Diputados: Tomás López Landero (PRI), presidente; Cesario Padilla Navarro (PRI), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (PRD); Javier Filiberto Guevara González (PRI), Alfonso Inzunza Montoya (PRI), Hugo Mauricio Pérez Anzueta (PRI), Gabriel Cárdenas Guízar (PAN), María Concepción Diez Gutiérrez (PAN), Víctor Raymundo Nájera Medina (PRD), Francisco Tomás Rodríguez Montero (PRD).

Para la Prevención, Conservación y, en su caso, Restauración del Medio Ambiente en las Entidades Federativas donde se ubican las Instalaciones de Pemex

Diputados:Rocío Adriana Abreu Artiñano (PRI), presidenta; Mirna Esmeralda Hernández Morales (PRI), Adriana González Carrillo (PAN), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (PRD), José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza), secretarios; María de Jesús Huerta Rea (PRI), Joaquín Caballero Rosiñol (PRI), Harvy Gutiérrez Álvarez (PRI), María Isabel Ortiz Mantilla (PAN), Genaro Carreño Muro (PAN), Carlos Antonio Altamirano (PRD), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (PRD).

Cuenca de Burgos

Diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (PRI), presidente; Amira Griselda Gómez Tueme (PRI), José Luis Esquivel Zalpa (PRD), José Alberto Benavides Castañeda (PT), secretarios; José Luis Flores Méndez (PRI), Enrique Cárdenas del Avellano (PRI), Héctor García García (PRI), Humberto Armando Prieto Herrera (PAN), José Alejandro Yáñez Alba (PAN), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (PAN).

Participación Ciudadana

Diputados: Francisca Elena Corrales Corrales (PRI), presidenta; Landy Margarita Bernunza Novelo (PRI), Roxana Luna Porquillo (PRD), secretarias; Leticia Calderón Ramírez (PRI), Víctor Hugo Velasco Orozco (PRI), Eligio Cuitláhuac González Farías (PRI), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (PAN), Carmen Lucía Pérez Camarena (PAN), Ernesto Núñez Aguilar (PVEM), Rodrigo Chávez Contreras (Movimiento Ciudadano).

Agenda Digital y Tecnologías de la Información

Diputados: Juan Pablo Adame Alemán (PAN), presidente; Javier Treviño Cantú (PRI), Carla Alicia Padilla Ramos (PVEM), secretarios; Simón Valanci Buzani (PRI), Martha Gutiérrez Manrique (PRI), Adolfo Bonilla Gómez (PRI), Enrique Cárdenas del Avellano (PRI), Raúl Paz Alonzo (PAN), Enrique Reina Lizárraga (PAN), María de Lourdes Amaya Reyes (PRD).

Lucha contra la Trata de Personas

Diputados: Leticia López Landeros (PAN), presidenta; Alicia Concepción Ricalde Magaña (PAN), Crystal Tovar Aragón (PRD), Loretta Ortiz Alf (PT), secretarias; Glafiro Salinas Mendiola (PAN), Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza).

Minería

Diputados:Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN), presidente; Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD), secretario; Máximo Othón Zayas (PAN), José Isabel Trejo Reyes (PAN), Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD), Mario Rafael Méndez Martínez (PRD), Judit Magdalena Guerrero López (PVEM), Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT), Rubén Benjamín Félix Hays (Nueva Alianza).

Para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes con relación a los Feminicidios registrados en México

Diputados:Guadalupe Socorro Flores Salazar (PRD), presidenta; Roberto López Suárez (PRD), Martha Beatriz Córdoba Bernal (Movimiento Ciudadano), Lilia Aguilar Gil (PT), secretarios; Karina Labastida Sotelo (PAN), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN), Flor de María Pedraza Aguilera (PAN), Julisa Mejía Guajardo (PRD).

Que atienda los Asuntos relacionados con las Ciudades Patrimonio de la Nación reconocidas por la UNESCO

Diputados: Hugo Sandoval Martínez (PRD), presidente; Guillermo Sánchez Torres (PRD), secretario; Ricardo Villarreal García (PAN), José Alfredo Botello Montes (PAN), Martha Berenice Álvarez Tovar (PAN), Francisco Tomás Rodríguez Montero (PRD), Carlos Octavio Castellanos Mijares (PVEM), Araceli Torres Flores (PT).

Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente

Diputados:Mario Rafael Méndez Martínez (PRD), presidente; Pedro Porras Pérez (PRD), Rosa Elba Pérez Hernández (PVEM), secretarios; Eufrosina Cruz Mendoza (PAN), José Ángel González Serna (PAN), Lázara Nelly González Aguilar (PAN), Teresita de Jesús Borges Pasos (PRD), Juan Luis Martínez Martínez (Movimiento Ciudadano), José Humberto Vega Vázquez (PT).

Seguimiento a las Prácticas Monopólicas y Regulación de Mercados

Diputados: Verónica García Reyes (PRD), presidenta; Carlos Augusto Morales López (PRD), secretario; Juan Bueno Torio (PAN), Humberto Alonso Morelli Alonso (PAN), Roberto López Suárez (PRD), Teresita de Jesús Borges Pasos (PRD), Rubén Acosta Montoya (PVEM), Lilia Aguilar Gil (PT).

Del Café

Diputados: Héctor Narcia Álvarez (PVEM), presidente; Mariana Dunyaska García Rojas (PAN), Angélica Rocío Melchor Vásquez (PRD), Aída Fabiola Valencia Ramírez (Movimiento Ciudadano), Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT), Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (PAN), Víctor Rafael González Manríquez (PAN), María del Rosario Merlín García (PRD), Mario Rafael Méndez Martínez (PRD), Amílcar Villafuerte Trujillo (PVEM).

Programas Sociales

Diputados: José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano), presidente; Francisco Tomás Rodríguez Montero (PRD), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (PVEM), secretarios; María Beatriz Zavala Peniche (PAN), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (PAN), Víctor Serralde Martínez (PAN), Jessica Salazar Trejo (PRD), Carlos Antonio Altamirano (PRD), Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT), Cristina Olvera Barrios (Nueva Alianza).»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

CAMBIOS EN COMISIONES Y COMITES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la integración en el siguiente organismo internacional permanente, a solicitud del diputado Agustín Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Alejandro Carbajal González se integre como suplente en el Consejo de Europa.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 6 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García, Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimiento, solicitado por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que la diputada Lorena Méndez Denis cause baja como secretaria de la Comisión de Protección Civil.

• Que el diputado Antonio Sansores Sastré cause alta como secretario en la Comisión de Protección Civil.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 4 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García, Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que la diputada María Fernanda Romero Lozano cause baja como secretaria de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo cause alta como secretaria en la Comisión de Seguridad Pública.

• Que la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo cause baja como integrante de la Comisión de Competitividad.

• Que la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo cause baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo cause alta como secretaria en la Comisión de Equidad y Género.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 4 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la integración de los siguientes diputados en la comisión legislativo del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para Chiapas.

• Diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:

• Que la diputada María Sanjuana Cerda Franco cause baja como titular del Comité de Administración.

• Que la diputada Lucila Garfias Gutiérrez cause alta como titular en el Comité de Administración.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Adriana Fuentes Téllez cause baja como integrante de la Comisión de Comunicaciones.

• Que la diputada Martha Gutiérrez Manrique cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 4 de marzo de 2013.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aprobado. Comuníquese.

*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo las que se pida el registro para la próxima sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega (a las 15:08 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 12 de marzo, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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